—

Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica, en lo que respecta al plomo y sus compuestos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (D063675/03,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (en lo sucesivo, el «Reglamento REACH») (1), en particular su artículo 68, apartado 1,

—

Vista la Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (2),

—

Vista su Resolución, de 3 de abril de 2001, sobre el Libro Verde de la Comisión «Cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC» (3),

—

Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular (4),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización para usos del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (5),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (6),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (7),

—

Vista la sentencia del Tribunal General, de 7 de marzo de 2019, en el asunto T-837/16 (8),

—

Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (9),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, y apartado 4, letra c), de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión aspira a limitar la concentración de plomo cuando es utilizado como estabilizador en polímeros o copolímeros de cloruro de vinilo (PVC);

B.

Considerando que el plomo es una sustancia tóxica que puede tener efectos graves para la salud, en particular daños neurológicos irreversibles incluso en pequeñas dosis (10); que no hay niveles seguros para el plomo (11), (12); que el plomo también es perjudicial para el medio ambiente: es muy tóxico para los organismos acuáticos (13) y persiste en el medio ambiente (14);

C.

Considerando que la Comisión ya planteó el problema del uso del plomo como estabilizador para el PVC en su Libro Verde el 26 de julio de 2000«Cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC» (15);

D.

Considerando que, en su Libro Verde, la Comisión afirmaba estar a favor de la reducción del uso del plomo como estabilizador en los productos de PVC, y contemplaba diversas medidas, incluida la eliminación paulatina normativa, pero finalmente optó por un compromiso voluntario del sector del PVC sobre el fin del uso del plomo como estabilizador del PVC para 2015 (16);

E.

Considerando que este enfoque era contrario a la posición del Parlamento, que, en respuesta al Libro Verde, había pedido a la Comisión que prohibiera todo uso del plomo como estabilizador en productos de PVC (17);

F.

Considerando que la medida por la que optó la Comisión en aquel momento, a saber, no hacer nada, supuso que en el periodo de 2000 a 2015 se produjeran millones de toneladas de PVC estabilizadas con cientos de miles de toneladas de plomo (18); que los artículos hechos con ese PVC con plomo se convierten paulatinamente en residuos;

G.

Considerando que al cumplirse en 2015 el compromiso voluntario del sector del PVC, la Comisión observó que seguía utilizándose el plomo en los artículos de PVC importados; que, por lo tanto, la Comisión solicitó a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (en lo sucesivo, «la Agencia») que elaborase un informe de restricción de conformidad con el anexo XV;

H.

Considerando que la Agencia confirmó la particular pertinencia de la restricción para los artículos de PVC importados, constatando que al haber iniciado ya el sector europeo del PVC la eliminación gradual de los estabilizadores de PVC a base de compuestos de plomo, cerca del 90 % de las emisiones de plomo estimadas podían atribuirse a los artículos de PVC importados a la Unión en 2016 (19);

I.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión propone que se restrinjan el uso y la presencia de plomo y sus compuestos en artículos producidos con PVC, fijando un límite máximo de concentración de plomo del 0,1 % en peso del material de PVC (20);

J.

Considerando que ello se basa en la conclusión de que no se controla adecuadamente el riesgo que presentan para las personas los estabilizadores de plomo presentes en los artículos de PVC en la Unión (21); que los riesgos para el medio ambiente no se han tomado en consideración en la caracterización del riesgo del plomo en el contexto de la propuesta de restricción del riesgo (22);

K.

Considerando que este límite se aplicó sobre la base del razonamiento siguiente: «los compuestos de plomo no pueden estabilizar el PVC de manera eficaz a concentraciones inferiores al 0,5 % en peso aproximadamente, y el límite de concentración del 0,1 % propuesto por la Agencia debe garantizar que no vuelva a producirse en la Unión la adición intencionada de compuestos de plomo como estabilizadores (23);

L.

Considerando que es importante señalar que el umbral del 0,1 % no representa un «nivel de seguridad», sino un nivel administrativo fijado para evitar el uso del plomo como estabilizador del PVC;

M.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión establece dos excepciones relativas a los materiales de PVC valorizados de más de 15 años: una, para permitir una concentración de plomo de un máximo del 2 % en peso de PVC rígido (24), y otra que permite una concentración de plomo de un máximo del 1 % en peso de PVC flexible/blando (25);

N.

Considerando que las concentraciones del 1 % o el 2 % en peso indudablemente no corresponden a «niveles seguros», sino que son límites fijados para que la industria pueda seguir optimizando los beneficios económicos del reciclaje de residuos de PVC que contienen plomo (26);

O.

Considerando que estas excepciones perpetúan el uso de sustancias que perduran a través de artículos elaborados a partir de PVC reciclado, a pesar de la disponibilidad de alternativas, reconocida expresamente por la Comisión (27);

P.

Considerando que estas excepciones son contrarias a la posición conocida del Parlamento, confirmada en numerosas resoluciones, en particular la última de 15 de enero de 2020; que el Parlamento ya destacó expresamente en 2001 que «el reciclado de PVC no debe conducir al mantenimiento del problema de los metales pesados» (28); que, en su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular, el Parlamento destacó que «el reciclado no puede justificar que se perpetúe el uso de sustancias peligrosas que perduran» (29); que, en 2015, el Parlamento actuó en consecuencia oponiéndose a la autorización del DEHP, otra sustancia antigua, para el reciclaje del PVC (30); que en 2018 el Parlamento reiteró una vez más «que, de conformidad con la jerarquía de residuos, la prevención tiene prioridad sobre el reciclado y, en consecuencia, el reciclado no puede justificar que se perpetúe el uso de sustancias peligrosas que perduran» (31);que, el 15 de enero de 2020, en su Resolución sobre el Acuerdo Verde europeo, el Parlamento declaró expresamente que las sustancias prohibidas «no deben volver a introducirse en el mercado de la Unión en productos de consumo a través de las actividades de reciclaje»;

Q.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión justifica las excepciones relativas al PVC valorizado afirmando que «la alternativa a reciclar tales artículos, es decir, la eliminación de residuos de PVC a través del depósito en vertederos y la incineración, aumentaría las emisiones al medio ambiente y no reduciría el riesgo» (32);

R.

Considerando que en el razonamiento subyacente al proyecto de Reglamento de la Comisión no se tiene en cuenta que el reciclaje no es de hecho una alternativa al depósito en vertederos o la incineración, ya que el PVC no puede reciclarse indefinidamente, por lo que simplemente se aplaza la eliminación definitiva de PVC con plomo y las emisiones correspondientes, a la vez que se originan más emisiones en el reciclaje y la fase de uso subsiguiente;

S.

Considerando que, de hecho, el proyecto de Reglamento de la Comisión por un lado restringiría la importación de entre 1 000 y 4 000 toneladas de plomo en artículos de PVC importados, pero permitiría al mismo tiempo que se comercializasen (de nuevo) entre 2 500 y 10 000 toneladas de plomo anuales a través del PVC valorizad (33);

T.

Considerando, en otras palabras, que el proyecto de Reglamento de la Comisión restringiría la importación de plomo en artículos de PVC para meramente socavar el efecto de esta restricción al permitir la nueva comercialización del doble de plomo en artículos elaborados con PVC valorizado con contenido de plomo;

U.

Considerando, por lo tanto, que las excepciones en favor del PVC valorizado del proyecto de Reglamento de la Comisión son contrarias al objetivo primordial del Reglamento REACH de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente (34);

V.

Considerando que estas excepciones también incumplen los compromisos asumidos en virtud del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, de 2013, que pide expresamente el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos, de modo que los residuos reciclados puedan aprovecharse como una fuente importante y fiable de materias primas para la Unión (35);

W.

Considerando que estas excepciones darían lugar a un mercado con dos niveles de calidad, a saber, por un lado, productos elaborados a partir de PVC virgen, exentos de plomo, y por el otro lado, productos elaborados a partir de PVC valorizado, con cantidades significativas de plomo; que esta tolerancia con respecto al plomo en los productos elaborados a partir de PVC valorizado desacredita la valorización de productos;

X.

Considerando que no es conveniente aplazar a un futuro los problemas de la gestión ecológicamente correcta de los residuos de PVC con plomo y menos aún diluir el plomo en la próxima generación de artículos;

Y.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión limita las excepciones relativas al PVC valorizado a determinadas aplicaciones e introduce el requisito de envolver el plomo con una capa de PVC de nueva producción para un subconjunto de los artículos en cuestión, con un plazo de cinco años para el PVC flexible;

Z.

Considerando que la limitación de las excepciones no aborda las emisiones de plomo de la eliminación definitiva de los residuos, que representan el 95 % de las emisiones;

AA.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión requiere asimismo que los artículos de PVC que contengan PVC valorizado estén marcados con la indicación «Contiene PVC valorizado»; que el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia sostiene que dicha indicación no es suficiente por sí misma para diferenciar entre el material reciclado exento de plomo y el material reciclado que contiene de plomo (36);

AB.

Considerando que esta indicación es efectivamente engañosa, pues la referencia al contenido valorizado tiene una connotación positiva, aunque en este caso signifique realmente que los productos valorizados contienen cantidades significativas de plomo en comparación con los productos elaborados con PVC virgen, que no lo contienen;

AC.

Considerando que este etiquetado promocional engañoso de los artículos de PVC valorizado es contrario al objetivo primordial del Reglamento REACH de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente;

AD.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión establece además un régimen de certificación para acreditar las afirmaciones sobre el origen de valorización del PVC a fin de diferenciarlo de los artículos elaborados a base de PVC virgen, a los que debe aplicarse otro valor límite;

AE.

Considerando que el recurso a un estrato adicional de certificación arroja dudas sobre la aplicabilidad de dicha disposición, por lo que es contrario a las disposiciones del anexo XV del Reglamento REACH que requieren que las restricciones deben poder aplicarse, hacerse cumplir y gestionarse;

AF.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión exime a dos pigmentos de plomo del ámbito de aplicación de la restricción por estar sujetos a autorización en virtud del Reglamento REACH;

AG.

Considerando que el Comité de Evaluación del Riesgo ha reconocido explícitamente que los riesgos se determinarían igualmente en el caso de compuestos de plomo no utilizados como estabilizadores (37);

AH.

Considerando que es difícil determinar la identidad y la función específicas de los compuestos de plomo en el PVC, como reconoce expresamente el Comité de Evaluación del Riesgo (38);

AI.

Considerando, por consiguiente, que esta excepción causa problemas para garantizar el cumplimiento, por lo que es contraria a las disposiciones del anexo XV del Reglamento REACH que requieren que las restricciones deben poder aplicarse, hacerse cumplir y gestionarse;

AJ.

Considerando que esta excepción además no tiene en cuenta la sentencia en el asunto T-837/16, que anula efectivamente la autorización de estos pigmentos de plomo;

AK.

Considerando que el proyecto de Reglamento de la Comisión establece un periodo de gracia de 24 meses para que los operadores económicos, entre otras cosas, puedan «dar salida a sus existencias» (39);

AL.

Considerando que permitir durante 24 meses más que los importadores vendan artículos de PVC con miles de toneladas de plomo cuando ya no se producen en la Unión artículos de PVC que lo contengan es contrario al objetivo primordial del Reglamento REACH de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente;

AM.

Considerando que, en 2001, el Parlamento consideraba «necesario seguir desarrollando la investigación tecnológica, en primer lugar en el sector del reciclaje químico que puede separar el cloro de los metales pesados, […] para aumentar el porcentaje de residuos reciclados de PVC» (40);

AN.

Considerando que ni la Agencia ni la Comisión han evaluado la viabilidad del reciclado químico de los residuos de PVC que permitiría la separación y eliminación segura del plomo; que, según la industria del PVC, están disponibles estas tecnologías (41), (42);

AO.

Considerando que el Consejo Europeo de la Industria Química defiende el reciclado químico como medio para tratar sustancias preocupantes (43);

AP.

Considerando que, en resumen, el proyecto de Reglamento de la Comisión llega con 18 años de retraso y contiene varios elementos que no son compatibles con el objetivo o el tenor del Reglamento REACH, a saber, las excepciones relativas al PVC valorizado, el marcado positivo del PVC valorizado pese a su contenido de plomo, la excepción relativa a los pigmentos de plomo y el prolongado periodo de gracia;

AQ.

Considerando que la Comisión presentó el proyecto de Reglamento de la Comisión más de una año después del plazo establecido en el Reglamento REACH (44);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

—

Vistos los artículos 8 y 9 de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo («Directiva sobre los derechos de las víctimas») (1), cuyas disposiciones también se aplican a las víctimas de mutilación genital femenina,

—

Vistos los artículos 11 y 21 de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional («Directiva sobre las condiciones de acogida») (2), que menciona específicamente a las víctimas de mutilación genital femenina entre las categorías de personas vulnerables que deben recibir la asistencia sanitaria adecuada durante el procedimiento de asilo,

—

Visto el artículo 20 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida («Directiva de reconocimiento») (3), que incluye la mutilación genital femenina, en cuanto forma grave de violencia psicológica, física o sexual, como motivo a tener en cuenta para conceder protección internacional,

—

Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre la erradicación de la mutilación genital femenina (4), en la que se pedía poner fin a la mutilación genital femenina en todo el mundo a través de la prevención, de medidas de protección y de la legislación,

—

Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2014, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la eliminación de la mutilación genital femenina» (5),

—

Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la tolerancia cero con la mutilación genital femenina (6),

—

Vistos los informes anuales de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, en particular su Resolución de 15 de enero de 2020 (7),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de junio de 2014, sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la mutilación genital femenina,

—

Vistas las conclusiones del Consejo de 8 de marzo de 2010 sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2013, titulada «Hacia la eliminación de la mutilación genital femenina» (COM(2013)0833),

—

Vista la Declaración Conjunta, de 6 de febrero de 2013, en el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, en la que la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y cinco comisarios de la Unión confirmaron el compromiso de esta con la lucha contra la mutilación genital femenina en sus relaciones exteriores,

—

Visto el Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia 2015-2019, en particular su objetivo 14.b., que menciona específicamente la mutilación genital femenina, y teniendo en cuenta su revisión en curso y las negociaciones para su renovación,

—

Vista la experiencia adquirida con la aplicación del Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019 de la Comisión y mediante la continuación de las medidas establecidas en el plan de acción incluido en la Comunicación de la Comisión de 25 de noviembre de 2013,

—

Vista la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y en particular su objetivo 5.3 sobre la eliminación todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina,

—

Vista la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994, celebrada en El Cairo, y su Programa de Acción, así como los resultados de las conferencias de revisión posteriores, en particular la cumbre de Nairobi sobre la CIPD25 y su compromiso para la eliminación de la mutilación genital femenina,

—

Vista la Plataforma de Acción de Pekín y los resultados de sus conferencias de revisión posteriores,

—

Visto el Plan de Acción en materia de género 2016-2020, en particular sus prioridades temáticas B, que contienen un indicador específico sobre la mutilación genital femenina, y teniendo en cuenta su revisión en curso y las negociaciones para su renovación,

—

Visto el compromiso de la presidenta de la Comisión Europea de adoptar medidas para combatir la violencia contra las mujeres, como se recoge en sus orientaciones políticas,

—

Vista la nueva estrategia prevista de la Unión para la igualdad de género,

—

Visto el informe de 2013 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) sobre «Female genital mutilation in the European Union and Croatia» (La mutilación genital femenina en la Unión Europea y Croacia), así como los dos informes posteriores titulados «Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union» (Estimación del número de niñas en riesgo de mutilación genital femenina en la Unión Europea) respectivamente de 2015 para Irlanda, Portugal y Suecia, y de 2018 para Bélgica, Grecia Francia, Italia, Chipre y Malta,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 2014, cuyo artículo 38 exige la tipificación como delito de la mutilación genital femenina por todos los Estados partes,

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE)) (8),

—

Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género (9),

—

Vista la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 13 de septiembre de 2017, sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos para prevenir y combatir la mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso en Europa,

—

Vistas las directrices de la OMS para el tratamiento de las complicaciones de la mutilación genital femenina,

—

Vista la Resolución, de 5 de julio de 2018, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas titulada «Eliminación de la mutilación genital femenina»,

—

Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 27 de julio de 2018, titulado «Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina»,

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de noviembre de 2018, sobre la intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina,

—

Visto el Acuerdo de Cotonú y su proceso de revisión en curso,

—

Vista la Iniciativa Spotlight de la Unión y las Naciones Unidas, de septiembre de 2017, sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas,

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la mutilación genital femenina se considera a nivel internacional una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos, una forma de violencia contra las mujeres y las niñas y una manifestación de desigualdad de género, sin relación con ninguna religión o cultura, y se reconoce actualmente como un problema que afecta al menos a doscientos millones de mujeres y niñas de treinta países, según informes estadísticos de UNICEF, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la OMS; que, no obstante, existen pruebas de la práctica de la mutilación genital femenina en más de noventa países de todos los continentes;

B.

Considerando que, de acuerdo con los datos del UNFPA de 2018, si se mantienen las tendencias actuales de la población, 68 millones de niñas en todo el mundo estarán en riesgo de sufrir mutilación genital femenina en 2030, con una previsión de aumento anual que crece desde los 4,1 millones estimados en 2019 hasta los 4,6 millones al año en 2030;

C.

Considerando que, de acuerdo con los datos nacionales más recientes disponibles de toda Europa, se estima que 600 000 mujeres y niñas viven en Europa con secuelas físicas y psicológicas permanentes de la mutilación genital femenina y que otras 180 000 niñas más están en alto riesgo en solo trece países europeos;

D.

Considerando que la mutilación genital femenina abarca todos los procedimientos que implican la eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos, como la clitoridectomía, la escisión, la infibulación y otros procedimientos nocivos que modifican o causan lesiones a los órganos genitales femeninos sin fines médicos, produciendo secuelas físicas, sexuales y psicológicas que pueden provocar la muerte;

E.

Considerando que la mutilación genital femenina se lleva a cabo en la mayoría de los casos en niñas entre la primera infancia y los 15 años; que, además, una niña o mujer puede ser sometida a mutilación genital femenina en múltiples ocasiones a lo largo de su vida, por ejemplo, justo antes del matrimonio o cuando va a emprender un viaje al extranjero;

F.

Considerando que un reciente aumento del porcentaje de mujeres y niñas que podrían haber sufrido mutilación genital femenina, de acuerdo con los datos de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), significa que está aumentando la importancia del problema y que el número de mujeres afectadas o en situación de riesgo sigue aumentando; que, según el ACNUR, solo en los últimos cinco años llegaron a Europa más de 100 000 mujeres solicitantes de asilo que podrían estar afectadas por la mutilación genital femenina;

G.

Considerando que, según UNICEF, se han logrado avances y el riesgo de mutilación genital para la niñas es actualmente un tercio menor que hace treinta años; que, no obstante, teniendo en cuenta todos los datos disponibles, a diez años de 2030 aún estamos lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.3 de eliminar la mutilación genital femenina; que, por el contrario, la cifra absoluta de mujeres y niñas afectadas parece aumentar y seguirá aumentando a menos que se intensifiquen urgentemente los esfuerzos para evitarlo;

H.

Considerando que, para acelerar el cambio y alcanzar el objetivo de eliminar la mutilación genital femenina en el mundo en 2030, existe una necesidad urgente de aumentar y coordinar los esfuerzos actuales para terminar con esta práctica a nivel local, nacional, regional e internacional, sacar partido de esos esfuerzos y producir un cambio mayor y duradero mediante estrategias eficaces y globales;

I.

Considerando que la mutilación genital femenina es una forma de violencia de género y acabar con ella requiere tratar las causas profundas de la desigualdad de género a nivel de las comunidades, incluidos los estereotipos de género y las normas sociales perjudiciales;

J.

Considerando que la mutilación genital femenina es a menudo indisociable de otras cuestiones de igualdad de género y se presenta solo como una de las muchas violaciones de los derechos de las mujeres, como la falta de acceso de las niñas a la educación, incluida una educación sexual general, la falta de empleo para las mujeres, la incapacidad para poseer o heredar propiedades, el matrimonio forzoso o infantil, la violencia sexual y física y la falta de asistencia sanitaria de calidad, incluidos servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos;

K.

Considerando que la «medicalización» de la mutilación genital femenina consiste en la ejecución de ese acto por un profesional sanitario o en un hospital o servicio médico; que la medicalización de la mutilación genital femenina constituye un peligroso intento de legitimar su práctica e incluso una posibilidad de sacar provecho de ella;

1.

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Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (1),

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2),

—

Visto el informe del grupo de expertos sobre responsabilidad y nuevas tecnologías de la Comisión titulado «Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies» (Responsabilidad civil sobre inteligencia artificial y otras tecnologías digitales emergentes), publicado el 21 de noviembre de 2019,

—

Visto el informe del grupo de expertos de alto nivel sobre la IA de la Comisión titulado «Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI» (Recomendaciones estratégicas y de inversión para una IA fiable), publicado el 26 de junio de 2019,

—

Visto el documento del grupo de expertos de alto nivel sobre la IA de la Comisión titulado «Directrices éticas para una IA fiable», publicado el 8 de abril de 2019, así como la lista de evaluación para una IA fiable,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2019, titulada «Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano» (COM(2019)0168),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, titulada «Plan coordinado sobre la inteligencia artificial» (COM(2018)0795),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2018, titulada «Inteligencia artificial para Europa» (COM(2018)0237),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre los procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación de bienes y servicios (O-000008/2020 — B9-0007/2020),

—

Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que los adelantos técnicos en los ámbitos de la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, los sistemas complejos de algoritmos y los procesos automatizados de toma de decisiones están teniendo lugar con rapidez, y que las aplicaciones, las oportunidades y los desafíos que entrañan estas técnicas son numerosos y repercuten sobre prácticamente todos los sectores del mercado interior;

B.

Considerando que se espera que el perfeccionamiento de los procesos automatizados de toma de decisiones contribuya de manera notable a la economía del conocimiento y redunde en provecho tanto de la sociedad, a través de, entre otras cosas, mejores servicios públicos, como de los consumidores, gracias a productos y servicios innovadores, y de las empresas, con una optimización del rendimiento;

C.

Considerando que el uso y fomento de la IA y de los procesos automatizados de toma de decisiones plantea asimismo retos para la confianza y el bienestar de los consumidores, en particular en lo que respecta a la capacitación de los consumidores para detectar dichos procesos, entender su funcionamiento, tomar decisiones con conocimiento de causa en cuanto a su utilización y autoexcluirse;

D.

Considerando que las orientaciones éticas, como por ejemplo los principios aprobados por el grupo de expertos de alto nivel sobre la IA de la Comisión, constituyen un punto de partida; que resulta no obstante necesario llevar a cabo un estudio del marco jurídico vigente de la Unión, en particular del acervo en materia de protección de los consumidores, así como la legislación relativa a la seguridad de los productos y la vigilancia del mercado, al objeto de comprobar si es capaz de dar respuesta al surgimiento de la IA y la toma de decisiones automatizada y brindar un nivel elevado de protección de los consumidores, tal como exige el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

E.

Considerando que un planteamiento común de la Unión en cuanto a la obtención de procesos automatizados de toma de decisiones hará más fácil que quede garantizada la utilidad de dichos procesos y se atenúen en toda la Unión los riesgos que entrañan, evitará la fragmentación del mercado interior y permitirá a la Unión impulsar de mejor manera su enfoque y sus valores en el resto del mundo;

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Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

—

Vistas sus Resoluciones, de 5 de abril de 2017, sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea (1), de 3 de octubre de 2017, sobre el estado de las negociaciones con el Reino Unido (2), de 13 de diciembre de 2017, sobre el estado de las negociaciones con el Reino Unido (3), de 14 de marzo de 2018, sobre el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido (4), de 18 de septiembre de 2019, sobre la situación actual de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (5), y de 15 de enero de 2020, sobre la aplicación y el seguimiento de las disposiciones del Acuerdo de Retirada relativas a los derechos de los ciudadanos (6),

—

Vista su Resolución legislativa, de 29 de enero de 2020, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (7),

—

Vistos el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (8) (en lo sucesivo, «el Acuerdo de Retirada») y la Declaración política en la que se expone el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido que acompaña al Acuerdo de Retirada (9) (en lo sucesivo, «la Declaración política»),

—

Vistas las cartas de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Pesca, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Subcomisión de Seguridad y Defensa,

—

Vistos la Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se designa a la Comisión negociadora de la Unión, y su anexo, que contiene las directrices para la negociación de una nueva asociación (COM(2020)0035) (en lo sucesivo, «las directrices de negociación»),

—

Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el Reino Unido dejó de ser un Estado miembro de la Unión Europea el 31 de enero de 2020 a medianoche (hora central europea);

B.

Considerando que la Declaración política establece los parámetros de una asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible en materia de cooperación comercial y económica que tenga como eje central un acuerdo de libre comercio amplio y equilibrado, así como en cuestiones policiales y de justicia penal, en la política exterior, la seguridad y la defensa y en otros ámbitos de cooperación, y establece que, si, durante las negociaciones, la UE y el Reino Unido consideran que ello puede redundar en beneficio mutuo, las relaciones futuras podrán abarcar ámbitos de cooperación que vayan más allá de los descritos en la Declaración política;

C.

Considerando que la futura relación debe basarse en un equilibrio entre derechos y obligaciones, respetando la integridad del mercado único y la unión aduanera, así como la indivisibilidad de las «cuatro libertades»; que un Estado que no es miembro de la Unión y no cumple con las mismas obligaciones que un Estado miembro no puede tener los mismos derechos ni las mismas ventajas que un Estado miembro;

D.

Considerando que la Declaración política establece que la futura asociación económica estará respaldada por disposiciones que garanticen la igualdad de condiciones para una competencia abierta y leal;

E.

Considerando que la Unión y el Reino Unido seguirán siendo vecinos cercanos y compartiendo múltiples intereses;

F.

Considerando que una relación cercana de estas características bajo la forma de un amplio acuerdo de asociación entre la Unión y el Reino Unido podría considerarse un marco de las relaciones futuras apropiado que permita la protección y promoción de estos intereses comunes, incluida una nueva relación comercial;

G.

Considerando que el acuerdo sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido debe proporcionar un marco flexible que permita diversos grados de cooperación en un amplio abanico de ámbitos políticos, sobre la base de una estructura de gobernanza común con disposiciones adecuadas en materia de resolución de litigios;

H.

Considerando que dicha cooperación requerirá que ambas partes mantengan unas normas elevadas y sus compromisos internacionales en una serie de ámbitos políticos;

I.

Considerando que el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte del Acuerdo de Retirada prevé un marco jurídico que preserva el Acuerdo del Viernes Santo en su integridad y los derechos de la población de Irlanda del Norte y salvaguarda la integridad del mercado único y la economía del conjunto de la isla y, por lo tanto, evita una frontera física mientras el mecanismo de consentimiento prevea su continuación; que la obligación del Reino Unido de garantizar la aplicación del Acuerdo del Viernes Santo en su integridad es aplicable en todas las circunstancias;

J.

Considerando que es conveniente que las instituciones de la Unión y los Estados miembros, junto con instituciones públicas y privadas, inicien los trabajos de preparación ante cualquier eventualidad que pueda surgir como resultado de las negociaciones entre la Unión y el Reino Unido;

K.

Considerando que la unidad continua de las instituciones de la Unión y los Estados miembros es clave para defender los intereses de la Unión y de sus ciudadanos a lo largo de las fases posteriores de las negociaciones, pero también para garantizar la pronta y satisfactoria conclusión de dichas negociaciones;

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Visto el Informe Anual 2018 del Banco Central Europeo (BCE),

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Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE, y en particular su artículo 15,

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Vistos el artículo 127, apartados 1 y 2, el artículo 130 y el artículo 284, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la audiencia de la candidata a la presidencia del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, celebrada el 4 de septiembre de 2019,

—

Visto el diálogo monetario entre el Parlamento Europeo y Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, de 23 de septiembre de 2019,

—

Visto el informe del grupo de trabajo del G7 sobre criptomonedas estables, de 18 de octubre de 2019, titulado «Investigating the impact of global stablecoins» (Investigación sobre el impacto de las criptomonedas estables de alcance mundial),

—

Vistos los Comentarios del BCE sobre las observaciones formuladas por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre el Informe Anual 2017 del BCE,

—

Visto el informe definitivo del grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, de 31 de enero de 2018, titulado «Financing a Sustainable European Economy» (Financiar una economía europea sostenible),

—

Vista su Resolución, de 29 de mayo de 2018, sobre finanzas sostenibles (1) y su Resolución legislativa, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (2),

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Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—

Visto el Acuerdo de París del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),

—

Visto el artículo 142, apartado 1, de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0016/2020),

A.

Considerando que, según las previsiones económicas de otoño de 2019 de la Comisión, las últimas cifras de 2019 reflejan una desaceleración del crecimiento del PIB que pasa, en la zona del euro, del 1,9 % en 2018 al 1,1 % en 2019 y, en la UE-27, del 2,1 % en 2018 al 1,4 % en 2019, debido a la reciente escalada de las tensiones comerciales, a la consiguiente incertidumbre y al Brexit;

B.

Considerando que, según las cifras de Eurostat, la tasa de desempleo en agosto de 2019 fue del 6,2 % en la Unión y del 7,4 % en la zona del euro, siendo estas las tasas más bajas desde julio de 2008; que la tasa de desempleo sigue siendo desigual dentro de la Unión; que la elevada tasa de desempleo juvenil, que dobla la tasa global, sigue constituyendo un grave problema que debe atajarse en la Unión; que persisten desigualdades regionales extraordinarias en materia de desempleo, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos;

C.

Considerando que, según las proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de septiembre de 2019, se espera que la inflación anual del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) para la zona del euro alcance el 1,2 %, el 1,0 % y el 1,5 % en 2019, 2020 y 2021, respectivamente, sin conseguir, por tanto, mantener las tasas de inflación por debajo pero cerca del 2 %; que las previsiones de inflación muestran diferencias sustanciales dentro de la zona del euro;

D.

Considerando que al acabar 2018 el balance del Eurosistema había alcanzado un nivel sin precedentes de 4,7 billones EUR, superando así el 40 % del PIB de la zona del euro, con un aumento del 4,25 % (0,2 billones) en comparación con las cifras de finales de 2017;

E.

Considerando que en 2018 el beneficio neto del BCE ascendió a 1 575 000 millones EUR, frente a los 1 275 000 millones EUR de 2017; que este aumento puede atribuirse principalmente al incremento de los ingresos netos por intereses obtenidos en la cartera de dólares estadounidenses y en la cartera del programa de compra de activos;

F.

Considerando que una posición reforzada del euro y su mayor uso como moneda de reserva aumentarían la capacidad de la Unión para definir su orientación monetaria con independencia de otras potencias mundiales y constituirían un elemento fundamental para salvaguardar la soberanía económica europea;

G.

Considerando que, para que el euro vea reforzado su posición mundial, la zona del euro debe antes demostrar que es capaz de superar una recesión sin que ninguno de sus Estados miembros recurra a quitas (voluntarias o no) de deuda pública;

H.

Considerando que el artículo 127, apartado 5, del TFUE encomienda al SEBC contribuir al mantenimiento de la estabilidad financiera;

I.

Considerando que las pymes, que siguen siendo el pilar de la economía y la sociedad de la Unión y refuerzan la cohesión económica y social, necesitan mayor apoyo;

J.

Considerando que la emisión mundial de bonos verdes ha pasado de menos de 1 000 millones EUR en 2008 a más de 120 000 millones EUR en 2017, y que la emisión neta de bonos verdes denominados en euros se ha multiplicado por diez desde 2013; que la distancia entre los diferenciales de los bonos verdes y los del sector industrial en su conjunto se ha ido reduciendo gradualmente;

K.

Considerando que, a pesar de esta tendencia positiva, los bonos verdes siguen representando solo el 1 % de la oferta global de bonos denominados en euros;

L.

Considerando que el volumen de transacciones efectuadas con monedas virtuales ha aumentado drásticamente y constituye un desafío al predominio de los sistemas tradicionales de monedas de curso legal; que las monedas virtuales son medios de pago alternativos, pero no son de curso legal;

M.

Considerando que, según el Eurobarómetro de diciembre de 2018, el respaldo popular al euro aumentó hasta el 75 % en 2018;

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Vista la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del anexo A de la Directiva 90/425/CEE (1),

—

Visto el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con arreglo al cual, al formular y aplicar las políticas, la Unión y los Estados miembros deben tener plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles,

—

Vistos el artículo 114 del TFUE relativo al establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y el artículo 169 del TFUE relativo a las medidas de protección de los consumidores,

—

Vistos el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales («Legislación sobre sanidad animal») (2) y los poderes delegados y las competencias de ejecución atribuidos a la Comisión por dicho Reglamento,

—

Vistos el Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 998/2003 (3) y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 577/2013 de la Comisión, de 28 de junio de 2013, relativo a los modelos de documentos de identificación para los desplazamientos sin ánimo comercial de perros, gatos y hurones, la elaboración de listas de terceros países y territorios y los requisitos lingüísticos, de formato y de configuración de las declaraciones por las que se certifique el cumplimiento de determinadas condiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.o 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4),

—

Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la introducción de sistemas compatibles de registro de animales de compañía en los Estados miembros (5),

—

Visto el estudio financiado por la Comisión (SANCO 2013/12364) sobre el bienestar de los perros y gatos objeto de prácticas comerciales, realizado de conformidad con la declaración de la Comisión adjunta al Reglamento (UE) n.o 576/2013 (6),

—

Vistos los resultados del Plan de la UE sobre el control coordinado de las ventas en línea de perros y gatos (7),

—

Vistas las preguntas a la Comisión y al Consejo sobre la protección del mercado interior y los derechos de los consumidores de la Unión frente a las consecuencias negativas del comercio ilegal de animales de compañía (O-000011/2020 — B9-0004/2020 y O-000010/2020 — B9-0003/2020),

—

Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que las ONG, los servicios encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades competentes y los veterinarios han aportado pruebas del aumento del número de animales de compañía que son objeto de un comercio ilegal entre los Estados miembros, a menudo por parte de redes de delincuencia organizada, mediante la elusión de controles, la falsificación de documentos y el mal uso generalizado del Reglamento (UE) n.o 576/2013, que se ocupa de los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, cuando, en realidad, deberían ser transportados con arreglo a la Directiva 92/65/CEE del Consejo;

B.

Considerando que se calcula que el comercio ilegal de animales de compañía dentro de la Unión puede generar unos beneficios muy altos con un riesgo mínimo de ser detectados para los agentes implicados, entre ellos los criadores ilegales, lo que repercute negativamente en la rentabilidad del sector de cría legal de animales;

C.

Considerando que muchos de los anuncios en los que se publicita la venta de animales en línea son de procedencia ilegal;

D.

Considerando que no existen normas comunes a escala de la Unión sobre la cría de animales de compañía y que las diferencias legislativas entre los distintos Estados miembros en cuanto a las normas relativas al bienestar animal para los criadores han provocado unas grandes diferencias en los precios de los animales de compañía vendidos en el mercado interior, lo que aprovechan los comerciantes ilegales;

E.

Considerando que en grandes instalaciones de producción en masa los animales no son tratados de manera adecuada a sus necesidades, lo que tiene consecuencias graves y duraderas para su salud, su bienestar y su desarrollo conductual;

F.

Considerando que los traficantes y los vendedores ilegales suelen actuar con total impunidad, pues saben con certeza que la mayoría de clientes que adquieren un animal de compañía en un precario estado de salud no emprenderán acciones judiciales;

G.

Considerando que la cría ilegal de gatos y perros suele llevarse a cabo en condiciones terribles y que los costes se mantienen lo más bajos posible; que a menudo los animales recién nacidos criados ilegalmente son separados de sus madres muy pronto y sufren problemas de socialización, propensión a las enfermedades, estrés, malnutrición, deshidratación y un mayor riesgo de hipotermia mientras se les somete a largos trayectos por la Unión en condiciones de hacinamiento y suciedad, sin comida, agua, aire acondicionado ni pausas; que los cachorros y las crías de gatos jóvenes suelen llegar al país de destino sin destetar y desprovistos de habilidades sociales básicas;

H.

Considerando que, pese a los avances, siguen existiendo enormes inquietudes en torno a los pasaportes de los animales de compañía en lo que respecta, por ejemplo, a la comprobación de la edad de cada animal y la posibilidad de modificación de los pasaportes; que se han registrado un gran número de pasaportes falsificados de animales de compañía y que los veterinarios suelen ponerse de acuerdo con los traficantes en esta práctica ilegal, lo que complica los controles y las investigaciones (8);

I.

Considerando que, a menudo, los animales de compañía criados ilegalmente no son vacunados o lo son solo parcialmente, o no reciben los tratamientos necesarios contra las enfermedades; que el tráfico ilegal de animales de compañía lleva aparejados varios riesgos zoonóticos, incluida la introducción de la rabia procedente de zonas endémicas de Europa en países libres de esta enfermedad, así como de parásitos, como el Echinococcus multilocularis, que se propaga con facilidad y es difícil de controlar (9);

J.

Considerando que la legislación sobre sanidad animal, que será de aplicación a partir del 21 de abril de 2021, aumentará la transparencia del comercio en línea de gatos y perros, y mejorará la salud y el bienestar de los animales; que la legislación sobre sanidad animal obliga de forma estricta a todos los vendedores, criadores, transportistas y centros de agrupamiento de perros y gatos a registrar sus establecimientos ante la autoridad nacional competente;

K.

Considerando que, además de perjudicar el bienestar de los animales, el tráfico ilegal de animales de compañía tiene repercusiones negativas en la protección de los consumidores, en el buen funcionamiento del mercado interior de la Unión debido a la competencia desleal, y en las finanzas públicas por la pérdida de ingresos fiscales;

L.

Considerando que, en la actualidad, un método muy común para comprar animales de compañía en la Unión es por medio de anuncios clasificados en línea, seguido de cerca por las redes sociales (10); que los derechos de los consumidores que adquieren animales de compañía a través de anuncios en línea gozan de poca protección, tanto a nivel nacional como de la Unión; que en los mercados de los Estados miembros o directamente en vehículos a lo largo de las fronteras interiores de la Unión se vende una gran cantidad de animales de compañía criados ilegalmente;

M.

Considerando que el 65 % de los encuestados en el Eurobarómetro Flash sobre los contenidos en línea ilegales no cree que internet sea seguro para los usuarios y que el 90 % está de acuerdo en que los servicios de alojamiento en línea deberían eliminar de forma inmediata el contenido que el público o las fuerzas de seguridad señalen como ilegal; que el 60 % de los usuarios de internet dicen utilizar una red social en línea una vez a la semana como mínimo y que la mayoría también compra en mercados en línea al menos ocasionalmente, siendo un 30 % quienes acceden a estos mercados por lo menos una vez a la semana; que el 69 % de los usuarios de internet en la Unión afirma que realiza compras en línea, cuyo volumen se incrementa cada año, también las que atañen a animales (11);

N.

Considerando que el maltrato al que se somete a los animales de compañía, incluidos aquellos que se crían, mantienen y venden para convertirlos en animales de compañía en hogares, para actividades de ocio, deportivas o para trabajar, como los galgos, y los animales vagabundos, sigue siendo una gran preocupación para muchos ciudadanos; que una (mejor) identificación y un registro de los animales de compañía puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra el maltrato animal y en el fomento de una posesión responsable de los animales de compañía; que la identificación y el registro son elementos clave de una gestión no letal y compasiva de los animales vagabundos y de una reducción gradual de sus poblaciones;

O.

Considerando que más del 70 % de las nuevas enfermedades aparecidas en los seres humanos las últimas décadas son de origen animal, y que los animales considerados comúnmente como animales de compañía son portadores de 41 zoonosis, incluida la rabia (12);

P.

Considerando que los animales de compañía de las especies enumeradas en la parte A del anexo I del Reglamento (UE) n.o 576/2013 no se deben desplazar de un Estado miembro a otro salvo que se les implante un transpondedor; que no se requiere la identificación obligatoria armonizada de los gatos y perros que permanezcan dentro de las fronteras nacionales y no se desplacen a otros Estados miembros; que sigue habiendo muchos gatos y perros sin identificar ni registrar en los Estados miembros;

Q.

Considerando que el Plan de la UE sobre el control coordinado de las ventas en línea de perros y gatos mostró incoherencias entre las actividades y el estatus de los comerciantes en el 42 % de los anuncios inspeccionados (13);

R.

Considerando que algunos sitios web de anuncios clasificados están empezando a adoptar, de forma voluntaria, normas más estrictas para verificar la identidad de los vendedores en línea y mejorar el bienestar de los animales;

S.

Considerando que la mayoría de los Estados miembros ya han establecido requisitos para la identificación y el registro de gatos y perros; que los requisitos de identificación de gatos, perros y hurones no están armonizados, lo que ha dado lugar a un uso indebido de los códigos de país y a la utilización de códigos duplicados e incorrectos, entre otros problemas (14); que la mayoría de las bases de datos de registro no están interconectadas, lo que limita la trazabilidad en la UE;

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República de Guinea,

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Vista la declaración conjunta de las Naciones Unidas, la Unión Europea y las Embajadas de los Estados Unidos y Francia en la República de Guinea, de 5 de noviembre de 2019,

—

Visto el comunicado de la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), de 4 de noviembre de 2019, tras los incidentes ocurridos en Conakry,

—

Visto el comunicado de prensa de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la represión de las manifestaciones en la República de Guinea, de 9 de noviembre de 2019,

—

Visto el trigésimo quinto período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado del 20 al 31 de enero de 2020,

—

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (Acuerdo de Cotonú),

—

Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada el 27 de junio de 1981 y que entró en vigor el 21 de octubre de 1986,

—

Vista la Constitución de la República de Guinea, aprobada por el Consejo Nacional de Transición el 19 de abril de 2010 y adoptada el 7 de mayo de 2010,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

—

Visto el 11.o Programa Indicativo Nacional del Fondo Europeo de Desarrollo para el período 2015-2020 por el que se asignan fondos a la República de Guinea,

—

Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el presidente Alpha Condé ha permanecido en el poder en la República de Guinea desde su elección en 2010 y su reelección en 2015; que desde mediados de octubre de 2019 se han producido manifestaciones de protesta masivas en el país, principalmente por parte del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), ante los temores de la oposición de que el presidente Condé intente ampliar sus facultades constitucionales; que la Constitución de la República de Guinea limita a dos los mandatos presidenciales; que el segundo mandato del presidente Condé debe concluir a finales de 2020;

B.

Considerando que su elección para la Presidencia en 2010 fue el primer paso en favor de reformas democráticas y una mayor transparencia tras años de gobierno militar; que el presidente Condé está acusado de corrupción y de imponer restricciones a las libertades políticas; que una reforma constitucional con el único objetivo de ampliar los límites del mandato presidencial de Alpha Condé ha desencadenado la violencia;

C.

Considerando que, recientemente, el presidente Condé también ha intentado desvirtuar las barreras institucionales a su reforma influyendo en el Tribunal Constitucional de la República de Guinea y en la Comisión Electoral; que en marzo de 2018 el presidente del Tribunal Constitucional, Kéléfa Sall, fue destituido; que el ministro de Justicia, Cheick Sako, ha dimitido por su oposición a los cambios en la Constitución que permitan un tercer mandato presidencial;

D.

Considerando que el partido gobernante, la Unión del Pueblo Guineano, carece de la mayoría parlamentaria de dos tercios necesaria para modificar la Constitución; que un referéndum sobre la reforma constitucional eludiría al Parlamento de la República de Guinea;

E.

Considerando que, el 19 de diciembre de 2019, el presidente Condé anunció planes para la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional el 1 de marzo de 2020; que las elecciones legislativas previstas inicialmente para el 16 de febrero de 2020 se han aplazado y tendrán lugar el mismo día que el referéndum; que la nueva Constitución propuesta incluye una ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, con un límite de dos mandatos; que se espera que el presidente Condé utilice esta modificación de la Constitución para buscar un tercer mandato presidencial;

F.

Considerando que el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) —una alianza de partidos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos— ha organizado protestas y piensa convocar huelgas en contra de la modificación de la Constitución; que al menos siete miembros del FNDC fueron detenidos entre el 12 de octubre y el 28 de noviembre de 2019 y fueron objeto de un proceso penal fundado en que sus convocatorias de protestas contra el nuevo proyecto de Constitución eran actos o acciones que podían perturbar el orden público y poner en peligro la seguridad pública, antes de que fueran finalmente absueltos como consecuencia de la presión internacional;

G.

Considerando que la situación en el país es explosiva, con una intensificación de las tensiones políticas y brotes de protestas violentas; que la respuesta del Gobierno a esos brotes ha sido contundente y que la policía ha reaccionado con una fuerza excesiva, indebida e ilegal contra los manifestantes, informando las organizaciones de derechos humanos sobre barricadas, tiroteos y gases lacrimógenos, principalmente en la capital, Conakry, así como en Mamou, baluarte de la oposición en el norte; que la policía utilizó presuntamente a una mujer como escudo humano en Wanindara para protegerse de las piedras arrojadas por los manifestantes;

H.

Considerando que Fodé Oussou Fofana, vicepresidente del principal partido de la oposición (la Unión de las Fuerzas Democráticas de la República de Guinea), ha acusado al presidente de perpetrar un «golpe de Estado constitucional» y de «fraude»; que los partidos de la oposición se han comprometido a boicotear las elecciones legislativas como señal de protesta;

I.

Considerando que tanto la CEDEAO como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos han pedido que se respeten los derechos fundamentales de los manifestantes y que las fuerzas de seguridad mejoren su gestión de las manifestaciones;

J.

Considerando que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que las fuerzas de seguridad, en su respuesta a las protestas que comenzaron en Conakry los días 14 y 15 de octubre de 2019, «incumplieron las normas internacionales sobre el uso de la fuerza»; que el funeral de los manifestantes asesinados durante estas protestas se vio empañado por más violencia y muertes;

K.

Considerando que la República de Guinea ocupa el puesto 101 entre los 180 países que figuran en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2019; que desde 2015 al menos veinte periodistas han sido citados, detenidos o sometidos a procesos judiciales; que, desde el inicio de las manifestaciones en octubre de 2019, se ha detenido a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, incluido Abdourahmane Sanoh (el coordinador del FNDC), quien fue puesto posteriormente en libertad, mientras que otras personas aún se encuentran detenidas y son objeto de violencia; que en el transcurso de las protestas han sido asesinados al menos veintiocho civiles y un gendarme; que las organizaciones de derechos humanos estiman que al menos setenta manifestantes y transeúntes han sido asesinados desde 2015, incluido el estudiante Amadou Boukariou Baldé, quien fue golpeado hasta su muerte por fuerzas policiales durante las protestas en la Universidad de Labé en mayo de 2019;

L.

Considerando que varias ONG locales han condenado las condiciones de encarcelamiento en la República de Guinea, en particular las deficiencias graves en materia de masificación, alimentación y nutrición, y la falta de formación impartida a la mayoría de los vigilantes de prisiones (según el informe de Human Rights Watch); que estas condiciones son motivo de preocupación en todo el país, pero que son especialmente graves en la prisión central de Conakry;

M.

Considerando que la República de Guinea es uno de los países más pobres de África, y que lleva años sufriendo una mala gestión económica y corrupción, aun contando con la mayor reserva mundial de bauxita en las minas próximas a Boke; que dos tercios de sus 12,5 millones de habitantes viven en la pobreza y que la crisis del ébola entre 2013 y 2016 debilitó significativamente la economía del país; que los jóvenes menores de veinticinco años, que constituyen más del 60 % de la población, se ven especialmente afectados por el desempleo;

N.

Considerando que, en el contexto actual de protestas contra la reforma de la Constitución, que ha exacerbado la confrontación entre el Gobierno y los partidos de la oposición, la OGDH (Organización de los Derechos Humanos y los Derechos del Ciudadano de la República de Guinea) ha denunciado las reiteradas violaciones de los derechos humanos en la República de Guinea; que estas violaciones dan lugar a la destrucción de edificios e instalaciones públicos, a intentos de provocar divisiones étnicas y a desalojos forzosos de propiedades privadas; que, entre febrero y mayo de 2019, el Gobierno de la República de Guinea desalojó a más de 20 000 personas de barrios de Conakry con el fin de facilitar terrenos destinados a ministerios, embajadas, empresas y otros proyectos de obras públicas;

O.

Considerando que, entre 2014 y 2020, la Unión Europea proporcionó apoyo a la República de Guinea a través del 11.o Programa Indicativo Nacional del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) por un importe de 244 millones de euros, destinado principalmente a la reforma institucional y la modernización de la administración, el saneamiento urbano, la sanidad, el transporte por carretera y el apoyo al ordenador de pagos nacional;

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Madagascar, en particular las de 9 de junio de 2011 (1) y 16 de noviembre de 2017 (2),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vista la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, de 1924, y su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959,

—

Vistas las Directrices de la UE para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño,

—

Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que reconoce explícitamente la promoción de los derechos del niño en los asuntos interiores y exteriores como un objetivo de la Unión,

—

Visto el Convenio n.o 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo, de 6 de junio de 1973, y el Convenio n.o 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 1 de junio de 1999,

—

Vista su posición adoptada en primera lectura el 16 de marzo de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema de la Unión para la autocertificación de la diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores responsables de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo (3) (Reglamento sobre minerales de zonas de conflicto),

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»),

—

Visto el Comité de los Derechos del Niño,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre el trabajo infantil,

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Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar», de 2011,

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2019, sobre los derechos del niño con ocasión de la celebración del 30.o aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (4),

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de julio de 2019, por la que se declara 2021 Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, que llevan por título «Construir una Europa sostenible para 2030» (5),

—

Vistas las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo, incluidos sus anexos y suplementos,

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas (6),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales (7),

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, de 2011,

—

Vista la observación general n.o 24 (2017) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales (E/C.12/GC/24),

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Visto el documento «Derechos del Niño y Principios Empresariales», elaborado por UNICEF,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2016, sobre la UE y las cadenas de valor mundiales responsables,

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Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países (8),

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Visto el informe de la Federación Internacional Terre des Hommes titulado «Child Labour in Madagascar’s Mica Sector» (Trabajo infantil en el sector de la mica en Madagascar), de noviembre de 2019 (9),

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Visto el artículo 26 del Acuerdo de Cotonú,

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Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño declara que «los Estados Partes reconocen el derecho de los niños a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social»;

B.

Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional de derechos humanos de ratificación más generalizada, ratificado por todos los Estados miembros de la Unión, y que impone a los Estados las obligaciones jurídicas inequívocas de promover, proteger y defender los derechos de todos los menores en sus jurisdicciones respectivas;

C.

Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a promover y proteger los derechos del niño en sus acciones interiores y exteriores, y a actuar en consonancia con el Derecho internacional, incluidas las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos (10);

D.

Considerando que la Carta exige que el interés superior del niño sea una consideración primordial en todos los actos de la Unión y prohíbe el trabajo infantil, fijando la edad mínima de admisión al trabajo, que no podrá ser inferior a la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, así como establece que los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación;

E.

Considerando que el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el artículo 24 de la Carta respetan el derecho del niño a ser escuchado y a que se tengan en cuenta sus opiniones en los asuntos que le afecten, en función de su edad y madurez;

F.

Considerando que la Unión se ha comprometido a aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y a cumplir sus objetivos y metas, incluido el ODS 8.7, que exige «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas» (11);

G.

Considerando que aproximadamente 152 millones de niñas y niños de edades entre los 5 y 17 años en todo el mundo están involucrados en trabajo infantil (12) y que en los países menos desarrollados vive la mayor proporción de niños que trabajan; que África, con 72,2 millones de víctimas de trabajo infantil, y Asia y el Pacífico, con 62,1 millones, son las regiones del mundo con el mayor número de víctimas de trabajo infantil; que la agricultura, los servicios y la industria, incluida la minería, son los tres sectores principales con presencia de trabajo infantil; que, aunque se han producido algunos avances en la reducción del trabajo infantil, la OIT estima que el ritmo de reducción todavía mantendrá a 121 millones de niños y niñas en el trabajo infantil en 2025;

H.

Considerando que el artículo 3, letra d), del Convenio n.o 182 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1999, para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil define el trabajo infantil peligroso como «el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños»; que Madagascar ha ratificado todos los tratados internacionales fundamentales sobre el trabajo infantil, a saber, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos, el Convenio n.o 138 de la OIT sobre la edad mínima y el Convenio n.o 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil; que el Gobierno ha elaborado un plan de acción nacional para combatir el trabajo infantil en Madagascar, en colaboración, entre otros, con organizaciones internacionales de empresarios y de trabajadores; que estos compromisos y medidas no producen resultados efectivos sobre el terreno;

I.

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo afirma en su definición del trabajo infantil que «no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar»; que «la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva»; que, a través de la Agenda 2063 de la Unión Africana y el Plan de Acción Decenal, firmado recientemente, para la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud en África (2020-2030), los países africanos se comprometen a eliminar todas las formas de trabajo infantil en el continente, de conformidad con el ODS 8.7 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas;

J.

Considerando que el «trabajo infantil peligroso» es la categoría que comprende los peores tipos de trabajo infantil y abarca a unos 73 millones de menores, de edades comprendidas entre 5 y 17 años, que trabajan en condiciones peligrosas en una amplia gama de sectores, incluida la minería (13); Considerando que, en 2018, el 47 % de todos los menores malgaches de edades comprendidas entre 5 y 17 años se dedicaban al trabajo infantil, incluidos unos 86 000 trabajadores infantiles en el sector minero (14); que la minería es el sector con las tasas de mortalidad más elevadas, con una media de 32 muertes por cada 100 000 menores con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años;

K.

Considerando que Madagascar es el quinto país con mayor número de menores no escolarizados (15); que la mitad de los niños menores de cinco años sufren de retraso en el crecimiento y solo el 13 % tienen acceso a la electricidad (16); que un 74 % del conjunto de la población vive por debajo del umbral nacional de pobreza y un 80 % vive en zonas rurales (17); que tres cuartas partes de la población vive con menos de 1,90 dólares estadounidenses al día; que, según Unicef, solo el 30 % de los niños malgaches tiene acceso a la escuela primaria; que la educación es fundamental para prevenir el trabajo infantil y mantener a los niños fuera de las calles, donde están expuestos a la trata y la explotación;

L.

Considerando que Madagascar es el tercer mayor exportador mundial de mica (6,5 millones de dólares estadounidenses en 2017) y uno de los países, junto con la India, China, Sri Lanka, Pakistán y Brasil, en los que es más elevado el riesgo de violación de los derechos de los niños en la minería de mica;

M.

Considerando que la mica se refiere a un grupo de diferentes minerales utilizado en los sectores de la electrónica y de la automoción y se encuentra en una amplia gama de productos, desde pinturas hasta acondicionadores del suelo, maquillaje y teléfonos inteligentes;

N.

Considerando que en el sector de la mica de Madagascar trabajan unos 11 000 menores; que la mayor parte de este trabajo infantil se concentra en las tres provincias meridionales de Anosy, Androy e Ihorombe, en las que los niños obtienen peores resultados en los estudios realizados en materia de salud, nutrición y desarrollo educativo;

O.

Considerando que los menores que trabajan en el sector de la mica en Madagascar están expuestos a condiciones de trabajo muy duras y poco seguras que les provocan dolores de espalda, dolores de cabeza a causa del calor y de la falta de agua u oxígeno en las minas, dolores musculares por el trabajo repetitivo y duro que realizan al llevar cargas pesadas, así como tos y problemas de las vías respiratorias frecuentes debido a las finas partículas de polvo de mica presentes en las minas y en los centros de tratamiento y sus alrededores, y que, además, sus vidas corren peligro por el riesgo de que las minas implosionen o se produzcan desprendimientos de tierra; que las autoridades de Madagascar no pueden proporcionar a muchas de las comunidades mineras un acceso adecuado a la asistencia sanitaria, a la educación o a instalaciones de agua potable limpias;

P.

Considerando que las causas profundas del trabajo infantil son la pobreza, la migración, la guerra o el deterioro del medio ambiente, el cambio climático, la falta de acceso a una educación de calidad, la falta de empleos decentes para los padres, la falta de protección social y de normas sociales; que la lucha contra el trabajo infantil requiere un enfoque pluridimensional y un análisis de las pautas del trabajo infantil en un contexto específico;

Q.

Considerando que Madagascar se encuentra en la parte inferior del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en el que ocupa el puesto 161 de una lista de 189 países (2017), que un 57 % de su población se encuentra en situación de pobreza multidimensional extrema, de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), y 1,3 millones de sus habitantes se vieron gravemente afectados por la inseguridad alimentaria en marzo de 2019 (18); que el trabajo infantil es un síntoma de causas profundas que se alimentan entre sí, como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a los servicios sociales básicos; que el trabajo infantil, como tal, no puede considerarse de forma aislada;

R.

Considerando que el sector de la mica en Madagascar está sujeto a una serie de complejos mecanismos fiscales, ya que los niveles impositivos sobre las exportaciones son relativamente bajos y no siempre proporcionan un beneficio directo a las comunidades mineras; que solo se han emitido cuarenta permisos de exportación, lo que sugiere que la mayor parte de los trabajos vinculados a la minería de mica se llevan a cabo de manera ilegal y en lugares artesanales no regulados y precarios; que el aumento de las exportaciones, combinado con una disminución significativa del precio por tonelada, ha agravado el riesgo de explotación laboral;

S.

Considerando que el Plan de Acción de la Unión Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (2015-2019) tenía como objetivo abordar el trabajo infantil, en particular ayudando a los países socios a promover, proteger y cumplir los derechos de los niños, centrándose en los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, la salud y la nutrición, la protección social y la lucha contra las peores formas de trabajo infantil, y rigiéndose siempre por el principio del «interés superior del niño» (19);

T.

Considerando que la Observación General n.o 16 del Comité sobre los Derechos del Niño «reconoce que los deberes y responsabilidades de respetar los derechos de los niños se extienden a la práctica más allá del Estado y los servicios e instituciones controlados por el Estado y se aplican a agentes y empresas privadas», añadiendo que «todas las empresas deben asumir sus responsabilidades en cuanto a los derechos de los niños y los Estados deben garantizar que lo hagan»;

U.

Considerando que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió a una política de tolerancia cero en materia de trabajo infantil en los acuerdos comerciales de la Unión (20) e instó a Dubravka Šuica, vicepresidenta propuesta de Democracia y Demografía, a desarrollar una estrategia global sobre los derechos del niño (21);

V.

Considerando que, en los últimos años, la Unión ha empezado a adoptar legislación para impulsar la responsabilidad social de las empresas e integrar en la legislación elementos relativos a la diligencia debida en materia de derechos humanos, incluidos el Reglamento sobre minerales de zonas de conflicto y la Directiva de la Unión sobre información no financiera; que los Estados miembros han comenzado a adoptar legislación nacional con el mismo objetivo, como la ley británica sobre esclavitud moderna, la ley francesa sobre el deber de diligencia de las empresas multinacionales, la ley neerlandesa de diligencia debida en materia de trabajo infantil o los planes de acción nacionales de Alemania e Italia para aplicar los principios rectores de las Naciones Unidas; que la Comisión ha anunciado su intención de estudiar formas de mejorar la transparencia a lo largo de toda la cadena de suministro, incluidos los aspectos de la diligencia debida obligatoria;

W.

Considerando que el Parlamento instó a la Comisión a que examinara la posibilidad de prohibir las importaciones a la Unión de productos fabricados por menores en una Resolución de 2010 y reiteró sus peticiones en una Resolución de 2016 en la que pedía «una propuesta legislativa equilibrada y realista», que incluyera medidas como el etiquetado de productos elaborados sin recurrir a mano de obra infantil y la prohibición de importar productos fabricados por menores;

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Vistos el 64.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y su tema prioritario, a saber, la revisión y evaluación de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín,

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Vistos la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción para el empoderamiento de las mujeres aprobadas en Pekín y los documentos finales correspondientes de los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Pekín + 5, + 10, + 15 y + 20 sobre nuevas acciones e iniciativas para poner en práctica la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, aprobados el 9 de junio de 2000, el 11 de marzo de 2005, el 2 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2015, respectivamente,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

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Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre de 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en particular los ODS 3 y 5,

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Visto el Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015,

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Visto el informe de 2019 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género titulado «Pekín + 25: quinta revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE»,

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Vista la Resolución ECE/AC.28/2019/3 de la Comisión Económica para Europa (reunión regional de revisión de Pekín + 25),

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Vistos el Plan de Acción de la Unión en materia de género 2016-2020 (Plan de Acción II), adoptado por el Consejo el 26 de octubre de 2015, y su informe anual de ejecución de 2018, publicado el 11 de septiembre de 2019 por la Comisión y la alta representante,

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Vista la Iniciativa Spotlight de la Unión y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2018, sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 9 y 10 de diciembre de 2019, sobre el tema «Economías que fomentan la igualdad género en la UE: perspectivas de futuro»,

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Vistas las Conclusiones de la Presidencia, de 6 de diciembre de 2018, sobre la igualdad de género, la juventud y la digitalización,

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Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión (1),

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Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE (2),

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Vista su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (3),

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Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género (4),