Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre «Afrontar juntos una amenaza existencial: los interlocutores sociales y la sociedad civil piden poner en práctica medidas ambiciosas en materia climática»

(2023/C 75/01)

Ponentes:

Peter SCHMIDT Isabel CAÑO AGUILAR Sandra PARTHIE Josep PUXEU ROCAMORA Neža REPANŠEK Lutz RIBBE

Base jurídica	Artículo 50 del Reglamento interno Resolución
Aprobación en el pleno	26.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	104/1/0

La reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) se celebrará en Sharm el Sheikh (Egipto) del 6 al 18 de noviembre.

En consonancia con la nota de la Mesa del CESE de 22 de febrero de 2022, el CESE creó un Grupo ad hoc sobre la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para preparar la Resolución del CESE relativa a la COP, en línea con las prioridades de la próxima COP y los procesos de negociación de la CMNUCC, y para familiarizar al Comité en su conjunto con el proceso de la CMNUCC e involucrarlo en las negociaciones sobre el cambio climático.

El Grupo ad hoc está compuesto por seis miembros de la Sección NAT, además de un representante juvenil que participa regularmente a raíz del Dictamen de iniciativa «Hacia un compromiso estructurado de la juventud en favor del clima y la sostenibilidad en el proceso decisorio de la UE» (1). En los últimos meses, el Grupo ad hoc se ha reunido con organizaciones e instituciones pertinentes, como la Comisión Europea, el Comité de las Regiones, la oficina de los defensores de alto nivel por la acción climática y el Climate Action Tracker, así como con representantes de los distintos ámbitos de la sociedad civil (jóvenes, empresas, agricultores, sindicatos y ONG medioambientales) para intercambiar información y buscar sinergias. En todas estas conversaciones se hizo hincapié en la emergencia climática.

En el año 2022 el cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos con mayor intensidad que nunca. Desde abrasadoras olas de calor e incendios en Europa y en parte del sur de Asia hasta inundaciones catastróficas en Pakistán y Bangladés y sequías prolongadas en África oriental, con miles de personas fallecidas y millones más desplazadas o al borde de la hambruna.

A este respecto, el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2) afirma que, para limitar el calentamiento global a 1,5 oC, las emisiones de gases de efecto invernadero deben alcanzar su nivel máximo «a más tardar antes de 2025», que las emisiones deben reducirse a la mitad de aquí a 2030 y que para ello es imprescindible reducir las emisiones de forma profunda e inmediata en todos los sectores. Sin embargo, se calcula que las políticas actualmente en vigor supondrían un calentamiento de unos 2,7 oC, mientras que los actuales compromisos de los países (las denominadas «contribuciones determinadas a nivel nacional») lo limitarían a 2,4 oC (3).

De forma dramática, la invasión rusa de Ucrania ha añadido complejidad a una situación que ya era difícil desde el punto de vista económico y social. Sin embargo, la urgencia climática no admite esperas. Toda medida especial adoptada debe ser excepcional y limitada en el tiempo, y la Unión Europea debe acelerar la transformación de su política energética y climática para hacer frente a las perturbaciones a corto plazo avanzando al mismo tiempo hacia la imprescindible descarbonización de las sociedades. Europa debe liderar la acción por el clima colmando la brecha entre las ambiciones y las medidas políticas.

La Resolución elaborada por los miembros del Grupo ad hoc pide a las instituciones y a los gobiernos de la UE que intensifiquen la ambición climática, en consonancia con los conocimientos y datos científicos, y hace especial hincapié en el papel de la sociedad civil organizada a la hora de acelerar la acción por el clima. La resiliencia social solo puede reforzarse si la sociedad civil, los agentes sociales y los movimientos de base están empoderados.

Somos la última generación que puede detener el cambio climático, y el CESE, como voz de la sociedad civil europea, debe desempeñar un papel destacado a la hora de promover estas transformaciones hacia sociedades neutras en carbono, inclusivas y socialmente justas.

Recomendaciones sobre políticas del Comité Económico y Social Europeo:

Intensificar la ambición climática para abordar la emergencia climática y mejorar la acción de la UE por el clima

Como portavoz de la sociedad civil organizada en Europa, actuando en su calidad de órgano consultivo del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, y como parte de la comunidad mundial de la sociedad civil,

1.

el Comité Económico y Social Europeo (CESE) señala que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se adoptó hace treinta años con el objetivo último de lograr, «de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático» (artículo 2) y que este objetivo no se ha logrado;

2.

señala que el Acuerdo de París de 2015 nos hizo pasar a todos del objetivo cualitativo del Convenio sobre el Clima (impedir interferencias en el clima) a un objetivo cuantitativo: «mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 oC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 oC con respecto a los niveles preindustriales» (4);

3.

subraya que el objetivo de 1,5 oC no será suficiente para evitar las drásticas consecuencias del cambio climático. Como demuestran las pruebas recabadas, el cambio climático altera ya a todas las regiones del mundo. Las inundaciones, sequías, tormentas, incendios y olas de calor aumentan exponencialmente, con efectos sociales devastadores y un impacto económico cifrado en miles de millones cada año (5);

4.

subraya que vivimos una emergencia climática y que no debemos renunciar a la consecución del objetivo formulado en el artículo 2 de la Convención, a pesar de que actualmente la CMNUCC se ha quedado corta en cuanto a su capacidad para lograrlo;

5.

está firmemente convencido de que las decisiones sobre la formulación de políticas deben responder a la ciencia y a la información científica, y señala que el GIECC ha establecido criterios de referencia inequívocos: las emisiones deben alcanzar su nivel máximo «a más tardar en 2025» (6), y de aquí a 2030, el mundo debe reducir las emisiones en un 45 % con respecto a los niveles de 2010, con el fin de mantener viva la posibilidad de alcanzar la meta fijada en 1,5 oC;

6.

es consciente de que la invasión rusa de Ucrania ha exacerbado una situación ya difícil caracterizada por la inflación, los elevados precios de la energía y los alimentos y la posible escasez de energía, lo que ha tenido un grave impacto en la vida de la ciudadanía y ha planteado graves retos sociales y económicos, al menos a corto plazo. El CESE considera que la situación actual hace aún más urgente la acción europea por el clima y que el nuevo panorama geopolítico refuerza la necesidad de que la UE acelere la transformación de su política energética y climática;

7.

está convencido de que el Pacto Verde Europeo debe reforzarse para lograr el objetivo de la descarbonización de la economía, reducir aún más las dependencias externas, garantizar la resiliencia y potenciar una transición justa, y de que las exenciones excepcionales a los objetivos acordados solo pueden concederse durante un tiempo limitado (7); cree asimismo que el desarrollo de una autonomía estratégica abierta debe garantizar una atenuación de las dependencias en materia de energía, materias primas fundamentales y alimentos;

8.

insta a la UE a asumir un papel de liderazgo y aboga por que la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión actualicen las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) con arreglo al Pacto de Glasgow por el Clima. Asimismo, aboga por una distribución mundial justa basada en la equidad, la responsabilidad histórica y la capacidad;

9.

acoge con satisfacción las decisiones del Parlamento Europeo sobre el RCDE (8) y los sumideros de carbono (9), que han dado lugar a un ligero aumento del objetivo de reducción de las emisiones de la UE, que, aunque insuficiente, supone un llamamiento a elevar las CDN de la Unión;

10.

expresa su preocupación por el hecho de que muchos países hayan anunciado planes a largo plazo encaminados a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 o 2060 que no están respaldados por los correspondientes planes a corto y medio plazo, por lo que insta a la Comisión Europea a intensificar los esfuerzos diplomáticos de la UE para promover la adopción de marcos de formulación de políticas similares al Pacto Verde Europeo por parte de la comunidad internacional, y está dispuesto a apoyar este empeño mediante la colaboración con organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, tomando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como brújula para los años decisivos que se avecinan;

11.

pide a la UE que avance en el desarrollo de enfoques sectoriales con respecto a la adopción de medidas personalizadas o «clubes climáticos» que podrían constituirse entre los países con los programas de acción por el clima más ambiciosos con el fin de fomentar una acción más rápida por parte de otros países; la implantación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC) podría ser una herramienta a tal efecto;

12.

considera que es necesario adoptar medidas decisivas y claramente definidas para hacer operativo el artículo 6 del Acuerdo de París y completar el código normativo de París, que establece un marco de cooperación internacional voluntaria para que los países reduzcan las emisiones a fin de cumplir sus compromisos y eviten algunos de los escollos relacionados con la doble contabilización o el riesgo de falsificación de los créditos de reducción de emisiones;

Revisar nuestro modelo económico actual para abordar eficazmente las tareas de mitigación y adaptación y garantizar un acceso adecuado a la financiación para la lucha contra el cambio climático

13.

hace hincapié en que, para acelerar la transición hacia una sociedad climáticamente neutra, debemos revisar nuestro modelo económico actual para reconsiderar la forma en que consumimos y producimos y el modo en que valoramos la suficiencia, e insta a la UE a proponer una nueva visión de la prosperidad para la población y el planeta basada en los principios de la sostenibilidad medioambiental, el derecho a una vida digna y la protección de los valores sociales (10);

14.

propone un nuevo marco de gobernanza para desarrollar estos cambios transformacionales y anima a los gobiernos y a las autoridades regionales a crear Comisiones para la Transición Justa que permitan a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las juveniles, formular recomendaciones y negociar y desarrollar planes nacionales y regionales de transición justa (11); considera que las iniciativas actuales destinadas a abordar los retos sociales de la transformación ecológica siguen estando fragmentadas (12);

15.

cree que el rápido cambio hacia una economía descarbonizada conllevará enormes retos para los ciudadanos, los trabajadores, las empresas y las regiones, especialmente para aquellos que dependen más de sectores e industrias intensivos en carbono (13), y que las CDN deben comprender la realización de una cartografía desglosada y un análisis de los impactos que ejercerá la transición en el empleo y las competencias en el país, las subregiones y los sectores, así como en los subcontratistas y los tramos ulteriores de las cadenas de valor, acompañados de planes nacionales de empleo y estrategias de transición justa (14), basadas en el principio de transición justa de la OIT; por lo tanto, apoya la propuesta de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (15) de garantizar una transición justa, que proteja a los trabajadores y el empleo mediante una financiación adecuada para la transición y la investigación adicional;

16.

subraya que la responsabilidad del sector privado en la consecución del objetivo de descarbonización requerirá una rápida transformación de los sistemas a una escala sin precedentes, y señala que el sector privado tiene un papel crucial que desempeñar en ese proceso;

17.

reconoce los numerosos y diversos esfuerzos realizados por empresas y emprendedores en el conjunto de la Unión para desarrollar soluciones empresariales que mitiguen los retos relacionados con el cambio climático y se adapten a estos, y cree que los modelos de negocio innovadores y responsables deben abordar el cambio climático centrándose en objetivos de sostenibilidad cuantificables, incluida la reducción del consumo de agua, energía y productos químicos;

18.

considera con preocupación que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la UE venga acompañada de un incremento de las emisiones en el extranjero para satisfacer el consumo de la Unión, generando efectos indirectos de los GEI (16), y considera que el enfoque de la UE con respecto al inventario de GEI debe incorporar las emisiones de estos gases asociadas a los productos importados, que la desvinculación del progreso socioeconómico de los impactos negativos nacionales e importados en el clima y la biodiversidad debe convertirse en una prioridad y que el MAFC constituye una medida de apoyo para lograr este objetivo;

19.

observa que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático se refuerzan mutuamente, como subraya la comunidad científica; pide un enfoque integral de la acción medioambiental que aborde los vínculos entre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático y propone revisar y aumentar el tamaño de las zonas protegidas y los esfuerzos por proteger los recursos naturales que aún existen en el marco de la Estrategia de la UE sobre biodiversidad de aquí a 2030 (17);

20.

asimismo, observa con preocupación que el impacto del cambio climático afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables y que las comunidades menos responsables de las emisiones mundiales se enfrentan a los peores impactos y no siempre disponen de los recursos necesarios para afrontarlos;

21.

señala que la acción en materia de adaptación adquiere cada vez mayor relevancia a medida que se multiplican los fenómenos climáticos extraordinarios y que es esencial anticipar mejor los efectos del cambio climático, hace hincapié en que el Acuerdo de París subraya la importancia de los procesos de planificación de la adaptación a escala nacional, comprometiendo a todos los países a informar sobre los avances logrados, e insta a que se normalice la inclusión para evitar que se amplíen las desigualdades existentes;

22.

pide que los países desarrollados incrementen sus contribuciones totales a la financiación de la lucha contra el cambio climático, con «el mismo hincapié» en la financiación de la mitigación y la adaptación, ya que, sin financiación adicional para la adaptación, la planificación y la ejecución de las medidas de adaptación serán limitadas, especialmente en los países en desarrollo; aboga por que se adopten medidas adicionales para garantizar que se respete este principio, dado que la mitigación constituye una salvaguarda contra la profundización de la crisis climática para las generaciones futuras, mientras que la adaptación protege a las generaciones presentes y futuras de los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático que ya se está produciendo (18), y recuerda que la financiación de la adaptación al cambio climático representa actualmente solo el 25 % de la financiación mundial de la lucha contra el cambio climático y que no se tienen en cuenta los compromisos previos adoptados sobre el incremento de la financiación de la adaptación al 40 % de aquí a 2025 (19);

23.

acoge con satisfacción la contribución de la Comisión de cien millones EUR al Fondo de Adaptación, al tiempo que insta a los Estados miembros de la Unión a duplicar, de aquí a 2025, la financiación de la adaptación con respecto a los niveles de 2019, y pide esfuerzos adicionales para que se cumpla el Plan de Ejecución dotado con cien mil millones USD; destaca que actualmente no existe un mecanismo de financiación mundial para apoyar la recuperación de las pérdidas y los daños que sufren las poblaciones afectadas e insta a los Estados miembros de la UE y a la Comisión a participar en el «mecanismo de compensación de pérdidas y daños» para reparar las consecuencias del cambio climático;

24.

considera que, en el marco de la acción por la justicia climática, los gobiernos y las instituciones de la Unión deben desarrollar una política europea global y prospectiva en materia de migración y asilo que proporcione protección a las personas desplazadas por motivos relacionados con el clima, empezando por el reconocimiento formal de los refugiados climáticos;

Impulsar una acción sectorial eficaz para lograr la neutralidad climática

25.

destaca que la economía circular y la bioeconomía son factores capacitadores para desarrollar una nueva visión de prosperidad de la población y deben fomentarse aún más (20), y añade a este respecto que las estrategias en materia de economía circular aplicadas en los diversos sectores y países pueden reducir las emisiones mundiales de GEI en un 39 % (21), expresa su preocupación por que la economía de la Unión solo sea circular en una proporción de aproximadamente un 12 % a pesar del importante proceso de actualización legislativa iniciado en 2015 a través del primer Plan de Acción de la UE sobre la economía circular, y cree que solo se pueden lograr nuevos avances interactuando con todos los componentes de la sociedad civil, en particular para superar las barreras políticas, culturales, infraestructurales, relacionadas con la gobernanza y financieras que siguen existiendo (22);

26.

aboga por que las estrategias de transición relativas a la puesta en marcha de sistemas alimentarios sostenibles se integren debidamente en las CDN, y reconoce que, aunque muchos países mencionan el potencial para la mitigación y la adaptación de la agricultura en sus CDN, muy pocos establecen objetivos para otras etapas del sistema alimentario (23), dejando así diversas oportunidades sin aprovechar en gran medida (24); y reitera sus recomendaciones sobre la adopción de políticas alimentarias exhaustivas, como la Estrategia «De la Granja a la Mesa», incluidas las medidas climáticas al respecto, y sobre la tarea de garantizar la participación estructurada de las partes interesadas en toda la cadena de suministro alimentario (25) y en todas las escalas de gobernanza, situando en particular a los productores en el centro de las estrategias agrícolas y procurando su participación en la formulación de políticas;

27.

manifiesta su preocupación por la situación de África, que ha generado menos del 4 % de las emisiones mundiales pero destaca de manera desproporcionada como una de las regiones más vulnerables del mundo y, dado que la COP27 se celebrará en África, pide claramente a la Unión que dé prioridad a los recursos financieros, técnicos y de desarrollo de capacidades para África con el fin de apoyar el compromiso contraído por ese continente en la COP21 de París y que tenga en cuenta que la mayoría de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) africanas contienen objetivos de mitigación y adaptación condicionados a recibir un apoyo internacional adecuado, lo que genera incertidumbres en relación con la protección de ecosistemas de alto valor como bosques o sabanas y con la extracción de combustibles fósiles;

28.

pide que se detengan de inmediato las subvenciones a los combustibles fósiles, acoge con satisfacción la Comunicación sobre REPowerEU, ya que presenta soluciones acordes con los objetivos del Pacto Verde y la Unión Europea de la Energía (26) (27), y cree necesario que los gobiernos proporcionen un marco para la inversión en tecnologías innovadoras en ámbitos como la eficiencia energética y la producción de energía renovable, mediante el apoyo a la investigación, la innovación y el desarrollo, y que la regulación debe diseñarse para propiciar y potenciar el desarrollo y la adopción por el mercado de nuevas tecnologías, incluidas las medidas del lado de la demanda para crear mercados líderes e incentivar el consumo de productos hipocarbónicos (28);

29.

acoge con satisfacción las soluciones digitales que permiten proteger el medio ambiente e impulsar la transición hacia la sostenibilidad en el transporte, los sistemas energéticos, los edificios, la agricultura y otros sectores, pero también señala que la digitalización general no ha contribuido hasta la fecha a reducir la demanda energética y las emisiones de carbono, por lo que subraya la necesidad de aplicar políticas de apoyo que mitiguen los efectos de rebote e inducción (29);

30.

subraya que el cambio climático también repercute gravemente en las empresas, en particular en las pymes, como en el caso de la interrupción de las cadenas de suministro o los daños a los centros de producción debido a fenómenos meteorológicos extremos, y les obliga a realizar cambios, en ocasiones costosos, en sus modelos de negocio y funcionamiento, así como inversiones para hacer frente a requisitos normativos o de otra índole; considera que debe apoyarse a los pioneros en la adopción de nuevos modelos de negocio sostenibles para garantizar que su innovación no suponga una desventaja competitiva;

31.

hace hincapié en que el apoyo al sector privado debe atenerse a los principios de acceso equitativo a los instrumentos de financiación de las pymes y basarse exclusivamente en los objetivos climáticos (30). También insiste en que se requerirá una ardua labor en todas las cadenas de valor, además de colaboración intersectorial;

32.

considera que la armonización y la normalización son fundamentales para procurar la escalabilidad de las soluciones en toda la industria a través de la tecnología, la mejora de las cualificaciones y la regulación, que son tareas que deben apoyar los gobiernos de la UE a escala internacional, y que resultará esencial para las pymes, en particular, disponer de instrumentos de acompañamiento y medidas para el refuerzo de capacidades que les permitan cumplir los nuevos requisitos y potenciar su acceso al mercado en la Unión;

Capacitar a la sociedad civil para acelerar la acción por el clima y abogar por un nuevo marco de gobernanza

33.

destaca que la escala de las acciones necesarias requiere políticas integradas en varios niveles y soluciones intersectoriales con un verdadero compromiso de la sociedad civil y, por lo tanto, propone un nuevo marco de gobernanza para desarrollar estos cambios transformativos;

34.

considera que, en el ámbito del lugar de trabajo, este nuevo marco de gobernanza debe garantizar el diálogo social, velando por los derechos y la participación de los trabajadores y reforzando los convenios colectivos;

35.

considera que también debe promoverse un diálogo más amplio, que cuente con la aportación de las regiones, los agentes rurales, las ciudades, los interlocutores sociales, las cooperativas y la sociedad civil, con el fin de garantizar la justicia social y la credibilidad y otorgar un significado específico al compromiso de que nadie se quede atrás (31). Por ejemplo, facilitar los enfoques basados en los prosumidores puede acelerar la transición a un sistema energético más limpio, crear nuevos modelos económicos y ayudar a proteger a los grupos más vulnerables de nuestras sociedades de quedar, por ejemplo, desconectados de las redes de calefacción y de electricidad y de las tecnologías de la información;

36.

está firmemente convencido de que las iniciativas surgidas «de abajo arriba» y de base comunitaria deben recibir un verdadero apoyo y estímulo para acelerar la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo y fortalecer la resiliencia social, liberando así el potencial de una cultura de la cooperación y las soluciones planteadas desde la base; cree que existe una necesidad equitativa y esencial de invertir más en innovación social con el fin de normalizar el abordaje de los cambios culturales y sociales necesarios para integrar la protección del clima en la vida diaria de las empresas, las autoridades públicas y los hogares;

37.

cree que el género no debe abordarse como una cuestión independiente y aislada, sino que debe considerarse un asunto fundamental para evitar medidas y políticas insensibles a las cuestiones de género. El cambio climático no ejerce el mismo impacto en todos los segmentos de la población, y las políticas en materia de cambio climático, si no se diseñan correctamente, pueden perpetuar estas injusticias y desequilibrios. Por ejemplo, la participación desigual de las mujeres en los procesos decisorios y en los mercados laborales agrava las desigualdades y, a menudo, impide que las mujeres contribuyan plenamente a la planificación, la formulación y la ejecución de políticas relacionadas con el clima (32);

38.

está convencido de que una mayor participación de la juventud en los procesos decisorios, desde la elaboración de propuestas e iniciativas legislativas hasta su ejecución, supervisión y seguimiento, propiciará que se tenga mejor en cuenta la dimensión intergeneracional de estos cambios (33). Por este motivo, desde 2021 el CESE ha comenzado a incluir a un delegado de la juventud en la delegación oficial de la UE a las reuniones de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC y se ha comprometido a amplificar las voces de los jóvenes y las organizaciones juveniles en la labor del Comité; el CESE recomienda encarecidamente a las partes y a otros colectivos interesados que adopten un enfoque similar;

39.

reconoce el papel de los pueblos indígenas en la primera línea de la lucha contra el cambio climático: estos pueblos indígenas gestionan más del 80 % de la biodiversidad restante del planeta (34); acoge con satisfacción el creciente compromiso de los pueblos indígenas con la política climática e insta a las partes a involucrarlos activamente en la puesta en práctica de la acción por el clima;

40.

se compromete a emprender acciones encaminadas a ejecutar las recomendaciones políticas mencionadas.

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(1)  DO C 429, de 11.12.2020, p. 44.

(2)  https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/

(3)  https://climateactiontracker.org/global/temperatures/

(4)  Acuerdo de París.

(5)  Cifras basadas en: «Economic losses from weather and climate-related extremes in Europe reached around half a trillion euros over past 40 years» — Agencia Europea de Medio Ambiente; «New report: World counts the cost of a year of climate breakdown» — UK charity fighting global poverty — Christian Aid — Mediacentre; «The Costs of Extreme Weather Events Caused by Climate Change» — CMCC; «Billion-Dollar Weather and Climate Disasters» — National Centers for Environmental Information (NCEI).

(6)  Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change — Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

(7)  Resolución del CESE «La guerra en Ucrania y su impacto económico, social y medioambiental» (DO C 290 de 29.7.2022, p. 1).

(8)  Cambio climático: acelerar la acción de la UE y la independencia energética.

(9)  Fit for 55: Parliament agrees to higher EU carbon sink ambitions by 2030.

(10)  Dictamen del CESE «La economía sostenible que necesitamos», (DO C 106 de 31.3.2020, p. 1).

(11)  Dictamen del CESE «“Objetivo 55”: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática», (DO C 275 de 18.7.2022, p. 101).

(12)  Dictamen del CESE «Diálogo social en el marco de la transición ecológica» (DO C 486 de 21.12.2022, p. 95).

(13)  Dictamen del CESE «“Objetivo 55”: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática», (DO C 275 de 18.7.2022, p. 101).

(14)  Dictamen del CESE «“Objetivo 55”: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática», (DO C 275 de 18.7.2022, p. 101).

(15)  Conferencia sobre el Futuro de Europa — Recomendaciones adoptadas por el panel ciudadano europeo.

(16)  2021 Europe Sustainable Development Report — SDSN Europe.

(17)  Dictamen en curso del CESE (NAT/841) «Objetivos de recuperación de la naturaleza en el marco de la Estrategia de la UE sobre biodiversidad».

(18)  Dictamen del CESE «Nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE», (DO C 374 de 16.9.2021, p. 84).

(19)  António Guterres: «La adaptación necesita el 50 % de la financiación climática».

(20)  Dictamen del CESE «Desarrollar sinergias entre las distintas hojas de ruta de la economía circular» (DO C 14 de 15.1.2020, p. 29).

(21)  Circularity Gap Report 2021 «Climate Change Mitigation through the Circular Economy».

(22)  Dictamen del CESE «Nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (DO C 374 de 16.9.2021, p. 84).

(23)  Enhancing NDCs For Food Systems — recommendations for decision-makers | NDC Action Project.

(24)  Dictamen del CESE «Seguridad alimentaria y sistemas alimentarios sostenibles», (DO C 194 de 12.5.2022, p. 72).

(25)  Dictamen del CESE «“De la Granja a la Mesa”: una estrategia alimentaria sostenible», (DO C 429 de 11.12.2020, p. 268).

(26)  Dictámenes del CESE «Justicia climática» (DO C 81 de 2.3.2018, p. 22) y «Nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (DO C 374 de 16.9.2021, p. 84).

(27)  Dictamen del CESE «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible» (DO C 323 de 26.8.2022, p. 123).

(28)  Dictamen del CESE «“Objetivo 55”: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática» (DO C 275 de 18.7.2022, p. 101).

(29)  Dictamen del CESE «Digitalización y sostenibilidad — Situación actual y necesidad de intervenir desde una perspectiva de la sociedad civil» (DO C 429 de 11.12.2020, p 187).

(30)  Dictamen del CESE «“Objetivo 55”: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática» (DO C 275 de 18.7.2022, p. 101).

(31)  Dictamen del CESE «“Objetivo 55”: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática», (DO C 275 de 18.7.2022, p. 101).

(32)  2020 Pocket Guide to Gender Equality under the UNFCCC — WEDO.

(33)  Dictamen del CESE «Hacia un compromiso estructurado de la juventud en favor del clima y la sostenibilidad en el proceso decisorio de la UE» (DO C 429 de 11.12.2020, p. 44).

(34)  «Indigenous peoples defend Earth's biodiversity — but they're in danger».

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Soberanía digital: un pilar fundamental para la digitalización y crecimiento de la UE»

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 75/02)

Ponente:

Philip VON BROCKDORFF

Decisión del Pleno	20.1.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	7.10.2022
Aprobado en el pleno	26.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	185/0/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Pese a los importantes avances realizados para reforzar la soberanía digital de la UE, sigue existiendo una fuerte dependencia de las empresas tecnológicas no radicadas en la UE, lo que limita el liderazgo y la autonomía estratégica de la UE en el mundo digital y, a su vez, restringe el potencial de crecimiento económico de la UE.

1.2.

En un entorno en línea aún dominado por empresas tecnológicas no pertenecientes a la UE, se plantea la cuestión del grado de control que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos de la UE puedan tener sobre sus datos digitales. Puede que esto no parezca ser una prioridad en la crisis actual, pero no se puede subestimar la necesidad de corregir el desequilibrio de la soberanía digital.

1.3.

En este contexto, el CESE considera que la UE debe reducir su dependencia de gigantes tecnológicos no pertenecientes a la UE redoblando sus esfuerzos para desarrollar una economía digital segura, inclusiva y basada en valores que sea capaz de competir con dichos gigantes tecnológicos, así como haciendo hincapié en la conectividad fiable, la seguridad de los datos y la inteligencia artificial (IA).

1.4.

Por consiguiente, el CESE pide que la inversión en el sector digital se oriente en gran medida hacia una autonomía estratégica abierta en la economía digital, incluyendo la inversión en capacidades digitales, educación y formación profesional, infraestructuras y tecnologías digitales. El CESE también pide unas condiciones de competencia equitativas en la transformación digital, en la que se protejan los derechos de los trabajadores y en la que empresas de todos los tamaños puedan coexistir y prosperar sin un exceso de regulación.

1.5.

El CESE señala que innovaciones como la computación en nube y la IA se han convertido en importantes activos estratégicos dentro de la UE, contribuyendo positivamente al crecimiento potencial de su economía. Sin embargo, la UE está perdiendo terreno en la carrera mundial por desarrollar nuevas tecnologías en el mundo digital y, en el caso de algunas tecnologías, la inversión privada dentro de la UE va a la zaga respecto de inversiones similares en los Estados Unidos y China.

1.6.

El CESE pide que se redoblen los esfuerzos para crear asociaciones público-privadas en el ámbito de las tecnologías digitales y que se apoye la investigación a gran escala de la UE en el ámbito de las nuevas tecnologías con el objetivo específico de adecuarse a las capacidades de investigación estadounidenses y chinas.

1.7.

El CESE sostiene que los desequilibrios existentes en materia de soberanía digital se deben en parte a las barreras nacionales que siguen impidiendo la realización de un auténtico mercado único. En la actualidad, el mercado único es esencialmente un conjunto de múltiples mercados nacionales más pequeños, sin la escala necesaria para que ninguna empresa con sede en la UE pueda competir con los gigantes digitales de este mundo. Además, existen diferentes niveles de desarrollo digital, infraestructuras y capacidades en toda la UE.

1.8.

El CESE pide a la Comisión que avance en la adopción de su marco regulador digital destinado a proteger a los ciudadanos de la UE de los excesos del mundo digital, a la vez que se proporciona un marco para un entorno más ético y centrado en el ser humano.

1.9.

Igual de importante es que las plataformas en línea, los ecosistemas y las actividades en línea sean más abiertos, justos y predecibles, mediante normas relativas a la transparencia y la neutralidad de los algoritmos, así como el intercambio de datos y la interoperabilidad.

1.10.

El CESE apoya las peticiones para que la UE desarrolle una infraestructura en la nube y de datos para establecer su soberanía digital y abordar el enorme desequilibrio existente en el mercado de la nube y del almacenamiento de datos, que está dominado casi totalmente por empresas de fuera de la UE.

1.11.

El CESE también reconoce el potencial de la UE para convertirse en líder mundial respecto de la recopilación y el tratamiento de datos, que es la columna vertebral de la economía digital. Un marco de datos de la UE para la recopilación y el intercambio de datos tiene un enorme potencial en sectores estratégicos como la salud, el mercado laboral y el transporte.

1.12.

El CESE pide que se actualicen las políticas de competencia y protección de los consumidores dentro del mercado único, que también deberían centrarse en las prácticas distorsionadoras de las empresas tecnológicas de fuera de la UE, así como en la creciente influencia de las empresas digitales chinas en la UE. A este respecto, el CESE acoge con satisfacción la evolución de la normativa, como la Ley de Mercados Digitales y la propuesta de Ley Europea de Chips.

1.13.

El CESE reconoce el papel clave que desempeñan las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la configuración de la soberanía digital de la UE, especialmente a través de sus interacciones con las grandes empresas tecnológicas de la UE.

1.14.

Por último, el CESE destaca la importancia de la educación en todos los niveles (profesional o académico) para desarrollar la soberanía digital de la UE.

2.   Contexto general

2.1.

La soberanía digital puede describirse en principio como la autonomía mediante la cual los gobiernos y las empresas gestionan y establecen sus propios datos, equipos y programas. Durante demasiado tiempo, se ha manifestado la preocupación existente por la gran dependencia que tiene la UE de un pequeño número de grandes empresas tecnológicas que operan fuera de la UE.

2.2.

Prueba de la fuerte dependencia de empresas tecnológicas no pertenecientes a la UE es que se estima que el 92 % de todos los datos del mundo occidental se almacenan en servidores propiedad de los Estados Unidos. Esto incluye los datos en línea, los datos extraídos de las redes sociales y los datos administrados por los gobiernos nacionales (1).

2.3.

No es de extrañar que esta situación haya generado una creciente preocupación por que las empresas y los gobiernos nacionales de la UE no tengan un control total de los datos y sigan dependiendo en gran medida de las grandes empresas tecnológicas no pertenecientes a la UE, lo que dificulta que las empresas tecnológicas con sede en la UE compitan con sus homólogos estadounidenses. Otra preocupación se debe a que la UE está perdiendo de forma lenta pero constante su capacidad para aplicar de manera eficaz la legislación en el entorno digital.

2.4.

Es motivo de inquietud que esta fuerte dependencia de las empresas tecnológicas radicadas en los Estados Unidos limite el liderazgo y la autonomía estratégica de la UE en el mundo digital, lo que a su vez podría restringir el potencial de crecimiento económico de la UE. No se puede subestimar la influencia económica de las empresas tecnológicas con sede fuera de la UE. Lo mismo cabe decir de su influencia en los ciudadanos de la UE y sus patrones de consumo, pero también de cómo determinan la manera en que estos interactúan con otros ciudadanos de la UE y de terceros países.

2.5.

En la actualidad, las grandes empresas tecnológicas de fuera de la UE quizás saben más sobre nosotros que nuestros familiares y amigos más cercanos, y la falta de protección de la privacidad es preocupante. En efecto, no controlamos nuestros propios datos en línea, mientras que sí lo hacen las grandes empresas tecnológicas, y la red sigue sin estar regulada en gran medida. Mediante esfuerzos como el que representa el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (2) de la UE se ha intentado establecer nuevas normas. El problema es que las empresas tecnológicas se mueven más rápidamente que la UE a la hora de abordar este problema. Estas grandes empresas operan a menudo en ámbitos en los que tienen una importante ventaja en materia de información sobre los reguladores y, en general, siguen teniendo libertad para rastrear los movimientos en línea de los ciudadanos, recopilar información durante el proceso y aprovechar todo ello con ánimo de lucro.

2.6.

En este contexto, la presidenta de la Comisión señaló que la política digital era una de las principales prioridades de su mandato 2019-2024, comprometiéndose en favor de la soberanía tecnológica. Sin embargo, todavía estamos lejos de lograrlo, y la propia Comisión ha expresado su preocupación por que las grandes empresas tecnológicas no europeas vulneren las normas y valores fundamentales de la UE. En los últimos años, la economía de internet se ha consolidado en torno a estos gigantes tecnológicos, que utilizan cookies para controlar los datos y mantener un poder de mercado oligopolístico. Por su parte, el Parlamento Europeo ha expresado su preocupación por las amenazas a la seguridad relacionadas con la creciente presencia tecnológica china en la UE y, en particular, ha pedido que se tomen medidas a escala de la UE para reducir la creciente influencia de China en las infraestructuras 5G.

2.7.

Es inquietante que sectores enteros de la economía de la UE sigan dependiendo en gran medida de grandes plataformas en línea sin sede en ella. Ello priva a los Estados miembros de su soberanía digital en ámbitos clave como los derechos de autor, la protección de datos y la fiscalidad. Esta preocupación también se ha ampliado a otros ámbitos, como el comercio electrónico y la desinformación en línea.

2.8.

En un entorno en línea dominado por empresas tecnológicas no pertenecientes a la UE, se plantea la cuestión de si los ciudadanos de la UE pueden recuperar el control de sus datos digitales y de si la UE puede corregir el desequilibrio de la soberanía digital de manera eficaz y en un plazo razonable. Los puntos 3 y 4 contienen información sobre estas cuestiones.

3.   Observaciones generales

3.1.

En primer lugar, la UE debe reducir su dependencia de gigantes tecnológicos no pertenecientes a la UE redoblando sus esfuerzos para desarrollar una economía digital segura, inclusiva y basada en valores que sea capaz de competir con dichos gigantes tecnológicos, así como haciendo hincapié en la conectividad fiable, la seguridad de los datos y la inteligencia artificial (IA). El CESE considera que el hecho de basarse en los valores reviste especial importancia y hace hincapié en la dimensión social y ética, así como en los derechos de los trabajadores en una economía digital.

3.2.

La Comisión respondió a la evolución de la economía digital elaborando una Brújula Digital para la década digital de la UE en 2021 centrada en las infraestructuras, la administración, las empresas y las capacidades. Esta guía fija objetivos a escala nacional y de la UE, propone un sólido marco de gobernanza conjunta para supervisar los avances y abordar las deficiencias y también propone proyectos plurinacionales que combinan inversiones de la UE, los Estados miembros y el sector privado. Esto se completó con la Ley de Mercados Digitales, un marco legislativo destinado a proporcionar un mayor grado de competencia en los mercados digitales europeos al impedir que las grandes empresas abusen de su poder de mercado y permitir la entrada de nuevos operadores en el mercado. Más recientemente, la propuesta de Ley Europea de Chips tiene por objeto aumentar la producción de microchips en toda la UE en respuesta al aumento de la demanda y reducir la dependencia de proveedores de fuera de Europa. Esto contrarrestaría la posición dominante de China, especialmente en la producción de chips semiconductores.

3.3.

A medida que la economía de la UE se recupera tras la pandemia, y ante el aumento de los precios, el CESE pide que se aplique con éxito la Brújula Digital y que los gobiernos de la UE ofrezcan incentivos para que las empresas sigan invirtiendo en capacidades digitales y recursos humanos. Esta inversión ayudaría a impulsar la autonomía estratégica en la transformación digital de la economía de la UE. También se considera vital la inversión de los gobiernos de la UE en la mejora de las capacidades, las infraestructuras y las tecnologías digitales.

3.4.

El CESE señala que innovaciones como la computación en nube y la IA se han convertido en importantes activos estratégicos dentro de la UE, contribuyendo positivamente al crecimiento potencial de su economía. Sin embargo, la UE sigue perdiendo terreno en la carrera mundial por desarrollar nuevas tecnologías en el mundo digital. En IA, por ejemplo, la inversión privada dentro de la UE va a la zaga respecto de inversiones similares en los Estados Unidos y China. Lo mismo ocurre en el caso de la recopilación de datos y las tecnologías de acceso a los datos y la informática cuántica, ya que la inversión de la UE en tecnologías de cadena de bloques y el internet de las cosas va por detrás respecto de inversiones similares en los Estados Unidos y China.

3.5.

El CESE también señala los diversos instrumentos financieros existentes para reducir la brecha con las inversiones estadounidense y china en tecnologías digitales. Sin duda, estos instrumentos podrían apoyar la investigación y la innovación en las tecnologías digitales, pero, como se indica en el punto 3.3, son necesarias más inversiones, por lo que el CESE pide que se redoblen los esfuerzos para crear asociaciones público-privadas en el ámbito de las tecnologías digitales y que se apoye la investigación a gran escala de la UE en el ámbito de las nuevas tecnologías con el objetivo específico de adecuarse a las capacidades de investigación estadounidenses y chinas.

3.6.

El CESE considera que la soberanía digital no consiste simplemente en que la UE recupere el terreno perdido o se sitúe por delante en la curva digital. Tampoco se trata de determinar si la soberanía digital tiene relación con el carácter proteccionista de la UE. Se trata de crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas tecnológicas que tengan sede en la UE con vistas, como se indica en el título del presente Dictamen de iniciativa, a reforzar el potencial de crecimiento económico de la UE y, de este modo, beneficiar a la sociedad de la UE en general.

3.7.

Existen razones válidas para que las empresas tecnológicas con sede en la UE necesiten recibir un trato más favorable que las empresas establecidas fuera de la UE si van a figurar entre los principales líderes digitales mundiales. Sin embargo, el CESE sostiene que los desequilibrios existentes en materia de soberanía digital se deben en parte a las barreras nacionales que siguen impidiendo la realización de un auténtico mercado único. En la actualidad, el mercado único es esencialmente un conjunto de múltiples mercados nacionales más pequeños, sin la escala necesaria para que ninguna empresa con sede en la UE pueda competir con los Microsofts de este mundo. También existen diferentes niveles de desarrollo e infraestructuras en toda la UE. Por lo tanto, no es sorprendente que el mercado digital siga estando dominado por empresas de fuera de la UE.

3.8.

El CESE también considera que abordar la soberanía digital ayudará a tratar las preocupaciones relativas a la privacidad y los datos personales, la fiscalidad, los datos y la contratación pública. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, aunque se cuente con un marco regulador más sólido. En especial, la fiscalidad se ha convertido en un ámbito de controversia, ya que las empresas tecnológicas con sede en los Estados Unidos pueden obtener ingresos a través de interacciones con los clientes de la UE, lo que plantea la cuestión de la presencia física, que suele generar la sujeción al impuesto.

3.9.

Por último, el CESE ya ha destacado en un Dictamen anterior (3) la importancia de la soberanía digital como pilar fundamental del desarrollo económico, social y medioambiental de Europa y ha subrayado que esta soberanía debe basarse en la competitividad mundial y apoyarse en una sólida cooperación entre los Estados miembros. Se trata de una condición previa esencial para que la UE se convierta en un líder mundial, especialmente en lo que respecta a la fiabilidad de las tecnologías digitales.

4.   Observaciones específicas

4.1.

El CESE pide a los Estados miembros que apliquen eficazmente el marco regulador digital destinado a proteger a los ciudadanos de la UE de los excesos del mundo digital, a la vez que se proporciona un marco para un entorno más ético y centrado en el ser humano. El CESE considera que el marco regulador debe contribuir a una gestión más eficaz del sector digital de la UE. Asimismo, la protección de los trabajadores y el derecho a la negociación colectiva deben facilitar la transición hacia la digitalización. Al mismo tiempo, las empresas tecnológicas de la UE deben disponer de suficiente espacio para innovar e reforzarse en comparación con las empresas tecnológicas de fuera de la UE, fomentando, cuando sea posible, las asociaciones internacionales.

4.2.

El establecimiento de normas para los datos de la UE contribuirá a que la UE sea más soberana en sentido nominal, pero no será suficiente para que las empresas tecnológicas de la UE alcancen la envergadura mundial de las empresas establecidas fuera de la UE. Ello solo puede lograrse mediante orientaciones políticas e inversión en investigación e innovación, así como abordando las deficiencias existentes del mercado único.

4.3.

Por lo tanto, es necesario un enfoque más prospectivo del marco regulador que conformará la economía digital en los próximos años. Igual de importante es que las plataformas en línea, los ecosistemas y las actividades en línea sean más abiertos, justos y predecibles, mediante normas relativas a la transparencia y la neutralidad de los algoritmos, así como el intercambio de datos y la interoperabilidad.

4.4.

A la hora de desarrollar la soberanía digital de la UE, el CESE pide una mayor coordinación entre las jurisdicciones nacionales y, en particular, los reguladores en este ámbito. Es necesario replantearse las estructuras de gobernanza existentes para reforzar la interacción entre los Estados miembros y facilitar la toma de decisiones conjuntas en relación con el ámbito digital. En opinión del CESE, ello será fundamental para apoyar los esfuerzos por lograr alguna forma de soberanía digital. Al mismo tiempo, el CESE advierte contra el exceso de regulación, que podría perjudicar el crecimiento económico potencial.

4.5.

El CESE apoya las peticiones para que la UE desarrolle una infraestructura en la nube y de datos para establecer su soberanía digital y abordar el enorme desequilibrio existente en el mercado de la nube y del almacenamiento de datos, que está dominado casi totalmente por empresas de fuera de la UE. Esto también ayudaría a reducir los riesgos para la seguridad de los ciudadanos de la UE. A este respecto, el CESE reitera su apoyo a la iniciativa del proyecto europeo Gaia-X de la UE, cuyo objetivo es ofrecer un entorno seguro de gestión de los datos para los ciudadanos, las empresas y los gobiernos.

4.6.

El CESE también reconoce el potencial de la UE para convertirse en líder mundial respecto de la recopilación y el tratamiento de datos, que es la columna vertebral de la economía digital. Un marco de datos de la UE para la recopilación y el intercambio de datos tiene un enorme potencial en sectores estratégicos como la salud, el mercado laboral y el transporte. Ello permitiría a los ciudadanos y las empresas acceder a datos a escala de la UE (en consonancia con las normas sobre privacidad y protección de datos) y mejoraría la eficiencia del mercado único.

4.7.

A este respecto, el CESE pide que se actualice la política de competencia dentro del mercado único y que se dé respuesta a los desequilibrios existentes, que también debería centrarse en las prácticas distorsionadoras de las empresas tecnológicas de fuera de la UE, así como en la creciente influencia de las empresas digitales chinas en la UE.

4.8.

El CESE reconoce que la consecución de la soberanía digital dependerá: i) del modo en que las empresas tecnológicas con sede en la UE se adaptan al marco legislativo; ii) de las medidas para abordar las deficiencias del mercado único; y iii) de la investigación y la innovación basadas en la UE en el ámbito digital, así como las oportunidades de inversión. Al mismo tiempo, el CESE no puede ignorar el papel que podrían desempeñar las pymes en la configuración de la soberanía digital de la UE. Aunque las pymes no disponen de los recursos financieros necesarios para configurar directamente la economía digital, sin duda pueden contribuir mediante interacciones con las grandes empresas tecnológicas de la UE.

4.9.

Por último, el CESE destaca la importancia de la educación en todos los niveles (profesional o académico) para desarrollar la soberanía digital de la UE: las instituciones educativas deben invertir en la investigación y la innovación pertinentes y debe crearse un marco de personal cualificado capaz de apoyar la estrategia digital de la UE. También se recomienda un enfoque coordinado entre las instituciones educativas de la UE.

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(1)  https://www.weforum.org/agenda/2021/03/europe-digital-sovereignty/

(2)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(3)  DO C 365 de 23.9.2022, p. 13.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Preparación para emergencias»

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 75/03)

Ponente:

Paul RÜBIG

Decisión del Pleno	24.2.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Órgano competente	Sección de Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	7.10.2022
Aprobado en el pleno	26.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	184/8/9

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que elaboren urgentemente un plan para aumentar de forma sustancial la autonomía o soberanía del mercado único de la UE en lo que respecta a las instalaciones de generación de energía, la producción de alimentos y agua y la extracción de las materias primas necesarias, así como a las tecnologías requeridas para ello. Esta autonomía o soberanía de la UE debe abarcar las correspondientes actividades de I+D, tratamiento de materiales, diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones en el mercado único de la UE con el fin de evitar la pobreza energética y el desempleo entre los ciudadanos y consumidores de la Unión. La preparación más eficaz ante las emergencias se basa en la resiliencia, ya sea técnica o social. Es preciso integrar en todas las políticas energéticas mejoras continuas de la resiliencia de los sistemas energéticos frente a las amenazas naturales, políticas o de otro tipo.

1.2.

El CESE recomienda que la UE defina urgentemente medidas a corto plazo para la construcción de instalaciones de generación de energía en el mercado único de la UE a fin de alcanzar el objetivo de autonomía o soberanía de la Unión.

1.3.

El CESE considera que la escasez generalizada y prolongada de energía en Europa puede evitarse si se toman las siguientes medidas: — mantenerse abiertos a las distintas tecnologías (en relación con aplicaciones para la producción y el uso de energía); — reforzar y desarrollar el mercado único europeo de la energía; — mejorar la cooperación y la coordinación con socios afines e intensificar la cooperación con los Estados vecinos y no pertenecientes a la UE; — aplicar una política comercial ambiciosa y diversificar los suministros; — paliar los desajustes del mercado laboral; — mejorar la comunicación y la sensibilización; — acelerar la innovación y la digitalización; — facilitar el acceso a la financiación; — garantizar inversiones suficientes (para facilitar la transición ecológica, etc.); — velar por que las políticas sean realistas. Por ejemplo, en el ámbito de la energía y el clima debemos reevaluar el paquete de medidas «Objetivo 55» con el fin de lograr un equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos para 2030 y 2050 y la búsqueda de una senda para realizar esta transición que sea viable en el plano económico y social. Los beneficios del comercio de derechos de emisión deben utilizarse para financiar un tope a los precios del gas basado en el índice Henry Hub estadounidense, así como la inversión en nuevas instalaciones de producción de energía dentro de la UE.

1.4.

Para no tener que reconsiderar los plazos del Pacto Verde, y a fin de aplicar políticas energéticas realistas, las opciones y los procedimientos de evaluación del impacto y del riesgo para el Pacto Verde y la política energética de la UE deben incluir no solo el impacto de las medidas en el clima, sino también en el poder adquisitivo de los consumidores europeos y en la competitividad de la economía de la UE, salvaguardando así el empleo en la Unión.

1.5.

Dada la gravedad de la crisis, el CESE considera que no debe descartarse ninguna medida para atajarla.

1.6.

Entre las medidas que habrán de adoptarse, una parte de la respuesta debe consistir, según el CESE, en aplicar el plan EETE de la UE (Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética) y el plan REPowerEU, en particular: — mejorar la eficiencia energética y promover la circularidad; — aplicar el plan REPowerEU para poner fin a la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos; — aumentar la capacidad de almacenamiento de gas y las operaciones coordinadas de recarga, supervisar y optimizar los mercados de la electricidad, canalizar las inversiones hacia los sistemas energéticos y mejorar la conectividad en la vecindad inmediata apoyándose en ACER (1), ORECE, REGRT de Gas (2), REGRT de Electricidad (3) y las comunidades de conocimiento e innovación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología relativas a InnoEnergy, a las materias primas y a la fabricación, a la vista de los avances en cuanto a la infraestructura europea para el hidrógeno y al almacenamiento de hidrógeno y de CO2. — Propugnamos crear 1 000 plantas de producción de energía en la UE con un procedimiento de autorización de catorce días y comenzar a invertir inmediatamente con un 50 % de ayuda financiera de la UE a partir de los ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión.

1.7.

El CESE recomienda que se aliente y apoye a los consumidores para que inviertan en su propia producción de energía y en su eficiencia energética, lo que requerirá campañas de información e incentivos fiscales.

1.8.

Además, el CESE estima que la UE debe construir nuevas infraestructuras para mejorar el transporte de energía y de recursos energéticos (gasoducto del norte de África a España) e impulsar las fuentes de energía renovables como el hidrógeno, el biometano y el amoníaco (Campfire).

1.9.

Como respuesta a la crisis, el CESE recomienda una serie de medidas a corto plazo: — salvaguardar otras fuentes de suministro, especialmente de petróleo, carbón, gas, uranio, agua, alimentos y piensos; — desarrollar planes y conceptos para impulsar el ahorro y el racionamiento de la energía en los veintisiete Estados miembros de la UE: — el racionamiento debe tener lugar según prioridades claramente establecidas, por ejemplo, negociando planes de racionamiento con las industrias de gran consumo energético y nuevos acuerdos comerciales en el marco de la OMC con nuevas prioridades en materia de alimentos, piensos, agua y saneamiento; — dar prioridad al almacenamiento y suministro de electricidad y gas para los hospitales, la atención médica, los servicios de emergencia y la atención a los ciudadanos mayores y vulnerables; — promulgar normas para garantizar niveles suficientes de las reservas de petróleo y gas; — promover el ahorro de energía y las nuevas fuentes de energía; — intensificar la I+D de la UE en investigación energética, especialmente energías alternativas, energía de fusión, almacenamiento de energía, tecnologías de hidrógeno y amoníaco, eficiencia energética de los procesos industriales de gran consumo energético y aparatos de consumo; — acelerar los procedimientos de aprobación pública de los nuevos proyectos que proporcionen energía adicional a corto y medio plazo, por ejemplo, terminales de descarga de hidrógeno en los puertos de la UE, gasoductos e instalaciones portuarias de regasificación de gas natural licuado (GNL); — solicitar que todas las empresas de la UE que produzcan o suministren productos y servicios necesarios en situaciones de emergencia garanticen su suministro de electricidad de emergencia, actualicen sus planes de emergencia, organicen formaciones periódicas en materia de emergencias, etc. (por ejemplo, empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, servicios de emergencia, servidores web públicos y proveedores de electricidad).

1.10.

Más allá de las medidas a corto plazo, el CESE también recomienda una serie de medidas a medio y largo plazo:

1.10.1.

El CESE pide a la Comisión que elabore planes y tome las siguientes medidas coordinadas a escala de la UE: — utilizar el fraccionamiento de metano mediante electrólisis/pirólisis y el reformado de metano con vapor para producir hidrógeno y carbono sólido; — utilizar las reservas de metano, diversificadas y duraderas, como materia prima para producir hidrógeno (vector energético) y carbono, y explorar plenamente los beneficios de este último como mejorador de suelos agrícolas para aumentar la producción y mejorar la seguridad alimentaria; — agilizar masivamente la adquisición de infraestructuras energéticas críticas, es decir, simplificar y racionalizar la normativa de la UE que ralentiza la contratación de infraestructuras energéticas críticas; — la nueva Directiva marco de la UE sobre el agua. Es prioritario garantizar un suministro rápido de energía. — Debe simplificarse la nueva normativa de la UE sobre la cadena de suministro. La atención debe centrarse en garantizar a la UE un suministro sostenible de materias primas y bienes fundamentales, negociado mediante acuerdos comerciales bilaterales; — reforzar las cadenas de producción y los sistemas de transporte para compensar posibles perturbaciones futuras de la disponibilidad de materias primas fundamentales para las empresas de la UE (industria y comercio); — reducir la dependencia de las importaciones de materiales fundamentales y productos prefabricados; — centrarse en la soberanía/autonomía tecnológica de la UE; — desarrollar una infraestructura de red eléctrica transfronteriza (380 kV o superior); — garantizar la producción de transformadores para el cambio de tensión eléctrica (alta/baja, corriente alterna/corriente continua); — reactivar los miles de proyectos de generación de energía (hidroelectricidad, energía geotérmica, almacenamiento hidráulico, etc.) que llevan años relegados por una baja rentabilidad (debido al gas barato procedente de Rusia) o por barreras burocráticas; — explorar nuevas tecnologías de explotación. Existen varias regiones de la UE con importantes depósitos de gas natural, que puede extraerse gracias a nuevas tecnologías recientemente desarrolladas por las universidades europeas. A la luz del objetivo de soberanía/autonomía energética de la UE, la Unión debe estudiar seriamente estas nuevas tecnologías y animar a las regiones a probarlas; — replantearse la producción local de gas/petróleo y electrocombustible, cuando sea posible y necesario, o aumentar la producción existente como medida a corto plazo.

1.10.2.

Reforzar la formación profesional y las competencias de los electricistas y los agricultores y crear puestos de trabajo en el ámbito de la gestión del agua.

1.10.3.

El CESE recomienda que se incremente el número de estudiantes europeos de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que sigue estancado, mientras los países asiáticos han aumentado considerablemente su número de estudiantes de física, TIC e ingeniería. El CESE recomienda que se lancen iniciativas y se ofrezcan incentivos para aumentar el número de ingenieros, técnicos y empleos de alta tecnología adicionales en Europa a fin de que esta alcance sus objetivos de soberanía o autonomía tecnológica.

1.10.4.

Por último, pero no por ello menos importante, el CESE considera que es preciso mantener alto el poder adquisitivo de los ciudadanos y consumidores de la UE centrándose en la soberanía o autonomía tecnológica de la Unión, lo que reducirá su dependencia de las importaciones (de tecnología y energía) y aumentará el empleo de alta tecnología en Europa.

1.11.

Para resumir las conclusiones y recomendaciones, se plantea la cuestión de si el orden de prioridades de los consumidores ha pasado de medio ambiente (1), precio (2) y seguridad del suministro (3) a seguridad del suministro (1), precio (2) y medio ambiente (3).

2.   Observaciones generales

2.1.

Definición de «gestión de emergencias»: organización y gestión de los recursos y responsabilidades para hacer frente a todos los aspectos humanitarios de las emergencias, es decir: — prevención; — preparación; — respuesta; — mitigación; — recuperación.

2.2.

Nadie sabe cuánto durará esta brutal guerra en Ucrania, cuántas infraestructuras se destruirán o cuántos millones de refugiados ucranianos huirán a los Estados miembros de la UE, lo que añadirá millones de nuevos consumidores al mercado único.

2.3.

La guerra en Ucrania tendrá sin duda consecuencias dramáticas para la UE, ya que la Unión depende en gran medida de combustibles fósiles y materias primas importados de Rusia y Ucrania. Se recomienda urgentemente invertir en instalaciones propias de minería y producción de energía para lograr la soberanía o autonomía, uno de los principales objetivos de la UE.

2.4.

En 2021, algunos países europeos obtuvieron de Rusia el 100 % de sus importaciones de gas natural y alrededor del 70 % de sus importaciones de petróleo. En septiembre de 2022, algunos países de la UE (por ejemplo, Polonia, Bulgaria y los tres Estados bálticos) habían dejado de importar gas de Rusia y muchos países de la UE habían conseguido reducir considerablemente sus importaciones de gas natural ruso aumentando las importaciones de gas procedente de otros países, principalmente de GNL a través de terminales específicas. En respuesta a esto, los precios del gas se han disparado y siguen subiendo en la UE. En julio de 2022, los precios medios del gas en la UE eran unas ocho veces superiores a los de Estados Unidos, lo que afectó negativamente a la competitividad de la UE.

2.5.

Por consiguiente, el riesgo de pérdida masiva de puestos de trabajo en la UE está aumentando. Según Eurofer, la industria siderúrgica de la UE emplea de modo directo a 330 000 personas altamente cualificadas y sostiene de modo indirecto hasta 2,2 millones más de empleos. Las industrias del aluminio, el cemento, el papel y el vidrio y las industrias químicas también emplean directa e indirectamente a cientos de miles de personas. En el mercado único, las instalaciones de producción de energía podrían proporcionar cientos de miles de nuevos puestos de trabajo bien remunerados y, por lo tanto, aumentar el poder adquisitivo de los consumidores de la UE.

2.6.

Por lo que se refiere a la seguridad alimentaria, los países europeos tratarán sistemáticamente de reducir su dependencia del trigo de Ucrania y Rusia. Tenemos que examinar las subvenciones a los fertilizantes, reservar tierras para la producción de alimentos y piensos y utilizar los residuos agroalimentarios para producir biogás.

3.   Preparación frente a las catástrofes (4)

3.1.

La UE ha hecho mucho por prepararse para las emergencias, pero la guerra en Ucrania le ha demostrado que tiene que proseguir e incluso intensificar sus esfuerzos en los siguientes ámbitos: — cortes de suministro eléctrico (apagones) causados, entre otros, por fallos técnicos o ciberataques, que podrían afectar a: — los sistemas de comunicación; — los sistemas de saneamiento, suministro de agua y tratamiento de aguas residuales; — la continuidad de la actividad industrial; — los planes de racionalización de electricidad y gas para los consumidores y la industria de la UE. Este riesgo ha aumentado drásticamente desde el inicio de la guerra de Ucrania; — perturbaciones de la disponibilidad de materias primas debidas a cortes de la cadena de producción o del sistema de transporte (por ejemplo, el atasco de cuatrocientos grandes buques de carga en el puerto de Shanghái en abril de 2022 a causa del confinamiento de la ciudad por la COVID-19); — amenazas o incidentes cibernéticos: ¿cómo podría la UE aumentar la resiliencia de las empresas y garantizar la continuidad de las actividades para salvaguardar el suministro que necesitan los consumidores de la UE? — otros ataques: las empresas deben estar equipadas para resistir los ataques y recuperarse rápidamente.

3.2.

Las emergencias y catástrofes resaltan la importancia de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (5). Las catástrofes pueden ser naturales (6), catástrofes causadas por accidentes industriales o tecnológicos (maquinaria creada por el ser humano, catástrofes nucleares, biológicas o químicas), guerras y catástrofes políticas y civiles (7), epidemias y hambrunas, y el impacto asociado a la producción de alimentos y piensos.

4.   Organizaciones importantes en el seno de la Comisión Europea

4.1.

La UE no carece de organismos competentes y especializados que ayuden a orientar el debate y los preparativos sobre la «preparación para emergencias». En particular, entre estos se cuentan: — DG ECHO (Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas) (8); — Centro de Coordinación de la Repuesta a Emergencias (9); — Red de Conocimientos sobre Protección Civil de la Unión (10); — Mecanismo de Protección Civil de la Unión (11).

5.   Ejemplos actuales de posibles emergencias críticas para los Estados miembros de la UE, especialmente en el ámbito de las instalaciones de producción de energía

5.1.

Corte de la cadena de producción de energía fósil (carbón, petróleo, gas natural, uranio). En 2021, los combustibles fósiles representaron aproximadamente el 80 % de toda la energía primaria utilizada en la UE y eran en su mayoría importados.

5.2.

Apagones y posteriores cortes de comunicación causados por fallos técnicos, guerra cibernética o atentados terroristas. La producción de energía eléctrica renovable es errática: el viento no siempre sopla y el sol no siempre brilla cuando la UE necesita grandes cantidades de energía, por lo que cualquier aumento de la capacidad de generación de energía eólica y fotovoltaica en la UE debe ir acompañado de la construcción de enormes instalaciones de almacenamiento de energía.

5.3.

La capacidad de garantizar el suministro de materias primas fundamentales (cobre, litio, cobalto, tierras raras, etc.) a través de nuevas estrategias del mercado único de la UE sobre minería, reciclado, etc.

5.4.

La capacidad de garantizar un mercado único competitivo para el suministro de productos semiacabados (por ejemplo, desde el inicio de la guerra la industria automovilística de la UE ha sufrido una grave escasez de haces de cables producidos en Ucrania).

5.5.

Las necesidades materiales para construir el enorme número de turbinas eólicas que se precisan para cumplir los objetivos de descarbonización de la generación de electricidad superan la producción mundial anual de cobre en un factor de 14 (veinticinco millones de toneladas frente a los trescientos cincuenta millones de toneladas necesarias), de aluminio en un factor de 7,2 y del acero especial necesario para las turbinas eólicas en un factor de 3,9. Los paneles solares se producen principalmente en China.

5.6.

Es urgente un suministro masivo de combustibles fósiles hasta que se construya en la UE una cantidad suficiente de instalaciones de producción de energías renovables.

6.   Respuesta

6.1.

Dada la magnitud del consumo de energía de la UE, la transición ecológica de la Unión durará unas dos décadas. El Consejo, reunido en Versalles, recomendó acelerar la transición, lo que es una tarea muy difícil.

6.2.

El principal cuello de botella que impide una transición más rápida no es solo el dinero, sino los materiales necesarios para las aproximadamente 700 000 grandes turbinas eólicas de 5 MW que se necesitan en toda la UE, y los millones de instalaciones fotovoltaicas, de energía de fusión y de energía hidráulica, y almacenamiento de energía. Además, deberán construirse instalaciones geotérmicas e instalaciones de almacenamiento de hidrógeno, amoníaco y CO2. Para distribuir la masiva cantidad de energía eléctrica adicional que se generará de forma descentralizada, habrá que ampliar a escala colosal las redes de transmisión de energía de alta y media tensión.

6.3.

Cada una de estas 700 000 grandes turbinas eólicas de 5 MW (que normalmente producen 12,5 GWh de energía eléctrica al año) tiene una altura de unos doscientos metros y una base de unas dos mil toneladas de hormigón armado y requiere aproximadamente seiscientas toneladas de acero especial, veinte toneladas de cobre y un suministro de tierras raras muy escasas, que deben importarse principalmente de China o Rusia. Si estas toneladas de materiales necesarios se multiplican por las aproximadamente 700 000 turbinas eólicas que precisa la UE, queda claro que necesitaremos gigantescas cantidades de hormigón, acero, cobre y otros materiales, cuya producción emitiría enormes cantidades adicionales de CO2. En el caso de las tierras raras (para las baterías y los generadores eléctricos), el neodimio, el disprosio, etc., el problema de la escasez es aún más grave y sería muy difícil de resolver de aquí a 2050.

7.   Mitigación

7.1.

Si Alemania continúa construyendo turbinas eólicas al ritmo de 2021, la construcción de las 70 000 turbinas eólicas necesarias para cumplir el Pacto Verde llevaría ciento sesenta años.

7.2.

En resumen, muchos ingenieros afirman que alcanzar los objetivos del Pacto Verde de aquí a 2050 es muy difícil debido a la escasez de materiales (tierras raras, cobre, acero, etc.) y de ingenieros y trabajadores cualificados (por ejemplo, electricistas): tanto lo primero como lo segundo son necesarios para cumplir el Pacto Verde de la UE.

8.   Prevención

8.1.

Se pretende que muchas industrias de gran consumo de energía pasen a usar hidrógeno ecológico o amoníaco renovables producidos con energía eléctrica renovable de aquí a 2050, por ejemplo, la industria siderúrgica, la industria química y la industria del cemento, entre otras. Muchas personas no son conscientes de que la transición de todas estas industrias de gran consumo energético requiere aproximadamente diez veces más energía eléctrica renovable que la transición hacia la electromovilidad y la descarbonización de la industria siderúrgica.

8.2.

La producción de hierro y acero representa una cuarta parte de todas las emisiones industriales mundiales de CO2. En 2020 se produjeron alrededor de 1 870 millones de toneladas de acero en todo el mundo, aproximadamente el 57 % en China y el 7 % en la UE. De los 1 870 millones de toneladas de acero producidas en todo el mundo, unos 1 300 millones de toneladas (65 %) se producen en altos hornos integrados, en los que el mineral de hierro se reduce con coque, lo que genera unas emisiones de CO2 muy elevadas (aproximadamente 1,4 toneladas de CO2 por tonelada de acero).

8.3.

En los veintisiete Estados miembros de la UE se producen unos ciento cincuenta millones de toneladas de acero al año, aproximadamente noventa millones de toneladas en altos hornos. Para transformar la producción de estos noventa millones de toneladas de arrabio (reducidas en el alto horno con coque) en hierro producido con hidrógeno ecológico renovable, se necesitarían alrededor de 360 TWh anuales de electricidad renovable (de aquí a 2050). ¡360 TWh anuales es una enorme cantidad de energía renovable! Es más electricidad renovable que la necesaria para la electrificación de todos los turismos en toda la UE. Se necesitarán al menos 30 000 grandes turbinas eólicas para producir esta electricidad renovable para la industria siderúrgica de la UE.

8.4.

En cuanto a la Unión Europea, la producción de electricidad en 2019 fue de aproximadamente 2 904 TWh, de los cuales solo alrededor del 35 % procedían de fuentes renovables. En cambio, alrededor del 38 % (1 112 TWh) se produjo a partir de combustibles fósiles y alrededor del 26 % fue de origen nuclear (765 TWh). Solo el 13 % se produjo a partir de energía eólica, el 12 % de centrales hidroeléctricas, el 4 % de centrales solares, el 4 % de bioenergía y el 2 % de fuentes geotérmicas. La mayor parte de la generación de electricidad renovable en la Unión Europea en 2019 (1 005 TWh) procedió de energía eólica (367 TWh, el 42 % de todas las energías renovables). Otro 39 % fue generado por centrales hidroeléctricas (345 TWh), el 12 % por centrales solares (125 TWh) y el 6 % restante por bioenergía (55 TWh).

8.5.

Es necesario expandir las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo para estabilizar la red en caso de apagón inminente.

8.6.

La energía hidroeléctrica debe encabezar la agenda de la política energética y climática. Las centrales hidroeléctricas construidas de forma sostenible deben gozar de reconocimiento como fuentes de energía renovables. Los gobiernos deben incluir las centrales hidroeléctricas grandes y pequeñas en sus objetivos de despliegue a largo plazo, en los planes energéticos y en los sistemas de incentivos a las energías renovables, al mismo nivel que las energías renovables variables.

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(1)  Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía.

(2)  https://www.entsog.eu/

(3)  https://www.entsoe.eu/

(4)  https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/disaster-preparedness_en

(5)  https://sdgs.un.org/es/goals

(6)  https://www.conserve-energy-future.com/10-worst-natural-disasters.php

(7)  https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/disaster-types/incidents-mass-violence

(8)  https://ec.europa.eu/echo/index_en

(9)  https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/

(10)  https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

(11)  https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Un euro digital»

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 75/04)

Ponente:

Juraj SIPKO

Decisión de la Asamblea	20.1.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	6.10.2022
Aprobado en el pleno	26.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	183/1/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El rápido proceso de innovación tecnológica en el sector financiero ha llevado al desarrollo gradual de las monedas digitales por parte de los bancos centrales de todo el mundo. Al igual que otros bancos centrales, el Banco Central Europeo (BCE y Eurosistema) decidió en julio de 2021 iniciar una «fase de estudio» previa a la posible introducción de un euro digital. El CESE se congratula de que el BCE siga trabajando en pro de la introducción de un euro digital. En la actualidad, el BCE y el Eurosistema aplican un enfoque gradual de cara a la adopción de un euro digital, que sigue un calendario establecido. Sin embargo, todavía no se ha tomado una decisión sobre la adopción de un euro digital.

1.2.

El CESE considera muy importante tener en cuenta la inclusión financiera y digital a la hora de introducir el euro digital. En este sentido, espera que el euro digital beneficie a toda la ciudadanía de la zona del euro. El euro digital debe permitir que las operaciones de pago se lleven a cabo de manera más rápida y eficiente.

1.3.

El CESE señala que el euro digital será una nueva forma de dinero. A este respecto, subraya que, si bien deben tenerse en cuenta todos los aspectos positivos y las oportunidades que ofrece su adopción, también deben señalarse todos los riesgos potenciales, especialmente en relación con el sector financiero. Por lo tanto, el seguimiento, la supervisión y la gestión de los riesgos potenciales deberán tenerse en cuenta al diseñar el euro digital.

1.4.

El CESE considera que la estabilidad financiera es una de las cuestiones clave para la introducción de un euro digital. Por lo tanto, a medida que se avance, será importante que el BCE adopte todas las medidas necesarias en el ámbito de la supervisión para combatir las operaciones ilícitas —en particular con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo— y los ciberataques.

1.5.

A medida que se prepara la posible introducción de un euro digital, el CESE considera que hay margen para hacer que el sistema de pago sea más eficiente y competitivo. El euro digital podría reducir el riesgo y, al mismo tiempo, fomentar la estabilidad financiera.

1.6.

El CESE apoya las medidas adoptadas por el BCE y el Eurosistema para introducir un euro digital. Dado que se trata de un proyecto muy complejo que, además, está fuertemente influido por el actual desarrollo dinámico de tecnologías innovadoras, será importante que el BCE plantee diversas opciones de diseño. En consecuencia, será fundamental habilitar las operaciones en línea y también fuera de la red. Además, en las operaciones de pago transfronterizas los sistemas deberán ser compatibles entre sí.

1.7.

El CESE sigue y seguirá de cerca los trabajos del BCE sobre la adopción de un euro digital. Por ello, será importante que, a medida que avance el proceso de toma de decisiones en el BCE y el Eurosistema, se adopten todas las medidas sustantivas y sistémicas para seleccionar el modelo más adecuado que garantice la inclusión financiera, la estabilidad financiera y la privacidad. En la actualidad, el BCE está estudiando y revisando diversas opciones de diseño.

1.8.

Dado que se trata de un proyecto complejo y especialmente exigente, que afecta a todos los residentes de los Estados miembros de la Unión Europea, el CESE subraya la necesidad de que la sociedad civil participe en las próximas fases de preparación, negociación y debate sobre la introducción de un euro digital.

2.   Observaciones generales

2.1.

La continua evolución de la tecnología está dando lugar a una rápida digitalización en todos los sectores de la economía, incluida la estructura social general. El rápido desarrollo y el impacto de la innovación tecnológica también pueden observarse en el sector financiero y en las entidades que prestan servicios de pago. Asimismo, el rápido proceso de digitalización prosigue en el sector público.

2.2.

Los bancos centrales de todo el mundo están debatiendo y decidiendo si introducen una moneda digital de banco central (CBDC). En este momento, los bancos centrales de Bahamas y Nigeria han adoptado una moneda digital de curso legal. Además, más de ciento diez países de todo el mundo están estudiando la posibilidad de introducir una moneda digital.

2.3.

Como el primer país del G-20 en hacerlo, la República Popular China (1) ha puesto en marcha con éxito un proyecto de moneda digital, que hasta ahora no está interconectada con otros bancos centrales de otros países. En enero de 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos publicó un estudio sobre las ventajas e inconvenientes de la introducción de un dólar digital.

2.4.

Alrededor del 90 % de los bancos centrales —que representan el 95 % del PIB mundial— están considerando adoptar una moneda digital (2). En torno a la mitad de los bancos centrales del mundo están desarrollando o llevando a cabo pruebas específicas sobre la introducción de CBDC. Además, dos tercios de los bancos centrales tienen la intención de introducir a corto o medio plazo una CBDC para las operaciones minoristas.

2.5.

Existe un consenso generalizado de que cabe esperar unos costes inferiores y unas operaciones de pago más eficientes, rápidas y seguras tras la introducción de monedas digitales por parte de los bancos centrales.

2.6.

Este proceso de adopción de monedas digitales por parte de los bancos centrales está vinculado a la dinámica evolución del mercado de criptomonedas. Además, la aparición y la rápida propagación de la COVID-19 han acelerado aún más este proceso de digitalización.

2.7.

A la hora de tomar decisiones sobre la introducción de monedas digitales de bancos centrales, será importante tener en cuenta el impacto de esa acción en la estabilidad macrofinanciera. Se prevé que los Estados que han decidido adoptar e implantar potencialmente monedas digitales obtendrán notables beneficios no solo en términos de rapidez, eficiencia y volumen de operaciones sino también en lo que respecta al funcionamiento ininterrumpido del sistema de pagos y liquidación.

2.8.

La introducción de un euro digital por parte del Banco Central Europeo (BCE) debe tener por objeto preservar el papel del dinero público como anclaje del sistema de pagos y contribuir a la autonomía estratégica europea y la eficiencia económica. Además, debe contribuir a un mercado europeo de pagos minoristas más justo, diverso y resiliente, garantizando al mismo tiempo un alto grado de privacidad y seguridad. En efecto, el Eurosistema se ha comprometido a permitir un alto nivel de privacidad. Sin embargo, habría que integrar en el marco regulador niveles de privacidad superiores a los de las actuales soluciones de pago.

3.   Principales observaciones

3.1.

El CESE señala que el BCE debe centrarse en reducir y eliminar los riesgos potenciales a medida que avanza hacia la introducción del euro digital. En cuanto al propio euro digital, hay varios modelos objeto de debate, entre los que se cuentan modelos que se basan en la validación por terceros y la validación entre pares y que funcionan en línea o fuera de la red (3).

3.2.

El CESE espera que la estrategia del BCE para adoptar un euro digital incluya un examen de los riesgos de todo tipo y que preste especial atención a la adopción de medidas destinadas a eliminar los riesgos potenciales.

3.3.

El CESE subraya que los planes del BCE para introducir un euro digital también deben centrarse en mantener la estabilidad financiera y garantizar una transición monetaria fluida. Por lo tanto, será importante seguir analizando en profundidad las diferentes características del diseño de un euro digital, también en relación con el futuro impacto del euro digital en la estabilidad macrofinanciera.

3.4.

El CESE espera que el proceso de desarrollo tecnológico también tenga en cuenta otros posibles riesgos asociados a este proceso. Así pues, en su estrategia para la adopción del euro digital el BCE se enfrentará a dos retos: garantizar la estabilidad financiera y una transición fluida de la política monetaria, por una parte, y velar por un proceso dinámico de desarrollo tecnológico e innovación, por otra.

3.5.

El CESE espera que se tomen todas las medidas necesarias contra la financiación del terrorismo y otras operaciones ilegales cuando se realicen pagos al extranjero (4). A este respecto, el CESE considera que hay un gran margen para la cooperación y la coordinación internacionales mutuamente beneficiosas entre los distintos bancos centrales y las entidades económicas y financieras monetarias internacionales (5).

3.6.

El CESE señala que, al evaluar las diferentes formas de dinero, deben tenerse en cuenta las funciones que desempeñan, es decir, las funciones de reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio. El euro digital debe utilizarse principalmente como medio de pago y no convertirse en un instrumento de inversiones financieras, lo que evitará consecuencias negativas para el sector financiero.

3.7.

El CESE considera que, para lograr el máximo efecto en lo que respecta a esta función de pago, será importante que el suministro de fondos sea suficiente y esté exento de restricciones. El CESE también señala que, en las relaciones recíprocas de pago y liquidación, será preciso que tanto las personas físicas como las jurídicas sean aceptadas. Sin embargo, será necesario disponer de herramientas que permitan evitar el uso del euro digital con fines de inversión (6).

3.8.

El CESE prevé que el BCE tendrá que hacer frente a determinados retos a la hora de considerar la introducción de un euro digital, en particular en lo que se refiere a la seguridad y eficiencia de los pagos, la inclusión financiera, la estabilidad financiera, los mecanismos de transmisión de la política monetaria, etc. Los planes de las empresas del sector privado de introducir monedas digitales han acelerado los proyectos de CBDC. Es muy importante que el BCE se anticipe a la competencia de las monedas digitales del sector privado (7).

3.9.

El CESE señala que será fundamental que el BCE decida cómo fijar las condiciones para evitar un posible fallo del mercado. Además, también será necesario determinar cómo tratar con los bancos privados y con las entidades financieras que prestan servicios de pago nacionales y extranjeros. Por lo tanto, el BCE tendrá una importante decisión que tomar en la fase preparatoria sobre el modelo de CBDC por el que hay que optar.

3.10.

Hasta ahora, estos son los modelos reconocidos para las monedas digitales de los bancos centrales: modelo directo, modelo indirecto, modelo intermedio y modelo híbrido. Además, el CESE señala que uno de los mayores retos a la hora de implantar uno de los posibles modelos para la moneda digital del BCE será la interoperabilidad entre los bancos centrales (8).

3.11.

El CESE espera que los sistemas de pago transfronterizos para las operaciones minoristas que utilicen el euro digital sean suficientemente rápidos, más baratos, más transparentes, más seguros y mucho más accesibles.

3.12.

El CESE subraya que la interconexión de los pagos minoristas facilitará la realización de operaciones individuales con arreglo a los diferentes modelos adoptados por cada banco central al introducir el euro digital. Cuanto mejor sea la interoperabilidad entre los proveedores de servicios de pago, mayor será la satisfacción de los usuarios y proveedores de servicios.

3.13.

El CESE considera que el euro digital es una nueva forma de dinero. La innovación tecnológica está dando lugar a dos formas de activos digitales: a) activos digitales de los bancos centrales y b) activos digitales privados. A este respecto, debe tenerse en cuenta no solo la competencia potencial sino también la posición del euro digital en las relaciones monetarias internacionales como segunda moneda de reserva más importante.

4.   Recomendaciones específicas

4.1.

El CESE señala que, incluso si se introduce un euro digital, el BCE, en cooperación con los bancos comerciales, garantizará que se siga proporcionando dinero en efectivo y que este pueda seguir utilizándose en las operaciones minoristas (9).

4.2.

El CESE señala que el BCE debe vigilar todos los riesgos potenciales. La «criptomoneda estable» será una medida importante para garantizar la estabilidad de la moneda en la cadena de bloques (10). Por lo tanto, será esencial especificar cómo tratará el BCE esta forma de moneda digital —criptomoneda estable—, que también podría vincularse al euro digital.

4.3.

El CESE subraya que el dinero en efectivo seguirá siendo muy importante para que una moneda sea inclusiva. Algunos sectores de la sociedad, en especial las personas mayores y las personas financieramente vulnerables, no siempre tienen acceso a cuentas digitales y tarjetas de crédito. Para ellos, el dinero en efectivo es el único medio de pago. Además, el dinero en efectivo protege contra la excesiva intrusión en la esfera privada de los ciudadanos. El creciente volumen de billetes en la economía es prueba de la confianza en esta forma de dinero, probablemente a causa de la crisis financiera de 2008.

4.4.

El CESE observa que, en la actualidad, casi todos los bancos centrales del mundo que han adoptado una estrategia para introducir una moneda digital de banco central están intentando establecer y probar la forma, el sistema, el diseño y el modelo de sus futuras monedas digitales.

4.5.

El CESE ve el dilema al que se enfrenta el BCE como resultado del proceso de innovación tecnológica (11) sobre cómo continuar con el proceso de digitalización del euro en curso, garantizando los vínculos con otras monedas digitales de bancos centrales y también la inclusión financiera y la estabilidad macroeconómica y financiera.

4.6.

El CESE prevé que la introducción de un euro digital no resolverá todas las cuestiones relacionadas con la evolución de la revolución tecnológica. Cabe esperar una disminución significativa de los métodos de pago en efectivo. Además, deberá abordarse la cuestión de la soberanía monetaria, en particular apoyando el proceso de digitalización vinculado a los pagos y las transferencias en el extranjero, lo que incluye la cuestión clave de la inclusión financiera. Todas ellas son cuestiones pendientes a las que todavía se enfrenta el BCE.

4.7.

El CESE señala que no puede aplicarse un enfoque único sobre el euro digital a todos los Estados miembros, ya que existen diferencias de un país a otro. Por ello, la transición al euro digital deberá tener en cuenta, en particular, el alcance que tendrá su uso en cada país. El euro digital se ofrecerá a toda la ciudadanía de la zona del euro, del mismo modo que ahora se ofrece efectivo a esa misma ciudadanía, independientemente de su país. Su uso puede variar en función de los hábitos y las normas de cada país.

4.8.

El CESE entiende que, a la hora de configurar las diferentes características de la introducción del euro digital, será preciso tener especialmente en cuenta las condiciones de privacidad y el calendario de su lanzamiento al mercado. También será importante utilizar la infraestructura actual y la nueva arquitectura técnica para garantizar la seguridad de las operaciones de pago y los procedimientos de identificación de los clientes.

4.9.

El CESE considera que, de hecho, el euro digital supondrá un alto grado de protección de la privacidad. Aunque aún no se ha definido con precisión el calendario, es muy recomendable realizar preparativos cuidadosos en esta fase. Además, el CESE señala que, a la hora de emitir un euro digital, el BCE tendrá en cuenta todos los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero que esto no significa que el propio BCE realice los controles KYC (conocimiento del cliente), algo que podrían llevar a cabo, por ejemplo, entidades supervisadas, en función del diseño del euro digital.

4.10.

El CESE considera que también será fundamental evaluar la soberanía nacional y el impacto en el sistema bancario europeo. Aunque en la actualidad no todo el sistema europeo de pagos es uniforme, es una gran ventaja que sea accesible a las personas físicas y jurídicas. Hasta ahora, y desde el estallido de la crisis financiera mundial, ha sido relativamente eficiente, estable y seguro.

4.11.

El CESE aboga por completar la unión bancaria. Una unión bancaria completa y genuina sería beneficiosa para seguir reforzando la resiliencia y la uniformidad del sector bancario europeo, lo que también es crucial y beneficioso a la luz de un posible euro digital.

4.12.

El CESE señala que los bancos comerciales de los países de la zona del euro se benefician actualmente de condiciones favorables para las operaciones de pago. En este contexto, se espera que los bancos comerciales y otras entidades del sector financiero, incluidas las entidades que prestan servicios de pago, cooperen intensamente con el BCE en el diseño y la introducción del euro digital.

4.13.

La introducción y aplicación de CDBC en los países de la zona del euro deberá tener en cuenta al menos los siguientes aspectos, que revisten gran importancia: i) a la hora de adoptar el euro digital como medio básico de pago, seguirá siendo necesario disponer de la opción de realizar operaciones de pago en efectivo; ii) será preciso que el euro digital pueda utilizarse y sea accesible dentro de la zona del euro, y posiblemente también en el extranjero; iii) el proceso de digitalización debe conllevar que el euro digital pueda utilizarse en las operaciones en las nuevas condiciones que no existían para los pagos en efectivo.

4.14.

El CESE espera que el BCE prepare y aplique una serie de medidas encaminadas a introducir un euro digital, de acuerdo con el calendario acordado. Además, subraya la necesidad de una cooperación muy estrecha que garantice un alto grado de interconexión de los sistemas de pago no solo dentro de los Estados miembros de la zona del euro sino también con otros bancos centrales de todo el mundo y con las entidades financieras monetarias competentes, que también proporcionarán la asistencia técnica necesaria.

4.15.

La introducción de un euro digital requerirá un conjunto completo de condiciones sustantivas y sistémicas que garanticen su eficaz funcionamiento. Dado que esto afectará a todos los ciudadanos de los Estados miembros de la zona del euro, y también a los Estados miembros de la UE, existe una clara necesidad de incluir a la sociedad civil, el mundo de la investigación y el ámbito académico en las próximas fases de los debates sobre la adopción e introducción de un euro digital.

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(1)  China puso en marcha un proyecto de yuan digital en 2014, que se utilizó durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Hasta la fecha, el yuan digital solo se ha utilizado en territorio chino.

(2)  Para más información, véase: https://news.bitcoin.com/105-countries-are-exploring-central-bank-digital-currencies-cbdc-tracker-shows/.

(3)  Para más información, véase

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov220504_magdesignfeatures.en.pdf?2e15ee7911b93a720fbdebe09cfa1a79.

(4)  Para obtener más información, véase el último Dictamen del CESE al respecto: Paquete legislativo para la lucha contra el blanqueo de capitales (DO C 152 de 6.4.2022, p. 89).

(5)  Las siguientes entidades participan más estrechamente en el proceso de introducción de una moneda digital de banco central: el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial y otras entidades económicas y financieras monetarias públicas y privadas.

(6)  Para más información, véase

https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/investigation/governance/shared/files/ecb.degov220711_tools.en.pdf?fb2430528d8f964513dd66ffcd8cbaf7.

(7)  Las monedas digitales privadas (criptomonedas) pueden competir con las monedas digitales de los bancos centrales. Desde el estallido de la crisis financiera mundial han aumentado significativamente las monedas digitales privadas.

(8)  Es importante que los diferentes modelos de sistemas de pago transfronterizos sean compatibles entre sí.

(9)  Para más información, véase el anterior Dictamen del CESE «Estrategia de Finanzas Digitales para la UE» (DO C 220 de 9.6.2021, p. 72).

(10)  La criptomoneda estable es una criptomoneda de precio fijo cuyo valor de mercado está vinculado a otros activos. A diferencia de otras criptomonedas, como el bitcóin, las criptomonedas estables pueden vincularse a activos como ciertas reservas o monedas convertibles que pueden negociarse en las bolsas, por ejemplo, el dólar estadounidense o el euro.

(11)  El desarrollo tecnológico se basa en un proceso de descentralización financiera, como en el caso de los experimentos realizados por las grandes empresas tecnológicas. Diem/Libra y la introducción de e-CNY son el resultado de un proceso tecnológico revolucionario.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Recapitalizar las empresas de la UE: una manera innovadora de lograr una recuperación sostenida e integradora»

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 75/05)

Ponente:

Antonio GARCÍA DEL RIEGO

Decisión de la Asamblea	20.1.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	6.10.2022
Aprobado en el pleno	26.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	186/0/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Según datos recientes, el déficit de capital y capital híbrido se sitúa entre los 450 000 y 600 000 millones EUR. Esto hace que muchas empresas sean vulnerables, sobre todo teniendo en cuenta que están surgiendo nuevas tensiones económicas y que las empresas de la UE están sobreendeudadas. Las empresas de la UE dependen principalmente de la financiación bancaria, por lo que deben fomentarse otras fuentes de financiación. Esto requiere la participación de agentes, como los gestores de activos, las compañías de seguros y los fondos de pensiones.

1.2.

En este contexto, el CESE recomienda el desarrollo de un marco que mejore los instrumentos financieros híbridos, de modo que sean fáciles de poner en práctica, refuercen los balances de las empresas y permitan a las empresas mantener su nivel de inversión sin aumentar su endeudamiento. Esto les permitiría seguir siendo competitivas y poder adaptarse al futuro, impulsando sus transformaciones ecológicas y digitales.

1.3.

Los instrumentos muy subordinados son la mejor alternativa posible por varias razones: i) ya existen y están regulados en diversos países europeos, lo que los convierte en instrumentos seguros para las pymes; ii) en comparación con alternativas más sofisticadas —como bonos o acciones—, son una solución ágil a largo plazo, fácil de poner en práctica y para empresas de todos los tamaños; iii) son un producto compatible con las empresas familiares, que suponen el 60 % de las empresas de la UE, ya que estas familias normalmente desean conservar el control de su empresa.

1.4.

Para ser una solución eficaz, estos instrumentos deben tener la condición de cuasicapital, a fin de no contabilizar como deuda en los balances, y situarse justo por delante de los fondos propios en los pagos en cascada en caso de liquidación de una empresa.

1.5.

Para tener un gran impacto y llegar a empresas de todos los tamaños, la mejor opción es un sistema en el que exista colaboración entre instituciones públicas y privadas, incluidos bancos, gestores de activos, sector público e inversores institucionales (aseguradoras y fondos de pensiones).

1.6.

Esta recomendación responde a un objetivo a largo plazo vinculado con una solución que puede ponerse en práctica a corto plazo y que respaldaría la unión de los mercados de capitales (UMC). Un modelo de instrumento a escala de la UE, podría beneficiarse de la visibilidad, la liquidez y la escala del mercado único y generar un amplio atractivo entre los inversores institucionales que buscan perfiles de riesgo de deuda y tipo híbrido, pero con mayores rendimientos, atendiendo a las necesidades de las pequeñas empresas. Con una magnitud suficiente a escala de la UE, un marco regulador satisfactorio podría generar una clase de activos adecuadamente definida que fomentara a su vez la inversión y la integración en la UE.

2.   Contexto general

2.1.

Las pequeñas y medianas empresas constituyen el núcleo de la economía: en la EU-27 representan el 99,8 % de número total de empresas, casi dos tercios (65 %) del empleo y más de la mitad (53 %) del valor añadido generado por el sector empresarial no financiero (1). Constituyen la economía real y el principal factor de cohesión social en muchas regiones europeas. En 2020 había más de 22,5 millones de pymes. Hay algo menos de 200 000 pymes, pero representan el 17,3 % del valor añadido y el 16 % del empleo (2).

2.2.

La COVID-19 golpeó duramente a la economía a lo largo de 2020 y durante parte de 2021, pero la rápida respuesta de los gobiernos mediante la aplicación de medidas públicas temporales evitó una ola generalizada de quiebras relacionadas con la COVID-19, principalmente a través de soluciones para abordar problemas de liquidez y a corto plazo que han desembocado en el sobreendeudamiento de las empresas de la UE.

2.3.

El final de la mayoría de las medidas de apoyo público ya concedidas coincide con nuevas tensiones que afectan a las economías mundial y europea, como la crisis energética, la inflación, el fin de la postura monetaria acomodaticia del BCE, la ampliación de las primas de riesgo, el aumento del coste de la financiación, los problemas en las cadenas de suministro y la invasión rusa de Ucrania.

2.4.

La posición de Europa como líder de la transición ecológica requerirá importantes inversiones de agentes públicos y privados. La posición debilitada de las pymes podría dificultar su adaptación a las nuevas normas y hacer que queden rezagadas respecto a las grandes empresas o las medianas empresas de otras partes del mundo.

2.5.

Dado que una elevada proporción de empresas están sobreendeudadas (3) y, al mismo tiempo, necesitan recursos a largo plazo para hacer frente a los retos futuros, se necesitan nuevas soluciones que refuercen el capital de las pymes y las pequeñas empresas de capitalización media. Las iniciativas existentes a escala europea, como el programa ESCALAR del Banco Europeo de Inversiones, suelen estar dirigidas a empresas de alto crecimiento consideradas empresas en expansión o a empresas en sus primeras fases financiadas por fondos de capital riesgo. Las nuevas soluciones deben completar las que existen actualmente y centrarse en las pymes existentes y consolidadas y las pequeñas empresas de capitalización media, que constituyen la mayoría de las empresas europeas.

2.6.

Algunos países han puesto en marcha medidas selectivas para reforzar la capacidad de inversión de las empresas, evitando al mismo tiempo el riesgo de «zombificación». En España y Francia, estos programas representan más de 30 000 millones EUR para 15 000 empresas (4), siendo el principal instrumento los préstamos muy subordinados y la calificación crediticia el criterio de selección para garantizar que los beneficiarios sean empresas viables.

3.   Observaciones generales

3.1.

El sobreendeudamiento de las empresas europeas exige algún tipo de instrumento de recapitalización que les permita mantener o aumentar su esfuerzo inversor. Los mercados públicos han apoyado razonablemente bien a las empresas cotizadas existentes hasta la fecha, pero los mercados privados carecen de la profundidad necesaria para apoyar a las empresas más pequeñas. La brecha de capital y capital híbrido a la que podría enfrentarse la UE como consecuencia de la pandemia y la reducción de las medidas de apoyo estatales se estima en entre 450 000 y 600 000 millones EUR (5).

3.2.

Las pymes y las pequeñas empresas de mediana capitalización informan en general de que les resulta más difícil acceder a la financiación que a las grandes empresas, especialmente a la financiación a largo plazo:

3.2.1.

Al solicitar un préstamo, una proporción mayor afirma que se enfrentan a obstáculos (el 7 % de las pymes frente al 4 % de las grandes empresas), tienen tasas de éxito más bajas (72 % frente a 85 %) y tasas de rechazo más elevadas (6 % frente a 2 %), así como peores condiciones, según la encuesta SAFE (6).

3.2.2.

Las empresas familiares representan más del 60 % del total de las empresas europeas, ascendiendo esta tasa hasta un 85 % en España y un 75 % en Italia, Francia y Alemania (7). Es menos probable que estas empresas busquen alternativas de capital para la financiación a largo plazo que requieran renunciar al control de la empresa.

3.3.

Además, las pymes suelen disponer de una cartera de instrumentos financieros externos menos diversificada, a menudo basados en bancos y orientados a usos a corto plazo: i) la dependencia de las pymes respecto a los bancos sigue siendo elevada en la zona del euro, y el 70 % de la financiación externa depende de los bancos, frente al 40 % en los Estados Unidos (8); ii) el 63 % de las grandes empresas declara utilizar fondos para inversión fija, frente al 38 % de las pymes y solo el 28 % de las microempresas (9).

3.4.

Por consiguiente, este Dictamen de iniciativa recomienda desarrollar un marco regulador común para los instrumentos financieros muy subordinados que impulse la recapitalización de las empresas de la UE. Este marco debe garantizar que estos instrumentos tengan una consideración de cuasicapital, de modo que no afecte a la ratio de deuda de las empresas ni a su calificación crediticia.

3.4.1.

Mediante este Dictamen, el CESE hace un llamamiento a que la UE que actúe colectivamente para desarrollar adecuadamente este marco común en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, autorizando la intervención de la Unión cuando los objetivos de una acción puedan lograrse mejor en la esfera de la Unión debido a la escala y los efectos de la acción propuesta.

3.4.2.

Este marco para los instrumentos muy subordinados debe: i) resolver la mencionada carencia de financiación a largo plazo para reforzar los balances y apoyar la inversión; ii) proporcionar a las empresas familiares un instrumento para impulsar sus inversiones a largo plazo sin renunciar al control de su empresa, ya que los estudios demuestran que están dispuestas a distribuir una parte de los beneficios o emitir instrumentos híbridos (10); iii) ser compatible con las prácticas de los principales proveedores financieros (bancos comerciales, gestores de activos, sector público) para que pueda llegar a una mayoría de las empresas; iv) ayudar a atraer a los inversores institucionales, como las compañías de seguros y los fondos de pensiones —sujetos al Reglamento sobre productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros (11)— que gestionan ahorros y son un agente clave para canalizar más activos hacia la economía real.

3.5.

Existen diferentes instrumentos muy subordinados que podrían utilizarse para reforzar los balances de las pymes y las empresas de capitalización media, como los bonos, las obligaciones convertibles, los planes de acciones duales y los préstamos híbridos (como los préstamos participativos): i) las empresas de elevada capitalización son las que utilizan principalmente la emisión de bonos, y lo hacen mediante grandes emisiones. Son complejas y caras. Por ejemplo, aunque el uso de bonos corporativos se ha generalizado considerablemente en los últimos años, solo hay 2 000 emisores activos en total, que son principalmente empresas más grandes (12); ii) los bonos convertibles privados tienen la principal ventaja de ser extremadamente flexibles en términos de estructura, ya que son un contrato privado. No obstante, esto también implica un bajo nivel de seguridad para las empresas más pequeñas, normalmente con menos conocimientos financieros, y un alto coste de operación. Son utilizados principalmente por sofisticados proveedores de capital riesgo; iii) los sistemas de acciones dobles se refieren a la emisión de dos clases de acciones, una de las cuales suele tener derechos de voto limitados o nulos, si bien proporciona capital. Aunque en algunos Estados miembros este instrumento está permitido (13) (como en los países nórdicos, Polonia, Portugal e Italia), en muchos otros (como Alemania, Francia y España) no lo está, y parece más difícil lograr un despliegue a gran escala, ya que requeriría un alto grado de adaptación a la empresa emisora de las acciones; iv) los préstamos híbridos son instrumentos de deuda profundamente subordinados y orientados al largo plazo (generalmente con períodos de gracia). Se trata de un instrumento regulado en muchas jurisdicciones, que otorga mayor seguridad a las empresas y agiliza el proceso, ya que el producto no se crea en cada operación. Además, no penaliza a las empresas en términos de endeudamiento, ya que ocupa el último rango en el orden de prelación, antes que os fondos propios.   Despliegue Viabilidad Historial Protección de la empresa Protección de los inversores Bonos Bajo Alto Bajo Medio Alto Bonos convertibles Medio Medio Bajo Bajo Alto Acciones duales Bajo Medio Medio Alto Medio Préstamos híbridos Alto Alto Medio-alto Alto Medio Fuente: Calificación de Inbonis

3.6.

Un instrumento de préstamo híbrido es la mejor alternativa por varias razones: i) representa una solución a largo plazo que es fácil de poner en práctica y ofrece una mayor protección a las empresas, en comparación con los bonos o acciones; ii) en el caso de las pymes, garantiza que no haya dilución o pérdida de control, al tiempo que tiene ventajas relacionadas con los costes, como la deducibilidad fiscal o la reducción de los costes de emisión; iii) para los prestamistas, ofrece un rendimiento atractivo, sin necesidad de implicar a los titulares en las decisiones empresariales; iv) los préstamos participativos, un tipo de préstamo híbrido, ya existen y están regulados en muchos Estados miembros de la UE, como España, Francia (prêts participatifs), Alemania (Partiarisches Darlehen) o, recientemente, Portugal (empréstimos participativos) (14).

3.6.1.

Los préstamos híbridos son el instrumento por el que optan diferentes iniciativas públicas y privadas para abordar la falta de financiación en capital en el conjunto de la UE: existen al menos seis programas en tres Estados miembros, así como algunos programas del Fondo Europeo de Inversiones, que recurren a este préstamo participativo híbrido: i) Francia cuenta con el programa Relance de un importe de 12 700 millones EUR, financiado por la administración y dirigido a 10 000 empresas, principalmente pymes, mediante préstamos participativos y bonos subordinados. Este programa lo gestionan los bancos y está financiado por inversores institucionales; ii) en España, el Fondo para la recapitalización de empresas afectadas por la COVID, dotado con 1 000 millones EU, para pymes y empresas de capitalización media que tienen problemas de solvencia pero son viables, mediante préstamos participativos; iii) España, por su parte, cuenta con su Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva por un importe de 9 000 millones EUR durante quince años (600 millones al año), financiado con fondos públicos, mediante deuda regular, préstamos participativos y capital, que está dirigido a empresas con proyectos de inversión industrial; iv) en Valencia, el banco de desarrollo regional, a saber el Instituto Valenciano de Finanzas, ha puesto en marcha varios programas de financiación que recurren a un préstamo participativo para apoyar a pymes y empresas estratégicas de capitalización media mediante un proyecto de inversión que asciende a 400 millones EUR anuales; v) los Países Bajos ha puesto en marcha un programa de apoyo a préstamos subordinados de 400 millones EUR para pymes.

3.7.

Para garantizar un despliegue eficaz que llegue a todas las pymes y tenga el máximo impacto, el mejor plan operativo es aquel que cuente con múltiples originadores y distribuidores públicos y privados, que podrían no ser los mismos. Las entidades originadoras incluyen bancos, gestores de activos y el sector público, mientras que los inversores pueden ser los propios bancos, el sector público o los inversores institucionales (aseguradoras y fondos de pensiones). Este marco se refiere a las operaciones de nueva creación, no a la titulización de las existentes. Esto es, por ejemplo, lo que se hizo en Francia con su programa Relance (15).

3.8.

Mitigación de los riesgos potencialmente percibidos de que un sistema de préstamos híbridos se distribuya a gran escala en toda Europa: Riesgo percibido Solución Supervisión del sistema bancario en la sombra La inclusión de instrumentos de gestión del riesgo, como la calificación crediticia, eliminaría el riesgo del sistema bancario en la sombra. Exclusión de bancos Un instrumento de préstamo híbrido restablecería la solvencia de las empresas, por lo que los bancos estarían dispuestos a seguir concediéndoles préstamos. Compatibilidad con la iniciativa de bonificación para la reducción del sesgo en favor del endeudamiento. Esta iniciativa también pretende evitar el endeudamiento excesivo de las empresas, por lo que es compatible con el objetivo principal de la iniciativa de bonificación para la reducción del sesgo en favor del endeudamiento. Restablecimiento de la solvencia de las empresas inviables La introducción de normas de mercado como la calificación crediticia impediría a las empresas inviables acceder a estos instrumentos. Muchos programas públicos que utilizan préstamos participativos han incluido este requisito.

4.   Observaciones particulares

4.1.

El marco propuesto para los préstamos híbridos debe cumplir determinadas normas que lo hagan atractivo para todas las partes interesadas: empresas, proveedores financieros que actúan como distribuidores e inversores institucionales.

4.2.

Es esencial que el marco garantice una consideración de capital propio para este tipo de préstamo híbrido con los siguientes efectos: i) para el cálculo del coeficiente de endeudamiento, de forma que no se añada al endeudamiento existente ni tenga un impacto excesivo en el coeficiente de endeudamiento. Por ejemplo, en Francia, el artículo 313-14 del Code monétaire et financier (Código Monetario y Financiero) establece que los préstamos participativos se consideran fondos propios a efectos de evaluar la situación financiera de las sociedades beneficiarias; ii) a efectos de la reducción de capital. Este es el caso, por ejemplo, de la normativa española, que establece que los préstamos participativos se incluyen en el cálculo de los fondos propios a efectos de la reducción de capital y la disolución de empresas, y que el reembolso anticipado o la amortización de los préstamos participativos solo puede producirse si va seguido de una ampliación de capital del mismo importe (16); iii) en caso de insolvencia, este préstamo híbrido debería tener rango subordinado, situándose después de los créditos o los acreedores ordinarios, y antes de los accionistas. Si no se interpretara la deuda de esta manera, probablemente se socavaría la capacidad de las empresas para aumentar la deuda de fuentes tradicionales. Uno de los objetivos del plan de acción de la UMC es lograr una mayor convergencia entre los diferentes regímenes de insolvencia de los Estados miembros de la UE.

4.2.1.

Existen casos en los que los préstamos híbridos tienen una consideración de capital propio con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Basilea II. Por ejemplo, cuando un préstamo híbrido tiene un vencimiento perpetuo, se considera capital propio con arreglo a las normas NIIF debido a su condición de profundamente subordinado (17). En general, los instrumentos híbridos pueden considerarse capital propio si no están garantizados, subordinados y totalmente desembolsados, si no son reembolsables a iniciativa del titular, si pueden utilizarse para cubrir pérdidas y si la obligación de pagar intereses puede aplazarse (18).

4.2.2.

El CESE recomienda modificar la Directiva Contable 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) para que el procedimiento contable esté armonizado para los préstamos híbridos u otros tipos de deuda que tengan un vencimiento superior a ocho años (20) con un período de gracia de al menos tres años y con un tipo de interés variable, parte del cual esté vinculado al «éxito» definido a discreción (por ejemplo, en materia de crecimiento, rentabilidad, etc.). Esta modificación facilitará el cómputo de los préstamos híbridos como capital a la hora de calcular el patrimonio neto de una sociedad a efectos del Derecho mercantil y a efectos contables se tratará como capital o fondos propios.

4.3.

Para evitar la incertidumbre, el instrumento debe mantener su consideración de deuda para otros fines (es decir, fiscales y jurídicos), por lo que la emisión de un instrumento similar a las acciones no debe implicar la pérdida del control de voto para las empresas.

4.3.1.

Otro punto importante tanto para las empresas como para los inversores es que los intereses periódicos pagados por el instrumento de deuda subordinada no deben ser objeto de ninguna retención o deducción fiscal en origen, de manera que el consorcio reciba los ingresos por intereses sobre una base bruta.

4.4.

Por lo que respecta a la inversión, un instrumento de cuasicapital como el propuesto se consideraría un instrumento admisible para los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), de conformidad con el artículo 10 del Reglamento FILPE (21), lo que permitiría su integración inmediata en el ecosistema financiero.

4.4.1.

Los FILPE podrían comercializarse posteriormente en la UE publicando un folleto o un documento de información clave que cumpla el requisito del Reglamento relativo al folleto (22) o el Reglamento sobre productos de inversión minorista vinculados y productos de inversión basados en seguros, respectivamente. Esto ayudaría a integrar a los inversores minoristas en la deuda privada y en la economía real, algo que aún no se ha logrado con las iniciativas de micropréstamos colectivos.

4.4.2.

Lo ideal sería que el instrumento incorporara normas de mercado como calificaciones crediticias por parte de las agencias registradas en la AEVM o evaluaciones de los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, con el fin de mejorar la base de inversores.

4.5.

Por último, esta iniciativa respaldaría a la UMC. Un enfoque a escala de la UE, un modelo de instrumento europeo común, podría aprovechar la visibilidad, la liquidez y la escala del mercado único y generar un amplio atractivo entre los inversores institucionales que buscan perfiles de riesgo de deuda y tipo híbrido, pero con mejores rendimientos, atendiendo a las necesidades de las pequeñas empresas. Con una magnitud suficiente a escala de la UE, un marco regulador satisfactorio podría generar una clase de activos adecuadamente definida que fomentara a su vez la inversión y la integración en la UE.

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(1)  Informe anual 2020/2021 sobre las pymes europeas, Comisión Europea, julio de 2021.

(2)  Informe anual 2020/2021 sobre las pymes europeas, Comisión Europea, julio de 2021.

(3)  La ratio de deuda aumentó en 18,8 puntos porcentuales entre finales de 2019 y principios de 2021, alcanzando un máximo del 164,4 %. Boletín Económico del BCE, número 2/2022.

(4)  Ministerio de Economía de Francia, COFIDES, SEPIDES, Instituto Valenciano de Finanzas.

(5)  Recapitalising EU businesses post COVID-19, AFME y PwC.

(6)  Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas (SAFE), Comisión Europea, noviembre de 2021.

(7)  European Family Businesses, EFB.

(8)  European SMEs Financing Gap, Euler Hermes.

(9)  Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas (SAFE), Comisión Europea, noviembre de 2021.

(10)  Recapitalising EU businesses post COVID-19, AFME y PwC.

(11)  Reglamento (UE) n.o 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).

(12)  The rise of non-bank finance and its implications for monetary policy transmission, 2021, BCE.

(13)  Study on minority shareholders protection, informe final, Comisión Europea

(14)  Marco legal de los préstamos participativos aprobado por el Decreto Ley 11/2022 de 12 de enero.

(15)  Dispositif de garantie aux fonds de prêts participatifs et d’obligations subordonnées (Régimen de garantía del Estado francés para préstamos participativos y fondos de obligaciones subordinadas), Comisión Europea.

(16)  Resolución, de 20 de diciembre de 1996, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

(17)  Decisión de la Comisión SA.60113 (2021/N) — Finlandia — Ayuda a Finnair por la COVID-19.

(18)  Basilea II. 4. Instrumentos híbridos de capital/deuda, anexo 1 bis. Definición de capital. d) Instrumentos híbridos de capital/deuda.

(19)  Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

(20)  Hay que recordar que la vida media de una empresa se sitúa en torno a ese lapso de tiempo y que en el caso del capital inversión es aún menor (cinco años).

(21)  Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).

(22)  Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Consideraciones adicionales sobre «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 2022»

[COM(2021) 740 final]

[Dictamen de iniciativa]

(2023/C 75/06)

Ponente:

Judith VORBACH

Decisión del pleno	24.3.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	6.10.2022
Aprobación en el pleno	27.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	133/0/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La agresión rusa contra Ucrania ha cambiado radicalmente la situación desde la adopción del primer Dictamen sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 2022 (EPACS 2022). Tras producirse la agresión, se rebajaron las estimaciones de crecimiento del PIB real de la UE y se revisaron las previsiones de inflación de la zona del euro hasta un máximo histórico, impulsado en gran medida por las subidas de precios en el mercado del gas. El CESE reconoce que todos los objetivos clave de una política económica orientada a la prosperidad están bajo presión, mientras que la fragmentación y las tensiones geoeconómicas así como la COVID-19 siguen siendo factores de riesgo importantes.

1.2.

El CESE reitera expresamente su llamamiento en favor de un enfoque de política económica equilibrado para hacer frente a problemas persistentes y responder a las crisis actuales. Los objetivos de la Unión enumerados en el artículo 3 del TUE constituyen la base de la prosperidad pasada, presente y futura de la UE, de la estabilidad política, y de una mayor convergencia, competitividad y resiliencia. No debe permitirse que la crisis actual ponga en peligro la equidad y los objetivos medioambientales. En cuanto al aumento de los precios, es urgente proteger a las empresas más vulnerables y específicamente expuestas, en particular a las pymes. Además, es fundamental mantener el poder adquisitivo de los hogares de renta baja y media, que constituyen un vector importante de la demanda económica. La solidaridad con el pueblo ucraniano, el refuerzo de la autonomía estratégica de la UE y la búsqueda de la paz también deberán ocupar un lugar central.

1.3.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se ha convertido en el instrumento clave para dar cumplimiento a las prioridades políticas de la UE en el marco del Semestre Europeo (el Semestre), ya que ha contribuido a estabilizar la economía durante la pandemia y desempeña un papel fundamental en la respuesta a la crisis actual. El CESE pide que los planes nacionales de recuperación y resiliencia se apliquen de manera que tengan repercusiones tangibles en el bienestar de las personas. Dado que las recomendaciones específicas por país van a desempeñar un papel más importante, el CESE pide un seguimiento cuidadoso y un enfoque equilibrado. El CESE aboga por una reforma del Semestre que garantice una participación de calidad de la sociedad civil organizada. Por lo que se refiere a los planes nacionales de recuperación y resiliencia, el CESE acoge favorablemente la recomendación de «partir de la correcta aplicación del principio de asociación» y pide que la participación de la sociedad civil organizada sea obligatoria.

1.4.

El CESE valora positivamente el aumento de los objetivos en materia de energías renovables y eficiencia y subraya que la sostenibilidad medioambiental debe ocupar una posición central, al tiempo que pide que se impulse rápidamente y con carácter de urgencia una reforma del mercado europeo de la electricidad. Son necesarias inversiones masivas para promover la transición ecológica y reforzar la autonomía estratégica, y el CESE hace un llamamiento a la Comisión para que ofrezca una visión estructurada que muestre qué fondos de la UE deben utilizarse y en qué medida la inversión debería estar cubierta por los programas de la UE, los Estados miembros o por instrumentos de financiación privada o mixta. El CESE recomienda poner en marcha un fondo de adaptación al cambio climático y, en el futuro, examinar también la posibilidad de reforzar NextGenerationEU o InvestEU. El CESE advierte contra el recorte de recursos destinados a objetivos sociales cuando se lleven a cabo reestructuraciones de fondos o se elabore el nuevo marco financiero plurianual.

1.5.

La realización del mercado único debería impulsar la convergencia al alza entre los Estados miembros. Deben abordarse las distorsiones y los obstáculos y hay que apoyar a las regiones para que movilicen todo su potencial. Son igualmente necesarios avances para completar la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria, así como para aplicar la estrategia de finanzas sostenibles, a fin de garantizar la estabilidad de los mercados financieros. El CESE pide que se adopte un enfoque justo y equilibrado para mejorar el entorno empresarial y la productividad. La formación y la investigación siguen siendo herramientas vitales para impulsar la competitividad, así como una doble transición justa y la autonomía estratégica. El CESE acoge con satisfacción las propuestas destacadas en la Comunicación «Nuestro modelo europeo de crecimiento», pero también destaca la importancia de reforzar la autonomía estratégica, relocalizar la producción de productos esenciales en la UE y no descuidar los objetivos sociales y medioambientales en las cadenas de suministro.

1.6.

La Comisión afirma acertadamente que el apoyo público para estimular la inversión privada debe estar bien orientado a proyectos con un claro valor añadido y que la política de competencia debe desempeñar un papel clave. El CESE hace hincapié en la importancia de la transparencia y el seguimiento para garantizar la integridad y lograr los objetivos pretendidos. Debe evitarse el efecto «ganga» garantizando que no se subvencionen inversiones que se habrían realizado de todos modos, y los presupuestos públicos no deben sobrecargarse con riesgos. Por último, las medidas de ayuda estatal también deben vincularse a la creación de puestos de trabajo de calidad y al respeto de los derechos de los trabajadores, las normas medioambientales y las obligaciones fiscales.

1.7.

El CESE respalda las recomendaciones de la Comisión para permitir el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, mejorar la inversión y seguir aplicando la cláusula general de salvaguardia a lo largo de 2023. Sin embargo, el CESE expresa reservas respecto de la limitación del aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo, así como sobre la intención de la Comisión de evaluar la pertinencia de proponer la apertura de procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Hasta ahora, las normas presupuestarias de la UE apenas se han aplicado y las sanciones nunca se han llevado a término. El CESE reitera su llamamiento para que se modernice el marco presupuestario estableciendo objetivos realistas e incorporando una regla de oro, sin poner en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo, al tiempo que se proponen directrices para un período de transición. El valor del euro deberá mantenerse en un nivel estable mediante un enfoque monetario y presupuestario equilibrado, en consonancia con una buena gobernanza macroeconómica. Por último, el CESE destaca que un sistema justo de gastos e ingresos es una condición previa de la sostenibilidad presupuestaria.

2.   Observaciones generales

2.1.

En febrero de 2022, el CESE aprobó un Dictamen exploratorio sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible (EPACS) para 2022 (1). En ese momento, la UE había sufrido recientemente la recesión más profunda de su historia (2), al tiempo que se habían adoptado medidas de apoyo sin precedentes para amortiguar el golpe y evitar una situación de inestabilidad. Con el plan NextGenerationEU la UE había alcanzado una nueva fase de política económica y solidaridad. Dado que la Comisión había asignado un papel significativo al Semestre en el MRR, aumentando así su importancia para la coordinación política, el CESE reiteró su llamamiento en favor de una mayor participación de la sociedad civil organizada. El CESE acogió con satisfacción la agenda de sostenibilidad competitiva, destacando al mismo tiempo que sus cuatro dimensiones —sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica— debían ponerse en pie de igualdad para lograr los efectos de refuerzo perseguidos y una transición ecológica y digital justa.

2.2.

Al igual que en años anteriores, el Dictamen adicional tiene en consideración el proceso del Semestre actual y aporta datos para el próximo ciclo, lo cual reviste especial importancia este año. Desde el ataque de Rusia a Ucrania, el paisaje geopolítico se ha modificado drásticamente, las prioridades han cambiado y la política se ha adaptado, tal y como se refleja en las Comunicaciones «REPowerEU» (3) y «Nuestro modelo europeo de crecimiento» (4). El Semestre, que está experimentando en sí mismo un cambio sistémico, ha demostrado ser un marco creíble para la coordinación política de la UE durante la pandemia. En el paquete de primavera, las implicaciones de la crisis actual aparecen nuevamente reflejadas de forma exhaustiva. Al igual que la Comunicación (5), el Dictamen se estructura en torno a las dimensiones de la agenda de sostenibilidad competitiva.

2.3.

La guerra en Ucrania y las consiguientes sanciones, junto con las medidas de contención aplicadas en China y la desaceleración del crecimiento en los Estados Unidos, están afectando a la economía de la UE. El rápido aumento de los precios de la energía y las materias primas alimentarias está potenciando la inflación, que erosiona el poder adquisitivo y obstaculiza la competitividad. La UE se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su ubicación geográfica, su gran dependencia de los combustibles importados y su alto grado de integración en las cadenas de valor mundiales. En las previsiones de verano, las estimaciones de crecimiento del PIB real se rebajaron al 2,7 % en 2022, mientras que las previsiones de inflación se revisaron al alza hasta alcanzar un máximo medio histórico del 8,3 % en 2022 (6). La Comisión destaca que la naturaleza y la dimensión sin precedentes de las perturbaciones producidas a causa de la guerra hace que las proyecciones sean muy inciertas. Otros incrementos de los precios, combinados con efectos indirectos, podrían reforzar los factores de estanflación, lo que tendrá probablemente repercusiones políticas. Las tensiones geopolíticas y la COVID-19 siguen constituyendo factores de riesgo graves (7).

2.4.

La reciente crisis ejerce presión sobre todos los objetivos clave de una política económica orientada a la prosperidad (8), es decir, la sostenibilidad medioambiental, el crecimiento sostenible e integrador, el pleno empleo y el trabajo de alta calidad, la distribución equitativa, la salud y la calidad de vida, la estabilidad de los mercados financieros, la estabilidad de precios, un comercio equilibrado basado en una estructura industrial y económica justa y competitiva y unas finanzas públicas estables. El CESE reitera explícitamente su llamamiento a que se aplique un enfoque político equilibrado centrado en todos estos objetivos con el fin de abordar problemas de larga data y responder adecuadamente a las actuales crisis recientes, en consonancia con el artículo 3 del TUE. La adhesión a los objetivos y principios de la UE fue el fundamento de su prosperidad pasada y constituye asimismo la base para la estabilidad política presente y futura y para una mayor convergencia al alza, competitividad y resiliencia frente a nuevas crisis. La reacción de la UE a la agresión rusa no debe poner en peligro la equidad y los objetivos medioambientales.

2.5.

Las razones del aumento de precios sin precedentes son múltiples y entre ellas cabe citar también las deficiencias de la política europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó con bastante razón que el actual diseño del mercado eléctrico ya no funciona y debe reformarse (9). El CESE insta a la Comisión y al Consejo a que impulsen rápidamente una reforma del mercado de la energía de la UE y, como parte de ella, aborden también la perjudicial volatilidad a corto plazo y el incremento de los precios a largo plazo. El CESE pide encarecidamente que se adopten medidas drásticas, extraordinarias y también medidas temporales, que podrían comenzar por el efecto «orden de mérito», la European Energy Exchange (EEX), el abuso del poder de mercado y el impacto de las transacciones especulativas y la negociación de alta frecuencia. Los precios de la electricidad deben disociarse de los precios del gas y deberá considerarse la imposición de límites máximos a los precios. Los beneficios extraordinarios deben reducirse por medio de gravámenes, procurando no desalentar las inversiones en soluciones hipocarbónicas.

2.6.

Las prioridades de la Unión deben centrarse principalmente en la solidaridad con el pueblo ucraniano, el aumento de la autonomía estratégica de la UE y la búsqueda de la paz. Esto está en consonancia con el artículo 21 del TUE, que establece, entre otras cosas, que la Unión llevará a cabo políticas destinadas a «defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e integridad», «consolidar y respaldar la democracia» y «mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional». Para ello, el CESE también reconoce los objetivos consagrados en la Declaración de Versalles del Consejo, a saber, el refuerzo de la soberanía de la UE mediante la reducción de sus dependencias estratégicas, el aumento de la seguridad del suministro en el ámbito de las materias primas fundamentales y la eliminación progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia. El CESE acoge con satisfacción las medidas adoptadas para eliminar progresivamente las dependencias de los combustibles fósiles y pide que se adopten nuevas medidas en esta dirección.

2.7.

El MRR se ha convertido en la herramienta clave para materializar las prioridades políticas de la UE con arreglo al Semestre y, de hecho, ya ha contribuido de forma decisiva a estabilizar la economía durante la pandemia, amplificar la doble transición e intensificar la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. De aquí en adelante, el MRR desempeñará un papel esencial a la hora de movilizar y dirigir recursos para responder a la crisis reciente y aplicar REPowerEU. Se invita a los Estados miembros a proponer un capítulo específico sobre REPowerEU en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia sobre la base de las nuevas recomendaciones específicas por país. El CESE destaca la importancia de aplicar planes nacionales de recuperación y resiliencia actualizados de forma eficaz y sostenible, de modo que tengan un impacto positivo y tangible en el bienestar de las personas. No obstante, relacionar la consecución de los objetivos establecidos en los planes nacionales de recuperación y resiliencia con el desembolso de tramos del MRR permite que las recomendaciones específicas por país sean más significativas. Este cambio en los procedimientos debe ser objeto de seguimiento y evaluación, y el CESE pide a la Comisión y al Consejo que garanticen un enfoque equilibrado.

2.8.

En particular, es necesario que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil participen más a escala nacional en el proceso del Semestre a fin de garantizar que todos los grupos sociales estén debidamente representados, fomentar soluciones a medida con un respaldo pleno de la sociedad civil organizada y lograr una amplia apropiación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. El CESE aboga por una reforma del Semestre que garantice una participación efectiva y de calidad mediante una Directiva o un Reglamento. Durante un proceso formal de consulta basado en normas y procedimientos transparentes, las organizaciones de la sociedad civil deben ser debidamente informadas por escrito y contar con el tiempo suficiente para analizar las propuestas y elaborar sus observaciones y propuestas. La inclusión o el rechazo de estas propuestas debe acompañarse de una justificación consignada en documentos públicos.

2.9.

En el contexto de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, el CESE aprecia la recomendación de la Comisión de «partir de la correcta aplicación del principio de asociación en la programación y ejecución de la política de cohesión», tal y como solicitó el CESE en su Dictamen sobre el EPACS 2022. La participación de la sociedad civil organizada tiene que ser obligatoria. En su primera Resolución (10) relativa a la participación de la sociedad civil en el diseño de los planes, el CESE concluyó que esta era ampliamente insuficiente en una mayoría de Estados miembros y pidió que se fijasen normas mínimas para dicha consulta. En su segunda Resolución (11), el CESE realizó un llamamiento a numerosos Estados miembros en favor de una mayor participación de la sociedad civil organizada, la transparencia en la ejecución y el seguimiento, y la transmisión de información al público, al mismo tiempo que se fomenta el diálogo en torno a los planes nacionales de recuperación y resiliencia con todas las partes interesadas, lo que también podría ayudar a evitar el uso indebido y el fraude. Por otra parte, la Resolución incluye buenas prácticas, como la creación de un órgano de seguimiento que incluya a la sociedad civil organizada, que puede constituir un ejemplo para otros Estados miembros. En su conferencia anual el Grupo del Semestre Europeo del CESE reiteró su llamamiento para que la participación de la sociedad civil se hiciera obligatoria por ley (12). Ese llamamiento en favor de una participación adecuada de la sociedad civil organizada y de los entes locales y regionales también se refleja en el informe conjunto de propia iniciativa de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la aplicación del MRR (13), que aporta la contribución del Parlamento Europeo al informe de revisión sobre la aplicación del MRR, adoptado por la Comisión Europea el 29 de julio de 2022 (14).

3.   Observaciones específicas

3.1.   La sostenibilidad energética y medioambiental

3.1.1.

La Comisión destaca acertadamente que acelerar la descarbonización «reducirá nuestra dependencia de los combustibles fósiles y también contribuirá a alcanzar nuestros objetivos climáticos para 2030». El CESE subraya que la sostenibilidad medioambiental deberá ocupar un lugar central y celebra el incremento en el objetivo de energías renovables de hasta un mínimo del 45 % de la combinación energética global de la UE, junto con el objetivo de eficiencia energética de lograr una reducción del 13 % en el consumo de energía de aquí a 2030 en el contexto del plan REPowerEU. Del mismo modo, se acogen con satisfacción las recomendaciones relativas a inversiones en energía, que deben centrarse, entre otras cosas, en apoyar a los hogares en situación de pobreza energética, promover la movilidad sostenible y la descarbonización de la industria, la investigación y la innovación y mejorar la infraestructura, en particular en un contexto transfronterizo.

3.1.2.

Ya antes de la guerra en Ucrania existía una brecha entre las necesidades de inversión y la financiación. Para alcanzar de aquí a 2030 el objetivo intermedio de una reducción de las emisiones del 55 % en comparación con 1990, las necesidades adicionales de inversión se han estimado en hasta 520 000 millones EUR anuales (15). Aparecen nuevas necesidades relacionadas con la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, la adaptación al cambio climático y las tecnologías clave, como las baterías. Por otro lado, en torno a un 30 % del presupuesto de la UE 2021-2027 se destinará a la transición ecológica. Cabe esperar que la política de cohesión aporte alrededor de 100 000 millones EUR durante esta década, mientras que 224 100 millones EUR deben proceder del MRR (16). El análisis de la Comisión ha señalado que el plan REPowerEU conlleva una inversión adicional de 210 000 millones EUR de aquí a 2027, además de lo necesario para alcanzar los objetivos de las propuestas del paquete de medidas «Objetivo 55». A fin de movilizar financiación, se han propuesto varias posibilidades, contando en gran medida con el componente de préstamo del MRR. El CESE hace un llamamiento a la Comisión para que ofrezca una visión estructurada que muestre qué fondos de la UE deben utilizarse y en qué medida la inversión debería estar cubierta por los programas de la UE, los Estados miembros o por modalidades de inversión privada o mixta.

3.1.3.

Dada la urgencia y el interés común en acelerar la transición energética, el CESE recomienda encarecidamente a los Estados miembros que aprovechen de manera rápida y exhaustiva las oportunidades que ofrecen NextGenerationEU, los planes nacionales de recuperación y resiliencia y el reciente plan REPowerEU. Si las medidas existentes resultan insuficientes para satisfacer el posible aumento de las necesidades de financiación, será preciso adoptar nuevas medidas. El CESE pide que se ponga en marcha un fondo de adaptación al clima (17) con el fin de prestar apoyo inmediato en caso de catástrofe. Sin embargo, incluso aplicando una regla de oro, algunos Estados miembros quizá no tengan la capacidad de alcanzar los importes necesarios sin poner en riesgo la sostenibilidad presupuestaria. Por lo tanto, debe considerarse la posibilidad de reforzar NextGenerationEU o InvestEU. Vincular subvenciones o préstamos a la inversión en transición energética podría constituir un punto de inflexión. El CESE pide que se adopte un enfoque justo y equilibrado para mejorar el entorno empresarial y la productividad. El CESE advierte contra el recorte de recursos destinados a objetivos sociales y a una transición justa cuando se lleven a cabo reestructuraciones de fondos o se elabore el nuevo marco financiero plurianual.

3.1.4.

La Comisión destaca acertadamente que la «transformación de la economía europea solo llegará a buen puerto si es justa e inclusiva y si todo el mundo puede beneficiarse de las oportunidades que ofrece la doble transición» (18). Estas palabras no deben caer en saco roto. El CESE reitera su petición de que se elabore una cartografía y un análisis de las repercusiones que tendrá la transición en el empleo y las capacidades (19). En tiempos de inseguridad y crisis debería recurrirse aún en mayor medida al diálogo social y la gobernanza corporativa sólida con la participación de los trabajadores y de los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada en la elaboración de políticas. Por último, todos los aspectos de la sostenibilidad medioambiental, en particular la biodiversidad y la prevención de la contaminación, deben seguir siendo prioritarios en la agenda. Debe aplicarse el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el contexto de los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

3.2.   Productividad

3.2.1.

La realización del mercado único debería fomentar la convergencia económica y social al alza entre los Estados miembros. El CESE coincide con la Comisión en que es necesario abordar las distorsiones dentro del mercado único y los obstáculos a este mercado. Ayudar a las regiones a liberar todo su potencial no solo ayudará a lograr un mercado único más integrado sino que también mejorará la productividad de la UE y contribuirá a la sostenibilidad energética, dado que la capacidad de producir energías renovables varía sustancialmente entre las regiones. Es necesario avanzar en la consecución de la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los mercados financieros a fin de impulsar una financiación e inversión fiables y sólidas. En concreto, los préstamos tomados para NextGenerationEU refuerzan los mercados de capitales de la UE y el papel internacional del euro. Además, el CESE llama la atención sobre el marco de financiación sostenible cuyo objetivo es canalizar la inversión privada hacia la sostenibilidad, al tiempo que destaca la importancia de tener en cuenta los riesgos relacionados con el clima.

3.2.2.

El CESE acoge con satisfacción un enfoque político global que incluya la inversión y las reformas a fin de mejorar el entorno empresarial y promover la productividad de forma justa y equilibrada. Las reformas deben centrarse en una administración pública eficiente, una infraestructura de transportes moderna, una educación y formación de calidad y en la eficiencia de los recursos. El CESE conviene con la Comisión en que resulta esencial disponer de sistemas judiciales independientes, de calidad y eficientes y de marcos de lucha contra la corrupción que funcionen correctamente. La investigación y la innovación, junto con la educación, siguen siendo una herramienta vital para impulsar la productividad, la competitividad, las transiciones verde y digital, la convergencia al alza y la autonomía estratégica de la UE. El CESE celebra las recomendaciones de la Comisión para, entre otras cosas, facilitar las transferencias de conocimiento, producir excelencia, fomentar la innovación empresarial y atraer talento.

3.2.3.

El CESE desea formular las observaciones sobre la Comunicación «Nuestro modelo europeo de crecimiento» que figuran a continuación. La Comisión destaca medidas encaminadas a reducir las dependencias estratégicas, como asociaciones internacionales, alianzas industriales, inversiones públicas y privadas y, en concreto, la diversificación de las cadenas de valor. El CESE subraya la importancia de que la UE promueva una agenda de libre comercio de manera justa sin descuidar los objetivos medioambientales y sociales en las cadenas de suministro. Por lo que respecta al abastecimiento de materias primas y suministros fundamentales, la UE no debe crear nuevas dependencias de Estados que no compartan los valores de la UE, sino esforzarse por alcanzar la autonomía estratégica. Además, la producción de productos clave, como los medicamentos, debe relocalizarse en la UE a fin de garantizar su disponibilidad en caso de emergencia.

3.2.4.

La digitalización es un factor que facilita la transición ecológica, la productividad y la competitividad. La Comisión destaca acertadamente cuatro ámbitos de acción, a saber, la educación, las capacidades y las competencias digitales; las infraestructuras digitales y de conectividad seguras y sostenibles; la transformación digital de las empresas; y la digitalización de los servicios públicos y los sistemas educativos. A fin de lograr estos objetivos, se necesitan más inversiones en tecnologías digitales clave, incluidas la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los espacios de datos y los semiconductores. El CESE pide una digitalización sostenible que salvaguarde los derechos sociales, mejore la eficiencia energética y reduzca los residuos electrónicos y el uso del agua.

3.2.5.

La Comisión sostiene que una gran parte de las inversiones para financiar la doble transición y aumentar la resiliencia procederá del sector privado, mientras que las inversiones públicas deben estar bien orientadas y ayudar a atraer inversiones privadas y corregir las deficiencias del mercado. En la actualidad, la UE tiene como objetivo movilizar al menos un billón de euros a lo largo de la próxima década a través del presupuesto de la UE y los instrumentos asociados. La Comisión afirma acertadamente que el apoyo público debe estar bien orientado a proyectos con un claro valor añadido y que la política de competencia debe desempeñar un papel clave. En particular, en el contexto de InvestEU o programas similares, el CESE destaca la necesidad de transparencia y seguimiento para garantizar la integridad y alcanzar los objetivos previstos. Debe evitarse el efecto «ganga» garantizando que no se subvencionen inversiones que se habrían realizado de todos modos. Las asignaciones deben ser transparentes y los riesgos deben compartirse de manera jurídicamente vinculante, de modo que los sectores públicos no se vean sobrecargados. En comparación con la financiación pública, no deben aumentar los costes, y las medidas de ayuda estatal deben vincularse a la creación de puestos de trabajo de calidad y al respeto de los derechos de los trabajadores, las normas medioambientales y las obligaciones fiscales.

3.3.   Equidad

3.3.1.

A pesar de que la UE es relativamente próspera en comparación con el resto del mundo, las desigualdades entre Estados miembros y regiones, y dentro de estos, representan un gran reto. La Comisión señala que, gracias a una rápida respuesta política, las desigualdades globales de renta y el riesgo de pobreza o exclusión social se mantuvieron relativamente estables entre 2019 y 2020, si bien los efectos a medio plazo siguen siendo inciertos. Muchas personas que ya afrontaban las perores situaciones, se han visto desproporcionadamente afectadas. Las subidas de precios han golpeado con mayor crudeza a los hogares de ingresos más bajos. Además, los precios de la vivienda siguieron experimentando un fuerte ascenso, registrando en algunos Estados miembros el crecimiento más rápido en una década, al mismo tiempo que están empezando a subir los tipos de interés. Millones de personas en la UE disponen de rentas reducidas y tienen dificultades para llegar a fin de mes. Persisten enormes incertidumbres, las catástrofes relacionadas con el clima aumentan y la doble transición está provocando cambios estructurales.

3.3.2.

La sostenibilidad social no es solamente un objetivo en sí misma, sino también una condición previa para lograr una situación económica y política estable, una productividad justa y competitividad. La disminución de los ingresos reales y el hecho de que las expectativas se hayan visto empañadas afectan no solo al bienestar individual, sino también a la demanda económica y, por lo tanto, a los planes de inversión, producción y crecimiento. Además, mientras que el sector bancario demostró ser resiliente y el número de préstamos dudosos se ha reducido sustancialmente, excepto en el caso de tres Estados miembros, esta resiliencia puede verse comprometida si se produce otra recesión económica. El CESE advierte sobre estos efectos indirectos. En cuanto al aumento de los precios, es urgente proteger a las personas más vulnerables y mantener el poder adquisitivo de los hogares de renta baja y media, que constituyen un vector importante de la demanda económica.

3.3.3.

El CESE valora positivamente las medidas adoptadas para proteger a los más vulnerables y aliviar las repercusiones sociales de las múltiples crisis en la UE, como el instrumento SURE, y para apoyar a las personas que huyen de Ucrania. El CESE también coincide con la Comisión en la importancia de garantizar el acceso a una educación de calidad a todos los niveles, así como de contar con una cobertura adecuada por medio de redes de seguridad social y de viviendas sociales y asequibles, junto con sistemas sanitarios efectivos, resilientes y sostenibles. El CESE llama la atención sobre la necesidad de apoyar también a los jóvenes afectados por la crisis energética. De hecho, la plena aplicación del pilar europeo de derechos sociales resulta fundamental: su aplicación en el ciclo del Semestre Europeo junto con su seguimiento a través del cuadro de indicadores sociales es un paso en la dirección correcta. Por último, aunque no por ello menos importante, se acogen muy favorablemente las reformas y las inversiones dentro de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, que contribuyen a la inclusión social y a la resiliencia.

3.3.4.

Las entrevistas realizadas en el contexto de la Resolución del CESE sobre la participación de la sociedad civil organizada han puesto de manifiesto que la dimensión social está relativamente infradesarrollada en algunos planes nacionales de recuperación y resiliencia. El CESE recomienda que se preste atención a los efectos distributivos y que se considere con detenimiento el pilar europeo de derechos sociales en el contexto de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Es más, el CESE solicita que se facilite una estimación de la inversión necesaria para aplicar el pilar. El CESE subraya la importancia de lograr un equilibrio entre las libertades económicas y los derechos sociales y laborales. Los derechos de protección nacionales a favor de los trabajadores no deberían nunca clasificarse como obstáculos administrativos al mercado (20). A la hora de consolidar el mercado único, deberán respetarse por igual los derechos sociales y laborales con el fin de salvaguardar de un modo justo los avances de la UE hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

3.4.   Estabilidad macroeconómica

3.4.1.

La activación y ejecución de apoyo al presupuesto a gran escala en el ámbito nacional y de la UE contribuyeron de forma decisiva a proteger la estabilidad económica, social y política, sobre todo porque permitieron aumentar la confianza. Además, mientras que la recuperación económica se ha visto gravemente afectada desde el estallido de la guerra, es muy probable que la orientación expansiva de la política presupuestaria en 2022 ayude a moderar nuevamente las repercusiones de la reciente crisis y a proteger la estabilidad. El CESE apoya las recomendaciones de la Comisión para posibilitar el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y mejorar la inversión para poner en marcha la doble transición. En concreto, acoge con gran satisfacción el hecho de que la cláusula general de salvaguardia continúe aplicándose a lo largo de 2023, dado que, efectivamente, la situación económica de la UE no ha vuelto a la normalidad y los Estados miembros tienen que ser capaces de reaccionar con rapidez en caso necesario. Consciente de que el BCE ha aumentado los tipos de interés por primera vez en once años, el CESE pide encarecidamente que se adopten medidas políticas para garantizar la moderación de los diferenciales de rentabilidad de la deuda soberana y evitar las turbulencias de los mercados financieros a fin de no poner en peligro la inversión privada en la transición energética y evitar una recesión. Aunque estos objetivos pueden requerir un amplio uso del conjunto de instrumentos del BCE, la política monetaria por sí sola no será capaz de frenar la dinámica actual de los precios de manera sostenible.

3.4.2.

El CESE celebra las medidas fiscales discrecionales para amortiguar los efectos de los elevados precios de la energía, que se estiman en un 0,6 % del PIB de la UE en 2022 para las industrias más vulnerables y específicamente expuestas. No obstante, la escasez de energía y las repercusiones en los precios de otras materias primas podrían ser también importantes a medio plazo, junto con las tensiones geopolíticas actuales y una mayor presión a la baja sobre la economía de la UE. Además, las perspectivas de bajo crecimiento junto con la intensificación de la presión sobre los precios plantean nuevos dilemas para la política económica de la UE. Por lo tanto, el CESE apoya la recomendación de la Comisión de que la UE debe estar preparada para reaccionar a los cambios que se produzcan en la situación económica. Debe observarse con detenimiento la situación para detectar a tiempo los factores adversos nuevos que hagan necesario un impulso fiscal y poder anticipar la necesidad de ampliar las medidas de apoyo.

3.4.3.

El CESE expresa reservas en relación con la limitación del aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial de la producción a medio plazo en los Estados miembros fuertemente endeudados, al tiempo que destaca que cualquier control de los gastos primarios corrientes tiene que tener en cuenta el impacto social y advierte contra los recortes en el gasto social, sanitario y educativo. Por el contrario, las divergencias entre los Estados miembros deben abordarse de una manera orientada a la prosperidad, por ejemplo promoviendo la investigación y el desarrollo y fomentando la formación. El CESE tiene asimismo dudas sobre la evaluación de la pertinencia de proponer la apertura de procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023, y señala que las normas presupuestarias de la UE apenas se aplicaron (21) y que las sanciones de la fase 2 del procedimiento de déficit excesivo nunca se llevaron a término, puesto que en una época de dificultades económicas habrían empeorado aún más la situación. Además, el CESE pone en entredicho la posibilidad de aplicar procedimientos de déficit excesivo mientras la cláusula de salvaguardia sigue activa.

3.4.4.

El CESE reitera sus consideraciones en relación con las deficiencias del marco presupuestario actual y repite su llamamiento a que se modernice el marco, entre otras cosas, estableciendo objetivos de deuda y déficit realistas y operativos (22), incorporando una regla de oro de la inversión y permitiendo mayor flexibilidad y diferenciación específica por países sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. El valor del euro deberá mantenerse en un nivel estable mediante un enfoque monetario y presupuestario equilibrado, en consonancia con una buena gobernanza macroeconómica. El CESE ha instado asimismo a la Comisión a que proponga directrices para un período de transición, durante el cual no debe activarse el procedimiento de déficit excesivo antes de que el marco revisado entre en vigor (23). Por otra parte, el Parlamento Europeo destacó en su Resolución del 8 de julio de 2021«la importancia de contar con una senda clara hacia un marco presupuestario revisado, preferiblemente antes de la desactivación de la cláusula general de salvaguardia», y subrayó que «la aplicación del marco presupuestario vigente, en particular las trayectorias de ajuste, conllevaría una gran velocidad de reducción de la deuda, que podría socavar la senda de recuperación de las economías». Por último, con el fin de evitar riesgos para la estabilidad y aumentar la capacidad de preparación y respuesta ante las crisis, debería sopesarse la conveniencia de crear fondos de la UE adecuados.

3.4.5.

El CESE apoya plenamente la recomendación de que deben seguir realizándose esfuerzos concertados para intensificar la lucha contra la planificación fiscal agresiva y la evasión fiscal, así como los efectos indirectos resultantes entre los Estados miembros, y pide que se lleve a cabo una acción coordinada. El CESE acoge con satisfacción el acuerdo de la OCDE para la reforma del impuesto de sociedades y anima a los Estados miembros a que lo apliquen rápidamente. La UE debería promover este acuerdo a nivel internacional, en particular entre sus principales socios comerciales. Además, se valoran positivamente las estrategias para desviar la carga fiscal del trabajo y —siempre que los efectos distributivos se tengan plenamente en cuenta— dirigirla a apoyar la doble transición. Por ejemplo, los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria son menos distorsionadores y permitirían alejar la carga fiscal del trabajo. Por otra parte, el CESE llama la atención sobre el hecho de que, cuando se habla de garantizar una política presupuestaria prudente, solo se abordan las medidas relacionadas con los gastos, no las medidas relacionadas con los ingresos. A fin de cuentas, un sistema de ingresos justo es una condición previa para la sostenibilidad presupuestaria y el restablecimiento de unas finanzas públicas saneadas, en particular en los países muy endeudados.

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(1)  Véase el Dictamen del CESE sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 2022 (DO C 275 de 18.7.2022, p. 50).

(2)  Véanse las Previsiones económicas europeas.Primavera de 2020 (europa.eu), página 1.

(3)  COM(2022) 230 final.

(4)  Comisión Europea Comunicación titulada «Hacia una economía ecológica, digital y resiliente: nuestro modelo europeo de crecimiento».

(5)  Comunicación «Semestre Europeo de 2022 — Paquete de primavera», Comisión Europea (europa.eu).

(6)  Previsiones económicas del verano 2022: La guerra rusa empeora las perspectivas (europa.eu).

(7)  Previsiones económicas de primavera de 2022: La invasión rusa pone a prueba la resiliencia económica de la UE, Comisión Europea (europa.eu).

(8)  Véase el Dictamen del CESE sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 2022 (DO C 275 de 18.7.2022, p. 50).

(9)  Discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante el debate en el pleno del Parlamento Europeo (8.6.2022) sobre las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 30 y 31 de mayo de 2022.

(10)  DO C 155 de 30.4.2021, p. 1.

(11)  Véase la Resolución del CESE «Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Cómo se puede mejorar?» (DO C 323 de 26.8.2022, p. 1).

(12)  Conferencia anual GSE 2022, Comité Económico y Social Europeo (europa.eu).

(13)  2021/2251(INI), punto 88.

(14)  COM(2022) 383 final.

(15)  Frente a los 683 000 millones EUR al año invertidos durante la pasada década. En un escenario intermedio, las necesidades de inversión anuales adicionales se estimaron en 360 000 millones EUR de media hasta 2030. Véase Bruegel Policy Contribution n.o 18/21, Septiembre de 2021. Será necesario realizar aún más inversiones con posterioridad a 2030.

(16)  COM(2022) 231 final.

(17)  Dictamen del CESE Fondo de adaptación al cambio climático financiado por el Fondo de Cohesión y NextGenerationEU, (DO C 486 de 21.12.2022, p. 23).

(18)  Comunicación de la Comisión Europea Hacia una economía ecológica, digital y resiliente [COM(2022) 83 final].

(19)  Dictamen del CESE «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática» (DO C 275 de 18.7.2022, p. 101).

(20)  Véase el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 2022 (DO C 275 de 18.7.2022, p. 50), punto 3.2.3.

(21)  Según las previsiones del FMI de octubre de 2015, cabía esperar que nueve Estados miembros no cumpliesen la regla de reducción del 1/20 de la deuda en los tres años siguientes. La segunda fase del procedimiento de déficit excesivo no se llevó a cabo (Bruegel Policy Contribution, marzo de 2016).

(22)  Klaus Regling, director del Mecanismo Europeo de Estabilidad, propone que se ajuste la ratio de endeudamiento del 60 % al 100 %, manteniendo al mismo tiempo el déficit anual al 3 % del PIB.

(23)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 227 y DO C 105 de 4.3.2022, p. 11.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Consideraciones adicionales sobre la «Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro»

[COM(2021) 742 final]

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 75/07)

Ponente:

Juraj SIPKO

Decisión del pleno	22.3.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	6.10.2022
Aprobado en el pleno	27.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	170/1/2//

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE señala que el actual desarrollo económico de la zona del euro y de la Unión Europea se caracteriza por un nivel particularmente elevado de incertidumbre económica, geoeconómica y política. Tal incertidumbre se deriva de dos perturbaciones sistémicas en curso, a saber, la prevalencia continuada de la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. Existe asimismo un nuevo riesgo asociado a la fragmentación en diversos sectores del comercio internacional, los pagos, y los mercados financieros y de capital, que también atañe a la manufactura, la investigación y el transporte. Los riesgos sistémicos han provocado una enorme acumulación de deuda pública y un crecimiento de la inflación. No obstante, abordar el cambio climático sigue constituyendo el mayor reto que afrontan la zona del euro y los Estados miembros de la UE.

1.2.

El CESE reitera que la lucha contra la prevalencia continuada de la COVID-19 dista mucho de haber concluido. Por tanto, deben adoptarse todas las medidas sustantivas y sistémicas necesarias para afrontar esta enfermedad, preparándose al mismo tiempo para otras posibles epidemias y pandemias. El CESE subraya, como ha confirmado la experiencia de los dos últimos años, que la mayor tasa de rentabilidad de la inversión se obtiene en el sector sanitario.

1.3.

El CESE apoya el fin de la agresión rusa y de la guerra en Ucrania, así como el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania. Esto puede crear las condiciones para un crecimiento económico resiliente, inclusivo y sostenible en los países de la zona del euro y en los Estados miembros de la Unión Europea.

1.4.

El CESE sigue de cerca las tendencias inflacionarias, sumamente desfavorables, que se derivan en esencia del aumento de los precios de las materias primas, los alimentos y la energía, así como de la perturbación de las cadenas de suministro. En esta situación, el aumento de los tipos de interés no es una herramienta especialmente eficaz. Una política monetaria demasiado restrictiva también puede agravar los riesgos de recesión y retrasar las inversiones privadas en la transición energética que tanto urgen. Por consiguiente, el CESE recomienda que el Banco Central Europeo (BCE) lleve a cabo una evaluación adecuada de la proporcionalidad, analizando cuidadosamente los efectos secundarios de una política monetaria más restrictiva y sus consecuencias para los objetivos de estabilidad de los precios a largo plazo. No obstante, el CESE anima al Banco Central Europeo a reducir la inflación subyacente sin comprometer la recuperación económica de la UE. Debido a los citados riesgos, el BCE debe actuar con cautela a la hora de normalizar la política monetaria.

1.5.

En vista del acusado incremento de los precios de la energía y de los alimentos, el CESE recomienda que los responsables de la formulación de políticas económicas nacionales instauren una red de seguridad social eficaz y operativa para los sectores de la población más vulnerables, incluidos los segmentos más afectados de la clase media.

1.6.

El CESE expresa su preocupación por el aumento actual de la tasa de endeudamiento público. Por consiguiente, recomienda que se den pasos hacia el saneamiento de las cuentas públicas a medio plazo. Con vistas a reponer los presupuestos nacionales, el CESE considera que existe margen para una fiscalidad justa, y con ella, para el uso eficaz de los fondos públicos.

1.7.

El CESE señala que la activación de la cláusula general de salvaguardia como consecuencia de la COVID-19 fue una decisión acertada. Aunque se ha prorrogado hasta 2023, habrá que considerar una nueva prórroga si persisten los riesgos sistémicos. Por consiguiente, el CESE confía en que la Comisión Europea prepare sin demora medidas concretas para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

1.8.

Pese a los progresos realizados con vistas al establecimiento de una unión financiera, deben adoptarse y ejecutarse todas las medidas sustantivas y sistémicas necesarias para completar la unión bancaria y la unión de los mercados de capitales. A este respecto, el CESE pide a las organizaciones responsables y a las instituciones competentes que aúnen fuerzas para crear una unión financiera.

1.9.

El CESE destaca el impacto negativo de la fragmentación. Señala la inestabilidad del mercado de bonos soberanos en los mercados de la zona del euro. En este sentido, el CESE acoge con satisfacción el anuncio del Banco Central Europeo, de 15 de junio de 2022, sobre su intención de preparar medidas para combatir la fragmentación en la zona del euro.

1.10.

El CESE apoya la transformación de las economías de la zona del euro. Al mismo tiempo, señala el riesgo existencial asociado al cambio climático. En vista de ello, y a pesar de la compleja e imprevista evolución geoeconómica, recomienda la transición a fuentes de energía renovables y el uso de los recursos financieros disponibles en el marco del plan de recuperación, así como de otros recursos financieros, incluido el apoyo de la financiación del sector privado.

1.11.

Al igual que otros Estados miembros de la UE, los que integran la zona del euro se enfrentan actualmente a perturbaciones, riesgos y amenazas sistémicos. Por lo tanto, dado el período crítico que atraviesa la humanidad, el CESE insta a todos los países e instituciones internacionales competentes a trabajar juntos para abordar todos los riesgos, perturbaciones y amenazas sistémicos sin precedentes que afronta el mundo actualmente. Retrasar la adopción y ejecución de medidas puede tener consecuencias de gran alcance, no solo en cuanto a pérdidas materiales, sino también —y sobre todo— en lo que atañe a la vida humana.

2.   Antecedentes y contexto

2.1.

Actualmente coexisten dos perturbaciones sistémicas reales, derivadas de la COVID-19 y de la invasión rusa de Ucrania, que, junto con la subsiguiente fragmentación geoeconómica, han generado un elevado grado de incertidumbre. Además, el incremento de los precios de las materias primas y de los alimentos hace correr riesgos socioeconómicos significativos tanto en la zona del euro como en la UE. A la luz de la amenaza existencial que plantea el cambio climático, uno de los mayores retos para la zona del euro y los Estados miembros de la UE consiste en la transición a una economía ecológica.

2.2.

La evolución económica actual se ve acompañada de perturbaciones externas reales sin precedentes en los países de la zona del euro. Por tanto, desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos subyacentes, tal evolución no puede considerarse estable. Además, algunos Estados miembros específicos de la zona del euro afrontan retos estructurales de larga duración en su camino hacia la construcción de unas economías sostenibles, resilientes e integradoras.

2.3.

Antes de estas dos perturbaciones sistémicas, la inflación era relativamente baja en casi todos los Estados miembros de la zona del euro. Incluso, antes del inicio de la crisis climática, se registraron tasas de inflación relativamente inferiores y algunos países de la zona del euro llegaron a experimentar deflación. La dinámica actual de la inflación requiere emplear profusamente las herramientas del BCE. Actualmente, la inflación constituye uno de los mayores riesgos para un crecimiento económico sostenible, resiliente e integrador en la zona del euro. Reducir y estabilizar la inflación y mantenerla acorde con el objetivo fijado al respecto, es decir, por debajo del 2 %, son tareas que no pueden llevarse a cabo sin introducir cambios adecuados en la política monetaria del Banco Central Europeo. En este contexto, el Consejo de Gobierno ha adoptado las medidas necesarias para cumplir el mandato del BCE de alcanzar la estabilidad de los precios y salvaguardar la estabilidad financiera. En el futuro inmediato es importante que el BCE actúe con cautela a la hora de normalizar la política monetaria.

2.4.

La inflación es la más alta registrada desde la creación de la unión monetaria europea. Se deriva de toda una serie de factores que dieron lugar a un incremento gradual de las tasas de inflación incluso durante el agravamiento de la crisis mundial de la COVID-19. La recuperación económica en la zona del euro en curso actualmente ha exacerbado aún más esta tendencia negativa como resultado de la reducción de la oferta. La invasión rusa de Ucrania también ha contribuido al aumento de los precios. Es legítimo preguntar hasta qué punto la política monetaria del Banco Central Europeo, utilizando todos los instrumentos disponibles a su disposición, puede frenar el crecimiento de la inflación y reconducirlo gradualmente al objetivo declarado al respecto, y mantenerlo dentro de dicho objetivo, sin poner en peligro la estabilidad de la moneda única ni la recuperación económica tras la crisis de la COVID-19.

2.5.

Las tendencias actuales de la inflación no son temporales ni a corto plazo (como se señaló en otoño de 2021), y por el contrario denotan un alto grado de incertidumbre. En el segundo semestre del año pasado, los aumentos de precios se debieron principalmente a la evolución en el mercado de la energía, la perturbación de las cadenas de suministro, una subida inusualmente pronunciada de los precios de las materias primas y unos costes de transporte más elevados. Dado que las causas de la dinámica actual de los precios son complejas, la política monetaria por sí sola no logrará reducir la inflación. Lo que se necesita es una diversificación de las importaciones de energía y, por lo tanto, disminuir la dependencia de los suministros procedentes de Rusia. La diversificación brinda asimismo a los Estados miembros de la zona del euro una oportunidad histórica para acometer reformas estructurales urgentes (por ejemplo, reformas administrativas, reformas judiciales y reformas destinadas a fortalecer el Estado de Derecho) y reducir la dependencia respecto a las importaciones de insumos energéticos tradicionales. Además de ello, es necesario intervenir en el mercado para controlar la volátil dinámica de precios que existe actualmente en el mercado de la energía. En ese sentido, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión en favor de una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía.

2.6.

Al mismo tiempo, está demostrado que muchas empresas han podido ampliar sus beneficios unitarios pese al aumento de los precios de la energía. El análisis del BCE pone de relieve que los beneficios han contribuido de manera decisiva a la inflación interna general, ya que las empresas repercutieron los costes más elevados, y protegieron y ampliaron los márgenes de beneficio. Las intervenciones en el mercado del sector de la energía también podrían calmar la dinámica de los precios.

2.7.

Los actuales aumentos de precios están relacionados principalmente con la oferta. Esta tendencia afecta negativamente a la competitividad de la zona del euro, dando lugar a mayores costes y ejerciendo una presión al alza sobre los sueldos y salarios en un período de recesión económica. En caso de mantenerse este patrón adverso, podría dar lugar a una situación de estanflación (aunque por el momento no se observa en el conjunto de los países de la zona del euro). En términos históricos, hace casi 40 años se produjo una situación de estanflación. No se puede descartar que, si continúan las perturbaciones sistémicas externas, se produzca una estanflación poco recomendable. Por otra parte, el CESE señala posibles efectos adversos sobre la demanda si los perceptores de rentas bajas y medias se ven afectados por pérdidas en los salarios reales.

2.8.

En 2021 se registró una tendencia relativamente favorable del crecimiento económico en todos los Estados miembros de la zona del euro, sin expectativas de una brusca desaceleración de los flujos de inversión y comercio como resultado de los elevados niveles de incertidumbre económica. La crisis mundial de la COVID-19 puede intensificar la brecha en cuanto al crecimiento económico en la zona del euro si no se adoptan y acometen reformas estructurales. Tal tendencia a la divergencia puede incidir fuertemente en la convergencia y exacerbar este desarrollo adverso en todos los Estados miembros de la zona del euro.

2.9.

A corto plazo, las perspectivas de crecimiento potencial de la inversión no son alentadoras. Los instrumentos adoptados para la recuperación posterior a la COVID-19 (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) han comenzado a debilitarse en cierta medida como resultado de la incertidumbre en materia de inversión causada por la guerra de Ucrania. Por tanto, es importante que las distintas economías puedan hacer frente en cada caso a la continua perturbación de los flujos de comercio e inversión y a la incertidumbre que persiste en torno a la economía mundial, pero sobre todo al alto grado de incertidumbre en los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro.

2.10.

La desaceleración económica también se deriva de las importantes subidas de los precios de la energía que afrontan los hogares. Algunos Estados miembros han adoptado medidas para abordar el crecimiento de los precios en forma de subvenciones, modificaciones del régimen del IVA, incluidas diversas cotizaciones sociales adicionales, y tarifas energéticas sociales para los hogares con los niveles de renta más bajos. En este sentido, es necesario reconsiderar el uso eficiente de la energía en los hogares, y modificar los hábitos de consumo energético. El incremento de los precios de la energía ha llevado a una supresión gradual de otros artículos de la cesta de la compra, respecto a los que se ha registrado ya una caída de la demanda. Además, el aumento de los precios de la energía para los hogares da lugar a un cambio en su patrón de consumo, y a una caída significativa del consumo de determinados artículos. En cualquier caso, la energía es un bien básico y su consumo solo puede reducirse en una medida limitada, lo que significa que los hogares más desfavorecidos sufrirán en particular estas subidas de precios.

2.11.

La COVID-19 ha ejercido un impacto muy negativo en las finanzas públicas de los Estados miembros de la zona del euro. La cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se activó en marzo de 2020 para afrontar la crisis de la COVID-19. También se estableció un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal, que permite recurrir a gran escala a estímulos presupuestarios para apoyar al sector empresarial, pero también para mantener la estabilidad social.

2.12.

La respuesta presupuestaria y la contracción de la producción han dado lugar a un aumento significativo de las tasas de endeudamiento público, sobre todo en algunos Estados miembros fuertemente endeudados. Seguir garantizando la sostenibilidad de la deuda pública mediante la reducción gradual de la misma reviste una enorme importancia. Dado que los precios de la energía seguirán siendo elevados a medio plazo, habrá que revisar los mecanismos de mercado y de fijación de precios, junto con otras medidas de apoyo presupuestario, con el fin de ayudar a los hogares y a las empresas especialmente afectados por los incrementos de los precios de la energía.

2.13.

El aumento del gasto en seguridad y otras prioridades fundamentales puede dar lugar a un deterioro temporal de la posición económica de la zona del euro en la economía mundial. En este contexto, los Estados miembros de la zona del euro se enfrentan al gran reto de avanzar hacia un crecimiento económico sostenible, y de mantener la cuota de la economía de la zona del euro frente a otros competidores mundiales, sirviéndose al efecto de todas las herramientas disponibles, incluidas las diplomáticas, combinadas con políticas individuales eficaces.

2.14.

Más recientemente, el tipo de cambio del euro cayó frente al dólar estadounidense como resultado de la evolución geopolítica adversa, una tendencia a la baja iniciada en mayo de 2021. La depreciación del euro, la segunda moneda de reserva más importante, obedece principalmente a las diferentes políticas monetarias aplicadas por el Banco Central Europeo y el Sistema de la Reserva Federal (FED).

2.15.

Sobre la base de los análisis anteriores, la Comisión Europea ha presentado sus perspectivas económicas (julio de 2022), determinadas fundamentalmente por la evolución en Ucrania. En dichas perspectivas se supone que, este año, el crecimiento económico será del 2,7 % en los Estados miembros de la UE y del 2,6 % en la zona del euro, y que caerá respectivamente al 1,5 % y al 1,4 % el próximo año, con arreglo a las previsiones de la Comisión. Se prevé que la tasa media de inflación alcance el 7,6 % en la UE, y el mismo porcentaje en la zona del euro este año, mientras que, el próximo, se anticipa que la inflación caerá al 4,6 % y al 4 %, respectivamente.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE subraya que, en el desarrollo económico a corto, pero también a medio plazo, de los países de la zona del euro, influye, y puede influir fuertemente el impacto de la invasión rusa de Ucrania. Este desarrollo adverso es sistémico y no tiene parangón en la historia con posterioridad a la guerra. Por tanto, resulta muy difícil compararlo con otras perturbaciones que históricamente han incidido negativamente en la evolución económica de la zona del euro. En cualquier caso, existe un grado de incertidumbre muy elevado que dificulta la determinación de las perspectivas de evolución futura.

3.2.

El CESE señala que la trayectoria de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos subyacentes en los países de la zona del euro no es alentadora. El nivel de incertidumbre es especialmente elevado. En particular, hay una serie de variables desconocidas que pueden influir en unos niveles de incertidumbre que ya son extremadamente altos, principalmente de índole geopolítica y económica.

3.3.

El CESE considera que la evolución de la inflación representa un riesgo elevado para el progreso socioeconómico de los países de la zona del euro. El riesgo de inflación actual está vinculado principalmente al suministro y a la perturbación de las cadenas de valor. Los acontecimientos en Ucrania, sobre todo en el ámbito de los insumos energéticos, incluidos los precios de las materias primas, junto con las medidas adoptadas para contener la propagación de la COVID-19, han dado lugar a cambios en cuanto a la oferta.

3.4.

La dinámica actual de la inflación requiere emplear profusamente las herramientas del BCE para lograr la estabilidad de precios utilizando una política monetaria acomodaticia. El BCE debe actuar con cautela a la hora de normalizar la política monetaria. Además, se prevé que la política monetaria siga apoyando la política económica en los países de la zona del euro.

3.5.

El CESE subraya que el riesgo de inflación no se ha contenido en los Estados miembros, y que los intentos de eliminarlo son meramente parciales. Dada la actual tendencia desfavorable de la inflación y su impacto en los hogares, junto con la evolución de la competitividad, el CESE insta a todas las instituciones competentes y responsables a adoptar y ejecutar todas las medidas urgentes, de conformidad con los principios de mercado, para compensar las perturbaciones negativas de los precios. Al mismo tiempo, deben evitarse las turbulencias en el mercado de bonos soberanos de la zona del euro (1).

3.6.

El CESE acoge favorablemente la publicación del plan REPowerEU. Espera que este programa contribuya a reducir gradualmente la dependencia respecto a los insumos energéticos de la Federación de Rusia. También ofrece la posibilidad de eliminar gradualmente los mayores riesgos asociados a los costes, que constituyen una amenaza significativa para la estabilidad de los precios en los países de la zona del euro.

3.7.

El CESE confía en que REPowerEU realice otras dos contribuciones fundamentales: i) podría propiciar un aumento importante de la inversión en determinados sectores y áreas, materializando así una idea anterior a la invasión rusa de Ucrania. Básicamente la idea estriba en que este año será significativo en lo que respecta al crecimiento de la inversión, especialmente en determinados ámbitos de interés público; ii) REPowerEU también debe contribuir de manera sustancial a los cambios estructurales más importantes que afronta la generación actual y, por tanto, cumplir los objetivos esenciales de lograr que las economías de la zona del euro sean más competitivas, sostenibles y resilientes, en pos de los objetivos principales establecidos en el Pacto Verde.

3.8.

El CESE sigue de cerca el modo en que se reasigna fundamentalmente la inversión, en comparación con los planes de inversión originales. Cabe esperar que el crecimiento de la inversión sea menor en los sectores vinculados a la reestructuración energética y a la consecución de las prioridades del Pacto Verde en los Estados miembros de la UE. No está claro cuáles serán las perspectivas en sectores y áreas que no se encuentran directamente vinculados a tales procesos. En este contexto, será importante observar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en los sectores económicos tradicionales (que no son estratégicamente necesarios ni procuran la excelencia mundial), aprovechando las oportunidades potenciales en cada región.

3.9.

El CESE aboga firmemente por que se tenga debidamente en cuenta no solo la consecución de las actuales prioridades esenciales, sino también que se garantice un rendimiento uniforme en materia de innovación en todas las regiones, la zona del euro y la UE en su conjunto. Subestimar este objetivo puede exacerbar las tendencias divergentes entre las regiones de la zona del euro y los Estados miembros de la UE.

3.10.

El CESE acoge favorablemente la posibilidad de una convergencia más sólida gracias al crecimiento en los Estados miembros anteriormente menos desarrollados de la zona del euro, que a largo plazo han crecido a un ritmo superior a la media en dicha zona. En este contexto, cabe señalar que la COVID-19 y la actual guerra de Ucrania pueden dar lugar a un proceso de agravamiento y aumento de las divergencias entre los Estados miembros de la zona del euro, que no propicia la consecución de las ideas básicas formuladas en el Tratado de Maastricht.

3.11.

El CESE acoge con satisfacción y apoya el debate en curso sobre el diseño del nuevo marco institucional para las finanzas públicas en los Estados miembros de la UE. En este contexto, el Comité señala que la actualización de las normas presupuestarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento está relacionada, sobre todo, con el reto de conciliar la sostenibilidad financiera con unas necesidades de inversión pública inequívocas.

3.12.

El CESE considera que existe margen para la coordinación mutua y el establecimiento de vínculos entre los distintos tipos de políticas encaminadas a garantizar una deuda pública sostenible. Por otra parte, en casos justificados, es necesario apoyar estrategias presupuestarias acordes con un enfoque a medio plazo de la corrección presupuestaria orientada hacia la recuperación y la resiliencia. El Comité espera que se alcancen soluciones realistas y viables, que den lugar a una plataforma sobre finanzas públicas que debe implantarse sin demora.

3.13.

Dado que los presupuestos públicos se encuentran sometidos a tensiones a raíz de la crisis de la COVID-19, las medidas compensatorias adicionales emprendidas para ayudar a los hogares y las empresas a afrontar la crisis energética deben ser específicas y eficaces. El CESE comprende y respeta, con razón, los motivos actuales para salvaguardar la seguridad, las necesidades humanitarias y sociales y su repercusión en los presupuestos nacionales de la zona del euro. En este contexto, el Comité acoge favorablemente la decisión de la Comisión de prorrogar la activación de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y pide a la Comisión que presente propuestas concretas de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo antes posible.

3.14.

El CESE ha declarado reiteradamente que, como en el pasado, y más aún hoy, es necesario redoblar los esfuerzos para consolidar la posición de la zona del euro en el contexto internacional. Actualmente, las economías de dicha zona afrontan nuevos retos relacionados con el riesgo general para la seguridad y los cambios estructurales. Además, la evolución económica y política puede afectar a la posición del euro en el sistema monetario y de pagos internacional. El fin de la agresión rusa y de la guerra en Ucrania y el restablecimiento de la integridad territorial del país pueden conducir a una reactivación de la economía mundial y a una economía de la zona del euro más fuerte a escala global.

4.   Observaciones específicas

4.1.

El CESE está convencido de que, para garantizar una relativa estabilidad socioeconómica en los Estados miembros de la zona del euro, en el contexto imperante de elevados niveles de incertidumbre geopolítica y económica, vinculados a los riesgos de aumento de la inflación y crecimiento de la deuda pública, será importante centrarse en las prioridades adecuadas cuando se recurra a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este instrumento habilita a los Estados miembros de la UE a emitir conjuntamente bonos en los mercados de capitales, y ha resultado muy eficaz hasta la fecha. Por consiguiente, el CESE acogería muy favorablemente que en el futuro se siguiera llevando a la práctica. En este sentido, el Comité considera que existe margen para recurrir al MRR más allá de 2026.

4.2.

El CESE subraya que la invasión en curso de Ucrania por parte de Rusia puede provocar una recesión indeseable, e incluso situaciones de estanflación en algunos países de la zona del euro. Por lo tanto, ahora más que nunca, se requiere un seguimiento pormenorizado de estos acontecimientos adversos y una acción anticipatoria para abordarlos.

4.3.

El CESE señala que las tendencias del desempleo y del mercado laboral apuntan a una relativa estabilidad. Al mismo tiempo, el Comité destaca las discrepancias relativamente amplias entre las tasas de desempleo nacionales en comparación con el período anterior a 2008. El desempleo estructural es predominante en algunos Estados miembros de la zona del euro, y se combina con la escasez de mano de obra cualificada. Esta escasez relativa de mano de obra de elevada cualificación impide que exista un margen suficiente para reforzar la competitividad en determinados sectores y áreas. En este contexto, el CESE señala que aún existe margen suficiente, y aún desaprovechado, para la mejora y la actualización de las cualificaciones en los Estados miembros de la zona del euro y en la UE.

4.4.

El CESE observa con suma preocupación las tendencias negativas de la desigualdad, y el aumento de la pobreza en los Estados miembros de la zona del euro y en toda la UE. La desigualdad en el sentido más amplio del término también constituye, en gran medida, el legado de la crisis financiera mundial. La COVID-19 ha exacerbado aún más esta tendencia adversa. La subida de los precios de la energía y de los alimentos afecta actualmente a los sectores de la población más vulnerables, así como a los hogares de renta baja y media. Por este motivo, el CESE hace un llamamiento urgente a todas las instituciones competentes para que instauren una red de seguridad social que funcione eficazmente y que no deje a nadie atrás.

4.5.

El CESE vuelve a llamar la atención respecto al desarrollo posible e imprevisto de nuevas mutaciones, pandemias y epidemias. La aparición y la rápida propagación de la COVID-19 pusieron de relieve que el sector sanitario se encontraba muy poco preparado para la pandemia. Por tanto, es imprescindible una preparación más concienzuda, pero sobre todo una política más responsable por parte de todos los organismos e instituciones competentes en este ámbito. El CESE señala que, como ha demostrado la evolución de los dos últimos años, la mayor rentabilidad se deriva de la inversión en salud y prevención.

4.6.

Subraya que apoyar la provisión de liquidez adicional desde el brote de la COVID-19 fue una decisión acertada. No obstante, dado que se suspendieron determinadas operaciones, ahora será necesario centrarse en garantizar la solvencia de ciertas empresas. También se requerirá liquidez adicional para apoyar el crecimiento posterior a la pandemia. Por consiguiente, el CESE considera fundamental seguir adelante con la creación de la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria.

4.7.

El CESE señala que actualmente tiene lugar un proceso de fragmentación de la economía mundial. La invasión rusa de Ucrania ha llevado a la fragmentación del comercio internacional, los pagos internacionales, las relaciones financieras internacionales en materia de divisas, el transporte internacional, la ciencia y la investigación internacionales, y las cadenas de valor mundiales, entre otros ámbitos. Este proceso ha ejercido un impacto muy negativo en la evolución socioeconómica de los países de la zona del euro.

4.8.

El CESE señala que el elevado nivel actual de incertidumbre económica y geoeconómica, acompañado de unos riesgos elevados, constituyen la situación más compleja acaecida en toda la historia del proyecto de integración europea. Dada la imprevisibilidad de la evolución socioeconómica futura, es muy necesario que las instituciones competentes adopten y ejecuten toda una serie de medidas encaminadas a atenuar y eliminar las perturbaciones externas que afectan a las economías de los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro.

---

(1)  Por consiguiente, el CESE acoge favorablemente el anuncio del BCE de 15 de junio de 2022, en el que refiere su intención de trabajar en un instrumento para combatir la fragmentación en la zona del euro.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mejorar la movilidad laboral para apoyar la recuperación económica»

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 75/08)

Ponente:

Philip VON BROCKDORFF

Decisión de la Asamblea	20.1.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobado en sección	29.9.2022
Aprobación en el pleno	26.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	101/0/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE ha recordado en una serie de dictámenes la importancia que reviste la movilidad laboral y ha señalado que, a lo largo de los años, esta movilidad ha aumentado dentro de la UE, pero solo a un ritmo moderado.

1.2.

El CESE considera que es necesario analizar más a fondo por qué —independientemente de las restricciones causadas por la pandemia— el número de personas móviles en edad de trabajar está creciendo en la UE en una proporción menor que en años anteriores. Pide también que se lleve a cabo un estudio para determinar el coste económico del estado actual del mercado laboral.

1.3.

El CESE recomienda adoptar medidas nacionales más eficaces que den prioridad a las políticas activas de mercado de trabajo, como las prestaciones vinculadas al trabajo para los trabajadores de la Unión y de terceros países.

1.4.

EL CESE pide a la Comisión Europea que, como parte de las recomendaciones específicas por país, incluya en el Semestre Europeo indicadores para supervisar las políticas nacionales que de una u otra manera restringen la movilidad de los trabajadores en toda la UE.

1.5.

El CESE pide, asimismo, a la Comisión Europea que analice la evolución negativa de la movilidad laboral, especialmente la fuga de cerebros en determinados sectores y regiones. Al mismo tiempo, las medidas de lucha contra la fuga de cerebros deben ir asociadas a aquellas que promueven una convergencia social y económica al alza.

1.6.

El CESE también recomienda que los Estados miembros sigan mejorando sus portales pertinentes con la inclusión de las condiciones mínimas de trabajo exigidas por la legislación nacional para evitar abusos. Pide, asimismo, que se redoblen los esfuerzos para mejorar las competencias lingüísticas.

1.7.

El CESE pide a los Estados miembros que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad.

1.8.

El CESE también considera que la igualdad de género es un factor importante para mejorar la movilidad laboral en la UE, como se señala en el Dictamen SOC/731 (1).

1.9.

El CESE pide a la Comisión Europea que supervise continuamente la coordinación de la seguridad social y garantice soluciones comunes a las nuevas situaciones que vayan surgiendo, como el teletrabajo desde el extranjero. Además, pide que se intensifiquen los esfuerzos para crear un número europeo de seguridad social como posible solución para superar los obstáculos en el acceso a la seguridad social en situaciones transfronterizas.

1.10.

El CESE señala que unas buenas condiciones de trabajo y empleo, así como aspectos relacionados con la calidad de vida, por ejemplo la disponibilidad de escuelas e instalaciones recreativas de calidad, son necesarias para que las empresas mantengan una ventaja competitiva y atraigan a trabajadores cualificados.

1.11.

El CESE señala asimismo que la pandemia de COVID-19 hizo que aumentaran claramente las oportunidades de teletrabajo. Cada vez son más los trabajadores que tienen interés en trabajar a distancia desde el extranjero durante un período corto o de manera temporal. Por lo tanto, espera con interés las próximas negociaciones de los interlocutores sociales sobre una Directiva en la materia.

1.12.

El CESE pide que se cree una red de puntos de información a escala de la UE, que incluya no solo servicios en línea, sino también servicios físicos y telefónicos, con el fin de ayudar a los trabajadores y a los empleadores a hacer frente a las consultas en ámbitos como los servicios bancarios y de seguros.

1.13.

Por último, el CESE subraya la importancia del análisis estadístico en curso de los flujos de movilidad laboral para ayudar a abordar la inadecuación de las capacidades en los mercados de trabajo de la UE y evaluar el impacto de acontecimientos como la guerra de Ucrania y los movimientos de personas en edad de trabajar dentro de los Estados miembros de la UE y entre ellos.

2.   Observaciones generales

2.1.

En un momento de gran incertidumbre económica, con la revisión a la baja de las previsiones económicas y con un probable aumento de los tipos de interés en la zona del euro para contrarrestar las altas tasas de inflación que se avecinan, la movilidad laboral en la UE podría desempeñar un papel crucial en la recuperación económica y las perspectivas de crecimiento de la UE. En general, se reconoce que la libre circulación de trabajadores y servicios contribuye al crecimiento económico y a la cohesión de la Unión y crea oportunidades de empleo en el mercado único. El efecto es claro: un aumento de la movilidad para cubrir las vacantes existentes mejora la asignación de los recursos laborales y aumenta la producción económica y el bienestar, sobre todo si las condiciones de trabajo que se ofrecen son justas. El mercado laboral de la UE también se basa en el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 45 del TFUE y especificado en una serie de normas de Derecho derivado. En general, la economía de la UE se verá beneficiada por el aumento de la movilidad laboral. Sin embargo, para cada Estado miembro puede haber ganancias y pérdidas, dependiendo de los efectos a largo plazo de la dirección de los flujos de movilidad. A corto plazo, la movilidad laboral sería beneficiosa para los países de origen que se caracterizan por un desempleo estructural. Sin embargo, los efectos netos para los países receptores dependerían en gran medida, entre otras cosas, de las condiciones laborales ofrecidas a los trabajadores.

2.2.

El CESE se ha referido en una serie de dictámenes a la importancia de la movilidad laboral y ha señalado que la movilidad laboral dentro de la UE ha aumentado a lo largo de los años, pero a un ritmo moderado y, en términos porcentuales, sigue estando por detrás de la movilidad laboral en los Estados Unidos. Según un estudio realizado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, la población estadounidense que se ha trasladado a otro Estado representa alrededor del 2,8 % del total de la población en edad de trabajar, mientras que en la UE el porcentaje es de alrededor del 1,2 % (2).

2.3.

Según las estadísticas de población de Eurostat para 2019, en la UE trece millones de personas en edad de trabajar (20-64) se trasladaron de un Estado miembro a otro. Sin embargo, el número de personas móviles en edad de trabajar creció en la UE en un porcentaje menor que en años anteriores, y la pandemia no ha contribuido a aumentar esta cifra.

2.4.

La Encuesta de Población Activa de la UE de 2019 indicó una cifra de 11,9 millones de personas móviles de la UE en edad de trabajar (definidos como ciudadanos de la UE que residen en un Estado miembro distinto de su país de ciudadanía), de los cuales 9,9 millones eran trabajadores móviles activos (definidos como ciudadanos de la UE que aceptan un empleo en un Estado miembro diferente sin necesidad de obtener un permiso de trabajo), lo que representaba el 4,2 % del total de la mano de obra de los entonces veintiocho Estados miembros. La salida del Reino Unido de la UE ha reducido obviamente las oportunidades de trabajo para los ciudadanos de la UE y los principales países de destino son ahora Alemania, Francia, Italia y España.

2.5.

Rumanía y Polonia son los países de origen más importantes de los trabajadores móviles activos, y los principales sectores de actividad económica de estas personas en la UE son la industria manufacturera y el comercio mayorista y minorista. La construcción, el transporte, la asistencia social y los servicios domésticos, el turismo y la agricultura también son sectores relativamente importantes.

2.6.

El número de trabajadores transfronterizos en la EU-28 era de 1,5 millones y, de nuevo, tras la salida del Reino Unido de la UE, el número ha disminuido, siendo los principales países de residencia de estos trabajadores Francia, Alemania y Polonia, con otros flujos notables entre Eslovaquia, Hungría y Austria. El CESE señala que la movilidad laboral dentro de la UE está motivada por diversas razones, dependiendo de la situación personal de cada persona, en particular las diferencias salariales entre el país de acogida y el país de residencia del trabajador transfronterizo. La decisión de trasladarse al extranjero para trabajar puede basarse en una combinación de varias razones, entre ellas el empleo estacional en sectores como la agricultura y el turismo. Más recientemente, el empeoramiento del poder adquisitivo que afecta a los ciudadanos de toda la UE podría desincentivar la movilidad laboral, especialmente si el aumento de los precios repercute también en el coste de la vivienda de alquiler.

2.7.

En los últimos años, ha aumentado la movilidad entre las personas con un alto nivel de estudios y más de un tercio de los trabajadores móviles de la UE pertenecen a esta categoría. Por el contrario, la proporción de los trabajadores móviles poco cualificados ha disminuido en un porcentaje idéntico al del aumento de los trabajadores móviles con un alto nivel de formación. Cabe señalar que la movilidad de los trabajadores móviles altamente cualificados es un importante factor de desarrollo de la economía basada en el conocimiento. Los principales países de destino de la UE para los trabajadores móviles altamente cualificados son Alemania, España, Francia, Bélgica y Austria. Si bien los trabajadores móviles altamente cualificados suelen trabajar como profesionales en sectores como el comercio, la enseñanza, la ciencia y la ingeniería, la sobrecualificación parece ser bastante frecuente. Se calcula que el 55 % de los trabajadores móviles altamente cualificados son mujeres.

2.8.

Según las proyecciones demográficas de Eurostat, se espera un aumento de la edad media de los ciudadanos de la UE. Asimismo, se considera significativo el descenso previsto de la población en edad de trabajar como proporción del conjunto de la población, sobre todo en lo que se refiere a las personas de entre veinte y treinta y nueve años de edad. Por el contrario, los grupos de mayor edad experimentarán importantes aumentos proporcionales. Esta evolución demográfica tendrá una repercusión considerable en el número potencial de trabajadores móviles de la UE en los próximos años, ya que es más probable que las personas se trasladen al principio de su vida laboral y, a medida que envejecen, es menos probable que lo hagan. Esto lo corroboran los datos, ya que las personas de veinte a veintinueve años y de treinta a treinta y nueve registran un mayor número de salidas anuales que otros grupos de edad.

2.9.

Dado que el número de personas en grupos de edad más jóvenes también está disminuyendo en los países de origen, se espera que esto se traduzca en una disminución del número de trabajadores con movilidad en toda la UE. Sin embargo, esta disminución prevista de los flujos de movilidad puede verse contrarrestada por el envejecimiento de la población de la UE, con una mayor demanda de asistencia sanitaria y social especializada, que requerirá un aumento de la contratación de trabajadores móviles.

2.10.

De lo anterior se desprende que los flujos de movilidad en la UE siguen planteando un reto que limita la oferta y provoca una inadecuación de las capacidades en la mayoría de los sectores, incluidos los de las tecnologías de la información y la industria de alta tecnología. Esta situación no se ha visto favorecida por la pandemia, ya que la movilidad dentro de la UE se ha visto limitada por los confinamientos y otras medidas restrictivas, como el cierre de fronteras y la prohibición de viajar. Antes de la pandemia, la movilidad laboral de este a oeste había superado a los flujos de sur a norte, y se prevé que esta tendencia continúe con la llegada de refugiados procedentes de una Ucrania asolada por la guerra. En cualquier caso, es necesario que la movilidad de los ciudadanos de la UE regrese a los niveles anteriores a la pandemia, y cuanto antes, mejor. El número de ciudadanos móviles activos en el mercado de trabajo disminuyó en un 4 % entre 2019 y 2020 (3).

2.11.

El reconocimiento mutuo de los títulos y las cualificaciones es esencial para cubrir las vacantes en relación con las cuales persiste la escasez de mano de obra y para facilitar la movilidad. Sin embargo, es necesario reforzar el sistema de reconocimiento para que funcione con eficacia y apoye la movilidad laboral. El problema se plantea sobre todo en el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, más que a nivel académico o profesional. Dicho esto, cabe reconocer que existe un enfoque diferente para el reconocimiento mutuo entre las cualificaciones académicas y las profesionales. También hay que tener presente que, según el artículo 166 del TFUE, la UE debe respetar plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en lo relativo al contenido y la organización de la formación profesional, al tiempo que refuerza y completa las medidas de los Estados miembros.

3.   Observaciones específicas

3.1.

El CESE considera que es necesario analizar más a fondo por qué —independientemente de las restricciones causadas por la pandemia— el número de personas móviles en edad de trabajar está creciendo en la UE en una proporción menor que en años anteriores. Pide también que se realice un estudio para determinar el coste económico de la situación actual del mercado laboral, caracterizada por la fragmentación en función de los Estados miembros: «el coste de un mercado laboral de la UE no unificado».

3.2.

El CESE recomienda adoptar medidas de política nacional más eficaces y crear incentivos a la movilidad, incluida la movilidad circular (invirtiendo en los países de origen a través de programas de intercambio y aprendizaje mutuo), haciendo hincapié en las medidas políticas nacionales activas del mercado de trabajo, como las prestaciones vinculadas al trabajo para los trabajadores de la Unión y de terceros países. A este respecto, considera que ofrecer a las personas solicitantes de empleo una ayuda financiera, como la cobertura de los costes de traslado para ocupar un puesto de trabajo en otro Estado miembro o región, fomentaría aún más la movilidad. Además, es necesario intensificar los esfuerzos para mejorar la información relativa a los puestos de trabajo en otros países de la Unión, así como la asistencia a la reubicación, con el fin de facilitar la logística que conlleva el traslado a otro país, por ejemplo, en cuanto a la búsqueda de alojamiento, el registro con fines fiscales, la búsqueda de una escuela para los hijos, posiblemente la ayuda a las parejas de las personas reubicadas para encontrar un empleo, etc. El CESE recomienda hacer uso de las herramientas de IA en una web común para toda la UE que centralice todas las ofertas de empleo en los Estados miembros de la Unión, con el fin de ajustar mejor los perfiles y los requisitos de los puestos de trabajo. En la misma línea, deberían ofrecerse más incentivos específicos para animar a los trabajadores desempleados a trasladarse a Estados miembros con bajos niveles de desempleo. La falta de mano de obra cualificada es el problema más acuciante para las empresas europeas, tal como se indica en el informe SAFE publicado por el BCE el 1 de junio de 2022.

3.3.

El CESE lamenta que el mercado laboral de la UE siga estando fragmentado. La movilidad laboral ha sido víctima del enfoque fragmentado adoptado hasta la fecha. Deben evitarse otras políticas inconexas, sobre todo a escala nacional. Considerando que es necesario salvaguardar la igualdad de trato entre los trabajadores locales y los trabajadores móviles, el CESE pide a la Comisión Europea que, como parte de las recomendaciones específicas por país, incluya en el Semestre Europeo indicadores para supervisar las políticas nacionales que de una u otra manera restringen la movilidad de los trabajadores en la UE.

3.4.

Un incremento de la movilidad de los trabajadores y profesionales de la UE solo puede producirse si se mejoran el cumplimiento de las disposiciones existentes, el acceso a la información y la cooperación entre los Estados miembros. El CESE considera que el papel de la Comisión Europea en este ámbito es fundamental. Señala que los distintos Estados miembros pueden ser reacios a adoptar más reformas del mercado único por temor a que esto pueda provocar pérdidas de empleo a corto plazo, especialmente en los países ya rezagados y en los países/sectores de baja productividad. En teoría, la libre circulación de los trabajadores ayudaría a resolver este problema, pero, desde una perspectiva nacional, podría conducir mientras tanto a una pérdida de recursos y a una posible fuga de cerebros y capacidades. Por lo tanto, podría ser necesario que la Comisión Europea analice la evolución negativa de la movilidad laboral, especialmente la fuga de cerebros en determinados sectores y regiones. Al mismo tiempo, las medidas de lucha contra la fuga de cerebros deben ir asociadas a aquellas que promueven una convergencia social y económica al alza. El CESE reconoce que puede haber una serie de variables en juego, como las perspectivas demográficas y su efecto en el tamaño y la composición de la población en edad de trabajar tanto en los países de origen como en los de destino.

3.5.

Si bien es necesario mantener en todo momento las normas de educación y validación, el CESE pide a los Estados miembros que reduzcan la burocracia y respeten el principio fundamental de la igualdad de trato. En este sentido, se considera necesario seguir mejorando los mecanismos de reconocimiento mutuo y los portales de movilidad laboral. El CESE toma nota de las importantes mejoras introducidas en el portal de movilidad laboral EURES, la plataforma en línea Europass y la Clasificación Europea de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones (ESCO), y pide a los Estados miembros que sigan mejorando sus portales correspondientes con la inclusión de las condiciones laborales mínimas exigidas por la legislación nacional. Esto último se considera especialmente relevante para evitar abusos en las condiciones laborales de los trabajadores móviles en regiones transfronterizas y de los trabajadores de terceros países. El CESE también pide que se realicen más esfuerzos para mejorar las competencias lingüísticas, ya que la falta de estas competencias supone un importante obstáculo para la libre circulación en la UE.

3.6.

El CESE pide a los Estados miembros que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad. A este respecto, se considera pertinente la adopción de una definición común europea de la condición de discapacidad, en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad entre los Estados miembros.

3.7.

El CESE considera que la igualdad de género es un factor importante para mejorar la movilidad laboral en la UE, como se señala en el Dictamen SOC/731. Esto debería formar parte de un compromiso más amplio con el respeto de las normas de democracia e igualdad para todos como medio para aumentar la movilidad laboral.

3.8.

El CESE recomienda que los Estados miembros de acogida faciliten a las personas que trabajan en su territorio el acceso a la formación, como los programas de idiomas, al comienzo de su experiencia profesional y el reciclaje, en su caso, en una fase posterior, para hacer frente a la escasez de mano de obra en determinados sectores y apoyar las transiciones digitales y las medidas encaminadas a una economía climáticamente neutra.

3.9.

El CESE también señala que Erasmus+ podría mejorar la movilidad laboral en toda la UE y pone de relieve un estudio realizado en 2011 (4) que analiza cómo los estudios en el extranjero afectan a la movilidad en el mercado laboral más adelante en la vida utilizando la exposición a Erasmus como fuente independiente de variación de los estudios en el extranjero. El estudio reveló que estudiar en el extranjero aumenta significativamente la probabilidad de trabajar en el extranjero tras la obtención de un título académico. Los titulados universitarios que han estudiado en el extranjero tienen unos quince puntos porcentuales más de probabilidades de trabajar en el extranjero tras finalizar sus estudios.

3.10.

El CESE acoge con satisfacción la mejora de la coordinación de la seguridad social en la UE, pero observa con cierta preocupación que siguen existiendo dificultades para que los trabajadores móviles, en particular los transfronterizos y los fronterizos, accedan a los sistemas de protección social. Por ello, el CESE pide a la Comisión Europea que supervise continuamente la coordinación de la seguridad social y garantice soluciones comunes a las nuevas situaciones que vayan surgiendo, como el teletrabajo desde el extranjero. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de una acción coordinada a escala de la Unión. Los Estados miembros deben garantizar los derechos sociales de los trabajadores móviles en todo momento, especialmente en situaciones de crisis. Si bien reconoce las diferencias existentes en los regímenes de pensiones en toda la UE, el CESE también pide que se redoblen los esfuerzos para coordinar y hacer cumplir mejor los derechos de pensión de los trabajadores móviles en toda la UE, posiblemente mediante recomendaciones específicas para cada país en el marco del Semestre Europeo. Además, el CESE pide que se intensifiquen los esfuerzos para crear un número europeo de seguridad social como posible solución para superar los obstáculos en el acceso a la seguridad social en situaciones transfronterizas.

3.10.1.

Cabe destacar que se supone que el producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) (5) resulta especialmente atractivo para los trabajadores por cuenta propia y para los trabajadores móviles que trabajan en distintos países a lo largo de su vida laboral. No cabe duda de que la capacidad de cambiar de proveedor de PEPP a través de las fronteras contribuirá a la movilidad laboral, aunque no está claro hasta qué punto lo hará, ya que todavía no se dispone de PEPP.

3.10.2.

Cuando se introdujo, el CESE acogió favorablemente el concepto de PEPP como un paso crucial para animar a los ciudadanos de la UE a tomar las medidas oportunas para sus años de jubilación y como elemento esencial de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC). Sin embargo, dado que la oferta de PEPP aún tiene que materializarse, el CESE considera necesario realizar un esfuerzo adicional en el plan de acción de la UMC (6), en el marco de la acción 9, con vistas a estimular la participación en regímenes profesionales de jubilación.

3.11.

El CESE señala que la pandemia de COVID-19 aumentó claramente las oportunidades de teletrabajo (7). Cada vez son más los trabajadores que tienen interés en trabajar a distancia desde el extranjero durante un período corto o de manera temporal. El CESE espera con interés las próximas negociaciones de los interlocutores sociales sobre la revisión y actualización del acuerdo marco autónomo sobre teletrabajo de 2002, que se presentará para su adopción en forma de un acuerdo jurídicamente vinculante aplicado mediante una Directiva.

3.12.

El CESE señala que unas buenas condiciones de trabajo y empleo, así como aspectos relacionados con la calidad de vida, como la disponibilidad de buenas escuelas e instalaciones de un nivel alto y sostenible, son necesarias para que las empresas mantengan una ventaja competitiva y atraigan a trabajadores cualificados. El CESE destaca asimismo la importancia de las actuales inversiones en la formación formal e informal y en el aprendizaje permanente, con el fin de apoyar la transición hacia la economía digital y neutra en carbono. En un entorno dinámico y que evoluciona con rapidez, resulta esencial adaptarse con celeridad y eficacia a las necesidades cambiantes del mercado laboral, reconociendo al mismo tiempo el impacto de la falta de personal en la mano de obra existente. A este respecto, cabe recordar el acuerdo marco de los interlocutores sociales europeos sobre la digitalización, según el cual ambas partes se comprometen con el reciclaje y el perfeccionamiento profesional para hacer frente a los retos digitales de las empresas.

3.13.

El CESE insiste en la necesidad de digitalizar los procedimientos de movilidad laboral y de desplazamiento de trabajadores para mejorar el intercambio de información entre las autoridades nacionales y eliminar los obstáculos que no son proporcionados, lo que también ayudará a controlar y hacer cumplir las normas correctamente. El CESE se muestra de acuerdo con la propuesta contenida en la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre el tema «Impacto de las normas de la Unión en la libre circulación de trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión como herramienta para que las necesidades del mercado laboral y las capacidades se compaginen» (2020/2007(INI)) (8), que recomienda el establecimiento de un servicio de ventanilla única para trabajadores y futuros empleadores en materia de normas europeas aplicables, ubicado tanto digital como físicamente en el seno de la Autoridad Laboral Europea (ALE). Como se establece en el artículo 5 del Reglamento de la ALE, esta última mejorará la disponibilidad, calidad y accesibilidad de la información sobre la movilidad laboral, en particular a través de un sitio web único para toda la Unión que sirva de portal único para acceder a todas las fuentes de información a escala de la Unión y nacional en todas las lenguas oficiales de la UE. Además, la ALE deberá apoyar a los Estados miembros en la actualización de sus sitios web nacionales.

3.14.

Paralelamente, el CESE pide a los Estados miembros que digitalicen los servicios públicos, en particular los servicios de seguridad social correspondientes, para facilitar la movilidad de los trabajadores europeos en toda la UE, garantizando al mismo tiempo la portabilidad de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de movilidad de los trabajadores y profesionales.

3.15.

Al mismo tiempo, el CESE pide que se cree una red de puntos de información a escala de la UE, que incluya no solo servicios en línea, sino también servicios físicos y telefónicos, con el fin de ayudar a los trabajadores y a los empleadores a hacer frente a las consultas en ámbitos como los servicios bancarios y de seguros.

3.16.

El CESE subraya la importancia del análisis estadístico en curso de los flujos de movilidad laboral para ayudar a abordar la inadecuación de las capacidades en los mercados de trabajo de la UE y evaluar el impacto de acontecimientos como la guerra de Ucrania y los movimientos de personas en edad de trabajar dentro de los Estados miembros de la Unión y entre ellos. El CESE reconoce que la adecuación a escala europea es mucho más difícil que a escala nacional o regional. No obstante, considera fundamental el papel que desempeñan los consejeros EURES a la hora de prestar apoyo con conocimiento de causa a los trabajadores móviles.

3.17.

También se considera pertinente la investigación sobre la movilidad de los trabajadores de terceros países y sus condiciones laborales. El CESE expresa su preocupación por la existencia de condiciones laborales precarias para los trabajadores de terceros países en los Estados miembros y aboga por una aplicación más estricta de las normas. Señala asimismo que la movilidad de la mano de obra de los Estados miembros de la UE no será suficiente para cubrir la escasez de capacidades. También habrá que facilitar y potenciar la migración laboral desde terceros países. A este respecto, acoge con satisfacción el reciente paquete de medidas sobre política migratoria, pero reitera su opinión de que es necesario adoptar medidas eficaces para que las personas desempleadas de la UE puedan incorporarse al mercado laboral.

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(1)  DO C 443 de 22.11.2022, p. 63.

(2)  https://epc2010.princeton.edu/papers/100976

(3)  Informe anual sobre la movilidad laboral dentro de la UE (2021).

(4)  Parey y Waldinger (2011), Studying abroad and the effect on international labour market mobility; evidence from the introduction of Erasmus.

(5)  Dictamen del CESE «Producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)» (DO C 81 de 2.3.2018, p. 139).

(6)  Véase el Dictamen del CESE «Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción», (DO C 155 de 30.4.2021, p. 20).

(7)  DO C 220 de 9.6.2021, p. 13, DO C 220 de 9.6.2021, p. 106.

(8)  OJ C 15, 12.1.2022, p. 137.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mejorar la igualdad en la UE»

(Dictamen de iniciativa)

(2023/C 75/09)

Ponente:	Ozlem YILDIRIM
Coponente:	Cristian PÎRVULESCU

Decisión de la Asamblea	20.1.2022
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobado en sección	29.9.2022
Aprobación en el pleno	26.10.2022
Pleno n.o	573
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	140/13/31

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE recuerda el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el que se afirma que «la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad». Destaca asimismo la importancia de su artículo 20, que consagra el principio de igualdad de todas las personas ante la ley.

1.2.

Además, el CESE recuerda que, si bien la aplicación del principio de igualdad prohíbe las discriminaciones, promueve asimismo una aplicación coherente de la norma jurídica.

1.3.

El CESE anima encarecidamente al Consejo, al Parlamento y a la Comisión a que sigan desarrollando la protección contra la discriminación en el acceso a bienes y servicios, en particular mediante la adopción de la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (1).

1.4.

El CESE considera que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proporciona una base sólida y que los instrumentos de protección de los derechos fundamentales deben desarrollarse de manera uniforme en el conjunto de la Unión. Además, es esencial incluir todas las interacciones, entornos y situaciones en los que puede darse la discriminación. La diferencia de protección jurídica produce jerarquías inaceptables entre los derechos y deja desprotegidas a categorías enteras de personas.

1.5.

El actual sistema de protección europeo se basa principalmente en el recurso individual de las víctimas a la vía judicial y al Derecho. No obstante, diversos estudios muestran que las denuncias y los procedimientos no permiten dar respuesta a la dimensión estructural, interseccional y sistémica de las desigualdades, y que el recurso a la ley por parte de las víctimas es poco significativo, muy excepcional desde el punto de vista estadístico y tan solo se emplea como última opción (2).

1.6.

El CESE subraya que las desigualdades y las discriminaciones complejas provocadas por las estructuras sociales solo se pueden erradicar por medio de una política coherente y compleja, recursos concretos y una movilización a largo plazo. La sensibilización, la visibilidad y la formación son palancas importantes que deben activarse en todos los sectores de la sociedad.

1.7.

El CESE considera que el fomento de la igualdad y la protección de los derechos fundamentales deben integrarse en una visión social más amplia, que multiplique y refuerce los instrumentos con los que los Estados miembros y las instituciones europeas hacen efectivo el apoyo a las personas y a los agentes públicos y privados.

1.8.

El CESE considera que la Unión debe implicarse activamente en la promoción del reconocimiento del principio general de igualdad y de obligaciones positivas de igualdad de oportunidades y que, para ello, las instituciones deben empezar a elaborar la siguiente generación de medidas para la promoción de la igualdad en Europa.

1.9.

Si bien el CESE reconoce que los avances tecnológicos facilitan el acceso de muchos ciudadanos a sus derechos, subraya que pueden ocasionar nuevas vulneraciones de la igualdad, por lo que generan nuevas necesidades de intervención para garantizar el seguimiento y la aplicación del principio de igualdad de trato.

1.10.

Para superar la carga individual que supone el litigio, dar al recurso una fuerza a medida de las prácticas que se denuncian y convertir el marco jurídico en una amenaza eficaz para regular las discriminaciones, el CESE es partidario de que la Unión legisle con vistas a aprobar normas que faciliten la aplicación en los Estados miembros de acciones colectivas que mejoren el acceso al recurso judicial y su impacto para luchar contra las discriminaciones y defender la igualdad de trato.

1.11.

El CESE considera que la Unión debe garantizar la seguridad, la igualdad de trato y la protección por parte de las autoridades de los Estados miembros de los agentes políticos, sindicales y asociativos como corolario de sus valores de democracia, Estado de Derecho y no discriminación por motivos de opiniones políticas.

1.12.

Asimismo, se debe mejorar la capacidad de todos los agentes cívicos, en especial aquellos que participan en la protección de los derechos humanos, para trabajar con los instrumentos jurídicos existentes y colaborar con las instituciones públicas.

2.   Observaciones generales

2.1.

El CESE recuerda el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el que se afirma que «la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad». Destaca asimismo la importancia de su artículo 20, que consagra el principio de igualdad de todas las personas ante la ley.

2.2.

Además, el CESE recuerda que, si bien la aplicación del principio de igualdad prohíbe las discriminaciones, promueve asimismo una aplicación coherente de la norma jurídica.

2.3.

En la actualidad, la Unión Europea reconoce las múltiples formas de desigualdad y su dimensión interseccional (como las desigualdades de género, étnicas, sociales, generacionales, etc.).

2.4.

Más de veinte años después de la adopción del Tratado de Ámsterdam, todos los indicadores europeos y nacionales revelan la persistencia de la discriminación por motivos de origen étnico, raza, sexo, orientación sexual, opiniones y creencias, discapacidad y edad en materia de empleo, acceso a bienes y servicios, a la educación y a los servicios públicos y la protección social.

2.5.

Esta persistencia de las discriminaciones se deriva sobre todo de procesos complejos, que a menudo se acumulan y son el resultado de procesos integrados y de sistemas y normas que producen, y reproducen, las discriminaciones directas o indirectas. Este entramado de fuentes de desigualdad produce situaciones que se convierten en sistémicas y constituyen verdaderos obstáculos a la promoción de la igualdad (3).

2.6.

El CESE, a través de sus miembros pero también por medio de las actividades realizadas directamente en los Estados miembros, también observa un deterioro del clima social en general y una creciente propagación de los comportamientos discriminatorios hacia las personas vulnerables. Desde este punto de vista, queda patente la necesidad de iniciar una acción rápida y concertada en el plano nacional y europeo.

2.7.

Además, tras casi dos años de crisis relacionada con la COVID-19, varias agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo (4), detectan señales preocupantes de agravamiento de las desigualdades sociales y territoriales. La crisis de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas y ha afectado de manera significativa a las empresas europeas, alterando su capacidad para mantener y crear empleo.

2.8.

En consecuencia, los grupos sociales en situación de pobreza o precariedad son necesariamente más vulnerables a las discriminaciones, por lo que estas se suman a otros factores de vulnerabilidad. El CESE subraya la necesidad de centrarse en la especificidad de estas discriminaciones y de desarrollar una política firme de lucha contra la discriminación hacia las poblaciones económica y socialmente desfavorecidas de la UE.

2.9.

El CESE subraya que las desigualdades y las discriminaciones complejas provocadas por las estructuras sociales solo se pueden erradicar por medio de una política fuerte, recursos concretos y una movilización a largo plazo. Es necesario un apoyo mayor y significativo a los organismos nacionales de promoción de la igualdad y de defensa de los derechos humanos, sobre todo respecto de la mejora de su independencia y aumento de su dotación de personal y financiera. La sensibilización, la visibilidad y la formación son palancas importantes que deben activarse en todos los sectores de la sociedad y de las políticas públicas.

2.10.

El CESE considera que el fomento de la igualdad y la protección de los derechos fundamentales deben integrarse en una visión social más amplia, que multiplique y refuerce los instrumentos con los que los Estados miembros y las instituciones europeas hacen efectivo el apoyo a las personas y a los agentes públicos y privados.

2.11.

El CESE ratifica su pleno apoyo al nuevo Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y considera que existen numerosos elementos de convergencia con el fomento de la igualdad, la protección de los derechos fundamentales y la lucha contra la discriminación (5). Es esencial prestar mayor atención a su aplicación para alcanzar los objetivos fijados.

2.12.

En la línea de sus Dictámenes anteriores (6), el CESE reconoce los esfuerzos realizados por la Unión en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de prohibición de las discriminaciones por motivos de origen étnico, raza o edad, religión, opinión o creencias, de protección de los derechos de las personas LGBTQIA+ y los derechos de las personas con discapacidad, así como en el ámbito de la integración de los gitanos y la defensa de los derechos de los migrantes.

2.13.

Como ya señaló el Comité, la Carta encierra un potencial sin explotar por parte de las instituciones de defensa de los derechos humanos, así como las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales. Es necesario mejorar su impacto en beneficio de la protección, la prevención, la promoción, la puesta en práctica y la aplicación del principio de igualdad (7).

2.14.

El actual sistema de protección europeo se basa principalmente en el recurso individual de las víctimas a la vía judicial y al Derecho. No obstante, todos los estudios muestran que las denuncias y los procedimientos no permiten dar respuesta a la dimensión estructural, interseccional y sistémica de las desigualdades, y que el recurso a la ley por parte de las víctimas es poco significativo, muy excepcional desde el punto de vista estadístico y tan solo se emplea como última opción (8).

2.15.

En la actualidad, en el ámbito del empleo, la lucha contra la discriminación se limita a las situaciones que corresponden únicamente a los criterios establecidos en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual).

2.16.

Además, la protección del Derecho de la Unión en materia de acceso a los bienes y servicios públicos se limita a los criterios de origen racial o étnico y de igualdad entre hombres y mujeres. Ninguna otra forma de vulneración del principio de igualdad se trata como tal y la protección contra la discriminación varía de un criterio a otro.

2.17.

En la actualidad, la protección contra la discriminación presenta una geometría variable en los Estados miembros. En efecto, algunos conceden protección respecto de los bienes y servicios contra todas las formas de discriminación a que se refiere el artículo 19, mientras que otros los protegen más allá de los criterios de dicho artículo. En consecuencia, la protección contra la discriminación y, por tanto, contra la igualdad varía entre los Estados miembros.

2.18.

A la luz de estas observaciones, es conveniente establecer las siguientes etapas que deben superarse para dejar atrás los límites actuales de la aplicación del sistema de protección efectiva de la igualdad en el seno de la Unión Europea con una perspectiva de inclusión.

3.   Observaciones específicas

3.1.   Promover la afirmación de un principio general de igualdad en los Estados miembros

3.1.1.

La situación actual en Europa pone de manifiesto que el principio de igualdad es una aspiración que sigue estando sujeta a un importante grado de incertidumbre. Por ejemplo, la propia Comisión afirma que en época de COVID-19 la igualdad de acceso a la atención sanitaria ha sido un reto considerable en Europa (9).

3.1.2.

En la actualidad, si bien algunos países europeos incorporan el principio general de igualdad en su marco jurídico consagrando el derecho a la igualdad de trato en la sociedad civil, en las relaciones económicas y con el Estado, otros solo sancionan las discriminaciones que la ley prohíbe expresamente, sin establecer ninguna obligación positiva de aplicar el principio de igualdad (10).

3.1.3.

Esta discrepancia genera un importante desajuste entre los ciudadanos y residentes europeos en cuanto al alcance del principio de igualdad, su protección por la ley y los requisitos establecidos para su aplicación efectiva.

3.1.4.

El CESE insta a la Comisión a que reconozca las dificultades estructurales que impiden la plena realización del principio de igualdad, que ponen de manifiesto los límites de lo que se ha logrado y la magnitud de las desigualdades existentes en Europa actualmente. Las organizaciones nacionales de promoción de la igualdad y de defensa de los derechos humanos deben participar activamente en este proceso de evaluación continua.

3.1.5.

El CESE considera fundamental que la Unión adopte una política de promoción del principio de igualdad y de igualdad de oportunidades ambiciosa, acorde con los valores proclamados en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, activando para ello todos sus ámbitos de competencia. En este sentido, el CESE apoya la nueva iniciativa de la Comisión Europea, basada en los artículos 157 y 19 del Tratado, que se centra en la eficacia de los organismos nacionales de promoción de la igualdad y en el desarrollo de su potencial, sus múltiples funciones y capacidades.

3.1.6.

La Unión debe dotarse de medios concretos para convertir el principio general de igualdad en principio jurídico aplicable a todos los Estados miembros, que permita conceder una protección más allá de las desigualdades de trato vinculadas a los siete criterios de discriminación protegidos por el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ejemplo, la utilización de los Fondos Estructurales sería uno de los medios eficaces para la aplicación efectiva de las medidas contra la discriminación.

3.1.7.

El reconocimiento de un principio general de igualdad de trato, la creación de obligaciones positivas y el reconocimiento de su dimensión sistémica son algunas formas de mejorar la lucha contra las desigualdades económicas y sociales.

3.2.   Luchar contra las desigualdades y discriminaciones generadas en el ámbito digital

3.2.1.

Si bien el CESE reconoce que los avances tecnológicos facilitan el acceso de muchos ciudadanos a sus derechos, estima que ocasionan nuevas vulneraciones de la igualdad en el acceso a los derechos y servicios, así como nuevas necesidades de intervención para defender el principio de igualdad de trato.

3.2.2.

La transformación digital de los servicios estatales y el acceso a los bienes y servicios (en especial a los servicios de primera necesidad) ha provocado una profunda transformación en la relación con el usuario al suprimir las barreras físicas pero crear nuevas barreras digitales. Impide el acceso a los derechos y servicios por parte de determinados ciudadanos, sobre todo de los más desfavorecidos o en situación de debilidad o discapacidad, así como de una mayoría de personas de edad avanzada en el territorio europeo (11).

3.2.3.

Estas disfunciones requieren el desarrollo y la aplicación de nuevas políticas públicas de inclusión digital y la creación de obligaciones positivas con respecto a los usuarios dirigidas a los operadores públicos y privados, incluido un acceso fácil y gratuito.

3.2.4.

Más allá de las dificultades de acceso técnico, y en relación con las herramientas surgidas a partir de los algoritmos (12) y las tecnologías biométricas (13), el CESE señala que nos enfrentamos a nuevos retos en lo referente a la vulneración de los derechos y la creación de discriminaciones.

3.2.5.

Tal y como evidencian los trabajos del Consejo de Europa (14) y de la Agencia de Derechos Fundamentales (15), las decisiones algorítmicas producen herramientas de toma de decisiones con sesgos discriminatorios basados en la búsqueda de la reproducción automatizada de resultados. Los instrumentos jurídicos más pertinentes para mitigar los riesgos de discriminación por motivos de IA son la legislación en materia de no discriminación y la legislación en materia de protección de datos. Si se aplican de manera efectiva, ambos instrumentos jurídicos podrían ayudar a luchar contra la discriminación ilegal.

3.2.6.

El CESE considera que el control de estos efectos requiere la adopción de una política pública sólida que se aplique al conjunto del mercado interior europeo, así como a los agentes económicos de fuera de Europa, y que exija, en la línea de la legislación sobre los servicios digitales que se encuentra en proceso de aprobación, la introducción de procesos de control de la toma de decisiones automatizada, la verificación de los datos, la evaluación, los estudios de impacto y la corrección en el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías. La aprobación de la Directiva sobre servicios digitales también puede contribuir a aportar soluciones.

3.3.   Desarrollar la protección de la igualdad de trato y la lucha contra las discriminaciones en el ámbito profesional

3.3.1.

El CESE subraya la importancia fundamental del empleo como activo para la integración y el cumplimiento de la promesa de igualdad para todos.

3.3.2.

A pesar del compromiso histórico de la Unión Europea con la igualdad de las mujeres en materia de empleo, la situación actual nos recuerda que históricamente son las primeras en sufrir las consecuencias de las crisis (económicas, sociales, sanitarias o de otro tipo). La igualdad profesional entre hombres y mujeres continúa siendo uno de los principales retos a los que se enfrentan los países europeos. Con la crisis de la COVID-19, la tasa de empleo de las mujeres se redujo en todos los grupos de edad y en todas las categorías profesionales, hasta situarse globalmente en el 61,8 % (16).

3.3.3.

Estas desigualdades relacionadas con el género se suman a otras formas de desigualdad. La encuesta realizada por Eurostat en 2019 revela que el 68 % de las personas con discapacidad se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 28,4 % de la población general (17). El 21 % de las personas que se consideran LGBT se sentían discriminadas en el trabajo, al igual que el 25 % de las personas de origen magrebí, africano o gitano (18).

3.3.4.

Por su parte, el Eurobarómetro de 2020 sobre la discriminación indica que el 59 % de la ciudadanía europea considera que la principal causa de discriminación es el origen étnico o el color de la piel, y los estudios muestran que es especialmente importante en materia de empleo, donde su impacto es considerable en la igualdad de oportunidades y la integración social. Deberían establecerse métodos eficaces para demostrar estas discriminaciones ante los tribunales, como el método Clerc, reconocido por los tribunales superiores franceses, que permite comparar la evolución profesional de las personas contratadas en el mismo nivel2019 (19).

3.3.5.

En la actualidad, la política europea de lucha contra las discriminaciones en el empleo se limita a un marco jurídico que permite llevar ante los tribunales la constatación de las situaciones de discriminación, haciendo que la víctima potencial tenga que asumir la pesada carga de luchar contra la discriminación mediante la interposición de uno o varios recursos contra el empleador, el prestador de servicios o el Estado.

3.3.6.

La Comisión reconoce desde hace mucho tiempo que las discriminaciones obedecen a fenómenos colectivos. Los litigios individuales suponen una pesada carga para las víctimas. El fenómeno del desistimiento en materia de discriminación está documentado y es muy habitual (20). Las discriminaciones en el ámbito del empleo son objeto de un reducido número de litigios y las denuncias por discriminación en el acceso a bienes y servicios son casi inexistentes. Podrían reforzarse los mecanismos y procedimientos no jurisdiccionales de promoción de la igualdad, así como el apoyo al trabajo jurídico gratuito y a los litigios de interés público.

3.3.7.

Para superar la carga individual que supone el litigio, dar al recurso una fuerza a la altura de las prácticas que se denuncian y convertir el marco jurídico en una amenaza eficaz para regular las discriminaciones, el CESE es partidario de que la Unión legisle para adoptar instrumentos procesales que faciliten el acceso a los derechos en los Estados miembros, por ejemplo recurriendo a mecanismos de acciones colectivas que mejoren el acceso a la tutela judicial y su impacto para luchar contra las discriminaciones y defender la igualdad de trato.

3.3.8.

Además, si la Unión Europea pretende luchar eficazmente contra las discriminaciones de carácter profesional, el litigio judicial no puede ser la única forma de intervención frente a las discriminaciones colectivas y sistémicas existentes.

3.3.9.

La Unión Europea debe ampliar su gama de intervenciones contra la discriminación más allá de la tutela judicial estableciendo el despliegue de instrumentos de anticipación que permitan intervenir en una fase temprana de las desigualdades, corregir las prácticas y prevenir la discriminación.

3.3.10.

El CESE considera que deberían llevarse a cabo políticas comparables en materia de discriminación basadas en todos los criterios que se recogen en el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ello, invita a la Comisión: i. a que se comprometa, en el marco de su política de empleo y de lucha contra las discriminaciones, a aplicar eficazmente las medidas existentes o a adoptar nuevas medidas para promover la igualdad en materia de empleo y garantizar la aplicación efectiva de la legislación existente; ii. a que apruebe medidas para generalizar el análisis de las discriminaciones en el trabajo y fomentar las obligaciones de evaluación, notificación y seguimiento de los empleadores; iii. a que ayude a las empresas a desarrollar prácticas de inclusión y no discriminación.

3.4.   Ampliar y unificar el alcance de la protección contra la discriminación en la Unión

3.4.1.

El CESE anima encarecidamente a la Unión Europea a seguir desarrollando la protección contra la discriminación en el acceso a bienes y servicios, en particular mediante la adopción de la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

3.4.2.

El CESE señala que la protección contra la discriminación en el acceso a bienes y servicios, tal como existe actualmente, crea una jerarquía de protección en función de los criterios y, por lo tanto, genera una situación de protección desigual de las personas afectadas por criterios de discriminación.

3.4.3.

Si bien el principio de no discriminación es un pilar de la protección de los derechos fundamentales en la Unión, mientras siga paralizada la aprobación del proyecto de Directiva, la Unión Europea no cumplirá su misión de que haya igualdad de condiciones para disfrutar de los derechos en el espacio público europeo.

3.4.4.

El CESE pide al Consejo, al Parlamento y a la Comisión que pongan en marcha los medios necesarios para que este proyecto de Directiva se apruebe en una versión que incorpore sus propuestas generales sobre la mejora de las modalidades de acceso a los derechos y a los recursos, incluyendo en especial mecanismos que faciliten el acceso a los derechos mediante la adopción de procedimientos de acción colectiva para garantizar su efectividad y el reconocimiento de la competencia de los organismos nacionales de lucha contra la discriminación.

3.4.5.

La UE debe intensificar sus esfuerzos y su cooperación sobre el terreno para garantizar que se respeten la dignidad y los derechos fundamentales de las personas LGBTQIA+ sin excepción, que estas no sean objeto de persecución alguna, y que se consolide su participación en la vida pública.

3.5.

El CESE considera que la Unión debe implicarse activamente en la promoción del reconocimiento de un principio general y de obligaciones positivas de igualdad de oportunidades. Las instituciones de la Unión también deben apoyar a las organizaciones nacionales de promoción de la igualdad y de defensa de los derechos humanos mediante la adopción de normas vinculantes, a fin de que puedan aprovechar todo su potencial y garantizar la aplicación efectiva de la legislación vigente.

3.6.   Renovar la protección contra las discriminaciones políticas, sindicales y cívicas

3.6.1.

El CESE observa que en los últimos años, y en el conjunto de Europa, los activistas políticos, sindicales o de asociaciones de trabajadores y los militantes de movimientos cívicos pueden experimentar dificultades a la hora de hacer uso de su libertad de expresión y acción, por ejemplo, para ejercer el derecho de manifestación con el fin de expresar sus reivindicaciones o de negociar.

3.6.2.

El CESE considera que tanto la Unión como los Estados miembros, de conformidad con su legislación y los instrumentos internacionales aplicables, deben garantizar de manera efectiva la seguridad, la igualdad de trato y la protección por parte de las autoridades de los Estados miembros de los agentes políticos y los interlocutores sociales y asociativos como corolario de sus valores de democracia, Estado de Derecho y no discriminación por motivos de opiniones políticas.

3.6.3.

Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio C087 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio C098 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. También es preciso respetar y promover la libertad sindical y de asociación. Es importante que se entable un debate a escala nacional y europea sobre la forma de garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a representación sindical y ejercer su libertad sindical y su derecho a emprender acciones colectivas (21). De conformidad con las normas internacionalmente reconocidas de la Organización Internacional del Trabajo, el CESE anima encarecidamente a los Estados miembros y a la Comisión a garantizar, de conformidad con su legislación, los sistemas de relaciones laborales y los instrumentos internacionales aplicables, que protegen de manera efectiva la libertad sindical y el derecho de sindicación y negociación colectiva.

3.7.   Instituciones nacionales eficaces para promover la igualdad, proteger los derechos fundamentales y luchar contra la discriminación

3.7.1.

La aplicación de las reglamentaciones europeas y nacionales en este ámbito presenta con demasiada frecuencia importantes límites relacionados con los aspectos jurídicos, institucionales, organizativos y económicos que caracterizan a cada Estado miembro.

3.7.2.

El Comité considera que es necesario poner en marcha planes concretos, incluido un apoyo financiero, para mejorar la capacidad de las instituciones nacionales.

3.7.3.

El Comité anima a la Comisión a que diseñe un programa de asistencia a las instituciones nacionales que tengan responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos con el fin de mejorar, reforzar y racionalizar sus competencias (creación, acreditación y cumplimiento de las normas internacionales), que incluya la sensibilización y el conocimiento y responda a las necesidades específicas de todos los grupos.

3.7.4.

Asimismo, se debe mejorar la capacidad de todos los agentes sociales y cívicos, en especial aquellos que participan en la protección de los derechos humanos, para trabajar con los instrumentos jurídicos existentes y colaborar con las instituciones públicas. Es necesario mejorar el apoyo a los agentes sociales y a las organizaciones de la sociedad civil con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de discriminación. El apoyo que se les preste puede consistir en formación, sensibilización, transferencia de conocimientos y prácticas recomendadas, apoyo económico y organizativo, así como protección contra ataques y campañas de difamación.

3.7.5.

Como ya ha señalado anteriormente, el Comité reitera la necesidad de crear un mecanismo eficaz y accesible para señalar y denunciar las agresiones físicas y verbales, la intimidación y el acoso, incluso cuando se producen a través de acciones de abuso o discurso de odio contra las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que protegen los derechos humanos (22). Cuando estos ataques se lancen en el ámbito digital, deberán identificarse rápidamente y retirarse las publicaciones correspondientes.

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(1)  COM(2008) 426.

(2)  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Igualdad en la UE 20 años después de la aplicación inicial de las Directivas sobre igualdad, abril de 2021 (informe completo no disponible en español).

(3)  Mulder, J., Indirect sex discrimination in employment, Red europea de expertos jurídicos en materia de igualdad de género y no discriminación, Comisión Europea, 2020.

(4)  Véase, en particular, la Octava edición del Informe de la OIT sobre el impacto de la crisis en curso en el mundo del trabajo, octubre de 2021. Organización Internacional del Trabajo (OIT), COVID-19: Observatorio de la OIT — 8.a edición, 27 de octubre de 2021.

(5)  Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales [COM(2021) 38] (DO C 374 de 16.9.2021, p. 38).

(6)  Véanse, en particular, los Dictámenes sobre la situación de las mujeres con discapacidad (SOC/579) (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20), la situación de las mujeres gitanas (SOC/585) (DO C 110 de 22.3.2019, p. 20), la estrategia en favor de los derechos de las personas con discapacidad 2020-2030 (SOC/616) (DO C 97 de 24.3.2020, p. 41), la gestión de la diversidad en los Estados miembros de la Unión (SOC/642) (DO C 10 de 11.1.2021, p. 7), la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 (SOC/667) (DO C 286 de 16.7.2021, p. 128), el Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 2021-2027 (SOC/668) (DO C 286 de 16.7.2021, p. 134), la estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad (SOC/680) (DO C 374 de 16.9.2021, p. 50) y el nuevo Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos a partir de 2020.

(7)  Dictamen sobre la nueva Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE (SOC/671) (DO C 341 de 24.8.2021, p. 50).

(8)  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Igualdad en la UE 20 años después de la aplicación inicial de las Directivas sobre igualdad, op. cit.

(9)  Comisión Europea, Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la UE, [COM(2009) 567 final].

(10)  Crowley, N., Making Europe more Equal: A legal Duty? («Hacer que Europa sea más equitativa: ¿una obligación jurídica?»), Equinet, 2016.

(11)  Défenseur des droits, Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics («Desmaterialización y desigualdades de acceso a los servicios públicos»), 2019; Dématérialisation des services publics: trois ans après, où en est-on? («Desmaterialización de los servicios públicos: tres años después, ¿en qué punto nos encontramos?»), 2022.

(12)  Gerards, J. Xenidis, R., Algorithmic discrimination in Europe («La discriminación algorítmica en Europa»), Red europea de expertos jurídicos en materia de igualdad de género y no discriminación, Comisión Europea, 2020.

(13)  Défenseur des droits, Technologies biométriques: L’impératif respect des droits fondamentaux («Tecnologías biométricas: el obligado respeto de los derechos fundamentales»), 2021.

(14)  Consejo de Europa, Zuiderveen Borgesius, F., Discrimination, Artificial Intelligence and algorithmic decision-making («Discriminación, inteligencia artificial y decisiones algorítmicas»), 2018.

(15)  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Construir correctamente el futuro: la inteligencia artificial y los derechos fundamentales, 2021.

(16)  Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), Gender equality and the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic.

(17)  Eurostat, Income inequalities («Desigualdades salariales»), 2019.

(18)  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Igualdad en la UE 20 años después de la aplicación inicial de las Directivas sobre igualdad, op. cit.

(19)  Chappe. V.A., La preuve par comparaison: méthode des panels et droit de la non-discrimination, Sociologies pratiques, 2011/2 n.o 23, p. 45 a 55; Decisión Marco del Defensor del Pueblo francés n.o 2022-139 de 31 de agosto de 2022; Tribunal de Casación: Cass.soc.10/07/1998 n.o 90-41231; Cass.soc. 04/07/2000 n.o 98-43285; Cass.soc. 28/06/2006, n.o 04-46419.

(20)  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Igualdad en la UE 20 años después de la aplicación inicial de las Directivas sobre igualdad, op. cit.

(21)  Véase también el Dictamen «Salarios mínimos dignos en toda Europa» (SOC/632), puntos 4.5.3 y 4.5.6 (DO C 429 de 11.12.2020, p. 159).

(22)  Dictamen sobre la nueva Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (SOC/671) (DO C 341 de 24.8.2021, p. 50).