1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd y Ranbaxy (UK) Ltd cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Generics (UK) Ltd cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

H. Lundbeck A/S y Lundbeck Ltd cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)

La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) cargará con sus propias costas.

4)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar a Arrow Group ApS y a Arrow Generics Ltd a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

3)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Xellia Pharmaceuticals ApS y Alpharma LLC cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Merck KGaA cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas.

1)

El artículo 7, apartado 6, de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en su versión modificada por la Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a indemnización del depositante que establece cubre únicamente la restitución, por parte del sistema de garantía de depósitos, de los depósitos no disponibles de dicho depositante hasta el importe fijado en el artículo 7, apartado 1 bis, de dicha Directiva, en su versión modificada por la Directiva 2009/14, a raíz de la determinación de indisponibilidad, por parte de la autoridad nacional competente, de los depósitos en poder de la entidad de crédito en cuestión, de conformidad con el artículo 1, punto 3, inciso i), de dicha Directiva, en su versión modificada por la Directiva 2009/14, de manera que el artículo 7, apartado 6, de esta, en su versión modificada por la Directiva 2009/14, no genera, en beneficio del depositante, un derecho a la reparación del perjuicio causado por la restitución tardía del importe garantizado de todos sus depósitos o por una supervisión deficiente por parte de las autoridades nacionales competentes de la entidad de crédito cuyos depósitos han dejado de estar disponibles.

2)

El artículo 1, punto 3, inciso i), en relación con los artículos 7, apartado 6, y 10, apartado 1, de la Directiva 94/19, en su versión modificada por la Directiva 2009/14, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional o a una cláusula contractual en virtud de las cuales un depósito en una entidad de crédito cuyos pagos hayan sido suspendidos solo será exigible después de que la autoridad competente haya retirado la licencia bancaria concedida a esa entidad y siempre que el depositante haya solicitado expresamente la restitución del depósito. En virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, cualquier órgano jurisdiccional nacional que conozca de un recurso de indemnización del perjuicio supuestamente causado por la restitución del importe garantizado de tal depósito fuera del plazo previsto en el artículo 10, apartado 1, de dicha Directiva, en su versión modificada por la Directiva 2009/14, estará obligado a abstenerse de aplicar esa normativa nacional o esa cláusula contractual, a efectos de resolver el recurso.

3)

El artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión, interpretado a la luz del considerando 27 de ese Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración una recomendación de la Autoridad Bancaria Europea adoptada sobre la base de dicha disposición, con el fin de resolver el litigio del que conoce, en particular en el marco de un recurso dirigido a exigir la responsabilidad de un Estado miembro por los daños y perjuicios causados a un particular como consecuencia de la inaplicación o de la aplicación incorrecta o insuficiente del Derecho de la Unión que dio lugar al procedimiento de investigación que condujo a la adopción de dicha recomendación. Los particulares perjudicados por la infracción del Derecho de la Unión constatada por esa Recomendación, aun cuando no sean los destinatarios de esta, deben poder basarse en la referida Recomendación para que se declare, ante los tribunales nacionales competentes, la responsabilidad del Estado miembro de que se trate por dicha infracción del Derecho de la Unión.

La Recomendación EBA/REC/2014/02 de la Autoridad Bancaria Europea, de 17 de octubre de 2014, dirigida a Balgarska Narodna Banka (Banco Central de Bulgaria) y al Fond za garantirane na vlogovete v bankite (Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, Bulgaria), sobre las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 94/19, es inválida, en la medida en que asimiló la decisión del Banco Central de Bulgaria de someter a Korporativna targovska banka AD a vigilancia especial y de suspender sus obligaciones a la determinación de la indisponibilidad de los depósitos en el sentido del artículo 1, punto 3, inciso i), de la Directiva 94/19, en su versión modificada por la Directiva 2009/14.

4)

El artículo 2, séptimo guion, de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito, a la luz de los artículos 17, apartado 1, y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que una medida de suspensión de pagos aplicada por un banco central nacional a una entidad de crédito, como medida de saneamiento encaminada a preservar o restablecer la situación financiera de dicha entidad, constituye una injerencia injustificada y desproporcionada en el ejercicio del derecho de propiedad de los depositantes en esa entidad de crédito si no respeta el contenido esencial de este derecho y si, dado el riesgo inminente de pérdidas financieras al que habrían estado expuestos los depositantes en caso de quiebra de esta, otras medidas menos restrictivas habrían permitido obtener los mismos resultados, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

5)

El Derecho de la Unión, en particular el principio de responsabilidad de los Estados miembros por los daños causados a los particulares por la violación del Derecho de la Unión y los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que:

6)

Los principios de equivalencia y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no obligan a un órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de indemnización basado formalmente en una disposición de Derecho nacional relativa a la responsabilidad del Estado por daños derivados de una actividad administrativa, pero en apoyo del cual se invocan motivos basados en la infracción del Derecho de la Unión como consecuencia de tal actividad, a calificar de oficio dicho recurso como basado en el artículo 4 TUE, apartado 3, siempre y cuando las disposiciones del Derecho nacional aplicables no le impidan examinar los motivos basados en la violación del Derecho de la Unión invocados en apoyo de ese recurso.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Deutsche Telekom AG cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Slovak Telekom a.s. cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

1)

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil», a efectos de la citada disposición, una acción para el cobro de una tasa relativa a un tique de estacionamiento diario en una plaza de aparcamiento, que está delimitada y situada en la vía pública, ejercitada por una sociedad que ha recibido de una entidad territorial el mandato para la gestión de tales plazas de aparcamiento.

2)

El artículo 24, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en el concepto de «contratos de arrendamiento de inmuebles», a efectos de la citada disposición, una acción para el cobro de una tasa relativa a un tique diario de estacionamiento en una plaza de aparcamiento delimitada, situada en la vía pública.

3)

El artículo 7, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, está comprendida en la «materia contractual», a efectos de esta disposición, una acción de cobro de una tasa nacida de un contrato que tiene por objeto el estacionamiento en una de las plazas de aparcamiento delimitadas, situadas en la vía pública, organizadas y gestionadas por una sociedad apoderada a tal fin, y de que, por otra parte, el mencionado contrato es un contrato de prestación de servicios en el sentido del artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del citado Reglamento.

1)

Desestimar los recursos de casación en los asuntos C-517/19 P y C-518/19 P.

2)

Las Sras. María Álvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, María Castro Capcha y Evelyne Vandevoorde y los Sres. Lucian Micu y Hassan Orfe El cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea correspondientes al recurso de casación en el asunto C-517/19 P.

3)

Los Sres. Jakov Ardalic, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki y Cam Tran Thi y las Sras. Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet y Despina Kanellou cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea correspondientes al recurso de casación en el asunto C-518/19 P.

4)

El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas correspondientes al recurso de casación en el asunto C-517/19 P.

5)

El Parlamento Europeo cargará con sus propias costas correspondientes a los recursos de casación en los asuntos C-517/19 P y C-518/19 P.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

El Sr. Armando Carvalho y los otros 36 recurrentes cuyos nombres figuran en el anexo de la presente sentencia cargarán con sus propias costas y con las del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

3)

La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

1)

Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco, dado que, tras la expiración del período transitorio concedido hasta el 31 de diciembre de 2017, ha aplicado a los cigarrillos un impuesto especial global inferior al 60 % del precio medio ponderado de venta al por menor de los cigarrillos despachados a consumo y ha recaudado un impuesto especial inferior a 115 euros por 1 000 cigarrillos.

2)

Condenar en costas a Hungría.

1)

¿Deben interpretarse el artículo 1, apartado 2, el artículo 5 [y] el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, (1) en el sentido de que no está excluida del control una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio que transpone, en un contrato a título oneroso presidido por relaciones de fuerza, un principio enunciado por una norma supletoria, aplicable a un contrato a título gratuito, norma que presupone la igualdad entre las partes y que no ha sido objeto de evaluación por parte del legislador con el fin de establecer un equilibrio razonable entre los intereses del profesional y del consumidor, en el supuesto de que la transposición se haya realizado por el profesional sin informar, asesorar ni advertir al consumidor, en la fase precontractual, sobre las especificaciones del producto bancario desde la perspectiva de las características de la moneda del préstamo, de modo que el consumidor pueda entender las consecuencias económicas de su compromiso?

2)

¿Debe interpretarse la Directiva 93/13/CEE en el sentido de que la exclusión no se justifica en el supuesto de que existan indicios de que el profesional insertó la cláusula con mala fe, a sabiendas de que la aplicación del principio enunciado por la norma supletoria es idónea para provocar un desequilibrio considerable entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor?

1)

¿Deben interpretarse los artículos 77, apartado 1, y 79, apartado 1, del [Reglamento 2016/679] (1) en el sentido de que el recurso administrativo previsto por el artículo 77 constituye un instrumento para el ejercicio de derechos públicos, mientras que la acción judicial prevista por el artículo 79 constituye un instrumento para el ejercicio de derechos privados? En caso de respuesta afirmativa, ¿procede deducir de ello que la autoridad de control, a la que incumbe conocer de los recursos administrativos, tiene competencia prioritaria para determinar la existencia de una infracción?

2)

En el supuesto de que el interesado —en cuya opinión el tratamiento de datos personales que le conciernen ha infringido el Reglamento 2016/679— ejerza simultáneamente su derecho a presentar una reclamación con arreglo al artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento y su derecho a ejercitar una acción judicial con arreglo al artículo 79, apartado 1, del mismo Reglamento, ¿procede considerar que una interpretación conforme con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales implica:

3)

¿Debe interpretarse la independencia de la autoridad de control, garantizada por los artículos 51, apartado 1, y 52, apartado 1, del Reglamento 2016/679, en el sentido de que dicha autoridad, al tramitar y resolver el procedimiento de reclamación previsto en el artículo 77, es independiente de cuanto declare mediante sentencia definitiva el tribunal competente en virtud del artículo 79, de manera que puede incluso adoptar una resolución divergente respecto a una misma supuesta infracción?

1)

¿Debe interpretarse el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) (1) en el sentido de que la cláusula compromisoria prevista en su artículo 26, (2) en virtud de la cual las Partes contratantes consienten en someter a arbitraje internacional las controversias entre una Parte contratante y un inversor de otra Parte contratante relativas a una inversión realizada por este en el territorio de aquella, es también aplicable a las controversias entre un Estado miembro de la Unión y un inversor de otro Estado miembro de la Unión?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿deben interpretarse los artículos 4 TUE, apartado 3, y 19 TUE y los artículos 267 TFUE y 344 TFUE en el sentido de que se oponen a la cláusula compromisoria prevista en el artículo 26 del TCE o a la aplicación de esta a los supuestos en los que un inversor de un Estado miembro de la Unión, ante una controversia relativa a una inversión en otro Estado miembro, pueda presentar, con arreglo al citado artículo 26 del TCE, una demanda de arbitraje contra este último Estado miembro ante un tribunal arbitral cuya competencia y resolución dicho Estado miembro esté obligado a aceptar?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el principio de primacía y el requisito de efectividad, en el sentido de que se opone a la aplicación de una disposición de Derecho nacional como el artículo 34, párrafo segundo, de la SFL, que establece un plazo de prescripción, si tal aplicación tiene como consecuencia que una parte de un procedimiento de apelación no pueda formular una objeción según la cual no existe un convenio arbitral válido dado que la cláusula compromisoria del artículo 26 del TCE o la propuesta de arbitraje conforme a este artículo son contrarias al Derecho de la Unión y, por consiguiente, resultan nulas o inaplicables?

1.

¿Significa el término «pago» utilizado en el artículo 75, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, (1) sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, la conclusión del procedimiento iniciado a raíz de una solicitud de pago?

2.

¿Equivale la percepción efectiva del importe solicitado por un agricultor a una decisión positiva del organismo pagador sobre la solicitud de activación de los derechos de pago, o correlativamente, constituye el hecho de no recibir los fondos en caso de publicación oficial de los pagos para la medida correspondiente una denegación de los derechos de pago solicitados si la persona no ha sido informada de la continuación del procedimiento mediante nuevos controles?

3.

¿Exige el plazo establecido en el artículo 75, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, que los Estados miembros realicen el examen de las condiciones de subvencionabilidad antes de su vencimiento, y puede continuarse dicho examen únicamente con carácter excepcional?

4.

¿Constituye el incumplimiento del plazo establecido en el artículo 75, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, una denegación tácita del pago de la ayuda si el agricultor no ha sido informado de la realización de controles complementarios, y no existe un documento escrito al respecto?

1.

A la luz del artículo 12, apartado 2, del Reglamento n.o 726/2004 (1) (antiguo artículo 12 [,apartado 2,] del Reglamento n.o 2309/1993), (2) y del apartado 2.3 del capítulo 2 de la Nota explicativa para los solicitantes de la Comisión Europea, ¿puede un medicamento como el Precedex, controvertido en el presente asunto, al que se concedió una autorización de comercialización en un Estado miembro con arreglo a su normativa nacional antes de su adhesión a la Unión Europea, pero que posteriormente fue objeto de una evaluación negativa del Comité de especialidades farmacéuticas (actual Comité de medicamentos de uso humano) en virtud del Reglamento n.o 2309/1993 sobre la base del mismo fundamento clínico, en una situación en la que la autorización de comercialización nacional no ha sido actualizada con nueva documentación clínica o con el correspondiente informe de expertos tras la adhesión del referido Estado miembro a la Unión Europea, considerarse un medicamento de referencia en el sentido del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/83 (3) y, por tanto, servir de fundamento para una «autorización global de comercialización» conforme al artículo 6 [,apartado 1,] de dicha Directiva?

2.

¿Puede un medicamento como el Precedex, controvertido en el presente asunto, autorizado en un Estado miembro con arreglo a su normativa nacional antes de su adhesión a la Unión Europea sin que la autoridad competente de dicho Estado miembro haya tenido acceso a la parte restringida del archivo maestro del principio activo en el marco del procedimiento denominado «European Drug Master File» [archivo maestro europeo del medicamento; actualmente, procedimiento del «Active Substance Master File» (archivo maestro del principio activo)], en una situación en la que la autorización de comercialización nacional no se ha actualizado con la parte restringida del archivo maestro del principio activo tras su adhesión a la Unión Europea, considerarse un medicamento de referencia en el sentido del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/83 y, por tanto, servir de base para una «autorización global de comercialización» con arreglo al artículo 6 [apartado 1] de la Directiva 2001/83?

3.

¿Influye en la respuesta a las cuestiones primera o segunda el que la autorización de comercialización nacional de que se trate no pueda servir como fundamento para el reconocimiento mutuo con arreglo al artículo 28 de la Directiva 2001/83?

4.

¿Se halla la autoridad nacional competente de un Estado miembro de referencia o de un Estado miembro interesado en virtud del procedimiento descentralizado del artículo 28 de la Directiva 2001/83 en el caso de un medicamento genérico facultada u obligada a denegar la utilización de un medicamento como medicamento de referencia si el medicamento de que se trata ha sido autorizado en otro Estado miembro antes de su adhesión a la Unión Europea, en las circunstancias expuestas en las cuestiones primera y segunda?

5.

¿Influye en la respuesta a la cuarta cuestión que la autoridad nacional competente de un Estado miembro de referencia o de un Estado miembro interesado disponga de información que demuestre que el medicamento de que se trata obtuvo una evaluación negativa del Comité de especialidades farmacéuticas con arreglo al Reglamento n.o 2309/1993 previamente a su autorización en otro Estado miembro en una fecha anterior a la adhesión de dicho Estado miembro a la Unión Europea?

1.

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE (1) en el sentido de que, en un procedimiento en el que el deudor no es parte hasta que no se ha expedido un requerimiento de pago judicial, el órgano jurisdiccional debe examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual y dejarla inaplicada si sospecha que es abusiva?

2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Está obligado el órgano jurisdiccional nacional a denegar la adopción de una resolución judicial por la que se ordena el pago en su totalidad si una parte del crédito está basado en una cláusula contractual abusiva que contribuye a determinar el importe del crédito reclamado?

3.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y negativa a la segunda: ¿Está obligado el órgano jurisdiccional nacional a denegar la adopción de una resolución judicial por la que se ordena el pago de la parte del crédito basada en la cláusula abusiva?

4.

En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión: ¿Está obligado el órgano jurisdiccional, y, de ser así, en qué condiciones, a tener en cuenta de oficio las consecuencias del carácter abusivo de una cláusula cuando exista información sobre un pago basado en ella, entre otros, mediante la compensación de dicho pago con otras deudas impagadas del contrato?

5.

En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión: ¿Está obligado el órgano jurisdiccional nacional a seguir las instrucciones de un órgano jurisdiccional superior que, con arreglo al Derecho nacional, son vinculantes para la instancia objeto de control si no tienen en cuenta las consecuencias del carácter abusivo de una cláusula?

—

Que se declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, respecto de las zonas y aglomeraciones BG0001 Sofía, BG0002 Plovdiv, BG0004 Norte, BG0005 Sudoeste y BG0006 Sudeste, al no haber adoptado todas las medidas necesarias resultantes de la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267).

—

Que se condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión un importe a tanto alzado de 3 156 euros diarios, a contar desde la fecha en que se pronuncie la sentencia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267), hasta que recaiga sentencia en el presente asunto o, en caso de que se dé cumplimiento antes a lo dispuesto en la sentencia, hasta el 31 de diciembre del último año en el que no se conformara a ella, en cualquier caso, un importe que no sea inferior al importe mínimo a tanto alzado de 653 000 euros.

—

Que se condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 5 677,20 euros diarios por cada una de las zonas de calidad del aire, a contar desde el momento en que se dicte sentencia en el presente asunto hasta el año en que se dé cumplimiento por completo a la sentencia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C-488/15, EU:C:2017:267).

—

Que se condene a la República de Bulgaria a cargar con las costas relacionadas con el procedimiento.

1.

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, (1) en el sentido de que, en la enunciación de los objetivos, los términos «prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales» se enumeran como aspectos de un objetivo general?

2.

¿Resultan aplicables las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (2) a la Fiscalía de la República de Bulgaria en caso de que esta utilice la información correspondiente a una persona, recogida por la Fiscalía en calidad de «responsable del tratamiento» a efectos del artículo 3, punto 8, de la Directiva (UE) 2016/680 en un expediente incoado con el objeto de comprobar los indicios de un delito, en la defensa judicial formulada por la Fiscalía en su condición de parte en un procedimiento civil (declarando la existencia de dicho expediente o trasladando su contenido)?

2.1.

En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión:

¿Debe interpretarse la expresión «intereses legítimos» del artículo 6, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en el sentido de que comprende la comunicación total o parcial de la información correspondiente a una persona, recogida en un expediente de fiscalía incoado en relación con dicha persona con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, si dicha comunicación se produce a efectos de la defensa del responsable del tratamiento en su condición de parte en un procedimiento civil, sin el consentimiento del interesado?

1.

¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 3, letra d), de la Directiva de acogida II (1) en el sentido de que la expresión «[tales como] […], en particular» engloba expresamente entre los criterios objetivos el hecho de que el «interesado ya ha[ya] tenido la oportunidad de acceder al procedimiento de asilo»?

2.

En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 3, letra d), de la Directiva de acogida II en el sentido de que, en las circunstancias descritas, el internamiento únicamente es admisible cuando concurren los criterios objetivos establecidos de antemano y se constata que el solicitante ya ha tenido la oportunidad de presentar una solicitud de protección internacional, en cuyo caso podría presumirse fundadamente que dicha solicitud únicamente se presentó para retrasar o frustrar una decisión de retorno?

—

Anule en su totalidad la sentencia del Tribunal General de 27 de enero de 2021, dictada en el asunto T-699/17, República de Polonia/Comisión Europea.

—

Desestime el primer motivo del recurso de la República de Polonia en el asunto T-699/17.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General en lo que respecta a los motivos 2 a 5, que no fueron examinados en primera instancia.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento de primera instancia y del presente recurso.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Sr. Reza Hossein Khan Tehrani.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Sr. Gábor Bende.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Chatwal Hotels & Resorts LLC.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Steinel GmbH.

1)

Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

2)

Sobreseer las demandas de medidas de organización del procedimiento y de audición de testigos presentadas por Graanhandel P. van Schelven BV.

3)

Condenar en costas a Graanhandel P. van Schelven.

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Sobreseer la demanda de intervención presentada por la República Federal de Alemania.

3)

Condenar a Sindicato de Enfermería (SATSE) a cargar con las costas de la Comisión Europea, con excepción de las relativas a la demanda de intervención.

4)

SATSE, la Comisión y la República Federal de Alemania cargarán con sus propias costas relativas a la demanda de intervención.

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar las costas.

—

Ordene la incorporación a los autos de los documentos que obran en el procedimiento administrativo que dio lugar a la adopción de la Decisión impugnada, conforme a lo solicitado en el presente recurso.

—

Ordene la acumulación del presente procedimiento al asunto T-95/21 (República Portuguesa/Comisión Europea).

—

Anule el artículo 1, así como los artículos 4 a 6, de la Decisión C(2020) 8550 final de la Comisión Europea, de 4 de diciembre de 2020, «relativa al régimen de ayudas SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN) aplicado por Portugal a favor de la Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III».

—

Condene a la Comisión Europea al pago de la totalidad de las costas, incluidas las de la demandante.

1)

Primer motivo, basado en un error de Derecho y/o en una falta de motivación, ya que la medida controvertida no constituye una ayuda pública porque tiene carácter general y no es selectiva, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En particular, la demandante alega que la medida no es selectiva porque se inscribe en la estructura general del sistema fiscal portugués.

2)

Segundo motivo, basado en un error de Derecho, por cuanto el Régimen III de la ZFM se ejecutó de conformidad con las Decisiones de la Comisión de 2007 y de 2013 y con los artículos 107 TFUE y 108 TFUE. La demandante alega que el requisito de que los beneficios se deriven de actividades efectiva y materialmente realizadas en la Región Autónoma da Madeira no debe interpretarse en el sentido de que solo se tengan en cuenta los costes adicionales de las empresas registradas en la ZFM relacionados con el carácter ultraperiférico, de que los incentivos fiscales solo puedan aplicarse a sus beneficios derivados de operaciones directamente sujetas a esos costes adicionales y de que se excluyan las actividades realizadas fuera de Madeira por empresas con actividad internacional que disponen de licencia en la ZFM.

3)

Tercer motivo, basado en un error en los presupuestos de hecho de la Decisión de la Comisión y/o en una motivación insuficiente de esta, ya que las exigencias del régimen fiscal y su fiscalización por las autoridades nacionales y regionales son adecuadas para el control del Régimen III de la ZFM. En particular, la demandante alega que las exigencias legales de contabilidad separada para los rendimientos generados en la ZFM y el cumplimiento de un amplio conjunto de obligaciones fiscales permite el control efectivo y adecuado y la fiscalización del Régimen III de la ZFM por parte de las autoridades nacionales y regionales.

4)

Cuarto motivo, basado en un error de Derecho de la Decisión de la Comisión, por cuanto el concepto de «puesto de trabajo» aplicable al Régimen III de la ZFM resulta de la legislación nacional, sin que sea de aplicación la metodología de los puestos de trabajo en «ETC» (equivalente a tiempo completo) y «UTA» (unidades de trabajo anuales). La demandante alega que, a efectos de la evaluación del requisito del Régimen III de la ZFM relativo a la creación o al mantenimiento de puestos de trabajo, la Decisión impugnada incurre en un error de Derecho al aplicar la metodología de definición de puestos de trabajo en «ETC» y «UTA», pues el concepto de puesto de trabajo aplicable al régimen de la ZFM es el resultante de la legislación laboral nacional.

5)

Quinto motivo, basado en un error en los presupuestos de hecho de la Decisión y/o en una falta de motivación, puesto que la fiscalización del requisito de creación/mantenimiento de puestos de trabajo fue adecuada y efectiva. La demandante alega que las autoridades nacionales ofrecieron a la Comisión Europea datos que permiten evaluar el control del requisito de creación/mantenimiento de puestos de trabajo en la ZFM, por lo que la Decisión impugnada incurrió en un error en los presupuestos de hecho y/o adolece de falta de motivación.

6)

Sexto motivo, basado en la violación de principios generales del Derecho de la Unión Europea. La demandante alega, en particular, que la Decisión impugnada viola los principios generales del Derecho de la Unión de proporcionalidad, seguridad jurídica, confianza legítima y buena administración.

—

Condene a la demandada a indemnizar económicamente a la demandante por el perjuicio sufrido por esta como resultado de la Decisión ECB/SSM/2016 — 529900WIPOINFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la demandada, de 3 de marzo de 2016, mediante la que se revoca la licencia bancaria de la demandante.

—

Fije el importe de daños materiales en al menos 126 millones de euros, más los intereses punitivos que se devenguen entre el 3 de marzo de 2016 y la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, más los intereses de demora que se devenguen entre la fecha en que se dicte dicha sentencia y el pago íntegro.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo: la demandada no dio respuesta adecuada a los vicios de forma que se daban, entre los que están los siguientes: justo antes de incoar el procedimiento de revocación de la licencia bancaria de la demandante, la CNMV (1) de Letonia había resuelto que dicha revocación no estaba justificada, pero dicho extremo se omitió posteriormente en la solicitud de revocación de licencia presentada por la CNMV. Además, la demandante alega que se manipuló la versión lingüística inglesa de la última resolución de la CNMV. Otros vicios de forma aducidos por la demandante se refieren a que no se dio respuesta adecuada a lo que puede constituir un comportamiento corrupto de funcionarios letones y europeos en el presente asunto.

2.

Segundo motivo: se aduce que la demandada infringió Derecho sustantivo al exceder sus competencias cuando dictó la Decisión impugnada, especialmente respecto del blanqueo de dinero, y que incurrió en error al declarar que concurrían motivos para revocar la licencia.

3.

Tercer motivo: la demandante sufrió daños económicos de calado, sobre todo a causa de su liquidación, que siguió a la decisión errónea de revocarle la licencia bancaria.

4.

Cuarto motivo: se aduce que existe una relación de causa-efecto entre la revocación de la licencia y los daños que sufrió la demandante.

—

Anule la Decisión de Ejecución C(2020) 7930 final de la Comisión, de 10 de noviembre de 2020, relativa a la autorización de comercialización del medicamento de uso veterinario «Librela — bedinvetmab», publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de diciembre de 2020 (DO 2020, C 453, p. 1), en cuanto fue adoptada infringiendo el artículo 37 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos.

—

Anule la Decisión de Ejecución C(2020) 7930 final de la Comisión, de 10 de noviembre de 2020, relativa a la autorización de comercialización del medicamento de uso veterinario «Librela — bedinvetmab», publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de diciembre de 2020 (DO 2020, C 453, p. 1), en cuanto fue adoptada infringiendo el artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos.

—

Anule la Decisión de Ejecución C(2020) 7930 final de la Comisión, de 10 de noviembre de 2020, relativa a la autorización de comercialización del medicamento de uso veterinario «Librela — bedinvetmab», publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de diciembre de 2020 (DO 2020, C 453, p. 1), en cuanto fue adoptada infringiendo el artículo 102 TFUE y vulnera los principios de efecto útil, de legalidad y de buena administración que debe observar la Comisión Europea.

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en una infracción del artículo 37 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1), en la medida en que la Decisión impugnada autoriza la comercialización en el mercado europeo de Librela®, a pesar de que la seguridad y la eficacia de dicho producto no están demostradas de forma adecuada y suficiente con arreglo a esta norma.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 antes citado, en la medida en que la Decisión impugnada no se ajusta a las normas relativas a la redacción del resumen de las características del producto, que deberían haber conducido a la Comisión Europea a constatar que la advertencia especial formulada respecto de Librela® relativa al efecto de los anticuerpos antimedicamentos es excesivamente genérica e imprecisa.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del efecto útil del artículo 102 TFUE y de los principios de legalidad y de buena administración, en la medida en que la Decisión impugnada da lugar a un abuso de posición dominante cometido por el grupo Zoetis en relación con el abandono del desarrollo del producto competidor de Librela®, autorizado a la parte demandante.

—

Condene a la demandada a indemnizar económicamente a los demandantes por el perjuicio sufrido por estos como resultado de la Decisión ECB/SSM/2016 — 529900WIPOINFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la demandada, de 3 de marzo de 2016, mediante la que se revoca la licencia bancaria de Trasta Komercbanka AS.

—

Fije el importe de daños materiales en al menos 25 millones de euros, (1) más los intereses punitivos que se devenguen entre el 3 de marzo de 2016 y la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto, más los intereses de demora que se devenguen entre la fecha en que se dicte dicha sentencia y el pago íntegro.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo: la demandada no dio respuesta adecuada a los vicios de forma que se daban, entre los que están los siguientes: justo antes de incoar el procedimiento de revocación de licencia bancaria, la CNMV (2) de Letonia había resuelto que dicha revocación no estaba justificada, pero dicho extremo se omitió posteriormente en la solicitud de revocación de licencia presentada por la CNMV. Además, los demandantes alegan que se manipuló la versión lingüística inglesa de la última resolución de la CNMV. Otros vicios de forma aducidos por los demandantes se refieren a que no se dio respuesta adecuada a lo que puede constituir un comportamiento corrupto de funcionarios letones y europeos en el presente asunto.

2.

Segundo motivo: se aduce que la demandada infringió Derecho sustantivo al exceder sus competencias cuando dictó la Decisión impugnada, especialmente respecto del blanqueo de dinero, y que incurrió en error al declarar que concurrían motivos para revocar la licencia.

3.

Tercer motivo: los demandantes sufrieron daños económicos de calado, sobre todo a causa de la liquidación de Trasta Komercbanka AS, que siguió a la decisión errónea de revocarle la licencia bancaria.

4.

Cuarto motivo: se aduce que existe una relación de causa-efecto entre la revocación de la licencia y los daños que sufrieron los demandantes.

—

Anule en su totalidad el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151, de 17 de diciembre de 2020, (1) o, con carácter alternativo, anule parcialmente el Reglamento 2020/2151 en lo que respecta a su artículo 2, apartado 4, y a su anexo IV o, con carácter alternativo, anule parcialmente el Reglamento 2020/2151 en lo que respecta a los vasos para bebidas fabricados totalmente con plástico.

—

Anule parcialmente el Reglamento 2020/2151 en lo que respecta a su artículo 3.

—

Anule parcialmente la Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, (2) en lo que respecta a su artículo 7 en la medida en que resulta de aplicación a los vasos para bebidas y el punto 4 de la parte D del anexo de dicha Directiva.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la demandada, al adoptar el Reglamento 2020/2151, infringió el artículo 7 de la Directiva 2019/904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente y rebasó las facultades que le concedieron el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

2.

Segundo motivo, basado en que la demandada, al adoptar el Reglamento n.o 2020/2151, incurrió en un vicio sustancial de forma al adoptarlo después del 3 de julio de 2020 y, en cuanto a las correspondientes versiones lingüísticas corregidas, más de seis meses después del límite temporal fijado por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo en la Directiva 2019/904.

3.

Tercer motivo, basado en que la demandada, al adoptar el Reglamento 2020/2151, infringió el artículo 7 de la Directiva 2019/904 y los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

4.

Cuarto motivo, basado en que la demandada, al adoptar el Reglamento 2020/2151, incumplió la obligación de motivación que le incumbe.

5.

Quinto motivo, basado en que la demandada infringió el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2019/904, incurrió en un error manifiesto de apreciación y se excedió en sus competencias.

6.

Sexto motivo, basado en que la demandada infringió el artículo 7, apartado 2, letra c), de la Directiva 2019/904 e incurrió en un error manifiesto de apreciación.

7.

Séptimo motivo, basado en que la demandada incumplió el principio de proporcionalidad.

Los demandantes invocan asimismo una excepción de ilegalidad, con arreglo al artículo 277 TFUE, alegando que el artículo 7 y la parte D, punto 4, del anexo de la Directiva 2019/904 son contrarios a Derecho.

—

Estime el presente recurso.

—

Revoque la resolución de la recurrida de 20 de marzo de 2020.

—

Anule la resolución impugnada de 20 de enero de 2021.

—

Revoque la anulación por falta de uso de la marca controvertida n.o 4814158 «APERITAL» en relación con los productos controvertidos de la clase 5 y mantenga al mismo tiempo el registro de tales productos (y en relación con las «preparaciones farmacéuticas»).

—

Condene a la EUIPO y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, si interviene como parte coadyuvante, a cargar con las costas.

—

Error en la interpretación del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo al examinar el concepto de uso efectivo de la marca controvertida de cualquiera de los productos en cuestión.

—

Error en la interpretación del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo al apreciar el concepto de causa justificativa de la falta de uso.

—

Anule la decisión de la demandada por la que se deniega el acceso completo a ciertos documentos solicitados con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, tal como se comunicó al demandante el 14 de enero de 2021 en un escrito con referencia SGS 21/000067, y su anexo.

—

Condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas del demandante conforme a lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, incluidas las costas relacionadas con cualquiera de las partes coadyuvantes.

1.

Primer motivo, basado en errores de Derecho y un error manifiesto de apreciación que llevaron a una aplicación errónea de la excepción de la protección del proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001) (1) y en falta de motivación porque la divulgación no perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones.

2.

Segundo motivo, basado en errores de Derecho y en un error manifiesto de apreciación que lleva a una aplicación errónea de la excepción de la protección del proceso de toma de decisiones (artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1049/2001) y en falta de motivación porque la decisión impugnada no reconoció y concedió el acceso en aras del interés público superior.

3.

Tercer motivo, con carácter subsidiario, basado en errores de Derecho y en un error manifiesto de apreciación que llevaron a una aplicación errónea de la obligación de permitir el acceso parcial a los documentos (artículo 4, apartado 6, del Reglamento n.o 1049/2001) y en falta de motivación.

—

Anule la decisión de la demandada de 18 de diciembre de 2020 en el asunto SA.44830 (2016/FC) — Países Bajos: Prórroga de las licencias de juego en los Países Bajos. (1)

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la demandada vulneró los derechos procedimentales de la demandante al no incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, siendo así que su examen preliminar no despejó todas las dudas en relación con la ayuda de Estado.

2.

Segundo motivo, basado en que la demandada incurrió en un error de valoración manifiesto al declarar que la renovación de las licencias existentes de apuestas deportivas y de carreras de caballos, de lotería y de casinos de los titulares de las licencias otorgada por los Países Bajos no concedía una ventaja en el sentido de lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, apartado 1.

—

Declare el recurso admisible y fundado.

—

Anule la decisión del Parlamento Europeo de 15 de enero de 2021, A (2019) 8551 C (D 300153), mediante la que se denegó a la demandante el acceso a los documentos solicitados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

—

Condene en costas a la demandada.

—

Adopte cualquier otra medida que estime necesaria en el presente asunto.

1.

Primer motivo, basado en que la demandada no ha demostrado que concurran los requisitos necesarios para denegar el acceso a los documentos solicitados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. La divulgación de los documentos solicitados no puede constituir un perjuicio para la protección del objetivo de las actividades de investigación, como sostiene la demandada. La demandada no ha demostrado que existiera ningún riesgo, y en menor medida un riesgo previsible, de que la investigación se viera concreta y realmente comprometida por la divulgación de tales documentos, parte de cuyo contenido ya es además público.

2.

Segundo motivo, basado en que la demandada tampoco tuvo en cuenta el interés público superior que reviste la divulgación de los documentos solicitados, que en este caso consiste en el respeto de los valores del Estado de Derecho, mediante la observancia de los derechos y de las libertades fundamentales.

—

Anule la decisión de la Comisión de 18 de febrero de excluir al demandante por un período de dieciocho meses de la participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos y de concesión de subvenciones en el marco del presupuesto de la Unión Europea y del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo o de la selección para la ejecución de fondos de la Unión con arreglo al Reglamento (EU, Euratom) n.o 2018/1046 y para la ejecución de fondos en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo con arreglo al Reglamento (UE) n.o 2018/1877 y publique la exclusión en el sitio de Internet de la Comisión.

—

Conceda a la parte demandante una indemnización por perjuicios sufridos por un total de 17 385 832 euros.

—

Condene a la parte demandada al pago de todas las costas.

1.

Mediante el primer motivo, alega un error de Derecho en la calificación jurídica de la falta profesional grave.

2.

Mediante el segundo motivo, la demandante aduce una violación de la presunción de inocencia y la inversión de la carga de la prueba.

3.

Mediante el tercer motivo, se alega un error de apreciación de los hechos y la manifiesta inexistencia de una falta profesional grave, en particular en relación con lo establecido artículo 136, apartado 1, letra c), inciso v), del Reglamento (UE, Euratom) n.o 2018/1046 (que constituye, en cualquier caso, un error manifiesto), y se aducen asimismo las ilegalidades del informe de la OLAF y la decisión impugnada.

4.

Mediante el cuarto motivo, se aduce el incumplimiento del deber de diligencia y de buena administración recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

5.

Mediante el quinto motivo, se alega la violación del derecho de defensa.

6.

Mediante el sexto motivo, se aduce el incumplimiento de la obligación de motivación.

7.

Mediante el séptimo motivo, se alega una vulneración del principio de proporcionalidad en lo que atañe a la sanción de exclusión y a su publicación.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la parte coadyuvante al pago de las costas, incluidas las del procedimiento de recurso y las del procedimiento de nulidad.

—

Infracción del artículo 71 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 27 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión;

—

Infracción del artículo 60, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento (EU) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la decisión de 20 de mayo de 2020 de no conceder al demandante el derecho a la indemnización por expatriación.

—

Condene en costas a la Comisión.

—

Anule el IEC (1) de 2019 de la parte demandante.

—

Con carácter subsidiario, anule el IEC de la parte demandante en la medida en que contiene comentarios cuestionados.

—

Asimismo, en la medida en que sea necesario, anule la decisión de la parte demandada mediante la que se desestima la reclamación presentada por la parte demandante sobre la base del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios contra el IEC de 2019.

—

Ordene la reparación del perjuicio moral sufrido por la parte demandante.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la parte demandada incumplió su obligación de fijar objetivos en el IEC. La parte demandante alega también que la parte demandada incurrió en un error manifiesto de apreciación, incumplió su deber de diligencia y violó el principio de buena administración.

2.

Segundo motivo, basado en que la parte demandada infringió el artículo 43 del Estatuto de los Funcionarios, el artículo 7, apartado 3, de la Decisión de la parte demandada de 16 de diciembre de 2013 (2) y sus directrices internas para evaluadores. (3) La parte demandante reprocha también a la parte demandada haber incurrido en errores manifiestos de apreciación y haber abusado de su poder. Alega también que la parte demandada incumplió su deber de diligencia y de buena administración.

3.

Tercer motivo, basado en que la parte demandada infringió el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La parte demandante reprocha también a la parte demandada haber incumplido las reglas de objetividad e imparcialidad.

4.

Cuarto motivo, basado en que la parte demandada infringió el artículo 296 TFUE, párrafo segundo. La parte demandante también alega que la parte demandada infringió el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto de los Funcionarios y el artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sostiene también que la parte demandada incumplió su obligación de motivación.

—

Anule el Reglamento (UE) 2021/468 de la Comisión.

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primera parte del motivo, basada en que el Reglamento (UE) 2021/468 de la Comisión (1) viola el principio de precaución. La demandante alega que este principio solo permite una regulación preventiva si la evaluación científica demuestra que un riesgo potencial sobrepasa el nivel que sería todavía aceptable para la sociedad. En este caso, el Reglamento impugnado prohibió el gel extraído de las hojas de aloe vera, cuando la evaluación científica demostró que este producto no presentaba ningún riesgo. La demandante alega además que, más que basarse en la ciencia, el Reglamento impugnado es el resultado de una serie de decisiones arbitrarias.

2.

Segunda parte del motivo, basada en que el Reglamento (UE) 2021/468 fue adoptado mediante un procedimiento que viola el principio de precaución. La demandante alega que la Comisión no respetó el marco previsto en el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) e invocó injustificadamente el procedimiento escrito en virtud del artículo 3, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y violó los principios de proporcionalidad y de no discriminación.

—

Declare la admisibilidad del recurso del Sr. Oleksandr Viktorovych Klymenko.

—

La Decisión (PESC) 2021/394 del Consejo, de 4 de marzo de 2021, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.

—

Del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/391 del Consejo, de 4 de marzo de 2021, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.

—

Condene en costas al Consejo de la Unión Europea con arreglo a los artículos 87 y 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación por lo que se refiere, en particular, a la mención en los actos de la justificación de la procedencia de la medida y de las comprobaciones efectuadas en relación con el respeto del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva.

2.

Segundo motivo, basado en la existencia de un error de apreciación de los hechos y en la desviación de poder, en la medida en que el demandante había aportado pruebas que demostraban la ausencia de base fáctica suficiente para fundar un proceso penal y pruebas sobre la violación de los derechos fundamentales, sin que el Consejo extrajera de ellas consecuencia alguna.

3.

Tercer motivo, basado en la violación de los derechos fundamentales, especialmente del respeto del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, así como del derecho a la igualdad de armas.

4.

Cuarto motivo, basado en la inexistencia de base jurídica, en la medida en que el artículo 29 TUE no puede constituir la base jurídica de la medida restrictiva adoptada contra el demandante.