—

Vista la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,

—

Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas de 1992 y la próxima 15.a reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio,

—

Visto el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2007,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, de 2018,

—

Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climáticos (GIECC) de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la tierra, de 2019,

—

Visto el informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, de 2019,

—

Visto el informe de la evaluación mundial de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, de 2019,

—

Visto el informe sobre biodiversidad y pandemias del taller de la IPBES, de 29 de octubre de 2020,

—

Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016,

—

Visto el Convenio n.o 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989,

—

Vista la Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad Biológica 5 de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 15 de septiembre de 2020,

—

Vista la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, de 30 de septiembre de 2020,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

—

Vista la Declaración de Cancún sobre la promoción del pastoreo y la producción animal sostenibles para la conservación de la biodiversidad en pastizales y pastaderos de la COP13 del CDB, de 14 de diciembre de 2016,

—

Visto el informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), de julio de 2019, titulado «Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición»,

—

Visto el informe sobre el estado del conocimiento de la biodiversidad del suelo: situación, retos y potencialidades de la FAO, publicado en 2020,

—

Vista la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora Silvestres (CITES) y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS),

—

Visto el análisis mundial de Front Line Defenders de 2020,

—

Vistos los Indicadores de biodiversidad SEBI 2020 (Streamlining European 2020 Biodiversity Indicators), publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 9 de marzo de 2020, titulada «Hacia una estrategia global con África» (JOIN(2020)0004),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 24 de febrero de 2021, titulada «Forjar una Europa resiliente frente al cambio climático: la nueva Estrategia de la UE de adaptación al cambio climático» (COM(2021)0082),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» (COM(2020)0381),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (COM(2020)0380),

—

Vista la Recomendación 2013/396/UE de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (1),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM(2019)0352) y las posteriores Conclusiones del Consejo,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de mayo de 2017, sobre los pueblos indígenas,

—

Visto el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2017,

—

Visto el Plan de Acción de la UE sobre la Aplicación de las Leyes, la Gobernanza y el Comercio Forestales, adoptado en noviembre de 2003,

—

Visto el análisis exhaustivo sobre comercio y biodiversidad, publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores en junio de 2020 (2),

—

Vista la revisión intermedia de la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad (3),

—

Visto el análisis en profundidad sobre la relación entre la pérdida de biodiversidad y el creciente aumento de las enfermedades zoonóticas, publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión en diciembre de 2020 (4),

—

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de tierras (5),

—

Visto el estudio sobre los pueblos indígenas, las industrias extractivas y los derechos humanos, publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión en septiembre de 2014 (6),

—

Visto el análisis en profundidad sobre los desafíos para los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas en la región amazónica, publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión en junio de 2020 (7),

—

Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión (8),

—

Visto el Pacto Verde Europeo,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A9-0258/2021),

A.

Considerando que la subsistencia de aproximadamente el 70 % de las personas pobres del mundo depende directamente de la diversidad biológica;

B.

Considerando que la principal pérdida de biodiversidad se produce en los países en desarrollo;

C.

Considerando que la biodiversidad sigue siendo una fuente fundamental para el desarrollo de medicamentos;

D.

Considerando que la estimación global más completa sugiere que los servicios ecosistémicos ofrecen beneficios de entre 125 y 140 billones USD al año, es decir, más de una vez y media la magnitud del PIB mundial (9);

E.

Considerando que la biodiversidad se ve afectada tanto por el cambio climático y realiza una importante contribución a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo, a través de los servicios ecosistémicos que apoya;

F.

Considerando que se prevé que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos disminuyan en las próximas décadas, mientras que se espera que aumente la oferta y la demanda de materiales derivados de recursos naturales con valor actual de mercado (alimentos, piensos, madera y bioenergía);

G.

Considerando que las principales presiones sobre la biodiversidad terrestre, marina y acuática de otro tipo incluyen la pérdida y fragmentación de hábitats (especialmente debido a la expansión y la intensificación agrícolas), la sobreexplotación de los recursos naturales (por ejemplo, peces), la contaminación, las especies exóticas invasoras y el cambio climático;

H.

Considerando que, según el informe de 2019 de la evaluación mundial de la IPBES sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, en 2020 no se ha alcanzado la mayoría de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica;

I.

Considerando que el Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial identificó los riesgos medioambientales como los mayores riesgos sistémicos para nuestra economía mundial;

J.

Considerando que la OCDE estima que los flujos financieros potencialmente perjudiciales para la biodiversidad ascienden a 500 000 000 000 USD anuales (basado en las subvenciones a los combustibles fósiles y a la agricultura), un orden de magnitud diez veces mayor que los flujos financieros mundiales para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible, y que los costes de la inacción respecto a la pérdida de biodiversidad son elevados y se prevé que aumenten (10);

K.

Considerando que la IPBES ha informado de que el cambio de uso de la tierra, la expansión agrícola y la urbanización son responsables de más del 30 % de las enfermedades emergentes;

L.

Considerando que estudios recientes muestran que entre 1 650 y 1 870 millones de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes viven en las importantes zonas de conservación de la biodiversidad del mundo; que otra constatación muestra que el 56 % de las personas que viven en importantes zonas de conservación de la biodiversidad se encuentran en países de renta baja y media-baja; que solo el 9 % vive en países de renta alta; que esta situación pone de relieve el impacto desproporcionado de la conservación en el Sur Global, de acuerdo con la Rights and Resources Initiative;

M.

Considerando que existen pruebas científicas de que existe un vínculo complejo entre la pérdida de biodiversidad y el creciente riesgo de enfermedades zoonóticas como la COVID-19;

N.

Considerando que los pueblos indígenas y las comunidades locales dependen en gran medida de la tierra, los recursos naturales y los ecosistemas para sus necesidades básicas y medios de subsistencia, teniendo en cuenta que su bajo nivel de vida y su exclusión de la vida política y económica pueden implicar conflictos cruciales relacionados con el uso de los recursos naturales y los derechos de la tierra;

O.

Considerando que los territorios indígenas tradicionales abarcan en torno al 22 % de la superficie terrestre y coinciden con las áreas que contienen el 80 % de la biodiversidad del planeta;

P.

Considerando que las zonas protegidas pueden llegar a preservar la biodiversidad en beneficio de toda la humanidad, pero que también se han asociado, en algunos casos, a violaciones de los derechos humanos a gran escala contra los pueblos indígenas y las comunidades locales;

Q.

Considerando que los pueblos indígenas siguen estando entre los más pobres de los pobres, y que una de las principales dificultades a las que se enfrentan a escala mundial consiste en obtener el reconocimiento legal de la propiedad colectiva sobre sus tierras ancestrales, especialmente cuando se han declarado territorios protegidos;

R.

Considerando que se calcula que el 50 % de las zonas protegidas en todo el mundo se ha establecido en tierras tradicionalmente ocupadas y utilizadas por pueblos indígenas y que esta proporción es mayor en América Latina, donde puede superar el 90 % en Centroamérica;

S.

Considerando que la falta de reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre la tierra de los pueblos y las comunidades indígenas genera riesgos de acaparamiento de tierras, lo que pone en peligro sus medios de subsistencia y su capacidad para responder al cambio climático o a la pérdida de biodiversidad;

T.

Considerando que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas ha determinado que las industrias extractivas son una fuente principal de conflictos y violencia en los territorios de los pueblos indígenas;

U.

Considerando que, según el análisis global de Front Line Defenders de 2020, al menos 331 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2020, de los cuales el 69 % eran defensores del medio ambiente y el 26 % trabajaron específicamente en los derechos de las poblaciones indígenas;

V.

Considerando que la UE pretende impulsar un objetivo de protección de la biodiversidad de al menos un 30 % en virtud del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB);

W.

Considerando que un creciente conjunto de investigaciones demuestra que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen conocimientos fundamentales y desempeñan un papel vital en la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, así como en la mejora de los medios de vida rurales y de la resiliencia de la población y las comunidades locales; que los objetivos mundiales en materia de biodiversidad no pueden alcanzarse sin el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales;

X.

Considerando que la UE ha presentado sólidos compromisos y objetivos ecológicos en relación con el Pacto Verde Europeo, pero que la huella ecológica total de la Unión sigue siendo elevada, lo que repercute negativamente en el medio ambiente de los países en desarrollo; que la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad tiene por objeto alcanzar una situación en la que todos los ecosistemas del mundo se recuperen, sean resilientes y estén adecuadamente protegidos de aquí a 2050, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y recoge el compromiso con el objetivo de poner fin a la extinción de las especies por motivos humanos de aquí a 2050, guiada por la responsabilidad intergeneracional y el principio de igualdad, incluido el respeto de los derechos y la participación plena y efectiva de las poblaciones indígenas y las comunidades locales; Considerando que la estrategia de la Unión y sus Estados miembros en apoyo de los países en desarrollo debe diseñarse de tal modo que anticipe los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad;

Y.

Considerando que la biodiversidad es crucial para la seguridad alimentaria, el bienestar humano y el desarrollo a escala mundial; Considerando que los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas incluyen, entre otros, la purificación del agua y el aire, el control de plagas y enfermedades, la polinización de los cultivos, la fertilidad del suelo, la diversidad genética, el aprovisionamiento de agua dulce, la protección contra las inundaciones y la captura de carbono y la resistencia al cambio climático; Considerando que los bosques albergan más del 75 % de la biodiversidad terrestre mundial y que más del 25 % de la población mundial depende de los recursos forestales para su subsistencia; Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve ámbitos de desigualdad entre los sistemas agroalimentarios y la necesidad de adaptar y mejorar la producción de los pequeños agricultores de forma sostenible en los países en desarrollo, transformar los sistemas agroalimentarios y reorientar la agricultura hacia la sostenibilidad climática;

Z.

Considerando que el informe especial del GIECC sobre el cambio climático y la tierra de 8 de agosto de 2019 sugiere que los pueblos indígenas tienen un largo historial de adaptación a la variabilidad climática, aprovechando sus conocimientos tradicionales, lo que aumenta su resiliencia;

AA.

Considerando que el Informe especial del GIECC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, de 24 de septiembre de 2019, proporciona pruebas de los beneficios de combinar el conocimiento científico con los conocimientos locales y autóctonos para garantizar la resiliencia;

AB.

Considerando que el artículo 8, letra j), del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) obliga a los Estados parte a respetar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que sean pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica; que, no obstante, el Convenio no contiene un reconocimiento explícito de los derechos humanos de los pueblos indígenas;

AC.

Considerando que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que se ha perdido alrededor del 75 % de la diversidad genética de las plantas de todo el mundo, mientras que en la actualidad solo doce plantas y cinco especies animales generan el 75 % de la alimentación mundial lo que supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria mundial;

AD.

Considerando que la pérdida de diversidad genética, especialmente la sustitución de razas locales bien adaptadas, aumenta la vulnerabilidad a las plagas, las enfermedades y los cambios medioambientales, incluido el cambio climático; que la globalización de los mercados agrícolas está incrementando la erosión de la biodiversidad, lo que se traduce en una menor capacidad de innovación y adaptación al cambio climático;

AE.

Considerando que se calcula que, a escala mundial, el 30 % de las amenazas para las especies proceden del comercio internacional;

AF.

Considerando que el comercio ilícito de especies y el comercio ilegal de madera y materias primas pueden acelerar la degradación y la destrucción de la biodiversidad en países con instituciones y normativa medioambiental débiles;

AG.

Considerando que los océanos son grandes reservas de biodiversidad y el regulador principal del clima mundial; que su conservación es de importancia fundamental para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, proporcionando medios de subsistencia sostenibles y seguridad alimentaria para miles de millones de personas; que la contaminación de los ecosistemas marinos con plásticos constituye tanto un problema mundial como local con consecuencias potencialmente graves para la vida silvestre, las actividades económicas y la salud humana en los países en desarrollo; que la magnitud de esta contaminación se ha subestimado en gran medida y persisten las lagunas de conocimiento, en particular por lo que se refiere a los efectos en las áreas y las comunidades costeras; que, según el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente «En estado de negligencia: el impacto de la basura marina y la contaminación por plásticos en la justicia ambiental», la basura y la contaminación afectan de manera desproporcionada a la población vulnerable, amenazan el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos, y plantean obstáculos sustanciales para el logro de los ODS;

AH.

Considerando que la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad está comprometida con un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos vinculados a la biodiversidad y con el fomento de un marco propicio, haciendo uso de instrumentos de la investigación, la innovación y la tecnología;

AI.

Considerando que los delitos contra el medio ambiente, cuyo valor ha sido estimado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y por la Interpol en hasta el doble del presupuesto de la ayuda mundial, aceleran la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, en particular los delitos forestales;

AJ.

Considerando que hay solapamientos entre los puntos críticos de biodiversidad y las zonas afectadas por la pobreza, ya que la mayoría de los puntos críticos de conservación se encuentran en países con una alta prevalencia de pobreza e inseguridad alimentaria;

AK.

Considerando que la República de Maldivas pidió, en su Declaración de 3 de diciembre de 2019, que se modifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para reconocer los actos delictivos que podrían ser constitutivos de ecocidio;

AL.

Considerando que la IPBES informa de que el comercio internacional legal de especies silvestres ha aumentado un 500 % en valor desde 2005 y un 2 000 % desde la década de 1980 (11);

AM.

Considerando que la Unión es uno de los mayores importadores del mundo de productos relacionados con la fauna y la flora silvestres;

AN.

Considerando que el tráfico mundial de especies silvestres es una de las formas más rentables de actividad delictiva transfronteriza organizada;

AO.

Considerando que, en una hipótesis de statu quo, se espera que el cambio climático reduzca la biomasa pesquera entre un 30 y un 40 % en algunas regiones tropicales de aquí a 2100 y que tenga un fuerte impacto en la biodiversidad marina; que los países de estas zonas dependen en gran medida de la pesca, pero carecen de recursos sociales y financieros para adaptarse y prepararse para el futuro;

AP.

Considerando que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aboga por la transformación de al menos el 30 % de todos los hábitats marinos de aquí a 2020 en una red de zonas marinas altamente protegidas;

AQ.

Considerando que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) amenaza la sostenibilidad de los recursos marinos globales por contribuir a su sobreexplotación;

1.

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67.

—

Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular sus artículos 2 y 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular su artículo 16,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus artículos 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 24 y 47,

—

Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (ETS 108) y su Protocolo modificativo («Convenio 108+»),

—

Vista la Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2019, titulada «Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano» (COM(2019)0168),

—

Vistas las directrices éticas para una IA fiable publicadas por el Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión el 8 de abril de 2019,

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulado «Inteligencia artificial — Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza» (COM(2020)0065),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE («Reglamento General de Protección de Datos») (1),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (2),

—

Visto el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (3),

—

Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (4),

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (5),

—

Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd (6),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones de los macrodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discriminación, seguridad y aplicación de la ley (7),

—

Vista la audiencia celebrada en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) el 20 de febrero de 2020 sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales,

—

Visto el informe de la misión de la Comisión LIBE a los Estados Unidos de febrero de 2020,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0232/2021),

A.

Considerando que las tecnologías digitales en general y la proliferación del tratamiento y el análisis de datos por medio de la inteligencia artificial (IA) en particular ofrecen posibilidades y riesgos extraordinarios; que el desarrollo de la IA ha experimentado un gran avance en los últimos años, convirtiéndola en una de las tecnologías estratégicas del siglo XXI, que puede generar considerables beneficios en términos de eficiencia, precisión y adecuación y que, por consiguiente, aporta una transformación positiva a la economía y la sociedad europeas, pero también enormes riesgos para los derechos fundamentales y las democracias basadas en el Estado de Derecho; que la IA no debe considerarse un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de las personas, con el objetivo primordial de aumentar el bienestar humano, las capacidades humanas y la seguridad;

B.

Considerando que, a pesar de los continuos avances en la velocidad de tratamiento informático y la capacidad de memoria, todavía no existen programas que puedan igualar a la flexibilidad humana en ámbitos más amplios o tareas que exigen la comprensión del contexto o un análisis crítico; que algunas aplicaciones de IA han alcanzado los niveles de rendimiento de expertos y profesionales humanos en el desempeño de determinadas tareas específicas (como la tecnología jurídica o «legal tech») y pueden ofrecer resultados a una velocidad muchísimo mayor y una escala más amplia;

C.

Considerando que algunos países, incluidos varios Estados miembros, hacen más uso que otros de aplicaciones de IA o de sistemas de IA integrados para fines coercitivos y judiciales, lo que obedece en parte a la ausencia de regulación y las diferencias normativas que permiten o prohíben el uso de la IA para determinados fines; que el creciente uso de la IA en el ámbito del Derecho penal se basa en particular en las promesas de que reduciría determinados tipos de delincuencia y daría lugar a decisiones más objetivas; que estas promesas, sin embargo, no siempre se cumplen;

D.

Considerando que los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta deben garantizarse a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA y las tecnologías conexas, en particular durante su diseño, desarrollo, despliegue y uso, y deben aplicarse a la garantía del cumplimiento de la ley en toda circunstancia;

E.

Considerando que la tecnología de IA debe desarrollarse de manera que sitúe a las personas en su centro, sea digna de la confianza pública y trabaje siempre al servicio de las personas; que los sistemas de IA siempre deben tener la garantía última de estar diseñados de forma que siempre pueda apagarlos un operador humano;

F.

Considerando que, para ser fiables, los sistemas de IA deben diseñarse para que protejan y beneficien a todos los miembros de la sociedad (atendiendo desde el diseño a las personas vulnerables y marginadas), ser no discriminatorios y seguros, tomar decisiones explicables y transparentes, y respetar la autonomía humana y los derechos fundamentales, como se expone en las directrices éticas del grupo de expertos de alto nivel sobre la IA;

G.

Considerando que la Unión, junto con los Estados miembros, tiene la responsabilidad fundamental de garantizar que las decisiones relativas al ciclo de vida de las aplicaciones de IA en el ámbito de las actuaciones judiciales y policiales se adopten de forma transparente, salvaguarden plenamente los derechos fundamentales y, en particular, no perpetúen discriminaciones, sesgos o prejuicios allá donde existan; que las decisiones políticas al respecto deben respetar los principios de necesidad y proporcionalidad a fin de garantizar la constitucionalidad y un sistema judicial justo y humano;

H.

Considerando que las aplicaciones de IA pueden ofrecer grandes oportunidades en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley, en particular en lo que respecta a la mejora de los métodos de trabajo de las autoridades policiales y judiciales y al aumento de la eficacia de la lucha contra determinados tipos de delitos, especialmente los delitos financieros, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los abusos sexuales y la explotación sexual en línea, así como determinados tipos de ciberdelincuencia, contribuyendo así a la protección y la seguridad de los ciudadanos de la Unión, si bien pueden entrañar al mismo tiempo riesgos significativos para los derechos fundamentales de las personas; que sería desproporcionada toda aplicación generalizada de la IA para fines de vigilancia masiva;

I.

Considerando que el desarrollo y la explotación de sistemas de IA para las autoridades policiales y judiciales implican la contribución de múltiples personas, organizaciones, componentes de máquinas, algoritmos de software y usuarios humanos en entornos a menudo complejos y difíciles; que las aplicaciones de IA en el ámbito de las funciones de las autoridades policiales y judiciales se encuentran en distintas fases de desarrollo, desde la conceptualización hasta el uso posterior a la aprobación, pasando por la creación de prototipos o la evaluación; que pueden surgir nuevas posibilidades de uso en el futuro a medida que maduren las tecnologías gracias a la investigación científica que se está llevando a cabo en todo el mundo;

J.

Considerando que es fundamental contar con un modelo claro para establecer la responsabilidad legal en el ámbito del Derecho penal por los posibles efectos nocivos de los sistemas de IA; que las disposiciones reglamentarias en este ámbito deben mantener siempre la obligación de rendición de cuentas humana y deben aspirar, ante todo, a evitar que se produzcan efectos perjudiciales;

K.

que, en última instancia, corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales cuando se utilicen sistemas de IA en el ámbito policial y judicial;

L.

Considerando que la relación entre la protección de los derechos fundamentales y la actuación policial eficaz siempre debe ser un elemento esencial de los debates sobre la utilización de la IA en el sector de la garantía del cumplimiento de la ley, en el que las decisiones pueden tener consecuencias de larga duración para la vida y la libertad de las personas; que ello es particularmente importante, pues la IA puede convertirse en una parte permanente de nuestro ecosistema de justicia penal al proporcionar análisis y asistencia en la investigación;

M.

Considerando que la IA es utilizada por las autoridades policiales en aplicaciones como las tecnologías de reconocimiento facial (por ejemplo, para buscar en bases de datos de sospechosos e identificar a víctimas de trata de seres humanos o abuso y explotación sexual infantiles), el reconocimiento automático de matrículas, la identificación por voz, el reconocimiento del habla, las tecnologías de lectura de labios, la vigilancia auditiva (es decir, algoritmos de detección de disparos), la investigación y el análisis autónomos de bases de datos identificadas, la predicción (actuación policial predictiva y análisis de puntos críticos de delincuencia), los instrumentos de detección del comportamiento, las herramientas avanzadas de autopsia virtual para ayudar a determinar la causa de la muerte, las herramientas autónomas para detectar fraudes financieros y la financiación del terrorismo, la vigilancia de las redes sociales (rastreo [scraping] y recopilación de datos para detectar conexiones) y los sistemas automatizados de vigilancia que incorporan diferentes capacidades de detección (como la detección del latido cardíaco y las cámaras térmicas); que las aplicaciones mencionadas, junto con otras aplicaciones potenciales o futuras de la tecnología de IA en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley, pueden tener grados enormemente variables de fiabilidad y precisión y de repercusión en la protección de los derechos fundamentales y en la dinámica de los sistemas de justicia penal; que muchas de estas herramientas se utilizan en terceros países, pero serían ilegales conforme al acervo y la jurisprudencia de la Unión en materia de protección de datos; que la utilización rutinaria de algoritmos, incluso con una pequeña tasa de falsos positivos, puede dar lugar a que las falsas alertas superen con creces las alertas correctas;

N.

Considerando que las herramientas y aplicaciones de IA también son utilizadas por las autoridades judiciales en varios países del mundo, en particular en apoyo de decisiones de prisión preventiva o para dictar sentencias, calcular las probabilidades de reincidencia y determinar la libertad condicional, resolver litigios en línea, gestionar la jurisprudencia y facilitar el acceso a la justicia; que esto ha alterado y ha reducido las oportunidades para las personas de color y otras minorías; que en la Unión, a excepción de algunos Estados miembros, su uso se limita en la actualidad principalmente a asuntos civiles;

O.

Considerando que el uso de la IA en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley entraña riesgos potencialmente elevados y en ocasiones inaceptables para la protección de los derechos fundamentales de las personas, como la opacidad en la toma de decisiones, diferentes tipos de discriminación y errores inherentes al algoritmo subyacente que pueden verse reforzados por bucles de retroalimentación, así como riesgos para la protección de la privacidad y los datos personales, la protección de la libertad de expresión y la información, presunción de inocencia, la presunción de inocencia, el derecho a tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y riesgos para la libertad y la seguridad de las personas;

P.

Considerando que los sistemas de IA utilizados por las autoridades policiales y judiciales también son vulnerables a los ataques mediante IA o a la contaminación de datos, que consiste en la inclusión de un conjunto de datos erróneos a propósito para producir resultados sesgados; que, en esas situaciones, los daños resultantes pueden ser aún más importantes y dar lugar a perjuicios exponencialmente mayores, tanto para los particulares como para grupos;

Q.

Considerando que el despliegue de la IA en el ámbito policial y judicial no debe considerarse como una mera posibilidad técnica, sino más bien como una decisión política sobre el diseño y los objetivos de la garantía del cumplimiento de la ley y de los sistemas de justicia penal; que el Derecho penal moderno se basa en la idea de que las autoridades estatales reaccionan ante un delito después de que se haya cometido, sin presuponer que todas las personas son peligrosas y deben ser vigiladas constantemente para evitar posibles infracciones; que las técnicas de vigilancia basadas en la IA cuestionan profundamente este enfoque, por lo que es de urgente necesidad que los legisladores de todo el mundo evalúen exhaustivamente las consecuencias de permitir el despliegue de tecnologías que reducen el papel de los seres humanos en la garantía del cumplimiento de la ley y las decisiones judiciales;

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 6, 8 y 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (Directiva sobre los derechos de las víctimas) (1),

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Vistos los artículos 21, 23, 24 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

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Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor el 1 de agosto de 2014,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989,

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Vista la Observación general n.o 13 del Comité de los Derechos del Niño, de 18 de abril de 2011, sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia,

—

Visto el Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,

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Visto el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional,

—

Vista la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (2),

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Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

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Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979, y la Recomendación General n.o 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General n.o 19 sobre la violencia contra la mujer del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,

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Visto el pilar europeo de derechos sociales, y en particular su principio 2,

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Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, y en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 sobre la igualdad de género, así como el ODS número 16.2, relativo a poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños,

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Vista la propuesta de la Comisión, de 4 de marzo de 2016, de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (COM(2016)0109),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152), en particular su primer objetivo de liberar a las mujeres y las niñas de la violencia y los estereotipos,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 2020, titulada «Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de junio de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025)» (COM(2020)0258),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 6 de marzo de 2019, titulado «2019 Report on equality between women and men in the EU» (Informe de 2019 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión) (SWD(2019)0101),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (3),

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Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género (4),

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Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre la necesidad de una formación del Consejo dedicada a la igualdad de género (5),

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Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis (6),

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Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género (7),

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Vista la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección (8),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (9),

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Visto el Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Reglamento «Bruselas II bis») (10),

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Visto el índice de igualdad de género de 2020 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE),

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Visto el estudio del EIGE, de 12 de junio de 2019, titulado «Understanding intimate partner violence in the EU: the role of data» (Comprender la violencia en el marco de la pareja o expareja en la UE: el papel de los datos),

—

Visto el estudio del EIGE, de 18 de noviembre de 2019, titulado «A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police» (Guía para la evaluación y gestión de los riesgos de la violencia en el marco de la pareja o expareja contra las mujeres para la policía),

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Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de 3 de marzo de 2014, titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE»,

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Vistas la «Platform of Independent Expert Mechanisms on Discrimination and Violence against Women» (Plataforma de Mecanismos de Expertos Independientes sobre la Discriminación y la Violencia contra las Mujeres —Plataforma EDVAW—) y su declaración, de 31 de mayo de 2019, titulada «Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody» (La violencia en el marco de la pareja o expareja contra las mujeres es un factor esencial en la determinación de la custodia de los hijos),

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Vista la declaración, de 24 de marzo de 2020, de la presidenta del Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, Marceline Naudi, titulada «For many women and children, the home is not a safe place» (Para muchas mujeres y muchos niños, el hogar no es un sitio seguro), sobre la necesidad de atenerse a las normas del Convenio de Estambul en tiempos de pandemia,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-0254/2021),

A.

Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental y un objetivo básico de la Unión, y debe reflejarse en todas sus políticas; que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados (11) y en la Carta (12) y debe respetarse plenamente; que la violencia de género en todas sus formas constituye una forma extrema de discriminación contra las mujeres y una violación de los derechos humanos derivada de la desigualdad de género, que contribuye a perpetuar y reforzar; que el origen de este tipo de violencia son los estereotipos de género sobre las funciones y las capacidades de las mujeres y los hombres, así como las relaciones de poder desiguales en las sociedades, algo que esta violencia perpetúa; que dicha violencia sigue estando muy extendida y afecta a las mujeres de todos los niveles sociales, independientemente de la edad, la educación, los ingresos, la posición social o el país de origen o residencia, y constituye uno de los obstáculos más graves para lograr la igualdad de género; que las mujeres y los niños de toda la Unión no gozan de la misma protección contra la violencia de género debido a las diferencias en las políticas y la legislación de los Estados miembros;

B.

Considerando que, a pesar de los numerosos casos de reconocimiento formal y de los progresos realizados en materia de igualdad de género, las mujeres siguen estando discriminadas y están en desventaja, y que persisten las desigualdades sociales, económicas y culturales; que todavía ningún Estado miembro ha alcanzado plenamente la igualdad entre hombres y mujeres, según el índice de igualdad de género de 2020 del EIGE; que los progresos de la Unión en materia de igualdad de género siguen siendo lentos, y la puntuación del índice solo aumenta de media un punto cada dos años; que, a este ritmo, la Unión tardará casi setenta años en alcanzar la igualdad de género; que este Parlamento ya ha pedido la creación de una nueva formación del Consejo con ministros y secretarios de Estado responsables de la igualdad de género;

C.

Considerando que las distintas formas de opresión no están separadas, sino que se solapan y afectan a las personas de forma simultánea, dando lugar a formas de discriminación interseccionales; que la discriminación por razón de género a menudo confluye con la discriminación por otros motivos, como la raza, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la religión o las convicciones, las opiniones políticas o de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio, el nacimiento, la discapacidad, la edad y la orientación sexual;

D.

Considerando que, en el presente decenio, se asiste a una ofensiva manifiesta y organizada a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, también en la Unión;

E.

Considerando que la igualdad de género es una condición esencial para una economía de la Unión innovadora, competitiva y próspera, que conduzca a la creación de empleo y al aumento de la productividad, en especial en el contexto de la digitalización y la transición hacia una economía verde;

F.

Considerando que la violencia en el marco de la pareja o expareja hace referencia a cualquier acto de violencia física, sexual, psicológica o económica que se produzca entre cónyuges o parejas antiguos o actuales, con independencia de que el autor comparta o haya compartido una residencia con la víctima; que este tipo de violencia es una de las formas más frecuentes de violencia de género, y que se calcula que el 22 % de las mujeres han sufrido violencia física o sexual, y que el 43 % ha sufrido violencia psicológica por parte de su pareja (13); que las mujeres y los niños se ven afectados de manera desproporcionada por este tipo de violencia; que por violencia doméstica se entienden todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas antiguos o actuales, independientemente de que el autor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima (14); que la violencia doméstica constituye un grave problema social, a menudo oculto y duradero, que causa traumas físicos o psicológicos sistemáticos de graves consecuencias para las víctimas y repercute seriamente en el bienestar emocional, económico y social de toda la familia, debido a que es perpetrada por una persona en la que la víctima debería poder confiar; que entre el 70 % y el 85 % de los menores que son víctimas de violencia conocen a su maltratador y la gran mayoría de ellos son víctimas de personas en las que confían (15); que las víctimas suelen estar sujetas al control coercitivo de su maltratador, que se caracteriza por la intimidación, el control, el aislamiento y los abusos;

G.

Considerando que las tasas de violencia en el marco de la pareja o expareja en las comunidades rurales y remotas son aún mayores que en las zonas urbanas; que las mujeres de zonas rurales y remotas sufren en mayor medida este tipo de violencia, y malos tratos físicos, psicológicos y económicos más frecuentes y graves, lo que se ve agravado por el hecho de que viven más lejos de los recursos y servicios disponibles que les podrían prestar asistencia; que una comprensión inadecuada de la violencia doméstica por parte de los servicios sanitarios, sociales y jurídicos de las regiones rurales y remotas constituye un problema importante para los supervivientes de la violencia en el marco de la pareja o expareja;

H.

Considerando que, a escala de la Unión, la mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por madres solteras, que son especialmente vulnerables desde el punto de vista económico, sobre todo aquellas de categorías salariales bajas, y que tienen más probabilidades de abandonar el mercado laboral anticipadamente cuando tienen hijos, lo que las coloca en una situación de desventaja cuando intentan reincorporarse al mercado laboral; que, en 2019, el 40,3 % de los hogares monoparentales en la Unión se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (16);

I.

Considerando que el 30 % de las mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales por parte de una pareja o expareja también experimentaron violencia sexual en la infancia, y que el 73 % de las madres que han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja aseguran que al menos uno de sus hijos ha sido consciente de esa violencia (17);

J.

Considerando que, en muchos Estados miembros, las medidas de confinamiento y distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19 han ido asociadas a un aumento exponencial de la prevalencia y la intensidad de los casos de violencia en el marco de la pareja o expareja, violencia psicológica y control coercitivo y ciberviolencia, así como a un aumento del 60 % de las llamadas de emergencia de víctimas de la violencia doméstica (18); que la obligación de permanecer en casa y el alarmante recrudecimiento de la «pandemia en la sombra» dificultaron el acceso de las mujeres y los niños a la protección efectiva, los servicios de apoyo y la justicia, y pusieron de manifiesto que los recursos y estructuras de apoyo eran insuficientes y que las víctimas tenían un acceso limitado a los servicios de apoyo, por lo que muchas de ellas se quedaron sin una protección adecuada y oportuna; que los Estados miembros deben compartir las mejores prácticas relativas a medidas específicas para proporcionar asistencia oportuna y accesible a las víctimas, incluida la creación de sistemas de alerta mediante mensajes de texto o de puntos de contacto para pedir ayuda en farmacias y supermercados; que, a pesar de la prevalencia del fenómeno, la violencia en el marco de la pareja o expareja contra las mujeres sigue sin estar suficientemente denunciada en la Unión por las víctimas, sus familias, amigos, conocidos y vecinos, por diversas razones, especialmente durante la pandemia de COVID-19, y que existe una falta significativa de datos exhaustivos, comparables y desglosados por género, lo que dificulta la plena evaluación del impacto de la crisis; que la encuesta de la FRA sobre la violencia contra las mujeres indica que las víctimas denuncian a la policía los incidentes más graves de violencia doméstica solo en el 14 % de los casos, y que dos tercios de las mujeres víctimas no informan sistemáticamente a las autoridades, ya sea por temor o por falta de información sobre los derechos de las víctimas, o debido a la convicción generalizada de que la violencia en el marco de la pareja o expareja es un asunto privado, que no debe revelarse (19);

K.

Considerando que la violencia doméstica y de género ha aumentado como consecuencia de las medidas de confinamiento implantadas durante la pandemia de COVID-19 y que, según el último informe de Europol (20), los abusos sexuales en línea de menores han registrado un aumento drástico en la Unión;

L.

Considerando que, durante los confinamientos, se notificó un significativo aumento de la violencia doméstica contra las personas LGBTI+, en especial jóvenes;

M.

Considerando que la violencia económica contra las mujeres en forma de daños materiales, limitación de acceso a recursos financieros, a la educación o al mercado de trabajo, o de incumplimiento de las responsabilidades económicas, como el pago de la pensión alimenticia, merece la debida atención, ya que representa un obstáculo para la independencia financiera y el patrimonio familiar, va de la mano de otras formas de violencia y constituye una trampa adicional para las víctimas; que las víctimas que no son independientes desde el punto de vista financiero se ven obligadas con frecuencia a seguir viviendo con su agresor para evitar la inseguridad financiera, la carencia de hogar o la pobreza, y que esta tendencia se ha intensificado con la pandemia de COVID-19; que una remuneración justa y la independencia económica son fundamentales para que las mujeres puedan poner fin a una relación abusiva y violenta; que, en algunos Estados miembros, la ejecución de las resoluciones judiciales relacionadas con una compensación financiera puede obligar a la víctima a mantener el contacto con su maltratador y la expone al riesgo de sufrir más abusos físicos y emocionales;

N.

Considerando que los niños también pueden sufrir la denominada «violencia presenciada» (21) en el hogar y el entorno familiar, al asistir a cualquier tipo de maltrato a través de actos de violencia física, verbal, psicológica, sexual y económica contra personas de referencia o significativas desde el punto de vista afectivo; que esta violencia tiene consecuencias muy graves para el desarrollo psicológico y emocional del niño, por lo que es esencial prestarle la debida atención en las separaciones y los acuerdos de custodia parental, garantizando que el interés superior del menor sea la consideración primordial, en particular para determinar los derechos de custodia y visita en los casos de separación; que la violencia presenciada no siempre es fácil de reconocer y que las mujeres víctimas de violencia doméstica viven en un estado de tensión y dificultades emocionales; que, en los casos relacionados tanto con la violencia doméstica como con cuestiones de protección de la infancia, los tribunales deben remitirse a expertos con conocimientos y herramientas para evitar tomar decisiones contra la madre que no tengan debidamente en cuenta todas las circunstancias;

O.

Considerando que la educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades de los niños y los jóvenes para ayudarlos a establecer relaciones sanas, en particular al formarlos sobre las normas de género, la igualdad de género, la dinámica de poder en las relaciones, el consentimiento y el respeto de los límites, y ayuda a combatir la violencia de género; que, según las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad de la Unesco, los programas de educación sexual integral que cuentan con un plan de estudios ayudan a los niños y jóvenes a desarrollar conocimientos, actitudes positivas y habilidades en este ámbito, incluido el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género, el consentimiento y la diversidad, y que ello empodera a los niños y los jóvenes;

P.

Considerando que, para abordar la cuestión de la erradicación de la violencia de género, es necesario apoyarse en datos administrativos coherentes y comparables, basados en un marco sólido y coordinado para la recopilación de datos; que los datos actualmente disponibles recogidos por las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros no reflejan plenamente todo el alcance de la violencia en el marco de la pareja o expareja ni su impacto y efectos a largo plazo tanto en las mujeres como en los niños, ya que la mayoría de los Estados miembros ni recopilan datos comparables desglosados por género sobre la violencia ni reconocen la violencia en el marco de la pareja o expareja como un delito específico, lo que genera una zona gris que refleja el hecho de que la prevalencia y la incidencia reales de la violencia en el marco de la pareja o expareja están en gran medida por cuantificar y por conocer; que también faltan datos sobre el incremento del riesgo y la prevalencia de la violencia doméstica y en el marco de la pareja o expareja en grupos específicos, como los grupos de mujeres con desventajas o discriminadas;

Q.

Considerando que, en algunos Estados miembros, a menudo se pasa por alto la violencia en el marco de la pareja o expareja contra las mujeres y parece prevalecer la custodia o patria potestad compartidas como norma por defecto en las disposiciones y decisiones relativas a los casos de custodia de menores, acceso, contacto y visitas; que el hecho de no tener en cuenta este tipo de violencia tiene consecuencias nefastas para las mujeres y los niños, que pueden agravarse hasta llegar al feminicidio o el infanticidio; que las víctimas de la violencia en el marco de la pareja o expareja necesitan medidas especiales de protección; que la situación de las víctimas empeora de forma considerable si dependen económica o socialmente del autor del delito; que, por lo tanto, es esencial tener plenamente en cuenta este tipo de violencia a la hora de tomar decisiones sobre los acuerdos de separación y custodia, y abordar las acusaciones de violencia antes de las cuestiones relativas a la custodia y las visitas; que los tribunales de los Estados miembros deben garantizar una evaluación exhaustiva con arreglo al principio de «interés superior del menor» para decidir la custodia y los derechos de visita, lo cual implica escuchar al menor, contar con la participación de todos los servicios pertinentes, proporcionar asistencia psicológica y tener en cuenta los conocimientos especializados de todos los profesionales interesados;

R.

Considerando que, en la mayoría de los Estados miembros, las evaluaciones de riesgo de las autoridades policiales y judiciales no incluyen de forma sistemática información proporcionada por los niños sobre su experiencia en la violencia en el marco de la pareja o expareja;

S.

Considerando que el interés superior del menor debe ser siempre la consideración primordial en todas las decisiones que afecten a los menores, incluidas las controversias familiares, y que, por lo tanto, el derecho de todo niño a mantener contacto con ambos progenitores, consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, debe restringirse, en caso necesario, en el interés superior del menor;

T.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como el artículo 4 y el artículo 16 de la Directiva (UE) 2016/800, los menores tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos, de una manera adaptada a ellos, y que estas opiniones deben merecer siempre una consideración primordial en función de la edad y la madurez del niño;

U.

Considerando que dos de las instituciones más prestigiosas en materia de salud mental, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Estadounidense de Psicología, rechazan el uso del denominado síndrome de alienación parental y conceptos y términos similares, ya que pueden utilizarse como estrategia contra las víctimas de la violencia poniendo en tela de juicio las competencias parentales de las víctimas, descartando su palabra e ignorando la violencia a la que están expuestos los menores; que, según la recomendación de la Plataforma EDVAW, los organismos estatales y otros agentes, incluidos los que deciden sobre la custodia de los hijos, deben considerar las acusaciones de alienación parental contra la madre efectuadas por un padre maltratador como una continuación de su poder y control (22);

V.

Considerando que las denuncias anónimas y las denuncias retiradas después por las víctimas pueden impedir a las autoridades proseguir sus investigaciones y constituyen un obstáculo para la prevención de nuevos actos de violencia;

W.

Considerando que los procesos penales derivados de una denuncia de violencia doméstica se tratan a menudo de forma independiente respecto de los procesos de separación y custodia; que este hecho puede significar que se ordene la custodia compartida de los niños o se impongan derechos de visita que pongan en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños; que lo anterior puede tener consecuencias irreversibles para el desarrollo mental y emocional de los niños, lo que afecta realmente a su interés superior; que, por lo tanto, es necesario que los Estados miembros garanticen que las víctimas, en función de sus necesidades, tengan acceso gratuito a servicios confidenciales de apoyo y que actúen velando por sus intereses antes, durante y después del proceso penal el tiempo que resulte conveniente, también a través de un sistema de apoyo psicosocial que tenga en cuenta las tensiones emocionales asociadas a las circunstancias, en particular durante y después de los procesos de interrogatorio;

X.

Considerando que, según establece el artículo 67 del TFUE, «la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales», para lo cual resulta esencial el acceso no discriminatorio de todas las personas a la justicia;

Y.

Considerando que es necesario garantizar que la seguridad y la protección de las víctimas sea objeto de atención preferente en los asuntos relativos al Derecho de familia, y que los mecanismos alternativos de resolución de litigios, como la mediación, no deben utilizarse en los casos en que exista violencia contra las mujeres y los niños, ya sea antes o durante los procesos judiciales, a fin de evitar más daños a las víctimas;

Z.

Considerando que el Convenio de Estambul exige a las Partes que adopten las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias a fin de garantizar que los incidentes de violencia doméstica se tengan en cuenta a la hora de determinar los derechos de custodia y de visita en relación con los menores, y que el ejercicio de cualquier derecho de visita o de custodia no ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima o de sus hijos (23); que, a los ocho años de su entrada en vigor, el Convenio de Estambul aún no ha sido ratificado por seis Estados miembros de la Unión ni por la Unión; que actualmente el Convenio de Estambul es el marco internacional más importante para prevenir y combatir la violencia de género;

AA.

Considerando que la custodia compartida en situaciones de violencia en el marco de la pareja o expareja expone a las mujeres a una violencia continua y evitable, al obligarlas a permanecer en la proximidad geográfica de sus maltratadores y someterlas a una mayor exposición a la violencia física y psicológica, así como a abusos emocionales, lo que puede tener repercusiones directas o indirectas para sus hijos; que, en los casos de violencia en el marco de la pareja o expareja, el derecho de las mujeres y los niños a ser protegidos y a vivir una vida sin violencia física y psicológica debe prevalecer sobre la preferencia por la custodia compartida; que el maltrato de los menores por parte de los autores de violencia en el marco de la pareja o expareja puede utilizarse para ejercer el poder y cometer actos de violencia contra la madre, que es un tipo de violencia indirecta de género conocida en algunos Estados miembros como violencia vicaria;

AB.

Considerando que las líneas de ayuda constituyen un canal fundamental para la obtención de apoyo, pero que solo trece Estados miembros han implantado la línea de ayuda 116 006 de la Unión para todas las víctimas de delitos, y solo unos pocos tienen líneas de ayuda especializadas para las víctimas de violencia en el marco de la pareja o expareja;

AC.

Considerando que la violencia en el marco de la pareja o expareja está intrínsecamente relacionada con la violencia contra los menores y el maltrato infantil; que la exposición de los niños a la violencia doméstica debe considerarse violencia contra los niños; que los niños expuestos a la violencia doméstica sufren consecuencias negativas para su salud mental o física, que pueden ser de naturaleza aguda y crónica; que la victimización de los niños en situaciones de violencia contra las mujeres puede continuar e intensificarse en el contexto de los conflictos parentales sobre la custodia y el cuidado; que la salud mental y el bienestar de los niños se han deteriorado debido a las medidas de contención adoptadas para luchar contra la COVID-19; que el número de servicios de salud mental para niños difiere de forma significativa entre Estados miembros y en muchos de ellos es insuficiente;

AD.

Considerando que el crecimiento en un entorno de violencia doméstica conlleva consecuencias muy negativas para el desarrollo físico, emocional y social del niño y su posterior comportamiento como adulto; que la exposición a la violencia en la niñez, ya sea como víctima de malos tratos o como testigo de episodios de violencia doméstica, constituye un factor de riesgo de cara a convertirse en vulnerable a la victimización o cometer actos de violencia como adulto, o bien experimentar problemas de comportamiento o de salud física o mental;

AE.

Considerando que, a pesar de los progresos realizados, informes recientes indican que las víctimas de delitos siguen sin poder ejercer plenamente sus derechos en la Unión; que el acceso a los servicios de ayuda es fundamental para las mujeres expuestas a la violencia en el marco de la pareja o expareja; que sigue habiendo un número insuficiente de servicios de apoyo especializados y generalistas para las víctimas de violencia en el marco de la pareja o expareja, y que las víctimas a menudo se enfrentan a dificultades para obtener justicia debido a la falta de información y a la insuficiencia de apoyo y protección; que las víctimas sufren a menudo una victimización secundaria en los procesos penales y a la hora de reclamar una indemnización; que existen varios casos en los que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los sistemas judiciales no son capaces de prestar apoyo suficiente a las mujeres y los menores víctimas de violencia doméstica, y que incluso se llega a someter a las víctimas de violencia de género a comportamientos negligentes o comentarios inadecuados cuando denuncian la violencia; que las organizaciones públicas y de la sociedad civil, en especial las que trabajan con y para menores y víctimas de violencia doméstica y de género, son agentes importantes para prevenir y abordar la violencia doméstica y la violencia en el marco de la pareja o expareja; que dichas organizaciones pueden aportar también valiosas contribuciones a las políticas y la legislación, dada su experiencia a escala local; que los programas de financiación de la Unión, como el programa «Justicia» y el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, pueden utilizarse para apoyar actividades de protección y apoyo a las víctimas de violencia doméstica y de género, y para garantizar el acceso a la justicia y la financiación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas;

AF.

Considerando que los procedimientos de separación, divorcio y custodia son más complejos y normalmente más largos cuando tienen una dimensión transfronteriza; que el aumento de la movilidad dentro de la Unión ha dado lugar a un número creciente de conflictos de alcance transfronterizo en materia de responsabilidad parental y custodia de menores; que el reconocimiento automático de las sentencias en asuntos de derechos de custodia en los que interviene la violencia de género es problemático, ya que la legislación en materia de violencia de género difiere entre Estados miembros y no todos reconocen la violencia en el marco de la pareja o expareja como infracción penal y una forma de violencia de género; que la Comisión debe redoblar sus esfuerzos por promover en todos los Estados miembros la aplicación coherente y concreta de los principios y objetivos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la Unión; que los Estados miembros, como Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, deben adoptar como criterio primordial en toda acción pública el interés superior del menor, también en los conflictos familiares de alcance transfronterizo; que el artículo 83, apartado 1, del TFUE prevé la posibilidad de «establecer […] normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según criterios comunes»; que el artículo 83, apartado 2, del TFUE prevé la posibilidad de «establecer […] normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones» a fin de «garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización»;

AG.

Considerando que el artículo 82, apartado 2, del TFUE prevé la posibilidad de establecer unas normas mínimas aplicables en los Estados miembros «para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza», en particular por lo que respecta a los derechos de las víctimas de delitos;

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 19 de junio de 2019 titulado «Marco de la política de la Unión Europea en materia de seguridad vial para 2021-2030 — Próximos pasos hacia la “Visión Cero”» (SWD(2019)0283),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 2020 titulada «Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro» (COM(2020)0789),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial (Directiva sobre aplicación transfronteriza) (1),

—

Vista la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Directiva sobre el permiso de conducción) (2),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/2144 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública (Reglamento sobre la seguridad general) (3),

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Vista su Resolución, de 27 de abril de 2021, sobre el informe de ejecución sobre aspectos relativos a la seguridad vial del paquete sobre la inspección técnica de vehículos (4),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2017, sobre «la seguridad vial en refrendo de la Declaración de La Valeta de marzo de 2017»,

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Vista la Declaración de Estocolmo de 19-20 de febrero de 2020 formulada durante la tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial,

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Vista la Declaración del Consejo, de 7 de octubre de 2015, sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte respetuoso con el clima, firmada por los ministros de Transporte de la Unión en una reunión informal celebrada en Luxemburgo,

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Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0211/2021),

A.

Considerando que cada año siguen perdiendo la vida en las carreteras de la Unión alrededor de 22 700 personas y alrededor de 120 000 resultan gravemente heridas; que más de 11 800 niños y jóvenes de hasta 17 años han fallecido en accidentes de tráfico en la Unión en los últimos diez años; que en los últimos años no se ha progresado en la reducción de las tasas de mortalidad en la Unión y, en consecuencia, no se ha alcanzado el objetivo de reducir a la mitad el número de muertes en las carreteras entre 2010 y 2020; que esas cifras representan un precio humano y social inaceptable para los ciudadanos de la Unión y que el coste externo de los accidentes de tráfico en la Unión representa aproximadamente el 2 % de su PIB anual;

B.

Considerando que la Unión se enfrenta a nuevas tendencias y retos en el ámbito de la automatización que podrían tener un enorme impacto en la seguridad vial; que es necesario abordar el creciente fenómeno de la distracción causada por dispositivos móviles; que, en un futuro próximo, la presencia tanto de vehículos con una amplia gama de funciones automatizadas/conectadas como de vehículos tradicionales en un tráfico mixto entrañará un nuevo riesgo, especialmente para los usuarios vulnerables de la vía pública, como los motociclistas, los ciclistas y los peatones;

C.

Considerando que los avances tecnológicos, la conectividad, la automatización y la economía colaborativa brinda nuevas oportunidades a favor de la seguridad vial y la lucha contra la congestión, especialmente en las zonas urbanas; que el desarrollo de sinergias entre las medidas de seguridad y sostenibilidad y la aspiración a un cambio modal hacia los modos de transporte público y la movilidad activa podrían conllevar una reducción de las emisiones de CO2, mejorar la calidad del aire y ayudar a desarrollar estilos de vida más activos y saludables;

D.

Considerando que, para los pasajeros de los automóviles valorados con cinco estrellas en las pruebas más recientes para el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos (Euro NCAP), el riesgo de lesiones mortales y el riesgo de lesiones graves es inferior en un 68 % y un 23 %, respectivamente, al riesgo que corren los pasajeros de los vehículos valorados con dos estrellas;

E.

Considerando que está aumentando la proporción de muertes en accidente de tráfico de los usuarios vulnerables de la vía pública, ya que los usuarios de automóviles han sido los principales beneficiarios de la mejora de la seguridad de los vehículos y de otras medidas de seguridad vial; que el peso, la potencia y la velocidad máxima de los automóviles nuevos que se venden en la Unión van en aumento, lo que genera mayores riesgos para la seguridad vial; que urge abordar la seguridad de los motociclistas, los ciclistas y los peatones;

F.

Considerando que, si bien los vehículos de motor de dos ruedas solo representan el 2 % del número total de kilómetros recorridos, son responsables del 17 % del número total de muertes en la carretera; que existen grandes disparidades entre países; que la Unión debería dar prioridad a nuevas medidas para mejorar la seguridad de dichos vehículos en el próximo decenio;

G.

Considerando que, según un estudio de la Comisión, solo el 8 % de las muertes se producen en autopistas, mientras que el 37 % se producen en zonas urbanas y el 54 % en carreteras rurales; que las nuevas inversiones y el mantenimiento adecuado de la infraestructura existente a lo largo de su ciclo de vida son fundamentales para la seguridad vial;

H.

Considerando que no se notifican todas las víctimas de accidentes, lo que distorsiona las estadísticas disponibles; que es necesario desarrollar métodos de ensayo eficaces para determinar el número real de víctimas de accidentes de tráfico;

I.

Considerando que, para prevenir y mitigar los accidentes mortales en carretera, es fundamental garantizar y hacer que los usuarios de la vía pública adopten un comportamiento seguro, como por ejemplo circular a la velocidad adecuada, utilizar equipos de protección como cinturones de seguridad y cascos de protección, no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, y conducir, circular y caminar sin distraerse;

J.

Considerando que en materia de movilidad y seguridad vial entran en juego diversas desigualdades de género, de edad y sociales;

K.

Considerando que la consecución de los nuevos objetivos de seguridad vial de la Unión requiere una labor más intensa de cooperación para desarrollar políticas europeas sólidas en materia de seguridad vial con las partes interesadas, apoyo a la investigación y la innovación con el fin de elaborar soluciones políticas basadas en datos sólidos y en análisis de impacto, así como medidas de aplicación adicionales y mejor orientadas a escala nacional y una cooperación transfronteriza eficaz para la ejecución de las sanciones;

L.

Considerando que entre el 40 y el 60 % de todas las víctimas mortales relacionadas con el trabajo son víctimas de accidentes de tráfico que se producen durante el trabajo o durante los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo; que la fatiga de los conductores es un fenómeno habitual en las carreteras de la Unión;

M.

Considerando que la ejecución de los planes nacionales de seguridad vial y del nuevo marco de la política de la Unión en materia de seguridad vial requiere recursos financieros estables y suficientes procedentes tanto de los Estados miembros como del presupuesto de la Unión;

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Vistas la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia “De la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» (COM(2020)0381),

—

Vista la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, establecida en la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (COM(2020)0380), y en particular su punto 2.2.6 «Recuperación del buen estado medioambiental de los ecosistemas marinos», incluido el compromiso de proporcionar incentivos económicos a través de los futuros instrumentos financieros destinados a la pesca y la política marítima en las zonas marinas protegidas (entre ellas los espacios Natura 2000 y los creados en virtud de acuerdos internacionales o regionales),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de junio de 2020, titulada «Hacia una pesca más sostenible en la UE: situación actual y orientaciones para 2021» (COM(2020)0248),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, titulada «Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021» (COM(2020)0575),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo (2),

—

Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) (3),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (4),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común (5),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (6) y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2018)0390),

—

Vista la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la ejecución del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de 2012 entre la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche) (7),

—

Visto el Reglamento (UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo al establecimiento de un marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común (8),

—

Visto el Reglamento (UE) 2017/2107 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por el que se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) (9),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental (10),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/982 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1343/2011 sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) (11),

—

Visto el Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura (12),

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Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 25 de junio de 2020, relativo a la aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva 2008/56/CE), COM(2020)0259,

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Visto el Informe Especial 26/2020, de 26 de noviembre de 2020, del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Medio marino: la protección de la UE es extensa pero poco profunda»,

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Vista la Comunicación conjunta de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 9 de febrero de 2021, titulada «Asociación renovada con los países vecinos meridionales — Una nueva Agenda para el Mediterráneo» (JOIN(2021)0002),

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Vistos los artículos 38 y 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista la política europea de vecindad (PEV) de la Unión Europea,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM),

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Vista la estrategia a medio plazo (2017-2020) de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), que tiene por objetivo la sostenibilidad de las actividades pesqueras en el mar Mediterráneo y en el mar Negro,

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Visto el informe de 2018 de la CGPM, sobre el estado de la pesca en el mar Mediterráneo y el mar Negro,

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Visto el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14, «Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible», aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015,

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Visto el informe de 2020 del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) de la Comisión sobre el seguimiento de la aplicación de la política pesquera común (STECF-Adhoc-20-01),

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Visto el estudio de evaluación retrospectiva de la Comisión de mayo de 2016 sobre el Reglamento sobre el mar Mediterráneo,

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Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente n.o 17/2019, titulado «Marine messages II — Navigating the course towards clean, healthy and productive seas through implementation of an ecosystem-based approach» (Mensajes del mar II: navegando rumbo a mares limpios, sanos y productivos mediante la aplicación de un enfoque ecosistémico),

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Vistos el Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) y los protocolos y decisiones conexos de la Unión,

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Vista la Declaración ministerial de los Estados ribereños del Mediterráneo MedFish4Ever, aprobada en La Valeta (Malta), el 30 de marzo de 2017,

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Vista la Declaración ministerial de Sofía, de 7 de junio de 2018,

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Vista la Declaración ministerial, de 26 de septiembre de 2018, que tiene por objeto implementar un plan de acción regional para la pesca artesanal sostenible en el mar Mediterráneo y en el mar Negro,

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Visto el informe de 2019 de evaluación mundial sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES),

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Visto el informe especial de 2019 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante,

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Vista la parte II, sección 2, de la CNUDM titulada «Límites del mar territorial»,

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Visto el Primer Informe de evaluación del Mediterráneo (MAR1) de la red independiente de expertos mediterráneos sobre cambio climático y medio ambiente (MedECC),

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Visto el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la CGPM titulado «The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2020» (Estado de la pesca en el Mediterráneo y el Mar Negro 2020),

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Visto el informe de la Comisión de Pesca sobre las consecuencias del aumento de la temperatura del agua del mar para las poblaciones de peces y para la pesca (2019/2163(INI)),

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Vista la opinión de la Comisión de Pesca para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre una Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente (2020/2260(INI)) PECH_AD(2021)662054,

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Vista su Resolución legislativa, de 17 de abril de 2020, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1379/2013 y el Reglamento (UE) n.o 508/2014 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura (COM(2020)0142 — C9-0093/2020 — 2020/0059(COD)) (13),

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Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre un aumento de los recursos pesqueros en el mar: medidas para promover la recuperación de las poblaciones de peces por encima del rendimiento máximo sostenible (RMS), en particular zonas de recuperación de poblaciones de peces y zonas marinas protegidas (14),

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Vistos los efectos socioeconómicos negativos actuales y a largo plazo de la pandemia de COVID-19 en el sector, incluyendo las empresas minoristas y el pequeño comercio de alimentación de productos frescos,

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Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0225/2021),

A.

Considerando que el mar Mediterráneo es uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo, además de una cuenca que es el hogar de comunidades costeras que dependen en gran medida de la pesca y, en particular, de la pesca artesanal; que la preocupante situación medioambiental en que se encuentra, debida en parte a la sobreexplotación de los recursos pesqueros, supone un grave riesgo no solo para la biodiversidad, sino también para la supervivencia de un sector cuya pérdida de rentabilidad puede tener repercusiones socioeconómicas muy negativas para las comunidades pesqueras, la industria y sus sectores auxiliares;

B.

Considerando que las poblaciones de peces no tienen una capacidad reproductiva ilimitada y que la demanda y el consumo de pescado aumentan de manera constante;

C.

Considerando que el Mediterráneo —especialmente el Occidental, donde se están aplicando nuevas medidas que todavía no se pueden evaluar plenamente porque son necesarias más iniciativas— y el mar Negro han permanecido prácticamente sin cambios desde el inicio de la recopilación de datos en 2003, aunque desde 2012 puede haberse producido un ligero aumento de la biomasa;

D.

Considerando que en el Mediterráneo, según el informe de 2020 de la CGPM sobre el estado de la pesca en el Mediterráneo y en el mar Negro, el porcentaje de poblaciones de peces sobreexplotadas pasó del 88 % en 2014 al 75 % en 2018, lo que pone de manifiesto que, si bien todavía queda mucho por hacer, se están logrando mejoras progresivas gracias al compromiso de los pescadores de la región; que la situación de muchas poblaciones de peces sigue siendo crítica dado que, según el CCTEP, más del 80 % de las poblaciones evaluadas científicamente se explotan por encima de los niveles de rendimiento máximo sostenible (RMS);

E.

Considerando la aprobación en 2019 del Reglamento por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental, y la necesidad de esperar hasta conocer los efectos de las medidas aprobadas en virtud del Reglamento;

F.

Considerando el importante impacto socioeconómico de las restricciones a las actividades de pesca, que socava la rentabilidad de miles de empresas hasta el punto de poner en peligro su supervivencia, con repercusiones potencialmente devastadoras en el empleo y la cohesión social en las zonas costeras;

G.

Considerando que el agotamiento de las poblaciones y la erosión de la biodiversidad marina amenazan la seguridad alimentaria de las comunidades costeras, el empleo y los ingresos a lo largo de toda la cadena de valor de la pesca artesanal;

H.

Considerando que el cumplimiento desigual de las restricciones de las actividades de pesca no permite conseguir los objetivos marcados, lo que pone en clara desventaja a los que las cumplen;

I.

Considerando que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura debería de ser utilizado para paliar los impactos socioeconómicos negativos, así como para fomentar la diversificación del sector;

J.

Considerando que la flota pesquera del Mediterráneo se compone en su mayor parte de buques pesqueros artesanales a pequeña escala, que representan aproximadamente el 84 % de la flota pesquera y el 60 % de los puestos de trabajo en la cuenca mediterránea, y que, si bien algunas flotas se han reducido significativamente —aunque de forma desigual en los países de la Unión y los países no europeos— con importantes repercusiones en las economías locales, la evolución del número de buques se ha mantenido relativamente estable;

K.

Considerando que, en la mayoría de las zonas costeras e insulares, la pesca artesanal es una forma tradicional de pesca que constituye un estilo de vida y una importante fuente de ingresos que requiere medidas específicas y apoyo para crecer y desarrollarse;

L.

Considerando que es necesario alcanzar unos niveles saludables de poblaciones de peces para evitar la pérdida de puestos de trabajo y preservar sectores económicos importantes que dependen de la pesca;

M.

Considerando que entre los factores de presión sobre las poblaciones de peces en el Mediterráneo y la biodiversidad marina se encuentran no solo la pesca sino también problemas de origen humano como la contaminación por plásticos, la dispersión de combustible, la pérdida de hábitats, el tráfico marítimo, el cambio climático y la proliferación de especies exóticas invasoras;

N.

Considerando que las estadísticas muestran un incremento constante del consumo de productos de pescado junto con un relativo aumento de las importaciones;

O.

Considerando que hay margen de mejora en el etiquetado de los productos europeos para valorizar las pesquerías del Mediterráneo y mejorar la trazabilidad luchando a su vez contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);

P.

Considerando la disminución constante de la producción y la necesidad de adoptar medidas para restablecer la sostenibilidad de los recursos;

Q.

Considerando que la pesca y la acuicultura se encuentran entre los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19, ya que la demanda ha sufrido un descenso repentino;

R.

Considerando que la Comisión ha propuesto una serie de medidas temporales y específicas para abordar los problemas a los que se enfrenta el ramo de los productos marinos debido a la COVID-19;

S.

Considerando que la situación de inestabilidad política y los desórdenes en Libia constituyen una amenaza tangible para los pescadores de la Unión que faenan en el Mediterráneo Meridional, al poner en riesgo su libertad personal y la seguridad de las operaciones de pesca;

T.

Considerando que los pescadores de la Unión están obligados a cumplir las normas para la conservación de las poblaciones de peces, mientras que los de otros países mediterráneos no están obligados a respetarlas y socavan, por tanto, los esfuerzos para reconstituir las poblaciones al tiempo que incurren en competencia desleal respecto de la pesca de la Unión;

U.

Considerando que el mar Mediterráneo está calentándose hasta un 20 % más rápido que el resto del mundo; que el cambio climático podría dar lugar a la extinción local de hasta un 50 % de peces comerciales e invertebrados marinos de aquí a 2050, según la red MedECC;

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63.

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Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1449 de la Comisión, de 3 de septiembre de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas 2-fenilfenol (incluidas sus sales, como la sal sódica), 8-hidroxiquinoleína, aceite de parafina, aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clormecuat, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, penconazol, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefuril, tetraconazol, trialato, triflusulfurón y tritosulfurón (1),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE (2) del Consejo, y en particular su artículo 17, párrafo primero, y su artículo 21,

—

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (3),

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (4),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios (5),

—

Vistas sus Resoluciones, de 10 de octubre de 2019 y de 26 de noviembre de 2020, en las que se opone a las anteriores prórrogas del período de aprobación de la sustancia activa clorotolurón (6),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que el 1 de marzo de 2006 el clorotolurón fue incluido en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE (7) del Consejo mediante la Directiva 2005/53/CE (8) de la Comisión y que se considera aprobado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009;

B.

Considerando que desde 2013 está en curso un procedimiento de renovación de la aprobación del clorotolurón en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 (9) de la Comisión;

C.

Considerando que el período de aprobación de la sustancia activa clorotolurón ya fue prorrogado un año por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 533/2013 (10) de la Comisión, y, posteriormente, fue prorrogado anualmente desde 2017 por los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/1511 (11), (UE) 2018/1262 (12), (UE) 2019/1589 (13), y (UE) 2020/1511 (14) de la Comisión; y que ha sido prorrogado de nuevo por un año por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1449 de la Comisión, que prorroga el período de aprobación hasta el 31 de octubre de 2022;

D.

Considerando que la Comisión no ha logrado explicar las razones que justifican esta prórroga, sino que se ha limitado a afirmar que, «Debido a que la evaluación de estas sustancias se ha retrasado por razones ajenas a los solicitantes, es probable que la aprobación de dichas sustancias expire antes de que se haya adoptado una decisión sobre su renovación»;

E.

Considerando que el objetivo del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 es garantizar un alto grado de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente, a la vez que salvaguardar la competitividad de la agricultura de la Unión; considerando que debe prestarse especial atención a la protección de grupos vulnerables de la población como, por ejemplo, las mujeres embarazadas, los lactantes y los niños;

F.

Considerando que debe aplicarse el principio de cautela, y que el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 precisa que «una sustancia solo debe incluirse en un producto fitosanitario si se ha demostrado que presenta un beneficio claro para la producción vegetal y no cabe esperar que tenga efectos adversos en la salud humana o animal o efectos inaceptables sobre el medio ambiente»;

G.

Considerando que en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 se señala que, «en aras de la seguridad, el período de validez de la aprobación de las sustancias activas debe ser limitado»; considerando que, además, dicho período «debe ser proporcional a los riesgos potenciales inherentes al uso de dichas sustancias», si bien, en este caso, tal proporcionalidad no existe;

H.

Considerando que en los quince años transcurridos desde su aprobación como sustancia activa se ha determinado que el clorotolurón es probablemente un alterador endocrino, y que, sin embargo, durante este período su aprobación no se ha revisado ni se ha retirado;

I.

Considerando que cuando se haya constatado la posibilidad de que se produzcan efectos nocivos para la salud pero persista la incertidumbre científica, la Comisión y los Estados miembros tienen la posibilidad y la responsabilidad de actuar con arreglo al principio de cautela mediante la adopción de las medidas provisionales de gestión de los riesgos que son necesarias para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana;

J.

Considerando, más concretamente, que el artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 establece que «la Comisión podrá revisar la aprobación de una sustancia activa en cualquier momento», especialmente «si considera, a la luz de nuevos conocimientos científicos y técnicos, que hay indicios de que la sustancia ya no cumple los criterios de aprobación contemplados en el artículo 4» y que esta revisión puede dar lugar a la retirada o modificación de la aprobación de la sustancia;

K.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), el clorotolurón, según la clasificación armonizada, es muy tóxico para los organismos acuáticos, muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, sospechoso de provocar cáncer (Carc. 2) y sospechoso de dañar al feto (Repr. 2);

L.

Considerando que el clorotolurón se ha asociado a propiedades de alteración endocrina en publicaciones científicas (16);

M.

Considerando que en 2015, mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408, el clorotolurón fue incluido en la «lista de sustancias candidatas a la sustitución», ya que se considera que tiene propiedades de alteración endocrina que pueden causar efectos nocivos en las personas y cumple los criterios para ser considerado una sustancia persistente y tóxica;

N.

Considerando que, de conformidad con el punto 3.6.5 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, no se pueden autorizar sustancias activas cuando se considera que tienen propiedades de alteración endocrina que pueden tener un efecto nocivo para las personas, a menos que la exposición humana a dicha sustancia activa en un producto fitosanitario sea insignificante en condiciones de uso propuestas realistas, es decir, el producto se usa en sistemas cerrados o en otras condiciones en que no haya contacto con seres humanos y los residuos de la sustancia activa de que se trate sobre los alimentos y piensos no superan los valores establecidos por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (17);

O.

Considerando que es inaceptable que se siga permitiendo el uso en la Unión de una sustancia que cumple probablemente los criterios de exclusión de las sustancias activas con propiedades de alteración endocrina, con el consiguiente peligro para la salud pública y medioambiental;

P.

Considerando que los solicitantes pueden beneficiarse del sistema automático creado con arreglo a los métodos de trabajo de la Comisión, que prorroga inmediatamente los períodos de aprobación de sustancias activas si no se ha concluido la reevaluación del riesgo, mediante la prolongación deliberada del proceso de reevaluación proporcionando datos incompletos y pidiendo más excepciones y condiciones especiales, lo que conlleva riesgos inaceptables para el medio ambiente y la salud humana, ya que durante este tiempo persiste la exposición a la sustancia peligrosa;

Q.

Considerando que, en su Resolución de 13 de septiembre de 2018, el Parlamento pedía a la Comisión y a los Estados miembros que garantizaran que la prórroga del periodo de validez de la aprobación durante el procedimiento, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento, no se utilizará para las sustancias activas que sean mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción y, por lo tanto, pertenezcan a las categorías 1A o 1B, ni para las sustancias activas que presenten propiedades de alteración endocrina y sean perjudiciales para los seres humanos o los animales, como ocurre actualmente con sustancias como la flumioxazina, el thiacloprid, el clortoluron y la dimoxiestrobina;

R.

Considerando que el Parlamento ya se opuso a las anteriores prórrogas del período de aprobación del clorotolurón en sus Resoluciones de 10 de octubre de 2019 y de 26 de noviembre de 2020;

S.

Considerando que, en sus respuestas (18) a las anteriores objeciones a la prórroga del período de aprobación del clorotolurón, la Comisión solo hace referencia al estudio en el que se basa la evaluación de impacto realizada antes de la adopción del Reglamento (UE) 2018/605 (19) de la Comisión, en el que no se identificó el clorotolurón como un alterador endocrino potencial, pero no reconoce que dicho estudio no dio lugar a la eliminación del clorotolurón de la lista de sustancias candidatas a la sustitución;

T.

Considerando que, tras la adopción del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 (20) y del Reglamento (UE) 2018/605, la Comisión encargó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) la elaboración de una orientación armonizada para garantizar que los criterios aplicables a los alteradores endocrinos adoptados por la Unión se apliquen de manera coherente para la evaluación de biocidas y plaguicidas en la Unión; que esta orientación, que incorpora nuevos ensayos de la OCDE, se publicó en junio de 2018 (21), pero no se ha utilizado para evaluar las propiedades de alteración endocrina del clorotolurón;

U.

Considerando, por tanto, que no se ha evaluado adecuadamente el clorotolurón para que deje de considerarse un alterador endocrino;

V.

Considerando que la EFSA todavía no ha evaluado el proyecto de informe de evaluación de la renovación en relación con el clorotolurón;

W.

Considerando que, a raíz de la anterior prórroga en 2020 de varias sustancias activas, incluido el clorotolurón, en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1511, solo una de las 27 sustancias contempladas en dicho Reglamento de Ejecución ha sido una sustancia no renovada, mientras que, en el marco del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1449, volverá a prorrogarse el período de aprobación de hasta 39 sustancias, en muchos casos por tercera o cuarta vez;

X.

Considerando que se sospecha que el difenoconazol utilizado de forma aislada, así como en combinación con distintos azoles, como el penconazol, provoca resistencia al triazol en la cepa fúngica Aspergillus fumigatus (22);

Y.

Considerando que la resistencia al triazol en Aspergillus fumigatus es una preocupación creciente para la salud pública (23); considerando que los datos de varios estudios (24) sugieren claramente que los azoles agrícolas son responsables del fracaso del tratamiento médico en pacientes no tratados con azoles en entornos clínicos;

Z.

Considerando que se ha comprobado que uno de cada cuatro pacientes admitidos en cuidados intensivos debido a problemas de salud relacionados con la COVID-19 ha sido infectado por Aspergillus fumigatus, y que al 15 % de ellos se le diagnostica una variante resistente de Aspergillus fumigatus; considerando que estos pacientes se vuelven casi imposibles de tratar y que se calcula que su tasa de supervivencia es de tan solo el 20 % (25);

AA.

Considerando que resulta inaceptable, desde el punto de vista sanitario, que se amplíen los períodos de aprobación de las sustancias que provocan resistencia a los medicamentos antifúngicos;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 2 de diciembre de 2020, sobre una nueva agenda UE-EE. UU. para el cambio global (JOIN(2020)0022),

—

Vista la Declaración común del Diálogo Transatlántico de Legisladores, de 24 de agosto de 2020, sobre las relaciones entre la UE y los EE. UU.,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, sobre las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos,

—

Vista la declaración del nuevo Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, de 19 de enero de 2021,

—

Vista la declaración de los miembros del Consejo Europeo, de 26 de febrero de 2021, sobre seguridad y defensa,

—

Visto el comunicado de prensa conjunto de la presidenta von der Leyen y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, de 24 de marzo de 2021,

—

Vista la Declaración conjunta, de 24 de marzo de 2021, del secretario de Estado de los Estados Unidos de América y el vicepresidente de la Comisión Europea / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

—

Vista la Declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de 26 de abril de 2021, titulada «U.S. Commitment to the Western Balkans» (Compromiso de los Estados Unidos con los Balcanes Occidentales),