1)

El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de una demanda de divorcio, cuando la parte demandante somete el asunto a un tribunal del Estado miembro de la nacionalidad común de los cónyuges, a pesar de que la residencia habitual de ambos se encuentre en otro Estado miembro, dicho tribunal es competente para pronunciarse sobre la demanda de divorcio en virtud de la letra b) de la citada disposición. Dado que no es necesaria la aceptación de la parte demandada, no es preciso examinar el extremo de si el hecho de que esta parte no haya propuesto una excepción por falta de competencia constituye una sumisión tácita a la competencia del tribunal al que se ha sometido el asunto.

2)

Los artículos 3, apartado 1, y 17 del Reglamento n.o 2201/2003 deben interpretarse en el sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, la circunstancia de que la pareja cuyo matrimonio se solicita disolver tenga un hijo menor de edad carece de pertinencia a efectos de la determinación del tribunal competente para pronunciarse sobre la demanda de divorcio. Dado que el tribunal del Estado miembro de la nacionalidad común de las partes, al que el demandante ha sometido el asunto, es competente para pronunciarse sobre la demanda de divorcio en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, dicho tribunal no puede abstenerse de conocer por falta de competencia internacional aunque las partes no hayan alcanzado un acuerdo a este respecto.

3)

El artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal del Estado miembro de la nacionalidad común de los cónyuges, al que el demandante ha sometido el asunto, es competente para pronunciarse en materia de divorcio en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003, no puede considerarse que concurra el requisito relativo a la aceptación de la competencia previsto en el citado artículo 12, apartado 1, letra b), desde el momento en que el procedimiento no tiene por objeto la responsabilidad parental y la parte demandada no ha comparecido. En tales circunstancias, el tribunal al que se ha sometido el asunto, que es competente para pronunciarse sobre el divorcio de los cónyuges, no lo es, ni en virtud del referido artículo 12, apartado 1, letra b), ni del artículo 3, letra d), del Reglamento n.o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, para pronunciarse sobre cuestiones relativas, respectivamente, a la responsabilidad parental y a la obligación de alimentos en favor del menor afectado.

4)

El concepto de «responsabilidad parental», a efectos del Reglamento n.o 2201/2003, debe interpretarse en el sentido de que abarca las decisiones relativas, en particular, al derecho de custodia y a la residencia del hijo menor de edad, pero no incluye la contribución de los padres a los gastos de manutención y educación del hijo, contribución que está comprendida en el concepto de «obligación de alimentos» y entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 4/2009.

1.

Declarar el recurso de casación manifiestamente inadmisible.

2.

Comprojecto-Projectos e Construções Lda, los Sres. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo y Julião Maria Gomes de Azevedo y la Sra. Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo cargarán con sus propias costas y con las del Banco Central Europeo (BCE).

1)

¿Son compatibles con la exigencia de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales contenida en el artículo 47 de la Carta normas nacionales que, a la hora de practicar una prueba pericial, necesaria en el marco de un procedimiento de expedición de una autorización, obligan a un órgano jurisdiccional a recabar un informe pericial de una organización profesional autónoma cuyos órganos decisorios están controlados mayoritariamente en la práctica por una categoría profesional cuyos intereses tienden a ser contrarios a los de la categoría profesional de los solicitantes de la autorización o —en la hipótesis de que estas normas sean contrarias al Derecho de la Unión— de un perito oficial que pertenece al servicio de una autoridad pública?

2)

¿Se ajusta a las exigencias contenidas en los artículos 15 a 17 de la Carta una normativa nacional que establece una garantía estimada de clientela potencial —concretamente por 5 500 personas— que los tribunales no pueden comprobar efectivamente, habida cuenta de que, en virtud de esas disposiciones, solo cabe admitir un menoscabo de esas garantías dentro del respeto del principio de proporcionalidad?

1.

¿Es necesario para la inhibición del tribunal al que se haya sometido previamente el asunto, con arreglo al artículo 7, letra a), del Reglamento n.o 650/2012, (1) que ese tribunal se inhiba expresamente o puede bastar también una declaración no expresa, si de la interpretación de la misma se desprende que ese tribunal se ha inhibido?

2.

¿Está facultado el tribunal del Estado miembro cuya competencia se deriva supuestamente de la inhibición del tribunal de otro Estado miembro al que se haya sometido previamente el asunto para examinar si se cumplen los requisitos a efectos de que este último tribunal adoptara su decisión en virtud de los artículos 6, letra a), y 7, letra a), del Reglamento n.o 650/2012? ¿En qué medida es vinculante la decisión del tribunal al que se haya sometido previamente el asunto? En particular:

3.

¿Los artículos 6, letra a), y 7, letra a), del Reglamento n.o 650/2012, que presuponen una elección de ley en virtud del artículo 22, son también aplicables en el supuesto de que el causante, en su disposición testamentaria otorgada antes del 17 de agosto de 2015, no efectuara ninguna elección de ley expresa ni implícita, sino que la ley aplicable a la sucesión solo pueda deducirse del artículo 83, apartado 4, del mismo Reglamento?

1-1:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 3, punto 10, del Reglamento (CE) n.o 715/2007 (1) en el sentido de que el concepto de «elemento de diseño» se refiere únicamente a los elementos mecánicos de una entidad física?

En caso de respuesta negativa a la cuestión 1-1:

1-2:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 3, punto 10, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que el sistema de control de las emisiones solo comprende la instalación de depuración de las emisiones operativa en una fase posterior en el conjunto del motor (por ejemplo, en forma de catalizadores de oxidación diésel, filtros de partículas diésel, catalizadores de reducción de NOx)?

1-3:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 3, punto 10, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que el sistema de control de las emisiones comprende tanto las medidas internas aplicadas al motor como las medidas externas para la reducción de emisiones?

2-1:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que el concepto de «funcionamiento normal» describe únicamente las condiciones de circulación en el ciclo NCCE?

En caso de respuesta negativa a la cuestión 2-1:

2-2:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2007, en el sentido de que los fabricantes deben garantizar que se respetan los valores límite establecidos en el anexo I del Reglamento también en el uso cotidiano?

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2-2:

2-3:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que el concepto de «funcionamiento normal» describe únicamente las condiciones de circulación reales en el uso cotidiano?

En caso de respuesta negativa a la cuestión 2-3:

2-4:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que el concepto de «funcionamiento normal» describe únicamente las condiciones de circulación reales en el uso cotidiano tomando como base una velocidad media de 33,6 km/h y una velocidad máxima de 120,00 km/h?

3-1:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que está prohibido equipar un vehículo de manera que un componente que probablemente influya en las emisiones esté construido de modo que la cuota de recirculación de los gases de escape se regule de manera que solo garantice un modo de bajas emisiones entre 20 y 30 grados centígrados, y fuera de dicho marco térmico se vea reducida progresivamente?

En caso de respuesta negativa a la cuestión 3-1:

3-2:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que también prohíbe el uso de un dispositivo de desactivación si fuera del marco térmico de entre 20 y 30 grados centígrados funciona de forma ininterrumpida para proteger el motor y, por ello, la recirculación de los gases de escape se ve reducida considerablemente?

4-1:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que solo puede afirmarse que existe la necesidad de utilizar dispositivos de desactivación en el sentido de la norma si, aun utilizando la tecnología punta disponible en el momento de la obtención de la homologación de tipo para el modelo de vehículo de que se trate, no estaban asegurados la protección del motor contra averías o accidentes ni el manejo seguro del vehículo?

En caso de respuesta negativa a la cuestión 4-1:

4-2:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra a), del Reglamento [n.o 715/2007] en el sentido de que procede negar la necesidad de recurrir a dispositivos de desactivación en el sentido de la norma cuando los parámetros recogidos en el sistema de gestión del motor se elijan de tal manera que la depuración de los gases de escape, debido a su dependencia térmica preestablecida, a causa de las temperaturas normalmente previsibles, no estará activada o solo lo estará de forma limitada durante una gran parte del año?

5-1:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que únicamente el motor debe estar protegido contra las averías?

5-2:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que no existe «avería» cuando están afectadas las llamadas piezas de desgaste (como, por ejemplo, la válvula EGR)?

5-3:

¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 5, apartado 2, segunda frase, letra a), del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que también otras piezas del vehículo, especialmente los componentes pospuestos en el sistema de evacuación de los gases de escape, deben quedar protegidos contra averías o accidentes?

6-1:

¿Deben interpretarse y aplicarse los artículos 4, apartados 1, párrafo segundo, y 2, párrafo segundo; 5, apartados 1 y 2, y 13 del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que protegen, al menos, también la autonomía económica del adquirente de un vehículo que no se ajusta a lo exigido por el Reglamento n.o 715/2007?

En caso de respuesta negativa a la cuestión 6-1:

6-2:

¿Deben interpretarse y aplicarse los artículos 4, apartados 1, párrafo segundo, y 2, párrafo segundo; 5, apartados 1 y 2, y 13 del Reglamento n.o 715/2007 en el sentido de que los Estados miembros deben establecer un mecanismo sancionador que conceda a los compradores de vehículos, sobre la base del efecto útil, la posibilidad de ejercitar una acción a fin de imponer el cumplimiento del Derecho de la Unión en materia de ordenación del mercado?

6-3:

6-4:

¿Deben interpretarse y aplicarse los artículos 18, apartado 1, y 26, apartado 1, de la Directiva 2007/46/CE (2) en el sentido de que el fabricante incumple su obligación de expedir un certificado de conformidad con arreglo al artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2007/46 cuando instala en el vehículo un dispositivo de desactivación prohibido por el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.o 715/2007 y la comercialización de un vehículo de tales características infringe la prohibición de venta sin un certificado de conformidad válido prevista en el artículo 26, apartado 1, de la Directiva 2007/46?

6-5:

¿El Reglamento n.o 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE tienen como objetivo y finalidad que los valores límite establecidos en el anexo I del Reglamento n.o 715/2007 y el certificado de conformidad al que se refiere el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2007/46/CE, en relación con el Reglamento (CE) n.o 385/2009, (3) confieran derechos de protección al comprador, de manera que, en caso de vulneración de los valores límite del Reglamento determinantes de la calidad o de infracción de la legislación sobre matriculación, el Derecho de la Unión se opone, en caso de liquidación retroactiva de la compraventa del vehículo, a la compensación frente al fabricante de las ventajas obtenidas con el uso?

I.

¿Se opone el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 (1) a una normativa nacional que impone al beneficiario de una subvención la carga de interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente contra el acto por el que se ordena la devolución de los importes percibidos indebidamente por haberse producido una irregularidad, so pena de que dicho acto adquiera firmeza […] de no recurrirse en plazo (es decir, cuando el beneficiario no ejercite en plazo los medios de defensa que el Derecho interno pone a su disposición), y, por consiguiente, de que pueda exigirse la devolución del importe indebidamente pagado conforme a las normas y plazos establecidos por el Derecho nacional?

II.

¿Se opone el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 a una normativa nacional según la cual el beneficiario de una subvención no puede invocar el transcurso del plazo de cuatro u ocho años en el procedimiento judicial de ejecución forzosa iniciado en su contra, ya que dicha cuestión solo puede apreciarse en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acto por el que se ordena la devolución de los importes indebidamente percibidos por haberse constatado una irregularidad?

Para el caso de que se dé una respuesta negativa a estas cuestiones prejudiciales:

III.

¿Debe considerarse el plazo de prescripción de tres años previsto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento n.o 2988/95 un plazo de prescripción de la deuda que se genera mediante el acto por el que se exige la devolución de los importes indebidamente percibidos por concurrir irregularidades en la financiación? ¿Comienza a correr dicho plazo a partir de la fecha de la adopción de ese acto?

Por último, debe también dilucidarse la siguiente cuestión:

IV.

¿[Se opone] el artículo 3 del Reglamento n.o 2988/95 a una normativa nacional según la cual el plazo de tres años previsto para la prescripción de la deuda que se genera mediante el acto por el que se exige la devolución de los importes indebidamente percibidos por concurrir irregularidades en la financiación debe comenzar a correr a partir de la fecha de adopción de ese acto y debe interrumpirse con la notificación de la incoación del procedimiento de apremio de dichos importes, quedando suspendido hasta que no se adopte una decisión definitiva o firme que ponga fin al procedimiento en los casos de reclamación, impugnación, recurso u oposición, cuando determinen la suspensión del cobro de la deuda?

I.

¿Se opone el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 (1) a una normativa nacional que impone al beneficiario de una subvención la carga de interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente contra el acto por el que se ordena la devolución de los importes percibidos indebidamente por haberse producido una irregularidad, so pena de que dicho acto adquiera firmeza de no recurrirse en plazo (es decir, cuando el beneficiario no ejercite en plazo los medios de defensa que el Derecho interno pone a su disposición), y, por consiguiente, de que pueda exigirse la devolución del importe indebidamente pagado conforme a las normas y plazos establecidos por el Derecho nacional?

II.

¿Se opone el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 2988/95 a una normativa nacional según la cual el beneficiario de una subvención no puede invocar el transcurso del plazo de cuatro u ocho años en el procedimiento judicial de ejecución forzosa iniciado en su contra, ya que dicha cuestión solo puede apreciarse en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acto por el que se ordena la devolución de los importes indebidamente percibidos por haberse constatado una irregularidad?

Para el caso de que se dé una respuesta negativa a estas cuestiones prejudiciales:

III.

¿Debe considerarse el plazo de prescripción de tres años previsto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento n.o 2988/95 un plazo de prescripción de la deuda que se genera mediante el acto por el que se exige la devolución de los importes indebidamente percibidos por concurrir irregularidades en la financiación? ¿Comienza a correr dicho plazo a partir de la fecha de la adopción de ese acto?

Por último, debe también dilucidarse la siguiente cuestión:

IV.

¿[Se opone] el artículo 3 del Reglamento n.o 2988/95 a una normativa nacional según la cual el plazo de tres años previsto para la prescripción de la deuda que se genera mediante el acto por el que se exige la devolución de los importes indebidamente percibidos por concurrir irregularidades en la financiación debe comenzar a correr a partir de la fecha de adopción de ese acto y debe interrumpirse con la notificación de la incoación del procedimiento de apremio de dichos importes, quedando suspendido hasta que no se adopte una decisión definitiva o firme que ponga fin al procedimiento en los casos de reclamación, impugnación, recurso u oposición, cuando determinen la suspensión del cobro de la deuda?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE en el sentido de que se opone a que un Estado miembro prive a un nacional de un tercer país, cuando este tiene a su cargo a su hijo menor de edad, ciudadano de la Unión, y dicho menor se encuentra, respecto al nacional de un tercer país, en una relación de dependencia efectiva, del derecho de residencia en el Estado miembro cuya nacionalidad posee el menor, pese a que el menor se halla fuera del territorio de dicho Estado miembro o de la Unión y/o nunca ha estado en el territorio de la Unión, de forma que se priva de hecho al menor del acceso al territorio de la Unión?

2)

3)

1.

En el marco de la ponderación de los derechos e intereses en conflicto derivados de los artículos 7, 8, 11 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que debe efectuarse de conformidad con el artículo 17, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679 (1) al examinar una solicitud de retirada de enlaces formulada por el interesado contra el responsable de un servicio de búsquedas por Internet, ¿resulta compatible con el derecho del interesado al respeto de su vida privada (artículo 7 de la Carta) y a la protección de los datos personales que le conciernen (artículo 8 de la Carta) que, cuando el enlace cuya retirada se solicita conduce a un contenido que contiene afirmaciones fácticas y juicios de valor basados en esas afirmaciones fácticas cuya veracidad es negada por el interesado y condiciona la legalidad de dicho contenido, se atienda de un modo determinante también a si el interesado, de una manera razonablemente exigible (p. ej., en virtud de una medida provisional), puede obtener tutela judicial frente al proveedor de contenidos y, de este modo, una aclaración al menos provisional de la cuestión de la veracidad del contenido mostrado por el responsable del motor de búsqueda?

2.

En el caso de una solicitud de retirada de enlaces dirigida contra el responsable de un servicio de búsquedas por Internet que, en caso de búsqueda por nombres, busca fotografías de personas físicas que terceros han cargado en Internet en relación con el nombre de la persona en cuestión y muestra en su vista de resultados como imágenes de previsualización («thumbnails») las fotografías encontradas, ¿debe atenderse también de un modo determinante, en el marco de la ponderación de los derechos e intereses en conflicto derivados de los artículos 7, 8, 11 y 16 de la Carta que debe efectuarse de conformidad con los artículos 12, letra b), y 14, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46/CE (2) o con el artículo 17, apartado 3, letra a), del Reglamento 2016/679, al contexto de la publicación original del tercero, aun cuando el motor de búsqueda, al mostrar la imagen de previsualización, ofrece un enlace que remite a la página web del tercero, pero sin identificarla en concreto y sin que el servicio de búsqueda muestre también el contexto de ahí resultante?

1)

¿Puede excluirse la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE (1), así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 (2) no solo por la interposición de un recurso ante una autoridad administrativa o judicial, sino también por algún acto realizado sin que intervenga ninguna autoridad administrativa o judicial?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Un requerimiento mediante el cual el titular del signo anterior exige al titular del signo posterior, antes de iniciar un procedimiento judicial, que cese en el uso del signo y que se comprometa a pagar una pena contractual en caso de contravención constituye un acto que excluye la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009?

3)

Para el cómputo del período de tolerancia quinquenal previsto en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como en el artículo 54, apartados 1 y 2, y en el artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009, en el caso de un recurso judicial, ¿es determinante el momento de la interposición del recurso ante un órgano jurisdiccional o el momento en que se notifica dicho recurso a la parte contraria? ¿Tiene alguna relevancia, en este contexto, que se retrase la notificación del recurso a la parte contraria por causa imputable al titular de la marca anterior hasta un momento posterior al de la expiración del plazo de cinco años?

4)

¿La prescripción que contempla el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como el artículo 54, apartados 1 y 2, y el artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009, además del derecho de cesación de uso, alcanza también a las eventuales acciones subsiguientes en materia de Derecho de marcas, en particular, a las acciones de indemnización de daños y perjuicios, de difusión y de destrucción?

1)

2)

¿Será distinta la respuesta a la cuestión 1 si se trata de una acción ejercitada por una fundación que tiene por objeto defender los intereses colectivos de los acreedores que han sufrido el daño mencionado en la cuestión 1? ¿Implica esa acción colectiva que en el marco del procedimiento no se determine a) cuáles son los lugares de residencia de los acreedores mencionados, b) cuáles son las circunstancias particulares que han dado lugar a los créditos de los acreedores individuales frente a la sociedad, y c) si existe un deber de diligencia, en el sentido antes mencionado, frente a los acreedores individuales y si tal deber ha sido desatendido?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 8, inicio y apartado 2, del Reglamento Bruselas I bis en el sentido de que si el órgano jurisdiccional que está conociendo de la demanda principal revoca su decisión según la cual tiene competencia para conocer de dicha demanda, pierde también así automáticamente su competencia para conocer de las demandas presentadas por la parte interviniente?

4)

1)

¿Exige el artículo 10, apartado 8, de la Decisión 2011/278/UE (1) de la Comisión, de 27 de abril de 2011, en relación con el anexo I de esta, la asignación gratuita de derechos de emisión para el período 2013-2020 a una instalación con un proceso que emplea un convertidor del horno de oxígeno, en que el insumo es hierro líquido saturado con carbono suministrado desde otra instalación perteneciente a otro operador, siempre que se asegure que no se produce una doble contabilización de emisiones ni una doble asignación de derechos al producto metal caliente?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿es inválido el artículo 10, apartado 8, de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, en relación con el anexo I de esta, por lo que respecta al producto metal caliente, por ser contrario al artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el anexo I de esta Directiva, en su caso, por falta de claridad?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿deja de ser válido también el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2013/448/UE (2) de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, con respecto a la instalación con código de identificación CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05, por haber desaparecido su base jurídica?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartados 1 y 2, párrafo tercero, de la Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, con respecto a la instalación con código de identificación CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05, en el sentido de que permite asignar a esta instalación derechos destinados al producto metal caliente sobre la base de una nueva petición de la República Checa siempre que se excluyan la doble contabilización y la doble asignación de derechos?

5)

En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión prejudicial, ¿es inválido el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, con respecto a la instalación con código de identificación CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05, por ser contrario al artículo 10, apartado 8, de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, en relación con el anexo I de esta?

6)

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales tercera, cuarta o quinta, ¿cómo debe actuar, según el Derecho de la Unión, la autoridad de un Estado miembro que, infringiendo el Derecho de la Unión, no asignó derechos de emisión gratuitos al operador de una instalación que emplea un convertidor del horno de oxígeno, cuando tal instalación ha dejado de funcionar y el período para el que se asignaron los derechos ya ha finalizado?

1)

¿Deben considerarse publicidad de medicamentos, en el sentido del título VIII de la Directiva 2001/83/CE (1) («Publicidad»), las actividades a que se refiere la disposición controvertida?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 90 de la Directiva 2001/83/CE en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que amplía la lista de métodos de publicidad prohibidos e impone restricciones más estrictas que las previstas expresamente en el artículo 90 de la citada Directiva?

3)

¿Debe considerarse que la normativa controvertida en el litigio principal restringe la publicidad de los medicamentos con el fin de favorecer la utilización racional de estos, en el sentido del artículo 87, apartado 3, de la Directiva 2001/83/CE?

1.

Anule la sentencia del Tribunal General dictada el 23 de septiembre de 2020 en el asunto T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Junta Única de Resolución (JUR), EU:T:2020:435.

2.

Desestime el recurso de anulación.

3.

Condene en costas a la recurrida en casación.

1)

Anular la Decisión (PESC) 2018/141 del Consejo, de 29 de enero de 2018, por la que se modifica la Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez, y la Decisión (PESC) 2019/135 del Consejo, de 28 de enero de 2019, por la que se modifica la Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez, en cuanto dichos actos se refieren al Sr. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar, además de con sus propias costas, con las costas del Sr. Ben Ali.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd.

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso en el asunto T-453/19, Panusa/Parlamento.

2)

Desestimar los restantes recursos.

3)

Condenar a la Sra. Maria Teresa Coppo Gavazzi y a las demás partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo a cargar, además de con sus propias costas, con las del Parlamento Europeo.

—

anule la Decisión de la OEAA de 23 de julio de 2020, con la referencia «EASO/2020/789 Suministro de trabajadores de empresas de trabajo temporal para la EASO en Malta», del procedimiento de licitación regido por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, (1) en cuanto excluyó la oferta presentada por la parte demandante en la licitación con la referencia EASO/2020/789, y/o;

—

anule el acto o los actos mediante los que la EASO permitió o permite a una parte diferente de la demandante establecer un contrato marco a raíz de la licitación con la referencia EASO/2020/789;

—

ordene a la EASO compensar a la parte demandante los daños causados por dicha Oficina al impedir a la demandante ejecutar el contrato marco, y;

—

condene a la EASO a cargar con las costas de la parte demandante.

1.

Primer motivo, basado en la circunstancia de que la EASO vulneró el principio de igualdad de trato y el principio de transparencia, ya que la documentación de la licitación no era lo suficientemente clara, precisa e inequívoca y la EASO pudo y debió hacer más clara dicha documentación. A pesar de que la parte demandante solicitó una aclaración en múltiples ocasiones, la EASO decidió no aclarar la mencionada documentación. En consecuencia, la EASO aceptó voluntariamente una vulneración continua del principio de transparencia.

2.

Segundo motivo, basado en la circunstancia de que la EASO recalculó de forma contraria a Derecho la oferta económica de la parte demandante, infringiendo de este modo su propio pliego de condiciones y la jurisprudencia tanto del Tribunal General como del Tribunal de Justicia. En consecuencia, la EASO basó su apreciación en la cuantía modificada de la oferta de la parte demandante. De este modo, la EASO vulneró los principios de igualdad de trato y de transparencia. Por todo ello, la EASO no hubiera podido adoptar su decisión de adjudicación.

3.

Tercer motivo, basado en la circunstancia de que la EASO infringió el artículo 170, apartado 3, del Reglamento 2018/1046 al no señalar las ventajas relativas del consorcio frente a la oferta de la parte demandante, incluso después de que esta parte lo solicitara a la EASO. La EASO no puso de manifiesto las razones por las que la oferta del consorcio obtuvo una valoración más alta que la de la oferta de la parte demandante, de modo que esta no pudo identificar los puntos fuertes y débiles de su oferta comparada con la del consorcio.

4.

Cuarto motivo, en relación con la pretensión de indemnización, basado en el hecho de que la parte demandante sufrió un perjuicio como consecuencia del lucro cesante derivado de la no celebración del contrato marco.

—

Anule la decisión de 30 de junio de 2020 de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) por la que se desestimó la reclamación del demandante presentada el 27 de enero de 2020 al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, que incluye la denegación de la petición del demandante de una indemnización por importe de 50 000 euros.

—

Anule la decisión de 29 de octubre de 2019 de la EPSO/el tribunal calificador por la que se deniega la solicitud del demandante de que se revise la decisión del tribunal calificador de no admitirlo a la siguiente fase de la oposición.

—

Anule la decisión de 5 de junio de 2019 remitida a la cuenta de EPSO del demandante de no incluirlo en la lista provisional de candidatos seleccionados a los efectos de la oposición EPSO/AD/364/19 — 3-Administradores de seguridad.

—

Anule la convocatoria de oposición general EPSO/AD/364/19 — 3-Administradores de seguridad, publicada el 24 de enero de 2019, y anule en su integridad la lista provisional de candidatos seleccionados para participar en la mencionada oposición.

—

Además:

1.

Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de la EPSO/el tribunal calificador al evaluar la experiencia profesional del demandante — infracción del anexo II de la convocatoria de oposición de que se trata, donde se detalla la experiencia profesional requerida.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento del Consejo n.o 1, de 15 de abril de 1958 (1), de los artículos 1 quinquies y 28 del Estatuto de los Funcionarios y del artículo 1, apartado 1, letra f), del anexo III de dicho Estatuto, la violación de los principios de igualdad de trato y no discriminación, así como la ilegalidad de la convocatoria de oposición con arreglo al artículo 277 TFUE.

3.

Tercer motivo, basado en la ilegalidad, con arreglo al artículo 277 TFUE, del Talent Screener («Evaluador de talentos») y el punto 2.4 de las Normas generales aplicables a las oposiciones generales, así como la infracción del artículo 5 del anexo III del Estatuto de los Funcionarios y de los artículos 1 quinquies, 4, 7 y 29 del Estatuto de los Funcionarios.

4.

Cuarto motivo, basado en la ilegalidad, con arreglo al artículo 277 TFUE, de todo el anexo II de la convocatoria de oposición de que se trata y la infracción del artículo 1 quinquies del Estatuto de los Funcionarios.

—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2020/1137 del Consejo de 30 de julio de 2020 por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia (1) en la medida en que mantiene el nombre de la demandante en la lista de entidades que figura en el anexo IV de la Decisión (PESC) 2015/1333 del Consejo, de 31 de julio de 2015, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia y por la que se deroga la Decisión 2011/137/PESC. (2)

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1130 del Consejo de 30 de julio de 2020, por el que se aplica el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (3) y se modifica el anexo III del Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo, de 18 de enero de 2016, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 204/2011 (4) en la medida en que mantiene el nombre de la demandante en la lista de entidades que figura en el anexo III del Reglamento (UE) 2016/44.

—

Condene al Consejo a cargar con las costas de la demandante y otros costes y gastos generados por este recurso.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo y de la Decisión (PESC) 2015/1333 del Consejo en la medida en que no se cumplen los requisitos acumulativos previstos en el considerando 3 de la Decisión 2015/1333 para la inclusión de entidades en la lista.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de la obligación del Consejo de revisar todas las medidas restrictivas para garantizar que siguen contribuyendo a alcanzar sus objetivos declarados.

3.

Tercer motivo, basado en la existencia de errores manifiestos de apreciación. En concreto, la demandante alega que:

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato.

5.

Quinto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.

6.

Sexto motivo, basado en la infracción de la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE y del derecho a la tutela judicial efectiva.

—

Admita el recurso de anulación.

—

Anule el artículo 2, punto 4, del Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1071/2009, (CE) n.o 1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por carretera.

—

Reserve la decisión sobre las costas.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 3 TUE, apartado 3, y en la vulneración del principio de libre prestación de servicios.

En el ámbito del transporte por carretera y, en particular, del cabotaje, procede dirigirse hacia una progresiva liberalización. La disposición impugnada del Reglamento 2020/1055 limita el nivel de liberalización alcanzado hasta ahora, puesto que establece una restricción de gran envergadura, que resulta particularmente perjudicial para los transportistas que son miembros de la parte demandante. El objetivo de prevenir el abuso del cabotaje, que subyace tras la disposición impugnada, ya está cubierto por otras medidas legislativas de la Unión («paquete de movilidad»).

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.

Antes de la adopción del Reglamento en el que se incluye la disposición impugnada, no se actualizó la evaluación de impacto realizada previamente en relación con la propuesta de Reglamento de la Comisión. Ahora bien, como el Parlamento Europeo y el Consejo introdujeron significativas enmiendas en la propuesta de la Comisión, habría sido conveniente y necesario actualizar esa evaluación de impacto.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la Sala de Recurso de la EUIPO a estimar el recurso interpuesto en su día.

—

Condene a la EUIPO y a la otra parte a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente ante el Tribunal General.

—

Infracción de los artículos 101, apartado 4, 104, 106 y 107 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Ordene a la EUIPO que tenga por interpuesto el recurso.

—

Condene a la EUIPO y a la otra parte a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente ante el Tribunal General.

—

Infracción de los artículos 101, apartado 4, 104, 106 y 107 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la Sala de Recurso de la EUIPO a estimar el recurso interpuesto en su día.

—

Condene a la EUIPO y a la otra parte a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente ante el Tribunal General.

—

Infracción de los artículos 101, apartado 4, 104, 106 y 107 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la decisión de no promover a la demandante al grado AST10, con efectos desde el 1 de enero de 2019.

—

En la medida en que sea necesario, anule la decisión de «reclasificar»/promover a la Sra. [X] al grado AST10, con efectos desde el 1 de enero de 2019.

—

Con carácter totalmente subsidiario, anule todas las decisiones de «reclasificar»/promover a los colegas de la demandante al grado AST10, con efectos desde el 1 de enero de 2019.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la falta de base jurídica de la decisión impugnada.

2.

Segundo motivo, basado en la ilegalidad del enfoque de la administración en cuanto al paso del grado AST9 al grado AST10.

3.

Tercer motivo, basado en un malentendido del alcance del artículo 31, apartado 3, del Anexo XIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

4.

Cuarto motivo, basado en la falta de información del personal en cuanto a las normas aplicables al paso del grado AST9 al grado AST10.

—

Declare el presente recurso admisible y fundado.

—

En consecuencia, anule la resolución del BEI de 28 de febrero de 2020 según la cual la no presentación de la parte demandante a los controles médicos de los días 23 de diciembre de 2019 y 3 y 28 de febrero de 2020 constituyen ausencias no justificadas con arreglo al artículo 3.6 del anexo X de las Disposiciones administrativas aplicables al personal.

—

En la medida en que sea necesario, anule la resolución desestimatoria de 15 de julio del recurso administrativo presentado por la parte demandante contra la resolución inicial de 28 de febrero de 2020.

—

Condene al BEI a reparar el daño moral de la parte demandante.

—

Condene al BEI a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en una infracción de los artículos 2.3 y 3.6 del anexo X de las Disposiciones administrativas. La parte demandante afirma a este respecto que no pudo acudir a los controles médicos a causa de una situación de fuerza mayor y que, en consecuencia, concurre una de las excepciones contempladas por las disposiciones mencionadas.

2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento del deber de diligencia y en la vulneración del principio de proporcionalidad. La parte demandante alega, en particular, que el carácter sistemático de los controles médicos decididos por la parte demandada a raíz de cada certificado médico de incapacidad puede agravar su estado de salud obligándola a multiplicar los recursos y vulnera los principios mencionados.

3.

Tercer motivo, basado en una excepción de ilegalidad. Según la parte demandante, el artículo 3.4 del anexo X infringe los artículos 31 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, puesto que la aplicación de este artículo supone en la práctica suprimir, por una parte, sus vacaciones anuales y, por otra parte, cualquier remuneración desde el momento en que agota su período de vacaciones anuales.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1216 de la Comisión de 24 de agosto de 2020 que invalida facturas emitidas por Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd que incumplen el compromiso derogado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1570;

—

Condene en costas a la Comisión y a cualquier coadyuvante que intervenga en el procedimiento en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al evaluar los hechos de este asunto, e infringió el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, así como en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea, y, en particular, su apartado 9, al considerar que la demandante incumplió los términos del compromiso al que habían llegado la Comisión y CCCME en nombre de, entre otros, la demandante. La demandante no incumplió las obligaciones asumidas conforme al compromiso cuando emitió facturas comerciales con un precio revisado de acuerdo con el PMI de derecho variable sobre las importaciones que habían sido despachadas a libre práctica después de la entrada del Reglamento que deroga el compromiso e introduce el PMI de derecho variable, a partir del 1 de octubre de 2017.

2.

Segundo motivo, formulado con carácter subsidiario y basado en que incluso si la demandante hubiera incumplido el compromiso, lo que no ha ocurrido, la Comisión actuó de forma ilegal al anular las facturas de que se trata y cobrar derechos sobre estas ya que las facultades en las que se basó han expirado o bien han sido revocadas, dado que los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1238/2013 y n.o 1239/2013 quedaron sin efecto el 7 de diciembre de 2015 (con arreglo al artículo 5 de ambos reglamentos). Del mismo modo, los Reglamentos de Ejecución (UE) 2017/367 y 2017/366 quedaron sin efecto el 3 de septiembre de 2018 (con arreglo al artículo 6 de ambos reglamentos). En todo caso, los artículos 2 y 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/367 y los artículos 2 y 3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/366 ya habían sido derogados por el artículo 1, apartados 4 y 5, y el artículo 3, apartados 3 y 4, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1570 de la Comisión.

3.

Tercer motivo, formulado también con carácter subsidiario y basado en que incluso si la demandante hubiera incumplido el compromiso y si el Tribunal de Justicia no considerase que las facultades que la Comisión ejerció habían sido derogadas y revocadas cuando se adoptó el Reglamento controvertido, la Comisión infringió el artículo 8, apartados 1, 9 y 10, y el artículo 10, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, así como en el artículo 13 apartados 1, 9 y 10, y el artículo 16, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea, al declarar nulas facturas de compromiso y obligar a continuación a las autoridades aduaneras a aplicar derechos retroactivamente.

—

Anule la Decisión (UE) de la Comisión Europea de 26 de abril de 2020 relativa a la ayuda estatal SA.56867 COVID 19 — Alemania Compensation for the damage caused by the COVID-19 outbreak to Condor Flugdienst GmbH. (1)

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión infringió determinadas disposiciones del TFUE y violó los principios generales del Derecho europeo relativos a la prohibición de discriminación, la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento, en que se asienta la liberalización del sector del transporte aéreo en la Unión. La liberalización del transporte aéreo ha permitido el crecimiento de genuinas aerolíneas paneuropeas de bajo coste. Al autorizar a Alemania a reservar las ayudas a Condor, la Comisión ignoró el perjuicio ocasionado a tales aerolíneas paneuropeas por las restricciones derivadas de la crisis de la COVID-19.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión aplicó incorrectamente el artículo 107 TFUE, apartado 2, letra b), e incurrió en error manifiesto de apreciación al examinar la proporcionalidad de las ayudas con respecto al perjuicio ocasionado por las restricciones de viaje derivadas de la crisis de la COVID-19, en particular al considerar que el prolongado período de insolvencia de Condor constituía un perjuicio directo que había de quedar cubierto por las ayudas y al estimar que, para junio de 2022, se habría vendido Condor y podría afectar los frutos de esta venta a devolver parte de las ayudas.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión no emprendió un procedimiento de investigación formal pese a existir graves dificultades y violó las garantías de procedimiento de la parte demandante.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión incumplió su deber de motivar la decisión.