—

Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 5 de la Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (1),

—

Vista la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (2),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión,

—

Visto el estudio realizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Responsable Private Funding of Litigation» (Financiación privada de litigios responsable), de marzo de 2021,

—

Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0218/2022),

A.

Considerando que incumbe principalmente a los Estados miembros la responsabilidad de poner asistencia jurídica gratuita adecuada a disposición de quienes carecen de recursos suficientes con vistas a garantizar el acceso de todos a la justicia, de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que la asistencia jurídica gratuita pública y la persecución pública de delitos son, y deben seguir siendo, los mecanismos primordiales para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial;

B.

Considerando que la financiación comercial de litigios por terceros es una práctica creciente en virtud de la cual inversores privados (en lo sucesivo, «financiadores de litigios») que no son parte en un litigio invierten con ánimo de lucro en procedimientos judiciales y sufragan las costas judiciales y otros gastos a cambio de una parte de las cantidades que se reconozcan en el procedimiento; que las demandas colectivas son solo uno los tipos de litigios en que los que se recurre actualmente a la financiación de litigios por terceros, siendo asimismo ejemplo de ello los procedimientos de arbitraje e insolvencia, la recuperación de inversiones o las acciones en materia de defensa de la competencia, entre otros;

C.

Considerando que, si se regula adecuadamente, la financiación de litigios por terceros podría utilizarse con mayor frecuencia como instrumento para apoyar el acceso a la justicia, especialmente en los países en los que las el coste de litigar es muy elevado o en el caso de las mujeres y los colectivos marginados, que se enfrentan a obstáculos aún mayores para obtener financiación; que la financiación de litigios por terceros también podría contribuir de forma creciente a garantizar que los asuntos de interés público sean llevados ante los órganos jurisdiccionales y a reducir los considerables desequilibrios económicos que existen entre las empresas y los ciudadanos que pretenden ser resarcidos, y garantizar así una adecuada responsabilidad empresarial;

D.

Considerando que el informe del Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado (BIICL, por sus siglas en inglés) titulado «State of Collective Redress in the EU in the context of the Commission Recommendation» (Situación de los recursos colectivos en la UE en el contexto de la Recomendación de la Comisión) destaca que, en algunos Estados miembros, la financiación por terceros se ha convertido en un factor esencial para la interposición de demandas colectivas (3); que el informe de la Comisión COM(2018)0040 sobre la aplicación de las recomendaciones no vinculantes de 2013 sobre el recurso colectivo destaca que la financiación de litigios por terceros es un aspecto clave del recurso colectivo que tiene una dimensión transfronteriza importante (4);

E.

Considerando que los financiadores de litigios que participan en procedimientos judiciales actúan en su propio interés económico y no en interés de los demandantes; que pueden tratar de controlar la actuación durante el procedimiento y reclamar un resultado que les reporte el mayor rendimiento en el menor tiempo posible (5); que es esencial garantizar que las víctimas reciban una indemnización adecuada;

F.

Considerando que, aunque la financiación de litigios por terceros es casi inexistente en Europa, se trata de un fenómeno en auge en el arbitraje en materia de inversiones que multiplica el número y el volumen de las demandas de inversores privados contra los Estados;

G.

Considerando que, según los datos disponibles, en algunos Estados miembros los financiadores de litigios pueden exigir una parte desproporcionada de las cantidades que se reconozcan en el procedimiento, superándose el rendimiento habitual de otros tipos de inversiones; que en la Unión los importes reclamados por los financiadores de litigios suelen oscilar entre el 20 % y el 50 % de las cantidades reconocidas judicialmente (6), pero que fuera de la Unión este porcentaje puede representar en algunos casos un rendimiento de la inversión de hasta el 300 %; que deben establecerse normas para garantizar que la retribución de los financiadores de litigios sea proporcionada y que las cantidades que se reconozcan se concedan primero a los demandantes antes de abonarse al financiador de litigios su retribución;

H.

Considerando que la financiación de litigios por terceros no es el único medio de facilitar el acceso a la justicia, y que existen otros instrumentos, como la asistencia jurídica gratuita o el seguro de costas procesales, para facilitar dicho acceso, y que también están disponibles vías extrajudiciales para obtener resarcimiento, como la mediación, la resolución alternativa de litigios y las resolución de litigios en línea, los defensores del pueblo o los sistemas de reclamación de las empresas; que estas soluciones podrían dar lugar a una indemnización más rápida y adecuada para los perjudicados, pero no siempre tienen la eficacia necesaria para resarcirlos adecuadamente; que en todos los casos se debe ofrecer a los demandantes la posibilidad de buscar una solución directamente por vía judicial;

I.

Considerando que la financiación de litigios por terceros es habitual en Australia, los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y los Países Bajos, y que, según algunas opiniones, es un factor fundamental para garantizar el acceso a la justicia (7), aunque también existe preocupación por las prácticas abusivas en algunos territorios; que los datos empíricos (8) muestran que, en la gran mayoría de los casos, los financiadores de litigios escogen los asuntos con mayor rendimiento potencial y que no invierten en aquellos asuntos que consideran demasiado arriesgados o poco rentables;

J.

Considerando que resulta difícil determinar el número de financiadores de litigios y que se tiene conocimiento de al menos cuarenta y cinco de ellos que operan en la Unión; que, si bien la práctica de la financiación de litigios por terceros tiene, hasta el momento, un alcance limitado en la mayoría de los Estados miembros, se espera que su importancia aumente en los próximos años, y que esta práctica sigue, en gran medida, sin estar regulada en la Unión, pese a que no solo podría presentar beneficios, sino también riesgos sustanciales para la administración de justicia que se deben abordar;

K.

Considerando que, dado el actual vacío normativo, existe el riesgo de que los financiadores de litigios actúen con falta de transparencia, de modo que, en ocasiones, los órganos jurisdiccionales podrían reconocer cantidades a los demandantes sin percatarse de que una parte de estas, que en algunos casos podría ser desproporcionada, irá a parar en última instancia a los financiadores de litigios en detrimento de los demandantes; que esta falta de transparencia también podría implicar que incluso los beneficiarios potenciales tengan poco o ningún conocimiento del reparto de las cantidades reconocidas o los acuerdos de financiación, en particular cuando existe un mecanismo de exclusión voluntaria en los sistemas de recurso colectivo; que, a falta de normas mínimas comunes en el ámbito de la Unión, existe el riesgo de fragmentación y de desequilibrios normativos en materia de financiación de litigios;

L.

Considerando que la Directiva (UE) 2020/1828 señala posibilidades y establece garantías en relación con la financiación de litigios, pero limitadas a las acciones de representación en nombre de consumidores ejercitadas dentro del ámbito de aplicación dicha Directiva y, por lo tanto, no regula muchos otros tipos de acciones, como las relativas a empresas o los derechos humanos, o a determinadas categorías de demandantes, como organizaciones de derechos humanos o trabajadores; que deben aplicarse medidas y garantías eficaces a todos los tipos de demandas;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2021, titulada «Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030» (COM(2021)0572),

—

Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2020, sobre la estrategia forestal europea: el camino a seguir (1),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal (2),

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su artículo 4,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

—

Visto el Acuerdo adoptado en París en la 21.a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo (COM(2019)0640), y las consiguientes orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y de la Comisión,

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 (3),

—

Visto el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o 529/2013/UE (4),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (5) (en lo sucesivo, «Directiva sobre fuentes de energía renovables»),

—

Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en lo sucesivo, «Directiva sobre hábitats») (6),

—

Visto el Reglamento Delegado (UE) 2021/268 de la Comisión, de 28 de octubre de 2020, por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los niveles de referencia forestal que deberán aplicar los Estados miembros para el período comprendido entre 2021 y 2025 (7),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (COM(2020)0380),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2021, titulada «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040» (COM(2021)0345),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas» (COM(2020)0662),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, titulada «Una bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la conexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente» (COM(2018)0673),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de marzo de 2022, titulada «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios» (COM(2022)0133),

—

Vista la iniciativa de la nueva Bauhaus europea,

—

Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 702/2014 de la Comisión (8),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 5 de noviembre de 2021, sobre la Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030,

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 8 de diciembre de 2021, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030» (9),

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 28 de abril de 2022, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030»,

—

Vistas las responsabilidades de los Estados miembros en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,

—

Visto el informe de 2021 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Informe Especial 21/2021 — Financiación de la UE en materia de biodiversidad y cambio climático en los bosques de la UE: resultados positivos, pero limitados»,

—

Vista la publicación de la Comisión, de 2018, titulada «Orientaciones sobre el uso en cascada de la biomasa con una selección de ejemplos de buenas prácticas en materia de biomasa leñosa»,

—

Visto el informe de 2020 del Centro Común de Investigación de la Comisión titulado «Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment» (Cartografía y evaluación de los ecosistemas y de sus servicios: una evaluación del ecosistema de la UE),

—

Visto el informe de 2020 de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» (Estado de la naturaleza en la UE: resultados de los informes en el marco de las Directivas de protección de la naturaleza 2013-2018),

—

Visto el informe de 2020 de Forest Europe titulado «State of Europe’s Forests 2020» (Estado de los bosques de Europa 2020),

—

Visto el informe de evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES),

—

Vista la Declaración de Kunming, titulada «Civilización ecológica: construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra»,

—

Visto el informe del Grupo de Trabajo II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) titulado «Cambio climático 2022: Impactos, adaptación y vulnerabilidad»,

—

Visto el informe especial del GIECC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres,

—

Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 17 de abril de 2018, en el asunto C-441/17, Comisión Europea / República de Polonia (10),

—

Vistos los proyectos y prácticas para coordinar la información forestal en Europa (la Red de Inventarios Forestales Nacionales Europeos (ENFIN, por sus siglas en inglés), el proyecto FutMon, el proyecto Diabolo, el Atlas Europeo de Especies de Árboles Forestales y el programa MAES (cartografía y evaluación de los ecosistemas y sus servicios)),

—

Visto el informe del taller copatrocinado por la IPBES y el GIECC sobre biodiversidad y cambio climático, de 10 de junio de 2021,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Desarrollo,

—

Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A9-0225/2022),

A.

Considerando que la Unión ha fijado los objetivos vinculantes de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030 y de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 (11) a más tardar; que la Unión está comprometida con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), incluido el ODS n.o 15, que consiste en proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; y con el Acuerdo de París y los compromisos contraídos en la Conferencia de las Naciones Unidas de 2021 sobre el Cambio Climático (COP 26); que los bosques y las industrias y servicios forestales, así como los propietarios y los trabajadores, desempeñarán un papel importante e insustituible en la consecución de los ODS y de los objetivos del Acuerdo de París, mientras que los ecosistemas forestales y sus almacenes de carbono son esenciales para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, ya que absorben y almacenan alrededor del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa (12) y son hospedadores importantes de biodiversidad;

B.

Considerando que el artículo 4 del TFUE establece competencias y responsabilidades compartidas con respecto a los bosques, en particular en el marco de la política medioambiental de la Unión, sin hacer referencia a una política forestal común de la Unión y manteniendo así la política forestal como competencia de los Estados miembros; que, debido a la gran diversidad de los bosques de la Unión en lo que se refiere a la biogeografía, la estructura, el tamaño, la biodiversidad, los modelos de propiedad y las políticas existentes, allí donde la política medioambiental, la política climática y otras políticas pertinentes afectan a los bosques, es necesario aplicar debidamente los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad en el desarrollo y la aplicación de la Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques (en lo sucesivo, «Estrategia») y de la legislación pertinente de la Unión; que los detalles relativos a la gestión forestal deben ajustarse a nivel nacional y regional, adoptando un enfoque ascendente; que hace falta reforzar la coordinación a escala de la Unión para favorecer el logro de los objetivos del Pacto Verde Europeo y para poder calcular las posibles reducciones de emisiones y los límites de uso de los bosques con mayor precisión, habida cuenta del importante papel de los bosques en la consecución de los objetivos climáticos europeos;

C.

Considerando que el principio del Pacto Verde Europeo como un enfoque transversal para abordar los retos climáticos y medioambientales que garantice que se puedan proteger adecuadamente la naturaleza y la biodiversidad de una manera que genere un crecimiento sostenible y puestos de trabajo en una economía eficiente en el uso de los recursos, neutra en carbono y plenamente circular y competitiva dentro del respeto de los límites del planeta debe guiar la aplicación de la Estrategia a la hora de gestionar compromisos, crear sinergias y encontrar el equilibrio adecuado entre las múltiples funciones de los bosques, incluidas las funciones socioeconómicas, medioambientales y climáticas; que un «ecosistema» es un entorno físico formado por componentes vivos e inertes que interactúan entre sí; que, a partir de estas interacciones, los ecosistemas generan un flujo de beneficios para las personas y la economía denominados «servicios ecosistémicos»; que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados suponen una amenaza sistémica para la sociedad; que los bosques proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos, como el suministro de madera, productos no derivados de la madera y alimentos, captura de carbono, refugio para la biodiversidad, aire y agua limpios, beneficios para el clima local y protección contra peligros naturales como avalanchas, inundaciones, sequías o desprendimientos, así como valor recreativo, cultural e histórico; que la gestión forestal sostenible se propone garantizar un suministro equilibrado de los distintos servicios ecosistémicos y apoyar los esfuerzos de adaptación al cambio climático y mitigación del mismo;

D.

Considerando que los productos derivados de la madera contribuyen a mitigar el cambio climático al almacenar carbono y sustituir productos con una gran huella de carbono, como los materiales de construcción y embalaje, los productos textiles, los productos químicos y los combustibles; que los productos derivados de la madera son renovables y en gran medida reciclables y, como tales, tienen un enorme potencial para apoyar la bioeconomía circular; que esto convierte al sector forestal y las industrias forestales en agentes clave en una economía verde;

E.

Considerando que, como parte del paquete «Objetivo 55» y del objetivo de adecuar la política climática al Acuerdo de París, se están revisando la Directiva sobre fuentes de energía renovables y el Reglamento sobre la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (13); que la Comisión ha propuesto un Reglamento sobre productos que no contribuyen a la deforestación; que, a la luz del concepto europeo de bosques multifuncionales, estas iniciativas deben ser coherentes con los objetivos políticos de alto nivel del Pacto Verde, el Plan de Acción sobre Bioeconomía, la estrategia de economía circular, la Estrategia en favor de los Bosques, la Estrategia sobre la biodiversidad y la visión a largo plazo para las zonas rurales;

F.

Considerando que la propiedad forestal presenta diferencias en toda Europa en términos de dimensiones y estructura de la propiedad, lo que conduce a una gran diversidad de modelos de gestión; que alrededor del 60 % de los bosques de la Unión son propiedad de dieciséis millones de propietarios de bosques privados (14), de los cuales una parte importante son pequeños propietarios (15), mientras que alrededor del 40 % de los bosques de la Unión se tienen en diferentes formas de propiedad pública; que un pequeño número de propietarios forestales tienen la propiedad de un porcentaje importante de la superficie forestal total, y algunos de ellos tienen la propiedad de las principales plantas de transformación de madera de la Unión; que la participación, el apoyo y el aliento, antes que el recurso a la penalización, de estos propietarios mediante un marco político y legislativo global que proporcione seguridad jurídica y esté basado en el reconocimiento de sus derechos de propiedad, su experiencia como gestores, la importancia de los ingresos generados a través de la gestión forestal y retos específicos, serán fundamentales para alcanzar los objetivos de la Estrategia, incluida la prestación de servicios climáticos y otros servicios ecosistémicos; que es importante, en este sentido, garantizar que este marco sea claro y transparente, y evitar que recaiga una carga administrativa excesiva en todos los agentes;

G.

Considerando que la Unión alberga aproximadamente el 5 % de la superficie forestal total del mundo, con bosques que representan el 43 % de la superficie terrestre de la Unión, una proporción ligeramente superior a la superficie terrestre utilizada para fines agrícolas, y que contienen el 80 % de su biodiversidad terrestre (16); que, según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (El medio ambiente en Europa — Estado y perspectivas 2020: conocimiento para la transición hacia una Europa sostenible) (17), Europa ha experimentado una enorme disminución de la biodiversidad; que cerca del 23 % de los bosques europeos se encuentran en lugares Natura 2000, y que en que en algunos Estados miembros el porcentaje supera el 50 %; que casi la mitad de los hábitats naturales ubicados en lugares Natura 2000 son bosques;

H.

Considerando que los datos más recientes recopilados en virtud del artículo 17 de la Directiva sobre hábitats indican —sobre la base de los parámetros de las condiciones del hábitat— que tan solo el 49 % de los hábitats forestales están en buen estado (18), mientras que se desconoce el estado del 29,6 % de hábitats y el 21,1 % están en un estado deficiente y deben mejorar; que centrarse únicamente en datos agregados podría ser insuficiente al objeto de detectar y tratar información clave sobre las cuestiones más urgentes, por lo que es necesario consultar indicadores más específicos sobre las tendencias en cuanto a las condiciones y las presiones, y garantizar que en el futuro estén disponibles los datos que faltan; que estos indicadores no respaldan una evaluación global negativa del estado de los bosques de la Unión, sino que muestran tendencias tanto positivas como negativas (19) que requieren respuestas matizadas caso por caso; que los bosques son cada vez más vulnerables a los efectos del cambio climático, en particular la creciente prevalencia de los incendios forestales; que la cuantificación de los efectos de dichas perturbaciones en la resiliencia y la productividad de los bosques a gran escala continúa siendo un reto importante;

I.

Considerando que una mejor comprensión de las posibles perturbaciones naturales provocadas por el clima en los bosques europeos debe prestar un apoyo adicional para las orientaciones sobre la gestión forestal y para formular políticas de adaptación encaminadas a hacer frente a estas vulnerabilidades;

J.

Considerando que la recopilación y el mantenimiento de datos transparentes y fiables de alta calidad, el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, y una investigación adecuadamente financiada y bien coordinada son de vital importancia para hacer frente a los retos y generar oportunidades, así como para cumplir las múltiples funciones de los bosques, incluidos los diversos beneficios que aportan los productos de las industrias forestales, en un entorno cada vez más complejo; que los datos sobre los bosques disponibles a escala de la Unión no están completos y varían en cuanto a calidad, lo que lastra la coordinación de la gestión y la conservación forestales de la Unión y los Estados miembros; que hace falta, en particular, un mejor seguimiento del estado de los ecosistemas forestales, así como de las repercusiones de las medidas forestales en la biodiversidad y el clima;

K.

Considerando que, a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el principal foro para la elaboración de definiciones acordadas a escala internacional sobre bosques y silvicultura; que la FAO recopila y proporciona datos sobre bosques y silvicultura; que la Comisión y los Estados miembros contribuyen al trabajo de la FAO;

L.

Considerando que el suministro de los distintos servicios ecosistémicos de los bosques a través del sector forestal y las industrias forestales constituye un importante pilar de ingresos y empleo, en especial en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas a través de los usos derivados de dichos servicios; que en la aplicación de la Estrategia debe prestarse la debida atención al desarrollo en términos de ingresos y de empleo, pero también al atractivo del empleo en el sector gracias a puestos de trabajo de calidad, protección social, normas en materia de salud y seguridad, el desarrollo continuo de capacidades, asociaciones que cuenten con la participación de las partes interesadas y unas oportunidades de formación adecuadas para gestores y trabajadores; que el empleo en la silvicultura europea se redujo en un tercio entre 2000 y 2015, principalmente debido al aumento de la mecanización en la industria de la madera y el papel (20); que la mejora del diseño de la maquinaria forestal puede aumentar la protección de los trabajadores y reducir el impacto en el suelo y el agua; que la explotación forestal y la industria de la madera están entre los sectores industriales más peligrosos y registran un gran número de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y jubilaciones anticipadas;

M.

Considerando que la superficie y el volumen de biomasa de los bosques europeos van en aumento (21), en contraste con las preocupantes tendencias mundiales de deforestación; que la Unión puede desempeñar un importante papel en la lucha contra la deforestación mundial, tal como se recalca en la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre productos libres de deforestación; que, más allá de la regulación de las importaciones, una Estrategia europea para los bosques que exponga las mejores prácticas para una gestión forestal sostenible económicamente viable podría contribuir a mejorar la gestión forestal a escala mundial;

N.

Considerando que actualmente existen sistemas de certificación voluntarios globales de gestión forestal sostenible; que los sistemas de certificación son una herramienta esencial para cumplir los requisitos de diligencia debida (22) del Reglamento de la Unión sobre la madera (23);

O.

Considerando que el proceso de gestión forestal sostenible en Europa debe garantizar que se logre el equilibrio adecuado entre los tres pilares de la sostenibilidad, a saber, la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico;

P.

Considerando que los criterios e indicadores para definir la gestión forestal sostenible habitualmente utilizados en la Unión se basan en una cooperación paneuropea en el marco del proceso Forest Europe, del que son signatarios todos los Estados miembros y la Comisión; que, como parte de su programa de trabajo en curso, Forest Europe ha emprendido una reevaluación de la definición de gestión forestal sostenible; que Forest Europe recaba y proporciona información sobre el estado y las tendencias de los bosques y la silvicultura sobre la base de criterios de gestión forestal sostenible; que es necesario garantizar que los indicadores y los umbrales se basen en pruebas y trabajar en estrecha cooperación con los Estados miembros a este respecto; que nuevos indicadores y umbrales transparentes podrían mejorar la sostenibilidad del sector, dada su importancia para los valores medioambientales, económicos y sociales; que el marco de gestión forestal sostenible deberá definirse claramente, en particular en lo que respecta a los criterios, indicadores y umbrales relativos a la salud de los ecosistemas, la biodiversidad y el cambio climático, si ha de convertirse en una herramienta de examen más detallada y útil para determinar y comparar diferentes enfoques de gestión, su impacto y la conservación y el estado general de los bosques europeos; que la gestión forestal sostenible de los bosques debe ir acompañada de la promoción del papel multifuncional de los bosques, de modo que se garantice su plena armonía con la diversidad de los bosques y con las características específicas de cada región;

Q.

Considerando que la agrosilvicultura, entendida como los sistemas de uso de la tierra en los que el cultivo de árboles se combina con la agricultura dentro de la misma unidad de tierra, es un conjunto de sistemas de gestión del suelo que pueden impulsar la productividad global, generar más biomasa, mantener y restaurar los suelos, combatir la desertificación y prestar una serie de valiosos servicios ecosistémicos; que hay dos tipos principales de agrosilvicultura en la Unión: la agrosilvicultura silvopastoral (el pasto de los animales o el forraje de los animales se produce bajo los árboles) y la agrosilvicultura silvoarable (se cultiva bajo los árboles, con una distancia entre hileras que permite el tráfico de tractores); que la mayoría de los sistemas agroforestales existentes en la Unión son sistemas silvopastorales y que una intensificación de la agrosilvicultura puede aportar múltiples beneficios a la luz de las presiones ejercidas sobre el medio ambiente;

R.

Considerando que la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 se propone definir y cartografiar todos los bosques primarios y maduros que quedan en la Unión, hacer un seguimiento de ellos y protegerlos fuertemente; que la protección de los bosques, incluidos todos los bosques primarios y maduros que quedan en la Unión, es fundamental para preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático; que, según un informe de 2021 del Centro Común de Investigación (24), solo quedan en Europa 4,9 millones de hectáreas de bosques primarios y antiguos, lo que representa tan solo el 3 % de la superficie forestal total de la Unión y el 1,2 % de su territorio; que los bosques primarios y maduros desempeñan un papel clave en la conservación de la biodiversidad; que suelen tener una gran biodiversidad en comparación con otros bosques de la misma región ecológica, son ricos en especies y albergan flora y fauna especializadas; que los bosques primarios y maduros también proporcionan una amplia gama de otros servicios ecosistémicos fundamentales; que es necesaria una definición operativa de bosques primarios y maduros para diseñar y aplicar las políticas y hacer un seguimiento adecuado de ellas;

S.

Considerando que la red Integrate es una plataforma de representantes de distintos países europeos, creada por varios Gobiernos de Estados miembros y apoyada por el Comité Forestal Permanente de la Comisión, que ofrece asesoramiento científico y ha actuado hasta la fecha como un importante motor para identificar medios para integrar la conservación de la naturaleza en la gestión forestal sostenible; que el trabajo de la plataforma ha desempeñado un importante papel en el intercambio de experiencias y mejores prácticas;

T.

Considerando que el proyecto Alterfor, financiado por Horizonte 2020, ha estudiado el potencial de optimización de los métodos de gestión forestal que se utilizan actualmente y presentado modelos alternativos de gestión forestal en que se enumeran oportunidades y desafíos para cada alternativa;

U.

Considerando que el proyecto SINCERE, financiado por Horizonte 2020, desarrolló nuevas políticas y nuevos modelos de negocio conectando conocimientos y experiencia derivados de la práctica, la ciencia y las políticas, en toda Europa y más allá, con el propósito de explorar nuevos medios para mejorar los servicios ecosistémicos de los bosques de maneras que beneficien a los propietarios forestales, y atendiendo las necesidades generales de la sociedad;

V.

Considerando que la guerra en Ucrania tendrá repercusiones importantes en la importación de madera, en particular de abedul, de la que Rusia produce el 80 % del total mundial, así como en el sector europeo de transformación de la madera y las exportaciones de productos transformados; que las legítimas sanciones impuestas a Rusia ponen de relieve la cuestión de la dependencia de la Unión de las importaciones de madera procedentes de Rusia; que la Unión cubre en torno al 80 % de su demanda de madera internamente, y las importaciones procedentes de Rusia solo representan en torno al 2 % del consumo total; que Finlandia y Suecia son los mayores importadores de la Unión de madera en rollo sin transformar procedente de Rusia y se verán afectadas por las prohibiciones comerciales (25);

W.

Considerando que la explotación forestal ilegal, en particular la explotación forestal en zonas protegidas como las de la red Natura 2000, es un problema persistente y sin resolver en varios Estados miembros;

X.

Considerando que los bosques son esenciales para la salud física y mental y el bienestar de las personas, impulsan la transición hacia una economía sin combustibles fósiles y desempeñan un papel importante en la vida de las comunidades locales, especialmente en las zonas rurales, en las que contribuyen de manera importante a los medios de subsistencia locales;

15.

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—

Vistos los artículos 2 y 3 y el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 165, 166 y 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 14, 15 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 1, 3 y 4,

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (1),

—

Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2020, sobre la Garantía Juvenil (2),

—

Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre las repercusiones de la COVID-19 en los jóvenes y el deporte (3),

—

Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2022, sobre el empoderamiento de la juventud europea: empleo y recuperación social tras la pandemia (4),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre el derecho de información del Parlamento en relación con la evaluación en curso de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (5),

—

Visto el informe del Evento Europeo de la Juventud 2021 titulado «Informe sobre las ideas de la juventud para la Conferencia sobre el Futuro de Europa»,

—

Vista la Decisión (UE) 2021/2316 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 2021, relativa a un Año Europeo de la Juventud (2022) (6),

—

Vistos la propuesta de Recomendación del Consejo, de 10 de diciembre de 2021, relativa a un enfoque europeo de las microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad (COM(2021)0770) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto (SWD(2021)0367),

—

Visto el artículo de prensa de 7 de abril de 2020 titulado «COVID-19: how can VET respond?» (COVID-19: ¿qué respuesta puede ofrecer la formación profesional?), publicado por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión (7),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027: Adaptar la educación y la formación a la era digital» (COM(2020)0624),

—

Vista la encuesta de Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad sobre las repercusiones de la COVID-19 en la movilidad educativa (8),

—

Vista la próxima Comunicación de la Comisión sobre los cuidados de larga duración y la educación y los cuidados de la infancia,

—

Visto el estudio titulado «Education and youth in post-COVID-19 Europe — crisis effects and policy recommendations» (La educación y la juventud en la Europa posterior a la COVID-19: efectos de la crisis y recomendaciones de actuación), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 4 de mayo de 2021 (9),

—

Visto el estudio titulado «Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation» (La juventud en Europa: repercusiones de la COVID-19 en su situación económica y social), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 24 de septiembre de 2021 (10),

—

Visto el estudio titulado «Los sectores cultural y creativo en la Europa posterior a la COVID-19: efectos de la crisis y recomendaciones de actuación», publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 18 de febrero de 2021 (11),

—

Visto el informe ad hoc n.o 3/2021 de NESET titulado «Distance learning from a student perspective» (La educación a distancia vista desde la perspectiva de los estudiantes) (12),

—

Visto el informe ad hoc n.o 2/2021 de NESET titulado «The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of distance education for all» (El impacto de la COVID-19 en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en Europa: los retos de la educación a distancia para todos) (13),

—

Visto el informe analítico de la Red Europea de Expertos en Economía de la Educación (EENEE) y de NESET titulado «The impact of COVID-19 on the education of disadvantaged children and the socio-economic consequences thereof» (Las repercusiones de la COVID-19 en la educación de los niños desfavorecidos y sus consecuencias socioeconómicas) (14),

—

Visto el informe técnico del Centro Común de Investigación titulado «The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets» (Las probables repercusiones de la COVID-19 en la educación: reflexiones a partir de la documentación existente y conjuntos de datos internacionales recientes) (15),

—

Visto el informe del Foro Europeo de la Juventud, de 17 de junio de 2021, titulado «Beyond Lockdown: the “pandemic scar” on young people» (Más allá del confinamiento: la «cicatriz de la pandemia» en los jóvenes) (16),

—

Visto el informe de Unicef, de 4 de octubre de 2021, titulado «Estado Mundial de la Infancia 2021 — En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia» (17),

—

Visto el informe de políticas de la OCDE, de 12 de mayo de 2021, titulado «Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis» (Reforzar la salud mental de los jóvenes durante la crisis de la COVID-19) (18),

—

Vista la encuesta de Young Minds, de febrero de 2021, titulada «Coronavirus: Impact on young people with mental health needs» (Coronavirus: Repercusión en los jóvenes con necesidades relacionadas con la salud mental) (19),

—

Visto el proyecto de Horizonte 2020 titulado «Prevention of child mental health problems in Southeastern Europe — Adapt, Optimise, Test, and Extend Parenting for Lifelong Health» (Prevención de los problemas de salud mental infantil en el sureste de Europa: adaptar, optimizar, ensayar y prolongar la crianza de los hijos en favor de una salud duradera) (20),

—

Visto el informe de Mental Health Foundation Scotland, de septiembre de 2020, titulado «Impacts of lockdown on the mental health and well-being of children and young people» (Repercusiones del confinamiento en la salud mental y el bienestar de los niños y los jóvenes) (21),

—

Visto el informe de investigación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 9 de noviembre de 2021, titulado «Efectos de la COVID-19 en los jóvenes de la Unión Europea» (22),

—

Vista la campaña de YouMoveEurope sobre la petición de International Youth Work Trainers Guild «Responding to the Impact of COVID-19 on International Youth Work Mobility» (Responder al impacto de la COVID-19 sobre la movilidad laboral internacional de los jóvenes) (23),

—

Vista su Resolución, de 23 de noviembre de 2021, sobre la política de deportes de la UE: evaluación y posibles vías de actuación (24),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y en particular su artículo 12,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y en particular su artículo 30,

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (25),

—

Vista su Resolución, de 8 de julio de 2020, sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias durante la crisis de la COVID-19 (26),

—

Vistas las Metas de la Juventud Europea, en particular las metas 5, 9 y 11,

—

Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre la recuperación cultural de Europa (27),

—

Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2020, sobre el futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19 (28),

—

Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la formulación de la política de educación digital (29),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre la situación de los artistas y la recuperación cultural en la UE (30),

—

Visto el proyecto de la OCDE denominado «Student Agency for 2030» (Agencia del estudiante 2030),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A9-0216/2022),

A.

Considerando que la clausura de centros educativos y de atención a la primera infancia, de escuelas, universidades y espacios de asistencia a la juventud y de trabajo juvenil, así como de actividades extraescolares y espacios culturales e instalaciones deportivas, ha privado a los niños y jóvenes de la oportunidad de participar en actividades esenciales para su desarrollo general, su progresión en el aprendizaje, su bienestar intelectual, físico, emocional y mental y su inclusión social y profesional;

B.

Considerando que los niños y los jóvenes se encuentran entre los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y se han visto afectados por los cierres provocados por la COVID-19 durante un período crucial y crítico de su vida; que la salud mental de todos los ciudadanos es una de las condiciones previas y uno de los cimientos de una sociedad y una democracia sanas; que, por tanto, el acceso a los servicios de salud mental es inseparable de otros derechos básicos;

C.

Considerando que la cancelación de actividades y actos educativos, culturales, juveniles y deportivos intensificó la transición digital hasta tal punto de cambiar bruscamente las rutinas diarias, así como la forma en que los niños y jóvenes interactúan y se comunican entre sí, sin contacto social o físico; que los cierres de escuelas, espacios culturales e instalaciones deportivas han reducido los niveles de forma física de los jóvenes hasta el punto de que, en la actualidad, apenas uno de cada cuatro niños de once años realiza suficiente actividad física; que este hecho ha dado lugar a que uno de cada tres niños padezca sobrepeso u obesidad, lo que ha elevado el riesgo de discapacidad y de una mayor morbilidad (31);

D.

Considerando que la educación se situó entre los sectores con mayor desgaste emocional durante la pandemia de COVID-19 (32) y que varias investigaciones revelan una clara relación entre la salud mental de los profesores y la de los alumnos (33); que la educación a distancia tiene limitaciones intrínsecas a la hora de impartir asignaturas de laboratorio y artísticas, así como de formación profesional y educación física; que, en muchos casos, la educación a distancia es inadecuada desde el punto de vista pedagógico —especialmente en el caso de los estudiantes más jóvenes, que tienen una mayor necesidad de contacto interpersonal con el profesor— y por la falta de oportunidades para que los profesores reciban una formación apropiada a fin de utilizar con eficacia herramientas digitales en las escuelas; que, en la mayoría de los casos, el aprendizaje a distancia no tuvo en cuenta las necesidades de los alumnos que reciben educación en lenguas regionales o minoritarias; que este enfoque puede considerarse discriminatorio y crea angustia, ansiedad y una sensación de inseguridad en esos alumnos;

E.

Considerando que en algunos Estados miembros, al no tener un horario diario fijo que cree una «rutina» tranquilizadora y haber perdido la costumbre de asistir a la escuela durante largos períodos, muchos alumnos parecen manifestar «desapego» ahora que las escuelas están abiertas, no se interesan por la vida escolar y tienen dificultades para encontrar su ritmo, su concentración y su sentido de pertenencia y para compartir los objetivos de la comunidad escolar;

F.

Considerando que los cierres de espacios culturales —que fueron los primeros en cerrarse y los últimos en poder reabrirse— han privado a los jóvenes creadores culturales y, especialmente, a los jóvenes artistas intérpretes o ejecutantes de la oportunidad de iniciar y desarrollar sus carreras en una fase temprana crucial;

G.

Considerando que el deporte de base resultó gravemente afectado por las consecuencias negativas de la pandemia y que gran parte de sus actividades permaneció cancelada durante largo tiempo; que se espera que los clubes deportivos profesionales, especialmente a nivel local y regional, sigan afrontando a largo plazo graves retos en relación con su recuperación financiera; que la pérdida permanente del deporte de base tendría un impacto directo en los jóvenes atletas, tanto en lo que se refiere a su desarrollo social como a su posible futura carrera profesional en el deporte;

H.

Considerando que el estado general de la salud mental y el bienestar de los jóvenes ha empeorado de manera significativa durante la pandemia y se han duplicado los casos de problemas relacionados con la salud mental en varios Estados miembros en comparación con los niveles anteriores a la crisis (34), lo que ha llevado a los expertos en la materia a referirse a esta situación como la «pandemia silenciosa» o la «cicatriz de la pandemia»; que la pandemia ha puesto de manifiesto la falta de apoyo a los jóvenes que sufren problemas relacionados con la salud mental; que grupos marginados, como el colectivo LGBTIQ+, las minorías raciales y étnicas o los jóvenes con necesidades especiales, han sufrido un mayor riesgo de desarrollar un trastorno de salud mental; que las consecuencias reales de los problemas de salud mental en los jóvenes son a menudo difíciles de detectar y, hasta la fecha, aún no son plenamente visibles;

I.

Considerando que la exigencia excesiva sobre los alumnos a fin de que obtengan mejores resultados, incluso desde una edad temprana, ha ejercido una presión adicional sobre su salud mental y su bienestar; que los problemas en materia de salud mental llevan asociado un fuerte estigma en nuestras sociedades, lo que provoca que los jóvenes que los padecen se vean sometidos también a prejuicios, aislamiento social, abusos verbales o acoso, y perciban los contextos de aprendizaje como un entorno inseguro en el que es difícil buscar ayuda o tratamiento;

J.

Considerando que existen grandes discrepancias entre las situaciones específicas de los Estados miembros debido a la diferente naturaleza y duración de las medidas implantadas, así como a las diferencias en el acceso a la tecnología y las herramientas digitales, que acentúan las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas;

K.

Considerando que la transición forzosa al aprendizaje virtual no solo ha exacerbado las desigualdades ya existentes, sino que también ha creado otras nuevas, y ha dejado atrás a niños procedentes de entornos socialmente desfavorecidos como consecuencia de las difíciles condiciones de la vivienda, la falta de infraestructuras o de equipos digitales y los problemas de conectividad, lo que ha elevado el riesgo de bajos resultados de aprendizaje y, en consecuencia, de abandono escolar entre los alumnos con menos oportunidades;

L.

Considerando que el cierre de centros de enseñanza ha provocado una disminución de los conocimientos retenidos, una pérdida de metodología en la adquisición de otros nuevos, así como una merma real en el aprendizaje; que estas pérdidas, que probablemente tengan un impacto negativo a largo plazo en el bienestar futuro de los niños y los jóvenes, son mayores entre los alumnos de hogares desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico, quienes recibieron menos apoyo en sus estudios durante la pandemia;

M.

Considerando que se ha observado que en la primavera de 2021 el 64 % de los jóvenes del grupo de edad comprendido entre 18 y 34 años se encontraban en riesgo de padecer depresión (35) y que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes (36) como consecuencia del estrés, la soledad, el aislamiento, la depresión, la angustia psicológica, la falta de oportunidades educativas, laborales o financieras y el incremento del desempleo juvenil, así como por la incertidumbre entre los jóvenes vinculada a unas perspectivas sociales y vitales más amplias;

N.

Considerando que existen importantes diferencias regionales en toda la Unión en lo que respecta al acceso a los servicios de salud mental, al tiempo que el acceso de los pacientes procedentes de entornos desfavorecidos, incluidos los niños, se ve aún más limitado por las restricciones existentes en algunos Estados miembros en lo que se refiere al reembolso de las sesiones de psicoterapia con cargo a los presupuestos de la sanidad pública; que existe una gran necesidad de un enfoque europeo con respecto a la salud mental de los niños y los jóvenes, centrado especialmente en la orientación educativa, escolar y juvenil;

O.

Considerando que las medidas de confinamiento tuvieron un impacto especialmente negativo en las personas con discapacidad o con necesidades especiales; que las medidas adoptadas por los Gobiernos en circunstancias excepcionales deben respetar siempre los derechos fundamentales de esas personas y garantizar su acceso equitativo y no discriminatorio a la atención sanitaria, los servicios sociales y la educación, así como a las actividades juveniles, culturales y deportivas;

P.

Considerando que las diferencias por motivos de género influyen en el modo en que los niños y los jóvenes se han visto afectados por la pandemia, puesto que las niñas y las jóvenes son quienes padecen en mayor medida la violencia doméstica, las enfermedades psicosomáticas y los trastornos del estado de ánimo (37); que la brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementó aún más durante la pandemia, y afectó a la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres y a su dependencia económica respecto de sus parejas, familiares o amigos; que los sucesivos cierres elevaron la carga que soportan los padres y los tutores, lo que agravó el riesgo de consumo de drogas por parte de los padres y la violencia intrafamiliar, en detrimento de la salud mental y el bienestar de los más vulnerables, así como de los niños y los jóvenes;

Q.

Considerando que los problemas de salud mental en una etapa temprana del desarrollo personal incrementan la probabilidad de que se produzcan problemas de salud mental en la edad adulta, con consecuencias de gran alcance con respecto al desarrollo personal, social y profesional y la calidad de vida; que los niños y los jóvenes están atravesando fases críticas de su desarrollo neurológico y son especialmente sensibles al uso a gran escala de herramientas digitales para el aprendizaje a distancia; que esta intensa digitalización de la educación suscita interrogantes sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje;

R.

Considerando que los cierres han reducido los niveles de forma física de los jóvenes hasta el punto de que, en la actualidad, apenas uno de cada cuatro niños de once años realiza suficiente actividad física;

S.

Considerando que 2022 es el Año Europeo de la Juventud;

T.

Considerando que toda estrategia de salud mental de la Unión dirigida a los niños y jóvenes debe ofrecerles, ante todo, oportunidades de ser escuchados y de que sus aportaciones se tengan en cuenta en la elaboración de respuestas inclusivas; que una estrategia exitosa debe implicar a padres, familias, amigos, organizaciones juveniles y servicios asistenciales para la juventud, trabajadores en el ámbito de la juventud, instituciones culturales y clubes deportivos, además de escuelas y profesores, proporcionándoles una formación adecuada sobre cómo abordar los problemas de salud mental, con el fin de establecer un enfoque integral y garantizar que alcance a los jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico y de grupos marginados;

U.

Considerando que los datos científicos indican que los niveles de confianza institucional entre los miembros de las generaciones más jóvenes han descendido; que este hecho se debe al estrés y la incertidumbre relacionados con la propia pandemia, pero también a la limitada eficacia de los canales de comunicación oficial de los Estados miembros a la hora de dirigirse a la generación más joven, así como al aumento de la desinformación y las noticias falsas relacionadas con la pandemia; que ha de prestarse especial atención al restablecimiento de esa confianza, lo que puede conseguirse mediante una participación adaptada, en particular ofreciendo oportunidades a los jóvenes para que tomen iniciativas y decisiones que conformen el mundo en que viven e impulsando la voluntad juvenil al objeto de facultar a los jóvenes para que adopten sus propias decisiones y desarrollen resiliencia;

V.

Considerando que la pandemia nos ha dado una oportunidad para abordar las cuestiones permanentes relacionadas con la salud mental que no se han atendido de forma integral anteriormente; que la salud mental se ha incluido en los objetivos específicos del programa UEproSalud, contribuyendo así a construir una Unión Europea de la Salud basada en sistemas sanitarios más sólidos, accesibles y resilientes, listos para hacer frente a posibles crisis futuras;

W.

Considerando que la guerra en Ucrania y sus devastadoras consecuencias humanas, alimentarias, energéticas y financieras, así como otras amenazas globales, pueden dar lugar a una incertidumbre que previsiblemente agrave el impacto negativo en la salud mental de los niños y los jóvenes;

X.

Considerando que la guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de millones de niños y jóvenes, que han experimentado importantes traumas;

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Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 4, «Educación de calidad», el Objetivo 11, «Ciudades y comunidades sostenibles», y el Objetivo 13, «Acción por el clima»,

—

Visto el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, de 4 de abril de 2022, titulado «Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change» (Cambio climático 2022: mitigación del cambio climático),

—

Visto el Acuerdo adoptado en París en la 21.a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) el 12 de diciembre de 2015 (Acuerdo de París),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2021, titulada «La Nueva Bauhaus Europea: hermosa, sostenible, juntos» (COM(2021)0573),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa: trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, titulada «Una Nueva Agenda europea para la cultura» (COM(2018)0267),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, titulada «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas» (COM(2020)0662),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2021, titulada «Una Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040» (COM(2021)0345),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de julio de 2021, titulada «“Objetivo 55”: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática» (COM(2021)0550),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2022, titulada «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible» (COM(2022)0108),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 30 de noviembre de 2021, sobre la cultura y la arquitectura y el entorno construido de alta calidad como elementos esenciales de la iniciativa Nueva Bauhaus Europea (1),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de noviembre de 2018, sobre el Plan de trabajo en materia de cultura 2019-2022 (2),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2021, sobre la situación de los artistas y la recuperación cultural en la UE (3),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2022, sobre el papel de la cultura, la educación, los medios de comunicación y el deporte en la lucha contra el racismo (4),

—

Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre la recuperación cultural de Europa (5),

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Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre el tema «Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión» (6),

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Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE (7),

—

Vista su Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la consecución de un legado eficaz para el Año Europeo del Patrimonio Cultural (8),

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Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2021, sobre el Espacio Europeo de Educación: un enfoque global común (9),

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Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la política de cohesión y las estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático (10),

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Visto el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión (11) (Reglamento Horizonte Europa),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) (12),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión (13),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece un programa para el mercado interior, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único) (14),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa Digital (15),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece Erasmus+, el Programa de la Unión para la educación y la formación, la juventud y el deporte (16),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2021 a 2027) (17),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad (18),

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Vista la Nueva Carta de Leipzig: el poder transformador de las ciudades por el bien común, aprobada en la reunión ministerial informal sobre asuntos urbanos celebrada el 30 de noviembre de 2020,

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Visto el informe del grupo de trabajo de expertos de los Estados miembros sobre el método abierto de coordinación, de 6 de octubre de 2021, titulado «Towards a Shared Culture of Architecture: investing in a high-quality living environment for everyone» (Hacia una cultura compartida de la arquitectura: invertir en un entorno vital de alta calidad para todos),

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Vista la Declaración de Davos adoptada en la Conferencia de ministros de Cultura, de 22 de enero de 2018, titulada «Towards a high-quality Baukultur for Europe» (Hacia una Baukultur de alta calidad para Europa), así como el documento titulado «Eight criteria for a high-quality Baukultur» (Ocho criterios para una Baukultur de alta calidad) del Davos Baukultur Quality System (sistema de calidad de la cultura de la construcción (Baukultur) de Davos), elaborado posteriormente,

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Visto el informe final de la Comisión «Building Better, Building Beautiful» del Gobierno del Reino Unido, de 30 de enero de 2020, titulado «Living with beauty» (Vivir con la belleza),

—

Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el artículo 17, sobre el derecho a la propiedad, el artículo 18, sobre el derecho de asilo, el artículo 19, sobre la protección en caso de devolución, expulsión y extradición, el artículo 26, sobre la integración de las personas discapacitadas, el artículo 34, sobre la seguridad social y la ayuda social, el artículo 36, sobre el acceso a los servicios de interés económico general, y el artículo 37, sobre la protección del medio ambiente,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular el capítulo III, sobre la protección y la inclusión social, el principio 19, sobre la vivienda y la asistencia para las personas sin hogar, y el principio 20, sobre el acceso a los servicios esenciales,

—

Visto el trabajo realizado sobre la Nueva Bauhaus Europea por el Centro Común de Investigación de la Comisión,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

—

Visto el informe conjunto de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Cultura y Educación (A9-0213/2022),

A.

Considerando que Europa se encuentra en un momento de transición ecológica, digital y social que se está acelerando debido a las repercusiones económicas y sociales de la COVID-19; que la situación geopolítica de Europa está cambiando como consecuencia de la agresión rusa contra Ucrania; que el populismo, el extremismo y el sentimiento antieuropeo van en aumento;

B.

Considerando que la Unión ha estado respondiendo a los retos de la degradación ambiental, el cambio climático y la creciente escasez de recursos naturales, que requieren acciones políticas ambiciosas y de gran alcance, como el Pacto Verde Europeo, que está impulsando la búsqueda de renovación e innovación dentro de los límites planetarios; que la Nueva Bauhaus Europea (NBE), en su calidad de «alma» del Pacto Verde Europeo, aspira a satisfacer las necesidades espaciales y ambientales de Europa de manera transdisciplinar, sostenible, inclusiva y estética;

C.

Considerando que la transición hacia una economía climáticamente neutra para 2050 supone una gran oportunidad, y a la vez un reto, para la Unión, sus Estados miembros y las empresas de todos los sectores; que la NBE debe reinterpretar la Bauhaus original a la luz de la crisis climática, la guerra, la pandemia y las catástrofes naturales, que están aumentando las desigualdades sociales;

D.

Considerando que la cultura y la libertad de las artes contribuyen significativamente al dinamismo de una sociedad, permitiéndonos vivir mejor juntos, construir sociedades democráticas, inclusivas y libres, y recuperar un sentimiento de identidad y pertenencia compartidas; que todos debemos tener derecho a acceder a la cultura y participar en ella; que la cultura también es esencial para explorar los complejos retos de la sociedad y que los espacios culturales son lugares esenciales para la libertad de expresión y el debate;

E.

Considerando que la cultura es para la Unión un sector estratégico que contribuye a reforzar su economía mediante su importante contribución al PIB y el empleo y su contribución indirecta a otros sectores e industrias; que los sectores e industrias culturales y creativos han sido uno de los ámbitos más afectados por la pandemia y se están recuperando más lentamente que el resto de la economía de la Unión, por lo que deben seguir siendo objeto de promoción y apoyo; que la NBE puede hacer posible nuevas inversiones en el sector e implicar a diferentes agentes en su ejecución sobre el terreno;

F.

Considerando que la arquitectura, la planificación urbana y territorial, la movilidad, el diseño, las artes, la sociología y la ingeniería son complementarios y decisivos para la construcción de una sociedad inclusiva, sostenible y hermosa; que estos sectores, que desempeñan un papel clave en la promoción de la investigación y la innovación para el desarrollo sostenible, una cultura de construcción sostenible y soluciones innovadoras y eficientes desde el punto de vista espacial en consonancia con nuestra transición ecológica y digital, se han visto perturbados por la crisis de la COVID-19;

G.

Considerando que existe la necesidad urgente de desarrollar modelos económicos más sostenibles en los sectores de la construcción y la energía que faciliten la economía circular y contribuyan a luchar contra la pobreza energética y a alcanzar los objetivos en materia de clima de la Unión;

H.

Considerando que los edificios son responsables del 40 % del consumo de energía de la Unión y del 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (19);

I.

Considerando que la estrategia de la Oleada de renovación pretende duplicar el índice de renovación de los edificios en Europa, con la renovación prevista de más de 35 millones de edificios y la creación de hasta 160 000 puestos de trabajo en el sector de la construcción;

J.

Considerando que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental; que la situación de carencia de hogar y la falta de acceso a una vivienda de calidad y asequible constituyen una crisis en algunas partes de la Unión;

K.

Considerando que las ciudades son lugares de pluralismo, creatividad y solidaridad; que una planificación y un diseño deficientes en el ámbito público y el aumento de la expansión urbanística han derivado en la pérdida de calidad de la construcción en toda Europa; que la NBE tiene el potencial de explorar oportunidades para usar el limitado espacio de las ciudades de manera sostenible, estética e inclusiva, conectar mejor las zonas urbanas y rurales, garantizar la participación de los habitantes en la ordenación del territorio y ayudarles a recuperar la ciudad como espacio creado para la interacción y las actividades culturales;

L.

Considerando que la construcción de un futuro mejor empieza con una educación y una formación de calidad, incluida una educación, una formación profesional y un aprendizaje permanente en cuestiones ambientales, entre otras cosas mediante oportunidades de aprendizaje en línea que sean accesibles para todos y el perfeccionamiento y el reciclaje profesionales; que el acceso a una educación de calidad es un derecho fundamental; que la educación y la cultura son esenciales para el desarrollo personal y desempeñan un papel fundamental en la participación democrática y cívica de los ciudadanos; que un entorno construido de alta calidad requiere la formación de profesionales, artesanos y trabajadores culturales capacitados; que la consecución de la autonomía estratégica de la Unión depende de su capacidad para sobresalir en la educación, la investigación y la innovación;

M.

Considerando que el patrimonio cultural, que refleja los valores de una comunidad, se ve cada vez más afectado por el cambio climático y la degradación del medio ambiente y se enfrenta a otros retos, como la falta de inversión, la mala planificación y la gestión deficiente de los flujos turísticos; que la NBE puede contribuir a preservarlo, recuperarlo, adaptarlo y protegerlo de cara al futuro; que los profesionales del sector de la construcción deben contribuir al bien común respetando el patrimonio cultural;

N.

Considerando que los proyectos de la NBE requieren tanto un marco regulador favorable que cumpla la legislación sectorial de la Unión como unas prácticas de contratación pública sostenibles;

O.

Considerando que las acciones bélicas de Rusia tienen deliberadamente como objetivo las infraestructuras públicas, el parque de viviendas, el patrimonio cultural y otras infraestructuras civiles de Ucrania;

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia y Ucrania, en particular sus Resoluciones de 7 de abril (1), 5 de mayo (2) y 19 de mayo (3) de 2022,

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Vista la Carta de las Naciones Unidas,

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Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

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Vistos los Convenios de La Haya,

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Vistos los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales,

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Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

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Vista la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,

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Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y sus Protocolos adicionales,

—

Vista la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 30 de mayo de 2022 sobre Ucrania,

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Vistos los informes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 13 de abril de 2022 y 14 de julio de 2022, sobre las vulneraciones del Derecho internacional humanitario y de derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad perpetrados en Ucrania,

—

Vistos los informes de la comisaria para los derechos humanos del Parlamento ucraniano,

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Visto el debate mantenido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 7 de septiembre de 2022 sobre el desplazamiento forzoso y la deportación de ciudadanos ucranianos, así como sobre las adopciones forzosas de niños ucranianos en Rusia,

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Visto el informe de Human Rights Watch, de 1 de septiembre de 2022, titulado «“We Had No Choice”: “Filtration” and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia» («No pudimos hacer nada»: La «filtración» y el crimen de trasladar por la fuerza a civiles ucranianos a Rusia),

—

Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Federación de Rusia relanzó una guerra de agresión no provocada, injustificada e ilegal contra Ucrania el 24 de febrero de 2022; que Rusia ha cometido violaciones masivas y graves de los derechos humanos y crímenes de guerra desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania, incluidos asesinatos masivos de civiles y prisioneros de guerra, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas, deportaciones forzosas, saqueos e impedimentos a convoyes humanitarios y de evacuación, todos los cuales están prohibidos por el Derecho internacional y deben ser enjuiciados;

B.

Considerando que la comisaria para los derechos humanos del Parlamento ucraniano (defensora del pueblo) estima que, desde el 24 de febrero de 2022, más de un millón de ucranianos han sido deportados por la fuerza a la Federación de Rusia, con frecuencia al extremo oriental de Rusia; que diferentes fuentes indican que esta cifra es inferior a la real, llegándose a estimaciones de 2,5 millones de personas, y que estas cifras aumentan constantemente; que las deportaciones forzosas desde Ucrania, facilitadas por los denominados «campos de filtración», muestran fuertes paralelismos históricos con las masivas deportaciones forzosas soviéticas y los campos de concentración del Gulag; que el traslado forzoso es un crimen de guerra y un posible crimen contra la humanidad;

C.

Considerando que organizaciones internacionales como la OSCE y las Naciones Unidas han señalado que la deportación forzosa a gran escala de civiles ucranianos a la Federación de Rusia constituye una de las violaciones más graves del Derecho internacional humanitario cometidas por la Federación de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania;

D.

Considerando que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) comprobó la existencia de la denominada «filtración», que consiste en un control de seguridad a gran escala, obligatorio, punitivo y abusivo, que ha dado lugar a numerosas violaciones de los derechos humanos contra ciudadanos ucranianos; que civiles ucranianos estuvieron de hecho internados en espera de la conclusión de este proceso, cuya duración oscila entre unas pocas horas y cerca de un mes; que, durante la «filtración», los ciudadanos ucranianos son sometidos a interrogatorios minuciosos, cacheos, incluida la obligación de desnudarse en algunos casos, y tortura; que, en estas circunstancias, las mujeres y las niñas ucranianas corren el riesgo de sufrir explotación sexual;

E.

Considerando que el proceso de «filtración» es sistemático y constituye un ejercicio masivo de recogida ilegal de datos gracias al cual las autoridades rusas se hacen con una gran cantidad de datos personales sobre civiles ucranianos, incluidos sus datos biométricos; que constituye una clara violación del derecho a la intimidad y podría poner en peligro en el futuro a las personas sometidas a él;

F.

Considerando que, durante este proceso, las autoridades rusas suelen confiscar los pasaportes ucranianos y coaccionar a los ciudadanos ucranianos para que firmen documentos por los que consienten permanecer en Rusia, lo que merma su capacidad de regresar a su país de origen y supone un intento manifiesto de cambiar la composición demográfica de Ucrania; que, además de las deportaciones y adopciones forzosas, Rusia está llevando a cabo una rusificación acelerada de los territorios ocupados de Ucrania con arreglo a su concepto geopolítico de «Russkij mir» («mundo ruso»);

G.

Considerando que los ciudadanos ucranianos que «suspenden» el proceso de «filtración» son detenidos y trasladados a centros de detención y colonias penitenciarias de Rusia, y corren el riesgo de sufrir graves daños, como torturas y malos tratos, o son víctimas de desapariciones forzadas; que el ACNUDH ha documentado denuncias creíbles de niños separados de sus familias cuando el adulto que los acompañaba no había superado el proceso de «filtración»;

H.

Considerando que los niños que huyen de la guerra, especialmente cuando no están acompañados, corren mayor riesgo de sufrir violencia, abusos y explotación, así como de desaparecer o ser víctimas de la trata de seres humanos, especialmente cuando se desplazan a través de las fronteras, y que las niñas, en concreto, están expuestas a sufrir violencia de género;

I.

Considerando que, el 3 de septiembre de 2022, la defensora del pueblo ucraniana afirmó que más de 200 000 niños ya habían sido llevados por la fuerza a la Federación de Rusia con la intención de ofrecerlos en adopción a familias rusas y pudo verificar las circunstancias de la deportación forzosa de 7 000 niños ucranianos; que las autoridades rusas están separando deliberadamente de sus padres a niños ucranianos y están llevándose a otros de orfanatos, instituciones infantiles y hospitales para ofrecerlos en adopción en Rusia; que esta actuación de la Federación de Rusia es sistemática y a gran escala e incluye la erradicación de los registros personales de los deportados, entre otros delitos;

J.

Considerando que Ucrania ha creado el portal «Niños de la Guerra» para que los padres de niños perdidos, desplazados y deportados puedan compartir todos los datos disponibles;

K.

Considerando que, una vez que los niños se encuentran en los territorios ocupados por Rusia o en la propia Rusia, el proceso de salida o reunión con las personas a las que corresponde su custodia es increíblemente complejo; que, a falta de procedimientos formales para devolver a los niños ucranianos a Ucrania o reunirlos con las personas a las que corresponde su custodia o cuidado, el proceso recae en gran medida en particulares que se apoyan en voluntarios locales, ONG y negociaciones por canales no oficiales;

L.

Considerando que, los días 25 y 30 de mayo de 2022, el presidente Vladímir Putin firmó decretos por los que se simplifica el procedimiento para la concesión de la ciudadanía rusa a los ciudadanos ucranianos, incluidos los niños privados de la custodia de sus padres, y para la adopción de menores ucranianos por parte de familias rusas, lo que complica aún más su retorno a Ucrania y facilita el proceso de asimilación forzosa de los niños ucranianos; que cientos de niños ucranianos han recibido desde entonces la nacionalidad rusa y han sido enviados a nuevos hogares en diferentes regiones de Rusia;

M.

Considerando que el Derecho internacional prohíbe inequívocamente la deportación dentro de un territorio ocupado o desde un territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante, deportación que constituye una grave violación de los Convenios de Ginebra y un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma de la CPI; que el Derecho y la práctica internacionales prohíben la adopción durante situaciones de emergencia o inmediatamente después de ellas; que Ucrania adoptó una moratoria para las adopciones internacionales al principio de la guerra; que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Cuarta Convención de Ginebra prohíben que las potencias ocupantes modifiquen el estatuto personal de los niños, incluida su nacionalidad;

N.

Considerando que, de conformidad con el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, constituye genocidio el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso;

O.

Considerando que las personas mayores, las personas con discapacidad y las pertenecientes a otros grupos vulnerables parecen estar especialmente expuestas al riesgo de quedar atrapadas en las zonas ocupadas por Rusia o en Rusia, ya que a menudo son ingresadas en contra de su voluntad en centros, como residencias de ancianos, situados en Rusia o en las zonas ocupadas por Rusia; que estos centros son instituciones cerradas y que el ingreso en ellas de personas vulnerables conculca radicalmente su derecho a la libertad de circulación;

P.

Considerando que los ciudadanos ucranianos en Rusia o en los territorios ocupados por Rusia se enfrentan a importantes dificultades, como la falta de medios de subsistencia, la imposibilidad de cambiar grivnas ucranianas o retirar dinero con tarjetas bancarias, la falta de ropa y artículos de higiene personal, y la incapacidad para ponerse en contacto con sus familiares; que se está obligando a civiles ucranianos a instalarse en zonas económicamente deprimidas o aisladas de Rusia, a menudo en Siberia, y que se les deja sin medios para regresar; que quienes intentan salir de Rusia se enfrentan con frecuencia a dificultades para cruzar la frontera al carecer de documentos de identificación adecuados, bien porque los habían dejado en Ucrania al huir de la guerra, bien porque fueron confiscados por las autoridades rusas;

Q.

Considerando que la propaganda del Kremlin para justificar la guerra de agresión perpetrada por Rusia contra Ucrania en la actualidad se basa en una narrativa distorsionada de la Segunda Guerra Mundial;

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Uganda y Tanzania,

—

Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos y las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de la que Uganda es signataria, y en particular su artículo 9,

—

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, ratificado por Uganda el 21 de junio de 1995, y en particular su artículo 9, que garantiza el derecho a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, conocida también como la «Declaración sobre los defensores de los derechos humanos», adoptada el 9 de diciembre de 1998,

—

Visto el Acuerdo de París, adoptado en la 21.a Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en París el 12 de diciembre de 2015 y firmado el 22 de abril de 2016 por, entre otros, todos los países de la Unión, Uganda y Tanzania,

—

Vista la Estrategia conjunta África-UE,

—

Vista la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de julio de 2022, respaldada por el voto favorable de 161 países, incluidos todos los Estados miembros de la Unión, en la que se declara que el acceso a un medio ambiente limpio y saludable es un derecho humano universal,

—

Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el proyecto de desarrollo del lago Alberto cuenta con varios socios, entre ellos, la empresa petrolera multinacional francesa TotalEnergies (Total) como principal inversor, junto con la Corporación Nacional de Petróleo de China, la Compañía Nacional de Petróleo de Uganda y la Tanzania Petroleum Development Corporation; que la producción del proyecto se entregará en el puerto de Tanga, en Tanzania, a través de un conducto transfronterizo, el oleoducto de petróleo crudo de África Oriental (EACOP); que el EACOP se puso en marcha el 1 de febrero de 2022 y está previsto que se complete en 2025; que Total ha iniciado dos grandes proyectos de prospección de petróleo en Uganda, uno de los cuales es el proyecto Tilenga, que implicará la extracción de petróleo en la zona natural protegida de las cataratas Murchison;

B.

Considerando que se prevé que las fases de construcción y explotación causen nuevos efectos adversos graves para las comunidades situadas en las zonas de extracción y del oleoducto, en particular poniendo en peligro los recursos hídricos y dañando irremediablemente los medios de subsistencia de los agricultores, los pescadores y los propietarios de empresas turísticas que dependen de los ricos recursos naturales de la región; que las instalaciones en alta mar del EACOP en la costa de Tanzania se construirán en una zona de alto riesgo de tsunami, poniendo en peligro las zonas marinas protegidas; que estos riesgos fueron señalados por la Comisión de Evaluación Ambiental de los Países Bajos en su «Análisis consultivo de la evaluación del impacto medioambiental y social presentada de nuevo para el EACOP», destacando en particular que la técnica propuesta para los cruces de agua y humedales (a cielo abierto) puede tener efectos negativos significativos, sobre todo en los humedales;

C.

Considerando que ya se ha informado de que los riesgos y los impactos causados por los yacimientos petrolíferos y el desarrollo de infraestructuras de oleoductos son inmensos y que estos se han documentado exhaustivamente en numerosas evaluaciones de impacto comunitarias y estudios de expertos independientes; que se prevé que el proyecto ponga en peligro reservas y hábitats naturales; que, a pesar de las declaraciones de los socios del proyecto en torno a los beneficios económicos y de empleo que este aportará, muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de África Oriental siguen manifestando una firme oposición a la construcción del oleoducto y a los proyectos asociados, alegando que su impacto en las comunidades locales y el medio ambiente no compensa los riesgos;

D.

Considerando que la mayor parte de la producción prevista de este proyecto petrolífero a gran escala se extraería y vendería después de 2030; que la extracción de petróleo en Uganda generaría hasta 34 000 000 de toneladas de emisiones de carbono al año; que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió en un informe de 2021 que limitar el calentamiento global a 1,5 oC para evitar los efectos más destructivos del cambio climático exigiría detener inmediatamente la explotación de petróleo y gas; que varios expertos en medio ambiente y clima han señalado diversos defectos críticos en estas evaluaciones de impacto ambiental y social, y consideran inevitable que «a lo largo de la vida del proyecto se produzcan vertidos de petróleo del EACOP»;

E.

Considerando que, en su Comunicación de 24 de enero de 2022, los cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos expresan su preocupación por las detenciones, la intimidación y el acoso judicial sufridos por los defensores de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el sector del petróleo y el gas en Uganda; que se ha informado de que varios defensores de los derechos humanos, periodistas y agentes de la sociedad civil han sufrido criminalización, intimidación y acoso, entre ellos, Maxwell Atuhura, defensor de los derechos medioambientales y responsable de campo en Bulisa para la ONG Africa Institute for Energy Governance, que sufrió allanamiento de morada y detención arbitraria; Federica Marsi, periodista italiana, detenida arbitrariamente el 25 de mayo de 2021; Joss Kaheero Mugisa, presidente de la ONG Asociación de Defensores de los Derechos Humanos en el sector del gas y del petróleo, que pasó cincuenta y seis noches en prisión sin haber sido condenado por un tribunal; Robert Birimuye, líder de las personas afectadas por el proyecto EACOP en el distrito de Kyotera, que fue detenido arbitrariamente; Yisito Kayinga Muddu, coordinador de la Red de Fundaciones Comunitarias de Transformación (COTFONE), cuya casa y cuya oficina fueron asaltadas el mismo día; y Fred Mwesigwa, quien, tras testificar en el proceso contra TotalEnergies en Francia, fue amenazado de muerte;

F.

Considerando que, desde 2019, Total se ha enfrentado a acciones legales en Francia por no haber puesto en marcha un plan de vigilancia adecuado que cubra los riesgos para la salud, la seguridad, el medio ambiente y los derechos humanos, tal como exige la legislación francesa sobre el «deber de vigilancia», en relación con los proyectos Tilenga y EACOP y su impacto en los derechos humanos; que, dado que el Tribunal de Casación francés rechazó en diciembre de 2021 los recursos presentados por Total, el asunto debe ser juzgado en cuanto al fondo y sigue pendiente de resolución;

G.

Considerando que a una misión de la delegación de la Unión y de las embajadas de Francia, Bélgica, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos se le impidió la entrada a la zona petrolera el 9 de noviembre de 2021;

H.

Considerando que casi 118 000 personas se ven afectadas por estos proyectos petrolíferos: que algunas han sufrido la destrucción de sus viviendas para facilitar la construcción de carreteras de acceso o de la planta de transformación, que a otras les han confiscado la totalidad o parte de sus tierras y han perdido el libre uso de sus propiedades, con la consiguiente pérdida de sus medios de subsistencia, sin el pago previo de una compensación justa y adecuada; que la indemnización pagada a menudo es demasiado baja para permitir que los agricultores cuyas tierras hayan sido expropiadas compren tierras comparables sobre las que continuar la agricultura y que, por lo tanto, esta baja compensación perjudica grave y, a priori, definitivamente sus ingresos y condiciones de vida, de manera que las personas reubicadas ya no pueden generar ingresos suficientes para alimentar a sus familias, enviar a sus hijos a la escuela o acceder a la atención sanitaria; que los derechos de las comunidades indígenas a un consentimiento libre, previo e informado no se respetan de conformidad con las normas internacionales;

1.

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—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nicaragua, en particular la de 16 de diciembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua (1) y la de 9 de junio de 2022 sobre la instrumentalización de la justicia como forma de represión en Nicaragua (2),

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular su artículo 18 sobre la libertad de opinión y de expresión, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 10 sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular su artículo 12 sobre la libertad de conciencia y de religión,

—

Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela),

—

Vista la Decisión (PESC) 2019/1720 del Consejo, de 14 de octubre de 2019, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua (3),

—

Vista la declaración del portavoz del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 14 de marzo de 2022, sobre la condena de presos políticos,

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Vistos la declaración de la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 9 de mayo de 2022, sobre la represión de Nicaragua contra la sociedad civil y el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 24 de febrero de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, así como su declaración antes del 49.o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 7 de marzo de 2022,

—

Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas n.o 49/3, de 31 de marzo de 2022, sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en Nicaragua,

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (4) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica»),

—

Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, el 19 de agosto de 2022, la policía nacional nicaragüense asaltó por la fuerza la diócesis de Matagalpa para detener de forma arbitraria al obispo Rolando Álvarez, tras haberlo retenido en la diócesis durante dos semanas, junto con cinco sacerdotes, dos seminaristas y un cámara, recluidos hoy en la prisión de El Chipote; que el obispo Álvarez desempeñó un papel importante como mediador en el diálogo nacional de 2018 y ha pedido constantemente un diálogo pacífico y razonado en Nicaragua, criticando el cierre de siete emisoras de radio católicas de la diócesis de Matagalpa el 1 de agosto de 2022;

B.

Considerando que la declaración de la policía no presentaba ninguna razón para las detenciones, sino que afirmaba que formaban parte de una investigación iniciada el 5 de agosto de 2022 sobre actividades «desestabilizadoras y provocadoras» en el país; que la policía confirmó posteriormente que se estaban llevando a cabo «investigaciones judiciales»; que, horas más tarde, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, afirmó en un discurso que la policía había estado restableciendo el orden en Matagalpa y que la detención del obispo era «necesaria»;

C.

Considerando que el nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, fue expulsado en marzo de 2022, que el padre Manuel Salvador García fue detenido en junio de 2022, que la Asociación Misioneras de la Caridad, de la Orden de Santa Teresa de Calcuta, fue declarada ilegal y expulsada en julio de 2022, y que la policía nacional supuestamente prohibió las procesiones religiosas previstas para los días 13 y 14 de agosto de 2022; que otros cinco sacerdotes, a saber, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández y Dani García, se exiliaron como consecuencia de la detención del obispo Álvarez; que el obispo Silvio Báez fue obligado a exiliarse en 2019 a raíz de amenazas de muerte reconocidas por el Vaticano; que, el 1 de septiembre de 2022, las autoridades nicaragüenses condenaron a monseñor Leonardo José Urbina Rodríguez a treinta años de prisión; que estos son solo algunos ejemplos de actos de represión contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua;

D.

Considerando que, desde 2018, el régimen nicaragüense ha practicado sistemática y reiteradamente encarcelamientos, acoso e intimidación contra precandidatos presidenciales, líderes de la oposición y líderes religiosos, en particular de la Iglesia católica, así como contra estudiantes y líderes rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas LGBTI y representantes empresariales;

E.

Considerando que, desde entonces, se ha instaurado en Nicaragua un marco de represión estatal, caracterizado por la impunidad sistémica de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro de las instituciones y el Estado de Derecho, y la connivencia entre los poderes ejecutivo y judicial;

F.

Considerando que los ataques a la libertad de expresión, conciencia y religión se han intensificado y que las amenazas de la Fiscalía contra varios periodistas, defensores de los derechos humanos críticos con el régimen y miembros de la Iglesia católica, debido a sus esfuerzos de mediación en el diálogo nacional de 2018 y a sus denuncias de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis actual de Nicaragua, han llevado a muchos de ellos a abandonar el país en busca de protección;

G.

Considerando que, como han dejado claro la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los titulares de un mandato de procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los prisioneros fueron detenidos por motivos incompatibles con las normas internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución nicaragüense;

H.

Considerando que el cierre de las emisoras católicas de radio y de otras dos emisoras comunitarias de radio y televisión poco después, con un uso excesivo de la fuerza, es el último ejemplo en una larga lista de ataques del régimen nicaragüense contra más de 1 700 organizaciones de la sociedad civil y al menos 40 organizaciones de mujeres, varios partidos políticos, asociaciones de medios de comunicación y universidades;

I.

Considerando que en el presente año el régimen nicaragüense ha autorizado la presencia militar rusa en el país, lo que demuestra claramente la estrecha relación y el apoyo común entre el régimen de Ortega-Murillo y el régimen de Putin;

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