—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 101 a 109,

—

Vistas las normas, directrices, resoluciones, consultas públicas, comunicaciones y documentos pertinentes de la Comisión en materia de competencia,

—

Vistos el informe de la Comisión, de 9 de julio de 2020, sobre la política de competencia 2019 (COM(2020)0302) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña, publicado en esa misma fecha,

—

Vista su Resolución, de 18 de junio de 2020, sobre la política de competencia: informe anual de 2019 (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

—

Vistas las Comunicaciones de la Comisión de 19 de marzo, 4 de abril, 13 de mayo y 2 de julio de 2020 sobre un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, y sus posteriores modificaciones (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2020, sobre las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 (C(2020)6400),

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 17 de junio de 2020, sobre el establecimiento de condiciones equitativas en lo que respecta a las subvenciones extranjeras (COM(2020)0253),

—

Vista la Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, de autorizar la adquisición de Fitbit por parte de Google, sujeta a condiciones,

—

Visto el Informe Especial n.o 24/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) titulado «Procedimientos aplicados por la Comisión para el control de las concentraciones y la defensa de la competencia en la UE: es necesario mejorar la supervisión del mercado» (3),

—

Visto el discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de 16 de septiembre de 2020, sobre el estado de la Unión,

—

Vistas las respuestas dadas, oralmente y por escrito, por la comisaria propuesta Margrethe Vestager con ocasión de la audiencia celebrada por el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 2019,

—

Vista la declaración conjunta de la Red Europea de Competencia (en lo sucesivo «REC»), de 23 de marzo de 2020, sobre la aplicación del Derecho de la competencia durante la crisis del coronavirus (4),

—

Visto el informe de expertos de alto nivel de la Comisión, de 4 de abril de 2019, titulado «Competition policy for the digital era» (5) [Política de competencia para la era digital],

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de marzo de 2019, sobre empleo, crecimiento y competitividad,

—

Vistas las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 1 y 2 de octubre de 2020,

—

Vista la Comunicación de la Comisión a las partes interesadas, de 2 de diciembre de 2020, sobre la retirada del Reino Unido y las normas de la UE en materia de competencia, así como la de 18 de enero de 2021, sobre la retirada del Reino Unido y las normas de la UE en materia de ayuda estatal,

—

Visto el estudio del Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento Europeo, de diciembre de 2020, titulado «Impact of state aid on competition and competitiveness during the COVID-19 pandemic: an early assessment» [Impacto de las ayudas estatales en la competencia y la competitividad durante la pandemia de COVID-19: una evaluación temprana],

—

Visto el informe de la Subcomisión Antitrust de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de 6 de octubre de 2020, titulado «Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff Report and Recommendations» (6) [Investigación sobre la competencia en el mercado digital: informe mayoritario y recomendaciones],

—

Visto el informe de investigación de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, de 19 de enero de 2021, titulado «Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers» [Algoritmos: cómo pueden reducir la competencia y perjudicar a los consumidores],

—

Visto el objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión para 2030, tal como fue aprobado por los dirigentes de la Unión en diciembre de 2020,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (COM(2020)0380),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0168/2021),

A.

Considerando que los consumidores se benefician de mercados competitivos, sobre todo cuando dan lugar a precios justos y a una variedad más amplia de productos de calidad; que la política de competencia de la Unión está concebida para mantener una economía de mercado abierta con una competencia libre, leal y efectiva que favorezca una asignación eficiente de los recursos y promueva la innovación, prestando especial atención a las necesidades de las pymes y a la creación de unas condiciones de competencia equitativas, en beneficio de toda la ciudadanía de la Unión; que este objetivo fundamental sigue siendo pertinente incluso en condiciones de crisis;

B.

Considerando que la Comisión respondió rápidamente a la crisis provocada por el brote de COVID-19 mediante la adopción de normas de competencia especiales y temporales para solventar la situación de grave perturbación de la economía europea;

C.

Considerando que las medidas excepcionales y temporales para responder a la pandemia no deberían aplicarse mediante comportamientos contrarios a la competencia, ni ser aprovechadas por empresas que ya tuvieran problemas financieros para recibir ayuda adicional sin adoptar los planes de reestructuración necesarios y eficaces;

D.

Considerando que todas las ayudas estatales deben diseñarse y concederse de una manera responsable en términos económicos, sociales y medioambientales; que, a largo plazo, la política de competencia debería abordar de manera eficiente los retos sociales, digitales y medioambientales y estar en plena consonancia con las prioridades descritas en el Pacto Verde Europeo y los objetivos del Acuerdo de París;

E.

Considerando que conciliar de manera inteligente las normas de competencia de la Unión con su política industrial, digital, medioambiental, social y comercial internacional es esencial para garantizar unas condiciones de igualdad en todos los sectores, reforzar unas cadenas de valor resilientes y apoyar la creación de empleo y la competitividad mundial, contribuyendo así a un entorno comercial favorable para las pymes;

F.

Considerando que la competencia desleal entre Estados miembros obstaculiza el buen funcionamiento del mercado interior;

G.

Considerando que actualmente la Comisión está llevando a cabo una revisión general de la eficacia de la ejecución de la política de competencia, incluidas las normas de defensa de la competencia y una serie de normas y directrices sobre ayuda estatal, la evaluación de las normas sobre el control de concentraciones y la revisión de la comunicación sobre la definición de mercado;

H.

Considerando que el boicoteo económico de productos procedentes de zonas geográficas específicas de la Unión constituye una violación grave de las normas de competencia y debe abordarse de manera eficaz;

I.

Considerando que los crecientes retos derivados de competir con una gran economía muy subvencionada como la china exigen medidas para fortalecer a las empresas de la Unión frente a los competidores de fuera de la Unión;

J.

Considerando que una arquitectura de mercado abierto para la negociación y compensación que permita una competencia auténtica entre infraestructuras de mercado resulta clave para preservar y reforzar la resiliencia de los mercados de capitales de la Unión, así como para incentivar innovaciones impulsadas por el mercado, obteniendo así mejores resultados para los pensionistas, las empresas y los inversores; que la necesidad de una estructura de mercado abierta necesita estar equilibrada con consideraciones de estabilidad financiera;

K.

Considerando que, en la mayoría de los casos, las pasarelas de acceso a internet para los consumidores se reducen a un número extremadamente limitado de ecosistemas digitales y grandes plataformas; que la pandemia de COVID-19 ha acelerado el ritmo de la digitalización y planteado nuevos retos a la eficacia de la política de competencia, en especial en el ámbito de las normas de defensa de la competencia, en las que, hasta ahora, no se permiten las intervenciones ex ante;

L.

Considerando que varios escándalos, investigaciones y elementos de prueba han puesto de manifiesto la forma en que las plataformas recopilan datos de carácter personal, los almacenan —a menudo cometiendo excesos—, los utilizan y los venden a terceros, así como el modo en que los agentes tecnológicos y las plataformas dominantes rastrean sistemáticamente en línea a los consumidores;

M.

Considerando que algunas empresas, que se benefician de la doble condición de plataforma y proveedor, abusan de su posición para imponer cláusulas y condiciones abusivas a los competidores;

N.

Considerando que los analistas prevén (7) que Amazon, Facebook y Alphabet Inc. (Google) se apropiarán en conjunto del 61 % del total de publicidad digital en 2021, lo que representa la duplicación de su cuota de mercado desde 2015; que Facebook y Alphabet Inc. (Google) ganan respectivamente el 98,53 % y el 83,3 % de sus ingresos gracias a la publicidad digital (8);

O.

Considerando que las multas impuestas por las autoridades de competencia a menudo no han conseguido tener un efecto disuasorio sobre las grandes empresas tecnológicas, ya que estas las consideran simples costes de la actividad empresarial;

P.

Considerando que las herramientas de defensa de la competencia deben ser adecuadas para afrontar las nuevas realidades de los mercados digitales y tecnológicos en rápida evolución;

Q.

Considerando que hacen falta condiciones de competencia equitativas entre las empresas de servicios financieros y las empresas tecnológicas para garantizar la competencia en igualdad de condiciones, de acuerdo con el principio de aplicar las mismas normas a las mismas actividades y a los mismos riesgos;

R.

Considerando que los algoritmos pueden aumentar en gran medida la eficiencia y permiten a las empresas ofrecer mejores productos y servicios a los consumidores; que, sin embargo, el uso indebido, deliberado o no, de los algoritmos puede perjudicar a los consumidores y a la competencia;

S.

Considerando que las normas de competencia y ayudas estatales de la Unión deben ser coherentes con el Pacto Verde Europeo, la estrategia digital de la Unión, el pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y podrían suponer una importante contribución a todos ellos; que los asuntos relativos a ayudas estatales de la Unión apenas se refieren a estos objetivos políticos generales de la Unión;

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y los artículos 6 y 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, y en particular sus principios 2, 3 y 9,

—

Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 18 de diciembre de 1979 (1),

—

Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en particular el Objetivo 5, que aspira a lograr la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres para 2030 (2),

—

Vista la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local (3),

—

Vistas las Directivas de la UE a partir de 1975 relativas a distintos aspectos de la igualdad de trato entre mujeres y hombres (Directiva 79/7/CEE (4), Directiva 86/613/CEE (5), Directiva 92/85/CEE (6), Directiva 2004/113/CE (7), Directiva 2006/54/CE (8), Directiva 2010/18/UE (9) y Directiva 2010/41/UE (10)),

—

Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (11),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE (12),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre las carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico y los techos de cristal existentes (13),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre factores externos que representan obstáculos para el emprendimiento de las mujeres europeas (14),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la era digital (15),

—

Visto el estudio titulado «Gender in regional cohesion policy» (El género en la política de cohesión regional) del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), publicado el 25 de enero de 2017 (16),

—

Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre el fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la investigación clínica (17),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (18),

—

Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales (19),

—

Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (20),

—

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE (21),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática (22),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión (23),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital (24),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género (25),

—

Visto el estudio titulado «Gender budgeting — Mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework» (Presupuestación con perspectiva de género: integración de la perspectiva de género en el marco de políticas presupuestarias y macroeconómicas de la Unión), del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), publicado el 10 de abril de 2019 (26),

—

Visto el dictamen del Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de 19 de diciembre de 2018, titulado «The future of gender equality strategy after 2019: the battles that we win never stay won» (El futuro de la estrategia para la igualdad de género después de 2019: las batallas que ganamos nunca permanecen ganadas) (27),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (28),

—

Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (29),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 6 de marzo de 2019, titulado «2019 Report on equality between women and men» (Informe de 2019 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la UE) (SWD(2019)0101) (30),

—

Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género (31),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, sobre el tema «Economías que fomentan la igualdad género en la UE: perspectivas de futuro» (32),

—

Visto el informe titulado «The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for Inclusive Entrepreneurship» (La escasez de emprendedores 2019: Políticas para un emprendimiento integrador), publicado por la OCDE el 10 de diciembre de 2019 (33),

—

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI» (34),

—

Visto el estudio titulado «Gender Dimension of the EU Cohesion Policy» (Dimensión de género en la política de cohesión de la UE), publicado por su Dirección General de Políticas Interiores el 19 de febrero de 2019 (35),

—

Vista su Resolución, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género (36),

—

Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2020, sobre las prioridades de la Unión para el 64.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (37),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

—

Vista la ficha informativa de la Comisión, de 17 de junio de 2020, titulada «Coronavirus Pandemic — Impact on Gender Equality» (Pandemia de coronavirus — Impacto en la igualdad de género) (38),

—

Vista la Comunicación del Consejo de Europa, de 29 de mayo de 2020, titulada «National minorities and COVID-19: inequality deepened, vulnerability exacerbated» (Las minorías nacionales y la COVID-19: agravamiento de las desigualdades y de la vulnerabilidad),

—

Visto el documento de reflexión n.o 129 de la Comisión, de 24 de julio de 2020, titulado «Gender Smart Financing — Investing In & With Women: Opportunities for Europe» (Financiación inteligente en materia de género — Invertir en y con las mujeres: Oportunidades para Europa) (39),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de septiembre de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025» (COM(2020)0565),

—

Visto el índice de igualdad de género para 2020 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), publicado el 16 de octubre de 2020 (40),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de noviembre de 2020, titulada «Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A9-0154/2021),

A.

Considerando que el principio de igualdad entre mujeres y hombres es un valor fundamental de la UE, consagrado en los Tratados y en la Carta; que, por consiguiente, la perspectiva de género debe implementarse e integrarse como un principio horizontal en todas las actividades, medidas, acciones, programas y proyectos y políticas financiadas por la Unión, incluida la política de cohesión; que es necesario desplegar mayores esfuerzos para abordar las múltiples formas de discriminación y desigualdad a las que se enfrentan las mujeres; que el artículo 7 del Reglamento sobre disposiciones comunes (41) para el período 2014-2020 estipula que se deberán tener en cuenta y se promoverán la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de género a lo largo de la preparación y la ejecución de los programas, también en lo que se refiere al seguimiento, la presentación de informes y la evaluación; que las mujeres y los hombres en la vanguardia de la lucha por la igualdad han demostrado su compromiso, valentía y liderazgo en la promoción de la igualdad de oportunidades en todo el mundo, especialmente allí donde persisten tales desigualdades, donde las mujeres son perseguidas y donde sus derechos son violados por el mero hecho de ser mujeres; que, como ciudadanos europeos, debemos estar orgullosos de haber logrado derechos y obligaciones, libertades y oportunidades para los hombres y las mujeres, y que hoy en día las mujeres lideran algunas de las instituciones más importantes y ocupan algunos de los puestos políticos más destacados de Europa; que estos ejemplos positivos ayudan a que se empiecen a abordar los estereotipos existentes y a promover modelos de referencia;

B.

Considerando que la política de cohesión aborda las disparidades entre las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas a fin de fomentar su desarrollo armonioso con miras a alcanzar la cohesión económica, social y territorial, de la que el logro de la igualdad de género es un componente esencial; que la política de cohesión ha demostrado su relevancia al lograr avances significativos hacia la igualdad entre los ciudadanos y el equilibrio territorial;

C.

Considerando que la política de cohesión es un valioso instrumento, no solo con el objeto de apoyar activa y eficazmente la consecución de la igualdad entre los ciudadanos, el desarrollo sostenible y la cohesión económica y social, sino también de reducir las disparidades que afectan a los grupos que aún sufren discriminación, incluida la vinculada a su orientación sexual; que la promoción de la igualdad de género es un objetivo horizontal de todos los fondos de la política de cohesión; que los Fondos Estructurales son un recurso importante de cara a apoyar a los Estados miembros a la hora de lograr avances en el ámbito de la igualdad de género;

D.

Considerando que la consecución de la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, regiones o generaciones, entre otras cosas, es fundamental a fin de reducir las disparidades locales y regionales y económicas y sociales, así como de garantizar la competitividad a largo plazo y el desarrollo justo, inclusivo y sostenible de la Unión Europea, sus Estados miembros y sus regiones; que se han registrado avances en las últimas décadas en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, y que la igualdad de género en la Unión ha mejorado horizontalmente en muchas dimensiones; que la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral y los indicadores disponibles siguen mostrando una segmentación vertical y horizontal en el mercado de trabajo, así como en las esferas socioeconómica y política; que el Tratado de Roma ya recogía el principio de «a igual trabajo, igual salario» y que la política de cohesión puede contribuir al logro de unas condiciones que sustenten el desarrollo económico y social, y que favorezcan asimismo una mayor reducción de dicha brecha y la inclusión de la mujer en el mercado laboral; que, según el EIGE, la promoción efectiva de la igualdad de género tendría un impacto social y económico fuerte y positivo, incluido un aumento del PIB per cápita de la Unión, millones de puestos de trabajo adicionales y un incremento del PIB de los Estados miembros;

E.

Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo está evaluando actualmente la integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la Unión; que dicho informe de auditoría, cuya publicación está prevista en el primer trimestre de 2021, ofrecerá información útil sobre la manera de aplicar la dimensión de género en las medidas de la política de cohesión en virtud del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027;

F.

Considerando que, durante el período de programación 2014-2020, los principales elementos críticos para la promoción de la igualdad de género a través de la política de cohesión han sido, entre otros, la divergencia entre las declaraciones formales de los acuerdos de asociación y de los programas operativos (declarando la promoción de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación) y su aplicación real, así como el más bien débil compromiso político en este ámbito; que los acuerdos de asociación y los programas operativos establecen que en ellos se respetan y promueven los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación; que siguen siendo necesarios mayores esfuerzos por lo que respecta a la participación de las mujeres en todas las fases del ciclo de la política de cohesión, especialmente en el desarrollo de programas y procesos de toma de decisiones, así como en la ejecución de los proyectos seleccionados; que, durante el período de programación 2014-2020, las cuestiones relativas al género se han abordado principalmente a través de los programas operativos del Fondo Social Europeo (FSE); que, durante el mismo período, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha contribuido al fomento de la igualdad de género de manera muy limitada;

G.

Considerando que unos datos desglosados por género procedentes de fuentes fiables y verificadas y unos indicadores pertinentes en materia de género son esenciales de cara a permitir a sectores o regiones concretos un uso eficaz del apoyo de la Unión, basado en la realidad local de las desigualdades, con el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones y evaluar el resultado de las acciones directas e indirectas de la política de cohesión destinadas a promover la determinación de posibles desigualdades o injusticias sobre las que actuar y desarrollar políticas eficaces en defensa de la igualdad de derechos y libertades entre los ciudadanos;

H.

Considerando que hay una falta de coherencia política en el ámbito de la igualdad género y que no existe un sistema unificado que facilite una comprensión y una aplicación idénticas de la integración de la perspectiva de género en las instituciones de la Unión;

I.

Considerando que todavía se desconocen todas las consecuencias económicas, para el empleo y sociales de la pandemia; que los estudios preliminares sugieren que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, especialmente en términos de aumento del trabajo asistencial no remunerado y de desequilibrio entre la vida profesional y la vida privada, así como de violencia doméstica, y que tiene un impacto desproporcionado en las niñas y las mujeres, especialmente las pertenecientes a grupos marginados; que este hecho también se debe a que las mujeres suelen ser mayoría en los sectores expuestos a la pandemia, como la educación y la salud; que la política de cohesión —y, más concretamente, el futuro FSE+— ha de tenerlo en cuenta;

J.

Considerando que el Fondo Europeo de Recuperación respalda a sectores profundamente afectados por la crisis; que el impacto en la sociedad europea en su conjunto tendrá, por tanto, efectos a largo plazo en la educación, la empleabilidad y el futuro de todos los ciudadanos, y que debe elogiarse la rápida respuesta de las instituciones europeas y su voluntad de apoyar a la sociedad europea; que las prioridades generales del Fondo Europeo de Recuperación se centran en sectores con una elevada proporción de empleo masculino y, por consiguiente, podrían correr el riesgo de acrecentar las desigualdades entre hombres y mujeres en el empleo;

K.

Considerando que las mujeres y los hombres no tienen los mismos recursos, necesidades y preferencias; que muchas políticas suelen tener en cuenta principalmente la perspectiva masculina; que, por lo tanto, las mujeres y los hombres experimentan los servicios y las infraestructuras de manera diferente y que sus prioridades a menudo no son las mismas en términos de servicios básicos;

L.

Considerando que las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de las economías regionales; que la promoción de la igualdad, del equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, de la contratación inclusiva y de la igualdad de retribución posibilitarán la igualdad de género en las pymes;

M.

Considerando que muchas inversiones afectan de manera diferente a mujeres y hombres, por lo que es necesario aplicar una perspectiva de igualdad de género a las inversiones;

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas» (COM(2020)0380),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640), y su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre ese mismo asunto (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente» (COM(2020)0381),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de febrero de 2016, titulada «Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres» (COM(2016)0087),

—

Visto el informe de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, titulado «Revisión intermedia de la estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020» (COM(2015)0478),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM(2019)0352) y la Resolución del Parlamento, de 16 de septiembre de 2020, sobre el papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo (2),

—

Vista la Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (3) y la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de octubre de 2020, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (COM(2020)0652),

—

Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) (4),

—

Visto el Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas, elaborado por la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), de 31 de mayo de 2019,

—

Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas y la próxima 15.a reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—

Vista la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5 de la Secretaría del CDB, de 15 de septiembre de 2020,

—

Vistos los informes especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), en particular, los titulados «El océano y la criosfera en un clima cambiante», de 24 de septiembre de 2019, «El cambio climático y la tierra», de 8 de agosto de 2019, y «Calentamiento global de 1,5 oC», de 8 de octubre de 2018,

—

Vista la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),

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Vista la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

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Vistos el Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación, el Convenio sobre la Protección del Mar Negro contra la Contaminación, el Convenio de Helsinki sobre la Protección del Medio Marino de la Zona del Mar Báltico y el Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste,

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Vistos los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas, de 24 de enero de 2018 y de 15 de julio de 2020, sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible,

—

Visto el Compromiso de Líderes Políticos por la Naturaleza, de 28 de septiembre de 2020, titulado «Unidos a fin de revertir la pérdida de biodiversidad para 2030 y lograr desarrollo sostenible»,

—

Visto el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), de 4 de diciembre de 2019, titulado «The European environment — state and outlook 2020: Knowledge for Transition to a Sustainable Europe» (El medio ambiente en Europa — Estado y perspectivas 2020: conocimientos para la transición hacia una Europa sostenible),

—

Visto el informe de la AEMA, de 19 de octubre de 2020, titulado «State of Nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» (Estado de la naturaleza en la Unión Europea: resultados de los informes en el marco de las Directivas de protección de la naturaleza 2013-2018),

—

Visto el informe titulado «Panorama de los Recursos Globales 2019» del Panel Internacional de Recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

—

Visto el informe del taller de la IPBES sobre biodiversidad y pandemias, de 29 de octubre de 2020,

—

Visto el informe de 2020 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura,

—

Visto el informe Science for Policy (Ciencia para las políticas) del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión, de 13 de octubre de 2020, titulado «Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment» (Cartografía y evaluación de los ecosistemas y de sus servicios: una evaluación del ecosistema de la UE),

—

Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) titulados «Uso sostenible de productos fitosanitarios: pocos progresos en la medición y en la reducción de riesgos», de 5 de febrero de 2020; «Biodiversidad agrícola: la contribución de la PAC no ha frenado el declive», de 5 de junio de 2020; «Protección de los polinizadores silvestres en la UE — Las iniciativas de la Comisión no han dado frutos», de 9 de julio de 2020; y «Medio marino: la protección de la UE es extensa pero poco profunda», de 26 de noviembre de 2020,

—

Visto el documento de la AEMA, de 6 de octubre de 2020, titulado «Management effectiveness in the EU's Natura 2000 network of protected areas» (Eficacia de la gestión de la red de zonas protegidas Natura 2000 de la UE),

—

Visto el documento de la AEMA, de 11 de enero de 2021, titulado «Growth without economic growth» (Crecimiento sin crecimiento económico),

—

Vistas las conclusiones del Grupo Especial de Expertos Técnicos del CDB sobre Evaluación del Riesgo, de 15 de abril de 2020,

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.a reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (5),

—

Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental (6),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (7),

—

Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión (8),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía (9),

—

Vistas su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre la decisión de Japón de reanudar la caza de ballenas durante la temporada 2015-2016 (10) y su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la caza de ballenas en Noruega (11),

—

Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad (12),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2020, sobre el Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2022 (13),

—

Visto el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Pesca,

—

Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A9-0179/2021),

A.

Considerando que el Parlamento Europeo ha declarado la situación de emergencia climática y medioambiental y se ha comprometido a adoptar urgentemente las medidas concretas necesarias para combatir y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde (14); que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático están interrelacionados y se refuerzan entre sí (15), por lo que representan amenazas similares para la vida en nuestro planeta, y que, como tales, deben abordarse conjuntamente y con urgencia;

B.

Considerando que la naturaleza se está deteriorando a un ritmo y a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad; que se estima que en todo el mundo un millón de especies corren peligro de extinción (16); que solo el 23 % de las especies y el 16 % de los hábitats contemplados en las Directivas de protección de la naturaleza de la Unión se encuentran en un estado favorable (17);

C.

Considerando que la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y el próximo acuerdo internacional en el marco del CDB tienen por objeto establecer los marcos marco europeo y mundial sobre la biodiversidad hasta 2030;

D.

Considerando que 2021 será un año decisivo para la biodiversidad y que la COP15 debe ser un momento «Acuerdo de París» para la biodiversidad; que la COP15 y la COP26 de la CMNUCC brindan una oportunidad única con miras a cambiar de un modelo reactivo a un modelo proactivo y de precaución y dar lugar al necesario cambio transformador;

E.

Considerando que la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 es una de las iniciativas clave del Pacto Verde Europeo; que la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y la Estrategia «de la granja a la mesa», junto con otras políticas, modelarán un cambio destinado a proteger la naturaleza y conservar hábitats y especies;

F.

Considerando que las pruebas disponibles sugieren que no es demasiado tarde para detener e invertir las tendencias actuales de declive de la biodiversidad (18); que este proceso requerirá cambios sustanciales;

G.

Considerando que los seres humanos son parte de la naturaleza y que la naturaleza posee un valor intrínseco; que la biodiversidad es una parte esencial del patrimonio mundial;

H.

Considerando que la extinción de especies es permanente, amenaza los ecosistemas y la prestación de servicios ecosistémicos y plantea un riesgo para el bienestar y la supervivencia humanas; que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha declarado como extinguidas a 160 especies solo en la última década;

I.

Considerando que, según la IPBES, se prevé que el 90 % del suelo se vea alterado significativamente a más tardar en 2050 y que el 75 % del suelo ya ha sido alterado significativamente; que el 85 % de los humedales ya se han perdido;

J.

Considerando que la biodiversidad es crucial para la seguridad alimentaria, el bienestar humano y el desarrollo a escala mundial;

K.

Considerando que la Unión debe aprovechar las oportunidades para incorporar las lecciones extraídas de la pandemia de COVID-19 a sus políticas y objetivos;

L.

Considerando que el 70 % de las enfermedades y pandemias nuevas tienen origen animal (19); que la pandemia de COVID-19 ha mostrado que las prácticas que ejercen presión sobre la biodiversidad pueden dar lugar a un aumento de los riesgos para la salud humana y animal;

M.

Considerando que la destrucción de los hábitats naturales y el comercio de especies silvestres incrementa el contacto entre los seres humanos y las especies silvestres y podría ser un factor de peso de cara a la aparición y propagación futuras de enfermedades víricas (20);

N.

Considerando que la biodiversidad contribuye de manera positiva a la salud humana; que hasta el 80 % de los medicamentos utilizados por los seres humanos son de origen natural (21);

O.

Considerando que Europa tiene más espacios protegidos que ninguna otra región del mundo (22); que la actual red de espacios jurídicamente protegidos, incluidos los que disfrutan de una figura de protección estricta, no basta para salvaguardar la biodiversidad (23);

P.

Considerando que la Unión Europea todavía se enfrenta a grandes lagunas de implementación a la hora de gestionar eficazmente la red Natura 2000;

Q.

Considerando que Natura 2000 contribuye a la conservación de especies, si bien muchas especies amenazadas no están protegidas por dicha red (24);

R.

Considerando que se calcula que Natura 2000 respalda 52 000 empleos directos e indirectos en la gestión de la conservación y que 3,1 millones (una cuarta parte) de puestos de trabajo en el sector del turismo están relacionados con las zonas protegidas (25); que la ampliación de las zonas protegidas tiene por objeto salvaguardar la biodiversidad, pero también contribuye a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo y genera retornos importantes a través de las inversiones y la creación de empleo;

S.

Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de manifiesto graves deficiencias en las políticas de la Unión relativas a la protección o la recuperación de la biodiversidad, entre las que se incluyen ciertas medidas inadecuadas para proteger o recuperar la biodiversidad, una falta de ejecución y financiación y unos indicadores inadecuados para medir los avances (26); que las futuras políticas de la Unión deben abordar y eliminar estas deficiencias;

T.

Considerando que aproximadamente el 75 % de los cultivos de alimentos dependen de insectos polinizadores (27), cuyo número se ha reducido enormemente en las últimas décadas; que la conservación de la biodiversidad y la conservación de los insectos están relacionadas de manera indisoluble;

U.

Considerando que el documento de orientación sobre las abejas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no se ha adoptado formalmente y que su revisión no ha concluido con éxito;

V.

Considerando que el Parlamento Europeo adoptó el 18 de diciembre de 2019 una Resolución sobre la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores (28), en la que confirma su firme posición sobre la importancia de proteger a los polinizadores;

W.

Considerando que el marco y las acciones de la actual Iniciativa de la Unión Europea sobre los polinizadores requieren un refuerzo y una integración en todas las políticas sectoriales de la Unión;

X.

Considerando que el seguimiento, la investigación y otras actividades relacionadas con la protección de los insectos están fragmentadas, son a menudo inadecuadas y están escasamente financiadas o no existen a escala nacional;

Y.

Considerando que la pérdida de biodiversidad está relacionada con actividades económicas; que las actividades económicas deben respetar los límites del planeta;

Z.

Considerando que la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas genera beneficios económicos directos e indirectos para la mayoría de los sectores de la economía y respalda el funcionamiento de nuestras economías y sociedades; que todas las empresas dependen directa o indirectamente de los servicios ecosistémicos; que una política de biodiversidad mejorada con medidas eficaces puede fortalecer la economía y proporcionar oportunidades de empleo;

AA.

Considerando que los principales factores directos de la pérdida de biodiversidad son los cambios en el uso del suelo y del mar, la extracción de recursos naturales, el cambio climático, la contaminación y la invasión de especies exóticas (29); que, además de la conservación y la recuperación de la naturaleza, la actuación sobre los factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad, en especial en los sectores del uso del suelo y la transformación del sistema alimentario, es esencial en favor de una estrategia eficaz sobre biodiversidad para después de 2020 (30);

AB.

Considerando que el suelo es un recurso común (31) y que su biodiversidad está sometida a una presión cada vez mayor; que un seguimiento de la biodiversidad del suelo en toda la Unión, que incluya las tendencias por lo que respecta a su composición y volumen, debería complementar las encuestas periódicas sobre el estado y la dinámica de cambios en los usos y las cubiertas del suelo en cuanto a los parámetros físico-químicos a largo plazo;

AC.

Considerando que la biodiversidad agrícola comprende todos los componentes de la diversidad biológica que son pertinentes para la alimentación y la agricultura y todos los componentes de la diversidad biológica que constituyen ecosistemas agrícolas, también denominados agroecosistemas, incluida la variedad y variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel genético, de especies y de ecosistemas, que son necesarios para mantener las funciones clave del agroecosistema, su estructura y procesos;

AD.

Considerando que las tendencias a largo plazo de las poblaciones de aves comunes, de aves que habitan en tierras agrícolas y bosques y de mariposas de pastizales demuestran que Europa ha experimentado un importante declive de la biodiversidad en el sector agrario (32); que este hecho se debe ante todo a la pérdida, la fragmentación y la degradación de los ecosistemas naturales, provocadas principalmente por la intensificación agrícola, la gestión forestal intensiva, el abandono de tierras y la expansión urbana (33);

AE.

Considerando que la gestión sostenible de las tierras agrícolas puede favorecer a funciones ecosistémicas más amplias, como la protección de la biodiversidad, la captura de carbono, el mantenimiento de la calidad del agua y el aire, la retención de la humedad del suelo mediante una reducción de la escorrentía, la infiltración de agua en el suelo y el control de la erosión;

AF.

Considerando que se estima, sobre la base de su biomasa, que la mayoría de los mamíferos presentes en la Tierra son animales de cría, y un bajo porcentaje, animales salvajes; que también existe un nivel preocupantemente bajo de diversidad genética en las aves (34);

AG.

Considerando que los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación pueden contribuir a los ODS de las Naciones Unidas;

AH.

Considerando que estudios científicos han suscitado cierta preocupación por el importante impacto negativo a largo plazo que puede tener el uso de determinadas técnicas de pesca en la biodiversidad de los océanos y el medio ambiente marino;

AI.

Considerando que los pescadores pueden contribuir a prevenir la degradación del medio ambiente y a preservar el medio marino utilizando métodos y técnicas sostenibles;

AJ.

Considerando que la degradación de los hábitats y la alteración de los corredores migratorios, así como la sobreexplotación debida a la pesca, entre otros factores, han llevado a algunas especies de peces, como el esturión, al borde de la extinción;

AK.

Considerando que, pese a ciertas mejoras constatadas de la sostenibilidad en la explotación de los recursos marinos en algunas cuencas marinas, todavía existen zonas que presentan situaciones preocupantes, en particular el mar Mediterráneo;

AL.

Considerando que la Unión ha fijado objetivos en virtud de la Directiva marco sobre la estrategia marina; que siguen siendo necesarias medidas para alcanzar el objetivo de un buen estado medioambiental de las masas de agua;

AM.

Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo ha afirmado (35) que, a pesar de haberse establecido un marco para proteger el medio marino, las acciones de la Unión no han generado una protección suficiente de los ecosistemas y los hábitats y que las zonas marinas protegidas (ZMP) actuales solo brindan una protección limitada;

AN.

Considerando que los bosques y toda la cadena de valor forestal son fundamentales para seguir desarrollando la bioeconomía circular, puesto que crean empleo, garantizan el bienestar económico en las zonas rurales y urbanas, prestan servicios de mitigación del cambio climático y adaptación a este, aportan beneficios para la salud, protegen la biodiversidad y las perspectivas de futuro de las regiones montañosas, insulares y rurales, y combaten la desertificación;

AO.

Considerando que los bosques representan el 43 % de la superficie terrestre de la Unión y que albergan un 80 % de su biodiversidad terrestre (36); que las actividades forestales son consideradas como la segunda categoría de presión más importante para las especies (37), y que afectan en particular a los artrópodos, los mamíferos y las plantas no vasculares; que muchas especies dependientes de los bosques se ven afectadas de forma negativa por la retirada de árboles muertos, moribundos y viejos (38), por la reducción de los bosques maduros y por determinados métodos de gestión forestal, como la corta a tala rasa;

AP.

Considerando que los bosques albergan más del 75 % de la biodiversidad terrestre del mundo (39); que el Parlamento ha presentado a la Comisión recomendaciones sobre un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación y la degradación de los bosques y los ecosistemas a escala mundial impulsadas por la Unión (40);

AQ.

Considerando que el buen estado del medio ambiente y la salud de los ecosistemas son vitales en la lucha contra el cambio climático, y que los ecosistemas desempeñan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo; que el cambio climático afecta a la biodiversidad, ya que las variables climáticas determinan en gran medida las zonas de distribución geográfica de las especies; que en las zonas en las que el clima ya no es el idóneo, algunas especies desplazan sus zonas geográficas y otras se extinguen a escala local;

AR.

Considerando que las soluciones basadas en la naturaleza y los enfoques ecosistémicos tienen el potencial de proporcionar una estrecha conexión política entre las tres convenciones de Río, abordando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de manera integrada;

AS.

Considerando que, según la IPBES, la contaminación es uno de los cinco factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad; que se calcula que existe información sólida sobre cerca de 500 sustancias químicas y que, en abril de 2019, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas consideraba que 450 sustancias estaban suficientemente reguladas; que se considera que otras 10 000 sustancias tienen sus riesgos bastante bien caracterizados, mientras que hay información limitada sobre los riesgos de unas 20 000 sustancias; que sobre la mayoría de ellas, unas 70 000, apenas se dispone de información por lo que respecta a sus peligros o riesgos ligados a la exposición; que es necesario acabar urgentemente con las importantes lagunas de conocimiento sobre todos los efectos de las sustancias químicas en la biodiversidad y el medio ambiente;

AT.

Considerando que la contaminación lumínica altera los niveles naturales de luz nocturna para los seres humanos, los animales y las plantas, lo que afecta negativamente a la biodiversidad, dado que desequilibra, por ejemplo, la actividad migratoria, nocturna y reproductiva de los animales, y provoca asimismo la pérdida de insectos y polinizadores, que se ven fatalmente atraídos por la luz artificial;

AU.

Considerando que, según el informe del Centro Común de Investigación de 2020 (41), en la actualidad hay especies exóticas invasoras (EEI) en todos los ecosistemas y que representan una amenaza para los ecosistemas urbanos y, en particular, para los pastizales;

AV.

Considerando que las actuales tendencias negativas en relación con la biodiversidad y los ecosistemas socavarán los avances no solo hacia las metas medioambientales de los ODS, sino también hacia las relacionadas con la pobreza, el hambre, la salud, el agua, las ciudades y el clima; que, por lo tanto, la pérdida y la degradación de la biodiversidad deben considerarse no solo una cuestión medioambiental, sino también de desarrollo, económica, social y moral;

AW.

Considerando que cerca del 80 % de la biodiversidad de la Unión se encuentra en la actualidad en sus regiones ultraperiféricas y países y territorios de ultramar (42);

AX.

Considerando que la Unión y sus Estados miembros deben cumplir sus obligaciones internacionales en materia de biodiversidad y derechos humanos, además de sus obligaciones relacionadas con la coherencia de las políticas en la acción exterior, en consonancia con la obligación conforme a la Carta de integrar un alto nivel de protección ambiental y la mejora de la calidad del medio ambiente en las políticas de la Unión y de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible;

AY.

Considerando que la labor del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente puede preparar el terreno para la elaboración de un marco jurídico de obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; que el número de defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente y el suelo que han sido objeto de ataques se ha incrementado de manera considerable en todo el mundo durante los últimos años;

AZ.

Considerando que se calcula que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen, gestionan, utilizan u ocupan al menos una cuarta parte de la superficie terrestre mundial; que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas; que los pueblos indígenas y las comunidades locales desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad mundial y que los objetivos globales en materia de biodiversidad no pueden alcanzarse sin el reconocimiento de sus derechos;

BA.

Considerando que el comercio, tanto ilegal como legal, y el uso de las especies silvestres contribuyen de manera significativa al declive de la biodiversidad, y que la destrucción de los hábitats naturales y la explotación de las especies silvestres contribuyen a la aparición y propagación de enfermedades infecciosas (43);

BB.

Considerando que, según la IPBES y el GIECC, la biodiversidad marina está en serio peligro (44); que la AEMA ha alertado sobre el actual estado de degradación del medio marino europeo y la necesidad de recuperar con prontitud nuestros ecosistemas marinos abordando el impacto de las actividades humanas en el entorno marino (45); que los puntos clave de biodiversidad marina, como los arrecifes de coral, los manglares y las praderas de fanerógamas marinas, están fuertemente degradados y amenazados por el cambio climático y la contaminación;

BC.

Considerando que los océanos son uno y que su buen estado medioambiental es vital para garantizar su resiliencia y su continua provisión de servicios ecosistémicos como la absorción de CO2 y la producción de oxígeno; que los mecanismos climáticos dependen de la salud de los ecosistemas oceánicos y marinos, afectados actualmente por el calentamiento global, la contaminación, la sobreexplotación de la biodiversidad marina, la acidificación, la desoxigenación y la erosión costera; que el GIECC recuerda que el océano es parte de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a este (46);

BD.

Considerando que el 80 % de los desechos marinos son terrestres y que 150 toneladas de plásticos se han acumulado en nuestros océanos (47); que el 80 % de las aguas residuales urbanas se vierten al mar; que en la superficie, la masa acumulada de residuos flotantes representa solo el 1 % de los plásticos vertidos en el océano (48);

BE.

Considerando que la economía azul representa una oportunidad real para el desarrollo sostenible de las actividades marítimas y costeras;

BF.

Considerando que deben fomentarse iniciativas conjuntas en materia de protección y recuperación de la biodiversidad entre las personas, los municipios, las asociaciones, las empresas, las instituciones educativas y otras partes interesadas de la sociedad;

BG.

Considerando que el éxito de la aplicación de la estrategia requiere una cooperación eficaz a escala de la Unión y de los Estados miembros que incluya a todas las partes interesadas;

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Vistos el artículo 310, apartado 6, y el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (1) (el «Reglamento Financiero»),

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Vistas las Orientaciones de la Comisión sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero (2),

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Vistas sus anteriores Decisiones y Resoluciones sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019,

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Vistas su Resolución, de 13 de diciembre de 2018, sobre los conflictos de intereses y la protección del presupuesto de la Unión en la República Checa (3) y su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses (4),

—

Vistas las misiones de información a la República Checa realizadas por la Comisión de Control Presupuestario del 26 al 27 de marzo de 2014 y del 26 al 28 de febrero de 2020,

—

Visto el informe final de noviembre de 2019 sobre la auditoría del funcionamiento de los sistemas de gestión y control existentes para evitar los conflictos de intereses en Chequia, elaborado por las Direcciones Generales de Política Regional y Urbana (REGIO) y de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL) de la Comisión y publicado el 23 de abril de 2021,

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (5),

—

Visto el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020, y en particular su capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Chequia (SWD(2020)0302),

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Visto el Informe provisional de cumplimiento de la Cuarta Ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) relativo a la República Checa, adoptado en su 84.a reunión plenaria de diciembre de 2019,

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Visto el informe por país correspondiente a Chequia de 2020 (SWD(2020)0502), de 26 de febrero de 2020, que acompaña a la Comunicación de la Comisión titulada «Semestre Europeo 2020: Evaluación de los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.o 1176/2011» (COM(2020)0150),

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Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

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Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Control Presupuestario,

A.

Considerando que los artículos 61 y 63 del Reglamento Financiero, el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE sobre las normas de contratación pública para evitar conflictos de intereses, los artículos 144 y 145 del Reglamento sobre Disposiciones Comunes para los fondos de gestión compartida, el Reglamento (UE) n.o 1303/2013, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la ley checa n.o 159/2006 relativa a los conflictos de intereses, en su versión modificada el 29 de noviembre de 2016, establecen obligaciones específicas y proporcionan los instrumentos para abordar eficazmente las situaciones de conflicto de intereses;

B.

Considerando que Agrofert es un conglomerado creado y constituido por el primer ministro checo Andrej Babiš y compuesto por más de 230 empresas; que se ha revelado que Andrej Babiš es uno de los titulares reales de Agrofert, la empresa que controla el Grupo Agrofert, que incluye, entre otros, algunos importantes medios de comunicación checos, a través de los fondos fiduciarios AB private trust I y AB private trust II, de los que es igualmente el titular real;

C.

Considerando que en enero y febrero de 2019 se llevó a cabo una auditoría coordinada exhaustiva a cargo de varios servicios de la Comisión (DG REGIO/DG EMPL, DG AGRI (DG asociada)) sobre la aplicación del Derecho nacional y de la Unión; que una auditoría en curso de la DG AGRI está examinando presuntos conflictos de intereses en la ejecución de la política agrícola común en Chequia;

D.

Considerando que en abril de 2021 la Comisión publicó una versión debidamente expurgada del informe final de auditoría sobre la ejecución legal de los Fondos EIE, verificado por la DG EMPL y la DG REGIO; que aún no se ha publicado el segundo informe de auditoría de la DG AGRI;

E.

Considerando que el informe de auditoría publicado pone de manifiesto graves carencias en el sistema de gestión y control (6) en la República Checa y deficiencias que deben subsanarse mediante correcciones financieras;

F.

Considerando que el informe de auditoría de la DG REGIO detectó tres subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que infringían la legislación checa y el Reglamento sobre Disposiciones Comunes de la Unión;

G.

Considerando que aún está en curso la investigación penal sobre el primer ministro Babiš, iniciada a raíz del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la utilización irregular de subvenciones de la Unión destinadas a pequeñas empresas, que se cerró inicialmente y posteriormente se reabrió y que fue objeto de una Resolución del Parlamento, de 19 de junio de 2020;

H.

Considerando que, transcurrido un año, la Comisión aún no ha dado una respuesta exhaustiva a la solicitud del Parlamento de cuantificar el importe total de las subvenciones recibidas por las entidades del Grupo Agrofert;

I.

Considerando que, después de las Resoluciones del Parlamento de diciembre de 2018 y junio de 2020 sobre el conflicto de intereses del primer ministro Babiš y más de dos años después del comienzo de las auditorías de la Comisión, la situación en torno al conflicto de intereses del primer ministro Babiš sigue sin estar resuelta;

J.

Considerando que los Estados miembros solo pueden garantizar la buena gestión financiera si las autoridades públicas actúan conforme a la ley, tanto nacional como de la Unión, y si los servicios de investigación y el Ministerio Fiscal persiguen eficazmente las conductas delictivas originadas por casos de conflicto de intereses tratados de forma incorrecta;

K.

Considerando que, en virtud del artículo 3, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092, no garantizar la ausencia de conflictos de interés se podrá considerar indicio de vulneración de los principios del Estado de Derecho;

L.

Considerando que disponer de políticas y normas concretas para evitar y tratar los conflictos y la apariencia de conflictos de interés constituye una parte esencial de la buena gobernanza y la buena gestión financiera;

M.

Considerando que la misión de la Comisión de Control Presupuestario en febrero de 2020 reveló limitaciones preocupantes en el marco jurídico que dificultan el trabajo eficiente y eficaz de la Oficina superior de auditoría nacional, al impedirle controlar la regularidad y el rendimiento del gasto público a nivel regional y local o efectuar controles de los beneficiarios finales sobre el terreno;