Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Conciliar unos objetivos sostenibles y sociales ambiciosos con un entorno propicio para las microempresas y las pymes»

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/01)

Ponente:

Bruno CHOIX

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	30.9.2021
Aprobado en el pleno	20.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	227/0/9

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El 99,8 % de las empresas europeas son pymes y microempresas, que dan empleo a 82,4 millones de personas. Estas empresas son operadores ineludibles de la recuperación económica y de la consecución de los objetivos sociales y medioambientales de la UE. Su esencia —tamaño humano y proximidad— facilita que asuman de modo natural estos retos, en los que obtienen buenos resultados incluso en tiempos de crisis.

1.2.

Para ello, las pymes y microempresas necesitan un marco regulador adaptado a sus especificidades. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) pide la aplicación real de la «Small Business Act», del principio de «pensar primero a pequeña escala» y de la estrategia a favor de las pymes. Las cargas administrativas, en particular en materia de transparencia e información, deben limitarse estrictamente, ya que cada imposición conlleva un coste.

1.3.

El CESE apoya la iniciativa «Legislar mejor» y recomienda una participación sistemática de los interlocutores sociales, los sectores profesionales y las cámaras de comercio en todas las fases legislativas (elaboración de las consultas públicas, evaluación de impacto, enmiendas). Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta los resultados de las evaluaciones de impacto. El principio de «una más, una menos» (One in, one out) debe aplicarse de forma rápida, efectiva y equilibrada para lograr una legislación medioambiental y social ambiciosa. Por último, el CESE sugiere reforzar la coordinación de los representantes para las pymes, tanto a nivel nacional como europeo.

1.4.

El CESE pide a las instituciones europeas que estudien sistemáticamente alternativas a las obligaciones de transparencia e información cuando estas supongan una carga excesiva.

1.5.

Las iniciativas nacionales y regionales de diálogo social en las microempresas, la artesanía y las profesiones liberales facilitan que se asuman las cuestiones sociales, el diálogo entre empresarios y trabajadores, así como la prevención de conflictos, y deben fomentarse.

1.6.

El CESE observa que debe aprovecharse más el potencial de los sectores y asociaciones profesionales y las cámaras de comercio para la difusión de la innovación social, medioambiental y de gobernanza, así como el acompañamiento de las pymes y microempresas. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que se basen en sus conocimientos y su red en lugar de crear nuevas disposiciones gravosas y vinculantes.

1.7.

El CESE desea garantizar el acceso a la formación durante toda la vida para los empresarios, desde el momento en que se cree o se adquiera una empresa, a fin de permitirles que asuman las competencias necesarias para la buena gestión empresarial, la integración del diálogo social y la doble transición ecológica y digital.

2.   Antecedentes y observaciones generales

2.1.

Las pymes y microempresas están en el centro de la economía europea y, gracias a su amplia presencia en todo el territorio, son un elemento esencial para apoyar a las comunidades locales que se enfrentan a fragilidades económicas e impulsan la resiliencia en todo el sistema.

2.2.

La recuperación es la única forma de evitar la despoblación: permite preservar la tasa de empleo y distribuir la riqueza, sobre todo teniendo en cuenta que en Europa se basa en objetivos de sostenibilidad.

2.3.

Las pymes y microempresas se han movilizado hacia una economía verde y digital. La economía circular, el desarrollo sostenible y el diálogo social conforman el ADN de las microempresas, las empresas artesanales y las profesiones liberales. El CESE pide a las instituciones europeas que confíen en su capacidad de evolución y apoyen su papel como motor en la doble transición (mediante programas específicos de financiación, asistencia técnica e ingeniería y políticas adecuadas), y que no frenen su impulso.

2.4.

El CESE señala que muchas empresas y autoridades públicas innovan con el fin de ayudar a las microempresas y pymes a introducir la economía circular en su modelo de negocio (eliminación de residuos y mercancías invendidas, promoción de la reparación, la reutilización y el reciclaje), de conformidad con los objetivos de la UE.

2.5.

A pesar de la «Small Business Act» de 2008, los últimos trece años han demostrado que los legisladores, en lugar de adoptar textos que respeten las capacidades administrativas y financieras de las microempresas, optan en la mayoría de los casos por normas dirigidas a todas las empresas y las adaptan posteriormente a las más pequeñas, creando nuevas cargas para estas y socavando su competitividad así como su capacidad de innovación y de creación de empleo. Los resultados de la prueba de las pymes deberían tenerse mejor en cuenta. La multiplicación de las medidas de transparencia e información podría ser perjudicial. Así, el RGPD (1) ha introducido procedimientos poco claros que obligan a las microempresas y pymes a remitirse a guías o a recurrir a expertos externos, lo que conlleva gastos. El Reglamento sobre máquinas establece obligaciones similares y exige incoar procedimientos de evaluación mediante certificación por entidades externas. La Directiva relativa al blanqueo de capitales (2) introduce una obligación de declaración de los titulares reales para todas las empresas, que en varios Estados miembros es de pago.

2.6.

El informe de 2020 del Comité de Control Reglamentario demuestra que el impacto de las propuestas legislativas sobre las pymes no se ha evaluado suficientemente.

2.7.

El CESE acogió con satisfacción la estrategia para las pymes publicada por la Comisión en 2020. Apoya la Resolución (3) del Parlamento por la que se deben establecer las condiciones administrativas, reglamentarias y técnicas adecuadas para ayudar a las microempresas y pymes a mejorar su rendimiento, especialmente en el ámbito medioambiental, y según la cual existe un exceso de cargas administrativas y reglamentarias que frena su desarrollo.

2.8.

El CESE acoge favorablemente la Comunicación «Legislar mejor», que subraya que una mejor reglamentación es la clave para un desarrollo sostenible. No puede basarse únicamente en el crecimiento económico, sino que requiere un equilibrio entre los enfoques económicos, de sostenibilidad y sociales.

2.9.

A pesar de ello, varias propuestas legislativas y debates permiten vislumbrar nuevas obligaciones de transparencia e información para las pymes y microempresas (información corporativa en materia de sostenibilidad (4), transparencia de las remuneraciones (5), deber de vigilancia). Estas obligaciones pueden afectar a las pymes y microempresas —ya sea directa o indirectamente a raíz de solicitudes de información procedentes de las grandes empresas que intervienen en la cadena de valor— y suponer un coste dado que no disponen de los recursos humanos y financieros necesarios para satisfacerlas, lo que amenaza su actividad, su modelo económico y por ende su supervivencia, especialmente en tiempos de crisis.

2.10.

Sin embargo, las pymes y microempresas obtienen resultados alentadores, incluso mejores que las medias nacionales, y ello en ausencia de obligaciones al respecto. El CESE pide que la legislación se conciba para los 21 millones de pymes y microempresas europeas y no para el 0,2 % de mayor tamaño, y que posteriormente se busque aplicar los principios a las demás, para responder a las necesidades no solo de los empresarios, sino también de sus numerosos empleados. Por otra parte, el CESE desea que se propongan sistemáticamente alternativas a la comunicación de información.

3.   Costes y beneficios de las medidas de información

3.1.

La estimación de la Comisión respecto a los costes y las cargas administrativas carece a menudo de transparencia y penaliza a las pymes y microempresas. A ello se unen los efectos indirectos de las obligaciones relacionadas con la cadena de valor, que la Comisión tiene dificultades para cuantificar. Como se indica en la Comunicación «Legislar mejor», las enmiendas presentadas por el Parlamento y el Consejo casi nunca se someten a un estudio de impacto ni a la prueba de las pymes. Por último, la transposición de las medidas al Derecho de cada Estado miembro va acompañada en ocasiones de costes suplementarios.

3.2.

Para cumplir estas obligaciones cada vez más numerosas, los empresarios no tienen más remedio que atenderlas por sí mismos, en el tiempo dedicado a su actividad, o recurrir a un experto externo. Ambas opciones afectan a la actividad de la empresa y ocasionan costes suplementarios. Estos son proporcionalmente más elevados en las microempresas que en las grandes empresas. Además, el CESE advierte acerca de la multiplicación de medidas de información que, aunque por separado pueden parecer mínimas, en conjunto tienen una repercusión considerable.

3.3.

Sin embargo, en los ámbitos donde no existe obligación de información, se observan buenos resultados: muchas microempresas y pymes, animadas por su federación profesional o las cámaras de comercio, invierten en la economía circular porque ven en ella la posibilidad de desarrollarse y de adquirir notoriedad (6); la dimensión humana de las microempresas y pymes facilita los intercambios entre empresarios y empleados, lo que hace que las diferencias salariales entre mujeres y hombres sean a menudo menores que en el ámbito nacional (7), etc. Los países que han implantado umbrales para las pymes en determinadas legislaciones sociales registran un reducido número de recursos, lo que demuestra que las pymes pueden ser ejemplares sin que se les apliquen medidas que supongan una pesada carga. De acuerdo con los Dictámenes del CESE (8), debería abordarse la definición de pyme.

3.4.

Las pymes y microempresas, entre ellas las empresas de la economía social, son protagonistas de pleno derecho de la economía circular, ya que ofrecen servicios de proximidad que refuerzan el vínculo social, crean empleo no deslocalizable y riqueza en zonas donde la industria y algunos servicios públicos están ausentes y ofrecen oportunidades de negocio y empleo a colectivos sociales vulnerables. Más de la mitad de las personas que siguen una formación en alternancia se forman en microempresas y pymes, lo que permite contribuir de forma activa al empleo juvenil. Su modelo económico y su dimensión humana favorecen la integración de la inteligencia artificial controlada por el ser humano y priorizan la calidad de vida en el trabajo y la gobernanza participativa.

3.5.

A menudo, estas empresas ven la introducción de medidas de información como una carga injusta que afecta negativamente a su actividad y amenaza con negarles el acceso a la contratación pública o a la financiación sin que aporten avances significativos en políticas que a menudo han iniciado ellas mismas. Esta acumulación alimenta el resentimiento hacia una Europa a la que se ve como demasiado burocrática y alejada de la realidad.

3.6.

Además, el CESE considera que los objetivos sociales y medioambientales solo se alcanzarán abordando las causas de los desequilibrios y no multiplicando las exigencias restrictivas.

3.7.

Para favorecer un entorno favorable a las pymes debe prestarse especial atención al cambio demográfico, que reduce significativamente la disponibilidad de trabajadores cualificados y por tanto la productividad de las pymes. La enseñanza y la formación profesional, el aprendizaje y el desarrollo de las competencias deben ser una prioridad, en particular en relación con las competencias ecológicas y digitales.

4.   Legislar mejor

4.1.

Legislar mejor requiere un buen equilibrio entre los enfoques económico, de sostenibilidad y social. El CESE recomienda a la Comisión que se apoye más en los interlocutores sociales, los sectores profesionales y las cámaras de comercio a nivel europeo, nacional, regional y local a la hora de evaluar los impactos de una reglamentación.

4.2.

Todas las medidas de transparencia tienen un coste. El CESE recuerda a la Comisión la necesidad de aplicar la «Small Business Act» y el principio de «pensar primero a pequeña escala», de conformidad con sus compromisos. En consonancia con la Comunicación «Legislar mejor», el CESE pide que cualquier nueva carga administrativa directa o indirecta se limite a lo estrictamente necesario.

4.3.

El CESE pide a la Comisión que consulte al CESE en la elaboración de las consultas a fin de tener en cuenta las especificidades de las pymes de manera más concreta mediante preguntas no sesgadas y adaptadas a todas las formas de empresa. Insiste en la necesidad de dar prioridad a consultas breves en todas las lenguas de la UE para facilitar la contribución de las pymes.

4.4.

El CESE pide a la Comisión que refuerce la red y la coordinación de los representantes de las pymes («SME Envoys») a nivel nacional y en sus intercambios con la Comisión.

4.5.

El CESE toma nota del principio «una más, una menos» que la Comisión se ha comprometido a aplicar. La reducción de las cargas administrativas se ha de explorar con los interlocutores sociales para aliviarlas sin poner en riesgo los objetivos políticos ni rebajar las exigentes normas económicas, sociales y medioambientales de la UE. Para ello, el CESE pide a la Comisión que aporte los detalles operativos y metodológicos que permitan identificar las cargas innecesarias. El plazo de aplicación de este principio no parece adaptado al programa de trabajo de la Comisión, que prevé la publicación de varios textos esenciales en los próximos meses. El CESE pide a la Comisión que determine rápidamente las cargas administrativas susceptibles de ser suprimidas. Además, el CESE invita a la Comisión a que, cada vez que se retire una carga, realice un seguimiento de su supresión en las legislaciones nacionales para garantizar la eficacia del principio y la igualdad de trato.

4.6.

El CESE pide que cualquier nueva propuesta, sobre todo cuando implique medidas de transparencia e información directas o indirectas, sea objeto de una verdadera evaluación de impacto. Todas las instituciones deben efectuar la prueba de las pymes. Esta debe incluir un análisis económico y jurídico, y sus fuentes deben publicarse. Debe realizarse con cada nueva versión del texto, en el momento de la propuesta y durante las negociaciones. El CESE recomienda que se consulte a los interlocutores sociales —en especial a las organizaciones empresariales— en todos los estudios de impacto para contribuir al análisis de las disposiciones que afectan a las microempresas y pymes. La Comisión debe tener debidamente en cuenta los resultados de las evaluaciones de impacto a la hora de determinar la opción política preferida. Conforme a las propuestas de la Comunicación «Legislar mejor», el CESE pide a los parlamentarios y al Consejo que documenten los efectos de sus enmiendas sobre las microempresas y pymes.

4.7.

El informe del Comité de Control Reglamentario muestra que el número de propuestas que incluyen disposiciones adaptadas a las pymes se ha reducido considerablemente (del 22 % en el período 2017-2019 al 15 % en 2020). En caso de adopción de medidas de transparencia, el CESE pide a las instituciones que establezcan umbrales para atenuar las cargas de las pymes y microempresas. El CESE pide que se acelere la puesta en marcha de la pasarela digital única, prevista para 2023.

5.   Alternativas a la publicación de información

5.1.

Para evitar la generalización de procedimientos que puedan considerarse punitivos, el CESE anima a la Comisión a que incluya en cada propuesta alternativas a las obligaciones de comunicación de información para las microempresas y pymes.

5.2.

En muchos Estados miembros existen organismos consultivos específicos en los que los interlocutores sociales pueden debatir medidas sociales y económicas y su organización concreta. Muchas organizaciones nacionales de pymes son representativas. El CESE recomienda a la Comisión que se apoye más en las asociaciones de pymes, los interlocutores sociales, los sectores profesionales y las cámaras de comercio a escala europea, nacional, regional y local. Su experiencia, sus conocimientos especializados y sus redes activas les permiten estar en la mejor posición para apoyar y fomentar las pymes y microempresas y desarrollar herramientas que correspondan a los objetivos sociales y medioambientales. Es importante proporcionarles los medios económicos y humanos necesarios para el desarrollo de medidas de apoyo.

5.3.

El CESE observa que la Comisión ha desarrollado una serie de herramientas que pueden ser útiles para las pymes y microempresas, pero que no llegan a su público objetivo. El CESE recomienda reforzar la movilización de los representantes de las pymes («SME Envoys») para adaptar estas herramientas a las necesidades de las pymes y microempresas y facilitar su conocimiento y adopción.

5.4.

El CESE propone promover y apoyarse en medidas nacionales y regionales que faciliten el diálogo social en las microempresas, el sector artesanal y las profesiones liberales (9) proporcionando a los trabajadores y a los empresarios toda la información y asesoramiento sobre las disposiciones establecidas por Ley o por convenio a las que están sujetos, debatiendo y emitiendo dictámenes útiles sobre las cuestiones específicas a las empresas y a sus trabajadores, y contribuyendo a la prevención de conflictos mediante información y recomendaciones a los trabajadores y empresarios.

5.5.

El CESE anima a los Estados miembros a que respalden a los sectores profesionales en sus procesos de formación, asesoramiento y apoyo a las microempresas y pymes para responder a los requisitos sociales y medioambientales. Hay que dar prioridad a estos procesos frente a disposiciones vinculantes.

5.6.

Conforme al Dictamen de iniciativa del Comité, «Hacia una contratación pública circular» (10), el CESE pide a las autoridades públicas que ayuden a las microempresas y pymes a comprender la contratación pública más sostenible, especialmente la local, y que velen por que los pliegos de condiciones respeten el equilibrio entre los criterios cualitativos y cuantitativos.

5.7.

Al igual que los trabajadores, los directivos de las pymes y microempresas deben poder acceder a la formación durante toda la vida, en particular al crear o adquirir una empresa. Para crear una cantera de directivos y de sucesores de actividades empresariales ya existentes capaces de responder a los retos sociales, medioambientales y económicos, el CESE considera que es esencial ofrecer y promover la participación en ciclos de formación que se adapten a las nuevas competencias.

5.8.

El CESE propone que se respalden incentivos para reducir la huella de carbono de las pymes y microempresas a través de ayudas financieras, sin que ello represente una limitación para el desarrollo de las empresas ni una carga suplementaria.

5.9.

El CESE recomienda fomentar las iniciativas de certificación de las empresas de manera voluntaria, gratuita y con intervención de un tercero para dar credibilidad al proceso (11), garantizando al mismo tiempo que estos sistemas no constituyen una barrera al acceso al mercado y evitando su multiplicación para no provocar confusión entre los consumidores.

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(1)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(2)  Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

(3)  Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2020, sobre una nueva estrategia para las pymes europeas [2020/2131(INI)].

(4)  Propuesta de Directiva sobre la información corporativa en materia de sostenibilidad [2021/0104(COD)].

(5)  Propuesta de Directiva por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento [2021/0050(COD)].

(6)  Ejemplo de una empresa artesanal que ha implantado medidas de la economía circular en Países Bajos sin estar sujeta a ninguna obligación de transparencia: https://www.deb.nl/ondernemersverhalen/slagerij-van-koppen-dacht-na-over-duurzaamheid/

(7)  Las empresas de proximidad desde la perspectiva femenina (marzo de 2019): https://u2p-france.fr/sites/default/files/etude_les_entreprises_de_proximite_au_feminin.pdf

(8)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15 y DO C 81 de 2.3.2018, p. 1.

(9)  Comisiones paritarias regionales interprofesionales de la artesanía (CPRIA: https://cpria.proximeo-france.fr/) y comisiones paritarias regionales de las profesiones liberales (CPR-PL).

(10)  DO C 341 de 24.8.2021, p. 16.

(11)  Ejemplo de Répar’acteurs: https://www.artisanat.fr/reparacteurs#:~:text=Le%20label%20%C2%AB%20R%C3%A9par’acteurs%20%C2%BB,de%20la%20r%C3%A9duction%20des%20d%C3%A9chets

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La publicidad al servicio de un consumo moderno y responsable»

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/02)

Ponente:

Thierry LIBAERT

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	30.9.2021
Aprobado en el pleno	20.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	132/0/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) subraya que la Unión Europea (UE) debe apoyar a su sector de la publicidad, que se ha visto gravemente afectado por la crisis de la COVID-19. Ante la transición digital y la competencia de Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA), la publicidad ejerce un efecto multiplicador en la actividad económica y el empleo más necesario que nunca.

1.2.

El imperativo de un mayor respeto por los consumidores y los retos que plantean la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático hacen necesaria una reflexión general a fin de que el sector de la publicidad integre, en concreto, los objetivos del Acuerdo de París.

1.3.

El CESE pide al sector de la publicidad que se comprometa a disminuir su huella de carbono para lograr la neutralidad en carbono de sus actividades de aquí a 2050, de conformidad con los objetivos de la UE, y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 55 % de aquí a 2030, al objeto de contribuir a la neutralidad colectiva en carbono, que debe alcanzarse de aquí a 2050.

1.4.

El CESE pide que cada operador del sector de la publicidad, en función de su ramo de actividad, se comprometa a reducir su impacto medioambiental. Esto puede lograrse mediante una reducción del consumo de energía de las pantallas publicitarias digitales y un aumento de su reciclabilidad, dando preferencia al uso de papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible (etiquetas PEFC y PFC) y tintas que cumplan las normas REACH y GreenGuard en los soportes de papel y folletos publicitarios, y por medio de la reducción de los impactos técnicos, energéticos y logísticos de las producciones audiovisuales.

1.5.

El CESE recomienda que los operadores del sector publicitario aumenten su contribución pro bono para respaldar las iniciativas respetuosas con el medio ambiente de los agentes que no cuentan con recursos financieros suficientes (pymes, empresas emergentes, cooperativas, etc.).

1.6.

El CESE pide que los operadores del sector impartan más formación a sus miembros sobre los desafíos de la transición ecológica. Esta sensibilización deberá integrarse en paralelo en las formaciones universitarias en profesiones relacionadas con la comunicación.

1.7.

El CESE recomienda al sector publicitario que emprenda una reflexión sobre el imaginario de la publicidad y las representaciones que de él se derivan. Esto contribuirá a garantizar que la publicidad, en lugar de ser un obstáculo, se convierta en un verdadero motor impulsor de la transición ecológica, ya que hará posible valorizar, a partir de bases objetivas y precisas, aquellos productos que ayuden a reducir los impactos ambientales.

1.8.

El CESE pide que prosigan los trabajos encaminados a reforzar la regulación de la publicidad a escala europea a fin de luchar contra el blanqueo ecológico (greenwashing) y las afirmaciones medioambientales (environmental claims) engañosas, y se aspire a una armonización en todos los Estados miembros de la UE.

1.9.

El CESE confía en que, junto con los aspectos relativos a la transición ecológica, se preste especial atención a la publicidad dirigida a los jóvenes, en particular en las redes sociales.

1.10.

El CESE considera que no puede haber una publicidad plenamente responsable si los agentes del sector de la publicidad en Europa no asumen su responsabilidad en materia de desinformación. La Comisión Europea (CE) debe redoblar sus esfuerzos para luchar contra la monetización de la desinformación (1).

1.11.

El CESE pide que el sector publicitario muestre una mayor apertura a la sociedad civil y suscite más oportunidades de intercambio con sus distintos públicos, de modo que pueda evolucionar en consonancia con las nuevas expectativas de la sociedad.

2.   Definiciones

2.1.

La definición de publicidad que se utiliza en el presente Dictamen es la empleada por la UE, a saber, «toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones». Sin embargo, esta definición no engloba la publicidad dirigida a un objetivo de carácter institucional (la mejora de la reputación de una empresa) o la que emana de organismos públicos o del mundo asociativo.

2.2.

La publicidad responsable es la que apela a la responsabilidad que incumbe al sector frente a los principales retos sociales y medioambientales, incluida la necesidad de luchar contra el cambio climático.

3.   La publicidad como vector de la actividad económica y el empleo en Europa

3.1.

La publicidad está estrechamente vinculada al crecimiento y al empleo. Cuando la inversión publicitaria es elevada, el crecimiento es mayor que cuando hay menos inversión (2). En Europa, según un estudio de la Federación Mundial de Anunciantes referido al año 2016, aunque publicado en 2017, los 92 000 millones EUR de gastos publicitarios stricto sensu generaron 643 000 millones EUR de riqueza adicional (3).

3.2.

Según diversos estudios, una inversión de un euro en publicidad produce un efecto multiplicador e indirecto de 5 a 7 puntos de crecimiento adicionales. Aplicado a Bélgica, el coeficiente multiplicador sería del orden de 5 (2 200 millones EUR de gastos publicitarios aportaron 13 000 millones EUR a la economía belga) (4).

3.3.

La publicidad acelera la difusión de nuevos productos y servicios, a veces innovadores, lo que queda perfectamente ilustrado con la vida útil de los equipamientos de determinados productos, por ejemplo los de informática o telefonía. La difusión acelerada de nuevos productos plantea cuestiones sobre su repercusión medioambiental.

3.4.

La publicidad estimula la competencia. Sin publicidad, todos seríamos clientes de la misma entidad bancaria, que fijaría sus tarifas como considerara oportuno. Dado que, en realidad, los servicios bancarios son, por lo general, muy parecidos de un banco a otro, la distinción estriba también en la publicidad. Esta constatación es válida para numerosos sectores de actividad (energía, distribución, etc.).

3.5.

La publicidad constituye el sustento de muchos sectores, en particular el de los medios de comunicación. En muchos países de la UE, la publicidad es la principal fuente de financiación de la prensa escrita, la radio o la televisión. Por otro lado, se trata tanto de un recurso como de un factor de dependencia que muchas veces puede influir en el contenido de las producciones y plantear dudas sobre la independencia editorial.

3.6.

La publicidad representa un volumen de negocios de 140 000 millones EUR (2018) en Europa, con 280 000 empresas, a menudo de pequeño y mediano tamaño, que trabajan parcial o totalmente en la comunicación empresarial y dan trabajo a 998 000 personas (5).

3.7.

La publicidad tiene un efecto indirecto en muchas profesiones relacionadas con su actividad, como por ejemplo las de los sectores de la producción audiovisual, la creación artística o la fotografía. El estudio belga demostró así que 87 000 personas trabajaban en puestos de trabajo financiados mediante ingresos publicitarios o participaban en la producción publicitaria a través de las cadenas de suministro.

3.8.

Además, si se incluyen todos los gastos de comunicación empresarial, deben sumarse las grandes cantidades que se pagan cada año en la UE para apoyar, en concepto de esponsorización y patrocinio, actividades del mundo del espectáculo, deportivas o culturales.

4.   Un impacto que va más allá de los aspectos económicos y sociales

4.1.

En general, se admite que el efecto de la publicidad en la prensa ha sido permitir un acceso más amplio a los medios de comunicación. Sin publicidad, el precio de los periódicos aumentaría drásticamente y, en el caso de muchas cabeceras, una reducción de los anuncios se traduciría en su desaparición.

4.2.

La publicidad también hace posible ofrecer publicaciones gratuitas que permiten a millones de personas leer noticias diariamente.

4.3.

Debe hacerse hincapié en el aspecto artístico y creativo. Cabe señalar que un gran número de directores de cine, fotógrafos y diseñadores han iniciado sus carreras en el mundo de la publicidad.

4.4.

La integración de la publicidad en determinados paisajes urbanos los ha convertido en lugares turísticos, por ejemplo Times Square en Nueva York o Piccadilly Circus en Londres. Es la propia vitalidad de la publicidad la que imprime carácter a una ciudad y contribuye a la fama de determinados lugares. Es obvio que también es posible cuestionar sin ambages esta influencia de la publicidad en el espacio público.

4.5.

La publicidad contribuye a ofrecer un discurso positivo sobre el mundo, la felicidad, el placer o la belleza. En medio de un contexto de crisis permanentes, el discurso publicitario contribuye a difundir mensajes optimistas e inspiradores. La publicidad nos brinda también consejos de vida «No imites, innova» (Hugo Boss), «Cuídate» (Garnier), «Nada es imposible» (Adidas). Así pues, por lo general, la publicidad suele transmitir una visión positiva del mundo. Esta visión positiva puede resultar una palanca importante para la transición ecológica.

5.   El modelo publicitario y sus consecuencias sociales y medioambientales

5.1.

La publicidad tiene consecuencias directas por lo que respecta a los gases de efecto invernadero. Tiene un impacto en el uso del papel, así como en el consumo de diversos recursos (en particular a través de los nuevos paneles LCD) y de energía a través de internet o de los medios audiovisuales. El impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero o el impacto medioambiental más amplio (por ejemplo, la reciclabilidad del soporte) nunca se utilizan en la práctica como uno de los criterios preferentes a la hora de determinar las modalidades de una campaña publicitaria.

5.2.

La publicidad en el exterior también tiene un impacto medioambiental específico. Puede observarse, en particular, con los paneles luminosos y numéricos, cuyo consumo de energía e impacto en términos de contaminación lumínica no son desdeñables. Por lo que se refiere a la fabricación de una pantalla publicitaria digital, se calcula que un panel estándar de 200 kg necesita ocho toneladas de materiales para su producción (6).

5.3.

Al aspirar a aumentar el consumo de aquello que promueve, la publicidad fomenta un consumo excesivo que no se ajusta por fuerza a las necesidades. Hay muchos ejemplos de productos y objetos cuya utilidad real, en última instancia, es muy limitada y que a veces no guarda proporción con su impacto medioambiental. En ocasiones, algunos de ellos van a parar a la basura tras su primera utilización. La publicidad modela las necesidades y expectativas de las personas en función de los intereses de los anunciantes y no necesariamente de los intereses colectivos.

5.4.

Debido a su presencia ubicua en las grandes ciudades, la publicidad también puede contribuir a homogeneizar el espacio urbano de las principales ciudades europeas. Unas campañas publicitarias idénticas hacen que los paisajes urbanos sean cada vez más homogéneos y pierdan calidad. El hecho de que la mayoría de los anuncios procedan de un pequeño número de anunciantes explica este fenómeno.

5.5.

Los valores que la publicidad transmite a través de los mensajes difundidos están a menudo muy alejados de los conceptos de compartir, de solidaridad y de moderación. La publicidad vehicula una imagen de felicidad a través de las compras. El imaginario publicitario nos recuerda una y otra vez que todo se puede comprar. Para ser felices, habría que poseer y consumir más. Sin embargo, según las encuestas no existe un vínculo estadístico sólido entre el consumo y la percepción de la felicidad, ya que la felicidad se basa principalmente en creencias en determinados valores y en la importancia del tejido familiar y de la red social tangible. La publicidad también puede suponer una fuente de insatisfacción constante para los consumidores, ya que les anima a consumir cada vez más, y de frustración para todas las personas –en particular las más desfavorecidas– que no disponen de los medios para adquirir los productos y servicios anunciados.

5.6.

Sin tener conocimiento de ello, las empresas europeas gastan más de 400 millones de euros en sitios web de desinformación (7). Es un hecho reconocido que las principales fuentes de desinformación persiguen objetivos financieros, en particular mediante el establecimiento de referencias lo cual les permite recuperar grandes cantidades de dinero procedentes de la publicidad en línea.

5.7.

El CESE ha constatado que cada vez más anuncios en las redes sociales no se presentan como publicidad, sino que se ocultan tras influenciadores más o menos conocidos. Se calculó que más de una cuarta parte (26,6 %) de la publicidad en las redes sociales no mencionaba la marca ni la intención comercial (8). Esto crea un confusión perjudicial para la confianza en las marcas que la Ley de Servicios Digitales puede ayudar a combatir obligando a comunicar la denominación de la organización en cuyo nombre se difunde el anuncio (9).

6.   Acelerar la evolución de la publicidad para que su modelo sea más compatible con los retos de la transición ecológica

6.1.

Aunque el imperativo climático se va imponiendo cada vez en mayor medida, resulta difícil comprender por qué el sector publicitario no se ha comprometido formalmente a cumplir el Acuerdo de París. Más recientemente, el Parlamento Europeo votó una Resolución para lograr una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 y, el 14 de julio de 2021, la Comisión Europea publicó el paquete de doce medidas «Objetivo 55» para alcanzar esta meta. Todos los sectores profesionales deben contribuir al esfuerzo colectivo y el de la publicidad, al igual que los demás sectores, debe integrar este importante objetivo de aquí a menos de diez años.

6.2.

La mayor parte de las personas que trabajan en el sector de la publicidad ha comprendido los retos del cambio climático y la necesidad de estar a la escucha de las enormes expectativas de la sociedad. Desde hace varios años se movilizan para hacer frente a las afirmaciones medioambientales engañosas y al blanqueo ecológico. Ahora han de redoblar sus esfuerzos.

6.3.

Esta dinámica cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. En 2012, la DG JUST creó un grupo de trabajo [Multi-Stakeholder Group on Environmental Claims]. Se han publicado varios informes, en 2013 y posteriormente en 2016. Estos documentos han contribuido a mejorar la comprensión del problema de las alegaciones ecológicas engañosas y ha influido en la aplicación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) relativa a las prácticas comerciales desleales. La Comisión Europea está trabajando en la actualización de estas directrices, cuya publicación está prevista para finales de 2021. El texto final debería aclarar en mayor medida la aplicación de la Directiva 2005/29/CE en cuanto a las alegaciones ecológicas engañosas. En 2020, las autoridades nacionales de protección de los consumidores llevaron a cabo un barrido, coordinado por la CE, de sitios web de empresas que afirmaban vender productos respetuosos con el medio ambiente. Según la conclusión de este trabajo, en el 42 % de los casos las alegaciones fueron exageradas, falsas o engañosas y podrían considerarse prácticas comerciales desleales con arreglo a las normas de la UE (11).

6.4.

Más recientemente, el nuevo Plan de Acción de la UE para la Economía Circular, publicado el 11 de marzo de 2020, incluye, por primera vez, un eje centrado en la responsabilidad de la publicidad. En su punto 2.2 se indica la voluntad de la Comisión de reforzar la protección de los consumidores contra el blanqueo ecológico. Prevé que las empresas tendrán que probar sus afirmaciones medioambientales en términos de producto o de organización utilizando los métodos de la huella ambiental. En el punto 3.2 se expresa el deseo de desarrollar incentivos para aumentar la tasa de ocupación de los vehículos (lo que puede hacerse a través de anuncios que muestren menos conductores solos en sus coches).

6.5.

En noviembre de 2020, el Parlamento Europeo votó un informe de propia iniciativa titulado «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores» (12), elaborado por la Comisión IMCO (Mercado Interior y Protección del Consumidor). En este texto se «subraya la importancia de una publicidad responsable que respete las normas públicas en materia de medio ambiente y de salud del consumidor».

6.6.

El CESE ha sido especialmente activo a la hora de hacer prohibir las afirmaciones medioambientales engañosas, entre otras cosas a través de un Dictamen sobre «Las alegaciones medioambientales, sociales y de propiedades saludables en el mercado interior» (13). Votó un Dictamen titulado «Hacia una estrategia de la UE sobre el consumo sostenible» (14), en el que se subrayaba la importancia de encuadrar mejor la publicidad para un consumo más sostenible. En fecha más reciente, en el Dictamen titulado «Nueva Agenda del Consumidor» (15) recordaba la necesidad de mejorar la información de los consumidores y luchar contra el blanqueo ecológico.

7.   Hacia una publicidad europea al servicio de un consumo más sostenible y responsable

7.1.

El CESE aboga por un enfoque basado en incentivos que apele a la responsabilidad de los propios publicitarios. Este enfoque está motivado por los progresos realizados tanto por la profesión, en particular en la lucha contra las afirmaciones medioambientales engañosas, como por la normativa. Este enfoque también se debe a la necesidad de apoyar a un sector que genera crecimiento y empleo en un período especialmente delicado. El CESE considera que cualquier obstáculo a los modelos publicitarios europeos corre el riesgo de beneficiar a los dispositivos de publicidad digital, que son propiedad principalmente de Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA), cuando estos siguen estando en gran medida fuera del ámbito de aplicación de los instrumentos fiscales europeos. Este modelo se verá obligado a cambiar en el futuro debido a la evolución de las normas sobre las cookies. Sin embargo, el CESE reconoce que para determinados tipos de productos que tienen un impacto especialmente elevado, como los combustibles fósiles, pueden contemplarse formas de regulación más estrictas.

7.2.

En el contexto de la actual crisis económica, el CESE pide que se preste un apoyo financiero rápido y excepcional a los agentes más pequeños y más frágiles del sector de la publicidad (pymes) —a fin de que las estructuras puedan sobrevivir en el contexto actual—, a cambio de que introduzcan cambios estructurales en los puntos antes descritos.

7.3.

Cada profesión del sector de la publicidad en Europa –así como las agencias publicitarias que operan en la Unión Europea– deberá integrar los objetivos del Acuerdo de París de 2015 en su política de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, en particular, los objetivos recientes de la UE de reducción en un 55 % de aquí a 2030.

7.4.

Todos los agentes económicos del sector de la publicidad deben reconocer los objetivos vinculados a la transición ecológica e integrarlos en el funcionamiento de sus estructuras, proponiendo evaluaciones de su balance en materia de GEI, trayectorias de reducción y planes de acción adaptados a dichos objetivos. Este cambio en la función publicitaria debe tener lugar de manera flexible, en particular para fomentar y apoyar a las agencias de mediana envergadura.

7.5.

Los operadores del sector de la publicidad deben comprometerse a evaluar el impacto carbónico de los productos publicitarios con el fin de hacer evolucionar las prácticas, proponer alternativas de producción más ecológicas y estudiar las posibilidades de relocalización a Europa.

7.6.

Los operadores del sector de la publicidad deben aumentar su contribución pro bono a las organizaciones más activas en el ámbito de la transición climática y la inclusión social. En términos más generales, la evolución de la gobernanza de la regulación de la publicidad debe plantearse para lograr una mayor participación de la sociedad civil, posiblemente a través de formas de gobernanza que habrán de reinventarse.

7.7.

Los operadores del sector publicitario deben llevar a cabo una formación sistemática sobre los retos de transición ecológica y sobre prácticas publicitarias más responsables, proporcionando formación interna a su personal y contribuyendo a la formación de los estudiantes de comercialización y comunicación.

7.8.

El sector de la publicidad debe comprometerse a seguir reforzando los mecanismos de regulación profesional de la publicidad ampliando las competencias de supervisión de los organismos reguladores en Europa y proponiendo una integración más efectiva de la sociedad civil (ONG medioambientales, asociaciones de consumidores, sindicatos, etc.) en su gobernanza.

---

(1)  Comisión Europea: Directrices para reforzar el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación. 26 de mayo de 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2585

(2)  Maximilien Nayaradou, «The Impact of Advertising Regulation on Economic Growth», versión resumida en Publicité et croissance économique, Unión de Anunciantes, 2006. Tesis defendida en la Universidad de París Dauphine en 2004.

(3)  Federación Mundial de Anunciantes. The value of advertising, Deloitte, 2017.

(4)  Union belge des annonceurs, «L’impact de la publicité sur la croissance économique en Belgique», 3 de diciembre de 2015.

(5)  Fuente: Eurostat. Advertising and Market Research Statistics.

(6)  ADEME. Modélisation et évaluation environnementale des panneaux publicitaires numériques. Septiembre de 2020.

(7)  Claudia Cohen, «Des marques financent, malgré elles, la désinformation», Le Figaro, 5 de agosto de 2021.

(8)  Observatoire de l’influence responsable, ARPP, 13 de septiembre de 2021.

(9)  DO C 286 de 16.7.2021, p. 70.

(10)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

(11)  Boletín diario. Agence Europe, n.o 12646, 24 de enero de 2021.

(12)  https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=es

(13)  DO C 383 de 17.11.2015, p. 8.

(14)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 51.

(15)  DO C 286 de 16.7.2021, p. 45.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre remodelar el marco presupuestario de la UE para una recuperación sostenible y una transición justa

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/03)

Ponente:

Dominika BIEGON

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Unión económica y monetaria y cohesión económica y social
Aprobado en la sección	.5.10.2021
Aprobado en el pleno	20.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	168/3/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Las normas presupuestarias europeas necesitan una revisión: las deficiencias ya resultaban evidentes tras la crisis financiera de 2008/2009 y la pandemia de COVID-19 plantea retos aún más serios al actual marco presupuestario. En anteriores Dictámenes, el CESE ha acogido favorablemente la revisión de la gobernanza económica de la Comisión Europea. En el presente Dictamen, el CESE reitera su postura acerca de la necesidad de emprender reformas y solicita a la Comisión que prosiga rápidamente con la revisión del marco de gobernanza económica de la UE, que actualmente se encuentra interrumpida. Antes de que el marco revisado entre en vigor, la Comisión debería presentar directrices para un período de transición, durante el cual no debería activarse el procedimiento de déficit excesivo, y con la posibilidad de utilizar la «cláusula de acontecimiento inhabitual» según las circunstancias de cada país.

1.2.

Cualquier marco presupuestario futuro tiene que: a) reforzar las inversiones públicas, b) conceder un mayor margen de maniobra cíclico, y c) permitir una mayor flexibilidad y diferenciación por países en lo que respecta a las sendas de ajuste de la deuda, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad presupuestaria. La revisión del marco presupuestario de la UE no solo es necesaria de cara al objetivo de estabilizar la economía a corto y medio plazo. También es de vital importancia para financiar la transformación socioecológica de nuestra economía, garantizando el pleno empleo, puestos de trabajo de calidad y transiciones justas.

1.3.

Más concretamente, la principal propuesta del CESE con respecto a la revisión del marco presupuestario consiste en introducir una regla de oro para las inversiones públicas, que el CESE ya ha planteado en Dictámenes anteriores, junto con una regla de gasto. Además, el CESE acoge favorablemente la propuesta del Consejo Fiscal Europeo (CFE) relativa a la diferenciación por países de las sendas de ajuste presupuestario.

1.4.

Por último, el CESE señala que la política presupuestaria es el ámbito por excelencia de la política parlamentaria y sus decisiones afectan a toda la estructura de gastos e ingresos de los Estados. Así pues, tanto a los Parlamentos nacionales como al Parlamento Europeo se les debe asignar un papel destacado en el futuro marco de gobernanza económica de la UE.

1.5.

De forma similar, es necesario involucrar a la sociedad civil para que participe de forma más activa en el Semestre Europeo, tanto en el ámbito nacional como a escala de la UE. De este modo, se puede establecer una política económica equilibrada, en la que todos los intereses estén representados. Un ejemplo de ello sería la gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde la participación de la sociedad civil no ha sido satisfactoria (1). El principio de asociación, que durante mucho tiempo ha sido una tradición en la gobernanza de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, debería servir como referencia para un mecanismo eficaz de participación de la sociedad civil.

2.   En contexto: nuevos retos tras la pandemia de COVID-19

2.1.

Las normas presupuestarias europeas necesitan una revisión. Antes de la crisis, la evaluación del marco presupuestario de la UE a cargo del Consejo Fiscal Europeo (2019) (2) señalaba acertadamente dos problemas principales. En primer lugar, las normas presupuestarias tienden a ser procíclicas: así, tras la crisis financiera de 2008 y 2009, la consolidación presupuestaria se produjo demasiado pronto debido a las abrumadoras dudas surgidas en relación con la sostenibilidad, lo que condujo a la economía europea a una doble recesión. En segundo lugar, los recortes de gasto en la UE han tenido como primer objetivo la inversión pública. Si se compara la tasa media de inversión pública en el período 2015-2019 con la media anterior a la crisis (2005-2009), veinte de los veintisiete Estados miembros experimentaron una disminución de sus tasas, en algunos casos de hasta el 50 %, hasta el punto de que el valor de la masa de capital público, caracterizado por cifras negativas de inversión pública neta, se deterioró entre 2013 y 2017 en la zona del euro.

2.2.

La pandemia de COVID-19 plantea retos aún más serios al marco presupuestario de la UE: el desplome económico, junto con las medidas políticas para mitigar el impacto social y económico de la pandemia, han provocado aumentos masivos del déficit público y de los niveles de deuda con respecto al PIB en muchos Estados miembros (3). Las estimaciones del Consejo Fiscal Europeo (2020) (4) muestran que, si las normas presupuestarias de la UE se activasen sin introducir ningún cambio tras levantar la cláusula general de salvaguardia, la senda prevista de reducción de la ratio de deuda sobrecargaría a algunos Estados miembros, lo que acarrearía importantes consecuencias económicas, sociales y políticas negativas que pondrían en peligro la recuperación económica de la UE.

2.3.

La reforma de las normas presupuestarias de la UE no solo es necesaria de cara al objetivo de estabilizar la economía a corto y medio plazo. También es de vital importancia para financiar la transformación socioecológica de nuestra economía, garantizando el pleno empleo, puestos de trabajo de calidad y transiciones justas. Para alcanzar los objetivos climáticos de la UE, se necesita una profunda modernización de la masa de capital. Una economía sostenible requiere una ingente expansión de las inversiones públicas; de lo contrario las economías europeas se enfrentarán a riesgos presupuestarios relacionados con el clima (5). Al mismo tiempo, es preciso garantizar la sostenibilidad presupuestaria. En Dictámenes anteriores, el CESE ya ha subrayado la necesidad de introducir una regla de oro para la inversión pública en el marco presupuestario de la UE (6). Estas exigencias siguen siendo válidas: para que Europa cumpla sus objetivos climáticos y medioambientales de 2030, la Comisión Europea ha calculado recientemente que el déficit global de financiación asciende a unos 470 000 millones EUR al año hasta 2030 (7). Como se ha destacado acertadamente, «movilizar la escala de financiación necesaria será un reto político importante», y es obvio que la inversión pública jugará un papel fundamental, en particular de cara a activar también la inversión privada. La reforma del marco presupuestario de la UE debe tener en cuenta estas cuestiones.

2.4.

El CESE subraya que, una vez que la recuperación económica se consolide, los Estados miembros deben afrontar el reto de reducir las ratios de deuda con respecto al PIB a fin de mantener un margen presupuestario suficiente para contrarrestar posibles crisis económicas en el futuro. La regla de gasto propuesta en el presente Dictamen (véanse los puntos 3.3.2 y 3.3.3) garantizaría efectivamente que los Estados miembros consolidasen sus finanzas públicas en tiempos de bonanza.

2.5.

El CESE subraya que la revisión del marco presupuestario de la UE ha de tener en cuenta el contexto macroeconómico actual. Tanto el FMI (8) como la Comisión Europea (9) afirman que las ratios de deuda con respecto al PIB deberían estabilizarse a corto y medio plazo gracias a los bajos tipos de interés y al aumento de las tasas de crecimiento. La sostenibilidad de la deuda soberana depende de la tasa de crecimiento del PIB (real), del saldo primario anual y de los tipos de interés (reales) aplicados a la deuda soberana en circulación. El CESE insta a la Comisión Europea a tener en cuenta estos factores a la hora de evaluar la sostenibilidad de la deuda de los Estados miembros.

2.6.

Por otra parte, el CESE hace hincapié en que la sostenibilidad de las finanzas públicas depende en gran medida de unos ingresos públicos fiables y de una fiscalidad justa, lo que incluye, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva. Además, los nuevos recursos propios anunciados deben contribuir a fomentar una fiscalidad justa, así como la justicia social y climática. Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas también requiere transparencia en los ingresos y gastos, una contratación abierta y una participación permanente de la sociedad civil en la supervisión de la gestión de las finanzas públicas.

2.7.

En anteriores Dictámenes, el CESE ha acogido favorablemente la revisión de la gobernanza económica de la Comisión Europea y ha destacado la necesidad de llevar a cabo una revisión (10). Asimismo, el CESE ha propuesto que en la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa se debata una posible reforma de la gobernanza económica de la UE. Adaptar las disposiciones de gobernanza económica del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a la realidad económica actual de la UE no debería ser un tema tabú. El CESE reitera este llamamiento, especialmente a la luz de la crisis de la COVID-19. Para evitar un retorno a las antiguas normas presupuestarias y gestionar un cambio hacia una gobernanza económica centrada en la prosperidad, el CESE insta a que se reanude el proceso de revisión lo antes posible (11).

3.   Observaciones específicas

3.1.   Un nuevo equilibrio para la gobernanza socioeconómica de la UE

3.1.1.

La política presupuestaria debería formar parte de un marco de gobernanza a varios niveles y equilibrado más amplio. El CESE aboga por una gobernanza económica orientada a la prosperidad, en la que se dé prioridad al bienestar social y económico de las personas para que nadie se quede atrás, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad de la deuda pública. Por tanto, el Comité reclama una política económica equilibrada que destaque la importancia de una serie de objetivos políticos fundamentales y les otorgue la misma relevancia, entre ellos el crecimiento sostenible e inclusivo, el pleno empleo, el trabajo digno y las transiciones justas, un reparto equitativo de las rentas y la riqueza, la salud pública y la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental, la estabilidad del mercado financiero, la estabilidad de los precios, unas relaciones comerciales equilibradas, una economía social de mercado competitiva y unas finanzas públicas sostenibles. Estos objetivos son coherentes tanto con los objetivos establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea como con los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (12).

3.1.2.

Para apoyar a los Estados miembros en su camino hacia una economía sostenible e inclusiva no solo es necesario conceder un mayor margen de maniobra presupuestario en determinadas condiciones. Además de esto, se deben promover los incentivos para las reformas. El actual marco de gobernanza económica de la UE consta de tres pilares: a) vigilancia presupuestaria, b) vigilancia macroeconómica y c) coordinación de las políticas sociales y de empleo. Por lo tanto, ya presenta una fuerte inclinación hacia las reformas. Diversos estudios empíricos destacan que, a pesar de las reformas, el grueso de las recomendaciones específicas para cada país formuladas con anterioridad se ha centrado en impulsar la competitividad y en consolidar los presupuestos públicos (13). El CESE insta a las instituciones de la UE a que sean más equilibradas en las recomendaciones que realicen para cada país concreto en el futuro: los patrones de referencia presupuestarios, así como los objetivos climáticos de la UE y el pilar europeo de derechos sociales deberían servir igualmente como puntos de referencia importantes para las recomendaciones específicas por país. Se debe prestar especial atención a las reformas que favorecen la transición hacia una economía verde y digital (como las políticas activas dirigidas al mercado laboral y los planes de aprendizaje continuo, incluidos los programas para la adquisición de nuevas competencias laborales y de apoyo para el reciclaje profesional), y a las reformas que garantizan un aprovechamiento eficaz de los fondos de la UE (como el desarrollo de capacidades técnicas de las administraciones públicas para gestionar los proyectos de inversión, unos sistemas eficaces y abiertos de contratación pública y reformas dirigidas a eliminar otros obstáculos no monetarios a una política de inversión eficaz).

3.2.   Reforzar la inversión pública

3.2.1.

El CESE subraya que el marco presupuestario de la UE debe reformarse de manera que proteja mejor las inversiones públicas (14). El efecto multiplicador de la inversión pública es muy elevado, por lo que los recortes en la inversión pública tienen un impacto especialmente negativo en el crecimiento económico y el empleo. Los recortes en la inversión pública en particular, y en el gasto público en general, resultan especialmente perjudiciales en épocas de depresiones económicas y recesiones (15). Por otra parte, son numerosos los estudios en los que se señala también a la inversión pública como un factor de impulso del crecimiento a largo plazo (16). Un aumento a largo plazo de las inversiones públicas también proporciona una base más segura para la planificación del sector privado (17).

3.2.2.

Estos hechos justifican un planteamiento que conceda un trato preferente a las inversiones públicas en lo que respecta a la evaluación del cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE por parte de los Estados miembros. El CESE aboga por una «regla de oro» para las inversiones públicas (18) con el fin de preservar la productividad y la base social y ecológica para el bienestar de las generaciones futuras, al mismo tiempo que se garantiza la sostenibilidad presupuestaria. En general, el CESE propone que se implante el concepto tradicional de finanzas públicas de la regla de oro dentro del marco presupuestario revisado (19). Esto significa que las inversiones públicas netas deben excluirse del cálculo de los déficits globales. Si se implanta una regla de gasto como solicita el CESE (véanse los puntos 3.3.2 y 3.3.3), las inversiones públicas netas también deberían excluirse del techo de gasto público, mientras que los costes de inversión se distribuirían a lo largo de toda la vida útil y no en un período de cuatro años, como ocurre en la actualidad. La inversión pública neta aumenta la masa de capital público o social y aporta beneficios a las generaciones futuras (20). Las generaciones futuras heredan el servicio de la deuda pública, pero a cambio reciben una masa de capital público correspondiente e incrementada.

3.2.3.

El CESE subraya que la regla de oro hace que las inversiones públicas gocen de trato preferente en el marco presupuestario de la UE. Sin embargo, no exime a los gobiernos de la obligación de justificar los correspondientes proyectos de inversión y obtener mayorías para respaldarlos. En cualquier caso, deben mantenerse la transparencia y la rendición de cuentas ante sus respectivos Parlamentos, también para garantizar que solo se realicen aquellas inversiones públicas que redunden en el bien común.

3.2.4.

Como primer paso, el CESE recomienda que se lleve a cabo una revisión fundamental de la «cláusula de inversión». En primer lugar, el CESE propone que la «cláusula de inversión» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se interprete de una manera más flexible. Hasta ahora, se ha invocado en contadas ocasiones, debido principalmente a sus restrictivos criterios de admisibilidad (21). Estos criterios de admisibilidad deberían suavizarse: en principio, las inversiones públicas deberían justificar una desviación temporal con respecto a las sendas de ajuste, independientemente de la posición en la que se encuentre el Estado miembro dentro del ciclo económico e incluso si dichas inversiones producen un exceso por encima del valor de referencia del déficit del 3 % del PIB.

3.2.5.

En la actualidad, las desviaciones con respecto al objetivo presupuestario a medio plazo o a la senda de ajuste hacia este solo se permiten si están ligadas al gasto nacional en proyectos cofinanciados por la UE (22). El CESE propone que las inversiones sean objeto de una definición más amplia. Al mismo tiempo, la definición de las inversiones debe ser clara y viable para evitar la «contabilidad creativa». Las orientaciones que ofrece la Comisión Europea a los Estados miembros en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la definición de las inversiones en el mismo constituyen un buen punto de partida (23), puesto que incluyen las inversiones en activos tangibles, pero también las inversiones en salud, protección social, educación y formación, así como las inversiones destinadas a la transición verde y digital.

3.2.6.

El CESE acoge con satisfacción la taxonomía de las actividades sostenibles, que establece de forma clara lo que puede considerarse una «actividad económica medioambientalmente sostenible» y permite así definir las «inversiones medioambientalmente sostenibles» (24). El CESE recomienda por ello utilizar un recurso bien desarrollado como es la taxonomía de la UE para las actividades sostenibles como base para realizar una evaluación de la sostenibilidad de las inversiones públicas, en combinación con una regla de oro. Además, el CESE aguarda con interés las propuestas de la Comisión sobre la elaboración de presupuestos ecológicos.

3.3.   Más margen de maniobra cíclico para la política presupuestaria

Reformar los métodos de ajuste cíclicos o introducir una regla de gasto

3.3.1.

El CESE subraya que el método que aplica la Comisión Europea para el ajuste cíclico resulta opaco y es una fuente de prociclicidad. El método de la Comisión Europea para determinar el equilibrio estructural ha demostrado ser problemático porque la producción potencial calculada está enormemente condicionada por la situación económica actual. En las fases de desaceleración económica, por ejemplo, la producción potencial se revisa a la baja de una forma rápida y brusca, aunque esto no refleje necesariamente las condiciones reales (25). La revisión a la baja de la producción potencial tiene graves consecuencias para el déficit estructural calculado y las acciones de consolidación establecidas en consonancia. Hacer que el cálculo de la producción potencial sea menos sensible a las fluctuaciones cíclicas puede abrir a los Estados miembros un espacio presupuestario considerable para políticas económicas anticíclicas. Esta propuesta de reforma podría implantarse con facilidad y debería tenerse en cuenta simplemente como un requisito mínimo para que las normas presupuestarias de la UE estén más preparadas para hacer frente a las fluctuaciones cíclicas. Sin embargo, aunque se reforme, el déficit estructural seguirá siendo un concepto extremadamente complejo y el cálculo del mismo resulta casi imposible de explicar a la ciudadanía y a las partes interesadas. Debido a los problemas técnicos y a la opacidad de este concepto, se deberían buscar opciones alternativas.

3.3.2.

Una opción de reforma alternativa consiste en abandonar por completo el controvertido concepto de déficit estructural y, en su lugar, implantar una regla de gasto público en un marco presupuestario revisado (26). A diferencia del déficit ajustado en función del ciclo, el gasto público es observable en tiempo real y lo controla directamente el Gobierno. Se debe favorecer la inversión pública separando los presupuestos ordinarios y de inversión y sometiendo únicamente el presupuesto ordinario a límites de crecimiento del gasto nominal. De este modo, el planteamiento de la regla de oro podría combinarse con una regla de gasto (27).

3.3.3.

El gasto público nominal se calcularía excluyendo los pagos de intereses y el gasto público cíclico. Los límites podrían estar determinados por la tasa de crecimiento a medio plazo de la producción potencial real más la tasa de inflación objetivo del Banco Central Europeo (BCE) fijada en el 2 %. Si los factores cíclicos provocan una disminución de los ingresos fiscales (en una recesión) o un aumento de los mismos (en un período de auge), la regla favorece la estabilidad al garantizar que el gasto público solo aumente dentro de los límites estipulados. El gasto que supere el límite establecido solo se debería permitir si tiene un efecto neutro en el presupuesto, es decir, si el gasto se recorta en la misma proporción que otras partidas o si aumentan los ingresos fiscales. En el caso de los recortes fiscales generales, las tasas de crecimiento del gasto tendrían que incorporar estas disminuciones de recursos. La combinación propuesta de una regla de gasto y una regla de oro para la inversión pública podría constituir una herramienta eficaz de cara a limitar el gasto público a niveles sostenibles, permitiendo al mismo tiempo el funcionamiento de los factores de estabilización automáticos y posibilitando la adopción de medidas discrecionales por parte de los gobiernos.

Sendas de ajuste de la deuda flexibles y específicas para cada país

3.3.4.

El CESE respalda la propuesta formulada por el Consejo Fiscal Europeo (2020) (28) de introducir elementos específicos para cada país en un marco presupuestario simplificado. En concreto, el CESE acoge favorablemente la sugerencia relativa a la diferenciación del ajuste presupuestario en los Estados miembros, al tiempo que se mantiene la sostenibilidad de la deuda. La diferenciación por países en cuanto a las estrategias de reducción de la deuda con respecto al PIB debe basarse en un análisis económico exhaustivo en el que se tengan en cuenta factores como el nivel inicial de la deuda y la composición de la misma, los diferenciales entre los tipos de interés y las tasas de crecimiento como elemento de sostenibilidad, las perspectivas de inflación, los costes previstos de los retos asociados al envejecimiento de la población y al medio ambiente, los niveles de desempleo y pobreza, la distribución de la renta y la riqueza, los desequilibrios internos y externos y, principalmente, si el ajuste presupuestario (por ejemplo, el superávit presupuestario primario requerido) es realista (29).

3.3.5.

El CESE recuerda que los valores de referencia presupuestarios no se definen en el artículo 126 del TFUE, sino en el Protocolo n.o 12 que figura como anexo al Tratado. Por consiguiente, pueden modificarse mediante voto unánime en el Consejo sin necesidad de incoar un procedimiento formal de modificación del Tratado. El CESE anima a las instituciones de la UE a que consideren la posibilidad de aumentar el límite máximo de deuda del 60 % teniendo en cuenta al mismo tiempo el contexto macroeconómico actual y garantizando la sostenibilidad presupuestaria.

3.3.6.

Por último, vale la pena añadir en este contexto que depender únicamente de los factores de estabilización automáticos de cada país en las recesiones no es algo que esté totalmente en consonancia con la idea de una política anticíclica. Los déficits presupuestarios provocados por la menor producción y la caída del empleo no compensan íntegramente las pérdidas cíclicas y no son suficientes para contrarrestar en su totalidad una desaceleración cíclica. Son tan solo respuestas anticíclicas pasivas y parciales, y se tienen que complementar con respuestas discrecionales activas y temporales a los descensos cíclicos, que deben revertirse durante las fases de alza. Con anterioridad, una serie de Estados miembros han decidido seguir disminuyendo las ratios entre deuda y PIB con consecuencias económicas negativas, mientras que unos estímulos presupuestarios habrían sido más adecuados. En un futuro marco presupuestario, siempre que se mantenga un entorno de tipos de interés favorable, deberían permitirse mayores déficits primarios, manteniendo las ratios entre deuda y PIB constantes o a la baja y garantizando la sostenibilidad de la deuda. Por esta razón, las cláusulas excepcionales deben seguir siendo una piedra angular de cualquier futuro marco presupuestario de la UE y deben adaptarse en consonancia.

Desactivación de la cláusula de salvaguardia

3.3.7.

El CESE acoge favorablemente la activación de la cláusula general de salvaguardia del marco presupuestario y advierte del peligro que supone «volver a la normalidad» demasiado rápido, ya que esto podría originar una contracción que llevaría a los Estados miembros a recortar el gasto para alcanzar los objetivos a medio plazo, como ocurrió después de 2010, provocando una doble recesión. Esto contrarrestaría a su vez el objetivo del programa Next Generation EU y podría desencadenar una nueva recesión.

3.3.8.

El CESE apoya la decisión de la Comisión Europea de seguir aplicando la cláusula general de salvaguardia en 2022 y desactivarla en 2023, siempre y cuando el nivel de actividad económica alcance el nivel previo a la crisis (30). Además, el CESE respalda la afirmación de la Comisión Europea de que «tras la desactivación de la cláusula general de salvaguardia, se seguirán teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada país» (31). Por último, la Comisión debería presentar directrices para un período de transición hasta que se establezca el nuevo marco presupuestario, durante el cual no debería activarse ningún procedimiento de déficit excesivo, y con la posibilidad de utilizar la «cláusula de acontecimiento inhabitual» según las circunstancias de cada país. Además, el CESE solicita a la Comisión que prosiga rápidamente con la revisión del marco de gobernanza económica de la UE, que se encuentra interrumpida. En lugar de una «vuelta» a la situación anterior, el CESE recomienda un «giro» hacia un marco de gobernanza económica revisado (32).

3.4.   El papel internacional del euro

3.4.1.

Nuestra moneda común —el euro— goza de una sólida reputación internacional y ha sido reconocida por su importancia mundial como moneda de reserva y de comercio. La reputación del euro como moneda estable y de confianza depende de unas normas presupuestarias claras, comprensibles y ejecutables que refuercen las inversiones públicas para hacer posible la modernización de la masa de capital y generar un mayor margen de maniobra cíclico en las desaceleraciones económicas, al tiempo que garanticen la sostenibilidad de la deuda. Por lo tanto, el CESE está convencido de que una revisión de las normas presupuestarias no debe socavar en modo alguno la estabilidad del euro como principal moneda «ancla» de la Unión. Durante el debate sobre la revisión de las normas presupuestarias se debería hacer especial hincapié en la percepción por parte del mercado financiero de las perspectivas a largo plazo del euro como moneda importante en el mundo. En general, la reputación del euro depende de la estabilidad económica, social y política.

3.5.   Reforzar el papel de los Parlamentos y de la sociedad civil en la gobernanza económica de la UE

3.5.1.

El CESE señala que la política presupuestaria es el ámbito por excelencia de la política parlamentaria y sus decisiones afectan a toda la estructura de gastos e ingresos de los Estados. Así pues, tanto a los Parlamentos nacionales como al Parlamento Europeo se les debe asignar un papel destacado en el futuro marco de gobernanza económica de la UE. Se debe reforzar el papel del Parlamento Europeo en el marco del Semestre Europeo por medio de un acuerdo interinstitucional. Al mismo tiempo, es necesario respetar el principio de subsidiariedad y el reparto de competencias que establecen los Tratados. Los Parlamentos nacionales deben pedir cuentas a los gobiernos por las políticas fiscales que aplican. Por lo tanto, deben participar de manera efectiva en el Semestre Europeo y en la ejecución de los planes nacionales de recuperación.

3.5.2.

De forma similar, es necesario involucrar a la sociedad civil para que participe de forma más activa en el Semestre Europeo, tanto en el ámbito nacional como a escala de la UE. De este modo, se puede establecer una política económica equilibrada, en la que todos los intereses estén representados. Un ejemplo de ello sería la gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde la participación de la sociedad civil no ha sido satisfactoria (33). El principio de asociación, que durante mucho tiempo ha sido una tradición en la gobernanza de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, debería servir como referencia para un mecanismo eficaz de participación de la sociedad civil.

3.5.3.

En el caso de que se produzcan desviaciones significativas con respecto a los indicadores que representan los objetivos de las políticas económicas, se deberán llevar a cabo negociaciones entre las instituciones de la UE y los Estados miembros. Las dos partes deberían desarrollar soluciones de forma conjunta y en igualdad de condiciones. En lugar de amenazar a los Estados miembros afectados con sanciones económicas, la introducción de incentivos positivos podría suavizar el problema. La promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible debe ser el criterio fundamental de las recomendaciones (34).

3.5.4.

El CESE critica las denominadas «condicionalidades macroeconómicas» en el Reglamento sobre disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el Tratado Intergubernamental sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad que, en términos generales, permiten detener el desembolso de fondos de la UE si los Estados miembros incumplen las normas presupuestarias de la UE o contribuyen a propiciar desequilibrios macroeconómicos. Tras la desactivación de la cláusula de salvaguardia, estas condicionalidades macroeconómicas podrían ocasionar una contracción que llevaría a los Estados miembros a recortar el gasto para alcanzar los objetivos presupuestarios. Esto contrarrestaría a su vez el objetivo político de la cohesión territorial y los objetivos más amplios del programa Next Generation EU.

3.5.5.

Para que la recuperación sea sostenible, sigue siendo vital una política monetaria adaptable. El Parlamento Europeo podría utilizar sus Resoluciones anuales sobre el BCE y sus audiencias trimestrales de «diálogo monetario» con el BCE para votar sobre objetivos secundarios y desarrollar un proceso que resulte democrático, con directrices referidas a la política macroeconómica e industrial. Esto permitiría una mayor participación de los interlocutores sociales y la ciudadanía, junto con los Parlamentos nacionales. De este modo, el BCE recibiría una legitimidad renovada para encarar un conjunto de objetivos más amplio. Podría trabajar de manera más eficiente, desplegando todas las herramientas para trabajar en pos de un conjunto de objetivos políticos claros y definidos por políticas, guiados por instituciones democráticas. El BCE es una institución pública y se puede recurrir a ella para que ayude a los Estados miembros a financiarse en momentos de subida de los tipos de interés, ya sea desde el punto de vista de la estabilidad de los precios o del empleo, estableciendo tipos de interés y diferenciales y a través de herramientas de política monetaria específicas.

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(1)  Resolución del CESE sobre el tema «Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Qué funciona y qué no funciona?» (2021) (DO C 155 de 30.4.2021, p. 1).

(2)  Consejo Fiscal Europeo (2019): «Evaluación de las normas presupuestarias de la UE centrada en la legislación de los paquetes de seis y de dos medidas».

(3)  Comisión Europea, Previsiones económicas europeas, primavera de 2021.

(4)  Consejo Fiscal Europeo (2020): Informe anual de 2020.

(5)  Finance Watch (2021), «Fiscal Mythology Unmasked. Debunking eight tales about European public debt and fiscal rules».

(6)  DO C 353 de 18.10.2019, p. 32; DO C 123 de 9.4.2021, p. 12, y DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(7)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2020), «Identifying Europe’s recovery needs», SWD(2020) 98 final.

(8)  Informe Monitor Fiscal del FMI, abril de 2021.

(9)  Debt Sustainability Monitor, Comisión Europea, febrero de 2021.

(10)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(11)  DO C 123 de 9.4.2021, p. 12.

(12)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(13)  Crespy, Amandine y Vanheuverzwijn, Pierre (2019), «What Brussels means by structural reforms: empty signifier or constructive ambiguity?», en: Comparative European Politics, Vol. 17, Iss. 1, pp. 92-111; Hacker, Björn (2019): «A European Social Semester? The European Pillar of Social Rights in Practice». Bruselas, ETUI.

(14)  Véase también Consejo Fiscal Europeo (2019).

(15)  Comisión Europea (2016), «Informe sobre las finanzas públicas en la UEM 2016», documento institucional n.o 045; J-M Fournier (2016), «The positive effect of public investment on potential growth», Departamento de Economía de la OCDE, documento de trabajo n.o 1347.

(16)  Monitor Fiscal del FMI (2020), «Policies for the Recovery».

(17)  H. Bardt, S. Dullien, M. Hüther y K. Rietzler (2020), «For a sound fiscal policy:. Enabling public investments», documento de política de IW n.o 6/2020, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Colonia.

(18)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(19)  A. Truger (2020), «Reforming EU Fiscal Rules: More Leeway, Investment Orientation and Democratic Coordination», Intereconomics, 55(5).

(20)  Véase también P. Bom y J. Ligthart (2014), «What have we learned from three decades of research on the productivity of public capital?», Journal of Economic Surveys, 28(5), 889-916.

(21)  J. Valero (2019), «New investment clause fails to win EU member state support», Euractiv. Véase Comisión Europea (2015), «Utilizar la flexibilidad de la mejor forma posible dentro de las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», COM(2015) 012 final.

(22)  Comisión Europea (2015).

(23)  Comisión Europea (2021), «Guidance to Member States. Recovery and resilience plans», SWD(2021) 12 final, part 2/2.

(24)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 103.

(25)  A. Truger (2015), «Austerity, cyclical adjustment and the remaining leeway for expansionary fiscal policies within the current EU fiscal framework», Journal for a Progressive Economy, 6, 32-37.

(26)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(27)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(28)  Consejo Fiscal Europeo (2020).

(29)  Consejo Fiscal Europeo (2020).

(30)  Comisión Europea (2021): «Coordinación de las políticas económicas en 2021: dejar atrás la COVID-19, favorecer la recuperación y modernizar nuestra economía». COM(2021) 500 final.

(31)  Comisión Europea (2021): «Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria», COM(2021) 105 final.

(32)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

(33)  Resolución del CESE sobre el tema «Participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia — ¿Qué funciona y qué no funciona?» (2021), DO C 155 de 30.4.2021, p. 1.

(34)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 227.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «La industria europea del vidrio en una encrucijada: lograr que la industria sea más ecológica y energéticamente eficiente, velando al mismo tiempo por una mayor competitividad y el mantenimiento de puestos de trabajo de calidad»

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/04)

Ponente:	Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
Coponente:	Gerald KREUZER

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
Aprobado en sección	29.9.2021
Aprobado en el pleno	21.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	142/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La industria europea del vidrio es un sector innovador y de gran valor estratégico del que la UE se beneficia en gran medida. Los productos de vidrio son indispensables no solo para la transición hacia una economía circular y climáticamente neutra, sino también para la renovación de los edificios, la producción de más electricidad renovable, la descarbonización de los medios de transporte y la fabricación de envases sostenibles. El vidrio también contribuye a la revolución digital en Europa. Es, en resumidas cuentas, el futuro.

1.2.

El CESE pide a los responsables políticos de la UE que sitúen el sector del vidrio y todos sus subsectores en el centro de las prioridades políticas actuales, como el paquete de medidas «Objetivo 55», el paquete sobre la economía circular, la Agenda Digital, la agenda de cadenas de valor estratégicas y la política comercial internacional de la UE y sus instrumentos conexos.

1.3.

La oleada de renovación de la UE podría ser una importantísima fuente de oportunidades de negocio para el sector del vidrio, impulsando las inversiones y contribuyendo sobremanera a la reducción de las emisiones de CO2 de los edificios. El CESE hace un llamamiento a los responsables políticos nacionales y de la UE para que al menos defiendan los objetivos actuales propuestos y, en su caso, los refuercen.

1.4.

Es necesario acometer una transición energética dentro del sector para que el proceso de producción de vidrio, intrínsecamente intensivo en energía, sea neutro en carbono. Esta transición energética dará lugar a importantes aumentos de costes en la actividad empresarial debido al incremento de los costes operativos y de los requisitos de capital.

1.5.

El CESE recomienda encarecidamente que las políticas de la UE atiendan a las necesidades de la industria del vidrio para propiciar esta transición, prestando apoyo financiero para los gastos tanto de capital como operativos, desarrollando las capacidades en materia de energías renovables, garantizando un suministro de energía asequible y velando por que el sector no se vea expuesto a una competencia desleal de fuera del mercado de la UE.

1.6.

El CESE manifiesta su apoyo a todas las políticas de la UE y los planes nacionales de recuperación destinados a facilitar una revolución del transporte para dar paso a vehículos inteligentes y climáticamente neutros y al desarrollo masivo de los sistemas de transporte público. El vidrio de alta tecnología también tiene un papel importante que desempeñar.

1.7.

El CESE recomienda encarecidamente que la UE clasifique el vidrio como material permanente, debido a su carácter inerte, reutilizable y reciclable de forma ilimitada.

1.8.

El CESE pide que se pase de los materiales no lineales a un vidrio totalmente circular, reutilizable y reciclable para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, la extracción de materias primas vírgenes y el agotamiento de los recursos. El Comité propone que la UE reconozca las ventajas del vidrio para contribuir a unos sistemas de envasado sostenibles.

1.9.

El CESE recomienda encarecidamente una aplicación más amplia de los principios de la economía circular, junto con ayudas financieras públicas y privadas y asociaciones como la iniciativa «Close the Glass Loop», para fomentar el reciclaje del vidrio. Esto permitirá a Europa evitar los residuos de vidrio, reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 y crear nuevos puestos de trabajo en el sector del reciclado de vidrio.

1.10.

El CESE insta a la UE a que reconozca que el vidrio es indispensable para la producción de energía verde. Es un componente clave no solo de los paneles solares fotovoltaicos, sino también de las turbinas eólicas, y puede utilizarse de otras maneras para producir electricidad verde. El CESE hace un llamamiento a la Comisión y al Parlamento para que desarrollen nuevas políticas de la UE en torno a los objetivos climáticos y las cadenas de valor estratégicas con el fin de reanudar la producción de células fotovoltaicas en Europa y salvaguardar la de otros productos de vidrio estratégicos y las cadenas de valor de las que forman parte (por ejemplo, parabrisas para los fabricantes de vehículos de transporte).

1.11.

El CESE pide que se apoye la inversión en enseñanza y formación para dotar de los conocimientos y capacidades necesarios a los trabajadores nuevos y jóvenes que llegan al sector para sustituir a una mano de obra que envejece, y también para permitir a los trabajadores actuales seguir el ritmo de la innovación y las transiciones en el sector.

1.12.

El CESE pide a la UE que proteja a su industria del vidrio contra el riesgo de fuga de carbono. Habida cuenta de la mayor ambición de los objetivos climáticos y el aumento de los costes del carbono, es necesario reforzar la protección contra la fuga de carbono en lugar de debilitarla. La competitividad de los productos de vidrio en los mercados de exportación y en la propia UE puede garantizarse en parte mediante la adopción de medidas eficaces contra la fuga de carbono a través del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). Este régimen debe mantenerse para apoyar al sector en la transición y cumplir el objetivo de neutralidad climática de la UE. Debe estudiarse con detenimiento la introducción del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) y el paquete taxonómico. El Comité pide que el MAFC prevea una solución para las exportaciones y que las medidas frente a la fuga de carbono se vean reforzadas mediante asignaciones completas y gratuitas basadas en el cumplimiento de los criterios de referencia, como complemento del MAFC, al menos hasta 2030, de acuerdo con las normas de la OMC.

1.13.

La transición ecológica y digital en Europa —y en la industria del vidrio en particular— tiene que ser justa. El CESE aboga por la participación de los trabajadores para garantizar el máximo apoyo a esta transición. Por lo tanto, la legislación de la UE debe servir de apoyo al diálogo social a todos los niveles.

1.14.

A fin de supervisar la evolución de la industria del vidrio en términos de reducción del CO2, producción y otras variables pertinentes, el CESE acogería con satisfacción un apoyo y un análisis más específicos para el conjunto del sector y sus subsectores, así como cada Estado miembro.

2.   Descripción general del sector industrial del vidrio

2.1.   Producción

Según la asociación Glass Alliance Europe, la producción de vidrio en la UE alcanzó los 36,8 millones de toneladas en 2020. La UE es uno de los mayores productores de vidrio del mundo. Consta de cinco subsectores:

a)	60,4 % — vidrio para envases;

b)	29,2 % — vidrio plano;

c)	3,2 % — vidrio para uso doméstico;

d)	5,3 % — fibras (refuerzo y aislamiento);

e)	2,1 % — vidrios especiales.

2.2.

Empleo

En 2018, el sector del vidrio dio empleo a alrededor de 290 000 trabajadores en todo el territorio de la EU-27 (1). Esta cifra incluye la fabricación, el reciclado y la transformación del vidrio, ya que algunos sectores, en particular el del vidrio plano, tienen cadenas de valor complejas. El sector de la transformación del vidrio también abarca un número considerable de pymes.

2.3.   Salud y seguridad

2.3.1.

La industria europea del vidrio ofrece empleos de calidad para una amplia gama de perfiles, desde empleos manuales no cualificados hasta puestos de trabajo de ingeniería de alto nivel.

2.3.2.

El trabajo manual en la industria del vidrio puede ser físicamente duro y, en ocasiones, sigue siendo peligroso. Las medidas de salud y seguridad requieren inversiones y tienen a menudo un impacto positivo en la productividad. Las medidas de prevención de enfermedades profesionales se están mejorando continuamente, como es el caso de la prevención de la silicosis, en el marco del diálogo social de la Red Europea de la Sílice (NEPSI) sobre la sílice cristalina respirable. La cultura de seguridad y prevención ha contribuido a la calidad de los puestos de trabajo en el sector.

2.4.   Edad, enseñanza y formación

A diferencia de Europa Central y Oriental, la mano de obra de los países de Europa occidental es en su mayoría de más edad (mayor de cincuenta años) y muy experimentada. Resulta cada vez más difícil atraer a trabajadores nuevos y jóvenes. Para sustituir a los de más edad y con mayor experiencia es necesario formar a nuevos trabajadores y permitir a los actuales seguir el ritmo de la innovación y las transformaciones en la industria.

2.5.   El sector del vidrio es muy innovador

2.5.1.

Las tendencias en materia de salud y bienestar están creando nuevas oportunidades y mercados para los envases de vidrio producidos en circuito cerrado, sostenibles, saludables, reutilizables y reciclables de forma ilimitada. El sector del vidrio está trabajando en la innovación del diseño y en rutas más «disruptivas» para descarbonizar el proceso de producción, lo que augura una importante transformación en la producción de vidrio.

2.5.2.

El vidrio utilizado en la construcción y en el sector del automóvil se está volviendo más sofisticado gracias a la integración de láminas, gases, revestimientos, cámaras, radares y otros materiales para mejorar la seguridad, las propiedades de aislamiento y la capacidad de transmisión de datos. Además, pueden integrarse células fotovoltaicas en el vidrio de fachada o en los techos solares panorámicos de los automóviles para mantener la eficiencia y generar electricidad renovable.

2.5.3.

Los productos de vidrio de alta tecnología también se utilizan en los sectores aeroespacial y de defensa. Los productos de vidrio y los materiales híbridos de fibra de vidrio se utilizan también en vehículos espaciales y satélites como revestimientos, elementos electrónicos, sensores, pantallas, etc. Esto hace de la industria del vidrio no solo un sector de alta tecnología e innovador, sino también un sector altamente estratégico.

2.6.   Repercusión de la COVID-19

Los mercados se han visto deprimidos en sectores clave desde el inicio de la pandemia, lo que ha dado lugar a una reducción de la producción y una recuperación lenta en algunos sectores importantes del vidrio (vidrio plano, vidrio doméstico, fibras de vidrio). En 2020, la actividad del sector se redujo entre un 1 % y un 14 %, dependiendo del subsector. En el sector del vidrio plano, que abastece principalmente a las industrias de la construcción y del automóvil, el mercado de la UE se redujo en más de un 10 % en 2020. Aunque la situación en el sector de la construcción ha sido mejor de lo previsto, el mercado del vidrio para automóviles sigue estando muy deprimido por el momento.

3.   Contribución del vidrio a la neutralidad climática, la economía circular, el bienestar y la Agenda Digital para Europa

3.1.   Neutralidad climática

3.1.1.   Oleada de renovación

3.1.1.1.

Los productos de vidrio son un aspecto esencial de la oleada de renovación de la UE, cuyo objetivo es reducir drásticamente el consumo de energía y las emisiones de CO2 de los edificios. Para aislar los edificios, deberán utilizarse acristalamientos que se ajusten a las normas de eficiencia energética más exigentes. Esto supondría una enorme reducción de las emisiones de CO2, ya que el acristalamiento de alto rendimiento podría reducir en un 37,4 % las emisiones de CO2 de los edificios de aquí a 2050 (2). La lana de vidrio, el vidrio espuma y otros derivados de la fibra de vidrio aislante también son fundamentales para lograr un aislamiento óptimo en los edificios.

3.1.1.2.

La oleada de renovación de la UE podría ser una fuente importantísima de oportunidades de negocio. Una duplicación de la tasa de sustitución de ventanas podría dar lugar a un crecimiento del mercado del vidrio plano superior al 60 % y podría, por lo tanto, atraer inversiones.

3.1.2.   Producción de energía verde

3.1.2.1.

El vidrio es indispensable para la producción de energía verde. Es un componente clave de los paneles solares fotovoltaicos. La fibra de vidrio se utiliza en las turbinas eólicas para hacerlas ligeras pero resistentes. La electricidad verde también puede generarse mediante un vidrio de espejo especial que dirige la luz a un elemento central conectado a un generador.

3.1.2.2.

El rápido auge y caída de la industria europea de producción de paneles solares, como consecuencia de la competencia desleal de las empresas chinas, nos enseña que las nuevas oportunidades de energía verde no deben gestionarse en un entorno competitivo a escala internacional. Las nuevas políticas de la UE relativas a los objetivos climáticos y las cadenas de valor estratégicas deben aspirar a renovar la producción de células fotovoltaicas en Europa.

3.1.3.   Transporte

3.1.3.1.

El sector del vidrio es un importante proveedor de los productores de material rodante. Debido a la crisis de la COVID-19, algunas empresas de transporte público han interrumpido o anulado una serie de importantes pedidos, con el consiguiente riesgo de cierre de varios centros de producción, lo que podría dar lugar a un aumento de las importaciones. Unos planes nacionales de recuperación oportunos podrían apoyar eficazmente la producción europea.

3.1.3.2.

Aunque la industria del automóvil ya estaba en crisis incluso antes de la pandemia de COVID-19, es probable que haya una demanda de acristalamientos más avanzados, ligeros y altamente aislantes. Los automóviles autónomos intensificarán la demanda de productos de vidrio especializados más sofisticados que sirvan de pantallas, paneles de control o dispositivos de realidad aumentada.

3.1.4.   Envasado sostenible

La industria del vidrio abastece de envases inertes, saludables y sostenibles a los sectores europeos de alimentos y bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos (por ejemplo, las vacunas contra la COVID-19). Además, está impulsando una amplia gama de innovaciones en los procesos de diseño ecológico, descarbonización y eficiencia energética a fin de transformar la forma en que se produce el vidrio. Cada año, invierte no menos del 10 % de los costes de producción en la descarbonización, la eficiencia energética y la mejora de las instalaciones. El último proyecto de vidrio para envases de Furnace for the Future (3), que ha solicitado financiación del Fondo de Innovación del RCDE, reducirá las emisiones en un 60 %. Se trata de una de las diversas iniciativas destinadas a apoyar el objetivo del sector de producir envases de vidrio climáticamente neutros que transformarán la industria y ofrecerán grandes oportunidades de crecimiento para la producción de envases de vidrio hipocarbónicos.

3.2.   Economía circular: el vidrio como producto perfectamente circular

3.2.1.

El vidrio es un material permanente e inerte, que puede reutilizarse y reciclarse de forma ilimitada sin perder sus propiedades.

3.2.2.

El vidrio es una alternativa respetuosa con el medio ambiente para muchas aplicaciones de plástico, encabeza la clasificación en términos de reciclado eficaz y es reutilizable al 100 %, proporcionando un sistema totalmente circular. Se trata del único envase que no necesita una capa o revestimiento de plástico y siempre se mantiene saludable y seguro para el envasado de alimentos, independientemente del número de veces que se recicle, por lo que es el único envase que permite alcanzar el objetivo de plena circularidad. El vidrio es uno de los materiales de envasado que más se recicla y el 76 % de todo el vidrio comercializado en estos momentos se recoge para su reciclado. La utilización del vidrio reciclado supone un ahorro en términos tanto de energía como de emisiones de CO2. Se debe seguir apoyando los incentivos a escala de la UE para animar a las partes interesadas de toda la cadena de valor, incluidos los consumidores, a reciclar más y mejor.

3.2.3.

En el sector del vidrio de construcción, el vidrio reciclado representa actualmente el 26 % del insumo de materia prima (4). Se podría aumentar el reciclado mejorando los procesos de recogida, clasificación y limpieza del vidrio procedente de ventanas o fachadas antiguas.

3.2.4.

El fin de la vida útil de la primera generación de células fotovoltaicas puede representar una nueva oportunidad para renovar la política industrial en materia de energía solar y mantener materiales preciosos en Europa mediante un reciclado más eficaz. Para ello, se requiere el respaldo de una visión y una política claras de la UE.

3.3.   Bienestar

3.3.1.

El vidrio está en todas partes. La vida moderna no sería posible sin esta materia. La industria del vidrio es también una de las más antiguas y tiene raíces históricas profundas en Europa, en el vidrio decorativo, las artes y la cultura. Esta larga tradición ha conformado el saber hacer, las prácticas y el arte de la fabricación de vidrio en Europa.

3.3.2.

Hoy en día, el vidrio hace posible la tecnología médica, la biotecnología y la ingeniería de las ciencias de la vida. El vidrio también nos protege de la radiación de rayos X (radiología) y los rayos gamma (nucleares). El vidrio de arquitectura de interior y los muebles de vidrio, como espejos, tabiques, barandillas, mesas, estanterías y lámparas de vidrio, mejoran nuestros espacios de vida y de trabajo.

3.3.3.

El vidrio protege la calidad y la vida útil de nuestros alimentos y bebidas. Los servicios de mesa de vidrio son un complemento de la alta cocina y de un cierto estilo de vida. Las ventanas de vidrio dejan entrar la luz natural en nuestros hogares y oficinas. El vidrio se utiliza en electrodomésticos y en equipos de ofimática, así como en aparatos electrónicos, como puertas de hornos, placas de cocina, pantallas de televisión y de ordenador y teléfonos inteligentes.

3.4.   Europa Digital

Los centros de producción europeos ya producen el vidrio más delgado, que se utiliza para pantallas, teléfonos inteligentes, tabletas y otras pantallas táctiles. Los hilos y cables de fibra óptica de vidrio garantizan el transporte de datos a gran escala e incluso intercontinental, así como microconexiones en dispositivos electrónicos y chips.

4.   El vidrio como sector de uso intensivo de energía

4.1.

Cada año, se reconstruyen o adaptan progresivamente nuevos hornos con tecnologías innovadoras de bajas emisiones de carbono que son mucho más eficientes desde el punto de vista energético. La industria sigue reduciendo su consumo de energía mediante tecnologías de recuperación del calor residual, la tecnología de ciclo Rankine con fluido orgánico, un mayor uso del calcín y otras tecnologías simbióticas. Los nuevos sistemas y tecnologías de gestión de la energía implantados en las fábricas de vidrio están contribuyendo a una mayor eficiencia energética.

4.2.

El consumo de energía en el sector del vidrio ha sido objeto, desde hace casi un siglo, de una marcada tendencia a la baja y está llegando actualmente a su límite termodinámico.

4.3.

Dado que las emisiones de CO2 en el sector del vidrio guardan una relación directa con la cantidad de energía utilizada, pueden observarse mejoras de la eficiencia energética en la reducción de las emisiones de CO2. En la práctica, estas mejoras han dado lugar a una fuerte reducción de las emisiones de CO2. Por ejemplo, la industria francesa del vidrio, que es de carácter muy diverso y sofisticado, redujo sus emisiones de CO2 en un 70 % entre 1960 y 2010.

4.4.

A fin de supervisar los avances realizados por la industria del vidrio frente a otros sectores de gran consumo de energía, debería preverse un apoyo más específico para el conjunto del sector y sus subsectores, así como para cada Estado miembro.

4.5.   Vías hacia la neutralidad climática o la neutralidad en carbono

4.5.1.

El sector del vidrio se encuentra muy cerca de su límite termodinámico, lo que significa que ya no es posible reducir de manera significativa las emisiones de CO2 con las técnicas actuales y la combustión de gas natural. Por consiguiente, es necesaria una transición energética y una circularidad aún mayor en la producción de vidrio en los ámbitos en los que existe potencial en este sentido.

4.5.2.   Electricidad verde

La electrificación es otra vía prometedora hacia la descarbonización de la producción de vidrio. Un proyecto de demostración —Furnace for the Future— está en curso de elaboración. Se trataría del primer horno híbrido de grandes dimensiones del mundo en utilizar electricidad para producir vidrio para envases. Ya existen hornos eléctricos de menor envergadura que se utilizan en los subsectores del vidrio para envases y el vidrio para uso doméstico. Al igual que ocurre con el hidrógeno, es necesario desarrollar la capacidad de la electricidad verde.

4.5.3.   Hidrógeno verde

El hidrógeno es una alternativa muy prometedora al gas natural. El sector del vidrio ya está estudiando la posibilidad de utilizar hornos de hidrógeno. En cualquier caso, pasarán varios años antes de que el primer horno de hidrógeno esté operativo en un contexto competitivo y antes de que la capacidad de producción y transporte del hidrógeno alcance un nivel suficiente.

4.5.4.   Circularidad

Cuando el vidrio se funde en hornos de gas natural, hasta el 80 % de las emisiones de CO2 procede de la combustión de gas natural y el 20 % de las materias primas vírgenes. La sustitución de las materias primas vírgenes por vidrio reciclado (calcín) evita la necesidad de extraer materiales vírgenes, reduce la cantidad de residuos y de CO2 y ahorra energía. Existe la posibilidad de «cerrar el ciclo del vidrio» (5) y de reciclar más vidrio después del consumo. Tanto en el sector de la construcción como en el del automóvil, se están sometiendo a prueba varias iniciativas y modelos para mejorar la recogida. Debe preverse el desmontaje previo del vidrio y el acristalamiento de los edificios antes de su demolición, así como un objetivo de recogida específico para cada material, a fin de complementar el objetivo genérico para los residuos de construcción y demolición, que resulta ineficaz en el caso de materiales ligeros como el vidrio. Se necesitan sistemas de recogida selectiva para garantizar una elevada calidad, a fin de permitir un alto porcentaje de material reciclado en los productos de vidrio.

4.5.5.   Obstáculos y retos

La transición energética dará lugar a un aumento de los costes operativos (OPEX) y de la inversión en activo fijo (CAPEX). Las políticas de la UE deben apoyar las inversiones de la industria para permitir esta transición y garantizar que la industria no esté expuesta a una competencia desleal de fuera del mercado de la UE. Además, es necesario actuar ahora, ya que los hornos tienen una vida útil de entre diez y quince años en el caso del vidrio para envases y de entre quince y veinte años en el caso del vidrio plano. Esto significa que solo quedan dos generaciones de hornos de aquí al plazo crucial de 2050.

5.   La industria del vidrio en la política de la UE

5.1.

Recuperación verde: el Pacto Verde Europeo, la oleada de renovación de la UE, el impulso a la producción de más energía renovable, la política de transporte sostenible y las iniciativas de economía circular deberían servir de acicate para los productos de vidrio hipocarbónicos.

5.2.

Nuevas fuentes de energía: apoyar y desarrollar la capacidad de energía renovable para la electricidad y el hidrógeno verdes y garantizar la disponibilidad de biogás. Apoyar la inclusión de las energías eólica y solar en la combinación energética.

5.3.

I+D: proporcionar apoyo público y financiación para proyectos de I+D y de demostración (6), como el Fondo de Innovación del RCDE, con el fin de descarbonizar la producción y seguir desarrollando hornos eficientes desde el punto de vista energético. La demanda de dicho Fondo ha superado ampliamente la oferta en su primera convocatoria de manifestaciones de interés, lo cual previsiblemente volverá a ocurrir en convocatorias ulteriores.

5.4.

Aceptación en el mercado: se necesitan mecanismos que apoyen la comercialización de los productos de vidrio hipocarbónicos para garantizar la rentabilidad de las inversiones en la producción hipocarbónica. Apoyar la sustitución de los plásticos por productos alternativos de vidrio sostenibles en el sector minorista, el domicilio, el sector de la hostelería, la comida para llevar y los alimentos y bebidas que se consumen en la calle, para ayudar a pasar de sistemas de economía lineal a sistemas de economía circular.

5.5.

Oleada de renovación: apoyar las medidas previstas para la oleada de renovación que puedan fomentar el uso de productos que eviten el CO2 para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables tanto en los edificios como en el transporte. Incrementar el objetivo de eficiencia energética y hacerlo obligatorio a escala de la UE para fomentar la renovación de los edificios públicos y aumentar el nivel de ambición de las obligaciones en materia de ahorro energético. Respaldar el aumento de la financiación disponible para la renovación de los edificios a través de una serie de instrumentos, incluido el nuevo Fondo Social para el Clima.

5.6.

Transporte sostenible: apoyar la revolución del transporte orientada hacia automóviles inteligentes y climáticamente neutros, así como la expansión de los sistemas de transporte público. El vidrio de alta tecnología desempeña un importante papel en este ámbito.

5.7.

Envasado sostenible: apoyar el paso de los materiales no lineales a un vidrio totalmente circular, reutilizable y reciclable para reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, la extracción de materias primas vírgenes y el agotamiento de los recursos.

5.8.

Circularidad: apoyar las infraestructuras de recogida separada y reciclado, el desarrollo de capacidades y las tecnologías que permitan maximizar la cantidad y la calidad del vidrio postconsumo para su reciclado en circuito cerrado y su posterior transformación en nuevos productos de vidrio. Animar a las asociaciones de cadena de valor de los sectores público y privado, como la plataforma «Close the Glass Loop» para el vidrio para envases (7), a trabajar conjuntamente.

5.8.1.

En particular, deben realizarse esfuerzos en el ámbito de las actividades del sector de la construcción, incluidos los residuos de demolición, para aprovechar el potencial del vidrio de construcción al final de su vida útil.

5.8.2.

Se ha demostrado que unas tasas elevadas de reutilización y reciclado de envases de vidrio contribuyen a reducir el impacto medioambiental de los sistemas de envasado y a aumentar la eficiencia en el uso de los recursos. Con el fin de lograr unas tasas de reutilización y reciclado elevadas, la industria ha introducido, además de regímenes de responsabilidad ampliada del productor para el reciclado de los envases de vidrio desechables, sistemas de depósito voluntario para envases reutilizables y algunos Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) han implantado sistemas obligatorios de consigna para los envases de bebidas desechables. Si bien se considera que los sistemas obligatorios de consigna para los envases desechables son un medio eficaz para prevenir los vertidos de basura y lograr tasas elevadas de reciclado de los envases de bebidas, el CESE estima que los sistemas de consigna aplicables al vidrio desechable para otros envases de vidrio (y no solo los envases de bebidas) no son compatibles con el buen funcionamiento de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, que constituyen un sistema de recogida para el reciclado de probada eficacia y adecuado para el fin perseguido y que han logrado unas tasas de reciclado muy elevadas.

5.8.3.

En cuanto al vidrio para envases no rellenables, apoyar los sistemas de responsabilidad ampliada de los productores que permiten recoger vidrio a granel. Estos sistemas son mucho más eficaces que los de depósito y devolución para envases desechables, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico.

5.9.

Digitalización: apoyar a las industrias y los trabajadores que están contribuyendo a una Europa digital (fibra óptica, pantallas táctiles, pantallas, sensores, etc.) mediante una política industrial eficaz de la UE y el desarrollo de ecosistemas, teniendo en cuenta todos los retos mencionados y reflejando las características específicas de los distintos subsectores del vidrio.

5.10.   Garantizar la competitividad en el mercado europeo

5.10.1.

La transición energética del sector del vidrio llevará tiempo y, en el transcurso de la misma, los costes muy elevados y crecientes de la energía están creando una situación extremadamente delicada en el sector del vidrio, que actualmente representa entre el 25 % y el 30 % de los costes de producción del vidrio, dependiendo de los productos y las fluctuaciones de precios.

5.10.2.   Ayudas estatales

Todos los subsectores del vidrio deberían beneficiarse de instrumentos de apoyo para la CAPEX y los OPEX, como el Fondo de Modernización, los Fondos Estructurales de la UE y el Fondo de Innovación del RCDE, entre otros. Si bien debería quedar exento de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, el vidrio debería ser incluido en el ámbito de aplicación de la exención por categorías para la compensación de la energía eléctrica y beneficiarse de contratos por diferencia para el carbono, de modo que el sector pueda invertir en procesos de producción hipocarbónicos. En particular, el vidrio especial debería incluirse en la lista de ayudas estatales para el clima.

5.10.3.

Competitividad a escala mundial

5.10.3.1.

Las prácticas comerciales desleales de terceros países deben abordarse rápidamente mediante instrumentos de política comercial eficaces.

5.10.3.2.

El sector de la fibra de vidrio de filamento continuo se ha visto perjudicado por un mercado distorsionado como consecuencia de la importación de grandes cantidades de fibra de vidrio objeto de dumping y de subvenciones procedentes de Asia. Se requieren urgentemente medidas antielusión, por ejemplo para las importaciones procedentes de Egipto y Baréin.

5.10.3.3.

El sector del vidrio que produce parabrisas para el sector del automóvil también se enfrenta a una dura competencia, principalmente de los productores chinos. Unas normas medioambientales y de emisiones de CO2 menos estrictas, junto con salarios más bajos y condiciones laborales más desfavorables, dan lugar a una competencia desleal que podría hacer que las empresas de montaje de automóviles europeas aumenten las importaciones procedentes de Extremo Oriente, lo que provocará un aumento de las emisiones de CO2 en todo el mundo.

5.10.3.4.

Europa es el primer productor de envases de vidrio del mundo. El sector suministra a la industria esencial de la alimentación y las bebidas, la mayor de la UE. El vidrio contribuye, asimismo, al comercio exterior con productos envasados o susceptibles de ser envasados en vidrio por un valor estimado de 250 000 millones EUR, lo que representa unos ingresos adicionales por exportación de la UE superiores a los de las resinas y granulados de plástico, los productos químicos orgánicos y las aeronaves.

5.11.   Garantizar una transición justa

Es necesario fomentar y apoyar el aprendizaje permanente y la formación para garantizar que la mano de obra se adapte a las nuevas tecnologías y procesos y ofrezca más seguridad en el empleo, tanto en el propio sector como en el mercado laboral en general. Los trabajadores deben participar en la transición, razón por la cual el diálogo social a todos los niveles debe contar con el apoyo de la legislación de la UE.

5.12.   Estabilidad y seguridad legislativas

5.12.1.

Fuga de carbono: deben mantenerse medidas eficaces frente a la fuga de carbono en el marco del RCDE a fin de apoyar al sector en la transición hacia la consecución del objetivo de neutralidad climática de la UE y crear y mantener unas condiciones de competencia equitativas a escala europea e internacional.

5.12.2.

MAFC: el CESE es partidario de una introducción prudente de este mecanismo, en consonancia con las normas de la OMC, pero considera que este debe prever una solución para las exportaciones, como complemento de las asignaciones completas y gratuitas basadas en el cumplimiento de los criterios de referencia al menos hasta 2030, para que las empresas puedan centrarse en la realización de inversiones hipocarbónicas y evaluar la eficacia del MAFC.

5.12.3.

Taxonomía: el Comité valora positivamente los trabajos relativos al paquete sobre taxonomía de la UE, cuyo objetivo consiste en orientar la financiación privada hacia actividades sostenibles, pero considera necesario abordar el papel de la fabricación de vidrio y su contribución a la adaptación al cambio climático y su mitigación.

5.12.4.

Circularidad: el Comité acoge con satisfacción el Plan de Acción para la Economía Circular y pide que el vidrio se reconozca plenamente como material permanente que conserva su carácter productivo en nuestras economías y que se apoyen sin reservas las iniciativas encaminadas a mejorar la circularidad de esta materia.

5.12.5.

Paquete de medidas «Objetivo 55»: este paquete, que se presentó cuando el presente Dictamen se encontraba en curso de elaboración, propone modificar una docena de propuestas existentes (Directiva sobre el comercio de derechos de emisión, Directiva sobre fiscalidad de la energía, Directiva sobre fuentes de energía renovables, etc.) e introduce algunas nuevas (como la propuesta MAFC). El Comité pide a la Comisión que evalúe cuidadosamente el impacto de este paquete en la industria del vidrio. Dada la magnitud de los cambios operados en muchos ámbitos diferentes, resulta esencial garantizar la coherencia entre los distintos actos legislativos y evitar posibles conflictos. El paquete debería apoyar a la industria en su transición energética, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones con los competidores de fuera de la UE que no se enfrentan a los mismos costes del carbono.

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(1)  Fuente: Eurostat y FERVER.

(2)  La fuente es un informe del TNO de 2019: Glazing potential: energy savings and CO2 emission reduction — Glass for Europe.

(3)  Furnace for the Future: https://feve.org/about-glass/furnace-for-the-future/.

(4)  Glass for Europe — 2050: Flat glass in climate-neutral Europe — 2019. https://glassforeurope.com/wp-content/uploads/2020/01/flat-glass-climate-neutral-europe.pdf.

(5)  Close the Glass Loop: https://closetheglassloop.eu/.

(6)  La industria del vidrio cuenta con varias estrategias de descarbonización, como optar por fuentes de energía renovable, medidas de eficiencia energética, materias primas con bajas emisiones de carbono, la utilización de vidrio reciclado, el transporte y la logística.

(7)  Close the Glass Loop: www.closetheglassloop.eu.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la estrategia de movilidad de la UE y las cadenas de valor industrial de la UE: enfoque de ecosistemas de automoción

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/05)

Ponente:	Arnaud SCHWARTZ
Coponente:	Monika SITÁROVÁ

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
Aprobado en la sección	29.9.2021
Aprobado en el pleno	20.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	235/1/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE considera que el ecosistema de automoción europeo puede ser pionero en el desarrollo y el despliegue de soluciones de movilidad sostenible. Por lo tanto, tiene que desarrollar de manera activa estrategias destinadas a configurar la disrupción y las megatendencias actuales en el paisaje automovilístico europeo.

1.2.

Con el fin de reducir las emisiones del transporte en un 90 % de aquí a 2050, el CESE desea que la UE se esfuerce por lograr que todos los modos de transporte sean sostenibles, al tiempo que se ponen a disposición de los ciudadanos de la UE alternativas sostenibles de forma generalizada y accesible. Este objetivo puede alcanzarse con una combinación inteligente de sistemas de propulsión que logre un equilibrio entre la protección del medio ambiente, el uso eficiente de las energías renovables, la viabilidad económica y la aceptación de los consumidores, respetando al mismo tiempo el principio de neutralidad tecnológica.

1.3.

El CESE subraya firmemente que la movilidad individual debe seguir siendo accesible y asequible para todos, especialmente las personas que se desplazan a diario sin acceso a un transporte público de calidad u otras soluciones de movilidad. Debe evitarse a toda costa una polarización social entre quienes pueden permitirse comprar un coche ecológico y los que no pueden. A este respecto, el CESE advierte de que la creación de un régimen de comercio de derechos de emisión adyacente para el sector del transporte podría socavar el apoyo público a la desfosilización del transporte por carretera si los grupos de renta más baja y los que dependen del transporte por carretera para su subsistencia no reciben una compensación adecuada.

1.4.

El CESE señala que la industria automovilística europea siempre ha sido un líder mundial y un motor de crecimiento y empleo. En la transición hacia el paradigma de un sistema de transporte por carretera digitalizado y descarbonizado, debe mantener esta posición y desarrollar vías de transformación que le permitan abordar las tendencias disruptivas a las que se enfrenta la industria en la actualidad. Debe hacerlo aprovechando sus puntos fuertes en la tecnología, su mano de obra cualificada, la ingeniería de categoría mundial, los consumidores exigentes, las cadenas de suministro sofisticadas, una sólida cultura de las pymes y unas relaciones laborales constructivas.

1.5.

El éxito de la puesta en marcha del «proyecto importante de interés común europeo» (PIICE) sobre las baterías ha demostrado que la puesta en común de recursos públicos y privados contribuye claramente a reforzar la cadena de suministro del sector de la automoción. Por consiguiente, el CESE está convencido de que hay que considerar más PIICE en este sector, por ejemplo, en lo que se refiere al hidrógeno (en preparación), los vehículos automatizados y conectados, la economía circular, las materias primas, etc. Es necesaria una acción audaz para afrontar los cuellos de botella en el suministro de semiconductores; asimismo, establecer un segundo PIICE para semiconductores ayudaría a abordar esta cuestión.

1.6.

El CESE desea que la UE apoye unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial. Europa debe aspirar a mantener su sólida posición exportadora en la industria automovilística. Por lo tanto, deben tomarse medidas para: — esforzarse por lograr la reciprocidad en las relaciones comerciales (acceso al mercado, contratación pública, inversiones, respeto de los derechos de propiedad intelectual y subvenciones); — celebrar acuerdos bilaterales de libre comercio (incluido un capítulo sobre el sector de la automoción y el transporte por carretera); — luchar contra las prácticas comerciales desleales (subvenciones, acuerdos bilaterales de libre comercio, diferencias de precio del carbono, dumping social y medioambiental); — promover la cooperación internacional en materia de vehículos limpios y tecnologías de combustibles hipocarbónicos.

1.7.

La transformación de la industria automovilística tendrá un impacto radical en la cantidad y calidad de los puestos de trabajo necesarios. Por lo tanto, se requieren políticas activas del mercado laboral para mantener la empleabilidad de la mano de obra mediante iniciativas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional (como la Alianza de capacidades del sector automovilístico), con el fin de dotar a los trabajadores con las capacidades del futuro. Para los trabajadores que tienen que abandonar el sector, debe garantizarse una transición fluida a otro puesto de trabajo (además de los regímenes de jubilación anticipada).

1.8.

El CESE pide que se haga un inventario claro del impacto de la transición digital y ecológica del sector a fin de determinar las regiones y partes de la cadena de suministro que están más en peligro. Asimismo, debe supervisarse la evolución de la huella medioambiental del sector debido a la descarbonización y la digitalización, teniendo en cuenta todas las fases de los respectivos ciclos de vida. Dados los enormes retos a los que se enfrenta la cadena de suministro del sector de la automoción, el CESE considera imperativo establecer un mecanismo de transición justa para el sector con el fin de tomar las medidas de acompañamiento necesarias para evitar perturbaciones sociales y garantizar una transición socialmente responsable.

2.   Observaciones generales

Situación actual

2.1.

La industria automovilística siempre ha sido una piedra angular de la industria de la Unión Europea y tiene vínculos importantes con las industrias proveedoras, como la siderúrgica, la química y la textil, y con las industrias transformadoras, como las TIC, las reparaciones, los combustibles, los lubricantes y los servicios de movilidad. El sector representa más del 8 % del PIB de la UE, así como el 28 % de su gasto total en I+D, y sus exportaciones generan un gran excedente comercial. Sin embargo, el futuro de la industria automovilística europea dependerá de cómo pueda realizar los ajustes fundamentales necesarios para abordar los retos sin precedentes que afronta en la actualidad.

2.2.

La industria automovilística europea se encuentra en la encrucijada de un nuevo paradigma radical resultante de la compleja transición hacia una economía digital y ecológica. El 28 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó una visión a largo plazo para una economía climáticamente neutra de aquí a 2050. Se consideró que el sector del transporte desempeña un papel importante en esta transición. El Pacto Verde Europeo de diciembre de 2019 establece un marco estratégico para lograr la neutralidad climática. En él se pide reducir en un 90 % las emisiones del transporte de aquí a 2050. En este contexto, la UE ha decidido revisar su objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en al menos un 55 %. Para alcanzar este objetivo, la Comisión presentó el 14 de julio de 2021 su paquete de medidas «Objetivo 55», en el que se revisan el Reglamento de reparto del esfuerzo, la Directiva sobre la infraestructura para los combustibles alternativos y el Reglamento por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2.

2.3.

El paso de los combustibles fósiles a una energía con bajas emisiones de carbono, así como el paso de la creación de valor añadido en la producción a gran escala de automóviles a la prestación de servicios de movilidad, crearán profundas turbulencias para la industria, las numerosas pymes de sus complejas cadenas de suministro y los 13,8 millones de trabajadores del sector. Por lo tanto, el reto consistirá en gestionar esta transición hacia un nivel de cero emisiones netas de una manera socialmente aceptable.

Megatendencias disruptivas

2.4.

Globalización. A medida que se ralentizan en mercados maduros, las ventas de automóviles crecen en los mercados emergentes. Por consiguiente, el centro económico de gravedad se está desplazando de la UE y los Estados Unidos a Asia. China produce actualmente veintiséis millones de coches al año, frente a los veintidós millones de la UE. China también ha sido uno de los primeros en empezar a fabricar vehículos eléctricos y cuenta con una industria de baterías madura. Asimismo, Japón y Corea ocupan una posición de liderazgo en el sector de las baterías y son especialmente potentes en el sector de los semiconductores. Europa también tiene dificultades para acceder a un suministro ético de materias primas como el litio y el cobalto (1). Además, el sector del automóvil debe tener en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas.

2.5.

El reto del desarrollo sostenible. Según la visión expuesta en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE, «de aquí a 2030, al menos treinta millones de vehículos de emisión cero circularán por las carreteras europeas». El 14 de julio, la Comisión Europea propuso que a partir de 2035 solo se permitirá la comercialización de vehículos de cero emisiones. Esto requerirá un fuerte aumento de la proporción de vehículos de emisión cero en el parque automovilístico (del 0,2 % actual al 11-14 % en 2030) (2). La consecución de los objetivos del Pacto Verde generará las ventajas reservadas a los pioneros y respaldará el liderazgo de Europa en tecnologías hipocarbónicas y su competitividad mundial. Esto también implica inversiones masivas en el desarrollo de sistemas de propulsión alternativos (con baterías eléctricas, híbridos, de hidrógeno) y combustibles desfosilizados para los sistemas de propulsión convencionales que seguirán existiendo en la flota durante mucho tiempo. El ritmo de adopción de estos sistemas de propulsión y combustibles depende del marco reglamentario propicio y de los períodos de amortización de estas inversiones. La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE reconoce la necesidad de «hacer que todos los modos de transporte sean más sostenibles». Este enfoque requiere la adopción de vehículos de bajas o nulas emisiones y de combustibles renovables e hipocarbónicos para el transporte por carretera, por vías navegables y por vía aérea.

2.6.

Evolución de la mentalidad de los consumidores. El comportamiento en materia de movilidad está cambiando. Hay una nueva generación de consumidores menos interesada en poseer un coche, ya que muchos de ellos viven en zonas urbanas con sistemas de transporte colectivo bien consolidados. En lugar de poseer un coche, buscan otras soluciones de movilidad (coches compartidos, servicios de vehículos con conductor, micromovilidad). Otras tendencias que ya eran visibles se han visto reforzadas por la pandemia, como las compras en línea, el trabajo a distancia, la videoconferencia y los servicios de entrega. Ello se traducirá en una reducción de la movilidad mediante vehículos personales, al tiempo que aumentará el uso de furgonetas comerciales.

2.7.

Aumento de la conectividad. El objetivo de las tecnologías digitales es permitir que los automóviles estén conectados de forma casi permanente, lo que podría crear un potencial considerable para nuevos modelos empresariales basados en los datos. Los coches inteligentes estarían equipados con dispositivos activos de seguridad, entretenimiento, servicios de información sobre el tráfico, comunicación entre los vehículos y la infraestructura, etc.

2.8.

Automatización progresiva de los vehículos. El trayecto hacia los vehículos autónomos dará lugar a niveles cada vez mayores de funcionalidades autónomas a bordo de los vehículos. La conducción automatizada requerirá enormes inversiones en programas informáticos, redes de comunicación y equipos (radares, sensores y transpondedores). También plantea muchos retos sobre fiabilidad, marco jurídico, precio, equipamiento vial y responsabilidades.

2.9.

Digitalización de la producción. La industria automovilística inventó la línea de montaje (Ford), los principios de producción ajustada (Toyota) y las plataformas de producción globalizada (VW). En la actualidad está adoptando los principios de la industria 4.0 con la robotización avanzada, las cadenas de suministro integradas digitalmente, los sistemas de fabricación avanzados y la fabricación aditiva.

Consecuencias de la transformación ecológica y digital

2.10.

Una industria automovilística más pequeña, digitalizada y descarbonizada planteará enormes retos en materia de empleo. Los vehículos eléctricos con batería tienen menos componentes y son más fáciles de producir, mientras que al menos el 36 % de su valor añadido reside en las baterías. Según una extrapolación de un estudio reciente del Instituto alemán IFO, 620 000 puestos de trabajo de la cadena de valor de la UE de los sistemas de propulsión convencionales estarán en peligro. Pueden hallarse soluciones en parte mediante la jubilación (anticipada) (3), por ejemplo, o más ampliamente en la revolución del futuro del trabajo (4). Por lo demás, la transición también generará nuevos puestos de trabajo en industrias adyacentes como la electrónica de potencia, las redes inteligentes, las infraestructuras viarias y de recarga, las baterías, los nuevos materiales y los sistemas de propulsión con combustibles alternativos.

2.11.

Una tendencia hacia la consolidación y alianzas estratégicas (por ejemplo, Stellantis, alianzas entre BMW y Mercedes y entre VW y Ford) con el fin de poner en común la I+D sobre nuevos sistemas de propulsión y agrupar la compra de componentes. Estas fusiones y alianzas siempre darán lugar a nuevas estrategias empresariales, a la revisión de la huella medioambiental del sector, a la externalización hacia regiones con menores costes laborales, a planes de reducción del empleo y a una mayor presión sobre los proveedores. Además, la escisión de actividades maduras permite a las empresas concentrar sus recursos en los nuevos sistemas de propulsión.

2.12.

Difuminación de los límites entre la industria automovilística y el sector de las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información se introducirán en todas las fases de la cadena de suministro. Los datos se convertirán en una nueva materia prima y una fuente de ingresos. Se está llevando a cabo una reorganización de la industria a escala mundial, con la incorporación de nuevos operadores: proveedores de movilidad (Uber), gigantes informáticos (Google, Apple, Baidu), fabricantes de chips (Intel, NXP, STM), fabricantes de baterías (Panasonic, CATL, LG), fabricantes de equipo original («OEM», por sus siglas en inglés) emergentes (Tesla).

2.13.

El valor añadido podría desplazarse del núcleo de la industria automovilística (OEM) a otras partes de la cadena de suministro, ya que la proporción de las tecnologías de la información como porcentaje del valor añadido no dejará de aumentar en detrimento de los componentes mecánicos.

2.14.

Es probable que se genere cada vez más valor añadido en los servicios de movilidad, como los servicios de vehículos con conductor, los recorridos compartidos, los coches compartidos y la gran cantidad de servicios digitales, como las aplicaciones de navegación, servicios de ocio e información, publicidad y sistemas avanzados de asistencia al conductor. Esto creará nuevos modelos de negocio: mientras que los OEM consideran que la industria automovilística es un mercado de cien millones de vehículos, las plataformas digitales ven un mercado en el que pueden venderse diez billones de kilómetros cada año.

2.15.

La estructura de empleo del sector se remodelará por completo. Se necesitarán nuevas capacidades y experiencia (electrónica, electroquímica, nuevos materiales, tecnologías de la información), mientras que, en paralelo, se reducirá la demanda de capacidades mecánicas tradicionales. Dotar a la mano de obra de estas capacidades será un reto importante para la industria automovilística.

2.16.

Todas las megatendencias mencionadas se reforzarán mutuamente. Si bien existe un consenso generalizado sobre el inicio de una disrupción decisiva, hacer que la transición social hacia un transporte descarbonizado sea más gradual, mediante la organización de una transición justa, debe convertirse en una prioridad para todas las partes interesadas. Con el fin de que sea aceptada, la movilidad sostenible debe ser asequible para todos.

3.   Dominar la transformación

Medio ambiente: cambiar de marcha en favor de la sostenibilidad

3.1.

Para reducir las emisiones del transporte en un 90 % de aquí a 2050, la UE debe esforzarse por conseguir que todos los modos de transporte sean sostenibles, al tiempo que se ponen a disposición de los ciudadanos de la UE de forma generalizada alternativas sostenibles y accesibles. Este objetivo puede alcanzarse mediante una combinación inteligente de sistemas de propulsión que logre un equilibrio entre la protección del medio ambiente, el uso eficiente de las energías renovables, la viabilidad económica y la aceptación de los consumidores, respetando al mismo tiempo el principio de neutralidad tecnológica. Ello requiere una combinación de diferentes estrategias: — reducción de las emisiones de CO2«de depósito a rueda» (48V, híbridos, electricidad, hidrógeno, motores de combustión interna más eficientes, etc.); — reducción de las emisiones de CO2«del pozo a rueda». Debe apoyarse el desarrollo de electrocombustibles y biocarburantes que estén en consonancia con los ODS de las Naciones Unidas y los criterios de sostenibilidad establecidos en la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (5), para evitar las repercusiones en el uso del suelo, la biodiversidad y los bosques; — una estrategia coordinada para contar con ciudades limpias (por ejemplo, mediante la descarbonización del transporte hasta el último tramo, soluciones innovadoras de micromovilidad, viajes intermodales); — reducción de las emisiones a lo largo del ciclo de vida (fabricación y reciclado); — reducción de la intensidad de las emisiones del sector del transporte (soluciones de transporte inteligente, movilidad compartida). Para cada necesidad de transporte, debe disponerse de una solución de movilidad sostenible (transporte de mercancías a larga distancia mediante biocarburantes y combustibles sintéticos/hidrógeno, sistemas de propulsión eléctricos de baterías para la entrega en «el último kilómetro» de las zonas urbanas), respetando el principio de neutralidad tecnológica; — fomento de la readaptación mediante la sustitución de los motores de combustión interna por motores eléctricos o completados (híbridos) con motores integrados en las ruedas; — reducción del peso de los vehículos de nueva comercialización (6).

3.2.

La Comisión quiere establecer un régimen de comercio de derechos de emisión adyacente para el transporte por carretera y los edificios. Fijar un precio para las emisiones del transporte por carretera equivaldrá a gravar el combustible (con la diferencia de que se hará por mayoría cualificada). Los ingresos se utilizarán para compensar a aquellos que dependen de un vehículo de motor de combustión interna, ya sea por trabajo o debido a la falta de opciones de transporte alternativas. Dado que el diseño de este mecanismo de compensación será extremadamente complejo y que el aumento de los precios de los combustibles perjudicará de manera desproporcionada a los grupos de ingresos más bajos, el CESE no está convencido de que sea el camino que hay que seguir, ya que socavará el apoyo público a la acción por el clima. Por el contrario, los esfuerzos por reducir el coste del ciclo de vida de los sistemas de propulsión alternativos y el coste de los combustibles de bajas o nulas emisiones de carbono parecen ser una mejor manera de lograr un transporte hipocarbónico al alcance de todos los bolsillos.

3.3.

Debe darse prioridad a los denominados «desiertos de carga». En la actualidad hay 213 000 estaciones de recarga disponibles y el 70 % de todas las estaciones de recarga de la UE se concentran en tres países (Países Bajos, Alemania y Francia). Con el objetivo de un millón de cargadores públicos de aquí a 2025 y de tres millones en 2030, la brecha que debe colmarse en cuanto a desarrollo de infraestructuras es enorme (la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE estima que las inversiones adicionales necesarias en infraestructuras de recarga y repostaje de combustibles hipocarbónicos ascienden a 130 000 millones EUR al año durante la próxima década). Por consiguiente, el CESE apoya la introducción de objetivos obligatorios. Como parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el proyecto emblemático «Recarga y repostaje» solo anima a los Estados miembros a acelerar el despliegue de estaciones de recarga y repostaje dentro de sus planes de recuperación. También hay que prestar especial atención a las viviendas, a la preparación de redes para una mayor integración de los vehículos eléctricos, a la interoperabilidad de las infraestructuras de recarga, al desarrollo de servicios de recarga inteligentes (por ejemplo, mediante el equilibrio de la carga) y al suministro de combustibles renovables e hipocarbónicos. Ahora que los vehículos pesados totalmente eléctricos se están haciendo realidad, también merecen un enfoque específico.

3.4.

Mientras no se alcance la paridad de precios entre los vehículos convencionales y los eléctricos (prevista para 2025-2027), serán necesarios incentivos financieros para apoyar la comercialización de vehículos con bajas emisiones de carbono. Pueden ser financieros (subvenciones, desgravaciones fiscales y sistemas de desguace) o no financieros (carriles prioritarios, exenciones de peajes, plazas de aparcamiento reservadas), incluido un marco regulador coherente para fomentar las inversiones en combustibles hipocarbónicos. Debe prestarse especial atención a la ecologización del parque automovilístico, ya que podría ser un instrumento importante para acelerar la transición, y también porque esto contribuirá a crear un mercado de segunda mano para vehículos con cero y con bajas emisiones de carbono.

3.5.

Apoyo al desarrollo de la economía circular en el ecosistema de automoción: reciclado, reutilización y remanufacturación de automóviles y piezas. Los principios de la economía circular también deben aplicarse para aumentar la cantidad de materias primas secundarias a disposición de la industria y reducir la dependencia de las importaciones. Sin embargo, estudios recientes indican que los materiales reciclados solo alcanzarán un volumen adecuado para su explotación comercial en una década, cuando se complete la vida útil de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, hay que ser realistas y comprender que la extracción primaria es esencial al menos en la presente década. En consecuencia, la diversificación de las cadenas de suministro, así como una estrategia de minería ecológica y ética, deben garantizar la seguridad del suministro. Además, la próxima revisión de la Directiva 2000/53/CE (7) relativa a los vehículos al final de su vida útil debe tener en cuenta la electrificación de los vehículos y la necesidad de desarrollar mercados de materiales secundarios.

Economía: mantenimiento y desarrollo de toda la cadena de suministro del sector de la automoción dentro de la UE

3.6.

Promover la colaboración industrial. Los enormes presupuestos de I+D (60 000 millones EUR al año) que se invierten en la actualidad para desarrollar una movilidad descarbonizada, conectada, automatizada y compartida requieren colaboración industrial y asociaciones público-privadas. A este respecto, merece pleno apoyo el despliegue de asociaciones para la innovación en el marco del clúster 5 (clima, energía, movilidad) de Horizonte Europa (hidrógeno limpio, baterías, movilidad conectada y automatizada, transporte por carretera sin emisiones y fomento de la transición urbana). Además, las alianzas industriales bajo los auspicios de la Comisión Europea (como en el caso de las baterías, el hidrógeno, las materias primas y la alianza anunciada para la cadena de valor de los combustibles renovables e hipocarbónicos) proporcionan una plataforma amplia y abierta para establecer hojas de ruta estratégicas y coordinar la I+D, las inversiones y la comercialización de nuevas innovaciones. Por último, la puesta en común de recursos públicos y privados en el marco de los PIICE reforzará de forma clara la cadena de suministro del sector europeo de la automoción, reducirá las dependencias estratégicas y fomentará la doble transición ecológica y digital. Deben considerarse nuevos PIICE: automóviles conectados y automatizados, economía circular, integración de los sistemas energéticos, suministro de materias primas, economía de los datos y semiconductores.

3.7.

Retos que plantea el desarrollo de una cadena de valor sostenible y circular de las baterías (8) dentro de la UE. Implantar la fabricación local de baterías y pilas de combustible debe ser un objetivo fundamental de la UE. Las alianzas dentro de la UE respecto de las baterías y el hidrógeno merecen apoyo, por lo que deben disponer de recursos suficientes. Estas alianzas industriales deben generar inversiones masivas en instalaciones de producción y crear miles de puestos de trabajo en Europa. Habrá que evitar la aparición de fracturas entre las regiones de Europa como las que se observan en la actualidad.

3.8.

La megatendencia de los vehículos conectados y automatizados podría dar lugar a un desplazamiento en el valor añadido desde la venta y el mantenimiento de vehículos hacia nuevos modelos de negocio disruptivos a partir de servicios basados en datos y en la movilidad como servicio. El ecosistema de la automoción debe estar preparado para entrar y garantizar su presencia en estos nuevos modelos de negocio. Esto requerirá normas tecnológicas y reglamentarias para ofrecer nuevos servicios de movilidad innovadores, como el pago por uso, la publicidad basada en la ubicación y la actualización o el mantenimiento a distancia de los vehículos. La creación de un espacio europeo de datos sobre movilidad también será clave para garantizar el liderazgo europeo en los servicios de movilidad digital. Asimismo, será necesario desplegar la infraestructura de comunicaciones digitales requerida y diseñar hojas de ruta para aumentar los niveles de automatización (incluidos un marco para los ensayos a gran escala, el acceso a los datos y un nuevo enfoque para la homologación de tipo de los vehículos). Además, debe evaluarse el impacto a largo plazo de unos vehículos cada vez más automatizados, en particular respecto del empleo y las cuestiones éticas, ya que será un aspecto importante para garantizar la aceptación social. Por último, dado que el transporte de mercancías puede intensificarse en el futuro (comercio electrónico), hay que desarrollar soluciones inteligentes de movilidad basadas en la organización multimodal del transporte, la rentabilidad (combinaciones de vehículos de gran capacidad) y modos de transporte sostenibles, utilizando soluciones de automatización y conectividad en la cadena logística.

3.9.

Las tecnologías inteligentes y las soluciones digitales basadas en el paradigma de la industria 4.0 deben apoyar la integración de los sistemas de producción y contribuir a su flexibilización. Unos sistemas de producción mejorados (que no se limiten a la integración de los procesos de producción a escala de la empresa) a lo largo de todo el circuito de suministro harán que las cadenas de suministro del sector de la automoción sean más resilientes y sustentarán la competitividad. La digitalización debe apoyarse mediante la creación de un espacio de datos industriales para el sector. Sin embargo, estas tecnologías también conllevan una mayor automatización con un impacto negativo en el empleo, situación que debe abordarse.

3.10.

Apoyar unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial. Europa debe aspirar a mantener su sólida posición exportadora en la industria automovilística. Por lo tanto, deben tomarse medidas para: — esforzarse por lograr la reciprocidad en las relaciones comerciales (acceso al mercado, contratación pública, inversiones, respeto de los derechos de propiedad intelectual y subvenciones); — celebrar acuerdos bilaterales de libre comercio (incluido un capítulo sobre el sector de la automoción y el transporte por carretera); — luchar contra las prácticas comerciales desleales (subvenciones, acuerdos bilaterales de libre comercio, diferencias de precio del carbono, dumping social y medioambiental); — promover la cooperación internacional en materia de vehículos limpios y tecnologías de combustibles hipocarbónicos.

3.11.

Debe reforzarse el apoyo a la armonización técnica mundial en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). Los cuellos de botella en el suministro de semiconductores para el sector de la automoción deben resolverse mediante medidas audaces. La demanda de semiconductores seguirá aumentando a medida que los automóviles se conviertan en dispositivos electrónicos. A este respecto, el CESE apoya plenamente la propuesta de la última Comunicación sobre política industrial de desarrollar un conjunto de herramientas para reducir y prevenir las dependencias estratégicas de Europa. Asimismo, merece pleno apoyo el objetivo fijado en la Brújula Digital europea de duplicar la cuota de Europa en el mercado mundial de semiconductores para pasar del 10 % al 20 %. La creación de un segundo PIICE para semiconductores contribuirá sin duda a alcanzar este objetivo. Los Estados miembros de la UE también deben cumplir su promesa de gastar en la transición digital el 20 % de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia creado tras la COVID. Otras medidas podrían consistir en atraer inversiones extranjeras directas y establecer una cooperación estratégica entre las empresas del sector de la automoción y los fabricantes de semiconductores. Por último, el Observatorio de Tecnologías Críticas debe seguir de cerca las muchas otras dependencias estratégicas en la industria automovilística: materias primas, hidrógeno, baterías, energías renovables, tecnologías en la nube, etc.

3.12.

Debe abordarse el impacto del nuevo panorama automovilístico en el mercado de servicios posventa. El mercado de servicios posventa de este sector, que emplea a cuatro millones de personas, afronta un profundo cambio estructural derivado de la reducción de las ventas, la electrificación, el descenso de la demanda de combustibles, las ventas en línea y un menor mantenimiento. El sector tendrá que reinventarse como proveedor de servicios de movilidad: la actualización de los automóviles, el mantenimiento preventivo, los servicios de vehículos con conductor, el uso compartido de vehículos y el desarrollo de modelos de negocio en el ámbito de la micromovilidad. Es preciso conciliar los intereses divergentes respecto del acceso a los datos integrados en los vehículos y crear una plataforma interoperable y normalizada para que el mercado de servicios posventa pueda ofrecer servicios basados en los datos (como diagnósticos a distancia, actualización de los programas y mantenimiento preventivo).

Sociedad: gestionar el cambio y garantizar una transición socialmente justa

3.13.

La transformación de la industria automovilística tendrá un impacto radical en la cantidad de puestos de trabajo necesarios para fabricar automóviles y sus componentes, así como en los perfiles laborales necesarios para el nuevo paradigma. Por lo tanto, las políticas del mercado laboral deben centrarse en mantener o aumentar la empleabilidad de la mano de obra mediante el aprendizaje permanente y en crear itinerarios flexibles entre el mundo de la educación y el mundo laboral (por ejemplo, sistemas de formación dual, mercados de aprendizaje eficientes y certificación del aprendizaje no formal). Debe promoverse la movilidad interna de los trabajadores en las empresas mediante la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional con el fin de dotarlos de las capacidades necesarias para el futuro (disminución del trabajo manual y fuerte aumento de las competencias digitales, con especial atención en la ingeniería electrónica e informática). Las iniciativas sectoriales europeas como Drives y Albatts y la nueva Alianza de capacidades del sector automovilístico son instrumentos clave que permiten abordar el reto de las capacidades.

3.14.

Para los trabajadores que tienen que abandonar el sector debe organizarse una transición fluida a otro puesto de trabajo. Hay que ofrecerles acceso a los nuevos empleos que se crearán en las industrias emergentes, como las tecnologías de la información, las redes 5G, la electrónica de potencia, las infraestructuras de recarga, la producción de energías renovables, las redes inteligentes, las carreteras inteligentes, los servicios de movilidad, las baterías, los combustibles alternativos, el almacenamiento de energía y la producción y distribución de electricidad. No será nada fácil, ya que es probable que estos puestos de trabajo se creen en otras partes, con un desfase temporal y con conjuntos de capacidades distintos de los que tienen los empleos que desaparecerán. Debe garantizarse la seguridad de los ingresos durante la transición. Los despidos masivos también pueden evitarse mediante sistemas de jubilación anticipada y reducción del tiempo de trabajo. Debe garantizarse un diálogo social adecuado para poder anticipar los cambios de manera oportuna y evitar perturbaciones y conflictos sociales.

3.15.

Hay que hacer un inventario claro del impacto de la transición digital y ecológica del sector a fin de determinar las regiones y las partes de la cadena de suministro que están más en peligro. No deben aparecer nuevas fracturas sociales entre el este y el oeste, ni entre el sur y el norte de Europa. Asimismo, debe supervisarse la evolución de la huella medioambiental del sector debido a la descarbonización y la digitalización. Deben analizarse de forma detenida los posibles avances en el uso de la biomasa sostenible, ya que también ofrece oportunidades para la creación de nuevos puestos de trabajo, teniendo debidamente en cuenta, al mismo tiempo, la necesidad de permanecer dentro de los límites ecológicos.

3.16.

Todas las partes interesadas (empresas, sindicatos, organizaciones de clústeres, autoridades, agencias del mercado de trabajo, organismos de desarrollo regional) de las regiones con industria automovilística deben colaborar intensamente en planes globales de renovación regional.

3.17.

Deben evitarse los activos varados en las cadenas de suministro del sector de la automoción garantizando un apoyo oportuno y adecuado a las numerosas pymes que no disponen de los recursos (humanos y financieros) necesarios para remodelar sus actividades y pasar a modelos empresariales más prometedores.

3.18.

La movilidad individual debe seguir siendo accesible y asequible para todos, especialmente las personas que se desplazan a diario sin acceso a un transporte público de calidad u otras soluciones de movilidad. Ello puede lograrse compensando el precio más elevado de los sistemas de propulsión alternativos y de los combustibles de bajas o nulas emisiones de carbono que pueden utilizarse en un automóvil convencional. Debe evitarse a toda costa una polarización social entre quienes pueden permitirse comprar un coche ecológico y los que no pueden.

3.19.

Conclusión. La industria automovilística europea siempre ha sido líder mundial y motor de crecimiento y empleo. En la transición hacia el paradigma de un sistema de transporte por carretera digitalizado y descarbonizado, debe mantener esta posición y desarrollar vías de transformación que permitan abordar las tendencias disruptivas a las que se enfrenta la industria en la actualidad. Debe hacerlo aprovechando sus puntos fuertes en la tecnología, su mano de obra cualificada, la ingeniería de categoría mundial, los consumidores exigentes, las cadenas de suministro sofisticadas, una sólida cultura de las pymes y unas relaciones laborales constructivas. El ecosistema de automoción europeo debe ser pionero en el desarrollo y el despliegue de soluciones de movilidad sostenible. Por lo tanto, tiene que desarrollar de manera activa estrategias destinadas a configurar la disrupción y las megatendencias actuales en el paisaje automovilístico europeo. Dados los enormes retos a los que se enfrenta la cadena de suministro del sector de la automoción, el CESE considera imperativo establecer un mecanismo de transición justa para el sector con el fin de tomar las medidas de acompañamiento necesarias para evitar perturbaciones sociales y garantizar una transición socialmente responsable.

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(1)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2312

(2)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Estrategia de movilidad sostenible e inteligente, SWD(2020) 331, p. 248.

(3)  Dr. Oliver Falck, Dr. Nina Czernich, Auswirkungen der vermehrten Produktion elektrisch betriebener Pkw auf die Beschäftigung in Deutschland, Mai 2021, ifo Institut: https://www.ifo.de/DocDL/ifoStudie-2021_Elektromobilitaet-Beschaeftigung.pdf

(4)  https://eeb.org/library/escaping-the-growth-and-jobs-treadmill/

(5)  Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

(6)  Los vehículos de menos de 1 000 kg y de más de 1 500 kg fueron, respectivamente, el 36 % y el 7 % de los vehículos vendidos en Francia en 1998, y el 15 % y el 16 % en 2019 (Eurostat).

(7)  Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil (DO L 269 de 21.10.2000, p. 34).

(8)  A este respecto, el papel del Reglamento europeo sobre las baterías se describe con detalle en el Dictamen (DO C 220 de 9.6.2021, p. 128).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el impacto social y ecológico del ecosistema 5G

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/06)

Ponente:

Dumitru FORNEA

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información
Aprobado en sección	7.10.2021
Aprobado en el pleno	20.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	210/2/19

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE observa que la rápida digitalización y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas tiene un fuerte impacto en la economía y la sociedad en general. A través del uso responsable de estas tecnologías, la humanidad asiste a una oportunidad histórica de construir una sociedad mejor. Sin embargo, sin la diligencia y el control democrático debidos nuestras comunidades podrían enfrentarse en el futuro a graves problemas ligados a la gestión de estos sistemas tecnológicos.

1.2.

El CESE reconoce que las infraestructuras de comunicaciones electrónicas pueden mejorar considerablemente la calidad de vida de la ciudadanía e influyen de manera directa en la lucha contra la pobreza. La tecnología 5G ofrece una enorme oportunidad para mejorar los servicios de salud humana mediante el desarrollo de la telemedicina y la mejora del acceso a la atención médica. El importante papel que ha desempeñado la telemedicina durante la pandemia está reconocido en la sociedad.

1.3.

El CESE señala que el debate sobre la implantación de las redes 5G se ha convertido en una discusión controvertida y política, pero que, en cualquier caso, resulta necesario aclarar ciertas cuestiones sociales, sanitarias y medioambientales contando con la participación de la ciudadanía y de todos los agentes pertinentes.

1.4.

El CESE anima a la Comisión Europea a avanzar en el proceso de evaluación del impacto multisectorial de las nuevas tecnologías 5G y 6G, al considerar que se precisan instrumentos y medidas para atajar los riesgos y las vulnerabilidades. Por consiguiente, el CESE recomienda que se destinen fondos europeos y nacionales a lograr una investigación multidisciplinar más exhaustiva y a emprender estudios de impacto centrados tanto en el ser humano como en el medio ambiente, así como a la difusión de los correspondientes resultados con el fin de informar a la ciudadanía y a los responsables políticos.

1.5.

El CESE propone que la Comisión Europea consulte a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil, y a través de la participación de todas las instituciones públicas competentes pueda contribuir al proceso de toma de decisiones en lo que respecta al impacto social y ecológico de las comunicaciones electrónicas móviles.

1.6.

El CESE considera que la UE necesita un organismo europeo independiente, con metodologías actualizadas, acorde con el contexto tecnológico actual y con un planteamiento multidisciplinario, que establezca directrices para la protección de la población en general y de los trabajadores en caso de producirse una exposición a la radiación electromagnética de radiofrecuencia.

1.7.

El CESE recomienda que se elabore un inventario de todas las estaciones de transmisión de radiofrecuencias y de las bandas de frecuencias en las que operan, y que dicha información se haga pública con el fin de mejorar la gestión territorial y la protección de los intereses de la ciudadanía, en especial de los colectivos vulnerables (niños, mujeres embarazadas, pacientes crónicos, personas mayores, personas con electrohipersensibilidad). También es preciso tener en cuenta la salud y la seguridad de los trabajadores.

1.8.

El CESE respalda la idea de que los equipos de la red 5G deben estar diseñados, de fábrica, con capacidades que proporcionen información pública y en tiempo real —para las organizaciones de consumidores y para cualquier persona interesada— sobre la potencia de emisión y otros parámetros técnicos pertinentes. Las autoridades competentes deben centralizar, gestionar y divulgar dicha información.

1.9.

El CESE está convencido de que la supervisión y el control de la contaminación electromagnética deben llevarse a cabo sobre la base de una rigurosa estrategia científica interinstitucional e interdisciplinaria, respaldada por la provisión de equipos modernos para la medición de los parámetros de las redes de comunicaciones electrónicas, de tal forma que se pongan de manifiesto y se evalúen adecuadamente los efectos acumulados a lo largo de períodos más largos.

1.10.

Aunque no se dispone de datos científicos reconocidos que demuestren un impacto negativo de la tecnología 5G en la salud humana, el CESE considera que los aspectos sociales, sanitarios y medioambientales de dicha tecnología deben ser objeto de un seguimiento permanente de acuerdo con el principio de precaución. Reconoce la preocupación por las repercusiones sobre la salud, incluidos los térmicos y no térmicos, la intensidad de la exposición y los efectos a largo plazo de dicha exposición. Algunas regiones o áreas concentrarán una exposición mayor que otras y, en esos casos, deberían plantearse medidas específicas, como la recomendación de ampliar la aplicación del principio ALARA con el fin de limitar los efectos de la radiación electromagnética generada por las redes 5G.

1.11.

El CESE señala que la exposición de la población a una serie de campos electromagnéticos es casi imposible de evitar. A la hora de revisar los valores límite de exposición de la Directiva europea sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) (1), los interlocutores sociales deberían implicarse desde el principio. Se debería prestar especial atención a los efectos no térmicos.

1.12.

Las medidas de protección de la salud y la seguridad deben reforzarse y consolidarse mediante una vigilancia rigurosa de los niveles de radiación y una aplicación estricta de las normas de seguridad para las personas que trabajan en las proximidades de fuentes de radiación electromagnética.

1.13.

El CESE señala la necesidad de actualizar los mecanismos institucionales destinados a preservar todos los derechos humanos en el nuevo contexto de hiperdigitalización, hiperautomatización e hiperconectividad que facilita la implantación de la tecnología 5G, y considera que cualquier avance tecnológico debe incorporar estos valores universales que representan una dimensión válida y necesaria en la evaluación del análisis de coste y beneficio.

1.14.

El CESE comprende la preocupación de la ciudadanía por que se garantice su derecho de propiedad a la hora de distribuir las antenas o el derecho a la integridad física en el contexto de las redes 5G que se extienden por doquier, desde sus propios hogares hasta el satélite orbital. Se debe respetar el derecho de propiedad y las decisiones de las personas. Se debería garantizar la definición de consentimiento informado para que cada persona disponga de un auténtico derecho a otorgar un consentimiento plenamente libre y válido.

1.15.

El CESE apoya que se refuercen las capacidades europeas de prevención, educación y protección contra los riesgos cibernéticos, tanto mediante el refuerzo de los organismos pertinentes (por ejemplo, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad — ENISA por sus siglas en inglés) como mediante la creación de instrumentos tecnológicos, institucionales y jurídicos que garanticen el respeto de los derechos de la ciudadanía. Con el fin de poner remedio a determinadas amenazas para la seguridad, la UE debería invertir más en desarrollar sus propias tecnologías y en apoyar a la industria tecnológica y los desarrolladores. Pero lo más importante es que todas estas acciones se orienten a incentivar a las pymes europeas para que desarrollen infraestructuras 5G seguras y fiables.

2.   Introducción

2.1.

La 5G no es una tecnología nueva en sí misma; se trata de un desarrollo de las tecnologías existentes (desde la 1G hasta la 4G) y coexistirá con ellas. El resultado será una red mixta integrada por distintas redes: un mayor número de bandas de radiofrecuencia más variadas, una gama de dispositivos que intercambian datos y una multitud de interacciones con los usuarios. Algunos de los nuevos equipos y nuevas tecnologías empleados podrían tener repercusiones diferentes a los de las generaciones anteriores.

2.2.

La tecnología 5G debería permitir la hiperconectividad inalámbrica, la capacidad de abarcar y conectar un número ingente de dispositivos y una velocidad de transferencia mucho mayor, medida en Gbps. Esto se conseguirá mediante la agregación del espectro con formación de haz y múltiples conexiones paralelas, que utilizarán tanto antenas Massive MIMO (la estación base del operador con disposición en fase) como antenas MIMO convencionales (el propio dispositivo del cliente) y una baja latencia (milésimas de segundo para la propia infraestructura del operador pero no con el resto de internet).

2.3.

Un estudio realizado en 2019 por la asociación GSMA muestra que las capacidades de la nueva red 5G son necesarias para la conducción autónoma, la realidad virtual, la realidad aumentada y el «internet táctil»; las demás aplicaciones pueden ofrecerse a través de la tecnología actual (4G LTE y fibra óptica). La tecnología 5G también acelerará la transición a la Industria 4.0 y facilitará el desarrollo de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial, por lo que esta tecnología se considera un elemento clave y necesario para el desarrollo de una economía moderna, cada vez más automatizada y digitalizada.

2.4.

Comunidades científicas de todo el mundo han aportado datos (2) que justifican la validez de las preocupaciones ante la exposición prolongada y ubicua del cuerpo humano y otros organismos biológicos al rango de frecuencias de microondas que utilizan las redes 5G y a las secciones y frecuencias de radio de 10, 20, 30 o más gigahercios específicas de las tecnologías 5G, así como a los potenciales efectos nocivos para la salud de las personas, la biodiversidad y el medio ambiente. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades públicas nacionales y de la UE pertinentes han comunicado que no existen pruebas científicas del impacto negativo de la 5G en la salud de los seres humanos. La OMS afirma que hasta la fecha, y tras numerosos estudios, no se ha podido establecer una relación de causalidad entre la exposición a las tecnologías inalámbricas y los efectos perjudiciales para la salud.

2.5.

Junto con las tecnologías emergentes que facilita, la 5G trae consigo incertidumbre y, como toda nueva tecnología, algunos efectos que pueden resultar aún imperceptibles. Para abordar adecuadamente cualquier cuestión acerca del impacto de la 5G en la salud pública y evitar que la opinión pública sea víctima de la desinformación, la sociedad civil considera que se requiere una gobernanza anticipatoria adecuada, que aplique el principio de precaución al proceso legislativo europeo para regular esta nueva generación tecnológica de comunicaciones electrónicas.

3.   Observaciones generales

3.1.

En términos generales, las instituciones internacionales, las grandes empresas y las autoridades nacionales se muestran abiertamente entusiasmadas con las ventajas que traerá consigo la tecnología 5G. Sin embargo, es necesario estudiar la posible aparición de efectos negativos a medida que evoluciona el ecosistema 5G y, de forma implícita, las condiciones necesarias para la aceptación social de estos servicios e infraestructuras que tienen un impacto considerable en la sociedad.

3.2.

Con el rápido desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones electrónicas y de la infraestructura de internet, se ha intensificado el debate entre la población en general y la sociedad civil organizada de los países desarrollados acerca de la necesidad y los beneficios de acelerar exponencialmente el desarrollo de las redes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las autoridades públicas deben reconocer los retos que plantean las formas en que estos sistemas tecnológicos podrían afectar al medio ambiente, a los organismos vivos o a los derechos civiles de las personas.

3.3.

En el plano europeo, la preocupación por los posibles efectos de la contaminación electromagnética sobre la salud se recoge en el considerando 31 de la Decisión n.o 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3): «Un enfoque coherente en materia de autorización del espectro en la Unión requiere la toma en consideración plena de la protección de la salud pública contra los campos electromagnéticos, que es esencial para el bienestar de los ciudadanos. Aunque está sujeta a la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición de la población en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), es esencial garantizar un seguimiento constante de los efectos ionizantes y no ionizantes del uso del espectro en la salud, incluidos los efectos acumulativos en la vida real del uso de diversas frecuencias del espectro por un número creciente de tipos de equipos».

4.   Observaciones específicas

La tecnología 5G y su impacto en los derechos civiles de las personas

4.1.

En los últimos años, varias organizaciones de la sociedad civil de la UE y de otros países han alertado acerca de los efectos nocivos y las complejas y graves crisis que podrían desencadenarse por una falta de control democrático y transparencia y por amenazas para la seguridad derivadas de la dependencia de tecnologías suministradas por operadores de terceros países.

4.2.

El sector de las comunicaciones electrónicas y las aplicaciones disruptivas de tipo 5G que ofrece se basan en la explotación de dos recursos muy importantes. En primer lugar, el uso del espectro de radiofrecuencias. Se trata de un recurso natural limitado que pertenece a la ciudadanía y que los Gobiernos nacionales gestionan en su nombre a través de entidades nacionales u otros organismos públicos que a su vez arriendan dicho recurso a los operadores de comunicaciones electrónicas.

4.3.

Otro recurso esencial es el acceso a los datos y metadatos de los consumidores y las personas. Con el desarrollo del mercado de los servicios digitales, estos datos resultan sumamente valiosos y aportan enormes beneficios a las empresas que los manejan. Algunos de los retos a este respecto se pusieron de manifiesto en el Dictamen del CESE sobre la Estrategia Europea de Datos (4).

4.4.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario subrayar que la 5G y el uso compartido y la agregación de los datos, al igual que muchas otras tecnologías, son una poderosa herramienta que puede emplearse para fortalecer la sociedad civil, aumentar la eficacia y fiabilidad de los servicios públicos, y reducir las desigualdades a través del impulso del crecimiento económico. Por lo tanto, la UE y los Estados miembros deberían aprovechar la tecnología 5G para mejorar el acceso a unos datos de alta calidad y desarrollar una mejor infraestructura de administración digital (administración electrónica), acercando así las instituciones públicas y democráticas a la ciudadanía.

4.5.

Por consiguiente, el desarrollo responsable y sostenible de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas debería mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de a pie, especialmente en las regiones y los países menos desarrollados. El desarrollo de estas tecnologías influye pues directamente en la lucha contra la pobreza.

4.6.

Para poder implantar las redes 5G con la máxima rapidez, la Unión Europea, a través de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (artículos 42, 43 y 44), creó un marco normativo que facilita a los operadores de comunicaciones electrónicas el acceso a los inmuebles donde es necesario instalar equipos e infraestructura esenciales para el desarrollo de estas redes. La sociedad civil vigila la interpretación de esta disposición para que la transposición de la Directiva no dé lugar a excepciones inconstitucionales al derecho de propiedad de los particulares.

Impacto del ecosistema 5G en el medio ambiente

4.7.

Determinadas organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por el posible impacto medioambiental de las nuevas redes 5G. Algunas de sus alegaciones se refieren a que no se ha llevado a cabo un número suficiente de estudios de impacto ambiental o a la inadecuación de los mecanismos y medidas dirigidos a reducir la huella energética de la infraestructura de la red 5G o a promover el reciclaje de los residuos electrónicos (6).

4.8.

Para poder evaluar adecuadamente el impacto de la tecnología 5G en el medio ambiente y el clima, las autoridades públicas han de tener en cuenta aspectos como las emisiones de gases de efecto invernadero (7), la disponibilidad y el consumo de materias primas fundamentales, la cantidad (y las fuentes) de energía utilizada por todos los objetos conectados y que se utilizan dentro del internet de las cosas, así como la cantidad (y las fuentes) de energía utilizada para transportar datos de forma inalámbrica y hacer funcionar los puntos de centralización y tránsito de datos.

4.9.

Con la implantación de la 5G y el internet de las cosas, miles de millones de nuevos elementos de red 5G y de objetos domésticos (productos electrónicos y electrodomésticos, instalaciones, etc.) se añadirán a la categoría de residuos electrónicos) (8), algo que ha de tenerse en cuenta en el contexto del concepto de economía circular, así como de las políticas de residuos cero.

Preocupación por el impacto de las redes 5G en la salud de las personas y los organismos vivos

4.10.

La tecnología 5G representa una enorme oportunidad para mejorar la salud humana. El desarrollo de la infraestructura de TIC y la incorporación de la tecnología 5G acelerarán el avance de la telemedicina, en particular a través del concepto del internet de las cosas. La tecnología 5G permitirá realizar intervenciones quirúrgicas complejas a distancia, mejorando así considerablemente el acceso a una atención médica de calidad, especialmente para quienes no pueden permitirse viajar al extranjero para recibir el tratamiento que necesitan.

4.11.

El desarrollo de la telemedicina es especialmente importante en tiempos de pandemia, en los que se reduce considerablemente el acceso a la atención médica hospitalaria. Además, la tecnología 4G ha permitido el desarrollo de la telerradiología. La infraestructura de TIC ha hecho posible que los pacientes obtengan un diagnóstico a distancia (resonancia magnética, tomografía computadorizada) y reciban un servicio médico de calidad independientemente de su ubicación. La tecnología de la 5G impulsará aún más el desarrollo de ese proceso y permitirá a las personas tener un mejor acceso al diagnóstico y a servicios médicos directos prestados a distancia.

4.12.

Por otra parte, el rápido desarrollo tecnológico de los últimos veinte años ha provocado un aumento de los campos electromagnéticos y, de forma implícita, un aumento de la contaminación causada por este electrosmog o contaminación electromagnética. El impacto del electrosmog debe abordarse con arreglo a un planteamiento empíricamente contrastado con vistas a evaluar el riesgo real.

4.13.

La hipersensibilidad electromagnética o intolerancia electromagnética es una enfermedad que ha sido reconocida por el Parlamento Europeo (9), el CESE (10) y el Consejo de Europa (11). Afecta a cierto número de personas y con la implantación de la 5G (que necesita una red electrónica mucho más densa) esta afección podría generalizarse aún más.

4.14.

En todo el mundo se han realizado estudios que concluyen que los efectos biológicos de las radiaciones electromagnéticas no representan ningún riesgo para la salud, siempre que se cumplan las normas nacionales o de la ICNIRP. Al mismo tiempo, desde la década de 1970 hasta la actualidad (12), distintos estudios han llegado a la conclusión de que suponen un peligro para la salud de las personas (13).

4.15.

En sendos informes acerca de la preocupación por la exposición a largo plazo de las personas a los campos electromagnéticos generados por la tecnología 5G, elaborados en 2019 y 2020, respectivamente, la Comisión Europea y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) (14) sostienen que no existen pruebas científicas sólidas o creíbles de problemas de salud causados por la exposición a la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles.

4.16.

Hace años, la Organización Mundial de la Salud clasificó el campo electromagnético producido por las radiofrecuencias como posible agente cancerígeno; ahora adopta una postura similar a la de las autoridades de la UE y Estados Unidos. Sin embargo, con la implantación de las redes 5G, en 2022 anunció que realizaría otra evaluación de los riesgos de los campos electromagnéticos para el espectro de radiofrecuencias (de 3 kHz a 3 000 GHz) (15).

4.17.

La versión final de la Resolución 1815(2011), de 27 de mayo de 2011, del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente advierte acerca del impacto de la contaminación electromagnética en la salud de las personas e incluye un conjunto de recomendaciones generales y específicas para adoptar un planteamiento coherente a medio y largo plazo con respecto a los retos que plantea la proliferación de la telefonía móvil. Este documento subraya la necesidad de tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos de acuerdo con el principio ALARA (16), que debe aplicarse en caso de existir radiación ionizante.

4.18.

Con arreglo a determinados estudios, los efectos de la radiación emitida por los teléfonos móviles y las infraestructuras de comunicaciones inalámbricas (incluso en el caso de emisiones no térmicas) plantean riesgos para la salud humana desde una perspectiva neuronal, reproductiva, oncológica y genotóxica (17). Sin embargo, las instituciones pertinentes consideran, basándose en sus propias evaluaciones y metodologías, que la radiación emitida por los teléfonos móviles y la infraestructura de comunicaciones inalámbricas es segura para los seres humanos.

4.19.

Como se ha mencionado anteriormente, determinados estudios han examinado las repercusiones de la radiación electromagnética en la salud de las personas y los animales. Sin embargo, poco es lo que se sabe con certeza y menos aún lo que se comunica en relación con el complejo impacto que la exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes podría tener como efecto no térmico sobre la flora y la fauna. Los estudios más conocidos se refieren al impacto significativo e inmediato sobre los polinizadores y las aves, pero los científicos están muy preocupados por el impacto a largo plazo de las emisiones electromagnéticas en los ecosistemas vivos.

Alegaciones con respecto a las directrices de la ICNIRP (18)

4.20.

La Comisión Europea y la gran mayoría de los Gobiernos nacionales de todo el mundo se sirven de las directrices de la ICNIRP a la hora de establecer los límites de la exposición de la población a la radiación de los campos electromagnéticos. Las directrices de la ICNIRP actualizadas y publicadas en 2020 también tuvieron en cuenta la formación de haces y las frecuencias (parámetros específicos de la tecnología 5G), pero no así la agregación de frecuencias ni la mayor densidad de conexiones.

4.21.

A pesar de que la ICNIRP realiza un esfuerzo por comunicar los métodos científicos empleados para elaborar las directrices de protección, solo reconoce como potencialmente perjudiciales los efectos térmicos que producen las radiaciones electromagnéticas.

4.22.

El estudio acometido por el Grupo de Expertos sobre el Futuro de la Ciencia y la Tecnología del Parlamento Europeo (STOA, por sus siglas en inglés) (19), acorde a las recomendaciones recogidas en la Resolución 1815(2011) del Consejo de Europa, aboga por adoptar el principio de precaución, revisar los umbrales propuestos por la ICNIRP e instaurar medidas técnicas y administrativas con el fin de reducir el impacto de la contaminación electromagnética producido por las comunicaciones electrónicas.

4.23.

Las medidas propuestas pretenden garantizar una arquitectura más responsable de la infraestructura de comunicación (colocación de antenas y otros equipos específicos), garantizar que la población en general esté informada sobre los posibles efectos de la contaminación electromagnética y las opciones de que dispone para reducir el impacto de la exposición a las radiaciones electromagnéticas, desarrollar la capacidad de supervisión de los campos electromagnéticos, etc. Deberían destinarse fondos europeos y nacionales para llevar a cabo una investigación multidisciplinar más exhaustiva y estudios de impacto en el ser humano y el medio ambiente, así como para difundir los resultados con el fin de informar a la ciudadanía y a los responsables políticos.

Ciberseguridad 5G: herramientas, medidas y eficacia de las mismas

4.24.

El CESE ya ha puesto de relieve muchos de los retos de ciberseguridad en su Dictamen «Despliegue seguro de la 5G en la UE — Aplicación de la caja de herramientas de la UE» (20). Las cibervulnerabilidades no resueltas asociadas a la tecnología 4G se amplificarán con la tecnología 5G. Dichas vulnerabilidades residen en el nivel técnico de la arquitectura, la topología y el protocolo, tal y como ha descrito ENISA (21), y según el Informe del Grupo de cooperación sobre seguridad de las redes y sistemas de información (SRI) (22) aún no se pueden neutralizar con medidas eficientes.

4.25.

Con el fin de poner remedio a determinadas amenazas para la seguridad, la UE debería invertir más en desarrollar sus propias tecnologías y en apoyar a la industria tecnológica y los desarrolladores. Pero lo más importante es que todas estas acciones se orienten a incentivar a las pymes europeas para que desarrollen infraestructuras 5G seguras y fiables.

---

(1)  Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) (vigésima Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y por la que se deroga la Directiva 2004/40/CE (DO L 179 de 29.6.2013, p. 1).

(2)  https://ehtrust.org/environmental-health-trust-et-al-v-fcc-key-documents/.

(3)  Decisión n.o 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012, p. 7).

(4)  TEN/708 (DO C 429 de 11.12.2020, p. 290).

(5)  Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

(6)  https://www.greenpeace.org/static/planet4-eastasia-stateless/2021/05/a5886d59-china-5g-and-data-center-carbon-emissions-outlook-2035-english.pdf.

(7)  https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/rapport-5g_haut-conseil-pour-le-climat.pdf.

(8)  https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Pages/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx.

(9)  Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos [2008/2211(INI)], punto 28. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2009-0216_ES.html?redirect.

(10)  Dictamen del CESE sobre el «Despliegue seguro de la 5G en la UE — Aplicación de la caja de herramientas de la UE», TEN/704 (DO C 429 de 11.12.2020, p. 281).

(11)  Resolución 1815 (2011) versión final, artículo 8.1.4 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994.

(12)  https://bioinitiative.org/updated-research-summaries/.

(13)  Defence Intelligence Agency — «Biological Effects of Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves)» — Marzo de 1976.

(14)  La posición de la FCC ha sido impugnada ante los tribunales por distintas organizaciones de la sociedad civil estadounidenses: https://ehtrust.org/eht-takes-the-fcc-to-court/.

(15)  Según los Reglamentos sobre Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

(16)  As Low As Reasonably Achievable (lo más bajo que sea razonablemente posible) — El principio ALARA se aplica a la hora de instaurar programas de protección contra la radiación ionizante.

(17)  Por ejemplo, el estudio europeo REFLEX (2004) realizado por encargo de la UE por doce instituciones académicas con un presupuesto total de más de 3 millones EUR y, en particular, con una contribución de la Comisión Europea de 2 059 millones EUR.

(18)  Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes.

(19)  https://www.home-biology.com/images/emfsafetylimits/EuropeanParliamentSTOA.pdf.

(20)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 281.

(21)  https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-for-5g-networks/at_download/fullReport.

(22)  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Un enfoque de “nueva generación” para el comercio y el desarrollo sostenible — Revisión del plan de acción de quince puntos»

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/07)

Ponente

: Tanja BUZEK

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Relaciones Exteriores
Aprobado en sección	28.9.2021
Aprobado en el pleno	20.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	236/2/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El comercio necesita un marco político adecuado para impulsar el crecimiento, la creación de empleo digno, el desarrollo sostenible y el apoyo a una recuperación económica sostenible tras la crisis de la COVID-19, con el fin de que las empresas puedan reconstruir y reorganizar sus cadenas de suministro y de valor interrumpidas. El año 2021 constituye un punto de inflexión para replantearse la gobernanza comercial de la UE y el CESE apoya su nueva senda abierta, sostenible y firme.

1.2.

Los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible (CDS) expresan el compromiso de la UE con una «agenda comercial basada en valores» que fomente simultáneamente el desarrollo económico, social y medioambiental. Abordar el incumplimiento y la mejora de la aplicación de los compromisos en materia de CDS son esenciales para lograr unas normas rigurosas de trabajo y sostenibilidad gracias a los instrumentos comerciales. Tanto a nivel bilateral como mundial, la UE debería establecer unos criterios de referencia ambiciosos en materia de CDS con socios comerciales afines dispuestos a liderar el proceso.

1.3.

El CESE acoge con satisfacción la revisión adelantada del plan de acción de quince puntos y espera que supere su limitado y «compartimentado» marco establecido en 2018. Los capítulos sobre CDS que no satisfacen plenamente sus compromisos jurídicamente vinculantes llevan al CESE a proponer una revisión ambiciosa, que incluya un enfoque de ejecución renovado sujeto a sanciones, con un mayor seguimiento por parte de la sociedad civil, el uso de instrumentos innovadores y el refuerzo del impulso al CDS. Este enfoque de «nueva generación para el comercio y desarrollo sostenible» debe ser parte integrante de la estrategia comercial de la UE y aplicarse por igual a los mandatos de negociación actuales y futuros.

1.4.

Un nuevo enfoque empieza por eliminar los compartimentos estancos. El éxito de la aplicación y el cumplimiento de los capítulos sobre CDS requiere una interacción dinámica, estructurada y más colaborativa de los distintos agentes, con intercambios entre instituciones, organismos internacionales y, lo que es más importante, de todos ellos con los grupos consultivos internos (GCI) y entre los GCI. En su calidad de organismo reconocido a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debería participar en la supervisión de la aplicación de sus convenios en los acuerdos de libre comercio (ALC).

1.5.

Los problemas importantes suelen aparecer desde el principio. El CESE subraya la importancia de garantizar compromisos previos de ratificación de convenios fundamentales internacionales u hojas de ruta vinculantes y ejecutables en el propio capítulo sobre CDS, con plazos inequívocos para su ratificación. El primer caso de aplicación del capítulo sobre CDS con arreglo al modelo actual ha confirmado que una terminología vaga es insuficiente.

1.6.

Las tres dimensiones del CDS están entrelazadas y no deben abordarse en compartimentos estancos. El CESE acoge con satisfacción el papel activo de las empresas en la prosecución de los esfuerzos por garantizar un comercio sostenible y considera que desempeñan un papel positivo para promover oportunidades de acción por el clima, por ejemplo en el sector de las tecnologías limpias, con especial atención a las pymes. Los capítulos sobre CDS deben establecer vínculos más estrechos con la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración EMN), promoviendo la ratificación de sus convenios, y con las Líneas Directrices de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación (OCDE) para Empresas Multinacionales, especialmente a lo largo de la cadena de suministro.

1.7.

Un cambio efectivo sobre el terreno requiere ir más allá de los capítulos clásicos sobre CDS y considerar el gran efecto multiplicador de instrumentos políticos adicionales. El CESE pide la adjudicación condicional de la contratación pública a las empresas de países que cumplan las normas fundamentales de la OIT y el Acuerdo de París. También pide una legislación ambiciosa de la UE sobre la diligencia debida obligatoria, que sería otra medida de acompañamiento clave. Los inversores extranjeros deberían tener que cumplir con la diligencia debida antes de que puedan beneficiarse de un acuerdo internacional de inversión. Las medidas deben complementarse con acciones contra el blanqueo de capitales, los delitos y la elusión fiscales y la lucha contra la corrupción para lograr un comercio sostenible.

1.8.

El desarrollo sostenible debe reflejar la evolución existente e impulsarla, manteniendo las normas laborales y medioambientales como puntos prioritarios de su agenda. El Pacto Verde, las iniciativas en materia de economía circular o el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono complementan los temas pertinentes en materia de CDS, como ya ocurre con la biodiversidad. Para establecer obligaciones concretas, los compromisos medioambientales deben materializarse en normas internacionales.

1.9.

No existe una solución milagrosa para garantizar el cumplimiento, pero debe comenzarse con el refuerzo de la aplicabilidad efectiva. El CESE pide desde hace tiempo un mecanismo de grupo de expertos renovado, que pueda imponer sanciones económicas o de otro tipo, y un papel activo de los GCI en su activación. Para poner en primer plano unas condiciones de competencia equitativas y la sostenibilidad, en beneficio tanto de las empresas como de los trabajadores, el Acuerdo Comercio y Cooperación (ACC) entre la UE y el Reino Unido podría servir de modelo.

1.10.

Los socios comerciales de la UE piensan de forma creativa en nuevos instrumentos comerciales. Al adoptar un enfoque innovador para la resolución de conflictos en materia laboral, la UE debería estudiar la suspensión de aranceles preferenciales para las empresas que incumplan las normas internacionales acordadas. En aras del establecimiento de un vínculo económico progresivo, el CESE apoya una reducción gradual de los aranceles para la aplicación por parte de los países socios de los compromisos en materia de CDS, con la posibilidad de retirarla en caso de incumplimiento.

1.11.

No hay sostenibilidad sin la sociedad civil. La creación de los GCI no constituía un fin en sí mismo. Para que sean tomados en serio, necesitan información, recursos y acceso para asesorar a las partes sobre la aplicación y el cumplimiento, así como un marco institucionalizado más sólido. Además de los GCI, el CESE pide que se restablezca el Grupo de Expertos sobre ALC.

1.12.

El CESE es uno de los mayores defensores de los GCI y seguirá apoyando su labor. Los debates sobre el refuerzo de los GCI se han intensificado recientemente y el CESE anima a la Comisión y a otras partes interesadas (1) a colaborar con los GCI para mejorar su composición, la organización de su trabajo, su alcance y su papel en los mecanismos de ejecución, así como sus canales institucionales, tal como se expone detalladamente en el punto 5 del presente Dictamen.

2.   Introducción

2.1.

Una política comercial activa debe impulsar de manera eficaz el desarrollo sostenible y redunda en beneficio de las empresas, los trabajadores, los consumidores y la población en general, siempre que genere nuevas oportunidades de mercado, cree empleos decentes y procure unas condiciones de competencia equitativas. También entraña riesgos inherentes que solo una política comercial inclusiva, en la que la sociedad civil, las partes interesadas y el público en general puedan plantear sus preocupaciones, puede atenuar eficazmente.

2.2.

El CESE reclama desde hace mucho tiempo que la sostenibilidad sea uno de los motores de la política comercial, habida cuenta del papel esencial que el comercio debe desempeñar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La nueva estrategia comercial de la UE de este año establece el marco para los siguientes. El CESE formuló recomendaciones sobre los aspectos comerciales en un dictamen específico (2), al tiempo que acogía con satisfacción su enfoque en materia de sostenibilidad y pedía un refuerzo ambicioso de los capítulos sobre CDS y su aplicabilidad efectiva.

2.3.

Basándose en trabajos anteriores del CESE, el presente Dictamen ofrece una evaluación del enfoque actual desde la perspectiva de la sociedad civil con el fin de servir de base para la revisión en curso sobre CDS. Aprovecha un conjunto de herramientas innovadoras y actualizadas para que el comercio se adhiera a los valores de desarrollo sostenible de la UE: los capítulos sobre CDS para las generaciones futuras.

3.   Comercio y desarrollo sostenible: una agenda comercial de la UE basada en valores

3.1.

Al integrar sistemáticamente los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en sus acuerdos de libre comercio, la UE destaca su compromiso con una «agenda comercial basada en valores» que fomente simultáneamente el desarrollo económico, social y medioambiental. Abordar el incumplimiento y la mejora de la aplicación de los compromisos en materia de CDS son esenciales para lograr unas normas rigurosas de trabajo y sostenibilidad gracias a los instrumentos comerciales.

3.2.

Partiendo de una forma embrionaria adoptada en el ALC entre la UE y Corea del Sur en 2011, los capítulos sobre CDS han evolucionado de manera sistemática en todos los ALC posteriores de la Unión. Disponen de un mero mecanismo de solución de diferencias basado en la consulta y de los GCI para el seguimiento institucionalizado por parte de la sociedad civil. Contienen compromisos para respetar los acuerdos multilaterales en materia laboral y medioambiental, y para evitar que las partes relajen o reduzcan los niveles de protección laboral y medioambiental para atraer el comercio y la inversión. Como foros bilaterales de diálogo y cooperación, también pueden servir de plataformas para avanzar en la agenda multilateral en favor del comercio sostenible.

3.3.

Si bien la UE ha tomado medidas para situar la sostenibilidad en el centro de sus ambiciones comerciales, las negociaciones en curso no cumplen con este objetivo. Para reactivar y reforzar el capítulo sobre CDS, la revisión debe innovar y abandonar su antiguo estatuto de «documento oficioso» y, como parte integrante de la estrategia comercial de la UE, también debe aplicarse a los acuerdos que se negocian en la actualidad e incluirse en los mandatos de negociación revisados.

4.   Plan de acción de quince puntos — evaluación

4.1.

El PE, el CESE y un amplio grupo de partes interesadas participaron en un debate público cada vez más amplio sobre la eficacia del enfoque de la UE sobre CDS, que solo se truncó a principios de 2018 cuando la Comisión presentó un plan de acción de quince puntos. En torno a cuatro rúbricas principales, estableció el marco limitado y «compartimentado» para la evolución del CDS en los últimos años, evaluado a continuación en el contexto de sus resultados y deficiencias.

Colaboración

4.2.

Asociación con los Estados miembros y el PE: el Grupo de Expertos de la Comisión sobre CDS reforzó el vínculo con los Estados miembros, pero su propia estructura da lugar a la pérdida de conocimientos técnicos especializados e información importantes en el proceso. Su labor merece una mejor comunicación de las conclusiones y recomendaciones formuladas, y requiere conexiones más sólidas y regulares con los GCI y el CESE. El compromiso de la DG Comercio debe ampliarse a los principales servicios responsables de CDS en los Estados miembros, posiblemente procurando la participación de otras Direcciones Generales (DG) pertinentes como EMPL y CLIMA para sus propias redes, y colaborando con organizaciones internacionales como parte de este flujo de información y comentarios. La provisión de información actualizada al PE sobre cuestiones pertinentes en materia de CDS debe incluir a los GCI en pie de igualdad y no debe producirse a puerta cerrada. El PE debe desempeñar un papel en las tareas de seguimiento y ejecución en el ámbito del CDS, mantenerse plenamente informado de las actividades y participar en las decisiones del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible y otros órganos de gobernanza conjunta pertinentes. Esto reviste especial importancia en el contexto del mecanismo de competencia equitativa del ACC con el Reino Unido.

4.3.

Colaboración con organizaciones internacionales: el CESE, que defiende un enfoque más proactivo y sistémico, pide la participación de organismos internacionales como la OIT, también durante las negociaciones y a lo largo de la aplicación de los ALC, incluidas todas las fases de las hojas de ruta. Como pone de relieve el caso de la ratificación de Vietnam, la OIT podría desempeñar un papel esencial en la fase previa y temprana de la aplicación. Es fundamental exigir una mayor colaboración entre la CE, la OIT y el CESE para configurar la asistencia técnica y los proyectos de desarrollo de capacidades de la OIT en los países socios. Esta medida debe ir acompañada de una mayor integración de la OIT con la función de seguimiento de los GCI; asimismo, las reuniones anuales de alto nivel de la DG EMPL podrían abrirse al CESE y, posiblemente, a las presidencias de los GCI. El enfoque respecto a los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA) parece poco aprovechado y podría extenderse a otras organizaciones internacionales relevantes como la OCDE y, dada la creciente importancia de la financiación de los ODS, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.

Permitir que la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, desempeñen el papel que les corresponde en la aplicación

4.4.

Facilitar la función de supervisión de la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales: el CESE acoge con satisfacción el proyecto del Instrumento de Asociación de la UE, que financia la participación de algunos de los miembros de los GCI de la UE en las reuniones y preserva la independencia política de los Grupos. Insta a la Comisión Europea a renovar la financiación y a colaborar con los GCI en su diseño. Recomienda una mayor flexibilidad en el futuro apoyo logístico y técnico. El uso de videoconferencias podría complementar, pero no sustituir, las reuniones físicas. La financiación futura debe prever reuniones anuales en las que se den cita todos los miembros de los GCI para debatir cuestiones transversales de CDS. Además de proporcionar recursos financieros, es necesario abordar los retos estructurales y organizativos para capacitar plenamente a los GCI, como se señala en el punto 5.

4.5.

Ampliar el ámbito de actuación de la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales, al conjunto de los ALC: el CESE ha recomendado encarecidamente y desde hace tiempo que los GCI asesoren sobre todos los aspectos de los acuerdos comerciales de la UE, prestando especial atención a la ejecución del capítulo sobre CDS y al impacto del comercio en el desarrollo sostenible en términos más generales. Este nuevo ámbito de aplicación se pondrá a prueba por primera vez en el ACC UE-Reino Unido. El CESE sugiere ampliar el ámbito de actuación actual de los GCI en todos los acuerdos de libre comercio vigentes, mediante la revisión de los textos de los acuerdos o mediante prácticas armonizadas con arreglo al reglamento interno de los GCI.

4.6.

Adoptar medidas en relación con la conducta empresarial responsable: el CESE acoge con satisfacción el papel activo de las empresas en sus esfuerzos por garantizar un comercio sostenible y el compromiso de la Comisión con la promoción de un comportamiento empresarial responsable. No obstante, lamenta que ni el CESE ni los GCI pertinentes hayan participado en la supervisión de los proyectos con la OCDE y la OIT. La Comisión debe elaborar indicadores para evaluar los resultados tangibles de los proyectos más allá de la sensibilización, e incluir una revisión más específica y exhaustiva en las cadenas de suministro.

Resultados

4.7.

Prioridades nacionales: el CESE apoya un enfoque estratégico más centrado, aunque los países asociados difieren considerablemente, incluso en el marco de un acuerdo regional como el de UE-América Central. Para la fijación de prioridades y la evaluación deben buscarse de forma proactiva, y en diferentes momentos del proceso, consultas con la sociedad civil, especialmente con los GCI. Las unidades geográficas de la DG Comercio y las delegaciones de la UE deberían interactuar más con los GCI para obtener datos y proporcionar información sistemática. Ello requiere una evaluación periódica de los avances o retrocesos de la Comisión hacia la consecución de estas prioridades.

4.8.

Ejecución asertiva: la controversia sobre derechos laborales en Corea nos ofrece lecciones importantes. En primer lugar, que la CE debe ser más proactiva y rápida a la hora de activar los procedimientos de solución de diferencias sobre CDS, dando a los GCI un papel activo. En segundo lugar, la importancia de contar con expertos en Derecho laboral internacional en los grupos, consultando a la OIT sobre su jurisprudencia e interpretación vinculante. En tercer lugar, el informe del grupo de expertos confirma la necesidad de hojas de ruta vinculantes y sancionables con plazos claros para la ratificación de los convenios de la OIT. La ambigua expresión «esfuerzos continuos y sostenidos» otorga a las Partes demasiado margen de maniobra. Si bien Corea ratificó tres de los cuatro convenios de la OIT que faltaban (no el 105 sobre la abolición del trabajo forzoso), sigue habiendo dudas sobre si las enmiendas coreanas a la legislación laboral dan lugar a la aplicación plena de las disposiciones de los Convenios 29, 87 y 98. Por lo tanto, el procedimiento sigue abierto y el CESE refuerza su petición de medidas de seguimiento. Sin embargo, no solo existen problemas de cumplimiento en los países asociados. El CESE observa con preocupación que parece existir una falta de instrumentos para una ejecución sólida en la UE y sus Estados miembros.

4.9.

Fomentar la ratificación temprana de los acuerdos internacionales fundamentales: el CESE apoya la ratificación de los convenios internacionales fundamentales antes de celebrar y firmar un ALC, a fin de aprovechar al máximo la negociación y la influencia diplomática. El caso más reciente de Vietnam puso de relieve los efectos positivos de este enfoque, ya que el país ratificó los Convenios n.o 98 y n.o 105 de la OIT. Sin embargo, no hay avances en la ratificación del Convenio n.o 87. Por lo tanto, el CESE subraya la importancia de garantizar compromisos previos de ratificación de convenios internacionales fundamentales u hojas de ruta vinculantes y ejecutables dentro del propio capítulo sobre CDS, con plazos inequívocos para su ratificación.

4.10.

Revisión de la eficacia de la aplicación del capítulo sobre CDS: el CESE coincide en la necesidad de llevar a cabo revisiones y evaluaciones periódicas de la ejecución en materia de CDS. No obstante, lamenta la escasa visibilidad de la labor de los GCI y la falta de consideración de sus recomendaciones en estos procesos, especialmente en los informes anuales de ejecución. Los futuros informes deberían reflejar mejor los programas de trabajo de los GCI y las declaraciones conjuntas con los GCI asociados. En especial, el CESE lamenta la falta de avances hasta la fecha en la tarea de lograr que los capítulos sobre CDS vigentes sean aplicables en la práctica. En el caso del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (AECG), el CESE, el GCI de la UE y los GCI canadienses habían pedido en repetidas ocasiones que se avanzara con firmeza en la revisión temprana, a la que las Partes se habían comprometido en el Instrumento Interpretativo Conjunto destinado a lograr una aplicabilidad más efectiva de las disposiciones laborales y medioambientales. Este proceso de revisión debería prever la participación estrecha de los GCI de ambas partes.

4.11.

Manual de aplicación: el CESE considera positivo elaborar manuales de aplicación, con el fin de ayudar a los socios de los ALC a entender mejor los compromisos en materia de CDS y orientar su aplicación. Por lo que respecta a las cuestiones laborales, los interlocutores sociales deben ser considerados como socios principales sobre el terreno. Las bases de datos formales comparativas deben ir mucho más allá de los avances en la redacción de los acuerdos y centrarse en el nivel real de aplicación de las disposiciones sobre CDS.

4.12.

Aumentar los recursos: la UE debería destinar parte de sus recursos de ayuda para el comercio a apoyar la participación y el desarrollo de capacidades de los GCI y las organizaciones de la sociedad civil no pertenecientes a la Unión, con respecto al comercio sostenible y los esfuerzos de inversión.

4.13.

Acción por el clima: aunque el comercio no es el motor de la política climática, debería desempeñar el papel que le corresponde a la hora de contribuir a la agenda mundial sobre el clima, con un papel positivo para las empresas en la promoción de oportunidades en el sector de las tecnologías limpias, con especial atención a las pymes. Hacer del Acuerdo de París un «elemento esencial» de todos los futuros acuerdos comerciales amplios, es decir, suspenderlos en caso de incumplimiento, es un paso positivo que debería ampliarse para abarcar los convenios fundamentales y actualizados de la OIT.

4.14.

Comercio y trabajo: el CESE acoge con satisfacción la ampliación del alcance de las cuestiones laborales incluidas en los capítulos sobre CDS y anima a seguir actualizando los compromisos. Los capítulos sobre CDS deben tener vínculos más estrechos con la Declaración EMN de la OIT y con las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. La Comisión debería promover la ratificación de los convenios de la OIT incluidos en la Declaración EMN. La legislación avanzada de la UE, en particular sobre la gobernanza empresarial sostenible y la diligencia debida obligatoria, debe proporcionar un contexto continuado para el desarrollo ulterior de los capítulos sobre CDS. Sin embargo, para marcar la diferencia sobre el terreno, estos compromisos requieren una ejecución más proactiva y la mejora de la aplicabilidad.

Transparencia y comunicación

4.15.

Más transparencia y mejor comunicación: el CESE se une a todas las instituciones y partes interesadas que subrayan la importancia de la transparencia y la comunicación. La publicación de actas exhaustivas constituye un importante punto de acceso para la participación de la sociedad civil. Las reuniones del Diálogo con la Sociedad Civil de la Comisión representan un canal importante, pero deben mejorar hacia la consecución de un seguimiento más estructurado. A tal efecto, el CESE recomienda eliminar los compartimentos estancos, y garantizar que los canales de comunicación se refuercen mutuamente, con el PE, los Estados miembros y la sociedad civil.

4.16.

Respuesta en un plazo determinado a las peticiones en materia de CDS: el CESE acoge con satisfacción la puesta en marcha de un sistema de reclamaciones mediante la creación de un punto de acceso único y, en particular, de la Unidad específica a cargo del Alto Responsable de la Aplicación de la Política Comercial (CTEO) que se ocupa exclusivamente de las reclamaciones en materia de CDS. Es demasiado pronto para evaluar la eficacia, pero el CESE espera que la continua conformación de este mecanismo propicie la consideración y el seguimiento de las recomendaciones de la sociedad civil.

5.   Un enfoque de «nueva generación» para el comercio y el desarrollo sostenible

5.1.

Desde que se puso en marcha el plan de acción en 2018, el mundo del comercio ha evolucionado al igual que el debate sobre CDS. El Pacto Verde es un objetivo político general también para la agenda comercial de la UE. Los agentes institucionales, como el PE y los Estados miembros, piden cada vez más una reforma ambiciosa en materia de CDS. La pandemia de COVID-19 ha perturbado los flujos comerciales de un modo sin precedentes y ha puesto de manifiesto importantes problemas en las cadenas de suministro y de valor mundiales, a menudo relacionados con el incumplimiento de los compromisos en materia de CDS. El primer caso de resolución de diferencias relacionado con el CDS ha sometido al actual sistema a una «prueba de fuego» institucional. El nuevo CTEO generó grandes expectativas respecto de una mayor atención y recursos y nuevos instrumentos legislativos para aplicar y hacer cumplir mejor los compromisos en materia de CDS. Mientras tanto, socios comerciales de la UE, como Canadá y los Estados Unidos, han adoptado instrumentos de ejecución sólidos en sus propios ALC o, como Nueva Zelanda, han presentado propuestas ambiciosas en las negociaciones comerciales de la UE, garantizando que el comercio sea beneficioso para todos.

5.2.

El CDS no es solo un debate sobre valores, sino que es una cuestión de supervivencia tanto a escala de la UE como mundial. Al defender un enfoque holístico, el CESE apoya los esfuerzos de la UE para impulsar la agenda de sostenibilidad a nivel multilateral y pide alianzas estratégicas con socios comerciales clave sobre cuestiones prioritarias como la fuga de carbono o la diligencia debida. Reitera la necesidad de que la UE lidere una reforma ambiciosa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y rompa los tabúes, por ejemplo, sobre los aspectos sociales del comercio. Como replanteamiento positivo, el CESE acogió con satisfacción la reciente propuesta de los Estados Unidos de abordar el problema mundial del trabajo forzoso en los barcos pesqueros durante las negociaciones en curso de la OMC sobre las subvenciones la pesca (3).

5.3.

El CESE ha solicitado reiteradamente la integración de capítulos sobre CDS reforzados, al considerar que el plan de acción de quince puntos no estaba funcionando. En la misma línea, la Revisión de la política comercial de 2021 considera otras acciones sobre la aplicación y la ejecución efectivas de los capítulos sobre CDS, incluyendo, entre otras medidas, «la posibilidad de sanciones por incumplimiento».

5.4.

La experiencia adquirida y las lecciones aprendidas son suficientes ahora para reconsiderar el enfoque actual, y el CESE sugiere que se pongan en marcha iniciativas innovadoras para permitir que los capítulos sobre CDS cumplan plenamente sus compromisos jurídicamente vinculantes. Este debate debe considerar que las normas medioambientales y laborales ocupan una posición igualmente importante en el programa de aplicación y ejecución.

Los instrumentos políticos que proporcionan un impulso adicional a la aplicación del comercio y el desarrollo sostenible

5.5.

En mayo de 2020, Francia y los Países Bajos publicaron un documento no oficial en el que instan a la UE a mejorar su análisis de los aspectos socioeconómicos de los efectos comerciales y a elevar su ambición respecto al nexo entre el comercio y el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones (4), a la luz del Pacto Verde Europeo. El CESE acoge con satisfacción la adopción de un enfoque más analítico de los efectos comerciales y apoya firmemente la recomendación de incentivar la aplicación efectiva de los compromisos en materia de CDS con una reducción gradual de los aranceles, incluida la posibilidad de retirar líneas arancelarias específicas en caso de incumplimiento posterior, y la aclaración de las condiciones que deben cumplir los países para lograr estas reducciones.

5.6.

El CESE anima asimismo a mirar más allá del clásico conjunto de herramientas comerciales y a considerar las medidas de acompañamiento que podrían garantizar cambio efectivo sobre el terreno. La UE debería adoptar una Directiva ambiciosa sobre diligencia debida obligatoria que reconozca la responsabilidad basada en las normas actuales y ofrezca un marco jurídico claro y seguro para las empresas europeas y las de terceros países que desarrollan su actividad en la Unión. El CESE ha abogado firmemente por las obligaciones de diligencia debida en los acuerdos comerciales respecto de las cadenas mundiales de valor y suministro, con el fin de orientar las decisiones de gestión dirigidas a empresas sostenibles, desde el punto de vista económico, ecológico y social (5).

5.7.

Para avanzar en su agenda de desarrollo sostenible, la Comisión también tiene que considerar capítulos y ámbitos distintos de los capítulos tradicionales sobre CDS, como los relativos a la inversión, estableciendo vínculos y sinergias. Los inversores extranjeros deberían tener que cumplir con la diligencia debida antes de poder beneficiarse de la cobertura de un acuerdo internacional de inversión. Del mismo modo, las Partes en un ALC deberían garantizar que las empresas residentes en sus territorios cumplan los requisitos de diligencia debida (6).

5.8.

Para lograr un comercio sostenible, la UE debe introducir imperativamente disposiciones sobre la cooperación entre las partes en la lucha contra el blanqueo capitales, los delitos fiscales y la elusión fiscal. La corrupción también socava los esfuerzos de desarrollo sostenible y requiere la inclusión de estrictas normas comparables sobre su eliminación.

5.9.

La adjudicación de contratos públicos debe ser condicional y concederse a empresas de países que cumplan las normas fundamentales de la OIT y el Acuerdo de París. Los acuerdos de libre comercio de la UE deben promover asimismo las mejores prácticas sobre la forma de incluir criterios medioambientales y sociales en la contratación pública (7).

5.10.

Aunque el aspecto medioambiental de los capítulos sobre CDS ha experimentado su máximo avance en la última década, sigue habiendo dos retos. En primer lugar, las obligaciones climáticas en virtud del Acuerdo de París se reducen a una ejecución determinada a escala nacional, lo que dificulta determinar los incumplimientos. En segundo lugar, la falta de normas medioambientales internacionales, por ejemplo, para el aire limpio o el agua, dificulta establecer obligaciones. Es importante trabajar en la puesta en práctica de los compromisos medioambientales para acabar obteniendo normas, también vinculadas a la diligencia debida. A la luz de la pandemia de la COVID-19, se ha planteado la consideración de la biodiversidad con mayor urgencia que nunca. El Pacto Verde, las iniciativas legislativas de la UE en materia de economía circular o el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (8) se convierten en temas relevantes en el contexto del CDS.

5.11.

Adoptar una visión más global desvela graves problemas de sostenibilidad en los ALC que no pueden resolverse en el marco de los capítulos sobre CDS. Por ejemplo, la agricultura, uno de los principales ejes de negociación de la UE, tiene claras repercusiones en la sostenibilidad. El CESE hace especial hincapié en que la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la UE ocupen un lugar central en el análisis (9). Con el fin de lograr una cadena de suministro de alimentos más eficiente y justa, el CESE pide una aplicación fluida de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentaria.

Refuerzo de la aplicabilidad efectiva

5.12.

El CESE aboga desde hace tiempo por que un grupo de expertos renovado ponga en marcha un mecanismo de solución de diferencias entre Estados, con la posibilidad de imponer sanciones financieras o de otro tipo y de ofrecer compensaciones a la parte agraviada (10). Los GCI deben desempeñar un papel activo en el marco de la solución de diferencias. El equipo del CTEO debe investigar los casos presentados por un GCI e informar y hacer un seguimiento de cualquier medida de ejecución y de los informes del grupo de expertos.

5.13.

El CESE acoge con satisfacción el nuevo enfoque del ACC, que sitúa las condiciones de competencia equitativas y la sostenibilidad en el primer plano y aplica un mecanismo de solución de diferencias con acceso a vías de recurso para cualquier infracción. Este modelo «híbrido» combina el enfoque del grupo de expertos con un elemento ejecutable respecto a la persistencia en el incumplimiento, con disposiciones sobre no regresión o la ejecución a escala nacional de las disposiciones laborales, sociales, medioambientales o climáticas. Esto incluye una compensación temporal acordada entre las Partes, o la suspensión unilateral de las obligaciones por la Parte reclamante en cualquier ámbito (por ejemplo, aranceles comerciales, derechos de tráfico aéreo, acceso a pesquerías) bajo ciertas condiciones.

5.14.

Una secretaría laboral independiente para abordar las cuestiones laborales transnacionales en el marco de un ALC, incluidas las repercusiones en el mercado laboral, y para supervisar e investigar el cumplimiento de su capítulo laboral, y un mecanismo de reclamación colectiva deberían complementar la aplicación de los capítulos sobre CDS (11). En su calidad de organismo reconocido a nivel internacional, la OIT debería participar en la supervisión de la aplicación de sus convenios en los ALC. Su papel también debe reforzarse e institucionalizarse en lo que atañe a la correcta interpretación de los instrumentos de la Organización en caso de conflicto relativo a las normas internacionales del trabajo. La OIT debe participar sistemáticamente en la formulación de orientaciones dirigidas al grupo de expertos sobre estas cuestiones.

5.15.

El CESE sugiere que se estudien enfoques innovadores para la resolución de conflictos en materia laboral que permitan a los grupos de expertos internacionales ad hoc imponer soluciones correctivas a una empresa que infrinja las normas laborales internacionales acordadas. Los GCI del AECG de la UE y Canadá (12) dieron a conocer el ejemplo del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC (13), en virtud del cual las sanciones incluyen la suspensión de aranceles preferenciales sobre la base de una escala ascendente de gravedad y reincidencia. El objetivo sigue siendo fomentar, siempre que sea posible, la adopción de soluciones correctivas mediante la colaboración bilateral y el diálogo entre las partes. Sin embargo, al explicitar las consecuencias se disuade a las empresas de no cumplir los requisitos.

5.16.

Evaluar la ejecución sobre la base de casos litigados con éxito solo ofrece una imagen parcial, sobre todo teniendo en cuenta que el litigio es siempre un último recurso. La posibilidad de sanciones también constituye un «sólido estímulo» para el cumplimiento, independientemente de que se utilice o no. Finalmente, los «casos desestimados» y su evolución constituyen relatos interesantes que la CE debería considerar para llevar a cabo su estudio comparativo sobre los diferentes enfoques de los países. La mera comparación del texto de los acuerdos y la evolución de su redacción aportaría poca información significativa por sí sola. También es necesaria una evaluación cualitativa de los resultados de la aplicación, por ejemplo, aprovechando la experiencia de la sociedad civil en el asesoramiento sobre la negociación y el seguimiento de la aplicación de dichas disposiciones.

Marco de capacitación para la participación de la sociedad civil en los GCI

5.17.

Los GCI son un logro clave de los ALC de nueva generación, pero necesitan un marco institucionalizado más sólido para llevar a cabo con éxito las tareas de seguimiento, ya sea respecto del CDS o de los ALC de la UE en su conjunto.

5.18.

Las principales preocupaciones están relacionadas con el hecho de que algunos órganos de los GCI de los países socios no sean activos, representativos o incluso carezcan de independencia ante la influencia gubernamental. El problema suele derivarse de que los procesos de constitución no se especifican en el acuerdo, de la libertad de las partes para elegir los órganos existentes y de la falta de consecuencias cuando los compromisos no se cumplen. En especial, el CESE teme que la supresión del término «equilibrado» en el ACC con respecto a la composición de los GCI pueda afectar gravemente a su funcionamiento.

5.19.

En el marco de acuerdos comerciales regionales como los de la UE con América Central y con Colombia/Perú/Ecuador, o todo futuro ALC entre la UE y Mercosur, sigue existiendo preocupación por la creación de GCI individuales en cada país asociado. Este estricto enfoque «interno» constituye un grave obstáculo para cualquier compromiso significativo entre los GCI de los socios nacionales y sus homólogos de UE.

5.20.

Por lo tanto, los capítulos sobre CDS deben crear órganos de GCI a los que se asignen tareas específicas, que cuenten con una independencia, representatividad y composición equilibrada claramente definidas. Las partes deben rendir cuentas de su creación y funcionamiento. Los acuerdos regionales deben establecer órganos regionales conjuntos con un apoyo de secretaría adecuado. Las delegaciones de la UE y el CESE deberían apoyar el proceso de creación y funcionamiento, incluidas las directrices y las mejores prácticas. Asimismo, el CESE propone que se examine una mejor adecuación de las organizaciones representativas en los GCI de la UE y de fuera de ella, especialmente de las partes interesadas de los sectores empresarial y del medio ambiente.

5.21.

Para reforzar la colaboración de los GCI de la UE con sus homólogos de la sociedad civil en los países socios, es imprescindible celebrar reuniones conjuntas anuales entre GCI, que deberían incluirse en los propios ALC. El CESE considera que la creación de órganos conjuntos de la sociedad civil aporta un valor añadido y contribuye en gran medida, en particular, a apoyar a la sociedad civil de los países socios. Su papel especial debe mantenerse en los comités consultivos mixtos (CCM) como espacio esencial para el diálogo de la sociedad civil de ambas partes de acuerdos de asociación, como el Acuerdo UE-Chile (14).

5.22.

El papel del CESE a la hora de configurar y garantizar que los GCI sean realmente operativos es fundamental y debe reforzarse. En julio de 2021, el CESE estableció el camino a seguir organizando la primera reunión #AllDAGs que reunió a todos los miembros de los once GCI existentes para debatir medidas concretas de mejora. Al participar en todos los GCI, el CESE constituye un elemento esencial de las presidencias de estos Grupos, compuestas por un presidente y dos vicepresidentes, seleccionados de entre los tres grupos y todos los miembros de un GCI. La colaboración en el marco de las presidencias conjuntas de los GCI permite aprovechar la experiencia del CESE y de otras entidades distintas del Comité para dirigir el trabajo del GCI, práctica que debería mantenerse. En particular, para los GCI sobre Ucrania, Moldavia y Georgia, los miembros del CESE procedentes de países vecinos de la UE han demostrado ser extremadamente valiosos. Más allá del papel de sus miembros, el CESE también ayuda a los GCI proporcionando un valioso apoyo de secretaría.

5.23.

La mejora de la visibilidad y la estructuración de los canales institucionales son cruciales para lograr resultados. Las presidencias de los GCI deben contar con una invitación permanente para participar en las reuniones de los subcomités sobre CDS de las Partes y de los grupos de seguimiento del PE de los respectivos acuerdos. El grupo de expertos de los Estados miembros sobre CDS y el CTEO deberían colaborar estrechamente con los GCI, mediante estructuras de intercambio y presentación de informes. Esto debería complementarse con un intercambio de información con la OIT sobre la vertiente laboral de la aplicación de las normas en materia de CDS, y con las secretarías de los AMUMA sobre clima y medio ambiente. El Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones de la UE en los países asociados deben mantener sesiones informativas periódicas con los GCI y, en los países fijados, contar con el apoyo de agregados especializados en materia de trabajo y medio ambiente.

5.24.

El CESE subraya la necesidad de impulsar la cooperación con la sociedad civil, desde la configuración hasta el seguimiento de los instrumentos y los acuerdos comerciales. Pide que se restablezca el grupo de expertos sobre ALC, cuya necesaria y constante dedicación a las cuestiones comerciales no ha sido igualada. Los GCI también acumulan una gran cantidad de conocimientos técnicos especializados no utilizados sobre cuestiones transversales de CDS que deben aprovecharse plenamente.

5.25.

Los crecientes retos a los que se enfrentan los GCI requieren soluciones sistémicas con recursos adecuados, tanto humanos como financieros. Los propios GCI deberían participar más en las decisiones correspondientes.

5.26.

La racionalización de los GCI no es un objetivo en sí mismo. Cualquier posible nuevo enfoque, como centrar las estructuras más en temas individuales, tendrá que garantizar su funcionamiento eficaz para hacer frente a cualquier problema en la aplicación del acuerdo específico e involucrar a los propios GCI en su configuración. Las reuniones periódicas de todos los miembros de los GCI de la UE ayudarían a encontrar soluciones comunes a cuestiones transversales y ofrecerían una plataforma para debatir formas pragmáticas y prácticas antes de la próxima renovación de la composición de los GCI en la primavera de 2023.

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(1)  En 2020, un estudio de la Friedrich-Ebert-Foundation (FES) analizó las deficiencias de los GCI, y un grupo de organizaciones que forman parte de GCI, coordinado por CNV Internationaal, está elaborando actualmente un documento oficioso con recomendaciones sobre cómo reforzarlos.

(2)  DO C 374 de 16.9.2021, p. 73.

(3)  DO C 374 de 16.9.2021, p. 73.

(4)  Non-paper on trade, social economic effects and sustainable development, 2020.

(5)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 136 y DO C 429 de 11.12.2020, p. 197.

(6)  Ebd.

(7)  DO C 374 de 16.9.2021, p. 73.

(8)  Próximo dictamen NAT/834 sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.

(9)  Próximo Dictamen NAT/822 — Autonomía estratégica, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

(10)  DO C 364 de 28.10.2020, p. 53.

(11)  DO C 227 de 28.6.2018, p. 27.

(12)  Declaración conjunta del GCI de la UE y Canadá, septiembre de 2020.

(13)  Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

(14)  En un próximo Dictamen REX/536 se estudiará el marco para la participación de la sociedad civil a lo largo de todo el ciclo de vida de los acuerdos comerciales y políticos, cuya aprobación está prevista en la primavera de 2022.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Hacia una estrategia integral para un desarrollo urbano y rural sostenible»

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/08)

Ponente:	Josep PUXEU ROCAMORA
Coponente:	Piroska KÁLLAY

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Aprobación en sección	4.10.2021
Aprobado en el pleno	21.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	220/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE está convencido de que el futuro de Europa dependerá de lo que hagamos con las zonas rurales y que es necesaria una mayor cooperación con las zonas urbanas para garantizar que ninguna zona ni sus habitantes se queden atrás en la transición justa hacia una Unión Europea climáticamente neutra. Esto estaría en consonancia con los objetivos del Pacto Verde y Social Europeo, el paquete de recuperación «Next Generation EU», la Agenda Territorial 2030 y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible

1.2

El CESE considera que la UE debe reducir las diferencias entre los territorios mediante el fomento de políticas que procuren una transición justa y sostenible en todos los ámbitos y que garantice una buena calidad de vida en el mundo rural.

1.3

Debido a los retos del cambio climático y de las pandemias, el CESE destaca la urgente necesidad de actuar ahora e instaurar un cambio de paradigma para demostrar el valor añadido del trabajo conjunto así como promover el respeto y la comprensión mutuos, en beneficio de toda la ciudadanía.

1.4

Por consiguiente, el CESE pide a los responsables políticos que desarrollen y apliquen una estrategia global y holística de la UE para un desarrollo urbano y rural equilibrado, cohesionado, equitativo y sostenible, aprovechando el papel de las comunidades locales, impulsando las industrias tradicionales y creando nuevas actividades económicas y oportunidades de empleo en las zonas rurales, fomentando al mismo tiempo las sinergias con las zonas urbanas.

1.5

Con el fin de reforzar igualdad de condiciones entre las comunidades rurales y el medio urbano, el CESE formula las siguientes recomendaciones: 1. es necesario dotar de recursos suficientes a las políticas rurales, proporcionar infraestructuras de comunicación tecnológicas y de transporte (especialmente transporte público, que es absolutamente necesario para la vida cotidiana y el empleo), así como sistemas eficientes y de calidad en materia de enseñanza y prestación de servicios de salud. Estos deben estar perfectamente alineados con los servicios urbanos pertinentes (igualdad de condiciones en materia de salud); 2. la oferta de empleo, formación y vivienda debe reflejar y aprovechar los recursos naturales rurales, creando a la vez oportunidades de negocio innovadoras; 3. los parlamentos rurales y el desarrollo local participativo, como modelos de democracia participativa, deben ser apoyados por los responsables políticos y deben ser hacer partícipe a toda la población rural, incluidos los interlocutores sociales, las mujeres, las personas de edad avanzada o con minusvalías, las minorías y, especialmente, los jóvenes; 4. los bienes del patrimonio cultural deben protegerse y promoverse (1).

1.6

El CESE formula las siguientes recomendaciones para el desarrollo rural/urbano: 1. los gobiernos deben ser transparentes y equitativos a la hora de prestar servicios a la ciudadanía en todas las áreas; 2. las organizaciones de la sociedad civil, incluidos LEADER y los grupos de acción local, deberían desarrollar asociaciones locales rurales y urbanas para crear oportunidades económicas, sociales y medioambientales y fomentar una mayor comprensión de las interdependencias; 3. el modelo de gobernanza de los Consejos de Política Alimentaria podría servir de inspiración para una cooperación eficaz entre todos los agentes interesados a nivel local. Las posibilidades de teletrabajo, la necesidad de vivienda rural y el acceso al uso del suelo, se han visto alteradas por los nuevos impactos y desafíos ambientales y por la pandemia; 4. es positivo favorecer y apoyar el intercambio de buenas prácticas y casos de riesgo entre los territorios; 5. el acceso a una enseñanza de calidad en las zonas rurales puede ser uno de los factores que contribuyan al desarrollo económico local y puede ayudar a las comunidades rurales a adaptarse a un entorno en rápida evolución.

1.7

En particular, el CESE formula las siguientes recomendaciones a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales y regionales: 1. la visión a largo plazo de la Comisión para las zonas rurales (2) adoptada recientemente debe seguir desarrollándose para que constituya un compromiso rural y urbano en favor de un enfoque equitativo. Es importante mostrar el valor añadido cuando las organizaciones rurales y urbanas trabajan juntas, como por ejemplo la Iniciativa «De la Granja a la Mesa» y un Pacto Verde socialmente inclusivo; 2. la Comisión Europea debería apostar por la creación de un grupo de partes interesadas rurales y urbanas, basándose en la iniciativa de los pueblos inteligentes, para desarrollar buenas prácticas en modelos de asociación; 3. para apoyar el compromiso, debería haber inversión para proyectos piloto locales e incentivos o condicionalidades y premios paneuropeos para ejemplos progresivos que demostrarían acuerdos inclusivos.

1.8

El CESE se compromete, además, a colaborar con el Parlamento Europeo y el Comité Europeo de las Regiones mediante el encargo de estudios de investigación, la consulta a la sociedad civil organizada y la promoción de una Carta europea de derechos y responsabilidades rurales y urbanas.

1.9

El CESE incorporará una visión holística en sus futuros dictámenes sobre políticas territoriales, urbanas y rurales. A modo de ejemplo, el presente dictamen se presentó y debatió en varias secciones del CESE antes de su adopción.

2.   Introducción

2.1

Siguiendo las recomendaciones del Dictamen del CESE «Un enfoque integrado para las zonas rurales de la UE, con especial hincapié en las regiones vulnerables», adoptado en septiembre de 2020 (3), y de la audiencia organizada el 18 de junio de 2021 (4), el CESE pretende ahora definir cómo debe ser una estrategia de la UE sobre el desarrollo rural y urbano sostenible, analizando el marco general que vincula la política rural con todas las demás políticas pertinentes, identificando los retos y los obstáculos existentes, y destacando el papel de la sociedad civil, las empresas y las comunidades locales en la elaboración de enfoques ascendentes. El CESE contribuirá activamente a garantizar que esta estrategia se tenga en cuenta a la hora de diseñar las políticas de la UE.

2.2

Es esencial gestionar mejor la diversidad que existe en las zonas rurales en base a las oportunidades de cada una. Hay zonas rurales que, debido a su proximidad a las zonas urbanas, pueden beneficiarse del «efecto aglomeración» a través de la interacción urbano-rural; y otras, que son más remotas dependen mucho más de un sector, a menudo la agricultura, la silvicultura, la pesca o la minería, y en ellas la interacción con las ciudades es menos visible.

2.3

Aunque las zonas rurales y urbanas son dos zonas diferentes con sus propias características específicas y con un desarrollo desigual, la realidad demuestra que están estrechamente interrelacionadas. Estas interdependencias son al mismo tiempo cada vez más complejas y dinámicas, y contienen flujos estructurales y funcionales de personas y bienes de capital, información, tecnología, y estilos de vida. Por lo tanto, es crucial alcanzar un equilibrio entre las zonas rurales y urbanas, dos tipos de áreas que se necesitan mutuamente y que no pueden subsistir la una sin la otra.

2.4

El ideal de modo de vida rural como situación de bienestar y calidad de vida para la ciudadanía debe ser un objetivo a conseguir incluso en zonas remotas o desfavorecidas. La estrategia debe buscar la fórmula para alcanzar el equilibrio necesario y la manera de complementarse para lograr la sostenibilidad en el futuro.

2.5

Los desafíos que afrontan las zonas rurales (cambio demográfico, despoblación, brecha digital, bajos niveles de ingresos, acceso limitado a ciertos servicios, necesidad de mejores perspectivas de empleo o impactos específicos del cambio climático) solo pueden abordarse desde una perspectiva territorial integral y renovada que avance en busca de una relación recíproca de desarrollo.

2.6

Este nuevo contexto, que va más allá del vínculo tradicional entre las zonas rurales, centradas en el sector agrícola y disociado del entorno urbano, exige que las medidas de desarrollo rural se basen en un enfoque multisectorial e integrado en todas las regiones, que aproveche las sinergias y se complemente con las zonas rurales, urbanas e intermedias.

3.   Retos y propuestas de acción

3.1

El planteamiento tradicional que distinguía claramente entre mundo rural y mundo urbano necesita nuevos conceptos, nuevas interpretaciones y planteamientos; por otra parte, para definir la región en cuestión debe tenerse en cuenta la realidad local.

3.2

El futuro desarrollo de los territorios europeos debe basarse en la complementariedad entre las zonas rurales y urbanas y en la coordinación de las políticas dirigidas a ellas, con el objetivo último de lograr la cohesión social y económica y la sostenibilidad medioambiental de dichos territorios.

3.3

El CESE considera que es necesaria una mayor coherencia en los enfoques estratégicos de desarrollo rural y urbano para evitar solapamientos y discrepancias entre estrategias (por ejemplo, la estrategia de los grupos de acción local, la estrategia de inversión territorial integrada, la estrategia de desarrollo local y la estrategia de desarrollo regional) y facilitar su aplicación por parte de los agentes locales en procesos de desarrollo e inversiones.

3.4

El desarrollo rural y urbano debe regirse de conformidad con los principios establecidos en la Agenda Territorial 2030 de la UE, la Carta de Leipzig, la Agenda Urbana de las Naciones Unidas, la Agenda Urbana de la UE, el Pacto de Ámsterdam, la Declaración de Cork 2.0 sobre una vida mejor en el medio rural y los Principios de la OCDE sobre política urbana y sobre política rural, en los que se estudian las asociaciones temáticas y la gestión compartida entre zonas urbanas y rurales.

3.5

Las ciudades medianas juegan un papel clave conectando las áreas metropolitanas urbanas con las rurales, por lo que merecen una atención especial tanto en la planificación territorial como en la asignación de recursos y servicios. Muchas ciudades europeas (en particular Toulouse en Francia, Manresa en España, Turín en Italia y Aalborg en Dinamarca) ya han implementado enfoques muy satisfactorios. Las redes de ciudades como ICLEI (5), Eurotowns (6) y Eurocities (7) son agentes clave para intercambiar experiencias y promover mejores prácticas.

3.6

La interacción entre el campo y la ciudad debe figurar en la agenda política, y tenemos que facilitar su comprensión entre los responsables políticos y los que elaboran las políticas, así como promover formas de organizarlas en la esfera local.

3.7

La investigación financiada con fondos europeos también debe seguir explorando formas de promover un desarrollo rural o urbano equitativo y sostenible y de revitalizar el desarrollo económico de las zonas rurales. Proyectos como ROBUST (8), RUBIZMO (9) y LIVERUR (10) deberían desarrollarse más y desembocar en cambios concretos.

3.8

Lograr la sostenibilidad (económica, social y medioambiental) de estos territorios, tanto rurales como urbanos, requiere una política integral, y vinculada a la realidad socioeconómica, cultural y etnográfica de cada zona, promoviendo la cooperación entre las zonas rurales y urbanas y el compromiso entre los distintos agentes sociales y económicos, además de mecanismos de gobernanza adecuados con las administraciones locales.

3.9

Las zonas rurales remotas están aún más expuestas a los retos que afrontan las zonas rurales en general y, por lo tanto, requieren unas políticas y un tratamiento específicos. Además de resolver los problemas relativos a las dificultades de acceso a los servicios públicos, incluidas la sanidad y la educación, el CESE propone la creación de programas de regeneración del ecosistema económico local en cooperación con localidades vecinas.

3.10

Muchos de los retos que afrontan las zonas rurales van más allá del ámbito y los fondos de la política agrícola común (PAC), como se destaca en nuestro reciente Documento informativo sobre la evaluación del impacto de la PAC en el desarrollo territorial de las zonas rurales (11), y por lo tanto es necesario avanzar hacia un enfoque integrado de la acción y la financiación en las diversas políticas que tienen un impacto en las zonas rurales. Los fondos previstos por las políticas nacionales deben completar los fondos asignados por la PAC al desarrollo rural.

3.11

Las políticas agrarias, alimentarias y rurales deben estar en línea con las políticas de clima y biodiversidad, las políticas destinadas a reducir la pobreza, las políticas de infraestructuras y transporte, las políticas de educación y formación, las relativas a la prestación de servicios básicos de interés general (sanidad, vivienda, etc.), las que fomenten el desarrollo de nuevas actividades basadas en la economía circular y la bioeconomía, la digitalización o la lucha contra la despoblación.

3.12

Estas políticas también deben ser coherentes y complementarias con estrategias europeas como el Pacto Verde Europeo (12) o «De la Granja a la Mesa» (13), en particular, con la nueva Estrategia Industrial (14), que define al sector agroalimentario como uno de los ecosistemas estratégicos clave de la UE, así como las políticas que garantizan la seguridad alimentaria. Experimentar con nuevas formas de cooperación urbano-rural en el contexto del Pacto Verde Europeo no es solo un requisito previo sino también una oportunidad para lograr una transición justa y un desarrollo sostenible territorialmente equilibrado.

3.13

La gobernanza y la armonización de los fondos europeos, nacionales y subnacionales deben mejorarse para enfocar mejor el desarrollo sostenible abordando mejor las cuestiones horizontales y atendiendo siempre las necesidades de cada territorio.

3.14

El CESE llama la atención sobre la necesidad de garantizar el acceso a unas finanzas sostenibles y el diseño de instrumentos financieros específicos para el desarrollo rural y para el urbano, teniendo en cuenta la estructura de riesgo y las características de la combinación económica. Además, la taxonomía y el enfoque presupuestario para las zonas rurales deben tener en cuenta sus necesidades de desarrollo e inversión.

3.15

Este enfoque integrado requiere la coordinación entre las distintas administraciones y órganos de gestión, incluidas las numerosas Direcciones de la Comisión Europea que se ocupan de las políticas transversales. Esta coordinación horizontal implica un enfoque en el que los responsables políticos incorporan las cuestiones rurales en todas las políticas para garantizar que se tengan en cuenta las necesidades rurales.

3.16

El éxito de la coordinación entre administraciones debe tener en cuenta los siguientes aspectos: i) identificar la escala correcta de intervención; ii) establecer un claro papel de liderazgo en la coordinación de políticas; iii) fortalecer los acuerdos de cooperación entre regiones o municipios; iv) promover asociaciones entre las zonas rurales y urbanas para explotar los vínculos funcionales; v) mejorar la coordinación vertical entre los niveles de gobierno.

3.17

Es necesario mantener un vínculo directo con los territorios rurales a través del papel activo de las regiones de la UE, que desempeñan una función esencial en la elaboración y ejecución de las políticas de desarrollo rural a escala local. La participación de múltiples partes interesadas y un enfoque ascendente son ingredientes clave para garantizar la sostenibilidad y la apropiación local de las políticas rurales. El CESE pide que se tenga en cuenta el papel que pueden desempeñar los grupos de acción local y el modelo de desarrollo local liderado por la comunidad.

3.18

El CESE sugiere, además, que se utilice el modelo de gobernanza de los consejos locales y nacionales de política alimentaria como inspiración para una cooperación eficaz entre todos los agentes interesados a escala local.

3.19

Deben avanzarse en los contratos territoriales apoyados por políticas de compromiso, que requieren definir objetivos, aunar fuerzas, incentivar compromisos públicos y privados con enfoque territorial, desarrollar mecanismos de cooperación interinstitucional e intersectorial, crear una nueva estructura institucional promover el desarrollo sostenible, reconocer la diversidad de las zonas rurales y promover los vínculos urbano-rurales. A este respecto, las empresas y organizaciones del sector agroalimentario tienen ahora la oportunidad de adherirse al Código de conducta de la UE sobre Prácticas Empresariales y de Comercialización Responsables en el Sector de la Alimentación (15), puesto en marcha por la Comisión como parte de la Estrategia «De la Granja a la Mesa».

3.20

Los contratos territoriales deben basarse en la equidad y el respeto. En Inglaterra, Gales y Escocia existen códigos de conducta rurales para ayudar a la ciudadanía a entender cómo respetar las zonas rurales. Estos podrían convertirse en una Carta de Derechos y Responsabilidades a escala europea para unas relaciones rurales y urbanas equitativas y sostenible (16). A su vez, dicha Carta debería incorporarse a la educación cívica para toda la ciudadanía.

3.21

El CESE reconoce que no existen fórmulas uniformes aplicables a los diferentes territorios, y que cada unidad territorial debe centrarse y especializarse, respetando la singularidad, la diversidad y la multifuncionalidad de los usos, encontrando soluciones sobre la base de su propio potencial, necesidades, capacidades e ilusiones. El uso de las infraestructuras existentes y la reflexión sobre el desarrollo de otras nuevas deben considerarse a escala mundial, al tiempo que se analizan las tendencias para invertir en los lugares adecuados.

3.22

La necesidad de mejorar las oportunidades de empleo: i) la pandemia de COVID-19 ha acelerado los procesos de digitalización y ecologización que requieren esfuerzos para sostenerse en el tiempo; ii) es necesario crear y mantener nuevas oportunidades de empleo en las zonas rurales, incluidas las relacionadas con la prestación de servicios rurales, el teletrabajo, las nuevas tecnologías o las energías renovables; iii) el fortalecimiento de los aspectos multifuncionales de la agricultura, el fomento de las actividades no agrícolas, el establecimiento de empresas en el sector de los servicios de energía limpia e industrias en las zonas rurales pueden crear muchas oportunidades de empleo; iv) fomentar el emprendimiento, garantizar unas normas de competencia equitativas para las pymes y prestar atención a las necesidades de las generaciones más jóvenes (por ejemplo, el trabajo a distancia); v) mantener el empleo y el comercio de proximidad. La visión urbano-rural ofrece oportunidades para desarrollar una economía circular; vi) promover el trabajo decente y mejorar las condiciones de trabajo en las zonas rurales, al tiempo que se asegura de que todas las voces responsables formen parte del proceso de mejora; vii) conectar la demanda de los consumidores con los mercados regionales y rurales, mediante la comercialización de productos locales y etiquetas de calidad; viii) debería fomentarse ampliamente la creación de oportunidades culturales en las zonas rurales, incluida la promoción de actos culturales y la protección de los edificios históricos y religiosos situados en entornos rurales (iglesias, castillos, etc.); ix) los procesos de digitalización abren nuevas oportunidades que podrían crear expectativas e incentivos para la ciudadanía —especialmente para los jóvenes— y suscitar un cambio en las tendencias a la despoblación y la calidad de vida en las zonas rurales. Para ello, el medio rural necesita contar con una infraestructura adecuada que garantice la conectividad. Las estrategias de conectividad y las plataformas digitales ofrecen soluciones en este ámbito, mientras que una legislación sobre cuestiones digitales en las zonas rurales facilitaría el desarrollo de tecnologías digitales en la agricultura y las zonas rurales; x) hay que apoyar la agricultura y la acuicultura sostenibles (17) en las zonas rurales y periurbanas, junto con el ecoturismo, el ocio y las actividades educativas sobre sostenibilidad, y estas actividades deben ser compatibles con la protección de la biodiversidad, a fin de garantizar la calidad de vida de las personas; xi) una enseñanza rural de calidad y accesible, a partir de los primeros años de la infancia, puede ayudar a mejorar los resultados de la educación, mientras que el acceso a los servicios públicos, como la atención a la infancia y las escuelas, es un factor basado en la localización que determina el atractivo de las zonas rurales, en particular para los trabajadores altamente cualificados.

3.23

El crecimiento económico y la creación de empleo son importantes, pero deben completarse con una oferta suficiente de servicios, vivienda, energía, ocio, enseñanza y formación, aprendizaje permanente y sistemas sanitarios de buena calidad garantizando que las zonas rurales no solo sean sostenibles, sino también atractivas para vivir. Es urgente que la UE desarrolle los fundamentos de una economía del bienestar sostenible e inclusiva que funcione para todos (18).

3.24

En particular, el desarrollo continuo de un transporte público asequible debe ser una prioridad para el desarrollo de las zonas rurales y, por ende, para la conectividad con las zonas urbanas. La oferta de transporte público asequible es absolutamente necesaria para la vida cotidiana y el empleo, en relación con la accesibilidad de servicios públicos esenciales, como escuelas, guarderías, médicos o farmacias y con los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

3.25

Esto requiere nuevas formas de prestación de servicios rurales: i) prestación de servicios integrados (trabajo compartido por varios servicios en un mismo espacio; colaboración entre proveedores de servicios; cooperación entre equipos de profesionales; coproducción entre organizaciones públicas, privadas, y comunitarias); ii) enfoque de la prestación de servicios alternativos y más flexibles (por ejemplo, servicios itinerantes que van al encuentro de la ciudadanía; modelos de sistemas radiales, donde los servicios se prestan regularmente desde una ubicación central; servicios mejor adaptados a las necesidades locales); iii) soluciones tecnológicas y digitales, en particular en los sectores de la enseñanza y la salud.

3.26

Una estrategia global para alcanzar umbrales de servicio en diferentes territorios y el intercambio de servicios entre diferentes partes de los territorios son elementos clave para el diseño de áreas urbanas y rurales sostenibles.

3.27

Es necesario diseñar una estrategia que, mediante la mejora de los servicios rurales y las nuevas oportunidades de empleo, permita asentar a la población y, sobre todo, garantizar la necesaria renovación generacional.

---

(1)  Dictamen del CESE titulado «La contribución de las zonas rurales de Europa al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para garantizar la sostenibilidad y la cohesión entre zonas urbanas y rurales» (DO C 440 de 6.12.2018, p. 22).

(2)  COM(2021) 345 final.

(3)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 60.

(4)  Hacia una estrategia holística sobre el desarrollo rural y urbano sostenible y equitativo — Comité Económico y Social Europeo.

(5)  https://www.iclei.org

(6)  https://www.eurotowns.org/

(7)  https://eurocities.eu

(8)  https://rural-urban/eu

(9)  https://rubizmo.eu

(10)  https://liverur.eu/

(11)  https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/information-reports/evaluation-caps-impact-territorial-development-rural-areas-information-report

(12)  Pacto Verde Europeo — Comisión Europea.

(13)  Estrategia «De la Granja a la Mesa».

(14)  Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa.

(15)  Código de conducta (europa.eu).

(16)  The Countryside Code: advice for countryside visitors gov.uk.

(17)  Véanse los Dictámenes titulados Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE — NAT/816 (DO C 517 de 22.12.2021, p. 103) y Nuevo enfoque para una economía azul sostenible en la UE — NAT/817 (DO C 517 de 22.12.2021, p. 108).

(18)  Dictamen del CESE titulado La economía sostenible que necesitamos, DO C 106 de 31.3.2020, p. 1.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Autonomía estratégica, seguridad alimentaria y sostenibilidad»

(Dictamen de iniciativa)

(2022/C 105/09)

Ponente:

Klaas Johan OSINGA

Decisión del Pleno	25.3.2021
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Aprobado en sección	4.10.2021
Aprobado en el pleno	20.10.2021
Pleno n.o	564
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	128/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE propone una definición de autonomía estratégica abierta aplicada a los sistemas alimentarios sobre la base de la producción alimentaria, la mano de obra y el comercio justo, con el objetivo general de garantizar la seguridad y la sostenibilidad alimentarias para toda la ciudadanía de la UE mediante un suministro de alimentos justo, saludable, sostenible y resiliente.

1.2.

En particular, los sistemas alimentarios de la UE deben ser más diversificados, la mano de obra agrícola debe reforzarse, especialmente atrayendo a personas jóvenes y garantizando unas condiciones de trabajo y una remuneración dignas, y las políticas comerciales deben ajustarse a las normas de sostenibilidad alimentaria y de competitividad de la UE (1).

1.3.

La mejor manera de garantizar la autonomía estratégica abierta y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios es desarrollar instrumentos que incluyan medidas de gestión del riesgo para ayudar a las cadenas de suministro alimentario a hacer frente a situaciones extremas y a las autoridades nacionales y de la UE a adoptar medidas inmediatas.

1.4.

Los recientes acontecimientos provocados por la COVID-19, los fenómenos meteorológicos extremos debidos a las perturbaciones del clima y los ciberataques demuestran la necesidad de mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. En el marco de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Comisión Europea está elaborando un plan de contingencia de la UE para garantizar el abastecimiento alimentario y la seguridad alimentaria de la UE y un mecanismo de la UE asociado para responder a las crisis alimentarias (2). Esto debe ayudar a aumentar la sensibilización ante los riesgos e incluir la detección, la evaluación, la cartografía y el seguimiento de los riesgos clave mediante pruebas de resistencia de los sistemas críticos a escala de la UE y de los Estados miembros, así como contribuir a establecer medidas vinculantes que resuelvan los problemas que se plantean.

1.5.

La UE necesita un sistema para evitar hechos como cortes de electricidad y averías en la red o ciberataques que se sucedan fuera de control debido a dependencias. Por ejemplo: una ciudad que necesite permanecer confinada durante varias semanas, un corte de electricidad que dure varios días, un ataque informático a una empresa o a un minorista del sector de la alimentación.

1.6.

Para mejorar los mecanismos de respuesta, es necesario desarrollar los sistemas alimentarios existentes y, al mismo tiempo, diversificar los sistemas alimentarios, incluidos los modelos de negocio para tiendas de explotaciones agrícolas, agricultura urbana, agricultura vertical y aplicar en general el enfoque «local-for-local» (desarrollo local de soluciones adaptadas a necesidades locales). Esto requiere una aplicación a mayor escala de investigación e innovación por parte de los agricultores y cultivadores y debería contribuir a minimizar los riesgos de aparición de «desiertos alimentarios» y los derivados de la especialización de la producción (3). Al mismo tiempo, deben reforzarse las ventajas del sistema de distribución eficiente desde las explotaciones hasta los puntos de transformación y los mercados.

1.7.

Para garantizar la producción a largo plazo de alimentos suficientes y saludables y unos medios de vida viables, es importante que los recursos naturales se utilicen de manera sostenible, preservando los recursos hídricos y del suelo, luchando contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y protegiendo el bienestar de los animales. La UE debe también reforzar la producción local y regional para combinar una producción y una transformación de alimentos bien equilibradas con una huella de carbono baja.

1.8.

La PAC desempeña un papel esencial en los ámbitos económico, social y medioambiental. Debería estabilizar los mercados durante las crisis, al tiempo que proporciona una red de seguridad para los agricultores y los transformadores y protege el medio ambiente, la mano de obra, el clima y el bienestar animal. La PAC desempeña un papel en el mantenimiento de la capacidad estratégica de producción y en la seguridad y la inocuidad de los alimentos.

1.9.

Las explotaciones, las tierras agrícolas fértiles y los recursos hídricos son activos estratégicos y deben protegerse hasta cierto nivel en toda la UE: constituyen la columna vertebral de nuestra autonomía alimentaria estratégica abierta.

1.10.

El CESE reitera su recomendación de estudiar la posibilidad de crear un Consejo Europeo de Política Alimentaria con múltiples niveles y partes interesadas (4). En el contexto de la autonomía estratégica abierta, dicho Consejo podría ejercer, entre otras, una función de supervisión y ayudar a evaluar y anticipar los riesgos en la cadena de suministro alimentario.

1.11.

La UE debe garantizar que las fronteras se mantengan abiertas de manera segura y que siga funcionando la logística y disponiéndose de mano de obra para la producción y distribución de alimentos («corredores verdes»), tanto en el interior de la UE como hacia terceros países. Esto requiere un sólido mecanismo de coordinación entre los Estados miembros, la Comisión Europea y terceros países.

2.   Introducción

2.1.

El objetivo del presente Dictamen de iniciativa es explorar el concepto de «autonomía estratégica abierta» para Europa en relación con la seguridad y sostenibilidad alimentarias en el futuro y poner de relieve con carácter prospectivo las opiniones y recomendaciones políticas de la sociedad civil. En particular, el Dictamen ofrece elementos de reflexión sobre cuestiones planteadas por acontecimientos recientes como la COVID-19, los fenómenos meteorológicos extremos, los ciberataques y las tensiones políticas y sociales.

2.2.

La «autonomía estratégica abierta» debe considerarse una oportunidad para que la UE garantice la seguridad de su suministro alimentario y establezca normas exigentes de sostenibilidad, en particular en el contexto del Pacto Verde Europeo y de los ODS de las Naciones Unidas. Es necesario abordar el reto europeo de la sostenibilidad alimentaria tanto a nivel interno como externo, y el presente Dictamen examinará también posibles maneras de proteger y mejorar la disponibilidad de alimentos sostenibles para toda la ciudadanía europea, especialmente en tiempos de crisis.

2.3.

El Dictamen se basa en una serie de propuestas e ideas concretas ya presentadas por el CESE en sus trabajos anteriores (5). Dichas propuestas pueden quedar resumidas como sigue: — fomentar una política alimentaria integral en la UE, con el objetivo de promover dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, vinculando la agricultura a la nutrición y los servicios ecosistémicos y garantizando cadenas de suministro que protejan la salud pública para todos los sectores de la sociedad europea. Esa política, que ahora se refleja en la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión, debería mejorar la coherencia entre los ámbitos políticos relacionados con la alimentación, restaurar el valor de los alimentos y promover un cambio a largo plazo desde el productivismo y el consumismo alimentarios hacia una ciudadanía alimentaria; — aumentar el potencial de las cadenas cortas de suministro de alimentos, de la agroecología y de los regímenes de calidad de los productos alimentarios; — garantizar precios justos y prohibir las prácticas comerciales desleales; — incorporar en todos los futuros acuerdos comerciales de la UE la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad presentes en el Pacto Verde como normas mundiales de sostenibilidad; — garantizar la implicación y participación estructuradas de la sociedad civil y de todas las partes interesadas de toda la cadena de suministro alimentario, en particular a través de un Consejo Europeo de Política Alimentaria.

2.4.

Por último, el Dictamen de iniciativa tiene por objeto proporcionar información valiosa para el trabajo en curso sobre la Estrategia «De la Granja a la Mesa» del Pacto Verde, la PAC, el examen de las políticas comerciales y la agenda de prospectiva estratégica, poniendo la seguridad y la sostenibilidad alimentarias de la UE en el centro del análisis.

2.5.

En septiembre de 2021, las Naciones Unidas celebraron una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, con el objetivo de ayudar a los países a alcanzar los 17 ODS, en particular el ODS 2: hambre cero. El CESE aportó una contribución al debate (6).

3.   Autonomía estratégica abierta, los elementos clave del sistema alimentario

3.1.

Según la Comisión Europea, la «autonomía estratégica abierta» es la capacidad de la UE para tomar sus propias decisiones y dar forma al mundo que la rodea a través del liderazgo y la colaboración, reflejando sus valores e intereses estratégicos. Permite a la UE ser más fuerte, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico, al mantener una posición (7): — abierta al comercio y a la inversión, que ayude a la economía de la UE a recuperarse de las crisis y seguir siendo competitiva y conectada con el mundo; — sostenible y responsable, que asuma el liderazgo internacional para configurar un mundo más ecológico y justo, reforzando las alianzas existentes y colaborando con muchos socios; — firme contra las prácticas desleales y coercitivas y dispuesta a hacer valer sus derechos, al tiempo que favorece la cooperación internacional para resolver los problemas mundiales.

3.2.

La «autonomía estratégica abierta» debe definirse mejor en lo que respecta a los sistemas alimentarios. El CESE quiere contribuir a la reflexión sobre cómo puede estar mejor preparada la UE para futuras crisis. Esto debería formar parte del Plan de Recuperación de la UE, por ejemplo mediante la utilización de los fondos del instrumento NextGenerationEU.

3.3.

El CESE propone una definición de la autonomía estratégica abierta basada en la producción de alimentos, la mano de obra y el comercio justo, con el objetivo general de garantizar la seguridad y la sostenibilidad alimentarias para toda la ciudadanía de la UE mediante un suministro de alimentos justo, sostenible y resiliente.

3.4.   Producción alimentaria

3.4.1.

La seguridad alimentaria debe abordarse desde una perspectiva internacional, nacional y local. El 55 % de la población mundial vive en ciudades donde se producen pocos alimentos frescos, los denominados desiertos alimentarios. Las Naciones Unidas esperan que este porcentaje aumente hasta el 68 % de aquí a 2050. Las proyecciones muestran que la urbanización, combinada con el crecimiento global de la población mundial, podría añadir otros 2 500 millones de personas a las zonas urbanas de aquí a 2050 (8). Se espera que el grado de urbanización de Europa aumente hasta aproximadamente el 83,7 % en 2050 (9).

3.4.2.

Dentro del mercado interior de la Unión Europea, los alimentos se transportan a diario en su mayoría desde las zonas rurales y las industrias de transformación a los supermercados de las zonas urbanas. Sin embargo, las tiendas locales, las tiendas de las explotaciones agrícolas y las tiendas en línea han disfrutado de una popularidad cada vez mayor entre los consumidores durante los confinamientos de 2020/2021.

3.4.3.

El desarrollo de cadenas de distribución cortas contribuye a la resiliencia de Europa. Los canales locales deben estar adaptados a las necesidades de las poblaciones y a las especificidades de los territorios y climas. Las capacidades de transformación deberían desarrollarse más a nivel local.

3.4.4.

La diversificación de la producción también ayudará a aumentar la resiliencia de la UE. La Estrategia «De la Granja a la Mesa» prevé un aumento del suelo agrícola dedicado a la agricultura ecológica, y los huertos, la agricultura urbana y vertical (10) son opciones válidas, y cada vez más populares, que evitan que los alimentos recorran grandes distancias. Estas iniciativas deben vincularse a otras formas locales y regionales de producción y transformación de alimentos para crear una red segura.

3.4.5.

La cartografía de las vulnerabilidades debería ocupar un lugar prioritario en la agenda de la UE. Los Estados miembros y la Comisión Europea deben cooperar en la detección de lagunas, la reducción del desperdicio de alimentos, el desarrollo de hipótesis de trabajo y la coordinación de una formación y una comunicación específicas.

3.4.6.

La gestión inteligente de las reservas de alimentos debe formar parte de la autonomía estratégica abierta de la UE en materia de alimentación. Esto debería incluir la rotación periódica de las existencias estratégicas, evitando al mismo tiempo la especulación por parte de los operadores, en particular la compra de materias primas y alimentos por debajo del precio de coste (11), y las fuertes reacciones del mercado, para lo que hay que garantizar su transparencia.

3.5.   Mano de obra

3.5.1.

No hay suficientes personas jóvenes formadas y dispuestas a dedicarse a la agricultura. En 2016, por cada agricultor de la UE menor de 35 años, había más de seis agricultores mayores de 65 años (12).

3.5.2.

Además, los agricultores siguen absorbiendo una parte desproporcionada de los daños y pérdidas provocados por las catástrofes. Su frecuencia e intensidad crecientes, junto con el carácter sistémico del riesgo, están trastocando la vida de las personas, devastando sus medios de subsistencia y poniendo en peligro todo nuestro sistema alimentario.

3.5.3.

Es esencial aumentar la mano de obra agrícola en Europa, proteger la actividad agraria y las tierras agrícolas fértiles y proporcionar sistemas de conocimiento e innovación agrícolas (SCIA) adecuados. Debe alentarse a los jóvenes y a las mujeres a incorporarse a la agricultura, así como dar incentivos para que permanezcan trabajando en las explotaciones a largo plazo.

3.5.4.

Garantizar unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de la UE y de fuera de ella en la agricultura y el sector alimentario en todos los niveles de la cadena de suministro es un requisito previo para la aplicación de un sistema alimentario sostenible y resiliente. Debe existir una financiación adecuada, salarios justos y más elevados y precios justos, deben concederse subvenciones a la adaptación al cambio climático y otorgarse derechos a los trabajadores temporeros.

3.5.5.

Según el CESE, una política alimentaria integral de la UE debería ofrecer sostenibilidad económica, medioambiental y sociocultural. Por eso resulta imperativo garantizar que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» efectúe una reforma a fondo de la dinámica de las cadenas de suministro y consiga mejoras duraderas en la renta y los medios de vida de los agricultores (13). Cabe preguntarse si este cambio profundo necesario se producirá si no se crean los incentivos políticos y económicos adecuados.

3.6.   Comercio

3.6.1.

Las exportaciones agroalimentarias de la EU-27 en 2020 se valoraron en 184 300 millones EUR, lo que representa un aumento del 1,4 % respecto a 2019, mientras que las importaciones, con 122 200 millones EUR, fueron un 0,5 % superiores a las del año anterior. El superávit del comercio agroalimentario en 2020 fue de 62 000 millones EUR, lo que supone un aumento del 3 % con respecto a 2019 (14). Según el JRC, 1 000 millones EUR de exportaciones agroalimentarias crean una media de 20 000 puestos de trabajo, de los cuales 13 700 corresponden al sector primario. Al mismo tiempo, la agricultura representaba alrededor del 4,2 % del empleo total en la UE en 2016 (15).

3.6.2.

El Reino Unido, los Estados Unidos, China, Suiza y Japón fueron los mayores mercados agroalimentarios de la UE, que recibieron más del 52 % de todas las exportaciones. Las mayores fuentes de importaciones agroalimentarias de la UE en 2020 fueron el Reino Unido, Brasil, los Estados Unidos, Ucrania y China.

3.6.3.

La UE desempeña un papel fundamental en el comercio mundial de productos agroalimentarios y es esencial que sus políticas comerciales se ajusten a sus objetivos sostenibles. En un Dictamen anterior (16), el CESE propuso que todos los futuros acuerdos comerciales de la UE incorporaran la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad previstas en el Pacto Verde como normas mundiales de sostenibilidad. Reconoció la importancia y el valor de un comercio basado en normas que funcione en igualdad de condiciones y la importante contribución que aportará a la recuperación económica después de la COVID-19.

3.6.4.

Para reducir la dependencia de los insumos agrícolas, la UE debe apoyar las prácticas de bajos insumos, especialmente en términos de combustibles fósiles y plaguicidas, y estimular la capacidad de producción dichos insumos en Europa.

3.6.5.

Se necesitan sistemas innovadores para proteger y mejorar la base de recursos naturales, promoviendo al mismo tiempo una producción eficiente (17). Las nuevas tecnologías, robots y vacunas son activos importantes que deben desarrollarse.

4.   Gestión de riesgos y escenario de pruebas de resistencia

4.1.

Según la FAO, la humanidad y nuestra seguridad alimentaria se enfrentan a una serie de amenazas nuevas y sin precedentes, como fenómenos meteorológicos extremos debidos a las perturbaciones del clima, enfermedades y pandemias. La agricultura se enfrenta a una serie de riesgos que interactúan en un mundo hiperconectado (18).

4.2.

La FAO informa de que, durante 2020/2021, los precios de los alimentos alcanzaron su nivel más alto desde 2011 (19). A menudo se afirma que la volatilidad de los precios está impulsada en parte por la especulación. Las Naciones Unidas y la OCDE informan de que, en 2020, entre 720 y 811 millones de personas pasaban hambre. Casi una de cada tres personas en el mundo (2 370 millones) no tenía acceso a alimentos adecuados en 2020, lo que supone un aumento de 320 millones en un año (20).

4.3.

La pandemia de COVID-19 demuestra que la seguridad alimentaria, incluso en Europa, no debe darse por sentada. Todos los agentes y actividades a lo largo de la cadena alimentaria están hiperconectados. Durante la pandemia, los países introdujeron restricciones comerciales. Incluso dentro de la UE, los Estados miembros adoptaron medidas unilaterales para cerrar las fronteras, poniendo en peligro el transporte de alimentos y de trabajadores temporeros. Gracias a las rápidas adaptaciones realizadas por los agricultores y los socios de la cadena alimentaria, la producción, la transformación y la distribución siguieron funcionando. La Comisión también adoptó medidas para que siguiera funcionando el mercado interior. Sin embargo, muchos empresarios se han visto afectados económicamente por la crisis al cesar los viajes, el turismo y los servicios de alimentación.

4.4.

Ciberataques como los ataques con programas de secuestro de archivos provocan crisis en la vida real, ya que en la actualidad mucho está en línea («internet de las cosas»). La agencia de prensa AP informó de que el pago medio a los ciberdelincuentes aumentó un 311 % en 2020 hasta 310 000 USD. Por término medio, las víctimas solo recuperaron el acceso a sus datos después de 21 días (21).

4.5.

En abril de 2021, el mayor supermercado neerlandés (Albert Heijn) se quedó sin determinados productos a base de queso durante varios días debido a un ataque informático a un importante distribuidor (22). Recientemente, JBS, el mayor envasador de carne del mundo, fue víctima de un ataque. Esto ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad en relación con el suministro alimentario nacional en los Estados Unidos (23). Al parecer, muchos ciberataques no son denunciados por las empresas para evitar reacciones del mercado, como el acaparamiento o que los precios se disparen. Las empresas también se han visto afectadas de forma significativa por los ciberataques aunque no fueran el objetivo directo del ataque, por ejemplo, en el caso del cierre en julio de 2021 de varios centenares de tiendas del grupo Coop en Suecia a raíz del ataque con programas de secuestro de archivos contra el proveedor de software estadounidense Kaseya (24).

4.6.

Igualmente, el bloqueo del canal Suez por un portacontenedores de 200 000 toneladas a principios de abril de 2021 fue motivo de preocupación. Esos incidentes ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas mundiales de suministro. Si estas cadenas se interrumpen durante unos días, tardan mucho tiempo en recuperarse, lo que puede provocar un aumento de los precios para consumidores y empresas.

4.7.

En septiembre, la Comisión Europea publicó su Informe sobre prospectiva estratégica de 2021, centrado en la autonomía estratégica abierta (25). La Comisión considera que «garantizar unos sistemas alimentarios sostenibles y resilientes» es uno de los ámbitos estratégicos clave para reforzar el liderazgo mundial de la UE. A este respecto, se menciona la necesidad de invertir en innovación para salvaguardar unos sistemas alimentarios resilientes y sostenibles (26).

4.8.

Además, un reciente documento técnico del Centro Común de Investigación proporciona información sobre los cuadros de indicadores de resiliencia presentados en el Informe sobre prospectiva estratégica de 2020 de la Comisión Europea (27). Incluye indicadores de vulnerabilidad relativos al acceso a los servicios locales y la dependencia de las importaciones de alimentos, y demuestra la importancia geopolítica de los alimentos. Un panel de control ayuda a cartografiar la vulnerabilidad y a desarrollar pruebas de resistencia específicas. Sin embargo, se trata de un enfoque general, ya que no existe un único indicador, y los cuadros de indicadores de resiliencia se están revisando actualmente.

4.9.

Es necesario que las cadenas de suministro pasen de un enfoque en lo inmediato a otro previsor. La dependencia de proveedores monopolísticos para determinados productos puede estar sujeta a injerencias por parte de gobiernos hostiles. Esto también puede afectar al suministro de insumos a agricultores y transformadores de alimentos. Por consiguiente, el CESE pide que se lleve a cabo una revisión de la seguridad de la disponibilidad de alimentos en la UE. Esto debería hacerse a través de estudios prospectivos.

4.10.

Las pruebas de resistencia deben utilizarse para detectar vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibles consecuencias de fallos en las redes locales, regionales o nacionales de energía y telecomunicaciones que duren varios días? En general, se entiende que este es uno de los riesgos más elevados para las infraestructuras críticas de cualquier país, incluido el suministro de alimentos. Entre las situaciones que pueden tener repercusiones directas para el suministro de alimentos están la falta de suministro de electricidad, de agua y de gas, la pérdida de capacidad de refrigeración y congelación, la pérdida de instalaciones de preparación, cocción y transformación/fabricación, la ausencia de calefacción e iluminación, la incapacidad para garantizar la higiene alimentaria básica y la imposibilidad de obtener combustible para los vehículos de distribución u otros usos en la cadena de suministro. Sin embargo, los efectos indirectos debidos a la repercusión en otras infraestructuras críticas también podrían tener consecuencias significativas. Una ausencia prolongada de telecomunicaciones y transferencia de datos plantearía retos graves e inmediatos para la comunicación interna de las empresas y la de estas con agencias gubernamentales, proveedores, clientes y consumidores para facilitar la difusión de información esencial y gestionar el reabastecimiento y los pagos, también mediante sistemas de enlaces bancarios.

4.11.

El CESE recomienda que se estudie más a fondo esta posibilidad.

5.   Recomendaciones de cara al futuro

5.1.

La autonomía estratégica abierta como concepto ofrece oportunidades, pero también plantea riesgos. La prosperidad de la UE depende también del comercio mundial y, por tanto, de la existencia de normas claras para el comercio y de medidas específicas.

5.2.

Si los alimentos escasean, o se tiene esa impresión, pueden producirse compras motivadas por el miedo y, al mismo tiempo, puede desaparecer el interés de los consumidores por el clima, la biodiversidad o el bienestar de los animales. Así pues, Europa solo podrá ser más ecológica si también consigue ser más resiliente.

5.3.

La COVID-19 ha demostrado que, cuando las cadenas de suministro se interrumpen durante un período prolongado, se producen efectos en cadena en toda la economía y puede que se tarden varios años en volver a la normalidad.

5.4.

La autonomía estratégica abierta en materia alimentaria no puede existir sin una política comercial abierta y justa. La Unión Europea no puede volver a aplicar políticas proteccionistas, porque ello crearía nuevas vulnerabilidades y podría causar grandes daños (28). Por ejemplo, la UE suministra cereales al Norte de África y a Oriente Próximo. A menudo, las cadenas de suministro internacionales son más eficientes y diversificadas y, por lo tanto, más capaces que las locales de adaptarse rápidamente a nuevas perturbaciones.

5.5.

La UE debería evaluar en qué casos y para qué productos la autonomía constituye un enfoque valioso. Debe incrementarse la sensibilización de los consumidores y del público en general sobre la forma en que funcionan las cadenas de suministro.

5.6.

La UE, junto con las Naciones Unidas y sus socios comerciales, debe abordar las causas profundas de la inseguridad alimentaria y contribuir a una transformación muy necesaria del sistema alimentario que haga la agricultura más resiliente ante las perturbaciones. Los gobiernos tienen un papel que desempeñar en el apoyo para que las cadenas de suministro sean más sostenibles, sólidas y seguras.

5.7.

En un reciente documento oficioso conjunto, Francia y los Países Bajos han pedido que las condiciones comerciales de la UE sean más estrictas, con un plan de la UE sobre conducta empresarial responsable. Esto debería garantizar una política coherente y armonizada, manteniendo al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativas para el mercado interior de la UE. Un plan de acción de la UE sobre conducta empresarial responsable debería constituir la estrategia global para el enfoque de la Unión respecto al fomento del comercio justo y la producción responsable y la gestión de las cadenas de suministro.

5.8.

España y los Países Bajos han elaborado recientemente un documento oficioso conjunto sobre la consecución de la autonomía estratégica, preservando al mismo tiempo una economía abierta. Uno de los puntos mencionados en dicho documento era que la «autonomía estratégica abierta» debería ser una de las cuestiones que se debatan en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

5.9.

El debate de la UE sobre la diligencia debida (29) y el código de conducta desarrollado en el marco de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» (30) también son pertinentes en este contexto. A este respecto, las empresas y organizaciones del sector agroalimentario tienen ahora la oportunidad de firmar el código de conducta para una práctica empresarial y de comercialización responsable puesto en marcha por la Comisión Europea como parte de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» (31).

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(1)  «Por el lado de la oferta, a fin de formular una política alimentaria europea global y realmente pertinente para los consumidores europeos, es esencial que los alimentos producidos de manera sostenible en la UE sean competitivos. Para ello, el sector agroalimentario europeo debe ser capaz de suministrar alimentos a los consumidores a precios que incluyan los costes adicionales que implican criterios como la sostenibilidad, el bienestar animal, y la seguridad alimentaria y nutricional, así como de garantizar una remuneración justa para los agricultores, manteniendo al mismo tiempo su posición como la opción preferida por la gran mayoría de los consumidores» (DO C 129 de 11.4.2018, p. 18; DO C 429 de 11.12.2020, p. 268).

(2)  Plan de contingencia, CE.

(3)  COVID-19 y los denominados fenómenos alimentarios, FAO.

(4)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 18, y DO C 429 de 11.12.2020, p. 268.

(5)  Entre otros: DO C 129 de 11.4.2018, p. 18, DO C 190 de 5.6.2019, p. 9, DO C 429 de 11.12.2020, p. 268, DO C 429 de 11.12.2020, p. 66, DO C 440 de 6.12.2018, p. 165, Dictamen del CESE sobre el tema «Hacia una cadena de suministro alimentario justa» (DO C 517 de 22.12.2021, p. 38).

(6)  Contribución a la Cumbre de 2021 de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, CESE.

(7)  Revisión de la política comercial, Comisión Europea.

(8)  Se prevé que el 68 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas de aquí a 2050, Naciones Unidas.

(9)  Urbanización en Europa, CE; Perspectivas de urbanización mundial (World Urbanization Prospects) de las Naciones Unidas de 2018.

(10)  Vertical farming, WUR.

(11)  Dictamen del CESE «Hacia una cadena de suministro alimentario justa» NAT 823 (DO C 517 de 22.12.2021, p. 38).

(12)  CAP — Structural change and generational renewal, Comisión Europea.

(13)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 268.

(14)  2020 a year of stability for EU agri-food trade, Comisión Europea.

(15)  Farmers and the agricultural labour force — statistics, Eurostat.

(16)  DO C 429 de 11.12.2020, p. 66.

(17)  El futuro de la alimentación y la agricultura, FAO.

(18)  The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021, FAO.

(19)  Índice de precios de los alimentos de la FAO, FAO.

(20)  2021 State of Food Security and Nutrition in the World, PMA.

(21)  Cyber attack on US pipeline is linked to criminal gang, AP News.

(22)  Kaasschaarste bij Albert Heijn na hack leverancier, de Volkskrant.

(23)  Hacking American beef: the relentless rise of ransomware, Financial Times.

(24)  NCSC statement on Kaseya incident, NCSC.

(25)  Informe sobre prospectiva estratégica de 2021, Comisión Europea.

(26)  Shaping and securing the EU's Open Strategic Autonomy by 2040 and beyond, JRC.

(27)  Cuadros de indicadores de resiliencia, Comisión Europea.

(28)  Todos los futuros acuerdos comerciales de la UE deberían incorporar la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad presentes en el Pacto Verde como normas mundiales de sostenibilidad (DO C 429 de 11.12.2020, p. 66).

(29)  Towards a mandatory EU system of due diligence for supply chains, Euractiv.

(30)  Código de conducta para una práctica empresarial y de comercialización responsable, Comisión Europea.

(31)  Dictamen del CESE sobre el tema «Alinear las estrategias y operaciones de las empresas alimentarias con los ODS para impulsar una recuperación sostenible tras la COVID-19» (pendiente de publicación en el DO).