—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D061870/04,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, y en particular su artículo 11, apartado 3, y su artículo 23, apartado 3 (1),

—

Vistas la votación del 30 de abril de 2019 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, que no dio lugar a la emisión de dictamen, y la votación del 5 de junio de 2019 en el Comité de apelación, que tampoco dio lugar a la emisión de dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el 6 de diciembre de 2006, y publicado el 14 de diciembre de 2006 (3),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el 17 de octubre de 2018, y publicado el 14 de noviembre de 2018 (4),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG) (5),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria;

A.

Considerando que mediante la Decisión 2008/837/CE (6) de la Comisión se autorizó la comercialización de alimentos y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 («LLCotton25»);

B.

Considerando que, el 2 de octubre de 2017, el titular inicial de la autorización, Bayer CropScience AG, presentó a la Comisión una solicitud, de conformidad con los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, para la renovación de dicha autorización;

C.

Considerando que, el 17 de octubre de 2018, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen favorable que fue publicado el 14 de noviembre de 2018 (7);

D.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 establece que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deberán tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente y que la Comisión deberá tener en cuenta al redactar el proyecto de decisión cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

E.

Considerando que se ha hecho que el LLCotton25 sea resistente a los herbicidas a base de glufosinato (8);

F.

Considerando que, si bien el consumo humano de aceite de semillas de algodón puede ser relativamente limitado en Europa, puede encontrarse en una amplia variedad de productos alimenticios, incluidos los aliños, la mayonesa, los productos de pastelería fina y las cremas y chispas de chocolate; Considerando que el algodón es utilizado en la alimentación animal principalmente en forma de tortas o harina de semillas de algodón o como semillas de algodón enteras (9);

G.

Considerando que los Estados miembros presentaron a la EFSA numerosas observaciones críticas durante los tres meses que duró el período de consulta, tanto en lo que respecta a la evaluación inicial como a la evaluación de su renovación (10); Considerando que algunas de estas observaciones afirman que no se tuvieron en cuenta los efectos de los residuos de glufosinato y los metabolitos, que es cuestionable que los resultados del ensayo de toxicidad puedan considerarse correctos, que no se ha realizado una evaluación exhaustiva de la alergenicidad ni de la toxicología, que los informes de seguimiento elaborados por el solicitante no proporcionan ningún dato que apoye las conclusiones de que no se han producido efectos perjudiciales para la salud ni para el medio ambiente asociados a la importación y utilización de LLCotton25 y que el plan general de vigilancia propuesto por el solicitante no cumple los requisitos del anexo VII de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11);

H.

Considerando que la EFSA, en respuesta a las observaciones de los Estados miembros, ha declarado en repetidas ocasiones que considera necesario un nuevo debate entre los solicitantes y la Comisión en su calidad de gestora de riesgos para la aplicación práctica de la vigilancia medioambiental posterior a la comercialización en lo que respecta a las plantas modificadas genéticamente para su importación o transformación;

I.

Considerando que diversos estudios han demostrado que en los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas se hace un mayor uso de dichos herbicidas, debido en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas (12); que, en consecuencia, cabe esperar que los cultivos de LLCotton25 se vean expuestos a dosis más elevadas y repetidas de glufosinato, lo que podría dar lugar a una mayor cantidad de residuos en la cosecha;

J.

Considerando que, si bien el LLCotton25 fue inicialmente autorizado para su importación en 2008, la aprobación del glufosinato para su uso en la Unión expiró el 31 de julio de 2018 (13); Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la reproducción de categoría 1B y, por lo tanto, cumple los «criterios de exclusión» establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (14);

K.

Considerando que la evaluación de los residuos de herbicidas y sus metabolitos en plantas modificadas genéticamente se considera ajena a las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte del procedimiento de autorización de los OMG; que esto resulta problemático, ya que el modo en que la planta realiza la metabolización de los herbicidas complementarios, y la composición y, por ende, la toxicidad de los productos de degradación («metabolitos») pueden venir determinados por la propia modificación genética (15);

L.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con los límites máximos de residuos (LMR), deben supervisarse y controlarse cuidadosamente los residuos sobre cultivos importados para alimentos y piensos de sustancias activas que no están autorizados en la Unión, como el glufosinato (17);

M.

Considerando que, por el contrario, con arreglo al último programa plurianual coordinado de control de la Unión (para 2020, 2021 y 2022), los Estados miembros no están obligados a medir los residuos de glufosinato en ningún producto, incluido el algodón (18); que no puede descartarse la posibilidad de que el LLCotton25 o los productos derivados del mismo para alimentos y piensos superen los límites máximos de residuos, que se han establecido para garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores;

N.

Considerando que la EFSA concluyó que la exposición estimada del operario al glufosinato cuando se utiliza para el control de las malas hierbas en el maíz modificado genéticamente superó el nivel de exposición admisible para el operario (NEAO), incluso cuando se utilizó el equipo de protección individual (19); que la exposición de los operarios es especialmente preocupante debido a los volúmenes más elevados de herbicidas utilizados en cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas;

O.

Considerando que, según un informe reciente de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, los plaguicidas peligrosos tienen consecuencias catastróficas para la salud, siendo estos responsables de unas 200 000 muertes por intoxicación aguda cada año, un 99 % de las cuales se producen en los países en desarrollo (20); que la meta 3.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a la que se ha comprometido la Unión, aspira a que en 2030 se haya reducido sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo (21);

P.

Considerando que la votación del 30 de abril de 2019 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no dio lugar a la emisión de dictamen, lo que significa que la autorización no obtuvo el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros; que la votación del 5 de junio de 2019 del comité de apelación tampoco dio lugar a la emisión de dictamen;

Q.

Considerando que la Comisión reconoce que es problemático el hecho de que las decisiones de autorización de OMG sigan siendo adoptadas por la Comisión sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que constituye en gran medida una excepción para las autorizaciones de productos en general, pero que se ha convertido en la norma para la adopción de decisiones sobre autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente (22); que el presidente de la Comisión ha lamentado en varias ocasiones el recurso a esa práctica por considerar que no es democrática (23);

R.

Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo adoptó un total de 36 resoluciones en las que formulaba objeciones a la comercialización de organismos modificados genéticamente como alimentos y piensos (treinta y tres resoluciones) y al cultivo de dichos organismos en la Unión (tres resoluciones); que no hubo una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos organismos modificados genéticamente; que, a pesar de reconocer las deficiencias democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y las objeciones del Parlamento, la Comisión sigue autorizando organismos modificados genéticamente;

S.

Considerando que no es necesario ningún cambio de ley para que la Comisión pueda no autorizar los OMG cuando no haya una mayoría cualificada de Estados miembros a favor en el comité de apelación (24);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0028).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0029).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0030).

—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de los productos que se compongan de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), la contengan o se hayan producido a partir de ella, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D061871/04,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, y en particular su artículo 11, apartado 3, y su artículo 23, apartado 3 (1),

—

Vistas la votación del 30 de abril de 2019 en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, en la que no se emitió ningún dictamen, y la votación del 5 de junio de 2019 en el Comité de Apelación, en la que tampoco se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el 2 de julio de 2008 y publicado el 11 de julio de 2008 (3),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el 17 de octubre de 2018 y publicado el 16 de noviembre de 2018 (4),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos modificados genéticamente (5),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que mediante la Decisión 2008/933/CE de la Comisión (6) se autorizó la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 89788 («soja MON 89788»);

B.

Considerando que, el 20 de noviembre de 2017, el titular de la autorización, Monsanto Europe S.A./N.V., en nombre de Monsanto Company, presentó a la Comisión una solicitud, de conformidad con los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, para la renovación de dicha autorización;

C.

Considerando que, el 17 de octubre de 2018, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen favorable en relación con la renovación de dicha autorización (7), que se publicó el 16 de noviembre de 2018;

D.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 establece que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deberán tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente e impone a la Comisión la obligación de tener en cuenta, al redactar el proyecto de decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

E.

Considerando que se ha hecho que la soja MON 89788 sea resistente a los herbicidas a base de glifosato; que la soja MON 89788 se ha desarrollado para conferir resistencia al glifosato mediante la expresión de la proteína CP4 EPSPS (8);

F.

Considerando que diversos estudios han demostrado que en los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas se hace un mayor uso de dichos herbicidas, debido en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas (9); que, en consecuencia, cabe esperar que los cultivos de soja MON 89788 se vean expuestos a dosis más elevadas y repetidas de glifosato, lo que podría conllevar un aumento de los residuos presentes en la cosecha;

G.

Considerando que siguen existiendo interrogantes en lo que respecta a la carcinogenicidad del glifosato; que en noviembre de 2015 la EFSA concluyó que el glifosato tenía pocas probabilidades de ser carcinógeno y que en marzo de 2017 la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó que no estaba justificada su clasificación como tal; que, en cambio, en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (la agencia de la Organización Mundial de la Salud especializada en el cáncer) clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para las personas; que varios estudios científicos revisados por pares recientes confirman el potencial carcinogénico del glifosato (10);

H.

Considerando que, en las plantas modificadas genéticamente, la metabolización de los herbicidas complementarios que realiza la planta y la composición y, por ende, la toxicidad de los productos de degradación (metabolitos) pueden venir determinadas por la propia modificación genética (11); que, según la EFSA, faltan datos toxicológicos que permitan realizar una evaluación del riesgo para los consumidores de varios productos de degradación del glifosato pertinentes para los cultivos resistentes al glifosato modificados genéticamente (12);

I.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, deben establecerse unos límites máximos de residuos (LMR) específicos para los alimentos y piensos producidos en terceros países cuando el uso de plaguicidas dé lugar a niveles de residuos diferentes de los resultantes de las prácticas agrícolas aplicadas en la Unión (14); que esto es lo que ocurre con las importaciones de cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas, debido a los niveles superiores de herbicidas utilizados en comparación con los cultivos no modificados genéticamente;

J.

Considerando que, según una revisión de la EFSA de 2018 de los LMR vigentes para el glifosato, los datos disponibles no eran suficientes para determinar los LMR y los valores de evaluación del riesgo del glifosato en relación con varios cultivos modificados genéticamente, incluida la soja con una modificación de la proteína EPSPS (15);

K.

Considerando que la evaluación de los residuos de herbicidas y sus metabolitos en plantas modificadas genéticamente se considera ajena a las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte del procedimiento de autorización de organismos modificados genéticamente;

L.

Considerando que, en sus observaciones sobre la evaluación del riesgo de la EFSA (16), las autoridades competentes de numerosos Estados miembros manifestaron su preocupación ante la inexistencia de análisis de los residuos de herbicidas presentes en cultivos modificados genéticamente y de los riesgos sanitarios que conllevan;

M.

Considerando que muchos Estados miembros han manifestado su preocupación por la calidad del plan de seguimiento medioambiental posterior a la comercialización, señalando, entre otros aspectos, que no respeta plenamente los objetivos establecidos en el anexo VII de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) ni en las notas de orientación complementarias; que los Estados miembros también han señalado, en general, que el seguimiento de la soja MON 89788 no es adecuado, no proporciona datos sólidos que permitan respaldar la conclusión de que no se han producido efectos perjudiciales para la salud ni para el medio ambiente como consecuencia de la importación y utilización de la soja MON 89788 y no permite deducir que su utilización para el consumo animal o humano sea segura (18);

N.

Considerando que la EFSA, en respuesta a las observaciones de los Estados miembros, ha declarado en repetidas ocasiones que considera necesario un nuevo debate entre los solicitantes y la Comisión en su calidad de gestora de riesgos para la aplicación práctica del seguimiento medioambiental posterior a la comercialización de las plantas modificadas genéticamente para su importación o transformación;

O.

Considerando que el Grupo de trabajo de biotecnología de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Laboral (ANSES) francesa afirma que, dado el carácter excesivamente restrictivo del análisis bibliográfico realizado por el solicitante en relación con los estudios científicos publicados desde la primera autorización de la soja MON 89788, no se puede llegar a una conclusión en cuanto a la seguridad de la soja MON 89788;

P.

Considerando que el cultivo de soja modificada genéticamente en países como Brasil y Argentina es una de las principales causas de la deforestación a gran escala; que en el proceso de autorización no se ha tenido presente este aspecto ni las obligaciones asumidas por la Unión en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y otros objetivos internacionales en materia de biodiversidad;

Q.

Considerando que en la votación del 30 de abril de 2019 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen, lo que significa que la autorización no fue apoyada por una mayoría cualificada de los Estados miembros; que en la votación del 5 de junio de 2019 en el Comité de Apelación tampoco se emitió ningún dictamen;

R.

Considerando que la Comisión reconoce que es problemático que las decisiones de autorización de organismos modificados genéticamente sigan siendo adoptadas por la Comisión sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que verdaderamente constituye una excepción en el marco de las autorizaciones de productos en su conjunto, pero que se ha convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones relativas a las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente (19); que el presidente de la Comisión ha lamentado en varias ocasiones el recurso a esa práctica por considerar que no es democrática (20);

S.

Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó en total 36 resoluciones en las formulaba objeciones a la comercialización de organismos modificados genéticamente como alimentos y piensos (33 resoluciones) y al cultivo de dichos organismos en la Unión (3 resoluciones); que no hubo una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos organismos modificados genéticamente; que, pese a que reconoce las deficiencias democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y las objeciones del Parlamento, la Comisión sigue autorizando organismos modificados genéticamente;

T.

Considerando que no es necesario ningún cambio legislativo para que la Comisión pueda no autorizar organismos modificados genéticamente cuando no haya una mayoría cualificada de Estados miembros a favor en el Comité de Apelación (21);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0028);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0029);

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0030).

—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D062828/04,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y en particular su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,

—

Visto el hecho de que en la votación del 12 de julio de 2019 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen, y que en la votación del 16 de septiembre de 2019 en el Comité de apelación tampoco se emitió dictamen alguno,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 28 de noviembre de 2018 y publicado el 16 de enero de 2019 (3),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG) (4),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria;

A.

Considerando que, el 11 de enero de 2013, Dow AgroSciences Europe («el solicitante») presentó, en nombre de Dow AgroSciences LLC, una solicitud, de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, para la comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 («el evento acumulado modificado genéticamente de maíz») y sus subcombinaciones; que la solicitud se refería también a la comercialización de productos que contienen o se componen del evento acumulado modificado genéticamente de maíz para usos distintos de los alimentos y piensos, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que siete subcombinaciones del evento acumulado modificado genéticamente de maíz ya han sido autorizadas o, o están en proceso de ser autorizadas con arreglo a una solicitud independiente; que las otras tres subcombinaciones (MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS 40278-9) están contempladas en el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión;

C.

Considerando que el evento acumulado modificado genéticamente de maíz se obtiene a partir de cuatro eventos de maíz modificados genéticamente y confiere tolerancia a los herbicidas que contienen glufosinato, glifosato, quizalofop y 2,4-D y produce tres proteínas insecticidas (proteínas «Bt» o «Cry»): Cry1A.105, Cry2Ab2 y Cry1F, que son tóxicos para algunas larvas de lepidópteros (5);

D.

Considerando que, el 28 de noviembre de 2018, la EFSA adoptó un dictamen favorable que fue publicado el 16 de enero de 2019 (6);

E.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003, los alimentos y piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente y la Comisión debe tener en cuenta, al redactar su proyecto de decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

F.

Considerando que el solicitante no presentó a la EFSA ningún dato relativo a las tres subcombinaciones en el ámbito de aplicación del proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión (7);

G.

Considerando que los Estados miembros presentaron a la EFSA numerosas observaciones críticas durante el período de consulta de tres meses (8); que dichas observaciones críticas incluyen la observación de que los datos facilitados por el solicitante son insuficientes para garantizar una correcta evaluación de los riesgos, que la evaluación de los riesgos realizada por la EFSA no es suficiente en su forma actual, al no haber evaluado adecuadamente la seguridad general y la posible toxicidad del evento acumulado modificado genéticamente de maíz para los seres humanos, los animales y el medio ambiente, que la EFSA no tuvo en cuenta los recientes estudios sobre la toxicidad potencial de las toxinas Bt, y que es imposible llegar a conclusiones sobre los riesgos para la salud asociados al evento acumulado modificado genéticamente de maíz, sin llevar a cabo estudios de alimentación crónica para evaluar adecuadamente la toxicidad en los órganos y la toxicidad para la reproducción, y las respuestas del sistema inmunitario, que tengan en cuenta los niveles realistas de residuos de herbicidas complementarios y posibles efectos combinatorios y acumulativos;

H.

Considerando que un estudio independiente (9) también concluye que la evaluación de los riesgos de la EFSA no es aceptable en su forma actual, al no haber evaluado adecuadamente la seguridad general y la posible toxicidad del evento acumulado modificado genéticamente de maíz;

I.

Considerando que dicho estudio independiente considera que la EFSA debería haber tomado los resultados del análisis comparativo como punto de partida para realizar investigaciones más detalladas, ya que el análisis reveló muchas diferencias significativas entre el evento acumulado modificado genéticamente de maíz y su homólogo convencional, especialmente cuando el evento acumulado modificado genéticamente de maíz fue tratado con herbicidas complementarios;

J.

Considerando que el estudio independiente concluye que, a la luz de esas diferencias significativas, los estudios de alimentación crónica o los estudios multigeneracionales deberían haber sido solicitados por la EFSA, a fin de poder evaluar adecuadamente la toxicidad en los órganos y la toxicidad para la reproducción y las respuestas del sistema inmunitario, teniendo en cuenta al mismo tiempo la elevada cantidad de toxinas Bt y los niveles realistas de residuos de herbicidas complementarios y posibles efectos combinatorios y acumulativos;

K.

Considerando que diversos estudios han demostrado que en los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas se hace un mayor uso de herbicidas «complementarios», debido en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas (10); que, en consecuencia, cabe esperar que el evento acumulado modificado genéticamente de maíz se vea expuesto a dosis más elevadas y repetidas de glufosinato, glifosato, quizalofop y 2,4-D y que, por consiguiente, se encuentre una mayor cantidad de residuos en las cosechas;

L.

Considerando que siguen existiendo interrogantes en lo que respecta a la carcinogenicidad del glifosato; que la EFSA concluyó en noviembre de 2015 que el glifosato tenía pocas probabilidades de ser carcinógeno y que en marzo de 2017 la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) concluyó que no estaba justificada su clasificación como tal; que, en cambio, en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), la agencia de la Organización Mundial de la Salud especializada en el cáncer, clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para las personas;

M.

Considerando que, según la EFSA, faltan datos toxicológicos que permitan realizar una evaluación del riesgo para los consumidores de varios productos de degradación del glifosato pertinentes para los cultivos resistentes al glifosato modificados genéticamente (11);

N.

Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la reproducción de categoría 1B y, por lo tanto, cumple los «criterios de exclusión» establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (12); que la aprobación del glufosinato para su uso en la Unión venció el 31 de julio de 2018 (13);

O.

Considerando que en un reciente artículo de un especialista en la materia que participa en la obtención de plantas modificadas genéticamente se plantean dudas en cuanto a la inocuidad de los cultivos modificados genéticamente resistentes al 2,4-D por resultar de la degradación de este los productos citotóxicos (14);

P.

Considerando que la evaluación de los residuos de herbicidas y sus productos de degradación en plantas modificadas genéticamente se considera ajena a las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte del procedimiento de autorización de organismos modificados genéticamente; que esto resulta problemático, ya que el modo en que la planta modificada genéticamente en cuestión realiza la metabolización de los herbicidas complementarios, y la composición y, por ende, la toxicidad de los productos de degradación («metabolitos») pueden venir determinadas por la propia modificación genética (15);

Q.

Considerando que, debido a prácticas agrícolas específicas en el cultivo de plantas modificadas genéticamente resistentes a los herbicidas, existen también pautas específicas de aplicación de herbicidas y, por tanto, exposición de las plantas, así como la aparición de efectos combinados entre los diferentes residuos de herbicidas y sus metabolitos, que requieren una atención especial; que la EFSA no consideró dichas pautas;

R.

Considerando que, por lo tanto, no cabe concluir que el consumo del evento acumulado modificado genéticamente de maíz o de sus subcombinaciones sea seguro para la salud humana y animal;

S.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, deben establecerse unos límites máximos de residuos (LMR) específicos para los alimentos y piensos producidos en terceros países cuando el uso de plaguicidas dé lugar a niveles de residuos diferentes de los resultantes de las prácticas agrícolas aplicadas en la Unión; que esto es lo que ocurre con las importaciones de cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas, debido a los niveles superiores de herbicidas utilizados en comparación con los cultivos no modificados genéticamente;

T.

Considerando, no obstante, que, según una revisión de la EFSA, de 2018, sobre los LMR existentes para el glifosato, los datos disponibles eran insuficientes para derivar los LMR y los valores de evaluación del riesgo del glifosato respecto del maíz modificado genéticamente con una modificación de la EPSPS (17); que el evento acumulado modificado genéticamente de maíz presenta una modificación de la EPSPS (18);

U.

Considerando, también de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, que los residuos de sustancias activas que no están autorizados en la Unión, como el glufosinato, en los cultivos importados destinados a alimentos y piensos deben supervisarse y controlarse cuidadosamente (19);

V.

Considerando que, con arreglo al último programa plurianual coordinado de control de la Unión (para 2020, 2021 y 2022), los Estados miembros no están obligados a medir el glufosinato (ni ningún otro herbicida) en el maíz (modificado genéticamente o de otro tipo) (20); que no puede descartarse la posibilidad de que el evento acumulado modificado genéticamente de maíz, sus subcombinaciones o los productos derivados de este para alimentos y piensos superen los límites máximos de residuos, que deben aplicarse y vigilarse para garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores;

W.

Considerando que hay varios estudios en los que se han observado posibles efectos secundarios sobre el sistema inmunitario por la exposición a proteínas Bt, y que algunas de dichas proteínas pueden tener propiedades adyuvantes (21), lo que significa que pueden aumentar la capacidad alergénica de otras proteínas con las que entren en contacto;

X.

Considerando que un miembro de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA, en su opinión minoritaria adoptada durante el procedimiento de evaluación de otro evento acumulado modificado genéticamente de maíz y sus sub-combinaciones señaló que, a pesar de no haberse detectado nunca efectos no deseados sobre el sistema inmunitario en ninguna solicitud que entrañe la expresión de proteínas Bt, «estos podrían no haber sido observados en los estudios toxicológicos […] actualmente recomendados y realizados en la EFSA para evaluar la seguridad de las plantas modificadas genéticamente, porque no incluyen los exámenes convenientes en este sentido» (22);

Y.

Considerando que en un reciente estudio se indica que el rápido aumento del tratamiento de semillas con neonicotinoides en los Estados Unidos ha coincidido con una mayor plantación de maíz modificado genéticamente para la expresión de proteínas Bt (23); que la Unión ha prohibido el uso al aire libre de tres neonicotinoides, también en cuanto recubrimientos de semillas, por cómo afectan a las abejas y otros polinizadores (24);

Z.

Considerando que la evaluación de la posible interacción de los residuos de herbicidas y sus metabolitos con las proteínas Bt se considera excluida de las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte de la evaluación de riesgos;

AA.

Considerando que la votación del 12 de julio de 2019 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen, lo que significa que la autorización no fue apoyada por una mayoría cualificada de Estados miembros; que la votación del 16 de septiembre de 2019 del Comité de Apelación tampoco dio lugar a la emisión de un dictamen;

AB.

Considerando que la Comisión reconoce que es problemático que las decisiones de autorización de organismos modificados genéticamente sigan siendo adoptadas por la Comisión sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que verdaderamente constituye una excepción en el marco de las autorizaciones de productos en su conjunto, pero que se ha convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones relativas a las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente (25); que el presidente de la Comisión ha lamentado en varias ocasiones el recurso a dicha práctica por considerar que no es democrática (26);

AC.

Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó un total 36 resoluciones en las formulaba objeciones a la comercialización de organismos modificados genéticamente como alimentos y piensos (33 resoluciones) y al cultivo de dichos organismos en la Unión (tres resoluciones); que no hubo una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos organismos modificados genéticamente; que, pese a que reconoce las deficiencias democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y las objeciones del Parlamento, la Comisión sigue autorizando organismos modificados genéticamente;

AD.

Considerando que no es necesario ningún cambio legislativo para que la Comisión pueda no autorizar organismos modificados genéticamente cuando no haya una mayoría cualificada de Estados miembros a favor en el Comité de Apelación (27);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0028).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0029).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0030).

—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la introducción en el mercado de los productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco de los eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D063846/02,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y en particular su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,

—

Vistas la votación de 16 de septiembre de 2019 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, que no dio lugar a la emisión de dictamen, y la votación de 11 de octubre de 2019 en el Comité de apelación, que tampoco dio lugar a la emisión de dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 27 de febrero de 2019 y publicado el 5 de abril de 2019 (3),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos modificados genéticamente (OMG) (4),

—

Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

A.

Considerando que, el 16 de diciembre de 2011, Syngenta Crop Protection NV/SA (el «solicitante») presentó una solicitud de comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 («el evento acumulado modificado genéticamente de maíz») y de determinadas subcombinaciones, de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003; que la solicitud se refería también a la comercialización de productos que contienen o se componen del evento acumulado modificado genéticamente de maíz para usos distintos de los alimentos y piensos, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que el evento acumulado modificado genéticamente de maíz se obtiene a partir de seis eventos de maíz modificados genéticamente y confiere tolerancia a los herbicidas que contienen glufosinato y glifosato, y produce cinco proteínas insecticidas (proteínas «Bt» o «Cry»): Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F y eCry3.1Ab, que son tóxicas para las larvas de algunos lepidópteros y coleópteros (5);

C.

Considerando que 22 subcombinaciones del evento acumulado modificado genéticamente de maíz ya están autorizadas; que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión cubre las 34 subcombinaciones restantes (6);

D.

Considerando que, el 27 de febrero de 2019, la EFSA adoptó un dictamen favorable que fue publicado el 5 de abril de 2019 (7);

E.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003, los alimentos y piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente y la Comisión debe tener en cuenta, al redactar su proyecto de decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

F.

Considerando que los Estados miembros presentaron a la EFSA numerosas observaciones críticas durante el período de consulta de tres meses (8); que estos comentarios críticos hacen referencia a que no se llevaron a cabo estudios completos de toxicidad de las plantas con el evento acumulado modificado genéticamente de maíz ni ensayos específicos de los posibles efectos combinatorios de todos los transgenes contenidos en el evento acumulado modificado genéticamente de maíz, a que persiste la incertidumbre sobre los efectos de las toxinas Cry en los mamíferos y seres humanos, a que la evaluación comparativa no proporciona ninguna prueba de seguridad o a que el plan de seguimiento no garantiza que se recoja la información, así como al hecho de que no cumple la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), y a que no se ha estudiado la posibilidad de interacción entre los residuos de herbicidas y sus metabolitos, ni tampoco sus niveles de medición;

G.

Considerando que un estudio independiente (10) considera, entre otras cosas, que la evaluación toxicológica realizada por la EFSA no es aceptable, puesto que no se ha demostrado la seguridad del cultivo para la importación, que no se puede decir que la evaluación cumple los requisitos de evaluación de los riesgos para el sistema inmunitario y que la evaluación de los riesgos para el medio ambiente no es concluyente;

H.

Considerando que, de las 34 subcombinaciones evaluadas por la EFSA, el solicitante solo presentó estudios sobre tres (11) y no proporcionó datos en relación con las 31 subcombinaciones restantes;

I.

Considerando que diversos estudios han demostrado que en los cultivos modificados genéticamente resistentes a los herbicidas se hace un mayor uso de herbicidas «complementarios», debido en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas (12); que, en consecuencia, cabe esperar que el evento acumulado modificado genéticamente de maíz se vea expuesto a dosis más elevadas y repetidas de glufosinato y glifosato y que, por consiguiente, se encuentre una mayor cantidad de residuos en las cosechas;

J.

Considerando que siguen existiendo interrogantes en lo que respecta a la carcinogenicidad del glifosato; que en noviembre de 2015 la EFSA concluyó que el glifosato tenía pocas probabilidades de ser carcinógeno y que en marzo de 2017 la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) concluyó que no estaba justificada su clasificación como tal; que, en cambio, en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), la agencia de la Organización Mundial de la Salud especializada en el cáncer, clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para las personas;

K.

Considerando que, según la EFSA, faltan datos toxicológicos que permitan realizar una evaluación del riesgo para los consumidores de varios productos de degradación del glifosato pertinentes para los cultivos modificados genéticamente resistentes al glifosato (13);

L.

Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la reproducción de categoría 1B y, por lo tanto, cumple los «criterios de exclusión» establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (14); que la aprobación del glufosinato para su uso en la Unión venció el 31 de julio de 2018 (15);

M.

Considerando que la evaluación de los residuos de herbicidas y sus productos de degradación en plantas modificadas genéticamente se considera ajena a las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte del procedimiento de autorización de organismos modificados genéticamente; que esto resulta problemático, ya que el modo en que la planta modificada genéticamente en cuestión realiza la metabolización de los herbicidas complementarios, y la composición y, por ende, la toxicidad de los productos de degradación («metabolitos») pueden venir determinadas por la propia modificación genética (16);

N.

Considerando que, debido a prácticas agrícolas específicas en el cultivo de plantas modificadas genéticamente tolerantes a los herbicidas, existen pautas específicas de aplicaciones, exposición, aparición de metabolitos específicos y aparición de efectos combinados que requieren una atención especial; que la EFSA no consideró dichas pautas;

O.

Considerando que, por lo tanto, no puede concluirse que el consumo del evento acumulado modificado genéticamente de maíz o de sus subcombinaciones sea seguro para la salud humana y animal;

P.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, deben establecerse unos límites máximos de residuos (LMR) específicos para los alimentos y piensos producidos en terceros países cuando el uso de plaguicidas dé lugar a niveles de residuos diferentes de los resultantes de las prácticas agrícolas aplicadas en la Unión; que este es, efectivamente, el caso por lo que respecta a los cultivos modificados genéticamente, resistentes a los herbicidas, importados, debido a los mayores volúmenes de herbicidas utilizados en los cultivos no modificados genéticamente;

Q.

Considerando, no obstante, que, según una revisión de la EFSA, de 2018, sobre los LMR existentes para el glifosato, los datos disponibles eran insuficientes para derivar los LMR y los valores de evaluación del riesgo del glifosato respecto del maíz modificado genéticamente con una modificación de la EPSPS (18); que el evento acumulado modificado genéticamente de maíz presenta una modificación de la EPSPS (19);

R.

Considerando, también de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, que los residuos de sustancias activas que no están autorizados en la Unión, como el glufosinato, en los cultivos importados destinados a alimentos y piensos deben supervisarse y controlarse cuidadosamente (20);

S.

Considerando que, con arreglo al último programa plurianual coordinado de control de la Unión (para 2020, 2021 y 2022), los Estados miembros no están obligados a medir el glufosinato (ni el glifosato) en el maíz (modificado genéticamente o de otro tipo) (21); que no puede descartarse la posibilidad de que el evento acumulado modificado genéticamente de maíz, sus subcombinaciones o los productos derivados de este para alimentos y piensos superen los límites máximos de residuos, que deben aplicarse y vigilarse para garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores;

T.

Considerando que hay varios estudios en los que se han observado posibles efectos secundarios sobre el sistema inmunitario por la exposición a proteínas Bt, y que algunas de dichas proteínas pueden tener propiedades adyuvantes (22), lo que significa que pueden aumentar la capacidad alergénica de otras proteínas con las que entren en contacto;

U.

Considerando que un miembro de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA, en su opinión minoritaria adoptada durante el procedimiento de evaluación de otro evento acumulado modificado genéticamente de maíz y sus subcombinaciones señaló que, a pesar de no haberse detectado nunca efectos no deseados sobre el sistema inmunitario en ninguna solicitud que entrañe la expresión de proteínas Bt, «estos podrían no haber sido observados en los estudios toxicológicos […] actualmente recomendados y realizados en la EFSA para evaluar la seguridad de las plantas modificadas genéticamente, porque no incluyen los exámenes convenientes en este sentido» (23);

V.

Considerando que en un reciente estudio se indica que el rápido aumento del tratamiento de semillas con neonicotinoides en los Estados Unidos ha coincidido con una mayor plantación de maíz modificado genéticamente para la expresión de proteínas Bt (24); que la Unión ha prohibido el uso al aire libre de tres neonicotinoides, también en cuanto recubrimientos de semillas, por cómo afectan a las abejas y otros polinizadores (25);

W.

Considerando que la evaluación de la posible interacción de los residuos de herbicidas y sus metabolitos con las proteínas Bt se considera excluida de las competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA y, por consiguiente, no forma parte de la evaluación del riesgo;

X.

Considerando que, en la votación del 16 de septiembre de 2019 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, no se emitió ningún dictamen, lo que significa que la autorización no fue apoyada por una mayoría cualificada de los Estados miembros; que, en la votación del 11 de octubre de 2019 en el Comité de apelación, tampoco se emitió ningún dictamen;

Y.

Considerando que la Comisión reconoce que es problemático que las decisiones de autorización de organismos modificados genéticamente sigan siendo adoptadas por la Comisión sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que verdaderamente constituye una excepción en el marco de las autorizaciones de productos en su conjunto, pero que se ha convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones relativas a las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente (26); que el presidente de la Comisión ha lamentado en varias ocasiones el recurso a esa práctica por considerar que no es democrática (27);

Z.

Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó en total 36 resoluciones en las formulaba objeciones a la comercialización de organismos modificados genéticamente como alimentos y piensos (33 resoluciones) y al cultivo de dichos organismos en la Unión (3 resoluciones); que no hubo una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos organismos modificados genéticamente; que, pese a que reconoce las deficiencias democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y las objeciones del Parlamento, la Comisión sigue autorizando organismos modificados genéticamente;

AA.

Considerando que no es necesario ningún cambio legislativo para que la Comisión pueda no autorizar organismos modificados genéticamente cuando no haya una mayoría cualificada de Estados miembros a favor en el Comité de apelación (28);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0028).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0029).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0030).

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS),

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que se abrió a la firma el 11 de mayo de 2011,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), de 25 de octubre de 2007,

—

Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 18 de diciembre de 1979,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»),

—

Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores adoptados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5 (2005), Beijing + 15 (2010) y Beijing + 20 (2015),

—

Vistos la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, y su programa de acción,

—

Vistas las orientaciones técnicas internacionales, de 2018, de la UNESCO, sobre educación en sexualidad,

—

Vistas las orientaciones operativas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de 2014 para una educación sexual integral,

—

Vistos los Estándares de educación sexual en Europa elaborados por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Federal Alemán de Educación Sanitaria,

—

Visto el informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 4 de diciembre de 2017, titulado «La salud y los derechos sexuales y reproductivos en Europa»,

—

Vista la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 20 de junio de 2017, en el asunto Bayev y otros versus Rusia,

—

Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (1), y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (2),

—

Vista la encuesta sobre personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en la Unión Europea publicada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en 2019,

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Polonia, y en particular la Resolución aprobada el 15 de noviembre de 2017 sobre la situación del Estado de Derecho y la democracia en Polonia (3),

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de 10 de julio de 2017, tras su misión a Polonia los días 22 a 24 de mayo de 2017,

—

Visto el informe de misión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 3 de diciembre de 2018, tras el envío de una delegación ad hoc a Polonia sobre la situación del Estado de Derecho (19-21 de septiembre de 2018),

—

Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (4),

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, el 17 de julio de 2019, la iniciativa «Stop pedofilia» presentó al Sejm una iniciativa ciudadana destinada a modificar el artículo 200 b del Código Penal;

B.

Considerando que, el 15 de octubre de 2019, tras las elecciones parlamentarias y la reanudación de una sesión parlamentaria suspendida, el Sejm debatió el proyecto de ley en primera lectura, y el 16 de octubre de 2019 rechazó por votación una propuesta de rechazo del proyecto de ley; que se espera que el examen legislativo del proyecto de ley se reanude tras la sesión de apertura del Sejm recién elegido el 12 de noviembre de 2019;

C.

Considerando que la finalidad pretendida del proyecto de ley es modificar las leyes existentes sobre la prevención y la lucha contra la pedofilia; que equiparar una educación sexual integral para los jóvenes a la promoción de la pedofilia resulta alarmante, equivocada y perjudicial;

D.

Considerando que las nuevas disposiciones del proyecto de ley establecen que cualquier persona que promueva o apruebe públicamente las relaciones sexuales de menores estará sujeta a una pena de hasta dos años de prisión;

E.

Considerando que estas disposiciones se aplican también —con una pena de hasta tres años de prisión— a los casos en que se utiliza la comunicación de masas para promover o aprobar actos sexuales u otras actividades sexuales de menores, así como en el contexto de las ocupaciones relacionadas con la educación, el tratamiento, la atención o la tutela de menores; que se han presentado propuestas para aumentar esta pena a cinco años;

F.

Considerando que tales disposiciones criminalizarían efectivamente la impartición de una educación sexual integral a los menores bajo el pretexto de impedir la pedofilia, lo que afectaría, a educadores, activistas, prestadores de asistencia sanitaria, psicólogos, editores y periodistas, e incluso a los padres o tutores, entre otros;

G.

Considerando que el principio constitucional de proporcionalidad implica que los legisladores no disponen de facultad discrecional ilimitada para establecer normas de Derecho penal, y que el Derecho penal solo debería utilizarse como último recurso, de conformidad con el principio de ultima ratio; que este proyecto de ley violaría dicho principio;

H.

Considerando que Polonia ha ratificado el Convenio de Estambul, el Convenio de Lanzarote, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño y que, en virtud de la legislación internacional de derechos humanos está obligada a proporcionar acceso a una educación sexual integral y a información, en particular sobre los riesgos de explotación y abusos sexuales, y contra los estereotipos de género en la sociedad;

I.

Considerando que la impartición de alguna forma de educación sexual y sanitaria ya es obligatoria en 20 Estados miembros; que algunos Estados miembros, entre ellos Polonia, han incumplido los estándares de educación sexual en Europa elaborados por la OMS;

J.

Considerando que una educación sexual integral es un proceso —basado en el programa de estudios— de enseñanza y aprendizaje de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, y tiene por objeto dotar a los niños y a los jóvenes de conocimientos, capacidades, actitudes y valores que les capaciten para salvaguardar su salud, su bienestar y su dignidad; que una educación sexual exhaustiva permitiría a los niños y a los jóvenes desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la manera en que sus decisiones afectan a su propio bienestar y al de los demás; que también permitiría a niños y jóvenes comprender y asegurarse la protección de sus derechos a lo largo de sus vidas;

K.

Considerando que una educación sexual integral es uno de los principales instrumentos para cumplir los compromisos contraídos en el 25.o aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ICPD25), a saber, cubrir por completo las necesidades de planificación familiar, reducir a cero la mortalidad materna evitable, y erradicar la violencia de género y las prácticas nocivas contra las mujeres, las niñas y las jóvenes;

L.

Considerando que, de conformidad con la Carta, el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la dignidad, la libertad frente a tratos inhumanos y degradantes, el derecho al acceso a la atención sanitaria, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación, tal como refleja también la Constitución polaca;

M.

Considerando que el proyecto de ley puede considerarse como un intento adicional de limitar los derechos sexuales y reproductivos en Polonia en los últimos años; que el intento de limitar aún más el derecho al aborto se interrumpió en 2018 como resultado de la oposición masiva de ciudadanos polacos manifestada en las marchas del «Viernes negro»;

N.

Considerando que el TEDH ha señalado que, en asuntos delicados, como durante el debate público sobre la educación sexual, donde las opiniones de los padres, las políticas educativas y el derecho de terceros a la libertad de expresión deben estar equilibrados, las autoridades no tienen otra opción que recurrir a los criterios de objetividad, pluralismo, precisión científica y, en última instancia, a la utilidad de un tipo particular de información para los jóvenes;

O.

Considerando que muchos niños y adolescentes obtienen su primera información sobre las relaciones íntimas a través de la pornografía, especialmente en línea, y de mensajes contradictorios de sus compañeros; que, en este contexto, la educación sexual resulta aún más importante a la hora de proporcionar a los jóvenes los instrumentos necesarios para que puedan navegar con seguridad por internet y los medios sociales, y no caer víctimas de la captación en línea, para ayudarles a dar sentido al contenido visualizado, y para reconocer la información documentada y detectar la presencia de estereotipos de género y el sexismo;

P.

Considerando que los menores pueden enfrentarse a obstáculos que les impiden el acceso a métodos anticonceptivos, como, por ejemplo, las leyes y políticas restrictivas en relación con el suministro de anticonceptivos, además de la falta de conocimientos; que, incluso los adolescentes que tienen acceso a anticonceptivos, pueden frenarse por el estigma que rodea a la actividad sexual no conyugal y/o por el uso mismo de anticonceptivos, por el miedo a los efectos secundarios y por la falta de conocimientos sobre el uso correcto de los anticonceptivos; que, con arreglo a la legislación polaca relativa a la edad de consentimiento, los adolescentes que han cumplido 15 años son legalmente competentes para consentir a un acto sexual; que, no obstante, necesitan el consentimiento de un tutor para obtener una receta para anticonceptivos;

Q.

Considerando que la violencia sexual está muy extendida y afecta especialmente a los menores, por lo que debe erradicarse; que el embarazo entre adolescentes sigue siendo un problema social importante y puede contribuir a la mortalidad materna e infantil; que una educación sexual integral contribuye a romper estereotipos de género y a prevenir la violencia de género;

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11.

—

Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de José Manuel Fernandes, transmitido por el Departamento de Investigación y Acción Penal de Oporto, con fecha de 26 de noviembre de 2018, en relación con el procedimiento n.o 1406/14.3TDPRT, y comunicado al Pleno del 31 de enero de 2019,

—

Previa audiencia a José Manuel Fernandes, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

—

Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013 (1),

—

Visto el artículo 157 de la Constitución de la República Portuguesa,

—

Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0023/2019),

A.

Considerando que el Departamento de Investigación y Acción Penal de Oporto ha solicitado la suspensión de la inmunidad de José Manuel Fernandes, diputado al Parlamento Europeo, en relación con una posible acción judicial relativa a un presunto delito de prevaricación, tipificado y castigado en virtud del artículo 11 de la Ley portuguesa 34/87, de 16 de julio, que lleva aparejada una pena de privación de libertad de dos a ocho años;

B.

Considerando que dicha acción no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones del diputado al Parlamento Europeo a efectos del artículo 8 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;

C.

Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su Estado miembro;

D.

Considerando que el artículo 157, apartados 2 y 3 de la Constitución de la República Portuguesa disponen lo siguiente:

E.

Considerando que José Manuel Fernandes está siendo investigado —en su condición de alcalde de Vila Verde, en el ejercicio de las funciones correspondientes y con el concurso de otras personas— por vulnerar supuestamente los principios generales de las normas de contratación pública, concretamente los principios de imparcialidad, independencia, competencia y transparencia, al colocar a una empresa en una posición más favorable que la de sus competidores, y por haber participado supuestamente en la preparación y redacción previas de los pliegos de la licitación; que el 22 de diciembre de 2008 se adjudicó el contrato a dicha empresa;

F.

Considerando que, de conformidad con el artículo 9, apartado 8, del Reglamento interno, la Comisión de Asuntos Jurídicos en ningún caso debe pronunciarse sobre la culpabilidad o no culpabilidad del diputado ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente las opiniones o actos que a aquel se atribuyan, ni siquiera en el supuesto de que el examen del suplicatorio proporcione a la comisión un conocimiento profundo del asunto;

G.

Considerando que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados;

H.

Considerando que José Manuel Fernandes pidió que se suspendiera su inmunidad; que el Parlamento es el único que puede decidir si suspende o no la inmunidad en cada caso concreto; que el Parlamento puede tener razonablemente en cuenta la posición del diputado al objeto de decidir si suspende o no su inmunidad (2);

I.

Considerando que la finalidad de la inmunidad parlamentaria consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias y que no pueden desvincularse de estas;

J.

Considerando que, en el presente caso, el Parlamento no ha encontrado indicios de fumus persecutionis, es decir, elementos de hecho que apunten a que el procedimiento judicial responda a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo;

1.

2.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2018)0819),

—

Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0017/2019),

—

Visto el artículo 82 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0019/2019),

1.

2.

3.

4.

5.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2019)0442 — C9-0127/2019),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1927/2006 (1) (Reglamento del FEAG),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (2), y en particular su artículo 12,

—

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (3) (Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013), y en particular su apartado 13,

—

Visto el procedimiento de negociación tripartita contemplado en el apartado 13 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013,

—

Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

—

Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A9-0021/2019),

A.

Considerando que la Unión ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado laboral; que esta ayuda se brinda en forma de apoyo económico a los trabajadores y a las empresas para las que trabajaban;

B.

Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a su disposición de la manera más rápida y eficaz posible; que en el caso en cuestión se trata de un grupo de edad particularmente vulnerable, puesto que más del 81 % de los trabajadores tiene entre 55 y 64 años;

C.

Considerando que Bélgica presentó la solicitud de contribución financiera del FEAG «EGF/2019/001 BE/ Carrefour» a raíz de los 751 despidos que se habían producido en el sector de actividad económica clasificado en la división 47 de la NACE Revisión 2 (comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas) durante el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2018 y el 30 de marzo de 2019; que otros 268 trabajadores fueron despedidos antes o después del período de referencia; que, según la Comisión, puede establecerse un claro nexo causal con el acontecimiento que provocó los despidos durante el período de referencia; que no se han utilizado otros fondos o programas en relación con los hechos descritos en la solicitud presentada por Bélgica;

D.

Considerando que la solicitud se basa en los criterios de intervención del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento del FEAG, que requiere que se haya despedido como mínimo a 500 trabajadores durante un período de referencia de cuatro meses en una empresa de un Estado miembro, incluidos el despido de trabajadores por proveedores y transformadores de productos y/o el cese de la actividad de trabajadores por cuenta propia;

E.

Considerando que, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1309/2013, Bélgica ha decidido prestar también servicios personalizados cofinanciados por el FEAG a 330 jóvenes que no trabajan, ni siguen estudios ni formación (ninis);

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