—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de mayo de 2018, titulada «En ruta hacia la movilidad automatizada: estrategia de la UE para la movilidad del futuro» (COM(2018)0283),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, titulada «Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada» (COM(2016)0766),

—

Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G (1),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre una estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (2),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0425/2018),

A.

Considerando que la estrategia de la Unión sobre la movilidad conectada y automatizada está estrechamente vinculada a las prioridades políticas de la Comisión, especialmente las correspondientes a sus agendas de empleo, crecimiento e inversión, investigación e innovación, medio ambiente y cambio climático, movilidad y transporte limpios y seguros, seguridad vial y descongestión del tráfico, el mercado único digital y la Unión de la Energía;

B.

Considerando que el rápido ritmo del desarrollo tecnológico, tanto en el sector del transporte como en el de la robótica y la inteligencia artificial, tiene un impacto significativo en la economía y la sociedad; que los vehículos autónomos cambiarán considerablemente nuestra vida cotidiana, determinarán el futuro del transporte por carretera a escala mundial, reducirán el coste del transporte, mejorarán la seguridad vial, aumentarán la movilidad y reducirán el impacto medioambiental; que el sector del transporte por carretera podría abrir la vía a nuevos servicios y modalidades de transporte, respondiendo así a la creciente demanda de movilidad de personas y mercancías, y pudiendo contribuir incluso a revolucionar la planificación urbana;

C.

Considerando que la Comisión aspira a reducir a la mitad, con respecto a 2010, la cifra anual de muertes en la carretera en la Unión de aquí a 2020, en consonancia con los objetivos de la iniciativa Visión Cero; que el progreso en la reducción del número total de víctimas mortales y heridos parece haberse estancado recientemente, en vista de que en 2016 más de 25 000 personas perdieron la vida en las carreteras de la Unión y otras 135 000 resultaron gravemente heridas; que nuestras ciudades se enfrentan a grandes problemas de movilidad que se ven agravados por la contaminación y el cambio climático;

D.

Considerando que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como el sistema de advertencia de abandono del carril o los sistemas de frenado automático de emergencia, han demostrado ser valiosos para la seguridad vial y la reducción del número de accidentes graves;

E.

Considerando que la abrumadora mayoría de los accidentes de tráfico se deben a errores humanos y, por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de reducir las posibilidades de que ocurran esos accidentes exigiendo el uso de sistemas avanzados para los vehículos que mejoren la seguridad, a la vez que se mantiene la movilidad personal;

F.

Considerando que se ha ralentizado la tendencia positiva de la seguridad vial registrada en la Unión en la última década; que el transporte por carretera sigue siendo responsable de la mayor parte de las emisiones del transporte, en lo que se refiere a gases de efecto invernadero y a contaminantes del aire;

G.

Considerando que las necesidades de transporte, ya sea de pasajeros o de mercancías, van en aumento en todo el mundo, en un contexto de mayor toma de conciencia acerca de los recursos limitados de nuestro planeta, y que, por tanto, la eficiencia de los transportes adquirirá cada vez mayor importancia;

H.

Considerando que la Unión debería fomentar y seguir desarrollando tecnologías digitales para la movilidad automatizada a fin de contrarrestar los errores humanos y reducir los accidentes de tráfico y las víctimas mortales en las carreteras;

I.

Considerando que la automatización y el despliegue de nuevas tecnologías aumentarán la seguridad del transporte y los sistemas de transporte y eliminarán algunos de los factores humanos en juego; que, en paralelo con la automatización, deben tenerse en cuenta tanto la diversidad como la situación de los sistemas de transporte en los distintos Estados miembros; que es necesario construir nuevos sistemas de transporte y equipar los sistemas de transporte nuevos y los ya existentes con unas medidas de seguridad adecuadas antes de poder proceder con la automatización;

J.

Considerando que existen niveles de automatización y que los niveles 1 y 2 ya están disponibles en el mercado, pero los niveles de automatización condicionada, alta automatización y automatización total (vehículo sin conductor) no estarán disponibles hasta 2020-2030 y que, por tanto, los sistemas de asistencia a la conducción son importantes como tecnología de capacitación en el proceso hacia la automatización total;

K.

Considerando la necesidad de invertir tanto en la fase de investigación como en la fase de desarrollo posterior para mejorar las tecnologías disponibles y poner en marcha una infraestructura de transporte segura e inteligente;

L.

Considerando que varios países de todo el mundo (por ejemplo, los Estados Unidos, Australia, Japón, Corea y China) están avanzando rápidamente hacia la disponibilidad en el mercado tanto de la movilidad conectada como de la automatizada; que Europa ha de responder de forma mucho más proactiva a la rápida evolución de este sector, promoviendo iniciativas y requisitos de seguridad estrictos para todos los participantes en la circulación que viajen por mar, vías navegables, carretera, aire o vías férreas y que usen modos de transporte mixtos;

M.

Considerando que la Comisión espera que el nuevo mercado de vehículos automatizados y conectados crezca exponencialmente, con unos ingresos estimados en más de 620 000 millones EUR en 2025 para la industria automovilística de la Unión y más de 180 000 millones EUR para su sector de electrónica;

N.

Considerando que la Declaración de Ámsterdam (2016) define la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y la industria en el ámbito de la conducción conectada y automatizada;

O.

Considerando que el transporte autónomo abarca todas las formas pilotadas a distancia, automatizadas y autónomas de transporte por carretera, ferroviario, aéreo, marítimo y por vías navegables;

P.

Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre la ruta hacia la movilidad automatizada constituye un hito importante en la estrategia de la Unión sobre movilidad conectada y automatizada;

Q.

Considerando que se debe hacer hincapié en la movilidad autónoma, ya que los vehículos completamente autónomos ofrecerán beneficios evidentes para la seguridad vial y serán capaces de operar sin funcionalidades conectadas; que es posible que las capacidades y servicios accesorios sigan necesitando la comunicación digital;

R.

Considerando que el despliegue de los vehículos autónomos, previsto ya para 2020, reportará ventajas considerables, pero también conlleva una serie de nuevos riesgos, en particular en relación con la seguridad del tráfico por carretera, la responsabilidad civil y los seguros, la ciberseguridad, los derechos de propiedad intelectual, la protección de datos y el acceso a los datos, las infraestructuras técnicas, la normalización y el empleo; que todavía no se conoce por completo el efecto a largo plazo de la movilidad autónoma en el empleo y el medio ambiente; que es de vital importancia garantizar que el marco jurídico de la Unión sea apropiado para responder adecuadamente a estos retos y aumentar la sensibilización y aceptación públicas de los vehículos autónomos;

S.

Considerando que las implicaciones éticas del uso de estas tecnologías hacen necesario desarrollar unas directrices para el despliegue de la inteligencia artificial, así como sistemas de garantía para abordar con coherencia estas cuestiones éticas;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

—

Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que establecen el principio de la igualdad entre hombres y mujeres como un valor de la Unión,

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 8 y 19,

—

Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que contiene disposiciones específicas sobre el principio horizontal de la igualdad de género, y el artículo 6 del TUE, que reconoce a la Carta el mismo valor jurídico que los Tratados,

—

Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 11 de mayo de 2011,

—

Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (1),

—

Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing+5 (2000), Beijing + 10 (2005) y Beijing + 15 (2010), así como el documento final de la conferencia de examen Beijing+20,

—

Vistas sus Resoluciones de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2009 (2), de 8 de marzo de 2011 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2010 (3), de 13 de marzo de 2012 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2011 (4), de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 (5), y de 14 de marzo de 2017 sobre igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en 2014-2015 (6),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2003, sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo (7),

—

Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre la integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones (8),

—

Vista su Resolución, de 22 de abril de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos de las comisiones y delegaciones (9),

—

Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la UE y en la consolidación de la paz y la consolidación de los Estados (10),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre las mujeres y la toma de decisiones (11),

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015 (12),

—

Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre la nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después de 2015 (13),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo (14),

—

Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea (15),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión (16),

—

Visto el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 (17), y en particular su artículo 1, letras c) y d),

—

Vista la edición de 2018 del folleto «Las mujeres en el Parlamento Europeo»,

—

Visto el informe anual de recursos humanos del Parlamento Europeo en 2017, publicado en agosto de 2018,

—

Vistas las orientaciones multilingües sobre un lenguaje neutral en cuanto al género en el Parlamento Europeo,

—

Visto el informe de Dimitrios Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad, titulado «Igualdad de género en la Secretaría del Parlamento Europeo — situación actual y perspectivas para 2017-2019», presentado a la Mesa del Parlamento Europeo y aprobado en la reunión de esta de 16 de enero de 2017,

—

Vista la hoja de ruta 2017-2019 para la aplicación del informe titulado «Igualdad de género en la Secretaría del Parlamento Europeo — situación actual y perspectivas para 2017-2019»,

—

Visto el plan de acción para la promoción de la igualdad de género y la diversidad en la Secretaría del Parlamento Europeo para el período 2017-2019,

—

Visto el mandato del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad,

—

Vistas sus orientaciones en materia de igualdad para los miembros de los comités de selección,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 19 de julio de 2017, titulada «Un año después de Lisboa: de la igualdad de oportunidades a la diversidad y la inclusión» (C(2017)5300) (18) y su Carta de Inclusión y Diversidad (19),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019» (SWD(2015)0278) (20),

—

Vista la Estrategia sobre igualdad de género 2018-2023 del Consejo de Europa (21),

—

Vista la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de 19 de noviembre de 2013, sobre integración de la perspectiva de género, anexa a la resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020, adjunta al Marco Financiero Plurianual (MFP) (22),

—

Visto el informe de 2011 de la Unión Interparlamentaria titulado «Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice» (Los Parlamentos sensibles con respecto a la cuestión de género: estudio a nivel mundial de las buenas prácticas en la materia), publicado en 2011,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0429/2018),

A.

Considerando que el principio de igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea que se encuentra consagrado en los Tratados de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales; considerando que el artículo 8 del TFUE estipula que en todas sus acciones la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, promover su igualdad y combatir la discriminación en la definición y ejecución de sus políticas y acciones;

B.

Considerando que la igualdad de género, como regla general, es esencial para la protección de los derechos humanos, el funcionamiento de la democracia, el respeto del Estado de Derecho y el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad y la integración de una dimensión de género en todos los ámbitos políticos de competencia de la Unión;

C.

Considerando que el derecho a la igualdad y la garantía de no discriminación son principios fundamentales que sustentan la integración de la perspectiva de género; considerando que la integración de la perspectiva de género debe englobar los derechos, las expectativas y el bienestar de las mujeres, jóvenes, personas LGBTIQ y personas de todas las identidades de género;

D.

Considerando que los avances en la consecución de la igualdad de género en la Unión Europea no solo se están estancando en el conjunto de la Unión, sino que están sufriendo notables retrocesos en algunos Estados miembros;

E.

Considerando que en el Convenio de Estambul también se hace hincapié en la importancia de promover un cambio de mentalidad y de actitud para romper el círculo vicioso de todas las formas de violencia por razones de género; considerando que a tal fin son necesarias, por tanto, medidas formativas a todos los niveles y para todos los grupos de edad sobre la igualdad entre mujeres y hombres, la desaparición de los papeles estereotipados de los géneros y el respeto de la integridad personal;

F.

Considerando que son insuficientes los fondos y recursos humanos asignados para garantizar la realización de avances reales en la integración de la perspectiva de género en las políticas, programas, iniciativas y acciones de la Unión;

G.

Considerando que, pese a la división de la población de la Unión Europea entre hombres y mujeres en partes iguales, la composición del Parlamento Europeo refleja una grave infrarrepresentación de las mujeres puesto que solo el 36,1 % de sus diputados son mujeres; considerando que esta brecha queda patente, además, en la composición de la Mesa del Parlamento, integrada por 13 hombres y 7 mujeres; considerando que la representación de género equilibrada y la diversidad en los órganos del Parlamento contribuyen a derribar estereotipos, reducen la discriminación y elevan el nivel de representación democrática de los ciudadanos de la Unión y la legitimidad de las decisiones de la institución;

H.

Considerando que, de los nombramientos de altos cargos del Parlamento (directores generales y directores) realizados en 2016, solo el 11 % fueron mujeres en 2016 y en 2017, solo el 33 %;

I.

Considerando que el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) radica en lograr la igualdad entre mujeres y hombres y empoderar a todas las mujeres y las niñas antes de 2030 y es un objetivo transversal de los 17 ODS; considerando que la integración de la perspectiva de género es una herramienta para un desarrollo equitativo que sea efectivo, duradero y sostenible y que tenga un impacto positivo en el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza; considerando, sin embargo, que los progresos en este sentido son muy lentos y los cambios en muchos países del mundo son mínimos (23), también en Europa; considerando que la implementación del ODS 5 ha tenido resultados diversos según los Estados miembros y dentro de los mismos, y que la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales y en los puestos de toma de decisiones aún está lejos de la paridad (24);

J.

Considerando que las evaluaciones de impacto de género son necesarias para evaluar y determinar la probabilidad de que una decisión concreta tenga consecuencias negativas para la situación en materia de igualdad de género; que, por consiguiente, es esencial analizar los presupuestos desde una perspectiva de género, a fin de proporcionar información sobre los diferentes efectos que la asignación y distribución del presupuesto pueden tener en la igualdad de género y de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas;;

K.

Considerando que la integración de la perspectiva de género se considera una estrategia efectiva y aceptada a nivel mundial que tiene como objetivo lograr la igualdad de género y luchar contra la discriminación mediante la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos de políticas para que la perspectiva de la igualdad de género sea incorporada en todas las políticas, medidas reglamentarias y programas de gasto y en todos los niveles y etapas por los actores involucrados en la formulación de políticas; considerando que la integración de la perspectiva de género proporciona herramientas clave para la consideración sistemática de las diferencias entre las condiciones, las situaciones y las necesidades de todas las políticas y acciones, así como el avance de la igualdad de género y la promoción de la igualdad de derechos y una representación equilibrada desde el punto de vista del género en los diferentes niveles administrativos, políticos, sociales y económicos y en la toma de decisiones;

L.

Considerando que es necesaria una mayor cooperación interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión en materia de integración de la dimensión de género, con el fin de garantizar que la perspectiva de género pueda incorporarse a todas las fases del presupuesto, de las políticas, de los programas y de las iniciativas, lo que facilitaría el trabajo del propio Parlamento en pro de la integración de la perspectiva de género;

M.

Considerando que las enmiendas para la integración de la perspectiva de género adoptadas por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y presentadas para su aprobación en otras comisiones son una herramienta eficaz para garantizar que la igualdad de género se tiene debidamente en cuenta en los informes y resoluciones del Parlamento Europeo;

N.

Considerando que un presupuesto con perspectiva de género, en forma de planificación y programación, contribuye al avance de la igualdad de género y a la realización de los derechos de la mujer y es uno de los principales instrumentos utilizados por los responsables de las políticas para fomentar la igualdad de género, pero sigue sin ser aplicado sistemáticamente por ninguna de las instituciones de la Unión;

O.

Considerando que, según los últimos datos disponibles (25), del personal del Parlamento el 59 % son mujeres, pero que estas siguen infrarrepresentadas en todos los grados de dirección; considerando que el número de mujeres en puestos superiores incluso ha disminuido desde junio de 2017 y que su presencia en los puestos intermedios aumentó solo ligeramente;

P.

Considerando que, en el informe sobre igualdad de género de 2017 del vicepresidente del Parlamento Dimitrios Papadimoulis, se fijaron tres objetivos de representación de las mujeres en los puestos de dirección de niveles intermedios y superiores que han de alcanzarse para 2019, a saber: 30 % de mujeres en el nivel de director general, 35 % de mujeres en el nivel de director y 40 % de mujeres en el nivel de jefe de unidad; y considerando que la subsiguiente hoja de ruta indica cómo se han de lograr dichos objetivos;

Q.

Considerando que para promover la integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones y delegaciones del Parlamento se designa un diputado responsable al efecto en cada comisión y en la Conferencia de Presidentes de Delegación, que comparte experiencias y mejores prácticas en la Red de integración de la perspectiva de género;

R.

Considerando que garantizar la coherencia entre las políticas internas de recursos humanos y las acciones exteriores de promoción de la igualdad de género y de los derechos de las personas LGBTIQ es fundamental para la credibilidad del Parlamento y del resto de instituciones de la Unión;

S.

Considerando que desde 2014 el Reglamento interno del Parlamento estipula que la diversidad de la institución debe reflejarse en la composición de la mesa de todas y cada una de las comisiones parlamentarias y que no es aceptable tener mesas compuestas únicamente de hombres o de mujeres;

T.

Considerando que los puestos de alta dirección del Parlamento son atribuidos exclusivamente por la Mesa;

U.

Considerando que la integración de la perspectiva de género del Parlamento Europeo debe prestar la debida atención a los derechos, las expectativas y el bienestar de las personas de todas las identidades de género y LGBTIQ; considerando que, aunque el Parlamento concede mayor importancia a las cuestiones LGBTIQ, los activistas LGBTIQ tienen una visibilidad relativamente reducida y una voz débil;

V.

Considerando que es necesario reconocer el valor social y político de las organizaciones de mujeres y los espacios de mujeres, de su historia y su trabajo, y de su papel clave en la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad de género, la autodeterminación de las mujeres y el diálogo intercultural; considerando que no hay una incorporación consciente de la perspectiva de género sin lugares capaces de producir la autodeterminación y autoridad de las mujeres y luchar contra la violencia contra las mujeres;

W.

Considerando que, en ocasiones, se sigue cuestionando la legitimidad de la participación de las mujeres en la esfera política, y que son víctimas de estereotipos que las disuaden de implicarse en la política, un fenómeno que es particularmente evidente allí donde están menos representadas en el ámbito político;

X.

Considerando que, si bien las mujeres en la Unión Europea tienen los mismos derechos políticos y civiles que los hombres, desde el punto de vista cultural, social o económico a menudo no gozan de igualdad;

Y.

Considerando que la igualdad de género contribuye a un debate más amplio y a una mejor toma de decisiones, ya que puede aportar puntos de vista integrales;

Z.

Considerando que las instituciones deben ser responsables de evitar la segregación vertical y horizontal de género;

AA.

Considerando que el Parlamento Europeo lleva muchos años comprometido con la promoción de la igualdad de género y que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género tiene la responsabilidad de aplicar y desarrollar aún más la integración de la perspectiva de género en todos los sectores políticos;

AB.

Considerando que el Parlamento Europeo tiene que seguir luchando contra el acoso sexual y aplicar las medidas acordadas;

AC.

Considerando que el Parlamento Europeo tiene varios organismos diferentes que se encargan de desarrollar y aplicar la integración de la perspectiva de género y promover la igualdad y la diversidad de género, tanto a nivel político como administrativo, como el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad y Diversidad de Género, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, la Red de integración de la perspectiva de género, la Unidad de Igualdad y Diversidad, el Comité para la Igualdad de Oportunidades y la Diversidad (COPEC), Égalité, la asociación del personal LGBTI+ de las instituciones de la UE, el Comité Consultivo de Prevención y Protección en el Trabajo y el Grupo de Coordinadores sobre Igualdad y Diversidad; considerando, no obstante, que no hay una coordinación o coherencia claras entre estos organismos;

AD.

Considerando que la integración de la perspectiva de género es un proceso que requiere habilidades y conocimientos específicos, así como un compromiso, y que, como tal, solo es efectivo si se acompaña de actividades de sensibilización y creación de capacidad en las instituciones y al nivel del personal;

AE.

Considerando que el Parlamento Europeo ya se comprometió en 2003 a adoptar y aplicar un plan de políticas para la integración de la perspectiva de género con la prioridad de integrar la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones y delegaciones con herramientas concretas para la promoción, mayor sensibilización y aplicación del principio de la integración de la perspectiva de género en sus trabajos diarios;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

—

Vista la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2007/198/Euratom, por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas (COM(2018)0445),

—

Vista la Decisión del Consejo 2007/198/Euratom por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas (1),

—

Visto el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo, de 13 de noviembre de 2017, sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Empresa Común,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de junio de 2017, sobre la contribución de la UE al proyecto ITER reformado (COM(2017)0319),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0393/2018),

A.

Considerando que la fusión podría desempeñar un papel clave en el futuro panorama energético europeo y mundial como fuente de energía potencialmente inagotable, segura, respetuosa con el clima y con el medio ambiente, y competitiva desde un punto de vista económico;

B.

Considerando que la fusión ya ofrece oportunidades concretas para el sector y tiene un efecto positivo sobre el empleo, el crecimiento económico y la innovación que se hace notar más allá de los ámbitos de la fusión y la energía;

C.

Considerando que la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión coordina la investigación científica y tecnológica y las actividades de desarrollo en el ámbito de la fusión;

D.

Considerando que Europa ha desempeñado un papel destacado en el proyecto ITER, desarrollado en estrecha colaboración con los signatarios no europeos del Acuerdo ITER (Estados Unidos, Rusia, Japón, China, Corea del Sur e India), y que la contribución europea, canalizada a través de la Empresa Común, representa el 45 % de los costes de construcción del proyecto;

E.

Considerando que la propuesta de la Comisión de modificar la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo tiene por objeto financiar la continuación de la participación europea en el proyecto ITER durante todo el próximo marco financiero plurianual, a fin de garantizar la continuidad del proyecto en pos de avances científicos fundamentales en el desarrollo de la fusión para uso civil, lo que debería facilitar en última instancia la producción de energía segura y viable que cumpla los objetivos del Acuerdo de París;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

—

Visto el estudio Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it, publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión en 2016 (1),

—

Vista la Estrategia Europa 2020,

—

Vistos el actual período de financiación de la UE (2014-2020) y la propuesta de la Comisión para el nuevo marco financiero plurianual (2021-2028),

—

Visto el acuerdo alcanzado por los colegisladores en julio de 2018 para aumentar el presupuesto del programa de apoyo a las reformas estructurales,

—

Visto el artículo 197 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0378/2018),

A.

Considerando que la administración pública de los Estados miembros es fundamental en la ejecución del presupuesto de la UE, y que su eficaz funcionamiento puede contribuir a la implantación de sistemas modernos que mejoren la prosperidad y el bienestar en la Unión;

B.

Considerando que la nueva propuesta de marco financiero plurianual (MFP) no incluye un objetivo específico para la administración pública en su estado actual;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

—

Vista la protección legal internacional de la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias que garantizan el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), de 1948, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de 1966, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981, el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 10, 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la observación n.o 22 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 30 de julio de 1993, sobre el artículo 18 de la DUDH de 1948, así como su Resolución 16/18, de 12 de abril de 2011, sobre la lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basada en la religión o las creencias,

—

Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 2 y 21,

—

Visto el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de febrero de 2011, sobre la intolerancia, la discriminación y la violencia por motivos de religión o creencias,

—

Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia, adoptados el 25 de junio de 2012 por el Consejo, y el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019,

—

Vistas las Directrices de la Unión Europea, de 24 de junio de 2013, sobre la promoción y protección de la libertad de religión o creencias,

—

Vista su Recomendación, de 13 de junio de 2013, sobre el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias (1),

—

Vistas sus Resoluciones, de 20 de enero de 2011, sobre la situación de los cristianos en relación con la libertad de religión (2), de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh» (3), y, de 14 de diciembre de 2017, sobre la situación de los rohinyás (4),

—

Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el nuevo planteamiento de la UE con respecto a los derechos humanos y la democracia — evaluación de las actividades de la Dotación Europea para la Democracia (DED) desde de su creación (5), en particular sus apartados 27 y 28,

—

Vistas sus Resoluciones, de 14 de diciembre de 2016 (6) y de 23 de noviembre de 2017 (7), respectivamente, sobre los informes anuales de 2015 y de 2016 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, en particular, con respecto a 2015, el apartado 14 de la Resolución de 2016, y en particular, con respecto a 2016, el apartado 8 de la Resolución de 2017,

—

Visto el «Plan de Acción Rabat», publicado el 5 de octubre de 2012 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia,

—

Visto el mandato del enviado especial para la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia y religión fuera de la Unión,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 235/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un instrumento financiero para la democracia y los derechos humanos a escala mundial, (8)

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de mayo de 2014, sobre un planteamiento basado en los derechos a la cooperación para el desarrollo, que abarca todos los derechos humanos, y visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 30 de abril de 2014, titulado «Una caja de herramientas para un enfoque basado en los derechos que abarque todos los derechos humanos para la cooperación de la UE al desarrollo» (SWD(2014)0152 final),

—

Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2015 al bloguero y activista saudí Raif Badawi por sus notables esfuerzos para fomentar el debate abierto sobre religión y política en su país, y vista su prolongada reclusión tras haber sido condenado a diez años de cárcel, mil latigazos y una cuantiosa multa por presuntamente «insultar al islam»,

—

Visto el caso de la mujer cristiana pakistaní Asia Bibi, que fue encarcelada y condenada a muerte por blasfemia, y vista su reciente absolución,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0449/2018),

A.

Considerando que la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, a la que normalmente se hace referencia en el marco de la Unión, así como en la presente Resolución, como el derecho a la libertad de religión o creencias, constituye un derecho humano inherente a todos los seres humanos y un derecho fundamental de todas las personas por igual, que no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación, tal y como se consagra en los textos constitutivos internacionales y europeos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que toda persona tiene derecho a que se respeten todos sus derechos humanos, tal como se reconocen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sin discriminación por motivos de raza, etnia, capacidades, género, orientación sexual, creencias religiosas o ausencia de creencias religiosas; que, con arreglo al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la acción exterior de la Unión descansa en los principios que han presidido su creación; y que, con arreglo al artículo 2 del Tratado, la Unión se fundamenta en sociedades caracterizadas por el pluralismo y la tolerancia;

B.

Considerando que el principio de separación entre Iglesia y Estado en todo el mundo y en Europa constituye un principio rector en la formación cívica;

C.

Considerando que el Parlamento Europeo ha definido el laicismo como la estricta separación de las autoridades religiosas y políticas, lo que conlleva el rechazo de cualquier injerencia religiosa en el funcionamiento de las instituciones públicas, así como de cualquier injerencia pública en materia religiosa, salvo si su objetivo es hacer respetar las normas de seguridad y preservar el orden público (incluido el respeto a la libertad de los demás) y garantizar la igualdad de la libertad de conciencia para todos, independientemente de que sean creyentes, agnósticos o ateos;

D.

Considerando que la libertad de religión o creencias implica el derecho de las personas a elegir en qué creer o no creer, el derecho a cambiar o abandonar su religión y sus convicciones sin ningún tipo de limitación, así como el derecho a practicar y manifestar el pensamiento, la conciencia, la religión y las creencias de su elección, ya sea individualmente o en comunidad, tanto en privado como en público; que la manifestación del pensamiento, la conciencia, la religión o las creencias puede expresarse a través del culto, la observancia, la práctica y la enseñanza; que la libertad de religión o creencias implica el derecho de las comunidades de creyentes y no creyentes a preservar o abandonar sus valores y a actuar de acuerdo con ellos, así como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas, laicas y aconfesionales; que, para garantizar que las personas puedan disfrutar de la libertad de religión o creencias de forma equitativa, es primordial proteger a las personas que profesan una religión, o ninguna, y abordar efectivamente las violaciones de esta libertad, como por ejemplo la discriminación o las restricciones legales basadas en la religión o las creencias;

E.

Considerando que las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar religión ni creencia alguna, también están amparados por el artículo 18 del PIDCP; que el profesar o no una religión o creencia es un derecho absoluto que no puede limitarse en circunstancia alguna;

F.

Considerando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, interdependientes y están interrelacionados; que la libertad de religión o creencias comprende elementos de muchos otros derechos humanos y libertades fundamentales, de los que depende, como la libertad de expresión y la libertad de reunión y de asociación, y juntos desempeñan un papel importante en la lucha contra todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las creencias;

G.

Considerando que la libertad de religión termina cuando su práctica viola los derechos y las libertades de los demás, y que la práctica de una religión o creencia no puede jamás ni bajo ningún pretexto justificar el extremismo violento o la mutilación, ni puede usarse como salvoconducto para llevar a cabo acciones que vulneren la dignidad inherente de las personas;

H.

Considerando que el respeto de la libertad de religión o creencias contribuye directamente a la democracia, al desarrollo, al Estado de Derecho, a la paz y a la estabilidad; que las violaciones de esta libertad están generalizadas, afectan a personas en todas partes del mundo, vulneran la dignidad humana y pueden dar lugar a la intolerancia, o exacerbarla, siendo a menudo indicadores tempranos de situaciones de violencia y conflictos; que los Estados deben actuar con la diligencia debida a fin de evitar, investigar y castigar los actos de violencia, o la amenaza que representan, contra determinadas personas por motivo de su religión o sus creencias, así como exigir responsabilidades en el supuesto de que lleguen a cometerse;

I.

Considerando que, de conformidad con el artículo 21 del TUE, la Unión promueve y defiende la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto de la dignidad humana como parte de los principios rectores de su política exterior;

J.

Considerando que en muchos países siguen persistiendo las restricciones y los antagonismos religiosos, generados por los gobiernos o las sociedades; que algunas minorías religiosas han sido objeto de crecientes amenazas y persecuciones por parte de agentes estatales y no estatales; que los defensores de los derechos humanos de todo el mundo que luchan en favor de la libertad de religión o creencias sufren cada vez más amenazas y ataques;

K.

Considerando que, para lograr el objetivo de promover la libertad de pensamiento, conciencia y religión a través de la política exterior de la Unión, el Consejo adoptó en junio de 2013 las Directrices de la UE sobre la promoción y la protección de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y que, en mayo de 2016, la Comisión designó al primer enviado especial para la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia y religión fuera de la Unión, con un mandato de un año que ha sido renovado desde entonces en dos ocasiones por un año más;

L.

Considerando que la Unión ha promovido la libertad de religión o creencias, a nivel internacional y a través de foros multilaterales, en particular asumiendo el liderazgo en las resoluciones temáticas sobre la libertad de religión o creencias en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) y apoyando el mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, y colaborando con él, así como colaborando con terceros países de ideas afines;

M.

Considerando que la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en particular a través del apoyo de la sociedad civil para la protección de los derechos de los creyentes y los no creyentes, especialmente los derechos de las personas que pertenecen a minorías religiosas o de creencias, del apoyo a los defensores de los derechos humanos, de la lucha contra la discriminación por motivos de religión o creencias, así como de la promoción del diálogo intercultural e interreligioso, constituye un elemento prioritario de la financiación en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) para 2014-2020; que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y los instrumentos financieros de la Unión, como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), también han apoyado proyectos que permiten mejorar el entorno para la libertad de pensamiento, conciencia y religión;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 8, 10, 11, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 23 y 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Plan de Acción de la Unión sobre Derechos Humanos y Democracia 2015,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2016, sobre igualdad entre mujeres y hombres (00337/2016),

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) anejo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 (07166/2011),

—

Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), en particular su artículo 14, que prohíbe la discriminación,

—

Visto el Pacto Internacional sobre los Derechos económicos, sociales y culturales y el informe de las Naciones Unidas, de 15 de enero de 2016, titulado «Estudio final sobre las corrientes financieras ilícitas, los derechos humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales»,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de diciembre de 1979,

—

Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Pekín + 5 (2000), Pekín + 10 (2005), Pekín + 15 (2010) y Pekín + 20 (2015),

—

Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y su artículo 3, en el que se define el término «género» como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres», y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de 1994,

—

Vista la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

—

Vistos los Convenios clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la igualdad de género, incluidos el Convenio sobre igualdad de remuneración (n.o 100), el Convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (n.o 111), el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (n.o 156) y el Convenio sobre la protección de la maternidad (n.o 183),

—

Vista la presentación conjunta por el Center for Economic and Social Rights (CESR), Alliance Sud, Global Justice Clinical de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, Public Eye y Tax Justice Network al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer titulada «Swiss Responsibility for the Extraterritorial Impacts of Tax Abuse on Women’s Rights» («Responsabilidad suiza por el impacto extraterritorial del fraude fiscal sobre los derechos de las mujeres»), que destaca la desproporcionada carga fiscal que recae sobre las mujeres, en particular sobre las mujeres con menores ingresos y en países en desarrollo, que es consecuencia de la pérdida de ingresos públicos debida al fraude fiscal transfronterizo,

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

—

Vista la Estrategia Europa 2020 de la Comisión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,

—

Vistos los informes por países del Semestre Europeo de 2018 presentados por la Comisión,

—

Visto el informe de la Comisión de 2017 sobre igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea,

—

Visto el informe de la Comisión titulado «Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition» (Tendencias fiscales en la Unión Europea — datos para los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega), edición de 2018,

—

Visto el Informe de la Comisión, de 8 de mayo de 2018, sobre el desarrollo de los servicios de atención a la infancia para niños de corta edad con vistas a incrementar la participación femenina en el mercado laboral, conseguir la conciliación de la vida privada y la vida laboral de los padres que trabajan y lograr un crecimiento sostenible e integrador en Europa (los «objetivos de Barcelona») (COM(2018)0273),

—

Vista la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro,

—

Vista la propuesta de Directiva del Consejo, de 18 de enero de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido (COM(2018)0020),

—

Visto el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE),

—

Visto el informe de 2015 de ONU Mujeres titulado «El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: transformar las economías para realizar los derechos»,

—

Visto el informe final de 2005 del Grupo de especialistas del Consejo de Europa en presupuestación con perspectiva de género, en el que se define la presupuestación con perspectiva de género como una «evaluación de los presupuestos basada en el género, con la incorporación de una perspectiva de género a todos los niveles del proceso presupuestario y la reestructuración de los ingresos y los gastos con el fin de promover la igualdad de género»,

—

Visto el estudio de 2015 del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union — I — Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning» (Una mayor transparencia, coordinación y convergencia en las políticas de fiscalidad de las empresas de la Unión Europea: I — evaluación de la magnitud de la planificación fiscal agresiva de las empresas),

—

Vistas las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre las obligaciones extraterritoriales relativas al impacto de género de las corrientes financieras ilícitas y de la elusión del impuesto sobre sociedades de Suiza en 2016 y de Luxemburgo en 2018 (1),

—

Visto el informe político de 2016 del Instituto de Estudios de Desarrollo titulado «Redistributing Unpaid Care Work — Why Tax Matters for Women’s Rights» (Redistribución del cuidado de personas no remunerado: la importancia de los impuestos para los derechos de la mujer),

—

Visto el estudio de abril de 2017 del Departamento Temático C del Parlamento: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, titulado «Gender equality and taxation in the European Union» (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea),

—

Visto el informe de ONU Mujeres, de abril de 2018, titulado «Gender, taxation and equality in developing countries» (Género, fiscalidad e igualdad en los países en desarrollo),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre el papel de las mujeres en la economía verde (2),

—

Visto el informe de la OCDE sobre la aplicación de la Recomendación de Género de la OCDE (junio de 2017) y los modelos sobre fiscalidad y prestaciones de 2015,

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015 (3),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras domésticas y las cuidadoras en la UE (4),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (5),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (6),

—

Vista su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales (7),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebradas de conformidad con el artículo 55 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0416/2018),

A.

Considerando que los artículos 2 y 3 del TUE reconocen la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres como dos de los valores y objetivos esenciales en los que se basa la Unión; que los artículos 8 y 10 del TFUE obligan a la Unión a tratar de eliminar las desigualdades, promover la igualdad de género y luchar contra la discriminación en la definición y ejecución de sus políticas y acciones; que la Carta de los Derechos Fundamentales contiene derechos y principios que hacen referencia a la prohibición de la discriminación directa e indirecta (artículo 21, apartado 1) y a la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 23); que los derechos estipulados en la Carta son directamente relevantes para los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión (artículo 51),

B.

Considerando que las mujeres siguen infrarrepresentadas en el mercado de trabajo en toda la Unión, con una tasa de empleo general que aún es un 12 % inferior a la de los hombres; que, en la Unión, el 31,5 % de las mujeres trabajadoras trabaja a tiempo parcial, frente al 8,2 % de los hombres;

C.

Considerando que es extremadamente importante abordar la brecha de género en el empleo y reducir la brecha de género en materia de pensiones, que se sitúa, de media, cerca del 40 % en la Unión, y que es resultado de las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida de las mujeres y por sus períodos de ausencia del mercado de trabajo;

D.

Considerando que la brecha salarial de género en la Unión se sitúa en el 16 %, lo que supone que las mujeres en la Unión, en todos los sectores de la economía, ganan de media un 16 % menos por hora que los hombres;

E.

Considerando que el efecto acumulado de las numerosas brechas que afectan a las mujeres (brechas salariales y de empleo, interrupciones profesionales y por cuidado de hijos, el trabajo a tiempo completo frente al trabajo a tiempo parcial) contribuye sustancialmente a la brecha salarial de género y a la brecha de género en materia de pensiones, lo que provoca un mayor riesgo de exposición a la pobreza y a la exclusión social para las mujeres, con efectos negativos que también se extienden a sus hijos y sus familias;

F.

Considerando que la Plataforma de Acción de Pekín hace hincapié en la necesidad de analizar con perspectiva de género distintas políticas y programas, incluidos los relacionados con la fiscalidad, y adaptarlos cuando sea necesario para promover una distribución más equitativa de los activos productivos, el patrimonio, las oportunidades, los ingresos y los servicios;

G.

Considerando que la CEDAW requiere que las familias se basen en el principio de igualdad, justicia y realización individual de cada miembro, tratando a mujeres y hombres por igual también en la legislación fiscal, como individuos y ciudadanos autónomos en lugar de dependientes de los hombres;

H.

Considerando que los Estados miembros, como signatarios del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se han comprometido a cumplir la obligación de movilizar la mayor cantidad disponible de recursos con el fin de disponer de fondos para poner en práctica progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales;

I.

Considerando que las normativas relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que implícitamente perjudican a las mujeres en relación con el acceso y las condiciones de empleo y de las pensiones que ofrecen las empresas, podrían vulnerar el artículo 14 de la Directiva 2006/54/CE (8) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (9);

J.

Considerando que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019» identifica los ámbitos clave para la igualdad de género, como las políticas fiscales, pero carece de disposiciones vinculantes o de una petición de compromiso con la integración de la perspectiva de género a escala de los Estados miembros;

K.

Considerando que las políticas fiscales podrían tener sesgos de género explícitos o implícitos; que un sesgo explícito significa que una disposición fiscal se dirige directamente a hombres o a mujeres de una manera distinta, mientras que un sesgo implícito supone que la disposición se aplica teóricamente por igual a ambos pero, en realidad, existe una discriminación, ya que esa política interactúa con patrones de comportamiento o ingresos cuyo impacto sobre cada género es diferente; que la mayoría de los Estados miembros ha abolido las reglamentaciones fiscales que diferencian explícitamente entre hombres y mujeres, aunque todavía se mantienen sesgos fiscales implícitos en la Unión, ya que las reglamentaciones fiscales interactúan con realidades socioeconómicas;

L.

Considerando que las opciones políticas para recaudar y redistribuir ingresos pueden repercutir en los ingresos y la seguridad económica de las mujeres de manera desproporcionada y reducir su acceso a servicios públicos de calidad, mermando, por tanto, su capacidad de ejercer sus derechos económicos y sociales y el avance hacia la igualdad de género;

M.

Considerando que la falta de una perspectiva de género en la Unión y en las políticas fiscales nacionales consolida las disparidades existentes entre mujeres y hombres (empleo, ingresos, trabajo no remunerado, pensiones, pobreza, patrimonio, etc.), crea desincentivos para la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, y reproduce los roles de género tradicionales y los estereotipos;

N.

Considerando que el diseño de las políticas fiscales es un elemento fundamental de la Estrategia Europa 2020; que el principal objetivo del Semestre Europeo sigue siendo garantizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que los aspectos de género suelen pasarse por alto en la formulación de prioridades y recomendaciones, en particular, aquellas relacionadas con la fiscalidad;

O.

Considerando que los cambios regresivos en la fiscalidad del trabajo, las empresas, el consumo y el patrimonio, constatables en las últimas décadas en todos los Estados miembros, han provocado un debilitamiento del poder de redistribución de los sistemas fiscales y han contribuido a la tendencia de aumento de la desigualdad en los ingresos; que este cambio estructural en la fiscalidad ha desplazado la carga fiscal hacia los grupos con bajos ingresos y, por lo tanto, hacia las mujeres en particular, debido a la distribución desigual de los ingresos entre mujeres y hombres, la escasa representación de mujeres entre las personas con rentas más elevadas, los ratios de consumo superiores a la media que presentan las mujeres en cuanto a bienes y servicios básicos, así como la participación relativamente alta de los rendimientos del trabajo y la pequeña proporción de los del capital en los ingresos totales de las mujeres (10);

P.

Considerando que las mujeres padecen particularmente desigualdades económicas debido a la distribución desigual de los ingresos entre mujeres y hombres, la escasa representación de mujeres entre las personas con rentas más elevadas y la participación relativamente alta de los rendimientos del trabajo y la pequeña proporción de los del capital en los ingresos totales de las mujeres (11);

Q.

Considerando que, de media, han disminuido drásticamente los tipos del impuesto de sociedades desde la década de los ochenta, desde más del 40 % hasta el 21,9 % en 2018, en contraste con los impuestos sobre el consumo (en los que el IVA constituye una parte importante), que han aumentado desde 2009 hasta alcanzar el 20,6 % en 2016 (12);

R.

Considerando que las políticas macroeconómicas actuales deben reflejar mejor la importancia del trabajo asistencial y doméstico no remunerado y que las pruebas muestran que el 80 % de los cuidados en la Unión están a cargo de cuidadores informales no remunerados, de los cuales el 75 % son mujeres; que algunas políticas fiscales, la infrafinanciación de los servicios públicos y del acceso a los servicios sociales afectan de forma desproporcionada a grupos de bajos ingresos, y especialmente a las mujeres, dado que ellas a menudo cubren las carencias en cuidados, educación y otros tipos de ayuda familiar, por lo general sin remuneración, perpetuando la responsabilidad desproporcionada de las mujeres en los cuidados; que son las mujeres más pobres y más vulnerables en los países de la Unión quienes se enfrentan a la doble carga que suponen los cuidados informales y el trabajo precario y mal remunerado (13);

S.

Considerando que casi todos los Estados miembros han desdoblado sus sistemas del impuesto sobre la renta al aplicar un tipo impositivo marginal más elevado a los ingresos del segundo trabajador y al introducir tipos impositivos uniformes para la mayoría de los tipos de rendimientos del capital; que la carga impositiva desproporcionadamente elevada para el segundo trabajador en la mayoría de los Estados miembros, como consecuencia de los regímenes impositivos directamente progresivos aplicados a los rendimientos del trabajo, es uno de los principales elementos que disuaden a las mujeres de participar en el mercado laboral (14), aparte de otras disposiciones conjuntas fiscales y en materia de prestaciones y de los costes y la falta de servicios de guardería universales;

T.

Considerando que los niveles de trampas de inactividad (actualmente en el 40 %) y bajos salarios que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las disuaden de tomar parte plenamente en el empleo vienen determinados en gran medida por las disposiciones sobre impuestos directos, además de la pérdida de prestaciones;

U.

Considerando que en algunos Estados miembros las familias aún disponen de deducciones fiscales al tener un cónyuge a cargo, subsidios para parejas casadas o créditos fiscales para parejas con una sola fuente de ingresos, que perpetúan las asimetrías con las familias monoparentales, formadas en su mayoría por mujeres, y no reconocen la diversidad de situaciones familiares que existen en la Unión; que dichas ventajas fiscales suelen desincentivar el acceso de las mujeres casadas al mercado laboral y provocan directa o indirectamente que el tiempo de las mujeres para el trabajo remunerado se reasigne a otro no remunerado;

V.

Considerando que el impacto de la fiscalidad en las brechas de género en materia de patrimonio social, patrimonio personal y propiedad es un ámbito de investigación poco desarrollado y que existe una necesidad urgente de garantizar la disponibilidad de datos desglosados por género en estos ámbitos;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

—

Vista su Decisión, de 6 de febrero de 2018, sobre la constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de una comisión especial sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas (1),

—

Visto el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Séptimo Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 (2),

—

Visto el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente («el Convenio de Aarhus»),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (3),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (4),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (5),

—

Vista la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (6),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (7),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 546/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes para la evaluación y autorización de productos fitosanitarios (8),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos sobre datos aplicables a las sustancias activas (9),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos sobre datos aplicables a los productos fitosanitarios (10),

—

Vistos el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1056 de la Comisión, de 29 de junio de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la ampliación del período de aprobación de la sustancia activa glifosato (11), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1313 de la Comisión, de 1 de agosto de 2016, que modifica el Reglamento (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a las condiciones de aprobación de la sustancia activa glifosato (12),

—

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2324 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, que renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (13),

—

Vistas sus Resoluciones, de 13 de abril de 2016 (14) y 24 de octubre de 2017 (15), sobre el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011,

—

Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2017, sobre los plaguicidas de bajo riesgo de origen biológico (16),

—

Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre la mejora de la innovación y el desarrollo económico en la futura gestión de las explotaciones agrícolas europeas (17),

—

Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre soluciones tecnológicas para una agricultura sostenible en la Unión (18),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios (19),

—

Vista la evaluación europea de la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y sus anexos pertinentes, publicada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) en abril de 2018,

—

Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de noviembre de 2016, en el asunto C-442/14, Bayer CropScience SA-NV y Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (20),

—

Vista la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 18 de febrero de 2016, en el asunto 12/2013/MDC sobre las prácticas de la Comisión Europea en materia de autorización y comercialización de productos fitosanitarios (plaguicidas),

—

Visto el estudio titulado «IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides» (Monografías del CICC, volumen 112: evaluación de cinco insecticidas y herbicidas organofosforados), publicado el 20 de marzo de 2015,

—

Vistos los documentos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) titulados «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa glifosato utilizada en plaguicidas) (21), publicado el 12 de noviembre de 2015, y «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate» (Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de las posibles propiedades de interferencia endocrina del glifosato utilizado en plaguicidas) (22), publicado el 7 de septiembre de 2017,

—

Visto el dictamen, de 15 de marzo de 2017, del Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) sobre la clasificación del glifosato,

—

Visto el dictamen científico 5/2018 del Mecanismo de Asesoramiento Científico sobre los procedimientos de autorización de la Unión para los productos fitosanitarios, de junio de 2018 (23),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a las estadísticas de plaguicidas (COM(2017)0109),

—

Visto el Plan de aplicación sobre el incremento de la disponibilidad de productos fitosanitarios de bajo riesgo y la intensificación de la aplicación de la gestión integrada de plagas en los Estados miembros, elaborado por el Grupo de expertos sobre protección fitosanitaria sostenible y adoptado por el Consejo el 28 de junio de 2016,

—

Visto el informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 24 de enero de 2017, relativo al uso mundial de los plaguicidas en la agricultura y sus efectos sobre los derechos humanos,

—

Visto el artículo 13 del TFUE que establece que, al formular y aplicar las políticas de la Unión, en particular en materia de mercado interior, deben tenerse plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles,

—

Vista la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (24),

—

Vista la encuesta especial del Eurobarómetro 442, publicada en marzo de 2016, según la cual el 89 % de los ciudadanos de la Unión está de acuerdo en que la Unión debe hacer más por promover una mayor concienciación de la importancia del bienestar de los animales a escala internacional y el 90 % en que es importante establecer normas exigentes para el bienestar de los animales,

—

Visto que el Parlamento recibe numerosas peticiones de ciudadanos afectados que ejercen sus derechos en virtud de los artículos 24 y 227 del TFUE y del artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en las que piden que se ponga fin a la experimentación con animales en Europa y en el mundo, así como el establecimiento de normas internacionales en materia de bienestar animal,

—

Vista la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE (COM(2018)0179) (25).

—

Vista la evaluación REFIT del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 que está llevando a cabo actualmente la Comisión,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas (A8-0475/2018),

A.

Considerando que la finalidad del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 («el Reglamento») es garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente, y mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la armonización de las normas sobre la comercialización de productos fitosanitarios, a la vez que se mejora la producción agrícola;

B.

Considerando que el procedimiento utilizado por la Unión para autorizar los productos fitosanitarios es uno de los más estrictos del mundo; que, habida cuenta de las preocupaciones manifestadas por varias partes interesadas en relación con la evaluación del glifosato, la Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas (PEST) aspira a detectar aspectos que se puedan seguir mejorando en el procedimiento de autorización de la Unión para los productos fitosanitarios, formulando las recomendaciones que considere necesarias para garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente;

C.

Considerando que el principio de cautela es un principio general de las políticas de la Unión, según lo establecido en el artículo 191 del TFUE; que el Reglamento, tal como se establece en su artículo 1, apartado 4, se basa en el principio de cautela; que, conforme a lo dispuesto en su artículo 13, apartado 2, una decisión de gestión del riesgo debe respetar las condiciones del principio de cautela con arreglo a lo establecido en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 178/2002; que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 178/2002 establece que las medidas adoptadas sobre la base del principio de cautela han de ser proporcionadas;

D.

Considerando que varias partes interesadas han manifestado su preocupación con respecto a la evaluación del glifosato, en particular en cuanto a la independencia, objetividad y transparencia de la evaluación llevada a cabo, la correcta aplicación de los criterios de clasificación del Reglamento (CE) n.o 1272/2008, la correcta utilización de los documentos de orientación pertinentes y la correcta aplicación de los criterios de aprobación y el principio de cautela;

E.

Considerando que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento, los productos fitosanitarios aplicados en condiciones conformes a las buenas prácticas fitosanitarias y teniendo en cuenta condiciones realistas de uso, no deben tener, en particular, efectos nocivos inmediatos o retardados en la salud humana, incluida la de los grupos vulnerables, y no deben tener efectos inaceptables en el medio ambiente;

F.

Considerando que la evaluación de la aplicación del Reglamento ha puesto de manifiesto que no se están alcanzando en su totalidad los objetivos de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente y que podrían introducirse mejoras para conseguir todos los objetivos del Reglamento;

G.

Considerando que reviste suma importancia aplicar plenamente el Reglamento en todos los Estados miembros;

H.

Considerando que el trabajo de las autoridades nacionales competentes que participan en el proceso de aprobación y autorización sufre retrasos frecuentes; que se ha constatado que las autoridades nacionales competentes que participan en el proceso de aprobación y autorización adolecen en algunos casos de falta de personal y de fondos; que, junto con los retrasos en el trabajo de evaluación, la falta de recursos puede repercutir en la calidad de las evaluaciones, tanto de las sustancias activas como de los productos fitosanitarios;

I.

Considerando que la independencia de la evaluación de riesgos es la base de la confianza en el Reglamento y en la legislación alimentaria de la Unión;

J.

Considerando que se ha constatado una falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones durante todo el procedimiento, empezando por la falta de acceso público a los estudios completos y a los datos brutos y continuando por la fase de gestión del riesgo;

K.

Considerando la importancia que reviste el derecho de acceso a los documentos que poseen las instituciones de la Unión, incluidas las agencias de la Unión, cuyas excepciones deben interpretarse de manera restrictiva; destaca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual la transparencia y el acceso a los documentos contribuyen a conferir una mayor legitimidad a las agencias de la Unión a ojos de los ciudadanos y a garantizar que dichas agencias rindan más cuentas ante los ciudadanos en un sistema democrático (26);

L.

Considerando que el Reglamento (UE) n.o 283/2013 de la Comisión, que establece los requisitos sobre datos aplicables a las sustancias activas, debe actualizarse periódicamente para tener en cuenta los conocimientos científicos y técnicos actuales; que la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, por el que se establecen los requisitos en materia de datos sobre sustancias activas (27), sigue siendo la fuente más completa de documentos de orientación y directrices de ensayo, si bien varios de los documentos enumerados pueden haber sido sustituidos y deben actualizarse; que las metodologías utilizadas para la evaluación científica de las sustancias activas, en forma de documentos de orientación de la EFSA y de los Estados miembros, no siempre reflejan el estado actual de los conocimientos científicos y técnicos, como exige el artículo 4 del Reglamento; que algunos ensayos fundamentales no están incluidos en la evaluación del riesgo o faltan métodos científicos recientes (como es el caso de los ensayos ecotoxicológicos actualizados con organismos del suelo o de la evaluación de la concentración ambiental y de los residuos en el polvo, el viento, el aire y el agua);

M.

Considerando que el documento de orientación actualizado sobre las abejas utilizado por la EFSA en su reciente revisión de tres neonicotinoides aún no ha sido adoptado formalmente; que el documento de orientación sobre los organismos del suelo que utiliza actualmente la EFSA data de 2002;

N.

Considerando que los documentos de orientación traducen los requisitos de la legislación en medidas prácticas y explican lo que debe hacerse, mientras que las directrices de ensayo especifican los protocolos de ensayo que deben seguirse para la generación de datos y explican cómo deben realizarse los ensayos;

O.

Considerando que la utilización generalizada, y la utilización profiláctica, cuando es inadecuada, de los productos fitosanitarios es preocupante;

P.

Considerando que la utilización de productos fitosanitarios para la desecación, es decir, el tratamiento de la propia planta antes de la cosecha para acelerar su maduración y facilitar su recolección, es inadecuada;

Q.

Considerando que el uso de productos fitosanitarios en espacios utilizados por el público en general o por grupos vulnerables es inadecuado;

R.

Considerando que, según los datos recopilados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2016 la Unión utilizó 368 588 toneladas de plaguicidas, lo que supone el 11,8 % del consumo mundial;

S.

Considerando que, según la FAO, la utilización de plaguicidas en la Unión muestra una tendencia al alza desde 2009; que, sin embargo, esta tendencia varía entre los distintos Estados miembros y va desde un acusado aumento en algunos de ellos hasta una fuerte caída en otros; que, entre 2011 y 2016, el volumen total de sustancias activas de plaguicidas vendidas en 16 Estados miembros de la Unión aumentó en un 1,6 %;

T.

Considerando que hasta 2018 se habían aprobado 493 sustancias activas y básicas;

U.

Considerando que en el informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1185/2009 se ponen de relieve las deficiencias de las estadísticas sobre la utilización de plaguicidas y la falta de conocimientos sobre la utilización de sustancias activas específicas;

V.

Considerando que, con arreglo al Informe de la Unión Europea de 2016 sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos (28), publicado por la EFSA en 2018, el 96,2 % de las muestras cumplía los límites permitidos por la legislación de la Unión;

W.

Considerando que los ciudadanos desconocen los peligros y riesgos, así como los peligros y riesgos aceptables e inaceptables, y el nivel de cumplimiento de los valores del límite máximo de residuos (LMR) en toda Europa;

X.

Considerando que las decisiones de autorización de sustancias activas y productos fitosanitarios recientemente desarrollados siempre se toman en un contexto de incertidumbre por lo que respecta a sus efectos reales; que no existe vigilancia una vez autorizados los productos; que faltan datos sobre las cantidades de cada producto fitosanitario utilizado, sobre la aplicación y la eficacia de las medidas de mitigación, y sobre los posibles efectos nocivos para la salud humana y animal y el medio ambiente;

Y.

Considerando que faltan datos sobre los efectos reales de las sustancias activas, protectores, sinergistas, coformulantes y sus metabolitos, así como sobre las formulaciones y mezclas de productos; que, por tanto, no se conocen verdaderamente todos los efectos de los plaguicidas sobre la salud humana y animal y sobre el medio ambiente;

Z.

Considerando que el proyecto piloto de seguimiento ambiental del uso de plaguicidas a través de las abejas melíferas aún no se ha llevado a cabo, a pesar de su inclusión en el presupuesto de la Unión para los ejercicios financieros de 2017 y 2018;

AA.

Considerando que uno de los objetivos del Séptimo Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 consiste en que las sustancias químicas se produzcan y utilicen de tal forma que queden reducidos al mínimo los efectos adversos significativos para la salud humana y el medio ambiente, y que sigue existiendo incertidumbre acerca de las repercusiones totales que tienen los efectos combinados de las distintas sustancias químicas para la salud humana y el medio ambiente;

AB.

Considerando que el artículo 4, apartado 3, del Reglamento establece que los productos fitosanitarios no han de tener «efectos nocivos inmediatos o retardados en la salud humana, […] teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos conocidos cuando se disponga de métodos científicos aceptados por la Autoridad para evaluar tales efectos»; que el Reglamento (CE) n.o 396/2005 dispone que han de tenerse en cuenta los «efectos acumulativos y sinérgicos conocidos, cuando se disponga de los métodos para evaluar dichos efectos»;

AC.

Considerando que dichas metodologías ya están disponibles y que se espera que la EFSA finalice, antes de finales de 2019, una evaluación piloto en la que se examinan los efectos acumulativos de la exposición de los alimentos a los plaguicidas sobre los sistemas nervioso y tiroideo de los seres humanos;

AD.

Considerando que actualmente no existe una obligación legal de someter a ensayo las sustancias activas en cuanto a su neurotoxicidad para el desarrollo (DNT), en el sentido de que puedan causar autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y dislexia; que se requieren estudios de toxicidad y neurotoxicidad para el desarrollo que puedan dar lugar a estudios tipo ad hoc para abordar preocupaciones específicas; que, en este contexto, la EFSA está trabajando en un proyecto para desarrollar alternativas que no requieran de animales para rastrear los efectos de la neurotoxicidad para el desarrollo;

AE.

Considerando la preocupación que suscita que la aplicación del Reglamento en relación con la utilización de animales en ensayos para la detección de peligros y la evaluación de riesgos no se ajuste a los principios de sustitución, reducción y perfeccionamiento de la Directiva 2010/63/UE sobre experimentación con animales, dado que los Reglamentos (UE) n.o 283/2013 y (UE) n.o 284/2013 de la Comisión, así como los documentos de orientación correspondientes, no se han actualizado desde su adopción, pese a la disponibilidad de ensayos y tecnologías alternativos validados;

AF.

Considerando que los ensayos para comprobar los efectos en la salud humana implican el uso de animales, por lo que no predicen necesariamente con exactitud las reacciones humanas;

AG.

Considerando que es necesario acelerar el desarrollo y la validación de nuevas metodologías sin animales que proporcionen información sobre los mecanismos que subyacen a la toxicidad humana, incluidas las vías que conducen a resultados adversos en las personas;

AH.

Considerando que muchos productos agrícolas de terceros países presentan un nivel inferior de protección de la salud humana y animal y del medio ambiento en lo que respecta a la autorización y utilización de productos fitosanitarios; que es necesario garantizar que el nivel de protección de la Unión no se vea socavado por las importaciones de productos agrícolas de terceros países;

AI.

Considerando que en el territorio de la Unión circulan y se utilizan productos fitosanitarios importados ilegalmente, lo que representa una amenaza potencial para la salud pública y constituye una competencia desleal a los productos fitosanitarios sujetos a un procedimiento de autorización conforme con la legislación vigente de la Unión;

AJ.

Considerando que varias partes interesadas, pensando en la transparencia y los conflictos de intereses, han manifestado su preocupación por el derecho de los solicitantes a elegir el Estado miembro ponente tras la primera solicitud de aprobación de una sustancia activa;

AK.

Considerando que varias partes interesadas han manifestado asimismo su inquietud, respecto a la transparencia y los conflictos de intereses, por el hecho de que el Estado miembro ponente encargado por la Comisión de la renovación de un informe de evaluación pueda ser el mismo que elaboró el proyecto inicial de informe de evaluación;

AL.

Considerando que, en el caso de las nuevas sustancias activas, solo once de los veintiocho Estados miembros han sido elegidos como Estados miembros ponentes por los solicitantes desde la entrada en vigor del Reglamento, lo que pone de manifiesto que existen diferencias significativas en cuanto a conocimientos técnicos y personal;

AM.

Considerando que Francia, los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido han gestionado aproximadamente el 80 % de todos los expedientes; que el Brexit tendrá una repercusión significativa en la carga de trabajo de otros Estados miembros;

AN.

Considerando que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento obliga al solicitante a presentar un expediente resumido, que ha de incluir, entre otras cosas, los resúmenes y resultados de los ensayos y estudios para cada punto de los requisitos de datos, incluida una evaluación de toda la información presentada;

AO.

Considerando que diversas partes interesadas han expresado su inquietud en relación con el enfoque de la evaluación según lo establecido por la ley, en particular en lo referente a quién debe aportar los estudios científicos y las pruebas para la evaluación de las sustancias activas, quién debe facilitar la documentación científica validada por la comunidad científica y quién debe evaluar los estudios;

AP.

Considerando que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento obliga al solicitante a adjuntar al expediente la documentación científica accesible y validada por la comunidad científica sobre la sustancia activa y sus metabolitos pertinentes;

AQ.

Considerando que, en el caso de las nuevas sustancias activas, suele disponerse únicamente de datos procedentes de estudios reglamentarios elaborados por el solicitante;

AR.

Considerando que la evaluación del riesgo debe basarse en todas las pruebas científicas disponibles; que la documentación científica de acceso libre y validada por la comunidad científica proporciona información complementaria importante para los estudios basados en las buenas prácticas de laboratorio (BPL) presentados por los solicitantes, y puede incluir conclusiones que alertan a los evaluadores de efectos adversos que no se observan en ensayos normalizados;

AS.

Considerando que los principios de las BPL han sido elaborados por la OCDE para garantizar que los estudios se realizan siguiendo un método de ensayo concreto para evitar prácticas fraudulentas; que la Unión ha adoptado estos principios mediante la Directiva 2004/10/CE, que exige a los Estados miembros que velen por que los laboratorios que lleven a cabo estudios sobre la seguridad de los productos químicos se ajusten a los principios de las BPL de la OCDE y a la Directiva 2004/9/CE, que establece la obligación de los Estados miembros de designar a las autoridades responsables de las inspecciones de BPL en su territorio;

AT.

Considerando que, como comunicó la Comisión en 2015, todos los Estados miembros han transpuesto las directivas en materia de BPL y han puesto en marcha programas nacionales de control del cumplimiento de las BPL;

AU.

Considerando que las directrices de ensayo de la OCDE garantizan el carácter reproducible, coherente y uniforme de la investigación y permiten a los reguladores evaluar la calidad y pertinencia de un estudio, asegurar su validez metodológica y facilitar el reconocimiento mutuo de los datos entre los Estados miembros;

AV.

Considerando que, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento, «el Estado miembro ponente realizará una evaluación independiente, objetiva y transparente a la luz de los conocimientos científicos y técnicos actuales»;

AW.

Considerando que se ha constatado que los Estados miembros, cuando actúan como ponentes, recurren a prácticas diferentes a la hora de referenciar los resúmenes de la documentación avalada por la comunidad científica del solicitante; que es una norma básica que cualquier trabajo científico debe indicar claramente las declaraciones efectuadas por terceros mediante la utilización de comillas;

AX.

Considerando que el Parlamento Europeo reconoce el debate sobre el análisis de la documentación en el informe de evaluación del riesgo del glifosato, elaborado por el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos (BfR); que varias partes interesadas han manifestado su preocupación con respecto al hecho de que se han tomado de la solicitud, sin indicarlos claramente como referencia, elementos de evaluación importantes del proyecto de informe de evaluación del riesgo sobre el glifosato;

AY.

Considerando que la credibilidad del sistema de autorización de la Unión de productos fitosanitarios depende en gran medida de la confianza del público en la EFSA, que facilita los dictámenes científicos en los que se basan las decisiones relativas a la seguridad alimentaria en Europa; que es preocupante la mengua de la confianza pública en la EFSA;

AZ.

Considerando que actualmente dos terceras partes de los expertos nacionales que trabajan en la EFSA proceden de solo seis Estados miembros;

BA.

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento, la evaluación de la sustancia activa debe establecer en primer lugar si se cumplen los criterios de aprobación establecidos en los puntos 3.6.2 a 3.6.4 y 3.7 del anexo II («criterios de exclusión»); que uno de estos criterios se refiere a la clasificación de una sustancia como carcinógena (de categoría 1A o 1B) con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008;

BB.

Considerando que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para el ser humano (grupo 2A) con arreglo a su nomenclatura (equivalente a la categoría 1B del Reglamento (CE) n.o 1272/2008); que, tras revisar la información disponible y en particular la evaluación del CIIC, la EFSA y la ECHA (agencias europeas responsables de facilitar evaluaciones científicas que sirven de base para adoptar las decisiones sobre gestión del riesgo de la Unión) llegaron a la conclusión de que la clasificación como carcinógeno no estaba justificada con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008;

BC.

Considerando que el CIIC basó su conclusión en documentación publicada con arreglo a sus principios de trabajo, en tanto que la EFSA y la ECHA utilizaron además estudios no publicados presentados por el solicitante con arreglo al artículo 8 del Reglamento como base central de su evaluación y asimismo tuvieron acceso a los datos brutos pertinentes;

BD.

Considerando que otras autoridades competentes de todo el mundo, incluidas las de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Japón, finalizaron posteriormente nuevas evaluaciones del glifosato y concluyeron que no es carcinógeno; que el glifosato todavía es objeto de revisión por parte de la Agencia de protección del medio ambiente de los Estados Unidos, cuya evaluación de riesgos ecológicos indica claramente que existen posibles efectos para las aves, los mamíferos y las plantas terrestres y acuáticas;

BE.

Considerando que, como se desprende de una comparación realizada por la EFSA en 2017 de 54 plaguicidas que se habían evaluado tanto con el sistema de la Unión como con el del CIIC, en 14 casos la clasificación de la Unión fue más conservadora (y por lo tanto más estricta) que la del CIIC, en 11 casos (glifosato y 10 otras sustancias activas) menos estricta, y en 29 casos equivalente;

BF.

Considerando que los dictámenes de la EFSA y la ECHA siguen suscitando preocupación entre varias partes interesadas por sus conclusiones favorables a no clasificar el glifosato como sustancia carcinógena;

BG.

Considerando que, lamentablemente, no fue posible resolver esta controversia en la Comisión Especial;

BH.

Considerando que, en octubre de 2017 la Comisión admitió a trámite la Iniciativa Ciudadana Europea «Prohibición del glifosato y la protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos»; que más de un millón de ciudadanos solicitaron a la Comisión que propusiera a los Estados miembros la introducción de una prohibición del uso del glifosato, que reformara el procedimiento de aprobación para los plaguicidas y que fijara objetivos de reducción obligatorios a escala de la Unión para el uso de los plaguicidas;

BI.

Considerando que los denominados «papeles de Monsanto» y la reciente sentencia del Tribunal Superior del Estado de California en el asunto Dewayne Johnson/Monsanto (asunto n.o CGC-16-550128), así como el posterior recurso, han suscitado preocupación sobre la independencia y los conflictos de intereses en el proceso de evaluación del glifosato;

BJ.

Considerando que el Reglamento establece un plazo de seis meses para la Comisión, desde las conclusiones de la EFSA hasta la presentación de un proyecto de Reglamento;

BK.

Considerando que la decisión de renovar la aprobación del glifosato no contenía medidas de mitigación de riesgos jurídicamente vinculantes a escala de la Unión; que la Comisión decidió adoptar una recomendación específica en las condiciones de aprobación por la cual los Estados miembros, al conceder autorizaciones para los productos fitosanitarios que contengan glifosato, deben prestar una atención especial al riesgo para los vertebrados terrestres; que se ha detectado un alto riesgo a largo plazo en casi todos los usos del glifosato para los vertebrados terrestres no objetivo, incluidos mamíferos y aves;

BL.

Considerando que la ECHA concluyó que el glifosato provoca lesiones oculares graves y tiene efectos tóxicos duraderos sobre la vida acuática;

BM.

Considerando que no está claro en qué condiciones consideran la Comisión y los Estados miembros que un riesgo es inaceptable para el medio ambiente;

BN.

Considerando que es preocupante que la Comisión, con el apoyo de los Estados miembros, apruebe sustancias activas que para la EFSA presentan un alto riesgo para el medio ambiente y la biodiversidad, dado que, con arreglo al artículo 4, apartado 3, letra e), del Reglamento, un producto fitosanitario no ha de tener efectos inaceptables en el medio ambiente;

BO.

Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo, en su decisión en el asunto 12/2013/MDC, de 18 de febrero de 2016, declaró que la presentación de información confirmatoria no debía referirse a los requisitos de datos que existían en el momento de la presentación de la solicitud en relación con la evaluación de los riesgos para la salud y para los que se disponía de documentos de orientación adecuados;

BP.

Considerando que, por lo general, los datos de confirmación no están sujetos al mismo examen o evaluación científica que los datos presentados en la solicitud original, ya que no son sometidos de forma sistemática a una revisión inter pares en la EFSA; que el Defensor del Pueblo Europeo, en su decisión de 2016, invitaba a la Comisión a considerar si, a partir de ahora, toda la información confirmatoria debería ser objeto sistemáticamente de una revisión inter pares de la EFSA y si los documentos de orientación deberían modificarse en consecuencia;

BQ.

Considerando que, sobre la base del informe de seguimiento presentado por la Comisión en febrero de 2018 en relación con diez sustancias activas examinadas en el contexto de la investigación del Defensor del Pueblo, el procedimiento de información confirmatoria ha llevado a la permanencia en el mercado durante un período de tiempo prolongado de dos sustancias activas, haloxifop-P y malatión, que, de otro modo, habrían estado limitadas;

BR.

Considerando que, en el caso de plaguicidas biológicos de bajo riesgo, las lagunas de datos se producen principalmente porque los requisitos de datos están diseñados para los productos fitosanitarios químicos, por lo que son inadecuados para los productos biológicos de bajo riesgo;

BS.

Considerando que, pese a los riesgos detectados por la EFSA en sus conclusiones sobre las sustancias activas, la Comisión deja con frecuencia en manos de los Estados miembros las medidas de mitigación de riesgos, a pesar de que el Reglamento le permite imponerlas a escala de la Unión; que este planteamiento fue condenado por el Defensor del Pueblo Europeo en su decisión en el asunto 12/2013/MDC;

BT.

Considerando que es conveniente que los Estados miembros decidan las medidas de gestión del riesgo en relación con las preocupaciones que plantea su situación específica;

BU.

Considerando que los productos fitosanitarios de bajo riesgo son pocos; que solo diez sustancias están aprobadas como productos fitosanitarios de bajo riesgo, de las casi 500 presentes en el mercado de la Unión; que la falta de disponibilidad de productos fitosanitarios de bajo riesgo dificulta la aplicación y el desarrollo de la gestión integrada de plagas; que esta falta de disponibilidad se debe al dilatado proceso de evaluación, autorización y registro;

BV.

Considerando que, en la actualidad, se pueden utilizar técnicas avanzadas como la agricultura de precisión y la robótica para un seguimiento preciso y la eliminación de malas hierbas o plagas de insectos en una fase temprana; que estas técnicas avanzadas aún están poco desarrolladas en la Unión y requieren el apoyo de esta y de los Estados miembros;