—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de soja modificada genéticamente A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), la contengan o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D084951/01,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y en particular su artículo 11, apartado 3, y su artículo 23, apartado 3,

—

Vista la votación en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, celebrada el 27 de octubre de 2022, en la que no se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el Dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 4 de mayo de 2022 y publicado el 20 de junio de 2022 (3),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones de oposición a la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG) (4),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que mediante la Decisión de Ejecución 2012/81/UE de la Comisión (5) se autorizó la comercialización de alimentos y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A5547-127 («soja modificada genéticamente»); que el ámbito de dicha autorización incluía también la comercialización de productos, distintos de alimentos y piensos, que contengan o se compongan de soja modificada genéticamente, para los mismos usos que cualquier otra soja, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que, el 10 de diciembre de 2020, BASF SE, con sede en Alemania, presentó a la Comisión una solicitud de renovación de dicha autorización en nombre de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede en los Estados Unidos;

C.

Considerando que, el 4 de mayo de 2022, la EFSA adoptó un Dictamen favorable en relación con la renovación de la autorización de la soja modificada genéticamente, que se publicó el 20 de junio de 2022;

D.

Considerando que la soja modificada genéticamente confiere tolerancia a los herbicidas que contienen glufosinato de amonio;

E.

Considerando que el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 503/2013 (6) de la Comisión exige evaluar si las prácticas agrícolas previstas influyen en la expresión de los efectos finales estudiados; que, con arreglo a dicho Reglamento de Ejecución, esta evaluación es especialmente pertinente en el caso de plantas resistentes a los herbicidas;

F.

Considerando que diversos estudios han demostrado que en los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas se hace un mayor uso de herbicidas complementarios, debido en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas (7); que, en consecuencia, cabe esperar que la soja modificada genéticamente se vea expuesta a dosis más elevadas y repetidas de glufosinato y que, por consiguiente, se encuentre una mayor cantidad de residuos y de sus productos de degradación («metabolitos») en las cosechas;

G.

Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la reproducción de categoría 1B y, por lo tanto, cumple los «criterios de exclusión» establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (8); que la aprobación del glufosinato para su uso en la Unión venció el 31 de julio de 2018 (9);

H.

Considerando que la evaluación de los residuos de herbicidas y los metabolitos en plantas modificadas genéticamente se considera ajena a las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte del procedimiento de autorización de organismos modificados genéticamente; que esto resulta problemático, ya que el modo en que la planta modificada genéticamente en cuestión realiza la metabolización de los herbicidas complementarios, y la composición y, por ende, la toxicidad de los metabolitos pueden verse afectadas por la propia modificación genética;

I.

Considerando que los Estados miembros presentaron a la EFSA observaciones durante los tres meses del período de consulta (10); que en estas observaciones críticas se afirma que falta información para la evaluación toxicológica y la caracterización fenotípica necesaria para finalizar la evaluación del riesgo medioambiental, que la evaluación toxicológica presenta deficiencias, como la falta de claridad sobre el tratamiento con herbicidas y la falta de información sobre la contaminación por material genético extraño, y que los informes de seguimiento relativos a la soja modificada genéticamente para el período de autorización presentan deficiencias fundamentales;

J.

Considerando que en un informe de 2017 de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación se afirmaba que los plaguicidas peligrosos tienen consecuencias catastróficas para la salud, en particular en los países en desarrollo (11); que la meta 3.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aspira a reducir considerablemente, para 2030, el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo (12); que autorizar la importación de soja modificada genéticamente aumentaría la demanda de este cultivo, que está diseñado para ser tratado con glufosinato, con lo que se incrementa la exposición de los trabajadores y del medio ambiente de terceros países; que el riesgo de aumento de la exposición de los trabajadores y el medio ambiente es especialmente preocupante en el caso de los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas, habida cuenta de los mayores volúmenes de herbicidas utilizados;

K.

Considerando que, si bien el uso del glufosinato no está permitido en la Unión desde finales de julio de 2018, los datos muestran que, desde 2020, esta sustancia se ha exportado de la Unión a países como Brasil, Argentina, los Estados Unidos, Canadá y Japón (13), en todos los cuales está autorizado el cultivo de la soja modificada genéticamente (14);

L.

Considerando que la deforestación es una de las principales causas del declive de la biodiversidad; que las emisiones procedentes del uso del suelo y de los cambios de dicho uso, principalmente debido a la deforestación, son la segunda causa del cambio climático tras la quema de combustibles fósiles (15); que el ODS 15 de las Naciones Unidas incluye la meta de haber puesto fin a la deforestación en 2020 (16); que los bosques cumplen múltiples funciones que contribuyen a la consecución de la mayoría de los ODS de las Naciones Unidas;

M.

Considerando que la producción de soja es un factor fundamental de la deforestación de la selva amazónica, el Cerrado y el Gran Chaco en América del Sur; que el 97 % y el 100 % de la soja cultivada en Brasil y Argentina, respectivamente, es soja modificada genéticamente (17); que la gran mayoría de las sojas modificadas genéticamente autorizadas para el cultivo en Brasil y Argentina también se han autorizado para su importación a la Unión;

N.

Considerando que la Unión, como parte en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, tiene la obligación de asegurar que las actividades que se llevan a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudican al medio de otros Estados (18);

O.

Considerando que en el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 se señala que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, y que la Comisión debe tener en cuenta, al redactar su proyecto de Decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado; que estos factores legítimos deben incluir las obligaciones que incumben a la Unión en virtud de los ODS de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica;

P.

Considerando que en la votación del 27 de octubre de 2022 del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos no se emitió ningún dictamen, lo que significa que la autorización no recibió el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros;

Q.

Considerando que la propia Comisión reconoce que es problemático seguir adoptando sus decisiones de autorización de OMG sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que constituye una verdadera excepción en el marco de las autorizaciones de productos en su conjunto, pero que se ha convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones relativas a las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente;

R.

Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó un total de treinta y seis Resoluciones de oposición a la comercialización de OMG como alimentos y piensos (treinta y tres Resoluciones) y al cultivo de dichos organismos en la Unión (tres Resoluciones); que, en su novena legislatura, el Parlamento Europeo ya se ha opuesto en veintinueve ocasiones a la comercialización de OMG; que no hubo una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos organismos; que entre los motivos por los que los Estados miembros no apoyaron las autorizaciones estaba la inobservancia del principio de precaución en el proceso de autorización y las dudas científicas sobre la evaluación del riesgo;

S.

Considerando que, pese a reconocer las deficiencias democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y la oposición del Parlamento, la Comisión sigue autorizando OMG;

T.

Considerando que no es necesaria ninguna modificación legislativa para que la Comisión pueda no autorizar OMG cuando no haya una mayoría cualificada de Estados miembros a favor en el Comité de Apelación (19);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 202 de 28.5.2021, p. 11).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 202 de 28.5.2021, p. 15).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 202 de 28.5.2021, p. 20).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 208 de 1.6.2021, p. 2).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la contengan o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 208 de 1.6.2021, p. 7).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 208 de 1.6.2021, p. 12).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco de los eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 208 de 1.6.2021, p. 18).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 323 de 11.8.2021, p. 7).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111 de la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 415 de 13.10.2021, p. 2).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 415 de 13.10.2021, p. 8).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 415 de 13.10.2021, p. 15).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 445 de 29.10.2021, p. 36).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de los productos que contengan, estén compuestos o hayan sido producidos a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 o maíz modificado genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y MON 87411, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 445 de 29.10.2021, p. 43).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 445 de 29.10.2021, p. 49).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MON 88017 (MON-88Ø17-3), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 445 de 29.10.2021, p. 56).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MON 89034 (MON-89Ø34-3), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 445 de 29.10.2021, p. 63).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB614 × T304-40 × GHB119 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 474 de 24.11.2021, p. 66).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 474 de 24.11.2021, p. 74).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-81419-2, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 99 de 1.3.2022, p. 45).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-81419-2 × DAS-44406-6, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 99 de 1.3.2022, p. 52).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de los productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 1507 × MIR162 × MON810 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres de los eventos únicos 1507, MIR162, MON810 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 99 de 1.3.2022, p. 59).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt 11 (SYN-BTØ11-1), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 99 de 1.3.2022, p. 66).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2022, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, consistan o sean producidos a partir de soja modificada genéticamente GMB151 (BCS-GM151-6), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 342 de 6.9.2022, p. 22).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2022, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB614 (BCS-GHØØ2-5), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 342 de 6.9.2022, p. 29).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2022, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB811 (BCS-GH811-4), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 347 de 9.9.2022, p. 48).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2022, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de colza oleaginosa modificada genéticamente 73496 (DP-Ø73496-4) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 347 de 9.9.2022, p. 55).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2022, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87769 × MON 89788 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 434 de 15.11.2022, p. 42).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2022, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de los productos que contengan, se compongan o hayan sido producidos a partir de maíz modificado genéticamente DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos DP4114, MON 810, MIR604 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2022)0257).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2022, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2022/797 de la Comisión, de 19 de mayo de 2022, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 × DAS-40278-9 y su subcombinación T25 × DAS-40278-9, lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2022)0258).

—

Visto el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED» de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (D084293/01,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (1), y en particular su artículo 44, apartado 5, párrafo primero,

—

Visto el dictamen emitido el 26 de septiembre de 2022 por el Comité Permanente de Biocidas,

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes (2),

—

Visto el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (3),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que, en el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión, se prevé conceder una autorización de la Unión, con el número de autorización EU-0023657-0000, a Nutrition & Biosciences Netherlands B. V. para la comercialización y el uso de la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED» del tipo de producto 6, según se describe en el anexo V del Reglamento (UE) n.o 528/2012, para la conservación del petróleo crudo deshidratado y los productos refinados (combustibles destilados medios y ligeros);

B.

Considerando que la Comisión se ha comprometido con un objetivo de contaminación cero a fin de lograr un entorno sin sustancias tóxicas que contribuya a proteger mejor a los ciudadanos y al medio ambiente frente a los productos químicos peligrosos y a fomentar la innovación para el desarrollo de alternativas seguras y sostenibles;

C.

Considerando que el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (4) («Convenio de Estocolmo») y el Protocolo de Aarhus sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (5) tienen por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes (COP); que el Reglamento (UE) 2019/1021 se adoptó para cumplir la obligación que incumbe a la Unión en virtud del Convenio y el Protocolo mencionados;

D.

Considerando que el dictamen de 5 de marzo de 2020 (6) del Comité de Biocidas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) incluía una opinión minoritaria de Alemania en la que se llegaba a la conclusión de que el uso de la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED» como conservante en los combustibles entra en conflicto con la legislación nacional de dicho Estado miembro (10.a Ordenanza Federal de Control de Emisiones, artículo 2, apartados 1 y 2), por la que se prohíbe que los combustibles para vehículos de carretera contengan aditivos con compuestos de cloro o bromo, y se prohíbe la comercialización de aditivos que contengan cloro o bromo, ya que dichos compuestos provocan la formación de dioxinas durante la combustión de los combustibles; que, en particular, esta familia de biocidas contiene compuestos orgánicos halogenados (CMIT-MIT) que pueden dar lugar a la formación de dioxinas durante la combustión del combustible;

E.

Considerando que las dioxinas y los furanos (PCDD/PCDF) pertenecen a la categoría de COP, que se rige por el Convenio de Estocolmo, y se incluyen como sustancias sujetas a disposiciones de reducción de las liberaciones en el anexo III del Reglamento (UE) 2019/1021; que la exposición humana a las dioxinas y sustancias similares a las dioxinas se ha asociado a una serie de efectos tóxicos, como la carcinogenicidad, el cloracné, los efectos sobre el desarrollo, el neurodesarrollo y la reproducción, la inmunotoxicidad y los efectos sobre las hormonas tiroideas, el hígado y el desarrollo dental (7);

F.

Considerando que, en enero de 2019, la Unión publicó su tercer plan de aplicación para abordar los COP (8); que, según dicho plan de aplicación, se prevé «reducir al mínimo, de forma constante, las liberaciones derivadas de la producción no intencional de los subproductos incluidos en el anexo C (dioxinas, furanos, PCB, PeCB, HCB y, desde diciembre de 2016, PCN) con objeto de, en los casos en que sea viable, eliminarlas definitivamente»;

G.

Considerando que la Comisión decidió responder a las preocupaciones relativas a la formación de dioxinas solicitando un dictamen a la ECHA, de conformidad con el artículo 75, apartado 1, párrafo segundo, letra g), del Reglamento (UE) n.o 528/2012, al objeto de estimar la cantidad de formación de dioxinas y la contribución global a las emisiones de dioxinas debidas al uso de la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED» en combustibles utilizados para el transporte por carretera y por vías navegables, y de aclarar el nivel de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente debidos a la exposición a las dioxinas a través del medio ambiente derivada del uso de esa familia de biocidas, a fin de determinar si los riesgos pueden considerarse aceptables o no;

H.

Considerando que, en su mandato por el que solicita el dictamen de la ECHA, la Comisión subraya la necesidad de aclarar si la autorización de esa familia de biocidas estaría en consonancia con los objetivos establecidos en el Reglamento (UE) 2019/1021;

I.

Considerando que, en su dictamen de 5 de julio de 2021 (9) sobre la solicitud presentada de conformidad con el artículo 75, apartado 1, párrafo segundo, letra g), la ECHA concluyó que, sobre la base del nivel actual de conocimientos relativos al uso de C(M)IT/MIT como conservante en el petróleo y los combustibles, no es posible extraer conclusiones sobre la magnitud de la contribución potencial del uso de C(M)IT/MIT en los combustibles con respecto a las emisiones y la exposición a dioxinas, ni sobre los riesgos para la salud humana y el medio ambiente asociados al uso de aditivos clorados como el C(M)IT/MIT en los combustibles;

J.

Considerando que, a pesar de la conclusión de la ECHA, la Comisión considera que denegar la autorización de la Unión para la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED» no daría lugar a una reducción significativa de las emisiones de dioxinas en comparación con su concesión y que, por lo tanto, esta autorización sería compatible con las obligaciones de la Unión en virtud del Convenio de Estocolmo y del Reglamento (UE) 2019/1021;

K.

Considerando que el razonamiento de la Comisión es que, como consecuencia de las ambiciones del Pacto Verde Europeo (10) y del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, se espera que la cantidad total de combustible que puede tratarse con la familia de biocidas y quemarse en motores o sistemas de calefacción disminuya significativamente en los próximos decenios, lo que a su vez conduciría a un descenso correspondiente de la formación de dioxinas asociada al uso de la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED»;

L.

Considerando que, en su dictamen de 5 de julio de 2021, la ECHA afirma que, a partir de la bibliografía, no hay duda alguna de que los vehículos de motor con combustibles que contienen cloro son fuentes de emisión de dioxinas y furanos, y que, contrariamente al razonamiento de la Comisión mencionado en el considerando K, aunque sigue siendo menor en comparación con las fuentes actualmente dominantes, es probable que aumente la contribución relativa a las emisiones de dioxinas y furanos, de las fuentes difusas no industriales, incluido el transporte;

M.

Considerando que la ECHA afirma asimismo, en su dictamen de 5 de julio de 2021, que, aunque las emisiones procedentes del tráfico son menores en comparación con las fuentes actualmente dominantes, cabe señalar que su importancia relativa en términos de exposición humana relativa podría ser mayor, debido a su distribución espacial en zonas urbanas densamente pobladas, cercanas a la población humana y al ámbito de vida y con una menor dilución de las emisiones;

N.

Considerando que la incertidumbre científica en cuanto al nivel de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente debidos a la exposición a las dioxinas a través del medio ambiente derivada del uso de la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED» no permite llegar a una conclusión sobre si la autorización de esta familia de biocidas sería conforme al Convenio de Estocolmo y al Reglamento (UE) 2019/1021;

O.

Considerando que Dinamarca y Bélgica, de conformidad con el artículo 44, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, presentaron a la Comisión una solicitud para que la autorización de la Unión para la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED» no se aplicara en sus respectivos territorios, sobre la base de los motivos previstos en el artículo 37, apartado 1, letras a) y c), de dicho Reglamento, ya que la presencia de compuestos orgánicos halogenados, como C(M)IT/MIT, en los combustibles puede dar lugar a la formación de dioxinas durante la combustión del combustible; que Alemania, de conformidad con la misma disposición, solicitó a la Comisión que adaptara las condiciones de dicha autorización en su territorio por los mismos motivos, a fin de no permitir su uso para la conservación de combustibles para vehículos de carretera a motor no ferroviarios, excepto con fines de investigación, desarrollo o análisis;

P.

Considerando que la Comisión estima que las solicitudes presentadas por Dinamarca, Bélgica y Alemania están justificadas por razones de protección del medio ambiente y de protección de la salud y la vida de las personas, de conformidad con el artículo 37, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (UE) n.o 528/2012, ya que la presencia de compuestos orgánicos halogenados, como los C(M)IT/MIT, en los combustibles puede dar lugar a la formación de dioxinas durante la combustión del combustible;

Q.

Considerando que existe una contradicción aparente entre la decisión de la Comisión de conceder una autorización para la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED», estimando que dicha autorización es compatible con los objetivos del Convenio de Estocolmo y del Reglamento (UE) 2019/1021, establecidos en el considerando 9 del proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión, y el hecho de no aplicar o de adaptar dicha autorización en determinados Estados miembros debido a sus posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente, derivados de la formación de dioxinas, tal como se menciona en los considerandos 10 a 14 del proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión;

R.

Considerando que las solicitudes presentadas por Dinamarca, Bélgica y Alemania, de conformidad con el artículo 44, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, de no aplicar la autorización de la Unión para la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED», o de adaptar las condiciones de dicha autorización en sus respectivos territorios, también se presentaron debido a que existen alternativas para la conservación del combustible sin compuestos halogenados (12);

S.

Considerando que el artículo 5, letra c), del Convenio de Estocolmo establece que, para reducir las liberaciones totales derivadas de fuentes antropogénicas de cada uno de los productos químicos enumerados en el anexo C de dicho Convenio, con el objetivo de seguir minimizándolos y, cuando sea posible, eliminándolos en última instancia, cada parte exigirá, como mínimo, cuando lo considere apropiado, el uso de materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados a fin de evitar la formación y liberación de los productos químicos enumerados en dicho anexo;

T.

Considerando que, en virtud del artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/1021, los Estados miembros están obligados a establecer medidas para «la identificación, caracterización y minimización con vistas a su eficaz eliminación tan pronto como sea posible, de las liberaciones totales de las sustancias que figuran en el anexo III» de dicho Reglamento y, cuando se considere apropiado, requerir «el uso de sustancias, mezclas, artículos y procesos modificados o alternativos para prevenir la formación y emisión de las sustancias que se incluyen en [dicho] anexo»;

U.

Considerando que, según el dictamen del Comité de Biocidas, de 5 de marzo de 2020, uno de los coformulantes de la familia de biocidas «CMIT/MIT SOLVENT BASED» se ha catalogado como sustancia con posibles propiedades de alteración endocrina; que, sin embargo, no fue posible llegar a una conclusión sobre si dicho coformulante cumple los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión (13); que, en lo que respecta al coformulante catalogado como sustancia con posibles propiedades de alteración endocrina, la eCA (Francia) iniciará un proceso en el marco de REACH en consonancia con el apartado 31, letra b), de la nota CA-March18-Doc.7.3.b-final titulada «The implementation of scientific criteria for the determination of endocrine-disrupting properties in the context of biocidal product authorisation» (La aplicación de criterios científicos para determinar las propiedades de alteración endocrina en el contexto de la autorización de biocidas);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 2, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 19, el artículo 48, el artículo 67, apartado 4, el artículo 153, el artículo 165, el artículo 168, el artículo 174 y el artículo 216, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus artículos 3, 6, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 40, 41 y 47,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 1 sobre educación, formación y aprendizaje permanente, 2 sobre igualdad de género, 3 sobre igualdad de oportunidades, 4 sobre apoyo activo para el empleo, 5 sobre empleo seguro y adaptable, 6 sobre salarios, 10 sobre entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos, 11 sobre asistencia y apoyo a los niños, 14 sobre renta mínima y 17 sobre inclusión de las personas con discapacidad,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor el 21 de enero de 2011, de acuerdo con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (1),

—

Vistas las observaciones generales del Comité de las Naciones Unidas sobre la CDPD como guía autorizada para su aplicación, en particular la observación general n.o 2, de 22 de mayo de 2014, sobre la accesibilidad; la n.o 3, de 25 de noviembre de 2016, sobre las mujeres y las niñas con discapacidad; la n.o 4, de 25 de noviembre de 2016, sobre el derecho a la educación inclusiva; la n.o 5, de 27 de octubre de 2017, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; la n.o 6, de 26 de abril de 2018, sobre la igualdad y la no discriminación, y la n.o 7, de 9 de noviembre de 2018, sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, a la hora de aplicar y supervisar la Convención,

—

Visto el Código de conducta entre el Consejo, los Estados miembros y la Comisión por el que se establecen disposiciones internas para la aplicación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para la representación de la Unión Europea en dicha Convención (2),

—

Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (Comité CDPD), de 2 de octubre de 2015, sobre el informe inicial de la Unión, y la lista de cuestiones previa a la presentación de los informes periódicos segundo y tercero de la Unión, presentada por el Comité CDPD el 20 de abril de 2022,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular las referencias explícitas a la discapacidad incluidas en los objetivos 1 y 2 sobre el fin de la pobreza y del hambre, 3 sobre la salud, 4 sobre la educación, 8 el sobre crecimiento y el empleo, 10 sobre la reducción de las desigualdades, 11 sobre la accesibilidad de los asentamientos humanos y 17 sobre la recopilación de datos,

—

Vistos los informes de ONU-Mujeres sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular su informe, de 1 de julio de 2021, titulado «COVID-19, gender, and disability checklist: preventing and addressing gender-based violence against women, girls, and gender non-conforming persons with disabilities during the COVID-19 pandemic» (Lista de comprobación de COVID-19, género y discapacidad: prevenir y abordar la violencia de género contra las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad no conformes con el género durante la pandemia de COVID-19) (3),

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

—

Vista la investigación estratégica de la Defensora del Pueblo Europea sobre el modo en que la Comisión Europea garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder a sus sitios web,

—

Vista la medida del Consejo por la que se establece el marco revisado a escala de la UE previsto en el artículo 33, apartado 2, de la CDPD,

—

Visto el documento informativo del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de marzo de 2019, titulado «El derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de las personas con discapacidad» (4),

—

Vista la investigación estratégica de la Defensora del Pueblo Europea sobre cómo la Comisión Europea supervisa los fondos de la UE utilizados para promover el derecho de las personas con discapacidad y de las personas mayores a vivir de forma independiente,

—

Vistos el informe de 2021 y el informe de 2022 sobre los derechos fundamentales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 2019, titulado «Configurar la agenda de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad 2020-2030» (5),

—

Visto el Índice de igualdad de género elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en 2021,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (6),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1295/2013 (7),

—

Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo (8),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público (9),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado (10),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (11),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (12),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (13),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (14),

—

Vista la Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, de 8 de mayo de 2019, relativa a la renovación de edificios (15),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de diciembre de 2020, titulado «La digitalización de la justicia en la UE — Un abanico de oportunidades», SWD(2020)0540 final,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de octubre de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos» (COM(2020)0620),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 2020, titulada «Una Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, titulada «Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030» (COM(2021)0101), y en particular las seis iniciativas emblemáticas que incluye,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2022, sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2022 (COM(2022)0234),

—

Vista la Carta Social Europea (revisada), en particular su artículo 15 sobre el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad,

—

Vistas la propuesta de Directiva del Consejo presentada por la Comisión por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426) y la posición del Parlamento de 2 de abril de 2009 (16),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (17),

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (18),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 5 de diciembre de 2019, sobre los mercados laborales inclusivos: mejorar el empleo de las personas en situación de vulnerabilidad en el mercado laboral (19),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 9 de diciembre de 2021, titulado «Building an economy that works for people: an action plan for the social economy» (Construir una economía al servicio de las personas: plan de acción para la economía social) (SWD(2021)0373),

—

Vista su Resolución, de 23 de junio de 2022, sobre la aplicación de medidas de inclusión en el marco de Erasmus+ 2014-2020 (20),

—

Vista su posición, de 3 de mayo de 2022, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo por el que se deroga la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo y el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a dicha Decisión (21),

—

Vista su Resolución, de 7 de abril de 2022, sobre la protección por parte de la Unión de los niños y jóvenes que huyen de la guerra contra Ucrania (22),

—

Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2022, titulado «Consecuencias sociales y económicas para la Unión de la guerra librada por Rusia en Ucrania: refuerzo de la capacidad de actuación de la Unión» (23),

—

Vista su Resolución, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres (24),

—

Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia (25),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre la situación de los artistas y la recuperación cultural en la UE (26),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2021, sobre la protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones: lecciones aprendidas (27),

—

Vista su Resolución, de 29 de abril de 2021, sobre la Garantía Infantil Europea (28),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la CNUDPD (29),

—

Vista su Resolución, de 8 de julio de 2020, sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias durante la crisis de la COVID-19 (30),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (31),

—

Vista su Resolución, de 18 de junio de 2020, sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020 (32),

—

Vista su Resolución, de 5 de octubre de 2017, sobre condiciones y sistemas penitenciarios (33),

—

Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres con discapacidad (34),

—

Visto el estudio titulado «European Structural and Investment Funds and People with Disabilities in the European Union» (Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y las personas con discapacidad en la Unión Europea), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 3 de noviembre de 2016 (35),

—

Visto el estudio titulado «Inclusive education for learners with disabilities» (Educación inclusiva para alumnos con discapacidad), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión el 15 de septiembre de 2017 (36),

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Visto el estudio titulado «La función de protección de la Comisión de Peticiones en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 9 de octubre de 2015 (37), y sus actualizaciones de 2016, 2017 y 2018,

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Visto el análisis en profundidad titulado «The European Accessibility Act» (El Acta Europea de Accesibilidad), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 15 de agosto de 2016 (38),

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Visto el estudio titulado «Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility» (Transporte y turismo para personas con discapacidad y personas con movilidad reducida), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 8 de mayo de 2018 (39),

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Visto el estudio titulado «The Post-2020 European Disability Strategy» («La Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020»), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 15 de julio de 2020 (40),

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Visto su estudio, de 2 de diciembre de 2021, titulado «The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD Committee by the EU» (La aplicación de las observaciones finales de 2015 del Comité CDPD por la UE) publicado por su Dirección General de Políticas Interiores (41),

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Vista la misión realizada por la delegación ad hoc del Parlamento Europeo en la 15.a Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que se celebró entre los días 14 y 16 de junio de 2022 en Nueva York, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Peticiones,

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Visto el Informe Especial 10/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 26 de mayo de 2021, titulado «Integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE: Es el momento de pasar a la acción» (42),

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Vistos el objetivo de pobreza de Europa 2020, la Declaración de Oporto, la Comunicación de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, titulada «Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales» (COM(2021)0102) y su objetivo para 2030 relativo a la lucha contra la pobreza y la exclusión social,

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Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (43),

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Vistos los Reglamentos por los que se establecen las normas relativas a los programas de financiación de la Unión en el marco financiero plurianual, en particular el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el programa Erasmus y el Fondo de Transición Justa, que proporcionan asistencia financiera de la Unión para mejorar la situación de las personas con discapacidad,

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Vista la Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a los organismos para la igualdad (44),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2010, titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010)0636),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, titulado «Informe de situación relativo a la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020» (SWD(2017)0029),

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Vistos la iniciativa, en ocho Estados miembros, de proyecto piloto de la Comisión de 2016-2018 sobre una Tarjeta Europea de Discapacidad y el estudio de mayo de 2021 de evaluación de la aplicación de la acción piloto sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad y los beneficios asociados a ella,

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 20 de noviembre de 2020, titulado «Evaluation of the European Disability Strategy 2010-2020» (Evaluación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020) (SWD(2020)0289),

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Visto el informe de la Comisión, de 19 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las personas independientemente de su origen racial o étnico (Directiva de igualdad racial y laboral) y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (Directiva de igualdad en el empleo) (COM(2021)0139),

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Visto el informe sobre políticas de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 21 de marzo de 2022, titulado «People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey» (Personas con discapacidad y pandemia de COVID 19: conclusiones de la encuesta electrónica Vida, trabajo y COVID-19),

—

Visto el informe de investigación de Eurofound, de 19 de abril de 2021, titulado «Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States» (Discapacidad e integración en el mercado laboral: tendencias políticas y apoyo prestado en los Estados miembros de la UE),

—

Visto el resumen de políticas de Eurofound, de 30 de noviembre de 2018, titulado «Social and employment situation of people with disabilities» (Situación social y laboral de las personas con discapacidad),

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (45),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Peticiones,

—

Vista la carta de la Comisión de Cultura y Educación,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0284/2022),

A.

Considerando que, según los datos disponibles, hay aproximadamente 87 000 000 de personas con alguna forma de discapacidad en la Unión, y de ellas más de 24 000 000 son personas con discapacidad grave;

B.

Considerando que, según la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030, más de un millón de niños y adultos con discapacidad menores de 65 años y más de dos millones de adultos de 65 años o más viven en instituciones; que existe una relación entre el incremento del número de personas con discapacidad y el envejecimiento de la población europea, y que esto debe tenerse en cuenta en las políticas de la Unión;

C.

Considerando que, según la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, el 50,8 % de las personas con discapacidad están empleadas, frente al 75 % de las personas sin discapacidad; que, según la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, la evaluación de la Estrategia sobre Discapacidad 2010-2020 «consideró el empleo como una de las cinco prioridades estratégicas principales para futuras acciones»;

D.

Considerando que las personas con discapacidad que viven en la Unión siguen sufriendo discriminación, como denegación de ajustes razonables, acoso y formas de discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de sus vidas, en particular desventajas socioeconómicas, aislamiento social, maltrato y violencia, incluida violencia de género, esterilización y abortos forzados, falta de acceso a servicios comunitarios, vivienda de baja calidad, institucionalización, asistencia sanitaria inadecuada y denegación de la oportunidad de contribuir y participar activamente en la sociedad (46);

E.

Considerando que solo veintidós de los veintisiete Estados miembros han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la CDPC (47); que, en varias resoluciones, el Parlamento ha supervisado, promovido y pedido la plena aplicación de la CDPD, así como la sensibilización sobre los derechos recogidos en ella; que el Parlamento ha subrayado asimismo la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la CDPD, tanto por parte de los Estados miembros que aún no lo han hecho como por parte de la Unión, dado que es una vía que ofrece la oportunidad de revisar casos individuales o sistémicos de discriminación;

F.

Considerando que la base de una Europa accesible e inclusiva de las personas con discapacidad es una Unión cuyos Estados miembros reconozcan la condición de discapacidad de una persona y permitan que las personas con discapacidad disfruten plenamente de su libertad de circulación; que las personas con discapacidad en toda su diversidad tienen derecho a disfrutar de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones; que la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida y la sociedad es vital para el disfrute de sus derechos fundamentales;

G.

Considerando que la Comisión no ha adoptado medidas eficaces para garantizar la armonización jurídica con la CDPD; que hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna revisión de la legislación y la política vigentes, ni de las directrices de evaluación de impacto previas a una propuesta de legislación;

H.

Considerando que la falta, a escala de la Unión, de una definición común de discapacidad constituye un importante obstáculo para la codificación de la evaluación de la discapacidad y el reconocimiento mutuo de las decisiones nacionales en materia de discapacidad, en particular en relación con las condiciones para el acceso a instalaciones y servicios específicos en el ámbito de la seguridad social;

I.

Considerando que los datos fiables y desglosados sobre las personas con discapacidad de que se dispone a nivel de la Unión son muy limitados;

J.

Considerando que la Comisión ha presentado una agenda ambiciosa dentro del marco de la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030;

K.

Considerando que, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la legislación vigente de la Unión relativa a los derechos de las personas con discapacidad no se aplica ni se hace cumplir de modo efectivo; que la legislación de la Unión no cubre las formas múltiples e interseccionales de discriminación y que sigue habiendo lagunas en el seguimiento de los casos de discriminación;

L.

Considerando que las instituciones de la UE deben reforzar los procesos estructurados para consultar a las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas asegurando el derecho a la información y la accesibilidad de dichos procesos, tanto en términos de la accesibilidad digital de las plataformas en línea como de los plazos otorgados para aportar comentarios, y de garantizar que las aportaciones se recaben en fases del proceso legislativo en que aún pueden marcar una diferencia; que todavía falta transparencia sobre cómo se tratan estas aportaciones y cómo se reflejan en las propuestas finales; que los Estados miembros y los países no pertenecientes a la Unión, en particular los países candidatos, también deben hacer más a este respecto;

M.

Considerando que las personas con discapacidad cuya capacidad jurídica ha sido denegada o limitada pueden no ser capaces de ejercer sus derechos fundamentales, en particular el derecho a acceder a la justicia, al sufragio activo y pasivo, a decidir dónde vivir y a firmar cualquier tipo de contrato;

N.

Considerando que el acceso a la justicia constituye un elemento imprescindible del Estado de Derecho y es un derecho fundamental en la medida en que constituye un requisito previo para el disfrute de los demás derechos humanos, como la igualdad ante la ley y un juicio justo; que el artículo 13 de la CDPD exige a los Estados parte que garanticen a las personas con discapacidad un acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, mediante ajustes de procedimiento y promoviendo la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia;

O.

Considerando que la presencia de una discapacidad no justifica por sí sola la privación de la capacidad jurídica de una persona; que cualquier medida de restricción de su capacidad jurídica debe adecuarse a las condiciones de dicha persona y ser proporcionada a sus necesidades y solo puede tener lugar en determinadas condiciones y con determinadas garantías;

P.

Considerando que, según el informe de 2019 «El derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de las personas con discapacidad» del Comité Económico y Social Europeo, cerca de 800 000 ciudadanos de la Unión fueron privados de su derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo debido a su discapacidad o a problemas de salud mental, y que millones de ciudadanos de la Unión son también incapaces de votar en elecciones al Parlamento Europeo debido a barreras técnicas o a modalidades de organización inadecuadas, que no atienden las necesidades resultantes de una o varias discapacidades;

Q.

Considerando que en catorce Estados miembros se deniega el derecho a voto a personas con discapacidad bajo tutela plena o parcial (48); que solo pueden ejercer su derecho a presentarse como candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo en siete Estados miembros; que esto contraviene claramente los artículos 39 y 40 de la Carta; que muchas barreras de accesibilidad siguen impidiendo a las personas con discapacidad participar en las elecciones;

R.

Considerando que la pandemia ha tenido una grave repercusión en el bienestar psíquico de la infancia y de las personas jóvenes, en particular de aquellas con discapacidad; que la pandemia de COVID-19 afectó a las personas con discapacidad que viven en instituciones más que a las demás, a raíz de la práctica común de prohibir las visitas a dichas instituciones; que los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad durante futuras pandemias;

S.

Considerando que la Unión debe garantizar mejor los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad en sus políticas sanitarias, como las políticas relacionadas con la COVID-19, las estrategias en materia de salud mental y el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer;

T.

Considerando que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 refleja una agenda de desarrollo sostenible basada en los derechos humanos que incluye a las personas con discapacidad y es accesible por ellas y exige que todas las políticas de reducción del riesgo de desastres integren una perspectiva de discapacidad y promuevan una toma de decisiones inclusiva y consciente de los riesgos, basada en la difusión de información desglosada por discapacidad;

U.

Considerando que la tecnología de inteligencia artificial tiene el potencial, en particular, de simplificar la vida cotidiana de las personas con discapacidades visuales, auditivas, motrices y de aprendizaje, al permitirles un acceso más fácil a la cultura, el arte, el deporte, el trabajo y las actividades sociales, y posibilitarles vivir de manera más independiente;

V.

Considerando que las personas con discapacidad tienen una probabilidad como mínimo tres veces mayor de sufrir violencia física, sexual y emocional que las personas sin discapacidad; que las mujeres y las niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género; que las mujeres con discapacidad tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia sexual (49), incluida la esterilización forzada, y que la legislación de la Unión en materia de igualdad de género no tiene plenamente en cuenta sus derechos y necesidades;

W.

Considerando que reconocer la intersección entre violencia, género y discapacidad a que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad resulta esencial para la adopción de estrategias de respuesta inclusivas; que muchas personas con discapacidad pueden carecer asimismo de acceso a la educación sexual, que podría ayudarles a identificar y prevenir el abuso, y que afrontan mayores barreras para acceder a la justicia y denunciar actos de violencia; que las mujeres con discapacidad tienen una mayor probabilidad de sufrir pobreza y aislamiento que los hombres con discapacidad o las personas sin discapacidad;

X.

Considerando que los detenidos con discapacidad siguen sufriendo violaciones de sus derechos fundamentales en varios Estados miembros; que los detenidos con una discapacidad no reconocida o no tenida suficientemente en cuenta se enfrentan a condiciones de detención vergonzosas; que con demasiada frecuencia los Estados miembros violan los derechos fundamentales de los detenidos con discapacidad, al no tener en cuenta sus necesidades;

Y.

Considerando que los creadores culturales —como los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes y los artistas— con discapacidad tienen más difícil el acceso a actividades artísticas y culturales profesionales y no profesionales, así como menos oportunidades para desarrollar carreras a largo plazo en los sectores culturales y creativos; que a menudo se ven excluidos de las políticas y de la financiación en los sectores culturales y creativos porque no se tiene en cuenta, por ejemplo, la movilidad restringida o la dificultad de los procedimientos burocráticos para obtener financiación;

Z.

Considerando que la Unión debe proporcionar a los niños con discapacidad que han huido de una guerra un apoyo suplementario para satisfacer sus necesidades; que, según su Resolución sobre la protección por parte de la Unión de los niños y jóvenes que huyen de la guerra contra Ucrania, aprobada en abril de 2022, más de 100 000 niños viven en centros de asistencia institucional e internados en Ucrania y que más de la mitad tiene alguna discapacidad;

AA.

Considerando que la investigación de Eurofound muestra que, entre 2011 y 2016, la brecha entre las personas con y sin discapacidad en lo que respecta a estudios superiores completados creció del 7 % al 9 %; que solo el 29,4 % de las personas con discapacidad obtienen un título de enseñanza superior, frente al 43,8 % de las personas sin discapacidad; que las limitaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de acceder a la educación conducen a una participación más limitada en las actividades educativas y de formación y a un riesgo de exclusión social y económica;

AB.

Considerando que la Unión, sus instituciones y sus Estados miembros son partes en la CDPD y están obligados a aplicar plenamente los derechos fundamentales recogidos en ella, incluido su artículo 27 sobre el trabajo y el empleo; que los derechos consagrados en la CDPD distan mucho de ser una realidad para millones de personas con discapacidad en la Unión, sobre todo por las deficiencias de la Directiva de igualdad en el empleo;

AC.

Considerando que la CDPD reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, incluida la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y en un entorno abierto, inclusivo y accesible; que toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus perspectivas de empleo o trabajo autónomo, lo que incluye el derecho a recibir ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje, tal como establece el principio 4 del pilar europeo de derechos sociales; que las personas con discapacidad están mayoritariamente excluidas del mercado laboral abierto y que se les niega su derecho a trabajar en igualdad de condiciones con los demás o se enfrentan a grandes dificultades para lograr un acceso equitativo al mercado laboral y formar parte de este en igualdad de condiciones; que las investigaciones de Eurofound han revelado que entre los principales obstáculos al empleo de personas con discapacidad figuran los estereotipos relacionados con la discapacidad, las dificultades burocráticas para acceder a los servicios disponibles, la falta de una visión estratégica para la gobernanza, un seguimiento insuficiente de la aplicación de las políticas, la escasez de recursos de formación para los empleadores y la falta de apoyo especializado;

AD.

Considerando que las personas con discapacidad deben poder acceder a un apoyo individualizado y a medios para su adaptación en el lugar de trabajo; que las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice que puedan tener una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad, y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades; que las desventajas que sufren las personas con discapacidad van mucho más allá del ámbito del empleo; que la situación social y financiera de las personas con discapacidad en la Unión es significativamente peor que la de las personas sin discapacidad y reflejo de la desventaja estructural o educativa y la discriminación; que las medidas de apoyo centradas en ámbitos distintos del empleo, como la reducción de la pobreza, el acceso a la vivienda y la atención a la infancia, la accesibilidad del transporte público y la asistencia personal, también desempeñan un papel clave a la hora de brindar a las personas con discapacidad oportunidades para pasar a formar parte de la población activa y mantenerse en ella;

AE.

Considerando que la Estrategia de la Unión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030 propone crear una Tarjeta Europea de Discapacidad para finales de 2023, con miras a su reconocimiento en todos los Estados miembros;

AF.

Considerando que las innovaciones técnicas, como los sistemas de inteligencia artificial ética y centrada en el ser humano, tienen potencial para desarrollar procesos de contratación eficientes, accesibles y no discriminatorios, pero que los avances tecnológicos no inclusivos podrían entrañar el riesgo de que se añadan nuevas barreras, así como formas de discriminación, contra las personas con discapacidad; que el artículo 9 de la CDPD exige la accesibilidad de la información y de los sistemas y tecnologías de la comunicación en igualdad de condiciones con los demás; que el 64,3 % de las personas con discapacidad de 16 años o más disponen de conexión a internet en casa, frente al 87,9 % de las personas sin discapacidad;

AG.

Considerando que las investigaciones de Eurofound han mostrado que el apoyo a la iniciativa empresarial y al trabajo autónomo a través de la orientación, la formación y la ayuda financiera puede proporcionar a las personas con discapacidad oportunidades para estar activas en el mercado laboral abierto y, con ello, desincentivar su dependencia exclusiva de las prestaciones por discapacidad; que dicho apoyo debe estar bien orientado a sus objetivos y disponer de los recursos adecuados;

AH.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los obstáculos y las desigualdades existentes para todas las personas con discapacidad; que las investigaciones de Eurofound han mostrado que, durante la pandemia, una media del 71 % de los encuestados con discapacidad se encontraban en riesgo de padecer depresión, y el 25 % de los encuestados con discapacidad indicaron que no podían acceder a los servicios de salud mental, una tasa que duplica a la registrada para las personas sin discapacidad; que un estudio de Eurofound ha mostrado que los confinamientos y las restricciones debidos a la pandemia de COVID-19 afectaron especialmente a los jóvenes con discapacidad con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, pues el 51 % de dichos encuestados indicaron que se sentían solos, esto es, un 19 % más que entre los jóvenes sin discapacidad; que los planes de reincorporación al trabajo son esenciales para los trabajadores que sufren problemas de salud mental;

AI.

Considerando que, una década después de que la Unión se adhiriera a la CDPD, el nivel de institucionalización sigue siendo el mismo; que, en toda Europa, al menos 1 400 000 personas siguen confinadas en instituciones, un número que se ha mantenido constante desde la adopción de la Convención; que, según la encuesta de 2020 sobre la vida independiente de la Red Europea de Vida Independiente, veinticuatro de los cuarenta y tres países con representación en el Consejo de Europa no disponen de una estrategia de desinstitucionalización, y, con respecto a los dieciocho países que sí disponen de una, el 88 % de los encuestados la describen como deficiente o consideran que requiere mejoras;

AJ.

Considerando que treinta y tres países del Consejo de Europa proporcionan algún tipo de asistencia personal, si bien el 97 % de los encuestados indican que el acceso a ella es deficiente o requiere mejoras;

AK.

Considerando que el marco legislativo actual no impone a los Estados miembros la obligación de designar un organismo de igualdad para proteger a las víctimas de discriminación por razón de discapacidad;

AL.

Considerando que, en 2008, la Comisión presentó una propuesta destinada a ampliar la protección frente a la discriminación más allá del empleo, tal como se recoge en la Directiva de igualdad en el empleo, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, edad, orientación sexual y religión o creencias en el ámbito del empleo y la ocupación; que la nueva Directiva haría que el principio de igualdad se aplicara a la educación, el acceso a los bienes y servicios y la protección social, incluidas la seguridad social y la atención sanitaria; que esta propuesta aún no se ha adoptado y lleva catorce años bloqueada en el Consejo, donde se requiere la unanimidad para su adopción;

AM.

Considerando que todos los Estados miembros de la Unión han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, por lo que es vinculante para ellos, y que el artículo 3, apartado 3, del TUE establece el objetivo de la Unión de promover la protección de los derechos del niño; que la Carta garantiza que las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben proteger los derechos del niño cuando apliquen el Derecho de la Unión; que el Parlamento aprobó con una holgada mayoría su Resolución sobre la Garantía Infantil Europea, en la que se exige que se garantice el acceso a una educación inclusiva desde la primera infancia hasta la adolescencia para todos los niños, incluidos los niños romaníes, los niños con discapacidad, los niños apátridas y migrantes y los niños que viven en contextos de emergencia humanitaria;

AN.

Considerando que el acceso al empleo de calidad, la educación y formación, la atención sanitaria, la protección social, también con carácter transfronterizo, una vivienda adecuada, el apoyo a la vida independiente, y la igualdad de oportunidades para participar en actividades de ocio y en la vida comunitaria resultan esenciales para la calidad de vida de las personas con discapacidad y para reducir la pobreza y la vulnerabilidad, así como para apoyar un crecimiento sostenible e inclusivo; que los regímenes nacionales de renta mínima deben garantizar la igualdad de acceso para las personas con discapacidad; que las personas con discapacidad también deben tener acceso a una asistencia específica para sufragar gastos adicionales relacionados con la discapacidad, es decir, que dichos gastos no los debe cubrir la renta solamente;

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2021, titulada «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040» (COM(2021)0345),

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Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

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Visto el Acuerdo de París, adoptado en la 21.a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,

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Vistos los artículos 39 y 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 (1),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 (en lo sucesivo, «Legislación Europea sobre el Clima») (2),

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Visto el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 (3),

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Visto el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (4),

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Visto el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (5),

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Visto el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el programa Europa Digital (6),

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Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales (7),

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Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales (8),

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Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía (9),

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Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura (10),

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Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2018, sobre la respuesta a las necesidades específicas de las zonas rurales, montañosas y periféricas de la Unión (11),

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Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2022, sobre el papel de la política de cohesión en el fomento de una transformación innovadora e inteligente y de la conectividad regional en el ámbito de las TIC (12),

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Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2020, sobre la estrategia forestal europea: el camino a seguir (13),

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Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre una Estrategia «de la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente (14),

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Vista su Resolución, de 9 de junio de 2021, sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas (15),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019)0640],

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» (COM(2020)0381),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (COM(2020)0380),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 2021, titulada «Plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis» (COM(2021)0689),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2021, titulada «Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030» (COM(2021)0572),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de febrero de 2022, relativa al octavo informe sobre la cohesión: la cohesión en Europa en el horizonte de 2050 (COM(2022)0034),

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Visto el Informe de la Comisión, de 17 de junio de 2020, sobre los efectos del cambio demográfico (COM(2020)0241),

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Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el Envejecimiento — Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre generaciones, de 27 de enero de 2021 (COM(2021)0050),

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Vista la Declaración de Cork 2.0 titulada «Una vida mejor en el medio rural», adoptada por las partes en la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural celebrada en Cork en septiembre de 2016,

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Vista la Bled Declaration for a Smarter Future of the Rural Areas in EU (Declaración de Bled por un futuro más inteligente para las zonas rurales de la Unión), firmada en Bled (Eslovenia) el 13 de abril de 2018,

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Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 28 de septiembre de 2018,

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Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2022, sobre el Plan de acción de la UE para la agricultura ecológica (16),

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Vista la Recomendación general n.o 34 (2016) del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre los derechos de las mujeres rurales, adoptada el 7 de marzo de 2016,

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Visto el principio 20 del pilar europeo de derechos sociales,

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Visto el estudio solicitado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo titulado «The future of the European Farming Model: Socio-economic and territorial implications of the decline in the number of farms and farmers in the EU» (El futuro del modelo agrícola europeo: consecuencias socioeconómicas y territoriales del descenso del número de explotaciones agrícolas y de agricultores en la Unión), publicado por el Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión en abril de 2022,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de marzo de 2021, sobre el Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica (COM(2021)0141),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2022, sobre la necesidad de un plan de acción urgente de la UE para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la Unión en vista de la invasión rusa de Ucrania (17),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 8 de abril de 2021, titulado «Evaluación del impacto de la PAC en el relevo generacional, el desarrollo local y el empleo en las zonas rurales» (SWD(2021)0078),

—

Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones de 26 de enero de 2022 titulado «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE» (18),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de marzo de 2022 titulado «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE» (19),

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Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

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Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A9-0269/2022),

A.

Considerando que las zonas rurales representan en torno al 83 % del territorio total de la Unión y albergan unos 137 000 000 de personas (30 % de su población); que las zonas rurales de la Unión revisten una gran importancia como lugares para la producción de alimentos, los bosques y la producción de energía, en particular las energías renovables, así como para cumplir el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; que las zonas rurales, en particular las regiones rurales remotas y menos desarrolladas, las zonas montañosas, las islas y las regiones ultraperiféricas se enfrentan a retos específicos a largo plazo sin resolver y a la falta de reconocimiento de su potencial único de desarrollo e innovación;

B.

Considerando que el porcentaje global de población de las zonas rurales ha ido descendiendo ligeramente a escala de la Unión en el último decenio, y de forma significativa en los últimos cincuenta años, debido al envejecimiento y la emigración (migración a las ciudades); que el porcentaje de personas mayores de sesenta y cinco años es, por lo general, más elevado en las zonas rurales y se espera que aumente en el futuro; que es probable que la población descienda en cuatro de cada cinco regiones rurales de la Unión para 2050, y que sean las zonas rurales remotas las que más habitantes pierdan;

C.

Considerando que el artículo 174 del TFUE estipula que la Unión debe intentar reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones, prestando especial atención a ciertas regiones, en particular a las zonas rurales; que, para lograr un desarrollo sostenible, los territorios rurales deben recibir un apoyo financiero adecuado;

D.

Considerando que el promedio de la tasa de empleo en las zonas rurales de la Unión presenta una evolución favorable desde el período 2012 a 2020, aunque con diferencias entre los Estados miembros y variaciones en cuanto a la calidad del empleo que se ofrece; que el porcentaje de población con riesgo de pobreza o exclusión social es más elevado en las zonas rurales que en los pueblos y ciudades;

E.

Considerando que las condiciones de trabajo de una parte considerable de los trabajadores empleados en el sector agrícola de la Unión son extremadamente difíciles y precarias, y se caracterizan por los salarios bajos, las jornadas de trabajo largas, el trabajo no declarado, la elevada incidencia de accidentes y enfermedades y unas condiciones de alojamiento deplorables;

F.

Considerando que el acceso a los servicios hídricos, el saneamiento, la conectividad por carretera, la atención sanitaria, la educación, internet de banda ancha y otros servicios básicos es esencial para el desarrollo de las zonas rurales; que los hogares de algunas zonas rurales siguen sin tener acceso a los servicios básicos esenciales, en particular los servicios de agua y saneamiento, mientras persisten diferencias entre los Estados miembros (20); que los ciudadanos calificaron las infraestructuras y las conexiones de transporte como las necesidades clave de las zonas rurales;

G.

Considerando que solo uno de cada seis residentes rurales dispone de conexiones de banda ancha ultrarrápidas; que esto constituye una importante brecha entre las zonas rurales y urbanas con respecto a las capacidades digitales básicas, y que en las zonas rurales un 28 % de los adultos tiene capacidades digitales básicas o superiores a las básicas, frente al 62 % de los adultos que viven en las ciudades (2019); que siguen existiendo diferencias significativas entre los Estados miembros en lo que respecta a la conectividad a Internet, ya que en algunos Estados miembros hasta el 25 % de los hogares rurales siguen sin tener acceso a la red (21);

H.

Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental de la Unión, reconocido en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales; que persisten importantes desigualdades de género en las zonas rurales, donde las mujeres sufren tasas más elevadas de desempleo, contratos precarios y condiciones de trabajo informales, además de estar infrarrepresentadas en los órganos decisorios, como las cooperativas agrícolas, los sindicatos y los gobiernos municipales;

I.

Considerando que el número de explotaciones agrícolas en la EU-27 disminuyó un 32 % entre 2003 y 2016, y que el mayor descenso se produjo entre las explotaciones pequeñas de menos de cinco hectáreas (38 %); que en 2016 había 10 500 000 explotaciones agrícolas en la Unión, en su mayor parte (92 %) explotaciones familiares; que, para 2040, la Unión podría perder 6 400 000 explotaciones más, con lo que el número de explotaciones agrarias restantes sería de 3 900 000 en toda la Unión, un tremendo descenso del 62 % con respecto a las cifras de 2016;

J.

Considerando que en 2016, por cada agricultor menor de 35 años, había más de seis agricultores mayores de 65 años (22), lo que hace que el envejecimiento de los agricultores de la Unión sea uno de los mayores retos a los que se enfrentan las zonas rurales; que el porcentaje de agricultoras jóvenes es especialmente bajo;

K.

Considerando que las explotaciones ganaderas de la Unión emplean a unos 4 000 000 de personas y son las principales beneficiarias de las ayudas del segundo pilar de la política agrícola común (PAC) a las explotaciones de las zonas desfavorecidas, que representan el 50 % de la superficie agrícola utilizada en la Unión;

L.

Considerando que los grupos temáticos de la Red Europea de Desarrollo Rural han demostrado ser un instrumento eficaz para las asociaciones territoriales público-privadas; que estos grupos han logrado, además, proporcionar un foro único en el que abordar cuestiones relacionadas con la revitalización territorial, la innovación, los métodos de acción en la agricultura y el desarrollo rural desde la base e integrados, la gestión descentralizada, la integración en redes y la cooperación;

M.

Considerando que uno de los objetivos de la PAC, para el actual período de programación, es promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género —incluida la participación de las mujeres en las explotaciones—, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales;

N.

Considerando la preocupación que suscitan los efectos negativos de las actividades mineras sobre el agua, las zonas protegidas y el medio ambiente, así como los daños ecológicos que pueden causar en el entorno y en otras fuentes de subsistencia, lo que puede afectar a los ingresos, la salud y la calidad de vida de la población (23);

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Vistos el Pacto Verde y el consiguiente paquete de medidas «Objetivo 55»;

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Visto el cuarto paquete ferroviario,

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Visto el Libro Blanco titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión Europea de 1995 titulado «Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte — Opciones para la internalización de los costes externos del transporte en la Unión Europea» (COM(1995)0691),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (1) (Acta Europea de Accesibilidad),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de diciembre de 2020, titulada «Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo al futuro» (COM(2020)0789),

—

Vista la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.o 661/2010/UE (3) (Reglamento RTE-T),

—

Vista la Directiva (UE) 2021/1187 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, sobre la racionalización de las medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de transporte (RTE-T) (4),

—

Vista su Resolución, de 20 de enero de 2021, sobre la revisión de las directrices relativas a la red transeuropea de transporte (RTE-T) (5),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2021, sobre la seguridad y señalización ferroviaria: evaluación de la situación actual de implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) (6),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa»,

—

Vista la Decisión (UE) 2021/2316 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 2021, relativa al Año Europeo de la Juventud (2022) (7),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (8) (Reglamento sobre los derechos de los viajeros de ferrocarril),

—

Visto el estudio de la Comisión titulado «Long-distance cross-border passenger rail services» (Servicios ferroviarios transfronterizos de transporte de pasajeros de larga distancia), publicado en octubre de 2021,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0242/2022),

A.

Considerando que la nueva Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente establece el objetivo de duplicar el tráfico ferroviario de alta velocidad de aquí a 2030 y de triplicarlo de aquí a 2050;

B.

Considerando que el volumen de pasajeros del transporte ferroviario de alta velocidad casi se duplicó entre 2001 y 2018, lo que demuestra que existe una demanda de transporte ferroviario de alta velocidad siempre que está disponible (9);

C.

Considerando que los aeropuertos de la Unión están sufriendo un aumento importante de los retrasos (10);que se prevé una considerable escasez de capacidad (para alrededor de 1,5 millones de vuelos de aquí a 2040) si no se adoptan medidas correctoras estrictas (11); que la congestión de las carreteras cuesta a la Unión aproximadamente 110 000 000 000 EUR al año (el 1 % del PIB de la UE) (12);

D.

Considerando que el ferrocarril de alta velocidad aporta múltiples beneficios, como la reducción de los accidentes mortales, de la congestión del tráfico y de las emisiones, y tiene un impacto económico positivo, ya que mejora la accesibilidad, reduce los tiempos de desplazamiento y genera oportunidades de empleo;

E.

Considerando que se han dado importantes pasos legislativos hacia la realización del espacio ferroviario europeo único;

F.

Considerando que la financiación del ERTMS en las vías y a bordo desempeña un papel clave a la hora de garantizar un mayor ritmo de implantación y más seguridad e interoperabilidad en toda la RTE-T, al tiempo que se avanza en la realización de un espacio ferroviario europeo verdaderamente interoperable;

G.

Considerando que la finalización de la RTE-T (manteniendo la capacidad para desarrollar redes secundarias) es crucial para avanzar hacia modos de transporte más sostenibles, en particular el ferrocarril, así como para aumentar la conectividad multimodal entre ciudades, regiones, zonas periféricas e islas de la Unión;

H.

Considerando que aún persisten barreras tecnológicas a la interoperabilidad de los trenes entre países de la Unión;

I.

Considerando que la expedición de billetes multimodales inteligentes es un instrumento fundamental para fomentar un mayor uso del ferrocarril y del transporte multimodal sostenible; que la red ferroviaria y las estaciones pueden desempeñar un papel clave en la integración de otros modos de transporte en la conexión de «primer y último kilómetro»;

J.

Considerando que el Año Europeo del Ferrocarril 2021 fue una oportunidad para promover un cambio hacia la conversión del ferrocarril en la columna vertebral del transporte de pasajeros en toda la Unión, para servir mejor a los ciudadanos y mejorar el desarrollo de la red RTE-T en los Estados miembros;

K.

Considerando que el Año Europeo de la Juventud 2022 es una oportunidad para reforzar este impulso mediante acciones dirigidas a los jóvenes;

L.

Considerando que, en la actualidad, los nodos urbanos no están suficientemente integrados en la red RTE-T actual; que falta un número significativo de infraestructuras de último kilómetro para el transporte de mercancías y de conexiones multimodales para pasajeros;

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Vistos los artículos 2, 3, apartado 3, y 6 del Tratado de la Unión Europea,

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 9, 10, 12, 14, 16, 19, 26 y 36, su artículo 67, apartado 4, su artículo 114, apartado 3, sus artículos 153 y 165, su artículo 169, apartado 1, y su artículo 174,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 3, 8, 11, 21, 26, 34, 38 y 52,

—

Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en particular su artículo 14,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 3, 17 y 20,

—

Vista la definición de «brecha digital» de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que hace referencia a la brecha entre particulares, hogares, empresas y zonas geográficas en distintos niveles socioeconómicos, tanto en lo que se refiere a sus oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como a su uso de internet para una amplia gama de actividades (1),

—

Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital (2),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior (3),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público (4),

—

Visto el Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de comunicación abiertos comunes y seguros (5),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (6),

—

Visto el estudio de 2020 del Banco Central Europeo (BCE) sobre las actitudes de los consumidores en materia de pago en la zona del euro (SPACE),

—

Visto el artículo del número 5 de 2022 del Boletín Económico del BCE titulado «Guaranteeing freedom of payment choice: access to cash in the euro area» (Garantizar la libertad de elección de pago: acceso al efectivo en la zona del euro),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2021, titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para la Década Digital» (COM(2021)0118),

—

Vista la propuesta, de 15 de septiembre de 2021, de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030 (COM(2021)0574),

—

Visto el informe de mayo de 2022 sobre el resultado final de la Conferencia sobre el Futuro de Europa,

—

Vistas las deliberaciones sobre la petición n.o 1123/2021 durante la reunión de la Comisión de Peticiones del 17 de mayo de 2022,

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2021, sobre la protección de las personas con discapacidad a través de las peticiones: lecciones aprendidas (7),

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, cuyo logro permitirá reducir la brecha digital,

—

Visto el artículo 227, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido una petición en la que se expresa una preocupación justificada ante la imposibilidad de acceder a servicios bancarios básicos, como confirmar un pago o acceder a una cuenta bancaria personal, en caso de no disponer de un teléfono móvil, a pesar de que no existe ninguna obligación legal de poseer tal dispositivo; que existe una brecha entre las personas que utilizan cada vez más medios digitales de pago y otras que no pueden o son reacias a utilizarlos; que la petición plantea la cuestión más amplia de las repercusiones de la digitalización en los ciudadanos, los clientes y los usuarios de los servicios públicos y privados;

B.

Considerando que el efectivo es el instrumento de pago más utilizado en la zona del euro; que, según datos recientes del BCE, el número total de distribuidores de efectivo en la zona del euro disminuyó un 4,2 % y se situó en 0,28 millones en 2021 (8); que se ha producido una disminución paralela del número de sucursales bancarias por habitante en toda la zona del euro; que, en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, se han destinado 127 000 000 000 EUR a reformas e inversiones relacionadas con el ámbito digital (9); que los Estados miembros han avanzado en sus esfuerzos de digitalización durante la pandemia de COVID-19, pero que siguen teniendo dificultades para reducir las brechas en las capacidades digitales y en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas;

C.

Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido una petición en la que se expresa la preocupación por que la mayoría de los proveedores de servicios solo pongan a disposición información en línea y, a menudo, solo a través de canales compatibles con los teléfonos inteligentes, lo que coloca en desventaja a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas con bajos ingresos, a quienes no poseen competencias digitales y a quienes tienen un acceso limitado a internet;

D.

Considerando que, a pesar de que la digitalización y el uso adecuado de las herramientas digitales han aportado muchos beneficios y oportunidades económicos y sociales, han surgido una serie de retos éticos, jurídicos y de empleo que pueden causar graves desventajas o perjuicios a las personas y a la sociedad en su conjunto; que el potencial de las nuevas tecnologías es ambivalente, ya que, dependiendo de cómo se utilicen y regulen, pueden contribuir a crear una sociedad más inclusiva y reducir las desigualdades, o pueden amplificar las desigualdades existentes y crear nuevas formas de discriminación;