—

Vistos los artículos 168 y 179 a 181 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión de 2 de septiembre de 2019 (E-002599/2019) relativa a la investigación sobre la encefalomielitis miálgica (EM) y la respuesta de la Comisión de 28 de octubre de 2019,

—

Vista la pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión de 4 de diciembre de 2018 (E-006124/2018) relativa al síndrome de fatiga crónica y la respuesta de la Comisión de 30 de enero de 2019,

—

Vista la pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión de 28 de agosto de 2018 (E-004360/2018) sobre la encefalomielitis miálgica, su reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud y el apoyo de la Comisión a la investigación y la formación, y la respuesta de la Comisión de 1 de noviembre de 2018,

—

Vista la pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión de 9 de noviembre de 2017 (E-006901/2017) relativa a la financiación de la investigación de la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica (EM/SFC) y la respuesta de la Comisión de 18 de diciembre de 2017,

—

Visto el artículo 227, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido varias peticiones en las que los ciudadanos expresan su preocupación ante la ausencia de tratamientos y la insuficiente financiación en estos momentos de la investigación biomédica de la EM/SFC en la Unión;

B.

Considerando que, de conformidad con el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, toda persona tiene derecho a beneficiarse de atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales, y que otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocen o hacen referencia al derecho a la salud o a elementos de este, como el derecho a la atención médica;

C.

Considerando que las acciones de los Estados miembros y de la Unión deben dirigirse a la mejora de la salud pública; que este objetivo debe alcanzarse mediante el apoyo de la Unión a los Estados miembros, fomentando la cooperación y promoviendo la investigación sobre las causas, la transmisión y la prevención de enfermedades;

D.

Considerando que la EM/SFC es una enfermedad multisistémica, crónica y debilitante de etiología desconocida, cuyos síntomas, gravedad y progresión son extremadamente variables;

E.

Considerando que la EM/SFC está clasificada como un trastorno del sistema nervioso por la Organización Mundial de la Salud en el marco de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) con el código 8E49 (síndrome de fatiga posviral);

F.

Considerando que la EM/SFC es una enfermedad compleja muy incapacitante, puesto que el cansancio extremo y otros síntomas físicos pueden imposibilitar el desarrollo de las actividades cotidianas; que la calidad de vida puede verse gravemente afectada y que los pacientes con EM/SFC pueden terminar postrados en una cama o enclaustrados en su casa con graves sufrimientos, en detrimento de sus relaciones sociales y familiares, y suponiendo un coste significativo para la sociedad a causa de la capacidad de trabajo perdida;

G.

Considerando que debe prestarse una atención especial al elevado riesgo de exclusión social de las personas afectadas por la EM/SFC; que, en este sentido, es fundamental que los trabajadores por cuenta ajena que padezcan esta enfermedad conserven su puesto de trabajo para no encontrarse aislados;

H.

Considerando que deben adoptarse todas las medidas posibles para adaptar las condiciones de trabajo y el entorno de los trabajadores por cuenta ajena que padecen EM/SFC; que también deben tener derecho a la adaptación del lugar de trabajo y del horario laboral;

I.

Considerando que todavía no existen pruebas de diagnóstico biomédico para la EM/SFC, ni tampoco tratamientos aprobados por la Unión ni por la Agencia Europea de Medicamentos;

J.

Considerando que en la Unión se desconocen la incidencia y la prevalencia de la EM/SFC, al igual que la carga social y económica general que se deriva de ella, debido a la ausencia de una recopilación coordinada y completa de datos a escala de la Unión;

K.

Considerando que, de acuerdo con la respuesta de la Comisión de 30 de agosto de 2019 a la petición n.o 0204/2019, cerca de 24 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas de EM/SFC, pero se considera que solo representan un 10 % de la población total que padece esta enfermedad;

L.

Considerando que la American Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome Society (Sociedad de Encefalomielitis Miálgica y Síndrome de Fatiga Crónica de los Estados Unidos) calcula que entre 17 y 24 millones de personas de todo el mundo padecen EM/SFC;

M.

Considerando que se cree que en la Unión, con independencia de su etnia, edad o sexo, hay aproximadamente dos millones de personas que padecen EM/SFC; que, entre los adultos, las mujeres son las más afectadas;

N.

Considerando que, hasta la fecha, no se comprende bien la EM/SFC y, en consecuencia, no recibe un diagnóstico apropiado, debido a que los profesionales sanitarios no la conocen suficientemente o porque es difícil detectar sus síntomas y no existen pruebas de diagnóstico adecuadas; que la falta de comprensión respecto a la EM/SFC puede obstaculizar considerablemente el reconocimiento de la discapacidad laboral de los pacientes;

O.

Considerando que los pacientes se sienten perjudicados e ignorados por las autoridades públicas y el conjunto de la sociedad, y piden legítimamente una mayor sensibilización y que se destine financiación adicional a apoyar el avance de la investigación; que los pacientes denuncian que sufren estigmatización a causa del desconocimiento de la enfermedad; que no se suele reconocer el estigma que rodea a los derechos de las personas con EM/SFC y el sufrimiento psicológico asociado a ella, lo que tiene graves repercusiones en las personas, las familias, la sociedad y en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos;

P.

Considerando que los niños y los jóvenes que padecen EM/SFC podrían ver obstaculizado su acceso a la educación;

Q.

Considerando que es evidente la necesidad de mejorar el reconocimiento de este tipo de enfermedades en los Estados miembros; que debe ofrecerse formación específica para sensibilizar a las autoridades públicas, a los proveedores de asistencia sanitaria y a la administración en general;

R.

Considerando que la petición n.o 0204/2019 ha recibido, y sigue recibiendo, un número significativo de firmas de apoyo, tanto de los pacientes como de sus familias, así como de la comunidad científica, que piden que se destinen más recursos a la investigación biomédica de la EM/SFC y al apoyo a los pacientes;

S.

Considerando que, a lo largo de los años, varios diputados al Parlamento Europeo han presentado a la Comisión preguntas sobre la disponibilidad de fondos de la Unión para la investigación de la EM/SFC;

T.

Considerando que los esfuerzos para investigar la EM/SFC siguen estando bastante fragmentados y que la investigación a escala de la Unión no está coordinada; que, a pesar del apoyo concedido por Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión (2014-2020), a una serie de proyectos de investigación sobre trastornos neurológicos de distintas etiologías, así como a la investigación sobre el dolor (como Help4Me, GLORIA y RTCure), la Comisión admitió en su respuesta de 30 de enero de 2019 a la pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006124/2018 que, hasta la fecha, los programas marco de investigación e innovación de la Unión no han respaldado ningún proyecto específico sobre el diagnóstico y el tratamiento de la EM/SFC;

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19.

—

Vistas sus Resoluciones, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa (1), de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea (2), de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro (3), y de 13 de febrero de 2019, sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa (4),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales (5),

—

Vista la propuesta de la entonces presidenta propuesta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de 16 de julio de 2019, en el marco de las orientaciones políticas de la nueva Comisión Europea entre 2019 y 2024 sobre la organización de una Conferencia sobre el Futuro de Europa (en lo sucesivo, «Conferencia»),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de enero de 2020, titulada «Dando forma a la Conferencia sobre el Futuro de Europa» (COM(2020)0027),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019 sobre el enfoque general de la Conferencia sobre el Futuro de Europa,

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre la posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa (6),

—

Vista la Resolución del Comité de las Regiones, de 12 de febrero de 2020, sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa,

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (7),

—

Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2020, sobre el nuevo marco financiero plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación (8),

—

Vista la declaración de la Conferencia de Presidentes en el septuagésimo aniversario de la Declaración Schuman,

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando la necesidad de hacer frente a los desafíos internos y externos que afectan a Europa, así como a los nuevos desafíos societales y transnacionales que no se preveían enteramente en el momento de la adopción del Tratado de Lisboa; que el número de crisis importantes experimentadas por la Unión demuestra la necesidad de una reforma institucional y política en múltiples ámbitos de gobernanza;

B.

Considerando que la crisis actual de la COVID-19 ha demostrado, a un coste muy alto, que la Unión sigue siendo un proyecto inacabado, y que la Conferencia debe abordar de mejor forma la incapacidad para garantizar la solidaridad y la coordinación, así como los choques económicos, sanitarios y sociales, y los ataques en curso contra los derechos fundamentales y el Estado de Derecho; que, por lo tanto, la crisis actual subraya aún más la urgencia de que la Unión se ponga a trabajar para ser más eficaz, democrática y próxima a los ciudadanos;

C.

Considerando que el Parlamento, la Comisión y el Consejo han declarado que se debería organizar una Conferencia sobre el Futuro de Europa, y que este proceso de la Conferencia debería servir como oportunidad para que los ciudadanos de la Unión participen estrechamente en un ejercicio ascendente en el que se oigan sus voces y estas contribuyan a los debates sobre el futuro de Europa;

D.

Considerando que la Conferencia debería facilitar la creación de un foro abierto para que los diferentes participantes puedan debatir sin un resultado predeterminado; que, por consiguiente, el acuerdo común de las tres instituciones debería referirse solo al formato y a la organización de la Conferencia;

1.

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4.

5.

6.

7.

8.

9.

—

Vistos el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 2, 9, 10, 19 y 216, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus artículos 3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 y 47,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, y en particular su principio 17 sobre la inclusión de las personas con discapacidad, su principio 3 sobre la igualdad de oportunidades y su principio 10 sobre el entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y la protección de datos,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor el 21 de enero de 2011, de acuerdo con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (1),

—

Vistas las observaciones generales sobre la CDPD, en cuanto orientación autorizada sobre la aplicación de la CDPD,

—

Visto el Código de conducta entre el Consejo, los Estados miembros y la Comisión por el que se establecen disposiciones internas para la aplicación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para la representación de la Unión Europea en dicha Convención (2),

—

Vistas las observaciones finales, de 2 de octubre de 2015, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (Comité CDPD) sobre el informe inicial de la Unión Europea,

—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

—

Vistas la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas,

—

Vistas las investigaciones estratégicas del Defensor del Pueblo Europeo sobre el modo en que la Comisión Europea garantiza que las personas con discapacidad puedan acceder a sus sitios web (OI/6/2017/EA) y sobre el tratamiento dado por la Comisión Europea a las personas con discapacidades en virtud del Régimen Común de Seguro de Enfermedad para el personal de la Unión (OI/4/2016/EA), y vista su Decisión en la investigación conjunta de los asuntos 1337/2017/EA y 1338/2017/EA sobre la accesibilidad para candidatos con discapacidad visual en los procesos de selección para la contratación de funcionarios de la Unión, organizados por la Oficina Europea de Selección de Personal,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la Unión se ha comprometido a aplicar,

—

Vistas las menciones explícitas a la discapacidad en los ODS, en relación con la educación (ODS 4), el crecimiento y el empleo (ODS 8), la desigualdad (ODS 10), la accesibilidad de los asentamientos humanos (ODS 11) y la recopilación de datos (ODS 17),

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

—

Visto el Dictamen exploratorio del Comité Económico y Social Europeo solicitado por el Parlamento sobre la situación de las mujeres con discapacidad,

—

Vista la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (3),

—

Vista la Directiva 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos del sector público (4),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado (5),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (6),

—

Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo») (7),

—

Vista la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida) (8),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2010, titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010)0636),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas» (COM(2020)0014),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, titulado «Informe de situación relativo a la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020» (SWD(2017)0029),

—

Vistas la propuesta de la Comisión de una Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426) y la posición del Parlamento, de 2 de abril de 2009 (9),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017 (10),

—

Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad (11),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las observaciones finales del Comité CDPD (12),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2015, sobre la lista de cuestiones adoptada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea (13),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (14),

—

Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral (15),

—

Vistas sus Resoluciones, de 17 de junio de 1988, sobre lenguajes gestuales para sordos (16), de 18 de noviembre de 1998, sobre el lenguaje mímico (17), y de 23 de noviembre de 2016, sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos (18),

—

Visto el estudio de 2016 de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento, Departamento Temático C, titulado «European structural and investment funds and persons with disabilities in the European Union» (Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y las personas con discapacidad en la Unión Europea),

—

Vista la nota informativa del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulada «La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020»,

—

Visto el Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo Europeo,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «Shaping the EU agenda for disability rights 2020-2030» (Configurar la agenda de la UE para los derechos de las personas con discapacidad 2020-2030),

—

Vistos los informes sobre los derechos fundamentales 2019 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA),

—

Vistos los informes temáticos de la FRA,

—

Vista la declaración de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, sobre la Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020,

—

Vistas las estadísticas de Eurostat sobre discapacidad en relación con el acceso al mercado laboral, a la educación y la formación, así como con la pobreza y las desigualdades en las rentas,

—

Vistos los informes y las recomendaciones de organizaciones que representan a personas con discapacidad,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (19), y en particular, sus artículos 4, 6 y 7,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (20), y en particular su artículo 5, apartado 9, letra a),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Consejo (21), y en particular su artículo 2, apartado 3, y su artículo 8,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (22),

—

Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, como ciudadanos de pleno derecho, todas las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos en todos los ámbitos de la vida (incluido el acceso a un mercado de trabajo abierto y a la educación) y tienen derecho a una dignidad inalienable, a la igualdad de trato, a una vida independiente, a la autonomía y a la plena participación en la sociedad, respetando y valorando su aportación al progreso social y económico de la Unión; que más de la mitad de los Estados miembros privan de su derecho a votar a las personas con discapacidad intelectual o que padecen problemas de salud mental;

B.

Considerando que se calcula que unas 100 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea (23) siguen estando privadas de sus derechos humanos fundamentales y se enfrentan diariamente a barreras que les impiden llevar una vida independiente; que las mujeres representan más del 60 % de las personas con discapacidad y que, a su vez, la gran mayoría de los cuidadores de personas con discapacidad son mujeres; que el número de niños con discapacidad se desconoce debido a la falta de estadísticas, pero podría situarse en alrededor del 15 % del número total de niños en la Unión Europea; que, como consecuencia del creciente envejecimiento de la población, cada vez más personas vivirán con una discapacidad y requerirán un entorno más accesible y un mayor apoyo, así como servicios adaptados;

C.

Considerando que el TFUE impone a la Unión la obligación de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad en la definición y la ejecución de sus políticas y acciones (artículo 10), y le confiere, asimismo, el poder de adoptar disposiciones legislativas para combatir este tipo de discriminación (artículo 19);

D.

Considerando que los artículos 21 y 26 de la Carta prohíben explícitamente la discriminación por razón de discapacidad y prevén la participación en la sociedad, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad;

E.

Considerando que la CDPD es el primer tratado internacional de derechos humanos ratificado por la Unión y todos sus Estados miembros;

F.

Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) refuerza el hecho de que la CDPD es vinculante para la Unión y sus Estados miembros a la hora de adoptar y aplicar la legislación de la Unión, ya que es un instrumento del Derecho derivado (24);

G.

Considerando que la Unión y varios Estados miembros no han ratificado el Protocolo Facultativo de la CDPD;

H.

Considerando que los niños con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños, incluido el derecho a crecer con sus familias o en el seno de una familia, atendiendo a su interés superior, tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño; que los miembros de la familia se ven a menudo obligados a reducir o a interrumpir actividades profesionales para ocuparse de miembros de la familia con discapacidad; que el estudio de viabilidad de la Garantía Infantil de la Comisión Europea (informe provisional) señala que las principales barreras a las que se enfrentan los niños con discapacidad son problemas relativos a la accesibilidad física, la falta de adaptación de los servicios y las instalaciones a las necesidades de los niños y, en numerosos casos, sencillamente la falta de disponibilidad de estos; que, en el mismo estudio, muchos encuestados señalaron problemas de discriminación, en particular en relación con los problemas relativos a la educación, y de asequibilidad, en relación con los problemas relativos a la vivienda;

I.

Considerando que los principios de la CDPD van mucho más allá de la discriminación y abren la vía hacia el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas con discapacidad y sus familias en una sociedad inclusiva;

J.

Considerando que la jurisprudencia del TJUE establece que una política puede considerarse indirectamente discriminatoria si, en la práctica, la disposición objeto de controversia afecta negativamente a una proporción sustancialmente mayor de personas con discapacidad; que con que se sospeche que una disposición es intrínsecamente discriminatoria y susceptible de tener un efecto negativo similar, también se considerará discriminatoria;

K.

Considerando que el artículo 1 de la CDPD establece que «[l]as personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás»; que el artículo 9 de la CDPD reviste especial importancia en este sentido;

L.

Considerando que el 37 % de la población de la Europa de los Veintiocho de 15 años o más ha indicado que padece limitaciones físicas o sensoriales moderadas o graves en 2018; que, en la Europa de los Veintiocho, el 24,7 % de la población de 16 años o más ha indicado que padece algunas o graves limitaciones duraderas en sus actividades habituales debido a problemas de salud en 2018; que el 17,7 % ha indicado que padece limitaciones duraderas y el 7 % limitaciones duraderas graves (25);

M.

Considerando que la carga que suponen las principales enfermedades crónicas se calcula a partir del año de vida ajustado por discapacidad (AVAD); que, no obstante, los marcos destinados a las enfermedades crónicas varían en los distintos Estados miembros de la Unión y, en algunos de ellos, pueden formar parte de regímenes de discapacidad más amplios;

N.

Considerando que Eurofound señaló que falta claridad en cuanto a la inclusión del concepto de «enfermedad» (crónica) en la definición de discapacidad (26); que la Agencia recomienda que la revisión de la Estrategia Europea sobre Discapacidad trate esta cuestión;

O.

Considerando que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 no integraba la igualdad de género ni tampoco contemplaba o abordaba la situación específica, las formas de discriminación y las privaciones de derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple y a otras vulneraciones de sus derechos; que las consecuencias de la discriminación múltiple incluyen la pobreza y la exclusión social, educativa y del mercado laboral (con más probabilidades de ocupar empleos mal remunerados, temporales o precarios), lo que provoca un mayor estrés y una carga psicológica para las personas con discapacidad, así como para sus familias y sus cuidadores; que la igualdad de trato puede garantizarse aplicando medidas y políticas positivas para las mujeres con discapacidad, las madres y los padres de hijos con discapacidad, los progenitores solos con discapacidad o los progenitores solos de hijos con discapacidad; que la incorporación de una dimensión de género en la Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020 prevista fomentará un enfoque intersectorial para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad;

P.

Considerando que, en 2018, alrededor del 28,7 % de la población de la Unión con discapacidad (de 16 años o más) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social (27);

Q.

Considerando que, a pesar de que el artículo 19 de la CDPD dispone que «los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad […]», sigue habiendo en la Unión 800 000 personas con discapacidad privadas de su derecho a votar;

R.

Considerando que las personas sordociegas sufren una discapacidad doble única que combina dos deficiencias sensoriales (la visual y la auditiva), lo que limita su participación plena y provoca problemas específicos como el acceso a la comunicación y la información, la movilidad y las interacciones sociales;

S.

Considerando que las prestaciones relacionadas con la discapacidad deben considerarse un apoyo del Estado destinado a ayudar a las personas a eliminar las barreras causadas por su discapacidad o enfermedad, a fin de permitirles participar plenamente en la sociedad, además de una sustitución de los ingresos cuando sea necesario;

T.

Considerando que el artículo 9 de la CDPD reconoce que es necesario tomar las medidas adecuadas para garantizar que las personas con discapacidad, en particular las niñas y las mujeres, puedan disfrutar de un acceso real al entorno físico, a los medios de transporte, a la información y las comunicaciones, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como a otras instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas rurales como urbanas;

U.

Considerando que la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, adoptada en junio de 2019 (28), establece por primera vez a escala de la Unión el derecho de cada trabajador a disfrutar de un permiso para cuidadores de cinco días laborables al año;

V.

Considerando que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 (en lo sucesivo, «Estrategia») ha servido de marco para las propuestas políticas y legislativas destinadas a aplicar la CDPD, tanto dentro como fuera de la Unión;

W.

Considerando que las personas con discapacidad siguen sin participar plenamente en la sociedad y sin disfrutar de sus derechos; que, de conformidad con el artículo 29 de la CDPD, la participación de las personas con discapacidad solo puede lograrse incluyéndolas en la vida política y pública, en la que a menudo están infrarrepresentadas;

X.

Considerando que la Estrategia no se ha adaptado a los ámbitos políticos emergentes, por ejemplo, no se ha armonizado con la Agenda 2030, a cuya aplicación se han comprometido la Unión y todos sus Estados miembros, ni con el pilar europeo de derechos sociales;

Y.

Considerando que, durante la crisis de la COVID-19, las personas con discapacidad han experimentado graves problemas y violaciones de derechos, como perturbaciones en los servicios de asistencia, atención y apoyo personales, un acceso desigual o nulo a la información relativa a la salud y a la atención sanitaria, incluida la atención urgente, falta de información general y pública en materia de seguridad presentada de manera clara y sencilla, en particular en formatos accesibles y fáciles de utilizar, falta de medidas preventivas en las residencias, un acceso desigual a las alternativas ofrecidas por las instituciones educativas, esto es, a la formación en línea y a distancia, y un aumento de los casos de violencia doméstica; que existe la posibilidad de que la pandemia y los problemas mencionados se reactiven en los próximos meses;

Z.

Considerando que la Estrategia no abarca todas las disposiciones de la CDPD;

AA.

Considerando que, hasta la fecha, la Comisión no ha llevado a cabo una revisión transversal ni exhaustiva de su legislación para garantizar la armonización plena con las disposiciones de la CDPD;

AB.

Considerando que los avances logrados con la Estrategia son limitados;

AC.

Considerando que no se han integrado los derechos de las personas con discapacidad en gran cantidad de ámbitos políticos de la Unión;

AD.

Considerando que sigue habiendo legislación nueva y revisada en la que no se hace referencia alguna a la CDPD y la accesibilidad; que la accesibilidad es un requisito previo para una vida independiente y la participación; que la Unión Europea, como Parte de la CDPD, tiene el deber de velar por la estrecha colaboración y la participación activa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el desarrollo y la aplicación de la legislación y las políticas, respetando los diferentes conceptos de discapacidad;

AE.

Considerando que es primordial que las personas con discapacidad accedan plenamente y en igualdad de condiciones al mercado de trabajo, un aspecto que sigue siendo problemático, dado que la tasa de empleo actual se sitúa en el 50,6 % (53,3 % en el caso de los hombres y del 48,3 % en el caso de las mujeres con discapacidad), frente al 74,8 % de las personas sin discapacidad (29), y que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad de edades comprendidas entre los 20 y los 64 años se sitúa en el 17 %, frente al 10 % en el caso de las personas sin discapacidad, lo cual impide que numerosas personas de este colectivo puedan llevar una vida independiente y activa; que un porcentaje significativo de los cuatro millones de personas que cada año se quedan sin hogar tiene discapacidad; que los datos varían considerablemente entre los distintos tipos de discapacidad y las necesidades de apoyo;

AF.

Considerando que se debe apoyar y alentar a los empleadores para garantizar que las personas con discapacidad estén capacitadas desde la educación hasta el empleo; que, con este objetivo, la concienciación de los empleadores es una forma de combatir la discriminación en la contratación de personas con discapacidad;

AG.

Considerando que las medidas en el lugar de trabajo son esenciales para promover una salud mental positiva y prevenir las enfermedades mentales y las discapacidades psicosociales;

AH.

Considerando que las acciones para hacer frente a los retos del cambio demográfico han de incluir medidas adecuadas para mantener a las personas con discapacidad activas y en el mercado laboral; que esto no incluye solo medidas de prevención en lo relativo a la salud y la seguridad en el trabajo, sino también medidas centradas en la rehabilitación y participación tras una enfermedad o un accidente;

AI.

Considerando que la participación solo puede lograrse plenamente si se incluye a una amplia gama de personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, y si se consulta de forma significativa a todas las categorías de partes interesadas, respetando los diversos conceptos de discapacidad;

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 101 a 109,

—

Vistas las normas, directrices, resoluciones, consultas públicas, comunicaciones y documentos pertinentes de la Comisión en materia de competencia,

—

Vistos el informe de la Comisión, de 15 de julio de 2019, sobre la política de competencia 2018 (COM(2019)0339) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña, publicado en esa misma fecha,

—

Vista su Resolución, de 31 de enero de 2019, sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE (1),

—

Vista la carta de mandato, de 10 de septiembre de 2019, de la presidenta electa, Ursula von der Leyen, dirigida a Margrethe Vestager,

—

Vistas las respuestas escritas y orales de la comisaria propuesta, Margrethe Vestager, con ocasión de la audiencia celebrada por el Parlamento Europeo el 8 de octubre de 2019,

—

Vista la Comunicación de la Comisión — Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles (2),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (3),

—

Acoge con satisfacción la publicación del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (4);

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 2019, sobre el Informe de la Comisión de 15 de julio de 2019 sobre la política de competencia 2018,

—

Visto el proyecto de dictamen del Comité de las Regiones, de 5 de diciembre de 2019, sobre el informe de la Comisión de 15 de julio de 2019 sobre la política de competencia 2018,

—

Visto el informe «Competition policy for the digital era» (Política de competencia para la era digital), de 4 de abril de 2019, elaborado por expertos de alto nivel de la Comisión Europea en 2019,

—

Vistos el Dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 26 de marzo de 2014, titulado «Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy» (Intimidad y competitividad en la era de la obtención de datos masivos: interacción entre la protección de datos, el Derecho en materia de competencia y la protección del consumidor en la economía digital) y el Dictamen 8/2016 del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 23 de septiembre de 2016, titulado «Coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data» (Aplicación coherente de los derechos fundamentales en la era de los macrodatos),

—

Vista la declaración del Comité Europeo de Protección de Datos, de 29 de agosto de 2018, sobre la repercusión de la concentración económica en la protección de datos,

—

Vista la carta, de 4 de febrero de 2020, remitida a la comisaria Margrethe Vestager por los ministros de Economía y Hacienda de Francia, Alemania, Italia y Polonia, así como la contribución conjunta de Austria, Chequia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia elaborada con vistas al próximo Consejo Europeo de marzo de 2020,

—

Vista la propuesta de Francia, Alemania y Polonia, de 4 de julio de 2019, titulada «Pour une politique européenne de la concurrence modernisée» (Por una política europea de competencia modernizada),

—

Visto el informe de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (OEUC) titulado «The Role of Competition Policy in Protecting Consumers’ Well-being in the Digital Era» (El papel de la política de competencia en la protección del bienestar de los consumidores en la era digital) de 2019,

—

Vista la decisión de la Comisión Europea, de 7 de enero de 2019, de prolongar siete conjuntos de normas sobre ayudas estatales de la Unión (iniciativa de modernización de las ayudas estatales para 2014-2020) hasta finales de 2022 y de poner en marcha evaluaciones hasta entonces,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo y de 27 de mayo de 2019,

—

Vista la Declaración de 18 Estados miembros en el transcurso de la 6.a reunión ministerial «Amigos de la Industria», celebrada el 18 de diciembre de 2018,

—

Visto el informe «Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry» (Fortalecimiento de las cadenas de valor estratégicas para preparar a la industria de la Unión para el futuro), elaborado por el Foro Estratégico para Proyectos Importantes de Interés Común Europeo,

—

Vista la revisión en curso de las directrices sobre cooperación horizontal,

—

Vista la consulta pública en curso sobre los reglamentos horizontales de exención por categorías,

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de junio de 2019, titulado «Hacia un marco jurídico europeo adaptado para las empresas de la economía social»,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

—

Vista la carta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0022/2020),

A.

Considerando que la competencia y la aplicación efectiva de la política de competencia deben beneficiar en última instancia a los consumidores, especialmente a los consumidores más frágiles, y, al mismo tiempo, promover la innovación y una competencia leal entre las empresas que operan en el mercado único, en particular garantizando que las pymes tengan la oportunidad de competir en condiciones equitativas;

B.

Considerando que la política de competencia debe adaptarse para abordar los retos digitales, ecológicos, industriales y sociales y debe ser acorde con las prioridades expuestas en el Pacto Verde Europeo y con los objetivos del Acuerdo de París, a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en todos los sectores como piedra angular de la economía social de mercado europea, teniendo en cuenta al mismo tiempo a las empresas de la economía social;

C.

Considerando que la cooperación global en materia de aplicación de las normas de competencia contribuye a evitar incoherencias en las soluciones y en los resultados de las medidas de ejecución y ayuda a las empresas a reducir sus costes de cumplimiento;

D.

Considerando que, en los mercados digitales en rápida evolución, la política de competencia podría ser excesivamente lenta en algunos casos y, por tanto, podría correr el riesgo de ser ineficaz para subsanar fallos de mercado sistémicos y restablecer la competencia; que una regulación y un control ex ante complementarios podrían tener efectos favorables para garantizar una supervisión más eficaz;

E.

Considerando que las autoridades europeas de competencia deberían estar igualmente atentas para evitar tanto un cumplimiento insuficiente en los mercados digitales como un exceso de celo en la garantía del cumplimiento;

F.

Considerando que el objetivo primordial de la política de competencia europea es evitar el falseamiento de la competencia para preservar la integridad del mercado interior y proteger a los consumidores;

G.

Considerando que varios escándalos, investigaciones y documentos recientes han puesto de manifiesto la forma en que las plataformas recopilan y utilizan datos de carácter personal y los venden a terceros, y el modo en que los agentes tecnológicos y las plataformas dominantes rastrean sistemáticamente en línea a los consumidores;

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Vistos el artículo 13, apartado 2, y el artículo 17, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistas sus anteriores decisiones y resoluciones sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018,

—

Vistas las investigaciones administrativas realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el proyecto conocido como «Stork Nest» (Nido de Cigüeña) en la República Checa, en las que se detectaron «graves irregularidades»,

—

Vista la misión de investigación a la República Checa llevada a cabo por la Comisión de Control Presupuestario durante los días 26 y 27 de marzo de 2014,

—

Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2018, sobre los conflictos de intereses y la protección del presupuesto de la Unión en la República Checa (1),

—

Vista la Ley n.o 159/2006 de la República Checa, de 16 de marzo de 2006, sobre los conflictos de intereses, cuyo artículo 4(c) entró en vigor en febrero de 2017,

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (2) (el nuevo Reglamento Financiero), que entró en vigor el 2 de agosto de 2018, y en particular su artículo 61,

—

Vistos los artículos 144 y 145 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (3),

—

Vistas las preguntas y la denuncia enviadas a la Comisión Europea sobre los posibles conflictos de intereses en la República Checa (4),

—

Visto el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión, de 19 de noviembre de 2018, titulado «Impact of Article 61 of the new Financial Regulation (conflict of interests) on payments from the European Structural and Investment (ESI) Funds» (Impacto del artículo 61 del nuevo Reglamento Financiero (conflictos de intereses) en los pagos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)),

—

Vista la conferencia de prensa del fiscal general del Estado, celebrada el 4 de diciembre de 2019, sobre la reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión,

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Visto su debate en el Pleno del 18 de diciembre de 2019 sobre los conflictos de intereses y la corrupción que afectan a la protección de los intereses financieros de la Unión en los Estados miembros,

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Visto su debate en el Pleno del 15 de enero de 2020 sobre la reapertura del proceso contra el primer ministro de la República Checa por uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses,

—

Vista la misión de investigación a la República Checa llevada a cabo por la Comisión de Control Presupuestario durante los días 26 a 28 de febrero de 2020,

—

Vista la Decisión Pl. ÚS 4/17 del Tribunal Constitucional de la República Checa, de 18 de febrero de 2020,

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la instrucción penal contra el primer ministro checo Andrej Babiš tras el informe de la OLAF sobre el uso irregular de subvenciones de la Unión destinadas a pequeñas empresas, que fue suspendida dos años después, ha sido reabierta recientemente por el fiscal general de la República Checa; recordando que, como parte del proyecto denominado «Stork Nest», Agrofert creó artificialmente una empresa de tamaño medio, que siguió bajo el control de Agrofert, con el fin de obtener fondos destinados a pequeñas y medianas empresas por un total aproximado de dos millones de euros;

B.

Considerando que el fiscal general de la República Checa anunció el abandono de la instrucción penal por «ilegal y prematura», ya que no se había tenido en cuenta el Derecho de la Unión, añadiendo que el proceso de asignación de subvenciones había adolecido de una falta de controles suficientes;

C.

Considerando que el artículo 61, apartado 1, del Reglamento Financiero (conjuntamente con el artículo 61, apartado 3) establece:

D.

Considerando que el artículo 63 del Reglamento Financiero impone a los Estados miembros el establecimiento de sistemas de gestión y control que, como exige el artículo 36, apartado 3, sean capaces de prevenir los conflictos de intereses;

E.

Considerando que, en febrero de 2017, la Ley n.o 159/2006 de la República Checa sobre los conflictos de intereses fue modificada con la adición de una lista ampliada de actividades prohibidas, que incluye disposiciones que impiden que determinadas empresas participen en la contratación pública, incluso como subcontratistas, o reciban subvenciones; que la Ley tiene por objeto evitar los conflictos de intereses en todas sus formas;

F.

Considerando que las normas de contratación pública obligan a los Estados miembros a prevenir los conflictos de intereses (artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE (5)), en particular los intereses personales directos o indirectos, y que ya existen normas en vigor para abordar las situaciones percibidas como conflictos de intereses, así como las obligaciones específicas en el marco de la gestión compartida (por ejemplo, el Reglamento (UE) n.o 1303/2013);

G.

Considerando que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (6), «el conflicto de intereses constituye en sí mismo y de forma objetiva una disfunción grave, sin que sea preciso tener en cuenta, para su calificación, las intenciones de los interesados y su buena o mala fe»;

H.

Considerando que la Comisión tiene la obligación de suspender los pagos de fondos de la Unión cuando exista una deficiencia grave en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control y cuando se revelen irregularidades graves no constatadas, no declaradas y no corregidas en relación con un conflicto de intereses;

I.

Considerando que Agrofert es un conglomerado fundado por el primer ministro checo, que se compone de más de 230 empresas y supera los 34 000 empleados (2017); que se ha revelado que el Sr. Babiš es el titular real de Agrofert, la empresa que controla el Grupo Agrofert, que incluye, entre otros, algunos importantes medios de comunicación checos, a través de los fondos fiduciarios AB I y AB II, de los que es tanto fundador como beneficiario único; que, cuando el Sr. Babiš decide disolver estos fondos fiduciarios, recupera la plena propiedad de todos los activos que poseen;

J.

Considerando que, en enero y febrero de 2019, varios servicios de la Comisión (DG REGIO / DG EMPL, DG AGRI (DG asociada) realizaron una auditoría coordinada y exhaustiva sobre la aplicación del Derecho nacional y de la Unión; que una auditoría en curso de AGRI está examinando supuestos conflictos de intereses en relación con el ministro de Agricultura checo;

K.

Considerando que, en noviembre de 2019, la Comisión envió el informe final de auditoría elaborado por la DG REGIO y la DG EMPL a las autoridades checas, tras las acusaciones de conflictos de intereses en la República Checa sobre la base del artículo 61 del Reglamento Financiero, que se filtró a los medios de comunicación checos;

L.

Considerando que la Comisión de Control Presupuestario celebró una reunión a puerta cerrada con el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn, el 16 de diciembre de 2019;

M.

Considerando que el comisario Hahn informó a la Comisión de Control Presupuestario de que la Comisión solo haría públicas las conclusiones de su auditoría una vez que todas las pruebas se hubieran tenido debidamente en cuenta y se hubieran analizado exhaustivamente; que las autoridades checas presentaron sus respuestas al informe final de auditoría elaborado por la DG REGIO el 29 de mayo de 2020;

N.

Considerando que la auditoría de la Comisión está aún en curso y, como medida cautelar y hasta que se aclare la situación, no se están realizando pagos con cargo al presupuesto de la Unión en virtud de los Fondos EIE a empresas que sean propiedad directa o indirecta del Sr. Babiš y que pudieran verse implicadas en el supuesto conflicto de intereses;

O.

Considerando que la Comisión no está rembolsando a las autoridades checas los pagos efectuados en el marco del Fondo de Desarrollo Rural a los proyectos del Grupo Agrofert susceptibles de verse afectados por el supuesto conflicto de intereses;

P.

Considerando que el Parlamento de la República Checa no tiene una visión general sobre las posibles licitaciones públicas, subvenciones checas a nivel nacional o inversiones públicas respaldadas por el Estado de las que el Grupo Agrofert podría seguir beneficiándose;

Q.

Considerando que el Grupo Agrofert posee dos de los diarios checos más importantes, Mladá fronta Dnes y Lidové Noviny y controla la cadena de televisión Óčko, así como las emisoras de radio Impuls y RockZone; que, según el informe de la Federación Europea de Periodistas, el Sr. Babiš es el propietario de facto del 30 % de los medios de comunicación privados en la República Checa (7);

R.

Considerando que los ingresos del Grupo Agrofert han aumentado considerablemente durante el período en que el Sr. Babiš ha ocupado un cargo público, mientras que, al mismo tiempo, el Grupo Agrofert se ha beneficiado de subvenciones agrícolas de la Unión por un importe total de 970 414 000 CZK en 2016, 1 048 685 000 CZK en 2017 y 973 284 000 CZK en 2018 solo en la República Checa; que el Grupo Agrofert recibió supuestamente subvenciones de los fondos de cohesión de la Unión por un importe de 427 385 000 CZK durante el período 2014-2020 en la República Checa; que el Grupo Agrofert probablemente haya recibido subvenciones adicionales en otros Estados miembros, como Eslovaquia y Alemania;

S.

Considerando que el Tribunal Constitucional de la República Checa, en su Decisión Pl. ÚS 4/17, de febrero de 2020, desestimó el recurso presentado por el presidente de la República Checa y diputados del Parlamento de la República Checa sobre la derogación de la Ley checa que define los conflictos de intereses de los funcionarios públicos; que, en esa misma decisión, el Tribunal Constitucional aclaró que las elecciones no deben utilizarse como un medio para tomar el control sobre el Estado con el fin de utilizar o incluso abusar de sus capacidades y recursos;

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Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la unión bancaria — Informe anual 2018 (1),

—

Vistas las aportaciones de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) sobre la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre la unión bancaria — Informe anual 2018,

—

Vista la aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo del conjunto de medidas para el sector bancario,

—

Visto el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea»,

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 806/2014 a fin de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (COM(2015)0586),

—

Visto el Acuerdo marco de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea,

—

Vistas las Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024, tituladas «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados — Mi agenda para Europa», presentadas por Ursula von der Leyen el 16 de julio de 2019,

—

Vista su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la finalización de Basilea III (2), así como las Conclusiones del Consejo Ecofin de 12 de julio de 2016,

—

Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de mayo de 2018, relativo a los bonos de titulización de deuda soberana (COM(2018)0339),

—

Visto el Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE 2018, publicado en marzo de 2019 (3),

—

Visto el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de julio de 2019, titulado «EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019» (Seguimiento del riesgo de intermediación financiera no bancaria en la UE 2019) (4),

—

Vistas las conclusiones de la Hoja de Ruta Fintech de la Autoridad Bancaria Europea tras la consulta sobre el planteamiento de la ABE frente a la tecnología financiera (Fintech), de marzo de 2018,

—

Visto el informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), de noviembre de 2019, titulado «Risk Assessment of the European Banking System» (Evaluación de riesgos del sistema bancario europeo) (5),

—

Visto el informe de la ABE, de 18 de julio de 2019, sobre el perímetro normativo, la situación normativa y los enfoques de autorización en relación con las actividades del sector tecnofinanciero,

—

Visto el informe de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), de enero de 2019, titulado «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs» (Tecnofinanzas: espacios controlados de pruebas y focos de innovación) (6),

—

Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el BCE, de 7 de noviembre de 2013, relativo a las normas prácticas de ejecución de la rendición de cuentas democrática y de la supervisión del ejercicio de las tareas encomendadas al BCE en el marco del mecanismo único de supervisión (7),

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Visto el Memorando de Entendimiento entre el BCE y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), de 9 de octubre de 2019, en relación con las auditorías de las tareas de supervisión del BCE (8),

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Visto que la Cumbre del Euro celebrada el 14 de diciembre de 2018 refrendó el informe del Eurogrupo en composición ampliada por el que se crea un grupo de trabajo de alto nivel,

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Visto que la citada Cumbre del Euro refrendó las condiciones de base del mecanismo de protección común para el Fondo Único de Resolución,

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Visto el informe de la Comisión, de 30 de abril de 2019, sobre la aplicación y revisión de la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias) y el Reglamento (UE) n.o 806/2014 (Reglamento sobre el Mecanismo Único de Resolución (RMUR)) (COM(2019)0213),

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Vista la declaración acordada por la Cumbre del Euro en su reunión de 21 de junio de 2019,

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Visto el Informe Especial del TCE, de 10 de julio de 2019, sobre las pruebas de resistencia para bancos en la UE (9),

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Visto el anuncio del BCE, de 22 de agosto de 2019, de que revisará sus expectativas supervisoras sobre dotación de provisiones prudenciales para préstamos dudosos nuevos para tener en cuenta las nuevas normas de la Unión sobre expectativas supervisoras sobre provisiones prudenciales (10),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de junio de 2019, titulada «Cuarto informe de situación sobre el proceso de reducción de los préstamos dudosos y reducción adicional del riesgo en la Unión Bancaria» (COM(2019)0278),

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Visto el dictamen técnico de la Autoridad Europea de Valores y Mercados dirigido a la Comisión Europea, de 18 de julio de 2019, sobre las consideraciones de sostenibilidad en el mercado de la calificación crediticia (11),

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Visto el documento de reflexión del Mecanismo Europeo de Estabilidad, de octubre de 2019, titulado «Completing banking union to support Economic and Monetary Union» (Completar la unión bancaria para apoyar la Unión Económica y Monetaria) (12),

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Vista la Comunicación de la Comisión, titulada «Plan de acción: Financiar el crecimiento sostenible» (COM(2018)0097),

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Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre las agencias de calificación crediticia: perspectivas futuras (13),

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Visto el estudio de la Comisión, de noviembre de 2019, sobre las diferencias entre las leyes de insolvencia bancaria y su potencial armonización,

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Vista su Resolución, de 19 de septiembre de 2019, sobre el estado de la aplicación de la legislación de la Unión contra el blanqueo de capitales (14),

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Vistos los dictámenes de la ABE de 8 de agosto de 2019 sobre la elegibilidad de los depósitos, el nivel de cobertura y la cooperación entre los sistemas de garantía de depósitos (SGD), de 30 de octubre de 2019 sobre los pagos de los SGD, y de 23 de enero de 2020 sobre la financiación de los SGD y la utilización de los fondos de los mismos,

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Visto el Dictamen conjunto de las AES, de 4 de octubre de 2019, sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al sector financiero de la Unión Europea (15),

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Visto el estudio de la Comisión Europea, de noviembre de 2019, sobre las opciones y la discrecionalidad nacionales en virtud de la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos y su tratamiento en el contexto de un sistema europeo de garantía de depósitos,

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Visto el acuerdo sobre el intercambio de información entre el BCE y las autoridades competentes responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

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Vista la retirada por parte de la Comisión de la propuesta sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE (COM(2014)0043),

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Visto el informe de la ABE, de noviembre de 2019, sobre los progresos y los retos futuros en materia de préstamos dudosos (16),

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Vista la revisión de estabilidad financiera del BCE de noviembre de 2019,

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Visto el documento de asesoramiento conjunto de las AES presentado a la Comisión Europea el 10 de abril de 2019 en relación con la necesidad de introducir mejoras legislativas respecto a los requisitos de gestión de los riesgos de las TIC en el sector financiero de la Unión (17),

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Visto el Informe Económico Anual de 2018 del Banco de Pagos Internacionales,

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Visto el informe de la ABE, de 29 de octubre de 2019, sobre los posibles impedimentos a la prestación transfronteriza de servicios bancarios y de pagos (18),

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Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0026/2020),

A.

Considerando que una Unión Económica y Monetaria más estable, competitiva y convergente requiere una unión bancaria sólida y una unión de los mercados de capitales más desarrollada y segura, así como la creación de un instrumento presupuestario;

B.

Considerando que la finalización de la unión bancaria constituye una contribución fundamental para la percepción internacional del euro y su papel reforzado en los mercados internacionales;

C.

Considerando que los riesgos de ralentización del crecimiento económico de la zona de euro se han incrementado, en particular desde el brote a escala mundial de la pandemia de COVID-19, y siguen planteando retos a la estabilidad financiera;

D.

Considerando que la unión bancaria seguirá estando incompleta mientras no disponga de un mecanismo de protección para el Fondo Único de Resolución (FUR) y un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) como tercer pilar de la unión bancaria;

E.

Considerando que un mercado de servicios financieros al por menor plenamente operativo es importante tanto para la economía como para los ciudadanos de la Unión;

F.

Considerando que la unión bancaria sigue careciendo de herramientas eficaces para abordar los problemas a que se enfrentan los consumidores: complejidad artificial, prácticas comerciales desleales, exclusión de grupos vulnerables en los servicios básicos y participación limitada de las autoridades públicas;

G.

Considerando que, a pesar de la reducción general de los préstamos dudosos en los últimos años, el nivel de préstamos dudosos en algunas entidades financieras sigue siendo elevado;

H.

Considerando que ha resultado positivo confiar al BCE la supervisión de las entidades financieras de importancia sistémica; que el BCE puede ejercer, cuando sea necesario, funciones de supervisión en relación con todas las entidades de crédito autorizadas y las sucursales establecidas en los Estados miembros participantes;

I.

Considerando que el desarrollo del Mecanismo Único de Resolución (MUR), que aspira a garantizar unas normas y procedimientos uniformes, así como un proceso común de toma de decisiones, para la resolución ordenada de los bancos en graves dificultades reduciendo al mínimo el impacto sobre la economía real, ha resultado eficiente; que, no obstante, todavía queda trabajo por hacer para prevenir efectivamente las intervenciones de los bancos en quiebra financiadas por el contribuyente;

J.

Considerando que los recientes escándalos de blanqueo de dinero a gran escala en los que estaban implicadas instituciones financieras de la Unión demuestran que la supervisión prudencial y la supervisión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales no pueden ser tratadas por separado y que no existe un sistema adecuado de supervisión y cumplimiento de la legislación de la Unión;

K.

Considerando que el sector bancario europeo sigue siendo con mucho el principal proveedor de financiación para las empresas, en contraste con otras jurisdicciones, en las que los mercados de capitales asumen una parte considerable de esta financiación;

L.

Considerando que, más de diez años después del estallido de la crisis financiera, el Consejo de Estabilidad Financiera sigue sin tratar ni supervisar suficientemente los problemas de las entidades «demasiado grandes para quebrar» o «demasiado interconectadas para quebrar»;

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Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el turismo es una actividad económica transversal con una gran repercusión en el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social y sostenible;

B.

Considerando que el sector turístico emplea a 22,6 millones de personas, lo que equivale al 11,2 % del empleo total de la Unión, que en 2019 aportó el 9,5 % del PIB de la Unión, que contribuye a impulsar una estructura regional equilibrada, además de repercutir favorablemente en el desarrollo regional; y que al menos 6,4 millones de puestos de trabajo están en situación de riesgo en la Unión;

C.

Considerando que el turismo, y en particular el sobreturismo, al igual que todas las actividades humanas, tiene un impacto en el cambio climático, además de repercusiones de tipo medioambiental y económico, como un aumento de la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la congestión, costes de mantenimiento de las infraestructuras y un incremento de los precios; que, no obstante, el sector tiene un compromiso con la aceleración de los avances hacia el desarrollo del turismo sostenible y con la garantía de que contribuye a alcanzar los objetivos europeos e internacionales relacionados con el clima en el marco de iniciativas que tienen como finalidad la reducción de las emisiones;