1)

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no persigue «fines específicos», a efectos de esta disposición, un gravamen cuyos ingresos se destinan, de manera genérica, a una empresa pública concesionaria de la red nacional de carreteras y cuya estructura no indica ninguna intención de desalentar el consumo de los principales combustibles para el transporte por carretera.

2)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades nacionales puedan motivar su negativa a devolver un gravamen indirecto contrario a la Directiva 2008/118 presumiendo la repercusión a terceros de dicho gravamen y, en consecuencia, el enriquecimiento sin causa del sujeto pasivo.

1)

¿Se opone el Derecho de la Unión a que, al determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo, se atribuya una relevancia independiente, en virtud de una disposición de Derecho nacional, al interés superior del hijo del que estaba embarazada la solicitante en el momento de presentación de la solicitud?

2)

3)

Si el Derecho de la Unión no se opone a que, al determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo, se atribuya una relevancia independiente al interés superior del hijo no nacido en virtud de una disposición de Derecho nacional, ¿podrá aplicarse el artículo 16, apartado 1, del Reglamento de Dublín a la relación entre el hijo no nacido y el padre de dicho hijo no nacido que reside legalmente en el Estado miembro en el que se presenta la solicitud?

1a)

Para ser calificado de alimento para usos médicos especiales, ¿un producto debe estar acreditadamente en condiciones de alcanzar los resultados prometidos específicos en relación con la enfermedad o dolencia exclusivamente en el marco del manejo dietético indicado por motivos de salud a causa de dicha enfermedad o dolencia con respecto a lo que exige dicha dolencia o enfermedad en cuanto al aporte alimentario?

1b)

En este contexto, ¿debe considerarse que solamente existe un manejo dietético cuando una persona cambia su régimen alimenticio de modo que ingiere nutrientes diferentes o adicionales que son absorbidos por el organismo a través de la digestión?

1c)

A efectos de la calificación como alimento para usos médicos especiales, ¿es también necesario que la dolencia o enfermedad para la que se destina el producto requiera un manejo dietético consistente en que el paciente ingiera los nutrientes contenidos en el producto que no pueden ser ingeridos con una dieta normal?

1d)

¿El alimento para usos médicos especiales debe cumplir su efecto medicinal exclusivamente por el hecho de contener todos o algunos de los nutrientes que no se pueden ingerir con una dieta normal pero que sin embargo son necesarios o imprescindibles para mantener las funciones vitales del paciente?

2a)

¿Se opone la clasificación de un producto como complemento alimenticio a que dicho producto pueda clasificarse también como alimento para usos médicos especiales?

2b)

En caso de respuesta negativa: ¿Cuáles son los criterios que han de aplicarse para establecer si un determinado complemento alimenticio no puede clasificarse como alimento para usos médicos especiales?

2c)

¿Puede un «manejo dietético» en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013 (1) limitarse también al uso de «complementos alimenticios» en el sentido de la Directiva 2002/46/CE? (2)

2d)

Para que un alimento pueda ser considerado un alimento para usos médicos especiales, ¿basta con que contenga nutrientes que también pueden ser ingeridos tomando complementos alimenticios u otros alimentos pero que hayan sido combinados específicamente para una dolencia determinada o una enfermedad determinada?

3)

¿Cuáles son los criterios aplicables para diferenciar un medicamento de un alimento para usos médicos especiales o para delimitar uno del otro?

4)

El requisito establecido en el artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013, según el cual los ingredientes determinantes para la clasificación como alimento para usos médicos especiales deben desplegar sus efectos en el marco de un manejo dietético que no puede alcanzarse mediante la modificación de la dieta normal, ¿debe interpretarse en el sentido de que un paciente para cuya enfermedad o dolencia se comercializa el alimento para usos médicos especiales no debe poder satisfacer de manera suficiente sus necesidades nutricionales tomando alimentos generalmente disponibles?

5a)

¿La expresión «cuyo manejo dietético no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta normal», que figura en el artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013, tiene valor relativo en la medida en que debe entenderse que también se cumple dicho requisito cuando la ingesta de nutrientes necesaria a causa de la enfermedad o dolencia correspondiente solo podría alcanzarse con un esfuerzo especial si se efectuara por medio de alimentos generalmente disponibles (en particular, complementos alimenticios)?

5b)

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son los criterios para determinar si un esfuerzo relacionado con la ingesta de alimentos generalmente disponibles cumple el requisito de que su «manejo dietético no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta normal» que figura en el artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013? En particular, ¿para considerar que se cumple este elemento definitorio es suficiente con que un paciente se vea obligado a tomar por separado varios complementos alimenticios generalmente disponibles?

6a)

¿Qué debe entenderse por nutriente en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013?

6b)

¿Cuáles son los criterios para dilucidar si un determinado ingrediente de un producto debe clasificarse como nutriente en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013?

7a)

Para cumplir el requisito establecido en el artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013, consistente en un uso «bajo supervisión médica», ¿basta con que el producto se dispense en farmacias sin necesidad de receta?

7b)

¿Cuáles son los criterios para determinar si, en relación con un producto determinado, se cumple o no el requisito de uso «bajo supervisión médica» en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013?

7c)

¿Qué consecuencias tendría el hecho de que dicho requisito de uso «bajo supervisión médica» en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra g), del Reglamento (UE) n.o 609/2013 no se cumpla en el caso concreto o incluso con carácter general?

8a)

¿Debe entenderse que únicamente existe un alimento para usos médicos especiales si este NO puede usarse sin supervisión médica?

8b)

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son los criterios para determinar si un alimento también puede usarse sin supervisión médica?

1)

¿Pueden considerarse todavía válidas, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento n.o 507/2006, (1) las autorizaciones condicionales de comercialización de la Comisión, expedidas con el dictamen favorable de la EMA [Agencia Europea del Medicamento], relativas a las vacunas actualmente comercializadas, habida cuenta de que en varios Estados miembros (por ejemplo, en Italia, aprobación AIFA [aprobación por la Agenzia italiana del farmaco —Agencia italiana de medicamentos—] del método terapéutico con anticuerpos monoclonales y/o antivirales) se han aprobado terapias alternativas para la COVID SARS 2 eficaces y, según la tesis de la demandante, menos peligrosas para la salud de la persona, y ello a la luz de los artículos 3 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

2)

En el caso de profesionales sanitarios a los que la ley del Estado miembro haya impuesto la vacunación obligatoria, ¿pueden utilizarse las vacunas cuya comercialización ha sido autorizada por la Comisión de forma condicional, en el sentido y a los efectos del Reglamento n.o 507/2006, para proceder a la vacunación obligatoria aun cuando los profesionales sanitarios de que se trata ya se hayan contagiado y, por tanto, hayan alcanzado una inmunización natural y puedan solicitar una exención de tal obligación?

3)

En el caso de profesionales sanitarios a los que la ley del Estado miembro haya impuesto la vacunación obligatoria, ¿pueden utilizarse las vacunas cuya comercialización ha sido autorizada por la Comisión de forma condicional, en el sentido y a los efectos del Reglamento n.o 507/2006, para proceder a la vacunación obligatoria sin que se haya tramitado procedimiento alguno conforme a un criterio de precaución o, habida cuenta del carácter condicional de la autorización, dichos profesionales sanitarios pueden oponerse a que se les administre la vacuna, cuando menos hasta que la autoridad sanitaria competente haya descartado en concreto, y con una seguridad razonable, por un lado, que no existen contraindicaciones en tal sentido y, por otro, que los beneficios que se derivan de ella son superiores a los derivados de otros fármacos actualmente disponibles? En tal caso, ¿deben actuar las autoridades sanitarias competentes en observancia del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

4)

En el supuesto de una vacuna autorizada condicionalmente por la Comisión, ¿su eventual no administración a los profesionales sanitarios a los que la ley del Estado impone la vacunación obligatoria puede entrañar automáticamente la suspensión de empleo y sueldo o debe establecerse una gradación de las medidas sancionadoras conforme al principio fundamental de proporcionalidad?

5)

En caso de que el Derecho nacional permita formas de diversificación, ¿la posibilidad de asignar al trabajador a funciones alternativas debe apreciarse atendiendo al principio contradictorio en el sentido y a los efectos del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el consiguiente derecho a la reparación del daño cuando no se proceda de ese modo?

6)

A la luz del Reglamento n.o 953/21, (2) que prohíbe toda forma de discriminación entre quienes se han vacunado y quienes no han querido o no han podido hacerlo por razones médicas, ¿es conforme a Derecho una normativa nacional, como la resultante del artículo 4, apartado 11, del Decreto-ley n.o 44/2021, que permite al personal sanitario que ha sido declarado exento de la obligación de vacunación desarrollar su actividad en contacto con el paciente, si bien respetando las medidas de seguridad impuestas por la legislación vigente, mientras que el profesional sanitario que, como la demandante —en cuanto persona naturalmente inmune de resultas del contagio— no quiera someterse a la vacunación sin que se hayan realizado investigaciones médicas exhaustivas, queda automáticamente suspendido de la realización de cualquier actividad profesional y privado de remuneración?

7)

¿Es compatible con el Reglamento n.o 2021/953 y los principios de proporcionalidad y no discriminación consagrados en el mismo la normativa de un Estado miembro que impone la vacunación obligatoria contra la COVID —con vacunas cuya comercialización ha sido autorizada condicionalmente por la Comisión— a todo el personal sanitario, incluido el procedente de otro Estado miembro y que se encuentre en Italia en ejercicio de la libre prestación de servicios y de la libertad de establecimiento?

1.

¿Ha de entenderse que, en atención al artículo 70, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, en relación con el artículo 75, apartados 5, párrafo primero, y 6, del Reglamento Delegado (UE) n.o 2017/891 (2) de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas, que para valorar el requisito del artículo 70, apartado 3, letra d), del código aduanero de que «no exista vinculación entre comprador y vendedor», se han de considerar relevantes para la aplicación del valor de transacción de las mercancías a efectos aduaneros, en relación con una declaración en aduana concreta para la importación de hortalizas:

En caso de que sean relevantes las referidas circunstancias, ¿permiten considerar al comerciante exportador e importador o al importador y comprador en el primer nivel comercial dentro de la Unión como «jurídicamente asociados» o como personas vinculadas en el sentido de los artículos 127, apartado 1, letra b), y 142, apartado 4, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión? (3)

En caso de que, pese a ser relevantes las mencionadas circunstancias, no basten para considerar personas vinculadas a los comerciantes, ¿se ha de establecer a efectos de la comprobación prevista en el artículo 75, apartado 6, del Reglamento Delegado (UE) n.o 2017/891 si la vinculación entre los comerciantes ha influido en la fijación de un precio más elevado de las mercancías importadas, a fin de contrarrestar la elusión de derechos de aduana y la pérdida de ingresos tributarios para el presupuesto de la Unión, teniendo en cuenta también la posterior venta con pérdidas en el primer nivel comercial dentro de la Unión?

2.

¿Se deduce de los artículos 47, párrafo primero, y 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, interpretados en relación con el derecho de recurso que asiste al importador en virtud del artículo 44, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, de la obligación de las autoridades aduaneras, con arreglo al artículo 29 en relación con el artículo 22, apartado 7, del código aduanero, de motivar las decisiones, y de las circunstancias del caso, habida cuenta de que el tribunal de primera instancia, en el procedimiento contencioso-administrativo contra la decisión, debe examinar de oficio la licitud de esta, incluso considerando puntos de vista no formulados en el recurso, y debe recabar de oficio nuevos elementos de prueba e informes periciales, que:

3.

¿Se deduce del artículo 75, apartado 5, párrafo cuarto, del Reglamento Delegado (UE) n.o 2017/891 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas, con arreglo al cual «el importador facilitará […] toda la documentación que sea necesaria para someter a los controles de aduana pertinentes la venta y la salida al mercado de cada uno de los productos que compongan el lote», habida cuenta de la interpretación que se hace en el punto 1 de la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2020, BV (C-160/18, EU:C:2020:190), respecto a la prueba del valor de transacción declarado con arreglo al artículo 70, apartado 1, del código aduanero de la Unión, en las circunstancias del presente caso, que:

4.

¿Se deduce del artículo 75, apartados 5 y 6, del Reglamento Delegado (UE) n.o 2017/891 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas, y de la interpretación que contiene la sentencia de 16 de junio de 2016, EURO 2004. Hungary (C-291/15, EU:C:2016:455), en las circunstancias del procedimiento principal, que el valor en aduana en la importación de hortalizas desde terceros países no se ha de determinar atendiendo al valor de transacción declarado cuando:

—

Que se declare el recurso de casación admisible y fundado.

—

Que se anule la sentencia recurrida.

—

Que el Tribunal de Justicia se pronuncie definitivamente sobre el asunto estimando las pretensiones de las recurrentes en casación formuladas en primera instancia incluida la condena en cosas de la parte demandada, o, con carácter subsidiario;

—

que se devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie al respecto.

—

Que se condene al Parlamento Europeo a cargar con todas las costas de primera instancia y del procedimiento de casación.

—

Vulneración del derecho de defensa e incumplimiento de la obligación de motivación.

—

Incorrecta apreciación de los hechos y desnaturalización de varias pruebas, que llevaron al Tribunal General a incurrir en error de Derecho en lo que concierne a la apreciación de los hechos.

—

Error de Derecho en lo que lo que concierne a la interpretación de la legislación aplicable.

1)

¿Para poder considerar que concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino en el sentido del artículo 12, apartado 2, primera frase, de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2001/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Directiva 2015/2302»), basta con que la región de destino haya sido declarada como zona de riesgo por las autoridades nacionales competentes en materia de enfermedades infecciosas, si en el lugar de origen no concurren a la vez las circunstancias que se requieren para su declaración como zona de riesgo?

2)

¿Es necesario que el viajero sea capaz de predecir, en el momento de poner fin al contrato de viaje combinado, a efectos del artículo 12, apartado 2, primera frase, de la Directiva 2015/2302, que en la fecha de salida o en el momento del viaje concurrirán en el lugar de destino o en las inmediaciones circunstancias que afectarán de forma significativa al viaje?

3)

¿La voluntad de resolver el contrato debe declararse con una antelación razonable al inicio del viaje o puede efectuarse tal resolución en cualquier momento entre la fecha de la reserva y el inicio del viaje, si en el momento de poner fin al contrato no es posible excluir totalmente la posibilidad de que concurran circunstancias extraordinarias?

1.

¿Debe interpretarse el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en el sentido de que no se garantizan a los ciudadanos las vías de recurso necesarias para la tutela judicial efectiva debido a la vulneración de la independencia de los tribunales si, en un Estado miembro de la Unión Europea, se permite adscribir a jueces en comisión de servicio a un tribunal superior, con el consentimiento de estos, por tiempo indefinido mediante decisión de un órgano de gobierno del poder judicial independiente de los demás órganos del Estado, en caso de que se establezcan requisitos para la decisión de poner fin a la comisión de servicio y se prevea un recurso contra dicha decisión, que sin embargo no tiene efectos suspensivos mientras se sustancia? ¿qué criterios deben utilizarse para determinar en concreto si es admisible la comisión de servicio por tiempo indefinido?

2.

¿Sería diferente la respuesta a la primera cuestión si los requisitos objetivos para la decisión de poner fin a la comisión de servicio están establecidos en la ley y son susceptibles de control judicial, pero no se prevén tales requisitos revisables judicialmente para la selección de los jueces que han de ser adscritos en comisión de servicio?

3.

De responderse a la primera cuestión que la comisión de servicio de los jueces es admisible en tales condiciones si se siguen normas objetivas, ¿deben tenerse en cuenta no solo los criterios establecidos por la ley, sino también la forma en que los aplican las autoridades administrativas y judiciales competentes, al examinar en qué medida las disposiciones nacionales son contrarias a la exigencia de que existan vías de recurso establecida en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo?

4.

¿Debe interpretarse la Decisión 2006/929/CE de la Comisión en el sentido de que la respuesta a las tres cuestiones anteriores cambiaría si se comprueba que se instauró una práctica nacional de comisión de servicio basada en normas similares a las actualmente vigentes y ello dio lugar a objeciones en el marco del mecanismo de cooperación y verificación establecido por dicha Decisión?

5.

En caso de que se considere que las disposiciones nacionales relativas a la comisión de servicio de los jueces pueden ser contrarias a la obligación de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, ¿debe interpretarse este precepto en el sentido de que se opone a las instrucciones vinculantes impartidas a un órgano jurisdiccional nacional por una sala de un tribunal superior de la que formaba parte un juez en comisión de servicio? ¿en qué condiciones es así? En particular, ¿las instrucciones que no se refieren al fondo del litigio, sino que ordenan la realización de determinados actos procesales, están viciadas?

1)

¿Deben tener la consideración de «operadores», en el sentido del artículo 2, letra d), del Reglamento n.o 273/2004, (1) las personas físicas y jurídicas que participan en la puesta en el mercado de sustancias catalogadas de forma tal que esta participación es constitutiva de un delito en virtud del artículo 2, apartado 1, inicio y letra d), de la Decisión Marco 2004/757? (2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

2)

1)

¿Es compatible el artículo 38a, apartado 1, de la AufenthG —que, con arreglo al Derecho nacional, se debe interpretar en el sentido de que el residente de larga duración que se traslade de Estado miembro debe seguir poseyendo el estatuto de residente de larga duración en el primer Estado miembro en el momento de la renovación de su permiso de residencia— con lo dispuesto en los artículos 14 y siguientes de la Directiva 2003/109/CE, (1) donde únicamente se dispone que un residente de larga duración tiene derecho a permanecer más de tres meses en el territorio de Estados miembros distintos de aquel que le haya reconocido el estatuto de residente de larga duración mientras se cumplan los demás requisitos establecidos en el capítulo III de la Directiva?

2)

Al decidir sobre una solicitud de renovación con arreglo al artículo 38a, apartado 1, de la AufenthG, cuando se cumplen los demás requisitos de la renovación temporal y el extranjero, en particular, dispone de recursos fijos y regulares, ¿están facultadas las autoridades de extranjería, con arreglo a los artículos 14 y siguientes de la Directiva 2003/109/CE, para declarar con carácter concluyente que, al trasladarse a un segundo Estado miembro, el extranjero ha perdido el estatuto que le fue reconocido en el primero, de conformidad con el artículo 9, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2003/109/CE? ¿Debe atender esta decisión al momento de la última resolución administrativa o judicial?

3)

En caso de que se responda negativamente a las cuestiones primera y segunda:

¿Incumbe al residente de larga duración la carga de demostrar que su derecho de residencia como residente de larga duración no se ha extinguido en el primer Estado miembro?

En caso de respuesta negativa: ¿Están facultados los órganos jurisdiccionales nacionales o las autoridades nacionales para comprobar si el permiso de residencia de duración ilimitada expedido a favor del residente de larga duración se ha extinguido, o sería esto contrario al principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones administrativas que rige en el Derecho de la Unión?

4)

¿Puede objetarse el no haber acreditado un alojamiento adecuado a una nacional de un tercer país que dispone de un permiso de residencia de duración ilimitada para residentes de larga duración, que se ha desplazado a Alemania procedente de Italia y que dispone de ingresos fijos y regulares, a pesar de que Alemania no ha hecho uso de la facultad que confiere el artículo 15, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2003/109/CE y que su admisión en una vivienda social solo fue necesaria porque, mientras no disponga de un permiso de residencia con arreglo al artículo 38a de la AufenthG, no tiene derecho a percibir la asignación por hijo a cargo?

1)

Si es compatible con el artículo 14.1 a) de la Directiva 2003/96/CE (1), la normativa nacional española que establece una imposición sobre el carbón destinado a la generación de electricidad cuando, pese a proclamar que su objetivo es proteger el medio ambiente, esta finalidad no tiene reflejo en la estructura del impuesto, y se destina la recaudación a financiar los costes del sistema eléctrico.

2)

Si puede considerarse que el objetivo medioambiental tiene concreción en la estructura del impuesto por el hecho de que los tipos de gravamen se establezcan en relación al poder calórico del carbón empleado en la generación de electricidad.

3)

Si la finalidad medioambiental se alcanza por el mero hecho de que se establezcan tributos sobre determinados productos energéticos no renovables y no se someta a tributación la utilización de aquellos que se consideran menos perjudiciales para el medio ambiente.

1.

¿Debe interpretarse la disposición del artículo 30, apartado 2, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en relación con su artículo 30, apartado 1, letra a), en el sentido de que las personas a las que se refiere la segunda disposición están cubiertas por el artículo 31, apartado 1, del Acuerdo si han sido nacionales de un Estado miembro durante todo el período transitorio sin interrupción y han estado al mismo tiempo sujetos a la legislación del Reino Unido, o debe interpretarse en el sentido de que las personas a las que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra a), del Acuerdo únicamente están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 31, apartado 1, mientras estén empleadas en el Reino Unido al final del período transitorio y/o después de su finalización?

2.

¿Debe interpretarse la disposición del artículo 30, apartado 2, del Acuerdo, en relación con el artículo 30, apartado 1, letra c), del mismo, en el sentido de que las personas a las que se refiere la segunda disposición están cubiertas por el artículo 31, apartado 1, del Acuerdo si en su condición de ciudadanos de la Unión han residido en el Reino Unido sin interrupción durante todo el período transitorio y, al mismo tiempo, han estado sujetas a la legislación de un único Estado miembro durante todo el período transitorio hasta el final del mismo, o debe interpretarse en el sentido de que las personas a las que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra c), no están cubiertas por el artículo 31, apartado 1, si han dejado de residir en el Reino Unido una vez finalizado el período transitorio?

3.

Si de la interpretación de las disposiciones del artículo 30, apartado 2, del Acuerdo, en relación con su artículo 30, apartado 1, letras a) y c), resulta que dichas disposiciones no son aplicables a los hechos del procedimiento principal, porque un ciudadano de la Unión ha puesto fin a su residencia tras el final del período transitorio, ¿deben interpretarse entonces las disposiciones del artículo 30, apartado 4, del Acuerdo, en relación con su apartado 3, en el sentido de que las personas que residen o trabajan en el Estado de acogida o en el Estado de trabajo ya no están cubiertas por la disposición del artículo 30, apartado 1, del Acuerdo si sus relaciones jurídicas como trabajadores (por cuenta ajena) se han extinguido y, en consecuencia, han perdido su derecho de residencia y han abandonado el Estado de trabajo o el Estado de acogida una vez finalizado el período transitorio, o deben interpretarse en el sentido de que la restricción establecida en el artículo 30, apartado 4, se refiere al derecho de residencia y al derecho de empleo ejercidos tras el final del período transitorio, sin que sea relevante cuándo se extinguieron los derechos si estos seguían existiendo tras el final del período transitorio?

1.

¿Están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión a efectos del artículo 16 TFUE, apartado 2, primera frase, las actividades de una comisión de investigación constituida por el Parlamento de un Estado miembro en ejercicio de su facultad de control del poder ejecutivo, sea cual sea el objeto de la investigación, de manera que el Reglamento (UE) 2016/679 (1) es aplicable al tratamiento de los datos personales que efectúe una comisión parlamentaria de investigación de un Estado miembro?

2.

¿Están comprendidas en la excepción del artículo 2, apartado 2, letra a), del Reglamento general de protección de datos las actividades de una comisión de investigación constituida por el Parlamento de un Estado miembro en ejercicio de su facultad de control del poder ejecutivo, que tiene por objeto las actividades de una autoridad policial de seguridad del Estado y, por lo tanto, las actividades relativas a la seguridad nacional en el sentido del considerando 16 del Reglamento?

3.

En caso de que (como aquí sucede) un Estado miembro haya constituido una única autoridad de control con arreglo al artículo 51, apartado 1, del Reglamento general de protección de datos, ¿se deriva directamente de dicho Reglamento su competencia para conocer de las reclamaciones previstas en el artículo 77, apartado 1, en relación con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento general de protección de datos?

—

Que se declare que la República Checa, al no transponer correctamente los artículos 3, apartado 1, letras g) y h), 6, letra b), 7, apartado 3, 21, apartado 6, 31, apartado 3, 45, apartado 2, letras c), f) y parte de la letra e), 45, apartado 3, 50, apartado 1, en relación con el apartado 1, letras d) y e), del anexo VII, y 51, apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de esas disposiciones de la Directiva.

—

Que se condene en costas a la República Checa.

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 1 de diciembre de 2021 en el asunto T-230/21, Jalkh/Parlamento.

—

Anule la Decisión del Parlamento Europeo P9_TA(2021)0092, de 25 de marzo de 2021, relativa al suplicatorio de suspensión de la inmunidad del recurrente [2020/2110 (IMM)].

—

Condene en costas al Parlamento Europeo.

—

Declare admisible el presente recurso.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Declare fundado y estime el recurso contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en el asunto R 544/2020-1, relativo a la solicitud de registro de la marca de la Unión n.o 18144809.

—

Anule parcialmente la resolución n.o L 110, de 8 de noviembre de 2019, por la que se comunican los motivos de desestimación de la solicitud de marca de la Unión n.o 18144809, de manera que se estime en su totalidad dicha solicitud y se registre la marca en cuestión como signo distintivo de los productos y servicios de la recurrente en el territorio de la Unión Europea, para las clases reivindicadas.

—

Anule parcialmente la resolución n.o L 123, de 20 de enero de 2020, relativa a la desestimación de la solicitud de marca de la Unión n.o 18144809, de manera que se estime en su totalidad dicha solicitud y se registre la marca en cuestión como signo distintivo de los productos y servicios de la recurrente en el territorio de la Unión Europea, para las clases reivindicadas.

—

Ordene a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea registrar la marca POLIS LOUTRON para todas las clases solicitadas y para todos los productos y servicios solicitados.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Estime el recurso.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la EUIPO y a LULU’S FASHION LOUNGE LLC a cargar con sus propias costas y, de manera conjunta, con las costas en las que haya incurrido el Sr. Ugo Bensoussan, incluidas las del procedimiento ante la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Declare la admisibilidad del presente recurso tal como está formulado y motivado.

—

Anule la resolución impugnada y, en consecuencia, estime la solicitud de nulidad de la marca de la Unión n.o 10864511.

—

Infracción del artículo 60, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Declare la admisibilidad del presente recurso tal como está formulado y motivado.

—

Anule la resolución impugnada y, en consecuencia, estime la solicitud de nulidad de la marca de la Unión n.o 18100664.

—

Infracción del artículo 60, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Declare la admisibilidad del presente recurso tal como está formulado y motivado.

—

Anule la resolución impugnada y, en consecuencia, estime la solicitud de nulidad de la marca de la Unión n.o 18064805.

—

Infracción del artículo 60, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Estime el recurso.

—

Anule ambas resoluciones impugnadas (excepto la parte de la segunda resolución impugnada en la que la parte demandada estimó la alegación relativa a la edad de jubilación).

—

Declare que el importe de la pensión del demandante debe calcularse de acuerdo con la media de todos los salarios percibidos por el demandante desde el 24 de junio de 2010 hasta el 31 de marzo de 2021 (regla de prorrata).

—

Declare que, para calcular el importe de la pensión del demandante, debe tenerse en cuenta también el período de servicio en la institución prestado entre el 27 de julio de 2004 y el 1 de julio de 2009.

—

Condene a la parte demandada a indemnizar al demandante los daños causados con un importe calculado de acuerdo con la fórmula citada en el apartado 74 (del escrito de demanda) o con cualquier otro importe que el Tribunal considere justo y equitativo (en el supuesto inopinado y que se rechaza de que el Tribunal no acoja las pretensiones mencionadas en los anteriores guiones segundo, tercero y cuarto).

—

En cualquier caso, condene a la parte demandada a cargar con las costas.

1.

Primer motivo, basado en el hecho de que las resoluciones recurridas han fijado anticipadamente criterios detallados para calcular el importe de los derechos de pensión de la parte demandante, siendo, por lo tanto, admisible el recurso.

2.

Segundo motivo, basado en el hecho de que las resoluciones recurridas han hecho una interpretación errónea del Tribunal en cuanto a la admisibilidad.

3.

Tercer motivo, basado en el hecho de que la decisión solicitada por la parte demandante no produce efectos negativos sobre la parte demandada, ni siquiera en caso de cambios futuros de la situación laboral de la primera.

4.

Cuarto motivo, basado en el hecho de que el período de servicio realizado por la parte demandante entre 2004 y 2009 debería considerarse un período de servicio realizado para la institución.

5.

Quinto motivo, basado en el hecho de que la nueva fijación de la edad de jubilación debería llevar a la mención de 63 años, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la futura resolución de la parte demandada.

6.

Sexto motivo, basado en la necesidad de aplicar la llamada regla de prorrata.

7.

Séptimo motivo, basado en la posible inaplicación parcial (con base en los términos «último» y «como mínimo») del artículo 77, párrafo segundo, del Estatuto de los Funcionarios para subsanar las vulneraciones de los principios de igualdad y proporcionalidad.

8.

Octavo motivo, relativo a la pretensión de indemnización.

—

Anule parcialmente la Decisión de Ejecución (UE) 2021/2020 de la Comisión, en cuanto concierne a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de gastos por un importe total de 178 320 110,85 euros efectuados por el organismo pagador autorizado de Rumanía y declarados con cargo al FEAGA y al Feader, que representan correcciones financieras a tanto alzado (5 % y 2 %) aplicadas como consecuencia de una infracción del Derecho de la Unión en relación con pagos por superficie correspondientes a los años de solicitud 2017 y 2018 (ejercicios 2018 y 2019). (1)

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en el ejercicio inapropiado, por parte de la Comisión, de la facultad de excluir tales importes de la financiación de la Unión sobre la base del artículo 52 del Reglamento n.o 1306/2013. (2)

Se alega que la Comisión efectuó de modo inadecuado el procedimiento de liquidación de conformidad relativo a los años de solicitud 2017 y 2018.

La Comisión incurrió en error al considerar que existía una irregularidad respecto a los controles administrativos de los pagos de ecologización con incidencia en los fondos. Aun suponiendo que existiera tal irregularidad, el comportamiento de la institución de la Unión, en especial, la formulación particularmente vaga de las conclusiones alcanzadas y la coincidencia temporal de las investigaciones de 2017 y de 2018, hizo imposible la presentación de los cálculos de incidencia pertinentes en el plazo establecido en el artículo 34, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento n.o 908/2014. (3) En este contexto, la Comisión se negó, de manera injustificada y en contra de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 6, del mismo Reglamento, a analizar los datos y los cálculos aportados por las autoridades rumanas en la solicitud de conciliación relativa a la investigación de 2018 ([solicitud de] 5 de febrero de 2020). La Comisión no debería haber aplicado en ningún caso correcciones a tanto alzado del 5 %.

El comportamiento de la institución de la Unión, en el ámbito de la investigación de 2018, en cuanto concierne a las irregularidades relativas a la actualización del SIPA (4) —calidad e identificación correcta de las parcelas de referencia en el SIPA-SIG—, (5) en particular el hecho de que aspectos esenciales se aclarasen en su posición final sobre la investigación de 2017 ([posición comunicada el] 20 diciembre de 2019), hizo imposible determinar el alcance de dichas irregularidades y la presentación de cálculos pertinentes de incidencia en el plazo establecido en el artículo 34, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento n.o 908/2014. En este contexto, la Comisión se negó, de manera injustificada y en contra de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 6, del mismo Reglamento, a examinar los datos y los cálculos facilitados por las autoridades rumanas en la solicitud de conciliación relativa a la investigación de 2018 ([solicitud de] 5 febrero de 2020).

El comportamiento de la institución de la Unión, en el ámbito de la investigación de 2018, por cuanto concierne a la irregularidad relativa a la superficie máxima subvencionable por las medidas de apoyo relativas a la superficie financiadas por el Feader, comportamiento consistente en imponer el propio método de cálculo, no puede sustituir el análisis de los datos y de los cálculos aportados por las autoridades rumanas el 10 de junio de 2019. Además, tal comportamiento hizo imposible que las autoridades rumanas identificaran, en el plazo establecido en el artículo 34, apartado 3, del Reglamento n.o 908/2014, las adaptaciones necesarias de los datos y los cálculos aportados. En este contexto, la Comisión se negó, de manera injustificada y en contra de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 6, del mismo Reglamento, a analizar los datos y los cálculos aportados por las autoridades rumanas en la solicitud de conciliación relativa a la investigación de 2018 ([solicitud de] 5 de febrero de 2020).

La Comisión consideró indebidamente que existía una irregularidad respecto a la práctica de un número suficiente de controles in situ en el ámbito del régimen de pago relativo a la ecologización, al hacer referencia de manera errónea a los datos y a las estadísticas de control comunicados con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 809/2014. (6) Aun suponiendo que existiese tal irregularidad, la Comisión no debería haber aplicado correcciones a tanto alzado del 5 %.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad.

Rumanía sostiene que la decisión impugnada es contraria al principio de proporcionalidad, habida cuenta del hecho de que la aplicación de correcciones a tanto alzado del 5 % respecto a los pagos con cargo al FEAGA y del 2 % respecto a los pagos con cargo al Feader correspondientes a los años de solicitud 2017 y 2018 (ejercicios financieros 2018 y 2019) ha determinado que se sobrevalorara la pérdida de fondos de la Unión a causa de las irregularidades constatadas, puesto que los porcentajes del 5 % y del 2 % no tienen en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción ni sus implicaciones financieras para el presupuesto de la Unión.

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación establecido en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La Comisión incumplió la obligación de motivación establecida en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no haber motivado de manera suficiente y adecuada, por un lado, la existencia de irregularidades y el rechazo de las alegaciones y de los cálculos presentados por las autoridades rumanas y, por otro lado, la inaplicabilidad del artículo 34, apartado 6, del Reglamento n.o 908/2014 en relación con las particularidades del procedimiento de liquidación de conformidad relativo a los años de solicitud 2017 y 2018.

—

Anule la resolución impugnada en su totalidad.

—

O, subsidiariamente, anule parcialmente la resolución impugnada en lo referente a las Clases 35 y 39 mencionadas en la solicitud controvertida.

—

Condene a la parte recurrida a cargar con las costas de la recurrente.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Inexistencia de definición del vínculo directo entre el signo FRESH y su inadmisión a efectos de registro para los productos y servicios de las Clases 35 y 39.

—

Modifique la resolución impugnada y desestime íntegramente la solicitud de nulidad.

—

Condene a la EUIPO y a la parte coadyuvante a cargar, además de con sus propias costas, con las de la parte recurrente, incluidas las del procedimiento ante la EUIPO.

—

Infracción del artículo 95, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión.

—

Infracción del artículo 94, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (1)

—

Infracción de los artículos 8, apartado 4, y 60, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los artículos 16, apartado 1, letra b), y 7, apartado 2, letra d), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión.

—

Anule, sobre la base del artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión de la ECHA SME D (2021)8531-DC, de 25 de noviembre de 2021, por la que dicha Agencia estimó que no puede considerarse que la demandante sea una PYME y que no puede beneficiarse de las tasas reducidas para las medianas empresas, tal y como se reclamó en el momento de la solicitud.

—

Condene en costas a la ECHA.

1.

Primer motivo, basado en la comisión de un error de Derecho por parte de la ECHA en la decisión impugnada debido a que esta interpretó erróneamente las normas jurídicas aplicables a la apreciación del tamaño de las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME») a que se refieren el Reglamento REACH, (1) la Recomendación 2003/361 (2) y el Reglamento 340/2008. (3)

2.

Segundo motivo, basado en la comisión de un error manifiesto de apreciación de los hechos del caso de autos en la medida en que la decisión impugnada se basa en una lectura errónea de la realidad de los hechos que condicionan la calificación de PYME, siendo así que la ECHA disponía de todos los elementos necesarios para la evaluación del tamaño de la demandante.

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la vulneración del principio de buena administración en la medida en que, a pesar de las observaciones circunstanciadas y documentadas formuladas por la demandante para determinar las dimensiones de la empresa, la ECHA no tuvo en cuenta en modo alguno las alegaciones formuladas.

—

Anule las dos decisiones de 8 de diciembre de 2021 mediante las cuales se rechazaron las ofertas de la unión temporal de empresas de la que formaba parte la sociedad Siemens SAS en relación con los lotes n.os 1 y 2.

—

Anule las dos decisiones de adjudicación del lote n.o 1 a la sociedad Santerne Alsace y del lote n.o 2 a la sociedad Detection Electronique Française (DEF).

Con carácter subsidiario,

—

Condene al Parlamento Europeo a pagar a la sociedad Siemens SAS la cantidad de 1 967 994 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la pérdida de la oportunidad de obtener los lotes n.os 1 y 2 de la licitación de que se trata.

En todo caso,

—

Condene al Parlamento Europeo a cargar con las costas del procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad de la exclusión de la sociedad Siemens SAS de los lotes n.os 1 y 2. La parte demandante alega a este respecto, por un lado, un error manifiesto de apreciación en la calificación de las ofertas por parte del Parlamento Europeo y, por otro lado, la vulneración del principio de transparencia debido a la transmisión por el Parlamento, a la sociedad Siemens SAS, de una herramienta defectuosa de simulación que desempeñó una función decisiva en la elaboración de las ofertas.

2.

Segundo motivo, basado en que el Parlamento ha incurrido en responsabilidad extracontractual. La parte demandante solicita que se le indemnicen los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de la oportunidad de obtener la adjudicación de los lotes n.os 1 y 2.

—

Anule la Decisión C(2021) 8946 final de 3 de diciembre de 2021 por la que se deniega la divulgación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la demandada aplicó incorrectamente el artículo 4, apartado 1, letra a), cuarto guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (1) perjudicando el interés público en lo que respecta a la política financiera y económica. Asimismo, se alega que la decisión impugnada no ha expuesto con precisión los hechos relacionados con una hipotética amenaza a la estabilidad económica del Reino de España a causa de la revelación de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.

Segundo motivo, basado en que la demandada aplicó incorrectamente el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 al considerar que la divulgación al público de los documentos solicitados vulneraría la privacidad y la integridad de las personas mencionadas en esos documentos.

3.

Tercer motivo, basado en que la demandada aplicó incorrectamente el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 al considerar que la divulgación de los documentos solicitados perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones en curso.

4.

Cuarto motivo, basado en que la demandada aplicó incorrectamente el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, al considerar que no se demostró la existencia de un interés público superior en la divulgación de los documentos solicitados, que prevaleciese sobre la necesidad de proteger el proceso de toma de decisiones.

—

con carácter principal,

—

con carácter subsidiario,

—

condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en un error de Derecho y de hecho, en una motivación errónea y contradictoria, en un incremento de la carga de la prueba, en la no consideración de las circunstancias específicas del caso y en la violación del concepto de manutención.

2.

Segundo motivo, basado en una violación del principio de previsibilidad, de seguridad jurídica y de aplicación uniforme en el tiempo del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») y en una falta de motivación suficiente.

3.

Tercer motivo, basado en una violación del principio de buena administración y de la discriminación positiva, en una desestimación ilegal de un certificado autentificado, en un incumplimiento del deber de asistencia y protección y en una vulneración del derecho que toda persona tiene a ser oída antes de la adopción de una decisión que afecte a sus intereses o a su situación.

4.

Cuarto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de la situación de la demandante y de la realidad de que se hace cargo económicamente de los hijos del cónyuge.

1.

Primer motivo, basado en una vulneración del derecho a ser oído.

2.

Segundo motivo, basado en una infracción del artículo 85 del Estatuto y de los requisitos previstos para aplicar la devolución de las cantidades percibidas en exceso.