—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 8, 9, 151, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus disposiciones relativas a los derechos sociales y a la igualdad entre hombres y mujeres,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el principio de «no dejar a nadie atrás» y, en particular, el Objetivo 1, que tiene como fin acabar con la pobreza, el Objetivo 5, que aspira a conseguir la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres, y el Objetivo 8, que busca asegurar el crecimiento económico sostenible,

—

Vista la Estrategia Europa 2020, que es la estrategia de crecimiento de la Unión, y en particular su objetivo de reducir antes de 2020 en un 25 % el número de personas que en su territorio viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, lo que supone sacar de la pobreza a veinte millones de personas, y la necesidad de desplegar plenamente el sistema de pensiones y de seguridad social de los Estados miembros a fin de garantizar que se promuevan unos ingresos adecuados,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

—

Visto el Convenio n.o 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo,

—

Visto el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales,

—

Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (1),

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (2),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (3) (Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

—

Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2005, sobre mujeres y pobreza en la Unión Europea (4),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea (5),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre las mujeres empresarias en pequeñas y medianas empresas (6),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, titulada «Pobreza y perspectiva de género» (7),

—

Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales (8),

—

Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (9),

—

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE (10),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género (11),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (12),

—

Vista su Resolución, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género (13),

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis (14),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2021, titulada «Envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 2020» (15),

—

Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2021, sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores (16),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, tituladas «Economías que fomentan la igualdad de género en la UE: perspectivas de futuro»,

—

Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), de 5 de marzo de 2020, titulado «Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pekín + 25: quinta revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE),

—

Visto el informe de la Organización Internacional del Trabajo, de 27 de mayo de 2020, titulado «La COVID-19 y el mundo del trabajo. 4.a edición»,

—

Visto el informe de políticas de Eurofound y del EIGE, de 15 de julio de 2021, titulado «Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?» (Convergencia al alza en igualdad de género: ¿está la Unión cerca de lograr la igualdad?),

—

Visto el estudio del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento, de diciembre de 2017, titulado «Gender perspective on access to energy in the EU» (Perspectiva de género en el acceso a la energía en la Unión),

—

Vistos los índices de igualdad de género para 2019 y 2020 del EIGE,

—

Visto el documento de posición de Make Mothers Matter, de junio de 2021, titulado «Mothers’ Poverty in the EU» (La pobreza de las madres en la Unión Europea),

—

Vista la evaluación de la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021 y la Propuesta de informe conjunto sobre el empleo 2021 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, de febrero de 2021, titulada «Working towards a Socially Inclusive and Poverty-proof Recovery from the COVID-19 Pandemic» (Hacia una recuperación integradora socialmente y sin pobreza de la pandemia de COVID-19),

—

Vistos el estudio del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento, de 19 de mayo de 2021, titulado «COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty: Insight from 5 European Countries» (La COVID-19 y sus repercusiones económicas para las mujeres y la pobreza de las mujeres. Perspectivas de cinco países europeos),

—

Visto el estudio del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento, de 14 de junio de 2021, titulado «Gender equality: Economic value of care from the perspective of the applicable EU funds» (Igualdad de género. Valor económico de los cuidados desde la perspectiva de los fondos aplicables de la Unión),

—

Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre la consecución del objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias (17) y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género al respecto,

—

Visto el trabajo de la Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo, puesta en marcha en junio de 2021,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-0194/2022),

A.

Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental de la Unión consagrado en el artículo 2 del TUE; que el artículo 8 del TFUE establece el principio de integración de la perspectiva de género;

B.

Considerando que la erradicación de la pobreza es una de las prioridades de la Unión, consagrada en el artículo 3 del TUE y en el artículo 34 de la Carta y es uno de los objetivos principales del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que refleja el compromiso de la Unión de combatir la pobreza en sus políticas;

C.

Considerando que, en la Unión, el número de mujeres en situación de pobreza sigue siendo todavía superior al número de hombres en esta situación (18); que, a pesar de la reducción de la pobreza en la Unión tanto entre las mujeres como entre los hombres, las mujeres siguen viéndose desproporcionalmente más afectadas por la pobreza y el riesgo de exclusión social que los hombres, en especial aquellas que sufren formas interseccionales de discriminación; que, en 2020, el riesgo de pobreza y exclusión social era mayor para las mujeres (22,9 %) que para los hombres (20,9 %), aunque en ambos casos ha disminuido con respecto al índice de 2015 (24,9 % y 23,1 %, respectivamente); que, desde 2017, la brecha de género en materia de pobreza ha aumentado en veintiún Estados miembros (19); que, según los datos existentes, las tasas de pobreza entre las mujeres presentan variaciones importantes entre los Estados miembros; que, debido a la fuerte correlación entre la pobreza femenina y la pobreza infantil, uno de cada cuatro niños en la Unión se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social;

D.

Considerando que, según las estimaciones para la Europa de los Veintisiete para 2019, el riesgo de pobreza afecta especialmente a las mujeres, y la tasa de pobreza se sitúa en el 17,1 % después de las transferencias sociales; que, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada en el ámbito socioeconómico, también, en algunos casos, por la pérdida de empleo; que la tasa de empleo de las mujeres ha caído de forma aún más pronunciada que durante la recesión de 2008; que esto se debe, entre otras cosas, al aumento del trabajo asistencial, doméstico y educativo no remunerado realizado principalmente por mujeres, que también ha dado lugar a un aumento de la pobreza de las mujeres; que, ya antes de la pandemia de COVID-19, la mayoría de las personas empleadas en puestos temporales o a tiempo parcial eran mujeres, especialmente en el sector servicios, y que la pandemia ha reforzado esta tendencia; que los efectos de la pandemia de COVID-19 aún no se han comprendido plenamente y que el impacto socioeconómico seguirá observándose en los próximos años; que, por tanto, es esencial analizar la pobreza femenina en el contexto de la gestión y las consecuencias de la crisis de la COVID-19; que las medidas adoptadas para salir de la crisis financiera de 2008 no han sido suficientes para reducir la pobreza de las mujeres; que las reducciones en la financiación de los servicios públicos sociales y la desproporción de unos salarios más bajos afectan a las mujeres, debido a su mayor dependencia de los servicios públicos sociales y de los subsidios;

E.

Considerando que la integración de la perspectiva de género significa tener en cuenta las diferencias de género en todo el ciclo estratégico y añadir un enfoque interseccional que tome en consideración la diversidad de mujeres y hombres a la hora de diseñar, aplicar y evaluar políticas, programas y proyectos a fin de mejorar la igualdad de género; que, hasta ahora, las políticas de la Unión no han aplicado políticas que realmente integren esta perspectiva ni han incluido un enfoque interseccional;

F.

Considerando que el artículo 3, apartado 3, del TUE compromete a la Unión a combatir la «exclusión social y la discriminación» y a fomentar «la justicia y la protección sociales [y] la igualdad entre mujeres y hombres», en consonancia con el concepto de economía social de mercado; que el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales tiene el objetivo específico de reducir el número de personas en riesgo de pobreza en al menos quince millones, incluidos cinco millones de niños, de aquí a 2030; que las agendas social, ecológica y de igualdad de género están interrelacionadas y comparten los objetivos de velar por un crecimiento sostenible y una distribución justa de los recursos; que los debates sobre la revisión del actual modelo de gobernanza socioeconómica de la Unión deben tomar en consideración el compromiso de la Unión de reducir las desigualdades y erradicar la pobreza, en particular la pobreza de las mujeres;

G.

Considerando que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, ha señalado que la Unión debe desarrollar una estrategia de lucha contra la pobreza a escala de toda la Unión que garantice un enfoque estructural y amplio para erradicar la pobreza femenina; que es necesario un contrato social más justo para la Unión Europea tras la pandemia, que incluya políticas económicas destinadas a reducir las desigualdades económicas;

H.

Considerando que la pobreza de los padres ocasiona a menudo la pobreza infantil; que invertir en políticas de apoyo a las mujeres mejora también las condiciones de vida de sus familias y, en especial, de sus hijos; que la Unión y los Estados miembros deben respetar, proteger y cumplir los derechos de los niños, de conformidad con el TUE; que los derechos de los niños corren peligro en situaciones de pobreza; que la erradicación de la pobreza infantil está recogida en el principio 11 del pilar europeo de derechos sociales;

I.

Considerando que las familias monoparentales corren mayor riesgo de sufrir pobreza y exclusión social y tienen una mayor probabilidad de transmitir la pobreza de generación en generación; que el 85 % de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres; que el 42,1 % de la población de la Unión que vive en hogares monoparentales con hijos a cargo estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020;

J.

Considerando que la pobreza de las mujeres es el resultado de la discriminación que sufren a lo largo de toda su vida; que los estereotipos de género siguen influyendo en la división de tareas en el hogar, en la educación, en el trabajo y en la sociedad, así como en el acceso al poder y la toma de decisiones; que el trabajo asistencial y doméstico no remunerado impone una carga desproporcionada a las mujeres, que son quienes principalmente lo realizan; que las mujeres representan más del 70 % de los trabajadores del sector sanitario y asistencial a escala mundial; que este tipo de puestos de trabajo se han infravalorado sistemáticamente porque han sido y siguen siendo desempeñados gratuitamente por las mujeres en los hogares; que la remuneración de las mujeres es inferior a la de los hombres; que las mujeres tienen más contratos a tiempo parcial debido a la pobreza de tiempo; que las mujeres sufren la pobreza de las personas con empleo, que aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social debido a la baja intensidad laboral;

K.

Considerando que deben tenerse presentes las recomendaciones del pilar europeo de derechos sociales sobre igualdad de género, igualdad de oportunidades y ayuda activa al empleo;

L.

Considerando que la pobreza de las mujeres es multidimensional y, por esta razón, debemos luchar contra todas las causas y consecuencias de todas las facetas de la pobreza de las mujeres, que comprende la privación material, pero también la falta de acceso a diferentes recursos y servicios, que limita su capacidad de disfrutar plenamente de su ciudadanía; que la pobreza femenina está directamente influida por la falta de una valoración justa del trabajo que principalmente realizan las mujeres, las interrupciones de la carrera profesional debido al permiso de maternidad o a las responsabilidades asistenciales, el reparto desigual de las responsabilidades asistenciales no remuneradas, así como el trabajo doméstico y la segregación en la educación y, posteriormente, en el mercado laboral; que la pobreza de las mujeres da lugar a su exclusión de determinados aspectos sociales y políticos de la vida; que, al mismo tiempo, la falta del adecuado acceso a los recursos y servicios aumenta el riesgo de que las mujeres caigan en la pobreza o permanezcan en ella, lo que demuestra la interdependencia mutua entre la pobreza y la exclusión social y política;

M.

Considerando que el impacto de la pobreza en las mujeres y los hombres es diferente y que, por lo tanto, también deben tenerse en cuenta ciertos indicadores para entender mejor la feminización de la pobreza, como la edad, la esperanza de vida, la desigualdad de ingresos, la brecha salarial entre hombres y mujeres, el tipo de hogar y las transferencias sociales; que las sinergias entre las diversas acciones llevadas a cabo y las políticas de apoyo a la igualdad de género, el empleo, la educación, las políticas fiscales y de vivienda pueden ayudar a combatir de manera más eficaz las causas subyacentes de la pobreza y la exclusión social;

N.

Considerando que el riesgo de pobreza y exclusión social es mayor en determinados grupos de mujeres, como las madres solteras, las mujeres de más de 65 años, las mujeres con discapacidad, las mujeres con bajo nivel de educación y las de origen migrante;

O.

Considerando que las mujeres superan en número a los hombres en los grupos de edades más avanzadas dentro de la población de la Europa de los Veintisiete; que en 2019 había más del doble de mujeres que de hombres de edad muy avanzada (85 años o más); que la evolución del envejecimiento tendrá profundas implicaciones para los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, y afectará especialmente a los sistemas sanitarios y de asistencia social, los mercados laborales, las finanzas públicas y los derechos de pensión;

P.

Considerando que las cifras indican que, por término medio, el 29,5 % de las mujeres con discapacidad en la Unión corre el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social, frente al 27,5 % de los hombres con discapacidad;

Q.

Considerando que las mujeres de grupos más vulnerables, como las mujeres jóvenes, las mujeres con discapacidad, las mujeres de origen migrante, las mujeres romaníes, las mujeres pertenecientes a minorías religiosas o étnicas, así como las mujeres LBTQI+, se enfrentan a formas adicionales e interseccionales de discriminación a la hora de acceder a la educación, la atención sanitaria, el empleo y los servicios sociales, por lo que están expuestas a un mayor riesgo de pobreza;

R.

Considerando que la población gitana sufre discriminación a la hora de acceder a iniciativas de empleo como la Garantía Juvenil; que los servicios públicos de empleo a menudo carecen de capacidad para llegar a esta población o aplican prácticas de discriminación indirecta;

S.

Considerando que, en relación con los datos sobre la pobreza, la unidad estadística de hogar define la pobreza en el seno de los hogares y no toma en consideración las desigualdades de género en el reparto interno de los recursos, lo que dificulta que se puedan obtener datos fiables desglosados por género;

T.

Considerando que la pobreza de las mujeres aumenta el riesgo de carencia de hogar, de falta de acceso a una vivienda adecuada y de pobreza energética; que son necesarias medidas estratégicas adaptadas específicamente a las familias monoparentales;

U.

Considerando que la igualdad de género en el mercado laboral es un instrumento importante para eliminar la pobreza de las mujeres que no solo beneficia a las mujeres, sino también al conjunto de la economía, con un impacto positivo en el PIB, los niveles de empleo y la productividad; que la mejora de la igualdad de género daría lugar a un incremento del PIB per cápita de la Unión de entre un 6,1 y un 9,6 % y supondría la creación de 10,5 millones de puestos de trabajo adicionales, que beneficiarían tanto a mujeres como a hombres de aquí a 2050;

V.

Considerando que, a pesar de que el trabajo en sectores en los que predominan en gran medida las mujeres es esencial y de gran valor económico, este trabajo está peor valorado y remunerado que el trabajo en sectores en los que predominan los hombres; que existe una necesidad urgente de volver a evaluar la adecuación de los salarios en los sectores en los que predominan las mujeres teniendo en cuenta su valor social y económico, y de seguir avanzando en cuanto al salario mínimo, la renta mínima y la transparencia salarial en los reglamentos de la Unión;

W.

Considerando que el derecho al trabajo es una condición previa esencial para que las mujeres gocen de independencia económica, realización profesional e igualdad de derechos efectiva;

X.

Considerando que la brecha media en el empleo entre hombres y mujeres se sitúa en el 11,5 % y que las mujeres están representadas de manera desproporcionadamente alta en sectores laborales precarios y de baja remuneración; que las mujeres tienen mayor representación en las formas de trabajo flexible y los contratos atípicos y flexibles (trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, etc.); que las mujeres sufren discriminación por embarazo y maternidad; que la diferencia salarial entre mujeres y hombres se situaba en el 14,1 % a escala de la Unión en 2019, aunque existían diferencias significativas entre los Estados miembros (20); que la brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado en diecisiete Estados miembros desde 2010, mientras que la brecha de género en materia de ingresos ha aumentado en diecinueve Estados miembros, lo que ha generado un incremento general en la desigualdad de género en los salarios y los ingresos en la Unión (21); que alrededor del 10 % de la población activa de la Unión corre el riesgo de caer en la pobreza, y que son principalmente las mujeres las que perciben el salario mínimo o ingresos por debajo de un salario digno, debido, entre otras cosas, a la mayor participación de las mujeres en la economía informal; que la lucha contra el trabajo no declarado y la fijación de niveles adecuados y justos de salarios mínimos que proporcionen un nivel de vida digno pueden contribuir a reducir la desigualdad salarial, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la pobreza femenina;

Y.

Considerando que la Carta Social Europea reconoce el derecho de todos los trabajadores y, por tanto, también de las trabajadoras, a una remuneración justa que sea suficiente para garantizar un nivel de vida digno para ellos y sus familias, así como el derecho a la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor; que, además, establece el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social y contribuye a reducir la brecha salarial existente entre hombres y mujeres;

Z.

Considerando que la tasa de personas transgénero con empleo remunerado es solo del 51 %, frente al 69,3 % de la población en general; que el desempleo es un problema particular para las mujeres transgénero, cuya probabilidad de estar desempleadas casi triplica la media de la población general (22);

AA.

Considerando que solo el 20,7 % de las mujeres con discapacidad y el 28,6 % de los hombres con discapacidad tienen un empleo a tiempo completo; que en algunos Estados miembros es frecuente que las personas con discapacidad pierdan el derecho a recibir prestaciones por discapacidad al aceptar un empleo, lo que aumenta su riesgo de caer en la pobreza a pesar de estar empleados;

AB.

Considerando que en 2019 la brecha de género en materia de pensiones se situó en un promedio de 29,4 % (23) como consecuencia de los desequilibrios debidos a las desigualdades que persisten a lo largo de la vida; que esta brecha en materia de pensiones se traduce en que las mujeres tienen más probabilidades de caer por debajo del umbral de la pobreza al envejecer, habida cuenta también de que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, lo que agrava las consecuencias de la pobreza y la exclusión social; que una mayor inclusión laboral a lo largo de toda la vida ayudará a cerrar la brecha de género en materia de pensiones;

AC.

Considerando que la revolución tecnológica y digital a la que estamos asistiendo acrecienta el progreso digital y las nuevas oportunidades de negocio, y que esta revolución tecnológica y digital está cambiando los patrones económicos, los sistemas sociales y el mercado laboral; que todos los miembros de nuestra sociedad, especialmente las mujeres, deben tener la oportunidad de participar en esta prosperidad;

AD.

Considerando que hay que seguir promoviendo unas políticas dirigidas a aumentar la participación de las mujeres en los ámbitos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) y la inteligencia artificial, así como la adopción de un enfoque multinivel para abordar la brecha de género en todos los niveles de la educación y el empleo en el sector digital;

AE.

Considerando que las niñas obtienen mejores resultados que los niños en el colegio, pero a menudo afrontan mayores dificultades o las presiones familiares y de otro tipo les impiden traducir ese éxito educativo en logros profesionales;

AF.

Considerando que las mujeres que viven en las zonas rurales se ven particularmente afectadas por la pobreza; que muchas mujeres que viven en las zonas rurales ni siquiera están inscritas en el mercado laboral o como desempleadas; que la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales es muy elevada, y las que tienen un trabajo cobran salarios muy bajos; que las mujeres en las zonas rurales tienen un acceso limitado a la educación;

AG.

Considerando que un enfoque común de la Unión relativo al sector asistencial, junto con las políticas de los Estados miembros, crearía un valor añadido significativo; que las mujeres realizan tareas asistenciales no remuneradas con más frecuencia que los hombres, por lo que el cuidado de los hijos o de las personas dependientes es una de las razones más comunes por las que las mujeres reducen su jornada laboral o se retiran del mercado laboral; que es más frecuente que las mujeres interrumpan su carrera profesional o asuman empleos de corta duración, a tiempo parcial, precarios o incluso informales que pueden compatibilizar con las tareas asistenciales, lo que afecta a sus ingresos y a sus cotizaciones a efectos de la pensión y, por tanto, repercute en su independencia económica en la vejez; que el acceso universal a instalaciones y servicios sanitarios y sociales de calidad a precios asequibles, como la atención y educación de la primera infancia y la atención de otras personas dependientes, no solo es fundamental para evitar el aumento de la pobreza, especialmente entre las mujeres, sino que también es esencial en una economía al servicio del interés público; que, por tanto, la inversión en estos servicios redunda en beneficio de la independencia económica de las mujeres y en su capacidad de participar en el mercado laboral; que las medidas de protección social son absolutamente cruciales para luchar contra la pobreza femenina, no solo desde el punto de vista económico, sino también en su multidimensionalidad;

AH.

Considerando que la pobreza agudiza los efectos de la violencia de género en las mujeres, ya que una peor situación económica dificulta que las mujeres abandonen a su pareja cuando se encuentra en una relación abusiva; considerando que la violencia de género es un problema estructural que puede darse en todos los grupos socioeconómicos y es independiente del origen o las creencias; que la pobreza expone a las mujeres a un mayor riesgo de trata y explotación sexual, ya que hace que ellas y sus familias dependan económicamente de las personas que las explotan; que la violencia de género también contribuye a la pobreza y a la exclusión social, ya que la violencia tiene consecuencias para la salud y puede llevar a la pérdida del empleo y del hogar;

AI.

Considerando que el acoso en el lugar de trabajo, incluido el acoso sexual y el psicológico, cuyas víctimas suelen ser mujeres, tiene para estas un efecto disuasorio, que se traduce en un aumento del absentismo, una reducción de la productividad y, en consecuencia, una pérdida de ingresos, y contribuye a expulsarlas del mercado laboral, con la consiguiente repercusión negativa en la carrera profesional y la independencia económica; que la denuncia de acoso en el lugar de trabajo puede dar lugar al despido o al aislamiento de la víctima;

AJ.

Considerando que se calcula que actualmente una de cada diez niñas no puede permitirse productos de higiene femenina; que en su Resolución de 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión, el Parlamento pidió a todos los Estados miembros que eliminen los llamados «impuestos por cuidados y tampones» aprovechando la flexibilidad introducida en la Directiva sobre el IVA y aplicando exenciones fiscales o un tipo de IVA del 0 % a dichos bienes básicos y esenciales;

AK.

Considerando que la guerra rusa contra Ucrania está provocando un nuevo aumento de la pobreza, especialmente entre las mujeres, tanto porque obliga a las mujeres y a los niños ucranianos a huir a los países vecinos como debido al aumento de los precios de los servicios y bienes básicos que están experimentando todos los europeos, pero que afecta especialmente a aquellos que ya disponen de menos recursos;

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Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 16 de septiembre de 2021, titulada «Estrategia de la UE para la cooperación en la región indopacífica» (JOIN(2021)0024),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de abril de 2021, sobre una estrategia de la UE para la cooperación en la región indopacífica,

—

Vista la estrategia de los Países Bajos para la región indopacífica, de 13 de noviembre de 2020, titulada «Indo-Pacific: Guidelines for strengthening Dutch and EU cooperation with partners in Asia» (Región indopacífica: orientaciones para el fortalecimiento de la cooperación de los Países Bajos y la Unión Europea con socios de Asia),

—

Vistas las orientaciones políticas del Gobierno Federal alemán sobre la región indopacífica, de septiembre de 2020,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 1 de diciembre de 2021, titulada «The Global Gateway» (JOIN(2021)0030),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de febrero de 2021, titulada «Revisión de la política comercial — Una política comercial abierta, sostenible y firme» (COM(2021)0066),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 12 de marzo de 2019, titulada «UE-China — Una perspectiva estratégica» (JOIN(2019)0005),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 19 de septiembre de 2018, titulada «Conectar Europa y Asia — Elementos de una estrategia de la UE» (JOIN(2018)0031),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2021, titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital» (COM(2021)0118),

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Visto el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el 15 de septiembre de 2021,

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Visto el comunicado de prensa conjunto, de 3 de diciembre de 2021, del Servicio Europeo de Acción Exterior y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre las consultas de alto nivel acerca de la región indopacífica,

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Vista la 11.a reunión de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa, organizada por Camboya el 16 de noviembre de 2021,

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Vista la política de «una sola China» de la Unión, tal como se esboza en la perspectiva estratégica UE-China, de 12 de marzo de 2019,

—

Visto el Acuerdo Global de Inversiones celebrado en principio por la Unión y China el 30 de diciembre de 2020,

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Vista su Recomendación, de 21 de octubre de 2021, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre las relaciones políticas y la cooperación UE-Taiwán (1),

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Vista su Recomendación, de 29 de abril de 2021, al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre las relaciones entre la Unión y la India (2),

—

Vistos el documento oficioso de los servicios de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, titulado «Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements» (Aportaciones y próximas medidas para la mejora de la aplicación y el cumplimiento de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos de libre comercio de la Unión) y su plan de acción de quince puntos relativo a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible,

—

Visto el Acuerdo de Libre Comercio, de 16 de septiembre de 2010, entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra (3),

—

Vistos el Acuerdo de Libre Comercio (4) y el Acuerdo de Protección de las Inversiones, de 19 de octubre de 2018, entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra,

—

Vistos el Acuerdo de Libre Comercio (5) y el Acuerdo de Protección de las Inversiones, de 30 de junio de 2019, entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra,

—

Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una Asociación Económica (6),

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea, por una parte, y los miembros de la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra,

—

Vistas las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Australia, Nueva Zelanda e Indonesia, que están en curso, y las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Malasia, Tailandia y Filipinas, actualmente en suspenso,

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Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre las relaciones políticas de la Unión con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) (7),

—

Vista la decisión adoptada en la reunión ministerial de la ASEAN, de 21 de enero de 2019, de establecer una asociación estratégica UE-ASEAN,

—

Vista la vigésimo novena reunión del Comité Mixto de Cooperación UE-ASEAN, celebrada el 11 de febrero de 2022,

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Visto el Diálogo Interregional inaugural entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), celebrado el 22 de junio de 2021,

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Visto el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, de 12 de diciembre de 2015, y la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

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Visto el informe de la Comisión, 27 de octubre de 2021, relativo a la ejecución y la garantía de cumplimiento de los acuerdos comerciales de la UE (COM(2021)0654),

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Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre la revisión de la política comercial de la UE (8),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre las contrasanciones chinas a entidades de la Unión, diputados al Parlamento Europeo y parlamentarios nacionales (9),

—

Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2021, sobre una nueva estrategia Unión-China (10),

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre conectividad y las relaciones UE-Asia (11),

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2021, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (12),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2020, titulada «Aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018» (13),

—

Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Corea (14),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Pesca,

—

Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0170/2022),

A.

Considerando que la región indopacífica se ha convertido en una realidad geopolítica y geoeconómica; que el creciente peso económico, demográfico y político de la región la convierte en un actor clave en la configuración del orden internacional y en la resolución de los retos globales; que el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado del Atlántico al Pacífico;

B.

Considerando que Europa y la región indopacífica representan conjuntamente más del 70 % del comercio mundial de bienes y servicios y más del 60 % de la inversión extranjera directa, y que su comercio anual alcanzó los 1,5 billones EUR en 2019; que la región indopacífica supone el 60 % del producto interior bruto (PIB) mundial y aporta dos tercios del crecimiento económico mundial; que la Unión es el principal inversor en la región, que alberga a cuatro de sus diez principales socios comerciales (China, Japón, Corea del Sur y la India) (15);

C.

Considerando que la Unión tiene actualmente en vigor cuatro acuerdos comerciales bilaterales en la región (con Japón, Singapur, Corea del Sur y Vietnam), cinco asociaciones estratégicas (con la ASEAN, China, la India, Japón y Corea del Sur) y dos asociaciones de conectividad (con Japón y la India);

D.

Considerando que la Unión y la ASEAN abrieron un nuevo capítulo en sus relaciones de largo recorrido al entablar una Asociación Estratégica en diciembre de 2020;

E.

Considerando que la intensificación de las relaciones interparlamentarias y de la diplomacia parlamentaria entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos de Asia Sudoriental —a través de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA)— debería reflejar el programa futuro de unas relaciones UE-ASEAN más amplias y profundas; que el Parlamento Europeo y la AIPA son socios naturales con un potencial significativo para contribuir al fortalecimiento de las relaciones UE-ASEAN;

F.

Considerando que las relaciones UE-ASEAN se basan en los valores y principios compartidos de un orden internacional basado en normas, un multilateralismo eficaz y sostenible y un comercio libre y justo; que las entidades con sede en la Unión son el mayor proveedor de inversión extranjera directa en la región de la ASEAN; que la Unión es el tercer socio comercial de la ASEAN y que la ASEAN en su conjunto representa el tercer socio comercial de la Unión fuera de Europa; que las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio UE-ASEAN se han estado suspendidas de común acuerdo desde 2009;

G.

Considerando que los esfuerzos de Corea en relación con la aplicación del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible están lejos de ser óptimos; que es necesario realizar mejoras más concretas;

H.

Considerando que varios países de la región indopacífica se benefician de preferencias arancelarias de la Unión en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que facilita el acceso a los mercados de la Unión, y que los países menos desarrollados de la región se benefician del acuerdo libre de impuestos y de cuotas «Todo menos armas»; que Pakistán, Filipinas y Sri Lanka se benefician del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+); que estos instrumentos han contribuido al desarrollo económico de estos países, al respeto de los derechos humanos y laborales, a la protección del medio ambiente y a la mejora de la gobernanza;

I.

Considerando que la competencia geopolítica en el orden mundial entre los principales actores sigue aumentando, en particular entre los Estados Unidos y China, con efectos significativos en el comercio mundial; que los acontecimientos recientes han afectado a las cadenas de suministro sostenibles a escala mundial y al abastecimiento de materias primas esenciales, lo que ha elevado los precios de la energía y de los alimentos; que las relaciones entre la Unión y China tienen un carácter polifacético en el que China es un socio para la cooperación, pero también un competidor económico y un rival sistémico en numerosos ámbitos;

J.

Considerando que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico es un acuerdo comercial abierto y con visión de futuro cuyo objetivo es garantizar unas condiciones de competencia equitativas y un entorno comercial basado en normas en la región indopacífica y que proporciona un modelo de integración comercial regional; que los Estados Unidos se retiraron del Tratado en enero de 2017, mientras que China, Taiwán y el Reino Unido presentaron oficialmente una solicitud de adhesión en 2021;

K.

Considerando que la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés) —liderada por la ASEAN y firmada también por Australia, China, Japón, la República de Corea y Nueva Zelanda— entró en vigor en enero de 2022, creando así el mayor bloque comercial del mundo; que la RCEP pretende promover una mayor cooperación regional en materia de comercio e inversión y de comercio digital, abordando a la vez cuestiones reglamentarias con miras a facilitar los movimientos transfronterizos, al tiempo que incluye disposiciones más bien limitadas en los ámbitos laboral y medioambiental;

L.

Considerando que la crisis de la COVID-19 ha acelerado un conjunto de tendencias geopolíticas que ya estaban en marcha; que también ha resaltado la necesidad de reforzar la cooperación internacional, especialmente en el sector de la salud; que ha evidenciado asimismo la falta de resiliencia de las economías de los Estados miembros y vulnerabilidades en las cadenas de suministro mundiales y puesto de manifiesto la necesidad de una mayor diversificación;

M.

Considerando que la realidad geopolítica ha cambiado drásticamente desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, lo que eleva la importancia del compromiso reforzado de la Unión con los socios de la región indopacífica y la urgencia de diversificar nuestras relaciones comerciales, reforzar nuestra cooperación en tecnologías críticas y emergentes, cuestiones digitales y materias primas, fortalecer y diversificar las cadenas de suministro y mejorar su resiliencia y su sostenibilidad, y ayudar a abordar los desafíos globales;

N.

Considerando que el cambio climático y la degradación del medio ambiente son amenazas existenciales para la región indopacífica, Europa y el resto del mundo; que solo en 2021 más de 57 millones de personas se vieron afectadas por catástrofes relacionadas con el cambio climático en la región indopacífica (16);

O.

Considerando que, como se indica en el examen de las políticas comerciales, la Unión trabaja conjuntamente con sus socios para garantizar la adhesión a los valores universales, en particular la promoción y protección de los derechos humanos; que esto incluye normas fundamentales del trabajo, la protección social, la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad;

P.

Considerando que las regiones ultraperiféricas de la Unión y los países y territorios de ultramar, que están vinculados constitucionalmente a sus Estados miembros, constituyen una parte importante del enfoque de la Unión con respecto a la región indopacífica;

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Vista la declaración conjunta adoptada en la reunión de dirigentes de la Unión y la India celebrada en Oporto el 8 de mayo de 2021,

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Vistas la declaración conjunta y la hoja de ruta para 2025 para una Asociación Estratégica UE-India adoptadas en la decimoquinta Cumbre UE-India, celebrada el 15 de julio de 2020, así como otras declaraciones conjuntas adoptadas en los ámbitos de la lucha contra el terrorismo, el clima y la energía, la urbanización, la migración y la movilidad y la asociación sobre el agua,

—

Vistos los diálogos de alto nivel en materia de comercio e inversión, celebrados por vez primera en febrero y abril de 2021, entre el vicepresidente ejecutivo de la Comisión y el ministro indio de Comercio e Industria,

—

Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 20 de noviembre de 2018, titulada «Elementos de una estrategia de la Unión Europea con respecto a la India» (JOIN(2018)0028), y las correspondientes Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2018,

—

Vistas las Decisiones del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre un mandato de negociación relativo a las negociaciones en materia de comercio e inversión con la India, y de 14 de julio de 2011, sobre un mandato relativo a las negociaciones en materia de comercio e inversión con la India: directrices de negociación para las negociaciones en materia de comercio e inversión,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 16 de septiembre de 2021, titulada «Estrategia de la UE para la cooperación en la región indopacífica» (JOIN(2021)0024),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de febrero de 2021, titulada «Revisión de la política comercial — Una política comercial abierta, sostenible y firme» (COM(2021)0066),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional — Europa Global (1),

—

Vistas sus Resoluciones, de 13 de septiembre de 2017, sobre las relaciones políticas de la Unión con la India (2), y de 21 de enero de 2021, sobre conectividad y las relaciones UE-Asia (3),

—

Vista su Recomendación, de 29 de abril de 2021, al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre las relaciones entre la Unión y la India (4),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (5),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2021, sobre los aspectos y consecuencias de la COVID-19 con respecto al comercio (6),

—

Vista su propuesta de Resolución común, de 29 de enero de 2020, sobre la Ley india de nacionalidad (modificación) de 2019,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

—

Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0193/2022),

A.

Considerando que la Unión y la India convocaron una reunión de dirigentes en mayo de 2021, de acuerdo con su compromiso de reunirse periódicamente al más alto nivel y fortalecer su asociación estratégica con vistas a mejorar la cooperación económica y política;

B.

Considerando que la Unión y la India, en cuanto las dos mayores democracias del mundo, comparten fuertes vínculos políticos, económicos, sociales y culturales; que, no obstante, las relaciones comerciales bilaterales todavía no han alcanzado su pleno potencial;

C.

Considerando que los dirigentes de la Unión y de la India han afirmado su determinación de preservar e impulsar un multilateralismo efectivo y un orden multilateral basado en normas articulado en torno a las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC);

D.

Considerando que, durante el 11.o período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la India se abstuvo en la votación de la Resolución, de 24 de marzo de 2022, titulada «Consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania», mientras que 140 países votaron a favor;

E.

Considerando que la Unión es el tercer socio comercial más importante de la India y su principal inversor extranjero, mientras que la India es el noveno socio comercial más importante de la Unión y únicamente representó menos del 2,1 % de su comercio total de mercancías en 2021; que todavía hay potencial sin aprovechar para lograr una cooperación económica más fuerte, profunda y beneficiosa para ambas partes, que podría redundar en la creación de nuevos puestos de trabajo y en más oportunidades para ambos socios, siempre que se respeten las normas europeas;

F.

Considerando que la zona de libre comercio ASEAN-India, incluidos el Acuerdo sobre el Comercio de Mercancías, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y el Acuerdo de Inversión, existe desde 2003;

G.

Considerando que el marco estratégico de la Unión con respecto a la India, establecido en la Asociación Estratégica UE-India, su Estrategia Global, su Estrategia sobre la India, su estrategia de conexión entre Europa y Asia, su Asociación UE-India en materia de conectividad, el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y la India y la Estrategia de la UE para la Cooperación en la Región Indopacífica, ha puesto de manifiesto la enorme importancia de cooperar con la India en la agenda mundial de la Unión; que el 25 de abril de 2022 la Unión y la India acordaron crear un Consejo de Comercio y Tecnología;

H.

Considerando que la India sigue enfrentándose a importantes retos en relación con el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el medio ambiente, en particular con respecto a la situación de las minorías y las libertades fundamentales; que el Parlamento expresó su preocupación por la Ley de nacionalidad (modificación) de 2019 (CAA, por sus siglas en inglés), que excluye a los musulmanes de la protección de la nacionalidad;

I.

Considerando que la India todavía no ha ratificado todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a saber, el Convenio n.o 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio n.o 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; que la mano de obra de la economía informal de la India sigue representando más del 90 % de la mano de obra total; que esto deja a millones de personas sin seguridad social y conlleva una vida en la incertidumbre (7);

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Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vistos los objetivos establecidos en el artículo 3 del TUE, en particular la lucha contra la exclusión social y la discriminación, el fomento de la justicia social, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño, así como la cohesión económica, social y territorial,

—

Vistos el artículo 8 sobre la integración de la perspectiva de género, que consagra el objetivo de la Unión de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad, y la cláusula social horizontal del artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los objetivos de la política social establecidos en los artículos 151 y 153 del TFUE,

—

Vista la Carta Social Europea revisada, en particular sus artículos 15, sobre el derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación, y 23, sobre el derecho de las personas de edad avanzada a protección social,

—

Vistos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular su artículo 25, sobre el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, ysu artículo 26, sobre la integración de las personas discapacitadas, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, tal y como menciona el artículo 6 del TFUE,

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Visto el primer principio del pilar europeo de derechos sociales y, en particular, su decimoséptimo principio sobre la inclusión de las personas con discapacidad, y su decimoctavo principio, sobre el derecho a los cuidados de larga duración,

—

Vistos la Década de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable (2021-2030) y el marco de la OMS para que los países consigan una continuidad integrada de cuidados de larga duración (1),

—

Visto el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y sus objetivos principales de aquí a 2030,

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular los objetivos n.o 3 sobre «Salud y bienestar», n.o 5 sobre «Igualdad de género», n.o 8 sobre «Trabajo decente y crecimiento económico» y n.o 10 sobre «Reducción de las desigualdades»,

—

Vistos el informe temático A/75/2020 de la experta independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores, de 22 de julio de 2020, sobre el impacto de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el disfrute de todos los derechos humanos de las personas mayores (2) y su declaración sobre la autonomía y los cuidados de las personas mayores ante la 30.a sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (3),

—

Vistos los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y, en particular, el Convenio sobre el Personal de Enfermería (Convenio n.o 149) de 1977 y su Recomendación adjunta n.o 157, el Convenio sobre la Protección de la Maternidad (Convenio n.o 183) de 2000 y su Recomendación adjunta n.o 191, el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (Convenio n.o 189) de 2011 y su Recomendación adjunta n.o 201, el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (Convenio n.o 190) de 2019 y su Recomendación adjunta n.o 206 y la Recomendación n.o 202 sobre los Pisos de Protección Social,

—

Visto el informe de la OIT, de 19 de diciembre de 2019, titulado «The Employment Generation Impact of Meeting SDG Targets in Early Childhood Care, Education, Health and Long-Term Care in 45 Countries» (El impacto en la creación de empleo de la consecución de los ODS en el cuidado de la primera infancia, la educación, la salud y los cuidados de larga duración en 45 países),

—

Vista la Resolución de la OIT en relación con un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente, adoptada en la 109.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2021,

—

Visto el informe de la Organización Internacional del Trabajo, de 7 de marzo de 2022, titulado «Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work» (Los cuidados en el trabajo: invertir en permisos y servicios de cuidados para un mundo laboral con más igualdad de género),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

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Vistas las orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen,

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Visto el programa de trabajo de la Comisión para 2022,

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Visto el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (4),

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Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (5),

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Visto el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE) (6),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/522, por el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud («programa UEproSalud») para el período 2021-2027 (7),

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Vista la iniciativa conjunta de la OCDE y de la Comisión titulada «State of Health» (Estado de la salud),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (8),

—

Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (9),

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (10),

—

Vista la Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2022, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (11),

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Vista la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (12),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores» (COM(2017)0252),

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Visto el plan de acción de la Comisión para impulsar la economía social y crear puestos de trabajo, de 9 de diciembre de 2021,

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Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el envejecimiento, de 27 de enero de 2021 (COM(2021)0050),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «A Long-Term Vision for Rural Areas» (Una visión a largo plazo para las zonas rurales) de 2021,

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Vista la Declaración Ministerial adoptada con motivo de la cuarta Conferencia Ministerial de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas en Lisboa el 22 de septiembre de 2017 titulada «A Sustainable Society for All Ages: Realizing the potential of living longer» (Una sociedad sostenible para todas las edades: aprovechar las posibilidades que brinda la prolongación de la esperanza de vida),

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Vista la propuesta de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento (COM(2021)0093),

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Vista la propuesta de la Comisión, de 28 de octubre de 2020, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea (COM(2020)0682),

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Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) SOC/687-EESC-2021, de 19 de enero de 2022, titulado «Hacia un nuevo modelo asistencial para las personas mayores: aprender de la COVID-19»,

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Visto el Dictamen SOC/535-EESC-2016 del Comité Económico y Social Europeo (CESE), de 21 de septiembre de 2012, titulado «Derechos de los cuidadores domésticos internos»,

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Visto el informe sobre los cuidados de larga duración de 2021 elaborado por el Comité de Protección Social y la Comisión Europea (DG EMPL) titulado «Trends, challenges and opportunities in an ageing society» (Tendencias, retos y oportunidades en una sociedad que envejece),

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Vista la opinión del panel de expertos, de 23 de junio de 2021, sobre las maneras eficaces de invertir en salud titulada «Supporting mental health of health workforce and other essential workers» (Apoyo a la salud mental del personal sanitario y otros trabajadores esenciales),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo EPSCO, de 14 de junio de 2021, sobre las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 en la igualdad de género (ST/8884-21),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género (13),

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis (14),

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género (15),

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Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre el Plan de Acción en materia de Género III de la UE (16),

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos (17),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2019, relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad (18),

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Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2021, sobre los derechos de la infancia a la luz de la Estrategia de la UE sobre los derechos del niño (19),

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Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19 (20),

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2022, sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y coordinada (21),

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Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas (22),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2021, sobre el envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 2020 (23),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, titulada «Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030» (COM(2021)0101),

—

Vista su Resolución, de 18 de junio de 2020, sobre la Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020 (24),

—

Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres con discapacidad (25),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2021, titulada «Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 — La seguridad y la salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación» (COM(2021)0323),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo posterior a 2020 (incluida una mejor protección de los trabajadores frente a la exposición a sustancias nocivas, el estrés laboral y las lesiones por movimientos repetitivos) (26),

—

Visto el informe del ETUI y la FSESP sobre la transparencia retributiva y el papel de la evaluación y la clasificación del empleo neutras respecto al género en los servicios públicos,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia (27),

—

Vistas las actividades de la ALE y, en particular, la de colaborar con los Estados miembros en la lucha contra el trabajo no declarado,

—

Visto el índice de igualdad de género de 2021 elaborado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y su enfoque temático sobre la salud,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-0189/2022),

A.

Considerando que los derechos sociales forman parte de los derechos humanos y constitucionales, los derechos de la mujer son derechos humanos fundamentales y que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el TEDH y la Carta subrayan que los derechos humanos forman parte del Estado de Derecho; que el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales establece iniciativas concretas relativas a la aplicación de principios que son esenciales para construir una Europa social más fuerte en pro de unas transiciones y una recuperación justas, como la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el equilibrio entre vida profesional y vida privada, la atención a la infancia y el apoyo a los niños y la inclusión de las personas con discapacidad y en cuidados de larga duración; que ampliar y reforzar el valor y los derechos de la mano de obra del sector de los cuidados será un requisito previo para la aplicación de estas iniciativas, incluidas las relacionadas específicamente con los principios 17 y 18; que el Semestre Europeo y el cuadro de indicadores sociales deben utilizarse para reforzar una sociedad más justa, igualitaria, sostenible y resiliente; que el disfrute del más alto nivel posible de salud es un derecho fundamental y que debe garantizarse y aplicarse un alto nivel de protección de la salud a través de todas las políticas y actividades de la Unión; que el acceso a servicios públicos de calidad es un factor decisivo para la calidad de vida como parte de la estrategia de cuidados y el aumento de las inversiones en el sector;

B.

Considerando que los niños representan el 18,3 % de la población de la Unión (28); que en 2020 el 47,5 % de los hogares en la Unión tenían al menos un niño y el 14 % de los hogares estaban compuestos por niños y un progenitor soltero, en su mayoría mujeres (29);

C.

Considerando que la inmensa mayoría de los cuidadores, profesionales y no profesionales, remunerados y no remunerados, son mujeres; que las responsabilidades de cuidado en el hogar influyen en la capacidad, la duración y el tipo de trabajo remunerado que pueden asumir las mujeres a lo largo de su ciclo de vida laboral, por lo que afectan a su participación en la vida social, económica, cultural y política; que los estereotipos sobre que las mujeres son mejores cuidadoras y la percepción de que los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados son «trabajo de mujeres» refuerzan el modelo de «hombre sostén económico / mujer cuidadora» que sigue configurando el acceso a los derechos sociales, lo que repercute en la independencia económica de las mujeres y contribuye a la infravaloración y la invisibilidad económica de los cuidados, especialmente a la contribución de los cuidadores familiares, así como de los cuidadores en instituciones públicas y privadas;

D.

Considerando que los cuidadores no profesionales, en su inmensa mayoría mujeres, sin condiciones de trabajo justas y casi siempre no remunerados o sin un apoyo social adecuado, prestan el 80 % del total de los cuidados de larga duración en Europa (30), lo que hace de los cuidados un ámbito sumamente determinado por el género; que la prestación de cuidados no profesionales está asociada a la falta de derechos como las bajas por enfermedad y las vacaciones anuales, así como a la reducción de las tasas de empleo por los permisos de maternidad, paternidad y parentales, al aumento de las tasas de pobreza y exclusión social, a una menor salud mental y mayores sentimientos de aislamiento social y soledad, lo deteriora su salud física y mental, su bienestar y su inclusión social; que se estima que la contribución de las mujeres en trabajo de cuidados no remunerado añade 11 000 000 000 000 USD (31) a la economía mundial cada año, lo que equivale al 9 % del PIB mundial (32);

E.

Considerando que el 15,4 % de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación se halla en esta situación porque están cuidando de niños o adultos discapacitados o tienen otras responsabilidades familiares; que el 88 % de esos jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación son mujeres (33);

F.

Considerando que es necesario reconocer que todos los seres humanos dependen de los cuidados en distinta medida en función, entre otras cosas, de la edad, la situación socioeconómica, la constitución física y el contexto personal desde la infancia hasta la vejez; que los cuidados deben diferenciarse del apoyo a las personas con discapacidad o con problemas de salud; que el valor social y económico del trabajo de prestación de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, no se valora ni reconoce y debe reevaluarse y situarse en el centro de las políticas económicas; que deben abordarse urgentemente las repercusiones sociales, en materia de igualdad de género y económicas de las personas con responsabilidades asistenciales, en particular a la vista de los cambios demográficos;

G.

Considerando que todos los Estados miembros y la Unión están vinculados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD), incluido su artículo 19 sobre la adopción de medidas eficaces y adecuadas para garantizar la igualdad de todas las personas con discapacidad en cuanto a su derecho a vivir de forma independiente, a participar y a ser incluidas en la comunidad; que un acceso equitativo y efectivo a unos servicios de cuidados y apoyo de calidad y asequibles constituye un requisito previo esencial para la vida independiente de las personas con discapacidad, su participación en la vida comunitaria y su inclusión social;

H.

Considerando que los cuidados abarcan todos los servicios que apoyan la autonomía e independencia de las personas necesitadas de cuidados, así como las necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sociales, personales y domésticas de las personas y grupos en situaciones vulnerables; que los cuidados deben reconocerse como un derecho que garantiza el ejercicio igualitario de los derechos, la dignidad, la autonomía, la inclusión y el bienestar de todas las personas necesitadas de cuidados; que la Unión puede complementar y apoyar la acción de los Estados miembros en la mejora de los servicios de cuidados, tanto para quienes reciben cuidados como para quienes los prestan;

I.

Considerando que el trabajo de cuidados se refiere a una variedad de servicios prestados por personas, familias, comunidades, proveedores de servicios remunerados, organizaciones públicas e instituciones estatales en diferentes tipos de contextos, desde instituciones hasta hogares privados;

J.

Considerando que la Comisión define los servicios personales y domésticos como un amplio abanico de actividades que contribuyen al bienestar en el hogar de las familias y las personas, que incluyen la atención a la infancia, los cuidados de larga duración y a personas con discapacidad, las tareas domésticas, las clases de recuperación, las reparaciones domésticas, la jardinería y la asistencia informática; que los servicios personales y domésticos incluyen servicios asistenciales y no asistenciales, directos e indirectos; que, a nivel mundial, los servicios personales y domésticos suelen describirse bajo el término «trabajo doméstico»; que, por tanto, al incluir a los trabajadores domésticos en la mano de obra del sector de los cuidados se reconoce que la prestación de cuidados no solo incluye los cuidados personales, sino también los cuidados indirectos no relacionales, que proporcionan las condiciones previas necesarias para la prestación de cuidados personales; que, en los servicios personales y domésticos, las actividades de cuidados y distintas de los cuidados están muy interrelacionadas y que una gran proporción de los trabajadores realizan ambas, y, por tanto, forman parte de la mano de obra del sector de los cuidados;

K.

Considerando que el acceso a cuidados de calidad y la creación de entornos adaptados a las personas mayores resultan esenciales para un vida más larga, saludable y activa; que se prevé que el número de personas necesitadas de cuidados de larga duración en la Unión aumente de 30,8 millones en 2019 a 38,1 millones en 2050 (34); que varios Estados miembros ya se enfrentan a una escasez de mano de obra en el sector de los cuidados de larga duración, que no puede sino aumentar a medida que aumenta la demanda de cuidados de larga duración; que esto requiere inversiones en la mano de obra y sus condiciones dignas de empleo y de trabajo;

L.

Considerando que la crisis de la COVID-19 puso de relieve el papel clave desempeñado por los trabajadores de los servicios personales y domésticos dentro de nuestras sociedades, demostrando la necesidad urgente de garantizar el pleno reconocimiento de estos trabajadores en todos los Estados miembros, junto con su derecho a la negociación colectiva, seguridad social y protección social; que, debido a la persistente falta de reconocimiento adecuado de estos trabajadores en varios Estados miembros, muchos de ellos han perdido su empleo durante la pandemia de COVID-19 sin poder beneficiarse de una compensación salarial estatal ni de planes de conservación del empleo; que la pandemia acarreó la pérdida del alojamiento para muchos trabajadores de los servicios personales y domésticos, además de exponerlos a violencia y acoso en el trabajo;

M.

Considerando que, a pesar de que, a lo largo de la vida, cada persona asume al menos una vez el papel de cuidador y de beneficiario de los cuidados, existen estigmas y estereotipos en torno a la interdependencia, la discapacidad física o mental, la enfermedad, la debilidad y la necesidad de cuidados y apoyo que se interrelacionan con otros motivos de discriminación, como el género, la orientación sexual, la edad, la discapacidad, la nacionalidad, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, así como los entornos socioeconómicos desfavorecidos, la inmigración y otros contextos vulnerables, lo que agrava el riesgo de pobreza o exclusión social;

N.

Considerando que la población de la Unión está envejeciendo y que el 19 % de los ciudadanos de la Unión tenía sesenta y cinco años o más en 2018 (35); que la discriminación por edad y las necesidades de cuidados no satisfechas, no detectadas o no reconocidas siguen siendo un problema persistente en Europa; que el número de personas que dependen de la asistencia de otras personas o que tienen necesidades sanitarias y de cuidados de larga duración aumenta con la edad;

O.

Considerando que las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas se hallan entre las enfermedades no transmisibles con mayor prevalencia y más discapacitantes y onerosas del mundo, afectan a más de 100 millones de europeos y representan más del 50 % de los años vividos con discapacidad en Europa; que, debido a su prevalencia, sus consecuencias discapacitantes y su relación con la alta incidencia de comorbilidades, las personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas constituyen una fuente significativa de demanda de cuidados de larga duración profesionales y no profesionales en Europa;

P.

Considerando que muchos trabajadores asistenciales y domésticos pertenecen a una minoría étnica o son migrantes (36) que se enfrentan a una situación muy precaria y sufren discriminación interseccional debido a su raza u origen étnico, género, situación socioeconómica y nacionalidad, y que prestan servicios de cuidados internos con horarios a menudo ilimitados, lo que vulnera la legislación sobre el tiempo de trabajo en la economía profesional y no profesional; que estos trabajadores son en su mayoría mujeres sin un contrato de trabajo oficial, por lo que son más vulnerables a la explotación y a menudo carecen de acceso a sus derechos, en particular a un trabajo digno y a la protección social;

Q.

Considerando la falta de servicios asistenciales de alta calidad, accesibles, disponibles y asequibles en todos los Estados miembros, en particular en las regiones rurales especialmente afectadas por el envejecimiento de la población; que el seguimiento de los cuidados profesionales y no profesionales y de la forma y los medios de los servicios asistenciales existentes se ve obstaculizado por la falta de datos, incluidos datos desglosados, la falta de indicadores de calidad, como la Encuesta Europea sobre el Uso del Tiempo (ETUS) de la evaluación y el seguimiento de los servicios prestados, la aplicación de hojas de ruta de y la falta de conocimientos entre los proveedores de asistencia sanitaria sobre las enfermedades incapacitantes temporales;

R.

Considerando que uno de los derechos más fundamentales en relación con los cuidados y el apoyo es el derecho a elegir el tipo de servicio y la ubicación del mismo; que el derecho a elegir el propio tipo de cuidados a menudo se ve socavado por la disponibilidad insuficiente de ayuda a domicilio y de asistencia personal; que la asistencia personal recibe con demasiada frecuencia un apoyo insuficiente por parte de los Estados miembros y sigue siendo inasequible para demasiadas personas; que hasta el 75 % de las personas mayores necesitadas de cuidados de larga duración informan de que se encontrarían por debajo del umbral de riesgo de pobreza si se vieran forzadas a adquirir servicios de cuidados domésticos a pleno coste de mercado (37); que, incluso en la mayoría de países más desarrollados en términos económicos, los sistemas de protección social cubren menos del 40 % de los costes totales de los cuidados de larga duración para las personas con necesidades moderadas (38); que los Estados miembros deben garantizar la prestación de servicios asistenciales de calidad, con financiación adecuada y que funcionen correctamente, y sistemas de protección social, así como una mejor integración de los cuidados de larga duración de calidad en ellos, lo que reviste una importancia crucial para mejorar la justicia social y contribuirá a la igualdad de género;

S.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado y hecho más visibles las desigualdades y los retos existentes y puesto de manifiesto los numerosos problemas estructurales arraigados en el sistema europeo de asistencia social, como los insuficiencia de recursos en los centros asistenciales y los sistemas sanitarios o la falta de inversión en lo que respecta al acceso a los cuidados profesionales y a los servicios domésticos, incluidos los tratamientos médicos oportunos, asequibles y de alta calidad, y ha puesto de relieve las crisis preexistentes en el sector asistencial debido al gran aumento de la carga de trabajo en el sector, la escasez de mano de obra asistencial, la falta de financiación, la tensión de los sistemas de asistencia sanitaria, la dependencia excesiva de cuidados no profesionales no remunerados o el trabajo no declarado; que esto aumenta los riesgos psicosociales que afrontan los cuidadores que siguen en el sector, en su mayoría mujeres; que los retos derivados de la pandemia han provocado soledad y aislamiento social y aumentado el riesgo de abusos, abandono, deterioro de la salud física y mental de las personas necesitadas de cuidados y el bienestar general de todas las generaciones en toda la Unión, en particular cuando los niveles de inversión en cuidados previos a la pandemia eran inferiores (39); que estos efectos a largo plazo en la salud y el bienestar de las personas, así como sus consecuencias sociales y económicas, aún deben evaluarse e integrarse de forma plena en los ámbitos políticos pertinentes;

T.

Considerando que las necesidades de los cuidadores no profesionales no están cubiertas en Europa y que la pandemia de COVID-19 ha arrojado luz sobre las dificultades a las que se enfrentan estos cuidadores y las personas que reciben sus cuidados y ha puesto de manifiesto la dependencia desproporcionada de las mujeres y las niñas (40); que la falta de reconocimiento de los trabajadores de los servicios personales y domésticos o la clasificación errónea de su situación laboral provocaron que muchos de los que perdieron el puesto de trabajo durante la pandemia de COVID-19 no pudieran acceder a las medidas de protección social;

U.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades de género existentes, en particular en lo que respecta al aumento del trabajo asistencial no remunerado y del desequilibrio entre la vida profesional y la vida privada, y ha dado lugar a una doble carga para muchas mujeres, que tuvieron que asumir turnos de trabajo más largos y cuidados no profesionales adicionales en el hogar; que, antes de la pandemia de COVID-19 (41), un 37,5 % de las mujeres de la Unión cuidaban cada día de niños, personas mayores o personas con discapacidad, en comparación con un 24,7 % de los hombres; que la pandemia supuso un aumento de una media de trece horas adicionales de trabajo no remunerado por semana para las mujeres (42); que las mujeres que trabajan desde casa, a tiempo parcial o se encuentran en situación de desempleo se han visto sometidas a una presión incluso mayor, dado que han seguido realizando la mayoría de las responsabilidades de cuidados familiares y del trabajo doméstico (43); que todavía no se conocen totalmente los efectos de la pandemia de COVID-19, que seguirá teniendo un impacto socioeconómico en las mujeres;

V.

Considerando que, según la Organización Mundial de la Salud, hasta la mitad de las muertes por COVID-19 en Europa correspondieron a residentes de instalaciones de cuidados de larga duración (44); que más del 70 % de los trabajadores sociales y sanitarios que lucharon contra la COVID-19 en primera línea eran mujeres, muchas de las cuales se enfrentaron a los efectos a corto y largo plazo de la infección por COVID-19, fueron aisladas y experimentaron niveles sin precedentes de estrés, ansiedad, depresión, suicidios e incluso trastornos por estrés postraumático; que, en 2021, el 30 % de los enfermeros abandonaron la profesión en la Unión (45); que la elevada incidencia y las altas tasas de mortalidad de la COVID-19 en instalaciones de cuidados de larga duración, en particular debido a la falta de acceso a equipos de protección, pruebas y tratamiento médico, pusieron de relieve las debilidades sistémicas relacionadas con una transición demasiado lenta de la asistencia institucional a los servicios de cuidados en la familia o en la comunidad, la escasez de personal resultante de las dificultades para atraer y retener a trabajadores, las malas condiciones de empleo y de trabajo, la falta de oportunidades de desarrollo profesional para los trabajadores del sector de los cuidados y las dificultades para los cuidadores transfronterizos, así como la falta de apoyo y acceso a la seguridad social para los cuidadores no profesionales;

W.

Considerando que, además de las necesidades médicas no satisfechas, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo significativo en el acceso a la educación, la vivienda digna y los servicios que son esenciales para el bienestar y el desarrollo de los niños, generando una carga adicional en deberes de cuidados y de educación para todos los progenitores, sobre todo para las mujeres y los progenitores solos (46); que las pruebas empíricas confirman que la reducción de los servicios de cuidados y el aumento del trabajo de cuidados no remunerado realizado por mujeres durante la pandemia de COVID-19 ha reinstaurado y reforzado las desigualdades de género;

X.

Considerando que la prestación de cuidados de calidad depende de la existencia de una mano de obra suficientemente amplia, bien formada, motivada y especializada, de la creación de condiciones de trabajo atractivas y dignas a través del diálogo social y la negociación colectiva y de salarios adecuados y justos, así como de servicios integrados y de una financiación pública adecuada; que el sector de los cuidados lleva tiempo enfrentándose a una escasez de mano de obra y que, en los años 2019 a 2020, 421 000 trabajadores abandonaron el sector de los cuidados residenciales (47); que el trabajo de cuidados de calidad es una profesión cualificada que requiere formación y experiencia y que la demanda de cuidadores cualificados no hará sino aumentar en los próximos años; que el empleo y la formación continua en el lugar de trabajo a través de la profesionalización del sector pueden contribuir a un aumento de la calidad de la prestación de servicios de cuidados; que, en un contexto de itinerarios de cuidados más largos y de evolución de las prácticas y las tecnologías, los cuidadores están acumulando unos conocimientos técnicos que deben reconocerse; que la Directiva sobre derechos adquiridos (2001/23/CE) debe aplicarse siempre que se transfieran contratos de empleo a un prestador de cuidados adquisidor;

Y.

Considerando que en la Unión se emplea sin declarar a al menos 3,1 millones de trabajadores en servicios personales y domésticos, que carecen de reconocimiento y de derechos laborales fundamentales, como la negociación colectiva, la seguridad social y la protección social (48); que el trabajo no declarado conduce a una menor protección de los trabajadores, lo que facilita la explotación laboral y los abusos, al tiempo que representa una pérdida de ingresos para los Estados miembros; que las condiciones de los nacionales de terceros países indocumentados que trabajan en el sector asistencial son especialmente difíciles en lo que respecta a sus derechos sociales y a su acceso a condiciones de trabajo dignas;

Z.

Considerando que la Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado se ha convertido en un grupo de trabajo permanente de la Autoridad Laboral Europea (ALE), con el objetivo de aumentar la cooperación con las autoridades de los Estados miembros en la lucha contra el trabajo no declarado;

AA.

Considerando que estudios muestran que más del 90 % de las personas mayores querrían vivir en sus propios hogares a una edad avanzada; que, sin embargo, solo un 20 % pasan los últimos años de su vida en su vivienda privada y muchos viven en instalaciones de asistencia institucional (49); que existe una falta de servicios asistenciales que estén adaptados a las necesidades y las preferencias de las personas; que esto requiere (50) cambiar las estructuras asistenciales de instituciones centralizadas a asistencia centrada en el paciente, familiar y comunitaria para fomentar mejor la autonomía de las personas necesitadas de cuidados y apoyo, aportando beneficios económicos y sociales tangibles y aumentando el nivel de bienestar de los beneficiarios de los cuidados; que los cuidados residenciales a menudo no cumplen la norma de apoyar la independencia de las personas que utilizan estos servicios y suelen estar asociados con el final de la vida de una persona, en lugar de considerarse como un lugar en que vivir con dignidad, florecer y seguir participando en la vida social y cultural; que este cambio no se ha producido o es demasiado lento y no se dispone de recursos y para llevarlo a cabo se deben tener en cuenta las diferentes necesidades y vulnerabilidades de las comunidades, por ejemplo en lo que respecta a las diferencias de ingresos y otras desigualdades; que los Estados miembros deben invertir en esta dirección;

AB.

Considerando que es importante realizar ulteriores investigaciones sobre el abuso en todos los contextos de cuidados, informar sobre los factores que conducen a estas prácticas, promover la sensibilización, la formación, la detección y la lucha contra el abuso para todas las profesiones implicadas en los cuidados y crear plataformas públicas para denunciar dichas prácticas;

AC.

Considerando que el mercado laboral tiende a la segregación por sexos e infravalora los sectores en los que las mujeres representan la mayoría de la mano de obra; que, en 2020, los ingresos brutos por hora de las mujeres en la Unión fueron, de media, un 13,0 % inferiores a los de los hombres (51);

AD.

Considerando que los cuidados con frecuencia siguen estando infravalorados y obteniendo poco reconocimiento y que los cuidadores reciben una compensación financiera insuficiente o, a menudo, no reciben ninguna; que la infravaloración en términos de remuneración y de condiciones de trabajo y la falta de visibilidad del trabajo asistencial y doméstico están estrechamente relacionadas con los roles y normas de género predominantes, que definen a las mujeres como cuidadoras y a los hombres como sostén económico, y con un círculo vicioso de «doble devaluación», donde los cuidados a menudo se delegan en los grupos más desposeídos de la sociedad debido a su escaso valor y, a su vez, la actividad de los cuidados se devalúa porque la llevan a cabo los grupos más desposeídos y porque los cuidados a domicilio y otros servicios de cuidados domésticos se lleva a cabo a puerta cerrada;

AE.

Considerando que la feminización del sector de los cuidados contribuye a las brechas de género en materia de empleo, de salarios y de pensiones debido a la proporción de mujeres que trabajan en los cuidados profesionales y no profesionales y puede conducir a un aumento del riesgo de pobreza, así como a una reducción de los impuestos pagados a los Estados miembros, con una pérdida anual de 370 000 000 000 EUR de PIB para Europa (52);

AF.

Considerando que las mujeres y los migrantes, en particular los trabajadores móviles de la Unión y de terceros países, dominan en el sector asistencial, donde las mujeres representan el 76 % de los 49 millones de cuidadores registrados en la Unión (53) y más del 85 % de los cuidadores no remunerados en todos los Estados miembros si se tienen en cuenta las tareas tanto diarias como semanales (54);

AG.

Considerando que 6,3 millones de profesionales trabajan en el sector de los cuidados de larga duración, entre los cuales las mujeres (81 %) están sobrerrepresentadas y hay cada vez más trabajadores de más de cincuenta años, a tiempo parcial, precarios y de plataformas digitales, así como trabajadores migrantes, no profesionales y móviles, incluidos cuidadores domésticos internos (el 8 % de los trabajadores no es nativo); que en 2020 los trabajadores migrantes y móviles representaron el 28 % de los cuidadores personales (55); que las deficiencias en materia de cuidados en algunas regiones de la Unión se ven agravadas por esta pérdida de cuidadores y el fenómeno de las cadenas asistenciales mundiales; que esto hace imposible pensar en los cuidados como algo circunscrito a las fronteras nacionales; que sigue habiendo obstáculos que dificultan la libre prestación de servicios de cuidados en la Unión; que estos trabajadores son esenciales para nuestras sociedades tanto en términos de salud pública como de inclusión social para las personas bajo cuidados que a veces se encuentran aisladas;

AH.

Considerando que, en todos los Estados miembros, la retribución en el sector del trabajo doméstico y asistencial se sitúa muy por debajo de la retribución media y por debajo de la retribución que reciben los trabajadores por el mismo trabajo en otros sectores, en especial en la asistencia sanitaria (56); que esto se debe al trabajo no profesional, una menor cobertura de la negociación colectiva en estos sectores y a la infravaloración de los sectores mayoritariamente femeninos, como el de los cuidados; que aquellos empleados que trabajen en los sectores con fines de lucro y sin ánimo de lucro con frecuencia no tienen acceso a la representación de los trabajadores y a la negociación colectiva; que la menor diferencia respecto a la retribución media se produce en los Estados miembros con convenios colectivos para partes del sector (57); que la representación de los trabajadores, por ejemplo los sindicatos, y la negociación colectiva son fundamentales para representar y defender los derechos e intereses de los trabajadores en todos los entornos asistenciales, así como para elevar y mantener las normas en todo el sector asistencial;

AI.

Considerando que la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve diversos retos relativos a las modalidades y condiciones de empleo de los cuidadores de larga duración; que los cuidadores de larga duración corrían un riesgo de contraer la COVID-19 todavía mayor que los trabajadores sanitarios en los hospitales, debido a la falta de equipos de protección individual y de formación adecuada para aplicar protocolos de infección y otras actividades de prevención;

AJ.

Considerando que, pese a ser emocionalmente gratificante para una gran mayoría de cuidadores, los cuidados a menudo generan efectos negativos para la salud física y mental de los cuidadores y dificultades para conciliar los cuidados con el trabajo remunerado, lo que es especialmente significativo en el caso de las mujeres cuidadoras (58); que la salud mental de los cuidadores profesionales y no profesionales se ha visto desproporcionadamente afectada durante la pandemia de COVID-19; que los problemas mentales han aumentado durante la pandemia, incrementando a su vez la carga de los cuidados; que el trabajo de cuidados a menudo se asocia con el trabajo por turnos, con un breve plazo de aviso y con horarios de trabajo prolongados; que los riesgos para la salud y la baja calidad del horario de trabajo son las principales causas de un absentismo relativamente alto en el sector de los cuidados de larga duración; que el 38 % de los profesionales de los cuidados consideran que, debido a los efectos adversos de su trabajo, no serán capaces de seguir trabajando hasta los 60 años (59);

AK.

Considerando que en Europa el 33 % de los cuidadores de larga duración se han visto expuestos a algún tipo de comportamiento social adverso (incluidos abuso verbal, amenazas y comportamiento humillante) y solo el 22 % de los cuidadores de larga duración se sienten muy satisfechos con sus condiciones de trabajo (60);

AL.

Considerando que existen varias formas de empleo de cuidadores domésticos internos profesionales, por ejemplo, a través de empresas de cuidados o agencias e intermediarios de empleo temporal;

AM.

Considerando que las mujeres representan la mayoría de las personas que reciben cuidados y que 44 millones de personas en la Unión prestan cuidados no profesionales de larga duración a familiares, vecinos o amigos (61), la mayoría de los cuales son mujeres, y que el 12 % de las mujeres y el 7 % de los hombres que prestan cuidados no profesionales de larga duración lo hacen durante más de cuarenta horas a la semana (62); que casi el 30 % de las personas de más de 65 años están viviendo con dos o más enfermedades no transmisibles; que las enfermedades no transmisibles imponen una carga sustancial y creciente para los pacientes, los cuidadores, las sociedades y los sistemas sanitarios;

AN.

Considerando que el elevado número de beneficiarios de cuidados que necesitan cuidados no profesionales está directamente relacionado con la indisponibilidad, la inaccesibilidad y la imposibilidad de costear servicios profesionales de calidad adaptados a sus necesidades, así como con la decisión por defecto de muchos Estados miembros de recurrir a los cuidados no profesionales no remunerados como la principal fuente de prestación de cuidados (63); que la prestación de cuidados no profesionales debe ser una elección y no una necesidad debida a la falta de servicios de cuidados disponibles;

AO.

Considerando que una proporción significativa del sector de los cuidados domésticos internos profesionales opera en una «zona gris», lo que afecta negativamente a la calidad de los cuidados domésticos; que existe una falta de datos que permitan identificar de forma precisa el número de cuidadores en la «zona gris»;

AP.

Considerando que las mujeres de la Unión realizan trece horas más de cuidados y trabajo doméstico no remunerados a la semana que los hombres (64); que el acceso a unos servicios de cuidados de larga duración profesionales asequibles y de calidad para los familiares dependientes y el reparto desigual del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado entre hombres y mujeres representan factores vitales a la hora de determinar si las mujeres acceden al empleo y lo conservan y la calidad de los puestos que ocupan; que 7,7 millones de mujeres en la Unión permanecen fuera del mercado laboral debido a sus responsabilidades en materia de cuidados no profesionales, frente a solo 450 000 hombres. y que el 29 % de las mujeres empleadas a tiempo parcial apuntan a los deberes de cuidados como la principal razón para asumir empleo a tiempo parcial (65); que solo el 6 % de los hombres declaran que la principal razón para trabajar a tiempo parcial es debido a responsabilidades de cuidados, frente al 29 % de las mujeres, y que solo el 64 % de los padres prestan cuidados cada día en la Unión (66);

AQ.

Considerando que las mujeres también sufren más interrupciones de la carrera profesional, tienden a trabajar menos horas y tienen mayor probabilidad de tener un empleo a tiempo parcial, precario o temporal; que la segregación sectorial y el reparto desigual de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados representan las causas principales de la persistente brecha en materia de empleo, de salarios y de pensiones, así como del mayor riesgo de pobreza y de exclusión social de las mujeres; que la brecha de género en materia de pensiones se sitúa, en promedio, en el 27 % en 2020 (67); que un reparto equitativo del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado, que implica una participación equivalente de los hombres, tiene un claro impacto positivo en la proporción de mujeres con empleo remunerado y en la reducción de la brecha de género en materia salarial; que las responsabilidades en materia de cuidados de la infancia son una causa de cambio en el empleo para el 60 % de las mujeres, frente al 17 % de los hombres empleados, y conducen a la reducción del horario laboral para el 18 % de las mujeres empleadas y tan solo el 3 % de los hombres (68); que disponer de servicios de atención a la infancia accesibles, asequibles y de buena calidad es fundamental para que las personas, en especial las mujeres, con responsabilidades de cuidados puedan participar en el mercado laboral; que los retos de salud pública, como la migraña, son más comunes entre las mujeres (69), que una gran proporción de las mujeres afectadas siguen en primera línea en la atención a la infancia y las tareas domésticas;

AR.

Considerando que estas discrepancias se ven confirmadas a nivel mundial, dado que las mujeres dedican en promedio 3,2 veces más tiempo (201 días laborables al año) que los hombres (63 días laborables) a trabajo de cuidados no remunerado, y son más pronunciadas en el caso de las niñas y las mujeres que viven en países de renta media o en zonas rurales, con menores logros educativos y con niños que no hayan alcanzado la edad escolar (70);

AS.

Considerando que las mujeres están sobrerrepresentadas de forma abrumadora entre los trabajadores esenciales (cuatro de las dieciséis otras categorías profesionales consideradas esenciales tienen más del 50 % de mujeres en su mano de obra en la Unión) (71), como los profesionales de cuidados, gran parte de cuyas tareas no pueden realizarse en una modalidad de teletrabajo, y en los sectores que se han visto más duramente afectados por la pandemia, por lo que se han visto expuestas a un alto riesgo de contagio, una elevada carga laboral, la perturbación del equilibrio entre vida profesional y vida privada y la pérdida de empleo; que las condiciones de trabajo y de vida se han visto especialmente socavadas para las mujeres con niños pequeños y con un empleo remunerado (72);

AT.

Considerando que los cuidados siguen siendo uno de los principales ámbitos de reproducción de los arquetipos de género, que se ven todavía más reforzados por la falta de inversión en servicios de calidad y el sesgo de género en otras políticas que afectan desproporcionadamente a la autodeterminación de las mujeres en la vida social y profesional, como el sistema de beneficios fiscales;

AU.

Considerando que las empresas de la economía social pueden aportar un potencial y una contribución significativos para facilitar la reintegración de los cuidadores en el mercado laboral;

AV.

Considerando que varios Estados miembros y regiones de la Unión siguen sin cumplir el objetivo de ofrecer servicios de atención a la infancia al 90 % de los niños entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria y al 33 % de los niños de tres años o menos; que la falta de suficientes infraestructuras que ofrezcan servicios de atención a la infancia accesibles y de calidad para todos, especialmente servicios de primera infancia, afecta en particular a los niños de familias desfavorecidas, lo que refleja unas tasas de matriculación inferiores a la media de los niños con discapacidad, los niños romaníes y otras comunidades minoritarias, los niños migrantes, los niños que viven en la pobreza y los niños de otros grupos desfavorecidos, que se habrían beneficiado más de la atención infantil temprana (73);

AW.

Considerando que, en 2020, el 24,2 % de los niños de la Unión —casi 18 millones— se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social; que los niños de familias con bajos ingresos, los niños sin hogar, los niños con discapacidad, los niños de origen migrante, los niños que pertenecen a una minoría étnica, en particular los niños romaníes, los niños que reciben cuidados institucionales y los niños en situaciones familiares precarias, en familias monoparentales, en familias LGBTIQ+ y en familias en que los progenitores se ausentan para trabajar en el extranjero, se enfrentan a graves dificultades; que la probabilidad de que los niños con discapacidad de la Unión sean internados en centros de asistencia institucional es desproporcionadamente superior a la de los niños sin discapacidad, y que es mucho menos probable que los primeros se beneficien de iniciativas encaminadas a propiciar una transición de tales centros a los cuidados en la comunidad y la familia (74); que la Garantía Infantil Europea es un instrumento de la Unión cuyo objetivo es prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social garantizando el acceso gratuito y efectivo de los niños necesitados a servicios de cuidados esenciales, como educación y atención para la primera infancia, actividades educativas y escolares, asistencia sanitaria y al menos una comida saludable por jornada escolar, así como el acceso efectivo de todos los niños necesitados a una alimentación sana y una vivienda adecuada (75); que la accesibilidad y la asequibilidad de la atención a la infancia y la educación resultan fundamentales para el desarrollo personal y el bienestar de los niños; que existe una correlación positiva inequívoca entre el acceso a servicios de atención a la infancia, por una parte, y el empleo y los ingresos de los hombres y, en especial, de las mujeres, por la otra parte (76);

AX.

Considerando que el acceso a servicios de cuidados de calidad, especialmente a los de larga duración, está cada vez más condicionado a los ingresos individuales y familiares, el lugar de residencia, la disponibilidad de los servicios y la capacidad de prestación y a la disponibilidad geográfica, así como a las capacidades libres de los prestadores; que se estima que dos de cada tres personas necesitadas de cuidados no tienen acceso a servicios de cuidados, principalmente por no estar disponibles o por no poder costeárselos (77); que los hogares de renta baja, de menor nivel educativo y migrantes sufren las mayores dificultades a la hora de acceder a los servicios de cuidados de larga duración domésticos profesionales; que un tercio de los hogares de toda la Unión, y en cinco Estados miembros incluso más de la mitad de ellos, informan de que necesitan servicios de cuidados de larga duración profesionales, pero no pueden acceder a ellos por motivos económicos (78); que el acceso a la asistencia sanitaria y los cuidados debe ser universal, efectivo, independiente de las condiciones económicas de la persona, de que tenga un lugar de residencia diferente y de su situación administrativa o su estatuto; que las personas con ingresos más bajos también son un grupo con mayor prevalencia de necesidades de cuidados (79);

AY.

Considerando que las tecnologías digitales albergan el potencial de apoyar a los cuidadores tanto profesionales como no profesionales y de reducir la carga que afrontan, por ejemplo, a la hora de transportar a los pacientes a consultas que podrían celebrarse en línea; que una encuesta de Eurocarers de 2021 sugiere que el 78 % de los cuidadores no profesionales nunca han utilizado tecnologías relacionadas con los cuidados (80); que la digitalización y el internet de las cosas en el sector asistencial deben tenerse en cuenta, pero no deben sustituir por completo la irreemplazable interacción humana asociada a los cuidados; que se deben fomentar la investigación y los proyectos piloto para probar la viabilidad y la eficacia de los servicios digitales; que las personas mayores, en particular las que reciben cuidados, tienen dificultades para acceder a los servicios digitales; que el acceso a los servicios digitales, incluido el acceso a la alfabetización digital, debe considerarse un derecho de los beneficiarios de los cuidados; que el cambio drástico al teletrabajo reveló la necesidad de ejecutar mejor, revisar y actualizar la legislación relacionada con las condiciones de trabajo en el entorno digital y el uso de inteligencia artificial en la vida profesional;

AZ.

Considerando que las mujeres que sufren discriminación interseccional se enfrentan a barreras adicionales a la hora de acceder a servicios de asistencia sanitaria y de cuidados y que se debe prestar especial atención a abordar los efectos de los sesgos implícitos en el acceso a servicios privados y públicos causados por los estereotipos persistentes y la infrarrepresentación de determinados grupos en estas instituciones;

BA.

Considerando que se debe prestar especial atención a las personas muy mayores, con el fin de ayudar, cuando sea necesario, a las personas que han perdido su autonomía y de evitar que se queden aisladas;

BB.

Considerando que se debe tener debidamente en cuenta la importancia de la prevención y la rehabilitación geriátrica para un envejecimiento saludable y digno;

BC.

Considerando que existe la necesidad de reconfigurar los cuidados de enfermería proporcionando apoyo de enfermería doméstico asequible o, cuando sea posible, gratuito;

BD.

Considerando que el aumento de la inversión en la economía asistencial en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible traería casi 300 millones de puestos de trabajo adicionales en todo el mundo para 2035 (81); que estos se compondrían de 96 millones de trabajos directos en atención a la infancia, 136 millones de trabajos directos en cuidados de larga duración y 67 millones de trabajos indirectos en sectores distintos de los cuidados; que este nivel de creación de empleo requeriría una inversión del 3,2 % del PIB mundial, teniendo en cuenta los costes totales menos la recaudación tributaria (82); que la Comisión estima que se prevé la creación de ocho millones de nuevos empleos en el sector de los cuidados en la Unión de aquí a 2030 (83);

BE.

Considerando que la evolución demográfica y el envejecimiento de la población asociado aumentarán la demanda de servicios de cuidados; que no es probable que la automatización sustituya o reduzca los trabajos de cuidados; que esto debe motivar a la Unión y a los Estados miembros a invertir en la economía asistencial como un sector prometedor para la creación de empleo, en el marco de la transición digital, con el fin de aumentar la cantidad de personal cualificado y de atraer a más personas a este sector;

BF.

Considerando que siguen sin existir normas de calidad para los cuidados, en especial para los servicios de asistencia social, o que estas son inadecuadas;

BG.

Considerando que el sector de los cuidados necesita una inversión, unos recursos y una reforma significativos; Considerando que, en 2018, el déficit de inversión anual estimado en infraestructura social de Europa ascendía a entre 100 000 000 000 y 150 000 000 000 EUR (84); que el informe sobre el envejecimiento de 2021 calcula el aumento de gasto público necesario para cubrir los costes de los cuidados y el apoyo de larga duración en hasta el 2,9 % del PIB al año en 2070, respecto al 1,7 % en 2016, aunque un escenario de «envejecimiento saludable» puede reducir de forma significativa este coste y la plena cobertura de las necesidades de cuidados de larga duración lo aumenta de forma significativa;

BH.

Considerando que resulta fundamental comprender la interacción entre cuidados profesionales y no profesionales; que los servicios de cuidados profesionales pueden prestar apoyo a los cuidadores no profesionales, por ejemplo, permitiéndoles ausentarse del trabajo y ofreciéndoles formación; que la falta de reconocimiento oficial de los cuidadores no profesionales y la falta asociada de datos sobre ellos y sus necesidades constituye una barrera para esta interacción;

BI.

Considerando que la prestación de cuidados depende de unos servicios públicos y unos sistemas de protección social bien financiados y que funcionen correctamente;

BJ.

Considerando que existe una diversidad significativa en la población de cuidadores no profesionales; que sus necesidades varían en función de su contexto socioeconómico, su participación en el mercado laboral, las necesidades de sus beneficiarios de cuidados y la cantidad de tiempo que pasan cuidando de personas dependientes;

BK.

Considerando que las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y otras formas de enfermedades invalidantes relacionadas con la memoria, siguen estando infradiagnosticadas en la mayoría de los países europeos; que existen indicios claros de que la actual cifra de nueve millones de casos confirmados de personas con demencia se duplicará para 2050; que las mujeres siguen viéndose desproporcionadamente afectadas por la demencia (85);

BL.

Considerando que, en febrero de 2021, el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación de oficio sobre el papel de la Comisión en el proceso de desinstitucionalización en la Unión, centrándose en el cumplimiento de la obligación de la Comisión de garantizar que los Estados miembros utilizan los fondos de la Unión de una manera que promueva la transición de las instituciones de cuidados residenciales a la vida independiente y la participación en la vida comunitaria;

BM.

Considerando que el mecanismo proporcionado por la Directiva de 2001 sobre la protección temporal se ha activado por primera vez como respuesta a la afluencia masiva de refugiados, sobre todo mujeres con niños y otras personas dependientes, que están huyendo de la guerra en Ucrania, garantizando a las personas desplazadas la igualdad de acceso al mercado laboral, a la vivienda, a la asistencia médica y a la educación para los niños; que la activación de dicho mecanismo tendrá un impacto directo significativo en el sector de los cuidados, ya que aumentará el número de personas necesitadas de servicios de cuidados integrales y personalizados en la Unión, pero también el número de cuidadores tanto profesionales como no profesionales;

BN.

Considerando que los datos sobre calidad de los servicios de cuidados se basan casi exclusivamente en encuestas de satisfacción del cliente no normalizadas;

BO.

Considerando que las dificultades asociadas con la facilitación de una vivienda adecuada, digna y asequible, en especial para las personas mayores, las personas solas, las personas con discapacidad, las personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, las familiares con niños pequeños y los progenitores solos, obstaculizan de forma significativa el acceso a servicios de cuidados de calidad;

BP.

Considerando que en once países de la OCDE el salario medio de los cuidadores de larga duración es de solo nueve euros por hora, mientras que el salario medio de los trabajadores de los hospitales —en su mayoría hombres— es de catorce euros por hora (86);

BQ.

Considerando que más de la mitad de los cuidadores declaran que no ganan suficiente para cubrir sus necesidades básicas, como vivienda y alimentos, y que el 31 % no tienen un acceso adecuado a equipos de protección individual (87);

BR.

Considerando que la mayoría de cuidadores no ganan lo bastante para permitirse un nivel de vida digno para sí mismos y sus familias (88);

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Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 4, 6, 9, 114, 153, 169 y 191 y, en particular, el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 2, 3, 14, 15, 21, 31, 32 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

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Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular su principio 10,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

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Vista la Estrategia de Salud Mental y Bienestar de las Naciones Unidas de 2018,

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Visto el Manifiesto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una recuperación de la COVID-19 saludable, de 18 de mayo de 2020,

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Visto el Día Mundial de la Salud Mental 2021 de la OMS, cuyo lema es «Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad»,

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Visto el marco de actuación en materia de salud mental de la OMS para 2021-2025,

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Vistos el estudio de política sanitaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 8 de junio de 2021, titulado «A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill Health» (Un nuevo marco de referencia para los sistemas de salud mental: atajar los costes sociales y económicos de los problemas de salud mental) y el estudio de la OCDE, de 4 de noviembre de 2021, titulado «Fitter Minds, Fitter Jobs: From Awareness to Change in Integrated Mental Health, Skills and Work Policies» (Mentes más saludables, empleos más saludables: de la concienciación al cambio en políticas integradas en materia de salud mental, capacidades y trabajo),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (1),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (2),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (3),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (4),

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Vista la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (5),

—

Vista la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (6),

—

Vista la Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (7),

—

Vista la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (8),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (9),

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Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19 (10),

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Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el derecho a la desconexión (11),

—

Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2022, sobre el empoderamiento de la juventud europea: empleo y recuperación social tras la pandemia (12),

—

Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2021, sobre condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital (13),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 24 de octubre de 2019, sobre la economía del bienestar (14), que pedían una estrategia global de la Unión en materia de salud mental,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2020, sobre el bienestar en el trabajo,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2021, titulada «Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 — La seguridad y la salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación» (COM(2021)0323),

—

Visto el Libro Verde, de 14 de octubre de 2005, de la Comisión Europea titulado «Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental» (COM(2005)0484),

—

Visto el informe, de 14 de julio de 2021, de la Comisión titulado «Employment and Social Developments in Europe — towards a strong social Europe in the aftermath of the COVID-19 crisis: reducing disparities and addressing distributional impacts» (Empleo y avances sociales en Europa — Hacia una Europa social fuerte tras la crisis de la COVID-19: reducir las disparidades y responder a los impactos distributivos),

—

Visto el Pacto europeo para la salud mental y el bienestar de 2008,

—

Visto el informe del Foro Europeo de la Juventud, de 17 de junio de 2021, titulado «Beyond Lockdown: The “Pandemic Scar” on Young People» (Después del confinamiento: la «cicatriz de la pandemia» en los jóvenes),

—

Vistos el informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 9 de noviembre de 2021, titulado «Impact of COVID-19 on young people in the EU» (Efectos de la COVID-19 en los jóvenes de la UE) y el informe de Eurofound, de 10 de mayo de 2021, titulado «Living, working and COVID-19: Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year» (Vivir, trabajar y la COVID-19: salud mental y disminución de la confianza en toda la Unión según entramos en otro año de pandemia),

—

Visto el informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 7 de diciembre de 2020, titulado «Preventing musculoskeletal disorders in a diverse workforce: risk factors for women, migrants and LGBTI workers» (Prevención de los trastornos musculoesqueléticos en una mano de obra diversa: factores de riesgo para las mujeres, los migrantes y los trabajadores LGBTI),

—

Visto el informe de la EU-OSHA, de 7 de octubre de 2011, titulado «Mental health promotion in the workplace — a good practice report» (Promoción de la salud mental en el lugar de trabajo: informe de buenas prácticas),

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Visto el informe de la EU-OSHA, de 22 de octubre de 2021, titulado «Telework and health risks in the context of the COVID-19 pandemic: evidence from the field and policy implications» (El teletrabajo y los riesgos para la salud en el contexto de la pandemia de COVID-19: pruebas sobre el terreno e implicaciones políticas),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de diciembre de 2012, titulado «Año Europeo de la Salud Mental — Mejorar el trabajo y aumentar la calidad de vida» (15),

—

Visto el informe del Grupo de expertos sobre fórmulas eficaces de invertir en salud de la Comisión, de 23 de junio de 2021, titulado «Supporting mental health of health workforce and other essential workers» (Apoyo a la salud mental del personal sanitario y otros trabajadores esenciales),

—

Visto el informe conjunto de la EU-OSHA y Eurofound, de 13 de octubre de 2014, titulado «Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention» (Riesgos psicosociales en Europa: prevalencia y estrategias de prevención),

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Vista la encuesta de Willis Towers Watson de 2021 sobre la experiencia de los trabajadores,

—

Vistas las peticiones presentadas ante la Comisión de Peticiones, por ejemplo la n.o 0956/2018 y la n.o 1186/2018,

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Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0184/2022),

A.

Considerando que el derecho a la salud física y mental es un derecho humano fundamental y que todo ser humano tiene derecho al nivel de salud más elevado posible; que la OMS define la salud mental como «un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad» (16); que la salud mental también está vinculada a otros derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad humana consagrado en el artículo 1 de la Carta y el derecho a la integridad de la persona, incluida la integridad psíquica, consagrado en el artículo 3 de la Carta;

B.

Considerando que las investigaciones demuestran que la pandemia de COVID-19 ha configurado las prácticas organizativas y de gestión y ha cambiado las condiciones de trabajo de muchos trabajadores en Europa, con consecuencias para el tiempo de trabajo, el bienestar y el entorno físico del lugar de trabajo; que se ha sometido a los trabajadores sanitarios y esenciales a presiones extraordinarias; que estos trabajadores han tenido que hacer frente a un entorno de trabajo exigente, a falta de protección y a miedos relativos a su seguridad, lo que ha tenido un impacto psicológico negativo; que comprender los problemas de salud mental en el lugar de trabajo no solo significa ser consciente de los trastornos mentales en consonancia con los criterios de diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad (por ejemplo, la depresión) (17), sino también tratar de promover el bienestar, evitar malentendidos y estigmatizaciones, y concebir y aplicar medidas y tratamientos adecuados para gestionar estos trastornos (18);

C.

Considerando que la pandemia provocó un fuerte aumento de las responsabilidades de cuidados en combinación con el trabajo, que afectó de forma desproporcionada a las mujeres y amplió la desigualdad de género en los cuidados no retribuidos; que esto tuvo un impacto negativo en la salud mental de las personas con responsabilidades asistenciales, ya que muchos trabajadores tuvieron que hacer frente a un estrés mucho mayor asumiendo el incremento de responsabilidades asistenciales que supusieron la escolarización a domicilio y el cuidado de los niños durante el confinamiento, la prestación de cuidados informales o la realización de cualquier otro tipo de labor destinada a familiares dependientes;

D.

Considerando que las investigaciones muestran que la pandemia provocó un aumento del teletrabajo a gran escala, que ha tenido consecuencias positivas, como mayores niveles de flexibilidad y autonomía y, en algunos casos, una mejor conciliación de la vida profesional y la vida privada; que, sin embargo, estos beneficios no siempre compensan las consecuencias negativas, como la excesiva conexión, la difuminación de las líneas entre la vida laboral y la vida privada, una mayor intensidad del trabajo y del estrés tecnológico; que, según las encuestas de Eurofound sobre la COVID-19, la pandemia ha planteado muchos retos para los trabajadores que desempeñan su actividad a distancia; que, si bien el considerable aumento del teletrabajo puede beneficiar a los trabajadores y a las empresas, también debe salvaguardarse y promoverse el derecho a la salud física y mental en este contexto;

E.

Considerando que los riesgos psicosociales son los riesgos sanitarios más prevalentes asociados al teletrabajo; que una mayor prevalencia del teletrabajo está vinculada a horarios de trabajo prolongados y a estrés relacionado con el trabajo; que, según la EU-OSHA, los riesgos psicosociales pueden tener consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas, como la ansiedad relacionada con el trabajo, el agotamiento profesional o la depresión; que las condiciones laborales que conducen a riesgos psicosociales pueden incluir una carga laboral excesiva, cometidos que se contradicen, la falta de claridad en relación con las propias funciones, la falta de participación en la toma de decisiones que afectan a los propios trabajadores, la falta de influencia en la manera en que se lleva a cabo el propio trabajo, la mala gestión de los cambios organizativos, la inseguridad laboral, la comunicación ineficaz, la falta de apoyo de la dirección o de los compañeros de trabajo, el acoso psicológico o sexual y la violencia por parte de terceros; que los Estados miembros no tienen las mismas normas y principios comunes jurídicamente vinculantes en relación con los riesgos psicosociales, lo que da lugar a una desigualdad de facto en la protección jurídica de los trabajadores;

F.

Considerando que un creciente número de empleadores utilizan herramientas digitales como aplicaciones, software e inteligencia artificial (IA) para gestionar a sus trabajadores; que la gestión algorítmica, como tal, plantea nuevos desafíos para el futuro del trabajo, como el control y la vigilancia habilitados por la tecnología mediante herramientas de predicción y marcado, el seguimiento a distancia y en tiempo real de los avances y del rendimiento y el control del tiempo, y puede entrañar importantes riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular su salud mental, su derecho a la intimidad y su dignidad como personas; que la digitalización y las nuevas tecnologías avanzadas, como la IA y los mecanismos basados en la IA, están transformando la naturaleza del trabajo; que en la actualidad alrededor del 40 % de los departamentos de recursos humanos de las empresas internacionales utiliza aplicaciones de IA y el 70 % las considera una alta prioridad para su organización; que debe regularse la nueva economía digital para fomentar la prosperidad compartida y garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto;

G.

Considerando que esta nueva situación hace necesaria una definición nueva y más amplia de salud y seguridad en el trabajo, en la que ya no puede prescindirse de la salud mental;

H.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada al bienestar mental de los trabajadores sanitarios y asistenciales de larga duración —la mayoría de los cuales son mujeres—, así como de las poblaciones vulnerables, incluidas las minorías étnicas, la comunidad LGBTIQ +, las personas mayores, las familias monoparentales, las personas con discapacidad y problemas de salud mental preexistentes, las personas con un nivel socioeconómico más bajo, los desempleados y las personas que viven en las regiones ultraperiféricas y en zonas remotas y mal conectadas; que la salud mental de los jóvenes ha empeorado de forma significativa durante la pandemia, la cual ha duplicado los problemas relacionados con la salud mental en varios Estados miembros y ha provocado un grave impacto en el empleo de los jóvenes y una reducción de sus ingresos, incluida la pérdida de puestos laborales; que nueve millones de adolescentes en Europa (personas de entre diez y diecinueve años) viven con trastornos de salud mental, la mitad de los cuales corresponden a casos de ansiedad y depresión;