—

Visto el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, que hace referencia al mercado interior, el desarrollo sostenible y la economía social de mercado,

—

Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (1),

—

Vista la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (2) (Directiva sobre morosidad),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece un Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.o 1639/2006/CE (3),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME): competitividad y oportunidades comerciales (4),

—

Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre las empresas familiares en Europa (5),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (6),

—

Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2020, sobre el nuevo marco financiero plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación (7),

—

Vista su Resolución, de 23 de julio de 2020, sobre las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020 (8),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de la “Small Business Act” para Europa» (COM(2011)0078) y la Resolución del Parlamento Europeo al respecto de 12 de mayo de 2011 (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2011, titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME» (COM(2011)0870),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, titulada «Normativa inteligente: responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (COM(2013)0122),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión» (COM(2016)0733),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «Adaptación del programa de trabajo de la Comisión para 2020» (COM(2020)0440),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (COM(2020)0274),

—

Visto el informe anual sobre las pymes europeas 2018-2019, de noviembre de 2019,

—

Vistas las previsiones económicas de primavera de 2020 de la Comisión,

—

Visto el Informe especial n.o 2/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 22 de enero de 2020, titulado «El Instrumento PYME en acción: un programa eficaz e innovador que se enfrenta a dificultades»,

—

Vistas las conclusiones del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2020, publicado el 11 de junio de 2020,

—

Visto el informe del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas mundiales, de junio de 2020,

—

Visto el informe de la OCDE, de 10 de diciembre de 2019, titulado «The Missing Entrepreneurs 2019» (La falta de emprendedores 2019),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Cultura y Educación,

—

Vista la carta de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

—

Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0237/2020),

A.

Considerando que el 10 de marzo de 2020 la Comisión publicó la Comunicación titulada «Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» y que el 11 de marzo de 2020 la OMS decretó la alerta por la pandemia de COVID-19 (10), lo que tuvo importantes repercusiones en el entorno económico, social y político en el que las pymes desarrollan sus actividades e hizo necesaria una revisión de la estrategia, debido a la modificación de muchas de las condiciones económicas, sociales y políticas; que las soluciones propuestas en la estrategia que presentó la Comisión en marzo de 2020 siguen siendo válidas para abordar los cambios económicos, sociales y medioambientales estructurales a los que se enfrentaban las pymes antes de la crisis de la COVID-19, y los cambios inminentes a los que se enfrentarán en relación con las transiciones digital y ecológica; que la Comisión debería presentar una versión actualizada de su Comunicación sobre una estrategia para las pymes que refleje los puntos planteados en la presente Resolución; que la competitividad europea va a la zaga de la de otras economías desarrolladas, amenazando el potencial de Europa para generar riqueza y prosperidad;

B.

Considerando que los 24 millones de pymes de la UE-27 son la columna vertebral de la economía y que, antes de la pandemia, generaban más de la mitad del PIB de la Unión y empleaban a unos 100 millones de trabajadores; y que el 98,9 % de las empresas que no forman parte del sector financiero de la Unión son pequeñas empresas con menos de 49 trabajadores (11); que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), tanto a escala nacional como de la Unión, son muy complejas y heterogéneas habida cuenta de su tamaño y de la gran diversidad de sectores de actividad que abarcan; que las pymes son vitales para el desarrollo y la resiliencia de las cadenas de valor industrial de la Unión y contribuyen de forma significativa a las economías locales, regionales y nacionales;

C.

Considerando que las pymes deberían ocupar un lugar central en el Pacto Verde Europeo y en la estrategia digital, y contar con el apoyo adecuado de instrumentos financieros adaptados y de un entorno legislativo favorable a las pymes, para poder desempeñar un papel importante en el crecimiento de la economía europea, así como en los objetivos estratégicos más amplios de la Unión, incluidos los objetivos medioambientales de aquí a 2050; que, en su Resolución sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, el Parlamento Europeo puso de relieve que el Pacto Verde Europeo y la transformación digital deberían facilitar las estrategias de recuperación y reconstrucción posteriores a la COVID-19; que las pymes deben participar activamente y recibir apoyo en la estrategia digital de la Unión y en el Pacto Verde Europeo para mejorar su competitividad y liberar su potencial para la digitalización, el despliegue de soluciones innovadoras y la respuesta a las acuciantes preocupaciones medioambientales y sociales; que la contribución de las pymes será crucial para el éxito de estas estrategias;

D.

Considerando que la crisis económica y las sombrías perspectivas económicas desencadenadas por la pandemia han llevado al borde de la insolvencia a un número considerable e indeterminado de pymes y de empresas emergentes; que en 2018, solo un 40 % de las empresas recibieron los pagos puntualmente; que la falta de liquidez por la que atraviesan muchas pymes no solo tendrá consecuencias negativas en sus actividades diarias, sino también en sus perspectivas de crecimiento futuro, ya que les impedirá planificar correctamente sus inversiones a largo plazo;

E.

Considerando que las compras de emergencia de activos por el Banco Central Europeo (BCE) en respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia ayudan sobre todo a las grandes empresas, ya que se basan en mayor medida en el mercado de deuda comercial, pero no mejoran las condiciones financieras de las pymes; que la Unión y los Estados miembros deberían actuar con firmeza y rapidez para minimizar los riesgos económicos, sociales y estratégicos asociados a la desaparición de estas empresas; que los préstamos bancarios son tradicionalmente la fuente más importante de financiación externa para las pymes de la Unión, dado que representan más de tres cuartas partes de la financiación de este tipo de empresas, lo que las hace especialmente vulnerables a las restricciones del crédito bancario; que las pymes no disponen de los instrumentos necesarios para hacer frente a una crisis prolongada y que las medidas nacionales no deben afectar negativamente al mercado interior de la Unión;

F.

Considerando que el impacto del déficit de capital causado por la crisis de la COVID-19 será desigual según el sector, el tipo de empresa y el Estado miembro, lo que producirá divergencias en el mercado interior; que es importante mantener unas condiciones de competencia equitativas para minimizar las distorsiones de la competencia en el mercado interior, mientras que la diferencia de resultados entre los Estados miembros en materia de crecimiento es una de las causas de desarrollo económico desigual dentro de la Unión; que las pymes sufren aún más una competencia mundial abrumadora y a menudo desregulada;

G.

Considerando que las Perspectivas económicas de la OCDE no descartan que, en caso de que se produzca otra ola grave de COVID-19, la pérdida de ingresos antes de que acabe 2021 sea superior a la de cualquiera de las recesiones anteriores de los últimos cien años (12); que, a raíz del brote de COVID-19, las ayudas estatales no deberían dar lugar a distorsiones de la competencia en el mercado interior entre pymes de diferentes países; que la pandemia ha demostrado que la transición digital es de suma importancia y ha puesto de relieve la necesidad de digitalizar la economía para garantizar una mayor resiliencia en el futuro, mientras persistan y deban abordarse los retos medioambientales; que la Unión se enfrenta a la dura competencia de los actores mundiales; que la innovación es una vía eficaz para que las pymes alcancen un crecimiento sostenible y a largo plazo;

H.

Considerando que se espera que la adopción de prácticas, innovaciones y tecnologías sostenibles desde el punto de vista medioambiental cree nuevos empleos y oportunidades comerciales para las pymes, al tiempo que mejore su competitividad y reduzca sus costes, siempre que se den las condiciones administrativas, reglamentarias y técnicas idóneas; que muchas pymes desean mejorar su comportamiento medioambiental, su eficiencia en el uso de los recursos y la energía, el uso de tecnologías digitales y el despliegue de soluciones innovadoras, todo lo cual será crucial para respaldar su crecimiento sostenible y a largo plazo y su competitividad, y para que puedan desempeñar un papel esencial en el suministro directo de ecoinnovaciones; que, a tal fin, debería facilitarse un mejor acceso a la financiación y al apoyo técnico;

I.

Considerando que, con arreglo al Índice de la Economía y la Sociedad Digital de la Comisión de 2020 (13), muchas pymes todavía no tienen pleno acceso a la digitalización y van retrasadas con respecto a las grandes empresas tanto en términos de competencias digitales como de digitalización de sus operaciones, debido en parte a la competencia desleal de las empresas multinacionales; que deberían aplicarse las mismas normas tanto en el mercado único digital como en el no digital, a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas, evitando al mismo tiempo los efectos negativos en los derechos laborales y sociales; que el uso de datos puede dar lugar a una ventaja competitiva y permitir a las pymes aprovechar los beneficios de la transición digital, mientras que la atención prestada a la alfabetización y las competencias digitales debería ir acompañada de la mejora de la inversión de la Unión en infraestructura digital, así como de la mejora del acceso a los datos para las pymes y de marcos comerciales y reglamentarios justos en todos los tipos de configuración del mercado, es decir, entre empresas, entre empresas y consumidores y entre empresas y las administraciones públicas;

J.

Considerando que uno de los principales desafíos para liberar el potencial de la digitalización es encontrar trabajadores cualificados; que la Comisión, los Estados miembros y los gobiernos locales deberían tomar medidas para mejorar el entorno empresarial con el fin de garantizar la competitividad de las pymes, así como el crecimiento económico sostenible y a largo plazo de la Unión; que la estrategia de la Unión en materia de pymes ofrece una oportunidad para fomentar la cultura emprendedora de grupos infrarrepresentados y para permitirles controlar plenamente las oportunidades derivadas de la transición digital y ecológica;

K.

Considerando que la mejora de la cultura empresarial puede hacer que las pymes puedan contribuir plenamente a la doble transición y beneficiarse de ella, así como aumentar la creación de empleo y, por ende, el impacto de las pymes en el mercado laboral; que las mujeres representan el 52 % del total de la población europea, pero solo el 34,4 % de los trabajadores por cuenta propia y el 30 % de los emprendedores emergentes de la Unión (14); que la creatividad y el potencial emprendedor de las mujeres siguen estando desaprovechados y deberían desarrollarse más;

L.

Considerando que deberían reducirse las cargas reglamentarias, como son los costes financieros y los problemáticos costes de cumplimiento creados por la sobrerregulación y la excesiva complejidad de los procedimientos administrativos, incluidos los retos relacionados con los litigios en materia de patentes, por ejemplo en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual, pero también en relación con las oportunidades de financiación; que la innovación no está vinculada a la regulación, sino que es impulsada por los esfuerzos de colaboración en los que las empresas interactúan para intercambiar conocimientos e información y combinar ideas con sus socios como parte de sistemas de innovación más amplios; que es mayor la probabilidad de que sean las subvenciones y no los créditos fiscales las que lleguen a las pymes o a las actividades en las que estas suelen participar más;

M.

Considerando que se hace referencia a la definición de pyme de la Unión en más de 100 actos jurídicos de la Unión, que abarcan una amplia gama de políticas; que la Comisión continuará examinando la definición actual e informando sobre cuestiones específicas planteadas en las consultas públicas más recientes, como las estructuras de propiedad complejas o los posibles «efectos de bloqueo»; que la Comisión ha de cumplir aún la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 15 de septiembre de 2016, en la que se solicitaba la aclaración de los criterios de «independencia» y de «autonomía»;

N.

Considerando que las microempresas representan una proporción significativa de las pymes europeas y que muy a menudo tienen dificultades para acceder a la financiación y para conocer las oportunidades disponibles a escala europea y nacional; que esta categoría de empresas también se ha visto gravemente afectada por la crisis de la COVID-19 y que, sin perjuicio de la definición actual de pymes, merece recibir más ayuda y una mejor promoción;

O.

Considerando que las empresas de mediana capitalización contribuyen significativamente al empleo y al crecimiento, especialmente en algunos Estados miembros; que, como parte de la iniciativa REFIT, la Comisión debería evaluar la necesidad de una definición separada de mediana capitalización para permitir medidas específicas, garantizando al mismo tiempo que no amplíe la definición de pyme existente ni comprometa en modo alguno el apoyo a las pymes;

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Vistos los artículos 2, 14, 15, 16 y 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 295, 310, 311, 312 y 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el acuerdo político alcanzado el 5 de noviembre de 2020 sobre el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (en lo sucesivo, «Reglamento relativo al Estado de Derecho»),

—

Vistos los acuerdos políticos, incluidas las declaraciones conjuntas y unilaterales, alcanzados el 10 de noviembre de 2020 sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 (en lo sucesivo, «MFP»), el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (en lo sucesivo, «AI»), y el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Instrumento de Recuperación»),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas el 21 de julio de 2020,

—

Vista su Resolución de 23 de julio de 2020,

—

Vista la carta del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho dirigida por los presidentes de grupo a Angela Merkel, canciller de la República Federal de Alemania y presidenta del Consejo de la Unión, y a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con fecha de 26 de agosto de 2020,

—

Vista la declaración del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2020, a cargo de la Conferencia de Presidentes, sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión y el Estado de Derecho,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas el 11 de diciembre de 2020,

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión Europea es una Unión de valores, tal como se consagra en el artículo 2 del TUE;

B.

Considerando que la epidemia de COVID-19 se ha cobrado miles de vidas en Europa y en el mundo y ha desembocado en una crisis sin precedentes con consecuencias desastrosas para las personas, los trabajadores y las empresas, por lo que requiere una respuesta sin precedentes, especialmente tras la segunda ola de COVID-19 y hasta que la pandemia haya terminado efectivamente;

C.

Considerando que el debate político dentro del Consejo Europeo trajo consigo el retraso de todo el proceso, lo que a su vez retrasó las negociaciones, la adopción y la aplicación del MFP, el AI, el Instrumento de Recuperación y el Reglamento relativo al Estado de Derecho;

D.

Considerando que un reglamento relativo al Estado de Derecho eficaz y la introducción de nuevos recursos propios eran una condición previa fijada por el Parlamento Europeo para dar su acuerdo al paquete MFP;

E.

Considerando que los colegisladores de la Unión han podido alcanzar acuerdos sin precedentes durante 2020;

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—

Visto el artículo 78, apartado 2, letra e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 80 del TFUE sobre el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero,

—

Vistos los artículos 1, 2, 3, 4, 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 2, 3, 5, 8 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH),

—

Visto el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,

—

Visto el Pacto Mundial sobre Refugiados de las Naciones Unidas

—

Vistos la Convención, de 1951, y el Protocolo, de 1967, sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido), conocido como el «Reglamento Dublín III» (1),

—

Vistas las Decisiones (UE) 2015/1523, de 14 de septiembre de 2015 (2), y (UE) 2015/1601, de 22 de septiembre de 2015 (3), del Consejo relativas al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia,

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0270) sobre la reforma del Reglamento Dublín III,

—

Visto el mandato de negociación aprobado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior el 19 de octubre de 2017, aprobado por el Pleno el 16 de noviembre de 2017 y confirmado por la Conferencia de Presidentes el 17 de octubre de 2019,

—

Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración (4),

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con el Reglamento (UE) n.o 604/2013, en particular en los asuntos C-695/15 PPU Mirza (ECLI:EU:C:2016:188), C-63/15 Ghezelbash (Gran Sala) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15 Karim (ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU C.K. y otros (*) (ECLI:EU:C:2017:127), C-528/15 Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed (Auto) (ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 A.S. (Gran Sala) (ECLI:EU:C:2017:585), C-646/16 Jafari (Gran Sala) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 Mengesteab (Gran Sala) (ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri (ECLI:EU:C:2017:675), C-201/16 Shiri (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), C-647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X (ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (Gran Sala) (ECLI:EU:C:2018:900), C-661/17 M.A. y otros (Gran Sala) (*) (ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo (Gran Sala) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), C-582/17 H. (Gran Sala) (*) ECLI:EU:C:2019:280, y C-715/17, C-718/17 y C-719/17 Comisión v. Polonia, Hungría y la República Checa,

—

Vistas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con el Reglamento (UE) n.o 604/2013, en particular en los asuntos Sharifi v. Austria, de 5 de diciembre de 2013 (sentencia de la Sala), Mohammadi v. Austria, de 3 de julio de 2014 (sentencia de la Sala), Sharifi y otros v. Italia y Grecia, de 21 de octubre de 2014 (sentencia de la Sala), y Tarakhel v. Suiza, de 4 de noviembre de 2014 (sentencia de la Gran Sala), y ECtHR — M.S.S. v. Bélgica y Grecia (GS), solicitud n.o 30696/09, sentencia de 21 de noviembre de 2011, relacionada con el Reglamento (CE) n.o 343/2003, de 18 de febrero de 2003 (Dublín II);

—

Vista la Agenda Europea de Migración de la Comisión de 13 de mayo de 2015 (COM(2015)0240),

—

Vista la denominada Declaración de Malta de septiembre de 2019,

—

Visto el estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de agosto de 2017, titulado «Left in Limbo» (Perdidos en el limbo), sobre la aplicación del Reglamento Dublín III,

—

Vistas la evaluación del Reglamento Dublín III de 2015 y la evaluación de la aplicación del Reglamento Dublín III de 2016, realizada en nombre de la Comisión por el ICF International,

—

Visto el Informe Especial n.o 2019/24 del Tribunal de Cuentas Europeo, de noviembre de 2019, titulado «Asilo, reubicación y retorno de migrantes: momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y los resultados»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «COVID-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento» (2020/C 126/02),

—

Visto el informe de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, de 2 de junio de 2020, sobre las medidas de emergencia relacionadas con la COVID-19 en los sistemas de asilo y acogida,

—

Visto el informe titulado «Informe anual sobre la situación del asilo en la Unión Europea», de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), de junio de 2020,

—

Vista la evaluación de la aplicación del Reglamento de Dublín del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), de enero de 2019, elaborada por Amandine Scherrer, de la Unidad de Evaluación Ex Post de la Dirección de Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo del Parlamento Europeo (primera parte) y por el equipo de investigación del Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados, a petición de la Unidad de Evaluación Ex Post (segunda parte),

—

Vistos otros estudios encargados por el Parlamento Europeo, en particular la evaluación del EPRS de la aplicación del Reglamento de Dublín y los procedimientos de asilo en Europa, por Gertrud Malmersjo y Milan Remáč, de 2016; el estudio del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales (Dirección General de Políticas Interiores de la Unión) sobre la reforma del Reglamento Dublín III, por Francesco Maiani, de junio de 2016; el estudio del EPRS titulado «The Cost of Non-Europe in Asylum Policy» (El coste de la no Europa en la política de asilo), por Wouter van Ballegooij y Cecilia Navarra, de octubre de 2018; y el estudio del EPRS sobre la reforma del sistema de Dublín, por Anja Radjenovic, de marzo de 2019,

—

Vista la audiencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) celebrada el 19 de febrero de 2020,

—

Vistas las respuestas de los Parlamentos de los Estados miembros sobre su trabajo en relación con el Reglamento Dublín III, facilitadas a través del sistema automatizado del Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentaria,

—

Vista la respuesta facilitada por Alemania a una lista de cinco preguntas enviadas por el presidente de la Comisión LIBE y la ponente a todas las autoridades nacionales participantes en el procedimiento de Dublín,

—

Vistas las misiones de información de la ponente a Bochum (Alemania), Ter Apel (Países Bajos), Bucarest (Rumanía) y Lampedusa (Italia),

—

Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Vista la carta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0245/2020),

A.

Considerando que 1 393 920 solicitantes de asilo solicitaron protección internacional en países de la UE+ en 2015 y 1 292 740 en 2016, es decir, un aumento cuatro veces superior al de 2012 (373 375 solicitudes) y 2013 (464 515); considerando que el número de solicitudes de protección internacional en países de la UE+ aumentó de nuevo entre 2018 (665 920) y 2019 (738 425), lo que equivale al 0,13 % de la población total de la Unión en 2019;

B.

Considerando que casi la mitad de las solicitudes de asilo presentadas en la Unión corresponde a menores y que aproximadamente 17 700 menores no acompañados presentaron una solicitud de protección internacional en 2019; considerando que el 86 % de los menores eran varones y el 90 % tenía una edad de 14-18 años;

C.

Considerando que un Estado miembro que expide un visado a un nacional de un tercer país es responsable del examen de la solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Dublín III; considerando que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Dublín III, la solicitud de un nacional de un tercer país o de un apátrida que haya entrado en el territorio de un Estado miembro que conceda una exención de visado será examinada por dicho Estado miembro;

D.

Considerando que se adoptaron 145 000 decisiones sobre solicitudes Dublín en 2019; Considerando que el índice de aceptación de las decisiones sobre solicitudes Dublín fue del 62 % en 2019;

E.

Considerando que un tercio de los Estados miembros acogió al 90 % de los solicitantes de asilo entre 2008 y 2017;

F.

Considerando que los criterios para determinar la responsabilidad de un Estado miembro con respecto a una solicitud de asilo incluyen, por orden jerárquico, la unidad familiar, la expedición de permisos de residencia o visados, la entrada o la estancia irregular, y la entrada sin visado; considerando que, cuando no se aplique ninguno de estos criterios, el Estado miembro en el que se haya presentado por primera vez la solicitud de asilo pasará a ser el Estado miembro responsable en virtud del artículo 3, apartado 2; Considerando que, como consecuencia del recurso desproporcionado al artículo 13, que atribuye la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo al Estado miembro de primera entrada irregular, las responsabilidades no están compartidas de manera equitativa entre los Estados miembros de la Unión; Considerando que varios Estados miembros de «primera entrada» en el Mediterráneo (a saber, Grecia, Italia, Malta, Chipre y España) recibieron una gran parte de las solicitudes presentadas por primera vez, en concreto durante la crisis de 2015-16;

G.

Considerando que, en 2018, Alemania (82,8 millones de habitantes, el 18,6 % de la población total de la Unión) registró el mayor número de solicitudes (184 180, o el 28 % del total de solicitudes, equivalente al 0,22 % de su población), seguida de Francia (66,9 millones de habitantes, el 15 % de la población total de la Unión) con 120 425 solicitudes (el 19 % del total de solicitudes, equivalente al 0,18 % de su población), Grecia (10,74 millones de habitantes, el 2,4 % de la población total de la Unión) con 66 695 solicitudes (el 11 % del total de solicitudes, el 0,62 % de su población), Italia (60,48 millones de habitantes, el 13,6 % de la población total de la Unión) con 59 950 solicitudes (el 10 % del total de solicitudes, el 0,01 % de su población), y España (46,66 millones de habitantes, el 10,49 % de la población total de la Unión) con 52 700 solicitudes (el 9 % del total de solicitudes, y el 0,11 % de su población);

H.

Considerando que, entre 2016 y 2019, Alemania y Francia emitieron con diferencia la mayoría de las peticiones en el marco del sistema de Dublín (68 % del total de la Unión), mientras que España, Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y la República Checa emitieron un escaso número de peticiones; considerando que España no emitió casi ninguna petición de Dublín, a pesar de un número cada vez mayor de solicitudes de asilo; considerando que existen diferencias significativas entre países, con el 54,6 % de los traslados realizados desde Grecia, el 42,2 % desde Suecia, el 11,2 % desde Alemania, el 6,7 % desde Francia y el 1,6 % desde Italia entre 2016 y 2019; considerando la existencia de una laguna de información importante con respecto a una serie de países;

I.

Considerando que el Reglamento Dublín III se basa en el supuesto básico de que los solicitantes de asilo tienen los mismos derechos en todos los Estados miembros y que cada solicitud es objeto de un examen justo, independientemente del país de la Unión en que se presente; considerando que este supuesto dista mucho de ser una realidad;

J.

Considerando que los Estados miembros solo han hecho un uso muy limitado de la cláusula relativa a las personas dependientes (artículo 16) o de la cláusula humanitaria y discrecional (artículo 17) del Reglamento; considerando que estas cláusulas ofrecen soluciones razonables para la reagrupación familiar o las reubicaciones, también cuando se hayan producido desembarcos;

K.

Considerando que en la mayoría de los procedimientos de Dublín no se aplican correctamente las disposiciones sobre la jerarquía de los criterios ni los plazos fijados, y que los traslados no se llevan a cabo; considerando que, en las situaciones que implican a menores y familias, estas lagunas son especialmente perjudiciales para el interés superior del menor y el derecho de los solicitantes de asilo a la reagrupación familiar;

L.

Considerando que, en los datos y estudios sobre la aplicación del Reglamento Dublín III, queda patente una falta de consideración habitual hacia las disposiciones familiares así como la aplicación incorrecta del principio del interés superior del menor; considerando, por ejemplo, que en 2018 el criterio de la unidad familiar se aplicó solamente en el 5 % de las peticiones de «acogida» en Francia (de un total de 12 000) y en el 3,7 % en Alemania (de un total de 17 500), y que en el caso de Bélgica, Suecia y Suiza los porcentajes son incluso inferiores; que Grecia, en cambio, emitió el 79,3 % de sus peticiones de «acogida» de 2018 basándose en el criterio de la unidad familiar; considerando que las solicitudes de reagrupación familiar se aceptan con menor frecuencia (en el 48 % de los casos), en comparación con el porcentaje medio de aceptación de todos los procedimientos (67,6 %); considerando que la aplicación efectiva de los artículos 16 y 17 del Reglamento podría garantizar la eficacia del derecho de los solicitantes de asilo a la vida familiar y a la unidad familiar;

M.

Considerando que se han producido importantes deficiencias en la aplicación del Reglamento Dublín III, también cuando se produjo el elevado número de llegadas en 2015 y durante la pandemia de la COVID-19, lo que ha socavado la confianza entre los Estados miembros y el derecho a la protección internacional, y conllevado la violación de derechos fundamentales; considerando que las normas de Dublín III han demostrado ser inadecuadas para hacer frente a una afluencia importante de migrantes, lo que ha dado lugar a un sistema que impone una responsabilidad y unas cargas excesivas a unos pocos Estados miembros;

N.

Considerando que el mecanismo de solidaridad temporal de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo acordado en la declaración de Malta, firmada el 23 de septiembre de 2019 por Alemania, Francia, Italia y Malta, tenía una validez mínima de seis meses; considerando que ningún otro Estado miembro se ha adherido a este acuerdo ad hoc;

O.

Considerando que la disposición sobre medidas preventivas (artículo 33) nunca se ha utilizado;

P.

Considerando que el artículo 28 del Reglamento de Dublín permite el internamiento como medida excepcional «para garantizar los procedimientos de traslado», cuando exista un «riesgo significativo» de fuga del solicitante; considerando que esta definición sigue siendo poco clara y que su interpretación varía de un Estado miembro a otro;

Q.

Considerando que existe una falta de cumplimiento en materia de garantías y amparos procesales para los solicitantes de asilo, especialmente cuando se trata de menores; Considerando que la duración de los procedimientos y la falta de resultados previsibles, a las que se suman las deficientes condiciones de acogida y la precariedad social, repercuten en el bienestar de los solicitantes de asilo que, en muchos casos, han sufrido experiencias traumáticas en sus países y/o en su periplo hasta llegar a la Unión;

R.

Considerando que la aplicación del Reglamento Dublín III está estrechamente vinculada a la aplicación de otros expedientes de la política europea de asilo y migración; Considerando, en particular, que las deficiencias en la aplicación de la Directiva de procedimientos de asilo (2013/32/UE) refundida, la Directiva de acogida (2013/33/UE) refundida y la Directiva de cualificaciones (2011/95/UE) refundida han tenido una repercusión en la aplicación del Reglamento Dublín III; considerando que la Comisión Europea debería esforzarse más por garantizar el cumplimiento de estas Directivas por parte de los Estados miembros, incluso mediante procedimientos de infracción;

S.

Considerando que algunas de las mencionadas deficiencias son inherentes al diseño del Reglamento de Dublín y no pueden solventarse únicamente a través de una mejor aplicación;

T.

Considerando que las lagunas de información impiden una evaluación exhaustiva de la aplicación del Reglamento Dublín III; considerando que los Estados miembros no facilitan la información estadística de forma sistemática y coherente, ni con el mismo nivel de detalle o frecuencia; considerando que las lagunas de información clave abarcan los motivos de las solicitudes, la duración de los procedimientos, los recursos, las solicitudes retiradas, los traslados fallidos, los procedimientos de recurso y el internamiento;

U.

Considerando que, el 6 de noviembre de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución legislativa sobre la propuesta de refundición de Dublín IV por mayoría de dos tercios;

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

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Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

—

Vistos la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra) y, en particular, el derecho a la no devolución,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 y 47,

—

Visto el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2018,

—

Vistas las «Veinte directrices sobre el retorno forzoso», aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de mayo de 2005,

—

Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (1) (Directiva sobre retorno),

—

Visto el Reglamento (UE) 2018/1860 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular (2) («retorno SIS»),

—

Visto el Reglamento (UE) 2020/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (3),

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a la Directiva 2008/115/CE, incluidos los asuntos C-357/09 Kadzoev (4), C-61/11 El Dridi (5), C-534/11 Arslan (6), C-146/14 Mahdi (7), C-554/13 Z. Zh. (8), C-47/15 Sélina Affum (9), C-82/16 K.A. y otros (10) y C-181/16 Gnandi (11),

—

Vistas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a la Directiva 2008/115/CE, incluidas las de los asuntos Amie y otros/Bulgaria (demanda n.o 58149/08), N.D. y N.T./España (demandas n.o 8675/15 y 8697/15) y Haghilo/Chipre (demanda n.o 47920/12),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de marzo de 2014, sobre la política de retorno de la UE (COM(2014)0199),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2015, titulada «Una Agenda Europea de Migración» (COM(2015)0240),

—

Vistas las Conclusiones de las cumbres del Consejo Europeo de octubre de 2016 y junio de 2018,

—

Vistas las normas comunes no vinculantes del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativas a los programas de retorno voluntario asistido (y reintegración) ejecutados por los Estados miembros,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de marzo de 2017, relativa a una política de retorno más eficaz en la Unión Europea — Un plan de acción renovado (COM(2017)0200),

—

Vista la Recomendación (UE) 2017/432 de la Comisión, de 7 de marzo de 2017, sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces al aplicar la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12),

—

Vista la Recomendación (UE) 2017/2338 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, por la que se establece un «Manual de Retorno» común destinado a ser utilizado por las autoridades competentes de los Estados miembros en las tareas relacionadas con el retorno (13),

—

Visto el Informe de Síntesis de 2017 de la Red Europea de Migración titulado «La efectividad del retorno en Estados Miembros de la UE: desafíos y buenas prácticas vinculadas a reglas y normas de la UE»,

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, presentada por la Comisión, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (refundición) (COM(2018)0634),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de diciembre de 2018, titulada «La gestión de la migración en todos sus aspectos: avances en el marco de la Agenda Europea de Migración» (COM(2018)0798),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de abril de 2020, titulada «COVID-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento» (C(2020)2516),

—

Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración (14),

—

Vista su Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre la gestión de los flujos de migrantes y refugiados: el papel de la acción exterior de la Unión (15),

—

Vista su Posición, de 13 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración (16),

—

Visto el Informe Especial n.o 24/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo, de noviembre de 2019, titulado «Asilo, reubicación y retorno de migrantes: momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y los resultados»,

—

Vista la evaluación de impacto sustitutiva del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), de marzo de 2019, sobre la propuesta de refundición de la Directiva sobre retorno,

—

Vista la evaluación europea del EPRS, de junio de 2020, en la que se facilita una evaluación de la aplicación de la Directiva sobre retorno y de la dimensión exterior de la misma,

—

Visto el informe de evaluación de Frontex, de 15 de junio de 2020, sobre las operaciones de retorno en el segundo semestre de 2019,

—

Visto el 4.o informe anual del Centro Europeo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Europol, de 15 de mayo de 2020,

—

Vistos los informes sobre la aplicación del acervo de Schengen en el ámbito del retorno elaborados con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evaluación y aplicación de Schengen (17),

—

Visto el manual del Consejo de Europa, de 17 de septiembre de 2019, titulado «Practical Guidance on Alternatives to Immigration Detention: Fostering Effective Results» (Guía práctica sobre alternativas al internamiento de migrantes: fomentar resultados eficaces),

—

Visto el análisis, de 7 de diciembre de 2017, del Comité Directivo sobre Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre los aspectos jurídicos y prácticos de las alternativas eficaces al internamiento en el contexto de la migración,

—

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación (18),

—

Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre la interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación (19),

—

Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0238/2020),

A.

Considerando que la Comisión solo ha evaluado la aplicación de la Directiva sobre retorno en una ocasión (en 2014), a pesar de la obligación legal, en virtud del artículo 19 de esta Directiva, de informar sobre su aplicación cada tres años a partir de 2013; que, en 2015, la Comisión publicó una Comunicación que contiene un plan de acción en materia de retorno; que, en 2017, publicó una Recomendación sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces al aplicar la Directiva sobre retorno y publicó un Manual de Retorno; que la Comisión presentó en septiembre de 2018, sin realizar una evaluación de impacto, una propuesta de refundición de la Directiva sobre retorno con el fin de lograr una política de retorno más eficaz y coherente; que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo encargó al EPRS que presentase una evaluación de impacto sustitutiva sobre la propuesta de refundición; que esta evaluación señala la falta de pruebas de que la propuesta de refundición vaya a mejorar la eficacia de los retornos;

B.

Considerando que el doble objetivo de la Directiva sobre retorno es establecer normas comunes en lo que se refiere a unos retornos efectivos en consonancia con los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad; que en su Recomendación sobre la mejora de la eficacia de los retornos, la Comisión se centra en la tasa de retorno como indicador de la eficacia de la Directiva sobre retorno y recomienda medidas que podrían tener el efecto no deseado de limitar determinadas garantías de esta Directiva, como el derecho de apelación, y utilizar períodos de internamiento más prolongados; que los retornos sostenibles y la reintegración satisfactoria son indicadores importantes en la evaluación de la eficacia de los retornos; que el seguimiento posterior al retorno no es en la actualidad lo suficientemente completo y preciso; que se ha comprobado que no todos los retornos son sostenibles, especialmente en relación con los menores no acompañados, debido a la falta de un plan de reintegración personal o apoyo tras el retorno;

C.

Considerando que la Comisión ha observado que los Estados miembros se enfrentan a diversos obstáculos de carácter procedimental, técnico y operacional para llevar a cabo unos retornos efectivos, entre los que se encuentra el nivel de cooperación de todas las partes interesadas implicadas, incluidos terceros países; que la Comisión ha señalado como una de las principales razones de que no se produzcan retornos la identificación de los retornados y la necesidad de obtener la documentación necesaria de terceros países;

D.

Considerando que la falta de armonización tiene una profunda incidencia en las prácticas de retorno entre los Estados miembros; que las evaluaciones efectuadas por la Comisión con motivo de la publicación de la Recomendación sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces indican que «el margen de discreción concedido a los Estados miembros por la Directiva sobre retorno ha dado lugar a su transposición incoherente a las legislaciones nacionales, con un impacto negativo en la eficacia de la política de la Unión en materia de retorno» y que «[u]na aplicación más eficaz de esta Directiva reduciría las posibilidades de abuso de los procedimientos y subsanaría los problemas de eficiencia, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»;

E.

Considerando que la Comisión, en su Plan de Acción en materia de retorno publicado en 2015, expresó la opinión de que los retornos voluntarios eran la opción preferida siempre que fuera posible; que —de nuevo según afirma la Comisión en su Plan de Acción— «[s]e calcula que en 2013 cerca del 40 % de los retornos fueron voluntarios, frente a solo el 14 % en 2009»; que, según las estimaciones de la Comisión, 300 000 personas al año no pueden ser retornadas debido a obstáculos administrativos, problemas de salud o al riesgo de devolución; que debe abordarse su situación, también concediéndoles un estatuto jurídico por motivos humanitarios;

F.

Considerando que los datos relativos a la aplicación de la Directiva sobre retorno están a disposición del público a través de Eurostat, pero que no en todos los casos están desglosados ni son comparables; que podrá facilitarse más información con la aplicación del Reglamento (UE) 2018/1860 sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular («retorno SIS») y el Reglamento (UE) 2020/851 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional;

G.

Considerando que, entre 2014 y 2018, el número de cruces irregulares de fronteras disminuyó de 1,82 millones a 142 000; que los Estados miembros expidieron alrededor de 3 millones de permisos de primera residencia en 2019; que el número de solicitudes de asilo disminuyó de 1,29 millones en 2015 a 698 000 en 2019; que en 2018 los Estados miembros emitieron 283 880 decisiones de retorno, con 147 815 personas retornadas;

H.

Considerando que los Estados miembros no comparten sistemáticamente información sobre las decisiones de retorno o las prohibiciones de entrada dictadas, lo que imposibilita en la práctica el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno dictadas por los Estados miembros y su aplicación en toda la Unión; que, con el fin de aumentar la eficacia de las readmisiones y garantizar la coherencia de los retornos a nivel europeo, los acuerdos formales de la Unión deben prevalecer sobre los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países;

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sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D069145/02,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,

—

Vista la votación en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, celebrada el 26 de octubre de 2020, en la que no se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 25 de septiembre de 2019 y publicado el 11 de noviembre de 2019 (3),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones en las que manifestaba su oposición a la autorización de organismos modificados genéticamente (en lo sucesivo, «OMG») (4),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que, el 17 de diciembre de 2015, Monsanto Europe S.A./N.V. presentó a la autoridad nacional competente de los Países Bajos, en nombre de la empresa Monsanto, de los Estados Unidos, una solicitud de comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, con arreglo a los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (en lo sucesivo, «la solicitud»); que dicha solicitud se refiere asimismo a la comercialización de productos que estén compuestos de soja modificada genéticamente MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 o la contengan («soja modificada genéticamente con eventos acumulados»), para cualquier uso que no sea como alimento o pienso, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que la soja modificada genéticamente con eventos acumulados se deriva del cruce de cuatro eventos de soja modificada genéticamente MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788), confiere una resistencia a los herbicidas que contienen glifosato, glufosinato y dicamba y produce tres proteínas insecticidas (Cry1A.105, Cry2Ab2 y Cry1Ac) (también conocidas como toxinas Bt) que son tóxicas para determinadas larvas de lepidópteros (mariposas y polillas) (5);

C.

Considerando que evaluaciones anteriores de los cuatro eventos únicos de la soja modificada genéticamente con eventos acumulados, que ya han sido autorizados, se utilizaron de base para la evaluación de la soja modificada genéticamente con cuatro eventos acumulados (6);

D.

Considerando que, el 25 de septiembre de 2019, la EFSA adoptó un dictamen favorable que fue publicado el 11 de noviembre de 2019 (7);

E.

Considerando que las autoridades competentes de los Estados miembros presentaron a la EFSA numerosas observaciones críticas durante los tres meses del período de consulta (8); que dichas observaciones críticas incluyen que no se haya analizado la presencia de residuos de glifosato o metabolitos de glifosato en la soja modificada genéticamente con eventos acumulados, que no se hayan comprobado los posibles efectos sinérgicos o antagonistas de las toxinas Bt con los residuos de herbicida, que persistan dudas sin resolver sobre la inocuidad de la soja modificada genéticamente con eventos acumulados y los alimentos y piensos derivados, que no se hayan evaluado los posibles efectos a largo plazo de los alimentos o piensos sobre la reproducción y el desarrollo y que, debido a la falta de información, no se pueda determinar por completo la inocuidad de la soja modificada genéticamente con eventos acumulados;

F.

Considerando que un análisis científico independiente ha determinado, entre otras cosas, que no se puede alcanzar una conclusión definitiva en relación con la inocuidad de la soja modificada genéticamente con eventos acumulados, que la evaluación toxicológica y la evaluación de riesgos ambientales son inaceptables y que la evaluación de riesgos no cumple los requisitos para determinar los riesgos para el sistema inmunitario (9);

G.

Considerando que se ha demostrado que el cultivo de productos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas conlleva un mayor uso de herbicidas, debido en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas (10); que, en consecuencia, cabe esperar que los cultivos de soja modificada genéticamente con eventos acumulados estarán expuestos a dosis más elevadas y repetidas de herbicidas complementarios (glufosinato, dicamba y glifosato), lo que podría dar lugar a una mayor cantidad de residuos en la cosecha;

H.

Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la reproducción de categoría 1B y, por lo tanto, cumple los «criterios de exclusión» establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (11); que la aprobación del glufosinato para su uso en la Unión venció el 31 de julio de 2018 (12);

I.

Considerando que un estudio revisado por pares reveló que el glifosato se acumula en la soja modificada genéticamente, con el consiguiente efecto negativo en la composición nutricional en comparación con la soja no modificada genéticamente (13); que un proyecto piloto llevado a cabo en Argentina constató niveles sorprendentemente elevados de residuos de glifosato en la soja modificada genéticamente (14);

J.

Considerando que siguen existiendo interrogantes en lo que respecta a la carcinogenicidad del glifosato; que, en noviembre de 2015, la EFSA concluyó que es poco probable que el glifosato sea carcinógeno y que, en marzo de 2017, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó que no estaba justificada su clasificación como tal; que, por el contrario, en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la agencia de la Organización Mundial de la Salud especializada en el cáncer, clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para las personas; que varios estudios científicos recientes revisados por pares confirman el potencial carcinogénico del glifosato (15);

K.

Considerando que un estudio científico publicado en agosto de 2020 llegó a la conclusión de que el uso de la dicamba puede aumentar el riesgo de desarrollar cánceres de hígado y de las vías biliares intrahepáticas (16);

L.

Considerando que, en las plantas modificadas genéticamente, la metabolización de los herbicidas complementarios que realiza la planta y la composición y, por ende, la toxicidad de los productos de degradación («metabolitos») pueden venir determinados por la propia modificación genética (17);

M.

Considerando que, si bien la EFSA afirma en su dictamen que la evaluación de los residuos de herbicidas pertinentes para esta solicitud ha sido investigada por la Unidad de Plaguicidas de la EFSA, esto no es suficiente por sí solo ya que no se han tenido en cuenta la toxicidad combinada de los herbicidas complementarios y de los productos de degradación ni su posible interacción con propia soja modificada genéticamente con eventos acumulados;

N.

Considerando que, en sus observaciones sobre la evaluación del riesgo de la EFSA, las autoridades competentes de varios Estados miembros manifestaron su preocupación ante la inexistencia de análisis de los residuos de herbicidas presentes en cultivos modificados genéticamente y de los posibles riesgos sanitarios;

O.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con los LMR, deben supervisarse y controlarse cuidadosamente los residuos sobre cultivos importados de sustancias activas que no están autorizados en la Unión, como el glufosinato (19);

P.

Considerando que con arreglo al último programa plurianual coordinado de control de la Unión (para 2020, 2021 y 2022), los Estados miembros no están obligados a medir los residuos de glufosinato en ningún producto, incluida la soja (20);

Q.

Considerando que hay varios estudios en los que se han observado posibles efectos secundarios sobre el sistema inmunitario por la exposición a proteínas Bt, y que algunas de dichas proteínas pueden tener propiedades (21) adyuvantes, lo que significa que pueden aumentar las propiedades alergénicas de otras proteínas con las que entren en contacto;

R.

Considerando que un miembro de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA, en su opinión minoritaria adoptada durante el procedimiento de evaluación de otro maíz modificado genéticamente con eventos acumulados y sus subcombinaciones, señaló que, a pesar de no haberse detectado nunca efectos no deseados sobre el sistema inmunitario en ninguna solicitud que entrañe la expresión de proteínas Bt, «estos podrían no haber sido observados en los estudios toxicológicos […] actualmente recomendados y realizados en la EFSA para evaluar la inocuidad de las plantas modificadas genéticamente, porque no incluyen los exámenes convenientes en este sentido» (22);

S.

Considerando que no puede concluirse que el consumo de la soja modificada genéticamente con eventos acumulados sea seguro para la salud humana y animal;

T.

Considerando que en la votación de 26 de octubre de 2020 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen, lo que significa que la autorización no fue apoyada por una mayoría cualificada de los Estados miembros;

U.

Considerando que la Comisión reconoce que es problemático que las decisiones de autorización de OMG sigan siendo adoptadas por la Comisión sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que verdaderamente constituye una excepción en el marco de las autorizaciones de productos en su conjunto, pero que se ha convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones relativas a las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente;

V.

Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó un total de 36 resoluciones en las que formulaba objeciones a la comercialización de OMG como alimentos y piensos (33 resoluciones) y al cultivo de dichos organismos en la Unión (3 resoluciones); que, hasta la fecha, en su novena legislatura, el Parlamento ha aprobado once objeciones; que no hubo una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos OMG; que, pese a que reconoce las deficiencias democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y las objeciones del Parlamento, la Comisión sigue autorizando OMG;

W.

Considerando que, en virtud del Reglamento (UE) n.o 182/2011, la Comisión puede decidir no autorizar un organismo modificado genéticamente cuando no haya una mayoría cualificada de Estados miembros a favor en el comité de apelación (23); y que no se requieren cambios legislativos a este respecto;

X.

Considerando que en el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 se señala que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, y que la Comisión debe tener en cuenta, al redactar su proyecto de decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado; que entre estos factores legítimos se han de incluir las obligaciones que incumben a la Unión en virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas;

Y.

Considerando el reciente informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, en el que se afirma que, en particular en los países en desarrollo, los plaguicidas peligrosos tienen consecuencias catastróficas para la salud (24); que la meta 3.9 de los ODS aspira a que en 2030 se reduzca sustancialmente el número de muertes y enfermedades ocasionadas por productos químicos peligrosos y por la contaminación del aire, el agua y el suelo (25);

Z.

Considerando que la EFSA concluyó que la exposición estimada del operario al glufosinato, clasificado como sustancia tóxica para la reproducción, cuando se utiliza para el control de las malas hierbas en el maíz modificado genéticamente, superó el nivel de exposición admisible para el operario, incluso cuando se utilizó el equipo de protección individual (26); que el riesgo de aumento de la exposición de los operarios es especialmente preocupante en relación con los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas, habida cuenta de los mayores volúmenes de herbicidas utilizados;

AA.

Considerando que la deforestación es una de las principales causas de declive de la biodiversidad; que las emisiones procedentes del uso del suelo y de los cambios de dicho uso, en particular debido a la deforestación, son la segunda causa del cambio climático tras la quema de combustibles fósiles (27); que el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que fue adoptado en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, promueven los esfuerzos de gestión, protección y restauración sostenibles de los bosques (28); que el ODS 15 incluye la meta de haber puesto fin a la deforestación en 2020 (29); y que los bosques cumplen múltiples funciones que contribuyen a la consecución de la mayoría de los ODS (30);

AB.

Considerando que la producción de soja es un factor fundamental de la deforestación de la selva amazónica, el Cerrado y el Gran Chaco en América del Sur; que el 97 % y el 100 % de la soja cultivada en Brasil y Argentina, respectivamente, es soja modificada genéticamente (31);

AC.

Considerando que la gran mayoría de las sojas modificadas genéticamente autorizadas para el cultivo en Brasil y Argentina también se han autorizado para su importación a la Unión (32); y que la soja modificada genéticamente con eventos acumulados ya está autorizada para su cultivo en Brasil (33);

AD.

Considerando que, según un análisis de la Comisión, la soja representa históricamente la mayor contribución de la Unión a la deforestación mundial y a las emisiones conexas, correspondiéndole casi la mitad de la deforestación incorporada al conjunto de las importaciones de la Unión (34);

AE.

Considerando que un reciente estudio científico, con evaluación por pares, constató que la Unión es la región con la mayor huella de carbono del mundo asociada a importaciones de soja procedentes de Brasil —superior en un 13,8 % a la de China, que es el mayor importador de soja—, debido a la mayor cuota de emisiones procedente de la deforestación incorporada (35); que otro estudio reciente reveló que aproximadamente una quinta parte de la soja exportada a la Unión desde las regiones brasileñas del Amazonas y el Cerrado, principalmente para su uso en piensos, puede estar «contaminada con deforestación ilegal» (36);

AF.

que los incendios forestales en el Amazonas son propiciados por los altos niveles de deforestación; que, en una Comunicación de 2019, la Comisión expresó su aspiración de proteger y restaurar los bosques del mundo (37); y que la protección de la biodiversidad a nivel mundial, incluidos los bosques, constituye un objetivo fundamental de la Estrategia de la Unión sobre la biodiversidad recientemente publicada por la Comisión (38);

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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0028);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0029);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0030);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0054);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la contengan o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0055);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0056).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco de los eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0057).

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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708× MON 89788× A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0069).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111 de la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0291).

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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0292).

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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0293).

—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de los productos que contengan, estén compuestos o hayan sido producidos a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 o maíz modificado genéticamente que combine dos o tres de los eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y MON 87411, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D069146/02,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,

—

Vista la votación en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, celebrada el 26 de octubre de 2020, en la que no se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 26 de septiembre de 2019 y publicado el 7 de noviembre de 2019 (3),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones en las que manifestaba su oposición a la autorización de organismos modificados genéticamente (en lo sucesivo, «OMG») (4),

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Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que, el 24 de mayo de 2017, Monsanto Europe S.A./N.V. presentó a la autoridad nacional competente de los Países Bajos, en nombre de la empresa Monsanto, de los Estados Unidos, una solicitud de comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 (en lo sucesivo, «maíz modificado genéticamente con eventos acumulados»), con arreglo a los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (en lo sucesivo, «solicitud»); que la solicitud se refería también a la comercialización de productos que contienen o se componen del maíz modificado genéticamente con eventos acumulados para usos distintos de los alimentos y piensos, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que, además, la solicitud se refería a la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de diez subcombinaciones de esos eventos únicos de transformación que constituyen el maíz modificado genéticamente con eventos acumulados;

C.

Considerando que cuatro subcombinaciones de maíz modificado genéticamente con eventos acumulados ya están autorizadas; que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión abarca las seis subcombinaciones restantes;

D.

Considerando que el maíz modificado genéticamente con eventos acumulados se deriva del cruce de cuatro eventos de maíz modificado genéticamente (MON 87427, MON 89034, MIR162 y MON 87411), confiere una resistencia a los herbicidas que contienen glifosato y produce cuatro proteínas insecticidas (Cry1A.105, Cry2Ab2, Vip3Aa20 y Cry3Bb1) también conocidas como proteínas «Bt») y que son tóxicas para determinados insectos lepidópteros (mariposas y polillas) y coleópteros (5);

E.

Considerando que evaluaciones anteriores de los cuatro eventos únicos y cuatro de las subcombinaciones del maíz modificado genéticamente con eventos acumulados, que ya han sido autorizados, se utilizaron de base para la evaluación del maíz modificado genéticamente con cuatro eventos acumulados y las seis subcombinaciones restantes;

F.

Considerando que, el 26 de septiembre de 2019, la EFSA adoptó un dictamen favorable, publicado el 7 de noviembre de 2019, en relación con dicha solicitud;

G.

Considerando que en el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 se señala que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, y que la Comisión debe tener en cuenta, al redactar su proyecto de decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

H.

Considerando que los Estados miembros presentaron a la EFSA numerosas observaciones críticas durante los tres meses del período de consulta (6); que dichas observaciones críticas incluyen preocupaciones como que no se haya analizado la presencia de residuos de glifosato o metabolitos de glifosato en el maíz modificado genéticamente con eventos acumulados, que no se hayan comprobado los posibles efectos sinérgicos o antagonistas de las proteínas Bt y de los residuos de herbicida, que persistan dudas sin resolver sobre la inocuidad del maíz modificado genéticamente con eventos acumulados y los alimentos y piensos derivados, que no se hayan evaluado los posibles efectos a largo plazo de los alimentos o piensos sobre la reproducción y el desarrollo y que, debido a la falta de información, no se pueda determinar por completo la inocuidad del maíz modificado genéticamente con eventos acumulados;

I.

Considerando que un análisis científico independiente ha determinado, entre otras cosas, que no se puede alcanzar una conclusión definitiva en relación con la inocuidad del maíz modificado genéticamente con eventos acumulados, que la evaluación toxicológica y la evaluación de riesgos ambientales son inaceptables y que la evaluación de riesgos no cumple los requisitos para determinar los riesgos para el sistema inmunitario (7);

J.

Considerando que el solicitante no proporcionó datos experimentales relativos a las seis subcombinaciones del maíz modificado genéticamente con eventos acumulados que no están autorizadas actualmente (8);

K.

Considerando que diversos estudios han demostrado que en los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas se hace un mayor uso de herbicidas «complementarios», debido en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas (9); que, en consecuencia, cabe esperar que el maíz modificado genéticamente con eventos acumulados se vea expuesto a dosis más elevadas y repetidas de glifosato y que, por consiguiente, se encuentre una mayor cantidad de residuos en las cosechas; que el maíz modificado genéticamente con eventos acumulados expresa dos proteínas resistentes al glifosato, que lo hacen todavía más resistente a dosis elevadas y pulverización repetida;

L.

Considerando que siguen existiendo interrogantes en lo que respecta a la carcinogenicidad del glifosato; que, en noviembre de 2015, la EFSA concluyó que es poco probable que el glifosato sea carcinógeno y que, en marzo de 2017, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó que no estaba justificada su clasificación como tal; que, por el contrario, en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la agencia de la Organización Mundial de la Salud especializada en el cáncer, clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para las personas;

M.

Considerando que, en su dictamen científico de 26 de septiembre de 2019, la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA señala que «la evaluación de residuos de herbicidas en cultivos de maíz resistentes a herbicidas pertinente para esta solicitud ha sido investigada por la Unidad de Plaguicidas de la EFSA» (10); que, no obstante, según un dictamen de la Unidad de Plaguicidas de la EFSA, los datos sobre residuos de glifosato en el maíz modificados genéticamente con modificaciones EPSPS (11) son insuficientes para determinar límites máximos de residuos y valores de evaluación de riesgos (12);

N.

Considerando que, de nuevo según la Unidad de Plaguicidas de la EFSA, faltan datos toxicológicos que permitan realizar una evaluación del riesgo para los consumidores de varios productos de degradación del glifosato pertinentes para los cultivos modificados genéticamente resistentes al glifosato (13);

O.

Considerando que la evaluación de los residuos de herbicidas y sus productos de degradación en plantas modificadas genéticamente, junto con su posible interacción con proteínas Bt, se considera ajena a las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte del procedimiento de autorización de OMG; que esto resulta problemático, ya que el modo en que la planta modificada genéticamente en cuestión realiza la metabolización de los herbicidas complementarios, y la composición y, por ende, la toxicidad de los productos de degradación («metabolitos») pueden venir determinadas por la propia modificación genética (14);

P.

Considerando que hay varios estudios en los que se han observado posibles efectos secundarios sobre el sistema inmunitario por la exposición a proteínas Bt, y que algunas de dichas proteínas pueden tener propiedades adyuvantes (15), lo que significa que pueden aumentar las propiedades alergénicas de otras proteínas con las que entren en contacto;

Q.

Considerando que un miembro de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA, en su opinión minoritaria adoptada durante el procedimiento de evaluación de otro maíz modificado genéticamente con eventos acumulados y sus subcombinaciones, señaló que, a pesar de no haberse detectado nunca efectos no deseados sobre el sistema inmunitario en ninguna solicitud que entrañe la expresión de proteínas Bt, «estos podrían no haber sido observados en los estudios toxicológicos […] actualmente recomendados y realizados en la EFSA para evaluar la inocuidad de las plantas modificadas genéticamente, porque no incluyen los exámenes convenientes en este sentido» (16);

R.

Considerando que no puede concluirse que el consumo del maíz modificado genéticamente con eventos acumulados o de sus subcombinaciones sea seguro para la salud humana y animal;

S.

Considerando que en la votación del 26 de octubre de 2020 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen, lo que significa que la autorización no fue apoyada por una mayoría cualificada de los Estados miembros;

T.

Considerando que la Comisión reconoce que es problemático que las decisiones de autorización de OMG sigan siendo adoptadas por la Comisión sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que verdaderamente constituye una excepción en el marco de las autorizaciones de productos en su conjunto, pero que se ha convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones relativas a las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente;

U.

Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó un total de 36 resoluciones en las que manifestaba su oposición a la comercialización de OMG como alimentos y piensos (33 resoluciones) y al cultivo de dichos organismos en la Unión (3 resoluciones); que, hasta la fecha, en su novena legislatura, el Parlamento ha aprobado once oposiciones; que no hubo una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos OMG; que, pese a que reconoce las deficiencias democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y la oposición del Parlamento, la Comisión sigue autorizando OMG;

V.

Considerando que, en virtud del Reglamento (UE) n.o 182/2011, la Comisión puede decidir no autorizar un organismo modificado genéticamente cuando no haya una mayoría cualificada de Estados miembros a favor en el comité de apelación (17); que no se requieren cambios legislativos a este respecto;

1.

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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0028);

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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0029);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0030);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0054);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la contengan o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0055);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0056).

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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco de los eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0057).

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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708× MON 89788× A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0069).

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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111 de la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0291).

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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0292).

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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0293).

—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D069147/02,

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Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y, en particular, su artículo 11, apartado 3, y su artículo 23, apartado 3,

—

Vista la votación en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal a la que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, celebrada el 26 de octubre de 2020, en la que no se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 2 de julio de 2009 y publicado el 21 de julio de 2009 (3),

—

Visto el dictamen adoptado por la EFSA el 25 de septiembre de 2019 y publicado el 7 de noviembre de 2019 (4),

—

Vistas sus anteriores resoluciones de oposición a la autorización de organismos modificados genéticamente (en lo sucesivo, «OMG») (5),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que mediante la Decisión 2009/866/CE (6) de la Comisión se autorizó la comercialización de alimentos y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MIR604; que el alcance de dicha autorización también incluye la comercialización de productos que contienen o se componen de maíz modificado genéticamente MIR604 para usos distintos de los alimentos y piensos, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que, el 26 de julio de 2018, el titular de la autorización, Syngenta Crop Protection N.V./S.A., en nombre de Syngenta Crop Protection AG, presentó a la Comisión una solicitud, de conformidad con los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, para la renovación de dicha autorización;

C.

Considerando que, el 2 de julio de 2009, la EFSA adoptó un dictamen favorable, publicado el 21 de julio de 2009, en relación con la solicitud de autorización inicial;

D.

Considerando que, el 25 de septiembre de 2019, la EFSA adoptó un dictamen favorable, publicado el 7 de noviembre de 2019, en relación con la solicitud de renovación;

E.

Considerando que entre los posibles usos del maíz modificado genéticamente MIR604 se incluye la producción de piensos animales y productos alimenticios, como el almidón, los jarabes y los aceites (7);

F.

Considerando que el maíz modificado genéticamente MIR604 ha sido diseñado para producir mCry3A, una proteína insecticida sintética (también conocida como toxina Bt) con una toxicidad aumentada (en comparación con las bacterias naturales de las que se deriva) para actuar contra la Diabrotica virgifera y otras plagas relacionadas de coleópteros del maíz, como la Diabrotica longicornis; que, además, el maíz modificado genéticamente MIR604 fue diseñado con el gen de la fosfomanosa isomerasa (PMI) de la Escherichia coli (E. coli), que codifica la enzima PMI como marcador seleccionable;

G.

Considerando que la combinación de las dos construcciones genéticas se derivó del apilamiento, pero no se llevó a cabo ninguna evaluación de las plantas madre individuales, infringiendo así el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 503/2013 de la Comisión (8);

H.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 establece que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, y exige que la Comisión tenga en cuenta, al redactar su proyecto de decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

I.

Considerando que, durante el período de consulta en relación con la solicitud de autorización inicial, los Estados miembros presentaron numerosos comentarios críticos al proyecto de dictamen de la EFSA (9); que esos comentarios críticos incluyen las siguientes preocupaciones: que no puede descartarse un aumento de la actividad alergénica debido a la proteína mCry3A en los alimentos y piensos procedentes del maíz modificado genéticamente MIR604, que los datos de los ensayos de campo no pueden considerarse suficientes para la comercialización, que en los estudios toxicológicos no se siguieron las directrices de ensayo de la OCDE, como recomendó la EFSA, y que el estudio de la alimentación en ratas y aves de corral con toda la planta de maíz modificado genéticamente MIR604, destinado a demostrar su seguridad toxicológica, no empleó criterios de valoración toxicológicos;

J.

Considerando que, durante el período de consulta en relación con la solicitud de renovación, los Estados miembros presentaron de nuevo numerosos comentarios críticos al proyecto de dictamen de la EFSA (10); que dichos comentarios críticos incluyen las siguientes preocupaciones: que el planteamiento de seguimiento llevado a cabo por el solicitante no se ajusta plenamente a los requisitos del anexo VII de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) ni a las recomendaciones de la EFSA, que no se ha corroborado la afirmación de que el maíz modificado genéticamente MIR604 es igual de seguro que el maíz convencional, y que la vigilancia general de los efectos adversos previstos que se propone no está suficientemente elaborada, así como el comentario de que la Unión ha ratificado el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), que especifica claramente que tanto los países exportadores como los importadores tienen responsabilidades internacionales con respecto a la diversidad biológica;

K.

Considerando que para los estudios sobre toxicidad aguda y degradación en fluidos digestivos se utilizaron las proteínas mCry3A y PMI producidas en una cepa recombinante de E. coli; que tanto la proteína mCry3A como la proteína PMI producidas en las bacterias E. coli difieren de las proteínas producidas por plantas modificadas genéticamente (12), lo que suscita dudas sobre la validez de estos estudios de toxicidad; que varios Estados miembros han planteado esta cuestión como algo preocupante (13);

L.

Considerando que, en general, es poca la relevancia que se les puede atribuir a las pruebas toxicológicas realizadas con proteínas aisladas, debido a que no se tienen en cuenta los efectos de la proteína en combinación con la propia planta;

M.

Considerando que, por ejemplo, algunas plantas, incluido el maíz, producen de forma natural inhibidores de la proteasa (PI) que han demostrado ralentizar la degradación de las toxinas Bt; que esto tiene como resultado una toxicidad mucho mayor de la toxina Bt, si se ingiere junto con el tejido vegetal, en comparación con la toxina aislada; que en un estudio de 1990, realizado por científicos en Monsanto, se constató que incluso la presencia de niveles extremadamente bajos de PI aumentaba hasta veinte veces la actividad insecticida de las toxinas Bt (14); que la EFSA nunca ha evaluado, ni mencionado, esta interacción en sus evaluaciones de los riesgos de las plantas Bt modificadas genéticamente;

N.

Considerando que se ha demostrado que los factores que aumentan la toxicidad de las proteínas Bt también pueden influir en su selectividad (15): si se aumenta la eficacia de la toxina Bt en los organismos objetivo, también se puede reducir su selectividad y una gama más amplia de organismos no objetivo podría volverse susceptible; que, si bien hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación sistemática, varios estudios señalan los efectos de los PI en combinación con toxinas Bt en insectos no objetivo (16);

O.

Considerando que no se sabe si hay riesgo de mayor toxicidad para las personas y los mamíferos debido a la interacción entre los PI y las toxinas Bt en las plantas modificadas genéticamente;

P.

Considerando que hay varios estudios en los que se han observado posibles efectos secundarios sobre el sistema inmunitario por la exposición a proteínas Bt, y que algunas de dichas proteínas podrían tener propiedades adyuvantes (17), lo que significa que pueden aumentar la capacidad alergénica de otras proteínas con las que entren en contacto;

Q.

Considerando que, en tanto que la EFSA reconoce que se ha demostrado que la Cry1Ac (18) actúa como adyuvante, concluye que, como el maíz no es un alimento alergénico común, es poco probable que el efecto adyuvante de las proteínas Cry, observado después de una alta dosis de administración intragástrica o intranasal, suscite ningún tipo de preocupación con respecto a la alergenicidad (19); que la evaluación de los riesgos realizada por la EFSA no tiene en cuenta el hecho de que el maíz produce PI (20) y, por lo tanto, debe suponerse una degradación mucho más lenta de la proteínas Bt si se ingiere con el material vegetal, en comparación con su forma aislada; que esta diferencia también puede aumentar su adyuvanticidad e invalida los estudios con proteínas aisladas; que no se realizaron estudios empíricos para investigar la inmunogenicidad real de la toxina Bt producida por la planta modificada genéticamente; que la degradación de los fluidos digestivos se probó utilizando la proteína Bt aisladamente;

R.

Considerando que, a diferencia del uso de insecticidas, en el que la exposición se produce en el momento de la pulverización y durante un tiempo posterior limitado, el uso de cultivos Bt da lugar a una exposición continua a las toxinas Bt de los organismos objetivo y no objetivo; que, a excepción del polen, las proteínas mCry3A se encuentran en todas las partes del maíz modificado genéticamente MIR604 (21);

S.

Considerando que el gen mCry3A expresado por el maíz modificado genéticamente MIR604 ha sido modificado para aumentar la toxicidad de los insectos objetivo (22), pese a que en la evaluación de los riesgos no se evaluaron los efectos sobre los organismos no objetivo; que un Estado miembro comenta que, dado que «la toxina Cry3A nativa es activa contra los Chrysomelidae (23), los efectos adversos sobre los Chrysomelidae no objetivo deben incluirse como requisito mínimo en la evaluación de los riesgos» y que «dado que la importación, el transporte y la transformación del maíz MIR604 pueden dar lugar a la aparición o liberación accidental de maíz MIR604 en el medio ambiente, deben tenerse en cuenta los posibles efectos adversos del maíz modificado genéticamente en los organismos no objetivo» (24);

T.

Considerando que ya no puede tomarse por correcta la suposición de que las toxinas Bt presentan un único modo de acción con un objetivo específico y que no pueden descartarse los efectos sobre los organismos no objetivo (25); que se ha comunicado que un número cada vez mayor de organismos no objetivo se ven afectados de muchas formas; que en un estudio general reciente se han mencionado 39 publicaciones revisadas por expertos que informan de efectos adversos significativos de las toxinas Bt en muchas especies «fuera de su área de distribución» (26);

U.

Considerando que los efectos combinatorios, como la combinación con PI, pueden contribuir significativamente a la toxicidad de las toxinas Bt; que la cuestión de la selectividad es especialmente relevante para las toxinas Bt sintéticas, como la mCry3A, que pueden mostrar una selectividad menor en combinación con una toxicidad mayor; que la EFSA sigue considerando que las toxinas Bt solo afectan a una reducida gama de organismos no objetivo, sin tener en cuenta ningún efecto combinatorio; que una gama más amplia de organismos no objetivo podría estar expuesta a toxinas Bt a través de vertidos, desechos y estiércol;

V.

Considerando que en la evaluación de los riesgos no se consideró el desarrollo de la resistencia a la proteína mCry3A en las plagas objetivo, lo que podría dar lugar al empleo de pesticidas menos inocuos para el medio ambiente o al aumento de las dosis y el número de solicitudes del cultivo modificado genéticamente en el país en el que se practica dicho cultivo; que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos propone eliminar gradualmente muchos híbridos de maíz Bt actuales, así como algunas variedades de algodón Bt, entre los próximos tres y cinco años, debido al aumento de la resistencia de los insectos a estos cultivos (27);

W.

Considerando que, aunque se ha afirmado que el uso de cultivos Bt conduce a una disminución en el uso de insecticidas, un estudio reciente publicado en Estados Unidos (28) establece que «varios análisis sobre la influencia de los cultivos Bt en los patrones de uso de plaguicidas no parecen haber tenido en cuenta los tratamientos de semillas y, por lo tanto, tal vez hayan sobrestimado la disminución del uso de insecticidas (especialmente en la “superficie tratada”) asociada con los cultivos Bt»; que en el mismo estudio se observa que los tratamientos de semillas con neonicotinoides se utilizan a menudo junto con los cultivos de maíz y soja Bt, que «este patrón de uso puede tener consecuencias inesperadas, a saber, la resistencia a las plagas objetivo, los brotes de plagas no objetivo y la contaminación con efectos perjudiciales en cascada para la flora y la fauna» y que «algunos de estos efectos ya han aparecido»; que la Unión ha prohibido el uso al aire libre de tres neonicotinoides, también en cuanto recubrimientos de semillas, por cómo afectan a las abejas y otros polinizadores (29);

X.

Considerando que en la votación del 26 de octubre de 2020 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen, lo que significa que la autorización no fue apoyada por una mayoría cualificada de los Estados miembros;

Y.

Considerando que la Comisión reconoce que es problemático que las decisiones de autorización de OMG sigan siendo adoptadas por la Comisión sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que verdaderamente constituye una excepción en el marco de las autorizaciones de productos en su conjunto, pero que se ha convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones relativas a las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente;

Z.

Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó un total de treinta y seis resoluciones en las que se oponía a la comercialización de OMG como alimentos y piensos (treinta y tres resoluciones) y al cultivo de dichos organismos en la Unión (tres resoluciones); que, hasta la fecha, en su novena legislatura, el Parlamento ha aprobado once oposiciones; que no hubo una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos OMG; que, pese a que reconoce las deficiencias democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y las oposiciones del Parlamento, la Comisión sigue autorizando OMG;

AA.

Considerando que, en virtud del Reglamento (UE) n.o 182/2011, la Comisión puede decidir no autorizar un organismo modificado genéticamente cuando no haya una mayoría cualificada de Estados miembros a favor en el comité de apelación (30); y que no se requieren cambios legislativos a este respecto;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0028);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0029);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0030);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0054);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0055);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0056);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco de los eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0057);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708× MON 89788× A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0069);

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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603, y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1111 de la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0291);

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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de soja modificada genéticamente SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), la contengan o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0292);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2020, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2020)0293).

—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MON 88017 (MON-88Ø17-3), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D069148/02,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y, en particular, su artículo 11, apartado 3, y su artículo 23, apartado 3,

—

Vista la votación en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal a la que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, celebrada el 26 de octubre de 2020, en la que no se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 21 de abril de 2009 y publicado el 6 de mayo de 2009 (3),

—

Visto el dictamen adoptado por la EFSA el 29 de enero de 2020 y publicado el 11 de marzo de 2020 (4),

—

Vistas sus anteriores resoluciones de oposición a la autorización de organismos modificados genéticamente (en lo sucesivo, «OMG») (5),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que mediante la Decisión 2009/814/CE (6) de la Comisión se autorizó la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente (MG) MON 88017; que el ámbito de dicha autorización incluye también la comercialización de productos, distintos de los alimentos y los piensos, que contengan o se compongan de maíz modificado genéticamente MON 88017 para los mismos usos que cualquier otro maíz, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que, el 10 de julio de 2018, Monsanto Europe N.V., en nombre del titular de la autorización, Monsanto Company, Estados Unidos, presentó a la Comisión una solicitud, de conformidad con los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, para la renovación de dicha autorización;

C.

Considerando que, el 21 de abril de 2009, la EFSA adoptó un dictamen favorable, publicado el 6 de mayo de 2009, en relación con la solicitud de autorización inicial;

D.

Considerando que, el 29 de enero de 2020, la EFSA adoptó un dictamen favorable, publicado el 11 de marzo de 2020, en relación con la solicitud de renovación;

E.

Considerando que el maíz modificado genéticamente MON 88017 ha sido diseñado para producir Cry3Bb1, una proteína insecticida sintética (también conocida como toxina Bt) con una toxicidad aumentada, en comparación con las bacterias naturales de las que se deriva, contra las plagas de insectos coleópteros, y la proteína CP4 EPSPS, que proporciona tolerancia al glifosato (7);

F.

Considerando que la combinación de las dos construcciones genéticas se derivó del apilamiento, pero no se llevó a cabo ninguna evaluación de las plantas madre individuales, infringiendo así el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 503/2013 de la Comisión (8);

G.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 establece que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, y exige que la Comisión tenga en cuenta, al redactar su proyecto de decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

H.

Considerando que, durante el período de consulta en relación con la solicitud de autorización inicial, los Estados miembros presentaron numerosos comentarios críticos al proyecto de dictamen de la EFSA (9); que dichos comentarios críticos incluyen las siguientes observaciones: que es poca la relevancia que puede atribuirse a las pruebas toxicológicas agudas que se llevaron a cabo con proteínas aisladas (es decir, no con toda la planta modificada genéticamente), que el seguimiento medioambiental posterior a la comercialización es demasiado impreciso para un plan de vigilancia de los efectos inesperados en la salud humana o animal y el medio ambiente, que las pruebas con proteínas sustitutas bacterianas no deben sustituir a las pruebas con las proteínas vegetales expresadas, que la cantidad de temporadas y lugares de estudio no es adecuada dado el uso comercial de los OMG, que se necesita más información para llegar a una conclusión respecto a la evaluación de los riesgos y que no puede descartarse un aumento de la actividad alergénica debida a la proteína mCry3Bb1 en los alimentos y piensos procedentes del maíz modificado genéticamente MON 88017; que, además, un Estado miembro cuestionó la independencia de los estudios para evaluar los riesgos, ya que fue el propio solicitante, Monsanto, quien los llevó a cabo;

I.

Considerando que, durante el período de consulta en relación con la solicitud de renovación, los Estados miembros presentaron de nuevo numerosos comentarios críticos al proyecto de dictamen de la EFSA (10); que dichos comentarios críticos incluyen la observación de que el plan de seguimiento basado en la aprobación dada por la Decisión 2009/814/CE y los informes de seguimiento tienen deficiencias fundamentales y no están en consonancia con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) ni con las orientaciones pertinentes de la EFSA; que los estudios no son suficientes y que se necesitan más experimentos para determinar la exposición y los efectos y riesgos ulteriores para los organismos no objetivo respecto a la exposición a las proteínas Bt a través del estiércol o las aguas residuales; y que, debido a la falta de información, la seguridad medioambiental del maíz modificado genéticamente MON 88017 no puede evaluarse por completo;

J.

Considerando que se ha demostrado que los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas conllevan un mayor uso de herbicidas, debido en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas (12); que, en consecuencia, cabe esperar que los cultivos de maíz modificado genéticamente se vean expuestos a dosis más elevadas y reiteradas de glifosato, lo que podría dar lugar a un aumento de los residuos presentes en la cosecha;

K.

Considerando que siguen existiendo interrogantes en lo que respecta a la carcinogenicidad del glifosato; que en noviembre de 2015 la EFSA concluyó que es poco probable que el glifosato sea carcinógeno y que en marzo de 2017 la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó que no estaba justificada su clasificación como tal; que, por el contrario, en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la agencia de la Organización Mundial de la Salud especializada en el cáncer, clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para las personas; que varios estudios científicos recientes revisados por pares confirman el potencial carcinogénico del glifosato (13);

L.

Considerando que, según un dictamen de la Unidad de Plaguicidas de la EFSA, los datos sobre los residuos de glifosato en el maíz modificado genéticamente con modificaciones de la EPSPS (14) son insuficientes para determinar los límites máximos de residuos y los valores de la evaluación de los riesgos (15);

M.

Considerando que, de nuevo según la Unidad de Plaguicidas de la EFSA, faltan (16) datos toxicológicos que permitan realizar una evaluación del riesgo para los consumidores de varios productos de degradación del glifosato pertinentes para los cultivos modificados genéticamente resistentes al glifosato;

N.

Considerando que la evaluación de los residuos de herbicidas y sus productos de degradación, encontrados en plantas modificadas genéticamente, junto con su posible interacción con toxinas Bt, se considera ajena a las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte del procedimiento de autorización de los OMG; que esto resulta problemático, ya que el modo en que la planta modificada genéticamente en cuestión realiza la metabolización de los herbicidas complementarios, y la composición y, por ende, la toxicidad de los productos de degradación («metabolitos») pueden venir determinadas por la propia modificación genética (17);

O.

Considerando que para los estudios sobre toxicidad aguda y degradación en fluidos digestivos, se utilizaron las proteínas Cry3Bb1 y CP4 EPSPS producidas en una cepa recombinante de E. coli;

P.

Considerando que, en general, es poca la relevancia que se puede atribuir a las pruebas toxicológicas realizadas con proteínas aisladas, debido a que no se tienen en cuenta los efectos de la proteína en combinación con la propia planta;

Q.

Considerando que, por ejemplo, algunas plantas, incluido el maíz, producen de forma natural inhibidores de la proteasa (PI) que han demostrado ralentizar la degradación de las toxinas Bt; que esto tiene como resultado una toxicidad mucho mayor de la toxina Bt, si se ingiere junto con el tejido vegetal, en comparación con la toxina aislada; que en un estudio de 1990, realizado por científicos en Monsanto, se constató que incluso la presencia de niveles extremadamente bajos de PI aumentaba hasta veinte veces la actividad insecticida de las toxinas Bt (18); que la EFSA nunca ha evaluado, ni mencionado, esta interacción en sus evaluaciones de los riesgos de las plantas Bt modificadas genéticamente;

R.

Considerando que se ha demostrado que los factores que aumentan la toxicidad de las toxinas Bt también pueden influir en su selectividad (19): si se aumenta la eficacia de la toxina Bt en los organismos objetivo, también se puede reducir su selectividad y una gama más amplia de organismos no objetivo podría volverse susceptible; que, si bien hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna investigación sistemática, varios estudios indican los efectos de los PI combinados con toxinas Bt en insectos no objetivo (20);

S.

Considerando que se desconoce si hay riesgo de mayor toxicidad para las personas y los mamíferos debido a la interacción entre los PI y las toxinas Bt en las plantas modificadas genéticamente;

T.

Considerando que hay varios estudios en los que se han observado posibles efectos secundarios sobre el sistema inmunitario por la exposición a toxinas Bt, y que algunas de dichas toxinas podrían tener propiedades adyuvantes (21), lo que significa que pueden aumentar la capacidad alergénica de otras proteínas con las que entren en contacto;

U.

Considerando que la evaluación de los riesgos realizada por la EFSA no tiene en cuenta el hecho de que el maíz produce PI (22) y, por lo tanto, debe suponerse una degradación mucho más lenta de la toxina Bt si se ingiere con el material vegetal, en comparación con su forma aislada; que esta diferencia también puede aumentar su adyuvanticidad e invalida los estudios con proteínas aisladas; que no se realizaron estudios empíricos para investigar la inmunogenicidad real de la toxina Bt producida por la planta modificada genéticamente; que la degradación de los fluidos digestivos, que puede ser relevante para la toxicidad y la adyuvanticidad, se probó utilizando la toxina Bt aisladamente;

V.

Considerando que, a diferencia del uso de insecticidas, en el que la exposición se produce en el momento de la pulverización y durante un tiempo posterior limitado, el uso de cultivos Bt da lugar a una exposición continua a las toxinas Bt de los organismos objetivo y no objetivo;

W.

Considerando que ya no puede tomarse por correcta la suposición de que las toxinas Bt presentan un único modo de acción con un objetivo específico y que no pueden descartarse los efectos sobre los organismos no objetivo (23); que se ha comunicado que un número cada vez mayor de organismos no objetivo se ven afectados de muchas formas; que en un estudio general reciente se han mencionado 39 publicaciones revisadas por expertos que informan de efectos adversos significativos de las toxinas Bt en muchas especies «fuera de su área de distribución» (24);

X.

Considerando que los efectos combinatorios, como la combinación con PI, pueden contribuir significativamente a la toxicidad de las toxinas Bt; que la cuestión de la selectividad es especialmente relevante para las toxinas Bt sintéticas, como la Cry3Bb1, que pueden mostrar una selectividad menor en combinación con una toxicidad mayor; que la EFSA sigue considerando que las toxinas Bt solo afectan a una reducida gama de organismos no objetivo, sin tener en cuenta ningún efecto combinatorio; que una gama más amplia de organismos no objetivo podría estar expuesta a toxinas Bt a través de vertidos, desechos y estiércol;