—

que permitan, a efectos de la protección de la seguridad nacional, recurrir a un requerimiento efectuado a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para que procedan a una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización, en situaciones en las que el Estado miembro en cuestión se enfrenta a una amenaza grave para la seguridad nacional que resulte real y actual o previsible, pudiendo ser objeto la decisión que contenga dicho requerimiento de un control efectivo bien por un órgano jurisdiccional, bien por una entidad administrativa independiente, cuya decisión tenga carácter vinculante, que tenga por objeto comprobar la existencia de una de estas situaciones, así como el respecto de las condiciones y de las garantías que deben establecerse, y teniendo en cuenta que dicho requerimiento únicamente podrá expedirse por un período temporalmente limitado a lo estrictamente necesario, pero que podrá renovarse en caso de que persista dicha amenaza;

—

que prevean, a efectos de la protección de la seguridad nacional, de la lucha contra la delincuencia grave y de la prevención de las amenazas graves contra la seguridad pública, una conservación selectiva de los datos de tráfico y de localización que esté delimitada, sobre la base de elementos objetivos y no discriminatorios, en función de las categorías de personas afectadas o mediante un criterio geográfico, para un período temporalmente limitado a lo estrictamente necesario, pero que podrá renovarse;

—

que prevean, a efectos de la protección de la seguridad nacional, de la lucha contra la delincuencia grave y de la prevención de las amenazas graves contra la seguridad pública, una conservación generalizada e indiferenciada de las direcciones IP atribuidas al origen de una conexión, para un período temporalmente limitado a lo estrictamente necesario;

—

que prevean, a efectos de la protección de la seguridad nacional, de la lucha contra la delincuencia y de la protección de la seguridad pública, una conservación generalizada e indiferenciada de los datos relativos a la identidad civil de los usuarios de medios de comunicaciones electrónicas, y

—

que permitan, a efectos de la lucha contra la delincuencia grave y, a fortiori, de la protección de la seguridad nacional, recurrir a un requerimiento efectuado a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, mediante una decisión de la autoridad competente sujeta a un control jurisdiccional efectivo, para que procedan, durante un período determinado, a la conservación rápida de los datos de tráfico y de localización de que dispongan estos proveedores de servicios,

siempre que dichas medidas garanticen, mediante normas claras y precisas, que la conservación de los datos en cuestión está supeditada al respeto de las condiciones materiales y procesales correspondientes y que las personas afectadas disponen de garantías efectivas contra los riesgos de abuso.

1)

El artículo 12, apartado 2, letras a) y d), de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) y el artículo 23, apartado 2, letras g) y h), del Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso del mercado (Reglamento sobre abuso del mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión, en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, e interpretados a la luz de los artículos 7, 8 y 11, así como del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

deben interpretarse en el sentido de que:

se oponen a medidas legislativas que establecen, con carácter preventivo, a efectos de la lucha contra los delitos de abuso de mercado, entre los que se encuentran las operaciones con información privilegiada, una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico durante un año a partir del día de su registro.

2)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional limite en el tiempo los efectos de una declaración de invalidez que le corresponde efectuar, en virtud del Derecho nacional, con respecto a disposiciones nacionales que, por un lado, imponen a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y, por otro lado, permiten la comunicación de esos datos a la autoridad competente en materia financiera, sin autorización previa de un órgano jurisdiccional o de una autoridad administrativa independiente, debido a la incompatibilidad de esas disposiciones con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, en su versión modificada por la Directiva 2009/136, interpretado a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La admisibilidad de las pruebas obtenidas con arreglo a las normas nacionales incompatibles con el Derecho de la Unión se rige, conforme al principio de autonomía procesal de los Estados miembros, por el Derecho nacional, siempre que se respeten, en particular, los principios de equivalencia y de efectividad.

1)

El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que se acredite que una normativa nacional que establece un gravamen cuyo efecto es reducir la remuneración de los concesionarios encargados de la gestión del juego en máquinas recreativas acarrea una restricción de la libertad garantizada por esa disposición del Tratado FUE, dicha disposición se opone a que tal restricción pueda justificarse a la luz de objetivos basados exclusivamente en consideraciones relacionadas con la mejora de las cuentas públicas.

2)

En la medida en que el artículo 49 TFUE sea de aplicación, el principio de protección de la confianza legítima debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional que haya reducido temporalmente la remuneración de los concesionarios que se estipula en contratos de concesión celebrados entre sociedades y la Administración del Estado miembro de que se trate durante el período de vigencia de aquellos, salvo si, teniendo en cuenta la trascendencia del impacto de esa reducción en la rentabilidad de las inversiones efectuadas por los concesionarios y el posible carácter súbito y la posible imprevisibilidad de dicha medida, resulta que a los referidos concesionarios no se les ofreció el tiempo necesario para adaptarse a esa nueva situación.

1)

Acumular los asuntos C-619/20 P y C-620/20 P a efectos de la sentencia.

2)

Desestimar el recurso de casación en el asunto C-619/20 P.

3)

Anular la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T-381/15 RENV, EU:T:2020:406), en la medida en que desestimó por infundada la pretensión de reparación formulada por International Management Group (IMG) relativa al perjuicio que le habría causado la decisión de la Comisión Europea de dejar de celebrar con ella nuevos convenios de delegación en régimen de gestión indirecta, contenida en el escrito de dicha institución de 8 de mayo de 2015.

4)

Desestimar en todo lo demás el recurso de casación en el asunto C-620/20 P.

5)

Desestimar el recurso en el asunto T-381/15 RENV en cuanto se refiere a la pretensión de reparación del perjuicio moral que la decisión mencionada en el punto 3 del presente fallo causó a International Management Group (IMG).

6)

Devolver el asunto T-381/15 RENV al Tribunal General para que se pronuncie sobre la pretensión mencionada en el punto 3 del presente fallo, en cuanto se refiere al perjuicio material invocado por International Management Group (IMG).

7)

Condenar en costas a International Management Group (IMG) en el asunto C-619/20 P.

8)

Reservar la decisión sobre las costas en los asuntos C-620/20 P y T-381/15 RENV.

1)

La Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2017/2110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, debe interpretarse en el sentido de que

2)

El artículo 11, letra b), de la Directiva 2009/16, en su versión modificada por la Directiva 2017/2110, en relación con el anexo I, parte II, de dicha Directiva en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que el Estado rector del puerto puede someter a una inspección adicional a los buques que ejercen una actividad sistemática de búsqueda y de salvamento y se encuentran en alguno de sus puertos o en las aguas bajo su jurisdicción, tras haber entrado en esas aguas y una vez terminadas todas las operaciones de trasbordo o de desembarco de las personas a las que su respectivo capitán haya decidido prestar auxilio, cuando ese Estado haya acreditado, sobre la base de elementos jurídicos y fácticos detallados, que existían indicios serios que podían demostrar un peligro para la salud, la seguridad, las condiciones de trabajo a bordo o el medio ambiente, teniendo en cuenta las circunstancias de utilización de tales buques.

3)

El artículo 13 de la Directiva 2009/16, en su versión modificada por la Directiva 2017/2110, debe interpretarse en el sentido de que el Estado rector del puerto tiene la facultad, con motivo de inspecciones más detalladas organizadas en virtud de ese artículo, de tener en cuenta el hecho de que los buques que han sido clasificados y certificados como buques de carga por el Estado de abanderamiento se utilizan, en la práctica, para una actividad sistemática de búsqueda y de salvamento de personas en peligro de desaparecer o en dificultad grave en el mar, en el marco de un control destinado a apreciar, sobre la base de elementos jurídicos y fácticos detallados, la existencia de un peligro para las personas, los bienes y el medio ambiente, habida cuenta de las condiciones de utilización de esos buques. En cambio, el Estado rector del puerto no está facultado para exigir la prueba de que dichos buques disponen de certificados distintos de los expedidos por el Estado de abanderamiento ni de que cumplen todas las prescripciones aplicables a otra clasificación.

4)

El artículo 19 de la Directiva 2009/16, en su versión modificada por la Directiva 2017/2110, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que se acredite que buques que se utilizan, en la práctica, para una actividad sistemática de búsqueda y de salvamento de personas en peligro de desaparecer o en dificultad grave en el mar, pese a estar clasificados y certificados como buques de carga por un Estado miembro que tiene la condición de Estado de abanderamiento, han sido utilizados con peligro para las personas, los bienes o el medio ambiente, el Estado miembro que tiene la condición de Estado rector del puerto no puede supeditar la ausencia de inmovilización de esos buques o el levantamiento de tal inmovilización al requisito de que estos dispongan de certificados adaptados a esa actividad y de que respeten el conjunto de prescripciones correspondientes. En cambio, dicho Estado puede imponer medidas correctoras determinadas en materia de seguridad, de prevención de la contaminación y de condiciones de vida y de trabajo a bordo, siempre que esas medidas correctoras estén justificadas por la existencia de deficiencias que presenten claramente un riesgo para la seguridad, la salud o el medio ambiente y que entrañen la imposibilidad de navegar en condiciones que garanticen la seguridad marítima. Por otra parte, dichas medidas correctoras deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas a tal fin. Además, la adopción y la aplicación de tales medidas por el Estado rector del puerto deben ser objeto de una cooperación leal con el Estado de abanderamiento, respetando las facultades respectivas de esos dos Estados.

1)

El artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 45, apartado 4, de dicha Directiva y a la luz del principio general del Derecho de la Unión relativo al derecho a la buena administración y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

se opone a una normativa nacional que establece que, cuando una resolución de denegación de una solicitud de protección internacional o de retirada de esa protección se basa en información cuya divulgación pueda poner en peligro la seguridad nacional del Estado miembro en cuestión, el interesado o su abogado solo pueden acceder a esa información después de obtener una autorización al efecto, no se les comunican ni siquiera las razones esenciales en las que se fundamentan tales resoluciones y no pueden, en ningún caso, utilizar en el marco de los procedimientos administrativo o jurisdiccional la información a la que hayan podido tener acceso.

2)

Los artículos 4, apartados 1 y 2, 10, apartados 2 y 3, 11, apartado 2, y 45, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con los artículos 14, apartado 4, letra a), y 17, apartado 1, letra d), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida,

deben interpretarse en el sentido de que

se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando los órganos encargados de ejercer funciones especializadas relacionadas con la seguridad nacional hayan constatado mediante dictamen no motivado que una persona constituye una amenaza para dicha seguridad, la autoridad decisoria está obligada sistemáticamente a denegar la protección subsidiaria a dicha persona o a retirarle una protección internacional concedida previamente, basándose en ese dictamen.

3)

El artículo 17, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95

debe interpretarse en el sentido de que

no se opone a que se deniegue a un solicitante la protección subsidiaria, en virtud de dicha disposición, sobre la base de una condena penal que ya era conocida por las autoridades competentes cuando concedieron al solicitante, al término de un procedimiento anterior, un estatuto de refugiado que posteriormente le fue retirado.

1)

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, a la luz del principio de efectividad y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

se opone a una normativa nacional relativa a un procedimiento sumario de pago de honorarios de abogado en virtud de la cual la demanda presentada contra el cliente consumidor es objeto de una resolución dictada por una autoridad no jurisdiccional y solamente se prevé la intervención de un órgano jurisdiccional en la fase del eventual recurso contra dicha resolución, sin que el órgano jurisdiccional ante el que este se interpone pueda controlar —de oficio si es necesario— si las cláusulas contenidas en el contrato del que traen causa los honorarios reclamados tienen carácter abusivo y sin admitir que las partes aporten pruebas distintas de las documentales ya presentadas ante la autoridad no jurisdiccional.

2)

El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83,

debe interpretarse en el sentido de que

no está incluida en la excepción que se contempla en esta disposición una cláusula de un contrato celebrado entre un abogado y su cliente a tenor de la cual el cliente se compromete a seguir las instrucciones del abogado, a no actuar sin conocimiento o contra el consejo de este y a no desistir por sí mismo del procedimiento judicial que le ha encomendado, y que estipula una penalidad económica para el caso de incumplimiento de estos compromisos.

3)

La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,

debe interpretarse en el sentido de que

la incorporación, a un contrato celebrado entre un abogado y su cliente, de una cláusula que estipula la imposición a este de una penalidad económica para el caso de que desista por sí mismo del procedimiento judicial que ha encomendado a aquel, cláusula que se remite al baremo de un colegio profesional y que no fue mencionada en la oferta comercial ni en la información previa a la celebración del contrato, debe calificarse de práctica comercial «engañosa», en el sentido del artículo 7 de esta Directiva, siempre que haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, extremo que corresponde comprobar al juez nacional.

1)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, (1) en el sentido de que es aplicable directamente en las relaciones entre un operador privado de transporte que dispone de una única concesión de servicio público y sus trabajadores, teniendo en cuenta en especial la liberalización del sector de transporte ferroviario de pasajeros?

2)

¿Cuál es el período razonable de aplazamiento de las vacaciones retribuidas de cuatro semanas devengadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 cuando el período de devengo del derecho a vacaciones retribuidas es de un año?

3)

¿Es efectivamente contraria al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 la aplicación de un período de aplazamiento ilimitado a falta de una disposición nacional, establecida en una norma o en un convenio, que regule dicho aplazamiento?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, (1) en el sentido de que es aplicable directamente en las relaciones entre un operador privado de transporte que dispone de una única concesión de servicio público y sus trabajadores, teniendo en cuenta en especial la liberalización del sector de transporte ferroviario de pasajeros?

2)

¿Cuál es el período razonable de aplazamiento de las vacaciones retribuidas de cuatro semanas devengadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 cuando el período de devengo del derecho a vacaciones retribuidas es de un año?

3)

¿Es efectivamente contraria al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 la aplicación de un período de aplazamiento ilimitado a falta de una disposición nacional, establecida en una norma o en un convenio, que regule dicho aplazamiento?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, (1) en el sentido de que es aplicable directamente en las relaciones entre un operador privado de transporte que dispone de una única concesión de servicio público y sus trabajadores, teniendo en cuenta en especial la liberalización del sector de transporte ferroviario de pasajeros?

2)

¿Cuál es el período razonable de aplazamiento de las vacaciones retribuidas de cuatro semanas devengadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 cuando el período de devengo del derecho a vacaciones retribuidas es de un año?

3)

¿Es efectivamente contraria al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 la aplicación de un período de aplazamiento ilimitado a falta de una disposición nacional, establecida en una norma o en un convenio, que regule dicho aplazamiento?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, (1) en el sentido de que es aplicable directamente en las relaciones entre un operador privado de transporte que dispone de una única concesión de servicio público y sus trabajadores, teniendo en cuenta en especial la liberalización del sector de transporte ferroviario de pasajeros?

2)

¿Cuál es el período razonable de aplazamiento de las vacaciones retribuidas de cuatro semanas devengadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 cuando el período de devengo del derecho a vacaciones retribuidas es de un año?

3)

¿Es efectivamente contraria al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 la aplicación de un período de aplazamiento ilimitado a falta de una disposición nacional, establecida en una norma o en un convenio, que regule dicho aplazamiento?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, (1) en el sentido de que es aplicable directamente en las relaciones entre un operador privado de transporte que dispone de una única concesión de servicio público y sus trabajadores, teniendo en cuenta en especial la liberalización del sector de transporte ferroviario de pasajeros?

2)

¿Cuál es el período razonable de aplazamiento de las vacaciones retribuidas de cuatro semanas devengadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 cuando el período de devengo del derecho a vacaciones retribuidas es de un año?

3)

¿Es efectivamente contraria al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 la aplicación de un período de aplazamiento ilimitado a falta de una disposición nacional, establecida en una norma o en un convenio, que regule dicho aplazamiento?

1.

¿Es válida la Decisión de la Comisión Europea de 27 de julio de 2021, C(2021) 5739, relativa a la anulación parcial de la contribución del Fondo de Cohesión al Programa Operativo «Transporte» 2007-2013 en el marco del objetivo «Convergencia» en Bulgaria, CCI2007BG161PO004, habida cuenta de los requisitos existentes en cuanto a fundamento jurídico, motivación, integridad y objetividad del examen realizado, con arreglo al artículo 296 TFUE, párrafo tercero, y al principio de buena administración establecido por el artículo 41 de la Carta?

2.

¿Debe interpretarse el artículo 100 del Reglamento n.o 1083/2006 (1) del Consejo en el sentido de que, para que las decisiones de la Comisión Europea sean conformes a Derecho, no está obligada a averiguar, comprobar y calificar en el procedimiento todos los hechos jurídicamente relevantes, sino que tiene que limitarse a extraer sus conclusiones de la comunicación y del intercambio de pareceres e información con el Estado miembro?

3.

En una situación como la presente, en la que hay un acto jurídico firme de la Comisión Europea por el cual se aplica a un Estado miembro una corrección financiera por una irregularidad en el gasto de los recursos de la Unión Europea en relación con tres procedimientos de contratación pública independientes, ¿están obligadas las autoridades nacionales competentes a instruir por sí mismas un procedimiento para esclarecer las irregularidades, a fin de poder aplicar debidamente la corrección financiera prevista en el artículo 98 del Reglamento n.o 1083/2006?

4.

En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿debe considerarse, en tal caso, que está garantizado el derecho de los interesados a intervenir en el procedimiento de aplicación de una corrección financiera instruido por el Estado miembro, de conformidad con el derecho a una buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta?

5.

¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta en el sentido de que, en una situación como la presente, en la que hay un acto jurídico firme de la Comisión Europea por el cual se aplica a un Estado miembro una corrección financiera por una irregularidad en el gasto de los recursos de la Unión en relación con tres procedimientos de contratación pública independientes, los órganos jurisdiccionales nacionales se hallan vinculados por las apreciaciones y conclusiones de la Comisión Europea cuando conocen de un recurso presentado contra la corrección financiera aplicada por la autoridad nacional competente en relación con uno de dichos procedimientos de contratación, o de la mencionada disposición se deduce que deben averiguar y comprobar, en un procedimiento judicial completo, los hechos y circunstancias jurídicamente relevantes del litigio recurriendo a todos los medios legalmente previstos y resolviendo como proceda conforme a Derecho?

6.

En caso de respuesta a la cuestión anterior en el sentido de que los órganos jurisdiccionales nacionales se hallan vinculados por la decisión de la Comisión Europea, incluidas sus apreciaciones de los hechos, ¿puede considerarse que están garantizados los derechos a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento equitativo de las personas afectadas por la corrección financiera, de conformidad con el artículo 47 de la Carta?

1.

¿Deben interpretarse el artículo 49 TFUE (derecho de establecimiento) y/o el artículo 63 TFUE (libre circulación de capitales) en el sentido de que se oponen a una disposición legal o a una práctica fiscal de un Estado miembro en virtud de la cual, a efectos del impuesto sobre la renta de una persona física en dicho Estado miembro, se aplica un beneficio fiscal, consistente en la tributación del 50 % de la ganancia derivada de la transmisión de participaciones sociales, a las transmisiones de participaciones sociales en sociedades de Derecho nacional, pero no a las transmisiones de participaciones sociales en sociedades constituidas en otro Estado miembro?

2.

¿Deben interpretarse el artículo 49 TFUE (derecho de establecimiento) y/o el artículo 63 TFUE (libre circulación de capitales) en el sentido de que se oponen a una disposición legal o a una práctica fiscal de un Estado miembro en virtud de la cual, a efectos del impuesto sobre la renta de una persona física en dicho Estado miembro, se aplica un beneficio fiscal, consistente en la tributación del 50 % de la ganancia derivada de la transmisión de participaciones sociales, a las transmisiones de participaciones sociales en sociedades que tienen su domicilio efectivo en el territorio nacional, pero no a las transmisiones de participaciones sociales en sociedades que tienen su domicilio efectivo en el territorio de otro Estado miembro?

3.

¿Deben interpretarse el artículo 49 TFUE (derecho de establecimiento) y/o el artículo 63 TFUE (libre circulación de capitales) en el sentido de que se oponen a una disposición legal o a una práctica fiscal de un Estado miembro en virtud de la cual, a efectos del impuesto sobre la renta de una persona física en dicho Estado miembro, se aplica un beneficio fiscal, consistente en la tributación del 50 % de la ganancia derivada de la transmisión de participaciones sociales, a las transmisiones de participaciones sociales en sociedades con residencia fiscal en el territorio nacional, pero no a las transmisiones de participaciones sociales en sociedades con residencia fiscal en el territorio de otro Estado miembro?

4.

¿Deben interpretarse el artículo 49 TFUE (derecho de establecimiento) y/o el artículo 63 TFUE (libre circulación de capitales) en el sentido de que se oponen a una disposición legal o a una práctica fiscal de un Estado miembro en virtud de la cual, a efectos del impuesto sobre la renta de una persona física en dicho Estado miembro, se aplica un beneficio fiscal, consistente en la tributación del 50 % de la ganancia derivada de la transmisión de participaciones sociales, a las transmisiones de participaciones sociales en sociedades que ejercen su actividad en el territorio nacional, pero no a las transmisiones de participaciones sociales de sociedades que ejercen su actividad en el territorio de otro Estado miembro?

5.

¿Debe interpretarse el principio de prohibición de prácticas abusivas en el sentido de que se aplica a una transmisión de participaciones sociales como la del presente asunto, que, en esencia, tiene un resultado equivalente a un pago de dividendos, y cuya forma jurídica fue elegida por el contribuyente con el fin esencial de obtener un beneficio fiscal derivado del Derecho nacional y aplicable estrictamente a las plusvalías mobiliarias, en circunstancias como las del presente asunto, en las que el reconocimiento al contribuyente del beneficio fiscal de que se trata depende de la posibilidad de que este invoque y ejerza el derecho de establecimiento del artículo 49 TFUE y/o la libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE?

6.

¿Debe interpretarse el principio de prohibición de prácticas abusivas en el sentido de que impide que un contribuyente invoque y ejerza el derecho de establecimiento (con arreglo al artículo 49 TFUE) y/o la libertad de circulación de capitales (con arreglo al artículo 63 TFUE) para acogerse a un beneficio fiscal previsto en el Derecho nacional para las plusvalías derivadas de la transmisión de participaciones sociales, cuando, con el objetivo principal de acogerse a dicho beneficio fiscal, haya formalizado una operación, que, en esencia, tiene un resultado equivalente a un pago de dividendos, como es una transmisión de acciones?

7.

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede un contribuyente invocar la seguridad jurídica o la confianza legítima para oponerse a la denegación del reconocimiento del derecho de establecimiento y/o de la libertad de circulación de capitales en aplicación del principio de prohibición de prácticas abusivas y, de ese modo, legitimar dicha práctica abusiva?

8.

¿Debe interpretarse el principio de prohibición de prácticas abusivas en el sentido de que su aplicación depende de la comprobación de las condiciones de aplicación de la norma general antiabuso del Derecho nacional?

9.

¿Debe interpretarse el principio de prohibición de prácticas abusivas en el sentido de que su aplicación depende de su invocación por las autoridades nacionales?

10.

¿Debe interpretarse el principio de prohibición de prácticas abusivas en el sentido de que su aplicación depende del cumplimiento por parte de las autoridades tributarias nacionales del procedimiento previsto para la aplicación de la norma general antiabuso del Derecho nacional?

11.

Dado que el órgano jurisdiccional nacional tiene una competencia limitada a apreciar la legalidad de los actos tributarios y a decidir si los anula o los mantiene en el ordenamiento jurídico, sin sustituir a la Administración tributaria, ¿debe interpretarse el principio de prohibición de prácticas abusivas en el sentido de que el Tribunal Arbitral es competente para reclasificar/redefinir/recalificar la operación abusiva y aplicar la legislación nacional pertinente a la operación que existiría en su lugar?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1) en el sentido de que no solo autoriza la extensión de acuerdos interprofesionales que establezcan normas más estrictas que las disposiciones establecidas en la normativa de la Unión en el ámbito de las «normas de producción» mencionadas en la letra b) de dicho artículo, sino también en todos los demás ámbitos mencionados en las letras a) y c) a n), respecto de los cuales prevé que puede solicitarse la extensión de un acuerdo interprofesional?

2)

A falta de normas específicas de la Unión para una categoría de frutas u hortalizas determinada, ¿debe interpretarse el artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 en el sentido de que autoriza la extensión de acuerdos interprofesionales que contengan normas más estrictas que las disposiciones aplicables adoptadas por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007, (1) en el sentido de que no solo autoriza la extensión de acuerdos interprofesionales que establezcan normas más estrictas que las establecidas por la normativa de la Unión en el ámbito de las «normas de producción» mencionadas en la letra b) de dicho artículo, sino también en todos los ámbitos mencionados en la letra a) y en las letras c) a n), para los que prevé que puede solicitarse la extensión de un acuerdo interprofesional y, en particular, si, cuando la normativa de la Unión establece normas de comercialización y envasado para una categoría de frutas o de hortalizas determinada, permite que se adopten normas más restrictivas en virtud de un acuerdo interprofesional y que tales normas se extiendan a todos los operadores?

2)

En el supuesto de que la respuesta a la cuestión anterior sea diferente según se trate de las «normas de comercialización» mencionadas en la letra [d)] [del apartado 4] de dicho artículo o de las «normas mínimas en materia de envasado y embalaje» mencionadas en la letra k) del mismo [apartado], la fijación de intervalos de calibrado destinados a garantizar la homogeneidad de los productos de un mismo envase ¿constituye una norma de comercialización o una norma en materia de envasado?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, (1) de 17 de diciembre de 2013, en el sentido de que no solo autoriza la extensión de acuerdos interprofesionales que establezcan normas más estrictas que las establecidas por la normativa de la Unión en el ámbito de las «normas de producción» mencionadas en la letra b) de dicho artículo, sino también en todos los ámbitos mencionados en las letras a) y c) a n), respecto de los cuales prevé que puede solicitarse la extensión de un acuerdo interprofesional?

2)

La fijación de fechas de cosecha, por una parte, y de fechas de comercialización, por otra, ¿está comprendida en el ámbito de las normas que pueden establecerse mediante acuerdo interprofesional y extenderse sobre la base del artículo 164 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, de 17 de diciembre de 2013? En caso afirmativo, ¿está comprendida la fijación de fechas de cosecha y de comercialización en el ámbito de las «normas de producción» contempladas en la letra b) de dicho artículo o, como preveía anteriormente el anexo XVI bis del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 (2) del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se establece la organización común de mercados en el sector agrícola y disposiciones específicas de este sector, en las «normas de comercialización» que actualmente se mencionan en la letra d) de ese mismo artículo?

1)

En circunstancias en las que con la suscripción a publicaciones periódicas mediante un abono se concede a los nuevos suscriptores un regalo (un gadget), a efectos del artículo 16 de la Directiva del IVA, (1) ¿debe considerarse esa concesión:

2)

Si se responde a la primera cuestión en el sentido de que se trata de una entrega gratuita, ¿es conforme con el concepto de «apropiaciones que […] tengan como destino la entrega […] a título de obsequio de escaso valor» al que se refiere el artículo 16, párrafo segundo, de la Directiva del IVA el establecimiento de un límite anual del valor global de los regalos que corresponda a una ratio del cinco por mil del volumen de negocios del sujeto pasivo del año anterior (además del límite del valor unitario)?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe considerarse que esa ratio del cinco por mil del volumen de negocios del sujeto pasivo del año anterior es tan baja que priva de efecto útil al artículo 16, párrafo segundo, de la Directiva del IVA?

4)

¿Vulnera ese límite del cinco por mil del volumen de negocios del sujeto pasivo del año anterior, teniendo en cuenta además los fines para los que se ha establecido, los principios de neutralidad, de igualdad de trato o no discriminación y de proporcionalidad?

1)

¿Puede interpretarse el Derecho de la Unión Europea (artículo 110 TFUE) en el sentido de que el importe de un impuesto prohibido por el Derecho de la Unión se incorpora al valor del vehículo y puede transmitirse a los terceros adquirentes junto con el derecho de propiedad sobre dicho vehículo?

2)

¿Se opone la interpretación [del artículo] 110 TFUE a una normativa nacional, como la que figura en el artículo 1 del OUG n.o 52/2017 (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 52/2017), según el cual la devolución de un impuesto prohibido por el Derecho de la Unión únicamente puede realizarse a favor del contribuyente que lo haya abonado y no de los adquirentes posteriores del vehículo para el cual se haya pagado dicho impuesto, cuando dicho impuesto no se haya devuelto al pagador?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 106 TFUE, apartado 1, en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, mediante la cual se mantiene una adjudicación directa, inicial y no competitiva de las licencias de explotación de fuentes de agua mineral a favor de una sociedad de capital íntegramente público a través de prórrogas sucesivas e ilimitadas de las licencias exclusivas (a libre disposición de la sociedad estatal)?

2)

¿Deben interpretarse el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los artículos 49 TFUE y 119 TFUE y el artículo 3 de la Directiva 2009/54/CE, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales, (1) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal y mencionada anteriormente, a través de la cual se crea una restricción injustificada a la libertad de empresa, incluso a la libertad de establecimiento?

1.

¿Debe interpretarse la definición de «entidad de crédito» del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, en el sentido de que la concesión de créditos debe efectuarse exclusivamente mediante fondos recibidos del público como depósitos u otros fondos reembolsables, o puede una entidad de crédito conceder también créditos mediante fondos procedentes de otras fuentes?

2.

¿Cuál debe ser el contenido del «acto de las autoridades, cualquiera que sea su forma, del que deriva la facultad de ejercer la actividad» en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 42, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012; y, deben constar en él tanto el régimen de autorización como el régimen de registro para la realización de operaciones de crédito?

1)

¿Deben interpretarse los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (1) así como los principios de seguridad jurídica, de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, de efectividad y proporcionalidad, en el sentido de que se oponen a unas disposiciones nacionales que disponen que un órgano jurisdiccional nacional no puede examinar de oficio las cláusulas abusivas contenidas en un contrato y extraer consecuencias de ello cuando supervise un procedimiento ejecutivo tramitado por un agente judicial con arreglo a un requerimiento de pago firme respecto del que se ha ordenado la ejecución y que fue dictado en un procedimiento en el que no se practica prueba?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, 6, apartado 1, 7, apartados 1 y 2, y 8 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los principios de seguridad jurídica, efectividad y proporcionalidad, así como el derecho a ser oído por un tribunal, en el sentido de que se oponen a una interpretación judicial de las disposiciones del Derecho nacional según la cual la inscripción de una cláusula abusiva en el registro de cláusulas de condiciones generales declaradas ilícitas supone que se considere abusiva dicha cláusula en todo procedimiento en el que intervenga un consumidor, especialmente:

—

en caso de que un miembro honorario de la carrera judicial y fiscal, como trabajador europeo con contrato de duración determinada y a tiempo parcial, comparable a un miembro profesional de la carrera judicial y fiscal, como trabajador europeo por tiempo indefinido y a tiempo completo, haya presentado una mera solicitud de participación en procedimientos de estabilización que se limitan a aplicar formalmente la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, concluido el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70,

—

o, en caso de que no se superen dichos procedimientos o de que no se haya presentado tal solicitud, con la percepción de una indemnización de un importe manifiestamente inadecuado y desproporcionado en comparación con los daños sufridos por la falta de transposición de dichas Directivas?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 370, en relación con el punto 2 del anexo X, parte A, de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que permite a los Estados miembros interesados gravar con el IVA un canon de licencia de medios de comunicación establecido legalmente para financiar las actividades de los organismos públicos de radiotelevisión que no tienen carácter comercial, a pesar de la inexistencia de «prestaciones de servicios realizadas a título oneroso» mencionadas en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, se solicita al Tribunal de Justicia que responda a las siguientes cuestiones prejudiciales:

2)

¿Debe interpretarse el artículo 370, en relación con el punto 2 del anexo X, parte A, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que la facultad de un Estado miembro de gravar con el IVA un canon de licencia de medios de comunicación establecido legalmente, a la que se ha hecho referencia en la primera cuestión prejudicial, puede mantenerse si, después de la entrar en vigor, el 1 de enero de 1978, la Sexta Directiva 77/388/CEE (2) del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (Sexta Directiva), el Estado miembro ha modificado el sistema de concesión de licencias, que inicialmente aplicaba un canon de licencia por la posesión de un equipo de radio y televisión, y ahora aplica un canon de licencia por la posesión de cualquier dispositivo que pueda recibir programas y servicios audiovisuales directamente, incluidos, entre otros, los teléfonos inteligentes y los ordenadores?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 370, en relación con el punto 2 del anexo X, parte A, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que la facultad de un Estado miembro de gravar con el IVA un canon de licencia de medios de comunicación establecido legalmente, al que se ha hecho referencia en la primera cuestión prejudicial, puede mantenerse si, después de entrar en vigor, el 1 de enero de 1978, la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (Sexta Directiva), el Estado miembro ha modificado el sistema de concesión de licencias de manera que un porcentaje menor de los recursos proporcionados por el canon de licencia, cuyo importe determinará libremente el Ministro de Cultura, va a destinarse a la financiación de i) los organismos de radio y televisión que reciben subvenciones públicas sin ser no obstante organismos públicos propiamente dichos, y ii) las organizaciones de medios de comunicación y cinematográficas que contribuyen a las actividades de radio y televisión aunque no las ejercen por sí mismas?

1.

Habida cuenta del principio de igualdad de trato que se deriva del artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675/JAI (1) y a la luz del artículo 3, apartado 5, de esa misma Decisión Marco, en el caso de que exista, en principio, una situación que permita conformar una pena global acumulando las condenas recaídas en Alemania y en otros países de la UE, ¿puede imponerse una pena por el delito cometido en el territorio nacional también en el supuesto de que la consideración ficticia de la pena impuesta en otro país de la UE haga que se supere la duración máxima admitida por el Derecho alemán para una pena global en el caso de las penas privativas de libertad de duración limitada?

2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:

La consideración de la pena impuesta en otro país de la UE, prevista en el artículo 3, apartado 5, párrafo segundo, de la Decisión Marco 2008/675/JAI, ¿debe llevarse a cabo de modo que la desventaja resultante de la imposibilidad de proceder a una conformación ex post de la pena global —conforme a los principios de la acumulación de penas establecidos en Derecho alemán— debe especificarse y justificarse en concreto a la hora de determinar la pena por el delito cometido en el territorio nacional?

—

Anule la sentencia recurrida.

—

Declare de conformidad con los artículos 263 TFUE y 264 TFUE la nulidad de la Decisión C(2020) 397 final de la Comisión, de 9 de junio de 2020, sobre la ayuda de Estado SA.57410 (2020/N) — Finlandia — COVID-19: Recapitalización de Finnair.

—

Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente y ordene que las partes coadyuvantes en primera instancia y, en su caso, las del presente recurso de casación carguen con sus propias costas.

—

Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 TUE, apartado 3 en relación con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 29/2009 de la Comisión, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que el proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATS) por esta designado se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1 del Reglamento (CE) n.o 29/2009 de la Comisión. (1)

—

Que se condene en costas a la República Helénica.

—

Anule la sentencia recurrida.

—

Declare nulas las decisiones de la JUR de fecha 23 de febrero de 2018 en lo que se refiere a la recurrente y a su filial luxemburguesa.

—

Condene a la JUR a cargar con las costas de la recurrente en casación y con las costas del recurso de casación.

—

En caso de que el Tribunal de Justicia no pueda pronunciarse en cuanto al fondo, devuelva el asunto al Tribunal General.

—

el Tribunal General no observó la clara delimitación de los límites de las facultades de la JUR establecidos en el artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014 que dispone que la JUR solo puede actuar con efectos jurídicos externos cuando se cumplan los tres requisitos establecidos en el citado artículo y siempre que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea no formulan objeciones;

—

el artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014 no ofrece ningún fundamento para considerar que la JUR puede actuar con efectos jurídicos externos cuando se cumplan solo los dos primeros requisitos;

—

la JUR reconoció efectivamente su error adoptando un enfoque diferente en los casos análogos más recientes;

—

el Tribunal General no examinó íntegramente la legalidad de las decisiones controvertidas (SRB/EES/2018/09 y SRB/EES/2018/10 de 23 de febrero de 2018) al no determinar en qué modo exactamente, según la interpretación del Tribunal General de las decisiones controvertidas, la posición jurídica del recurrente y de su filial ha cambiado;

—

el Tribunal General alteró el contenido claro de las decisiones impugnadas al no admitir que contienen resoluciones en el sentido de que deben ser liquidadas la recurrente y su filial;

—

el Tribunal General incurrió en diferentes errores, en particular, al confundir las decisiones impugnadas con las medidas de la JUR destinadas a las autoridades nacionales de resolución a efectos de la aplicación de las decisiones impugnadas.

—

el Tribunal General desnaturalizó los autos al requerir una valoración implícita de la situación de inviabilidad o inviabilidad potencial (FOLTF) y al no indicar que la JUR afirmó expresamente en sus escritos de defensa que no había llevado a cabo una valoración FOLTF;

—

en el mismo contexto, el Tribunal General incurrió en diferentes errores y desnaturalizaciones y no dio respuesta a las alegaciones del recurrente, en particular, al no abordar el efecto de la moratoria de la suspensión de las obligaciones de pago y al hacer una interpretación errónea del concepto de liquidez en el sentido del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014.

—

Declare que la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 29/2009 de la Comisión (1) al no adoptar las medidas necesarias para garantizar que el proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATS) designado por ella se atiene a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 29/2009.

—

Condene en costas a la República de Malta.

—

Anule la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 2 de junio de 2022, por la que se pone fin al procedimiento para autorizar la comercialización de larvas de Alphitobius diaperinus como nuevo alimento sin actualizar la lista de la Unión de nuevos alimentos. (1)

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento del artículo 6, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2469 de la Comisión, (2) en la medida que la Decisión se adoptó sin cumplir las garantías y los requisitos de procedimiento establecidos en dicha disposición, por lo que la referida Decisión es ilegal.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del principio de buena administración y en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, más concretamente:

3.

Tercer motivo, formulado con carácter subsidiario para el caso de que no se estimen ni el primer ni el segundo motivo, mediante el cual las demandantes proponen una excepción de ilegalidad del artículo 10, apartado 6, del Reglamento (UE) 2015/2283 (3) y del artículo 6 de la Decisión de Ejecución 2017/2469 de la Comisión sobre la base del artículo 277 TFUE alegando que procede declarar la nulidad de dichas disposiciones por ser contrarias al principio de seguridad jurídica y al principio de igualdad de trato.

—

Anule la Decisión C(2020) 8550 final de la Comisión, de 4 de diciembre de 2020, sobre el régimen de ayudas SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) aplicado por Portugal para la Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la concurrencia de los requisitos de compatibilidad del Régimen III de la Zona Franca de Madeira, en particular el origen de los beneficios y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en la región.

2.

Segundo motivo, basado en el retraso injustificado de la reacción de la Comisión.

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

4.

Cuarto motivo, basado en el derecho a un proceso justo.

5.

Quinto motivo, basado en la protección de la confianza legítima.

6.

Sexto motivo, basado en el principio de seguridad jurídica.

—

Anule la Decisión C(2020) 8550 final de la Comisión, de 4 de diciembre de 2020, sobre el régimen de ayudas SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) aplicado por Portugal para la Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la concurrencia de los requisitos de compatibilidad del Régimen III de la Zona Franca de Madeira, en particular el origen de los beneficios y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en la región.

2.

Segundo motivo, basado en el retraso injustificado de la reacción de la Comisión.

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

4.

Cuarto motivo, basado en el derecho a un proceso justo.

5.

Quinto motivo, basado en la protección de la confianza legítima.

6.

Sexto motivo, basado en el principio de seguridad jurídica.

—

Anule la Decisión C(2020) 8550 final de la Comisión, de 4 de diciembre de 2020, sobre el régimen de ayudas SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) aplicado por Portugal para la Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la concurrencia de los requisitos de compatibilidad del Régimen III de la Zona Franca de Madeira, en particular el origen de los beneficios y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en la región.

2.

Segundo motivo, basado en el retraso injustificado de la reacción de la Comisión.

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

4.

Cuarto motivo, basado en el derecho a un proceso justo.

5.

Quinto motivo, basado en la protección de la confianza legítima.

6.

Sexto motivo, basado en el principio de seguridad jurídica.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la OCVV.

—

Infracción del artículo 6 del Reglamento (UE) 2100/94 del Consejo.

—

Infracción del artículo 7 del Reglamento (UE) 2100/94 del Consejo.

—

Infracción del artículo 76 del Reglamento (UE) 2100/94 del Consejo.

—

Infracción del artículo 81 del Reglamento (UE) 2100/94 del Consejo.

—

Anule el artículo 2, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2022/973 de la Comisión, de 14 de marzo de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de criterios de eficiencia agronómica y seguridad para el uso de subproductos en los productos fertilizantes UE.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo: al adoptar el artículo 2, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2022/973 (1) sobre la base de la delegación contenida en el artículo 42, apartado 7, tercera frase, del Reglamento (UE) 2019/1009, (2) la parte demandada ha rebasado, de forma contraria al Derecho de la Unión, los límites de la delegación o ha hecho un uso abusivo de dicha delegación.

Con arreglo al artículo 42, apartado 7, primera frase, del Reglamento (UE) 2019/1009, la parte demandada puede adoptar actos delegados solo en aras de la eficiencia agronómica y de la seguridad. En su lugar, la parte demandada ha fijado, en el artículo 2, apartado 3, letras a) y c), del Reglamento Delegado (UE) 2022/973, los valores límite de los parámetros «cromo» y «vanadio» en aras de la protección de la salud y del medio ambiente. La fijación de los valores límite del cromo y del vanadio no está amparada, a juicio de la parte demandante, por la delegación del artículo 42, apartado 7, primera frase, del Reglamento (UE) 2019/1009.

2.

Segundo motivo: vulneración del principio de precaución con arreglo al artículo 42, apartado 7, segunda frase, del Reglamento (UE) 2019/1009, al no haberse tenido en cuenta el estado actual de las pruebas científicas.

Al adoptar el artículo 2, apartado 3, letras a) y c), del Reglamento Delegado (UE) 2022/973, la parte demandada no ha comprobado, analizado ni evaluado las más recientes pruebas científicas, ni ha basado en ellas su decisión de adoptar el Reglamento Delegado (UE) 2022/973.

3.

Tercer motivo: vulneración del principio de investigación, en especial incumplimiento del deber oficial de la parte demandada de comprobar y de tener en cuenta el estado más reciente de las pruebas científicas.

La parte demandada no ha comprobado suficientemente las más recientes pruebas científicas y no las ha tenido en cuenta en su decisión de adoptar el Reglamento Delegado (UE) 2022/973.

4.

Cuarto motivo: vulneración del principio de seguridad jurídica al no haberse tenido en cuenta las más recientes pruebas científicas.

Afirma la parte demandante que las empresas afectadas por el Reglamento Delegado (UE) 2022/973 habían confiado en que la parte demandada solo fijaría normativamente aquellos criterios que se derivasen, desde el punto de vista técnico, de las más recientes pruebas científicas. Además, habían confiado en que la parte demandada solo establecería criterios de eficiencia agronómica y seguridad. Los valores límite del cromo y del vanadio no son criterios de eficiencia agronómica y seguridad. Los destinatarios del artículo 2, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2022/973 no podían haber previsto que se establecerían valores límites para el cromo y el vanadio.

5.

Quinto motivo: vulneración de la exigencia de proporcionalidad debido a la prohibición de los productos fertilizantes calcáreos procedentes de la industria siderúrgica por la adopción del artículo 2, apartado 3, letras a) y c), del Reglamento Delegado (UE) 2022/973.

Los valores límite del cromo y del vanadio fijados por la parte demandada no tienen en cuenta la exigencia de proporcionalidad del artículo 5 TUE, apartados 1, segunda frase, y 4, porque los valores límite excluyen del Derecho de la Unión en materia de productos fertilizantes los fertilizantes calcáreos procedentes de la industria siderúrgica, lo cual tendrá consecuencias desfavorables, en varios sentidos, para el medio ambiente, la salud pública, animal y fitosanitaria, el interés público en un suministro seguro y competitivo de fertilizantes y de alimentos y los intereses de productores y distribuidores.

6.

Sexto motivo: incumplimiento por la parte demandada de la obligación formal de motivación.

La fijación de valores límite para el cromo y el vanadio no se motiva suficientemente en los considerandos del Reglamento Delegado (UE) 2022/973. La parte demandada no ha hecho públicas las circunstancias decisivas (determinantes) en las que basó la fijación los valores límite. Ha fundamentado la fijación de los valores límite invocando criterios de protección de la salud y del medio ambiente. En cambio, no se han recogido los criterios de eficiencia agronómica y seguridad requeridos con arreglo a la delegación contenida en el artículo 42, apartado 7, primera frase, del Reglamento (UE) 2019/1009. Por tanto, los elementos de la motivación que cabe deducir de los considerandos son insuficientes, también desde el punto de vista formal, e incompletos. Los considerandos no satisfacen la obligación de motivación del artículo 296 TFUE, párrafo segundo.

7.

Séptimo motivo: inexactitud material y falta de completitud de la motivación, que se derivan de la inexactitud material y de la falta de completitud de la deducción técnica de los valores límite del cromo y del vanadio.

—

Anule la decisión de la parte demandada de 17 de diciembre de 2021 de no ejecutar los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2020, VP/Cedefop (T-187/18).

—

Anule la decisión conexa de no renovar el contrato de la parte demandante por tiempo indeterminado con efectos a partir del 16 de noviembre de 2017.

—

Anule la decisión de la parte demandada de 17 de junio de 2022 de desestimar la reclamación de la parte demandante de 3 de marzo de 2022 contra la decisión de 17 de diciembre de 2021.

—

Ordene la reparación del perjuicio moral sufrido por la parte demandante, evaluado ex aequo et bono en cien mil euros.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la decisión de la parte demandada de no ejecutar los puntos fundamentales 1 y 2 del fallo de la sentencia de 16 de diciembre de 2020, VP/Cedefop (T-187/18), y, en consecuencia, de no renovar el contrato de la parte demandante, adolece de un incumplimiento de la obligación en virtud del artículo 266 TFUE de acatar la citada sentencia de 16 de diciembre de 2020 y de un error manifiesto de apreciación.

2.

Segundo motivo, basado en que la parte demandada incumplió su deber de asistencia y protección.

3.

Tercer motivo, basado en que la parte demandada infringió los principios de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima.

4.

Cuarto motivo, basado en que la parte demandada incurrió en desviación de poder.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a quienes se opongan al recurso.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada en la medida en que deniega el registro como marca de la Unión Europea del signo figurativo ENDURANCE para los productos y servicios de las clases 9, 25, 28 y 35.

—

Condene a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente, incluidos los gastos necesarios a efectos del procedimiento de recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la EUIPO y a la coadyuvante, a cargar con las costas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule el artículo 74 bis y 74 ter, del Reglamento (UE) 2016/794 (1) en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/991. (2)

—

Condene a las partes demandadas a pagar las costas del procedimiento.

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Condene a la Comisión a abonar sin dilación intereses de demora correspondientes al importe de intereses de demora de 3 382 129,97 euros, al tipo de interés aplicado por el BCE a sus operaciones de refinanciación, incrementado en un 3,5 %, en relación con el período comprendido entre el 19 de junio de 2017 y el 25 de mayo de 2022, o, subsidiariamente, al tipo de interés y en relación con el período que el Tribunal General considere adecuados (de acuerdo con los motivos primero y segundo formulados por la parte demandante).

—

Condene a la Comisión a pagar sin dilación intereses compuestos sobre el importe de los intereses de demora de 3 382 129,97 euros (o cualquier otro importe que el Tribunal General determine que se debe a la parte demandante), correspondientes al tipo de interés aplicado por el BCE a sus operaciones de refinanciación, incrementado en un 3,5 %, en relación con el período comprendido entre el 25 de mayo de 2022 y la fecha del pago de ese importe de intereses de demora, o, subsidiariamente, al tipo de interés y en relación con el período que el Tribunal General considere adecuados.

—

Además o con carácter subsidiario, anule la decisión denegatoria de la Comisión de 7 de julio de 2022, con la consecuencia de que la Comisión debe pagar a la parte demandante intereses de demora y los correspondientes intereses compuestos con efecto inmediato; o, con carácter subsidiario de segundo grado, declare ilegal la omisión de la Comisión de no pagar intereses de demora y los correspondientes intereses compuestos (o cualquier interés).

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Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que la parte demandante tiene derecho a reclamar el importe de los intereses de demora de 3 382 129,97 euros, o, con carácter subsidiario, los intereses calculados en relación con el período y al tipo de interés que el Tribunal General considere adecuados, mediante una acción en virtud del artículo 266 TFUE, párrafo primero, dado que la Comisión estaba obligada a pagar tales intereses en ejecución de la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-341/17. A este respecto, la parte demandante invoca, con carácter subsidiario, el artículo 277 TFUE, en el supuesto de que la Comisión pretenda basarse en el Derecho derivado y este Derecho se interprete de manera contraria a los derechos que el Tratado confiere a la parte demandante.

2.

Segundo motivo, basado en que la parte demandante tiene derecho, además y/o con carácter subsidiario, a reclamar tales intereses de demora mediante una acción en virtud del artículo 266 TFUE, párrafo segundo, el artículo 268 TFUE y el artículo 340 TFUE y con arreglo al artículo 41, apartado 3, de la Carta, sobre la base de la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea debido al impago por parte de la Comisión de tales intereses en ejecución de la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-341/17. A este respecto, la parte demandante invoca también, con carácter subsidiario, el artículo 277 TFUE, en el supuesto de que la Comisión pretenda basarse en el Derecho derivado y este Derecho se interprete de manera contraria a los derechos que el Tratado confiere a la parte demandante.

3.

Tercer motivo, basado en que la parte demandante tiene derecho a obtener intereses compuestos en relación con el impago por parte de la Comisión de tales intereses de demora mediante acciones ejercitadas de conformidad con el artículo 266 TFUE, párrafo primero o, con carácter subsidiario, párrafo segundo, el artículo 268 TFUE y el artículo 340 TFUE y con arreglo al artículo 41, apartado 3, de la Carta. A este respecto, la parte demandante invoca también, con carácter subsidiario, el artículo 277 TFUE, en el supuesto de que la Comisión pretenda basarse en el Derecho derivado y este Derecho se interprete de manera contraria a los derechos que el Tratado confiere a la parte demandante.

4.

Además, y en la medida en que sea necesario, al invocar el cuarto motivo la parte demandante solicita, en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, la anulación de la decisión de la Comisión de 7 de julio de 2022 de denegar el pago de intereses de demora y los correspondientes intereses compuestos, basándose en la infracción del artículo 266 TFUE y/o del principio general del Derecho de la Unión según el cual las instituciones de la Unión tienen que proceder a la restitución como consecuencia de una sentencia anulatoria de una medida.

5.

Con carácter subsidiario al cuarto motivo, al invocar el quinto motivo la parte demandante solicita que se declare, en virtud del artículo 265 TFUE, que la Comisión ha actuado ilegalmente al no pagarle intereses de demora y los correspondientes intereses compuestos tras su solicitud en este sentido presentada el 8 de junio de 2022, en contra del artículo 266 TFUE y/o del principio general del Derecho de la Unión según el cual las instituciones de la Unión tienen que proceder a la restitución como consecuencia de una sentencia anulatoria de una medida.

—

Anule la Decisión C(2022) 4761 final de la Comisión, de 12 de julio de 2022, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE (Asunto AT. 40 522 — Metal Packaging) en la medida en que afecta a las demandantes;

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condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo: se alega que la Comisión violó el principio patere legem quam ipse fecisti, un principio general del Derecho de la Unión, al aceptar la devolución del asunto de la Oficina Federal de la Competencia alemana, soslayando con ello reglas de la práctica establecidas, como se desprende de la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia.

2.

Segundo motivo: se alega que la Comisión, al aceptar la devolución del asunto de la Oficina Federal de la Competencia alemana, vulneró la confianza legítima de las demandantes en que se ajustaría a las normas de la práctica establecidas.

3.

Tercer motivo: se alega que la Comisión, al aceptar la devolución del asunto en una fase tan avanzada del procedimiento ante la Oficina Federal de la Competencia alemana, violó el principio de subsidiariedad.

4.

Cuarto motivo: se alega que la Comisión vulneró el derecho de defensa de las demandantes al aceptar la devolución del asunto de la Oficina Federal de la Competencia alemana varios años después de que hubiera transcurrido el período inicial de atribución de dos meses.

5.

Quinto motivo: se alega que la Comisión, al aceptar la devolución del asunto después de que hubiera transcurrido el período inicial de atribución de dos meses, no ponderó debidamente los objetivos de la ejecución del Derecho de la competencia y los de la seguridad jurídica, la confianza legítima y el derecho de defensa de las demandantes, y, en consecuencia, violó el principio de proporcionalidad.

6.

Sexto motivo: se alega que la Comisión, al aceptar la devolución del asunto de la Oficina Federal de la Competencia alemana después de que hubiera transcurrido el período inicial de atribución de dos meses, violó el principio de buena administración.

—

Anule los artículos 1, 4 y 5 de la Decisión de la Comisión, de 4 de diciembre de 2020, sobre el régimen de ayudas SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) aplicado por Portugal para la Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III.

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Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en un error de Derecho, ya que el criterio referente a las «actividades efectiva y materialmente realizadas en Madeira» ha sido interpretado y aplicado correctamente en la ejecución del Régimen III de la ZFM. La demandante alega que la Comisión ha interpretado erróneamente el criterio «beneficios resultantes de las actividades efectiva y materialmente realizadas en Madeira». Los beneficios de las empresas registradas en la ZFM que pueden ser objeto de ventaja fiscal no se limitan a los resultantes de actividades sujetas a gastos adicionales relacionados con la «ultraperifericidad», esto es, actividades realizadas únicamente en el territorio geográfico de la región autónoma de Madeira. Si se atiende a los objetivos y al contexto del Régimen III de la ZFM, la interpretación correcta de ese criterio permite que se consideren actividades efectiva y materialmente realizadas en Madeira aquellas que tengan que ver con empresas autorizadas en la ZFM, que posean en ella su centro de toma de decisiones, independientemente de que desarrollen una actividad internacional.

2.

Segundo motivo, basado en un error de Derecho, ya que el criterio referente al «mantenimiento de puestos de trabajo» ha sido interpretado y aplicado correctamente en la ejecución del Régimen III de la ZFM. La demandante alega que la Comisión ha interpretado erróneamente el criterio «mantenimiento de puestos de trabajo». Habida cuenta de que no existe un concepto de «puesto de trabajo» de la Unión Europea y de que tal concepto no se ha explicitado, a efectos de la aplicación del Régimen III, en las Decisiones de 2007 y de 2013 ni en las Directrices de 2007, debe darse por bueno el concepto de puesto de trabajo que resulta de la normativa laboral nacional. La metodología de definición de puestos de trabajo en «EJC» (equivalente a jornada completa) y en «UTA» (unidades de trabajo anuales) no es aplicable al Régimen III de la ZFM.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración de los principios generales del Derecho de la Unión Europea de seguridad jurídica y de confianza legítima. La demandante alega que la Decisión de la Comisión, de 4 de diciembre de 2020, sobre el régimen de ayudas SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) aplicado por Portugal para la Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III vulnera los principios generales del Derecho de la Unión Europea de seguridad jurídica y de confianza legítima, de modo que la Comisión no puede exigir a las autoridades nacionales portuguesas que recuperen la ayuda de que se trata de los beneficiarios y, más concretamente, de la demandante.

—

Anule la Decisión impugnada con arreglo al artículo 264 TFUE, en cuanto atañe a las demandantes.

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Condene en costas a la Comisión con arreglo al artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

1.

Primer motivo, basado en la falta de competencia de la demandada por violación del principio de subsidiariedad.

La demandante alega la falta de competencia de la demandada para tramitar el procedimiento contra Silgan y adoptar la Decisión impugnada. A la luz de la amplia investigación y del procedimiento nacional cuyo estado permitía su resolución definitiva, en su opinión, el Bundeskartellamt era la autoridad adecuada para llevar a buen término el procedimiento de investigación en este asunto. Considera que la demandada no estaba en mejor situación para tramitar el procedimiento.

2.

Segundo motivo, basado en la desviación de poder.

La demandante alega que la apertura del procedimiento y la adopción de la Decisión por la demandada se basaron en consideraciones ajenas al caso. Según ella, tenían por finalidad eludir la aplicación de las disposiciones relativas a la sanción de las infracciones del artículo 101 TFUE previstas en Derecho alemán, y suplir una supuesta laguna en el Derecho sancionador alemán.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del Derecho a una buena administración con arreglo al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La demandante sostiene que la demandada ha incumplido el deber de buena administración y que, por tanto, ha vulnerado el Derecho fundamental de las demandantes consagrado en el artículo 41 de la Carta, puesto que la Decisión impugnada es desproporcionada, vulnera las legítimas expectativas de las demandantes, así como el principio conforme al cual la administración se encuentra vinculada por sus propios actos.

—

Anule la resolución de 17 de noviembre de 2021 por la que se le impuso la sanción de suspensión de subida de escalón durante un período de seis meses.

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Condene a la Comisión Europea en costas y a abonar un euro a la demandante.

1.

Primer motivo, basado en errores manifiestos de apreciación que vician de ilegalidad la resolución impugnada. Invoca en este sentido que los supuestos incumplimientos que fundamentan la resolución no han quedado acreditados y que ello se desprende, en particular, por dictamen unánime del Consejo de Disciplina.

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa. La demandante invoca en particular su derecho a ser oído, ya que se delegó a favor de los miembros de la Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión (IDOC) las facultades de autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) en el marco del procedimiento, miembros que redactaron en informe de investigación cuyas conclusiones fueron cuestionadas por el Consejo de Disciplina y que desempeñaron un papel determinante en la adopción de la resolución adoptada, de modo no transparente, por la AFPN tripartita.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.

—

Anule en su totalidad la resolución impugnada y la resolución de la División de Oposición de la EUIPO de 12 de noviembre de 2021 y, eventualmente, modifique la resolución impugnada estimando el recurso de la recurrente.

—

Se pronuncie sobre las costas del procedimiento en favor de la recurrente, con arreglo a las normas aplicables.

—

Anule la Decisión de la Junta Única de Resolución de 25 de julio de 2022 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2017 de Hypo Vorarlberg AG y Portigon AG al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/2022/41), incluidos los anexos, en la medida en que afecta a la demandante.

—

Condene en costas a la Junta Única de Resolución.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma, por una comunicación incompleta de la Decisión impugnada.

Se alega que la decisión impugnada no fue comunicada enteramente a la demandante, infringiéndose los artículos 1 TUE, párrafo segundo, 15 TFUE, 296 TFUE y 298 TFUE, así como los artículos 42 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). El conocimiento de los datos no comunicados, en cuanto parte central de la decisión, es necesario para poder entender cómo se ha tenido en cuenta la situación particular de la demandante frente a las otras entidades afectadas para el cálculo de las aportaciones.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica, por los efectos retroactivos de la Decisión impugnada.

La adopción de la decisión impugnada con efectos retroactivos es contraria al principio de seguridad jurídica, al no ser necesaria para alcanzar el objetivo perseguido.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 102 de la Directiva 2014/59/UE, (1) de los artículos 69, apartados 1 y 2, y 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014, (2) y de los artículos 3 y 4, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, (3) así como la violación del principio de proporcionalidad, por determinación incorrecta del nivel fijado como objetivo, dado que la demandada ha fijado un nivel excesivo como objetivo, contraviniendo el marco jurídico de la Unión.

4.

Cuarto motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma por una motivación insuficiente de la decisión impugnada.

Se alega que la decisión impugnada incumple la obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 41, apartados 1 y 2, letra c), de la Carta, por cuanto únicamente se han publicado unos pocos resultados parciales seleccionados de los cálculos. No se han respetado las exigencias sentadas por el Tribunal de Justicia en el asunto C-584/20 P (4) respecto del alcance de la obligación de motivación.

5.

Quinto motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma, por una considerable facultad de apreciación ejercida con motivación insuficiente.

Se alega que la decisión impugnada incumple la obligación de motivación, por cuanto no se ha expuesto, en relación con los márgenes de apreciación, qué juicios de valor se han realizado y por qué motivos. Por tanto, no cabe excluir un ejercicio arbitrario de la facultad de apreciación.

6.

Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 102 de la Directiva 2014/59, de los artículos 69, apartados 1 y 2, y 70, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 806/2014, y de los artículos 4, apartado 2, 6, apartado 2, letra a), 7, apartado 2, letra a), y 17, apartados 3 y 4, así como del Anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, así como la violación de los principios de tutela judicial efectiva y de proporcionalidad, al no haber tenido en cuenta los hechos.

Se alega que la decisión impugnada vulnera el marco jurídico de la Unión y los principios de tutela judicial efectiva y proporcionalidad, por cuanto la demandada no tuvo en cuenta las circunstancias fácticas al adoptar la decisión impugnada y se apoyó en previsiones erróneas, en particular para la determinación del nivel fijado como objetivo.

7.

Séptimo motivo, basado en vicios sustanciales de forma por falta de trámite de audiencia y vulneración del derecho a ser oído.

Se alega que no se oyó a la demandante antes de adoptarse la decisión impugnada, ni antes de adoptar la liquidación de pago basada en la misma, contraviniendo el artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta. El procedimiento de consulta tampoco crea una posibilidad efectiva de presentar observaciones.

8.

Octavo motivo, basado en la ilegalidad del Reglamento Delegado 2015/63 como base jurídica de la decisión impugnada, así como la ilegalidad de la metodología de ajuste en función del riesgo y de los márgenes de apreciación de la JUR que establece el Reglamento Delegado 2015/63.

Los artículos 4 a 7 y 9, así como el Anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, en los que se basa la decisión impugnada, instauran un sistema opaco de determinación de contribuciones que es contrario a los artículos 16, 17, 41 y 47 de la Carta y en el que no se garantiza la observancia de los artículos 20 y 21 de la Carta, ni de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. La demandada dispone de numerosos márgenes de apreciación, cuyo ejercicio no puede ser objeto de examen.

9.

Noveno motivo, basado en la ilegalidad del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 (5) como base de la decisión impugnada.

La decisión impugnada vulnera los Tratados, por cuanto el artículo 8 del Reglamento de Ejecución 2015/81 excede los límites establecidos por el artículo 70, apartado 7, del Reglamento n.o 806/2014, en relación con el artículo 291 TFUE, y ni el Reglamento de Ejecución ni la base jurídica cuentan con una motivación en el sentido del artículo 296 TFUE, párrafo segundo. Dicha ilegalidad determina la ilegalidad de la decisión impugnada.

10.

Décimo motivo, basado en la ilegalidad de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014 como base jurídica del Reglamento Delegado 2015/63 y del Reglamento de Ejecución 2015/81 y, por tanto, de la decisión impugnada.

Con carácter subsidiario se alega la ilegalidad de las disposiciones de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014 que imponen con carácter imperativo el sistema de aportaciones y que atribuyen márgenes de apreciación excesivos a la demandada. En la medida en que no es posible su interpretación conforme al Derecho primario, estas disposiciones vulneran el principio de la motivación de los actos jurídicos y el principio de seguridad jurídica y violan los Tratados (en particular, el artículo 1 TUE, párrafo segundo, los artículos 15, 296 y 298 TFUE) y la Carta (en particular, sus artículos 16, 17, 41, 42 y 47).

—

Declare que, tras haber sido requerida para actuar de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 265 TFUE, Frontex se abstuvo ilegalmente de hacerlo al no adoptar la decisión de retirar la financiación a todas o a parte de sus actividades en la región del mar Egeo, suspender dichas actividades o ponerles fin total o parcialmente, conforme al artículo 46, apartado 4, del Reglamento (CE) 2019/1896, (1) o al no proporcionar motivos debidamente justificados para la no aplicación de la medida relevante en el sentido del artículo 46, apartado 6, de dicho Reglamento y, más aún, al no definir su postura en respuesta a la solicitud preliminar de la demandante.

—

Con carácter subsidiario, anule la decisión de 27 de julio de 2022 de Frontex, por la que esta se negó a actuar habiendo sido requerida para ello de conformidad con el artículo 46, apartado 4.

—

Condene a la parte demandada a cargar con todas las costas, de conformidad con el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de procedimiento del Tribunal General.

1.

Primer motivo, basado en que, tras haber sido requerida para actuar de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 265 TFUE, Frontex se abstuvo ilegalmente de hacerlo, al no adoptar la decisión de retirar la financiación a todas o a parte de sus actividades en la región del mar Egeo, suspender dichas actividades o ponerles fin total o parcialmente, conforme al artículo 46, apartado 4, del Reglamento 2019/1896, o al no proporcionar motivos debidamente justificados para la no aplicación de la medida relevante en el sentido del artículo 46, apartado 6, de dicho Reglamento.

2.

Segundo motivo mediante el que se alega, con carácter subsidiario, que, si el Tribunal General hubiera de considerar que la respuesta dada por Frontex a la solicitud preliminar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 265 TFUE constituye una definición de posición que pone fin a la omisión de esta, su negativa a actuar conforme al requerimiento de la demandante constituye el fundamento de un recurso de anulación en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

—

Anule la Decisión del Consejo de la Unión Europea de 27 de julio de 2022.

—

Condene al Consejo de la Unión Europea al pago de todas las costas.

—

Con todas las consecuencias legales.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de la libertad de expresión y de información.

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración de la libertad de libertad de empresa.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de no discriminación.