Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 135/01)

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

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Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2022/C 135/02)

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AYUDA ESTATAL — ESPAÑA

Ayuda estatal SA.36228 (2020/C) (ex 2015/NN-2) — Supuesta ayuda estatal a Fred Olsen en el Puerto de las Nieves

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 135/03)

Por carta de 4 de mayo de 2021, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a España su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con una parte de la medida citada, en la medida en que la Decisión C(2015) 8655 final de la Comisión, de 8 de diciembre de 2015, fue anulada por el Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia de 15 de marzo de 2018 en el asunto T-108/16, Naviera Armas/Comisión.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda/medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Estas observaciones se comunicarán a las autoridades españolas. Las partes interesadas que presenten observaciones podrán solicitar, mediante escrito motivado, que se traten de forma confidencial su identidad o parte de las observaciones presentadas.

TEXTO DEL RESUMEN

Procedimiento

En abril de 2013, Naviera Armas SA presentó una denuncia ante la Comisión en la que alegaba que las autoridades españolas habían concedido una ayuda estatal ilegal a Fred Olsen SA mediante las condiciones en las que Puertos Canarios permitía a la empresa utilizar el puerto de Puerto de las Nieves (Gran Canaria, España) para sus operaciones de transbordador comercial.

Tras varios intercambios de correspondencia entre la Comisión, las autoridades españolas y la denunciante, a partir de los cuales se recabaron las observaciones de las partes e información adicional, en diciembre de 2015 la Comisión adoptó, al término del procedimiento de examen previo, una Decisión por la que se declaraba que las medidas no constituían ayudas estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE (en lo sucesivo, «la Decisión de inexistencia de ayuda»).

En marzo de 2018, en el asunto T-108/16, Naviera Armas/Comisión, el Tribunal General anuló parcialmente la Decisión de la Comisión en la medida en que esta había concluido, sin incoar el procedimiento de investigación formal, que las condiciones de utilización del Puerto de las Nieves concedidas a Fred Olsen no procuraban a la empresa ventaja alguna.

Descripción

Las medidas evaluadas en el procedimiento de investigación formal son las condiciones en las que Puertos Canarios concedieron el uso de la infraestructura portuaria financiada con fondos públicos del Puerto de las Nieves (Gran Canaria) a Fred Olsen desde 1994 para la explotación de transbordadores comerciales. La Comisión debe examinar: i) si estas condiciones confirieron una ventaja a Fred Olsen con respecto a sus competidores; y ii) en caso afirmativo, si tal ventaja puede justificarse porque los efectos positivos de la medida en términos de desarrollo de una actividad económica compensan con creces los efectos negativos sobre la competencia y el comercio entre Estados miembros.

Evaluación

Al evaluar si los usuarios del puerto disfrutan de una ventaja gracias a las infraestructuras portuarias financiadas con fondos públicos, la Comisión considera que esto puede excluirse cuando: i) pagan tarifas de mercado, y ii) se concede a todos los usuarios un acceso abierto y no discriminatorio a la infraestructura.

Así pues, por lo que respecta a la existencia de ayuda de conformidad con el artículo 107, apartado 1, la Comisión tiene sus dudas, en vista de las conclusiones del Tribunal, acerca de: i) si Puertos Canarios cobró a Fred Olsen, por utilizar para sus operaciones de transbordador comercial la infraestructura portuaria financiada con fondos públicos, una contraprestación suficiente para excluir una ventaja en favor de la empresa, y ii) si las autoridades españolas han concedido un acceso abierto y no discriminatorio a la infraestructura portuaria financiada con fondos públicos, ya que, desde 1994, Fred Olsen es la única empresa a la que se ha autorizado a utilizar la infraestructura portuaria para prestar servicios de transporte marítimo con transbordadores. Las solicitudes de los competidores han sido rechazadas por razones de seguridad, alegándose que el puerto es pequeño y solo cuenta con un atracadero.

Si se confirma la existencia de una ventaja, la Comisión también duda que esta pueda considerarse compatible con el artículo 107, apartado 3, letra c), porque, en esta fase del procedimiento, considera que el desarrollo de la actividad económica podría haberse logrado con medidas menos falseadoras —como un procedimiento de licitación ordinario por el derecho a utilizar la infraestructura— o que, incluso, se podría haber logrado un mayor desarrollo sin las medidas.

Durante el procedimiento de investigación formal, la Comisión evaluará principalmente si este uso exclusivo confirió una ventaja a Fred Olsen, cuál fue el valor económico de esa ventaja y si podía considerarse compatible por haber contribuido al desarrollo de una actividad económica sin falsear indebidamente la competencia en el mercado interior.

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (1), toda ayuda ilegal podrá ser recuperada de su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

(1)  Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).

(2)  En mayo de 2012, la Dirección General de Puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias, dependencia de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, encargada de la administración y la gestión de los puertos del archipiélago, pasó a convertirse en la entidad pública empresarial «Puertos Canarios», adscrita a la misma Consejería.

(3)  Decisión C(2015) 8655 final de la Comisión, de 8 de diciembre de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.36628.

(4)  Auto del TJUE de 25 de junio de 2019 en el asunto C-319/18 P, Fred Olsen/Comisión, ECLI:EU:C:2019:542.

(5)  En 1995, quedaron traspasadas determinadas funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de transporte marítimo en virtud del Real Decreto 284/1995, de 24 de febrero («BOE» núm. 63, de 15 de marzo de 1995, páginas 8261 a 8262). Como consecuencia de ello, la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias pasó a ser la autoridad competente respecto de las líneas regulares de transporte marítimo interinsular. En el caso de las islas Canarias, el transporte marítimo se encuentra regulado por la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias («BOE» núm. 142, de 14 de junio de 2007, páginas 25806 a 25816). El artículo 5, apartado 1, de la Ley 12/2007 dispone que el cabotaje interinsular se rige por la libre prestación de servicios, sin perjuicio de aquellas líneas que, en orden a garantizar la suficiencia de servicios de transporte regular entre las islas, puedan quedar sujetas a obligaciones de servicio público en los términos establecidos por dicha Ley.

(6)  Mediante el Real Decreto 2250/1985 («BOE» núm. 289, de 3 de diciembre de 1985, páginas 38157 a 38165), quedaron traspasadas a la Comunidad Autónoma de Canarias determinadas funciones en materia de puertos, entre las que se incluyen la gestión y el mantenimiento de los puertos de la región, desempeñadas hasta 2012 por la DGPC y, desde entonces, por su sucesora, «Puertos Canarios». La Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias regula las cuestiones portuarias. El anexo de dicha Ley enumera tres grupos de puertos: grupo I = puertos de Interés General de la Comunidad Autónoma de Canarias, de gestión directa; grupo II = puertos deportivos que pueden estar sometidos a una gestión indirecta (concesión); grupo III = instalaciones portuarias (diques de abrigo). El Puerto de las Nieves forma parte del grupo I.

(7)  Decreto-Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias («BOC» núm. 98, de 10 de agosto de 1994, páginas 5603 a 5644, artículo 115 bis).

(8)  Por cabotaje se entiende el transporte marítimo de pasajeros o mercancías entre dos puertos situados a corta distancia entre sí (transporte marítimo de corta distancia).

(9)  Sentencia 338/08, de 24 de noviembre de 2008, Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera. Con sede en Santa Cruz de Tenerife.

(10)  «Estudio previo de medidas a adoptar en el Puerto de las Nieves para permitir la operación de un segundo operador», Puertos Canarios, Las Palmas de Gran Canaria, febrero de 2014.

(11)  «BOC» núm. 199, de 14 de octubre de 2014.

(12)  Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, n.o procedimiento 0000348/2014, sentencia 000479/2017.

(13)  Tal como se describe en los considerandos 25 y 26, en octubre de 2014, «Puertos Canarios» organizó una licitación relativa a la prestación de servicios de transporte marítimo comercial con transbordadores en el Puerto de las Nieves y adjudicó uno de los lotes de franjas horarias disponibles a Fred Olsen y el otro, a Naviera Armas, las únicas compañías licitadoras. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a petición de Fred Olsen, suspendió la licitación en 2015, que finalmente anuló en 2017.

(14)  Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, de febrero de 2014, acerca de la solicitud de Naviera Armas para operar desde el puerto de las Nieves, a fin de realizar la travesía Agaete — Santa Cruz de Tenerife.

(15)  Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias («BOC» núm. 88, de 3 de mayo de 2007, página 9176).

(16)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2006, Comisión/España, C-323/03, ECLI:EU:C:2006:159.

(17)  Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias («BOC» núm. 85, de 6 de mayo de 2003, página 7104).

(*1)  Información confidencial

(18)  Reglamento (CE) n.o 271/2008 de la Comisión, de 30 de enero de 2008, que modifica el Reglamento (CE) n.o 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 82 de 25.3.2008, p. 1).

(19)  Decreto-Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias («BOC» núm. 98, de 10 de agosto de 1994, página 5603, artículo 115 bis).

(20)  El artículo 349 reconoce las exigencias específicas de las regiones ultraperiféricas, entre las que figuran las islas Canarias, y prevé la adopción de medidas específicas al respecto.

(21)  El artículo 107, apartado 3, letra a), permite conceder ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico […] de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social.

(22)  Asunto 38.376, Fred Olsen S.A./Transmediterránea S.A.

(23)  Decreto-Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias («BOC» núm. 98, de 10 de agosto de 1994, página 5603, artículo 115 bis).

(24)  Para determinar si existe ayuda estatal o no, la Comisión evaluaría los mismos elementos para ambas medidas. De hecho, en su práctica decisoria con respecto a infraestructuras portuarias financiadas con fondos públicos, la Comisión considera que los usuarios de dicha infraestructura no obtienen ninguna ventaja si (i) la infraestructura se pone a su disposición en condiciones de mercado y (ii) el acceso a la infraestructura es abierto y no dedicado a usuarios específicos (véanse también los considerandos (93) a (95)).

(25)  Véase el Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias («BOC» núm. 138, de 14 de julio de 2011).

(26)  Sentencia de 24 de marzo de 2011, asuntos acumulados T-443/08 y T-455/08, Feistaat Sachsen y Land Sachsen Anhalt/Comisión, y Flughhafen Leipzig-Halle GmbH y Mitteldeutsche Flughafen AG/Comisión, EU:T:2011:117, confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2012, asunto C-288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen AG y Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Comisión Europea, EU:C:2012:821; véanse asimismo la sentencia de 12 de diciembre de 2000, asunto T-128/89, Aéroports de Paris/Comisión, EU:T:2000:290, confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 2002, asunto C-82/01 P, EU:C:2002:617; y la sentencia de 17 de diciembre de 2008, asunto T-196/04, Ryanair/Comisión, EU:T:2008:585, apartado 88.

(27)  Véanse, por ejemplo, la Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2009, relativa a la ayuda estatal N 385/2009 — Financiación pública de las infraestructuras portuarias en el puerto de Ventspils (DO C 72 de 20.3.2010); la Decisión de la Comisión, de 18 de septiembre de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.36953 (2013/N) — España — Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (DO C 335 de 16.11.2013, p. 1); la Decisión de la Comisión, de 27 de marzo de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.38302 — Italia — Puerto de Salerno (DO C 156 de 23.5.2014, p. 1); y la Decisión de la Comisión, de 2 de julio de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.39688 (2015/N) — Francia — Société des Ports du Détroit (ayuda estatal relativa a la inversión del puerto de Calais) (DO C 307 de 20.11.2015).

(28)  Véase asimismo la sentencia del Tribunal General de 15 de marzo de 2018, asunto T-108/16, Naviera Armas/Comisión, ECLI:EU:T:2018:145, apartado 119.

(29)  Decreto-Legislativo 1/1994.

(30)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, asunto 730, 79, Philip Morris, ECLI:EU:C:1980:209, apartado 11; y sentencia del Tribunal General de 15 de junio de 2000, asuntos acumulados T-298/97, T-312/97 etc., Alzetta, ECLI:EU:T:2000:151, apartado 80.

(31)  Sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2013, asuntos acumulados C-399/10 P y C-401/10 P, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión y otros, y Comisión/Francia y otros, ECLI:EU:C:2013:175, apartado 102; y sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 2016, asunto C-270/15, Bélgica/Comisión, EU:C:2016:489, apartado 40.

(32)  Véanse, entre otras, la sentencia de 16 de julio de 2015, asunto C-39/14, BVVG, EU:C:2015:470, apartado 26, y la sentencia de 20 de septiembre de 2017, asunto C-300/16 P, Comisión/Frucona Košice, EU:C:2017:706, apartado 20.

(33)  Asunto C-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-Control-Kommission, y Mobilkom Austria AG, Rec. 2003, p. I-05197, apartados 92 y 93; asunto T-475/04, Bouygues y Bouygues Télécom SA/Comisión, Rec. 2007, p. II-02097, apartados 101, 104, 105 y 111.

(34)  Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 262 de 19.7.2016, p. 1).

(35)  Informe de la Secretaría General Técnica de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, de febrero de 2014, op. cit., página 1: «Desde 1994, la compañía naviera Fred Olsen utiliza exclusiva el Puerto de las Nieves (Agaete, Gran Canaria) prestando servicios de transporte marítimo de pasajeros y mercancías en la ruta Agaete — Santa Cruz de Tenerife, que constituye la ruta marítima de pasajeros de referencia para los viajeros que desean trasladarse a una de las dos islas mayores del archipiélago.».

(36)  Véase la sentencia del Tribunal General de 15 de marzo de 2018, asunto T-108/16, Naviera Armas/Comisión, ECLI:EU:T:2018:145, apartado 134.

(37)  Presentación de información por las autoridades españolas, de 21 de junio de 2013, página 13.

(38)  Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).

AYUDA ESTATAL — FRANCIA

Ayuda estatal SA.51268 (2021/C) (ex 2018/FC) — Presunta ayuda estatal al Institut national de recherches archéologiques préventives

Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 135/04)

Por carta de 20 de diciembre de 2020, reproducida en su versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con una presunta ayuda estatal al Institut national de recherches archéologiques préventives (en adelante, «INRAP»).

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Dichas observaciones se comunicarán a Francia. Podrá solicitarse por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, el tratamiento confidencial de la identidad de la parte interesada que presente observaciones o de cualquier parte identificada en las observaciones presentadas.

TEXTO DEL RESUMEN

Procedimiento

El 30 de mayo de 2018, la Comisión recibió una denuncia relativa a una presunta ayuda estatal al INRAP por sus actividades de excavación arqueológica preventiva.

Descripción de las medidas

El INRAP recibió [entre 900 y 1 300] millones EUR de distintas formas (canon por arqueología preventiva, diversas subvenciones, etc.) por la realización de sus actividades no competitivas (1) durante el período 2008-2021.

Por otra parte, el INRAP recibió, en el período de examen de la denuncia, subvenciones por un importe de 22,69 millones EUR en concepto de cargas de servicio público, en virtud de sus actividades competitivas de excavaciones arqueológicas preventivas.

Evaluación de la medida

La Comisión tiene dudas sobre la correcta separación contable del INRAP tanto en el caso los años 2008-2018 como en relación con el período posterior a la realización de su nueva separación contable a partir del 1 de enero de 2018, y al menos hasta el término de 2019.

Por esta razón, la Comisión considera que cabe la posibilidad de que el INRAP reciba una subvención cruzada entre sus actividades no competitivas y sus actividades competitivas, que, de confirmarse, constituiría una ayuda estatal al sector competitivo. En tal caso, la Comisión alberga dudas sobre la posible compatibilidad de esta ayuda con el mercado interior. En efecto, Francia, que rechaza la existencia de una posible subvención cruzada, no ha propuesto ninguna base para la compatibilidad de tal medida.

Por otra parte, la Comisión considera que las subvenciones para cargas de servicio público constituyen a priori ayudas estatales en favor de las actividades competitivas de excavaciones arqueológicas preventivas. Asimismo, duda de que estas ayudas puedan ser compatibles con el mercado interior sobre la base del artículo 53 del Reglamento general de exención por categorías (en lo sucesivo, «RGEC»). En efecto, a falta de una separación contable rigurosa y fiable, es imposible examinar la proporcionalidad de la medida. Por lo tanto, no puede descartarse que la ayuda concedida en virtud del artículo 53 del RGEC financie al INRAP más allá del beneficio razonable.

Además de las razones expuestas, la Comisión se pregunta si es posible analizar y, en su caso, aprobar toda la financiación concedida al INRAP de forma conjunta sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra d), del TFUE sin que sea necesario examinar la regularidad de la contabilidad analítica del INRAP.

En cualquier caso, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo (2), toda ayuda ilegal podrá ser recuperada de su beneficiario. Además, el gasto relativo a medidas nacionales que afecten directamente a medidas de la Unión podrá no imputarse con cargo al presupuesto del FEAGA.

TEXTO DE LA CARTA

(1)  Actividades de diagnóstico de arqueología preventiva, explotación científica de las operaciones de arqueología preventiva, difusión de los resultados, enseñanza, difusión cultural y valorización de la arqueología.

(2)  Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).

(3)  Conformément à l’article R.545-24 du Code du patrimoine.

(4)  L’article L.521-1 du Code du patrimoine définit l’archéologie préventive de la manière suivante: «L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus».

(5)  Conformément aux articles L.523-1 et R.545-26 du Code du patrimoine.

(6)  Les travaux d’aménagement du territoire qui nécessitent des diagnostics d’archéologie préalables sont ceux désignés par le préfet de région. Le préfet de région — par délégation le service régional de l’archéologie (SRA) au sein des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) — peut émettre une prescription de diagnostic, s’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet d’aménagement, pour lequel il est saisi, est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. En application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi: i) des projets d’aménagements soumis à déclaration ou autorisation en application du code de l’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, décision de réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC)), lorsqu’ils sont réalisés dans les zones de présomption de prescription archéologique; ii) de la réalisation de ZAC et des projets de lotissements d’une superficie supérieure à 3 hectares; iii) de certains projets soumis à la déclaration préalable, tels que les travaux d’affouillements, de plantation d’arbres, d’arrachage de souches, de création de tenues d’eau ou de canaux, etc.; iv) des aménagements et ouvrages précédés d'une étude d'impact en application du code de l'environnement; v) des travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. En dehors des zones de présomption de prescription archéologique, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements peuvent décider de saisir le préfet de région, ou le faire à sa demande, sur les projets susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.

(7)  La réalisation d’un diagnostic se traduirait par la détection et la caractérisation des vestiges présents dans le sol, à l’aide de moyens matériels adaptés, quel que soit le lieu, la période chronologique et le projet d’aménagement envisagé.

(8)  Voir article R. 523-15 1o du Code du patrimoine.

(9)  Conformément aux articles L.523-1 et R.545-26 du Code du patrimoine.

(10)  Voir, en ce sens, article L.523-8 du Code du patrimoine.

(11)  Conformément à l’article L.523-1 du Code du patrimoine.

(12)  La RAP fonctionnait jusqu’au 31 décembre 2015 comme une taxe affectée directement d’une part au Fonds national pour l’archéologie préventive et d’autre part aux opérateurs de diagnostics (INRAP et collectivités territoriales) pour leur permettre de poursuivre leur mission de diagnostic et de recherche. Conformément à l’article L. 524-2 du code du Patrimoine, la RAP est due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui:a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme; b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement; c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

(13)  Cette subvention s’est substituée à partir du 1 janvier 2016 à la perception directe par l’INRAP de la RAP, qui est reversée depuis lors au budget général de l’État.

(14)  Cette subvention participe au financement des missions de recherche et de diffusion culturelle de l’INRAP.

(15)  Ces subventions, ont été versées pour réaliser des opérations non-concurrentielles ciblées, notamment sur le principe d’appel à projets, pour des montants marginaux.

(16)  Le CIR est une mesure de soutien aux activités de recherche et développement (R&D), pour lesquelles les dépenses engagées bénéficient d’une déduction de l’impôt sur les sociétés sous certaines conditions, déterminée selon les montants des investissements.

(17)  Rapport d’activité de l’INRAP pour l’année 2020: inrap_ra2020_vexe-bd_1.pdf

(18)  L’État français a agréé la société EVEHA par l’arrêté du 2 mai 2017 portant agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive de la société EVEHA.

(19)  Décision de l’Autorité de la concurrence no 17-D-09 du 1er juin 2017 relative à des pratiques mises en œuvre par l’INRAP dans le secteur de l’archéologie préventive. Dans le cadre de cette décision, l’Autorité met un terme à la procédure d’engagements mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce dans une affaire concernant l’INRAP. Dans le cadre de son évaluation préliminaire, l’autorité de la concurrence avait émis deux préoccupations préliminaires concernant (i) l’accès privilégié à des informations en sa qualité d’opérateur de diagnostic; (ii) des pratiques tarifaires intervenant dans un contexte de subventions croisées. Cette décision indique qu’ «En ce qui concerne la première préoccupation de concurrence, l’État a proposé, à la suite du test de marché, une réforme de l’accès aux informations archéologiques préalables dont le champ dépasse la nature des engagements que l’INRAP était en mesure de proposer. Les pouvoirs publics se sont en effet engagés à créer une plateforme informatique sécurisée permettant à l’ensemble des opérateurs de fouilles d’accéder à ces informations dans des conditions comparables et à mettre en place des dispositions transitoires favorisant leur accès effectif. Au regard de l’intervention de l’État, qui institue des conditions d’accès équivalentes à ces informations pour l’ensemble des opérateurs de fouilles et qui apporte une réponse pérenne au secteur en posant les conditions d’une concurrence renouvelée entre ses acteurs, l’Autorité a considéré que les engagements initialement proposés par l’INRAP n’avaient plus lieu d’être. En ce qui concerne la seconde préoccupation de concurrence, l’Autorité accepte et rend obligatoire les engagements pris par l’INRAP de mettre en place une comptabilité analytique permettant non seulement de garantir une stricte séparation comptable et financière (étanche et fiable) entre ses activités non-lucratives et ses activités lucratives, mais aussi d’assurer une traçabilité des moyens alloués à chacune de ses missions pour prévenir tout risque de subventions croisées».

(20)  Point 134 de la décision du 1 juin 2017 de l’AdlC.

(21)  Point 137 de la décision du 1 juin 2017 de l’AdlC.

(22)  Point 149 de la décision du 1 juin 2017 de l’AdlC.

(23)  Voir résumé de la décision du 1 juin 2017 de l’AdlC. EVEHA soutient que ces engagements n’auraient pas été respectés à la date de la plainte. EVEHA indique avoir saisi le 6 février 2018, l’Autorité de la concurrence pour non-respect de ces engagements, sur le fondement de l’article L. 464-2, alinéa 2 du code de commerce.

(24)  Réglement (UE) n o 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (OJ L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(25)  SA.42681 — Régime cadre exempté de notification relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.

(26)  Voir, en ce sens, article L.523-10 du Code du patrimoine et considérant (17) de la présente décision.

(27)  Voir, en ce sens, article L.523-13 du Code du patrimoine et considérant (17) de la présente décision.

(28)  Attestation élaborée en 2019 pour l’exercice 2018.

(29)  Attestation élaborée en 2021 pour l’exercice 2020.

(30)  Voir, en ce sens, considérant (35) de la présente décision.

(31)  Voir considérant (29) de la présente décision.

(32)  Points 132 à 137 de la décision du 1 juin 2017 de l’AdlC.

(33)  Point 149 de la décision du 1 juin 2017 de l’AdlC.

(34)  Point 147 de la décision du 1 juin 2017 de l’AdlC.

(35)  Voir résumé de la décision du 1 juin 2017 de l’AdlC. EVEHA soutient que ces engagements n’auraient pas été respectés à la date de la plainte. EVEHA indique avoir saisi le 6 février 2018, l’Autorité de la concurrence pour non-respect de ces engagements, sur le fondement de l’article L. 464-2, alinéa 2, du code de commerce.

(36)  Arrêt de la Cour du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, point 74.

(37)  Voir l'arrêt de la Cour du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, point 7; arrêt de la Cour du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, point 36; arrêt de la Cour du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, point 75.

(38)  Voir en ce sens considérant (17) de la présente décision.

(39)  Voir point 57 de la décision du 1er juin 2017 de l’AdlC: «[…] les fouilles archéologiques préventives, dont les objectifs et les procédures se distinguent des autres étapes de la chaine archéologique, constituent […] une activité économique consacrée et circonscrite par la loi de 2003».

(40)  Avis du Conseil de la Concurrence no 98-A-07 du 19 mai 1998 relatif à une demande d’avis sur l’application des règles de concurrence, tant nationales que communautaires, aux opérations de fouilles archéologiques préventives: «l’exécution des fouilles archéologiques préventives est une activité économique».

(41)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, point 24; arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Deutsche Bahn/Commission, T-351/02, ECLI:EU:T:2006:104, point 103.

(42)  Voir considérant (20) de la présente décision.

(43)  Arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, point 56.

(44)  Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, TFUE, JOUE, 19 Juillet 2016, 2016/C 262/01, point 51.

(45)  Voir arrêt de la Cour du 4 June 2015, Commission v MOL, C-15/14 P, EU:C:2015:362, point 60.

(46)  Communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, TFUEomm, JOUE, 19 Juillet 2016, 2016/C 262/01.

(47)  Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, point 60; arrêt de la Cour du 29 avril 1999, Espagne/Commission, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, point 41.

(48)  Comme, par exemple, l'octroi d'avantages fiscaux ou des réductions de charges sociales.

(49)  Arrêt de la Cour du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, point 13; arrêt de la Cour du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, point 25; arrêt de la Cour du 19 mai 1999, Italie/Commission, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, point 15; arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, point 36.

(50)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, points 87 à 95.

(51)  Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente. Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

(52)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, point 11; arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta, affaires jointes T-298/97, T-312/97, etc., ECLI:EU:T:2000:151, point 80.

(53)  Arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta, affaires jointes T-298/97, T-312/97, etc., ECLI:EU:T:2000:151, points 141 à 147; arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.

(54)  Voir l’arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2015, Eventech/Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, point 65; arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2013, Libert e.a., affaires jointes C-197/11 et C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, point 76.

(55)  Les autorités françaises ont fait savoir que cette subvention s’est substituée, à partir du 1er janvier 2016, à la perception directe par l’INRAP de la RAP, qui est reversée depuis lors au budget général de l’État.

(56)  Les autorités françaises ont indiqué que cette subvention participait au financement des missions de recherche et de diffusion culturelle de l’INRAP.

(57)  Les autorités françaises ont indiqué que ces subventions ont été versées pour réaliser des opérations non-concurrentielles ciblées, notamment sur le principe d’appel à projets, pour des montants marginaux.

(58)  Voir considérant (20) de la présente décision.

(59)  Exemple: arrêt de la Cour du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig/Allemagne, C-78/76. points 21-22.

(60)  Les exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 2, TFUE concernent: a) les aides à caractère social octroyées à des consommateurs individuels; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires; et c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, affectées par la division de l’Allemagne.

(61)  Les exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 3, TFUE concernent: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine; et e) les aides déterminées par une décision du Conseil.

(62)  Voir l’arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies / Commission, T-68/03, ECLI:EU:T:2007:253, point 34.

(63)  Voir considérant (34) de la présente décision.

(64)  Voir l’arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies / Commission, T-68/03, ECLI:EU:T:2007:253, point 34.

(65)  Voir considérants (35) à (35) de la présente décision.

(66)  Voir considérants (15) à (17) de la présente décision.

(67)  Article L. 523-1 du Code du patrimoine.

(68)  Voir, en ce sens, article L. 523-10 du code de l’uranisme et considérant (17) de la présente décision.

(69)  Voir, en ce sens, article L. 523-13 du code de l’uranisme et considérant (17) de la présente décision.