—

Visto el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina (D064213/02,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE (1) del Consejo, y en particular su artículo 17, párrafo primero, y su artículo 21,

—

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que establece una lista de sustancias candidatas a la sustitución, en aplicación del artículo 80, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (2),

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (3),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios (4),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que el 1 de octubre de 2006 la dimoxistrobina fue incluida en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo (5) mediante la Directiva 2006/75/CE de la Comisión (6) y que se considera aprobada con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009;

B.

Considerando que desde 2013 está en curso un procedimiento de renovación de la aprobación de la dimoxistrobina en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012 de la Comisión (7);

C.

Considerando que el período de aprobación de la sustancia activa dimoxistrobina, que debía haber concluido el 30 de septiembre de 2016, ya había sido prorrogado 16 meses mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1136/2013 de la Comisión (8), posteriormente un año mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/84 de la Comisión (9) y de nuevo por un año en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1796 de la Comisión (10), y que ahora se prorrogará de nuevo por un año con este proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión, que ampliará el período de aprobación hasta el 31 de enero de 2021;

D.

Considerando que el 1 de julio de 2006 el mancoceb fue incluido en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo mediante la Directiva 2005/72/CE (11) de la Comisión y que se considera aprobado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009;

E.

Considerando que desde 2013 está en curso un procedimiento de renovación de la aprobación del mancoceb en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 844/2012;

F.

Considerando que el período de aprobación de la sustancia activa mancoceb, que debía haber concluido el 30 de junio de 2016, ya había sido prorrogado 19 meses mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 762/2013 de la Comisión (12), posteriormente un año mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/84 y de nuevo por un año en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1796, y que ahora se prorrogará de nuevo por un año con este proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión, que ampliará el período de aprobación hasta el 31 de enero de 2021;

G.

Considerando que la Comisión no aduce motivos para estas prórrogas, si no es la siguiente afirmación: «Debido a que la evaluación de estas sustancias se ha retrasado por razones ajenas a los solicitantes, es probable que la aprobación de dichas sustancias expire antes de que se haya adoptado una decisión sobre su renovación»;

H.

Considerando que el objetivo del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 es garantizar un alto grado de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente, a la vez que salvaguardar la competitividad de la agricultura de la Unión; que debe prestarse especial atención a la protección de grupos vulnerables de la población como, por ejemplo, las mujeres embarazadas, los lactantes y los niños;

I.

Considerando que debe aplicarse el principio de cautela, y que el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 prevé que una sustancia solo debe incluirse en un producto fitosanitario si se ha demostrado que presenta un beneficio claro para la producción vegetal y no cabe esperar que tenga efectos adversos en la salud humana o animal o efectos inaceptables sobre el medio ambiente;

J.

Considerando que en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 se señala que, en aras de la seguridad, el período de validez de la aprobación de las sustancias activas debe ser limitado; que, además, dicho período debe ser proporcional a los riesgos potenciales inherentes al uso de dichas sustancias, si bien, en estos casos, tal proporcionalidad no existe;

K.

Considerando que, cuando se haya constatado la posibilidad de que se produzcan efectos nocivos para la salud pero persista la incertidumbre científica, la Comisión y los Estados miembros tienen la posibilidad y la responsabilidad de actuar con arreglo al principio de cautela mediante la adopción de las medidas provisionales de gestión de los riesgos que son necesarias para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana;

L.

Considerando, más concretamente, que el artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 establece que la Comisión podrá revisar la aprobación de una sustancia activa en cualquier momento, especialmente si considera, a la luz de nuevos conocimientos científicos y técnicos, que hay indicios de que la sustancia ya no cumple los criterios de aprobación contemplados en el artículo 4 y que esta revisión puede dar lugar a la retirada o modificación de la aprobación de la sustancia;

M.

Considerando que en 2015 la dimoxistrobina se incluyó en la «lista de sustancias candidatas a la sustitución» mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/408 porque su dosis aguda de referencia (ARfD) es significativamente inferior a la de la mayoría de las sustancias activas aprobadas dentro de sus grupos, y porque se considera que tiene propiedades de alteración endocrina que pueden causar efectos nocivos en las personas;

N.

Considerando que, de conformidad con el punto 3.6.5 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, no se pueden autorizar sustancias activas cuando se considera que tienen propiedades de alteración endocrina que pueden tener efectos nocivos para las personas, a menos que la exposición humana a dicha sustancia activa, protector o sinergista en un producto fitosanitario sea insignificante en condiciones de uso propuestas realistas, es decir, el producto se usa en sistemas cerrados o en otras condiciones en que no haya contacto con seres humanos y los residuos de la sustancia activa, del protector o sinergista de que se trate sobre los alimentos y piensos no superan los valores establecidos por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (13);

O.

Considerando que, en la 47.a reunión del Comité de Evaluación del Riesgo, de 27 de febrero de 2019, se aprobó clasificar el mancoceb como sustancia tóxica para la reproducción de categoría 1B;

P.

Considerando que, de conformidad con el punto 3.6.4 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, no se pueden autorizar sustancias activas cuando se considera que son tóxicas para la reproducción de categoría 1B, excepto en los casos en los que, sobre la base de pruebas documentadas incluidas en la solicitud, una sustancia activa sea necesaria para controlar un riesgo grave fitosanitario que no pueda contenerse por otros medios disponibles, incluidos métodos de índole no química, en cuyo caso deben adoptarse medidas de mitigación de riesgos para asegurarse de que se minimice la exposición de los seres humanos y del medio ambiente a tal sustancia;

Q.

Considerando que la exposición al mancoceb se relaciona con el mayor riesgo de Parkinson detectado entre los agricultores y otras personas de zonas rurales de los Países Bajos y Francia (14);

R.

Considerando que el mancoceb es una combinación de otros dos ditiocarbamatos, es decir, maneb y zineb, que ya no están autorizados en la Unión debido a los riesgos que suponen para la salud humana y el medio ambiente;

S.

Considerando que el mancoceb es muy tóxico para los organismos acuáticos y sospechoso de dañar al feto humano, y que puede provocar reacciones cutáneas alérgicas;

T.

Considerando que es inaceptable que se siga permitiendo el uso en la Unión de sustancias de las que se sabe que cumplen los criterios de exclusión de las sustancias activas que son mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción o que tienen propiedades de alteración endocrina, criterios que se han establecido para proteger la salud humana y el medio ambiente, lo que pone en peligro la salud pública y el medio ambiente;

U.

Considerando que los solicitantes pueden beneficiarse del sistema automático creado con arreglo a los métodos de trabajo de la Comisión, que prorroga inmediatamente los períodos de aprobación de sustancias activas si no se ha concluido la reevaluación del riesgo, mediante la prolongación deliberada del proceso de reevaluación proporcionando datos incompletos y pidiendo más excepciones y condiciones especiales, lo que conlleva riesgos inaceptables para el medio ambiente y la salud humana, ya que durante este tiempo persiste la exposición a la sustancia peligrosa;

V.

Considerando que en su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios, el Parlamento pedía a la Comisión y a los Estados miembros que «garanticen que la prórroga del periodo de validez de la aprobación durante el procedimiento, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento, no se utilizará para las sustancias activas que sean mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción y, por lo tanto, pertenezcan a las categorías 1A o 1B, ni para las sustancias activas que presenten propiedades de alteración endocrina y sean perjudiciales para los seres humanos o los animales, como ocurre actualmente con sustancias como la flumioxazina, el thiacloprid, el clortoluron y la dimoxiestrobina»;

W.

Considerando que el Parlamento neerlandés ha expresado su preocupación por la prórroga de los períodos de aprobación y pedido que se ponga fin a la prórroga de sustancias de las que se sabe que constituyen una amenaza significativa para la biodiversidad, en particular las abejas y los abejorros, o que son carcinógenas, mutágenas, tienen propiedades de alteración endocrina o son tóxicas para la reproducción (15);

X.

Considerando que la consulta pública de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre el mancoceb tenía como fecha límite el 28 de abril de 2018; que sobre la base de la información disponible actualmente en la evaluación de riesgos de la Unión, el organismo neerlandés de autorización de productos fitosanitarios y biocidas (Ctgb) estima que se dispone de datos suficientes para decidir con rapidez sobre la conveniencia o no de renovar la aprobación del mancoceb (16);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 16 de diciembre de 1966,

—

Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

—

Vistos los artículos 2, 3, 8, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos el artículo 207 y los títulos IV y V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 45 de la Carta,

—

Vistas las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), adoptadas por el Consejo en 2013,

—

Vistos los Principios de Yogyakarta (sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género), aprobados en noviembre de 2006, y sus diez principios complementarios (YP+10, Principios complementarios y obligaciones de los Estados sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales), aprobados el 10 de noviembre de 2017,

—

Vista la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 31 de marzo de 2010, sobre medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género,

—

Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (1),

—

Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2),

—

Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024) (3),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017 (4),

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2019, sobre los derechos del niño con ocasión de la celebración del 30.o aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (5),

—

Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (6),

—

Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia (7),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión (8),

—

Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2009, sobre la Ley lituana relativa a la protección de los menores contra los efectos perjudiciales de la información pública (9),

—

Vistos los resultados de la encuesta sobre las personas LGBT en la UE iniciada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en 2012,

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta y debe respetarse plenamente;

B.

Considerando que, en virtud del Derecho internacional y de los Tratados de la Unión, todos los Estados miembros han contraído obligaciones y deberes con el fin de respetar, garantizar, proteger y observar los derechos fundamentales;

C.

Considerando que diversas investigaciones, encuestas e informes (10) indican que la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI se están intensificando en toda la Unión Europea; que los delitos de odio motivados por la fobia contra las personas LGBTI están aumentando en la Unión; que estos ataques violan los derechos fundamentales de las personas LGBTI y que, con demasiada frecuencia, las respuestas de las autoridades públicas siguen siendo inadecuadas;

D.

Considerando que los ataques contra los derechos fundamentales de las personas LGBTI representan una grave amenaza para el respeto de los derechos fundamentales en la Unión, y que estos ataques a menudo van acompañados de ataques contra los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías;

E.

Considerando que el discurso de odio contra las personas LGBTI por parte de las autoridades públicas tiene un impacto más amplio, al legitimar y crear las condiciones para la persecución, la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI en la sociedad en su conjunto;

F.

Considerando que la seguridad de la comunidad LGBTI no es independiente de la seguridad de todos quienes viven en Europa, y que el deterioro de dicha seguridad es un indicador del deterioro de todos los derechos fundamentales; que la retórica xenófoba también ha contribuido a crear un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones y los defensores de los derechos humanos que abogan por los derechos de las personas LGBTI;

G.

Considerando que existe una involución en el ámbito de la igualdad de género en la Unión Europea y fuera de ella, que apunta y afecta directamente a las personas LGBTI, así como a las mujeres en general; que esta involución ha sido impulsada por el populismo y el extremismo de extrema derecha;

H.

Considerando que la estigmatización por la orientación sexual real o percibida, la identidad de género o las características sexuales persiste en toda la Unión Europea;

I.

Considerando que existe una grave falta de seguimiento sistemático, documentación y recogida de datos en lo que respecta al odio y la violencia contra las personas LGBTI;

J.

Considerando que demasiados delitos por fobia contra las personas LGBTI siguen sin denunciarse; que las denuncias conllevan un riesgo y el miedo a revelar la propia orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales y la expresión de género;

K.

Considerando que en la gran mayoría de los Estados miembros están vigentes medidas jurídicas contra la discriminación y la violencia; que, no obstante, su aplicación sigue siendo insuficiente, lo que deja a las personas LGBTI en una situación de vulnerabilidad frente a los delitos de odio, el discurso de odio y la discriminación, especialmente en los ámbitos de la atención sanitaria, la educación, el empleo o la vivienda;

L.

Considerando que muchos ataques llevados a cabo por las autoridades públicas contra las personas LGBTI se dirigen a centros educativos y escuelas; que esto es particularmente perjudicial para los jóvenes LGBTI;

M.

Considerando que la orientación sexual y la identidad de género recaen en el ámbito del derecho individual a la intimidad, garantizado por la legislación internacional, europea y nacional en materia de derechos humanos, y que la igualdad y la no discriminación deben ser promovidas por las autoridades públicas (11);

N.

Considerando que debe garantizarse la libertad de expresión de los medios de comunicación en línea y fuera de línea, de las organizaciones culturales, de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de los ciudadanos, en particular vista la preocupante tendencia hacia la eliminación y prohibición de contenidos LGBTI en las redes sociales;

O.

Considerando que la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI han adoptado múltiples formas, de las que son ejemplos recientes las declaraciones homófobas durante la campaña del referéndum para limitar la definición de familia en Rumanía, los ataques a centros sociales LGBTI en varios Estados miembros, como en Hungría y Eslovenia, las declaraciones homófobas y el discurso de odio dirigidos contra las personas LGBTI, como se ha observado recientemente en Estonia, España, Reino Unido, Hungría y Polonia, en particular en contextos electorales, y los instrumentos jurídicos que podrían aplicarse con el fin de coartar a los medios de comunicación, la cultura, la educación y el acceso a otras formas de contenidos, de una manera que restringe indebidamente la libertad de expresión en las cuestiones relacionadas con las personas LGBTI, como en Lituania y Letonia;

P.

Considerando que desde principios de 2019 se han dado en Polonia más de ochenta casos en los que las autoridades regionales, comarcales o locales han aprobado resoluciones por las que se declaran libres de la denominada «ideología LGBT» o han adoptado «Cartas Regionales de los Derechos de la Familia» o disposiciones fundamentales que se derivan de dichas cartas, lo que supone una discriminación, en particular, contra las familias monoparentales y las familias LGBTI; que estas resoluciones instan a los gobiernos locales a abstenerse de adoptar cualquier medida que fomente la tolerancia con las personas LGBTI mediante la prestación de apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales que trabajan para promover la igualdad de derechos, organizan formación contra la discriminación o ayudan de una u otra forma a las personas LGBTI; que la creación de zonas sin LGBTI, aunque no consista en la introducción de una frontera física, representa una medida extremadamente discriminatoria que limita la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión; que dichas resoluciones forman parte de un contexto más amplio de ataques contra la comunidad LGBTI en Polonia, que incluyen la intensificación del discurso de odio por parte de cargos públicos y electos y medios de comunicación públicos, así como ataques y prohibiciones de Marchas del Orgullo o de programas de sensibilización y acciones como el Rainbow Friday;

Q.

Considerando que, según la Encuesta sobre las personas LGBT de la FRA (12), el 32 % de los encuestados se sintieron discriminados en ámbitos fuera del empleo, como la educación; que el riesgo de suicidio entre los niños LGBTI es más elevado que entre los niños no LGBTI; que la educación inclusiva es fundamental de cara a crear entornos escolares seguros y en los que todos los niños puedan progresar, incluidos los pertenecientes a minorías, como los niños LGBTI y los niños de familias LGBTI; que las víctimas principales de los ataques contra los derechos de las personas LGBTI son los niños y jóvenes que viven en las zonas rurales y en los centros urbanos más pequeños, quienes son especialmente vulnerables a la violencia y se enfrentan a menudo al rechazo y la incertidumbre, por lo que requieren un apoyo y una asistencia especiales por parte de las autoridades estatales y locales o las ONG;

R.

Considerando que la falta de legislación en materia de no discriminación en muchos Estados miembros pone a las poblaciones más marginadas en riesgo de sufrir discriminación y violencia; que la Directiva horizontal sobre la discriminación colmaría esta laguna en materia de protección, pero ha permanecido estancada en el Consejo durante once años; que existe un vacío legislativo en cuanto a la protección frente a los delitos motivados por prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad de género en la Unión Europea y en muchos Estados miembros;

S.

Considerando que las personas pueden estar expuestas a una discriminación múltiple e intersectorial; que las políticas que se dirigen a un tipo de discriminación deben prestar atención a la situación de los grupos específicos que pueden ser víctimas de discriminación múltiple, entre otros motivos, por su edad, raza, religión, orientación sexual, género o discapacidad;

T.

Considerando que las personas LGBTI se enfrentan a la discriminación y a la violencia en todo el mundo;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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13.

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18.

19.

20.

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22.

23.

24.

25.

26.

27.

—

Vistos los artículos 4 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 107, 108, 113, 115 y 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos el Plan de acción BEPS de la OCDE, de octubre de 2015, y su acción 1 en particular,

—

Visto el Programa de trabajo de la OCDE para desarrollar una solución consensuada para los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, de 29 de mayo de 2019,

—

Vistos los documentos de consulta pública de la OCDE «Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One» (Propuesta de la Secretaría de enfoque unificado en el marco del primer pilar), de 9 de octubre de 2019, y «Global Anti-Base Erosion Proposal (GloBE) — Pillar Two» (Propuesta global contra la erosión de la base imponible (GloBE) — Segundo pilar), de 8 de noviembre de 2019,

—

Vistas la Resolución de su Comisión TAXE, de 25 de noviembre de 2015 (1), y la Resolución de su Comisión TAX2, de 6 de julio de 2016 (2) sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, su Recomendación PANA, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales (3), y la Resolución de su Comisión TAX3, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales (4),

—

Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión (5),

—

Vistos los informes de seguimiento de la Comisión a cada una de las Resoluciones del Parlamento Europeo antes mencionadas (6),

—

Vistas las conclusiones de las distintas cumbres del G-7, G-8 y G-20 celebradas en torno a cuestiones tributarias internacionales,

—

Visto el documento de política del Fondo Monetario Internacional «Corporate Taxation in the Global Economy» (La imposición sobre las sociedades en la economía mundial) (7),

—

Vistas las numerosas revelaciones de periodistas de investigación, como los papeles de Luxemburgo, los papeles de Panamá, los papeles del Paraíso y, más recientemente, los escándalos de Cum-Ex, así como los casos de blanqueo de capitales en los que están implicados, en particular, bancos de Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia, los Países Bajos y el Reino Unido,

—

Visto el estudio «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies» (Impacto de la digitalización en los asuntos fiscales internacionales: retos y soluciones) (8),

—

Vistos los estudios de la Comisión sobre «indicadores de planificación fiscal abusiva» (9),

—

Vistas las pruebas recogidas por la Comisión TAX3 en sus treinta y cuatro audiencias con expertos o intercambios de puntos de vista con comisarios y ministros durante las misiones a Estados Unidos, Letonia, la Isla de Man, Estonia y Dinamarca,

—

Visto el marco modernizado y más robusto de imposición sobre las sociedades introducido durante esta legislatura, en particular las Directivas contra la elusión fiscal (1.a DEF (10) y 2.a DEF (11)),

—

Vistas las propuestas de la Comisión pendientes de aprobación, en particular las propuestas sobre la base imponible (consolidada) común del impuesto sobre sociedades (BI(C)CIS) (12), el paquete sobre la tributación del sector digital (13) y la propuesta sobre divulgación de informes país por país (14), así como la posición del Parlamento sobre estas propuestas,

—

Vistos la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 1 de diciembre de 1997, relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (15), y los informes periódicos del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) al Consejo Ecofín,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, relativa a los nuevos requisitos contra la elusión fiscal en la legislación de la Unión que regula determinadas operaciones de financiación y de inversión (C(2018)1756),

—

Vistas las investigaciones y decisiones de la Comisión sobre las ayudas estatales (16),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de enero de 2016, sobre una estrategia exterior para una imposición efectiva (COM(2016)0024), en la que la Comisión pidió a la Unión que «predica[se] con el ejemplo»,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017 sobre la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales,

—

Vistas las conclusiones de la Presidencia, de 28 de octubre de 2019, sobre el cambio climático,

—

Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo (17),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de enero de 2019, titulada «Hacia una toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la UE» (COM(2019)0008),

—

Vistas las cartas de mandato y las audiencias de la vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital, el vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y Euro (18),

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre la equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0 (O-000040/2019 — B9-0060/2019),

—

Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que las normas internacionales vigentes en materia de imposición sobre las sociedades podrían resultar disfuncionales y podría ser necesario actualizarlas, pues datan de principios del siglo XX y no se concibieron para los desafíos de la economía digital, lo que ha dado lugar a que los países adopten medidas unilaterales para hacer frente a dichos desafíos;

B.

Considerando que, tras la crisis financiera de 2008 — 2009 y una serie de revelaciones de periodistas y organizaciones de la sociedad civil acerca de prácticas de evasión fiscal, planificación fiscal agresiva, elusión fiscal y blanqueo de capitales, los países del G-20 acordaron abordar estas cuestiones globalmente a nivel de la OCDE mediante el proyecto sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS), lo que dio lugar a la creación del Plan de acción BEPS; que ha habido varios niveles de determinación y compromiso a la hora de aplicar las normas BEPS de la OCDE;

C.

Considerando que mediante el Plan de acción BEPS se logró llegar a un consenso sobre muchos aspectos en relación con la lucha contra la evasión fiscal, la planificación fiscal agresiva y la elusión fiscal; que, no obstante, no se llegó a ningún acuerdo para hacer frente a los retos fiscales planteados por la digitalización de la economía, lo que dio lugar a un Informe Final específico sobre la Acción 1 de BEPS, de 2015;

D.

Considerando que el Parlamento Europeo, en sus resoluciones TAXE, TAX2, TAX3 y PANA, así como en su dictamen sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, ha pedido reiteradamente la reforma del sistema internacional de imposición sobre las sociedades para hacer frente a la evasión fiscal y la elusión fiscal y a los desafíos de la fiscalidad de la economía digital, y pidió a la Comisión y a los Estados miembros que acordaran una posición común europea al nivel de la OCDE/G-20 o que actuaran al nivel de la Unión de no resultar posible un acuerdo internacional;

E.

Considerando que en 2018, durante las negociaciones para llegar a un acuerdo internacional, la Comisión Europea presentó dos propuestas relativas a la fiscalidad de la economía digital; que el Parlamento Europeo dio su apoyo a estas propuestas, pero no fueron adoptadas en el Consejo debido a la oposición de un número reducido de Estados miembros que impidió que se llegara a un acuerdo por unanimidad: una solución a corto plazo consistente en la introducción de un impuesto sobre los servicios digitales (en lo sucesivo, ISD) y una solución a largo plazo con la definición de presencia digital significativa (en lo sucesivo, PDS) como nexo para fines de imposición sobre las sociedades y que debía sustituir al ISD;

F.

Considerando que, a raíz de un mandato de los ministros de Hacienda del G-20 de marzo de 2017, el Marco Inclusivo de la OCDE/G-20 sobre BEPS (en lo sucesivo, MI), a través de su Grupo de reflexión sobre la economía digital, presentó un informe provisional en marzo de 2018 sobre los desafíos fiscales derivados de la digitalización;

G.

Considerando que, en mayo de 2019, el MI adoptó un programa de trabajo para llegar a un consenso, que fue respaldado por el G-20, con el objetivo de llegar a un acuerdo para finales de 2020;

H.

Considerando que el MI propuso que se agruparan en dos pilares las propuestas de los miembros para hacer frente a los desafíos de la digitalización sometidas a examen: el primer pilar se centra en la asignación de los derechos de imposición a través de nuevas normas de asignación de beneficios y del nexo, mientras que el segundo pilar aborda las demás cuestiones BEPS e introduce medidas para garantizar un nivel mínimo de imposición;

I.

Considerando que, el 9 de octubre de 2019, la Secretaría de la OCDE emprendió una consulta pública sobre la base de su propuesta de enfoque unificado con vistas a llegar a un consenso entre las tres alternativas establecidas en el primer pilar; que, el 18 de octubre de 2019, el G-20 (19) encomió los esfuerzos de la Secretaría de la OCDE relativos al enfoque unificado propuesto en el primer pilar, pero no respaldó formalmente la propuesta; que, el 8 de noviembre de 2019, la Secretaría de la OCDE inició una consulta pública sobre la propuesta GloBE en el marco del segundo pilar;

J.

Considerando que un sistema impositivo justo y eficiente es clave para abordar la desigualdad y garantiza la certidumbre y la estabilidad, que son prerrequisitos para la competitividad, así como la igualdad de condiciones entre las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas; que, asimismo, un sistema impositivo justo y eficiente es clave para que los Estados miembros garanticen sus ingresos fiscales, que les permiten aplicar unas políticas bien fundadas y, por lo tanto, beneficiosas para toda la Unión a través del aumento de la estabilidad;

K.

Considerando que los tipos nominales del impuesto sobre sociedades se han reducido a escala de la Unión, pasando de un promedio del 32 % en 2000 al 21,7 % en 2019 (20), lo que representa una disminución del 32 %; que esta disminución puede tener consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas de asistencia social de la Unión y posibles efectos colaterales en otros países; que 22 de los 38 países examinados en el último informe de la OCDE de 2018 sobre reformas de la política tributaria (21) presentan tipos agregados legales del impuesto sobre sociedades iguales o inferiores al 25 %, cuando solo eran seis en 2000;

L.

Considerando que la Comisión Europea ha criticado en algunos informes por país algunas deficiencias de los sistemas fiscales nacionales que facilitan la planificación fiscal agresiva, aduciendo que socavan la integridad del mercado único europeo;

M.

Considerando que se ha producido un cambio gradual de la producción tangible a los activos intangibles en las cadenas de valor de las empresas multinacionales, como se refleja en las tasas relativas de crecimiento anual en los últimos cinco años de los ingresos por concepto de cánones y derechos de licencia (casi el 5 % anual), en comparación con el comercio de bienes y la inversión exterior directa (IED) (menos del 1 % anual); que algunas multinacionales apenas pagan impuestos en algunos Estados miembros porque utilizan estrategias de planificación fiscal conformes con la ley, a pesar de su presencia digital significativa y sus cuantiosos ingresos en esos Estados miembros;

N.

Considerando que para que pudiera realizarse una transferencia de competencias en el ámbito de la fiscalidad del ámbito nacional al ámbito de la Unión sería necesario modificar el Tratado;

1.

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Vistos los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Visto el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el dictamen sobre las disposiciones constitucionales y la separación de poderes y la independencia del poder judicial y el cumplimiento de la ley en Malta, adoptado por la Comisión de Venecia en su 117.a sesión plenaria (Venecia, 14-15 de diciembre de 2018),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 23 de enero de 2019, titulado «Regímenes de ciudadanía y residencia para inversores en la Unión Europea» (COM(2019)0012),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta (1), y la declaración de prensa conjunta, de 29 de enero de 2014, de la Comisión y las autoridades maltesas sobre el programa de inversores individuales de Malta,

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (2), y su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (3),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre el Estado de Derecho en Malta (4),

—

Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea (5),

—

Visto el informe, de 11 de enero de 2018, sobre la visita a Malta, del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, de la delegación ad hoc de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales (PANA),

—

Visto el informe, de 16 de noviembre de 2018, sobre la visita a Malta y Eslovaquia, del 17 al 20 de septiembre de 2018, de una delegación ad hoc de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

—

Vistos las audiencias y los intercambios de puntos de vista efectuados por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales desde su creación por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior el 4 de junio de 2018,

—

Vista la carta del primer ministro de Malta de 13 de marzo de 2019,

—

Vista la Resolución 2293 (2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 26 de junio de 2019, sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta y otros países, y garantizar que se conozca toda la verdad,

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia (6),

—

Vista la delegación ad hoc de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en Malta de los días 3 y 4 de diciembre de 2019,

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y que estos valores son universales y comunes a todos los Estados miembros;

B.

Considerando que el Estado de Derecho, el respeto de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores y principios consagrados en los Tratados de la Unión y los instrumentos internacionales de derechos humanos son obligaciones que incumben a la Unión y sus Estados miembros y que deben ser observadas; que, con arreglo al artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 7 del TUE, la Unión tiene la facultad de actuar para proteger los valores comunes sobre los que se fundamenta, y que el mecanismo del Estado de Derecho debe aplicarse con la misma fuerza a todos los Estados miembros;

C.

Considerando que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea forma parte del Derecho primario de la Unión; que la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

D.

Considerando que la independencia del poder judicial se consagra en el artículo 19, apartado 1, del TFUE, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH, y que es un requisito esencial del principio democrático de la separación de poderes;

E.

Considerando que la negativa sistemática de un Estado miembro a respetar los valores fundamentales de la Unión Europea y los Tratados a los que ha accedido libremente afecta a la Unión en su conjunto;

F.

Considerando que la periodista maltesa de investigación sobre la corrupción y bloguera Daphne Caruana Galizia fue asesinada en un atentado con coche bomba el 16 de octubre de 2017;

G.

Considerando que las investigaciones del asesinato dirigidas por las autoridades maltesas, con la asistencia de Europol, hasta la fecha han comportado la identificación y acusación de varios sospechosos y un posible cerebro del asesinato, a saber, el propietario de la empresa con sede en Dubái 17 Black Ltd., que fue detenido el 20 de noviembre de 2019 en lo que parecía un intento por escapar de Malta en su yate;

H.

Considerando que uno de los presuntos cómplices y el presunto cerebro han implicado al anterior jefe del Gabinete del Primer Ministro en la planificación y financiación del asesinato;

I.

Considerando que estas revelaciones han dado lugar a numerosas grandes manifestaciones y protestas de la sociedad civil en Malta para exigir justicia, la rendición de cuentas y el respeto del Estado de Derecho;

J.

Considerando que el jefe del Gabinete del Primer Ministro recibió información actualizada en reuniones de seguridad por parte de la policía y de los servicios secretos malteses; que dimitió el 26 de noviembre de 2019 tras un interrogatorio policial en relación con el caso de Daphne Caruana Galizia; que, desde entonces, la policía lo ha detenido, interrogado y liberado sin cargos varias veces;

K.

Considerando que el ministro de Turismo también dimitió el 26 de noviembre de 2019; que el ministro de Economía suspendió sus funciones ministeriales el mismo día, pero fue reintegrado el 1 de diciembre de 2019;

L.

Considerando que el primer ministro maltés ha anunciado que dimitirá tras la celebración de las elecciones a la dirección de su partido, el 12 de enero de 2020, en medio de la creciente agitación política que rodea a la investigación del asesinato;

M.

Considerando que el gobierno maltés anunció el 20 de septiembre de 2019 la apertura de una investigación pública independiente del asesinato de Daphne Caruana Galizia; que, a raíz de las críticas de fondo formuladas por la familia Caruana Galizia y por los observadores internacionales, el primer ministro designó a dos nuevos miembros de la comisión de investigación y cambió significativamente el alcance de la misma, de manera que ahora satisface a todas las partes;

N.

Considerando que el sospechoso de ser el intermediario en el asesinato obtuvo el indulto presidencial el 25 de noviembre de 2019, a la exclusiva discreción del primer ministro, a cambio de información que conduzca al cerebro, siempre que toda la información quede corroborada por pruebas; que el presunto cerebro, cuyo abogado declaró públicamente que podía facilitar información sobre la trama del asesinato y la corrupción en la que están involucradas personas cercanas al primer ministro, incluido su anterior jefe de Gabinete y el antiguo ministro de Turismo, vio denegada su solicitud de indulto por el primer ministro individualmente una primera vez y por el Consejo de Ministros una segunda vez siguiendo las recomendaciones del comisario de policía y del fiscal general;

O.

Considerando que docenas de organizaciones de la sociedad civil, agencias de medios de comunicación, organizaciones estudiantiles y sindicatos y asociaciones profesionales como la patronal maltesa, la Cámara de Comercio e Industria y el Colegio de Abogados han pedido públicamente al primer ministro que dimita con efecto inmediato;

P.

Considerando que persisten graves preocupaciones en cuanto a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Malta; que este hecho amenaza con socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, lo que podría dar lugar a una peligrosa interconexión entre grupos de delincuentes y autoridades públicas;

Q.

Considerando que, a pesar de los reiterados llamamientos del Parlamento Europeo y otras instituciones internacionales, no se ha encontrado ninguna solución para el memorial provisional de La Valeta, pues la legislación y el enfoque del gobierno no han cambiado y empleados de la administración pública eliminan prácticamente a diario los objetos de recuerdo depositados;

R.

Considerando que la familia de Daphne Caruana Galizia sigue enfrentándose a campañas de odio y a numerosas demandas por difamación, también por parte de componentes del gobierno maltés, y que varios funcionarios gubernamentales, incluido el primer ministro, han indicado que no ven la razón por la que deberían retirarse tales demandas por difamación;

S.

Considerando que, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras de 2019, Malta ocupa el puesto 77, tras caer desde el puesto 65 en 2018 y el 47 en 2017 (7);

T.

Considerando que la calificación del espacio cívico de Malta ha pasado de «abierto» a «restringido» en el monitor de Civicus para 2019; que Civicus describe el entorno para periodistas como cada vez más hostil, en especial para quienes informan sobre la corrupción, y afirma que la impunidad tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia ha creado el espacio para que el Estado intimide y hostigue a los activistas y a quienes defienden la justicia (8);

U.

Considerando que los periodistas y, en particular, si bien no exclusivamente, los periodistas de investigación, se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a las denominadas «demandas estratégicas contra la participación pública» (SLAPP por sus siglas en inglés) destinadas simplemente a frustrar su trabajo;

V.

Considerando que, tras una conferencia de prensa celebrada en la oficina del primer ministro el 29 de noviembre de 2019, se prohibió temporalmente que los periodistas abandonaran la sala y el edificio; que la falta de seguridad de los periodistas y la reducción del espacio para la sociedad civil provocada por el acoso y la intimidación están deteriorando la labor de supervisión del poder ejecutivo y erosionando el compromiso cívico de la ciudadanía;

W.

Considerando que se están llevando a cabo cinco investigaciones judiciales sobre las denuncias de corrupción, es decir, una investigación del Pilatus Bank, una sobre una cantidad de dinero transferida entre el antiguo jefe del Gabinete del Primer Ministro y el auditor de Nexia BT, una investigación sobre los sobornos entre el antiguo jefe del Gabinete del Primer Ministro y Adrian Hillman del Times of Malta, una sobre 17 Black Ltd. y otras dos empresas, Tillgate y Hearnville, y una investigación sobre Vitals;

X.

Considerando que, entre mayo de 2016 y noviembre de 2019, el jefe de Gabinete del Primer Ministro y el actual ministro de Turismo y antiguo ministro de Energía de Malta fueron los únicos funcionarios gubernamentales de alto rango en ejercicio de todos los Estados miembros de la Unión que figuraban como propietarios reales de una sociedad incluida en los papeles de Panamá;

Y.

Considerando que uno de los presuntos cerebros del asesinato es propietario de la empresa con sede en Dubái 17 Black Ltd., quien anteriormente fue miembro del consejo de administración de la empresa Electrogas Malta Ltd., que participó en la ejecución del acuerdo a largo plazo para suministrar gas de Azerbaiyán a Malta;

Z.

Considerando que, en su informe de 12 de septiembre de 2019, el órgano de lucha contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, MONEYVAL, pidió a las autoridades maltesas que reforzaran la aplicación práctica de sus medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidió aplicar su procedimiento de seguimiento reforzado e invitó a Malta a que le informara en diciembre de 2020; que, según el informe, las autoridades policiales no están actualmente en condiciones de perseguir de manera efectiva y oportuna casos complejos de blanqueo de capitales de alto nivel relacionados con delitos financieros, de soborno y de corrupción (9);

AA.

Considerando que el órgano de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, el GRECO, concluyó, en su informe de 22 de marzo de 2019, que se está cuestionando la eficacia de las instituciones públicas implicadas en los controles y contrapesos, puesto que el país se ha enfrentado en los últimos años a una oleada de controversias sin precedentes en lo que se refiere a la integridad de altos funcionarios del Estado hasta el más alto nivel (10);

AB.

Considerando que, en el informe de 2019 sobre el Semestre Europeo relativo a Malta (SWD(2019)1017), la Comisión mencionó que el marco institucional de lucha contra la corrupción presenta deficiencias, y que existe el riesgo de conflicto de intereses en distintos niveles de gobierno;

AC.

Considerando que en un informe de la Comisión de septiembre de 2019 se señala que Malta presenta el mayor porcentaje de evasión fiscal de Europa por un amplio margen, y se revela que los ciudadanos malteses poseen una importante riqueza extraterritorial y colocan sus bienes en el extranjero (11),

AD.

Considerando que en un informe emitido por el Banco Central Europeo en el verano de 2019 se señalan graves deficiencias que podrían haber permitido durante años el blanqueo de capitales u otras actividades delictivas en Bank of Valletta, a pesar de las reiteradas advertencias;

AE.

Considerando que el GRECO concluyó además que la Comisión Permanente contra la Corrupción difícilmente puede considerarse un organismo especializado que aspire a facilitar la investigación de la corrupción, y que su contribución a los esfuerzos de Malta en materia de lucha contra la corrupción ha sido insignificante (12);

AF.

Considerando que en 2019 se notificaron al menos cinco casos en los que se acusaba de delitos financieros graves a clientes del «régimen de ciudadanía y residencia para inversores» maltés;

AG.

Considerando que un representante de la agencia de pasaportes Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. sugirió, en una entrevista encubierta del programa francés de televisión «Enquête exclusive», que sus relaciones personales con el primer ministro, el ministro de Justicia y la secretaria parlamentaria de Reformas, Ciudadanía y Simplificación de los Procedimientos Administrativos podrían tener efectos beneficiosos en el proceso de solicitud, también para clientes con antecedentes penales; que estas revelaciones plantean serias dudas acerca de la fiabilidad y el control de los programas de ciudadanía y residencia de Malta;

AH.

Considerando que, el 8 de noviembre de 2019, el Gobierno maltés publicó un informe de la Oficina del regulador del programa de inversores individuales (IIP, por sus siglas en inglés) en relación con una investigación sobre Chetcuti Cauchi Advocates en su calidad de agente del IIP; que en este informe se afirma, en su resumen ejecutivo, que en el marco del análisis no se ha descubierto ninguna señal de alerta que respalde, total o parcialmente, las supuestas alegaciones (13);

AI.

Considerando que Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. presentó la primera solicitud que fue aceptada en el marco del nuevo programa de inversores individuales de Malta y que se le concedió el estatuto privilegiado de «agente autorizado» en 2016, por cumplir los requisitos de calidad, fiabilidad y volumen establecidos por Identity Malta; que un vídeo promocional de la empresa fue rodado en Auberge de Castille, donde se encuentra la Oficina del Primer Ministro, y que en dicho vídeo aparecía también la secretaria parlamentaria de ciudadanía; que, el 23 de septiembre de 2019, el Gobierno suspendió las licencias de agente de ciudadanía IIP 001 e IIP 124, por haber divulgado la empresa «información engañosa»;

AJ.

Considerando que la aplicación de los regímenes de ciudadanía y residencia para inversores por los Estados miembros de la Unión conlleva riesgos importantes en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales, socava la confianza mutua y la integridad del espacio Schengen, permite la admisión de nacionales de terceros países únicamente sobre la base de la riqueza acumulada y no en función de conocimientos, capacidades o consideraciones humanitarias útiles, y que constituye la venta efectiva de la ciudadanía de la Unión; que la Comisión ha declarado explícitamente que no respalda los regímenes malteses de ciudadanía y residencia para inversores;

AK.

Considerando que la Comisión de Venecia estableció, en su dictamen sobre Malta adoptado en su 117.a sesión plenaria de los días 14 y 15 de diciembre de 2018 (14), una serie de propuestas de reformas constitucionales;

AL.

Considerando que Malta ha iniciado un debate acerca de un proceso de reformas constitucionales, bajo la supervisión de su presidente, en el que participan diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil, y que la aplicación de la mayor parte de estas reformas exigirá una mayoría de dos tercios en el Parlamento; que está en curso un proceso de reforma que aborda el controvertido papel constitucional del Fiscal General y el sistema actual de nombramientos judiciales;

AM.

Considerando que el Parlamento Europeo y otras muchas instituciones internacionales han expresado reiteradamente su preocupación por la imparcialidad de la aplicación de la ley, la separación de poderes y la independencia del poder judicial en Malta, especialmente por lo que respecta a la politización y a la falta de transparencia en los procesos de selección y nombramiento, como en el caso del puesto de Jefe de la Policía;

AN.

Considerando que, el 17 de julio de 2019, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión — Propuesta de actuación» (COM(2019)0343), a raíz de varias Resoluciones del Parlamento Europeo de amplio respaldo (15), en la que se propone un mecanismo exhaustivo e independiente para supervisar la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales con una periodicidad anual en todos los Estados miembros;

1.

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16.

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2018, titulada «Iniciativa de la UE sobre los polinizadores» (COM(2018)0395),

—

Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2016, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad (1),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía (2),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas (3),

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que la Comisión puso en marcha la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores el 1 de junio de 2018 como respuesta al llamamiento del Parlamento y del Consejo para que hiciera frente a la disminución de los polinizadores;

B.

Considerando que se han realizado numerosas investigaciones sobre las razones de la disminución de los polinizadores; que la aplicación de los resultados de tales investigaciones deja mucho que desear;

C.

Considerando que los polinizadores silvestres desempeñan una función fundamental en la polinización de cultivos; y que las abejas comunes participan en esta contribución;

D.

Considerando que la polinización efectuada por la abeja común solo complementa la polinización que depende de una gran variedad de especies de insectos (4), como las abejas solitarias, las mariposas, los sírfidos y los escarabajos, pero no la sustituye;

E.

Considerando que, el 11 de octubre de 2019, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) hizo un llamamiento urgente en favor de la intensificación drástica de las medidas de conservación de las especies en respuesta al agravamiento de la crisis de la biodiversidad; que la UICN apeló a los gobiernos del mundo para que en 2030 a más tardar detengan el declive de las especies y eviten las extinciones causadas por el ser humano, y para que mejoren el estado de conservación de las especies amenazadas a fin de lograr una recuperación generalizada para 2050;

F.

Considerando que los polinizadores prestan servicios ecosistémicos fundamentales, directos e indirectos, como la polinización, el control de plagas, el mantenimiento de la calidad del suelo y del agua, y la estética del paisaje;

G.

Considerando que son necesarios esfuerzos continuos para que sea reconocida la importancia de los polinizadores para la productividad agrícola;

H.

Considerando que, solo en la Unión, el 78 % de las especies de flores silvestres dependen, al menos en parte, de la polinización animal (5);

I.

Considerando que son inadecuados los datos y la información sobre insectos polinizadores distintos de las abejas y las mariposas;

J.

Considerando que entre los polinizadores hay abejas, sírfidos, mariposas, polillas, coleópteros, tisanópteros, mamíferos como los murciélagos y pájaros;

K.

Considerando que la salud de los polinizadores es fundamental para la actividad agrícola de la Unión, habida cuenta de que el 84 % de las especies de cultivo (6) y el 76 % de la producción alimentaria europea dependen de la polinización efectuada por insectos; que pueden atribuirse directamente a los polinizadores hasta 15 000 millones de euros de la producción agrícola anual de la Unión (7);

L.

Considerando que los polinizadores representan uno de los indicadores más importantes de la salud de nuestro medio ambiente; que las estadísticas y las tendencias de toda Europa, aunque algunas veces son parciales, indican todas ellas un preocupante declive de las poblaciones de polinizadores;

M.

Considerando que, si bien es evidente el mal estado de conservación de las mariposas y sus hábitats de praderas seminaturales, que es además un buen indicador de la situación de las abejas silvestres, los sírfidos, las polillas y otros polinizadores;

N.

Considerando que solamente 56 especies de polinizadores están protegidas por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva sobre los hábitats) (8), y que el 67 % de las evaluaciones respectivas son desfavorables;

O.

Considerando que el Parlamento ha iniciado varios proyectos piloto y acciones preparatorias para estudiar más en profundidad el declive de los polinizadores y desarrollar soluciones concretas para paliar el preocupante declive de las poblaciones de polinizadores (9);

P.

Considerando que, para proteger adecuadamente a los polinizadores y recuperarlos, deberá reducirse considerablemente la utilización de plaguicidas perjudiciales para los polinizadores y para su alimento;

Q.

Considerando que el uso de algunos plaguicidas se ha relacionado con efectos ecológicos adversos, incluidos altos riesgos para las abejas domésticas y silvestres, encargadas de polinizar la mayoría de los cultivos en todo el mundo;

R.

Considerando que, según el Reglamento (CE) n.o 1107/2009, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (10), los usuarios profesionales de plaguicidas mantendrán durante al menos tres años registros de los plaguicidas que utilizan, en los que figurarán el nombre del producto fitosanitario, el tiempo y la dosis de aplicación, la zona y el cultivo donde se ha utilizado el producto fitosanitario;

S.

Considerando que, en abril de 2018, la Unión aceptó prohibir totalmente el uso al aire libre del imidacloprid, la clotianidina y el tiametoxam, conocidos como neonicotinoides;

T.

Considerando que varios Estados miembros notificaron excepciones de emergencia con respecto al uso de estos neonicotinoides en su territorio; que tales notificaciones deberían ser de buena calidad y hacerse públicas; que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó que, en el caso de cerca de un tercio de los productos para los que se concedieron autorizaciones de emergencia, existían alternativas; que la EFSA puede desempeñar una función examinando las autorizaciones de emergencia (11);

U.

Considerando que se ha demostrado que la utilización de glifosato es perjudicial para las bacterias de las abejas comunes, lo que contribuye al declive y la pérdida de hábitat de los polinizadores; que determinados fungicidas pueden duplicar la toxicidad aguda de los insecticidas (12);

V.

Considerando que los Estados miembros no han respaldado el documento de orientación de la EFSA sobre la evaluación de los riesgos de los productos fitosanitarios para las abejas, aprobado en 2013, y que recoge la metodología científica más actualizada sobre los riesgos de los plaguicidas para Apis mellifera, Bombus spp. y las abejas solitarias; que esta situación obstaculiza la aplicación adecuada de los criterios de aprobación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y, por tanto, la mejor protección de estas especies;

W.

Considerando que, aparte del impacto de los insecticidas en los polinizadores, los herbicidas de amplio espectro utilizados a escala de paisajes, por ejemplo, como herbicidas de preemergencia o como desecantes, destruyen las fuentes de alimento de los polinizadores fuera de los periodos de floración de los cultivos y contribuyen a las caídas de las poblaciones;

X.

Considerando que incluso aunque se aplicaran plenamente las orientaciones de la EFSA de 2013 sobre las abejas, las mariposas, las polillas y los sírfidos seguirían sin recibir protección del régimen de aprobación de plaguicidas;

Y.

Considerando que los hábitats conectados de polinizadores, como las franjas de protección, los setos y los cauces con hierba, pueden contribuir a controlar la erosión del suelo y, en términos generales, a mejorar la biodiversidad, además de que podrían resultar útiles para mejorar la calidad de los alimentos disponibles para las abejas comunes y los polinizadores silvestres;

Z.

Considerando que muchos hábitats de polinizadores han quedado muy fragmentados y que las especies específicas sufren amenazas de gravedad creciente debido a la mala gestión de los hábitats y al cambio climático;

AA.

Considerando que la presencia, la conservación y la recuperación de zonas de flores autóctonas, también en las áreas urbanas, son fundamentales para unas poblaciones sanas de polinizadores silvestres;

AB.

Considerando que los polinizadores silvestres y los apicultores de Europa prestan servicios de polinización de forma casi totalmente gratuita; que esto contrasta claramente con otras partes del mundo, donde el coste de la polinización se adecua al de otros insumos agrícolas, tales como semillas, fertilizantes y plaguicidas;

AC.

Considerando que los polinizadores aportan beneficios sociales y culturales en forma de remedios, productos, arte y tradiciones;

AD.

Considerando que este servicio de polinización en su mayor parte gratuito complementa el que prestan los polinizadores silvestres y solo es posible porque la principal fuente de ingresos para los apicultores es la venta de miel y otros productos derivados de las abejas; que las importaciones de miel adulterada ponen en peligro la base económica de la apicultura en la Unión;

AE.

Considerando que no se han aplicado medidas agroambientales a una escala suficiente en toda la Unión para compensar las pérdidas de hábitats de polinizadores y la disminución de la calidad de estos hábitats; que la ecologización no ha supuesto una mejora significativa;

AF.

Considerando que, en sus posiciones sobre la propuesta de Reglamento relativo a los planes estratégicos de la PAC (COM(2018)0392), la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pidieron la introducción de un indicador de impacto en los polinizadores;

AG.

Considerando que la introducción de un indicador relativo a los polinizadores puede contribuir a optimizar el proceso de toma de decisiones, hacer más eficaz el gasto público, aumentar la rendición de cuentas y mejorar la comprensión de los efectos de las políticas y la legislación;

AH.

Considerando que la sobrefertilización de los cultivos contribuye a reducir la frecuencia de las angiospermas, que representan una base potencial de alimento para los polinizadores;

AI.

Considerando que las emisiones de nitratos generan eutrofización y el crecimiento de malezas, que impiden el crecimiento de hierbas y flores, ocupan los suelos sin cobertura vegetal utilizados como hábitat de anidación por muchos polinizadores y crean zonas sombrías de baja altura que generan un microclima fresco inadecuado para muchas especies autóctonas;

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2018, relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable (COM(2018)0233),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de abril de 2004, titulada «La salud electrónica — hacia una mejor asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos: Plan de acción a favor de un Espacio Europeo de la Salud Electrónica» (COM(2004)0356),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, titulado «Un plan de acción de la iniciativa en favor de los mercados líderes de Europa en el ámbito de la salud electrónica — Anexo I de la Comunicación titulada «Iniciativa en favor de los mercados líderes de Europa» (COM(2007)0860, SEC(2007)1730),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 2 de julio de 2008, sobre la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas de historiales médicos electrónicos (notificada con el número de documento C(2008)3282) (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de noviembre de 2008, titulada «La telemedicina en beneficio de los pacientes, los sistemas sanitarios y la sociedad» (COM(2008)0689),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, titulada «Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo XXI» (COM(2012)0736),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (2),

—

Visto el informe especial n.o 7 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Acciones de la UE en materia de atención sanitarita transfronteriza: objetivos ambiciosos, pero gestión mejorable»,

—

Vista la Recomendación (UE) 2019/243 de la Comisión, de 6 de febrero de 2019, sobre un formato de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo (3),

—

Vista la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (4),

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Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (5),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de diciembre de 2017, sobre la salud en la sociedad digital: avanzar en la innovación basada en los datos en el ámbito de la salud (6),

—

Vista la pregunta a la Comisión relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable (O-000042/2019 — B9-0062/2019),

—

Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que la aparición de nuevas tecnologías crea tanto oportunidades como retos para el desarrollo de una mejor asistencia sanitaria; que los sistemas sanitarios y asistenciales europeos se enfrentan a importantes retos en el contexto del envejecimiento de la sociedad, una mayor esperanza de vida y un descenso constante de las tasas de natalidad, que suscitan inquietudes sobre la sostenibilidad de la prestación de servicios de asistencia sanitaria en el futuro; que, por otro lado, la aparición de nuevas tecnologías crea nuevas oportunidades; que, en este contexto, es necesario un cambio de paradigma en pos de sistemas de asistencia sanitaria con capacidad de reacción y de anticipación, en los que el mantenimiento de la buena salud sea el objetivo principal, en lugar de la gestión de enfermedades;

B.

Considerando que el gasto en atención sanitaria aumenta rápidamente y supone el 9,6 % (7) del PIB de la Unión en su conjunto; que los sistemas sanitarios deben maximizar la eficacia y la eficiencia de unos servicios sanitarios y una asistencia de larga duración accesibles, sostenibles y resilientes, ofrecer nuevos servicios en consonancia con la evolución de la sociedad, ofrecer una atención permanente en el seno de los servicios y proveedores e introducir mejoras útiles para los pacientes que atiendan sus necesidades cambiantes y crecientes en términos de salud, atención bienestar y calidad de vida, teniendo siempre presentes las diferencias entre pacientes en términos de conectividad a internet, competencias digitales y conocimientos en materia de salud;

C.

Considerando que las soluciones digitales innovadoras para la sanidad y los servicios asistenciales pueden mejorar la prevención de las enfermedades y el fomento de estilos de vida saludables, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y allanar el camino a otras formas más eficaces de organizar y ofrecer los servicios sanitarios y asistenciales;

D.

Considerando que los datos relativos a la salud de los ciudadanos de la Unión son un elemento clave para conseguir la transformación digital y requieren una protección estricta contra el uso indebido; que la disponibilidad de los datos varía considerablemente de un Estado miembro a otro y que, debido a la falta de interoperabilidad y a la fragmentación del mercado en los sistemas sanitarios, los ciudadanos aún no pueden beneficiarse plenamente del mercado único digital;

E.

Considerando que la digitalización de la atención sanitaria no se limitará a un mayor uso de aplicaciones de salud para móviles, sino que también incluirá la extracción de datos, esto es, al análisis de grandes conjuntos de datos que sirven como base para la inteligencia artificial y el aprendizaje automático;

F.

Considerando que la organización y la prestación de asistencia sanitaria y social es responsabilidad de los Estados miembros; que la Unión puede apoyar la cooperación entre los Estados miembros en la labor de promover la salud pública y la prevención de enfermedades, de mejorar la complementariedad de sus servicios sanitarios a nivel transfronterizo, y de apoyar y facilitar la investigación y el desarrollo en materia de salud inteligente en Europa;

G.

Considerando que las expectativas de los pacientes, así como su deseo de vigilar su propia salud, van en aumento, y que en consecuencia se acrecienta también la necesidad de un empoderamiento de los ciudadanos con respecto a su salud a través de servicios centrados en el usuario y de más medios preventivos, personalizados y reactivos para poder interactuar con los servicios sanitarios y los profesionales de la salud;

H.

Considerando que la digitalización progresiva de la sociedad hará que cada vez más los pacientes, cuidadores, profesionales de la salud y todos los actores de la cadena de atención sanitaria se enfrenten a retos ligados al uso de las tecnologías de la información y de la infraestructura digital de los historiales de pacientes, lo que planteará cuestiones en materia de seguridad de los datos personales y privacidad;

I.

Considerando que los datos sanitarios personales revisten un carácter especialmente sensible y deberían regirse por requisitos éticos estrictos y el consentimiento con conocimiento de causa por parte de los ciudadanos en cuanto a su recopilación, tratamiento, utilización y almacenamiento;

J.

Considerando que la confianza de los ciudadanos en la seguridad y confidencialidad de la recopilación, tratamiento, utilización y almacenamiento de sus datos personales sanitarios reviste la máxima importancia;

K.

Considerando que la aplicación y el uso de los sistemas de salud digital se encuentran a distintos niveles en los distintos Estados miembros por lo que respecta, por ejemplo, al uso de tecnología actualizada, a las infraestructuras de apoyo a la transformación digital y al recurso a historiales médicos electrónicos en los servicios sanitarios;

L.

Considerando que la creación de un espacio europeo de datos sobre la salud está incluida en la carta de mandato dirigida a la comisaria de Salud, con vistas a promover el intercambio de datos de salud y apoyar la investigación sobre nuevas estrategias preventivas, así como sobre tratamientos, medicamentos, productos sanitarios y resultados;

M.

Considerando que la ciencia, la investigación y la innovación desempeñan un papel vital en la competitividad y la resiliencia de Europa; que los progresos exponenciales en disponibilidad de datos y computación impulsan las iniciativas de investigación para entender, prevenir y tratar enfermedades y afecciones; que las técnicas de gestión de datos pueden ayudar a determinar lagunas, riesgos, tendencias y modelos en materia de atención sanitaria de una manera complementaria o más eficaz;

N.

Considerando que las personas en los gradientes sociales inferiores tienen tendencia a presentar necesidades mayores en materia de salud y están más expuestas a quedar excluidas de la digitalización de la atención sanitaria;

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Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en nombre de la UE con motivo del Día de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 2019,

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Visto el comunicado de prensa de la Comisión, de 13 de noviembre de 2019, en el que se anuncia una ayuda humanitaria adicional por importe de 35 millones de euros para la región africana del Sahel,

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Vista la declaración, de 7 de noviembre de 2019, de la portavoz del VP/AR sobre los ataques en Burkina Faso,

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Vista la visita de la VP/AR Federica Mogherini a la región del Sahel, de julio de 2019, y el discurso que pronunció el 9 de julio de 2019 en Burkina Faso,

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Visto el discurso pronunciado en nombre de la VP/AR Federica Mogherini, el 17 de septiembre de 2019, en su debate en el Pleno sobre la situación de la seguridad en Burkina Faso,

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Visto el estudio titulado «The Freedom of Religion or Belief and the Freedom of Expression» (La libertad de religión o creencias y la libertad de expresión), publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión en febrero de 2009,

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Vista la audiencia pública de su Subcomisión de Derechos Humanos sobre la «libertad de religión o creencias: la situación de las minorías perseguidas, en particular los cristianos», celebrada el 22 de noviembre de 2017,

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Visto el informe del enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias, de 21 de noviembre de 2019, titulado «The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union: activities and recommendations» (El mandato del enviado especial de la UE para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión: actividades y recomendaciones),

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Vistas las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias, de 2013,

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Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (el Acuerdo de Cotonú),

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Vista la declaración atribuible a la portavoz del alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, de 1 de diciembre de 2019, sobre el ataque a una iglesia en Burkina Faso,

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Visto el informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 11 de noviembre de 2019, sobre la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel,

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Vista la información operativa por país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de octubre de 2019, sobre Burkina Faso,

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Vista la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, de 13 de octubre de 2019, sobre el ataque contra una mezquita en el norte de Burkina Faso,

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Visto el Informe sobre la situación humanitaria n.o 8 de UNICEF, de octubre de 2019, sobre Burkina Faso,

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Visto el Informe de desarrollo humano de 2019 sobre las desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI, y en particular el informe sobre el desarrollo humano sobre Burkina Faso,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, de la que Burkina Faso es signataria,

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Visto el plan de acción de las Naciones Unidas para salvaguardar los lugares de culto, de 12 de septiembre de 2019,

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Vista la Constitución burkinesa,

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Vista la declaración de los obispos, sacerdotes y delegados laicos de las conferencias episcopales de Burkina Faso, Níger, Mali, Costa de Marfil y Ghana, realizada tras la celebración del taller interconferencias sobre seguridad en el Sahel de los días 12 y 13 de noviembre de 2019,

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Vista la declaración del obispo de Dori, Laurent Birfuoré Dabiré, pronunciada ante la organización benéfica católica Ayuda a la Iglesia Necesitada el 5 de julio de 2019,

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Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada el 27 de junio de 1981 y que entró en vigor el 21 de octubre de 1986,

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Visto el Foro de París sobre la Paz de los días 12 y 13 de noviembre de 2019,

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Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, aunque Burkina Faso tenía una sólida tradición de tolerancia religiosa y laicismo, se ha vuelto vulnerable a la inestabilidad —en particular debido a la radicalización islamista que azota al conjunto de la región del Sahel— y se enfrenta a una escalada combinada de la violencia, los desplazamientos, el hambre, la pobreza y el cambio climático;

B.

Considerando que la creciente inseguridad en Burkina Faso ha conducido a crímenes terribles tanto de yihadistas como de otros grupos armados; que, según un informe de Human Rights Watch, estos grupos armados han ejecutado en Burkina Faso a presuntos colaboradores gubernamentales, intimidado a profesores y extendido el miedo entre la población civil por todo el país; que las fuerzas de seguridad burkinesas llevaron a cabo, en 2017 y 2018, operaciones antiterroristas que dieron lugar a ejecuciones extrajudiciales, malos tratos a sospechosos detenidos y detenciones arbitrarias; que el Gobierno burkinés prometió investigar tales acusaciones;

C.

Considerando que, desde 2015, los yihadistas y otros grupos armados anteriormente activos en la vecina Mali han aterrorizado a la población burkinesa y perpetrado una serie de ataques contra símbolos del Estado, tales como objetivos militares, escuelas e instalaciones sanitarias, aunque también, en particular, contra iglesias y fieles cristianos; que, desde 2015, los ataques de los yihadistas y grupos armados se han saldado con al menos 700 muertos y miles de heridos Uagadugu y las provincias del norte, en particular en la provincia de Sum, extendiéndose a las provincias orientales y occidentales en 2018; que la violencia no afecta exclusivamente a los cristianos; que, el 11 de octubre de 2019, por ejemplo, una mezquita de la ciudad de Salmossi, en el norte de Burkina Faso, fue atacada durante las oraciones del viernes;

D.

Considerando que entre enero y noviembre de 2019 se notificaron 520 incidentes de seguridad, frente a los 404 registrados entre 2015 y 2018; que solo en octubre de 2019 se registraron 52 incidentes relacionados con grupos armados no estatales, de los cuales cerca del 70 % estaban dirigidos contra civiles y fuerzas de seguridad;

E.

Considerando que los ataques han sido perpetrados tanto por grupos armados transnacionales que operan a través de las fronteras de Mali y Níger, incluidos Yamaa Nusrat al-Islam wal Muslimin y el Estado Islámico del Gran Sahara, como por grupos nacionales, principalmente Ansar al-Islam, que operan desde las provincias del norte y este de Burkina Faso;

F.

Considerando que en 2019 resultaron muertos en Burkina Faso más de 60 cristianos, en múltiples ataques, incluido el más reciente, de 1 de diciembre de 2019, contra los fieles que asistían a un servicio dominical en una iglesia protestante de la ciudad oriental de Hantokoura, en el que murieron catorce personas;

G.

Considerando que varios sacerdotes, clérigos y fieles cristianos han sido víctimas de secuestros y asesinatos selectivos en todo el país; que, como consecuencia de la creciente violencia, muchas personas, en particular en el norte, han abandonado sus hogares tradicionales, como ha ocurrido recientemente en los pueblos de Hitté y Rounga, y huido a campamentos para desplazados internos u otras partes del país, incluida la capital, Ouagadougou;

H.

Considerando que la población de Burkina Faso es predominantemente suní malikí, con grandes minorías religiosas cristianas e indígenas; que los límites entre religiones en Burkina Faso son fluidos, dado que los fieles de todas las religiones suelen adoptar prácticas sincréticas y lo normal es la tolerancia religiosa; que los lugares de culto tanto suníes como cristianos han sido recientemente objeto de ataques guerrilleros de grupos armados salafistas; que esto ha contribuido a aumentar las tensiones entre religiones, y que la persecución de comunidades religiosas, incluidos los miembros de numerosas confesiones cristianas, ha perturbado el tejido social y conducido a un aumento de los niveles de emigración;

I.

Considerando que los grupos yihadistas desean ejercer presión sobre la coexistencia entre religiones en Burkina Faso, como parte de su estrategia más amplia para fomentar los conflictos interétnicos y religiosos y desplazar a la población;

J.

Considerando que, a consecuencia de la falta de protección por parte del Gobierno, Justin Kientenga, obispo de la diócesis de Ouahigouya, en el noreste de Burkina Faso, ha recomendado medidas de seguridad para proteger mejor a los fieles cristianos;

K.

Considerando que, a consecuencia de los actos violentos de agosto, el obispo de Dori y presidente de la Conferencia Episcopal de Burkina Faso y Níger, Laurent Birfuoré Dabiré, pidió a la comunidad global que aumentara su apoyo a los cristianos de Burkina Faso para evitar «la eliminación de la presencia cristiana»; que se han producido llamamientos reiterados para denunciar las amenazas de censura y en apoyo del diálogo interreligioso continuado;

L.

Considerando que, en su plan de acción para salvaguardar los lugares de culto, publicado el 12 de septiembre de 2019, el secretario general de las Naciones Unidas destacó que los lugares de culto de todo el mundo deben ser puertos seguros para la reflexión y la paz, no lugares de derramamiento de sangre y de terror, y que las personas deben poder observar su fe y practicarla en paz;

M.

Considerando que las organizaciones humanitarias, muchas de ellas de base confesional, desempeñan un papel fundamental para ayudar a las víctimas de la violencia, en particular a mujeres, niños y desplazados internos;

N.

Considerando que el Gobierno de Burkina Faso parece carecer de capacidad para solucionar efectivamente los enormes problemas de seguridad, sociales y económicos del país; que algunas regiones, en particular en el noreste del país, están de hecho fuera del alcance del Gobierno central;

O.

Considerando que Burkina Faso está entre los diez países más pobres del mundo; que la inestabilidad, el cambio climático y el conflicto en el país han reducido aún más las oportunidades económicas, han aumentado la pobreza y han dado lugar a acusadas carestías de alimentos; que ello se ha visto agravado por la rápida desertificación de la región septentrional, con las consecuencias de escasez de agua, degradación de los suelos y carestía de recursos; que, como consecuencia, más de un millón de personas corre riesgo de penuria de alimentos y un millón y medio necesitan con urgencia ayuda humanitaria;

P.

Considerando que, en 2014, la tasa de alfabetización de adultos se estimaba en el 34,5 %; que el aumento de la inseguridad y el terrorismo en algunas regiones del país está repercutiendo negativamente en los sectores de la educación y la sanidad; que 85 centros sanitarios y más de 2 000 escuelas se han visto obligados a cerrar, lo que ha afectado a un millón de pacientes y 300 000 estudiantes, respectivamente; que otros 93 centros sanitarios están en su nivel mínimo de funcionamiento debido a la difícil situación de seguridad;

Q.

Considerando que la violencia en Burkina Faso ha dado lugar al desplazamiento de cerca de medio millón de personas; que muchas de ellas son personas vulnerables y los menores son el 44 % de los desplazados; que Burkina Faso acoge además a 31 000 refugiados malíes; que el ACNUR tiene serios problemas para llegar a los desplazados internos y refugiados en Burkina Faso; que los desplazados internos y refugiados afectados por la crisis humanitaria en la región están expuestos a riesgos para su protección y su presencia podría dar lugar a conflictos con la población local por unos recursos naturales escasos de no tomarse medidas adecuadas para proporcionarles alojamiento, empleo y alimentos; que los resultantes conflictos por los recursos amenazan con alimentar aún más el ciclo de violencia en el país;

R.

Considerando que, en los últimos siete años, la Unión ha movilizado más de 1 000 millones de euros para programas de desarrollo en Burkina Faso, y recientemente ha asignado 15,7 millones de euros para hacer frente al grave problema de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre los desplazados internos; que el país es uno de los beneficiarios principales de la ayuda financiera (628 millones de euros) del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y además recibe una ayuda financiera sustancial (245,8 millones de euros) del Fondo Fiduciario de Emergencia (financiado por el FED) para el periodo 2016-2020;

S.

Considerando que Burkina Faso participa en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) y en la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), la Iniciativa Transahariana de Lucha contra el Terrorismo (TSCTP por sus siglas en inglés) y el G-5 del Sahel; que su participación en estas misiones e iniciativas ha convertido al país en un objetivo primordial para grupos armados no estatales que tratan de perturbar la contribución de Burkina Faso a la seguridad regional y de desalentar al país de prestarla; que un informe del secretario general de las Naciones Unidas ha puesto de relieve las violaciones de los derechos humanos cometidas por soldados malíes del G-5 del Sahel;

T.

Considerando que la Unión contribuye directamente a la estabilidad de la región del Sahel con las misiones civiles EUCAP SAHEL en Mali y en Níger y a través de la Misión de Formación Militar de la Unión Europea en Mali (EUTM), aparte de hacerlo indirectamente por medio de la participación de los Estados miembros en la MINUSMA y en la operación Barkhane; que el G-5 del Sahel, apoyado por la Unión Europea, es un esfuerzo de defensa en colaboración entre Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger que refuerza la coordinación del desarrollo y la seguridad regionales para neutralizar grupos armados y reducir su atractivo; que en un ataque contra una base militar de Tahoua (Níger) que se produjo el 11 de diciembre de 2019 resultaron muertos 71 soldados nigerianos y 12 fueron heridos en el incidente más sangriento en la región desde 2016;

U.

Considerando que, en la cumbre celebrada en Ouagadougou el 14 de septiembre de 2019, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) anunció un plan por importe de 1 000 millones de dólares estadounidenses para combatir la inseguridad creciente en la región del Sahel;

V.

Considerando que la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea tiene por objeto desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Afganistán, en particular la de 14 de diciembre de 2017 (1),

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2019, sobre los derechos del niño con ocasión de la celebración del 30.o aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (2),

—

Vistas las declaraciones, de 3 de diciembre de 2019, del Grupo de amigos para la cuestión de los niños y los conflictos armados, del que la Unión es miembro, en relación con las denuncias de abusos sexuales de los que son víctimas niños en la provincia de Logar y las medidas adoptadas en dicho contexto contra los defensores de los derechos humanos,

—

Vista la Ley afgana sobre la protección de los derechos del niño, ratificada el 5 de marzo de 2019,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989,

—

Visto el informe del UNICEF, de noviembre de 2019, en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en la encrucijada,

—

Vistos los Informes del secretario general de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, de 23 de marzo de 2018 y de 29 de marzo de 2019, y el Informe sobre los niños y los conflictos armados en Afganistán, de 10 de marzo de 2019,

—

Vistas las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del niño, sobre los niños y los conflictos armados, y sobre los defensores de los derechos humanos,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Afganistán de 8 de abril de 2019,

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Visto el Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea y Afganistán, firmado el 18 de febrero de 2017,

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Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, según el Informe de 2019 del secretario general de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados en Afganistán, entre 2015 y 2018 se registraron en dicho país 14 000 violaciones de niños; que al menos 12 599 niños fueron asesinados o mutilados, lo que representa casi una tercera parte del total de las víctimas civiles; que los abusos sexuales, la violación y la explotación de niños, práctica conocida como bacha bazi, que es una forma de esclavitud sexual infantil, está muy extendida en varias provincias de Afganistán;

B.

Considerando que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán ha informado de que al menos 136 niños afganos en seis centros escolares de la provincia de Logar han sido objeto de abusos sexuales por una red de pederastia; que, hasta la fecha, la investigación ha identificado más de 100 vídeos publicados en línea; que al menos siete niños que figuraban en los vídeos han sido hallados muertos y cinco han sido asesinados por sus familias;

C.

Considerando que miembros influyentes de las élites en las zonas rurales, entre los que figuran políticos y oficiales del ejército, compran a los bachas, por regla general niños con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, a familias pobres, o los secuestran; que los niños se disfrazan de mujeres y actúan como bailarines en fiestas privadas y que a continuación son objeto de abusos sexuales frecuentes por parte de hombres;

D.

Considerando que directores, profesores y autoridades locales de la provincia de Logar han estado implicados en estos actos; que la impunidad en relación con la violencia sexual es frecuente debido a los puestos destacados que a menudo ostentan sus autores, la incredulidad de las familias y vecinos de las víctimas, y un sistema de valores que sitúa al honor de la familia por encima del interés individual del niño;

E.

Considerando que los niños en Afganistán que son víctimas de violaciones y objeto de explotación sexual disfrutan de un acceso muy limitado a la justicia o a ayudas; que distintas informaciones indican que sucede lo contrario y que los niños que denuncian abusos sexuales sufren a menudo más abusos, estigmatización, ostracismo e incluso pierden su vida a manos de los autores de dichos actos, de las autoridades, de los jefes de las milicias y de sus propios familiares, lo que provoca más traumas físicos y psicológicos;

F.

Considerando que la «Logar Youth Social and Civil Institution», organización de la sociedad civil de Logar dedicada a los jóvenes, está investigando la situación en otras escuelas de la región; que se cree que miles de niños de la provincia son víctimas de los bachas bazi;

G.

Considerando que en 2018 Afganistán reformó su Código Penal, tipificando como delito el abuso sexual de los menores; que en 2019 las autoridades afganas aprobaron una Ley sobre la protección de los derechos del niño; que la aplicación de las disposiciones que tipifican el reclutamiento, el uso de niños reclutados, la violencia sexual y el abuso de menores sigue siendo un reto;

H.

Considerando que Mohammad Musa Mahmuli y Ehsanullah Hamidi, defensores de los derechos humanos miembros de la «Logar Youth Social and Civil Institution» fueron detenidos arbitrariamente por la Dirección Nacional de Seguridad cuando iban a reunirse con el embajador de la Unión en Kabul; que ambos fueron puestos en libertad el 27 de noviembre de 2019 y que su seguridad sigue siendo motivo de preocupación; que estos dos defensores de los derechos humanos habían recibido anteriormente amenazas en los medios de comunicación social, algunas provenientes de funcionarios públicos; que, además, el gobernador provincial amenazó con sancionarlos por difundir información falsa;

I.

Considerando que los defensores de los derechos humanos en Afganistán son objeto de ataques cada vez más frecuentes por parte de las autoridades afganas y de grupos armados y que sufren acoso, intimidación, amenazas y violencia; que el Gobierno afgano ha eludido investigar en repetidas ocasiones los ataques contra los defensores de los derechos humanos;

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia y sobre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia,

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Vistas las declaraciones de la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 23 de noviembre de 2019, sobre las modificaciones de la Ley de «agentes extranjeros» en la Federación de Rusia, y de 26 de noviembre de 2017, sobre la ley rusa que permite el registro de medios de comunicación extranjeros como «agentes extranjeros»,

—

Vista la declaración de la Delegación de la Unión ante el Consejo de Europa, de 11 de diciembre de 2019, sobre las modificaciones de la Ley de «agentes extranjeros» en la Federación de Rusia,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular su artículo 19 sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y su artículo 20 sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas,

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Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en particular su artículo 13 sobre la libertad de asociación,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, en particular su artículo 22 sobre el derecho a la libertad de asociación,

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Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos),

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Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los protocolos al mismo, en particular su artículo 10 sobre el derecho a la libertad de expresión, y su artículo 11 sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación,

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Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,

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Vista la Constitución de la Federación de Rusia, y en particular el capítulo 2 sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos,

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Vista la declaración del representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 20 de noviembre de 2019, sobre la libertad de los medios de comunicación,

—

Visto el dictamen del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 15 de julio de 2013, sobre la legislación de la Federación de Rusia relativa a las organizaciones no comerciales a la luz de las normas del Consejo de Europa, así como el dictamen actualizado sobre la legislación y las prácticas en la Federación de Rusia sobre organizaciones no comerciales a la luz de las normas del Consejo de Europa, publicado el 9 de julio de 2015,

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Visto el dictamen de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), de 27 de junio de 2014, sobre la Ley federal de organizaciones no comerciales («Ley de agentes extranjeros»), el dictamen de 13 de junio de 2016 sobre la Ley federal rusa n.o 129-FZ (sobre las actividades indeseables de las organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales) y el informe de la Comisión de Venecia, de 18 de marzo de 2019, sobre la financiación de asociaciones,

—

Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que los derechos de libertad de pensamiento y de palabra, de asociación y de reunión pacífica, están consagrados en la Constitución de la Federación de Rusia;

B.

Considerando que la Federación de Rusia es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como miembro del Consejo de Europa, y que, por tanto, se ha comprometido a respetar las normas y principios internacionales que rigen el Estado de Derecho y los derechos humanos y las libertades fundamentales;

C.

Considerando que, en julio de 2012, el Parlamento ruso adoptó una ley de «agentes extranjeros» que obliga a las ONG rusas a registrarse en el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia como «organizaciones que desempeñan funciones de agentes extranjeros» si reciben financiación del extranjero y se dedican a actividades descritas de forma imprecisa como «actividades políticas»; que, en junio de 2014, se modificó dicha Ley permitiendo al Ministerio de Justicia registrar por iniciativa propia a las ONG como «agentes extranjeros»; que, en noviembre de 2017, se amplió el ámbito de aplicación de la Ley para imponer el uso de la denominación «agentes extranjeros» a cualquier medio extranjero que recibiera directa o indirectamente financiación del extranjero;

D.

Considerando que las últimas modificaciones de la Ley de «agentes extranjeros», que amplían la categoría de «agentes extranjeros» para incluir a particulares, incluidos blogueros y periodistas independientes, fueron aprobadas por el Parlamento ruso el 21 de noviembre de 2019 y promulgadas por el presidente Vladimir Putin el 2 de diciembre de 2019; que la Ley exige requisitos específicos para el registro, la contabilidad y la denominación de las publicaciones, y tipifica el incumplimiento como una infracción penal, lo que conlleva la posibilidad de imponer sanciones administrativas severas o penas de prisión de hasta dos años;

E.

Considerando que, de acuerdo con esta Ley, los rusos y los extranjeros que trabajan o distribuyen contenidos de medios calificados como «agentes extranjeros» serían declarados «agentes extranjeros», lo que podría exponer a periodistas, sus fuentes, o incluso a quienes comparten material en las redes sociales a su estigmatización como «agentes extranjeros», dar lugar a la autocensura y disuadirles, al mismo tiempo, no solo de publicar, sino también de compartir publicaciones;

F.

Considerando que la Ley rusa de «agentes extranjeros» infringe el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el acuerdo internacional del Consejo de Europa que defiende, entre otras cuestiones, la libertad de expresión y de los medios de comunicación; que, por lo tanto, Rusia no está cumpliendo sus obligaciones como miembro del Consejo de Europa; que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa estimó que esta Ley es incompatible con las normas internacionales y europeas en materia de derechos humanos; que la Ley de «agentes extranjeros» viola los compromisos de Rusia como miembro de la OSCE y firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos; que la Unión Europea espera que la Federación de Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, respete plenamente los compromisos internacionales que ha contraído;

G.

Considerando que una serie de organizaciones defensoras de los derechos humanos y ONG, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, opinan que la Ley modificada tendrá un impacto negativo en el entorno ya restrictivo para el periodismo independiente en Rusia, lo que socavará aún más la libertad de expresión; que los medios de comunicación de calidad, independientes de las estructuras gubernamentales o progubernamentales, que trabajan con muchos corresponsales rusos en todo el país y son a menudo la única fuente de información fiable y una alternativa a los medios estatales en las regiones remotas, están en el punto de mira de la Ley, lo que obstaculiza su labor y, por consiguiente, el acceso a una cobertura mediática imparcial;

H.

Considerando que, en los últimos meses, las restricciones legales y las acciones judiciales específicas en virtud de la Ley de «agentes extranjeros» en Rusia han adoptado formas más represivas, cuyo resultado ha sido limitar el acceso de los medios de comunicación y de la sociedad civil a financiación independiente, empañar su reputación y obstaculizar sus actividades, de modo que se ha restringido el ejercicio de las libertades fundamentales y reducido el espacio para los actores independientes y disidentes en Rusia;

I.

Considerando que la Ley de «agentes extranjeros» forma parte de una campaña más amplia para reprimir la disidencia, la oposición y la sociedad civil en toda Rusia; que la reducción del espacio reservado a la sociedad civil independiente rusa permite una mayor presencia de organizaciones no gubernamentales no independientes organizadas por el Gobierno (ONG gubernamentales); que el Gobierno ruso utiliza las ONG gubernamentales para promover sus propias políticas, manteniendo al mismo tiempo la apariencia de una sociedad civil independiente;

J.

Considerando que, hasta el momento, la Ley se ha dirigido principalmente contra las ONG; que un total de unas ochenta ONG están catalogadas como «agentes extranjeros» en virtud de esa Ley, incluidas prácticamente todas las principales ONG de defensa de los derechos humanos en Rusia; que 49 ONG rusas tienen solicitudes pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que alegan que la Ley de «agentes extranjeros» viola una serie de derechos humanos, incluidos los derechos de libertad de expresión y de asociación, y protestan contra la calidad de la Ley y por su persecución al no registrarse como «agentes extranjeros», así como por el excesivo control estatal;

K.

Considerando que desde 2014 ha habido decenas de organizaciones activas en cuestiones medioambientales que se han visto obligadas a constar en la lista de «agentes extranjeros», pese a que el Tribunal Constitucional de Rusia dictaminó de manera expresa la exclusión de los grupos ecologistas del ámbito de aplicación de la Ley; que muchos de los grupos afectados se han visto obligados a disolverse o bien para no ser tildados de «agentes extranjeros», o bien por no poder pagar las multas;

L.

Considerando que este pasado decenio ha surgido una inquietante tendencia mundial en la que cada vez más Estados están aprobando y utilizando legislación para poner trabas al derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la libertad para recibir y transmitir información e ideas sin que se inmiscuyan las autoridades públicas y por encima de las fronteras, así como las libertades de reunión y de asociación; que estas leyes obstaculizan asimismo la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de particulares;

M.

Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado en varias sentencias que el papel de guardián público de la democracia que desempeñan las ONG resulta fundamental para una sociedad democrática y reviste una importancia comparable al de los medios de comunicación;

N.

Considerando que el objetivo legítimo de velar por la transparencia de las ONG cuando reciben financiación extranjera no puede justificar medidas que restrinjan las actividades de las ONG activas en el ámbito de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho;

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Vistos los principios universales de los derechos humanos y los principios fundamentales de la Unión Europea como una comunidad basada en valores comunes,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,

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Vista su Resolución, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (1),

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Vistas las resoluciones y declaraciones sobre los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios adoptadas por varios Parlamentos nacionales,

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Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que en 2019 se conmemora el trigésimo aniversario de la revolución rumana desencadenada por los levantamientos en Timișoara, que posteriormente se extendieron al resto del país culminando en una revolución antitotalitaria en Bucarest que propició la caída del régimen comunista y la instauración de la democracia; que esta revolución supuso la transición del pueblo rumano hacia la libertad y el Estado de Derecho, que se saldó con la trágica pérdida de 1 142 vidas humanas, 3 138 heridos graves y más de 760 detenidos y torturados ilegalmente;

B.

Considerando que la revolución rumana de diciembre de 1989 fue la más violenta de las insurrecciones que provocaron la caída de los regímenes comunistas en los Estados del lado oriental del Telón de Acero;

C.

Considerando que la revolución de diciembre de 1989 y el sacrificio de los ciudadanos rumanos que se situaron valientemente en la línea de fuego allanaron el camino del país hacia la OTAN, la Unión Europea y el mundo democrático del que había sido arrancado al término de la Segunda Guerra Mundial contra la voluntad del propio pueblo rumano;

D.

Considerando que el uso de la fuerza contra el pueblo rumano en diciembre de 1989 sacudió el corazón mismo de la sociedad rumana, y que la identificación de los verdaderos autores de estos crímenes sigue siendo una cuestión sin zanjar para las víctimas, para sus familias y para todos los ciudadanos rumanos;

E.