Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el apoyo a Ucrania de las ciudades y regiones de la UE

(2022/C 301/01)

El COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

Garantizar una solidaridad concreta con los entes locales y regionales

7.

Destaca la extraordinaria solidaridad que han mostrado los ciudadanos de la UE con las personas que huyen de la guerra en Ucrania; expresa su preocupación por los ucranianos deportados contra su voluntad a territorios bajo control ruso; elogia a los entes de la UE por mostrarse unidos frente a la guerra de Rusia contra Ucrania, intensificar la solidaridad a través de la ayuda humanitaria directa y la asistencia de protección civil de emergencia, y activar el mecanismo de protección inmediata para las personas que huyen de la guerra; subraya que esta ayuda deberá incrementarse significativamente en los próximos meses para evitar una crisis humanitaria en las regiones fronterizas de la UE;

8.

Se compromete a seguir movilizando a las ciudades y regiones para que presten ayuda a los refugiados procedentes de Ucrania; señala, en particular, las necesidades en las regiones fronterizas en términos de apoyo logístico para la acogida inicial y el tránsito;

9.

Invita a los entes locales y regionales de Europa a solicitar u ofrecer apoyo a través del centro de información Help Ukraine: Info-Support Hub (1) puesto en marcha por el CDR;

10.

Se hace eco del llamamiento de los entes locales y regionales ucranianos y de la UE para revitalizar o establecer asociaciones, así como los hermanamientos entre ciudades y regiones, con vistas al proceso de reconstrucción;

Reforzar la perspectiva europea de Ucrania

11.

Subraya que las reformas de Ucrania en materia de descentralización y desarrollo regional han contribuido significativamente a la consolidación de la democracia local, al refuerzo de la autogobernanza y a la resiliencia general de las comunidades locales del país, que es un elemento importante de la resistencia ucraniana contra los invasores rusos. Estas reformas se llevaron a cabo con el apoyo sustancial de las regiones y ciudades de la UE, en particular a través del programa «U-LEAD with Europe» y con el apoyo específico del CDR, en el marco de su Grupo Operativo para Ucrania y a través de actividades de cooperación entre iguales. El éxito de estas reformas de descentralización ha acercado Ucrania a la UE y sus valores de libertad, democracia y Estado de Derecho;

12.

Pide a la comunidad internacional que prepare un plan de asistencia y recuperación para Ucrania con el fin de apoyar su economía, instituciones y servicios públicos, así como la reconstrucción de sus infraestructuras destruidas; acoge con satisfacción, en este contexto, la decisión del Consejo Europeo de crear un Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania y pide que se celebre una conferencia internacional para recaudar fondos entre los socios; subraya que Rusia, al ser responsable de la destrucción causada, también debe contribuir con reparaciones de guerra a la reconstrucción de Ucrania;

13.

Apoya que Ucrania obtenga la condición de país candidato a la adhesión a la UE, en consonancia con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y en el marco de la misma metodología revisada de negociación para la adhesión aplicada con los Balcanes Occidentales, prestando mayor atención al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas; hace hincapié en que las solicitudes de adhesión de Georgia y Moldavia deben ser también objeto de un tratamiento positivo; mientras tanto, debe proseguirse sin demora la integración de Ucrania en el mercado único de la UE con arreglo al Acuerdo de Asociación;

Financiar medidas de ayuda

14.

Acoge con satisfacción los paquetes CARE (Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa) y CARE+ de la Comisión Europea, así como las flexibilidades en el marco de REACT-UE, y subraya las ventajas de la participación directa de los entes regionales y locales en la planificación, gestión y aplicación de los paquetes CARE y REACT-UE; subraya que las adaptaciones de los programas de la política de cohesión deben ser coherentes con el principio de «no perjudicar a la cohesión» introducido recientemente en el octavo informe sobre la cohesión;

15.

Destaca que, tanto durante la pandemia de COVID-19 como en la respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, la política de cohesión ha demostrado que puede ofrecer resultados a corto plazo cuando es necesario; insiste, no obstante, en que el objetivo real de la política de cohesión de reforzar la cohesión económica, social y territorial a través de la reducción de las disparidades entre las regiones no debe competir con estos objetivos;

16.

Acoge con satisfacción la suspensión de los programas de cooperación transfronteriza en los que participan socios rusos y bielorrusos; pide que se refuercen los programas existentes entre las regiones de la UE (Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia) y Ucrania; subraya que la ayuda financiera destinada a los entes locales y regionales fronterizos con Ucrania y a los países no fronterizos que reciben el mayor número de refugiados es muy insuficiente y debe impulsarse de manera significativa, dado el papel que desempeñan no solo en la acogida de los refugiados, sino también en su integración en sus sistemas educativos, de asistencia sanitaria y de vivienda;

17.

Apoya la creación de una reserva de crisis permanente para amortiguar emergencias futuras, que complemente o refuerce los instrumentos de contingencia y flexibilidad existentes; pide la creación de un mecanismo único local de la UE para los refugiados ucranianos que reúna todos los fondos disponibles para los entes locales y regionales en materia de acogida de refugiados, con el fin de simplificar, integrar y acelerar la utilización de los fondos a su disposición;

18.

Señala que, en el caso de los Estados miembros y las regiones más afectados, podría ser necesario revisar sus planes de recuperación y resiliencia sobre la base de una consulta adecuada a los entes regionales, en particular a la luz del creciente impacto económico de la guerra en los países de la UE;

Acogida de refugiados que huyen de Ucrania

19.

Subraya que los entes locales y regionales están en primera línea a la hora de acoger a los millones de refugiados en los países vecinos, así como a los desplazados internos en Ucrania (2), ya que se trata de la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial; subraya que todos los refugiados, independientemente de su origen y afiliación política o sexual, deberían tener derecho a una acogida igual de positiva que los procedentes de Ucrania en todas las regiones y ciudades de la UE;

20.

Acoge con satisfacción la activación de la Directiva de protección temporal, que ahora debe aplicarse plenamente de manera bien coordinada, generosa, inclusiva y flexible, garantizando el acceso al mercado laboral, la vivienda, la asistencia sanitaria, la educación y el bienestar de todas las personas que huyen de Ucrania, con especial atención a los grupos vulnerables, especialmente las mujeres y los niños, y con independencia de su origen, origen étnico, afiliación política u orientación sexual;

21.

Llama la atención sobre las características específicas de la Directiva 2001/55/CE del Consejo (3) de protección temporal, que otorga a los refugiados la libertad de elegir el Estado miembro de la UE en el que desean establecerse de forma temporal (artículo 26), y subraya que el reconocimiento de los derechos de libre circulación y la autonomía de los refugiados tiene el resultado positivo de aliviar la presión sobre los sistemas nacionales de asilo y sobre las capacidades de acogida en las regiones fronterizas;

22.

Pide que se establezca un régimen europeo de reubicación voluntaria, que tenga en cuenta las capacidades de acogida de los entes locales y regionales; reitera en este pleno su petición de que se conceda a las ciudades y regiones de la UE acceso directo a la financiación de la UE para la migración y la integración; pide a la Comisión que presente un plan de distribución de refugiados que funcione para futuras crisis de refugiados; pide a los Estados miembros de la UE que reconozcan y den seguimiento a estos compromisos voluntarios;

23.

Subraya que muchos refugiados ucranianos son especialmente vulnerables y que aproximadamente la mitad son menores de edad; señala que, entre los cientos de miles de niños que huyen, muchos no están acompañados y necesitan protección y cuidados especiales; apoya un «paquete de protección de la infancia» para los niños ucranianos refugiados que dé prioridad a la asistencia la escuela;

24.

Pide que se adopten medidas enérgicas para prevenir la trata de seres humanos, ya que la mayoría de las personas que huyen de Ucrania son mujeres y niños, y los informes sobre los derechos humanos han mostrado un aumento de los casos de grupos de delincuencia organizada que se dirigen a ellos y los explotan, en particular con fines de explotación sexual o laboral;

25.

Subraya la necesidad de ofrecer cursos de idiomas, educación y formación; señala a este respecto el potencial de la red «Ciudades y Regiones por la Integración de los Migrantes» del CDR;

Impacto en las políticas de la UE

26.

Anima a que se adopten medidas inmediatas en todas las regiones europeas para reducir la dependencia de la UE de terceros países y, en particular, de las importaciones de energía de Rusia, y pide a la Comisión Europea que apoye sus esfuerzos;

27.

Apoya el llamamiento en favor de una prohibición total de las importaciones de gas, petróleo y carbón rusos en Europa, y anima a los entes locales y regionales a que empiecen a elaborar planes de emergencia para prepararse ante las consecuencias de dichas sanciones;

28.

Considera que el plan REPowerEU (4) es una forma de acelerar la transición hacia una energía limpia, aumentar la seguridad energética de la UE, reducir la dependencia de la UE de las importaciones de combustibles fósiles y materias primas procedentes de terceros países, en particular de la Federación de Rusia y reducir así los riesgos políticos, económicos y de seguridad derivados de estas importaciones; pide que se realicen inversiones masivas y se adopten medidas concretas para impulsar las energías renovables, la eficiencia y el ahorro energéticos, la circularidad, la electrificación y la investigación en combustibles alternativos sostenibles como soluciones verdaderamente seguras y asequibles a largo plazo;

29.

Insiste en que las repercusiones de la guerra no deben ir en detrimento de la acción por el clima y la sostenibilidad, tal como se establece tanto en el Acuerdo de París como en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y reafirma su compromiso con el Pacto Verde Europeo, que también constituye el camino para reforzar la autonomía estratégica de la UE;

30.

Considera que entre los esfuerzos de la UE por aumentar su independencia energética debe figurar el abandono total de los proyectos Nord Stream y Nord Stream 2;

31.

Acoge con gran satisfacción la reciente sincronización de las redes eléctricas ucranianas y moldavas con la red continental europea;

32.

Se hace eco del llamamiento de los entes locales y regionales ucranianos a la comunidad internacional para que les ayude a gestionar las emergencias medioambientales causadas por la invasión, en particular en los emplazamientos de las centrales nucleares y las fábricas químicas;

33.

Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de iniciar negociaciones con Ucrania para que el país se adhiera al programa LIFE con el fin de beneficiarse de financiación para ayudar a restaurar su medio ambiente tras la destrucción de la invasión rusa, ya sea por contaminación, destrucción de ecosistemas u otros efectos a largo plazo;

34.

Subraya que el conflicto tendrá inevitablemente graves consecuencias para el sector agroalimentario de la UE, dado que Ucrania y la Federación de Rusia son importantes exportadores de varios productos agrícolas (como el grano y las semillas oleaginosas), así como de fertilizantes nitrogenados; subraya que la UE debe reforzar su compromiso de ofrecer sistemas alimentarios sostenibles, al tiempo que garantiza la asequibilidad de alimentos de calidad para todos mediante la reducción de la dependencia de productos e insumos agrícolas clave importados; expresa su profunda preocupación por el hecho de que la interrupción de las exportaciones procedentes de Ucrania y la Federación de Rusia haya provocado ya un enorme aumento mundial de los precios de los productos agrícolas básicos, y que las consecuencias se noten especialmente en los países y regiones más pobres del mundo;

Observaciones adicionales

35.

Apoya los derechos de los ciudadanos rusos y bielorrusos que protestan contra la guerra de Putin y defienden su derecho a unas elecciones justas y a la libertad de expresión y de reunión, y pide la liberación inmediata de los manifestantes detenidos injustamente;

36.

Apoya la imposición de nuevas sanciones contundentes y coordinadas contra Rusia y Bielorrusia para frustrar eficazmente la capacidad de la Rusia de continuar la agresión; propone que la Comisión presente directrices sobre la aplicación y el cumplimiento de las sanciones, dado que siguen existiendo divergencias, incluso a escala regional y local, en los instrumentos y procedimientos que se utilizan para verificar la situación de la propiedad de las empresas, los activos y los bienes inmuebles;

37.

Subraya que debe alentarse a todos los países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión a la UE a que apoyen las sanciones acordadas a escala de la UE para reafirmar su compromiso con la UE y sus valores;

38.

Condena la propaganda y el discurso de odio rusos, que alimentan el conflicto y ayudan a los autores de crímenes de guerra; pide que se tomen medidas eficaces a escala europea, nacional, regional y local para contrarrestar y disipar dicha propaganda; cuestiona las manifestaciones de apoyo a la agresión rusa en las ciudades europeas;

39.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a las Presidencias francesa y checa del Consejo de la UE, al presidente del Consejo Europeo y al presidente, el Gobierno y el Parlamento de Ucrania.

---

(1)  Help Ukraine: Info-Support Hub es una plataforma destinada a poner en contacto a las regiones de tránsito y los entes locales y regionales sobrecargados con los de otros Estados miembros de la UE que tienen más capacidad de prestar ayuda.

(2)  Situación de los refugiados en Ucrania (unhcr.org)

(3)  Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).

(4)  Comunicación de la Comisión sobre REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible, 8 de marzo de 2022.

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — «REPowerEU: las ciudades y regiones aceleran la transición energética»

(2022/C 301/02)

El COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

—	considerando los elevados y crecientes precios de la energía, que han ido erosionando el poder adquisitivo de los hogares y las empresas desde el verano de 2021, impulsados por la demanda mundial de energía, en particular de gas, a medida que nos recuperamos de la pandemia de COVID-19,

—	vista la Comunicación y el conjunto de medidas de la Comisión Europea (CE) para hacer frente al aumento de los precios de la energía, de 13 de octubre de 2021,

—	considerando la invasión no provocada e injustificada de Ucrania el 24 de febrero de 2022 por parte de la Federación de Rusia, con el apoyo de Bielorrusia,

—	vista la Comunicación de la CE titulada «REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible», de 8 de marzo de 2022,

—	vista la Declaración de Versalles emitida por los jefes de Estado o de Gobierno de la UE en la reunión informal celebrada los días 10 y 11 de marzo de 2022,

—	vistas la Comunicación de la CE sobre seguridad del suministro y precios asequibles de la energía, la propuesta de Reglamento sobre el almacenamiento de gas, y visto el marco temporal de crisis relativo a la flexibilidad de las medidas de ayuda estatal, de 23 de marzo de 2022,

—	considerando la labor del grupo de trabajo conjunto sobre seguridad energética que deben crear inmediatamente la Comisión Europea y los Estados Unidos,

—	vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022,

—	considerando la labor en curso sobre el paquete de medidas «Objetivo 55» que lleva a cabo a través de dictámenes y del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local»,

Hacer frente a múltiples crisis

1.

acoge con satisfacción las iniciativas previstas por la Comisión Europea para hacer frente a los elevados precios actuales de la energía, que han ido en aumento desde el verano de 2021, agravados por la guerra ilegal, no provocada e injustificada de la Federación de Rusia en Ucrania; subraya que no basta con eliminar progresivamente nuestra dependencia del suministro de combustibles fósiles procedentes de la Federación de Rusia, sino que considera que el plan REPowerEU es una forma de acelerar la transición energética, reducir la dependencia de la UE de las importaciones de energía y materias primas en general y, por tanto, disminuir los riesgos políticos, económicos y de seguridad derivados de estas importaciones; no obstante, lamenta profundamente la falta de una referencia clara al papel de las ciudades y las regiones, tanto para afrontar la actual crisis energética como para aportar soluciones duraderas a la misma;

2.

expresa asimismo su preocupación por el impacto regional asimétrico de la crisis energética que se prevé en las ciudades y regiones de la UE, que refleja sus diferentes capacidades para responder a la disrupción del suministro energético y al aumento de los precios de la energía, y pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que tengan debidamente en cuenta estas asimetrías a la hora de diseñar y aplicar las medidas correspondientes;

3.

expresa su profunda preocupación por las conclusiones presentadas en el último informe del IPCC «Cambio climático 2022 — Impactos, adaptación y vulnerabilidad» (1), que confirma que muchos de los efectos del cambio climático ya son irreversibles; subraya la importancia de no retrasar más las medidas de adaptación y mitigación, de las que los entes locales y regionales son agentes clave;

4.

destaca que el objetivo de la seguridad energética debe respaldar en último término el objetivo de neutralidad climática, así como la transición energética. La vía hacia una energía segura, asequible y sostenible es el único enfoque con visión de futuro para la crisis actual; pide, en este contexto, a los colegisladores de la UE que sean más ambiciosos y que aceleren la adopción del paquete de medidas «Objetivo 55», que tiene especialmente en cuenta los dictámenes del CDR sobre las revisiones de la Directiva sobre fuentes de energía renovables y la Directiva relativa a la eficiencia energética y sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios;

5.

acoge con satisfacción el reconocimiento de la eficiencia energética como principio primordial y reitera el papel crucial de las regiones y ciudades de la UE a la hora de impulsar el aumento de la eficiencia energética; pide a la Comisión que incluya en su estrategia el concepto de suficiencia energética (2), un enfoque cuyo objetivo es lograr una situación en la que todo el mundo tenga acceso a todos los servicios energéticos que se necesiten y a una cuota justa de los servicios energéticos que se deseen, y en la que, al mismo tiempo, los impactos del sistema energético no superen los límites medioambientales;

6.

destaca el papel clave que desempeñan los instrumentos de gobernanza innovadores que ya existen para la cooperación y el desarrollo de capacidades, como el Pacto de las Alcaldías, el Centro de Asesoramiento sobre la Pobreza Energética, el Pacto Europeo por el Clima, la iniciativa energía limpia para las islas y otras iniciativas similares de la UE para mejorar la tan necesaria transición hacia una energía asequible, sostenible y segura;

7.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la creación de ventanillas únicas para aplicar el plan REPowerEU a nivel regional y local, en estrecha cooperación con el Banco Europeo de Inversiones;

8.

pide a la Comisión que promueva la reproducción sistemática de las mejores prácticas actuales mediante apoyo técnico y financiero específico para los entes locales y regionales, con el fin de reducir la carga de costes inicial de las medidas de eficiencia energética, prestando especial atención a los hogares vulnerables, las microempresas y las pequeñas empresas y los consumidores;

9.

considera que el conjunto de medidas para hacer frente a los precios de la energía (3) ha constituido un primer intento de proponer herramientas para mitigar las consecuencias sociales de la actual crisis energética, pero no ha demostrado tener la eficacia necesaria y debe reforzarse; considera que debe hacerse hincapié en soluciones a largo plazo para una Europa libre de combustibles fósiles e independiente en términos energéticos, con cambios transformadores en todos los sectores y para erradicar la pobreza energética y de movilidad;

10.

solicita a la Comisión que tenga en cuenta la problemática de las regiones dependientes de los combustibles fósiles que no pueden conectarse a la red continental, como es el caso de las regiones ultraperiféricas, a la hora de aportar soluciones a largo plazo para lograr la suficiencia energética;

Fomentar las energías renovables, la eficiencia energética y el ahorro de energía de modo conjunto a través del plan REPowerEU

11.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se consideren prioritarias y se asocien plenamente las inversiones masivas y las medidas concretas para acelerar el despliegue de las energías renovables, así como para impulsar la eficiencia energética, el ahorro energético y la investigación en combustibles alternativos sostenibles;

12.

espera con interés la próxima propuesta de la CE para garantizar un procedimiento de concesión de autorizaciones más rápido, de conformidad con el principio de subsidiariedad en el ámbito de las energías renovables, y pide que se adopten medidas similares para proyectos clave de eficiencia energética; pide a la Comisión que refuerce los instrumentos existentes que proporcionan apoyo técnico a los entes locales y regionales; acoge con satisfacción, por tanto, la propuesta de Iniciativa Europea de Tejados Solares en la próxima comunicación de la Comisión sobre la estrategia en materia de energía solar, prevista para junio; pide a los Estados miembros que establezcan incentivos a la compra, como programas de subvenciones a corto plazo para los consumidores;

13.

destaca el papel decisivo que desempeña la aceptación pública de los proyectos de infraestructura a la hora de acelerar los procedimientos de planificación y concesión de autorizaciones, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la difusión de buenas prácticas en este ámbito, como las mencionadas en el reciente informe sobre infraestructuras de la Red de centros regionales del CDR (RegHub);

14.

considera que la descarbonización de los edificios públicos y privados es una parte central del Pacto Verde Europeo y un aspecto clave de la solución a la crisis actual para reducir drásticamente la demanda de gas; insta a la Comisión a que acelere tanto el despliegue de bombas de calor (4) en el marco del plan REPowerEU como la investigación de soluciones innovadoras que hagan que nuestro parque inmobiliario sea lo más inteligente y climáticamente neutro posible;

15.

pide asimismo a la Comisión que facilite consorcios de renovación de edificios entre los sectores público y privado y los entes locales y regionales con el fin de presentar paquetes integrados de renovación de la calefacción y la refrigeración de edificios, a fin de establecer un programa de aislamiento industrial para captar inversiones rentables con plazos de amortización cortos y apoyar la formación de la mano de obra dedicada a la renovación;

16.

observa que en la Comunicación REPowerEU se subestima el potencial del ahorro energético y pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien medidas tales como la organización de campañas para fomentar cambios de comportamiento;

17.

lamenta el retraso en la adopción de la Ley de Recuperación de la Naturaleza y subraya que la protección y la restauración de la biodiversidad están intrínsecamente vinculadas a la adaptación al cambio climático y deben seguir siendo un pilar clave de la transición ecológica en el marco del Pacto Verde Europeo; pide a la Comisión que asocie plenamente a los entes regionales y locales a la identificación de zonas de referencia para el despliegue de proyectos de energías renovables de conformidad con el principio de subsidiariedad, con el fin de garantizar el pleno respeto del principio de «no ocasionar daños»;

18.

considera que la seguridad energética y la neutralidad climática solo pueden lograrse si la Unión Europea depende de un mercado interior de la electricidad sólido y plenamente interconectado y de un mercado del carbono que funcione correctamente; destaca que cualquier acción temporal a corto plazo —como la mejora del almacenamiento de gas fósil y el aumento de las importaciones de GNL— no debe crear un bloqueo adicional y debe estar «preparada para el gas verde», a fin de prepararse para la neutralidad climática con hidrógeno renovable y otros combustibles renovables; insta a que se completen y mejoren nuestras interconexiones de gas, hidrógeno y electricidad en toda la Unión Europea, incluida la sincronización total de las redes eléctricas;

19.

destaca la importancia de tener plenamente en cuenta las contribuciones de los «prosumidores» y de las comunidades locales de energías renovables y beneficiarse de ellas, y sugiere que se adopte una definición menos restrictiva de las redes inteligentes en el marco y las infraestructuras de las redes transeuropeas de energía (RTE-E); subraya la necesidad de conectar a los nuevos pequeños productores a las redes de baja y media tensión; pide a la Comisión que proporcione un marco para la agregación de varios proyectos más pequeños, con flexibilidad sobre todo en el caso de las regiones fronterizas, con el fin de poder establecer determinados proyectos transfronterizos agregados y obtener potencialmente financiación para estos esfuerzos; destaca que las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) pueden desempeñar un papel importante en estos proyectos; recuerda el papel indispensable de las zonas rurales en la producción de energías renovables;

20.

destaca que la actual crisis energética representa una oportunidad para aumentar significativamente la electrificación y la producción de hidrógeno renovable como soluciones limpias para descarbonizar nuestra economía; pide a la Comisión que presente medidas ambiciosas y concretas para poner en marcha el Acelerador de hidrógeno, incluido un calendario fijo para cada acción; pide a la Comisión, como medida central en ese sentido, una iniciativa de la UE en favor de los valles del hidrógeno que refuerce estos, apoye estructuralmente su conexión en red en Europa y la cooperación transfronteriza al respecto, y contemple una financiación del Fondo de Innovación de la UE, así como una mayor financiación a través de la Empresa Común para un Hidrógeno Limpio; acoge con satisfacción la propuesta de un Mecanismo Europeo y Mundial para el Hidrógeno y llama a la participación estructural de las regiones de la UE que ya están activas en este ámbito; insta a los colegisladores europeos a que, al aprobar el paquete «Objetivo 55» (incluido el paquete legislativo para la descarbonización del mercado del gas), apoyen de manera sistemática una introducción acelerada del hidrógeno verde;

21.

pide que se actualicen las actuales normas sobre ayudas estatales a fin de que sean óptimas para la cofinanciación, la puesta en funcionamiento y el desarrollo ulterior de las infraestructuras públicas de recarga eléctrica, y considera que se debería poder optar a ayudas públicas para los costes de inversión correspondientes, como se expuso en el reciente informe sobre infraestructuras de la Red de centros regionales del CDR (RegHub);

Hacia un plan REPowerEU en colaboración con las ciudades y las regiones de la UE

22.

subraya que el próximo plan REPowerEU debe incluir un plan de financiación y canalización de la financiación de la UE existente o nueva para apoyar la puesta en práctica por parte de los entes locales y regionales; pide a los Estados miembros que reorienten los fondos no utilizados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para apoyar la planificación local de la seguridad energética y las inversiones en fuentes renovables;

23.

pide a la Comisión ser incluido como socio institucional en el recién creado Grupo de Coordinación relativo a la Pobreza Energética y los Consumidores Vulnerables, a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros sobre cuestiones relacionadas con el diseño y la aplicación del próximo plan REPowerEU, la legislación de la Unión y los programas y las políticas dirigidos a los hogares vulnerables y a los consumidores afectados por la pobreza energética y de movilidad a todos los niveles. El CDR está preparado para contribuir a esta cooperación interinstitucional a través de su Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» identificando cuellos de botella, vías y medios para poner en marcha y acelerar las medidas del paquete «Objetivo 55» a nivel local y regional, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas, experiencias y conocimientos especializados;

24.

señala que el Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) exige que un nivel mínimo del 30 % de los recursos en todas las categorías de regiones se dedique a hacer que Europa y sus regiones sean más ecológicas, hipocarbónicas y resilientes; pide a los Estados miembros y a las regiones que aprovechen las posibilidades que ofrecen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para financiar proyectos sobre la transición energética, incluidos los relativos a la eficiencia energética, las energías renovables y el desarrollo de sistemas, redes y almacenamiento de energía inteligentes fuera del marco de las RTE-E;

25.

acoge con satisfacción la puesta en marcha de una convocatoria especial en el marco del instrumento de apoyo técnico (IAT) para ayudar a los Estados miembros a eliminar gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles procedentes de Rusia, pero lamenta el breve plazo para la presentación de solicitudes de estas ayudas específicas; pide a la Comisión que facilite la disponibilidad del IAT para apoyar a los entes locales y regionales, especialmente los de las regiones menos desarrolladas que se enfrentan a las mayores carencias de capacidad, ya que ello les disuade de aprovechar al máximo el apoyo del MRR a la hora de llevar a cabo inversiones y reformas; está dispuesto a apoyar a la Comisión a la hora de garantizar la adopción efectiva de este instrumento por parte de las ciudades y regiones;

26.

reconoce que la tarificación del carbono es un instrumento crucial para impulsar las mayores ambiciones climáticas de la UE y apoya un enfoque intersectorial integral para hacer realidad estas ambiciones; acoge con satisfacción que la Comisión reconozca estos riesgos, así como las propuestas para abordarlos, entre ellas la modificación de las Directrices sobre ayudas estatales del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; destaca que algunas de las medidas propuestas, como el aumento de la imposición de los beneficios extraordinarios, pueden no proporcionar un apoyo fiable; es consciente de que la introducción del comercio de derechos de emisión en el sector del transporte por carretera y de la construcción (RCDE II), en combinación con una inversión insuficiente en estos sectores y el aumento de los precios de los combustibles, podría agravar el riesgo de pobreza energética y de movilidad; por lo tanto, pide a la Comisión y a los colegisladores que introduzcan la obligación de que los Estados miembros establezcan un umbral porcentual mínimo de al menos el 20 % de los ingresos generados por la subasta de los derechos de emisión para que sean gestionados directamente por los entes locales y regionales;

27.

acoge con satisfacción la adopción del marco temporal de crisis que permite a los Estados miembros utilizar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales para apoyar la economía en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania; destaca que deben supervisarse cuidadosamente los posibles efectos negativos sobre la competencia y la distorsión del mercado único. Toma nota de que el reciente informe del CDR sobre la infraestructura de la red de centros regionales del CDR (RegHub) (5) toca el tema de las ayudas estatales y expresa la opinión de que las actuales normas sobre ayudas estatales no son óptimas para la cofinanciación, la puesta en funcionamiento y el desarrollo ulterior de la infraestructura pública de recarga eléctrica; en una futura revisión debería considerarse la posibilidad de que los costes de inversión puedan ser objeto de apoyo público;

28.

observa con preocupación que la crisis actual tendrá un impacto importante en las finanzas públicas, por lo que pide a la Comisión que amplíe la aplicación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) hasta que se acuerde un nuevo marco de gobernanza económica y, al menos, hasta finales de 2023; las inversiones públicas en apoyo de la transición medioambiental —y en particular la eficiencia energética y las energías renovables— no deben contabilizarse como gasto estructural en el marco de la gobernanza económica;

29.

acoge con satisfacción las medidas previstas en el artículo 5 de la Directiva sobre la electricidad en relación con el mercado de la electricidad, así como las directrices (6) sobre la posibilidad de que los Estados miembros intervengan en la fijación de los precios del suministro de electricidad; considera que, habida cuenta de la actual situación geopolítica y de sus consecuencias para el mercado de la energía, con el aumento y la volatilidad de los precios de la electricidad, la intervención de los Estados miembros será esencial, con el doble objetivo de proteger a los hogares vulnerables y las microempresas y pequeñas empresas y de aumentar la competencia, en beneficio de los consumidores a largo plazo. Reitera (7), no obstante, que estas medidas deben tener una duración limitada, vinculada al carácter de emergencia de la crisis energética, y no deben nunca convertirse en un cambio estructural que pueda socavar la liberalización de la gestión del mercado de la electricidad; propone, a la luz del coste cada vez más bajo de la generación de energía renovable, que se considere la posibilidad de disociar el gas y la electricidad como una medida posible para evitar que los elevados precios del gas afecten a los precios de la energía;

30.

acoge con satisfacción la propuesta legislativa para garantizar un nivel adecuado de almacenamiento de energía en la UE para el próximo invierno y más allá; subraya que el establecimiento de dichos niveles mínimos debe tener en cuenta las evaluaciones de riesgos regionales;

31.

destaca la necesidad de comprender mejor las necesidades y oportunidades regionales en materia de reciclaje y mejora de las capacidades; pide a la Comisión que utilice iniciativas como Erasmus + y Horizonte Europa para garantizar una colaboración más estrecha entre la industria y el mundo académico y que ponga en marcha el Pacto por las Capacidades en ecosistemas industriales clave como los sectores del hidrógeno, la energía solar, las bombas de calor y la energía eólica; pide a los Estados miembros que aceleren su uso del Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Transición Justa y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para impulsar el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de la mano de obra, en consonancia con la necesidad de adaptar las prácticas profesionales a la circularidad, el uso de materiales hipocarbónicos y las nuevas tecnologías.

---

(1)  https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf

(2)  https://www.energysufficiency.org

(3)  Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía, 13 de octubre de 2021 [COM(2021) 660 final].

(4)  Bombas de calor, que se asemejan a los acondicionadores de aire y se colocan fuera de los edificios, y calientan los hogares a base de desplazar el calor en lugar de producirlo. Utilizando electricidad, extraen y concentran el calor del aire exterior, del suelo o del agua y luego «bombean» ese calor hacia el interior.

(5)  https://cor.europa.eu/es/news/Pages/reghub-launches-consultation-on-21st-century-rules.aspx

(6)  Véase el anexo 1 de la Comunicación de la Comisión Europea «REPowerEU».

(7)  Véase el Dictamen del CDR sobre el tema «Energías renovables y mercado interior de la electricidad» (DO C 342 de 12.10.2017, p. 79), elaborado por D. Matoniene (LT/CRE), artículo 20.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Refuerzo de las relaciones entre la UE y el Reino Unido en el plano subnacional y manera de remediar el impacto territorial de la retirada del Reino Unido de la UE

(2022/C 301/03)

Ponente: Michael MURPHY (IE/PPE), Miembro de la Asamblea del Condado de Tipperary, alcalde del distrito municipal de Clonmel

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

El COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

Observaciones generales

1.

acoge con satisfacción el Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC) entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, que entró plenamente en vigor el 1 de mayo de 2021 y proporciona un marco jurídico estable para la relación bilateral. El CDR apoya un enfoque conjunto y responsable de la aplicación del ACC, incluido el Protocolo sobre Irlanda del Norte y el respeto de la igualdad de condiciones, y reconoce los esfuerzos de la Comisión Europea por encontrar soluciones creativas, en particular para las cuestiones surgidas entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido;

2.

recuerda que el ACC (1) es un acuerdo de libre comercio (ALC) (2) e incluye disposiciones de cooperación en cuestiones económicas, sociales, medioambientales y pesqueras, pero también implica una «asociación estrecha en materia de seguridad de los ciudadanos» y un marco general de gobernanza. El CDR señala que el ACC incluye ámbitos competenciales de los Estados miembros que, en algunos de ellos, corresponden a las regiones con competencias legislativas;

3.

lamenta, por tanto, que el ACC carezca de «profundidad territorial» y no reconozca debidamente el papel de los entes locales y regionales en la relación entre la UE y el Reino Unido, y se refiera a ellos únicamente cuando se trate de adaptar algunos elementos del acuerdo a condiciones regionales específicas (3) o en cuestiones muy concretas, como las disposiciones fiscales (4). El CDR destaca que el ACC contempla una función definida para la sociedad civil, que se considera un elemento per se del «marco institucional» (5);

4.

acoge con satisfacción la cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido en respuesta a la agresión rusa en Ucrania y hace hincapié en que los entes locales de toda Europa se encuentran en primera línea en la prestación de ayuda práctica y humanitaria;

Impulsar un mayor reconocimiento institucional de la relación entre la UE y el Reino Unido a nivel subnacional

5.

subraya que el Grupo de Contacto entre el CDR y el Reino Unido, creado en febrero de 2020, es el único canal institucional que proporciona un foro para mantener el diálogo y la asociación política entre los entes locales y regionales de la UE y del Reino Unido y para intercambiar conocimientos técnicos, en particular sobre cooperación territorial y cuestiones transfronterizas; reconoce que el Grupo de Contacto proporciona un espacio de beneficio mutuo e interés compartido para debatir los problemas y oportunidades derivados de la retirada del Reino Unido de la UE, en particular en relación con aquellos ámbitos temáticos que no conocen fronteras (por ejemplo, el cambio climático, el turismo, las transiciones digital y ecológica y el patrimonio cultural común). También ofrece a los representantes del CDR los medios para debatir estas cuestiones con los representantes de los entes locales y regionales del Reino Unido, lo que permite al CDR mantener y fomentar unas relaciones muy fructíferas a nivel subnacional;

6.

reconoce que la relación entre la UE y el Reino Unido, teniendo en cuenta la falta de precedentes de la retirada de un Estado miembro de la UE, seguirá siendo la relación más intensa y multidimensional de las existentes con un tercer país, y que la relación a nivel subnacional merece ser reconocida. Pide, por tanto, que se reconozca formalmente el Grupo de Contacto CDR-RU como interlocutor subnacional oficial entre los entes locales y regionales de la UE y del Reino Unido en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación, con el fin de proporcionar una evaluación de la dimensión subnacional de las cuestiones políticas y legislativas clave que incidirán en la relación bilateral entre el Reino Unido y la UE, al igual que la Asamblea Parlamentaria, el Foro de la Sociedad Civil y las comisiones especializadas entre el Reino Unido y la UE en sus ámbitos de interés. Asimismo, el CDR insta a que los entes locales y regionales del Reino Unido sigan trabajando con el Gobierno del Reino Unido en el reconocimiento formal del Grupo de Contacto;

7.

insta a la Comisión Europea a que reexamine las estructuras del Consejo de Asociación conjunto, que supervisa la ejecución y aplicación del ACC, para tratar de abordar la falta de profundidad territorial mediante la participación de los entes locales y regionales en el seguimiento y la gobernanza del ACC. El establecimiento de diálogos locales (concertación técnica) para abordar temas de competencia local (pesca, formación, movilidad, cooperación territorial, etc.) contribuiría a mejorar las relaciones entre la UE y el Reino Unido a nivel global;

8.

alienta al Parlamento Europeo a que adopte una interacción formalizada de manera beneficiosa para ambas partes sobre cuestiones de interés común entre el CDR y la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria de Asociación UE-Reino Unido a fin de proporcionar datos territoriales sobre la aplicación del ACC;

9.

valora positivamente las conversaciones en curso a nivel político y técnico para resolver los problemas derivados de la aplicación del Protocolo sobre Irlanda del Norte, y también es consciente de los trabajos en curso de la Comisión Europea para ultimar un tratado sobre Gibraltar; no obstante, hace hincapié en que estos avances que quedan por acordar no deben obstaculizar la voluntad apremiante de los entes locales y regionales de definir las formas de cooperación;

Remediar el impacto territorial del Brexit

10.

considera que, desde principios de 2020, sigue siendo difícil disociar los efectos derivados de la negociación y la entrada en vigor del ACC de los de la pandemia de COVID-19 (6). Acoge con satisfacción el reciente estudio del CDR sobre «Las nuevas relaciones comerciales y económicas entre la UE y el Reino Unido: su impacto en las regiones y ciudades», en el que se concluye que los efectos del Brexit son asimétricos en los distintos sectores y regiones de la UE, repercuten en mayor medida en las empresas más pequeñas, pueden reducir la movilidad del capital humano y la cooperación entre las empresas de la UE y el Reino Unido, y afectan negativamente a las regiones y comunidades que participan en proyectos interregionales con el Reino Unido; acoge con satisfacción que el estudio confirme que será necesario aumentar el presupuesto de la Reserva de Adaptación al Brexit para hacer frente a estos impactos asimétricos en Europa;

11.

reconoce que el impacto territorial del Brexit se percibe en regiones de toda la UE y que afecta, entre otras, a cuestiones económicas, medioambientales, sociales, culturales y educativas: desde el comercio en los principales puertos especialmente expuestos —como los de Amberes, Calais, Cork, Dover, Dublín, Róterdam y Zeebrugge— hasta el futuro de los intercambios de estudiantes, de los sectores universitarios que colaboran en la adaptación al cambio climático y de las agencias comerciales regionales que estudian mercados alternativos y se ocupan de cuestiones de interés ciudadano como la movilidad y la integración;

12.

destaca la importancia de la Reserva de Adaptación al Brexit (RAB) para mitigar los costes más inmediatos y determinar las necesidades de evaluación a largo plazo del impacto del Brexit apoyando a las regiones y los sectores económicos de los Estados miembros, en particular mediante la creación de empleo y su protección, por ejemplo a través de regímenes de reducción del tiempo de trabajo, reciclaje profesional y formación, y búsqueda de nuevos mercados;

13.

por consiguiente, insiste en que se respeten plenamente las disposiciones del Reglamento de la RAB relativas a la participación de las regiones y las comunidades locales en su aplicación y a la presentación de informes a nivel NUTS 2. El CDR también recuerda que, con vistas a la programación de los fondos de la RAB, había solicitado centrarse en las pymes, en las medidas destinadas a la reintegración de los ciudadanos de la UE y en la asistencia técnica. En cuanto a la distribución de los fondos, el CDR abogó por una cobertura o un umbral mínimos para las regiones situadas en la nueva frontera marítima con el Reino Unido y una asignación de la dotación para la pesca sin indexación nacional;

14.

en la actualidad, el CDR comparte la preocupación de sus homólogos regionales del Reino Unido que sugiere que la planificación estratégica de la política regional se ve perjudicada por la pérdida de financiación de la política de cohesión de la UE y la falta de seguridad en la programación plurianual;

Trazar nuevas vías de cooperación más allá del ACC

15.

subraya la voluntad de las bases de las asociaciones de gobiernos locales y de las autoridades municipales de todo el Reino Unido —y, en particular, de las naciones descentralizadas— de mantener, e incluso mejorar, las relaciones de nivel subnacional con sus homólogos de la UE en esta época posterior al Brexit;

16.

señala que el reconocimiento y el fomento de la relación subnacional tiene un valor real, que es importante porque la concertación local puede contribuir a mejorar las relaciones a nivel global: por ejemplo, el restablecimiento de una concertación técnica local en materia de pesca en la zona de las Islas Anglonormandas podría contribuir a mejorar las relaciones entre la UE y el Reino Unido a nivel global;

17.

acoge con satisfacción el hecho de que el Reino Unido, aunque ya no participe en los programas de financiación de la UE, siga participando en cuatro de sus programas técnicos: el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», el Programa de la UE de observación y vigilancia de la Tierra «Copernicus», el Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el programa del reactor termonuclear experimental internacional «ITER». En particular, los dos primeros programas mencionados son de interés para los entes locales y regionales. Observa que hay una serie de iniciativas en las que las regiones del Reino Unido siguen participando: en particular, Escocia y Gales continúan participando en la iniciativa Vanguard (7) financiada por Horizonte Europa (que acompaña a la transformación industrial tras un proceso inclusivo, interactivo y empresarial basado en las Regiones RIS3/I3), y el Consejo del Condado de Kent participa en la iniciativa del Comité del Estrecho (8);

18.

recuerda que algunas regiones del Reino Unido siguen participando en el actual período de programación (hasta finales de 2023), en particular Interreg Mar del Norte, Interreg Canal de la Mancha e Interreg Irlanda-Gales, y señala que el Reino Unido es uno de los principales contribuyentes a estos programas transfronterizos, a los que aporta hasta un tercio de su presupuesto. El CDR señala que es muy probable que los entes locales y regionales no puedan compensar la pérdida de financiación de Interreg utilizando fondos regionales o locales;

19.

reconoce que, en relación con el cierre de los programas, en particular cuando las autoridades de gestión tienen su sede en el Reino Unido (Interreg Francia [Canal de la Mancha]-Inglaterra e Interreg Irlanda-Gales), estos deben cerrarse en las mejores condiciones posibles en interés de los beneficiarios británicos y de la UE y en consonancia con los requisitos de la UE;

20.

reconoce que el único programa de cooperación transfronteriza que sobrevivirá al Brexit después de 2023 será el programa PEACE PLUS para el período 2021-2027, financiado por la UE con aproximadamente 1 000 millones EUR. PEACE PLUS combinará los componentes de financiación de los programas Peace e Interreg de la UE en un único programa transfronterizo coherente para Irlanda del Norte y los condados fronterizos de Irlanda. El programa sigue siendo una contribución esencial para la aplicación del Acuerdo del Viernes Santo;

21.

señala que la participación del Reino Unido en los programas Interreg —que ya cuentan con una fuerte participación de terceros países, como en el caso del programa de la Periferia Septentrional y el Ártico, el programa para la región del Mar del Norte y el programa Europa Noroccidental— puede ser posible si el Gobierno del Reino Unido acepta financiar su participación;

22.

subraya que cabe la posibilidad de crear una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en la que participe un socio de un único Estado miembro de la UE, incluidas sus regiones ultraperiféricas, y un ente local o regional del Reino Unido, y propone que los Estados miembros de la UE estudien la utilización de esta herramienta, si es coherente con su cooperación territorial, en la búsqueda de colaboraciones con el Reino Unido;

23.

lamenta que la Comisión Europea no haya tenido en cuenta el impacto del Brexit en el 8.o Informe sobre la cohesión. Dicho impacto ha provocado perturbaciones en la economía, la cooperación interregional, los ecosistemas de investigación, los sistemas de formación y la demografía en una serie de regiones de la UE. El CDR desea que la evolución geopolítica se tenga más en cuenta en el enfoque prospectivo para el período posterior a 2027;

24.

acoge con satisfacción que las ciudades y regiones del Reino Unido sigan participando activamente en muchas redes y asociaciones de la UE, como el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y previsiblemente permanezcan dentro de determinados marcos asociativos europeos, como la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), Eurocities y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), y celebra que estos mecanismos permitan un excelente intercambio de experiencias entre los entes locales y regionales del Reino Unido y de la UE;

25.

expresa su confianza en que la cooperación entre los entes locales y regionales de la UE y del Reino Unido continúe a través de los hermanamientos, teniendo en cuenta que alrededor de cien municipios y ciudades (9) del Reino Unido tienen un vínculo de hermanamiento con ciudades de los Estados miembros de la UE; insta a las asociaciones a que sigan explorando posibles métodos de financiación para apoyar esta tarea, ya que estas asociaciones fomentan el intercambio de las mejores prácticas, la comprensión mutua y los valores comunes, y son esenciales para desarrollar un modo de vida europeo;

26.

reconoce la importancia de los intercambios educativos para la movilidad de los estudiantes y la investigación conjunta, así como el desarrollo de capacidades lingüísticas y vínculos personales, y apoya los esfuerzos de las administraciones descentralizadas del Reino Unido para abrir nuevas vías de cooperación más allá del marco del ACC;

27.

elogia en particular el programa galés «Taith» (10) y acoge con satisfacción los programas de intercambio de aprendizaje internacional galés y escocés, que pueden compensar al menos en parte la retirada del Reino Unido de Erasmus + y colmar las lagunas que deja el programa nacional británico Turing (11);

28.

observa que existe una tendencia visible hacia una bilateralización de las relaciones a nivel subnacional, como ilustra la apertura de representaciones de las regiones de la UE en Londres y en otros lugares del Reino Unido. Las naciones descentralizadas del Reino Unido también mantienen estrategias de «naciones abiertas al mundo» que dan prioridad a las relaciones bilaterales con las regiones europeas. En Inglaterra, las ciudades y áreas metropolitanas también inician proyectos de cooperación bilateral, como demuestra la asociación entre el Gran Manchester y Renania del Norte-Westfalia. Si bien acoge con satisfacción las relaciones bilaterales, el CDR señala que esta bilateralización no debería producirse a expensas de los entes locales y regionales de los países con menos capacidades a nivel subnacional, y que este apoyo no debe percibirse como una competencia con el objetivo del CDR de obtener un reconocimiento institucional de la dimensión subnacional de la relación entre la UE y el Reino Unido;

29.

considera que existen posibilidades aún no aprovechadas para la cooperación entre los entes locales y regionales de la UE y del Reino Unido a la hora de abordar conjuntamente retos comunes como la prestación de ayuda humanitaria, la gestión sostenible del mar del Norte, el Canal de la Mancha y el mar de Irlanda, la lucha mundial contra el cambio climático, la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local y regional y la transición hacia un turismo más sostenible y digital. En este sentido, apoya la idea lanzada por el Reino Unido y Francia de garantizar un salario mínimo a los marinos y trabajadores que operen en las conexiones intraeuropeas, es decir, también entre el Reino Unido y la Unión Europea;

30.

hace hincapié en que la relación entre las regiones de la UE y del Reino Unido también se basa en sus legados culturales, lenguas y vínculos (lingüísticos) celtas comunes, así como en los valores y la historia europeos que comparte su ciudadanía;

31.

concluye que incumbe a todas las instituciones de la UE comprender y entender mejor el potencial de las relaciones y asociaciones a nivel subnacional entre la UE y el Reino Unido, reconociendo el papel fundamental de los entes locales y regionales como nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía;

32.

estima que el establecimiento de estructuras de asesoramiento integral para la preparación frente al Brexit, por parte de las entidades regionales o locales, constituye una buena herramienta para mejorar las relaciones entre Reino Unido y la UE;

33.

concluye que, a la hora de considerar los futuros retos y la dirección de la UE tras el Brexit, es necesario comprender mejor los retos y las prioridades de los ciudadanos de la UE, y el CDR reconoce que la Conferencia sobre el Futuro de Europa ofrece un mecanismo oportuno para ello.

---

(1)  Según el artículo 217 del TFUE.

(2)  Según el artículo 207 del TFUE.

(3)  Página 61.

(4)  Página 249.

(5)  Página 23.

(6)  Véase el capítulo VI del Barómetro Anual de 2021 del CDR: https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf

(7)  http://www.s3vanguardinitiative.eu/members

(8)  El Comité del Estrecho es un foro multilateral de diálogo que ofrece un marco flexible para que sus miembros trabajen juntos dentro de los límites de sus responsabilidades y para ampliar la cooperación a las partes interesadas locales, como el sector del voluntariado, la educación o el mundo empresarial.

(9)  Datos de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, publicados en septiembre de 2020: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/twinnedtownsandsistercities

(10)  Programa quinquenal (2022-2026) puesto en marcha en febrero de 2022, con una financiación del Gobierno galés de hasta 65 millones de libras esterlinas.

(11)  Que no ofrece reciprocidad, tiene una duración de un año y se centra más en el personal académico que en los estudiantes.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Nueva Bauhaus europea: hermosa, sostenible, juntos

(2022/C 301/04)

Ponente: Kieran MCCARTHY (IE/AE), miembro de una asamblea local: Consejo del Condado de Cork Documento de referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La Nueva Bauhaus Europea: hermosa, sostenible, juntos COM(2021) 573

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

Introducción de la iniciativa «nueva Bauhaus Europea»

1.

acoge con satisfacción la iniciativa interdisciplinaria de la Comisión Europea sobre la nueva Bauhaus Europea (NBE), que ayuda a materializar el Pacto Verde Europeo añadiendo una dimensión cultural vital y acercándolo a los ciudadanos. La NBE lo consigue creando espacios, lugares, productos y formas de vida hermosos, sostenibles e inclusivos que facilitan la cooperación y ponen de manifiesto los beneficios de la reconfiguración y transición medioambientales utilizando experiencias tangibles a nivel local;

2.

reconoce el entusiasmo y la oleada de apoyo a la NBE procedente de diversos amigos, agentes, organizaciones de la sociedad civil, redes, colectivos, centros y plataformas regionales y laboratorios vivientes, que se suma al interés y al trabajo continuos para fomentar la creatividad y participar, conectar y conformar el valor y los principios de la NBE del futuro;

3.

se congratula de que se reconozca el papel de los entes locales y regionales en la aplicación de los principios de la NBE, ya que están bien situados para contribuir al desarrollo de políticas y a la puesta en práctica de la NBE, de conformidad con el principio de subsidiariedad;

4.

considera que, en toda la Unión, las ciudades y las regiones están a la vanguardia del desarrollo impulsado por la cultura, y que los niveles local y regional tienen responsabilidades clave en materia de políticas urbanas, regionales y culturales sostenibles; por consiguiente, los representantes locales y regionales elegidos en las urnas son cruciales a la hora de hacer que la NBE sea más accesible e implicar a la ciudadanía en el proceso de transformación para avanzar en la puesta en práctica de la NBE;

5.

apoya firmemente la NBE como una oportunidad clave para aprovechar el potencial creativo de las regiones y los municipios y, de este modo, crear soluciones aceptadas y sostenibles que propicien el éxito del Pacto Verde;

6.

reconoce el carácter transversal de la NBE, que se integra en una serie de programas y líneas de financiación de la Unión; no obstante, señala que se necesitará la aceptación continuada de los socios actuales y futuros;

7.

reafirma el primer principio fundamental de la NBE, que respalda un enfoque multinivel y de base local. En este sentido, el CDR señala que se está produciendo un cambio a nivel local y regional, donde también se asienta un sentido de apego al lugar;

8.

celebra que la visión de la Comisión sea que las zonas rurales estén representadas en la NBE. Las diversas declaraciones (1) y el Pacto Rural proporcionan un marco para el futuro de la política y la acción de desarrollo rural en Europa y son una herramienta crucial para que la NBE conecte con las zonas rurales, que también pueden denominarse «zonas de prueba» al llevar a cabo proyectos de transformación a pequeña escala;

9.

subraya que la NBE puede ser un instrumento importante para la recuperación que ofrezca puestos de trabajo a escala local y promueva un cambio de mentalidad hacia una planificación territorial sostenible y eficiente, lo que repercutirá en una mejora en el comportamiento social y la movilidad;

Aspectos que suscitan preocupación

10.

expresa su preocupación por que la Comunicación siga siendo vaga sobre la manera en que se garantizará la participación de los entes locales y regionales; el CDR pide propuestas específicas sobre el modo en que los entes locales y regionales y el CDR participarán en la aplicación de la iniciativa, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de equilibrio geográfico, lo que otorgará representación a los entes locales y regionales de toda la UE;

11.

subraya que el CDR, junto con las demás instituciones de la UE, debe formar parte de la red de socios clave de la NBE que desarrollará y pondrá a prueba las políticas y los instrumentos de financiación;

12.

pide que el CDR y otras instituciones de la UE participen en la mesa redonda de alto nivel sobre la NBE;

13.

señala que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad determinarán a qué nivel la UE y los Estados miembros utilizarán las herramientas políticas y las medidas legislativas propuestas para la puesta en práctica de la NBE;

14.

hace hincapié en que la COVID-19 seguirá teniendo repercusiones a medio y largo plazo y que esto debe reconocerse en la puesta en práctica de la NBE; observa que los efectos negativos de la pandemia en relación con la pobreza, las cuestiones sociales y el empleo deben tenerse en cuenta en la puesta en práctica de la NBE;

15.

pide a la Comisión que garantice que los entes locales y regionales ocupen un lugar central en la estrategia, proporcionando asistencia técnica, financiación adecuada y flexibilidad. El éxito de la NBE dependerá de la sostenibilidad y la viabilidad, teniendo en cuenta las diferencias entre las zonas rurales y las ciudades;

Financiación de la nueva Bauhaus Europea

16.

pide que se asignen recursos suficientes a nivel local y regional procedentes de los presupuestos estatales y los programas de la política de cohesión de la UE. No obstante, pide que se alcance un equilibrio entre las sinergias creativas en el marco del movimiento cultural de la NBE y los parámetros de los programas financiados por la UE;

17.

considera que podrían utilizarse fondos adicionales para sufragar la asistencia externa con el fin de contribuir al intercambio de conocimientos y explorar las competencias del personal existente del sector público en un intercambio recíproco y fluido con los agentes privados, locales y del tercer sector;

18.

cree que las anteriores experiencias, premios y recursos centrados en la calidad, la estética y los asuntos comunitarios desde una perspectiva circular podrían suponer incentivos para los inversores y los proveedores de financiación participativa;

19.

aboga por la colaboración público-privada y las inversiones en el ámbito más amplio de la cultura y el patrimonio cultural, como se solicita en la «llamada a la acción de Venecia» de Europa Nostra (2);

20.

señala que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia constituye asimismo una oportunidad para apoyar a la NBE en los Estados miembros y los entes locales;

21.

señala que la NBE debe adaptarse al MFP 2021-2027 y a la Iniciativa Urbana Europea y que debe disponerse de una financiación adecuada para cubrir los costes operativos de los entes regionales y locales que contribuyen a la NBE; pide que se utilicen hojas de ruta ambiciosas para la puesta en práctica de la NBE en el marco de los ODS;

22.

pide que se tenga en cuenta el equilibrio geográfico, así como la diversidad climática, económica, social y cultural de la UE, las oportunidades de financiación y la asignación de fondos, a la hora de elaborar y ejecutar las estrategias, los proyectos y las acciones de la NBE. Además, la cohesión territorial debe seguir siendo uno de los objetivos clave;

Indicadores

23.

subraya que los entes locales y regionales, en el marco de sus competencias, deben supervisar en qué medida los gobiernos nacionales utilizan la NBE en los distintos programas, herramientas y procedimientos y espera que la Comisión Europea presente indicadores claros para realizar el seguimiento;

24.

expresa su preocupación por que no existan indicadores en el actual ciclo de financiación de la UE (2021-2027), lo que supone una oportunidad perdida de medir el éxito;

25.

considera que los principios básicos de la NBE deben desarrollarse en asociación con los gobiernos locales y regionales y que los principios fundamentales de la NBE deben integrarse como criterios de calidad en los programas de financiación de la UE que tengan una repercusión directa o indirecta en el entorno construido, el desarrollo urbano y rural, el patrimonio cultural y los paisajes culturales;

26.

propone que se cree un cuadro de indicadores regionales de la NBE para establecer una sólida política de supervisión regional que garantice que la NBE se aplica a todos los niveles y que las inversiones regionales actúan con arreglo a los principios de la NBE;

27.

señala que los entes locales y regionales son responsables de grandes parques de edificios públicos locales y espacios públicos urbanos y desempeñan un importante papel regulador y de financiación en la renovación de estos edificios y áreas urbanas. En consecuencia, los entes locales y regionales deben centrarse en la detección de los escollos regulatorios y contribuir a la simplificación de la reglamentación y la formulación de nuevos enfoques reguladores;

28.

destaca que el CDR ha participado en el desarrollo y el apoyo de estrategias sobre clima, energía y medio ambiente a escala local y regional. El Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» podría utilizarse para promover los principios de la NBE y hacer un seguimiento de su éxito;

29.

subraya que el diálogo entre los entes locales y regionales sobre conceptos y procesos abiertos e innovadores, enfoques interdisciplinarios y competencias es crucial. Por consiguiente, la NBE debería incluirse en la Plataforma de Intercambio de Conocimientos del CDR, en el programa «La ciencia en las regiones» y en proyectos de cooperación financiados por otros programas de la UE;

30.

hace hincapié en que la NBE debe promover la igualdad de género. La igualdad de género debe ser un criterio transversal y constituye un factor poderoso y necesario para el desarrollo sostenible y equilibrado de la política de cohesión;

Festival, premios y concepto de laboratorio de la nueva Bauhaus Europea

31.

acoge con satisfacción el primer premio de la nueva Bauhaus Europea y sugiere que se busquen sinergias con los premios existentes en el ámbito de la vivienda, el patrimonio cultural, la arquitectura contemporánea y los paisajes. Pide asimismo que se compartan las buenas prácticas del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018;

32.

toma nota de la creación del Sello de Excelencia europeo como un primer paso hacia el concepto de etiqueta «nueva Bauhaus Europea», pero le preocupa que la gente pueda esperar que la etiqueta de la NEB cuente con una vía de financiación. El uso de una etiqueta específica podría considerarse una contribución tangible del CDR al desarrollo de la iniciativa NBE, como defendió el CDR en 2021;

33.

acoge con satisfacción el laboratorio de la nueva Bauhaus Europea y su metodología de cocreación, pero pide que se proporcione más información sobre su funcionamiento y que el CDR sea un miembro activo de dicho laboratorio y de su gobernanza;

34.

solicita que el laboratorio analice los resultados o acciones seleccionados para la primera edición del premio, y podría impulsarlos y establecerlos como prototipos;

35.

está dispuesto a colaborar con los gobiernos nacionales, a través de los centros regionales del CDR, para desarrollar espacios controlados de pruebas y probar los nuevos enfoques reguladores;

36.

señala que la NBE debe basarse en las buenas prácticas existentes en distintas ciudades y regiones de la UE y crear una plataforma de recursos de acceso público;

37.

acoge con satisfacción el festival de la nueva Bauhaus Europea como una forma tangible y visible de fomentar aún más la participación de los entes locales y regionales y dar a conocer proyectos a nivel local y regional;

38.

destaca el éxito del trabajo realizado por URBACT, Cooperación Territorial Europea y Horizonte 2020 para desarrollar herramientas interactivas eficaces, que deberían utilizarse cuando proceda;

39.

señala que la NBE debe conectar con las misiones de Horizonte 2020, en particular por lo que respecta a la adaptación al cambio climático y las ciudades inteligentes y climáticamente neutras;

40.

reitera la posible ventaja de utilizar el instrumento de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) para proyectos de gobernanza multinivel en los que participen varios países o una eurorregión;

41.

observa que la NBE vincula los tres pilares de la Agenda Urbana de la UE (mejor regulación, mejor financiación y mejor conocimiento (3)) y se propone ponerlos en práctica;

42.

toma nota de las Acciones Innovadoras Urbanas en curso (Laboratorio Urbano de Europa) y de la próxima Iniciativa Urbana Europea. Pide que se vincule la NBE a las asociaciones de la Agenda Urbana de la UE, en el marco de la cual se lleva casi cuatro años trabajando en conceptos relacionados con el Pacto Verde y la NBE;

43.

considera que la NBE desempeña un papel a la hora de aplicar la Carta de Leipzig de 2021 y la Declaración de Liubliana de 2021, donde se exigen enfoques integrados, un enfoque basado en el lugar, una gobernanza multinivel, la participación y métodos de cocreación;

44.

cree que las Capitales Europeas de la Cultura, las Capitales Europeas de la Innovación, las Capitales Europeas de la Juventud y las Capitales Verdes Europeas pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la NBE;

45.

acoge con satisfacción el establecimiento de puntos de contacto nacionales de la NBE y pide que colaboren estrechamente con los entes locales y regionales y otras partes interesadas, incluida la sociedad civil, para garantizar que el movimiento de la NBE pueda seguir creciendo de abajo arriba;

46.

propone la creación de un programa de formación para cien ciudades interesadas basado en los principios de la NBE. Para ello podrían utilizarse las metodologías del programa «Ciudades digitales» o del programa «Cien ciudades inteligentes» y su concepto de mercado;

Entorno construido, arquitectura y conceptos de renovación

47.

subraya que el entorno construido es el reflejo de una comunidad, y que la responsabilidad de su calidad global recae en los organismos del sector público y las partes interesadas, incluida la sociedad civil, en estrecha colaboración con la ciudadanía;

48.

señala que el rico y diverso patrimonio cultural y arquitectónico de Europa constituye un referente importante para la calidad de nuestro entorno construido por lo que se refiere a la experiencia de los usuarios y a los activos físicos;

49.

se congratula de que la NBE reconozca el papel crucial de la ordenación urbana para lograr un desarrollo urbano sostenible;

50.

se congratula de que la NBE reconozca la necesidad de una cultura común de arquitectura de calidad. Para ello será necesario aumentar la sensibilización, difundir información y promover la importancia de la cultura y el patrimonio cultural, la arquitectura de calidad y el entorno construido;

51.

subraya que la Comisión debe ayudar al sector de la construcción a abordar la insostenibilidad en el uso de recursos y la generación de residuos y a promover la circularidad, haciendo hincapié en la reutilización y el reciclado de los materiales. Esto podría hacerse colmando las lagunas de conocimientos y competencias y digitalizando el diseño;

52.

señala que la NBE puede encontrar formas de reducir los trámites burocráticos con vistas a hacer la renovación más fácil y rentable; abordar los retos que plantea la rehabilitación de edificios muy antiguos y del patrimonio cultural requiere los servicios de arquitectos y otros expertos, así como de artesanos altamente cualificados (4);

53.

no duda en afirmar que los entes locales y regionales desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que la renovación de los edificios sea coherente con la ordenación territorial y urbanística, promueva las políticas de lucha contra la despoblación y responda a los criterios de justicia social y respeto del medio ambiente. Señala que las metodologías de los Estados miembros para la Oleada de Renovación no deben socavar este papel fundamental de coordinación;

54.

pide una vez más que el Semestre Europeo tenga más en cuenta las cuestiones urbanas: la coordinación de la política económica y social en la UE debe abarcar la vivienda asequible, la desigualdad y las inversiones a largo plazo;

55.

acoge con satisfacción el discurso de la NBE sobre la búsqueda de soluciones que permitan el acceso a una vivienda asequible y digna, en particular para los jóvenes y otros colectivos sociales vulnerables;

56.

subraya que la NBE debe adaptarse al Plan de acción del pilar europeo de derechos sociales y a la Declaración de la Cumbre Social de Oporto de 2021 a fin de contribuir a la reflexión a escala europea sobre vivienda social y asequible después de la COVID-19;

57.

aboga por la promoción de sinergias entre el arte, la arquitectura, el paisajismo y la arquitectura interior, la ordenación territorial, el diseño y la artesanía, así como modelos de formación innovadores para arquitectos y otros profesionales;

58.

pide que la NBE se articule también con la Agenda de Capacidades Europea, lo que contribuirá a promover y comprender mejor las necesidades y oportunidades regionales relacionadas con las capacidades en materia de planificación urbana, construcción y uso sostenible de los materiales de construcción. Asimismo, ayudará a reducir la migración de la mano de obra cualificada, que podría traducirse en una disminución de la actividad económica local en términos de producción. En este sentido, la Agenda de Capacidades Europea desempeña un papel importante, ya que la tecnología digital puede brindar a los ciudadanos oportunidades para contribuir a crear su entorno y es una herramienta de vital importancia en todas las fases del desarrollo de iniciativas en el marco de la NBE;

59.

pide que la NBE colabore con asociaciones anteriores de la Agenda Urbana de la UE, especialmente por lo que respecta a la capacidad de acción por el clima, la propuesta de Ciudades Ecológicas y el uso de espacios públicos; en ese sentido son especialmente pertinente las asociaciones sobre el uso sostenible del suelo y las soluciones basadas en la naturaleza, sobre la economía circular y sobre la cultura y el patrimonio cultural;

60.

destaca que la NBE es una herramienta sólida para desbloquear iniciativas de economía social, ya que se basa en la cooperación y la participación ciudadana. Este tipo de iniciativas impulsan la cohesión social, económica, territorial y cultural y elevan el nivel de confianza a escala local en toda la UE;

Principios de calidad del patrimonio cultural

61.

apoya el documento de Europa Nostra Llamada a la acción de Venecia: por un nuevo Renacimiento europeo, así como su declaración sobre nuestro patrimonio y memoria compartidos;

62.

pide que se busquen sinergias entre los principios de calidad de la cultura constructiva (Baukultur) de Davos, la NBE y los principios de calidad europeos para las intervenciones financiadas por la UE con posible impacto en el patrimonio cultural, y que estas sinergias se integren debidamente en todos los programas de política y financiación europeos;

63.

cree que el patrimonio cultural es una dimensión vital de la NBE; la Oleada de Renovación debe tener un «alma» y una identidad, al tiempo que promueve una visión integral del modo en que queremos desarrollar nuestras ciudades y regiones;

64.

pide al CDR que colabore con las partes interesadas para promover una NBE y un premio «Alcaldía del Año para el Patrimonio»;

65.

pide que el patrimonio cultural y el Pacto Verde Europeo estén estrechamente interconectados, como se hace en el Libro Verde del Patrimonio Cultural Europeo (5);

66.

conviene en que deben movilizarse fondos públicos para estrategias ecológicas basadas en la cultura mediante proyectos e iniciativas piloto de la NBE que aborden las dimensiones culturales vitales de la transición ecológica y se basen en las diversas capacidades de las comunidades locales y las regiones;

Conclusiones

67.

pide a la Comisión Europea que establezca mejores vínculos entre la NBE y los marcos conceptuales, culturales, estéticos y de diseño existentes. Esto traduciría los principios en acciones y permitiría a la NBE aprovechar el potencial creativo, cultural y patrimonial de los entes locales y regionales para la renovación y revitalización de barrios en toda la UE. Por lo tanto, propone crear un programa de vales para el laboratorio de la NBE, mediante el cual las ciudades y regiones interesadas podrán recibir un vale que les proporcionará el apoyo necesario para instalar un laboratorio de la NBE en su territorio. Las condiciones para recibir dicho vale serían que 1) el laboratorio de la NBE se encargue de «impulsar la creación conjunta, desarrollar prototipos y poner a prueba las herramientas, las soluciones y las acciones políticas que facilitarán la transformación en términos concretos» y 2) los resultados del laboratorio de la NBE se presenten a la asamblea regional o municipal;

68.

pide que se busquen sinergias entre la iniciativa NBE y los procesos destinados a impulsar la participación ciudadana en Europa (como la Conferencia sobre el Futuro de Europa), así como las estrategias y planes de acción que promueven la calidad arquitectónica y estética (como la estrategia «Oleada de renovación» de la Agenda Urbana de la UE);

69.

considera que la NBE debe convertirse en un verdadero movimiento que involucre a los entes locales y regionales y no sea solo un proyecto descendente más. Crear un modo de vida europeo con conciencia ecológica es crucial para todas las ciudades y personas de la UE. Este debe ser un proyecto para todos, no solo para unos pocos. Las personas deben hacerlo suyo desde la base, y no solo en las grandes zonas urbanas. Su accesibilidad a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil constituye un aspecto positivo importante de la iniciativa de la NBE. Para tener éxito, este ejercicio debe ser social, cultural y territorialmente inclusivo.

---

(1)  Por ejemplo, la Declaración de Cork 2.0 de 2016 sobre una vida mejor en el medio rural.

(2)  La llamada a la acción de Venecia: «por un nuevo Renacimiento europeo». Su objetivo es «posibilitar sinergias más estrechas y sólidas entre la comunidad empresarial y el amplio ecosistema cultural, patrimonial y creativo, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de una alianza estratégica entre el movimiento del patrimonio europeo y el Banco Europeo de Inversiones y su Instituto».

(3)  Establecidos en el Pacto de Ámsterdam.

(4)  Como se señala en el Libro Verde del Patrimonio Cultural Europeo, de Europa Nostra.

(5)  «Poner el patrimonio compartido de Europa en el centro del Pacto Verde Europeo», publicado por Europa Nostra.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Misiones europeas

(2022/C 301/05)

Ponente: Marku MARKKULA (FI/PPE), presidente de la Región de Helsinki Documento de referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre las misiones europeas COM(2021) 609 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

1.

acoge con satisfacción las misiones de la UE como un esfuerzo coordinado de la Comisión para poner en común los recursos necesarios en materia de reglamentos, políticas y programas de financiación, así como otras actividades encaminadas a movilizar y activar a agentes públicos y privados, a fin de crear conjuntamente un impacto real y duradero e impulsar la adopción por parte de la sociedad de nuevas soluciones y enfoques. Insiste en la necesidad de un enfoque inclusivo en el que las misiones de la UE, junto con la política de cohesión a escala de la Unión Europea y todos los demás instrumentos de financiación de la UE, se utilicen para promover la cohesión territorial y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

2.

hace hincapié (1) en que, a la luz de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, las misiones europeas, un instrumento nuevo y vital para hacer frente a desafíos sociales candentes, constituyen una verdadera prueba para el impacto y la credibilidad de la UE. Necesitan contar con una legitimidad y aceptación generalizadas. Como ha destacado la Comisión Europea, las ciudades y regiones, con todas sus partes interesadas y toda su ciudadanía, desempeñan un papel fundamental para alcanzar los ambiciosos objetivos de las misiones de la UE;

3.

reitera la declaración del CDR (2) de apoyo a la aplicación de las misiones de la UE como una medida valiente para abordar los retos sociales, pero también subraya la necesidad de un sistema eficaz de gobernanza multinivel que combine las misiones europeas con las estrategias de desarrollo local y regional, las estrategias de especialización inteligente, las medidas de recuperación tras la COVID-19 y la financiación para la innovación a través de los Fondos Estructurales;

4.

insta a los principales responsables de la toma de decisiones de la UE y de los Estados miembros a que reaccionen de forma rápida y decisiva ante la situación en Ucrania, incluida la puesta en marcha de las misiones de la UE, especialmente la misión municipal. Los criterios de financiación de los fondos NextGenerationEU y otras fuentes de financiación pública deben orientarse de manera flexible a formar parte de las actividades de la misión municipal para crear autopistas europeas de transformación energética. Estas deben apoyar la investigación público-privada para el desarrollo de nuevas soluciones en materia de sistemas energéticos. Especialmente las ciudades y otros agentes públicos pueden utilizar la contratación pública innovadora, junto con las empresas, para acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y crear soluciones energéticas sostenibles e innovadoras que sustituyan a los combustibles fósiles que los países de la UE adquieren actualmente a Rusia;

5.

celebra que la Comunicación sobre las misiones europeas (3) reconozca debidamente la importancia de los entes locales y regionales en la ejecución, así como en las fases de diseño y comunicación, de las misiones europeas;

6.

destaca que, a la luz de la creación conjunta de conocimientos y pericia, la ejecución de las misiones de la UE debe enraizarse en el trabajo cotidiano centrado en el desarrollo y la renovación de los procesos de las ciudades y regiones. Esto creará sinergias sistemáticas con la política de cohesión de la UE y con la utilización de los Fondos Estructurales y otros instrumentos específicos. También mostrará a escala mundial el potencial de las regiones y comunidades locales y el papel de los municipios a la hora de llevar a la práctica las transformaciones buscadas;

Las misiones europeas como un nuevo instrumento ambicioso para abordar los grandes retos de la sociedad

7.

reconoce que las misiones de la UE están pensadas como un instrumento «nuevo» y «esencial», tal como afirma la Comisión Europea: las misiones de la UE representan una nueva forma de aportar soluciones concretas a algunos de nuestros mayores retos obteniendo resultados y repercusiones concretos de aquí a 2030 y asignando un nuevo papel a la investigación y la innovación, en combinación con nuevas formas de gobernanza y colaboración, así como haciendo partícipes a los ciudadanos y ciudadanas (4);

8.

recuerda que cada misión europea deberá definir una hoja de ruta clara y crear un enfoque sistémico de multigobernanza y metodologías sobre experimentación, creación de prototipos, seguimiento y ampliación de las actividades en todos los niveles de gobernanza. La creación de «carteras» de acciones en las esferas tanto de la UE como regional y local requiere una atención especial y una divulgación efectiva en todas las fases de planificación y aplicación. Esto requiere la participación y el compromiso de los entes locales y regionales y de sus asociaciones en la puesta en común de experiencias eficaces en materia de gobernanza innovadora;

9.

destaca la necesidad de asignar financiación de las misiones a los niveles local y regional para lograr conjuntamente avances no convencionales en muchas «situaciones estancadas», que con demasiada frecuencia impiden progresar de manera adecuada a la hora de encontrar nuevas soluciones y obtener impacto. Esto requiere nuevas asociaciones europeas basadas en intereses locales y regionales definidos en las estrategias de especialización inteligente. Las misiones de la UE deberían aprovechar las experiencias que aportará la acción piloto sobre asociaciones para la innovación regional, desarrollada de forma conjunta por el CDR y el JRC;

10.

anima a las misiones de la UE a que hagan hincapié en el avance hacia la humanidad y la centralidad de las personas, donde la sostenibilidad en todas sus dimensiones —ecológica, económica, social y cultural— sea el motor del cambio para la consecución de los ambiciosos objetivos de las misiones de la UE. La calidad de vida solo puede aumentarse si se trabaja deliberadamente en entidades complejas. En este sentido, debemos encontrar un mejor equilibrio entre el bienestar material y el inmaterial en Europa y en el mundo. La naturaleza hace posible la vida en este planeta. Debemos respetar la dependencia humana de la naturaleza;

11.

subraya que las misiones europeas deben crear conjuntamente nuevas formas de operar. El desarrollo requiere que todos los agentes adquieran nuevas competencias mediante la integración de la tecnología y la investigación con un enfoque centrado en el ser humano, el compromiso de aplicar procesos conjuntos de transformación verde y digital, y la garantía de poder acceder a los recursos necesarios. Estos requisitos son esenciales para crear ecosistemas regionales y locales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que funcionen bien y tiendan nuevos puentes de conocimiento innovador que conecten a los creadores de conocimiento de alto nivel europeos con los laboratorios vivientes regionales y locales y otros centros de experimentación, así como actividades de demostración a modo de iniciativas faro. Con la ayuda de estos, todas las ciudades y regiones pueden poner en marcha procesos de aprendizaje comparativo y redes entre homólogos que les permitan utilizar los conceptos y soluciones de los precursores en prácticas inteligentes y sostenibles;

12.

señala que la gobernanza regional y local, la prospectiva y el aumento de las inversiones en I+D+i constituyen las piedras angulares de las carteras de las misiones de la UE, que consisten en acciones coordinadas profesionalmente en las esferas europea, nacional, regional y local. La coordinación en las misiones de la UE refuerza la colaboración, la motivación y las capacidades —en otras palabras, la competitividad— mediante la creación conjunta de nuevas carteras y acciones. La coordinación requiere muchas actuaciones paralelas y actividades de gobernanza multinivel enmarcadas en diversos sistemas. Es preciso recurrir a instrumentos financieros tanto públicos como privados y apoyar especialmente a las regiones menos desarrolladas a fin de estimular a todas las regiones a mejorar sus sistemas de I+D+i y contribuir a la ejecución de las misiones de la UE;

13.

recuerda su papel decisivo, basado en su experiencia con sus seis comisiones y campañas, como «El Pacto Verde se hace local» y las Regiones Emprendedoras Europeas (REE), en la aplicación de las misiones de la UE, y señala que el CDR proporciona un punto de acceso natural para la cooperación con el sector público y privado, la industria y los servicios, así como con la ciudadanía;

El papel de las ciudades y regiones en las misiones de la UE

14.

destaca, de acuerdo con el plan de acción conjunto firmado en 2020 por la comisaria Mariya Gabriel y el CDR, que el CDR, en colaboración con los Estados miembros y las regiones y ciudades europeas, está preparado para desempeñar un papel activo en la creación conjunta de un sistema de gobernanza multinivel para alcanzar los objetivos de la misión de la UE. Las medidas para garantizar el desarrollo necesario estarán basadas en ecosistemas de innovación regionales de base local y estrategias de especialización inteligente (S3/S4);

15.

puede influir en los procesos generales de las misiones de la UE, facilitar información a los responsables políticos y movilizar a las regiones y ciudades para que se conviertan en contribuyentes activos de diferentes maneras. Los planes de las misiones europeas tienen una importante dimensión regional y local y los mecanismos de aplicación incluyen propuestas que sitúan en posición central a las regiones y ciudades y a sus ecosistemas de I+D+i. Por tanto, el CDR puede cooperar ampliamente con todas las partes interesadas para garantizar que este nuevo instrumento político ascendente obtenga el impacto deseado;

16.

acuerda contribuir —a través de todas las comisiones del CDR responsables de los diversos temas de las misiones— a la participación del mayor número posible de ciudades y regiones para garantizar que los niveles regional y local respalden las misiones de la UE: a) desarrollando campañas informativas, diálogo directo y otros procesos de participación conjuntos abiertos e interactivos dirigidos a diferentes grupos, incluidos también los menores de dieciocho años, b) logrando que las comunidades precursoras acepten probar las soluciones innovadoras en sus prácticas cotidianas, c) consiguiendo la contribución de las comunidades demostradoras a procesos de despliegue a gran escala de soluciones innovadoras, y a la ampliación de las mejores soluciones para su uso en toda Europa, d) garantizando que la diversidad europea de las regiones, con sus múltiples comunidades de partes interesadas y ciudadanos, se encuentre ampliamente representada en las actividades de ejecución de las misiones;

17.

pide a los Estados miembros que respalden la aplicación de las misiones europeas creando sinergias con los programas nacionales y regionales y facilitando el acceso a la financiación nacional y de la UE;

18.

pide que se garantice que las zonas urbanas o rurales y regiones (ya sean regiones líderes, con resultados medios o rezagadas) tengan suficiente competencia y capacidades para innovar en sus comunidades y reciban apoyo a través de procesos de aprendizaje pertinentes que les permitan funcionar también como plataformas para los proveedores de servicio de múltiples agentes que prestan apoyo a otras partes, incluidos todos los grupos de agentes. Los procesos de creación de valor locales y regionales deben orquestarse a lo largo de cadenas de valor colaborativas eficientes y de corrientes de valor que desarrollen aún más los ecosistemas;

19.

hace hincapié en que los objetivos ambiciosos requieren, como condición previa fundamental, que los responsables de la toma de decisiones, los funcionarios públicos y los profesionales en materia de innovación adquieran competencias para operar como agentes de cambio mediante la adquisición de nuevos conocimientos y capacidades. Los tres procesos críticos son: a) los procesos de aprendizaje operativos de ciudades y regiones, centrados en la integración de las actividades relacionadas con la misión en otras actividades locales para que formen parte de la toma de decisiones operativas y estratégicas habituales, b) la motivación y el apoyo a las empresas, a los institutos de investigación, las universidades, los centros de formación profesional y sus ecosistemas temáticos y locales para que contribuyan en la creación conjunta de nuevas soluciones precursoras en materia de innovación, y c) la utilización de nuevos métodos inclusivos en innovación. Entre los medios para sustentar estos procesos deben figurar asociaciones a gran escala, la contratación pública innovadora, prototipos desarrollados rápidamente y la experimentación de nuevas soluciones;

20.

recuerda que existen procesos de eficacia demostrada, pero que requieren tanto el compromiso de cada una de las ciudades y regiones como una cooperación específica organizada por los equipos de las misiones de la UE. La asignación de fondos a las asociaciones a escala europea facilitará la adquisición de estos factores críticos en una multitud de ciudades y regiones europeas. Varios de los instrumentos con que cuenta la UE, como el Centro Común de Investigación (JRC), Interreg, las iniciativas de programación conjunta (IPC) y el EIT y sus CCI pueden desempeñar un papel fundamental a este respecto;

21.

destaca la necesidad de revisar todos los instrumentos financieros de la UE para apoyar las actividades de las misiones, especialmente en las esferas local y regional. Las regiones y ciudades no pueden acceder fácilmente a los fondos de Horizonte 2020, que todavía no se ajustan en grado suficiente a los nuevos objetivos estratégicos de las misiones europeas. Muchas regiones encuentran dificultades considerables para acceder a la financiación, debido a las múltiples convocatorias, los criterios altamente especializados y unos sistemas complejos. Por ejemplo, muchas regiones se enfrentan a problemas de financiación a la hora de mejorar las capacidades de sus trabajadores para acelerar la transición ecológica, elemento esencial en las misiones europeas. Será preciso llevar a cabo una revisión para simplificar el acceso a los fondos de la UE;

Directrices para una aplicación más influyente de la misión de la UE

22.

subraya la necesidad de ayudar a crear asociaciones dinámicas —que en parte han de formalizarse mediante compromisos recíprocos y en parte permanecer flexibles— y contratos de asociación entre las misiones europeas y las ciudades y regiones que actúan como demostradoras, para potenciar el impacto a escala europea de gran número de iniciativas y de la labor de los demostradores distribuidos;

23.

apoya el uso flexible y subraya el desarrollo conceptual activo de los contratos urbanos y regionales que se proponen en los planes de aplicación de las misiones europeas;

24.

propone la creación del concepto de «etiqueta de misión europea» para aquellas ciudades y regiones que asuman la responsabilidad de ser precursoras y partidarias demostradoras de la doble transición verde y digital europea a la hora de lograr los objetivos de la misión europea y ampliar los resultados de sus soluciones innovadoras, y pide que se aprenda de las prácticas ya en vigor, como el Pacto de las Alcaldías;

25.

propone diversas formas de utilizar la etiqueta de misión europea para añadir sinergias con otras iniciativas pertinentes de la UE y otras iniciativas relacionadas, así como el uso de instrumentos de financiación, por ejemplo el Fondo InvestEU, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Instrumento de Inversiones Interregionales en Innovación (I3), el Programa Interreg Europa, el Mecanismo «Conectar Europa», el programa Europa Digital, el programa UEproSalud, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). Propone crear un sistema a escala europea mediante el cual tanto la UE como los Estados miembros utilicen la etiqueta de misión europea para simplificar los procesos de solicitud. La etiqueta debería ayudar a acceder a los fondos nacionales y de la UE para apoyar las actividades en las esferas local y regional a fin de alcanzar los ambiciosos objetivos de la misión europea y, al mismo tiempo, mejorar los procedimientos locales y regionales;

26.

señala que, a nivel local y regional, los centros del EEI pueden ser uno de los instrumentos más eficaces para armonizar las estrategias regionales de I+i —incluidas las estrategias de especialización inteligente (S3/S4)— con las estrategias nacionales y europeas, el EEI, Horizonte Europa y las misiones europeas. Por tanto, los centros del EEI pueden contribuir a la aparición de proyectos estructuradores que se integren de manera concreta en las misiones europeas, movilizando las diferentes fuentes de financiación de que disponen, por lo que sería útil vincular, siempre que sea posible, la «etiqueta de misión europea» con los centros del EEI;

27.

reitera la necesidad de crear y utilizar procedimientos efectivos de gestión de conocimientos para ejecutar las misiones europeas utilizando el mejor conocimiento global y regional, teniendo en cuenta los criterios éticos de la nueva estrategia de internacionalización de la Comisión para la investigación y la innovación. Para conseguir la aceptación y la ampliación de los resultados, el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y otros instrumentos requieren ser más dinámicos a la hora de experimentar y crear prototipos en entornos del mundo real;

28.

señala que la realización de las misiones europeas deberá llevarse a cabo mediante un proceso abierto y participativo en el que intervengan todas las partes interesadas de las esferas local, regional, europea y mundial (5). El compromiso de las regiones, localidades y ciudadanos y ciudadanas en particular será fundamental para la aplicación satisfactoria de las misiones de la UE. En este sentido, debe garantizarse una interlocución directa de dichas partes interesadas en cada una de las misiones. Está dispuesto a ser un aliado sólido de las misiones europeas;

29.

señala que los experimentos y demostraciones de la misión europea deberán centrarse en articular actividades que expandan los límites de la ciencia, en el dominio de tecnologías profundas y en combinar las innovaciones digitales, físicas, medioambientales y biológicas, así como en revisar y compartir periódicamente los resultados en los niveles de vanguardia. En las misiones europeas deberá darse un perfil destacado a las estrategias de especialización inteligentes como conceptos para la colaboración regional con la industria y la investigación;

Prospectiva e innovaciones sociales fundamentales para las misiones de la UE o creadas por estas

30.

reafirma que los retos son complejos, y que solo existe una parte del conocimiento científico y tecnológico necesario. Es posible alcanzar los objetivos con actividades prospectivas amplias mediante el aumento de la inversión en I+D, la creación de prototipos en el mundo real, la experimentación y la ampliación de los resultados;

31.

reconoce el alto potencial de la investigación para toda clase de innovaciones y para abordar los grandes retos de la sociedad. A tal efecto, confía en que la toma de decisiones políticas, en general, se base más en datos contrastados, apoye la investigación en grado suficiente y se oriente a la creación de condiciones favorables a las innovaciones sociales, a la vez que facilita su rápida aplicación en los procesos y prácticas en la vida real;

32.

recuerda que los ambiciosos objetivos de las misiones de la UE solo pueden alcanzarse apoyando procesos de aprendizaje eficaces para los dirigentes políticos de las regiones y los organismos, el personal directivo, los expertos y la ciudadanía. Los conceptos europeos impulsados por las ciudades y regiones deben adaptarse a la situación de cada territorio mediante un desarrollo profesional sistémico basado en el aprendizaje práctico a nivel local para todos;

33.

hace hincapié en que las misiones europeas deben priorizar el aprovechamiento del potencial asociado a los activos intangibles y el capital intelectual. Integrar estos conocimientos en la toma de decisiones políticas, especialmente para crear ciudades inteligentes centradas en las personas y donde se insista en la sostenibilidad, puede ser fundamental para catalizar las inversiones en capital humano, capital estructural, capital relacional e I+D+i en general;

34.

destaca la importancia de pasar a la acción, en consonancia con las principales declaraciones en políticas tecnológicas e I+D europeos, tal y como se define en el Informe sobre prospectiva estratégica de la UE de 2021 (6), particularmente: a) las próximas décadas se caracterizarán por una redistribución cada vez mayor del poder mundial, y su centro de gravedad geoeconómico se trasladará hacia el este, b) la UE compite a escala mundial por una «ventaja del pionero» en la fijación de normas, c) la UE necesita posicionarse de una manera más firme en el desarrollo y producción de tecnologías inclusivas de próxima generación, d) más allá de las tecnologías específicas, la hiperconectividad está impulsando la transformación, e) las materias primas fundamentales son esenciales para la doble transición de la UE, f) la soberanía digital de la UE dependerá de la capacidad de almacenar, extraer y tratar datos, satisfaciendo al mismo tiempo los requisitos de confianza, seguridad y derechos fundamentales, g) el impulso de la autonomía estratégica europea, h) una combinación inteligente de políticas de investigación, industriales y comerciales con asociaciones internacionales podría garantizar un suministro sostenible y diverso;

35.

señala que, a la hora de pasar a la acción, el desarrollo tecnológico deberá, más que nunca, estar en consonancia con la evolución socioeconómica y producirse en el contexto del mundo real, garantizando así una rápida aceptación y una ampliación de los resultados;

36.

propone un aumento de la colaboración interinstitucional de la UE en materia de prospectiva con un papel especial para el JRC, los Servicios de Estudios del Parlamento Europeo y el CDR. Propone considerar, en las esferas nacional, regional y municipal, la organización de actividades de ciencia ciudadana participativa —en general y sobre todo para los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios y de secundaria, para emprendedores y para la toma de decisiones políticas— mediante la creación de comités para el futuro centrados en la prospectiva y en la evaluación tecnológica;

Nuevo enfoque tecnológico y de las políticas de I+D de las misiones de la UE

37.

subraya que la transformación de la sociedad y de los comportamientos en apoyo de los objetivos de la misión europea ha de ser inclusiva y positiva, mediante la aplicación generalizada de la creación de prototipos y la experimentación como enfoque metodológico;

38.

recuerda a todos que la investigación y la innovación son el núcleo de las misiones europeas. Los cambios sociales complejos solo pueden abordarse mediante un aumento en la inversión en I+D+i. Tanto el EEI como toda una serie de estudios industriales aportan pruebas claras (7) de que la UE va a la zaga de sus principales competidores mundiales en cuanto a la intensidad de la I+D en las empresas, en particular en los sectores de alta tecnología, y en cuanto a la ampliación de las pymes innovadoras, lo que tiene efectos negativos en la productividad, la creación de empleo y la competitividad;

39.

coincide con los objetivos del EEI (8) de impulsar la recuperación europea y de apoyar sus transiciones verde, digital y social mediante el fomento de la competencia basada en la innovación y la soberanía tecnológica en áreas estratégicas clave (por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, la ciberseguridad, las ecologías de datos, la microelectrónica, la computación cuántica, el 5G, las baterías de próxima generación, la energía renovable, las tecnologías de hidrógeno, los entornos construidos con cero emisiones y la movilidad inteligente, entre otras) en línea con el modelo de autonomía estratégica abierta;

40.

aboga por políticas orientadas a lograr la neutralidad en carbono basadas en la demanda que contemplen huellas e improntas positivas de carbono como criterios para la contratación pública sostenible. Además de la huella de carbono, señala la importancia de la impronta positiva de carbono, un nuevo enfoque para analizar cómo se produce y se calcula el impacto climático que muestra el impacto positivo que tienen los productos y servicios respetuosos con el clima (9);

41.

respalda las medidas industriales de I+D+i sobre la huella de carbono en la creación de nuevos productos y sistemas ampliados y otras soluciones innovadoras que desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos climáticos y señala que, sin una aceleración significativa de la innovación en materia de energía limpia, no será posible alcanzar los objetivos de cero emisiones netas;

42.

reitera la necesidad de disponer de nuevas tecnologías. El informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) (10) muestra pruebas analíticas de que el 25 % de la reducción de emisiones de carbono necesaria para situar al clima de la Tierra en una senda sostenible procederá de tecnologías maduras. En contraste, el 41 % de la tecnología necesaria procederá de nuevas tecnologías en fase de adopción temprana, y el 34 % procederá de tecnologías en fase de demostración, en fase de prototipo o de aquellas que ni siquiera han sido concebidas todavía;

43.

destaca la importancia, así como la complejidad, asociadas a la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La medición básica de las emisiones de GEI se refiere a los ámbitos 1 y 2. Si se tuviera en cuenta el ámbito 3, se podrían alcanzar los objetivos de emisiones netas nulas o negativas. El ámbito 3 incluye todas las demás emisiones indirectas que se producen a lo largo de toda la cadena de valor;

44.

hace hincapié en que el papel de las misiones europeas se halla en el núcleo de las prioridades de la Unión para hacer realidad la transición verde y digital. La Comisión Europea ha puesto en marcha la fase piloto de la iniciativa de los «ERA hubs» (centros del EEI) para facilitar la colaboración regional en materia de I+D+i y el intercambio de mejores prácticas, con el incentivo de maximizar el valor de la producción, la circulación y el uso del conocimiento. Anima a las misiones europeas a explorar la utilización de los centros del EEI como instrumento para interconectar los ecosistemas locales y regionales de I+i y asociarse activamente con los responsables de la toma de decisiones regionales y locales encargados de la dirección de los centros del EEI a fin de desarrollar cooperaciones concretas;

45.

hace hincapié en que el sistema de centros del EEI pretende aportar los elementos que faltan en el panorama del EEI y del Espacio Europeo de Educación para crear sociedades del conocimiento fuertes en toda Europa que aceleren la transformación social hacia un crecimiento verde, sostenible y digital. La red de los centros del EEI garantiza idealmente que los ecosistemas de I+D+i locales y regionales se integren en el ecosistema europeo de I+D+i;

46.

apoya que se permitan las contribuciones locales activas para la aplicación integrada de los centros del EEI, otros tipos de experimentación de ecosistemas regionales y las misiones de la UE en la experimentación, la creación rápida de prototipos, la realización de pruebas, las demostraciones y la ampliación de la eficacia de la investigación y de la innovación en las ciudades y regiones;

47.

reconoce que la coordinación de las diversas conclusiones, ideas y enseñanzas regionales y locales resulta esencial a fin de establecer un enfoque paneuropeo para la acción innovadora. Es crucial compartir lo aprendido entre las distintas ciudades y regiones, así como entre las cinco misiones europeas. Recomienda la creación temprana de una red de aprendizaje conjunto que permita compartir conocimientos esenciales —tanto sobre el proceso como el contenido— y, ampliando o reduciendo la escala según proceda, aplicar dichos conocimientos a otras ciudades y regiones, a otras misiones europeas y al conjunto de Europa;

48.

pide que las Conclusiones del Consejo sobre las misiones europeas se publiquen durante la Presidencia francesa para brindar también la oportunidad de reforzar el concepto de los centros del EEI, a los que deben recurrir las misiones para conseguir un adecuado anclaje local y regional. En dichas Conclusiones también se debería subrayar la importancia de la infraestructura de investigación, que cuenta con el firme apoyo de las ciudades y regiones y resulta crucial para la puesta en práctica de las misiones europeas;

49.

afirma que, si bien es prioritario ejecutar las misiones ya decididas, se debe seguir reflexionando en todo momento sobre la posibilidad de crear nuevas misiones cuando surjan nuevos retos colectivos de gran calado. Tras la creación de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA), la cuestión crucial de capacitar a las sociedades europeas para la preparación y gestión ante amenazas y crisis sanitarias debería llevar a reflexionar sobre una nueva misión centrada en este reto, dada su naturaleza sistémica, transversal y multilateral;

Las experiencias del CDR: sinergia entre las misiones de la UE y otros instrumentos de las políticas principales

50.

señala que las misiones europeas deben aprovechar las experiencias y los conocimientos derivados de las iniciativas y los programas europeos ya existentes para operar en sinergia. El cambio sistémico requiere la creación conjunta de ecosistemas transformadores basados en el aprendizaje y la I+D+i, con una sinergia científica y operativa interdisciplinaria en toda Europa y que abarque las cinco misiones de la UE;

51.

reitera la necesidad de promover la mentalidad de trabajar juntos de manera abierta y aumentar la colaboración local y las asociaciones europeas a la hora de concebir un nuevo futuro europeo sostenible centrado en las personas. En toda Europa, las capacidades potenciales para ello dependen en gran medida de los niveles local y regional. La rapidez es esencial: los grandes retos sociales deben abordarse en los próximos años, y el conocimiento y el aprendizaje son fundamentales para ello;

52.

propone que se preste especial atención a las etapas de aplicación de las misiones europeas por parte de las ciudades y regiones, con el apoyo del CDR, incluida la gobernanza multinivel, la financiación, y la ejecución satisfactoria de los objetivos ambiciosos, integrándolos eficazmente en las políticas de investigación e innovación, concretamente las estrategias de especialización inteligente (S3/S4), los centros del EEI, la nueva Bauhaus europea y otras iniciativas, programas e instrumentos de mayor importancia proporcionados por las políticas multinivel de la UE;

53.

se compromete a organizar actividades de aprendizaje en colaboración con el JRC para apoyar las actividades de las misiones de la UE que se titulan «City Science» («La ciencia en la ciudad») y «Science Meets Regions» («La ciencia en las regiones»), impulsando actividades de impacto a gran escala y compartiendo los resultados de las misiones. Las medidas a corto plazo no son una respuesta adecuada para abordar lo realmente necesario. Una actividad útil es apoyar la creación de la Red de centros regionales para el futuro con el fin de estimular la creatividad y una mentalidad empresarial, y vincularlas con la nueva Bauhaus, el trabajo para lograr los ODS de las Naciones Unidas y los Laboratorios de Alfabetización del Futuro de la UNESCO, a fin de garantizar la sostenibilidad de las iniciativas adoptadas tanto a corto como a largo plazo;

54.

anima a profundizar en la colaboración con las redes europeas que se dedican a potenciar la I+D+i al abordar los retos sociales, como la Asociación Europea de Universidades (EUA), la Asociación Europea de Organizaciones de Investigación y Tecnología (EARTO) y la Red de Investigación e Innovación de las Regiones Europeas (ERRIN). Asimismo, cada misión europea deberá colaborar eficazmente con sus redes temáticas, por ejemplo el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), Eurocities y la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM). El CDR colabora ampliamente con todas las redes de las partes interesadas para garantizar que las misiones europeas obtengan el impacto deseado como nuevos instrumentos políticos ascendentes;

55.

destaca la importancia de mejorar las capacidades de las regiones y ciudades a la hora de solicitar la financiación de las misiones europeas y de utilizar las experiencias de las iniciativas financiadas por la UE a gran escala, como la Red europea de laboratorios vivientes, la Iniciativa Vanguard, el proyecto «Digitalising Cities», la red Open & Agile Smart Cities, la Iniciativa Ciudad Ciencia y la plataforma Living-in.EU (la vía europea para la transformación digital en las ciudades y comunidades). Esto mejorará la resiliencia, la capacidad de respuesta y la participación activa de las ciudades y regiones en las reformas europeas y favorecerá la inclusión de la ciudadanía en toda la UE. Lo que, a su vez, actuará como multiplicador del impacto de las iniciativas de la UE y garantizará una distribución más amplia y justa de los recursos, de modo que en todas partes las condiciones sean más adecuadas para obtener financiación procedente de fuentes tanto de la UE como del exterior y para estar a la vanguardia del desarrollo;

Recomendaciones específicas por misión

56.

destaca la importancia de la cooperación entre misiones en todos los niveles de gobernanza. Hace hincapié en que, colectivamente, las misiones europeas tienen la clara prioridad común de concebir un futuro inteligente y sostenible. Esto puede plasmarse mediante la creación conjunta y las soluciones basadas en la I+D+i: — Adaptación al cambio climático: gestión de inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes, soluciones basadas en la naturaleza, protección de infraestructuras críticas frente al cambio climático, sistemas de vigilancia y alerta de efectos sobre la salud de la población; — Cáncer: salud en general, aumento de las medidas de prevención mediante hábitos de vida saludables; — Océanos y agua: proteger y restaurar los ecosistemas acuáticos, reducir la contaminación y lograr que la economía azul sea climáticamente neutra; — Ciudades climáticamente neutras: avances en soluciones medioambientales, infraestructurales e industriales de carácter transversal que contribuyan a la neutralidad en carbono de las ciudades; — Suelos: prevención de la contaminación por el uso del suelo y protección bajo cualquier circunstancia de unas aguas subterráneas limpias y saludables;

57.

propone las siguientes actividades específicas para las distintas misiones europeas con el fin de aumentar el impacto de estas:

a)   Adaptación al cambio climático

Hace hincapié en que la misión de adaptación al cambio climático debe desempeñar un papel general esencial, especialmente en lo que se refiere a la prospectiva y a la hora de motivar a todos los agentes europeos a contribuir activamente a las misiones europeas. Esta misión debe centrarse en la sensibilización social y en lograr un compromiso general para crear soluciones sistemáticas a gran escala. En particular, debe abordar los retos que plantea la transformación ecológica de la industria, la vivienda y la movilidad. Las pérdidas debidas al cambio climático ya suponen en promedio 12 000 millones de euros cada año, y la UE debe efectuar análisis macrofiscales en materia climática que convenzan para acelerar las medidas de adaptación paralelamente a la mitigación. El enfoque de la protección de la población frente al cambio climático debe incorporar también los aspectos sociales y los retos de la cohesión.

b)   Cáncer

Destaca la importancia de una investigación puntera a nivel mundial y anima a los investigadores e innovadores a aumentar la colaboración europea e intersectorial entre las partes interesadas para que esta misión tenga éxito. Subraya asimismo la importancia de ampliar la vacunación contra el VPH, el uso de biobancos y el acceso a las terapias más innovadoras, así como de difundir las mejores prácticas entre países y regiones. Entre los principales retos figuran las disparidades en el acceso al tratamiento del cáncer tanto entre los Estados miembros de la UE —y sus regiones— como en su interior, así como la calidad de vida de los pacientes. Por ello es vital mejorar el acceso a la detección precoz, a nuevas herramientas de diagnóstico y a tratamientos innovadores contra el cáncer en los países y regiones europeos, algo que requiere inversiones en infraestructuras, equipos, transformación digital de la asistencia sanitaria, personal sanitario y nuevos modelos de asistencia. Otro reto estriba en el acceso a tratamientos y productos médicos asequibles, así como en la calidad del acompañamiento individualizado de los pacientes y la innovación social en apoyo de los cuidadores.

c)   Restaurar nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030

Destaca que la recuperación de unos océanos y aguas sanos y la protección del agua potable son cuestiones cruciales para el futuro del mundo a corto y largo plazo. Los problemas de contaminación solo pueden resolverse haciendo hincapié en la dimensión internacional, contemplando en su conjunto cuencas marítimas como las del Mediterráneo, el Atlántico, el mar Báltico, el mar Negro y la cuenca del río Danubio, y aumentando la colaboración entre regiones. Es necesario prestar especial atención al Ártico. Pide que el mar y las aguas se conviertan en una nueva ambición común en el centro de la reactivación del proyecto europeo; subraya que la priorización específica de la investigación y las tecnologías de depuración del agua y de un suministro más eficiente es vital para la misión, como también lo es la economía azul de los océanos, con énfasis en el espíritu empresarial, el turismo sostenible, la descarbonización del transporte marítimo y las energías renovables marinas. Esto creará nuevas y amplias oportunidades de colaboración empresarial transfronteriza e innovadora. El CDR hace hincapié en la necesidad de movilizar a las ciudades y regiones para establecer redes europeas en torno a las cadenas de valor y crear innovaciones en las industrias marítimas.

d)   Ciudades inteligentes y climáticamente neutras

Señala que Europa necesita ciudades activas y precursoras para crear conjuntamente soluciones nuevas de forma urgente y compartir con el resto los resultados de sus experimentaciones: es necesario implicar y apoyar a todas las ciudades y regiones de Europa. Las ciudades precursoras deberían utilizarse como centros de innovación donde se creen de manera conjunta soluciones reproducibles y directamente aplicables que posteriormente se amplíen a todas las demás ciudades europeas en su transición hacia la neutralidad climática de aquí a 2050. Las ciudades que hayan presentado una solicitud pero que no hayan sido seleccionadas deberían ser reunidas por la Comisión Europea en un grupo ampliado, de modo que puedan utilizar de diversas maneras los avances y los resultados de las ciudades precursoras, incluida la aplicación directa de soluciones reproducibles. Los programas y proyectos de éxito que ya existen, así como las iniciativas ecológicas conexas, se enumeran en la adenda de este plan de ejecución de las misiones europeas. Las lecciones aprendidas deben servir de base a la hora de elaborar hojas de ruta multinivel para alcanzar la neutralidad climática de las ciudades. Debe recurrirse a comunidades de transformación multipartitas con instrumentos conjuntos, que eviten que cada comunidad actúe en solitario. Destaca la preparación, por parte de las ciudades participantes, de los Contratos de Ciudad Climática como un proceso basado en la demanda que debería permitir soluciones locales, pero que necesita un fuerte apoyo de los niveles nacional y regional.

e)   Un pacto sobre el suelo para Europa

Hace hincapié en la necesidad de un enfoque sistémico y una gestión instrumental de las transformaciones, en particular mediante la I+D+i y el aprendizaje, para alcanzar los objetivos de la misión relativa a los suelos —que abarca todos los tipos de uso de la tierra— y explorar nuevas vías para una transformación más ambiciosa de la política agrícola común (PAC) de la UE. Para que la misión tenga éxito es fundamental aumentar la captura de carbono en la agricultura y la absorción de carbono en los bosques, rediseñar los sistemas de producción agrícola y crear agrupaciones transnacionales de laboratorios vivientes. Apoyar la biodiversidad y la preferencia ciudadana por los bioproductos forestales y los alimentos sostenibles y de origen local son medidas necesarias en entornos tanto rurales como urbanos. Otra cuestión vital es cómo hacer que las actividades forestales sean atractivas y económicamente sostenibles sin perder rentabilidad a la hora de apoyar los objetivos de la misión relativa a los suelos;

El papel del CDR en el apoyo a una transformación europea y mundial

58.

destaca que las personas viven y trabajan en las ciudades y regiones, y que todas las actividades de la misión europea deberían centrarse en la gente: desde las partes interesadas de las empresas, el mundo académico y los gobiernos a los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades y procedencias. El CDR, el JRC y otros agentes pertinentes conocen las diversas tecnologías eficaces y demostradas para la participación de la ciudadanía, desde el descubrimiento empresarial hasta los campos de innovación social, que deben emplearse para garantizar la participación de los ciudadanos y ciudadanas;

59.

se muestra dispuesto a dirigirse a las comunidades locales para aumentar el grado de conocimiento de las misiones europeas y ayudarlas a colaborar con la ciudadanía y las empresas de Europa;

60.

subraya que las misiones europeas solo tendrán éxito si se pone de relieve la necesidad de cerrar la brecha del conocimiento y la innovación en Europa y la brecha de la innovación entre Europa y Estados Unidos. Es preciso centrarse en medidas concretas e inclusivas ambiciosas aplicables en la vida real utilizando los resultados de la I+D+i;

61.

hace hincapié en que, para que las misiones europeas tengan éxito, se necesitan nuevos avances en I+D+i. Esto implica nuevas y amplias soluciones para garantizar la complementariedad y fomentar las sinergias con los programas marco de investigación e innovación de la Unión y con otros programas y fondos, tanto de la Unión como del resto del mundo. Un nuevo paso es aplicar, con carácter de proyecto piloto, el sistema de centros del EEI, que debe promover el uso de todas las iniciativas pertinentes de la UE en materia de I+D+i como parte esencial de la elaboración de políticas regionales;

62.

señala que la ejecución de las misiones europeas fomentará el liderazgo local y regional dentro de la UE, pero también en todo el mundo. El CDR, al promover el papel de las ciudades y regiones en el marco del Pacto de las Alcaldías y de otras redes globales, deberá crear una sinergia entre las misiones de la UE y las actividades de los ODS de las Naciones Unidas y las campañas «Race to Zero» (Objetivo cero) y «Race to Resilience» (Objetivo resiliencia). Reforzar el liderazgo global de las ciudades y regiones de la UE también puede servir para impulsar los esfuerzos del CDR en pro del reconocimiento formal de los gobiernos regionales y locales en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en la preparación para la COP27;

Recapitulación de los factores de éxito críticos

63.

recuerda que Europa necesita reforzar su competencia global basada en el conocimiento, en las asociaciones a escala europea, en las capacidades y en los talentos para trabajar por el futuro: un enfoque inclusivo que tenga en cuenta a todo el mundo. Europa tiene la oportunidad de asumir el papel de líder mundial en la aplicación de políticas de colaboración para alcanzar los ODS y abordar el cambio climático;

64.

subraya que la acción en la vida real es la clave para las misiones de la UE. La investigación es esencial para crear nuevas soluciones y determinar los mejores modos de proceder: las aplicaciones adecuadas son esenciales para la consecución de resultados. Las misiones europeas tendrán éxito si cuentan con ecosistemas locales propicios. No se trata solo de tecnología e investigación; se trata, sobre todo, de un enfoque centrado en las personas que permita desarrollar las competencias, abordar los riesgos locales y acceder a los mejores recursos a escala europea. Los aspectos humanos de la innovación son esenciales para la creación conjunta de soluciones sostenibles;

65.

afirma que las misiones europeas son esenciales para apoyar la transformación de Europa en un continente más ecológico, saludable, inclusivo y resiliente. Para alcanzar los ambiciosos objetivos, cada una de las misiones europeas debe funcionar como una amplia «cartera» de acciones. Estas «carteras» europeas deben basarse a su vez en conjuntos de acciones regionales y locales coordinados de manera integral entre sí, en particular proyectos de investigación integrados, medidas políticas y legislativas, y actividades de ejecución local;

66.

destaca la necesidad de financiación conjunta y apoyo al trabajo diario de las ciudades y regiones en la creación de valor y el aprendizaje comparativo al objeto de ampliar los mejores procesos y acciones para el bienestar cotidiano de la ciudadanía. El papel de las comunidades demostradoras es actuar como pioneras, desarrolladoras y probadoras en primera línea del cambio sistémico para el resto;

67.

se muestra dispuesto a colaborar con las misiones europeas para hacer atractivos los procesos de evaluación y aprendizaje comparativos entre las ciudades y regiones de demostración y las demás. Los instrumentos de financiación deben ser flexibles e innovadores y fomentar los intereses reales de las ciudades y regiones;

68.

destaca que las preguntas clave son la forma en la que las ciudades y regiones aprenden a articular las actividades necesarias y cómo estas actividades atraen capital industrial privado y otras inversiones. La red de los centros del EEI garantiza idealmente que los ecosistemas de I+D+i locales y regionales se integren en el ecosistema europeo de I+D+i;

69.

reclama una mayor previsibilidad social y tecnológica y una mayor colaboración como factores críticos de éxito para acelerar las inversiones industriales y de otro tipo, a fin de alcanzar la neutralidad en carbono y otros objetivos de las misiones de la UE. La política orientada a las misiones es adecuada para reforzar la dimensión ascendente en el sistema de gobernanza multinivel único de la UE: las lecciones aprendidas pueden compartirse y serán compartidas activamente con los Estados miembros. Para desarrollar la legislación futura se requerirá tomar en consideración e integrar de manera más sustancial los objetivos de las misiones europeas, por ejemplo mediante la fijación del precio del carbono y el paquete de medidas «Objetivo 55»;

70.

subraya que las últimas directrices y planes de política industrial y de innovación a escala de la UE, así como los nuevos conocimientos e innovaciones científicos y tecnológicos necesarios, deben integrarse en las misiones europeas y desarrollarse y transferirse a soluciones y prácticas de la vida real mediante una gestión eficaz del conocimiento ascendente, entre otras acciones;

71.

reconoce la necesidad de plataformas digitales para las misiones europeas con el fin de acelerar la transferencia y gestión de los conocimientos, facilitar la colaboración virtual y la búsqueda de socios apropiados, simplificar los procesos de financiación, etc. Estas plataformas deben crearse conjuntamente con los representantes de las ciudades y las regiones;

72.

señala, a modo de recapitulación, que para garantizar el éxito de las misiones europeas resulta esencial utilizar nuevos procesos de trabajo adecuados y eficaces. Estos procesos deben reflejar las enseñanzas extraídas de la «Innovación abierta 2.0» y de diversas iniciativas de la cuádruple hélice, así como de muchas otras, para crear conjuntamente una gobernanza participativa de nueva generación. Es necesario contar con la participación de todos los sectores de la ciudadanía, desde la juventud hasta las personas de más edad. Las actividades relativas a las misiones deberían considerar varios aspectos de distintas generaciones y crear maneras innovadoras y responsables de generar el entusiasmo necesario para inventar un futuro sostenible para Europa.

---

(1)  Pleno del CDR de 27 de enero de 2022, Resolución relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa (DO C 270 de 13.7.2022, p. 1).

(2)  Pleno del CDR de 1 y 2 de diciembre de 2021, Resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2022 (DO C 97 de 28.2.2022, p. 1).

(3)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre las misiones europeas — COM(2021) 609 final.

(4)  Agenda Política del Espacio Europeo de Investigación (EEI): Resumen de acciones correspondientes al período 2022-2024, Comisión Europea 2021.

(5)  Dictamen del CDR «Horizonte Europa: Noveno Programa Marco de Investigación e Innovación» (COR-2018-03891) (DO C 461 de 21.12.2018, p. 79).

(6)  Informe sobre prospectiva estratégica de la UE de 2021 [COM(2021) 750 final].

(7)  Un nuevo EEI para la investigación y la innovación [COM(2020) 628 final].

(8)  Un nuevo EEI para la investigación y la innovación [COM(2020) 628 final].

(9)  Pleno del CDR de 1 de julio de 2021, Dictamen «Forjar una Europa resiliente al cambio climático — La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (DO C 440 de 29.10.2021, p. 42).

(10)  AIE, «Energy Technology Perspectives 2020».

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias

(2022/C 301/06)

Ponente: Christophe CLERGEAU (PSE/FR), miembro de la Asamblea Regional de Países del Loira

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

Observaciones generales

1.

El Comité Europeo de las Regiones recuerda que, en marzo de 2020, su presidente pidió a la Comisión Europea y a los Estados miembros que crearan un mecanismo sanitario europeo (1) y que planteó esta idea en su posterior Dictamen, elaborado también en 2020, sobre el tema «Mecanismo de Emergencia Sanitaria de la UE» (2); constata que este Dictamen sirvió de fuente de inspiración para la Comunicación COM(2021) 576 de la Comisión.

El debate sobre la creación de la HERA se produce en un contexto marcado por la continuación de la epidemia de COVID-19, que nos incita más que nunca a hacer de la salud una prioridad para la Unión Europea. Sin embargo, el objetivo que se busca con la creación de la HERA es más amplio y abarca todo tipo de riesgo para la salud humana, de gran alcance o transfronterizo, tanto en las fases de preparación como de gestión de crisis, a lo que hay que añadir los retos de la prevención y la resiliencia de las sociedades y territorios, todo ello en el contexto más amplio de la guerra de Ucrania, que está teniendo enormes repercusiones en los servicios sanitarios, las infraestructuras y la cooperación transfronteriza, ya sometidos a una tensión y un desgaste muy intensos durante lo peor de la pandemia de COVID-19.

2.

El Comité Europeo de las Regiones apoya la creación de la HERA como autoridad encargada de la preparación ante crisis sanitarias y de la gestión de dichas crisis, aunque sin olvidar que son los Estados miembros los principales responsables de la prevención, salud pública y asistencia sanitaria, la preparación ante las crisis y la gestión de estas, y que las regiones desempeñan un papel importante en este ámbito dado que dos tercios de los Estados miembros de la Unión tienen sistemas sanitarios descentralizados con arreglo a diversos modelos. Insiste en que se necesita una visión de conjunto sobre la protección de la población, mientras que la acción de la Comisión sigue dispersa entre múltiples centros de decisión, y en que la Unión debe prestar apoyo a los Estados y a las regiones.

3.

Las crisis sanitarias, cualquiera que sea su origen, constituyen un peligro para la población, a la que afectan de manera muy desigual, pero también suponen un peligro para la propia construcción europea si la Unión no sabe responder a ellas de manera rápida, eficaz, coherente y solidaria. La crisis de la COVID-19 ha puesto a prueba la solidaridad entre los europeos, la integridad del mercado interior y la cooperación en el espacio Schengen. El Comité Europeo de las Regiones considera que la crisis también ha demostrado que los objetivos de seguridad sanitaria de la Unión y de protección de la población «no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local», por lo que una mayor intervención de la Unión en este ámbito se ajusta al principio de subsidiariedad (3).

4.

Si bien la gestión de los sistemas sanitarios y asistenciales es competencia nacional, la Comisión Europea tiene un papel importante que desempeñar en la protección de la salud de la población y en la preservación del mercado único en virtud de los Tratados, que incluyen la protección de la salud de la población como una exigencia esencial y le atribuyen una función de protección del acervo de la Unión. Esta intervención debe llevarse a cabo en estrecha relación con los Estados miembros y legitima una participación activa del Parlamento Europeo. El Comité Europeo de las Regiones desea hacer oír su voz en este debate: en primer lugar, porque en un contexto de crisis la acción local y de proximidad resulta esencial para garantizar la protección de la población; en segundo lugar, porque muchas regiones ejercen competencias importantes en el ámbito de la salud; y, por último, porque el apoyo de las regiones a la innovación y a la industria supone un elemento clave para poder disponer de las contramedidas que permiten afrontar las crisis.

Ámbito de actuación, gobernanza y aumento de la capacidad de la HERA

5.

El Comité Europeo de las Regiones defiende que, como propone la Comisión, la HERA tenga un ámbito de actuación muy amplio, respetando las competencias de otros organismos existentes (4). Se trata, en efecto, de afrontar amenazas para la salud humana que pueden ser de carácter natural, accidental o deliberado, e incluso derivarse de actos de terrorismo, y tener un origen pandémico, biológico, medioambiental, nuclear, o desconocido.

6.

El Comité subraya que no solo es muy amplio el ámbito de actuación de la HERA sino también el alcance de sus actividades, ya que debe detectar y analizar los riesgos con anterioridad a las crisis, impulsar acciones de previsión, reforzar la capacidad de las sociedades y los territorios para hacer frente a las crisis, definir escenarios de gestión que incluyan respuestas adecuadas, reforzar un ecosistema industrial y de investigación e innovación (I+i) que permita desarrollar y producir contramedidas adaptadas y, por último, garantizar la disponibilidad de estas contramedidas en todas las ciudades y regiones de la Unión y para todos los grupos de población.

7.

Ante estos enormes retos, el Comité Europeo de las Regiones manifiesta su preocupación por la capacidad de la HERA para llevar a cabo con éxito sus misiones.

8.

Aunque incorporar la HERA como servicio interno de la Comisión debe entenderse como una opción pragmática que permita avanzar rápidamente y coordinar del mejor modo posible las diferentes actividades de la Comisión, esta decisión debería ser solamente provisional y revisarse en su momento. El hecho de ser un servicio interno de la Comisión no debe constituir un freno para contratar al personal especializado de alto nivel necesario para prepararse ante las crisis sanitarias y gestionarlas. Es importante garantizar una autonomía de decisión (en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad) que resulta indispensable para analizar los riesgos con total independencia y adoptar sin demora las medidas necesarias para proteger las vidas humanas.

9.

El plan de acción para 2022, publicado el 10 de febrero, prevé un presupuesto anual de 1 300 millones EUR, lo que constituye una señal positiva pero no es coherente con las previsiones presupuestarias de 6 000 millones EUR para seis años. El examen de este presupuesto anual muestra el importante peso de las compras de contramedidas y la constitución y gestión de reservas europeas (675,5 millones EUR) —sin que se mencione el impacto en la financiación de las demás acciones de protección civil europea—, del apoyo a nuevas capacidades de producción (160 millones EUR) y de los programas de investigación en el marco de Horizonte Europa (350 millones EUR), la mayoría de los cuales no son nuevos. Esto solo deja 100 millones EUR para las acciones de anticipación de los riesgos y adaptación de los sistemas sanitarios;

10.

La gobernanza de la HERA es un tercer punto débil. Dicha gobernanza está estrictamente limitada a la Comisión y a los Estados miembros, lo que reduce al Parlamento Europeo a un papel de observador y excluye de los órganos permanentes de la HERA a todas las partes interesadas, las ciudades, las regiones y los agentes de la sociedad civil. Este sistema de gobernanza no es adecuado ni eficaz, ya que la preparación frente a las crisis y su gestión implican a una gran variedad de agentes y competencias. Las ciudades y regiones, los distintos profesionales de la salud, las asociaciones de pacientes, los otros agentes esenciales de la ciencia y la investigación y las ONG de los ámbitos de la salud y la solidaridad son agentes clave para afrontar con éxito las crisis, por lo que deben tenerse plenamente en cuenta. Como mínimo, las distintas partes interesadas deberían ser miembros permanentes del Foro Consultivo, que debería poder formular recomendaciones a los órganos de dirección de la HERA y participar en los distintos aspectos de su actividad.

11.

El Comité Europeo de las Regiones reconoce la primacía de las competencias nacionales y la importancia crucial del trabajo en común de la Comisión y de los Estados miembros, pero pide a la Comisión y al Consejo que vuelvan a la senda de un método abierto e integrador de coordinación con las partes interesadas y que otorguen todo su papel a los representantes de los gobiernos locales y regionales y al Parlamento Europeo con independencia de las consideraciones jurídicas.

12.

La acción operativa de la HERA parece centrarse en el suministro de contramedidas médicas. Sin embargo, existen otros muchos aspectos de la gestión de crisis, en particular en los ámbitos de la prevención y de la protección civil. El Comité Europeo de las Regiones considera que el término «contramedidas» debe abarcar todos los medicamentos y productos farmacéuticos, incluidos los principios activos, así como los antibióticos, vacunas, pruebas y productos para diagnóstico, productos y suministros sanitarios, equipos de protección individual, equipos hospitalarios y de los territorios, así como sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas y nuevos contaminantes. En efecto, todos estos recursos son necesarios para hacer frente a las crisis y proteger a la población y su salud.

13.

Pide que se preste la misma atención al desarrollo de la resiliencia de las sociedades y a una cultura común para la gestión de crisis y catástrofes. En este contexto debe concederse un mayor apoyo al Mecanismo de Protección Civil de la Unión, cuyo presupuesto no debe verse debilitado por la creación de la HERA. La presencia del término «emergencias» en la denominación de la HERA no debe crear confusión ni hacer que la HERA duplique los dispositivos de gestión de crisis ya desarrollados en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, cuya piedra angular es el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) de la Comisión. Hacen falta una coordinación muy sólida y un reparto claro de funciones entre estos dos instrumentos de la Comisión, que en el futuro podrían converger. Asimismo, es necesario delimitar las medidas del acto legislativo revisado sobre las amenazas transfronterizas para la salud que se están negociando actualmente entre el Consejo y el Parlamento y las tareas de la EMA y, en particular, del CEPCE;

14.

La elaboración del plan estratégico plurianual de la HERA es absolutamente prioritaria y en ella deben participar el Parlamento Europeo, las ciudades, las regiones y las partes interesadas. Dicho plan deberá establecer el nivel necesario de recursos para que la HERA desempeñe eficazmente sus numerosas tareas, describir las etapas necesarias para el aumento de su capacidad y prever indicadores de seguimiento. El plan estratégico también deberá precisar los mecanismos de cooperación entre la HERA y el resto de instrumentos de intervención de la UE, entre los que se cuentan la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, e indicar el modo de reforzar también dichos instrumentos para que puedan desempeñar plenamente su papel en coordinación con la HERA.

Preparar a Europa para las crisis y catástrofes y proteger eficazmente a todos los grupos de población en todas las ciudades y regiones de la UE

15.

La experiencia de la COVID-19 demuestra que no hay una acción eficaz sin una respuesta común y coherente a escala europea, la cual debe adaptarse a las diferentes necesidades y situaciones nacionales, regionales y locales. La HERA también debe impulsar una ambición europea mayor y más convergente en cuanto a la protección de la población frente a las crisis. En contraste con esta deseable convergencia, la COVID-19 pone actualmente de relieve las desigualdades entre territorios y las desigualdades sociales en el acceso a la asistencia sanitaria y a la vacunación, desigualdades que debilitan la respuesta a las crisis sanitarias y ponen en peligro al conjunto de Europa.

16.

El Comité Europeo de las Regiones desea que la HERA lleve a cabo un trabajo de análisis de las vulnerabilidades de los territorios y los grupos de población ante las crisis sanitarias. Esta labor de análisis de las vulnerabilidades debe tener en cuenta la disponibilidad de reservas en toda Europa y la capacidad operativa para llegar a todos los grupos de población, y de forma prioritaria a aquellos cuya salud es más frágil y a los que viven en condiciones de exclusión y precariedad. También debe incluir la capacidad de los sistemas sanitarios, los hospitales y otros centros sanitarios de aumentar su capacidad en caso de crisis a fin de mantener en la medida de lo posible la asistencia programada y acoger al mismo tiempo a los pacientes adicionales derivados de la crisis.

17.

Por lo tanto, el Comité considera indispensable que la HERA desarrolle, en asociación con otros órganos competentes de la Unión, un cuadro de indicadores de vulnerabilidad sanitaria y elabore, junto con los Estados miembros y regiones, programas de respuesta a los distintos tipos de emergencias y «pruebas de resistencia» de los sistemas sanitarios. Tomando como base los resultados de estas pruebas, la Comisión y el Consejo deberían elaborar recomendaciones para los Estados miembros y regiones —sujetas a seguimiento— con el fin de que estos refuercen sus sistemas sanitarios, así como la capacidad de respuesta de los territorios y las capacidades sanitarias de estos, e igualen la protección de los distintos grupos de población cuando sea necesario.

18.

Del mismo modo, la HERA debería contribuir a desarrollar programas de investigación en el marco de Horizonte Europa relativos a la intervención en los grupos de población más frágiles (personas en situación de pobreza y exclusión, minorías, personas refugiadas, mujeres víctimas de violencia, personas mayores y personas con discapacidad, personas con factores de comorbilidad, etc.), que a menudo son las primeras víctimas, como demuestra la experiencia de la COVID-19. Estos programas de investigación también deberán abordar específicamente las desigualdades en el acceso a la salud que afectan a las personas mayores, la salud mental de los niños y los jóvenes, la complementariedad entre el hospital y la atención sanitaria de proximidad, y las innovaciones —en particular digitales— en la organización de los sistemas sanitarios. Deberán incorporar siempre un enfoque de género que garantice que se tengan debidamente en cuenta las necesidades de las mujeres.

19.

Preparar a la población ante futuras catástrofes y epidemias es un reto clave que la HERA debe ayudar a abordar. También se necesita reforzar y coordinar a escala europea los programas de prevención en materia de salud pública, promoción de la salud y lucha contra la brecha digital y la desinformación. Estas iniciativas de prevención de la salud deben ser transversales a todas las políticas públicas. La labor de la HERA ha de formar parte de una política europea de prevención más ambiciosa, establecida en el marco del programa UEproSalud, que debería reforzarse, prestando también mayor atención a los retos de la salud mental, la discapacidad y la lucha contra las enfermedades crónicas.

20.

También es necesario sacar conclusiones concretas de la crisis de la COVID-19 y de la guerra de Ucrania mediante actividades de investigación. Además, deben tomarse medidas que tengan como objetivo una respuesta rápida de los sistemas sanitarios y un rápido despliegue de las contramedidas sobre el terreno (hospitales modulares, dispositivos médicos móviles y simplificados, unidades médicas móviles, «pequeños» centros de vacunación, movilización suficiente de personal médico cualificado, etc.).

21.

Deberá prestarse especial atención a los retos específicos de las zonas rurales aisladas, las zonas montañosas y las regiones ultraperiféricas. Es preciso señalar que este conjunto de acciones está en gran medida ausente del programa de trabajo de la HERA para 2022, algo que el Comité Europeo de las Regiones lamenta y pide revisar a partir de 2023;

22.

En opinión del Comité Europeo de las Regiones, este conjunto de acciones no amenaza las competencias de los Estados miembros sino que, por el contrario, representa una oportunidad para que cada Estado, en coordinación con las regiones, proteja más eficazmente a su población.

23.

Un análisis pormenorizado de la Comisión Europea con relación a los gastos en salud ejecutados con los fondos de cohesión y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en los años de la pandemia podría ser de utilidad de cara a la gestión de futuras crisis. Así mismo podrían destacarse las buenas prácticas nacionales, regionales y locales de cara al diseño de futuras acciones de prevención y gestión de crisis sanitarias.

24.

El Comité Europeo de las Regiones pide que los gastos destinados al refuerzo del sistema sanitario y a la preparación ante las crisis, cuya cuantía se incrementará necesariamente, sean abordados de modo específico en el marco del Semestre Europeo y puedan ser financiados de manera permanente mediante los fondos de la política de cohesión, de acuerdo con la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus. Al Comité le preocupa que, por el momento, el gasto sanitario solo haya representado una parte muy minoritaria del plan de recuperación y pide un mayor apoyo a la resiliencia y al equipamiento de las ciudades y regiones en el ámbito de la salud y la protección civil.

25.

Recuerda que las ciudades y regiones, especialmente aquellas que tienen competencias específicas en materia de salud y gestionan el sistema hospitalario y de salud, están llamadas a desempeñar un papel activo junto a la Unión y los Estados miembros en el desarrollo de estos nuevos enfoques para la protección de la población. Este papel debe reconocerse a escala nacional y europea, de conformidad con el principio de subsidiariedad activa.

Enseñanzas que deben extraerse de la guerra de Ucrania

26.

El Comité Europeo de las Regiones se congratula de la participación de la HERA en la campaña de vacunación de los refugiados ucranianos en la Unión y de su apoyo al Mecanismo de Protección Civil de la Unión que garantiza vacunas infantiles y otros suministros médicos esenciales con el apoyo de la industria farmacéutica y de los ministerios de sanidad;

27.

El Comité Europeo de las Regiones considera que la guerra en Ucrania supone un poderoso recordatorio de que Europa debe estar preparada para todo tipo de crisis: al igual que la COVID-19 golpeó nuestros territorios sin previo aviso, el conflicto armado en la vecindad directa de la Unión tampoco se esperaba. Su impacto en los sistemas sanitarios, especialmente en Europa Central y Oriental, no deja de aumentar, y debe ser objeto de un estrecho seguimiento para evitar que se alcance un punto crítico. Las capacidades de análisis y previsión de la HERA deben desarrollarse rápidamente para garantizar que la próxima catástrofe en ciernes no tome por sorpresa a la Unión Europea;

28.

Reafirma, por consiguiente, que debe darse prioridad a la capacidad, en todos los Estados miembros y en todas las regiones de la UE, de reforzar las capacidades de los sistemas sanitarios para adaptarse rápidamente a acontecimientos imprevistos. En este sentido, el «cuadro de indicadores de vulnerabilidad en materia de seguridad sanitaria» y los programas de «pruebas de resistencia» de los sistemas sanitarios parecen acciones más prioritarias que nunca;

29.

El Comité Europeo de las Regiones llama la atención sobre el riesgo de exposición a las radiaciones asociado a los posibles daños en infraestructuras nucleares civiles, así como el riesgo de interrupción del tratamiento de las enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer y la infección por VIH (Ucrania presenta una de las mayores tasas de prevalencia de VIH de toda Europa); estos riesgos también afectarán probablemente a los sistemas sanitarios de los países de acogida;

30.

La guerra en Ucrania, que ha supuesto la llegada a la UE de millones de personas no vacunadas, conlleva la necesidad de reforzar la cooperación internacional para el acceso a contramedidas, en particular a las vacunas, dando prioridad a nuestra vecindad. Por consiguiente, al Comité Europeo de las Regiones le preocupa la debilidad de estas acciones en el marco del programa de trabajo de la HERA para 2022;

Una política industrial y de contratación pública al servicio de la salud

31.

El Comité Europeo de las Regiones acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas desde el inicio de la crisis para acelerar la disponibilidad de contramedidas, así como el proyecto de Reglamento del Consejo relativo a las medidas de gestión de crisis. Sin embargo, considera que las propuestas actuales aún no constituyen un dispositivo suficiente para prepararse eficazmente ante las crisis sanitarias.

32.

Insiste en que hace falta una política industrial y de innovación previa a las crisis y en que resulta absolutamente necesario idear un nuevo marco de regulación y actuación que haga posible la soberanía sanitaria de la UE e impulse su capacidad de fabricar a escala industrial los productos surgidos de la I+i.

33.

Considera que la Unión Europea debe dotarse de los medios necesarios para producir en su territorio las contramedidas «esenciales», en gran medida comunes a la gestión de distintos tipos de crisis. Producir en Europa estos medicamentos —incluidos los principios activos—, productos sanitarios, pruebas, productos para diagnóstico y equipos «básicos» solo puede ser el resultado de una política de contratación pública proactiva que asuma unos costes de suministro posiblemente más elevados. En la actualidad, nada permite comprender cómo las normas y principios de acción europeos permitirán alcanzar este objetivo, que sin embargo resulta esencial.

34.

Expresa su profunda preocupación por las dificultades a las que se enfrentan numerosas empresas que realizaron inversiones a petición de las autoridades públicas al principio de la crisis para paliar la escasez de suministros y que ahora se están viendo relegadas por la adquisición de productos fuera de la UE. Considera que no se han extraído las correspondientes lecciones de la crisis y que esta cuestión debe abordarse urgentemente. Pide, en particular, que las reservas estratégicas nacionales y europeas se constituyan y renueven siempre que sea posible con productos fabricados en Europa.

35.

Por consiguiente, el Comité Europeo de las Regiones pide a la Comisión Europea que estudie y proponga una adaptación del marco legislativo que permita excepciones a las normas en materia de ayudas estatales y de contratación pública, en particular en lo que se refiere a las contramedidas «esenciales». Lo que se está haciendo en este momento en el ámbito de los semiconductores (Ley Europea de Chips) debería poder plantearse en el terreno sanitario.

36.

Este nuevo marco jurídico debería flexibilizar las normas de contratación pública —en particular cuando esta tiene carácter innovador—, reforzar el control de las inversiones extranjeras y permitir ayudas directas suficientes para contribuir eficazmente a acelerar el desarrollo de innovaciones médicas como las vacunas y a comercializarlas. En efecto, jurídicamente la Unión Europea no puede, en la actualidad, actuar de la misma manera que el Reino Unido o los Estados Unidos, lo que pone en peligro su acceso a las vacunas.

37.

El Comité Europeo de las Regiones manifiesta su preocupación por el tiempo perdido, lamenta que la publicación del programa de trabajo de la HERA para 2022 no haya ido acompañada de la puesta en marcha de una iniciativa al respecto y pide a la Comisión que presente rápidamente una propuesta al Parlamento y al Consejo;

38.

El Comité Europeo de las Regiones toma nota de los recientes avances en la estructuración de la I+i en el ámbito de la preparación frente a las crisis sanitarias. La Presidencia francesa apoya firmemente un «proyecto importante de interés común europeo» (PIICE) con el fin de reforzar la política industrial y el posicionamiento estratégico de la Unión en el sector de la salud, fomentando la innovación en los distintos segmentos de las industrias sanitarias. Además, la Comisión inició consultas en abril de 2021 para crear una asociación público-pública europea sobre la preparación frente a pandemias, en el marco del programa de trabajo 2023-2024 de Horizonte Europa, con el fin de coordinar la investigación llevada a cabo por los Estados miembros. Sin embargo, no existe actualmente un marco que garantice la coherencia de todas las acciones de Horizonte Europa que puedan contribuir a las misiones de la HERA y el presupuesto previsto de 1 700 millones, si bien se movilizó un importe de 4 000 millones para los dos anteriores programas marco de investigación sobre pandemias y vacunas. Por consiguiente, el Comité Europeo de las Regiones aboga por: — la creación de un consejo científico de la HERA que sea pluralista y en el que participen las partes interesadas, con el fin de establecer las prioridades científicas y elaborar una hoja de ruta de I+i que Horizonte Europa debería abordar; — un mayor esfuerzo de movilización presupuestaria en el marco de Horizonte Europa para responder a las necesidades de I+i de la HERA; — la puesta en marcha de una reflexión sobre la creación de una futura «misión» dedicada a la gestión de crisis sanitarias y la preparación frente a las mismas que permita un enfoque transversal dentro de Horizonte Europa, una coordinación científica y operativa y la participación de todas las partes interesadas, con especial atención a la promoción de la colaboración público-privada.

39.

La investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos es una prioridad absoluta para la HERA. El uso excesivo de antimicrobianos, tanto en la ganadería como en la salud humana, es una bomba de relojería. A no ser que se encuentre una solución rápidamente, es probable que pronto se produzca una situación en la que no haya «ni cura ni tratamiento». Casi todos los nuevos antibióticos que se han comercializado en las últimas décadas son variaciones de familias de antibióticos que se habían descubierto en la década de 1980.Por el momento, la Comisión no ha obtenido ningún resultado concluyente en este ámbito, como demuestra el informe del Tribunal de Cuentas de 2019 (5). Así pues, es necesario reforzar los servicios sanitarios preventivos de manera que les permita llevar a cabo la coordinación de todos los agentes implicados en el control del uso de antimicrobianos a escala local, en los hospitales y entre la población, e invertir en la investigación sobre nuevos antibióticos y métodos preventivos alternativos.

40.

Un nuevo marco legislativo permitiría desarrollar una asociación estratégica entre la Unión y las industrias farmacéuticas para tener en cuenta en mayor medida los objetivos sanitarios de interés general. El apoyo directo de la Unión debe tener como contrapartida una industrialización en Europa, un acceso privilegiado a los productos y un derecho de control en relación con el precio de las contramedidas y la política de licencias.

41.

También cabe preguntarse sobre las acciones de I+i previstas y sobre el papel de la HERA en ese sentido. Es necesario mejorar rápidamente la puesta en marcha de este apartado en el programa Horizonte Europa para dotar rápidamente a la HERA de una hoja de ruta en materia de I+i que aclare el modo en que se utilizarán los 1 800 millones EUR presupuestados en dicho programa.

42.

El Comité Europeo de las Regiones subraya la necesidad de fortalecer sin demora el tejido de las pymes innovadoras en el ámbito no solo de las contramedidas médicas sino de todo tipo de productos sanitarios y equipos que permitan proteger a la población y hacer frente a las crisis. Se trata, en primer lugar, de apoyar la creación de empresas y la innovación —lo que es competencia, en particular, de las ciudades y regiones— y, después, de ayudarlas a crecer y a dotarse de capacidad para llevar a cabo ensayos clínicos y fabricar productos en Europa.

43.

Esto implica unas inversiones considerables y un refuerzo del capital de las empresas en cuestión. Parece, pues, necesario movilizar al Consejo Europeo de Innovación para estructurar mejor un ecosistema europeo de innovación en torno al desarrollo de contramedidas y a la gestión de las crisis sanitarias, y reforzar los instrumentos de actuación en materia de capital riesgo y de desarrollo para permitir a las empresas innovadoras crecer manteniendo su arraigo en Europa. Gracias a estas medidas, también se podrá compartir el riesgo industrial que supone el desarrollo y la adopción de contramedidas.

44.

La eficacia de las contramedidas médicas va de la mano de una gestión más flexible de los ensayos clínicos, velando al mismo tiempo por el respeto de las normas éticas y la protección de los datos personales. La HERA debe proponer un marco de cooperación más sólido con la EMA para la coordinación de ensayos clínicos de mediana y gran escala, lo cual brilló por su ausencia en el punto álgido de la crisis de la COVID-19. Las iniciativas «Vaccelerate» e «Incubadora HERA» constituyen un inicio prometedor para colmar estas lagunas, pero deben establecerse vínculos operativos más claros con las autoridades nacionales a fin de eliminar cualquier obstáculo normativo o protocolario con mayor rapidez. La revisión de la nueva estrategia farmacéutica europea debería permitir avances significativos y, en particular, una centralización de las autorizaciones de ensayos clínicos para los medicamentos que requieran una autorización de comercialización en la UE.

45.

Las infraestructuras de investigación también son fundamentales. Para hacer frente a los grandes problemas sanitarios transfronterizos, resulta esencial disponer de instalaciones de análisis adecuadas, ordenadores de alto rendimiento, repositorios de datos, estudios epidemiológicos y estudios de cohortes exhaustivos para analizar las amenazas emergentes y modelar escenarios de respuesta.

Una acción internacional basada en la prevención y la solidaridad

46.

El Comité Europeo de las Regiones considera que actuar allí donde surjan los nuevos riesgos sanitarios redunda en interés de Europa para limitar la exposición de la Unión a los riesgos. Por lo tanto, la HERA debe contar con los medios necesarios para trabajar en red con numerosos socios (en particular, a nivel internacional, con las Naciones Unidas y el Consejo de Europa) y para participar en intervenciones fuera de las fronteras de la UE tan pronto como se detecten los riesgos, movilizando para ello recursos importantes. Esta cooperación debe darse ya en la fase de preparación y, en particular, durante las acciones de prevención, reducción de las vulnerabilidades y preparación de las sociedades ante las crisis. Para ello, la HERA deberá establecer asociaciones con los agentes de la sociedad civil, las ONG locales e internacionales y las organizaciones multilaterales que participan en programas de prevención de riesgos.

47.

La liberalización de la propiedad intelectual e industrial en relación con las vacunas y otros productos médicos no es una solución suficiente si los países menos desarrollados no tienen la capacidad de producir por sí mismos. El Comité Europeo de las Regiones aboga por establecer topes a los precios de determinados medicamentos cuando sea necesario y obligar a la industria farmacéutica a conceder licencias de fabricación, tal como propone la OMC. Pide que las políticas de la Unión contribuyan al desarrollo de productos adaptados al contexto específico de los países menos adelantados. El Comité desea que la Unión emprenda una política activa de transferencia tecnológica y apoyo a la producción in situ y contribuya a desplegar una ayuda directa adecuada para garantizar la cobertura sanitaria de la población allí donde sea necesario.

48.

El Comité Europeo de las Regiones constata y hace suyas las grandes expectativas de la ciudadanía de que se asigne a la Unión un papel más importante en el ámbito de la salud. Observa que el enunciado actual, muy restrictivo, del artículo 168 del Tratado, constituye un obstáculo para ello, y considera que la cuestión del refuerzo de las competencias europeas en materia de protección de la salud debería abordarse tras la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Las competencias de la Unión en el ámbito del mercado interior ya deberían permitirle avanzar en su actuación en materia de salud, el programa UEproSalud debería reforzarse y los ministros de Sanidad de los Estados miembros de la UE deberían reunirse muy frecuentemente de manera ad hoc en el seno del Consejo, en lugar de hacerlo solo dos veces al año de forma meramente accesoria tras la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO).

---

(1)  https://cor.europa.eu/es/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx

(2)  DO C 440 de 18.12.2020, p. 15.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008M005:ES:HTML

(4)  En particular, el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE — Protección Civil), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

(5)  https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=8892C8C4-6776-4B27-BE36-C181456EED71

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La economía de la UE después de la COVID-19: Implicaciones para la gobernanza económica

(2022/C 301/07)

Ponente: Elio DI RUPO (BE/PSE), ministro-presidente de Valonia Documento de referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — La economía de la UE después de la COVID-19: Implicaciones para la gobernanza económica COM(2021) 662 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR):

1.

se congratula de la presentación por parte de la Comisión Europea de su Comunicación sobre «La economía de la UE después de la COVID-19: Implicaciones para la gobernanza económica» y de la predisposición que muestra a una reforma de las normas económicas y presupuestarias, en particular en lo que se refiere a la toma en consideración del impacto de la crisis de la COVID-19; asimismo, acoge favorablemente el anuncio de que se presentará una propuesta legislativa a mediados de 2022;

2.

considera que la reforma de la gobernanza económica europea debe tener en cuenta también las propuestas ciudadanas debatidas en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa;

3.

recuerda lo constatado, en particular en sus informes del «Barómetro» de 2020 y 2021 (1), en el sentido de que las repercusiones multidimensionales de la crisis de la COVID-19 son asimétricas y presentan dimensiones territoriales; además, refuerzan ciertas divergencias preexistentes entre las regiones de los Estados miembros y dentro de estos, dado que los entes locales y regionales siguen estando en primera línea no solo para luchar contra la pandemia y sus efectos, sino también para poner en marcha medidas de apoyo a los ciudadanos y a las empresas y preparar una recuperación progresiva y sostenible;

4.

observa que, en toda la Unión, la ciudadanía pide a las autoridades públicas, a los Estados miembros, a las regiones y a los entes locales y regionales que le ayuden a hacer frente no solo a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, sino también a la doble transición ecológica y digital que persigue la UE, y actualmente a las consecuencias de la guerra de Ucrania;

5.

destaca que, antes de la crisis de la COVID-19, en algunos Estados miembros existía ya un importante retraso de inversión, por ejemplo en el ámbito de la renovación de las infraestructuras y la renovación de edificios, y que la financiación destinada a hacer frente a la crisis ha postergado aún más la inversión pública; no obstante, cuanto más se retrasen estas inversiones, más costosas resultarán;

6.

señala que la UE se encuentra en un momento decisivo, por lo que debe encontrar las vías y los medios para garantizar la cohesión y la prosperidad de las ciudadanas y ciudadanos europeos;

Respuesta a la crisis

7.

celebra el éxito del programa SURE, financiado por bonos emitidos por la Comisión Europea, y pide a esta última que le dé el seguimiento apropiado presentando un libro blanco que, a partir de una evaluación del programa SURE, exponga las opciones políticas para crear un mecanismo europeo permanente de reaseguro de desempleo;

8.

celebra, asimismo, el éxito de los bonos verdes emitidos en el marco del programa NextGenerationEU —la mayor emisión de bonos verdes del mundo— que contribuirán a financiar las inversiones climáticas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR);

9.

reitera su apoyo a la activación —por primera vez en la historia de la zona del euro— de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC); esta activación ha desempeñado un papel importante en la respuesta de los Estados miembros, las regiones y los entes locales y regionales a esta crisis, al permitir que se utilizaran en su totalidad los presupuestos públicos con el fin de mitigar las consecuencias, mayormente sociales, de la pandemia de COVID-19;

10.

subraya que la guerra en Ucrania ha demostrado la importancia de la independencia energética para la Unión Europea y subraya que debe acelerarse la transición energética; teme, sin embargo, que la clasificación del gas y la energía nuclear como energías sostenibles en el Reglamento sobre la taxonomía cree incentivos que vayan en contra del rápido desarrollo de las energías renovables;

11.

observa que las deudas públicas han aumentado como consecuencia de estas medidas: el nivel de endeudamiento público aumentó trece puntos porcentuales en 2020, alcanzando el 92 % del PIB en el conjunto de la UE y el 100 % en la zona del euro (2);

12.

considera que, si se suprimiera la cláusula de salvaguardia del PEC en el estado actual del marco de gobernanza económica y teniendo como telón de fondo una crisis energética, inestabilidad geopolítica y la recuperación tras la pandemia de COVID-19, la reducción del endeudamiento requerida daría lugar a una vuelta a las políticas de austeridad y tendría un inmenso coste económico, social y medioambiental; pide, por lo tanto, que se mantenga la cláusula general de salvaguardia hasta que se establezca, lo más rápido posible, un marco de gobernanza económica revisado;

13.

respalda el análisis del Consejo Fiscal Europeo (CFE) sobre la necesidad de que una reforma del PEC dé lugar a la sostenibilidad de la deuda pública, con una norma de funcionamiento principal —un escalonamiento del gasto público— para lograr una reducción progresiva de la tasa de endeudamiento y unos niveles asumibles a un ritmo adaptado a las circunstancias de cada país (3);

Un marco de gobernanza revisado

14.

señala que el marco europeo de gobernanza económica tiene un notable impacto en todos los niveles de gobierno, y de forma más especial en las administraciones locales y regionales, que son responsables de casi un tercio del gasto público y de más de la mitad de la inversión pública en el conjunto de la Unión Europea, con importantes divergencias entre los Estados miembros (4);

15.

reitera que el PEC y los demás elementos del actual marco europeo de gobernanza económica adolecen de cinco defectos principales: una serie de efectos procíclicos indeseables, una gran complejidad, una falta de eficiencia, una toma en consideración insuficiente de los indicadores relacionados con el desarrollo sostenible y el bienestar y, por último, una falta de transparencia y legitimidad democrática;

16.

considera que un marco revisado de la gobernanza económica de la UE debe garantizar una toma de decisiones transparente en la que participen el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y, dependiendo de las competencias internas de cada Estado miembro, las asambleas parlamentarias con poderes legislativos. Esta asociación también debe permitir la participación de los entes regionales y locales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y el mundo académico;

17.

considera que este marco revisado también debe tener en cuenta el nivel tan elevado que ha alcanzado la deuda pública, que es necesario reducir gradualmente y que no se podrá reducir de manera sustancial de la noche a la mañana tras la crisis de la COVID-19, el coste de las catástrofes naturales y otras circunstancias extraordinarias, las grandes diferencias en los Estados miembros y entre ellos, la nueva situación macroeconómica (los tipos de interés de los bonos muy bajos, los límites que ha alcanzado la política monetaria, así como grandes incertidumbres en términos de inflación, tipos de interés y mercado laboral), la necesidad de evitar las políticas de austeridad y los imperativos medioambientales, energéticos, tecnológicos y sociales;

18.

reitera su posición favorable al abandono de la toma de decisiones por unanimidad en el ámbito de la fiscalidad para permitir que la Unión Europea adopte las decisiones necesarias por mayoría cualificada, como ya ocurre en otros ámbitos de actuación, ya que permite avanzar en la lucha contra el fraude fiscal y en el intercambio de información entre los Estados miembros. Esta disposición sigue ateniéndose a la competencia a nivel nacional, regional o local para recaudar impuestos o fijar los tipos impositivos;

19.

insiste una vez más en la necesidad de que los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como la ciudadanía, comprendan claramente las normas que deberán aplicarse; suscribe, a este respecto, la posición de la Comisión en favor de la adopción de normas presupuestarias simplificadas basadas en indicadores observables; recuerda, además, que es esencial incorporar una estabilización anticíclica que no presente variaciones coyunturales;

20.

estima que un marco de gobernanza orientado a unos presupuestos saneados debe basarse no solo en un gasto razonado, sino también en unos ingresos saneados y equilibrados; recuerda que, en la UE, la evasión y el fraude fiscales detraen cada año de los presupuestos públicos varios cientos de miles de millones de euros, y que la lucha contra el fraude fiscal es uno de los temas clave en torno a los cuales la ciudadanía europea se posiciona mayoritariamente a favor de una mayor intervención por parte de las instituciones europeas;

21.

considera que la gobernanza económica debe basarse en un equilibrio entre los indicadores relacionados con la disciplina presupuestaria y los indicadores de cohesión social y de puesta a disposición de infraestructuras y servicios de interés económico general para toda la ciudadanía, como por ejemplo la salud pública y el bienestar; estima, por lo tanto, que, como parte del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), que incluye indicadores más variados, como la tasa de desempleo, una gobernanza económica reformada ha de tener en cuenta también otros objetivos medioambientales y sociales; estas preocupaciones no pueden quedar en un segundo plano con respecto a los indicadores relacionados con la disciplina presupuestaria;

22.

propone una vez más ampliar el PDM para incluir indicadores auxiliares relativos a las disparidades regionales, y considera que también podría tener en cuenta los avances realizados en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abarcan no solo la protección del medio ambiente, sino también criterios sociales, económicos y de gobernanza, y que cuentan con el respaldo de 193 Estados de todo el mundo;

23.

señala que las medidas correctoras adoptadas en el marco de los procedimientos de desequilibrio macroeconómico de los Estados miembros tienen efectos distintos en función de las regiones, que son especialmente negativos en las regiones con economías menos diversificadas como por ejemplo las regiones ultraperiféricas, que presentan limitaciones estructurales y excepcionales a las que se refiere el artículo 349 del TFUE. Estas regiones son muy sensibles a las perturbaciones exógenas y en ellas las políticas económicas contractivas tienen un mayor impacto en la reducción de la inversión y el empleo;

La promoción racional de la inversión pública

24.

sigue considerando que el marco europeo de gobernanza económica es en parte responsable de la fuerte caída de la inversión pública que tuvo lugar tras la crisis de la zona del euro, puesto que no tiene suficientemente en cuenta la diferenciación entre gastos corrientes y gastos de inversión a largo plazo; entre 2009 y 2018, la inversión pública global descendió un 20 % en porcentaje del PIB dentro de la UE; por su parte, la inversión a cargo de los entes locales y regionales disminuyó casi un 25 %, y un 40 % o más en varios de los Estados miembros más afectados por la crisis (5); considera imprescindible evitar que se repita esta situación tras la crisis de la COVID-19; observa que las inversiones a escala regional y local pueden contribuir de manera considerable a la recuperación económica;

25.

recuerda que el Consejo Fiscal Europeo ha demostrado que los Estados miembros con una tasa de inversión pública elevada tendían a reducirla de forma significativa en el transcurso de su procedimiento de déficit excesivo (6), y que la propia Comisión ha observado que el marco presupuestario no ha impedido el descenso de la inversión (7);

26.

subraya que, en su Dictamen sobre la Comunicación interpretativa de 2015 a este respecto (8), el CDR ya había considerado que la flexibilidad relativa a las inversiones existente en el seno del PEC era demasiado restrictiva y limitada; además, solo fue solicitada por dos Estados miembros, e incluso en estos casos, su repercusión fue mínima;

27.

destaca que la UE experimenta al mismo tiempo una inmensa necesidad de financiación para hacer frente a los grandes desafíos actuales: 650 000 millones anuales según la Comisión, solo para la doble transición ecológica y digital (9), y cerca de 200 000 millones anuales para la infraestructura social (10);

28.

considera que, en el contexto actual caracterizado por unas necesidades extraordinarias de inversión, desalentar la financiación mediante déficit de la inversión pública, incluida la inversión de los entes regionales y locales, como hace el marco presupuestario actual, puede incentivar la subinversión en detrimento de las generaciones futuras y de los objetivos, especialmente los climáticos, que se ha fijado la UE;

29.

celebra que la Comisión admita por fin claramente la necesidad de que el marco de gobernanza fomente las inversiones y, en particular, la inversión pública ecológica, digital y de refuerzo de la resiliencia;

30.

reitera su solicitud ya formulada en varias ocasiones, de no tomar en consideración, en consonancia con los respectivos límites de cofinanciación de la UE, entre los gastos estructurales, públicos o asimilados definidos en el PEC, los gastos públicos realizados por los Estados miembros y los entes regionales y locales en el marco de la cofinanciación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: una «regla de oro de la cofinanciación»; subraya que las inversiones de los poderes públicos, por ejemplo, las relativas a la transición sostenible, ecológica, digital y social y la protección de la competitividad europea, son importantes para las generaciones futuras y, por lo tanto, deben tratarse de forma adecuada;

31.

subraya que, dado el tipo de proyecto que recibe financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión, esta regla de oro de la cofinanciación sería automáticamente muy favorable a los esfuerzos para hacer frente a los grandes desafíos actuales y cumplir las prioridades europeas, entre otras, la cohesión económica, social y territorial, el fortalecimiento de la resiliencia y la aplicación de las políticas sociales, medioambientales y digitales; reservarles un trato favorable en el seno del marco presupuestario reforzaría, por lo tanto, la coherencia global de las políticas europeas;

32.

solicita a la Comisión que, después de que haya reformulado sus propuestas para incluir los daños económicos y presupuestarios ocasionados por la COVID-19, presente un libro blanco sobre una revisión de la gobernanza económica basada en la aplicación potencial de una regla de oro, en consonancia con los respectivos límites de cofinanciación de la UE. En su análisis, la Comisión también debería tomar en consideración otros instrumentos, como una regla de gasto que, sobre la base de la tendencia de crecimiento económico y del nivel de deuda, imponga un límite al crecimiento anual del gasto público total, y pueda servir para conservar la confianza de la opinión pública impulsando la transparencia, reduciendo la carga administrativa y alcanzando un equilibrio entre la disciplina presupuestaria y el mantenimiento de una capacidad de inversión pública suficiente;

33.

recuerda que estos gastos son, por definición, inversiones de interés general europeo cuyo efecto de palanca en términos de crecimiento sostenible y de refuerzo de la cohesión territorial ha quedado demostrado;

34.

recomienda, además, establecer una «regla de oro ecológica y de cohesión social», que excluya la imputación contable de las inversiones públicas en los proyectos destinados a fomentar la transición hacia una sociedad sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y de cohesión social, tal y como se define en los ODS y el Pacto Verde, puesto que se reconoce que esas inversiones son esenciales, no solo en el marco de la recuperación tras la crisis de la COVID-19, sino también para garantizar la prosperidad y la calidad de vida de las generaciones futuras;

35.

considera que otra solución podría ser excluir el sector de los entes locales y regionales del ámbito de aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En 2019, la inversión pública en este sector representó el 49,2 % de la inversión pública total (11) a nivel de la Unión Europea, mientras que la deuda bruta del sector de las administraciones locales de la Unión Europea representa solo el 6,0 % del producto interior bruto de la Unión Europea (12) y, por tanto, no es la causa de una deuda pública elevada. Además, el sector de los entes locales solo se endeuda para realizar inversiones y no para introducir medidas de estabilización macroeconómica en los gastos corrientes; por otra parte, las administraciones locales están sometidas al control presupuestario interno de las autoridades regionales o nacionales. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de excluir a los entes locales del ámbito de aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

36.

considera necesario, de manera general, que se tenga en cuenta el principio de «no perjudicar a la cohesión», que se incluye en la Comunicación de la Comisión relativa al Octavo informe sobre la cohesión, para asegurar complementariedad y sinergias de la política de cohesión con otras políticas de la UE, evitando obstaculizar el proceso de convergencia y el aumento de las disparidades regionales;

37.

pide a la Comisión que presente, antes de finales de 2022, una propuesta legislativa de revisión del marco de gobernanza económica, basada especialmente en la aplicación de estas reglas de oro combinadas con la norma de gasto, que puede alcanzar un equilibrio entre la disciplina presupuestaria y el mantenimiento de una capacidad de inversión pública suficiente;

38.

propone, no obstante, a fin de garantizar la conformidad de los gastos que los gobiernos consideren cubiertos por una u otra regla de oro, que su aplicación esté sujeta a una estricta supervisión dual por parte de los consejos presupuestarios nacionales independientes y el Consejo Fiscal Europeo, que presentará informes públicos anuales al Consejo y al Parlamento Europeo;

Un Semestre Europeo revisado en profundidad

39.

recuerda que la gobernanza económica, que se aplica en la práctica a través del ciclo de coordinación del Semestre Europeo, carece de eficacia en términos de ejecución de las reformas.

40.

señala también que el alcance de las reformas previstas en el marco del Semestre Europeo no se ha definido nunca en los textos jurídicos europeos, especialmente en lo que respecta a su pertinencia y valor añadido para el ámbito europeo. Considera que esta ausencia de definición limita las posibles interacciones entre las reformas emprendidas a nivel nacional y las políticas comunitarias (legislación y programas financieros) y plantea un problema con respecto al principio de subsidiariedad;

41.

considera necesario que el Semestre Europeo sea, en pie de igualdad y en sinergia con sus objetivos económicos y presupuestarios, el marco de aplicación de los imperativos medioambientales y de cohesión social que se establecen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, con cuya consecución la UE y sus Estados miembros se han comprometido hasta 2030;

42.

expresa su convencimiento de que su propuesta de código de conducta para hacer partícipes a los entes locales y regionales en el Semestre Europeo (13) puede solventar la falta de eficacia del Semestre mediante una mayor toma en consideración de las realidades locales y regionales, y que su aplicación sigue siendo necesaria, máxime cuando los planes nacionales en el contexto del MRR se basan, en parte, en las recomendaciones por país del Semestre Europeo;

43.

considera que esta doble reorientación del Semestre, en lo que respecta tanto a sus objetivos como a su proceso de funcionamiento, puede reforzar su legitimidad democrática y la del sistema europeo de gobernanza económica en su conjunto, que sigue siendo demasiado débil.

---

(1)  Comité Europeo de las Regiones, Barómetro regional y local de la UE de 2020, 12 de octubre de 2020, y Barómetro regional y local anual de la UE de 2021, 12 de octubre de 2021.

(2)  Comisión Europea, Previsiones económicas europeas de otoño de 2021 (documento en inglés), Institutional Paper 160, noviembre de 2021.

(3)  Véase el informe anual del CFE para 2021: https://bit.ly/3HqqvIQ (en inglés).

(4)  Cifras de 2018. Fuente: Eurostat, código de datos: TEC00023 y TEC00022.

(5)  Eurostat, código de datos:: TEC00022.

(6)  Consejo Fiscal Europeo (2019), Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation (disponible en inglés), p. 76.

(7)  Comisión Europea, Revisión de la gobernanza económica [COM(2020) 55 final, de 5 de febrero de 2020].

(8)  Dictamen del CDR — Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COR-2015-01185) (DO C 313 de 22.9.2015, p. 22), ponente: Olga Zrihen (BE/PSE), aprobado el 9 de julio de 2015.

(9)  Comisión Europea — La economía de la UE después de la COVID-19: Implicaciones para la gobernanza económica [COM(2021) 662 final, de 19 de octubre de 2020].

(10)  Comisión Europea, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado Identifying Europe’s recovery needs (en inglés), [SWD(2020) 98 final, de 27 de mayo de 2020].

(11)  Fuente: Cuentas Nacionales de Eurostat.

(12)  Fuente: Cuentas Nacionales de Eurostat.

(13)  CDR (2017), Dictamen: Mejorar la gobernanza del Semestre Europeo: un código de conducta para la participación de los entes locales y regionales — (COR-2016-05386) (DO C 306 de 15.9.2017, p. 24) ponente: Rob Jonkman (NL/CRE), aprobado el 11 de mayo de 2017.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales en la Unión

(2022/C 301/08)

Ponente general: Federico BORGNA (IT/PSE) Documento de referencia: Propuesta de Directiva del Consejo sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales en la Unión COM(2021) 823 final

I.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Considerando 7

Texto de la Comisión Europea

Enmienda del CDR

Si bien es necesario garantizar que se desalienten las prácticas de elusión fiscal, deben evitarse los efectos adversos en las empresas multinacionales más pequeñas del mercado interior. A tal fin, la presente Directiva solo debe aplicarse a las entidades situadas en la Unión que sean miembros de grupos de empresas multinacionales o de grupos nacionales de gran magnitud que alcancen el umbral anual de al menos 750 000 000 EUR de volumen de negocios consolidado. Este umbral sería coherente con el umbral de las normas fiscales internacionales vigentes, tales como las normas de presentación de informes país por país. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se denominarán «entidades constitutivas». Determinadas entidades deben quedar excluidas de su ámbito de aplicación en función de su finalidad y condición particulares. Las entidades excluidas serán las que no tengan ánimo de lucro y realicen actividades de interés general y que, por estas razones, no puedan estar sujetas a impuestos en el Estado miembro en el que estén ubicadas. A fin de proteger esos intereses específicos, es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a las entidades públicas, las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro y los fondos de pensiones. Los fondos de inversión y los instrumentos de inversión inmobiliaria también deben quedar excluidos del ámbito de aplicación cuando estén a la cabeza de la cadena de propiedad, ya que, en el caso de las denominadas entidades de paso, las rentas obtenidas se gravan al nivel de la propiedad.

Es necesario garantizar que se desalienten las prácticas de elusión fiscal . Al mismo tiempo, deben evitarse los efectos adversos en las empresas multinacionales más pequeñas del mercado interior. A tal fin, la presente Directiva solo debe aplicarse a las entidades situadas en la Unión que sean miembros de grupos de empresas multinacionales o de grupos nacionales de gran magnitud que alcancen el umbral anual de al menos 750 000 000 EUR de volumen de negocios consolidado. Este umbral sería coherente con el umbral de las normas fiscales internacionales vigentes, tales como las normas de presentación de informes país por país. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se denominarán «entidades constitutivas». Determinadas entidades deben quedar excluidas de su ámbito de aplicación en función de su finalidad y condición particulares. Las entidades excluidas serán las que no tengan ánimo de lucro y realicen actividades de interés general y que, por estas razones, no puedan estar sujetas a impuestos en el Estado miembro en el que estén ubicadas. A fin de proteger esos intereses específicos, es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a las entidades públicas (incluidos los entes locales y regionales y las asociaciones de entes locales y regionales) , las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro y los fondos de pensiones.

Exposición de motivos

Se considera innecesaria.

Enmienda 2

Artículo 2, apartado 3, letra a)

Texto de la Comisión Europea	Enmienda del CDR
a) una entidad pública, una organización internacional, una organización sin ánimo de lucro, un fondo de pensiones , una entidad de inversión que sea una entidad matriz última y un instrumento de inversión inmobiliaria que sea una entidad matriz última ;	a) una entidad pública (incluidos los entes locales y regionales y las asociaciones de entes locales y regionales) , una organización internacional, una organización sin ánimo de lucro, un fondo de pensiones;

Exposición de motivos

Aclaración del texto. Se considera innecesaria.

Enmienda 3

Artículo 3, punto 31, letra d)

Texto de la Comisión Europea	Enmienda del CDR
d) a una entidad pública, una organización internacional, una organización sin ánimo de lucro, un fondo de pensiones , una entidad de inversión que no forme parte del grupo de empresas multinacionales o una empresa de seguros de vida, en la medida en que el dividendo se perciba en relación con actividades del fondo de pensiones gravadas de la misma manera que un fondo de pensiones ;	d) a una entidad pública (incluidos los entes locales y regionales y las asociaciones de entes locales y regionales) , una organización internacional, una organización sin ánimo de lucro o un fondo de pensiones;

Exposición de motivos

Aclaración del texto. Se considera innecesaria.

Enmienda 4

Artículo 11

Texto de la Comisión Europea	Enmienda del CDR
Aplicación de una regla sobre pagos insuficientemente gravados (RPIG) en todo el grupo de empresas multinacionales	Aplicación de una regla sobre pagos insuficientemente gravados (RPIG) en todo el grupo de empresas multinacionales
Cuando la entidad matriz última de un grupo de empresas multinacionales esté ubicada en una jurisdicción de un tercer país que no aplique una regla de inclusión de rentas admisible, los Estados miembros velarán por que sus entidades constitutivas ubicadas en la Unión estén sujetas, en el Estado miembro en el que estén ubicadas, a un impuesto complementario en el ejercicio fiscal («impuesto complementario asociado a la RPIG») por el importe asignado a ese Estado miembro de conformidad con el artículo 13. Las entidades constitutivas que sean entidades de inversión y fondos de pensiones no estarán sujetas al impuesto complementario asociado a la RPIG.	Cuando la entidad matriz última de un grupo de empresas multinacionales esté ubicada en una jurisdicción de un tercer país que no aplique una regla de inclusión de rentas admisible, los Estados miembros velarán por que sus entidades constitutivas ubicadas en la Unión estén sujetas, en el Estado miembro en el que estén ubicadas, a un impuesto complementario en el ejercicio fiscal («impuesto complementario asociado a la RPIG») por el importe asignado a ese Estado miembro de conformidad con el artículo 13. Los fondos de pensiones no estarán sujetos al impuesto complementario asociado a la RPIG.

Exposición de motivos

Se considera innecesaria.

Enmienda 5

Artículo 12

Texto de la Comisión Europea	Enmienda del CDR
Aplicación de una RPIG en la jurisdicción de la entidad matriz última	Aplicación de una RPIG en la jurisdicción de la entidad matriz última
Cuando la entidad matriz última de un grupo de empresas multinacionales esté ubicada en una jurisdicción de bajo nivel de imposición, los Estados miembros velarán por que sus entidades constitutivas ubicadas en un Estado miembro estén sujetas a un impuesto complementario sobre la RPIG para el ejercicio fiscal y por el importe asignado a ese Estado miembro de conformidad en virtud del artículo 13 con respecto a las entidades constitutivas con baja imposición que estén ubicadas en la jurisdicción de la entidad matriz última, con independencia de que dicha jurisdicción aplique o no una regla de inclusión de rentas admisible. Las entidades constitutivas que sean entidades de inversión y fondos de pensiones no estarán sujetas al impuesto complementario asociado a la RPIG.	Cuando la entidad matriz última de un grupo de empresas multinacionales esté ubicada en una jurisdicción de bajo nivel de imposición, los Estados miembros velarán por que sus entidades constitutivas ubicadas en un Estado miembro estén sujetas a un impuesto complementario sobre la RPIG para el ejercicio fiscal y por el importe asignado a ese Estado miembro de conformidad en virtud del artículo 13 con respecto a las entidades constitutivas con baja imposición que estén ubicadas en la jurisdicción de la entidad matriz última, con independencia de que dicha jurisdicción aplique o no una regla de inclusión de rentas admisible. Los fondos de pensiones no estarán sujetos al impuesto complementario asociado a la RPIG.

Exposición de motivos

Se considera innecesaria.

Enmienda 6

Artículo 36, apartado 2, letra b)

Texto de la Comisión Europea

Enmienda del CDR

b) una entidad pública, una organización internacional, una organización sin ánimo de lucro o un fondo de pensiones distinto de una entidad de servicios de pensiones que resida fiscalmente en la jurisdicción en la que esté ubicada la entidad matriz última y posea participaciones en la propiedad que representen un derecho a un 5 % o una proporción inferior de los beneficios y activos de la entidad matriz última .

b) a una entidad pública (incluidos los entes locales y regionales y las asociaciones de entes locales y regionales) , una organización internacional o una organización sin ánimo de lucro o un fondo de pensiones.

Exposición de motivos

Aclaración del texto. Se considera innecesaria.

Enmienda 7

Artículo 37, apartado 3, letra c)

Texto de la Comisión Europea

Enmienda del CDR

c) una entidad pública, una organización internacional, una organización sin ánimo de lucro o un fondo de pensiones distinto de una entidad de servicios de pensiones que resida fiscalmente en la jurisdicción en la que esté ubicada la entidad matriz última y posea participaciones en la propiedad que representen un derecho a un 5 % o una proporción inferior de los beneficios y activos de la entidad matriz última .

c) una entidad pública (incluidos los entes locales y regionales y las asociaciones de entes locales y regionales) , una organización internacional, una organización sin ánimo de lucro o un fondo de pensiones.

Exposición de motivos

Aclaración del texto. Se considera innecesaria.

Enmienda 8

Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Europea	Enmienda del CDR
	Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión Europea revisará sus resultados y podrá proponer una modificación de la misma, en particular en lo que se refiere a la adaptación de las definiciones relativas al umbral del volumen de negocios y al tipo impositivo mínimo, en función de la evolución a nivel internacional.

Exposición de motivos

A falta de una evaluación de impacto por parte de la Comisión Europea a la hora de elaborar la presente Directiva, una revisión es aún más importante para analizar los resultados y las consecuencias de su aplicación.

II.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

acoge con satisfacción la propuesta de Directiva del Consejo sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales en la Unión (1);

2.

reitera que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) contempla el desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y que el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé que el Consejo, por unanimidad, procurará garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia;

3.

considera que el trabajo realizado hasta ahora por la OCDE en el desarrollo de medidas para combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios fuera de la UE también puede tener un impacto positivo importante en las situaciones locales y regionales, no solo en lo que se refiere al aumento de los ingresos fiscales a disposición de los Estados miembros, sino también con vistas a garantizar una mayor equidad y competitividad a las pymes —que se enfrentan actualmente a escala nacional y local a unas condiciones fiscales más desfavorables— y unos efectos beneficiosos para el empleo y los trabajadores;

4.

está convencido de que la introducción de la propuesta de un nivel mínimo de imposición constituye el primer paso hacia la creación de un régimen fiscal más justo dentro de la UE, muy necesario para avanzar hacia una competencia adecuada de las empresas en el mercado interior europeo, aumentar la competitividad de Europa y evitar la deslocalización o el cierre arbitrarios de centros de producción, con graves repercusiones para los trabajadores, obligados a buscar otro empleo o a asumir costosos desplazamientos para no perder su puesto de trabajo;

5.

considera absolutamente indispensable que las normas no aumenten la burocracia para las empresas, frenando así su desarrollo, en particular en los ámbitos de la investigación y la innovación y la neutralidad climática, que son tanto más esenciales para garantizar la necesaria transición digital y ecológica.

Armonización completa de las normas en la UE

6.

espera que la aplicación de la Directiva se lleve a cabo de forma completa y armonizada entre los Estados miembros de la UE, pero también conforme al acuerdo de la OCDE: la falta de armonización entre las normas fiscales mínimas en el interior de la UE o entre la UE y terceros países podría dar lugar a posibles debates en materia de doble imposición, con un efecto negativo directo sobre un gran número de empresas líderes mundiales y posibles repercusiones sobre sus proveedores (a menudo pymes), en relación con los ingresos fiscales recaudados, el comercio y las inversiones;

7.

considera esencial que las observaciones de la OCDE y otros detalles técnicos sobre los modelos de normas se incluyan en la Directiva de la UE de manera exhaustiva y no sean objeto de una transposición precipitada, sin excluir en el futuro medidas activadas por un Reglamento;

8.

subraya la importancia, en la redacción final de la Directiva y en su aplicación posterior, de una terminología común y unívoca: algunas de las nuevas definiciones utilizadas en la Directiva podrían no estar totalmente adaptadas a las definiciones ya establecidas en el Derecho fiscal internacional; para garantizar una mayor seguridad jurídica será esencial efectuar una revisión cruzada de las traducciones de la Directiva, de forma que se logre una correspondencia precisa con los conceptos del Derecho fiscal de cada país;

9.

pide, por lo que se refiere a los grandes grupos nacionales, que se haga todo lo posible para garantizar que el nuevo impuesto mínimo se ajuste a la legislación de la UE, con el fin de evitar la inseguridad jurídica, y anima encarecidamente a que se establezcan, en la medida de lo posible, medidas de simplificación para estos grupos puramente nacionales. En la actualidad, no está claro cuántos grupos puramente nacionales existen en la UE ni cuál sería el coste fiscal y administrativo de esa medida.

Interacción e igualdad de condiciones con terceros países

10.

espera que, a la hora de transponer el impuesto mínimo de la OCDE a la legislación, la UE establezca un debate constante con sus socios mundiales y defienda sus orientaciones políticas, a fin de evitar que las empresas europeas se enfrenten a normas más estrictas que sus competidores directos y la UE se vea relegada a un entorno empresarial menos abierto, con menor crecimiento económico, menos puestos de trabajo y capacidades y recursos limitados para responder a los retos de la innovación. Considera, en particular, que la falta de participación de los Estados Unidos en el primer pilar podría socavar la finalidad y el equilibrio del Acuerdo de la OCDE en su conjunto;

11.

pide a la UE que siga de cerca los efectos de la introducción del sistema del segundo pilar sobre el comportamiento de los inversores y las empresas, a fin de comprender cómo influirán las nuevas normas en la inversión, el empleo, el crecimiento, el comercio o el impacto fiscal. Este seguimiento es esencial para evitar efectos indirectos negativos sobre los trabajadores (en forma de salarios más bajos), los consumidores (a través de precios más elevados) o los accionistas (a través de una reducción de los dividendos). Dado que es fundamental que todos los principales socios comerciales de la UE apliquen el impuesto mínimo, es esencial que los terceros países cumplan las normas internacionales, a fin de evitar someter a las empresas de la UE a un régimen más estricto que otros y dejarlas a merced de un sistema mundial no coordinado;

12.

destaca que la norma sobre pagos insuficientemente gravados (RPIG) puede limitar en cierta medida la desigualdad de condiciones entre las empresas, pero esto no resuelve totalmente la situación, en particular porque la aplicación de la norma en la práctica es muy compleja y podría hacer que la UE fuera menos atractiva, por ejemplo para las actividades de I+D o las inversiones en la transición energética y climática;

13.

considera esencial evitar la doble imposición de las empresas de la UE, por ejemplo debido a la falta de coordinación entre las normas BEPS o RIR europeas y las BEAT o GILTI de los Estados Unidos.

Armonización con incentivos y otras normas fiscales de la UE

14.

sugiere que, como parte de la reducción sustancial de la fiscalidad de los beneficios empresariales a escala europea (reducida a la mitad en los últimos veinticinco años), se lleve a cabo una evaluación de las numerosas medidas contra la elusión adoptadas en los últimos diez años y se evalúe su eficiencia, eficacia, coherencia y valor añadido de la UE en términos de ingresos fiscales (incluida la manera en que los Estados miembros han aplicado esta legislación en su trabajo de auditoría);

15.

pide a la Comisión que evalúe si el mecanismo de solución de diferencias de la UE de 2017 puede utilizarse para el segundo pilar o si son necesarios cambios;

16.

considera que la Comisión y las autoridades tributarias de los Estados miembros deben actualizar y rediseñar sus sistemas fiscales para garantizar que puedan seguir fomentando la innovación (ecológica), el crecimiento y el empleo. En las últimas décadas, los países han diseñado y aplicado una serie de impuestos e incentivos nacionales para estimular el empleo y la innovación en las economías locales. El fenómeno más reciente e importante es el aumento de los incentivos fiscales diseñados específicamente para estimular la protección del clima, la seguridad del suministro energético y la I+D en el ámbito del Pacto Verde Europeo: tras la introducción de la Directiva algunos de los incentivos fiscales que se utilizan actualmente en los Estados miembros ya no serán posibles o serán menos atractivos desde el punto de vista de las inversiones. Por tanto, sería útil que la Comisión elaborase una guía para aclarar cómo diseñar futuros incentivos fiscales en consonancia con los requisitos del segundo pilar (por ejemplo, incentivos que ofrezcan desgravaciones de los impuestos sobre los salarios o las contribuciones sociales de los investigadores, o sistemas de amortización acelerada para fomentar la inversión);

17.

considera esencial que los Estados miembros sigan ofreciendo incentivos fiscales para atraer inversiones extranjeras, a condición de que estimulen la actividad de la economía real mediante la contratación de más empleados, el pago de más trabajadores o la inversión en activos materiales: las empresas multinacionales dependen también de las pymes locales para obtener insumos en sus cadenas de valor y su presencia puede provocar efectos indirectos positivos para el entorno empresarial local;

18.

apoya el llamamiento realizado por la comunidad empresarial para que se introduzca una fase de prueba en la aplicación de las sanciones previstas, por ejemplo, para el primer año de aplicación, a fin de permitir a todas las empresas el necesario proceso de aprendizaje de las nuevas normas, de modo que las sanciones aplicadas a las entidades no conformes sean proporcionadas y no afecten a aquellas cuyo incumplimiento se deba a una adaptación tardía de los procedimientos y no a una intención específica de incumplir la norma;

19.

propone, por lo que se refiere a los requisitos de depósito, que la información relacionada con las empresas solo se divulgue a través de un intercambio oficial de información entre las administraciones tributarias, con sujeción a una estricta confidencialidad y a unas condiciones de uso adecuadas, con el fin de evitar la fuga incontrolada de información sensible, sin incumplir, no obstante, los requisitos de transparencia establecidos en la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre los enfoques comunes en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial y el deber de diligencia medioambiental y social;

20.

espera que se introduzcan, por parte de las empresas o de las autoridades fiscales, simplificaciones administrativas para limitar los costes ocasionados por la adaptación a las nuevas normas: es necesario hacer lo posible para mantener la carga administrativa lo más baja posible. Una legislación que no sea excesivamente compleja puede facilitar a las empresas la asimilación de las nuevas normas y acortar el período de transición necesario, y facilitará a las autoridades tributarias la verificación de la aplicación efectiva de esas normas.

---

(1)  [COM(2021) 823 final]

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia europea para las universidades

(2022/C 301/09)

Ponente: Emil BOC (RO/PPE), alcalde de Cluj-Napoca. Documento de referencia: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una estrategia europea para las universidades COM(2022) 16

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

1.

acoge con satisfacción el compromiso y el apoyo de la UE a la promoción de la excelencia en la educación; subraya a este respecto el importante papel de la estrategia europea para las universidades en el marco del «paquete de educación superior», que permitirá realizar el Espacio Europeo de la Educación de aquí a 2025;

2.

subraya que solo invirtiendo en capital humano puede perdurar una civilización que refuerce los valores democráticos en Europa. Un sistema educativo excelente, articulado en torno a unas universidades sólidas, constituye la base del aprendizaje permanente;

3.

destaca la importancia de mejorar la calidad de la educación y la investigación en las universidades europeas y de garantizar la disponibilidad, a nivel local y regional, del apoyo necesario para alcanzar los objetivos específicos de esta ambición estratégica;

4.

reconoce el papel fundamental que desempeñan las universidades en la sociedad y su contribución al desarrollo sostenible, resiliente, inclusivo y basado en valores democráticos de los Estados miembros, las comunidades locales y las regiones. El papel de las universidades es aún más importante en situaciones de crisis, pues pueden contribuir a superarlas y a favorecer la recuperación posterior (1);

5.

subraya el papel esencial de las universidades a la hora de hacer frente a los retos mundiales. Hace tiempo que la UE insiste en la necesidad de estrechar los vínculos entre la investigación, la enseñanza, el aprendizaje y la innovación en las universidades y en que, al mismo tiempo, hay que mejorar la financiación de las instituciones de educación superior para consolidar el nivel de calidad necesario. Las universidades, como fuentes de nuevos conocimientos de investigación y promotoras de la innovación, tienen una importancia decisiva en la resolución de los acuciantes problemas sociales detectados por las misiones de la UE;

6.

llama la atención sobre la necesidad de considerar las universidades como un componente esencial de la cultura europea y de entender la diversidad del sector universitario —que incluye instituciones educativas, centros de investigación y escuelas profesionales— como un activo estratégico;

7.

señala que la presencia de universidades a nivel local y regional suele constituir una ventaja competitiva considerable para las comunidades en las que están situadas (2). Por ejemplo, las comunidades que disponen de una mano de obra altamente cualificada y se benefician de oportunidades de cooperación con el mundo académico y de transferencia de tecnología y conocimientos técnicos de las universidades al sector empresarial atraen e interesan a los inversores. La presencia de una universidad también genera ingresos importantes en las comunidades en cuestión (3), ya que los estudiantes, profesores y otros miembros del personal gastan cantidades considerables (existe un efecto multiplicador significativo en términos del consumo generado por las universidades). Aparte de estos beneficios económicamente cuantificables, la presencia de universidades genera un clima cosmopolita a nivel local, caracterizado por la presencia de estudiantes y profesores internacionales, así como por los valores de tolerancia, diversidad cultural, religiosa y étnica, entre otros (4);

8.

acoge con satisfacción el enfoque multinivel propuesto en la estrategia europea para las universidades, que prevé una armonización de los objetivos de las políticas públicas y de las inversiones a escala de la UE, nacional, regional y local; subraya, no obstante, que una dimensión local y regional más fuerte sería beneficiosa para el diseño y la aplicación del modelo universitario ideal en el futuro;

9.

subraya la importancia de establecer asociaciones estratégicas entre los entes locales y regionales y las universidades, también en el marco de la concepción de las estrategias de desarrollo local y regional. Las universidades desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de ecosistemas de base local, para los que las estrategias regionales de especialización inteligente han proporcionado una buena base;

10.

señala que los entes locales y regionales pueden apoyar a las universidades creando y reforzando las condiciones vinculadas al contexto local y regional (acceso a una amplia gama de infraestructuras y servicios, calidad de vida, entorno inclusivo, etc.) que pueden aumentar la competitividad de las universidades en un mercado mundial;

11.

subraya que, en el ámbito del espacio europeo, ya existe una excelente tradición de cooperación entre universidades de distintos Estados miembros en el marco del programa Erasmus+, y que esta debe continuar;

12.

observa que el papel de las universidades en la sociedad está cambiando y que estas asumen nuevas funciones, además de las tradicionales, principalmente en el ámbito de la educación y la investigación (5). Las universidades se redefinen ahora como agentes clave, en particular en materia de innovación tecnológica y social, emprendimiento y transferencia de tecnología a la economía. No se mantienen al margen de las comunidades y de la sociedad, sino que se convierten en actores que pueden contribuir significativamente a la resolución de los problemas de la sociedad (6);

13.

subraya que las universidades son agentes clave en la promoción de objetivos de vital importancia para la Unión, como las transiciones ecológica y digital. Cuentan con una sólida experiencia en estos ámbitos y, al mismo tiempo, pueden aplicar y difundir buenas prácticas en este ámbito entre las comunidades locales en las que desarrollan sus actividades;

14.

señala que las universidades pueden aportar soluciones y herramientas para resolver una serie de problemas importantes a los que se enfrenta la Unión, como la fuga de cerebros (7) y el éxodo rural. Los efectos negativos de este fenómeno y la importancia de la circulación de cerebros están estrechamente relacionados con la cooperación y las asociaciones entre las universidades, los entes locales y regionales, las empresas y la sociedad civil; subraya que deben incrementarse significativamente los esfuerzos para disminuir la divergencia intraeuropea en materia de conocimiento e innovación y cerrar la brecha de innovación entre Europa y Estados Unidos.

15.

subraya la importancia de identificar y utilizar de forma permanente y a gran escala las buenas prácticas a nivel local y regional en el marco de la cooperación entre los entes locales y regionales y las universidades. En este contexto, la creación de redes transnacionales para difundir estas buenas prácticas —que cuenten con una amplia participación de las partes interesadas del ámbito de la educación superior— es una prioridad para los entes locales y regionales de los Estados miembros. Este tipo de redes podría tenerse en cuenta en el marco de la estrategia europea para las universidades;

16.

llama la atención sobre el hecho de que las universidades se enfrentan a retos y obstáculos importantes en este proceso de transformación y asunción de nuevas responsabilidades. Las dificultades de carácter financiero son las más probables en todos los Estados miembros. El Comité propone, a este respecto, elaborar una estrategia de inversión que tenga en cuenta la financiación a nivel regional, nacional y europeo, y pide que se tengan en cuenta las colaboraciones entre los sectores público, privado y sin ánimo de lucro, con el fin de reforzar las capacidades de las universidades europeas. El CDR señala, asimismo, que existen retos relacionados con el nivel de autonomía académica y con la injerencia política en las decisiones importantes relativas a la financiación de las universidades, la contratación y selección de profesores, la libertad de expresión y de elección de los temas o de la orientación de las actividades de investigación, las posibilidades de comunicación libre —sin censura— de los resultados de la investigación, etc.;

17.

subraya la importancia de que los entes locales y regionales de los Estados miembros participen activamente en el refuerzo de la diversidad de los ecosistemas locales y regionales y fomenten la cooperación y la confianza entre los distintos sectores de las comunidades. El Comité señala que, a nivel local y regional, las universidades deben considerarse parte de ecosistemas más amplios que abarcan una gran variedad de partes interesadas (8). Para que las universidades puedan proporcionar nuevas capacidades que permitan la resolución creativa de problemas, el uso de la tecnología o una comunicación eficaz en la comunidad, es esencial la cooperación entre estas y los agentes locales pertinentes;

18.

señala que la profundización de la cooperación transnacional entre universidades y el desarrollo de la dimensión europea de la enseñanza superior son prioridades clave de la estrategia europea para las universidades. A este respecto, el Comité considera que los entes locales y regionales pueden adoptar medidas para apoyar, cuando proceda, la cooperación académica transnacional (la iniciativa «Universidades Europeas» en el marco de Erasmus+ es una herramienta importante en este ámbito para las alianzas universitarias orientadas a la excelencia). Los entes locales y regionales pueden adherirse a las prácticas sugeridas por la Estrategia, como la iniciativa del carné europeo de estudiante. Este carné podría reconocerse no solo a nivel universitario, sino también en el marco de las relaciones entre estudiantes, investigadores y profesores transnacionales, por una parte, y las administraciones locales, por otra (por ejemplo, en lo que respecta a los permisos de residencia, los permisos de transporte público y el acceso a los museos);

19.

subraya que, en el marco de la estrategia europea para las universidades, los entes locales y regionales de los Estados miembros deben actuar como facilitadores, capaces de reunir a diferentes partes interesadas de la comunidad en torno a iniciativas y proyectos de interés para las universidades. El CDR también señala que, en muchos Estados miembros, los entes locales y regionales no tienen responsabilidad directa en la financiación de las universidades. Sin embargo, pueden facilitar la financiación de las universidades y sus iniciativas a través de distintos fondos, creando sinergias a nivel local y regional;

20.

reconoce la necesidad de que las universidades remodelen los programas de estudios para responder de la manera más eficaz posible a los rápidos avances tecnológicos, a las transiciones ecológica y digital y a los cambios estructurales en los mercados laborales europeos que requieren nuevas capacidades (9). Subraya asimismo que los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel importante en este proceso de reformulación de los planes de estudio y desarrollo de las nuevas capacidades; Subraya al mismo tiempo que, si bien las universidades contribuyen en gran medida a mejorar la empleabilidad y la competitividad económica en una economía globalizada, debe preservarse el carácter autónomo de la educación superior;

21.

destaca el papel de los entes locales y regionales en la creación y el refuerzo de los ecosistemas locales y regionales que fomentan la cooperación activa y la creación de redes entre las autoridades subnacionales, las empresas, la industria y el mundo académico. En estos ecosistemas, los entes locales y regionales deben desempeñar el papel de iniciadores y facilitadores, determinando las posibilidades de cooperación, asignando diversos recursos, en particular financieros, necesarios para llevar a cabo las actividades de creación de redes y de cooperación, y apoyando la creación de estructuras como los centros educativos a nivel local o regional. Estos últimos constituyen excelentes herramientas o vectores concebidos para ofrecer un espacio de diálogo y colaboración entre los principales agentes de la educación formal para apoyar a los jóvenes en su formación profesional. Apoyándose en estos centros educativos, los entes locales y regionales, en colaboración con otros agentes del ecosistema, pueden poner en marcha instrumentos como fondos para la innovación, minisubvenciones para empresas emergentes en varios ámbitos clave, etc.;

22.

considera que los estudiantes necesitan aprender hoy en día utilizando métodos que en algunos casos son totalmente diferentes a los del pasado; deben tener la oportunidad de aplicar los conceptos teóricos a situaciones de la vida real y de usarlos para resolver los problemas de su comunidad local y regional. Los entes locales y regionales, en colaboración con las universidades y otros agentes del ecosistema local y regional, pueden facilitar estas experiencias pedagógicas, por ejemplo, apoyando laboratorios vivientes, planteando a los estudiantes cuestiones de política pública que deban analizarse, desarrollando proyectos estratégicos comunes en beneficio de la comunidad o facilitando la cooperación con otras partes interesadas de la comunidad, también a escala regional;

23.

considera que los entes locales y regionales, en colaboración con las universidades y otros agentes del ecosistema local o regional, pueden prestar un apoyo significativo a los jóvenes emprendedores, incluidos los estudiantes o titulados universitarios, facilitando su acceso a los recursos clave asignados a la innovación. Muchos jóvenes y estudiantes necesitan recursos como laboratorios, nuevas tecnologías, nuevas conexiones para desarrollar proyectos empresariales o productos y servicios. Los entes locales y regionales, en colaboración con otras entidades que dispongan de tales recursos, pueden facilitar el acceso de los jóvenes empresarios a los recursos de innovación (espacios, formación, asesoramiento, etc.);

24.

subraya que los entes locales y regionales pueden desarrollar relaciones inteligentes con las universidades en materia de desarrollo comunitario, también a escala regional. Es importante que las universidades generen conocimientos y servicios en beneficio de las comunidades en las que desarrollan sus actividades. Los entes locales y regionales tienen la oportunidad de facilitar estas relaciones mediante la puesta en marcha de programas destinados a implicar a las universidades de forma permanente en la resolución de problemas a los que se enfrentan las comunidades —también a escala regional—, recurriendo a los servicios de asesoramiento y conocimientos especializados de las universidades y difundiendo las buenas prácticas que vayan surgiendo, de modo que puedan aplicarlas más comunidades y autoridades públicas. El reconocimiento público y la promoción de la participación de las universidades desempeñan también un papel especialmente importante en la legitimación de trayectorias universitarias o profesionales diversificadas, animando a las universidades a valorizar la participación de profesores, investigadores y estudiantes a nivel local;

25.

subraya que las distintas comunidades locales y regionales de todos los tamaños pueden beneficiarse con igual éxito de la presencia de universidades. Los entes locales pueden contribuir significativamente al desarrollo de las universidades y a hacerlas más atractivas creando las condiciones que garanticen una alta calidad de vida y fomentando actitudes y comportamientos que favorezcan la tolerancia, la inclusión, el multiculturalismo y la seguridad en el espacio público. Las universidades pueden situar determinadas actividades y entidades no solo en los grandes centros urbanos, sino también en ciudades de tamaño mediano y pequeño. Los entes locales y regionales pueden favorecer la implantación de extensiones académicas o centros de investigación en estas comunidades más pequeñas mediante el apoyo y la aplicación de diversas medidas, como la oferta de posibilidades de alojamiento accesible a los estudiantes, de uso de edificios públicos para actividades de enseñanza, investigación y difusión de conocimientos, el desarrollo de indicadores de buena calidad de vida o el aprovechamiento de algunas ventajas que no ofrecen los grandes centros urbanos;

26.

considera que la transformación digital a nivel local y regional puede acelerarse cooperando con las universidades y aprovechando plenamente sus recursos en este ámbito. En sus relaciones con los entes locales y regionales, estas pueden asesorar o aplicar estrategias de transformación digital a escala local o regional. Por lo que se refiere a las capacidades digitales, las universidades, en colaboración con las autoridades locales, pueden ofrecer cursos de corta duración o formación abierta a todo el mundo, centrándose en determinados grupos en riesgo de exclusión (como las personas mayores o poco cualificadas);

27.

considera que los entes locales y regionales pueden apoyar el desarrollo de campus híbridos para impulsar el proceso de transformación digital en las comunidades y las universidades, garantizando la igualdad de oportunidades, fomentando la integración social, mejorando la competitividad de los jóvenes en el mercado laboral, reforzando la labor socioeducativa con la juventud, la no discriminación y el entendimiento intercultural. Los campus híbridos deben prestar atención a la comunicación a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades y la penetración de la información, a fin de garantizar que todos los jóvenes con derecho puedan acceder realmente a esta, especialmente los que viven en regiones periféricas. Los entes locales y regionales pueden prestar apoyo financiero en la apertura de estos campus híbridos a diversos agentes pertinentes de la comunidad, incluidos los grupos de riesgo o desfavorecidos (jóvenes vulnerables y en situación de riesgo, como los ninis, jóvenes desempleados, mujeres, refugiados, personas con discapacidad, jubilados, etc.). Las políticas de la UE y de los Estados miembros deben dar prioridad a la inclusión de los jóvenes en situación de riesgo;

28.

subraya que las universidades disponen de conocimientos y experiencia considerables en el ámbito de la transición ecológica. También pueden ser un modelo de buenas prácticas, ejerciendo una función educativa e informativa en el marco de esta transición. Las universidades, en colaboración con los entes locales y regionales, pueden desarrollar campus verdes y participar activamente en los procesos de regeneración urbana ofreciendo a la comunidad este tipo de campus, o edificios que sirvan de modelo en términos de eficiencia energética o de diseño ecológico;

29.

acoge con satisfacción la inclusión de una hoja de ruta clara, así como de indicadores anuales y criterios de referencia para la aplicación de la estrategia —como ya ha defendido el CDR—, con el fin de evaluar los progresos realizados en la consecución de los objetivos del Espacio Europeo de Educación. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de dotar de una dimensión local y regional a la creación del Observatorio Europeo del Sector de la Educación Superior, lo que permitiría utilizar el cuadro de indicadores europeo también a escala local y regional;

30.

señala que los entes locales y regionales pueden apoyar a las universidades europeas en sus esfuerzos de internacionalización y promover el papel de la Unión Europea en el plano internacional. Esto incluiría el apoyo a la participación de las universidades europeas en alianzas transnacionales ambiciosas orientadas a desarrollar una cooperación sistémica a largo plazo en el ámbito de la educación, la investigación y la innovación de excelencia y ofrecer oportunidades permanentes de movilidad universitaria a estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores.

---

(1)  Howard, G., Weinstein, R., Yang, Y. (2021), Do universities improve local economic resilience?, IZA DP No. 14422, disponible en línea en https://docs.iza.org/dp14422.pdf.

(2)  Fonseca, L., Nieth, L. (2021), The role of universities in regional development strategies: A comparison across actors and policy stages, European Urban and Regional Studies, 22(3); Goddard, J, Puukka, J. (2008), The engagement of higher education institutions in regional development: an overview of the opportunities and challenges, Higher Education Management and Policy, 20(2): 11–41.

(3)  Chirca, A., Lazar, D.T. (2021), Cluj-Napoca without students: an estimation of the gap in the city’s economy, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 66E: 44-59.

(4)  Goddard, J., Vallance, P. (2014), The university and the city, Higher Education, 68(2): 319–321.

(5)  Liddle J., Addidle G.D. (2022), The Changing Role of Universities in Society: Key Influences in The Role of Universities and HEIs in the Vulnerability Agenda. Rethinking University-Community Policy Connections. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89086-5_3.

(6)  Myklebust, J.P., Smidt, H. (2021), What is the role of universities in global upskilling?, University World News, disponible en línea en https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210129110449887.

(7)  Hammerbauer, M., Pavletić, P., Vespa, M. (2021) Brain drain in higher education in European context, Final report- ESC41, disponible en línea en https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2021/03/Brain-Drain-final-report-ESC41-Google-Docs.pdf.

(8)  Reichert, S. (2019), The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems, EUA Study, disponible en línea en https://www.eua.eu/downloads/publications/eua%20innovation%20ecosystem%20report_final_digital.pdf.

(9)  Jackson, N. J. (2011) Learning for a complex world: A lifewide concept of learning, education and personal development. Bloomington, IN: Author House; Williams, S., Dodd, L. J., Steele, C., & Randall, R. (2015), A systematic review of current understandings of employability, Journal of Education and Work, Vol. 29, No. 8, pp 877-901.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Futuras ayudas estatales de la UE en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales

(2022/C 301/10)

Ponente: Guido MILANA (PSE/IT), concejal de Olevano Romano

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

acoge con satisfacción las nuevas propuestas recientemente presentadas por la Comisión Europea para la concesión de ayudas estatales a la agricultura, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2023;

2.

recuerda que el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, en su apartado 1, que las ayudas estatales otorgadas a las empresas, cuando sean susceptibles de falsear la competencia entre Estados miembros, son incompatibles con el mercado interior, si bien introduce en apartados sucesivos una serie de excepciones;

3.

recuerda que, en el caso de los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales, la Comisión evalúa la existencia de tal falseamiento basando su análisis en las directrices para la concesión de ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales, y que dichas directrices cubren el período de programación 2014-2022;

4.

subraya que el artículo 81 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural establece que para la financiación de las medidas no incluidas en el anexo I del TFUE serán aplicables las normas sobre ayudas estatales;

5.

destaca que esta adaptación ha establecido que la duración de las normas sobre ayudas estatales se ajuste a la duración de las normas de desarrollo rural;

6.

observa que, a tal fin, la Comisión puso en marcha una consulta en 2019 y que los resultados de dicha consulta se recogen en el documento de trabajo SWD(2021) 107 final (2);

7.

recuerda que, entretanto, el Parlamento y el Consejo de la UE han adoptado los Reglamentos de la nueva PAC, en particular el Reglamento (UE) 2021/2115 del parlamento Europeo y del Consejo (3), que establece normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos teniendo en cuenta el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la nueva política agrícola común (PAC);

8.

subraya que las nuevas propuestas para la concesión de ayudas estatales deben tener en cuenta y seguir ajustándose a la nueva PAC;

9.

destaca que las explotaciones agrícolas tendrán que aplicar las estrategias del Pacto Verde, en particular la Estrategia sobre Biodiversidad y la Estrategia «De la Granja a la Mesa»;

10.

subraya que es esencial acompañar a las empresas agrícolas y forestales en la transición ecológica, especialmente a las pequeñas empresas situadas en zonas estratégicas del territorio y que desempeñan un papel importante en su protección y salvaguarda;

11.

exhorta a la Comisión a exigir los estándares de producción europeos y la reciprocidad o clausulas espejo a los productos importados, igual que se les exige a los productores de la UE;

12.

exige a la Comisión incrementar el porcentaje de controles en frontera y exigir procedimientos como el tratamiento de frío al producto importado;

13.

recuerda que el Comité de las Regiones ya se ha pronunciado sobre ambas estrategias a través de sus Dictámenes sobre los temas «Ciudades y regiones enfocadas a la biodiversidad más allá de 2020 en la COP15 del CDB de las Naciones Unidas y en la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030» (4) y «Del productor al consumidor (de la granja a la mesa): la dimensión local y regional» (5);

14.

destaca el papel fundamental que desempeñan los entes locales en la definición y la gestión de algunos de los procedimientos relacionados con determinadas ayudas de compensación, en particular las ayudas vinculadas a la gestión de riesgos en la agricultura;

15.

recuerda que las regiones, las provincias y los municipios no solo participan en la definición de los planes estratégicos nacionales previstos en el Reglamento (UE) 2021/2115, sino que también son beneficiarios de las intervenciones de desarrollo rural y contribuyen a la definición del planteamiento ascendente previsto en la iniciativa Leader;

16.

observa que, entre 2014 y 2019, las ayudas estatales concedidas al sector agrícola a escala europea pasaron de 7 600 millones a 6 000 millones EUR, si bien se incrementaron durante el período de la pandemia de COVID-19;

17.

subraya que, durante este período, las explotaciones agrícolas, y el sector forestal, y el sector agroalimentario nunca han dejado de producir, garantizando la seguridad del suministro, tal como exige el artículo 39 del TFUE;

18.

subraya que la guerra entre Rusia y Ucrania ha creado una situación de inestabilidad en los mercados de materias primas y de suministro de alimentos;

19.

destaca el papel que debe desempeñar la PAC a este respecto en lo que se refiere al autoabastecimiento y a la garantía de la seguridad alimentaria;

20.

recuerda que estos suministros también fueron posibles gracias a la posibilidad de beneficiarse de ayudas ad hoc definidas por la Comisión para la crisis económica provocada por la COVID;

21.

observa, asimismo, que la mayor parte de las ayudas estatales, excluidas las ayudas específicas para la crisis de la COVID, se concedieron principalmente en el marco de los planes de desarrollo rural y, en particular, para medidas ajenas a los objetivos del anexo I del Tratado (productos agrícolas);

22.

observa que el procedimiento para incluir las ayudas estatales en los planes de desarrollo rural ha resultado complejo;

23.

observa que, aunque el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 relativo a la ayuda del Feader para la consecución de los objetivos de desarrollo rural y las directrices para la concesión de ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales para el período 2014-2020 son muy similares, las intervenciones de desarrollo rural no siempre coinciden plenamente con las normas sobre ayudas estatales;

24.

observa que la consulta iniciada por la Comisión reveló algunos aspectos de las actuales normas sobre ayudas estatales que han quedado obsoletos;

25.

subraya que el objetivo de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para todas las empresas de la Unión Europea sigue siendo un objetivo clave;

26.

señala que es necesario mantener y adaptar algunas medidas, en particular en lo que se refiere a la gestión de riesgos;

27.

señala que, para el sector forestal, las ayudas se han utilizado predominantemente para intervenciones de desarrollo rural y que, habida cuenta del importante papel que desempeñan los bosques, será necesario facilitar la aplicación de las ayudas;

28.

considera necesario apoyar a las explotaciones agrícolas y forestales en la transición ecológica, sobre todo a las microempresas, los pequeños agricultores locales y las cadenas cortas de suministro de alimentos, que, también a la luz de los elevados precios de los alimentos y de los costes de los insumos, como la energía y los fertilizantes, que se han visto exacerbados por la guerra en Ucrania, por sí solos no podrían hacer frente a estas consecuencias; a este respecto, acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios»;

29.

propone unificar los criterios relativos a las obligaciones en materia de información y publicidad, en particular, en relación con los plazos para comunicar los regímenes de ayuda sometidos a los Reglamentos de exención por categorías;

30.

subraya que la reforma de la PAC que acaba de adoptarse se basa en el principio de subsidiariedad, por lo que es importante que las normas sobre ayudas estatales también respeten este principio, sin que por ello se vea socavada la competencia entre agricultores de diferentes Estados miembros;

31.

considera esencial preservar este principio de subsidiariedad, especialmente en lo que se refiere al papel de los entes locales y regionales, que son los más cercanos a los territorios y desempeñan un papel esencial en la gestión de las intervenciones a escala local.

El CDR propone, por tanto:

Simplificación

32.

no obligar a los Estados miembros a enviar anualmente las comunicaciones relativas a fenómenos equiparables a desastres naturales, enfermedades animales o vegetales o infestaciones, ya que, si son reconocidos como tales por las autoridades nacionales, no es necesaria ninguna otra notificación a la Comisión;

33.

no obligar a los Estados miembros a publicar información sobre los beneficiarios individuales de ayudas a la producción agrícola cuyo importe no exceda 75 000 EUR o de ayudas a la transformación y a comercialización de productos agrícolas de 500 000 EUR como máximo;

34.

no sobrecargar los procedimientos relacionados con la parte de la evaluación conjunta de las ayudas notificadas;

35.

prever la posibilidad de otorgar ayudas a la inversión con arreglo al Reglamento general de exención por categorías (RGEC) (6) —incluso para los productos procedentes de un solo sector— en particular cuando dichas ayudas estén destinadas a compensar las repercusiones de acontecimientos asimilables a desastres naturales o a indemnizar los daños causados por enfermedades animales o vegetales o por organismos nocivos;

36.

establecer un planteamiento de ventanilla única para la notificación de las ayudas estatales en los planes estratégicos nacionales con arreglo al Reglamento (UE) 2021/2115;

37.

definir una lex specialis para la aplicación del Reglamento de minimis en la agricultura, dadas las grandes diferencias entre el sector agrícola y los demás sectores. En particular, se pide aumentar el límite máximo de las ayudas de minimis a 50 000 EUR durante el período de tres años y prever un importe (por ejemplo, 1 000 EUR) por debajo del cual se excluya la aplicación del Reglamento de minimis (ayudas de escasa cuantía);

38.

modificar el Reglamento de minimis para el sector agrícola con el fin de simplificarlo, en particular suprimiendo el control del requisito de empresa única;

39.

dejar a los Estados miembros la definición de empresa en crisis;

40.

simplificar los procedimientos administrativos para las ayudas a los entes locales, especialmente cuando estos sean beneficiarios de intervenciones de ayuda estatal. En particular, se pide que no se les considere como grandes empresas;

41.

definir procedimientos más sencillos para que los entes locales y regionales sean capaces de gestionar en primera instancia las necesidades y emergencias locales y regionales;

42.

simplificar los procedimientos de concesión de ayudas estatales para medidas de publicidad y promoción, en concreto no considerando como ayudas las actividades generales de promoción institucional que no se refieran a marcas específicas y no inciten al consumidor a adquirir un producto en particular;

43.

por lo que se refiere a los costes simplificados, hasta la fecha estos son compatibles con las normas sobre ayudas estatales solo cuando las medidas de ayuda reciben cofinanciación de la UE; pide que se permita la opción de utilizar costes simplificados independientemente de la existencia de cofinanciación europea. No parece que exista una justificación válida para seguir contemplando diferentes métodos de cálculo de los costes subvencionables en función de la fuente de financiación;

Ecologización

44.

acompañar a las explotaciones agrícolas y forestales, especialmente a las microempresas, en la transición ecológica;

45.

garantizar una flexibilidad adecuada en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en caso de crisis como las provocadas por la COVID-19 y la guerra en Ucrania, estableciendo límites máximos de ayuda adecuados y coherentes para garantizar que los agricultores puedan seguir produciendo alimentos y que los consumidores se beneficien de precios justos al consumo, simplificando también los procedimientos de ejecución y concesión de las ayudas y reduciendo al mismo tiempo la burocracia, en particular en lo que respecta a los beneficiarios finales;

46.

simplificar determinados procedimientos de concesión de ayudas estatales a las inversiones en producción de energías renovables, en particular en lo que respecta a la magnitud del efecto incentivador:

47.

introducir tasas de inversión más elevadas para las pymes agrícolas que inviertan en la transición ecológica;

48.

crear ayudas ad hoc para las intervenciones de captura de carbono a fin de remunerar a los agricultores por esta importante labor;

49.

considera que la fragmentación de las explotaciones agrícolas es un factor negativo que perjudica las posibilidades de mantenerse en el mercado y de iniciar la transición ecológica a la que está llamada la agricultura;

Cohesión territorial

50.

considera indispensable redefinir el concepto de pyme en el sector agrícola, revisando la definición de microempresa que figura en el artículo 2, apartado 3, del anexo I del Reglamento (UE) n.o 702/2014 con el fin de crear una definición específica para el sector agrícola, dada la naturaleza específica de este sector, por lo que propone definir un nuevo tipo de microempresa en la agricultura;

51.

apoyar a las pequeñas y medianas empresas agrícolas y forestales de zonas montañosas e interiores y de las regiones ultraperiféricas en su función de protección y salvaguardia del territorio;

52.

conceder bonificaciones por la labor de conservación y protección del hábitat que realizan las pymes agrícolas que cumplan los parámetros establecidos en el punto 50 y estén situadas en zonas montañosas, interiores o desfavorecidas, según las definan los Estados miembros en sus planes estratégicos nacionales;

53.

ofrecer, asimismo, a las explotaciones situadas en zonas de alta montaña la posibilidad de adquirir terrenos por encima del límite del 10 % del total del gasto subvencionable para la operación de que se trate, tal como se establece en el artículo 73, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) 2021/2115, a fin de permitir la concentración parcelaria necesaria para mantener su actividad económica y llevar a cabo sus tareas de protección y salvaguarda del territorio;

54.

permitir que el sector forestal se beneficie del procedimiento de exención de notificación, incluso fuera de las intervenciones de los planes estratégicos nacionales;

55.

prever, también en el caso del sector forestal, que las intervenciones en infraestructuras no se consideren por defecto como ayudas cuando se trate de inversiones no productivas;

56.

modificar las actuales normas de gestión de riesgos, en particular reduciendo al 20 % el umbral de daños para la definición de fenómenos equiparables a desastres naturales, tal como se establece en el Reglamento (UE) 2021/2115;

57.

prever un aumento del umbral de ayudas por pérdidas para los planes de seguro subvencionados y otros instrumentos de gestión de riesgos, tal como se establece en el artículo 76 del Reglamento (UE) 2021/2115; este umbral debe ser compatible con el mantenimiento del coste actual de los seguros para las explotaciones agrarias;

58.

autorizar que las ayudas para compensar los daños causados por animales protegidos queden exentas de notificación;

59.

permitir que, en caso de tales daños, sea posible compensar la pérdida de ingresos, como ya se ha previsto para los daños que provocan una pérdida en las herramientas de producción;

60.

permitir que, además de los daños causados por animales protegidos, también pueda preverse una indemnización para otros animales, dejando su definición a las autoridades nacionales, regionales y locales, ya que la incidencia varía de un país a otro;

61.

prever que NO se consideren como ayudas las actividades de promoción institucional que no se refieran a marcas específicas;

62.

Se trata de armonizar el importe máximo de esta ayuda con el correspondiente para el establecimiento de empresas agrícolas (100 000 EUR). No hay razón para una diferenciación que penaliza la diversificación hacia explotaciones no agrícolas, siendo los importes en cualquier caso muy limitados;

63.

con objeto de ayudar a las pymes que se benefician de proyectos de desarrollo local participativo o grupos operativos, pide que: — se amplíe el ámbito de aplicación también a los entes locales, los grupos de acción local, las universidades y otros organismos, independientemente de su tamaño, habida cuenta de la gran heterogeneidad de estos proyectos, en los que participan y cooperan muchas entidades diferentes; — se aumente el importe total máximo de la ayuda concedida por proyecto a 300 000 EUR para proyectos de desarrollo local participativo y a 500 000 EUR para proyectos de grupos operativos de la AEI.

---

(1)  Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).

(2)  Véase Commission Staff Working Document: Evaluation of the instruments applicable to State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas.

(3)  Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 (DO L 435 de 6.12.2021, p. 1).

(4)  DO C 440 de 18.12.2020, p. 20.

(5)  DO C 37 de 2.2.2021, p. 22.

(6)  Reglamento (UE) n o702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014 , por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 193 de 1.7.2014, p. 1).

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030

(2022/C 301/11)

Ponente: Joan CALABUIG RULL (ES/PSE), secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

Observaciones generales

1.

considera positivo que la Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030 (en lo sucesivo también Estrategia forestal de la UE) establezca un marco político para gestionar y proteger los bosques europeos, con el fin de mejorar sus servicios ecosistémicos, garantizar los medios de subsistencia, especialmente en las zonas rurales, y contribuir a una bioeconomía forestal que se apoye en la gestión forestal sostenible como herramienta multifuncional basada en la naturaleza, todo ello combinando medidas normativas y financieras en un plan hasta 2030;

2.

considera que la Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030, en sustitución de la Estrategia Forestal adoptada en 2013 (1) y evaluada en 2018 (2), establece un marco de cooperación europea en favor de los bosques, resaltando el papel fundamental de la gestión forestal sostenible para garantizar el bienestar y el sustento a la ciudadanía, y la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas resilientes frente al cambio climático;

3.

considera positivamente la evaluación y corrección de algunas prácticas forestales puntuales en determinadas regiones con el fin de proteger la biodiversidad, pero también la calidad del suelo y agua y la resiliencia frente a perturbaciones derivadas del cambio climático (estrés hídrico, huracanes y nieves, plagas e incendios forestales);

4.

reconoce el papel central del ecosistema forestal sostenible en el Pacto Verde Europeo (PVE) (3), el Pacto Europeo por el Clima (4), la Ley Europea del Clima (5) y la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 (6) y enfatiza que los diversos sectores basados en los bosques —incluidos los que utilizan beneficios no extractivos de los bosques— pueden y deben contribuir a una bioeconomía circular sostenible, climáticamente neutra y socioeconómicamente competitiva;

5.

señala que el sector forestal ha quedado excluido del primer informe de la Plataforma de Expertos sobre los Criterios medioambientales de la taxonomía europea debido a que los bosques constituyen un sector sensible en el que resulta difícil alcanzar un equilibrio entre los diferentes intereses y necesidades de las partes interesadas. Señala, asimismo, que la opinión de los expertos no es vinculante para la Comisión Europea;

6.

pide a la Comisión que actúe de manera equilibrada, social, medioambiental y económicamente justa entre los objetivos climáticos y de biodiversidad y los objetivos de bioeconomía forestal como uno de los pilares básicos del PVE;

7.

subraya que los Estados miembros y los entes regionales y locales con competencias forestales han desarrollado e implementado estrategias, políticas, programas y herramientas nacionales o regionales de gestión forestal sostenible, por lo que subraya la necesidad de cooperación y diálogo constructivo entre los Estados miembros, la Comisión, las partes interesadas y la sociedad civil forestal;

8.

subraya que los bosques aportan muchos beneficios a la sociedad en general mediante una completa gama de servicios ecosistémicos que incluyen servicios no extractivos, por lo que las decisiones relacionadas con ellos son importantes para amplios grupos de la ciudadanía y de los gestores forestales;

La necesidad de fortalecer el diálogo con las partes interesadas del sector forestal, los entes regionales y locales, los Estados miembros y la Comisión

9.

considera que fijar un marco y objetivos comunes a nivel europeo es muy positivo, pero insta a evitar cualquier debilitamiento de la subsidiariedad y del rol de los Estados miembros en este ámbito, dada la diversidad de los bosques en Europa, así como a adoptar un enfoque regional más adaptado. El CDR también comparte la opinión de que, si bien los Tratados no enumeran la «política forestal» entre las competencias explícitas de la UE, la UE dispone de una amplia gama de competencias en asuntos relacionados, que ha ejercido repetidamente mediante la adopción de actos jurídicos relativos a cuestiones forestales;

10.

señala asimismo que la gestión forestal tiene un impacto significativo, especialmente en las zonas escasamente pobladas y en las zonas interiores en las que la economía forestal es una fuente esencial de subsistencia;

11.

recomienda intensificar la comunicación, el diálogo y la participación de los Estados miembros, los entes regionales y locales y los agentes del sector (propietarios públicos y privados, asociaciones profesionales, empresas del sector forestal, expertos en conservación de la naturaleza, investigadores, incluidos climatólogos, etc.) en la preparación de los documentos, dentro de los órganos de participación existentes, como se hizo en estrategias anteriores, ya que considera el debate previo limitado y mejorable; todo ello con el fin de alcanzar el máximo consenso entre todos los agentes interesados en los beneficios que aportan nuestros bosques. Por el contrario, se ha presentado un documento final argumentando que gran parte de su contenido ya figuraba en la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad hasta 2020;

12.

recomienda que las partes interesadas específicamente afectadas por las medidas previstas en la Estrategia forestal de la UE (entes regionales y locales, sociedad civil y empresas) participen en su aplicación, reduciendo al mínimo las cargas administrativas, especialmente para propietarios de bosques y empresas, pero también para los entes regionales y locales;

La necesidad de llegar a un consenso a nivel europeo

13.

lamenta la falta de consenso político en la UE, ya que en los últimos semanas y meses se han podido verificar un aumento de las críticas a la Estrategia forestal de la UE en su redacción actual, tanto mediante declaraciones de órganos comunitarios como el Comité Económico y Social Europeo (Dictamen NAT/831 sobre la Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030 (7)), varios gobiernos nacionales y regionales como de los partidos políticos que los apoyan, diputados al Parlamento Europeo de diferentes grupos políticos y representantes del sector forestal (asociaciones de propietarios forestales públicos y privados, administraciones forestales de entes regionales y locales, asociaciones empresariales, plataformas sectoriales nacionales y regionales);

14.

lamenta el incumplimiento de las Conclusiones del Consejo alcanzadas bajo la Presidencia alemana sobre la mayor cooperación futura en la UE, proponiendo un enfoque «de arriba hacia abajo», sin tener suficientemente en cuenta las estructuras existentes (por ejemplo, inventarios forestales regionales/nacionales), con especificaciones y medidas exclusivas de la Comisión, que no es responsable de la política forestal, y sin la participación suficiente del comité asesor responsable;

15.

reconoce los objetivos generales de la Estrategia de la UE en favor de los Bosques para asegurar las buenas prácticas de gestión de los bosques en los Estados miembros y los entes regionales y locales, pero llama la atención de la Comisión sobre la necesidad de lograr un equilibrio entre las funciones medioambientales, sociales y económicas de la gestión forestal —en particular la protección como opción de gestión—, y destaca la importancia de respetar y mantener la diversidad de los bosques y las prácticas de planificación y de gestión forestal sostenible, así como los períodos de rotación, en los Estados miembros y los entes regionales y locales;

16.

constata que para los agentes clave del sector forestal (propietarios privados y públicos, profesionales, empresas y gran parte de la comunidad científica forestal) el enfoque de la Estrategia forestal de la UE no se corresponde plenamente con las realidades sobre el terreno, llegando a indicar que las prácticas de gestión forestal sostenible aparentemente no van en la dirección correcta y que, por lo tanto, deben cambiar de manera significativa;

17.

reconoce que los datos muestran una caída de biodiversidad en algunos territorios, así como un inadecuado estado de conservación de hábitats Natura 2000, debido en parte a la ausencia de un marco de incentivos adecuado para sus responsables (precios, remuneración de externalidades, marco regulatorio regionalmente adaptado y racional), aspectos clave que debería abordar la Estrategia forestal de la UE con la asignación de recursos adicionales procedentes de los presupuestos de la UE y de los Estados miembros; pide una cooperación más estrecha que promueva medidas para regenerar los ecosistemas, que incluya objetivos destinados a recuperar los ecosistemas forestales dañados;

18.

considera que la silvicultura multifuncional es una herramienta de la gestión forestal sostenible muy arraigada en la inmensa mayoría de las regiones, especialmente en las más afectadas por el impacto del cambio climático; y que, por lo general, los propietarios y profesionales que gestionan los bosques apuestan por la protección de la biodiversidad y del resto de los servicios ecosistémicos de los bosques, reducir la peligrosidad e incidencia de los incendios forestales, a la vez que trabajan para hacerlos más resilientes, vivos y en crecimiento, convirtiéndolos de este modo en contribuyentes activos a las economías locales y los medios de vida en zonas rurales;

19.

recomienda un enfoque mucho más sistémico, que integre la diversidad y complejidad de la gestión forestal sostenible —mediante indicadores que vayan más allá de la producción y de la tasa de crecimiento—, los derechos de propiedad y las y las realidades que afrontan los propietarios, profesionales, empresas públicas y privadas y los entes regionales y locales, así como los logros de desarrollo sostenible alcanzados por el sector forestal europeo; y considera que la protección de los bosques en determinados ámbitos no puede desvincularse del apoyo, incluido el económico, a una gestión sostenible activa orientada a maximizar las externalidades positivas de los servicios de los ecosistemas y a evitar la degradación, en particular la medioambiental, resultante del abandono de los suelos forestales;

20.

en el contexto de la biodiversidad, cabe destacar que, gracias a algunas regiones ultraperiféricas, la UE posee bosques primarios, amazónicos y subtropicales que constituyen un laboratorio único para la investigación científica, la especialización y la innovación (por ejemplo: en investigación farmacéutica y valorización de los extractos de plantas). La biodiversidad de estas regiones representa casi el 80 % de la biodiversidad europea y es fundamental para el equilibrio ecológico del planeta. Los entes locales y regionales son los guardianes de este valioso tesoro y han de contar con el apoyo adecuado para la gestión y conservación del mismo;

21.

considera que, aunque la Estrategia de la UE en favor de los Bosques está estrechamente relacionada con la Estrategia sobre la Biodiversidad y, de hecho, puede aportar coherencia a este respecto, debería adoptar otro enfoque más integrador y sistémico para alinear sus acciones de una forma eficaz y consistente con los objetivos de las políticas comunes en materia de transición ecológica y cambio climático, con el fin de poder alcanzar los objetivos medioambientales, sociales y de crecimiento de la UE, incluyendo empleos verdes, dotando así a la Estrategia forestal de la crucial coherencia necesaria entre las políticas de la UE pertinentes que afectan a la gestión forestal sostenible y fomentando el potencial del sector para contribuir y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible anclados en el PVE;

Una mayor horizontalidad es necesaria en los servicios de la Comisión

22.

reconoce positivamente la Estrategia forestal de la UE como resultado del trabajo conjunto de las DG AGRI, ENV y CLIMA, pero recomienda integrar las diferentes unidades de la Comisión que trabajan en el sector forestal (DG GROW, ENER, REGIO), a fin de incluir todos los aspectos e implicaciones sociales, económicos y medioambientales desde un enfoque sistémico e integrador, y porque, si no, su planteamiento puede resultar incompleto y parcial;

23.

recomienda definir con claridad el papel del Comité Forestal Permanente como actor central en la nueva Estrategia forestal de la UE de modo que se expresen los puntos de vista del sector y de otras partes interesadas clave y permitir el uso activo de los bosques en las distintas regiones de la Unión;

24.

recomienda, asimismo, tener en cuenta la dimensión morfológica de los territorios, siendo necesarias tanto la innovación como la inversión en infraestructuras, para facilitar la logística y posibilitar la digitalización que modernicen las cadenas de valor forestales como palancas contra el abandono de los recursos y despoblación y de un adecuado sistema de incentivos;

El rol de los niveles regional y local

25.

recomienda considerar la dimensión territorial de los bosques como uso del suelo (43 % en crecimiento), en buena parte ubicados en regiones despobladas del interior (montañas, climas fríos, zonas inundables, suelos pobres), integrando las políticas de gestión del territorio y de despoblación de los Estados miembros y los entes regionales y locales;

26.

considera necesario reconocer el principio de subsidiariedad, pero también las competencias compartidas en la materia debido a las distintas legislaciones medioambientales y de protección del paisaje que afectan a la política forestal, teniendo en cuenta las diferentes directrices relativas a los bosques que incluyen, sin limitarse a ellas, prácticas silvícolas y la distinta cobertura forestal de los Estados miembros en el contexto de la diversidad biológica, social, económica y cultural de los bosques en las diferentes regiones de la UE;

27.

destaca la necesidad de que los principales aspectos de la Estrategia forestal de la UE definan principios consensuados a nivel europeo. Sin embargo, para ello debe ser posible establecer a nivel nacional los medios necesarios para alcanzar los objetivos, para que correspondan a las políticas y normativas de los Estados miembros y los entes regionales y locales con competencias forestales, recalcando que la gestión forestal sostenible, la competitividad y la rentabilidad del sector en su conjunto y una coherencia de políticas adecuada son garantes de la protección de los bosques;

La compatibilidad entre las funciones medioambientales, sociales y económicas de los bosques es necesaria para alcanzar los principales retos de la UE

28.

considera que la Estrategia de la UE en favor de los Bosques debe tener suficientemente en cuenta la importancia de toda la gama de productos y servicios forestales, por lo que la Estrategia de Bioeconomía y la gestión forestal sostenible deben garantizar el equilibrio entre las funciones forestales, incluida la prestación de diferentes servicios ecosistémicos. Si solo se favorece un aspecto, se altera el equilibrio;

29.

recalca que el sector forestal (gestión y aprovechamientos, transformación industrial de madera y papel) ofreció empleo directo a 2,1 millones de personas en 2018 en la UE, generando un valor añadido bruto de 109 855 millones de euros; además 1,2 millones de personas trabajaron en la fabricación de muebles de madera y en la impresión en papel, lo que generó un valor añadido bruto de 25 000 y 31 000 millones de euros, respectivamente; en 2018, 397 000 empresas estaban activas en industrias forestales, lo que representa el 15 % de las empresas manufactureras; a todo ello hay que añadir que la bioenergía, la construcción en madera y los PFMN proporcionaron 4 millones de empleos adicionales;

30.

constata que conservar la biodiversidad, restaurar los ecosistemas y aumentar los sumideros de carbono son los elementos fundamentales en la Estrategia de la UE en favor de los Bosques, pero que la consiguiente falta de coherencia con los objetivos climáticos y de crecimiento socioeconómico sostenible es uno de los puntos más problemáticos;

31.

remarca la dimensión social de los bosques en la UE, ya que el 60 % de la superficie forestal es propiedad privada de más de 16 millones de propietarios forestales, en su inmensa mayoría pequeños propietarios repartidos por todas las regiones, con una media de trece hectáreas por propietario;

32.

defiende que los principios de la gestión forestal sostenible contemplan la sostenibilidad desde una dimensión global, es decir, ecológica, económica y social, por lo que la gestión forestal sostenible debe entenderse como la mejor manera de gestionar conservando o conservar gestionando, y por tanto la vía para disolver la supuesta dicotomía entre conservación-gestión, más arraigada en el discurso político que en la práctica real de la gestión sobre el terreno;

33.

remarca que los bosques propiedad de los entes regionales y locales representan aproximadamente el 14 % (22 millones de hectáreas) de la superficie forestal total; los entes regionales y locales no solo son propietarios forestales, sino que también gestionan y administran la implementación de la política y los presupuestos en materia forestal, hacen cumplir las leyes y brindan apoyo a la gestión forestal sostenible de los propietarios privados, siempre sujetos a las políticas forestales que son competencia de los Estados miembros, así como a iniciativas de la UE derivadas de diversas políticas sectoriales, intentando siempre compatibilizar las funciones medioambientales, sociales y económicas de los bosques;

34.

constata que en las discusiones que han acompañado al proceso se está estableciendo una falsa dicotomía entre las funciones medioambientales y socioeconómicas de los bosques, llevando a discusiones sesgadas y desviando el foco del objetivo fundamental que es el desarrollo sostenible: protección de la salud de nuestros bosques a largo plazo, capacidad para luchar contra la crisis climática con ecosistemas resilientes, gestión sostenible de los recursos y transformación responsable y eficiente de sus productos, con el fin de garantizar el bienestar y la forma de vida de millones de ciudadanos europeos;

35.

recomienda reforzar el contenido de la Estrategia forestal de la UE en lo que se refiere a algunos objetivos medioambientales (agua, suelo, paisaje) y hacer mayor énfasis en la contribución clave que realizan los productos forestales gestionados y transformados industrialmente de forma sostenible a la bioeconomía, como pilar básico del PVE; para estos productos es importante financiar procesos innovadores desde el punto de vista tecnológico, con el fin de fortalecer en particular a las empresas de transformación primaria, que representan el eslabón más débil de la industria forestal pese a su mayor potencial para añadir valor a los recursos locales;

36.

recomienda hacer más hincapié en las definiciones y medidas de la gestión forestal sostenible orientada a mejorar los ciclos del agua y conservación del suelo, especialmente en ecosistemas mediterráneos y de montaña, y señala que es necesario reforzar los indicadores para mejorar la gestión sostenible de los bosques, que constituye un requisito previo para que estos puedan prestar servicios ecosistémicos a largo plazo;

37.

recomienda redefinir objetivos para dar mayor visibilidad a garantizar el balance sostenible y la compatibilidad entre las funciones medioambientales, sociales y económicas de los bosques en base a la gestión forestal sostenible y multifuncional en las diferentes regiones forestales (bosques boreales, continentales, mediterráneos, de montaña, urbanos), sin renunciar a la protección de la biodiversidad y al resto de servicios ambientales;

38.

considera que la Estrategia de la UE en favor de los Bosques debe hacer más hincapié en la promoción de la igualdad y la inclusión en el sector forestal. En consonancia con la nueva Estrategia para la Igualdad de Género de la UE, de marzo de 2020, la nueva estrategia forestal de la UE debe promover una participación más justa de hombres y mujeres en el mercado laboral de modo que el sector forestal pueda desarrollar todo su potencial;

39.

recomienda destacar el papel de los bosques en las zonas más remotas, de montaña o en las regiones más desfavorecidas, donde el porcentaje de superficie forestal es mayor y donde hay más riesgo de despoblación y donde además, las cadenas de valor forestales representan las principales fuentes de empleo y actividad económica asociada a la movilización y primera transformación de los recursos forestales;

40.

constata que el papel de los bosques en el desarrollo de una bioeconomía circular se presenta más desde una perspectiva de riesgo que de oportunidad y remarca el importante papel que pueden desempeñar los productos biológicos en la descarbonización mediante la reducción del consumo de combustibles y materiales derivados de recursos fósiles, uno de los principales objetivos fijados por la Comisión; no obstante, la descarbonización debe tener en cuenta la evaluación del ciclo de vida de los productos forestales y favorecer la manufactura de productos con ciclos de vida largos;

41.

recomienda fomentar la transformación de los productos de la madera y de los productos forestales no madereros en la esfera local con el fin de reducir su impacto medioambiental;

42.

acoge con satisfacción la recomendación del panel de ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que pide que se preste especial atención a la reforestación de bosques demasiado explotados o destruidos y a la forestación de las zonas con suelos degradados, así como que se fomenten soluciones más responsables para una mejor utilización de la madera (8);

43.

recomienda redefinir los objetivos y las sinergias de la Estrategia de la UE en favor de los Bosques con la Estrategia de Bioeconomía de 2012, revisada en 2018 (9), integrando y promocionando los productos forestales, tanto madereros (no solo madera de construcción, también materiales biocompuestos, biocombustibles, para biorrefinerías y productos de alto valor añadido para la industria química, alimentaria y perfumero-cosmética) como PFNM (productos forestales no maderables: corcho, hongos, frutos silvestres, plantas aromáticas y medicinales, resinas), teniendo en cuenta su contribución a la mitigación del cambio climático como sumideros de carbono en su completo ciclo de vida y el efecto sustitutivo frente a otros materiales netamente emisores de gases de efecto invernadero;;

44.

recomienda redefinir objetivos y sinergias con el Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 (10), como pilar básico del PVE, poniendo en valor la recuperación y reciclaje de los productos forestales en todas sus cadenas de transformación y valorización de residuos;

45.

recomienda establecer un sistema de transferencia de buenas prácticas de la mayoría de las empresas (aprovechamiento optimizado, racional y responsable de los recursos, certificación de cadena de custodia, ecodiseño, eficiencia energética, valorización material o energética de los residuos) a la totalidad del sector industrial de base forestal;

46.

destaca que los objetivos de la Estrategia forestal de la UE deben reconocer la importancia de los bosques no solo como sumidero de carbono, sino también como reserva de carbono, que podría incrementarse con el fin de aportar una contribución significativa al objetivo de neutralidad climática de la Unión en 2050; destaca que el efecto de sustitución de los productos forestales debe tener en cuenta el impacto a lo largo de toda la vida para poner en valor el potencial total del sector forestal en la mitigación del cambio climático. Además, a medida que aumenta la edad de los bosques disminuye su efecto como sumideros netos de carbono;

47.

recomienda establecer definiciones claras en cuanto a bosques, distinguiendo al menos los bosques primigenios nunca gestionados (0,7 % del total) de los bosques gestionados en el pasado y abandonados en su gestión durante las últimas décadas, con el fin de proteger los bosques primigenios de forma eficaz, sobre todo en algunas regiones del centro y este de Europa, y asimismo de revitalizar los montes en los que se ha abandonado la gestión, con el consiguiente riesgo de incendios forestales y de enfermedades y plagas;

48.

considera que la bioenergía debe considerarse como una oportunidad de realizar actuaciones de gestión forestal sostenible y una fuente renovable a efectos de los procesos de transformación industrial de los subproductos y del reciclaje, en consonancia con la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables de 2018 (11). La bioenergía es importante para la seguridad del abastecimiento de energía de Europa y para su independencia de los combustibles fósiles;

49.

recomienda revisar las modificaciones propuestas en los criterios de sostenibilidad de la bioenergía o de los tratamientos silvícolas, ya que algunas de las medidas propuestas pueden aumentar la carga para los entes regionales y locales como propietarios forestales y como instituciones responsables de la gestión forestal sostenible en muchos Estados miembros, ya que las restricciones relacionadas con la protección jurídica estricta de 10 % de los bosques generarán muy importantes compensaciones sin un compromiso financiero claro por parte de la Comisión; deben aplicarse los criterios de sostenibilidad para la bioenergía establecidos en la Directiva sobre fuentes de energía renovables de 2018;

50.

considera que la función socioeconómica del sector forestal es importante para el desarrollo rural y de las economías locales en muchas regiones, y lamenta que la Estrategia de la UE en favor de los Bosques no fije como uno de sus objetivos prioritarios potenciar de forma clara e inequívoca el aprovechamientos de los recursos forestales madereros y PFNM, así como su transformación industrial por las empresas europeas (en su inmensa mayoría pymes localizadas en regiones rurales), basados en la gestión forestal sostenible y en el marco de la bioeconomía verde;

51.

considera necesario que la Estrategia forestal de la UE impulse y refuerce la educación en gestión forestal sostenible en todos los ámbitos, especialmente en colegios y organizaciones de sociedad civil, pero también en campañas de divulgación en medios de comunicación, como vía para subsanar el desconocimiento de los ciudadanos europeos sobre la práctica de la gestión forestal sostenible, y su triple dimensión ecológica, económica y social;

52.

considera que la Estrategia forestal de la UE debería incluir una dimensión internacional destinada a frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, sirviendo para ello la experiencia, transferencia de conocimiento y buenas prácticas de la gestión forestal sostenible que se practica en los Estados miembros y en la inmensa mayoría de entes regionales y locales; con este telón de fondo, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de promulgar un Reglamento relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 995/2010 (12), destinado a frenar la importación de productos básicos relacionados con la deforestación y la degradación forestal a escala mundial. Hace hincapié, asimismo, en que la propuesta está acompañada de una Ficha de Subsidiariedad (13) que recoge un análisis sustancial, el cual aborda cuestiones relativas a la subsidiariedad;

La necesidad de llegar a un consenso a nivel científico-técnico

53.

recomienda que la EFE ponga en valor las buenas prácticas forestales con buenos resultados en los bosques europeos durante las últimas décadas (crecimiento continuo de superficie forestal, crecimiento de sumideros de carbono, incremento de zonas y ecosistemas protegidos, incremento de aprovechamientos, desarrollo de empresas e industrias responsables, mejora de formación en GFS y de los operadores forestales); y recomienda que la EFE reconozca explícitamente este trabajo que sitúa a la UE en cabeza de las buenas prácticas forestales a nivel mundial y sirve como ejemplo al resto de países;

54.

insta a seguir las definiciones de gestión forestal sostenible, en particular del proceso FOREST EUROPE, derivadas de los compromisos internacionales adquiridos por la UE y por sus Estados miembros;

55.

recomienda realizar otros estudios sobre la planificación de la posible aplicación, con el fin de evitar interferencias entre los sistemas existentes, y aclarar las sinergias, el valor añadido y la relación coste-beneficio que la certificación propuesta de gestión forestal «close-to-nature» y un certificado independiente de la UE, así como los «planes forestales estratégicos», pueden ofrecer en el contexto de los sistemas de certificación forestal ya existentes (PEFC, FSC), reconocidos e implementados internacionalmente, y de las estrategias, planes y programas de gestión forestal sostenible ya disponibles en los Estados miembros y entes regionales y locales; falta también una aclaración sobre si el nuevo esquema debería tener un estatus obligatorio o voluntario, así como la base legal sobre la que se desarrollarían tales acciones;

56.

pide que se haga una referencia clara a la gama completa de beneficios no extractivos de los bosques;

57.

insta a revisar y analizar las evaluaciones realizadas por expertos científicos forestales, incluidos los ecologistas forestales, en toda Europa que avisan de que las políticas propuestas pueden no tener suficientemente en cuenta el posible aumento de riesgos relacionados con grandes perturbaciones (incendios, huracanes, fuertes nevadas y plagas), debiéndose considerar con especial atención los bosques especialmente vulnerables a la emergencia climática;

58.

propone alcanzar un mayor consenso basado en el rigor científico-técnico sobre las premisas que apoyan tanto la Estrategia de la UE en favor de los Bosques como la Estrategia sobre la Biodiversidad, integrando una mesa representativa de expertos científicos con rigor y experiencia contrastada en todos los aspectos de la completa cadena de valor forestal y los distintos tipos de bosques de Europa;

59.

recomienda prever que, bajo determinadas condiciones —respaldadas por análisis científicos—, los hábitats protegidos de algunos espacios Natura 2000, si se encuentran sujetos al riesgo de alteraciones relacionadas con el cambio climático, puedan reorientarse hacia ecosistemas más resilientes;

60.

reconoce y da la bienvenida a la propuesta de una recopilación de datos fiable, recalcando la importancia de la publicación de una nueva propuesta legislativa sobre observación, notificación y recopilación de datos de los bosques en la UE;

La Estrategia necesita importantes aclaraciones antes de su implementación

61.

considera que la Estrategia forestal de la UE no revela un objetivo coherente y completo para el sector forestal europeo para 2030; sin embargo, abarca varias acciones e iniciativas, muchas de las cuales todavía son vagas y solo algunas cuentan con un calendario indicativo;

62.

considera que, con respecto a la implementación de la Estrategia, un primer paso necesario es dilucidar los conceptos y acciones y elaborar un plan de acción que arroje claridad en cuanto a objetivos, alcance, tiempo y responsabilidades; dicho plan de acción debe reconocer la posición de Estados miembros, entes regionales y locales y agentes sectoriales sobre la Estrategia y sus consideraciones sobre el camino a seguir propuesto; también debería incluir las opiniones del CDR, el Parlamento Europeo y de las partes interesadas de todo el sector forestal;

63.

recomienda una aclaración sobre cómo se relacionarán los nuevos indicadores, umbrales y rangos de GFS con los criterios e indicadores de GFS de FOREST EUROPE, dado que la UE y sus Estados miembros son signatarios de FOREST EUROPE; así mismo considera que también se necesita información sobre la base legal que justificaría esta acción y sobre lo que implicaría «comenzar de forma voluntaria» con respecto a los posibles pasos futuros, además de aclarar el vínculo entre GFS y el concepto de «close-to-nature»;

64.

recomienda que el alcance y la viabilidad del desarrollo del pago por servicios ecosistémicos sea discutido a fondo con los Estados miembros y los agentes sectoriales, realizándose posteriores comprobaciones de la realidad para evaluar si los mecanismos financieros previstos en la EFE (PAC, «carbon farming» y certificación de carbono) permitirían alcanzar los objetivos previstos;

65.

acoge con satisfacción la introducción del seguimiento forestal coordinado a escala de la Unión pero considera necesaria una evaluación del valor añadido y la relación coste-beneficio de la nueva propuesta sobre observación, notificación y recopilación de datos de los bosques de la UE, así como de los datos e información existentes y los que faltan, junto con el reconocimiento de que los datos de teledetección, incluida la información por satélite y otros medios, son una forma rentable de mejorar la base de conocimientos en cooperación con los inventarios forestales nacionales existentes y en curso; en este contexto, subsidiariedad, costos y cargas administrativas son elementos clave que deben abordarse; la monitorización forestal en toda la UE podría aportar un valor añadido a condición de que cuente con el apoyo de los Estados miembros y los entes regionales y locales y se base en datos sobre el terreno recopilados por los inventarios forestales nacionales y regionales y en la experiencia de Forest Focus; así mismo, con respecto a los planes estratégicos nacionales, su naturaleza (voluntaria versus obligatoria), formato y propósito exacto también deben quedar claramente definidos y ofrecer incentivos rentables a los propietarios forestales para que contribuyan a la recogida de datos;

La gestión forestal sostenible necesita más fondos europeos

66.

recomienda comprometer recursos financieros claros y realistas, ya que, aunque un aumento significativo de la financiación para la gestión forestal sostenible y la conservación de la biodiversidad puede interpretarse como parte de la Estrategia de la UE en favor de los Bosques, la necesidad de depender de fondos que ya tienen otros objetivos y asignaciones (por ejemplo, la PAC) y la ausencia de contribución de otros fondos en un contexto general marcado por el Brexit, la crisis económica posterior a la COVID-19 y un aumento de la inflación, es cuestionable pensar que la actual infrafinanciación de la UE para los bosques y la biodiversidad se invertirá a corto o medio plazo;

67.

recomienda a la Comisión ayudar a los entes regionales y locales a que los fondos europeos disponibles (Feader, FEDER, NextGenerationEU) puedan llegar mejor a la gestión forestal sostenible, simplificando los procesos administrativos;

68.

recomienda comprometer más recursos financieros para la formación, I+D y transferencia de conocimiento a nivel europeo e internacional, con el fin de cooperar, transferir y aplicar las buenas prácticas en relación con la gestión forestal sostenible y las cadenas de valor forestales en todas las regiones de Europa y del mundo;

69.

considera que la nueva Estrategia forestal de la UE debe promover iniciativas destinadas a crear plataformas de cooperación y financiación interregionales en los ámbitos de los bosques y la economía descarbonizada.

---

(1)  COM(2013) 659 final.

(2)  COM(2018) 811 final.

(3)  Véase el Pacto Verde Europeo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

(4)  COM(2020) 788 final.

(5)  Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima») (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).

(6)  COM(2020) 380 final.

(7)  DO C 152 de 6.4.2022, p. 169.

(8)  Recomendación del panel de ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa respecto del cambio climático y el medio ambiente.

(9)  COM(2018) 673 final y SWD(2018) 431 final.

(10)  COM(2020) 98 final.

(11)  Directiva (EU) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

(12)  COM(2021) 706 final.

(13)  SWD/2021/325 final.