1)

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que el operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos, en la que los usuarios pueden poner ilegalmente a disposición del público contenidos protegidos, no realiza una «comunicación al público» de estos, en el sentido de dicha disposición, a menos que, más allá de la mera puesta a disposición de la plataforma, contribuya a proporcionar al público acceso a tales contenidos vulnerando los derechos de autor. Ello sucede, en particular, cuando ese operador tiene conocimiento concreto de la puesta a disposición ilícita de un contenido protegido en su plataforma y se abstiene de eliminarlo o de bloquear el acceso a él con prontitud, o cuando dicho operador, pese a que sabe o debería saber que, de manera general, usuarios de su plataforma ponen ilegalmente a disposición del público, por medio de ella, contenidos protegidos, se abstiene de aplicar las medidas técnicas apropiadas que cabe esperar de un operador normalmente diligente en su situación con el fin de combatir de forma creíble y eficaz violaciones de los derechos de autor en esa plataforma, o también cuando participa en la selección de contenidos protegidos y comunicados ilegalmente al público, proporciona en su plataforma herramientas destinadas específicamente al intercambio ilícito de tales contenidos o promueve a sabiendas esos intercambios, de lo que puede ser prueba el hecho de que el operador haya adoptado un modelo económico que incite a los usuarios de su plataforma a proceder ilegalmente, en ella, a la comunicación al público de contenidos protegidos.

2)

El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular del comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), debe interpretarse en el sentido de que la actividad del operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos está incluida en el ámbito de aplicación de esta disposición siempre que dicho operador no desempeñe un papel activo que pueda conferirle un conocimiento y un control de los contenidos subidos a su plataforma.

El artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que, para que tal operador quede excluido, en virtud de esta disposición, de la exención de responsabilidad prevista en dicho artículo 14, apartado 1, debe tener conocimiento de los actos ilícitos concretos de sus usuarios referentes a contenidos protegidos que han sido subidos a su plataforma.

3)

El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en virtud del Derecho nacional, el titular de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor solo pueda obtener medidas cautelares contra el intermediario cuyo servicio haya sido utilizado por un tercero para vulnerar sus derechos, sin que tal intermediario haya tenido conocimiento de ello, con arreglo al artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/31, cuando, antes del inicio del procedimiento judicial, esa vulneración haya sido previamente notificada a dicho intermediario sin que este haya intervenido con prontitud para retirar el contenido en cuestión o para bloquear el acceso a dicho contenido y para velar por que tales vulneraciones no se reproduzcan. Sin embargo, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales asegurarse de que, en su aplicación, este requisito no lleva a que la cesación efectiva de la vulneración se retrase de tal modo que provoque daños desproporcionados a ese titular.

1)

El artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), debe interpretarse en el sentido de que se aplica al tratamiento de datos personales relativos a puntos impuestos a conductores por infracciones de tráfico.

2)

Las disposiciones del Reglamento 2016/679, en particular sus artículos 5, apartado 1, 6, apartado 1, letra e), y 10, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que obliga al organismo público encargado del registro en el que se inscriben los puntos impuestos a conductores por infracciones de tráfico a establecer que dichos datos sean accesibles al público sin que la persona que solicite ese acceso tenga que justificar un interés específico en obtenerlos.

3)

Las disposiciones del Reglamento 2016/679, en particular sus artículos 5, apartado 1, 6, apartado 1, letra e), y 10, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que autoriza al organismo público encargado del registro en el que se inscriben los puntos impuestos por infracciones de tráfico a los conductores a comunicar dichos datos a operadores económicos a efectos de su reutilización.

4)

El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el tribunal constitucional de un Estado miembro que conoce de un recurso interpuesto contra una normativa nacional que, a la luz de una resolución del Tribunal de Justicia dictada tras la remisión prejudicial correspondiente, resulta ser incompatible con el Derecho de la Unión decida, con arreglo al principio de seguridad jurídica, que se mantienen los efectos jurídicos de dicha normativa hasta la fecha en que ese tribunal constitucional dicte una sentencia que resuelva definitivamente sobre tal recurso de inconstitucionalidad.

1)

La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, de conformidad con el conjunto de normas del Derecho nacional aplicables, si la limitación a tres años consecutivos, salvo que concurran determinadas condiciones, del empleo de los trabajadores de duración determinada ocupados con contratos «fijos de obra» por una misma empresa en distintos centros de trabajo dentro de la misma provincia y la concesión a estos trabajadores de una indemnización por cese —en el caso de que dicho órgano jurisdiccional constate que efectivamente se adoptan estas medidas con respecto a dichos trabajadores— constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada o «medidas legales equivalentes», en el sentido de la referida cláusula 5, apartado 1. En cualquier caso, tal normativa nacional no puede ser aplicada por las autoridades del Estado miembro de que se trata de un modo tal que la renovación de sucesivos contratos de duración determinada «fijos de obra» se considere justificada por «razones objetivas», en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo Marco, meramente porque cada uno de esos contratos se suscriba con carácter general para una sola obra, con independencia de su duración, puesto que tal normativa nacional no impide, en la práctica, al empleador de que se trate atender a través de dicha renovación necesidades de personal permanentes y estables.

2)

El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/23 del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional conforme a la cual, cuando se produce una subrogación de personal en el marco de contratos públicos, los derechos y obligaciones del trabajador subrogado que la empresa entrante está obligada a respetar se limitan exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por ese trabajador con la empresa saliente, siempre y cuando la aplicación de dicha normativa no tenga como efecto colocarlo en una posición menos favorable por el mero hecho de esa subrogación, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

1.

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben:

2.

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3.

La Comisión Europea y el Reino de España cargarán con sus propias costas.

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de 20 de septiembre de 2019, Venezuela/Consejo (T-65/18, EU:T:2019:649), en la medida en que desestima el recurso de la República Bolivariana de Venezuela en el que solicitaba la anulación de los artículos 2, 3, 6 y 7 del Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.

2)

Devolver el asunto al Tribunal General para que resuelva en cuanto al fondo.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

1)

Los artículos 13, apartado 1, 14, apartado 9, y 18, letra c), del Reglamento (UE) n.o 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo, así como el artículo 27, apartados 1 y 2, de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, en relación con el anexo IV, punto 3, letra a), de esta Directiva, deben interpretarse en el sentido de que el administrador de infraestructuras, definido en el artículo 3, punto 2, de la citada Directiva, es la autoridad competente para adoptar, en el marco de la declaración sobre la red nacional, las normas aplicables al procedimiento de presentación de solicitudes de capacidad de infraestructura, también en lo que se refiere a la utilización exclusiva de un determinado sistema de reserva electrónica, ante la ventanilla única prevista en el mencionado artículo 13, apartado 1.

2)

La verificación por un organismo regulador nacional de las normas relativas al procedimiento de presentación de las solicitudes de capacidad de infraestructura ante la ventanilla única previstas en la declaración sobre la red se rige por lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento n.o 913/2010, y estas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que el organismo regulador de un Estado miembro no puede oponerse a esas normas sin atenerse a las obligaciones de cooperación que se derivan del citado artículo 20 y, en particular, sin consultar a los organismos reguladores de los otros Estados miembros que participan en el corredor de mercancías con el fin de alcanzar, en la medida de lo posible, un enfoque común.

3)

El artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 913/2010 debe interpretarse en el sentido de que el marco para la adjudicación de la capacidad de infraestructura en el corredor de mercancías establecido por la comisión ejecutiva con arreglo a esta disposición no constituye un acto de Derecho de la Unión.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

WD cargará con sus propias costas en el procedimiento de casación y con las de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

1)

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un sistema dual de organización del mercado de los juegos de azar por el mero hecho de que las prácticas publicitarias del titular del monopolio sobre las loterías y casinos tengan por objeto incitar a participar activamente en los juegos, por ejemplo banalizando el juego, confiriéndole una imagen positiva por destinarse ingresos a fines de actividades de interés general o aumentando su atractivo mediante mensajes publicitarios enganchadores que prometen premios importantes.

2)

El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que impone a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que deje inaplicada una disposición de Derecho interno contraria al artículo 56 TFUE, incluido en el caso en que un órgano jurisdiccional superior de ese mismo Estado miembro haya considerado que esa disposición era conforme con el Derecho de la Unión.

1)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas por el Tribunale di Potenza (Tribunal de Potenza, Italia).

2)

La tercera cuestión prejudicial planteada por el Tribunale di Potenza (Tribunal de Potenza) es manifiestamente inadmisible.

1)

¿Debe considerarse el mecanismo de cooperación y verificación (MCV), establecido en virtud de la Decisión 2006/928/CE de la Comisión Europea de 13 de diciembre de 2006, (1) como un acto adoptado por una institución de la Unión Europea, en el sentido del artículo 267 TFUE, que puede estar sujeto a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Están comprendidos el contenido, el carácter y la extensión temporal del MCV, establecido en virtud de la Decisión 2006/928/CE de la Comisión Europea de 13 de diciembre de 2006, en el ámbito de aplicación del Tratado de Adhesión de la República de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, suscrito por Rumanía en Luxemburgo el 25 de abril de 2005? ¿Tienen carácter obligatorio para el Estado Rumano las exigencias formuladas en los informes elaborados en el marco del MCV?

2)

¿Puede interpretarse el principio de independencia de los jueces, consagrado por el artículo 19, [apartado] 1, [párrafo] segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al artículo 2 TUE, en el sentido de que también se aplica a los procedimientos relativos a la promoción interna de los jueces?

3)

¿Vulnera este principio el establecimiento de un sistema de promoción al órgano jurisdiccional superior basado exclusivamente en una evaluación sumaria de la actividad y de la conducta profesional, efectuada por una comisión integrada por el presidente del órgano jurisdiccional de control judicial y por jueces de este último, que realizan separadamente, además de la evaluación periódica de los jueces, tanto la evaluación de los jueces a efectos de su promoción como el control judicial de las resoluciones dictadas por ellos?

4)

¿Vulnera el principio de independencia de los jueces, consagrado por el artículo 19, [apartado] 1, [párrafo] segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa artículo 2 TUE, el hecho de que el Estado Rumano hace caso omiso de la previsibilidad y de la seguridad jurídica del Derecho de la Unión Europea, al haber aceptado el MCV y sus informes y haberse atenido a ellos durante más de diez años y al cambiar después inopinadamente el procedimiento de promoción de jueces a cargos puramente jurisdiccionales (no de presidencia), en contra de las recomendaciones del MCV?

—

Confirme los apartados 24 a 48 del auto impugnado en los que se desestima en su totalidad la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión.

—

En todo lo demás, anule íntegramente el auto impugnado.

—

Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la decisión de la Comisión, contenida en un escrito no fechado recibido el 2 de abril de 2018, por la que se rechazó la oferta conjunta de la recurrente para un estudio de seguimiento de las prácticas sindicales en materia de no discriminación y de diversidad en el lugar de trabajo (licitación JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042; DO S 215 — 9/11/2017 — 2017/S 215-446067).

—

Condene a la Comisión Europea a abonar una indemnización por importe de 1 euro.

—

Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General, y, en cualquier caso.

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas del procedimiento de casación y del procedimiento ante el Tribunal General.

1.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

2.

3.

¿Puede una empresa como Facebook Ireland, que explota una red social digital financiada con publicidad y en cuyas condiciones de servicio ofrece la personalización de los contenidos y la publicidad, la seguridad de red, la mejora de los productos y el disfrute coherente y fluido de todos los productos del grupo, invocar la justificación de la necesidad para la ejecución de un contrato en virtud del artículo 6, apartado 1, letra b), del RGPD o para la satisfacción de intereses legítimos en virtud de la letra f) de la misma disposición, cuando a tal fin recoge datos procedentes de otros servicios del grupo y de páginas web y aplicaciones de terceros, por medio de interfaces insertadas en ellas, como «herramientas de Facebook para empresas», o mediante «cookies» o tecnologías de almacenamiento similares instaladas en el ordenador o dispositivo móvil del usuario de Internet, y los combina con la cuenta de Facebook.com del usuario y los utiliza?

4.

En un caso así,

5.

En tal caso, ¿puede estar justificado, también con arreglo al artículo 6, apartado 1, letras c), d) y e), del RGPD, en el caso concreto, recoger datos procedentes de otros servicios del grupo y de páginas web y aplicaciones de terceros, por medio de interfaces insertadas en ellas, como «herramientas de Facebook para empresas», o mediante «cookies» o tecnologías de almacenamiento similares instaladas en el ordenador o dispositivo móvil del usuario de Internet, y combinarlos con la cuenta de Facebook.com del usuario y utilizarlos, o utilizar datos ya recogidos y combinados de otra forma lícita, por ejemplo, para responder a una petición lícita de determinados datos [letra c)], para combatir un comportamiento nocivo y mejorar la seguridad [letra d)] o para investigar por el bien de la sociedad y en aras de la protección, la integridad y la seguridad [letra e)]?

6.

¿Es posible una prestación válida y, en particular libre del consentimiento en el sentido del artículo 4, punto 11, del RGPD, frente a una empresa con posición dominante, como Facebook Ireland, especialmente a efectos de los artículos 6, apartado 1, letra a), y 9, apartado 2, letra a), del RGPD?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

7.

En caso de respuesta afirmativa a la séptima cuestión, será preciso responder a las cuestiones tercera a quinta en relación con los datos procedentes del uso del servicio del grupo Instagram.

1.

¿Un procedimiento de urgencia para adoptar medidas provisionales con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665/CEE, (1) en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE, (2) previsto a escala nacional en Austria también ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo), en que también puede obtenerse, por ejemplo, la prohibición temporal de celebrar acuerdos marco o de celebrar contratos de suministro, es un litigio en materia civil y mercantil con arreglo al artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012? (3) ¿Ese tipo de procedimiento de urgencia para adoptar medidas provisionales a que se refiere la cuestión anterior es un asunto civil al menos en el sentido del artículo 81 TFUE, apartado 1? ¿El procedimiento de urgencia para adoptar medidas provisionales con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, es un procedimiento para adoptar medidas provisionales o cautelares con arreglo al artículo 35 del Reglamento n.o 1215/2012?

2.

¿Debe interpretarse el principio de equivalencia, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos a los particulares frente al Estado miembro y en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional austriaca en virtud de la cual, antes de resolver acerca de una solicitud de medidas provisionales, como las previstas en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, el órgano jurisdiccional debe determinar el tipo de procedimiento de contratación y el valor (estimado) de la contratación, así como la suma de las decisiones impugnables por separado que son impugnadas en un procedimiento de contratación específico o, en su caso, también los lotes de un procedimiento de contratación específico, para que posteriormente, en su caso, el presidente de la sala competente del órgano jurisdiccional emita una orden de subsanación a efectos de reclamar las tasas adicionales y, en caso de impago de las tasas, la sala jurisdiccional competente para el procedimiento de recurso liquide el pago de las tasas procesales antes o, a más tardar, al mismo tiempo que resuelva inadmitir la solicitud de medidas provisionales por falta de pago íntegro de las tasas, so pena, en caso contrario, de la pérdida del derecho correspondiente, cuando en (otros) asuntos de Derecho civil en Austria, en general, como, por ejemplo, en el caso de las acciones de indemnización por daños y perjuicios o de cesación por infracciones de las normas sobre competencia, el impago de las tasas no impide que se resuelva sobre una solicitud conexa de medidas provisionales, cualquiera que sea la cuantía de las tasas judiciales adeudadas, y tampoco el impago de las tasas a tanto alzado por las medidas provisionales solicitadas al margen de una demanda impide, en principio, que se resuelva sobre las mismas; y, a título comparativo, en Austria, el impago de las tasas de recurso en el caso de los recursos contra las resoluciones administrativas o de las tasas de recurso o de casación en el caso de los recursos contra las resoluciones de los tribunales de lo contencioso-administrativo ante el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) o el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) no da lugar a la inadmisión del recurso por falta de pago de las tasas y, por ejemplo, tampoco implica que las solicitudes de concesión del efecto suspensivo en dichos procedimientos de recurso o de casación puedan resolverse únicamente con la inadmisión?

2.1.

¿Debe interpretarse el principio de equivalencia, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que se opone a la aplicación de las disposiciones nacionales austriacas en virtud de las cuales, antes de que se resuelva una solicitud de medidas provisionales, como las previstas en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, el presidente de sala, como juez único, debe emitir una orden de subsanación por falta de ingreso de tasas a tanto alzado suficientes y dicho juez único debe inadmitir la solicitud de medidas provisionales por falta de pago de las tasas, cuando en las demás demandas de Derecho civil en Austria, en principio y con arreglo a la Gerichtsgebührengesetz (Ley de Tasas Judiciales), en primera instancia no hay que pagar tasas judiciales a tanto alzado adicionales por una solicitud de medidas provisionales presentada conjuntamente con la demanda y tampoco hay que pagar tasas específicas por las solicitudes accesorias de concesión del efecto suspensivo, presentadas junto con un recurso contra decisiones administrativas ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, un recurso de casación ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) o un recurso ante el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) y que en el plano funcional tienen el mismo o similar objetivo de tutela judicial que una solicitud de medidas provisionales?

3.

¿Debe interpretarse el mandato previsto en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/24/UE, (4) que prevé adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas provisionales para corregir la infracción o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que dicho mandato de inmediatez confiere el derecho subjetivo a una decisión sin demora sobre una solicitud de medidas provisionales y que se opone a la aplicación de disposiciones nacionales austriacas que establezcan que, incluso en el caso de una contratación llevada a cabo de manera no transparente, el tribunal, antes de resolver sobre una solicitud de medidas provisionales que busca impedir nuevas contrataciones del adjudicador, incluso cuando no sea relevante para resolver, debe determinar el tipo de procedimiento de contratación y el valor (estimado) de la contratación, así como la suma de las decisiones impugnables por separado que son impugnadas o van a ser impugnadas en un procedimiento de contratación específico o, en su caso, también los lotes de un procedimiento de contratación específico, para que posteriormente, en su caso, el presidente de la sala competente del órgano jurisdiccional emita una orden de subsanación a efectos de reclamar las tasas adicionales y, en caso de impago de las tasas, la sala jurisdiccional competente para el procedimiento de recurso liquide el pago de las tasas procesales antes o, a más tardar, al mismo tiempo que resuelva inadmitir la solicitud de medidas provisionales por falta de pago íntegro de las tasas, so pena, en caso contrario, de la pérdida del derecho correspondiente frente a la solicitante?

4.

¿Debe interpretarse el derecho a un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, (5) habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos a los particulares y se opone a la aplicación de disposiciones nacionales austriacas que establezcan que, incluso cuando no sea relevante para resolver, también cuando una contratación ha sido llevada a cabo de manera no transparente, el tribunal, antes de resolver sobre una solicitud de medidas provisionales que busca impedir nuevas contrataciones del adjudicador, debe determinar el tipo de procedimiento de contratación y el valor (estimado) de la contratación, así como la suma de las decisiones impugnables por separado que son impugnadas en un procedimiento de contratación específico o, en su caso, también los lotes de un procedimiento de contratación específico, para que posteriormente, en su caso, el presidente de sala competente del órgano jurisdiccional emita una orden de subsanación a efectos de reclamar las tasas adicionales y, en caso de impago de las tasas, la sala jurisdiccional competente para el procedimiento de recurso liquide el pago de las tasas procesales antes o, a más tardar, al mismo tiempo que resuelva inadmitir la solicitud de medidas provisionales por falta de pago íntegro de las tasas, so pena, en caso contrario, de la pérdida del derecho correspondiente frente a la solicitante?

5.

¿Debe interpretarse el principio de equivalencia, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos a los particulares frente al Estado miembro y se opone a la aplicación de las disposiciones nacionales austriacas en virtud de las cuales, en caso de impago de las tasas a tanto alzado por una solicitud de medidas provisionales en el sentido de la Directiva 89/665, en su versión vigente, (únicamente) una sala jurisdiccional de un tribunal de lo contencioso-administrativo, en su calidad de órgano jurisdiccional, debe liquidar las tasas a tanto alzado (lo que implica menores opciones de tutela judicial para el obligado al pago de las tasas), cuando en las demás situaciones las tasas por demandas, medidas provisionales y recursos en los procedimientos judiciales civiles, en caso de impago, son liquidadas mediante una decisión según la Gerichtliches Einbringungsgesetz (Ley de Cobros Judiciales) y las tasas por recursos en el Derecho administrativo por los recursos ante un tribunal de lo contencioso-administrativo o ante el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) o por recursos de casación ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), por regla general, son establecidas, en caso de impago, mediante una liquidación de una autoridad recaudadora (es decir, una liquidación de tasas), contra la que se puede presentar siempre un recurso ante un tribunal de lo contencioso-administrativo y, a continuación, también un recurso de casación ante el Verwaltungsgerichtshof o un recurso ante el Verfassungsgerichtshof?

6.

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que la celebración de un acuerdo marco con un único operador económico con arreglo al artículo 33, apartado 3, de la Directiva 2014/24 es la celebración del contrato prevista en el artículo 2 bis, apartado 2, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23?

6.1.

¿Debe interpretarse la expresión «los contratos basados en este acuerdo marco» del artículo 33, apartado 3, de la Directiva 2014/24 en el sentido de que existe un contrato basado en el acuerdo marco cuando el adjudicador adjudica un contrato específico basándolo expresamente en el acuerdo marco celebrado? ¿O debe interpretarse el pasaje citado «los contratos basados en este acuerdo marco» en el sentido de que, si el volumen global del acuerdo marco según la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-216/17, (6) apartado 64, ya se ha agotado, ya no existe un contrato basado en el acuerdo marco celebrado inicialmente?

7.

¿Debe interpretarse el derecho a un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que se opone a la aplicación de una disposición que establece que el adjudicador señalado en un litigio en materia de contratación pública debe proporcionar toda la información necesaria y aportar toda la documentación necesaria en el procedimiento para adoptar medidas provisionales, so pena de ser condenado en rebeldía en caso contrario, si los administradores o empleados de dicho adjudicador, que deben facilitar esa información en nombre del adjudicador, se exponen en ocasiones al riesgo de verse obligados incluso a incriminarse penalmente al proporcionar la información o aportar los documentos?

8.

¿Debe interpretarse el mandato previsto en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/24, que los procedimientos de recurso contra contrataciones deben realizarse, en particular, de manera eficaz, considerando adicionalmente el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que dichas disposiciones confieren derechos subjetivos y se oponen a la aplicación de disposiciones nacionales según las cuales incumbe al solicitante de medidas provisionales, que busca tutela judicial, identificar en su solicitud de medidas provisionales el procedimiento de contratación concreto y la decisión concreta del adjudicador, aunque dicho solicitante, en los procedimientos de contratación sin publicidad previa, por regla general desconocerá cuántos procedimientos de contratación no transparentes ha realizado el adjudicador y cuántas decisiones de contratación ya ha adoptado en estos procedimientos de contratación no transparentes?

9.

¿Debe interpretarse el mandato de un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos y se opone a la aplicación de disposiciones nacionales que establezcan que incumbe a quien interpone un procedimiento de recurso en busca de tutela judicial identificar en su solicitud de [medidas] provisionales el procedimiento de contratación concreto y la decisión concreta del poder adjudicador que se puede impugnar por separado y que es impugnada, aunque, en el caso de un procedimiento de contratación no transparente para él, sin publicidad previa, por regla general dicho recurrente no pueda saber cuántos procedimientos de contratación no transparentes ha llevado a cabo el poder adjudicador y cuántas decisiones de contratación ya se han adoptado en los procedimientos de contratación no transparentes?

10.

¿Debe interpretarse el mandato de un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos y se opone a la aplicación de disposiciones nacionales que establezcan que incumbe al solicitante de las medidas provisionales, que busca tutela judicial, pagar unas tasas a tanto alzado cuyo importe no puede conocer de antemano, pues, en el caso de un procedimiento de contratación no transparente para él, sin publicidad previa, por regla general el solicitante no puede saber si el poder adjudicador ha llevado a cabo procedimientos de contratación no transparentes ni cuántos ni el valor estimado de la contratación, ni cuántas decisiones de contratación impugnables por separado se han adoptado ya en los procedimientos de contratación no transparentes?

1.

¿Un procedimiento de recurso ante el Bundesverwaltungsgericht, incoado en aplicación de la Directiva 89/665/CEE, (1) en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE, (2) es un litigio en materia civil y mercantil con arreglo al artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012? (3) ¿Ese tipo de procedimiento de recurso, a que se refiere la cuestión anterior, es un asunto civil al menos en el sentido del artículo 81 TFUE, apartado 1?

2.

[¿]Debe interpretarse el principio de equivalencia, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos a los particulares frente al Estado miembro y en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional austriaca en virtud de la cual, antes de resolver en un procedimiento de recurso, dirigido a obtener la declaración de nulidad de una decisión impugnable por separado de un poder adjudicador, el órgano jurisdiccional debe determinar el tipo de procedimiento de contratación y el valor (estimado) de la contratación, así como la suma de las decisiones impugnables por separado que son impugnadas en procedimientos de contratación específicos o, en su caso, también los lotes de un procedimiento de contratación específico, para que posteriormente, en su caso, el presidente de la sala competente emita una orden de subsanación a efectos de reclamar las tasas adicionales y, en caso de impago de las tasas, la sala jurisdiccional competente para el procedimiento de recurso liquide el pago de las tasas procesales antes o, a más tardar, al mismo tiempo que resuelva inadmitir el recurso por falta de pago íntegro de las tasas, so pena, en caso contrario, de la pérdida del derecho correspondiente, cuando en los asuntos de Derecho civil en Austria, por lo demás, como, por ejemplo, en el caso de las acciones de indemnización por daños y perjuicios o de cesación por infracciones de las normas sobre competencia, el impago de las tasas no impide que se resuelva acerca de la acción, cualquiera que sea la cuantía de las tasas judiciales adeudadas, y, a título comparativo, en Austria, el impago de las tasas de recurso en el caso de los recursos contra las resoluciones administrativas o de las tasas de recurso o de casación en el caso de los recursos contra las resoluciones de los tribunales de lo contencioso-administrativo ante el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) o el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) no da lugar a la inadmisión del recurso por falta de pago de las tasas[?]

2.1.

¿Debe interpretarse el principio de equivalencia, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que se opone a la aplicación de las disposiciones nacionales austriacas en virtud de las cuales, antes de que se resuelva una solicitud de medidas provisionales, como las previstas en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, el presidente de sala, como juez único, debe emitir una orden de subsanación por falta de ingreso de tasas a tanto alzado suficientes y dicho juez único debe inadmitir la solicitud de medidas provisionales por falta de pago de las tasas, cuando en las demás demandas de Derecho civil en Austria, en principio y con arreglo a la Gerichtsgebührengesetz (Ley de Tasas Judiciales), en primera instancia no hay que pagar tasas judiciales a tanto alzado adicionales por una solicitud de medidas provisionales presentada conjuntamente con la demanda y tampoco hay que pagar tasas específicas por las solicitudes accesorias de concesión del efecto suspensivo, presentadas junto con un recurso contra decisiones administrativas ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, un recurso de casación ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) o un recurso ante el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) y que en el plano funcional tienen el mismo o similar objetivo de tutela judicial que una solicitud de medidas provisionales?

3.

¿Debe interpretarse el mandato previsto en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, que los procedimientos de recurso contra contrataciones deben realizarse ante todo lo más rápidamente posible, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que dicho mandato de celeridad confiere derechos subjetivos a un procedimiento de recurso célere y se opone a la aplicación de una normativa nacional austriaca en virtud de la cual, incluso en el caso de procedimientos de contratación llevados a cabo de manera no transparente, antes de resolver en un procedimiento de recurso, dirigido a obtener la declaración de nulidad de una decisión impugnable por separado de un poder adjudicador, el órgano jurisdiccional debe determinar siempre el tipo de procedimiento de contratación y el valor (estimado) de la contratación, así como la suma de las decisiones impugnables por separado que son impugnadas en procedimientos de contratación específicos o, en su caso, también los lotes de un procedimiento de contratación específico, para que posteriormente, en su caso, el presidente de la sala del órgano jurisdiccional emita una orden de subsanación a efectos de reclamar las tasas adicionales y, en caso de impago de las tasas, la sala jurisdiccional competente para el procedimiento de recurso liquide el pago de las tasas procesales antes o, a más tardar, al mismo tiempo que resuelva inadmitir el recurso por falta de pago íntegro de las tasas, so pena, en caso contrario, de la pérdida del derecho correspondiente?

4.

¿Debe interpretarse el derecho a un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, (4) habida cuenta del mandato de transparencia previsto en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE (5) y de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa nacional austriaca en virtud de la cual, incluso en el caso de procedimientos de contratación llevados a cabo de manera no transparente, antes de resolver en un procedimiento de recurso, dirigido a obtener la declaración de nulidad de una decisión impugnable por separado de un poder adjudicador, el órgano jurisdiccional debe determinar siempre el tipo de procedimiento de contratación y el valor (estimado) de la contratación, así como la suma de las decisiones impugnables por separado que son impugnadas en procedimientos de contratación específicos o, en su caso, también los lotes de un procedimiento de contratación específico, para que posteriormente, en su caso, el presidente de la sala del órgano jurisdiccional emita una orden de subsanación a efectos de reclamar las tasas adicionales y, en caso de impago de las tasas, la sala jurisdiccional competente para el procedimiento de recurso liquide el pago de las tasas procesales antes o, a más tardar, al mismo tiempo que resuelva inadmitir el recurso por falta de pago íntegro de las tasas, so pena, en caso contrario, de la pérdida del derecho correspondiente?

5.

¿Debe interpretarse el principio de equivalencia, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos a los particulares frente al Estado miembro y se opone a la aplicación de las disposiciones nacionales austriacas en virtud de las cuales, en caso de impago de las tasas a tanto alzado por la interposición de un recurso judicial a fin de iniciar el procedimiento de recurso contra decisiones de un poder adjudicador en el sentido de la Directiva 89/665 en su versión vigente (o, en su caso, también un recurso judicial pretendiendo una declaración de ilegalidad en relación con una contratación a fin de obtener una indemnización por daños y perjuicios) (únicamente) una sala jurisdiccional de un tribunal de lo contencioso-administrativo, en su calidad de órgano jurisdiccional, debe liquidar las tasas a tanto alzado (lo que implica menores opciones de tutela judicial para el obligado al pago de las tasas) que se adeuden pero no hayan sido pagadas, cuando en las demás situaciones las tasas por demandas y recursos en los procedimientos judiciales civiles, en caso de impago, son liquidadas mediante una decisión de una autoridad administrativa según la Gerichtliches Einbringungsgesetz (Ley de Cobros Judiciales) y las tasas por recursos en el Derecho administrativo por los recursos ante un tribunal de lo contencioso-administrativo o ante el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) o por recursos de casación ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), por regla general, son establecidas, en caso de impago, mediante una liquidación de una autoridad administrativa (es decir, una liquidación de tasas), contra la que, por regla general, se puede presentar siempre un recurso ante un tribunal de lo contencioso-administrativo y, a continuación, también un recurso de casación ante el Verwaltungsgerichtshof o un recurso ante el Verfassungsgerichtshof?

6.

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que la celebración de un acuerdo marco con un único operador económico con arreglo al artículo 33, apartado 3, de la Directiva 2014/24 es la celebración del contrato prevista en el artículo 2 bis, apartado 2, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23, y, por tanto, la decisión del poder adjudicador acerca del operador económico único con el que debe celebrarse dicho acuerdo marco con arreglo al artículo 33, apartado 3, de la Directiva 2014/24 es una decisión de adjudicación con arreglo al artículo 2 bis, apartado 1, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 2014/23?

6.1.

¿Debe interpretarse la expresión «los contratos basados en este acuerdo marco» del artículo 33, apartado 3, de la Directiva 2014/24 en el sentido de que existe un contrato basado en el acuerdo marco cuando el adjudicador adjudica un contrato específico basándolo expresamente en el acuerdo marco celebrado? ¿O debe interpretarse el pasaje citado «los contratos basados en este acuerdo marco» en el sentido de que, si el volumen global del acuerdo marco según la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-216/17, (6) apartado 64, ya se ha agotado, ya no existe un contrato basado en el acuerdo marco celebrado inicialmente?

6.2.

En caso de respuesta afirmativa al apartado 1 de la sexta cuestión prejudicial:

¿Deben interpretarse los artículos 4 y 5 de la Directiva 2014/24, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que el valor estimado de la contratación de un contrato específico basado en el acuerdo marco es siempre el valor estimado de la contratación a que se refiere el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2014/24? O bien, en el caso de un contrato específico basado en un acuerdo marco, ¿el valor estimado de la contratación es el valor de la contratación según el artículo 4 que resulta de la aplicación del artículo 5 de dicha Directiva a efectos de determinar el valor estimado de la contratación para el contrato de suministro específico, basado en el acuerdo marco?

7.

¿Debe interpretarse el derecho a un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que se opone a la aplicación de una disposición que establece que el adjudicador señalado en un litigio en materia de contratación pública, debe proporcionar toda la información necesaria y aportar toda la documentación necesaria, so pena de ser condenado en rebeldía en caso contrario, si los administradores o empleados de dicho adjudicador, que deben facilitar esa información en nombre del adjudicador, se exponen en ocasiones al riesgo de verse obligados a incriminarse penalmente al proporcionar la información o aportar los documentos?

8.

¿Debe interpretarse el mandato previsto en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2014/24, que los procedimientos de recurso contra contrataciones deben realizarse, en particular, de manera eficaz, considerando adicionalmente el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que dichas disposiciones confieren derechos subjetivos y se oponen a la aplicación de disposiciones nacionales según las cuales incumbe a quien interpone un procedimiento de recurso en busca de tutela judicial identificar en su recurso, respectivamente, el procedimiento de contratación concreto y la decisión concreta del adjudicador que es impugnable por separado, aunque dicho recurrente, en los procedimientos de contratación sin publicidad previa, por regla general desconocerá si el adjudicador ha llevado a cabo procedimientos de adjudicación directa según el Derecho nacional que no son transparentes para el recurrente o procedimientos negociados sin publicidad previa que no son transparentes para el recurrente o si ha realizado uno o varios procedimientos de contratación no transparentes con una o con varias decisiones impugnables?

9.

¿Debe interpretarse el mandato de un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos y se opone a la aplicación de disposiciones nacionales que establezcan que incumbe a quien interpone un procedimiento de recurso en busca de tutela judicial identificar en su recurso el procedimiento de contratación concreto y la decisión concreta del poder adjudicador que se puede impugnar por separado, aunque dicho recurrente, en los procedimientos de contratación sin publicidad previa, por regla general desconocerá si el adjudicador ha llevado a cabo procedimientos de adjudicación directa según el Derecho nacional que no son transparentes para el recurrente o procedimientos negociados sin publicidad previa que no son transparentes para el recurrente o si ha realizado uno o varios procedimientos de contratación no transparentes con una o con varias decisiones impugnables por separado?

10.

¿Debe interpretarse el mandato de un proceso equitativo ante un órgano jurisdiccional previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, habida cuenta de las demás disposiciones del Derecho de la Unión, en el sentido de que confiere derechos subjetivos y se opone a la aplicación de disposiciones nacionales que establezcan que incumbe a quien interpone un procedimiento de recurso en busca de tutela judicial pagar unas tasas a tanto alzado cuyo importe no puede conocer al presentar el recurso, pues, en el caso de un procedimiento de contratación no transparente para él, sin publicidad previa, por regla general el recurrente no puede saber si el poder adjudicador ha llevado a cabo procedimientos de adjudicación directa según el Derecho nacional o procedimientos negociados sin publicidad previa que no son transparentes ni tampoco el valor estimado de la contratación en un eventual procedimiento negociado sin publicidad previa, ni cuántas decisiones impugnables por separado se han adoptado ya?

1.

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, (1) en el sentido de que no solo la entidad de radiodifusión, sino también el operador de paquetes de televisión por satélite que colabora en un acto de emisión único e indivisible, realiza un acto de explotación (en todo caso, sujeto a consentimiento) únicamente en el Estado donde las señales portadoras de programa se introducen, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, en una cadena ininterrumpida de comunicación que va al satélite y desde este a la tierra, con la consecuencia de que la colaboración del operador de paquetes de televisión por satélite en el acto de emisión no puede constituir violación alguna de los derechos de autor en el Estado de recepción?

2.

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

¿Debe interpretarse el concepto de «comunicación al público» que aparece en el artículo 1, apartado 2, letras a) y c), de la Directiva 93/83 y en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (2) en el sentido de que el operador de paquetes de televisión por satélite que, durante una comunicación al público vía satélite colabora como otro actor más, que agrupa en un paquete diversas señales de alta definición codificadas de programas de televisión gratuitos y de pago de distintas entidades de radiodifusión según su criterio y ofrece a sus clientes, a título oneroso, el producto audiovisual independiente así configurado, precisa de una autorización específica del titular de los derechos afectados, incluso respecto de los contenidos protegidos de los programas de televisión gratuita incluidos en el paquete, a pesar de que solo ofrece a sus clientes el acceso a estas obras, que ya están disponibles gratuitamente en la zona de cobertura para cualquier persona (si bien con definición estándar, de inferior calidad)?

1.

¿El reconocimiento del derecho a una indemnización por daños y perjuicios con arreglo al artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679 (1) (RGPD), además de una violación de las disposiciones del RGPD exige que el demandante haya sufrido daños y perjuicios o la violación de las disposiciones del RGPD es suficiente por sí misma para el reconocimiento del derecho a una indemnización por daños y perjuicios?

2.

¿Existen otros requisitos del Derecho de la Unión para la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios, además de los principios de efectividad y equivalencia?

3.

¿Es compatible con el Derecho de la Unión la opinión de que un requisito para el reconocimiento de daños y perjuicios inmateriales es que exista una consecuencia o secuela de la vulneración de derechos que tenga al menos cierto peso y que vaya más allá de la contrariedad causada por la misma?

—

Anule el auto recurrido.

—

Declare fundada la demanda en primera instancia y anule el Reglamento Delegado (UE) 2020/389 de la Comisión (1) en la medida en que afecta a las recurrentes.

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas tanto del recurso de casación como del procedimiento ante el Tribunal General.

1.

¿Cómo se define el concepto de «protección global de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal» que figura en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/104/CE, (1) [es decir,] comprende este concepto, en particular, más de lo que el Derecho nacional y el Derecho de la Unión Europea establecen como protección obligatoria para todos los trabajadores?

2.

¿Qué condiciones y criterios deben cumplirse para que pueda entenderse que los acuerdos de un convenio colectivo relativos a las condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal que se desvían del principio de igualdad de trato establecido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/104 respetan la protección global de los trabajadores cedidos?

3.

Las condiciones y los criterios a los efectos del respeto de la protección global de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal en el sentido del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/104, ¿debe imponerlos el legislador nacional a los interlocutores sociales si les ofrece la posibilidad de celebrar convenios colectivos que contemplen acuerdos que se desvíen del mandato de igualdad de trato en lo relativo a condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y si el sistema nacional de negociación colectiva prevé exigencias que hacen esperar que exista un adecuado equilibrio de intereses entre las partes del convenio colectivo (la llamada presunción de validez de los convenios colectivos)?

4.

En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial:

5.

En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión prejudicial:

En el caso de disposiciones que en virtud de convenios colectivos se desvíen del principio de igualdad de trato en lo relativo a condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, ¿pueden los órganos jurisdiccionales nacionales examinar estos convenios colectivos, con arreglo al artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/104, sin restricción alguna, para analizar si las desviaciones han respetado la protección general de los trabajadores cedidos o, por el contrario, exigen el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales [de la Unión Europea] y/o la referencia a la «autonomía de los interlocutores sociales» que figura en el considerando 19 de la Directiva 2008/104 conceder a las partes de los convenios colectivos un margen de apreciación que judicialmente se pueda controlar solo de un modo limitado en lo relativo al respeto de la protección global de los trabajadores cedidos y, en caso afirmativo, hasta dónde llega este margen?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 63, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, «sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE», (1) considerado en sí mismo y en relación con el alcance de los principios del Derecho de la Unión de igualdad, no discriminación y transparencia en materia de contratación pública, en el sentido de que, si el poder adjudicador comprueba que una entidad a cuyas capacidades recurre un operador económico no cumple los criterios de selección pertinentes, está obligado a exigir a dicho operador la sustitución de tal entidad, o bien dispone de la posibilidad de exigir la sustitución si el operador económico pretende ser seleccionado?

2)

¿Existen circunstancias en las que el poder adjudicador, en virtud de los principios de igualdad, no discriminación y transparencia, así como en función de la tramitación del procedimiento de adjudicación, (ya) no deba o bien (ya) no pueda exigir que se proceda a la sustitución?

1)

2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 604/2013, en relación con el considerando 19 del mismo, en el sentido de que se opone a que un solicitante de protección internacional alegue con éxito, en el marco de un recurso interpuesto contra una decisión de traslado, que dicho traslado no puede llevarse a cabo porque ha expirado el plazo para un traslado pactado anteriormente entre dos Estados miembros (en el presente asunto, Alemania e Italia)?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 29 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180), (1) en el sentido de que un plazo de traslado en curso de conformidad con el artículo 29, apartados 1 y 2, comienza a correr de nuevo en el momento en que el extranjero, tras haber dificultado su traslado a un Estado miembro dándose a la fuga, presenta en otro Estado miembro (en el presente asunto, en un tercer Estado miembro) una nueva solicitud de protección internacional?

2)

En caso de respuesta negativa a la cuestión 1, ¿debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 604/2013, en relación con el considerando 19 del mismo, en el sentido de que se opone a que un solicitante de protección internacional alegue con éxito, en el marco de un recurso interpuesto contra una decisión de traslado, que dicho traslado no puede llevarse a cabo porque ha expirado el plazo para un traslado pactado anteriormente entre dos Estados miembros (en el presente asunto, Francia y Austria), con la consecuencia de que haya expirado el plazo dentro del cual los Países Bajos pueden proceder al traslado?

1.

¿Cabe una interpretación del artículo 45, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1974/2006, (1) por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1698/2005, que autorice a considerar que, en un caso como el del presente asunto, existe una «operación de concentración parcelaria» o una «intervención de ordenación territorial» que impide al beneficiario seguir asumiendo los compromisos suscritos?

2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿el hecho de que un Estado miembro no haya adoptado las medidas necesarias para adaptar los compromisos del beneficiario a la nueva situación de la explotación, determina que pueda lícitamente no exigirse el reembolso de los fondos por el período de compromiso efectivo?

3.

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿cómo debe interpretarse el artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 73/2009 (2) del Consejo, de 19 de enero de 2009, teniendo en cuenta los hechos del litigio principal, y qué carácter tiene el plazo previsto en el artículo 75, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1122/2009 (3) de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo?

1.

¿Es el artículo 55 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS) (1) compatible con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sigue siendo válido en la medida en que, respecto de la prohibición de doble enjuiciamiento, admite la excepción de que, en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación de dicho Convenio, una Parte contratante pueda declarar que no está vinculada por el artículo 54 del CAAS cuando los hechos contemplados en la sentencia extranjera constituyan una infracción contra la seguridad del Estado u otros intereses igualmente esenciales de dicha Parte contratante?

2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Se oponen los artículos 54 y 55 del CAAS y los artículos 50 y 52 de la Carta a que la declaración realizada por la República Federal de Alemania en relación con el artículo 129 del Strafgesetzbuch (Código Penal alemán) (Bundesgesetzblatt 1994 II, p. 631) en el momento de la ratificación del CAAS sea interpretada por los órganos jurisdiccionales alemanes en el sentido de que dicha declaración abarca también a aquellas organizaciones criminales que —como la presente— cometen exclusivamente delitos contra el patrimonio y que, al margen de eso, no persiguen ningún objetivo político, ideológico, religioso o filosófico y tampoco pretenden influir en la política, los medios de comunicación, la Administración pública, la Justicia o la economía por medios indebidos?

—

Que se anule la sentencia recurrida.

—

Que se condene en costas a Crédit lyonnais.

—

Se excedió en los límites del control jurisdiccional al sustituir la apreciación de elementos económicos complejos llevada a cabo por el BCE por la suya propia, obviando de este modo la pauta establecida por el juez de la Unión en la materia.

—

Incumplió su deber de motivación al no permitir al BCE comprender por qué era errónea su apreciación de la doble garantía del Estado concedida en el marco del ahorro regulado.

—

Desnaturalizó los elementos que se le aportaron durante el litigio, haciendo una interpretación manifiestamente errónea tanto de la Decisión impugnada en primera instancia (Decisión ECB-SSM-2019-FRCAG-39 de 3 de mayo de 2019) como de la metodología aplicada por el BCE con arreglo a la cual se examinó la solicitud de exclusión presentada por Crédit lyonnais.

—

Infringió el artículo 4, apartado 1, número 94), del RRC (1) al añadir a la definición de riesgo de apalancamiento excesivo criterios que no figuraban en el mismo, e infringió el artículo 429, apartado 14, del RRC relativo a la exclusión del cálculo del ratio de apalancamiento de determinadas exposiciones, privando al BCE de la facultad discrecional que le concede este artículo.

1)

Anular la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de 23 de julio de 2014 que puso fin al procedimiento de reconocimiento del origen profesional de la enfermedad de BZ.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Condenar en costas al BCE.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a FD.

1)

Anular la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo de 22 de mayo de 2019 por la que se denegó la solicitud de GW de consultar a la comisión de invalidez.

2)

Condenar en costas al Tribunal de Cuentas Europeo.

1)

Anular la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de 28 de enero de 2019 en la medida en que deniega la concesión de la asignación familiar para el año 2019 a GY.

2)

Condenar en costas al BCE.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a la Sra. Joëlle Mélin.

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

—

Anule la Decisión de la Comisión, en concreto el acto jurídico individual «Orden de ingreso y nota de adeudo» de la Comisión Europea, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Ref. ARES(2021)1955613, de 18 de marzo de 2021.

—

Devuelva las solicitudes al procedimiento de auditoría de la Comisión Europea para que declare el carácter subvencionable de los gastos controvertidos con arreglo al acuerdo de subvención «Slovak Safer Internet», n.o SI-2010-SIC-1231002.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, relativo a la pretensión de anulación de la Decisión de la demandada y de la orden de ingreso ARES(2021)1955613 por vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier otra norma jurídica relativa a su aplicación y desviación de poder, en particular por evaluación jurídica errónea de los hechos y de las conclusiones (vulneración del derecho de defensa y del derecho a una buena administración, violación del principio de proporcionalidad y de seguridad jurídica y de los principios del Estado de Derecho, de protección de la confianza legítima y de no retroactividad, y evaluación jurídica errónea de los hechos y de las conclusiones de la auditoría 12-INFS-024 y de la auditoría posterior 15-NR01044).

2.

Segundo motivo, relativo a la pretensión de que se condene a la demandada a pagar los gastos subvencionables a la demandante como beneficiaria original y parte contratante del acuerdo de subvención SI-2010-SIC-123002 — «Slovak Safer Internet», con arreglo al acuerdo de subvención válido y vigente, debido a que la demandada tiene la competencia requerida para tratar las cuestiones de aplicación del proyecto y las transferencias financieras relacionadas con el contrato válido y vigente entre la demandada y la demandante.

3.

Tercer motivo, relativo a la pretensión de que se condene a la demandada al pago de las costas y demás gastos del procedimiento. Habida cuenta de las anteriores alegaciones y del carácter arbitrario de la Decisión impugnada, la demandante solicita el reembolso de las costas y demás gastos vinculados al procedimiento ante el Tribunal General, así como las costas y demás gastos derivados de la asistencia jurídica correspondiente a este recurso.

—

Anule la decisión de 15 de julio de 2020 de no renovar el contrato de la demandante.

—

Anule el informe de evaluación de la demandante correspondiente a 2019.

—

En la medida de lo necesario, anule la decisión de 11 de febrero de 2021 por la que se desestima la reclamación.

—

Conceda una indemnización por el perjuicio material sufrido por la demandante, calculada con arreglo a esta demanda.

—

Conceda una indemnización por el daño moral sufrido por la demandante, evaluado ex aequo et bono por importe de 10 000 euros.

—

Condene a la parte demandada a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en que el informe de evaluación de 2019 no fue finalizado debidamente y en que el informe sobre la renovación del contrato (IRC) se basó en un informe de evaluación sin finalizar.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del principio de imparcialidad, de acuerdo con el artículo 11 del Estatuto de los Funcionarios y con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído y en el incumplimiento del deber de motivación, en la infracción del artículo 25 del Estatuto de los Funcionarios, en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la infracción de los apartados 6.7, 6.9 y 6.10 de las normas del procedimiento de renovación del contrato de la EIOPA.

4.

Cuarto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, en la falta de evaluación diligente de todos los aspectos del asunto y en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con la infracción de los artículos 4 y 6.5 de las normas del procedimiento de renovación del contrato.

5.

Quinto motivo, en el que se alega discriminación por razón de sexo y de la situación familiar, al haberse infringido el artículo 1 quater del Estatuto de los Funcionarios y los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

6.

Sexto motivo, basado en la infracción del deber de asistencia y protección.

—

Anule la decisión de la Comisión Europea, concretamente, el acto jurídico individual «Termination of the Action», adoptado por la Comisión Europea, INEA, N.o ARES(2021)1953853, emitido el 30 de marzo de 2021.

—

Devuelva el asunto a la Comisión Europea y al INEA y considere la acción y el acuerdo de subvención válidos y no terminados, conforme al acuerdo de subvención n.o INEA/CEF/ICT/A2015/1154788 para el proyecto «Slovak Safer Internet Centre IV», N.o 2015-SK-IA-0038.

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Condene a la Comisión a reembolsar las costas y los gastos de los procedimientos.

1.

Primer motivo, con el que se pretende la anulación de la decisión de la Comisión Europea «Termination of the Action» ref. ARES(2021)1953853, por vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o desviación de poder, en especial, incorrecta valoración jurídica de los hechos y de las conclusiones (violación del derecho a una buena administración, vulneración del principio de proporcionalidad, del principio de seguridad jurídica, del Estado de Derecho, del principio de confianza legítima e incorrecta valoración jurídica de los hechos y de las conclusiones de la solicitud de pago final del proyecto 2015-SK-IA-0038 Slovak Safer Internet Centre IV).

2.

Segundo motivo, con el que se pretende que la solicitud de pago final relativa al proyecto «Slovak Safer Internet Centre IV» sea devuelta a la Comisión e INEA para su evaluación y para que se ejerciten las competencias de control así como que se cumplan las obligaciones contractuales basadas en el acuerdo de subvención No. INEA/CEF/ICT/A2015/1154788 y que se condene a la Comisión a proceder al pago final de los costes subvencionables de la demandante, de conformidad con el acuerdo de subvención válido y eficaz, fundamentado en el hecho de que la Comisión es competente para regular cuestiones sobre la ejecución del proyecto y de transferencias financieras con arreglo al contrato válido y eficaz existente entre la Comisión y la demandante.

3.

Tercer motivo, con el que se pretende que se condene a la Comisión al pago de las costas y gastos del procedimiento. Habida cuenta de las alegaciones mencionadas y del carácter arbitrario de la decisión de la Comisión, la demandante solicita el reembolso de las costas y los gastos en que incurrió en el procedimiento ante el Tribunal General, así como las costas y gastos de asistencia jurídica en que incurrió en relación con el presente recurso.

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Anule la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo de 16 de marzo de 2021.

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Anule la nota de adeudo n.o 7010000523 emitida por el Parlamento Europeo el 31 de marzo de 2021.

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Condene al Parlamento Europeo a cargar con las costas del procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en que el Parlamento, sin ninguna razón, se retrasó de manera injusta e inadecuada en la adopción de su decisión, al no respetar el principio de que se debe actuar en un plazo razonable en los procedimientos administrativos previstos en el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De este modo, se vulneró el derecho de defensa del demandante como consecuencia del inicio extemporáneo del procedimiento de recuperación incoado en su contra, ya que le privó en el curso del procedimiento de la posibilidad de aportar pruebas y de defenderse eficazmente de las acusaciones formuladas.

2.

Segundo motivo, basado en que la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo, en la que se basó la nota de adeudo, como medida legal que afecta al demandante, fue adoptada violando los principios de procedimiento imparcial y justo, y de igualdad de armas y el derecho de defensa del demandante:

3.

Tercer motivo, basado en que el Parlamento cometió un error de apreciación, en la medida en que no examinó las pruebas aportadas por el demandante que confirmaban que los hechos alegados por el asistente ante el Tribunal General en las que el Parlamento se apoya y sobre cuya base se inició el procedimiento de recuperación son incorrectos (confirman que la investigación se inició de forma injustificada) e incumplen la obligación de motivación recogida en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Parlamento vulneró el principio de proporcionalidad e incumplió la obligación de motivación recogidos en el artículo 296 TFUE y en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, en la medida en que la cantidad que debe devolverse se fijó en 78 838,21 euros. La cantidad que debe devolverse no se ha justificado en su totalidad, por lo que la decisión impugnada parte de la base de que el asistente parlamentario nunca trabajó para el demandante.

5.

Quinto motivo, basado en que la información del Parlamento públicamente accesible confirma que el asistente parlamentario desempeñó sus funciones hasta el 15 de diciembre de 2015 como muy tarde, lo que indica que no era razonable iniciar el procedimiento de recuperación de los fondos y, por tanto, la decisión debe ser anulada.

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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/546 de la Comisión, de 29 de marzo de 2021, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de la República Popular China (1).

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Condene a la Comisión a cargar con sus costas y con las de la parte demandante.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de armas y de buena administración, en la comisión de un error manifiesto de apreciación y en la vulneración del derecho de defensa e información de la parte demandante.

2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en el que incurrió la Comisión al apreciar el perjuicio y el nexo de causalidad en lo que se refiere a la metodología, los datos y el procedimiento aplicado, y en una infracción del artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea («Reglamento de base»). (2).

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 1, apartado 2, y del artículo 5, apartado 2, del Reglamento de base como consecuencia de una definición incorrecta del producto en cuestión.

4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 1, apartado 2, y del artículo 3 del Reglamento de base y en un error manifiesto de apreciación en lo que se refiere a la definición del producto en cuestión y a la evaluación de las importaciones desde el país correspondiente a efectos del análisis del perjuicio y del nexo de causalidad (Código NC 7610 90 90).

5.

Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 2, apartado 6, letra a), del Reglamento de base en la medida en que la Comisión seleccionó equivocadamente el país «representativo adecuado».

6.

Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 2, apartado 6, letra a), del Reglamento de base en lo que se refiere al estatuto jurídico del informe en el que la Comisión apreció la existencia de distorsiones significativas del mercado en un país determinado o en un sector determinado de ese país. La parte demandante sostiene que se ha infringido el Reglamento n.o 1/1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (3) y se han vulnerado sus derechos fundamentales ya que no pudo recibir en lengua italiana el mencionado informe.

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Anule la decisión denegatoria de la Comisión de la Unión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL), EMPL.B.2/AP/ab; Ref. Ares (2021) de 14 de abril de 2021.

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Ordene a la Comisión de la Unión Europea que adopte una decisión de concesión de conformidad con el Derecho.

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Condene en cosas a la parte demandada.

1.

La decisión impugnada denegatoria de la Comisión de 14 de abril de 2021 no tiene en cuenta el significado del artículo 197, apartado 2, letra c), del Reglamento Financiero de la UE (1) en relación con la convocatoria de propuestas VP/2020/008 y aplica ilegalmente esta disposición a los comités de empresa europeos. La exigencia respecto a los comités de empresa europeos solicitantes de que demuestren, como prueba de estabilidad y capacidad financiera, tener presupuestos propios, balances anuales y cuentas bancarias excluiría desde el principio de la subvención a la gran mayoría de los comités de empresa europeos a los que las disposiciones nacionales que transponen la Directiva 2009/38/CE (2) no les reconocen personalidad jurídica propia. Esto vulnera los principios de igualdad de trato y de no discriminación y al mismo tiempo es totalmente contrario al objetivo perseguido por el programa de subvención.

2.

Dado que la limitación del círculo de candidatos que cumplen los requisitos no se menciona en la convocatoria, y que la misma está abierta también expresamente, entre otros, a los comités de empresa europeos británicos sin restricciones, la limitación vulnera además el principio elemental de transparencia de la Unión.

3.

La interpretación defendida en la decisión denegatoria y su aplicación a los comités de empresa europeos favorecería asimismo indebidamente a las empresas que —como interlocutores sociales— fueron invitadas en principio a presentar proyectos de subvención adecuados en la convocatoria de propuestas VP/2020/008.

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Anule la resolución impugnada.

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Condene en costas a la EUIPO.

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Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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Infracción del artículo 95, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo y del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión.

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Anule la decisión del Consejo, de 8 de marzo de 2021, relativa a la reclamación y a la reclamación complementaria presentadas por la demandante en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea contra la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1117 del Consejo de la Unión Europea, de 27 de julio de 2020, por la que se nombra a los fiscales europeos de la Fiscalía Europea, en la parte en que nombra fiscal europeo de la Fiscalía Europea, como agente temporal de grado AD 13, por un período no renovable de tres años a partir del 29 de julio de 2020, a José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra, uno de los tres candidatos inicialmente designados por Portugal (DO 2020, L 244, p. 18).

—

Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1117 del Consejo, de 27 de julio de 2020, por la que se nombra a los fiscales europeos de la Fiscalía Europea, en la parte en que nombra fiscal europeo de la Fiscalía Europea, como agente temporal de grado AD 13, por un período no renovable de tres años a partir del 29 de julio de 2020, a José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra.

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Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

1)

Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, en la medida en que el Consejo considera que no es «autoridad facultada para proceder a los nombramientos» («AFPN») en el sentido del artículo 1, apartados 1 y 2, del Estatuto de los Funcionarios, en relación con el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, cuando procede al nombramiento de los fiscales europeos conforme al artículo 96, apartado 1, del Reglamento 2017/1939.

2)

Segundo motivo, basado en la infracción de las normas aplicables al nombramiento de los fiscales europeos, que garantizan el principio de independencia de la Fiscalía Europea. La demandante alega que la impugnación del Gobierno portugués, mediante escrito enviado al Consejo de la Unión Europea el 29 de noviembre de 2019, de la clasificación realizada por el comité de selección a que se refiere el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1939 de los candidatos presentados por el propio Gobierno, con la indicación de otro candidato de su preferencia, y su aprobación por el Consejo, pone en entredicho la estructura del procedimiento de nombramiento de los fiscales europeos.

3)

Tercer motivo, basado en un error manifiesto en los presupuestos de la Decisión. La demandante alega, en particular, que el escrito de 29 de noviembre de 2019, enviado por el Gobierno portugués al Consejo, contenía dos errores graves, reconocidos además por el propio Gobierno. Dichos errores consistían en la mención del candidato preferido por el Gobierno portugués, en seis ocasiones, como «el Fiscal-General Adjunto José Guerra» y en la afirmación de que dicho fiscal ejerció funciones de investigación y acusatorias en un importante proceso en materia de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

4)

Cuarto motivo, basado en la desviación de poder. La demandante alega que los objetivos a la vista de los cuales se atribuyeron competencias al Consejo de la Unión Europea, en el ámbito del proceso de selección y nombramiento de los fiscales europeos, consisten en garantizar la independencia del órgano y en nombrar a los candidatos nacionales más cualificados y que ofrezcan todas las garantías de independencia para el ejercicio del cargo de fiscal europeo.

5)

Quinto motivo, basado en la vulneración del derecho a una buena administración. La demandante sostiene que, en la medida en que el Consejo se apartó del informe del Comité de selección y, por tanto, del orden de prioridad basado en el resultado de la evaluación de dicho Comité, una motivación de carácter general en forma de mera referencia a una «evaluación diferente de los méritos de los candidatos llevada a cabo por los órganos preparatorios competentes del Consejo», equivale a una falta total de motivación, que no permite a la demandante conocer las razones por las que el Consejo se decantó por un criterio diferente.

6)

Sexto motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato y de no discriminación. La demandante alega que el Consejo, al proceder a «la evaluación diferente de los méritos de los candidatos llevada a cabo por los órganos preparatorios competentes del Consejo», en la medida en que afecta a la demandante, vulneró el principio de igualdad de trato y de no discriminación.

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Anule la resolución impugnada respecto a los servicios por los que se denegó el registro.

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Anule la resolución de la División de Operaciones, 17 de abril de 2020, en el procedimiento de solicitud de registro n.o 17975929 con respecto a los servicios por los que se denegó el registro.

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Devuelva el asunto a la EUIPO para que reforme la resolución en cuanto al fondo y registre la marca de la Unión n.o 17975929 con respecto a todos los servicios cubiertos.

—

Condene a la EUIPO a cargar con las costas de los procedimientos ante la División de Operaciones, la Sala de Recurso y el Tribunal General.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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Anule la resolución impugnada.

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En consecuencia, se pronuncie sobre el fondo del litigio declarando la validez del registro de la marca de la Unión n.o 2756740.

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Condene a la otra parte en el procedimiento a pagar todas las costas del procedimiento, incluidas las costas del procedimiento sustanciado ante la EUIPO.

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Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Apreciación errónea de las pruebas aportadas por la recurrente en relación con el carácter distintivo adquirido por el signo por el uso.

—

Anule la decisión de 9 de marzo de 2020 y la decisión sobre revisión de 19 de agosto de 2020 del Comité de Selección de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), relativa a la oposición EPSO/AD/371/19 (AD7) — 6 — Administradores en materia de investigación científica, de no incluir el nombre la demandante en la lista de reserva.

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En la medida en que sea necesario, anule la decisión de desestimación de la reclamación de 15 de marzo de 2021.

—

Solicite, conforme al artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la presentación de las pruebas y los resultados, por prueba, de la oposición relativos a la demandante y los resultados de la siguiente fase para poder apreciar materialmente los resultados relacionados con cada irregularidad y el alcance de las consecuencias del estrés provocado por las irregularidades constatadas.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primera parte, relativa a la producción de errores técnicos en la organización de las pruebas de la oposición EPSO/AD/371/19 (AD7) — 6 — Administradores en materia de investigación científica, errores reconocidos por la administración y que generaron un mayor estrés a la demandante durante las pruebas.

2.

Segunda parte, relativa a la falta de diligencia de la administración y a la inexistencia de reacción por su parte para corregir dichos errores.

3.

Tercera parte, relativa al hecho de no haber tenido en cuenta los errores al apreciar la actuación de la demandante y no haber establecido procedimientos que garantizasen la igualdad entre los candidatos.

4.

Cuarta parte, relativa al error manifiesto de apreciación de las actuaciones de la demandante.

—

Anule la Decisión de la Junta Única de Resolución de 14 de abril de 2021 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2021 (SRB/ES/2021/22), incluidos sus anexos, al menos en la medida en que dicha decisión y sus anexos se refieren a la contribución de la demandante.

—

Suspenda el procedimiento con arreglo al artículo 69, letras c) o d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General hasta que recaiga sentencia firme en los asuntos (acumulados) C-584/20 P (1) y C-621/20 P, (2) C-663/20 P (3) y C-664/20 P, (4) puesto que en dichos recursos de casación pendientes desde hace tiempo se plantean, esencialmente, las mismas cuestiones jurídicas.

—

Condene en costas a la Junta Única de Resolución.

1.

Primer motivo, basado en un quebrantamiento sustancial de forma, por no haber publicado en su totalidad la decisión impugnada

2.

Segundo motivo, basado en un quebrantamiento sustancial de forma, dado que la decisión impugnada carece de motivación suficiente

3.

Tercer motivo, basado en el quebrantamiento sustancial de forma, por no haber oído a la recurrente y haber vulnerado el derecho a ser oído

4.

Cuarto motivo, basado en la ilegalidad del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 (5) como base de la decisión impugnada o en la ilegalidad de la metodología de ajuste del riesgo establecida en el Reglamento Delegado (UE) 2015/63

5.

Quinto motivo, basado en la ilegalidad de la Directiva 2014/59/UE (6) y del Reglamento (UE) n.o 806/2014 (7) como base del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 y, por lo tanto, de la decisión impugnada

—

Anule la Decisión de la Junta Única de Resolución de 14 de abril de 2021 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2021 (SRB/ES/2021/22), incluidos sus anexos, al menos en la medida en que dicha resolución y sus anexos se refieren a la contribución de la demandante.

—

Suspenda el procedimiento con arreglo al artículo 69, letras c) o d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General hasta que recaiga sentencia firme en los asuntos (acumulados) C-584/20 P (1) y C-621/20 P, (2) C-663/20 P (3) y C-664/20 P, (4) puesto que en dichos recursos de casación pendientes desde hace tiempo se plantean, esencialmente, las mismas cuestiones jurídicas.

—

Condene en costas a la Junta Única de Resolución.

—

Anule la resolución de anulación n.o 22964C de 4 de diciembre de 2019 de la División de Anulación de la EUIPO, así como la resolución confirmatoria de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 20 de abril de 2021, incluido el pronunciamiento en costas, y desestime la solicitud de anulación presentada por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

—

Con carácter subsidiario, anule la resolución de anulación n.o 22964C de 4 de diciembre de 2019 de la División de Anulación de la EUIPO, así como la resolución confirmatoria de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 20 de abril de 2021, incluido el pronunciamiento en costas, y desestime la solicitud de anulación presentada por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso en relación con los vehículos y partes de vehículos, siempre que estén comprendidos en la clase 12, a saber, vehículos terrestres y las partes de estos vehículos.

—

Con carácter subisidiario de segundo grado, anule la resolución de anulación n.o 22964C de 4 de diciembre de 2019 de la División de Anulación de la EUIPO, así como la resolución confirmatoria de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 20 de abril de 2021, incluido el pronunciamiento en costas, y desestime la solicitud de anulación presentada por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso en relación con los vehículos y partes de vehículos, siempre que estén comprendidos en la clase 12, a saber, bicicletas y vehículos de dos ruedas y las partes de estos vehículos.

—

Infracción del artículo 58 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 95 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

anule la decisión de la demandada de 14 de abril de 2021 sobre el cálculo de las aportaciones ex ante de 2021 al Fondo Único de Resolución (SRB/ES/2021/22) en la medida en que afecta a la demandante;

—

suspenda el procedimiento con arreglo al artículo 69, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General hasta que recaiga una resolución firme en los asuntos T-413/18, (1) T-481/19, (2) T-339/20, (3) T-424/20 (4) y C-664/20 P (5) o hasta que se ponga fin a estos asuntos de otro modo;

—

condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, (6) del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo (7) y del TFUE al haberse sometido a la demandante al régimen de aportación al Fondo.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 41, apartado 2, letra c), y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), puesto que el método de cálculo no permite fundamentar completamente el cálculo de la aportación. El Reglamento Delegado (UE) 2015/63 es parcialmente nulo.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 16 y 20 de la Carta, puesto que, debido a la especial situación de la demandante, la decisión impugnada vulnera el principio general de igualdad y el derecho fundamental a la libertad de empresa.

4.

Cuarto motivo, basado en vicios sustanciales de forma y en la posible infracción del artículo 5, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, ya que no es seguro que llegara a autenticarse la decisión de la JUR. Además, la demandada no explicó suficientemente los hechos, no oyó a la demandante antes de adoptar la decisión impugnada y no motivó suficientemente dicha decisión.

5.

Quinto motivo (con carácter subsidiario), basado en la infracción del artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 por haberse sobreestimado el nivel fijado como objetivo, puesto que la demandada solo debería haber podido establecer el nivel fijado como objetivo a un máximo de 55 000 000 000 de euros.

6.

Sexto motivo (con carácter subsidiario), basado en la infracción del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, en relación con el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, puesto que, al calcular la cuantía de la aportación, la demandada debería haber retirado de los pasivos pertinentes los pasivos exentos de riesgo.

7.

Séptimo motivo (con carácter subsidiario), basado en la infracción del artículo 70, apartado 6, del Reglamento n.o 806/2014, en relación con el artículo 5, apartados 3 y 4, del Reglamento Delegado 2015/63, puesto que la demandada calculó la aportación de la demandante basándose indebidamente en la valoración bruta de los contratos de derivados.

8.

Octavo motivo (con carácter subsidiario), basado en la infracción del artículo 70, apartado 6, del Reglamento n.o 806/2014, en relación con el artículo 6, apartado 8, letra a), del Reglamento Delegado 2015/63, puesto que la demandada consideró indebidamente a la demandante como entidad objeto de restructuración.

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Anule la resolución impugnada en tanto que deniega el registro.

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Modifique la resolución impugnada, estimando el recurso interpuesto contra la resolución del examinador por la que se denegó el registro para los productos de la clase 16.

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Condene a la EUIPO a pagar las costas de la recurrente correspondientes a los procedimientos ante la EUIPO y ante el Tribunal General.

—

Condene a la EUIPO al pago de las costas del procedimiento ante el Tribunal General.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 165, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 y del artículo 36, apartados 1, letra g), y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión.