—

Vista la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (1),

—

Visto el Memorando de entendimiento relativo a la armonización de la capacidad de carga de los teléfonos móviles, de 5 de junio de 2009,

—

Visto el Memorando de entendimiento sobre la futura solución común de las cargas para los teléfonos inteligentes, de 20 de marzo de 2018,

—

Visto el Informe de la Comisión, de 11 de noviembre de 2018, relativo al funcionamiento de la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos (COM(2018)0740),

—

Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el mercado único ha sido y sigue siendo la base del éxito económico de Europa, la piedra angular de la integración europea y un motor de crecimiento y empleo;

B.

Considerando que el mercado único no está explotando plenamente su potencial y que la persistencia de la fragmentación del mercado de los cargadores para los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos pequeños y medianos se traduce en un aumento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de la frustración entre los consumidores;

C.

Considerando que los consumidores siguen teniendo que adquirir distintos cargadores cuando compran nuevos dispositivos de proveedores distintos y que están obligados a comprar un cargador nuevo cuando adquieren un aparato nuevo del mismo proveedor;

D.

Considerando que los diputados al Parlamento Europeo llevan más de diez años pidiendo un cargador común para los equipos radioeléctricos móviles, incluidos los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores de libros electrónicos, las cámaras inteligentes, los productos electrónicos ponibles y otros dispositivos electrónicos de tamaño mediano o pequeño; que la Comisión ha aplazado reiteradamente el acto delegado por el que se complementa la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos;

E.

Considerando que la aplicación oportuna de la legislación adoptada por la Unión a través de procedimientos legislativos concretos es esencial para la credibilidad de la Unión a los ojos de sus ciudadanos y en la escena internacional;

F.

Considerando que los acuerdos voluntarios entre los agentes del sector, si bien disminuyen de forma significativa el número de tipos de cargador disponibles en el mercado, no han permitido llegar a una solución en relación con la introducción de un cargador único y que los consumidores siguen encontrando en el mercado distintos tipos de cargadores;

G.

Considerando que cada año se generan en el planeta alrededor de 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que representa una media de más de 6 kg. por persona; que el total de residuos electrónicos generados en Europa en 2016 ascendió a 12,3 millones de toneladas métricas, lo que equivale a 16,6 kg de media por persona (2); que esto representa una huella medioambiental innecesaria que puede reducirse;

H.

Considerando que el Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento, en el marco del Pacto Verde Europeo, a favor de un nuevo y ambicioso plan de acción en relación con la economía circular que tiene como objetivo reducir la huella medioambiental total en cuanto a los recursos de la producción y el consumo de la Unión se refiere, siendo sus prioridades principales la eficiencia en el uso de los recursos, la contaminación cero y la prevención de residuos;

I.

Considerando que las tendencias en materia de consumo en los últimos diez años muestran un aumento del número de personas que son propietarios de varios dispositivos y que los ciclos de vida de algunos equipos radioeléctricos son menores, como ocurre, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes; que los equipos más antiguos suelen sustituirse porque se consideran anticuados; que, además, estas tendencias conducen a la producción de nuevos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, incluidos cargadores;

J.

Considerando que los consumidores poseen, utilizan y a menudo llevan consigo numerosos cargadores diferentes para dispositivos similares alimentados por baterías; que, por consiguiente, el exceso actual de oferta de cargadores genera costes excesivos e inconvenientes a los consumidores, así como una huella ambiental innecesaria;

K.

Considerando que las personas dependen ahora de sus dispositivos móviles en numerosas situaciones cotidianas, en particular en caso de emergencia o cuando viajan, lo que también es consecuencia de la falta de teléfonos públicos; que las personas confían en teléfonos móviles que se pueden cargan fácilmente para acceder rápidamente a servicios esenciales e instrumentos vitales como formas de pago, motores de búsqueda, servicios de navegación, etc.; que los dispositivos móviles son una herramienta esencial para la plena participación en la sociedad;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 8, 151, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus disposiciones en materia de igualdad de género,

—

Vistos los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 2, 3, 6, 9 y 15,

—

Vistos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular los Objetivos 1, 5, 8 y 10, así como sus respectivos indicadores y metas,

—

Visto el Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo de la OIT de 2019,

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia (1),

—

Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, presentada por la Comisión (COM(2010)0491),

—

Visto el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019, presentado por la Comisión,

—

Visto el Plan de Acción de la UE 2017-2019 para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres, presentado por la Comisión (COM(2017)0678),

—

Visto el informe de la Comisión de 2019 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea,

—

Vistas la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (2), y la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (3),

—

Visto el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género y, en particular, el informe sobre el Índice de 2019,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de marzo de 2011, sobre el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) (4),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de junio de 2015, sobre la igualdad de oportunidades de ingresos para los hombres y mujeres: reducir la brecha de género de las pensiones,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de junio de 2019, sobre políticas y medidas clave destinadas a eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, sobre economías que fomentan la igualdad género en la UE: perspectivas de futuro,

—

Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (5),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (6),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales (7),

—

Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (8),

—

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE (9),

—

Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento (10),

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la igualdad de género es uno de los principios comunes y fundamentales de la Unión Europea, consagrado en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 3, del TUE, en el artículo 8 del TFUE y en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales; que el artículo 157 del TFUE establece expresamente que cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor; que la independencia económica es un requisito previo esencial para la autorrealización de mujeres y hombres, y que garantizar la igualdad de acceso a los recursos financieros es fundamental para el proceso de consecución de la igualdad de género;

B.

Considerando que el principio 2 del pilar europeo de derechos sociales establece que «la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe garantizarse y fomentarse en todos los ámbitos, incluso en lo que respecta a la participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de empleo y la carrera profesional», y que «las mujeres y los hombres tienen derecho a la igualdad de retribución para un trabajo equivalente»;

C.

Considerando que en la Recomendación de la Comisión de 2014 se esbozaba un conjunto de medidas básicas para ayudar a los Estados miembros a mejorar la transparencia y reforzar el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres; que estas medidas incluían el derecho de los trabajadores a obtener información sobre los niveles salariales, la información sobre el salario, las auditorías salariales, la negociación colectiva, las estadísticas y los datos administrativos, la protección de datos, una aclaración del concepto de trabajo de igual valor, los sistemas de evaluación y clasificación de los puestos de trabajo, el apoyo a los organismos de fomento de la igualdad, un seguimiento y ejecución coherentes de las soluciones, y las actividades de sensibilización;

D.

Considerando que en la Unión Europea los ingresos de las mujeres son desproporcionadamente más bajos que los de los hombres; que, según las últimas cifras de la Comisión, la brecha de género en la Unión en lo que respecta a la remuneración por hora es del 16 %, aunque varía considerablemente de un Estado miembro a otro; que la brecha salarial de género se eleva al 40 % cuando se tienen en cuenta las tasas de empleo y la participación general en el mercado de trabajo; que, mientras que solo el 8,7 % de los hombres de la Unión trabaja a tiempo parcial, casi un tercio de las mujeres de la Unión (31,3 %) lo hace; que existe una correlación negativa específica entre la feminización de una ocupación y el nivel de los salarios, según se desprende de la disminución de los salarios medios en las empresas en las que el 65 % o más de los trabajadores son mujeres;

E.

Considerando que por brecha salarial de género se entiende la diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de hombres y mujeres, expresada como porcentaje de los ingresos brutos medios por hora de los hombres; que alrededor de dos tercios de la brecha salarial de género no pueden explicarse por diferencias de género en los atributos del mercado de trabajo, como la edad, la experiencia y la educación, la categoría profesional o el tiempo de trabajo, y otros atributos observables, lo que revela un factor claramente discriminatorio y pone de relieve que la discriminación de género se cruza también con múltiples formas de discriminación; que es fundamental aplicar un enfoque intersectorial para comprender las múltiples formas de discriminación que agravan la brecha salarial de género para las mujeres con una combinación de identidades y la intersección del factor de género con otros factores sociales;

F.

Considerando que el empoderamiento económico de las mujeres es fundamental para eliminar la brecha salarial de género; que la adopción de medidas en este ámbito no es solo una cuestión de equidad, sino también un imperativo económico, ya que la pérdida económica resultante de la brecha de género en el empleo asciende a unos 370 000 millones de euros al año (11); que el hecho de no pagar de forma equitativa a las mujeres limita su capacidad para alcanzar la independencia económica y, por tanto, su capacidad para vivir con plena autonomía; que, según el Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer, la tasa de pobreza entre las mujeres trabajadoras podría reducirse del 8,0 % al 3,8 % si se les pagara lo mismo que a los hombres; que 2,5 millones de los 5,6 millones de niños que viven en la pobreza hoy en día saldrían de ella si se colmase la brecha salarial de género;

G.

Considerando que la brecha de género en los ingresos mensuales brutos entre trabajadores de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años (7 %) era más de cinco veces menor que entre trabajadores de 65 años o más (brecha de género del 38 %); que también existe una «brecha salarial de maternidad», con una brecha salarial entre las mujeres con y sin hijos a cargo, así como entre madres y padres; que la pobreza se concentra sobre todo en familias en las que las mujeres son la única fuente de ingresos, con un 35 % de madres solas en la Unión en riesgo de pobreza en 2017, frente al 28 % de padres solos (12);

H.

Considerando que los cuidados son un pilar fundamental de nuestra sociedad y son desempeñados en gran medida por mujeres; que este desequilibrio se refleja en la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres; que la maternidad y el cuidado de los niños, los mayores, los familiares enfermos o con discapacidad y de otras personas dependientes representan una carga de trabajo adicional y, en ocasiones, a tiempo completo, que es asumida casi exclusivamente por las mujeres; que esto se refleja en la segregación del mercado de trabajo y en la mayor proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial, con salarios por hora inferiores, con interrupciones en su carrera profesional y con menos años de empleo; que este trabajo a menudo no se paga ni es valorado adecuadamente por la sociedad, a pesar de que tiene una enorme importancia social y contribuye al bienestar social;

I.

Considerando que más de la mitad de las mujeres con discapacidad en edad laboral están económicamente inactivas; que en todos los Estados miembros la tasa de privación material grave de las mujeres con discapacidad es más elevada que la de las mujeres sin discapacidad;

J.

Considerando que es necesario defender los derechos de las mujeres, tanto en la legislación como en la vida, y tomar medidas para combatir todas las formas de explotación, violencia, opresión y desigualdad entre mujeres y hombres;

K.

Considerando que las ramificaciones de la brecha salarial de género incluyen una brecha de género del 37 % en los ingresos por pensiones, una situación que persistirá durante las próximas décadas, y un nivel desigual de independencia económica entre hombres y mujeres, con una de cada cinco trabajadoras de la Unión dentro del grupo salarial más bajo, frente a uno de cada diez hombres; que la reducción de la brecha en materia de pensiones también es una cuestión de solidaridad intergeneracional;

L.

Considerando que esta diferencia en las pensiones proviene de las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral de las mujeres y de los períodos de ausencia del mercado laboral que se imponen a las mujeres como consecuencia de múltiples formas de desigualdad y discriminación, así como de retribuciones más bajas y discriminación salarial; que, para superar las desigualdades en materia de pensiones y proteger y aumentar las pensiones en general, es imprescindible que los sistemas de seguridad social sigan formando parte de la esfera pública e integren los principios de solidaridad y redistribución, así como hacer denodados esfuerzos para luchar contra el trabajo precario y no regulado;

M.

Considerando que la brecha salarial entre hombres y mujeres y sus causas tienen consecuencias exponencialmente perjudiciales para las mujeres a lo largo de toda su vida, culminando con una brecha de género en materia de pensiones que actualmente es de más del doble de la brecha salarial; que el riesgo de pobreza aumenta considerablemente a lo largo de la vida, revelando gradualmente los efectos acumulados de las desigualdades de remuneración; que la pobreza entre los mayores de 75 años se concentra sistemáticamente en las mujeres, debido principalmente al impacto de las tareas de cuidados generizadas no remuneradas, las diferencias de salario y de tiempo de trabajo a lo largo de la vida, con las pensiones más bajas que se derivan de ello, las diferencias en las edades de jubilación de hombres y mujeres en algunos Estados miembros, así como el hecho de que las mujeres de mayor edad viven solas;

N.

Considerando que la Directiva 2006/54/CE ha contribuido a la mejora de la situación de la mujer en el mercado de trabajo, pero no ha conllevado ninguna transformación en profundidad de la legislación destinada a eliminar la brecha salarial en muchos Estados miembros;

O.

Considerando que la transparencia salarial puede desempeñar un papel fundamental para garantizar que se produzcan progresos significativos cuando se aborde la brecha salarial de género, ya que ayuda a poner de manifiesto la infravaloración del trabajo de las mujeres y a subrayar la segmentación generizada del mercado de trabajo, en particular mediante el uso de herramientas que proporcionan criterios objetivos para una evaluación y una comparabilidad neutrales en cuanto al género del valor del trabajo en diferentes empleos y sectores;

P.

Considerando que es fundamental contar con métodos de evaluación de los puestos de trabajo carentes de sesgo de género, que permitan compararlos entre sí teniendo en cuenta su importancia y complejidad, a fin de determinar la posición de un puesto de trabajo con respecto a otro en un sector u organización determinados, independientemente de que esté ocupado por un hombre o una mujer;

Q.

Considerando que el riesgo de pobreza y un menor grado de autonomía financiera provocados por las diferencias salariales y de pensiones por razón de género exponen a las mujeres a la violencia de género, y en particular a la violencia doméstica, lo que les hace más difícil salir de una relación abusiva; que, según las Naciones Unidas, el 35 % de las mujeres de todo el mundo sufren en algún momento acoso psicológico o sexual en el lugar de trabajo o acoso con graves consecuencias en términos de aspiraciones personales y profesionales, lo que resulta perjudicial para su autoestima y su posición negociadora con vistas a una remuneración más equitativa;

R.

Considerando que las causas de la brecha salarial de género son numerosas e incluyen factores tanto estructurales como culturales: por un lado, mercados laborales y sectores con segregación por género, falta de opciones y servicios para conciliar la vida familiar y la vida profesional —siendo las mujeres las principales cuidadoras de los hijos y de otras personas dependientes—, y la persistencia de los «techos de cristal» que impiden a las mujeres llegar a la cima de sus carreras profesionales y percibir por tanto las máximas remuneraciones; por otro lado, los estereotipos de género sobre las funciones y aspiraciones de las mujeres, el sesgo de género en las estructuras salariales y en las instituciones que fijan las remuneraciones, y las arraigadas expectativas sobre el papel de las mujeres como madres, que provocan interrupciones en la carrera profesional o el paso a regímenes de tiempo parcial, así como una falta de transparencia salarial;

S.

Considerando que las causas de la brecha salarial y de las diferencias en materia de pensiones y otras remuneraciones por razón de género son numerosas y estructurales y están a menudo interrelacionadas; que estas causas pueden dividirse en dos componentes: uno que puede «explicarse» claramente por los rasgos diferenciales de mujeres y hombres frente al mercado laboral, y un segundo que sigue sin encontrar una «explicación» clara que obedezca a dichos rasgos, siendo este último el componente principal de la brecha salarial de género en casi todos los países del mundo;

T.

Considerando que entre estas diferencias «laborales» entre hombres y mujeres se cuentan la edad, la experiencia, el nivel de formación, el sector laboral o el horario de trabajo; que estas diferencias se reflejan en el hecho de que las mujeres trabajan con mayor frecuencia a tiempo parcial, se enfrentan al techo de cristal empresarial, trabajan en puestos y sectores de mayor presencia femenina y peor remunerados o deben con frecuencia asumir la responsabilidad principal del cuidado de sus familias en virtud de las normas sociales generizadas, lo que les resta tiempo para su trabajo remunerado; que el componente «no explicado», de mayor peso, puede atribuirse a los estereotipos de género, a la discriminación salarial y a la frecuente infravaloración de los trabajos con mayor presencia femenina, que puede ser tanto directa como indirecta y sigue siendo un fenómeno oculto que debe abordarse de manera más eficaz;

U.

Considerando que, a pesar de que las mujeres representan casi el 60 % de los titulados en la Unión, continúan estando desproporcionadamente infrarrepresentadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) y en carreras digitales; que, en consecuencia, la desigualdad en las profesiones está adoptando nuevas formas y, a pesar de la inversión en educación, las mujeres jóvenes tienen dos veces más posibilidades de permanecer económicamente inactivas que los hombres jóvenes;

1.

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24.

—

Vistos el artículo 10, apartado 1, y el artículo 14, apartados 2 y 3, del Tratado de la Unión Europea,

—

Vista el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976 (1), modificada y renumerada por la Decisión del Consejo 2002/772/CE, Euratom, de 25 de junio de 2002, y 23 de septiembre de 2002 (2),

—

Vista su Decisión 2005/684/CE, Euratom, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (3), en particular su artículo 2, apartado 1, y su artículo 3, apartado 1,

—

Vista la Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (4) (modificada por la Directiva 2013/1/EU del Consejo, de 20 de diciembre de 2012) (5).

—

Vistas la Decisión 2013/312/UE del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo (6), y la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, por la que se fija la composición del Parlamento Europeo (7),

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de julio de 2005, 30 de abril de 2009 y 19 de diciembre de 2019 (8),

—

Vistas las comunicaciones oficiales, enviadas por las autoridades competentes de los Estados miembros, de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo,

—

Vista la decisión de la Junta Electoral Central de España, de 13 de junio de 2019, por la que se proclaman los candidatos electos al Parlamento Europeo en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 14 de junio de 2019 (9);

—

Vistos los artículos 3, 4 y 11, y el anexo I de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0015/2020),

A.

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Acta de 20 de septiembre de 1976, el Parlamento Europeo verificará las credenciales de los diputados y, a tal fin, tomará nota de los resultados oficialmente proclamados por los Estados miembros y decidirá acerca de las controversias que pudieren eventualmente suscitarse en relación con las disposiciones del Acta de 1976, con exclusión de las disposiciones nacionales a que dicha Acta remita;

B.

Considerando que todos los Estados miembros han notificado al Parlamento Europeo los nombres de diputados electos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento, no todos los nombres han sido notificados;

C.

Considerando que, de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 2013/312/UE del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, y con el artículo 3, apartado 2, de la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, el número de representantes en el Parlamento Europeo asignados a España es actualmente de 54, mientras que la notificación de las autoridades españolas competentes contiene solo 51 nombres; que en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10) y de conformidad con el artículo 12 del Acta de 20 de septiembre de 1976, el Parlamento toma nota de la decisión de la Junta Electoral Central de España, de 13 de junio de 2019, por la que se proclaman los candidatos electos al Parlamento Europeo en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 14 de junio de 2019 con el fin de establecer el listado de diputados electos; que, por consiguiente, los representantes en el Parlamento Europeo elegidos en España han sido 54;

D.

Considerando que, en algunos Estados miembros, cabe la posibilidad de examinar, con arreglo a las leyes nacionales, impugnaciones contra la elección de ciertos diputados al Parlamento Europeo, y que estos procedimientos podrían conducir a la anulación de la elección de dichos diputados;

E.

Considerando que algunos Estados miembros no han enviado aún —o lo han hecho tarde— las listas de sustitutos, con indicación de su orden correlativo con arreglo al resultado electoral obtenido, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3, apartado 3, del Reglamento;

F.

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3 del Reglamento del Parlamento Europeo la validez del mandato de los diputados solamente podrá confirmarse después de que estos hayan presentado por escrito las declaraciones sobre la inexistencia de cualquier cargo incontable y las declaraciones de intereses financieros exigidas por el artículo 3 y el anexo I del Reglamento;

G.

Considerando que en el artículo 7, apartados 1 y 2, del Acta de 1976 se establecen con claridad los puestos y cargos incompatibles con la condición de diputado al Parlamento Europeo;

H.

Considerando que, de conformidad con el artículo 11 y con el anexo I del Reglamento del Parlamento Europeo, todo diputado debe declarar con exactitud: a) sus actividades profesionales durante los tres años anteriores a su entrada en funciones en el Parlamento y su pertenencia, durante ese tiempo, a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica; b) toda asignación que perciba por el ejercicio de un mandato en otro Parlamento; c) las actividades habituales remuneradas que desarrolle durante el ejercicio de su mandato, por cuenta ajena o propia; d) su pertenencia a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica, o cualquier otra actividad exterior, remunerada o no, que ejerza; e) sus actividades exteriores ocasionales remuneradas cuando la remuneración total de todas ellas exceda de 5 000 euros por año natural; f) su participación en empresas o sociedades, cuando ello pueda tener implicaciones políticas o le otorgue una influencia importante en los asuntos de los organismos de que se trate; g) el apoyo económico, en personal o en material, prestado por terceros, con indicación de la identidad de estos últimos, que se añada a los medios facilitados por el Parlamento y asignados a los diputados en el marco de sus actividades políticas; h) otros intereses económicos que puedan influir en el ejercicio de sus funciones de diputado. Respecto de cada uno de estos elementos, el diputado deberá indicar, cundo proceda, si son remunerados y no, y respecto a las letras a), c), d), e) y f), indicará asimismo la categoría de ingresos relevante; considerando que la información facilitada se publica en el sitio web del Parlamento;

I.

Considerando que el mandato de los representantes elegidos en el Reino Unido se fundamenta en la pertenencia de este país a la Unión Europea; Considerando que, como consecuencia y en virtud de lo previsto en el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, de la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, el mandato de estos diputados al Parlamento Europeo cesará automáticamente cuando y una vez que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea sea jurídicamente efectiva;

J.

Considerando que, en virtud de las mismas disposiciones de la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, la retirada del Reino Unido de la Unión Europea no ocasionará vacantes en el sentido del artículo 13 del Acta de 1976 y del artículo 4 del Reglamento, por lo que el término del mandato de los representantes elegidos en el Reino Unido se producirá automáticamente, sin necesidad de que sea promulgado por el Parlamento Europeo;

K.

Considerando que, en el caso de la retirada del Reino Unido, el número de representantes de cada Estado miembro en el Parlamento Europeo una vez la retirada entre en vigor ha sido fijado por la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo y dará lugar a que representantes de algunos Estados miembros ocupen escaños adicionales de resultas del número de escaños asignados en virtud del artículo 3, apartado 2, párrafos primero y segundo, de dicha Decisión;

L.

Considerando que algunos Estados miembros han adoptado disposiciones legales o reglamentarias que establecen las condiciones para la organización de una votación de listas transnacionales;

M.

Considerando que los nacionales de ciertos Estados miembros que han residido en otro país durante un cierto tiempo pueden ser privados del derecho a votar en su Estado miembro de origen (denegación del derecho de voto); que, en algunos casos, ello puede conllevar también la denegación del derecho de sufragio pasivo;

1.

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6.

7.

8.

—

Vista la notificación, de 29 de marzo de 2017, del Reino Unido al Consejo Europeo acerca de su intención de retirarse de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y con el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

—

Visto el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (XT 21105/3/2018),

—

Visto el proyecto de Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1),

—

Vista la Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido (2),

—

Vistas las Decisiones del Consejo Europeo (UE) 2019/476 de 22 de marzo de 2019 (3), (UE) 2019/584 de 11 de abril de 2019 (4) y (UE) 2019/1810 de 29 de octubre de 2019 (5), adoptadas de acuerdo con el Reino Unido, por las que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE hasta el 12 de abril de 2019, el 31 de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020, respectivamente,

—

Vistas sus Resoluciones, de 5 de abril de 2017, sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea (6), de 3 de octubre de 2017, sobre el estado de las negociaciones con el Reino Unido (7), de 13 de diciembre de 2017, sobre el estado de las negociaciones con el Reino Unido (8), de 14 de marzo de 2018, sobre el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido (9), y de 18 de septiembre de 2019, sobre la situación actual de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (10),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (C9-0148/2019),

—

Vistos el artículo 105, apartados 1 y 4, y el artículo 88 de su Reglamento interno,

—

Vistas las cartas de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y de la Comisión de Peticiones,

—

Vista la Recomendación de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A9-0004/2020),

1.

2.

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de enero de 2020, relativa al nombramiento de Pedro Machado como miembro de la Junta Única de Resolución (C9-0009/2020),

—

Visto el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (1),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión (2),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos (3),

—

Visto el artículo 131 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0009/2020),

A.

Considerando que el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 establece que los miembros de la Junta Única de Resolución a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento serán nombrados sobre la base de sus méritos, sus cualificaciones, su conocimiento de los asuntos bancarios y financieros y de su experiencia en materia de supervisión y regulación financieras y de resolución bancaria;

B.

Considerando que el Parlamento lamenta que todos los candidatos fueran hombres, pese a las obligaciones contempladas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 y a los numerosos llamamientos del Parlamento Europeo para que se respete el equilibrio de género al presentar listas de candidatos; que el Parlamento lamenta que las mujeres sigan estando infrarrepresentadas en los puestos ejecutivos en el ámbito de los servicios bancarios y financieros, y pide que se respete el equilibrio de género cuando se proceda al siguiente nombramiento; que todas las instituciones y organismos de la Unión y de los Estados miembros deben aplicar medidas concretas para garantizar el equilibrio de género;

C.

Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014, la Comisión adoptó, el 13 de noviembre de 2019, una lista restringida de candidatos para la función de miembro de la Junta Única de Resolución tal como se menciona en el artículo 43, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento;

D.

Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014, la Comisión transmitió dicha lista al Parlamento;

E.

Considerando que, el 14 de enero de 2020, la Comisión adoptó una propuesta para nombrar a Pedro Machado miembro de la Junta Única de Resolución y director de la Planificación y de Decisiones en materia de Resolución de la Junta Única de Resolución, y transmitió esta propuesta al Parlamento;

F.

Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo evaluó las cualificaciones del candidato propuesto para la función de miembro de la Junta Única de Resolución, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 806/2014;

G.

Considerando que, el 22 de enero de 2020, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Pedro Machado, en la que este realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

1.

2.

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de enero de 2020, relativa al nombramiento de Jesús Saurina como miembro de la Junta Única de Resolución (C9-0010/2020),

—

Visto el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (1),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión (2),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos (3),

—

Visto el artículo 131 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0011/2020),

A.

Considerando que el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 establece que los miembros de la Junta Única de Resolución a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b) del mismo Reglamento serán nombrados sobre la base de sus méritos, sus cualificaciones, su conocimiento de los asuntos bancarios y financieros y de su experiencia en materia de supervisión y regulación financieras y de resolución bancaria;

B.

Considerando que el Parlamento lamenta que todos los candidatos fueran hombres, pese a las obligaciones contempladas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 y a los numerosos llamamientos del Parlamento Europeo para que se respete el equilibrio de género al presentar listas de candidatos; que el Parlamento lamenta que las mujeres sigan estando infrarrepresentadas en los puestos ejecutivos en el ámbito de los servicios bancarios y financieros, y pide que se respete el equilibrio de género cuando se proceda al siguiente nombramiento; que todas las instituciones y organismos de la Unión y de los Estados miembros deben aplicar medidas concretas para garantizar el equilibrio de género;

C.

Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014, la Comisión adoptó, el 13 de noviembre de 2019, una lista restringida de candidatos para la función de miembro de la Junta Única de Resolución tal como se menciona en el artículo 43, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento;

D.

Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014, la Comisión transmitió dicha lista al Parlamento;

E.

Considerando que, el 14 de enero de 2020, la Comisión adoptó una propuesta para nombrar a Jesús Saurina miembro de la Junta Única de Resolución y director de la Planificación y de Decisiones en materia de Resolución de la Junta Única de Resolución, y transmitió esta propuesta al Parlamento;

F.

Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo evaluó las cualificaciones del candidato propuesto para la función de miembro de la Junta Única de Resolución, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 806/2014;

G.

Considerando que, el 22 de enero de 2020, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Jesús Saurina, en la que este realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

1.

2.

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de enero de 2020, relativa al nombramiento de Jan de Carpentier como vicepresidente de la Junta Única de Resolución (C9-0011/2020),

—

Visto el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (1),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión (2),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos (3),

—

Visto el artículo 131 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0010/2020),

A.

Considerando que en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) no 806/2014 se prevé que el vicepresidente de la Junta Única de Resolución será nombrado sobre la base de sus méritos, sus cualificaciones, su conocimiento de los asuntos bancarios y financieros, y de su experiencia en materia de supervisión y regulación financieras y de resolución bancaria;

B.

Considerando que, pese a las obligaciones contempladas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 y a los numerosos llamamientos del Parlamento Europeo para que se respete el equilibrio de género al presentar una lista de candidatos, lamentablemente todos los candidatos eran hombres; que el Parlamento lamenta que las mujeres sigan estando infrarrepresentadas en los puestos ejecutivos en el ámbito de los servicios bancarios y financieros, y pide que se respete el equilibrio de género cuando se proceda al siguiente nombramiento; que todas las instituciones y organismos de la Unión y de los Estados miembros deben aplicar medidas concretas para garantizar el equilibrio de género;

C.

Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014, la Comisión adoptó, el 13 de noviembre de 2019, una lista restringida de candidatos para la función de vicepresidente de la Junta Única de Resolución;

D.

Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 806/2014, la Comisión transmitió dicha lista al Parlamento;

E.

Considerando que, el 14 de enero de 2020, la Comisión adoptó una propuesta para nombrar a Jan de Carpentier vicepresidente de la Junta Única de Resolución y director encargado de las operaciones de los servicios corporativos de la JUR y la supervisión del Fondo Único de Resolución, y transmitió esta propuesta al Parlamento;

F.

Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo evaluó las cualificaciones del candidato propuesto para la función de vicepresidente de la Junta Única de Resolución, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 806/2014;

G.

Considerando que el 22 de enero de 2020 la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Jan de Carpentier en la que este realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

1.

2.

—

Vista la propuesta de la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea de 14 de enero de 2020 (C9-0006/2020),

—

Visto el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (1),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión (2),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos (3),

—

Visto el artículo 131 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0008/2020),

A.

Considerando que el actual director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea ha anunciado su dimisión con efecto a partir del 31 de enero de 2020;

B.

Considerando que, el 14 de enero de 2020, la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea, tras un procedimiento de selección abierto, propuso nombrar a Gerry Cross como director ejecutivo para un mandato de cinco años, de conformidad con el artículo 51, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010;

C.

Considerando que el 22 de enero de 2020 la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con Gerry Cross en la que este realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

1.

2.