(1)

Aunque la seguridad nacional sigue siendo exclusivamente una competencia de los Estados miembros, para protegerla es necesaria la cooperación y la coordinación a nivel de la Unión. El objetivo de la Unión consistente en garantizar un nivel elevado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia en virtud del artículo 67, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debe lograrse, entre otras cosas, mediante medidas destinadas a prevenir y combatir la delincuencia y a asegurar la coordinación y la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales y otras autoridades nacionales de los Estados miembros, incluidas la coordinación y la cooperación con las agencias de la Unión pertinentes u otros organismos de la Unión pertinentes, con terceros países y organizaciones internacionales pertinentes así como con la ayuda del sector privado y de la sociedad civil.

(2)

Para el período 2015-2020, la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo definieron unas prioridades comunes, recogidas en la Agenda Europea de Seguridad de abril de 2015, que fueron confirmadas por el Consejo en la Estrategia renovada de Seguridad Interior de junio de 2015 y por el Parlamento Europeo en su Resolución de julio de 2015, en concreto la prevención del terrorismo y la radicalización, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia, y la lucha contra estos fenómenos. Dichas prioridades comunes se han reafirmado para el período 2020-2025 en la Comunicación de 24 de julio de 2020 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad».

(3)

En la Declaración de Roma, firmada el 25 de marzo de 2017, los dirigentes de veintisiete Estados miembros, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea expresaron su compromiso de obrar en pro de una Europa segura y protegida y de crear una Unión en la que todos los ciudadanos se sientan seguros y puedan circular libremente, en la que las fronteras exteriores estén protegidas, por medio de una política migratoria eficiente, responsable y sostenible que respete las normas internacionales, así como una Europa decidida a luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

(4)

El Consejo Europeo de 15 de diciembre de 2016 pidió continuidad en la obtención de resultados en materia de interoperabilidad de los sistemas de información y bases de datos. El Consejo Europeo de 23 de junio de 2017 puso de relieve la necesidad de mejorar la interoperabilidad entre las bases de datos, y, el 12 de diciembre de 2017, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y migración).

(5)

Con el fin de preservar el acervo de Schengen y contribuir a garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión, los Estados miembros están obligados, desde el 6 de abril de 2017, a llevar a cabo controles sistemáticos de los ciudadanos de la Unión que cruzan las fronteras exteriores de la Unión mediante la consulta de las bases de datos pertinentes. Además, la Comisión emitió una Recomendación a los Estados miembros relativa a hacer un mejor uso de los controles policiales y la cooperación policial transfronteriza. La solidaridad entre los Estados miembros, un reparto de tareas claro, el respeto de los derechos y libertades fundamentales y del Estado de Derecho, una gran atención a la perspectiva mundial y la necesaria coherencia con la dimensión exterior de la seguridad deben ser los principios clave que guíen la actuación de los Estados miembros y de la Unión hacia el desarrollo de una Unión de la Seguridad genuina y efectiva.

(6)

Para lograr este objetivo debe actuarse a nivel de la Unión para proteger a las personas, los espacios públicos y las infraestructuras críticas frente a amenazas de carácter cada vez más transnacional, y para respaldar la labor que llevan a cabo las autoridades competentes de los Estados miembros. El terrorismo, la delincuencia grave y organizada, la delincuencia itinerante, el tráfico ilícito de armas y drogas, la corrupción, el blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia, la explotación sexual, incluida la explotación sexual de menores, así como las amenazas híbridas, químicas, biológicas, radiológicas y nucleares y la trata de seres humanos siguen siendo, entre otros, un reto para la seguridad interior de la Unión. La seguridad interior es una tarea compartida a la que las instituciones de la Unión, las agencias de la Unión pertinentes y los Estados miembros deben contribuir de forma conjunta.

(7)

A fin de contribuir al desarrollo y a la aplicación de una Unión de la Seguridad genuina y efectiva destinada a garantizar un nivel elevado de seguridad interior en toda la Unión, se debe crear y gestionar un Fondo de Seguridad Interior (en lo sucesivo, «Fondo») para prestar a los Estados miembros el apoyo financiero de la Unión adecuado.

(8)

La financiación con cargo al presupuesto de la Unión deberá centrarse en acciones para las cuales la intervención de la Unión pueda aportar un valor añadido en comparación con la actuación de los Estados miembros por sí solos. En consonancia con el artículo 84 y el artículo 87, apartado 2, del TFUE, el Fondo debe apoyar medidas para promover y respaldar la acción de los Estados miembros en el marco de la prevención de la delincuencia, la formación conjunta de personal y la cooperación policial, así como la cooperación judicial en materia penal, con la participación de las autoridades competentes de los Estados miembros y las agencias de la Unión, en particular en lo que respecta al intercambio de información, el incremento de la cooperación operativa y el apoyo a los esfuerzos necesarios para reforzar las capacidades en el ámbito de la prevención del terrorismo y la delincuencia grave y organizada y de la lucha contra estos fenómenos. El Fondo también debe apoyar la formación del personal y los expertos pertinentes, de conformidad con los principios generales del Programa Europeo de Formación de los Servicios con Funciones Coercitivas. El Fondo no debe apoyar los costes operativos y las actividades relacionadas con las funciones esenciales de los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior y nacional a que se refiere el artículo 72 del TFUE.

(9)

El Fondo debe ejecutarse con pleno respeto de los valores reconocidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los derechos y principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y de las obligaciones internacionales de la Unión en lo que respecta a los derechos humanos. En particular, el Fondo debe aplicarse en el pleno respeto de derechos fundamentales, como la dignidad humana, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, los derechos del menor y el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el pleno respeto del principio de no discriminación.

(10)

En consonancia con el artículo 3 del TUE, el Fondo debe apoyar actividades que garanticen la protección de los niños frente a la violencia, los abusos, la explotación y el abandono. El Fondo también deberá contemplar mecanismos de protección y asistencia a los testigos y víctimas menores de edad, en particular, a los que no estén acompañados o necesiten de custodia por otros motivos.

(11)

En consonancia con las prioridades conjuntas definidas en el ámbito de la Unión para garantizar un elevado nivel de seguridad en la Unión, el Fondo debe apoyar acciones dirigidas a hacer frente a las principales amenazas para la seguridad, en particular a la prevención del terrorismo y la radicalización, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia y la lucha contra estos fenómenos, así como acciones dirigidas a la asistencia y protección a las víctimas de delitos. El Fondo debe garantizar que la Unión y los Estados miembros estén también bien preparados para hacer frente a las amenazas emergentes o cambiantes, como el tráfico ilícito, también por canales en línea, las amenazas híbridas y las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, para crear una verdadera Unión de la Seguridad. Esto debería llevarse a cabo a través de la ayuda financiera en apoyo de la mejora del intercambio de información, el incremento de la cooperación operativa y la mejora de las capacidades nacionales y colectivas.

(12)

La ayuda financiera prestada a través del Fondo debe apoyar, en particular, el intercambio de información, la cooperación policial, la cooperación judicial en materia penal y la prevención en los ámbitos de la delincuencia grave y organizada, el tráfico ilícito de armas, la corrupción, el blanqueo de capitales, el tráfico ilícito de drogas, los delitos contra el medio ambiente, el terrorismo, la trata de seres humanos, la explotación de refugiados y migrantes irregulares, la explotación laboral grave, la explotación sexual y el abuso, incluidas la explotación sexual y el abuso de menores y mujeres, la distribución de imágenes de abusos a menores y la pornografía infantil, y la ciberdelincuencia. Asimismo, el Fondo debe apoyar la protección de las personas, los espacios públicos y las infraestructuras críticas contra incidentes relacionados con la seguridad, así como la preparación ante riesgos y crisis en materia de seguridad y su gestión eficaz, también mediante la formación conjunta, el desarrollo de políticas comunes, tales como estrategias, ciclos de políticas, programas y planes de acción, así como la actividad legislativa y la cooperación práctica.

(13)

El Fondo debe proporcionar apoyo financiero para abordar los desafíos emergentes que plantea el notable incremento de escala que han experimentado en los últimos años determinados tipos de delincuencia cometidos a través de internet, como el fraude en los pagos, la explotación sexual de menores y el tráfico ilícito de armas.

(14)

El Fondo debe basarse en los resultados y las inversiones alcanzados por sus predecesores: los programas «Prevención y lucha contra la delincuencia» (ISEC) y «Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo y de otros riesgos en materia de seguridad» (CIPS) para el período 2007-2013 y el instrumento para la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis, como parte del Fondo de Seguridad Interior para el período 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.o 513/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). El ámbito de aplicación del Fondo también debe permitir que se tengan en cuenta las novedades pertinentes.

(15)

Es necesario maximizar el impacto de la financiación de la Unión mediante la movilización, la puesta en común y el aprovechamiento de los recursos financieros públicos y privados. El Fondo debe promover y fomentar la implicación activa y significativa de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, así como del sector industrial europeo, en el desarrollo y la aplicación de la política de seguridad, en su caso con la implicación de otros agentes pertinentes, organismos y agencias de la Unión pertinentes y organizaciones internacionales pertinentes en relación con el objetivo del Fondo. No obstante, debe garantizarse que el apoyo del Fondo no se utilice para delegar en agentes privados cometidos previstos por ley o de carácter público.

(16)

El carácter transfronterizo del terrorismo y de la delincuencia grave y organizada requiere una respuesta coordinada y cooperación dentro de los Estados miembros y entre ellos y con los órganos y organismos de la Unión competentes. Todas las autoridades competentes de los Estados miembros, en especial los servicios policiales especializados, pueden disponer de información valiosa para luchar eficazmente contra el terrorismo y la delincuencia grave y organizada. Para acelerar los intercambios de información y mejorar la calidad de la información compartida, es fundamental crear confianza mutua. Deben explorarse y examinarse nuevos enfoques en materia de cooperación e intercambio de información, también relativos al análisis de amenazas, teniendo en cuenta los marcos existentes dentro y fuera del marco de la Unión, como el Centro de Inteligencia y de Situación de la UE (INTCEN), el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (CELT) de Europol, el Coordinador Europeo para la Lucha contra el Terrorismo y el Grupo «Contraterrorismo». El Fondo debe apoyar a las autoridades competentes de los Estados miembros responsables de la prevención, detección e investigación de infracciones penales a que se refiere el artículo 87 del TFUE, en la medida en que sus actividades estén incluidas en el ámbito de aplicación del Fondo. Todas las actividades financiadas deben respetar plenamente el estatuto jurídico de las diferentes autoridades competentes y las estructuras europeas, así como los principios requeridos de propiedad de la información.

(17)

A fin de aprovechar los conocimientos y la experiencia de las agencias descentralizadas con competencias en los ámbitos de cooperación y formación policial, drogas y seguimiento de las toxicomanías, derechos fundamentales, justicia y sistemas informáticos de gran magnitud, la Comisión debe implicar oportunamente a las agencias descentralizadas pertinentes en el trabajo del Comité de los Fondos de Interior, creado por el Reglamento (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (1), especialmente al inicio y a medio plazo de la programación. Cuando proceda, la Comisión también debe poder implicar oportunamente a las agencias descentralizadas pertinentes en el seguimiento y la evaluación, en particular con el fin de garantizar que las acciones apoyadas por el Fondo se ajusten al acervo aplicable de la Unión y a las prioridades de la Unión que se hayan acordado.

(18)

En el marco global de la estrategia de la Unión en materia de lucha contra las drogas, que propugna un planteamiento equilibrado basado en la reducción simultánea de la oferta y de la demanda, la ayuda financiera habilitada en el marco del Fondo debe apoyar las acciones encaminadas a prevenir y combatir el tráfico ilícito de drogas mediante la reducción de la oferta y de la demanda, en particular, las medidas contra la producción, fabricación, extracción, venta, transporte, importación o exportación de drogas ilegales, así como contra la posesión y la compra con propósito de traficar. El Fondo también debe abarcar los aspectos relacionados con la prevención de la política en materia de drogas. A fin de alcanzar más sinergias y una mayor coherencia en el ámbito de las drogas, aquellos elementos de los objetivos relacionados con las drogas, que en el período 2014-2020 entraban en el ámbito de aplicación del programa Justicia, se deben incorporar al Fondo.

(19)

Con el fin de garantizar que el Fondo contribuya de forma efectiva a un nivel más elevado de seguridad interior en toda la Unión y a la creación de una auténtica Unión de la Seguridad, el Fondo se debe utilizar de tal manera que proporcione el máximo valor añadido de la Unión posible a las acciones de los Estados miembros.

(20)

El Fondo debe apoyar inversiones en equipos, medios de transporte e instalaciones únicamente cuando dichas inversiones tengan un claro valor añadido de la Unión y solo en la medida en que sean necesarias para alcanzar los objetivos del Fondo. Por ejemplo, dichas inversiones podrían incluir inversiones en equipos necesarios para la criminalística, la vigilancia encubierta, la detección de explosivos y drogas y cualquier otro objetivo especializado que se inscriba en los objetivos del Fondo. El Fondo no debe financiar inversiones de importancia puramente nacional o inversiones que serían necesarias para el trabajo cotidiano de las autoridades competentes, como son los uniformes, los coches, los autobuses, las motos, las comisarías de policía, los centros de formación no especializados y el material de oficina.

(21)

En interés de la solidaridad dentro de la Unión y bajo la impronta de la responsabilidad compartida en la seguridad dentro de la Unión, en caso de que se detecten deficiencias o riesgos, especialmente a raíz de una evaluación de Schengen, el Estado miembro de que se trate deberá dar una respuesta adecuada a dichas deficiencias mediante el uso de los recursos de su programa para aplicar las recomendaciones adoptadas con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo (5).

(22)

A fin de contribuir al logro del objetivo de las políticas del Fondo (en lo sucesivo, «objetivo político»), los Estados miembros deben garantizar que las prioridades de sus programas atiendan a todos los objetivos específicos del Fondo, que las prioridades escogidas concuerden con las medidas de ejecución expuestas en el anexo II y que la asignación de recursos entre los diferentes objetivos sea proporcional a los retos y necesidades y garantice la consecución del objetivo político.

(23)

Teniendo presente el principio de eficiencia, se deberán buscar sinergias y coherencia con otros Fondos de la Unión y evitar los solapamientos entre acciones.

(24)

A fin de maximizar la consecución efectiva de los objetivos políticos, aprovechar las economías de escala y evitar solapamientos entre las acciones, e Fondo debe ser coherente con otros programas de financiación de la Unión en el ámbito de la seguridad y complementarse con estos. Se deben garantizar sinergias, en particular con el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, formado por el Instrumento de Gestión de las Fronteras y la Política de Visados establecido por el Reglamento (UE) 2021/… (2) y el Instrumento de Apoyo Financiero para Equipo de Control Aduanero establecido por el Reglamento (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo (6) (3), así como con los otros fondos de la política de cohesión a los que sea de aplicación el Reglamento (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo (7) (4), con el apartado de investigación en materia de seguridad del Programa Horizonte Europa establecido por el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), con el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores creado por el Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), con el programa Justicia establecido por el Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), con el Programa Europa Digital establecido por el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) y con el Programa InvestEU establecido por el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). Se deberán buscar sinergias, en particular en materia de seguridad de las infraestructuras y los espacios públicos, ciberseguridad, protección de las víctimas y prevención de la radicalización.

(25)

Con el fin de reforzar la complementariedad entre el Fondo y el Instrumento para la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, también debe ser posible utilizar equipos y sistemas de TIC polivalentes cuya utilización principal sea acorde con el presente Reglamento para lograr los objetivos del Instrumento para la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

(26)

Las medidas que reciban el apoyo del Fondo en terceros países o relacionadas con estos deben ejecutarse en sinergia y coherencia con otras acciones fuera de la Unión que tengan el apoyo de los instrumentos de la Unión, y complementarlas. En particular, en la ejecución de dichas acciones deberá buscarse la plena coherencia con los principios y objetivos generales de la acción exterior de la Unión, de su política exterior y su política de ayuda al desarrollo en relación con el país o región de que se trate. En lo que respecta a su dimensión exterior, el Fondo debe mejorar la cooperación con terceros países en ámbitos pertinentes para la seguridad interior de la Unión. En este contexto, la financiación de un mecanismo temático debe utilizarse para apoyar acciones en terceros países o en relación con estos, en el marco de los objetivos del Fondo, en particular con el fin de contribuir a combatir y prevenir la delincuencia, incluido el tráfico ilícito de drogas y la trata de seres humanos, así como a la lucha contra las redes transfronterizas de tráfico ilícito de personas.

(27)

Al ejecutar el mecanismo temático, la Comisión debe garantizar que la financiación atienda a los retos y necesidades presentes para la consecución de los objetivos del Fondo.

(28)

La financiación con cargo al presupuesto de la Unión deberá centrarse en acciones en las que la intervención de la Unión pueda aportar un valor añadido en comparación con la actuación de los Estados miembros por sí solos. La seguridad tiene una dimensión intrínsecamente transfronteriza y, por tanto, requiere una respuesta firme y coordinada de la Unión. El apoyo financiero prestado en virtud del presente Reglamento debe contribuir en particular a reforzar las capacidades nacionales y de la Unión en el ámbito de la seguridad.

(29)

Debe ser posible considerar que un Estado miembro no cumple el acervo de la Unión pertinente en lo que se refiere al uso del apoyo operativo en virtud del Fondo, cuando haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados en el ámbito de la seguridad, cuando exista un riesgo claro de violación grave por parte de ese Estado miembro de valores de la Unión al aplicar el acervo en materia de seguridad o cuando un informe de evaluación en el marco del mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen establecido en el Reglamento (UE) n.o 1053/2013 haya detectado deficiencias en el ámbito pertinente.

(30)

El Fondo debe responder a la necesidad de una mayor flexibilidad y simplificación, al tiempo que respeta los requisitos en relación con la previsibilidad, y garantizar que haya una distribución equitativa y transparente de los recursos a fin de cumplir los objetivos establecidos en el presente Reglamento. La ejecución del Fondo debe guiarse por los principios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia, valor añadido de la Unión y calidad del gasto. Además, el Fondo debe ejecutarse de la manera más sencilla posible.

(31)

Para optimizar el valor añadido de las inversiones financiadas total o parcialmente con cargo al presupuesto de la Unión, deben buscarse sinergias, en particular, entre el Fondo y otros programas de la Unión, incluidos los ejecutados en régimen de gestión compartida. Para maximizar esas sinergias, deben garantizarse mecanismos facilitadores esenciales clave que las fomenten, incluida la financiación acumulativa para una acción a partir del Fondo y de otro programa de la Unión. Dicha financiación acumulativa no debe exceder el total de los costes financiables de la dicha acción. A tal fin, el presente Reglamento debe establecer normas adecuadas, en particular sobre la posibilidad de declarar a prorrata el mismo coste o gasto a prorrata en el marco tanto del Fondo y como de otro programa de la Unión.

(32)

Cuando promuevan las acciones apoyadas por el Fondo, los perceptores de fondos de la Unión deben facilitar información en la lengua o lenguas correspondientes al público destinatario. Para garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión, sus perceptores deben mencionar su origen en sus comunicaciones sobre la acción. A tal fin, los perceptores deben asegurarse de que todas las comunicaciones a los medios de comunicación y al público exhiban el emblema de la Unión y mencionen expresamente el apoyo financiero de la Unión.

(33)

La Comisión debe poder utilizar recursos financieros en el marco del Fondo para promover las mejores prácticas e intercambiar información sobre la ejecución de este.

(34)

La Comisión debe publicar puntualmente información sobre el apoyo prestado a través del mecanismo temático en régimen de gestión directa o indirecta, y debe actualizar dicha información cuando proceda. Los datos deben poder clasificarse por objetivo específico, nombre del beneficiario, importe legalmente comprometido y naturaleza y finalidad de la medida.

(35)

El presente Reglamento debe establecer los importes iniciales para los programas, calculados sobre la base de los criterios establecidos en el anexo I.

(36)

Los importes iniciales para los programas de los Estados miembros deben constituir la base de las inversiones a largo plazo de los Estados miembros en seguridad. A fin de tener en cuenta los cambios en las amenazas para la seguridad interior y exterior o en la situación de referencia, debe asignarse un importe adicional a los Estados miembros en la fase intermedia del período de programación y basarse en los datos estadísticos que figuren en el anexo I, en función del estado de ejecución de sus programas.

(37)

Dado que las dificultades en el ámbito de la seguridad están en constante evolución, es necesario adaptar la asignación de fondos a los cambios en las amenazas para la seguridad interior y exterior y orientar la financiación hacia las prioridades con mayor valor añadido de la Unión. Parte de la financiación se debe asignar periódicamente, a través de un mecanismo temático, a acciones específicas, acciones de la Unión y ayuda de emergencia, a fin de responder a las necesidades urgentes y a los cambios en las políticas y prioridades de la Unión y para orientar la financiación hacia acciones con elevado valor añadido para la Unión.

(38)

Se debe alentar a los Estados miembros a que usen parte de las asignaciones de su programa para financiar las acciones mencionadas en el anexo IV mediante la recepción de una mayor contribución de la Unión, fundamentalmente por su importante valor añadido de la Unión o por su gran importancia para la Unión.

(39)

Parte de los recursos del Fondo disponibles podrían asignarse a los programas de los Estados miembros para la ejecución de acciones específicas que requieran cooperación entre los Estados miembros o para la ejecución de acciones específicas en situaciones en las que nuevos acontecimientos en la Unión requieran una financiación adicional para uno o más Estados miembros. La Comisión debe establecer tales acciones específicas en sus programas de trabajo.

(40)

El Fondo debe contribuir a financiar los costes de operativos relacionados con la seguridad interior a fin de permitir a los Estados miembros mantener capacidades que son cruciales para la Unión en su conjunto. Dicho apoyo debe consistir en el reembolso íntegro de costes específicos relacionados con los objetivos del Fondo y debe formar parte integrante de los programas de los Estados miembros.

(41)

A fin de contribuir al cumplimiento del objetivo político del Fondo en el ámbito nacional a través de los programas de los Estados miembros, el Fondo debe apoyar asimismo acciones a escala de la Unión. Estas acciones deben contribuir a fines estratégicos generales, dentro del ámbito de intervención del Fondo relativos al análisis de las políticas y la innovación, el aprendizaje mutuo y los acuerdos de colaboración transnacionales y el ensayo de nuevas iniciativas y acciones en toda la Unión o entre determinados Estados miembros. El Fondo debe apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, también a nivel local, para intercambiar buenas prácticas y promover la formación conjunta, incluida la concienciación del personal policial sobre la radicalización, y todas las formas de discriminación, que puedan conducir a la violencia, como el antisemitismo, antigitanismo y otras formas de racismo. A tal fin, podrían financiarse programas especializados de intercambio para el personal policial al inicio de su carrera.

(42)

Debe ser posible prestar ayuda de emergencia, de conformidad con el marco establecido en el presente Reglamento, con el fin de reforzar la capacidad de la Unión para reaccionar inmediatamente a incidentes relacionados con la seguridad y a nuevas amenazas emergentes para la Unión. No debe prestarse dicha ayuda para apoyar medidas meramente de contingencia o medidas a largo plazo ni para resolver situaciones en las que la urgencia de actuar se derive de la incapacidad de las autoridades competentes de planificar y reaccionar adecuadamente.

(43)

A fin de garantizar la flexibilidad necesaria para actuar y responder a las necesidades emergentes, debe ser posible dotar a las agencias descentralizadas de la Unión de los medios financieros adicionales adecuados para llevar a cabo determinadas tareas de emergencia. En los casos en los que la urgencia de la tarea que deba realizarse sea tal que no se haya podido completar a tiempo la modificación de sus presupuestos, dichas agencias descentralizadas deben ser admisibles como beneficiarias de la ayuda de emergencia, también en forma de subvenciones, de conformidad con las prioridades e iniciativas definidas a nivel de la Unión por las instituciones de la Unión.

(44)

A la luz del carácter transnacional de las acciones de la Unión y con el fin de promover una acción coordinada para cumplir el objetivo de garantizar el máximo nivel de seguridad en la Unión, las agencias descentralizadas deben excepcionalmente ser admisibles como beneficiarias de acciones de la Unión, también en forma de subvenciones, cuando contribuyan a la ejecución de acciones de la Unión que sean competencia de las agencias de que se trate y dichas acciones no estén cubiertas por la contribución de la Unión al presupuesto de dichas agencias descentralizadas a través del presupuesto anual. A fin de garantizar el valor añadido de la Unión, este apoyo debe ser coherente con las prioridades e iniciativas definidas a nivel de la Unión por sus instituciones.

(45)

El objetivo político del Fondo debe abordarse también mediante instrumentos financieros y garantías presupuestarias con arreglo a los ámbitos de actuación del Programa InvestEU establecido por el Reglamento (UE) 2021/523. Dicho apoyo financiero debe emplearse para corregir los fallos de mercado o situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, no deben solaparse con la financiación privada, ni ahuyentarla, o distorsionar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben tener un claro valor añadido de la Unión.

(46)

Las operaciones de financiación mixta tienen carácter voluntario y son operaciones que reciben apoyo del presupuesto de la Unión y que combinan formas de apoyo no reembolsables, formas de apoyo reembolsables, o ambas, procedentes del presupuesto de la Unión, con formas reembolsables de entidades de promoción y desarrollo o de otras entidades financieras públicas, así como apoyo procedente de entidades financieras comerciales e inversores.

(47)

El presente Reglamento establece una dotación financiera que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (13), debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(48)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») es aplicable al Fondo. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos.

(49)

A efectos de la ejecución de las acciones en régimen de gestión compartida, el Fondo debe formar parte de un marco coherente integrado por el presente Reglamento, el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE) 2021/… (5).

(50)

El Reglamento (UE) 2021/… (5) fija el marco para la actuación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el Fondo de Transición Justa, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, y establece, en particular, las normas relacionadas con la programación, el seguimiento y la evaluación, la gestión y el control de los fondos de la Unión ejecutados en régimen de gestión compartida. Además, es necesario especificar los objetivos del Fondo en el presente Reglamento y establecer disposiciones específicas en relación con las acciones que puedan financiarse en el marco del Fondo.

(51)

En el artículo 90 del Reglamento (UE) 2021/… (5) se establece un régimen de prefinanciación para el Fondo, y en el presente Reglamento se fija un porcentaje de prefinanciación específico. Asimismo, con el fin de garantizar que se pueda reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia, conviene fijar un porcentaje de prefinanciación específico para la ayuda de emergencia. El régimen de prefinanciación debe garantizar que los Estados miembros dispongan de los medios para prestar apoyo a los beneficiarios desde el inicio de la ejecución de sus programas.

(52)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución del presente Reglamento deben elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento. Al hacer esta elección, también debe tomarse en consideración la utilización de sumas a tanto alzado, la financiación a tipo fijo y los costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(53)

Con el fin de aprovechar al máximo el principio de auditoría única, conviene establecer normas específicas sobre el control y la auditoría de los proyectos en los que los beneficiarios sean organizaciones internacionales, cuyos sistemas de control interno hayan sido evaluados positivamente por la Comisión. En el caso de tales proyectos, las autoridades de gestión deben tener la posibilidad de limitar sus verificaciones de gestión siempre que el beneficiario facilite puntualmente todos los datos e información necesarios sobre el progreso del proyecto y sobre la admisibilidad de los gastos subyacentes. Además, cuando un proyecto ejecutado por una organización internacional forme parte de una muestra de auditoría, la autoridad de auditoría debe poder llevar a cabo su trabajo de conformidad con los principios de la Norma Internacional sobre los Servicios Relacionados (NISR) 4400 «Compromisos para la realización de procedimientos acordados sobre información financiera».

(54)

De conformidad con el artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo podrán ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no son subvencionables por la Unión, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible que los gastos en lo que se haya incurrido en relación con acciones financiadas en virtud del presente Reglamento en régimen de gestión directa y que ya se hayan iniciado puedan optar a financiación a partir del 1 de enero de 2021 por tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, aun cuando se hubiera incurrido en dichos gastos antes de la presentación de la solicitud de subvención o de la solicitud de ayuda.

(55)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (16), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (17) y (UE) 2017/1939 (18) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, la Fiscalía Europea está facultada para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (19).

De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes. Los Estados miembros deben cooperar plenamente y prestar toda la asistencia necesaria a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en lo relacionado con la protección de los intereses financieros de la Unión.

(56)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(57)

De conformidad con la Decisión 2013/755/UE del Consejo (20), las personas y entidades establecidas en los países o territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Fondo y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro con el que esté vinculado el país o territorio de ultramar de que se trate.

(58)

Con arreglo al artículo 349 del TFUE y en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 24 de octubre de 2017 titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea», que fue respaldada por el Consejo en sus Conclusiones de 12 de abril de 2018, los Estados miembros pertinentes deben velar por que sus programas den respuesta a las amenazas específicas a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas. El Fondo debe apoyar a dichos Estados miembros con recursos adecuados para que ayuden a las regiones ultraperiféricas según proceda.

(59)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (21), el Fondo debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Fondo en la práctica. Con el fin de medir los logros del Fondo, se deberán establecer indicadores y metas conexas en relación con cada uno de los objetivos específicos del Fondo. Estos indicadores deben ser cualitativos y cuantitativos.

(60)

La Comisión y los Estados miembros deberán supervisar la ejecución del Fondo a través de indicadores e informes financieros, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2021/… (6) y el presente Reglamento. A partir de 2023, los Estados miembros deben presentar a la Comisión informes anuales de rendimiento que abarquen el último ejercicio contable. Dichos informes deben incluir información sobre los progresos realizados en la ejecución de los programas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben presentar asimismo resúmenes de dichos informes a la Comisión. Esta debe traducir dichos resúmenes a todas las lenguas oficiales de la Unión y ponerlos a disposición del público en su sitio web, junto con enlaces a los sitios web de los Estados miembros a que se refiere el Reglamento (UE) 2021/… (6).

(61)

Teniendo en cuenta la importancia combatir el cambio climático, en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París, adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (22) y con la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las acciones previstas en el presente Reglamento deben contribuir a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % del gasto total del marco financiero plurianual a la integración de los objetivos climáticos en las políticas y a trabajar con la intención de destinar, en 2024, un 7,5 % del presupuesto a gastos en materia de biodiversidad y el 10 %, en 2026 y en 2027, teniendo en cuenta los solapamientos existentes entre los objetivos relativos al clima y los relativos a la biodiversidad. El Fondo debe apoyar actividades que respetan las normas y prioridades climáticas y medio ambientales de la Unión y que no causen un perjuicio significativo a objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

(62)

El Reglamento (UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (24) y cualquier otro acto aplicable al período de programación 2014-2020 debe seguir aplicándose a los programas y los proyectos financiados con arreglo al instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia y la gestión de crisis, como parte del Fondo de Seguridad Interior durante el período de programación 2014-2020. Puesto que el período de ejecución del Reglamento (UE) n.o 514/2014 coincide con el período de programación cubierto por el presente Reglamento, y con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de determinados proyectos aprobados con arreglo al citado Reglamento, conviene establecer disposiciones de ejecución escalonada de los proyectos. Cada una de las fases del proyecto debe ejecutarse con arreglo a las normas del período de programación en virtud del cual recibe financiación.

(63)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(66)

A fin de completar o modificar los elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión las competencias para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE en lo que respecta a la lista de las acciones que pueden optar a porcentajes más elevados de cofinanciación del anexo IV, el apoyo operativo en virtud del anexo VII y el desarrollo ulterior del marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(65)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (25). Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de los actos de ejecución que establezcan obligaciones comunes para los Estados miembros, especialmente obligaciones en materia de suministro de información a la Comisión, y debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de actos de ejecución relativos a las modalidades de suministro de información a la Comisión en el marco de la programación y la presentación de informes, habida cuenta de su naturaleza puramente técnica. La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables con respecto a la adopción de decisiones de concesión de la ayuda de emergencia establecida en el presente Reglamento, cuando, en casos debidamente justificados, relacionados con la naturaleza y la finalidad de dicha ayuda, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

(66)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

(67)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(68)

Procede adaptar el período de aplicación del presente Reglamento al del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 (26) del Consejo.

(69)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito político pertinente y permitir que comience la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y debe ser aplicable con efecto retroactivo, a partir del 1 de enero de 2021.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.