—

esta primera sección introductoria explica los motivos por los que la Comisión ofrece orientaciones sobre los acuerdos verticales y el ámbito de aplicación de dichas orientaciones. También explica los objetivos del artículo 101 del Tratado, el modo en que el artículo 101 del Tratado se aplica a los acuerdos verticales y los principales pasos en la evaluación de los acuerdos verticales con arreglo al artículo 101 del Tratado;

—

la segunda sección ofrece un resumen de los efectos positivos y negativos de los acuerdos verticales. El Reglamento (UE) 2022/720, las presentes Directrices y la política de aplicación de la Comisión en casos individuales se basan en la consideración de estos efectos;

—

la tercera sección trata de los acuerdos verticales que, generalmente, están excluidos del artículo 101, apartado 1 del Tratado. Aunque el Reglamento (UE) 2022/720 no se aplica a estos acuerdos, es necesario ofrecer orientaciones sobre las condiciones en las que los acuerdos verticales pueden estar excluidos del artículo 101, apartado 1, del Tratado;

—

la cuarta sección ofrece orientaciones adicionales sobre el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) X, incluidas explicaciones sobre el puerto seguro establecido por el Reglamento y la definición de acuerdo vertical. Asimismo, esta sección incluye orientaciones sobre los acuerdos verticales en la economía de las plataformas en línea, que desempeña un papel cada vez más importante en la distribución de bienes y servicios. En esta sección también se explican los límites de la aplicación del Reglamento (UE) 2022/720, tal como se establece en el artículo 2, apartados 2, 3 y 4 del Reglamento. Aquí se incluyen los límites específicos que se aplican al intercambio de información entre un proveedor y un comprador en situaciones de distribución dual, de conformidad con el artículo 2, apartado 5, del Reglamento, y los que se aplican a los acuerdos relativos a la prestación de servicios de intermediación en línea en los que el proveedor de dichos servicios tiene una función híbrida, de conformidad con el artículo 2, apartado 6, del Reglamento. La cuarta sección también explica cómo se aplica el Reglamento (UE) 2022/720 en los casos en que un acuerdo vertical entra en el ámbito de aplicación de otro reglamento de exención por categorías, tal como se establece en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento. Por último, esta sección contiene una descripción de determinados tipos comunes de sistemas de distribución, en particular aquellos que son objeto de disposiciones específicas en el artículo 4 del Reglamento relativas a las restricciones especialmente graves;

—

la quinta sección aborda la definición de los mercados de referencia y el cálculo de las cuotas de mercado en relación con la Comunicación relativa a la definición de mercado (5). Esto es pertinente porque los acuerdos verticales solo pueden beneficiarse de la exención por categorías prevista en el Reglamento (UE) 2022/720 en el caso de que las cuotas de mercado de las empresas que son parte en el acuerdo no superen los umbrales establecidos en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2022/720;

—

la sexta sección abarca las restricciones especialmente graves establecidas en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2022/720 y las restricciones excluidas establecidas en el artículo 5 del Reglamento, incluidas las explicaciones sobre por qué resulta pertinente la calificación de «especialmente grave» o «excluida»;

—

la séptima sección contiene orientaciones sobre las facultades de la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros (ANC) para retirar el beneficio del Reglamento (UE) 2022/720 en casos concretos, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo (6) y el artículo 6 del Reglamento (UE) 2022/720, así como orientaciones sobre las facultades de la Comisión para adoptar reglamentos que establezcan que el Reglamento (UE) 2022/720 no es aplicable, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) 2022/720;

—

la octava sección describe la política de aplicación de la Comisión en casos concretos. A tal fin, aquí se explica cómo se evalúan los acuerdos verticales que no estén cubiertos por el Reglamento (UE) 2022/720 con arreglo al artículo 101, apartados 1 y 3, del Tratado, y ofrece orientaciones sobre diversos tipos comunes de restricciones verticales.

—

en primer lugar, las empresas implicadas deben establecer las cuotas de mercado del proveedor y del comprador en el mercado de referencia donde venden y compran respectivamente los bienes o servicios contractuales;

—

en el caso de que ni la cuota de mercado del proveedor ni la del comprador superen el umbral de cuota de mercado del 30 % establecido en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2022/720, el acuerdo vertical estará cubierto por el puerto seguro establecido por el Reglamento, siempre que el acuerdo no contenga restricciones especialmente graves en el sentido del artículo 4 del Reglamento ni restricciones excluidas en el sentido del artículo 5 del Reglamento que no puedan separarse del resto del acuerdo;

—

si la cuota de mercado de referencia del proveedor o del comprador supera el umbral del 30 % o el acuerdo incluye una o más restricciones especialmente graves o restricciones excluidas que no puedan separarse del resto del acuerdo, será necesario evaluar si el acuerdo vertical entra en el ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado;

—

en el caso de que el acuerdo vertical entre en el ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado, será necesario examinar si cumple las condiciones para la exención establecida en el artículo 101, apartado 3, del Tratado.

a)

abordar la cuestión de la externalidad vertical. La fijación de un precio demasiado elevado por parte del distribuidor sin tener en cuenta el efecto de sus decisiones sobre el proveedor puede evitarse si el proveedor impone al distribuidor un precio máximo de reventa. Del mismo modo, para aumentar los esfuerzos de venta del distribuidor, el proveedor puede utilizar la distribución selectiva o la exclusiva;

b)

para abordar el problema del parasitismo. El parasitismo entre compradores puede producirse a nivel mayorista o minorista, en particular cuando el proveedor no puede imponer requisitos efectivos de promoción o servicio a todos los compradores. Entre compradores el problema solo puede plantearse en los servicios preventa y otras actividades promocionales y nunca en los de posventa en los que el distribuidor puede cobrar a sus clientes individualmente. Los esfuerzos de preventa en los que puede producirse el parasitismo pueden ser importantes, por ejemplo, cuando los bienes o servicios son relativamente nuevos, técnicamente complejos o de gran valor, o cuando la reputación de los bienes o servicios es un determinante importante de su demanda (22). Las restricciones en los sistemas de distribución exclusiva o selectiva u otras restricciones pueden contribuir a evitar o reducir este problema de parasitismo. Este fenómeno también puede darse entre proveedores, en el caso, por ejemplo, de que un fabricante invierta en actividades de promoción en los locales del comprador que también atraen a clientes de los competidores de dicho fabricante. Restricciones del tipo de no competencia pueden ayudar a superar el parasitismo entre proveedores (23);

c)

abrir nuevos mercados o introducirse en ellos. En el caso de que un proveedor desee introducirse en un nuevo mercado geográfico, por ejemplo, exportando a otro país, ello puede implicar la realización de inversiones a fondo perdido específicas por parte del distribuidor para establecer la marca en el mercado. Para convencer a un distribuidor local de que realice estas inversiones, cabe la posibilidad de que sea necesario ofrecer protección territorial, de forma que el distribuidor pueda recuperar sus inversiones. Esto puede justificar que se restrinja la venta en el nuevo mercado a los distribuidores situados en otros mercados geográficos (véanse también los apartados (118), (136) y (137)). Este es un caso especial del problema de parasitismo contemplado en la letra b);

d)

abordar la cuestión del parasitismo de certificación. En algunos sectores, determinados distribuidores tienen la reputación de almacenar únicamente bienes de calidad o de prestar servicios de calidad (los llamados «distribuidores de calidad»). En tales casos, vender a través de estos distribuidores puede ser crucial, en particular para el lanzamiento exitoso de un nuevo producto. Si el proveedor no puede asegurarse de que la distribución de sus productos se limite a estos distribuidores de calidad, corre el riesgo de no aparecer en la lista de dichos distribuidores. En ese supuesto, el uso de la distribución exclusiva o selectiva puede estar justificado;

e)

abordar el problema de la cautividad. Es posible que el proveedor o el comprador tengan que realizar inversiones específicamente ligadas a la relación (por ejemplo, en equipos o formación específicos), que son inversiones a fondo perdido y tienen escaso o nulo valor fuera de la relación vertical específica. Por ejemplo, un fabricante de componentes puede tener que fabricar máquinas específicas para satisfacer los requisitos de uno de sus clientes, pero las máquinas podrían no ser aptas para utilizarlas con otros clientes y podría ser imposible revenderlas. En ausencia de un acuerdo, una vez que haya realizado la inversión específica ligada a la relación, la parte inversora se encontrará en una posición negociadora débil, ya que corre el riesgo de quedar «cautiva» durante las negociaciones con su socio comercial. La amenaza de esta cautividad oportunista puede dar lugar a inversiones por debajo del nivel óptimo por parte de la parte inversora. Los acuerdos verticales pueden eliminar el margen de cautividad (en particular, cuando la inversión puede contratarse en su totalidad y pueden preverse todas las contingencias futuras) o pueden reducir el margen de cautividad. Por ejemplo, las cláusulas de no competencia, la imposición de cantidades o la compra exclusiva pueden reducir el problema de la cautividad cuando la inversión específica ligada a la relación la realiza el proveedor, mientras que la distribución exclusiva, la asignación de clientes exclusivos o el suministro exclusivo pueden reducir el problema de la cautividad cuando la inversión la realiza el comprador;

f)

abordar el problema específico de la cautividad que se puede plantear cuando existe una transferencia de conocimientos técnicos sustanciales. Es posible que el proveedor de conocimientos técnicos no desee que los utilicen sus competidores o que los utilicen en su beneficio, por ejemplo en franquicias. En la medida en que el comprador no disponga con facilidad de los conocimientos técnicos, y estos sean sustanciales e indispensables para la ejecución del acuerdo, esta transferencia puede justificar una restricción de no competencia y, generalmente, quedaría fuera del ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado en tales casos;

g)

lograr economías de escala en la distribución. Para realizar economías de escala y, por consiguiente, lograr un precio minorista inferior para sus bienes o servicios, cabe la posibilidad de que el fabricante desee concentrar la reventa de sus bienes o servicios en un número reducido de distribuidores. Para ello, el fabricante podría recurrir a la distribución exclusiva, la imposición de cantidades en forma de requisito de compra mínima, la distribución selectiva que incluya este requisito, o la compra exclusiva;

h)

garantizar la uniformidad y la normalización de la calidad. Una restricción vertical puede ayudar a crear, o promover, una imagen de marca imponiendo a los distribuidores un cierto grado de uniformidad y normalización de la calidad. Esto puede proteger la reputación de la marca, aumentar el atractivo de los bienes o servicios en cuestión para los usuarios finales y aumentar las ventas. Esta normalización puede lograrse, por ejemplo, mediante la distribución selectiva o la franquicia;

i)

abordar las imperfecciones del mercado de capitales. los proveedores de capital como bancos y mercados de valores pueden ofrecer capital de forma inferior a la óptima si cuentan con una información deficiente sobre la solvencia del prestatario o si existe una base inadecuada para garantizar el préstamo. Cabe la posibilidad de que el comprador o el proveedor cuente con una información más completa y esté en condiciones, mediante una relación exclusiva, de obtener mayor seguridad para su inversión. En caso de que el proveedor conceda el préstamo al comprador, ello puede conducir a la imposición de una cláusula de no competencia o una obligación de compra de una cantidad determinada. Si es el comprador el que facilita el crédito al proveedor, ello puede ser la razón de que se imponga al proveedor una obligación de suministro exclusivo o de imposición de una cantidad obligatoria.

a)

la exclusión del mercado contraria a la competencia de otros proveedores u otros compradores poniendo barreras a la entrada o la expansión;

b)

el debilitamiento de la competencia entre el proveedor y sus competidores o la facilitación de la colusión explícita o tácita entre proveedores competidores, que a menudo se conoce como reducción de la competencia intermarcas;

c)

el debilitamiento de la competencia entre el comprador y sus competidores o la facilitación de la colusión explícita o tácita entre compradores competidores, que a menudo se conoce como reducción de la competencia intramarca cuando afecta a los distribuidores de los bienes o servicios del mismo proveedor (24);

d)

la creación de obstáculos a la integración de mercados, entre los que se incluyen en particular las limitaciones a la elección de los consumidores para adquirir bienes o servicios en cualquier Estado miembro.

a)

aumentando los precios cobrados a los compradores de bienes o servicios, lo que a su vez puede dar lugar a precios al por menor más elevados;

b)

limitando la elección de bienes o servicios;

c)

bajando la calidad de bienes o servicios;

d)

reduciendo la innovación o el servicio a nivel de los proveedores.

a)

aumentando los precios al por menor de los bienes o servicios;

b)

limitando la elección de combinaciones de precio y servicio y los formatos de distribución;

c)

disminuyendo la disponibilidad y la calidad de los servicios al por menor;

d)

reduciendo el nivel de innovación a nivel de la distribución.

a)

la cuota de mercado conjunta de las partes en cualquier mercado de referencia de la Unión afectado por el acuerdo no sea superior al 5 %, y

b)

el volumen de negocios total anual del proveedor en la Unión generado con los productos incluidos en el acuerdo no supere los 40 millones EUR o, en el caso de acuerdos celebrados entre un comprador y varios proveedores, las compras conjuntas del comprador de los productos incluidos en los acuerdos no superen los 40 millones EUR (31). La Comisión puede refutar la presunción si un análisis de las características del acuerdo y de su contexto económico demuestra lo contrario.

a)

los riesgos directamente relacionados con los contratos suscritos o negociados por el agente por cuenta del principal, como la financiación de existencias;

b)

los riesgos relacionados con inversiones específicamente destinadas al mercado. Se trata de inversiones específicamente necesarias para el tipo de actividad para la que el principal ha designado al agente, es decir, necesarias para que este pueda celebrar o negociar un tipo específico de contratos. Estas inversiones suelen ser a fondo perdido, lo que significa que, tras abandonar ese ámbito de actividad específico, la inversión no puede utilizarse para otras actividades ni venderse si no es con una pérdida cuantiosa;

c)

los riesgos relacionados con otras actividades emprendidas en el mismo mercado de producto, en la medida en que el principal requiera que, como parte de la relación de agencia, el agente realice tales actividades no como agente en nombre del principal, sino por cuenta propia.

a)

el agente no adquiere la propiedad de los bienes comprados o vendidos en virtud del acuerdo de agencia y no presta directamente los servicios comprados o vendidos en virtud de dicho acuerdo. El hecho de que el agente pueda adquirir temporalmente, durante un breve período de tiempo, la propiedad de los bienes contractuales mientras los vende en nombre del principal no excluye la existencia de un acuerdo de agencia que queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado, siempre que el agente no incurra en ningún coste o riesgo relacionado con esta transferencia de propiedad;

b)

el agente no participa en los costes relacionados con el suministro o adquisición de los bienes o servicios contractuales, incluidos los costes del transporte de los bienes. Ello no impide que el agente se ocupe del servicio de transporte, siempre que sea el principal el que corra con los gastos;

c)

el agente no mantiene existencias de los bienes contractuales, corriendo personalmente con los costes y riesgos, incluidos los costes relativos a la financiación y las pérdidas de las existencias. El agente debe poder devolver al principal, sin recargo, los bienes no vendidos, a menos que el agente sea responsable, por ejemplo, porque no cumple unas medidas razonables de seguridad o antirrobo que eviten la pérdida de existencias;

d)

el agente no asume la responsabilidad por el incumplimiento del contrato por parte de los clientes, a excepción de la pérdida de la comisión del agente, a menos que este sea responsable (por ejemplo, porque no cumple unas medidas razonables de seguridad o antirrobo o no cumple medidas razonables a la hora de denunciar los robos al principal o la policía, o de comunicar al principal toda la información necesaria de la que dispone sobre la fiabilidad financiera de los clientes);

e)

el agente no asume la responsabilidad frente a los clientes u otros terceros por las pérdidas o daños procedentes del suministro de los bienes o servicios contractuales, a menos que el agente tenga la culpa;

f)

el agente no está obligado, directa o indirectamente, a invertir en promoción de ventas, en particular a través de la contribución a presupuestos de publicidad del principal, actividades publicitarias o promocionales específicamente relacionadas con los bienes o servicios contractuales, a menos que dichos costes sean reembolsados en su totalidad por el principal;

g)

el agente no realiza inversiones específicamente destinadas al mercado en equipos, locales, formación del personal o publicidad, tales como el depósito de gasolina en el caso del comercio minorista de gasolina, o de un programa informático específico para la venta de pólizas de seguros cuando se trate de agentes de seguros, o publicidad relativa a rutas o destinos en el caso de las agencias de viajes que venden vuelos o alojamiento en hoteles, a menos que estos costes sean reembolsados en su totalidad por el principal;

h)

el agente no realiza otras actividades en el mismo mercado de producto solicitadas por el principal en el marco de la relación de agencia (por ejemplo, la entrega de bienes), a menos que estas actividades sean reembolsadas en su totalidad por el principal.

a)

las limitaciones relativas al territorio en el que el agente puede vender los bienes o servicios contractuales;

b)

las limitaciones relativas a los grupos de clientes a los que el agente puede vender los bienes o servicios contractuales;

c)

los precios y las condiciones a las que el agente debe vender o comprar los bienes o servicios contractuales.

a)

el consentimiento explícito puede deducirse de los poderes conferidos a las partes en un acuerdo general redactado de antemano. Si las cláusulas de dicho acuerdo general prevén o autorizan a una de las partes a adoptar posteriormente una política unilateral específica vinculante para la otra parte, el consentimiento para esa política por la otra parte puede establecerse sobre esta base (52).

b)

para un consentimiento tácito es necesario demostrar que una parte requiere, explícita o implícitamente, la cooperación de la otra parte para la aplicación de su política unilateral y que la otra parte ha cumplido ese requisito aplicando en la práctica dicha política unilateral (53). Por ejemplo, si tras el aviso de un proveedor de una reducción unilateral de la oferta a fin de impedir el comercio paralelo, los distribuidores reducen inmediatamente sus pedidos y dejan de realizar el comercio paralelo, cabe concluir que dichos distribuidores acceden tácitamente a la política unilateral del proveedor. No obstante, no puede llegarse a esta conclusión si los distribuidores siguen realizando el comercio paralelo o tratan de encontrar nuevas vías para hacerlo.

a)

la empresa que presta los servicios de intermediación en línea no puede ser categorizada como comprador en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra k), del Reglamento, con respecto a los bienes o servicios ofrecidos por terceros que utilicen dichos servicios de intermediación en línea;

b)

a efectos de la aplicación de los umbrales de cuota de mercado establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento, la cuota de mercado de la empresa que presta los servicios de intermediación en línea se calcula en el mercado de referencia para la prestación de dichos servicios. El alcance del mercado de referencia depende de los hechos del caso, en particular del grado de sustituibilidad entre los servicios de intermediación en línea y fuera de línea, entre los servicios de intermediación utilizados para diferentes categorías de bienes o servicios y entre los servicios de intermediación y los canales de venta directa;

c)

las restricciones impuestas por la empresa que presta los servicios de intermediación en línea a los compradores de dichos servicios en relación con el precio, el territorio y los clientes a los que pueden venderse los bienes o servicios intermediados, incluidas las restricciones relativas a la publicidad en línea y a la venta en línea, están sujetas a las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (restricciones especialmente graves). Por ejemplo, de conformidad con el artículo 4, letra a), del Reglamento, la exención prevista en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento no se aplica a un acuerdo en virtud del cual un proveedor de servicios de intermediación en línea impone un precio de venta fijo o mínimo para una transacción que facilita;

d)

de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra d), del Reglamento, la exención prevista en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento no se aplica a las obligaciones de paridad entre plataformas para el comercio minorista impuestas por la empresa que presta los servicios de intermediación en línea a los compradores de dichos servicios;

e)

de conformidad con el artículo 2, apartado 6, del Reglamento, la exención prevista en su artículo 2, apartado 1, no se aplica a los acuerdos relativos a la prestación de servicios de intermediación en línea cuando el proveedor de los servicios sea una empresa competidora en el mercado de referencia para la venta de los bienes o servicios intermediados (función híbrida). Como se establece en la sección 4.4.4, dichos acuerdos deben evaluarse con arreglo a las Directrices horizontales en lo que respecta a los posibles efectos colusorios y con arreglo a la sección 8 de las presentes Directrices en lo que respecta a las restricciones verticales.

a)

las cláusulas de DPI deben formar parte de un acuerdo vertical, es decir, un acuerdo que establezca condiciones con arreglo a las cuales las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios;

b)

los DPI han de cederse al comprador o destinarse a ser utilizados por este;

c)

las cláusulas de DPI no deben constituir el objeto principal del acuerdo;

d)

las cláusulas de DPI deben estar directamente relacionadas con el uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios por parte del comprador o de sus clientes. En el caso de una franquicia en la que el marketing es el objeto de la explotación de los DPI, los bienes o servicios son distribuidos por el franquiciado principal o los franquiciados;

e)

las cláusulas de DPI, en relación con los bienes o servicios contractuales, no deben contener restricciones de la competencia que tengan el mismo objeto que las restricciones verticales que no estén exentas con arreglo al Reglamento (UE) 2022/720.

a)

los acuerdos en los que una parte ofrece a otra una receta y le concede la licencia para fabricar una bebida con dicha receta;

b)

la licencia pura de una marca o signo a efectos de comercialización;

c)

los contratos de patrocinio que cubran el derecho a hacer publicidad de uno mismo en calidad de patrocinador oficial de un acontecimiento;

d)

las licencias de derechos de autor como los contratos de difusión relativos al derecho de grabar o retransmitir un acontecimiento.

a)

la imposición al franquiciado de la obligación de no ejercer, directa o indirectamente, una actividad comercial similar;

b)

la imposición al franquiciado de la obligación de no adquirir intereses financieros en el capital de una empresa competidora que le confieran la posibilidad de influir en el comportamiento económico de dicha empresa;

c)

la imposición al franquiciado de la obligación de no desvelar a terceros los conocimientos técnicos aportados por el franquiciador en tanto dichos conocimientos técnicos no hayan pasado a ser de dominio público;

d)

la imposición al franquiciado de la obligación de comunicar al franquiciador la experiencia adquirida en la explotación de la franquicia y de conceder al franquiciador y a otros franquiciados una licencia no exclusiva para los conocimientos técnicos derivados de dicha experiencia;

e)

la imposición al franquiciado de la obligación de informar al franquiciador de las infracciones de los DPI cedidos mediante licencia, de iniciar acciones legales contra los infractores o de asistir al franquiciador en toda acción legal iniciada contra los infractores;

f)

la imposición al franquiciado de la obligación de no utilizar los conocimientos técnicos autorizados por el franquiciador con fines distintos de la explotación de la franquicia;

g)

la imposición al franquiciado de la obligación de no ceder los derechos y obligaciones contemplados en el acuerdo de franquicia sin el consentimiento del franquiciador.

a)

información técnica relativa a los bienes o servicios contractuales, como la relativa al registro, la certificación, la manipulación, la utilización, el mantenimiento, la reparación, la mejora o el reciclado de los bienes o servicios contractuales, en particular cuando dicha información sea necesaria para cumplir las medidas reglamentarias, e información que permita al proveedor o al comprador adaptar los bienes o servicios contractuales a las necesidades del cliente;

b)

información logística relativa a la producción y distribución de los bienes o servicios contractuales en los niveles superior o inferior, en particular la información relativa a los procesos de producción, el inventario, las existencias y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 100, letra b), los volúmenes de ventas y las devoluciones;

c)

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 100, letra b), información relativa a las compras de los bienes o servicios contractuales, las preferencias de los clientes y las observaciones de los clientes, siempre que el intercambio de dicha información no se utilice para restringir el territorio en el que el comprador puede vender los bienes o servicios contractuales en el sentido del artículo 4, letras b), c) o d), del Reglamento (UE) 2022/720;

d)

información relativa a los precios a los que el proveedor vende los bienes o servicios contractuales al comprador;

e)

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 100, letra a), información relativa a los precios de reventa recomendados por el proveedor o a los precios de reventa máximos de los bienes o servicios contractuales e información relativa a los precios a los que el comprador revende los bienes o servicios, siempre que dicho intercambio de información no se utilice para restringir la capacidad del comprador de determinar su precio de venta o para aplicar un precio de venta fijo o mínimo en el sentido del artículo 4, letra a), del Reglamento (UE) 2022/720 (69);

f)

sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 100) y en la letra e) del presente apartado, información relativa a la comercialización de los bienes o servicios contractuales, incluida la información sobre campañas de promoción e información sobre nuevos bienes o servicios que deban suministrarse o prestarse en virtud del acuerdo vertical;

g)

información relativa al rendimiento, incluida la información agregada comunicada por el proveedor al comprador en relación con las actividades de comercialización y venta de otros compradores de los bienes o servicios contractuales, siempre que ello no permita al comprador identificar las actividades de determinados compradores competidores, así como información sobre el volumen o el valor de las ventas del comprador de los bienes o servicios contractuales en relación con sus ventas de bienes o servicios competidores.

a)

información relativa a los precios futuros a los que el proveedor o comprador tiene intención de vender los bienes o servicios contractuales en sentido descendente;

b)

información relativa a los usuarios finales identificados de los bienes o servicios contractuales, a menos que el intercambio de dicha información sea necesario:

c)

información intercambiada sobre los bienes vendidos por un comprador bajo su propia marca entre el comprador y un fabricante de bienes de marca competidora, a menos que el fabricante sea también el productor de esos bienes de marca propia.

—

Reglamento (UE) no 316/2014 de la Comisión;

—

Reglamento (UE) no 1217/2010 de la Comisión (75);

—

Reglamento (UE) no 1218/2010 de la Comisión (76).

a)

cuando en un acuerdo vertical se incluya una restricción especialmente grave en el sentido del artículo 4 del Reglamento (UE) 2022/720, es probable que dicho acuerdo entre dentro del ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1, del Tratado.

b)

un acuerdo que incluya una restricción especialmente grave en el sentido del artículo 4 del Reglamento (UE) 2022/720 es poco probable que cumpla las condiciones del artículo 101, apartado 3, del Tratado.

a)

fijar el margen de reventa;

b)

fijar el nivel máximo de descuento que el distribuidor puede conceder a partir de un nivel de precios prescrito;

c)

supeditar la concesión de descuentos o el reembolso de los costes de promoción por parte del proveedor al cumplimiento de un determinado nivel de precios;

d)

imponer precios mínimos anunciados («PMA»), que prohíben al distribuidor anunciar precios por debajo de un nivel fijado por el proveedor;

e)

vincular el precio de reventa prescrito a los precios de reventa de los competidores;

f)

amenazas, intimidaciones, advertencias, sanciones, retraso o suspensión de suministros o rescisión de los contratos en relación con el seguimiento de un determinado nivel de precios.

a)

La IPR puede facilitar la colusión entre los proveedores aumentando la transparencia de los precios en el mercado, lo cual facilita la detección de si un proveedor, al reducir su precio, se desvía del equilibrio colusorio. Este efecto negativo es más probable en mercados propensos a la colusión, por ejemplo cuando los proveedores forman un oligopolio restringido y una cuota significativa del mercado está cubierta por acuerdos de IPR.

b)

La IPR puede facilitar la colusión entre compradores a nivel de la distribución, en particular cuando está impulsada por los compradores. Los compradores fuertes o bien organizados pueden forzar o convencer a uno o más de sus proveedores para que fijen su precio de reventa por encima del nivel competitivo, contribuyendo así a que los compradores alcancen o mantengan un equilibrio colusorio. La IPR sirve como mecanismo de compromiso para que los minoristas no se desvíen del equilibrio colusorio mediante descuentos en los precios.

c)

En algunos casos, la IPR también puede debilitar la competencia entre fabricantes o minoristas, en especial cuando los fabricantes utilizan a los mismos distribuidores para distribuir sus productos y, muchos de ellos o todos, aplican la IPR.

d)

La IPR puede reducir la presión sobre el margen del proveedor, en especial cuando un fabricante tiene un problema de seguimiento de precios, es decir, cuando tiene un interés en bajar el precio aplicado a los distribuidores posteriores. En esta situación, el fabricante puede preferir aceptar la IPR, a fin de permitirle comprometerse a no bajar el precio a los distribuidores posteriores y reducir la presión sobre su propio margen.

e)

La IPR, al evitar la competencia de precios entre distribuidores, puede impedir o dificultar la entrada y la expansión de formatos de distribución nuevos o más eficientes, reduciendo así la innovación en el nivel de la distribución.

f)

Un proveedor con poder de mercado podrá aplicar la IPR para excluir a sus rivales más pequeños. El mayor margen que la IPR puede ofrecer a los distribuidores podría incentivarlos a favorecer la marca de ese proveedor en detrimento de las marcas rivales a la hora de asesorar a los clientes, incluso cuando este asesoramiento no vaya en interés del cliente, o a no vender las marcas rivales.

g)

El efecto directo de la IPR es la eliminación de la competencia de precios intramarca al impedir que algunos distribuidores, o todos ellos, bajen su precio de venta de la marca de que se trate, dando lugar a un aumento de los precios de dicha marca.

a)

Cuando un fabricante introduce un nuevo producto, la IPR puede ser un medio eficiente para inducir a los distribuidores a tener más en cuenta el interés del fabricante para promocionar dicho producto. El artículo 101, apartado 3, del Tratado también requiere que no existan medios alternativos realistas y menos restrictivos para incentivar a los distribuidores a promocionar el producto. Para cumplir este requisito, los proveedores pueden, por ejemplo, demostrar que no es factible en la práctica imponer de forma contractual a todos los compradores obligaciones efectivas de promoción. En tales circunstancias, la imposición de precios fijos o mínimos al por menor durante un período de tiempo limitado con el fin de facilitar la introducción de un nuevo producto puede considerarse, en conjunto, como un balance favorable a la competencia.

b)

Los precios de reventa fijos, y no solo los precios de reventa máximos, pueden ser necesarios para organizar una campaña coordinada de precios bajos a corto plazo (2 a 6 semanas en la mayoría de los casos), en particular, en un sistema de distribución en el que el proveedor aplica un modelo de distribución uniforme, como un sistema de franquicia. En tal caso, habida cuenta de su carácter temporal, la imposición de precios de venta al por menor fijos puede considerarse, en conjunto, como un balance favorable a la competencia.

c)

Puede utilizarse un precio mínimo de reventa o PMA para impedir que un determinado distribuidor utilice el producto de un proveedor como reclamo a una venta a pérdida. Cuando un distribuidor revende regularmente un producto por debajo del precio al por mayor, esto puede dañar la imagen de marca del producto y, con el tiempo, reducir la demanda global del producto y socavar los incentivos del proveedor para invertir en calidad e imagen de marca. En ese caso, impedir que dicho distribuidor venda por debajo del precio al por mayor imponiéndole un precio de reventa mínimo o PMA puede considerarse favorable a la competencia.

d)

En algunas situaciones, el margen extra proporcionado por la IPR puede permitir a los minoristas proporcionar servicios preventa adicionales, en particular en caso de productos complejos. Si un número suficiente de clientes aprovecha estos servicios para elegir un producto, pero posteriormente compra a precio más bajo a minoristas que no proporcionan dichos servicios (y, por tanto, sin incurrir en esos costes), los minoristas que proporcionan muchos servicios pueden reducir los servicios de preventa o dejar de prestarlos, lo cual aumenta la demanda del producto del proveedor. El proveedor deberá demostrar que existe un riesgo de parasitismo a nivel de la distribución, que unos precios de reventa fijos o mínimos ofrecen incentivos suficientes para las inversiones en servicios de preventa y que no existen medios alternativos realistas y menos restrictivos para superar dicho parasitismo. En esta situación, la probabilidad de que la IPR sea considerada favorable a la competencia es mayor cuando la competencia entre proveedores es feroz y el proveedor tiene un poder de mercado limitado.

a)

exigir al comprador que solicite la aprobación previa del proveedor para las ventas a dichos clientes (117);

b)

denegar o reducir las primas o descuentos si el comprador vende a dichos clientes (118) o efectuar pagos compensatorios al comprador si deja de vender a dichos clientes;

c)

poner fin al suministro de productos si el comprador vende a dichos clientes;

d)

limitar o reducir el volumen suministrado, por ejemplo, de modo que el volumen se corresponda con la demanda de los clientes de determinados territorios o con la demanda de determinados grupos de clientes;

e)

amenazar con poner fin al acuerdo vertical (119) o con no renovarlo si el comprador vende a dichos clientes;

f)

cobrar un precio más elevado al distribuidor por los productos que vayan a venderse a dichos clientes (120);

g)

limitar la proporción de ventas realizadas por el comprador a dichos clientes;

h)

impedir que el comprador utilice lenguas adicionales en los envases o en la promoción de los productos (121);

i)

suministrar otro producto a cambio de que el comprador interrumpa sus ventas a dichos clientes;

j)

pagar al comprador para que deje de vender a dichos clientes;

k)

obligar al comprador a transferir al proveedor los beneficios procedentes de dichos clientes (122);

l)

excluir de un servicio de garantía a escala de la Unión reembolsado por el proveedor los productos que se revenden fuera del territorio del comprador o los productos vendidos en el territorio del comprador por compradores situados en otros territorios (123).

a)

exigir al comprador que impida que los clientes situados en otro territorio puedan ver su sitio web o su tienda en línea o que reenvíe a los clientes a la tienda en línea del fabricante o de otro vendedor. No obstante, obligar al comprador a ofrecer enlaces a las tiendas en línea del proveedor o de otros vendedores no es una restricción especialmente grave (125);

b)

exigir al distribuidor que ponga fin a las transacciones en línea de los consumidores cuando los datos de sus tarjetas de crédito revelen una dirección que no se encuentra en el territorio del comprador (126);

c)

exigir al comprador que venda los bienes o servicios contractuales únicamente en un espacio físico o con la presencia física de personal especializado (127);

d)

exigir que el comprador solicite la autorización previa del proveedor antes de realizar transacciones individuales de venta en línea;

e)

prohibir que el comprador utilice las marcas o nombres comerciales del proveedor en su sitio web o en su tienda en línea;

f)

prohibir que el comprador establezca o explote una o más tiendas en línea, independientemente de que dicha tienda esté alojada en el propio servidor del comprador o en un servidor de terceros (128);

g)

prohibir que el comprador utilice un canal completo de publicidad en línea, como los motores de búsqueda (129) o los servicios de comparación de precios o las restricciones que prohíben indirectamente el uso de un canal completo de publicidad en línea, como la obligación del distribuidor de no utilizar las marcas comerciales o los nombres de las marcas de los proveedores para posicionarse en los motores de búsqueda, o una restricción en el suministro de información sobre precios a los servicios de comparación de precios. Estas restricciones tienen por objeto impedir el uso efectivo de internet por parte del comprador para vender los bienes o servicios contractuales en determinados territorios o a determinados clientes, ya que limitan la capacidad del comprador para dirigirse a clientes más allá de su zona de comercial física, informarles de sus ofertas y atraerlos a su tienda en línea u otros canales de venta. La prohibición del uso de determinados servicios de comparación de precios o motores de búsqueda no es, por lo general, una restricción especialmente grave, ya que el comprador puede utilizar otros servicios de publicidad en línea para dar a conocer sus actividades de venta en línea. Sin embargo, prohibir el uso de los servicios de publicidad más utilizados en el canal de publicidad en línea concreto puede equivaler a una restricción especialmente grave si los demás servicios de dicho canal publicitario no son, de hecho, capaces de atraer clientes a la tienda en línea del comprador.

a)

requisitos destinados a garantizar la calidad o una apariencia particular de la tienda en línea del comprador;

b)

requisitos relativos a la presentación de los bienes o servicios contractuales en la tienda en línea (como el número mínimo de artículos expuestos o la forma en que se exhiben las marcas o nombres comerciales del proveedor);

c)

una prohibición directa o indirecta de ventas en los mercados en línea (133);

d)

la exigencia de que el comprador opere en uno o más establecimientos físicos o salas de exposición, por ejemplo, como condición para ser miembro del sistema de distribución selectiva del proveedor;

e)

el requisito de que el comprador venda una cantidad absoluta mínima de los bienes o servicios contractuales fuera de línea (en valor o volumen, pero no como proporción de sus ventas totales) para garantizar el funcionamiento eficiente de su tienda física. Este requisito puede ser el mismo para todos los compradores, o se puede establecer un nivel diferente para cada comprador sobre la base de criterios objetivos, como el tamaño del comprador en relación con otros compradores o su ubicación geográfica.

a)

el requisito de que la publicidad en línea cumpla determinadas normas de calidad o incluya contenidos o información específicos;

b)

el requisito de que el comprador no utilice los servicios de determinados proveedores de publicidad en línea que no cumplan determinadas normas de calidad;

c)

el requisito de que el comprador no utilice la marca del proveedor en el nombre del dominio de su tienda en línea.

a)

la obligación es indispensable para proteger los conocimientos técnicos transferidos por el proveedor al comprador;

b)

se limita al punto de venta desde el que el comprador ha operado durante el período contractual;

c)

se limita a un período máximo de un año.

a)

obligaciones de paridad minoristas relativas a los canales de venta directa de los compradores de servicios de intermediación en línea (las llamadas obligaciones de paridad minoristas «restringidas»);

b)

obligaciones de paridad relativas a las condiciones en las que se ofrecen bienes o servicios a empresas que no son usuarios finales;

c)

obligaciones de paridad relativas a las condiciones en las que los fabricantes, mayoristas o minoristas compran bienes o servicios como insumos (obligaciones de «cliente más favorecido»).

a)

la naturaleza del acuerdo;

b)

la posición en el mercado de las partes;

c)

la posición en el mercado de los competidores (en sentido ascendente y descendente);

d)

la posición en el mercado de los compradores de los bienes o servicios contractuales;

e)

las barreras de entrada;

f)

el nivel de la cadena de producción o distribución afectada;

g)

la naturaleza del producto;

h)

la dinámica del mercado.

a)

la presencia de efectos acumulativos derivados del hecho de que el mercado esté cubierto por restricciones verticales similares impuestas por otros proveedores o compradores;

b)

si el acuerdo es «impuesto» (es decir, la mayoría de las restricciones u obligaciones solo se aplican a una de las partes del acuerdo) o «acordado» (ambas partes aceptan restricciones u obligaciones);

c)

el marco normativo;

d)

el comportamiento que pueda indicar o facilitar la colusión, como el liderazgo de precios, los cambios de precios anunciados previamente y los debates sobre el precio, la rigidez de los precios en respuesta al exceso de capacidad productiva, la discriminación de precios y la conducta colusoria pasada.

a)

debe producir beneficios económicos objetivos,

b)

se ha de reservar a los consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante (161);

c)

las restricciones de la competencia deben ser indispensables para lograr estos beneficios, y

d)

el acuerdo no debe ofrecer a las partes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los bienes o servicios de que se trate (162).

a)

el propio proveedor utiliza el mercado en línea que el comprador no puede utilizar;

b)

el proveedor impone la restricción a algunos distribuidores, pero no a otros;

c)

el operador del mercado en línea es a su vez un miembro autorizado del sistema de distribución selectiva.

a)

la posición en el mercado del proveedor y sus competidores;

b)

la importancia de los servicios de comparación de precios como canal publicitario en el mercado de referencia para la venta de los bienes o servicios contractuales;

c)

el tipo y el alcance de las restricciones y la importancia relativa del servicio concreto de comparación de precios cuyo uso esté restringido o prohibido;

d)

si el proveedor también impone restricciones a la capacidad del comprador de utilizar otras formas de publicidad en línea.

a)

puede debilitar la competencia y facilitar la colusión entre los proveedores de servicios de intermediación en línea. En particular, es más probable que un proveedor que imponga este tipo de obligación de paridad pueda subir el precio o reducir la calidad de sus servicios de intermediación sin perder cuota de mercado. Independientemente del precio o la calidad de los servicios del proveedor, los vendedores de bienes o servicios que decidan utilizar la plataforma del proveedor están obligados a ofrecer en ella al menos condiciones tan buenas como las que ofrecen en las plataformas de la competencia;

b)

pueden impedir la entrada o la expansión de proveedores nuevos o más pequeños de servicios de intermediación en línea, ya que limitan la capacidad para ofrecer a los compradores y usuarios finales combinaciones precios-servicios diferenciadas.

a)

la posición en el mercado del proveedor de servicios de intermediación en línea que impone la obligación y de sus competidores;

b)

la proporción de compradores de los servicios de intermediación en línea pertinentes cubiertos por las obligaciones;

c)

el comportamiento de conexión de los compradores de los servicios de intermediación en línea y los usuarios finales (cuántos servicios de intermediación en línea competidores utilizan);

d)

la existencia de barreras a la entrada en el mercado de referencia para la prestación de servicios de intermediación en línea;

e)

la importancia de los canales de venta directa de los compradores de los servicios de intermediación en línea y la medida en que dichos compradores pueden retirar sus productos de las plataformas de los proveedores de servicios de intermediación en línea (exclusión).