1.)

¿Debe interpretarse el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 18 de la Directiva 2010/75/UE (1) y los artículos 13 y 23 de la Directiva 2008/50/CE, (2) en el sentido de que, al examinar una solicitud para la concesión de una exención con arreglo al artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2010/75/UE, la autoridad competente debe apreciar si, teniendo en cuenta todos los datos científicos relevantes relativos a la contaminación, incluidas las medidas adoptadas en el marco del plan de calidad del aire correspondiente en una zona o aglomeración determinada con arreglo al artículo 23 de la Directiva 2008/50/CE, la concesión de la exención puede comprometer el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental?

2.)

¿Debe interpretarse el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 18 de la Directiva 2010/75/UE y los artículos 13 y 23 de la Directiva 2008/50/CE, en el sentido de que, al examinar una solicitud para la concesión de una exención con arreglo al artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2010/75/UE, la autoridad competente debe abstenerse de establecer valores límite de emisión menos estrictos para sustancias contaminantes de la atmósfera procedentes de una instalación, cuando tal exención sería contraria a las medidas establecidas en el plan de calidad del aire correspondiente, adoptado para una zona o aglomeración determinada con arreglo al artículo 23 de la Directiva 2008/50/CE y comprometería el objetivo de que el período de superación de las normas de calidad del aire sea lo más breve posible?

3.)

¿Debe interpretarse el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 18 de la Directiva 2010/75/UE y el artículo 13 de la Directiva 2008/50/CE, en el sentido de que, al examinar una solicitud para la concesión de una exención con arreglo al artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2010/75/UE, la autoridad competente debe evaluar si el establecimiento de valores límite de emisión menos estrictos para sustancias contaminantes de la atmósfera procedentes de una instalación, teniendo en cuenta todos los datos científicos relevantes relativos a la contaminación, incluido el efecto acumulativo con otras fuentes de la sustancia contaminante de que se trate, contribuiría a la superación de las correspondientes normas de calidad del aire ambiente establecidas con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2008/50/CE para una zona o aglomeración determinada y, de ser así, debe abstenerse de conceder la exención que comprometería el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental?

1.

¿Deben interpretarse el artículo 58 de la Directiva 2014/24, (1) el principio de proporcionalidad y el principio de responsabilidad en el sentido de que el poder adjudicador está facultado para establecer, respecto de actividades del contrato público con una relevancia menor, criterios relativos a la capacidad técnica, es decir, para apreciar la necesidad de incluir o no en el pliego de contratación criterios relativos a la capacidad técnica y profesional y a la habilitación para ejercer la actividad técnica y profesional, criterios que resultarían de determinadas leyes especiales?

2.

¿Se oponen los principios de transparencia y de proporcionalidad a que el pliego de contratación se complete con criterios de adjudicación que resultarían de leyes especiales aplicables a determinadas actividades del contrato público que ha de adjudicarse, que no estaban previstos en el pliego de contratación y que el poder adjudicador decidió no exigir a los operadores económicos?

3.

¿Se oponen el artículo 63 de la Directiva y el principio de proporcionalidad a la exclusión del procedimiento de licitación de un licitador que no haya designado a un operador como subcontratista con el objeto de acreditar el cumplimiento de determinados criterios relativos a la capacidad técnica y profesional y a la habilitación para ejercer la actividad técnica y profesional que resultarían de leyes especiales y que no estaban previstos en el pliego de contratación, cuando el licitador en cuestión haya elegido otra modalidad contractual para la participación de los especialistas en el contrato, a saber [un] contrato de suministro/prestación de servicios, o haya presentado [una] declaración de disponibilidad por parte de estos? ¿Está facultado el operador económico para establecer su propia organización y las relaciones contractuales en el interior del grupo con la posibilidad de involucrar en el contrato a determinados prestadores/suministradores si el prestador en cuestión no forma parte de las entidades en cuya capacidad el licitador tiene intención de basarse para acreditar el cumplimiento de los criterios esenciales?

1.

¿Es compatible con el artículo 17 del Reglamento n.o 1305/2013 (1) que una disposición nacional como el artículo 26 del Naredba Nr. 9/2015 (Reglamento n.o 9/2015), imponga, como condición de admisibilidad, a quien solicite una ayuda en virtud de la submedida 4.1, «Inversiones en explotaciones agrícolas», de la medida 4, «Inversiones en activos físicos», del Programa de Desarrollo Rural para el Período 2014-2020, el requisito de presentar un certificado del registro de una explotación ganadera a nombre del solicitante como prueba del ejercicio de la actividad ganadera antes de solicitar la ayuda para una explotación por él dirigida en el sentido del artículo 4 del Reglamento n.o 1307/2013, (2) o basta para cumplir los objetivos del Reglamento con que el agricultor acredite que se encuentra en trámites para obtener el necesario registro de una explotación ganadera a su nombre?

2.

¿Es compatible con el objetivo de la ayuda en virtud de la medida «Inversión en activos físicos» con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.o 1305/2013, con las prioridades de la Unión de desarrollo rural con arreglo al artículo 5 del mismo Reglamento y con el concepto de producción estándar de una explotación en el sentido del derogado Reglamento n.o 1242/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas, (3) un requisito establecido en una disposición nacional como el artículo 8, apartado 1, punto 2, del Naredba n.o 9 (Reglamento n.o 9), de 21 de marzo de 2015, para la aplicación de la submedida 4.1, «Inversiones en explotaciones agrícolas», de la medida 4, «Inversiones en activos físicos», del Programa de Desarrollo Rural para el Período 2014-2020, con arreglo al cual el solicitante debe acreditar, en el momento de solicitar la ayuda, una producción estándar mínima de la explotación agrícola de que se trate, que no puede ser inferior al contravalor en BGN de 8 000 euros?

3.

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿debe considerarse que los agricultores recién registrados en el momento de solicitar la ayuda en el marco de la medida «Inversiones en activos físicos», quedan excluidos de las ayudas financieras contempladas en el Reglamento n.o 1306/2013? (4)

1)

¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo al principio de presunción de inocencia, en relación con el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/118/CE, (1) en el sentido de que se opone a una situación jurídica como la que es objeto del presente asunto, en la cual una medida administrativa de suspensión de una autorización para el ejercicio de la actividad de fabricación de alcohol puede ser adoptada sobre la base de meras presunciones objeto de una investigación penal en curso, sin que se haya dictado una sentencia judicial firme de condena en materia penal?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo al principio non bis in idem, en relación con el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/118/CE, en el sentido de que se opone a una situación jurídica como la que es objeto del presente asunto, que conlleva que por los mismos hechos se impongan a una misma persona dos sanciones de igual naturaleza (la suspensión de la autorización para el ejercicio de la actividad de fabricación de alcohol), que únicamente difieren en su duración?

1.

¿Exigen el tenor de los artículos 89 y/o 90 del Reglamento (1) y el requisito de proporcionalidad consagrado en la Carta y en el Derecho de la Unión que el órgano jurisdiccional sentenciador disponga de potestad para ajustar, modular o mitigar el alcance de la orden de decomiso de las capturas y de los artes de pesca teniendo en cuenta, en particular, las circunstancias indicadas en los artículos 89 y 90 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009?

2.

A la luz del potencial impacto que en los medios de vida de un capitán puede tener un decomiso obligatorio automático de todas las capturas y artes de pesca, ¿puede considerarse compatible con el tenor del Reglamento, de la Carta y del Derecho de la Unión una disposición nacional, como el artículo 28, apartado 5, letra b), (2) que no permite a los órganos jurisdiccionales nacionales examinar los eventuales efectos sobre el derecho a ganarse el sustento de una persona condenada penalmente por un delito contrario a dicho artículo y al Reglamento (excepto en el contexto de que se considere que la multa pudiera ser adecuada), habida cuenta del derecho fundamental del capitán a ejercer una profesión?

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Cada parte cargará con sus propias costas.

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

—

Anule la decisión de la Comisión de 26 de abril de 2021 (en lo sucesivo «decisión impugnada) mediante la cual la Comisión, al confirmar la precedente decisión denegatoria de 3 de marzo de 2021, denegó la solicitud del recurrente de acceder al informe final, y a los correspondientes anexos, redactado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) al término de la investigación OC/2019/0766.

—

Ordene a la Comisión que presente el informe de la OLAF y de los correspondientes anexos.

—

Condene a la demandada al pago de las costas del presente procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la interpretación errónea de las consecuencias derivadas del acceso al informe de la OLAF.

A este respecto, se alega que la decisión impugnada debe anularse por cuanto el acceso al informe de la OLAF no puede llegar a ser de «dominio público», de conformidad con lo establecido en los artículos 10, apartado 1, y 2, apartado 4, del Reglamento n.o 1049/2001. (1)

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.

A este respecto, se alega que la demandada ha infringido el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, tal como es interpretado por la jurisprudencia, según la cual cuando el destinatario del informe de la OLAF pretenda adoptar actos perjudiciales para los interesados, estos últimos tienen derecho a acceder al informe en cuestión.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001 y en la violación del principio de proporcionalidad.

A este respecto, se alega que el demandante nunca ha solicitado que se transfirieran datos personales de personas físicas, razón por la cual en el supuesto de que en el informe constaran datos personales, podían ser fácilmente protegidos mediante la muy común operación de ocultación de datos.

4.

Cuarto motivo, basado en la aplicación e interpretación erróneas del artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001.

A este respecto, se alega que la decisión impugnada debe anularse porque la demandada no ha procedido, en particular, a verificar si en el caso concreto podía concederse un acceso parcial a los documentos.

5.

Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

A este respecto, se alega que la demandada no ha proporcionado ninguna motivación sobre la aplicabilidad de la excepción contemplada en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001.

6.

Sexto motivo, basado en la exclusión errónea de un interés público en la divulgación.

A este respecto, se alega que la demandada ha interpretado erróneamente el derecho de defensa como mero interés de parte, sin considerar que, para responder a las solicitudes de restitución económica de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO), la demandante necesitaba acceder al informe de la OLAF.

—

Anule la decisión de la Comisión de 26 de abril de 2021 (en lo sucesivo «decisión impugnada) mediante la cual la Comisión, al confirmar la precedente decisión denegatoria de 3 de marzo de 2021, denegó la solicitud del recurrente de acceder al informe final, y a los correspondientes anexos, redactado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) al término de la investigación OC/2019/0766.

—

Ordene a la Comisión que presente el informe de la OLAF y de los correspondientes anexos.

—

Condene a la demandada al pago de las costas del presente procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la interpretación errónea de las consecuencias derivadas del acceso al informe de la OLAF.

A este respecto, se alega que la decisión impugnada debe anularse por cuanto el acceso al informe de la OLAF no puede llegar a ser de «dominio público», de conformidad con lo establecido en los artículos 10, apartado 1, y 2, apartado 4, del Reglamento n.o 1049/2001. (1)

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001.

A este respecto, se alega que la demandada ha infringido el artículo 4, apartado 2, tercer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, tal como es interpretado por la jurisprudencia, según la cual cuando el destinatario del informe de la OLAF pretenda adoptar actos perjudiciales para los interesados, estos últimos tienen derecho a acceder al informe en cuestión.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001 y en la violación del principio de proporcionalidad.

A este respecto, se alega que el demandante nunca ha solicitado que se transfirieran datos personales de personas físicas, razón por la cual en el supuesto de que en el informe constaran datos personales, podían ser fácilmente protegidos mediante la muy común operación de ocultación de datos.

4.

Cuarto motivo, basado en la aplicación e interpretación erróneas del artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001.

A este respecto, se alega que la decisión impugnada debe anularse porque la demandada no ha procedido, en particular, a verificar si en el caso concreto podía concederse un acceso parcial a los documentos.

5.

Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

A este respecto, se alega que la demandada no ha proporcionado ninguna motivación sobre la aplicabilidad de la excepción contemplada en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001.

6.

Sexto motivo, basado en la exclusión errónea de un interés público en la divulgación.

A este respecto, se alega que la demandada ha interpretado erróneamente el derecho de defensa como mero interés de parte, sin considerar que tal derecho es un elemento clave del Estado de Derecho, que, en cuanto tal, constituye una garantía de carácter colectivo y no meramente individual.

— i.

Condene a la Unión, representada por la Comisión, al pago de los intereses de demora sobre el importe de 7 175 000 euros al tipo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para sus principales operaciones de refinanciación, vigente el primer día natural del mes correspondiente a la fecha de vencimiento, incrementado en tres puntos y medio porcentuales, para el período comprendido entre el 9 de marzo de 2010 y el 14 de noviembre de 2017, una vez deducidos los intereses de 260 968,15 euros, ya percibidos por la demandante, que ascienden por tanto a un importe de 2 222 073,29 euros, o, con carácter subsidiario, al pago de los intereses de demora calculados al tipo de interés que el Tribunal General estime oportuno.

— ii.

Condene a la Unión, representada por la Comisión, al pago de los intereses de demora sobre el importe solicitado en el inciso i) anterior, para el período comprendido entre el 14 de noviembre de 2017 y la fecha de pago efectivo, al tipo fijado por el BCE para sus principales operaciones de refinanciación, vigente el primer día natural del mes correspondiente a la fecha de vencimiento, incrementado en tres puntos y medio porcentuales, o, con carácter subsidiario, al tipo de interés que el Tribunal General estime oportuno.

— iii.

Con carácter subsidiario respecto al inciso ii) anterior, condene a la Unión, representada por la Comisión, al pago de los intereses de demora sobre el importe indicado en el inciso i) para el período comprendido entre el 2 de marzo de 2021 y la fecha de pago efectivo, al tipo fijado por el BCE para sus principales operaciones de refinanciación, vigente el primer día natural del mes correspondiente a la fecha de vencimiento, incrementado en tres puntos y medio porcentuales o, con carácter subsidiario, al tipo de interés que el Tribunal General estime oportuno.

— iv.

Asimismo, o con carácter subsidiario, anule la comunicación de la Comisión de 30 de abril de 2021 Ref. Ares(2021) 2904247.

— v.

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, relativo a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, basado en la ejecución errónea, por parte de la Comisión, de la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Ferriera Valsabbia y otros/Comisión (C-86/15 P y C-87/15 P, EU:C:2017:717), constitutiva de una infracción del artículo 266 TFUE, párrafo primero, y del artículo 41, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A este respecto, se alega que la Comisión no ha efectuado el pago íntegro de los intereses de demora sobre la sanción reembolsada a raíz de la sentencia.

2.

Segundo motivo, relativo a la pretensión de anulación, basado en la infracción y la aplicación errónea de los artículos 266 TFUE y 296 TFUE, en la infracción y la aplicación errónea del artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la falta de motivación del escrito de la Comisión de 30 de abril de 2021 y en el error de Derecho y el error manifiesto de apreciación.

A este respecto, se alega que el escrito mediante el cual la Comisión manifestó su negativa a abonar los intereses de demora a las demandantes carece de una motivación adecuada y viola los principios aplicables en materia de prescripción.

3.

Tercer motivo, relativo a la pretensión de anulación, basado en la infracción y la aplicación errónea del artículo 266 TFUE y del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012. (1)

A este respecto, se alega que el artículo 85 bis, apartado 2, del Reglamento Delegado (CE, Euratom) n.o 2342/2002, (2) invocado por la Comisión en su escrito de 30 de abril de 2021, ya no estaba en vigor en el momento en que se reembolsó la sanción y, por tanto, ya no era aplicable.

1.

2.

Anule (con arreglo al artículo 263 TFUE) el escrito de la Comisión Europea (Dirección General de Presupuestos) Ares(2021)2904048 de 30 de abril de 2021;

3.

En todo caso, condene a la Comisión Europea al pago de las costas.

1.

Primer motivo, basado en la ilicitud del comportamiento de la Comisión, constitutivo de una infracción del artículo 266 TFUE, párrafo primero, (así como del artículo 83 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 (1) o, en su caso, del artículo 86 del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 (2)).

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 46 del Estatuto y, en consecuencia, del artículo 266 TFUE, párrafo primero, (así como del artículo 83 del Reglamento n.o 1268/2012 o, en su caso, del artículo 86 del Reglamento n.o 2342/2002).

—

Condene a la Unión Europea, representada por la Comisión, a abonar a la demandante el importe de 280 millones de euros en concepto de indemnización por los daños materiales, así como un importe adecuado en concepto de indemnización por los daños morales, causados por la Decisión (UE) 2016/1208 de la Comisión de 23 de diciembre de 2015 relativa a la ayuda estatal SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) ejecutada por Italia a favor de Banca Tercas.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la ilicitud del comportamiento de la Comisión.

2.

Segundo motivo, basado en el daño moral y material causado a la demandante por la conducta ilícita de la Comisión.

—

Anule la resolución impugnada y que se proceda al registro de la marca impugnada respecto de los productos controvertidos (y de los demás productos no incluidos en el recurso) y, con carácter subsidiario, se devuelva el asunto a la EUIPO para su reexamen.

—

Condene al pago de las costas en que haya incurrido la recurrente en relación con el recurso.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

se anule la Decisión de Ejecución (UE) 2021/988 de la Comisión, de 16 de junio de 2021, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (1), en lo que se refiere a ciertos gastos efectuados por el Reino de España.

—

se condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de los controles de la exactitud del cálculo de la ayuda, incluida la aplicación de sanciones administrativas (control fundamental), la interpretación de la Comisión del artículo 31, apartado 3, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 (2), en relación con el artículo 53, apartado 4, del Reglamento Delegado n.o 639/2014 (3), es contraria al principio de proporcionalidad.

Este motivo se articula en torno a cuatro sub-motivos (A-D):

2.

Segundo motivo, basado en la correcta realización de estadísticas de controles sobre el terreno de calidad suficiente (control fundamental), incluyendo el tamaño de la muestra aleatoria y la eficacia del análisis de riesgos, al amparo del artículo 34 del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014.

—

Anule la resolución n.o A-001-2021 (consolidada) de la Sala de Recurso de la demandada de 28 de mayo de 2021 (resolución impugnada).

—

Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal General no anule la resolución impugnada en su totalidad, anule dicha resolución en la parte en que confirma las siguientes partes y disposiciones de la resolución n.o 30/2020 de la demandada de 30 de noviembre de 2020:

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la ampliación del método de reparto de costes a los elementos de red distintos de los elementos de red interzonales resulta incompatible con los requisitos del artículo 16, apartado 13, del Reglamento (UE) 2019/943 (1) y del artículo 74 del Reglamento (UE) 2015/1222. (2) En cualquier caso, falta la base legal necesaria. Como mínimo, resulta erróneo derivar el ámbito de aplicación del método de reparto de costes de los requisitos de seguridad operativa y del principio de quien contamina paga.

2.

Segundo motivo, basado en que la prohibición de la compensación infringe, en particular, el artículo 16, apartados 11 y 13, del Reglamento (UE) 2019/943. Además, hace que el método de reparto de costes sea intrínsecamente contradictorio.

3.

Tercer motivo, basado en que la determinación por parte de la demandada de un nivel de tolerancia provisional para los flujos en bucle legítimos, basada en sus propios criterios, es formal y materialmente contraria al Derecho de la UE. Desde un punto de vista formal, la demandada vulnera la competencia de los gestores de redes de transmisión y de las autoridades reguladoras nacionales para fijar el nivel de tolerancia. Además, fijó un nivel de tolerancia provisional, pese a la falta del análisis del nivel de flujos en bucle legítimos por parte de los gestores de redes de transporte que exige el artículo 16, apartado 13, párrafo 2, del Reglamento (UE) 2019/943. Desde un punto de vista material, el método de reparto de costes infringe el requisito establecido en el artículo 16, apartado 13, punto 2, del Reglamento (UE) 2019/943 de establecer niveles de tolerancia individuales para «cada frontera de una zona de oferta», al establecer un nivel de tolerancia uniforme distribuido por igual entre las zonas de oferta que causan flujos en bucle. El nivel de tolerancia provisional establecido carece como mínimo de la base jurídica necesaria.

4.

Cuarto motivo, basado en que la priorización de los flujos en bucle en los que se basa el método de reparto de costes sobre los flujos internos para determinar las causas de la congestión de la red infringe el artículo 16, apartado 13, del Reglamento (UE) 2019/943. Además, establece incentivos erróneos. También resulta incompatible con los principios de equidad y de no discriminación.

5.

Quinto motivo, basado en que el método de reparto de costes es contrario al Derecho de la Unión, al menos considerado en conjunto. El amplio ámbito de aplicación, la prohibición de compensación, la determinación errónea del nivel de tolerancia y la priorización de los flujos en bucle respecto de los flujos internos son elementos interrelacionados que se acentúan recíprocamente. Al menos, consideradas en su conjunto, han dado lugar a una violación del principio de que quien contamina paga, de la prohibición de discriminación y del principio de equidad. Además, el método de reparto de costes, al menos en su efecto global, resulta incompatible con el objetivo de la Unión de aumentar la cuota de las energías renovables. El método de reparto de costes es globalmente desproporcionado y, en todo caso, carece de la base jurídica necesaria.

6.

Sexto motivo, basado en que la obligación incondicional de los gestores de redes de transporte, establecida en el método de reparto de costes, de elaborar y presentar propuestas de modificación a las autoridades reguladoras para su aprobación en el plazo de doce meses desde la aplicación del método de reparto de costes, infringe el artículo 16, apartado 13, del Reglamento (UE) 2019/943 y el artículo 74, apartado 6, letra b), en relación con el artículo 9, apartado 13, del Reglamento (UE) 2015/1222.

—

Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2021/988 de la Comisión, de 16 de junio de 2021, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (1) en la medida en que afecta a Hungría al excluir de la financiación de la Unión las ayudas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural correspondientes a los ejercicios de 2016 a 2019 invocando falta de control fundamental (Desarrollo rural Feader — medidas forestales).

—

Condene en costas a la Comisión.

—

se anule la Decisión de Ejecución (UE) 2021/988 de la Comisión, de 16 de junio de 2021, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (1), (notificada con el número C(2021) 4118), en lo que afecta al Reino de España en relación con la investigación que afecta al Organismo Pagador del País Vasco, expediente número AA/2018/003/ES/RLF por un importe neto de 2 056 473,43 EUR.

—

se condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que la corrección impuesta a tanto alzado por un importe neto de 2 056 473,43 EUR es contraria al artículo 5 del Reglamento Delegado (UE) no. 640/2014 (2) y de los artículos 28 y 29 del Reglamento de Ejecución (UE) no. 809/2014 (3). La Comisión ha incurrido en error manifiesto al apreciar una deficiencia de control fundamental en la eficacia de los controles cruzados y la calidad del SIGPAC.

La Comisión confundió las discrepancias puntuales detectadas en un proceso de comprobación en pantalla de la fotointerpretación correspondiente al sistema SIGPAC, y las ulteriores verificaciones in situ relativas a cuatro parcelas seleccionadas aleatoriamente, con los resultados de los controles programados sobre el terreno, correspondientes a las verificaciones de las parcelas con coeficiente de admisibilidad por prorrateo en los años 2016, 2017 y 2018, efectuados en el marco del Plan de Medidas para la mejora de la actualización del SIGPAC. Siendo actuaciones distintas y separadas, la Comisión alcanza una conclusión conjunta extrapolando los resultados de una y otra actuación, para aplicar la corrección impugnada, que esta parte considera es incorrecta y desproporcionada.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción por la Comisión de las Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras en el marco de los procedimientos de liquidación de conformidad y de liquidación financiera de cuentas [C(2015) 3675, de 8 de junio de 2015], que determina que la corrección a tanto alzado impuesta resulte improcedente, dado que no han existido deficiencias en los controles cruzados, y el riesgo para el fondo de las deficiencias en los controles sobre el terreno ha sido cuantificado en el procedimiento. Esta parte, además de sostener que no ha existido ninguna deficiencia en los controles cruzados con riesgo para el fondo que justifique la corrección aplicada, considera que, en lo relativo a los controles sobre el terreno, la Comisión ha aplicado de manera improcedente la corrección a tanto alzado, pues el riesgo para el fondo quedó individualizado y cuantificado en el procedimiento.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Modifique la resolución impugnada de modo que:

—

Condene a la solicitante de nulidad al pago de las costas de la recurrente.

—

Violación de los principios establecidos en la sentencia de 24 de marzo de 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Elementos de construcción pertenecientes a un juego de construcciones) (T-515/19, no publicada, EU:T:2021:155).

—

Violación de los principios establecidos en la sentencia de 8 de marzo de 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo.

—

Interpretación errónea de la solicitud de patente EP 3005948 A2 y de la solicitud múltiple de dibujos o modelos n.o 1431829-0001-0010 de la recurrente.