—

Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular el párrafo segundo y los párrafos cuarto a séptimo de su preámbulo, el artículo 2, el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, y el artículo 6,

—

Vistos los artículos 10 y 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (1),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2),

—

Vista la Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (3),

—

Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (4),

—

Vista la segunda Encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación (EU-MIDIS II), publicada en diciembre de 2017 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), así como su informe sobre las experiencias de discriminación racial y de violencia racista entre las personas de ascendencia africana en la UE (5);

—

Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2016 (6),

—

Vista la creación en junio de 2016 de un Grupo de Alto Nivel de la Unión sobre la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y otras Formas de Intolerancia,

—

Visto el Código de conducta para combatir el delito de incitación al odio en Internet, acordado el 31 de mayo de 2016 entre la Comisión y las principales empresas del sector de las TI, así como con otras plataformas y empresas de las redes sociales,

—

Vista la Recomendación general n.o 34, de 3 de octubre de 2011, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, sobre la discriminación racial contra afrodescendientes,

—

Vista la Resolución 68/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 23 de diciembre de 2013, por la que se proclama el periodo 2015-2024 Decenio Internacional para los Afrodescendientes,

—

Vista la Resolución 69/16 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de noviembre de 2014, que contiene el programa de actividades para la aplicación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes,

—

Vistos la Declaración de Durban y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de 2001 contra el Racismo, en cuyo marco se reconocieron los siglos de racismo, discriminación e injusticia afrontados por las personas de ascendencia africana,

—

Vistas las recomendaciones políticas generales de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI),

—

Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 19 de septiembre de 2001, sobre el Código Europeo de Ética de la Policía (7),

—

Vista la nota del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 25 de julio de 2017, titulada «Afrophobia: Europe should confront this legacy of colonialism and the slave trade» (Afrofobia: Europa debe afrontar este legado del colonialismo y el comercio de esclavos),

—

Visto el Protocolo n.o 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales relativo a la prohibición de la discriminación,

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre los derechos fundamentales de las personas de ascendencia africana en Europa (O-000022/2019 — B8-0016/2019),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la expresión «personas de ascendencia africana» también puede utilizarse con los términos y expresiones «afroeuropeos», «europeos de origen africano» o «europeos negros», «afrocaribeños» o «negros caribeños», y se refiere a las personas de ascendencia africana que han nacido o residen en Europa o que tienen su ciudadanía;

B.

Considerando que los términos «afrofobia» y «racismo contra las personas de raza negra» se refieren a una forma específica de racismo, incluidos cualesquiera actos de violencia o discriminación, alimentado por los abusos históricos y los estereotipos negativos, y que conduce a la exclusión y deshumanización de las personas de ascendencia africana; que ese fenómeno está relacionado con estructuras históricamente represivas de colonialismo y con el comercio transatlántico de esclavos, como reconoce el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa;

C.

Considerando que se estima que en Europa viven 15 millones de personas de ascendencia africana (8), aunque la recogida de datos sobre la igualdad en los Estados miembros de la Unión ni es sistemática ni se basa en la autoidentificación, y a menudo omite a los descendientes de migrantes o «tercera generación» y más allá;

D.

Considerando que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha documentado que las minorías originarias del África subsahariana que viven en Europa tienen muchas probabilidades de vivir situaciones de racismo y discriminación en todos los ámbitos de su vida (9);

E.

Considerando que, según la reciente segunda Encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (10), los jóvenes de ascendencia africana de entre 16 y 24 años interrogados han experimentado tasas más elevadas de acoso motivado por el odio en los doce meses anteriores a la encuesta (32 %) que los de más edad, y que el ciberacoso se da sobre todo entre los jóvenes y disminuye con la edad;

F.

Considerando que las injusticias cometidas contra africanos y descendientes de africanos, en particular la esclavitud, el trabajo forzoso, el apartheid racial, las masacres y los genocidios en el contexto del colonialismo europeo y del comercio transatlántico de esclavos, siguen estando poco reconocidas y apenas se tienen en cuenta a nivel institucional en los Estados miembros;

G.

Considerando que la persistencia de estereotipos discriminatorios en algunas tradiciones de toda Europa, incluido el uso de maquillaje para representar a una persona negra, perpetúa algunos estereotipos profundamente enraizados sobre las personas de ascendencia africana que pueden agravar la discriminación;

H.

Considerando que se debe acoger con satisfacción y apoyar el importante trabajo llevado a cabo por los organismos nacionales de igualdad y la Red Europea de Organismos para la Igualdad (EQUINET);

I.

Considerando que en el informe anual de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre los delitos de odio (11) se llega a la conclusión de que las personas de ascendencia africana son a menudo el objetivo de actos de violencia racista, y que, sin embargo, en muchos países se carece de asistencia jurídica y ayuda financiera para las víctimas que se recuperan de ataques violentos;

J.

Considerando que los gobiernos son los principales responsables del estado de Derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y que por lo tanto también recae en los gobiernos la responsabilidad principal de controlar y prevenir la violencia, incluida la violencia afrofóbica, y de perseguir a los culpables;

K.

Considerando que solo se dispone de datos limitados sobre la discriminación racial en el sistema educativo; que, pese a ello, los datos muestran que a los alumnos de ascendencia africana que residen en los Estados miembros se les asignan puntuaciones más bajas que a sus compañeros blancos, y que el abandono escolar prematuro es más elevado entre los niños de ascendencia africana (12);

L.

Considerando que los adultos y los niños de ascendencia africana son cada vez más vulnerables cuando se encuentran bajo custodia policial, registrándose numerosos incidentes violentos y muertes; que se recurre de manera rutinaria a la elaboración de perfiles raciales, a prácticas discriminatorias de detección y registro y a la vigilancia, en el contexto del abuso de poder en la aplicación de las leyes, la prevención de la delincuencia, las medidas de lucha contra el terrorismo o el control de la inmigración;

M.

Considerando que existen vías de recurso para luchar contra la discriminación y que son necesarias políticas sólidas y específicas para abordar el racismo estructural que experimentan las personas de ascendencia africana en Europa, en particular en el ámbito del empleo, la educación, la salud, la justicia penal y la participación política, y en el impacto de las políticas y prácticas en materia de migración y asilo;

N.

Considerando que las personas de ascendencia africana que residen en Europa son objeto de discriminación en el mercado inmobiliario, así como segregación espacial en zonas de renta baja, con viviendas de mala calidad y de dimensiones muy reducidas;

O.

Considerando que las personas de ascendencia africana han contribuido en gran medida a construir la sociedad europea a lo largo de la Historia, y que muchas de ellas son objeto de discriminación en el mercado laboral;

P.

Considerando que las personas de ascendencia africana están representadas de forma desproporcionada entre las capas de la población europea con las rentas más bajas;

Q.

Considerando que las personas de ascendencia africana apenas están representadas en las instituciones políticas y legislativas a nivel europeo, nacional y local en la Unión;

R.

Considerando que los políticos de ascendencia africana siguen siendo objeto de ataques ignominiosos en la esfera pública, tanto a nivel nacional como europeo;

S.

Considerando que el racismo y la discriminación de que son objeto las personas de ascendencia africana son estructurales y están a menudo interrelacionados con otras formas de discriminación y opresión por motivos de sexo, raza, color, etnia u origen social, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opinión política o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual;

T.

Considerando que recientemente se ha producido un aumento de los ataques relacionados con la afrofobia dirigidos directamente contra nacionales de terceros países, en particular refugiados y migrantes;

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Vistos los artículos 4 y 13 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 107, 108, 113, 115 y 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista su Decisión, de 1 de marzo de 2018, sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) (1),

—

Vistas la Resolución de su Comisión TAXE, de 25 de noviembre de 2015 (2), y la Resolución de su Comisión TAX2, de 6 de julio de 2016 (3), sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares,

—

Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión (4),

—

Vistos los resultados de la Comisión de Investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales, presentados al Consejo y a la Comisión el 13 de diciembre de 2017 (5),

—

Vistos los informes de seguimiento de la Comisión a cada una de las Resoluciones del Parlamento antes mencionadas (6),

—

Vistas las numerosas revelaciones de periodistas de investigación, como los papeles de Luxemburgo, los papeles de Panamá, los papeles del Paraíso y, más recientemente, los escándalos de Cum-Ex, así como los casos de blanqueo de capitales en los que están implicados, en particular, bancos de Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia, los Países Bajos y el Reino Unido,

—

Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre el escándalo de los «archivos cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas del actual marco jurídico (7),

—

Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y Martina Kušnírová (8),

—

Vistos los estudios elaborados por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre los regímenes de ciudadanía por inversión y residencia por inversión en la UE: situación actual, problemas y efectos; los riesgos de blanqueo de capitales y evasión fiscal en los puertos francos y los depósitos aduaneros; y una visión global de las sociedades ficticias en la Unión Europea (9),

—

Vistos el estudio sobre el fraude en el IVA: impacto económico, desafíos y problemas políticos (10), el estudio sobre criptomonedas y cadena de bloques: contexto jurídico e implicaciones para la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, y el estudio sobre el impacto de la digitalización en asuntos fiscales internacionales (11),

—

Vistos los estudios de la Comisión sobre «indicadores de planificación fiscal abusiva» (12),

—

Vistas las pruebas recogidas por la Comisión TAX3 en sus treinta y cuatro audiencias con expertos o intercambios de puntos de vista con comisarios y ministros durante las misiones a Dinamarca, Estonia, la Isla de Man, Riga y Washington,

—

Visto el marco modernizado y más robusto del impuesto sobre sociedades introducido durante esta legislatura, en particular las Directivas contra la elusión fiscal (1.a DEF (13) y 2.a DEF (14)) y las revisiones de la Directiva sobre cooperación administrativa (DCA) (15),

—

Vistas las propuestas de la Comisión pendientes de aprobación, en particular las propuestas sobre la BI(C)CIS (16), el paquete sobre la tributación del sector digital (17) y la propuesta sobre divulgación de informes país por país (18), así como la posición del Parlamento sobre estas propuestas,

—

Vistos la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 1 de diciembre de 1997, relativa a un Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas, y los informes periódicos del Grupo «Código de Conducta» (Grupo CdC) al Consejo ECOFIN,

—

Vista la lista del Consejo de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales adoptada el 5 de diciembre de 2017 y modificada sobre la base del seguimiento en curso de compromisos de terceros países,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, relativa a los nuevos requisitos contra la elusión fiscal en la legislación de la Unión que regula determinadas operaciones de financiación y de inversión (C(2018)1756),

—

Vista la modernización en curso del marco del IVA, en particular del régimen definitivo del IVA,

—

Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre el tema «Hacia un sistema de IVA definitivo y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA» (19),

—

Visto el marco de la Unión contra el blanqueo de capitales recientemente adoptado, en particular tras la adopción de la cuarta (4.a DBC) (20) y quinta (5.a DBC) (21) revisión de la Directiva contra el blanqueo de capitales,

—

Vistos los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión contra veintiocho Estados miembros por no haber incorporado adecuadamente a la legislación nacional la 4.a DBC,

—

Visto el plan de acción de la Comisión de 2 de febrero de 2016 para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo (COM(2016)0050) (22),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2018, titulada «Reforzar los marcos de supervisión prudencial y de supervisión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión» (COM(2018)0645),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre la necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con la Directiva contra el blanqueo de capitales (23);

—

Vistos el ejercicio de mapeo y el análisis de lagunas de la plataforma de unidades de inteligencia financiera (UIF) de la Unión, de 15 de diciembre de 2016, sobre las facultades y las dificultades de las UIF de la Unión en la obtención y el intercambio de información y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 26 de junio de 2017, sobre la mejora de la cooperación entre unidades de información financiera de la Unión (SWD(2017)0275),

—

Vista la recomendación de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Comisión a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) de Malta, de 11 de julio de 2018, sobre las medidas necesarias para cumplir la Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

—

Vista la carta de 7 de diciembre de 2018 enviada por el presidente de la Comisión TAX3 al representante permanente de Malta ante la Unión, S. E. Daniel Azzopardi, en la que solicita explicaciones sobre la empresa «17 Black»,

—

Vistas las investigaciones y decisiones de la Comisión sobre las ayudas estatales (24),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2018, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (COM(2018)0218),

—

Visto el proyecto de Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

—

Vista la Declaración política por la que se establece el marco para la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido,

—

Vistas las conclusiones de las distintas cumbres del G-7, G-8 y G-20 celebradas en torno a cuestiones tributarias internacionales,

—

Vista la Resolución adoptada el 27 de julio de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Agenda de Acción de Adís Abeba,

—

Visto el informe del Grupo de Alto Nivel sobre Flujos Financieros Ilícitos de África, elaborado a petición de la Conferencia Conjunta de la Comisión de la Unión Africana (CUA)/Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA) de Ministros de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de enero de 2016, sobre una estrategia exterior para una imposición efectiva (COM(2016)0024), en la que la Comisión pidió a la Unión que «predica[se] con el ejemplo»,

—

Vistas sus Resoluciones, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo (25), y de 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (26),

—

Vista la obligación prevista en el artículo 8, apartado 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de respetar en todo momento la legislación sobre la vida privada,

—

Visto el Informe de la Comisión, de 23 de enero de 2019, sobre regímenes de ciudadanía y residencia para inversores en la Unión Europea (COM(2019)0012),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de enero de 2019, titulada «Hacia una toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la UE» (COM(2019)0008),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de octubre de 2017, titulado «Las asociaciones de la UE para el desarrollo en el contexto de los convenios fiscales internacionales»,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (A8-0170/2019),

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422.

423.

424.

425.