—

Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, en particular, su artículo 14,

—

Visto el artículo 2 del Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa, relativo al derecho a la educación,

—

Vista la Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass) y por la que se deroga la Decisión n.o 2241/2004/CE (1),

—

Vista su Resolución, de 12 de junio de 2018, sobre la modernización de la educación en la Unión (2),

—

Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de Capacidades para Europa (3),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre políticas de competencias para combatir el desempleo juvenil (4),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea (5),

—

Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación (6),

—

Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre nuevas tecnologías y recursos educativos abiertos (7),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (8),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de mayo de 2018, sobre la adquisición de una visión del Espacio Europeo de Educación,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2017, relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y por la que se deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (9),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 30 de mayo de 2016, sobre el desarrollo de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico a través de la educación y la formación,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, titulada «Itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos» (10),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 27 de mayo de 2015, sobre el papel de la educación infantil y primaria en el fomento de la creatividad, la innovación y la competencia digital,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre formación eficaz de los docentes,

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (11),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 28 de noviembre de 2011, sobre un plan europeo renovado de aprendizaje de adultos (12),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de enero de 2018, sobre el Plan de Acción de Educación Digital (COM(2018)0022),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de mayo de 2017, titulada «Desarrollo escolar y docencia excelente para un gran comienzo en la vida» (COM(2017)0248),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de mayo de 2012, sobre una Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños (COM(2012)0196),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, sobre una nueva Agenda de Capacidades para Europa (COM(2016)0381),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, titulada «Mejorar y modernizar la educación» (COM(2016)0941),

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 30 de noviembre de 2017, titulado «Modernizar la educación escolar y superior» (13),

—

Visto el informe del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de 9 de marzo de 2018, titulado «Skill needs anticipation: systems and approaches. Analysis of stakeholder survey on skill needs assessment and anticipation» (Previsión de las necesidades de capacidades: sistemas y enfoques. Análisis de la encuesta a las partes interesadas sobre la evolución y la previsión de las necesidades de capacidades),

—

Visto el informe de 2017 de la Comisión titulado «DigComp 2.1: The digital competence framework for citizens: With eight proficiency levels and examples of use» (DigComp 2.1 — El Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos — Con ocho niveles de competencia y ejemplos de uso),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0400/2018),

A.

Considerando que, con la evolución acelerada de la tecnología, la sociedad y la economía digitales actualmente forman parte de la vida, lo que quiere decir que las capacidades digitales son esenciales para el éxito de la realización profesional y el desarrollo personal de todos los ciudadanos;

B.

Considerando que la competencia digital es una competencia clave para el aprendizaje permanente, según se define en el marco de referencia anejo a la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018;

C.

Considerando que la capacidad de innovación de la tecnología está condicionada, entre otros factores, por el pensamiento crítico, el nivel de capacidades digitales y creativas de la población y la calidad y el alcance de la conectividad a internet;

D.

Considerando que un conocimiento básico de las tecnologías digitales es fundamental para realizar tareas administrativas y cotidianas esenciales;

E.

Considerando que se estima que aproximadamente la mitad de los empleos actuales en el mundo, y el 30 % en la Unión Europea, desaparecerán durante los próximos 25 años (14) y que aparecerán nuevas profesiones con necesidades avanzadas en capacidades digitales;

F.

Considerando que las capacidades digitales, que van mucho más allá de los requisitos del mercado de trabajo, pueden mejorar las oportunidades de participación presentes y futuras, facilitar el intercambio cultural y de información y posibilitar una mayor participación política;

G.

Considerando que es esencial reivindicar internet como un bien común y promover la ciudadanía digital activa;

H.

Considerando que la transformación tecnológica en todos los sectores implica que las herramientas digitales se utilizan con frecuencia incluso en profesiones no técnicas y que se estima que en el futuro cercano o inmediato nueve de cada diez empleos exigirán capacidades digitales;

I.

Considerando que, actualmente, el 44 % de la población de la Unión con edades comprendidas entre 16 y 74 años carece de capacidades digitales básicas y el 19 % carece totalmente de capacidades digitales, y que existen importantes diferencias entre los Estados miembros, lo que provoca una situación que amenaza con crear una nueva fractura social;

J.

Considerando que la importancia de las capacidades digitales, la brecha de capacidades —particularmente significativa entre hombres y mujeres y entre generaciones y grupos sociales diferentes— y las disparidades entre los Estados miembros en cuanto a capacidades digitales requieren una respuesta política coordinada;

K.

Considerando que es esencial que las instituciones educativas preparen a sus alumnos y estudiantes para hacer frente a los retos sociales y económicos provocados por la rápida evolución tecnológica y social, dotándolos de capacidades adecuadas para adaptarse a los desafíos del mundo digital;

L.

Considerando que el acceso a internet y su utilización, así como de los equipos tecnológicos y digitales, han transformado los comportamientos y las relaciones sociales, especialmente en los sectores más jóvenes de la sociedad;

M.

Considerando que aún no se ha alcanzado el objetivo de garantizar que, para 2025, todas las escuelas de la Unión tengan acceso a conexiones a internet con velocidades de descarga/carga de 1 gigabit de datos por segundo;

N.

Considerando que el uso excesivo de equipos tecnológicos y digitales, como ordenadores y tabletas, puede provocar problemas relacionados con la salud y el bienestar que incluyen la privación del sueño, el sedentarismo y la dependencia;

O.

Considerando que las estrategias de aprendizaje digital también deben tener en cuenta la investigación sobre los efectos perjudiciales que puede tener un uso temprano de la tecnología digital en el desarrollo del cerebro de los niños de corta edad;

P.

Considerando que las tecnologías digitales deben formar parte integrante de un enfoque de la educación centrado en el alumnado y adecuado para cada edad y pueden ofrecer enfoques nuevos e innovadores respecto de la enseñanza y el aprendizaje; que es crucial mantener el contacto personal entre estudiantes y profesores y dar prioridad al bienestar y al desarrollo sano de los niños y los alumnos adultos;

Q.

Considerando que las tecnologías deben utilizarse mejor para apoyar nuevas pedagogías centradas en los alumnos como participantes activos con herramientas para un aprendizaje basado en la indagación y espacios de trabajo colaborativos;

R.

Considerando que una educación básica en ciberhigiene, ciberseguridad, protección de datos y alfabetización mediática debe estar orientada en función de la edad y el desarrollo con el fin de ayudar a los niños a convertirse en alumnos críticos, ciudadanos activos, usuarios de internet y forjadores de una sociedad digital democrática, a tomar decisiones con conocimiento de causa y a ser conscientes de los riesgos asociados a internet, como la desinformación en línea, el acoso y la violación de la seguridad de los datos personales, y ser capaces de afrontarlos; que deben introducirse programas de enseñanza relativos a la ciberseguridad en los planes de estudios académicos y de formación profesional;

S.

Considerando que el aprendizaje digital innovador de calidad puede ser atractivo e interactivo, por lo que puede complementar los métodos basados en impartir clases y aportar plataformas para la colaboración y la creación de conocimientos;

T.

Considerando que asistimos a un aprovechamiento comercial de la educación cada vez mayor por parte de grandes empresas digitales, que intentan influir en las prácticas de enseñanza mediante la introducción de equipos, programas informáticos y recursos educativos o la puesta a disposición de actividades formativas para profesores;

U.

Considerando que, para que las promesas de la tecnología se hagan realidad, los Estados miembros necesitan estrategias eficaces para crear capacidades para los profesores, y los responsables políticos han de esforzarse más para ganar apoyos para estas estrategias;

V.

Considerando que las bibliotecas públicas participan en el esfuerzo común de familiarizar a los ciudadanos con las capacidades digitales, proporcionando servicios abiertos para la ayuda digital en un entorno social y propicio;

W.

Considerando que los adultos sin empleo o con empleos que no requieren capacidades digitales tienden a quedar rápidamente desplazados por sus iguales con mayor formación digital, lo que reduce sus perspectivas de empleo y agrava las desigualdades sociales y económicas;

X.

Considerando que la digitalización progresiva del trabajo conllevará la desaparición de numerosas profesiones y el aumento del desempleo; que las nuevas profesiones que surgirán con la digitalización pueden compensar parte de los puestos de trabajo perdidos;

Y.

Considerando que las tecnologías digitales pueden agilizar el acceso al conocimiento y al aprendizaje y que su utilización permite que todas las estructuras de formación de los diferentes niveles sean accesibles e inclusivas;

Z.

Considerando que es probable que, sin unas políticas adecuadas y específicas, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad sean las más afectadas por la transformación digital;

AA.

Considerando que las mujeres representan tan solo el 20 % de los trabajadores en el ámbito de la ciencia, únicamente el 27 % de los titulados universitarios en ingeniería (15) y solo el 20 % de los titulados universitarios en informática (16); que el porcentaje de hombres que trabajan en el sector digital es 3,1 veces superior al de las mujeres; que tan solo el 19 % de los trabajadores en el sector de las TIC tienen como jefe a una mujer, frente al 45 % en otros sectores;

AB.

Considerando que las oportunidades de aprendizaje permanente están en general mucho más disponibles para trabajadores que ya cuentan con un alto nivel de capacidades (17);

AC.

Considerando que la supervisión y la evaluación constantes de las capacidades digitales, tanto en organizaciones como entre los ciudadanos, es un requisito previo para la aplicación de políticas eficaces;

AD.

Considerando que el dominio de capacidades transversales básicas, como el cálculo, el pensamiento crítico y las capacidades de comunicación social, constituye un requisito previo fundamental para la adquisición de capacidades y competencias digitales;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

—

Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 4, 18 y 19,

—

Vistos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951,y su Protocolo de 1967,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) (1),

—

Vistos el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados de las Naciones Unidas, que siguió a la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016,

—

Vista la evaluación del valor añadido europeo sobre los visados humanitarios facilitada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo,

—

Vistos los artículos 46 y 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0423/2018),

A.

Considerando que, pese al gran número de anuncios y solicitudes de vías seguras y legales que ofrecen acceso al territorio europeo para las personas que buscan protección internacional, en la actualidad no existen a escala de la Unión una armonización de los procedimientos de entrada protegida ni un marco jurídico en materia de visados humanitarios, a saber, visados expedidos para alcanzar el territorio de los Estados miembros con vistas a solicitar protección internacional;

B.

Considerando que, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de marzo de 2017, en el asunto C-638/16 (2), X y X y Estado belga, los Estados miembros no están obligados, en virtud del Derecho de la Unión, a expedir visados humanitarios a las personas que deseen entrar en su territorio con la intención de pedir asilo, pero son libres de hacerlo sobre la base de su Derecho nacional; que esta sentencia interpreta el Derecho vigente de la Unión que puede ser modificado;

C.

Considerando que varios Estados miembros han tenido o tienen en la actualidad regímenes nacionales de expedición de visados humanitarios o permisos de residencia para garantizar procedimientos nacionales de entrada protegida a las personas que lo necesiten;

D.

Considerando que el número de personas admitidas por medio de procedimientos nacionales de entrada de protección humanitaria o mediante reasentamiento sigue siendo bajo en comparación con las necesidades generales, y muestra diferencias significativas entre Estados miembros; que el ámbito de aplicación de los procedimientos nacionales de entrada de protección humanitaria y reasentamiento tiene una definición limitada y, en el caso del reasentamiento, está estrictamente vinculada a criterios de vulnerabilidad y al registro como refugiado en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;

E.

Considerando que, como resultado de ello, se calcula que el 90 % de las personas que se benefician de protección internacional llegaron a la Unión de forma irregular, lo que ha provocado su estigmatización antes de su llegada a las fronteras exteriores de los Estados miembros;

F.

Considerando que las mujeres sin pareja que viajan solas o con menores, las mujeres que son cabeza de familia, las mujeres embarazadas y las lactantes, las personas con discapacidad, las adolescentes y las mujeres de edad avanzada se encuentran entre las personas especialmente vulnerables en las rutas migratorias hacia Europa y corren un riesgo considerablemente mayor de sufrir violencia de género, como la violación, o de otro tipo, y de ser el objetivo de traficantes y tratantes de personas con fines de explotación sexual y económica; que las mujeres y las niñas tienden a ser más vulnerables a todas las formas de explotación, incluidas la explotación laboral y la explotación sexual, en las rutas migratorias hacia la Unión y a menudo se ven obligadas a prostituirse para sobrevivir y poder continuar su viaje;

G.

Considerando que el coste humano de estas políticas se ha estimado en al menos 30 000 muertes en las fronteras de la Unión desde el año 2000; que es urgentemente necesario un marco jurídico de la Unión como medio para hacer frente al inaceptable número de muertes que se producen en el Mediterráneo y en las rutas migratorias que conducen a la Unión, combatir realmente el tráfico de personas y la exposición a la trata de personas, a la explotación laboral y a la violencia, gestionar de forma ordenada la llegada, recepción digna y tramitación justa de las solicitudes de asilo y optimizar el presupuesto de los Estados miembros y de la Unión para procedimientos de asilo, control de las fronteras y actividades de búsqueda y salvamento, así como para establecer prácticas coherentes en el acervo de la Unión en materia de asilo;

H.

Considerando que el Parlamento ha intentado incluir disposiciones en este sentido en sus enmiendas al Reglamento (CE) n.o 810/2009;

I.

Considerando que tanto el Consejo como la Comisión han rechazado dichas enmiendas, alegando, entre otras cosas, que tales disposiciones no deben incluirse en el Reglamento (CE) n.o 810/2009, dado que este solo cubre los visados de corta duración;

J.

Considerando que el Parlamento se ha visto obligado, ante la falta de iniciativa de la Comisión, a elaborar la presente Resolución sobre los visados humanitarios;

K.

Considerando el intenso trabajo realizado, en ocasiones con la ayuda de expertos, para redactar las recomendaciones que se adjuntan a la presente Resolución;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

—

Visto el Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea (11997D/PRO/02),

—

Visto el artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005,

—

Vistos los proyectos de Decisión del Consejo sobre la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía, de 29 de septiembre de 2010 (14142/2010) y de 8 de julio de 2011 (14142/1/2010),

—

Visto el proyecto de Decisión del Consejo relativa al marco para la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía, de 7 de diciembre de 2011 (14302/3/11),

—

Vista su Resolución legislativa, de 8 de junio de 2011, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía (1),

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 9 y 10 de junio de 2011, 22 y 23 de septiembre de 2011, 25 y 26 de octubre de 2012, 7 y 9 de marzo de 2013, y 5 y 6 de diciembre de 2013,

—

Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2011, sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio de Schengen (2),

—

Visto el octavo informe semestral de la Comisión sobre el funcionamiento del espacio Schengen, de 15 de diciembre de 2015 (COM(2015)0675),

—

Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre el informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen (3),

—

Vista la Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la puesta en aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía (4),

—

Visto el proyecto de Decisión del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a la puesta en aplicación de las disposiciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía (15820/1/2017),

—

Vista su Resolución legislativa, de 13 de junio de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la puesta en aplicación de las disposiciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía (5),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0365/2018),

A.

Considerando que Bulgaria y Rumanía adoptaron el acervo de Schengen en el momento de su adhesión a la Unión Europea en 2007; que Bulgaria emitió en 2008 la declaración de su disposición para iniciar las evaluaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de Evaluación de Schengen (SCH-EVAL), formado por expertos de los Estados miembros; que Rumanía en 2007 y 2008 emitió la declaración de su disposición para iniciar las evaluaciones realizadas por el SCH-EVAL;

B.

Considerando que la finalización del proceso de evaluación de Schengen de Bulgaria y Rumanía y la preparación de ambos países para aplicar todas las disposiciones del acervo de Schengen han sido confirmadas por expertos del SCH-EVAL y por el Consejo en sus conclusiones de los días 9 y 10 de junio de 2011; que en su proyecto de Decisión, de 8 de julio de 2011, el Consejo verificó que se habían cumplido todas las condiciones necesarias para la aplicación del acervo de Schengen en todos sus ámbitos, a saber, protección de datos, fronteras aéreas, fronteras terrestres, cooperación policial, Sistema de Información de Schengen, fronteras marítimas y visados; que además del reto que supone gestionar fronteras exteriores de la Unión Europea, la finalización del proceso de evaluación de Schengen ha supuesto para ambos países reestructurar en profundidad sus sistemas de guardia de fronteras e invertir para aumentar la capacidad de sus cuerpos de seguridad; que según el Acta de adhesión de 2005, la realización con éxito de los procedimientos de evaluación de Schengen es el único requisito previo para la plena aplicación del acervo de Schengen, incluida la supresión de los controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas interiores; que los jefes de Estado y de Gobierno han reconocido en múltiples ocasiones en el seno del Consejo que Bulgaria y Rumanía están preparados para aplicar plenamente el acervo de Schengen, como también lo han hecho la Comisión y el Parlamento, por última vez en la Comunicación de la Comisión de 27 de septiembre de 2017 y en la Resolución del Parlamento de 30 de mayo de 2018;

C.

Considerando que en su proyecto de Decisión, de 29 de septiembre de 2010, el Consejo propuso la plena aplicación del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía y la supresión de los controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas interiores; que en su Resolución legislativa de 8 de junio de 2011, el Parlamento aprobó dicha Decisión y pidió al Consejo que le consultase de nuevo si se propusiese modificarla sustancialmente;

D.

Considerando que, en septiembre de 2011, la Presidencia del Consejo presentó una propuesta para la aplicación parcial de las disposiciones del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía, a saber, la supresión de los controles únicamente en las fronteras marítimas y aéreas interiores, previendo una decisión independiente, en una fase posterior, para las fronteras terrestres;

E.

Considerando que en sus conclusiones el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior confirmó en múltiples ocasiones su compromiso de basar cualquier futura decisión sobre la supresión de los controles en las fronteras interiores referente a Bulgaria y Rumanía en un enfoque en dos fases; que la adopción de dicha decisión por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior se ha pospuesto repetidas veces;

F.

Considerando que con la Decisión del Consejo, de 12 de octubre de 2017, se concedió a Bulgaria y Rumanía acceso pasivo al Sistema de Información de Visados; que en su proyecto de Decisión, de 18 de abril de 2018, el Consejo propuso la plena aplicación de las disposiciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Schengen en ambos Estados miembros;

G.

Considerando que ni el Acta de adhesión de 2005 ni el mecanismo de evaluación de Schengen contemplan establecer plazos distintos para la supresión de los controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas interiores; que todas las ampliaciones previas del espacio Schengen se materializaron mediante un único acto jurídico;

H.

Considerando que el espacio Schengen es una estructura única y uno de los mayores logros de la Unión Europea, que permite la libre circulación de personas en el espacio Schengen sin controles en las fronteras interiores; que esto ha sido posible gracias a una serie de medidas compensatorias, como la creación del Sistema de Información de Schengen (SIS) para reforzar el intercambio de información y la introducción de un mecanismo de evaluación para verificar la aplicación del acervo de Schengen por los Estados miembros y fomentar la confianza mutua en el funcionamiento del espacio Schengen;

I.

Considerando que el mantenimiento de controles fronterizos en la Unión o su reintroducción en el espacio de Schengen tendría graves repercusiones en la vida de los ciudadanos europeos y de quienes se benefician del principio de libre circulación en la Unión, y menoscabaría gravemente la confianza en las instituciones europeas y la integración; que ello entraña costes operativos y de inversión directos para trabajadores transfronterizos, turistas, transportistas de mercancías por carretera y administraciones públicas, con efectos paralizadores para las economías de los Estados miembros y el funcionamiento del mercado interior de la Unión; que el mantenimiento de los controles en las fronteras interiores con respecto a Bulgaria y Rumanía repercute negativamente en las importaciones y exportaciones con origen y destino en los Estados miembros, así como en las operaciones de transporte con origen y destino en algunos de los mayores puertos de pasajeros y de mercancías del sur de Europa, lo que provoca pérdidas de beneficios y un mayor gasto; que las estimaciones de los costes relacionados con la reintroducción de controles fronterizos oscilan entre 50 millones y 20 000 millones de euros en costes excepcionales y 2 000 millones de euros en costes operativos anuales (6);

J.

Considerando que el mantenimiento de los controles fronterizos en la Unión o su restablecimiento en el espacio Schengen está ligado a una percepción de las amenazas para el orden público y la seguridad interna más que a pruebas razonables de la existencia real de una amenaza seria; que la supresión de los controles en las fronteras interiores como consecuencia de la plena aplicación del acervo de Schengen en los Estados miembros que ya se incorporaron no ha dado lugar a índices de criminalidad más elevados; que la ampliación de Schengen de 2007 va asociada con un descenso de los índices de delincuencia adquisitiva tanto en Estados miembros de nueva incorporación a Schengen como en los que ya pertenecían a este espacio, y no ha aumentado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos de la Unión (7);

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

—

Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el documento titulado «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte — Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea», presentado por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) el 28 de junio de 2016,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 20 de diciembre de 2013, 26 de junio de 2015, 15 de diciembre de 2016, 9 de marzo de 2017, 22 de junio de 2017, 20 de noviembre de 2017, 14 de diciembre de 2017 y 28 de junio de 2018,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 13 de noviembre de 2017 y 25 de junio de 2018 sobre seguridad y defensa en el contexto de la Estrategia Global de la UE,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2017, titulada «Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea» (COM(2017)0315),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la VP/AR, de 10 de noviembre de 2017, sobre la mejora de la movilidad militar en la Unión Europea (JOIN(2017)0041),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la VP/AR, de 28 de marzo de 2018, relativa al plan de acción sobre movilidad militar (JOIN(2018)0005),

—

Vista la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se establece una cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes (1),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 6 de marzo de 2018, relativa a un programa para la aplicación de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) (2),

—

Vista la Decisión (PESC) 2018/340 del Consejo, de 6 de marzo de 2018, por la que se establece la lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) (3),

—

Vistas las declaraciones conjuntas de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea y del secretario general de la OTAN, de 8 de julio de 2016 y de 10 de julio de 2018, sobre el conjunto común de propuestas para la aplicación de las declaraciones conjuntas aprobadas por los Consejos de la Unión y de la OTAN el 6 de diciembre de 2016 y el 5 de diciembre de 2017, y los informes de situación relativos a la aplicación de tales propuestas de 14 de junio y 5 de diciembre de 2017 y de 6 de junio de 2018, incluidas las pertinentes Conclusiones del Consejo,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 5 de diciembre de 2017 y 25 de junio de 2018 sobre la aplicación de las Declaraciones conjuntas,

—

Vistas la Declaración de Bruselas sobre solidaridad y seguridad transatlántica y la Declaración de la Cumbre de Bruselas de la OTAN, ambas de 11 de julio de 2018,

—

Vistas su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre la Unión Europea de Defensa (4) y su Resolución, de 13 de junio de 2018, sobre las relaciones UE-OTAN (5),

—

Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa (6),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0372/2018),

A.

Considerando que los valores básicos sobre los que se fundamenta la Unión (la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho), así como el sistema internacional basado en normas y la unidad europea, están cada vez más cuestionados en una época de turbulencia geopolítica y degradación del entorno estratégico;

B.

Considerando que una disuasión creíble, así como la planificación de una respuesta a las crisis y la defensa de la Europa continental, dependen de la capacidad de desplegar fuerzas, incluidas las fuerzas aliadas externas;

C.

Considerando que el «dividendo de paz» posterior a 1989 sufrió una erosión gradual de las necesidades de defensa en cuanto a infraestructura y movilidad de las fuerzas en toda Europa;

D.

Considerando que la Unión, en plena cooperación con la OTAN, pretende actuar a nivel mundial como proveedor de seguridad, contribuyendo a la paz y la estabilidad tanto en el interior como en el exterior, y garantizando la seguridad de sus ciudadanos y del territorio a través de un abanico único y amplio de políticas, instrumentos y herramientas del que dispone para cumplir estas ambiciones;

E.

Considerando que, conforme a los objetivos de la Estrategia Global, la Unión está asumiendo cada vez más la responsabilidad de su propia seguridad y defensa y su papel como socio internacional para la paz y la seguridad internacionales, en particular en su vecindada pero también más allá, así como su autonomía estratégica, basada en la aplicación de una política exterior y de seguridad común;

F.

Considerando que la Unión debe desarrollar su propia autonomía estratégica mediante una política exterior y de seguridad eficaz a fin de mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional garantizando al mismo tiempo la seguridad de sus propios ciudadanos y de las personas que participan en las misiones de la PCSD, con vistas a proteger sus intereses y defender sus valores fundamentales, contribuyendo así a un multilateralismo eficaz;

G.

Considerando que la Unión debe estar en condiciones de decidir y actuar sin depender de las capacidades de terceros, para poder desarrollar una resiliencia propia y consolidar su autonomía estratégica en el ámbito de la defensa, la lucha contra el terrorismo y la ciberseguridad;

H.

Considerando que la normalización y la interoperabilidad a nivel de infraestructuras y adjudicación de contratos públicos constituyen requisitos previos esenciales para la consecución de la autonomía estratégica, la unión de defensa y una movilidad militar eficiente;

I.

Considerando que una movilidad militar eficaz solo puede alcanzarse con la participación y el compromiso pleno de todos los Estados miembros, cooperando de manera eficaz con la OTAN, teniendo en cuenta los recursos de que dispone cada Estado miembro así como sus necesidades y sus características regionales específicas, y de forma coherente con las iniciativas pertinentes a nivel de la Unión con la finalidad de desarrollar una infraestructura europea eficiente para las necesidades en materia de seguridad mediante proyectos coherentes y complementarios;

J.

Considerando que la movilidad militar es un medio estratégico y operativo para la acción militar, que apoya la autonomía estratégica de la Unión y facilita el despliegue, el redespliegue y el apoyo de las fuerzas de los Estados miembros de la Unión con el fin de alcanzar el nivel de ambición militar de la Unión;

K.

Considerando que la Unión se enfrenta a retos híbridos y multidireccionales, sobre todo provenientes del Polo Norte, la zona oriental, los Balcanes y la zona sur/mediterránea; que podría resultar fundamental desplegar de forma más rápida y sin trabas bienes y activos en dichos ejes (Norte-Sur, Oeste-Este) para permitir una respuesta creíble;

L.

Considerando que en la Cumbre de Varsovia de la OTAN de 2016, los líderes Aliados acordaron reforzar la Postura de Disuasión y Defensa de la Alianza, y han aumentado la preparación de las fuerzas de respuesta al tiempo que han lanzado la Presencia Avanzada Reforzada y la Presencia Avanzada A Medida con el fin de lograr dichos objetivos;

M.

Considerando que la movilidad militar es una acción concreta que responde a las necesidades propias de la Unión en materia de seguridad y defensa y que se inscribe en el marco de la PSDC; que la seguridad y defensa colectiva de los Estados miembros de la Unión y su capacidad para intervenir en crisis en el extranjero depende fundamentalmente de la capacidad para desplazar tropas aliadas y personal de gestión civil de crisis, así como material y equipo, a través de sus territorios libre y rápidamente y fuera de las fronteras de la Unión; que veintidós Estados miembros de la Unión también son aliados de la OTAN y tienen un compromiso con la defensa colectiva, contando tan solo con un único conjunto de fuerzas armadas e infraestructura de transporte; considerando que las inversiones previstas en infraestructuras de transporte requieren una mayor armonización con las necesidades de seguridad y defensa;

N.

Considerando que un número considerable de obstáculos, físicos, legales y normativos, a menudo dificultan estos desplazamientos provocando retrasos importantes, lo que amenaza con debilitar su propósito, especialmente en situaciones de crisis; considerando que los ejercicios de los ejércitos europeos que se han llevado a cabo bajo los auspicios de la OTAN en los últimos años han revelado la enorme importancia que tiene una infraestructura de transportes adecuada para el éxito de los objetivos militares;

O.

Considerando que la Unión dispone de políticas y herramientas importantes para ayudar a los Estados miembros a satisfacer sus necesidades y compromisos internacionales en materia de movilidad militar;

P.

Considerando que, el 28 de marzo de 2018, la Comisión y la VP/AR publicaron un plan de acción sobre movilidad militar que ofrece una hoja de ruta para las medidas que deben adoptar la Unión y los Estados miembros; que su aplicación ha comenzado con la identificación de las necesidades militares comunes para la movilidad militar dentro y fuera de la Unión y la presentación de una propuesta para financiar la movilidad militar mediante el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en el próximo marco financiero plurianual (MFP), permitiendo financiar la ejecución de proyectos de doble uso (civil y de defensa) de las infraestructuras de transporte;

Q.

Considerando que las conclusiones del Consejo de 25 de junio de 2018 invitan a los Estados miembros a adoptar medidas a nivel nacional para mejorar la eficacia de la movilidad militar, y a simplificar las normas y los procedimientos pertinentes de acuerdo con el plan de acción y las necesidades militares aplicables a la movilidad militar dentro y fuera de la Unión, de conformidad con la legislación nacional de los Estados miembros, lo antes posible y a más tardar en 2024;

R.

Considerando que se ha iniciado un proyecto de la CEP sobre movilidad militar con la intención de complementar las actividades de la Comisión y de la VP/AR; que otro proyecto de la CEP sobre una red de centros logísticos en Europa y de apoyo a las operaciones también debería complementar esta labor; que la finalidad de permitir un doble uso de la infraestructura reviste una enorme importancia para estas necesidades logísticas; que los Estados miembros, además, han asumido compromisos en materia de movilidad militar como parte de los compromisos más vinculantes requeridos por el protocolo sobre la CEP; que los proyectos de la CEP deben desarrollarse en coordinación con la OTAN; que existe la necesidad de un proyecto de la CEP sobre el desafío de la movilidad en lo que respecta a las misiones militares previstas en el artículo 43, apartado 1, del TUE, en particular las operaciones de transporte aéreo y marítimo;

S.

Considerando que el MCE es un programa de financiación común de gestión centralizada destinado a fomentar el desarrollo de una red transeuropea (RTE) civil de alto rendimiento, sostenible e interconectada en los ámbitos del transporte, la energía y los servicios digitales, centrada en facilitar conexiones transfronterizas y en eliminar los cuellos de botella, y que aporta un claro valor añadido de la UE facilitando la cooperación y la coordinación transnacionales; que el proyecto de MFP para el período 2021-2027 prevé, en el marco de la línea presupuestaria del MCE para el sector del transporte, una nueva dotación dedicada a las necesidades de movilidad militar; que es muy conveniente mantener y seguir aumentando la eficiencia del MCE;

T.

Considerando que la Agencia Europea de Defensa está ejecutando varios proyectos en el ámbito de la movilidad militar, sobre salvoconductos diplomáticos y centros de transporte multimodal en la Unión, así como los programas específicos recientemente creados sobre procedimientos de permiso de desplazamientos transfronterizos y la armonización de las necesidades militares relacionadas con las aduanas; Considerando que el trabajo de la Agencia Europea de Defensa y de la Comisión debe articularse de manera clara y coherente para ayudar a los Estados miembros a finalizar determinados aspectos del plan de acción; que las necesidades, las prioridades y los requisitos militares de los Estados miembros deben tenerse en cuenta en el marco de un proceso de consulta;

U.

Considerando que la movilidad militar ha sido identificada recientemente como una cuestión prioritaria para la cooperación entre la Unión y la OTAN en el conjunto común de propuestas para la aplicación de la declaración conjunta, y ha sido reafirmada como una prioridad en la nueva declaración conjunta y en la Declaración de Bruselas sobre solidaridad y seguridad transatlántica; que la OTAN ha transmitido a la Unión sus normas relativas a la movilidad militar, incluidos los parámetros genéricos de la OTAN para la infraestructura de transporte;

V.

Considerando que la OTAN también se está centrando en mejorar sus propias capacidades logísticas mediante el Plan de Habilitación del Ámbito de Responsabilidad del SACEUR, principalmente ajustando la legislación y los procedimientos, reforzando el mando y el control, aumentando las capacidades de transporte y mejorando la infraestructura; señala, en este contexto, el establecimiento de dos nuevos centros de mando, el Mando de Fuerzas Conjuntas en Norfolk y el Mando de Apoyo y Habilitación en Ulm;

W.

que, a partir de 2019, tres de cada cuatro naciones marco que desplieguen fuerzas en la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en el flanco oriental serán de fuera de la Unión; que la presencia permanente en el continente y el transporte de refuerzos de los EE. UU., Canadá y el Reino Unido resultan decisivos para la seguridad europea;

X.

Considerando que el posicionamiento previo de reservas logísticas militares, incluidas municiones y combustible, contribuiría a mitigar algunas presiones de movilidad;

Y.

Considerando que, a pesar de todas estas medidas institucionales, las principales mejoras en las capacidades de movilidad militar deberán venir de los Estados miembros de la Unión, que deberán ajustar sus infraestructuras nacionales y entornos normativos; que esto requerirá «una perspectiva de la administración en su conjunto», debido a la amplia gama de cuestiones que deben abordarse; que este esfuerzo común debe aplicarse respetando plenamente los procedimientos decisorios nacionales y los requisitos constitucionales de los Estados miembros de la UE, teniendo en cuenta al mismo tiempo los requisitos de movilidad militar identificados por la cooperación UE-OTAN;

Z.

Considerando que, de acuerdo con el plan de acción sobre movilidad militar y un análisis piloto iniciado por la Presidencia estonia en 2017 para los países del Corredor Mar del Norte-Báltico de la red de transporte transeuropea, la altura máxima permitida y el peso máximo tolerado de muchos puentes de carretera no es suficiente para los vehículos militares y que la capacidad de carga es insuficiente para transportar equipos militares de grandes dimensiones por ferrocarril;

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Vistas la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo, el 17 de noviembre de 2017, la Agenda de los Dirigentes sobre educación y cultura, de noviembre de 2017, y las conclusiones del Consejo Europeo, de 14 de diciembre de 2017, sobre la dimensión social de la Unión, la educación y la cultura,

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre «Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas» (1),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre el fomento de los sectores europeos de la cultura y la creación como fuentes de crecimiento económico y empleo (2),

—

Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre una política de la Unión coherente para los sectores cultural y creativo (3),

—

Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre las industrias culturales en Europa (4),

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Vista su Resolución, de 7 de junio de 2007, sobre el estatuto social de los artistas (5),

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Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las acciones exteriores de la UE (6),

—

Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, titulada «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» (7),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la UE (8),

—

Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos acerca de la Unión Europea en la escuela (9),

—

Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización (10),

—

Vista su Resolución, de 14 de junio de 2018, sobre los obstáculos estructurales y financieros en el acceso a la cultura (11),

—

Vista su Resolución, de 2 de marzo de 2017, sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones n.o 1718/2006/CE, n.o 1855/2006/CE y n.o 1041/2009/CE (12),

—

Vista la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 20 de octubre de 2005,

—

Visto el Convenio Marco del Consejo de Europa de 2005 sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad (Convenio de Faro), de 27 de octubre de 2005,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones n.o 1718/2006/CE, n.o 1855/2006/CE y n.o 1041/2009/CE (13),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, relativa a una Agenda Europea para la Cultura (14),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 23 de diciembre de 2014, sobre el Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) (15),

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Visto el Plan de trabajo en materia de cultura para el período 2015-2018,

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 27 de mayo de 2015, sobre pasarelas en el ámbito cultural y creativo para estimular la innovación, la sostenibilidad económica y la inclusión social (16),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de junio de 2016, titulada «Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales» [JOIN(2016)0029],

—

Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Agenda Europea para la Cultura [COM(2010)0390],

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Visto el Libro Verde de la Comisión, de 27 de abril de 2010, titulado «Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas» [COM(2010)0183],

—

Vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) [COM(2016)0543],

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, titulada «Promover los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la UE» [COM(2012)0537],

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre el contenido en el mercado único digital [COM(2012)0789],

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de julio de 2014, titulada «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» [COM(2014)0477],

—

Visto el informe de 2012 del Grupo de trabajo de expertos de los Estados miembros de la UE sobre el acceso a la cultura,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2010, titulada «Eliminar las barreras fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la UE» [COM(2010)0769],

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, titulada «La doble imposición en el mercado único» [COM(2011)0712],

—

Visto el informe de 2015 del grupo de expertos de la Comisión sobre la eliminación de problemas fiscales para personas con una actividad transfronteriza en la UE titulado «Ways to tackle cross-border tax obstacles facing individuals within the EU» (Formas de abordar los obstáculos fiscales transfronterizos a los que se enfrentan las personas en la Unión),

—

Visto el informe de 2017 del Grupo de trabajo de expertos de los Estados miembros de la UE sobre diálogo intercultural en el marco del método abierto de coordinación titulado «How culture and the arts can promote intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis» (Cómo pueden la cultura y las artes fomentar el diálogo intercultural en el contexto de una crisis migratoria y de refugiados),

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Vista la Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017, en la que los dirigentes de veintisiete Estados miembros y las instituciones de la Unión expresaron su deseo de una Unión ambiciosa, «en la que los ciudadanos tengan nuevas oportunidades de desarrollo cultural y social y de crecimiento económico», «una Unión que conserve nuestro patrimonio cultural y promueva la diversidad cultural»,

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Vista la Declaración de Davos de 22 de enero de 2018 sobre una Baukultur de alta calidad para Europa, en la que los ministros de Cultura europeos destacaban «la urgente necesidad […] de adaptar nuevos enfoques para proteger y avanzar en los valores culturales del entorno construido en Europa» y «de tener enfoques integrales y centrados en la cultura para el entorno construido»,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0388/2018),

A.

Considerando que las prioridades para la Nueva Agenda y el enfoque sectorial son bienvenidas; que debe ofrecerse apoyo igual y específico, centrado en los retos propios a cada sector, a todos los sectores creativos y culturales, y que la diversidad cultural y el diálogo intercultural deben seguir siendo prioridades transversales; que la cultura es un bien público y la Nueva Agenda para la Cultura deberá tratar de preservar, expandir y divulgar una escena cultural dinámica y diversificada que garantice el acceso de todos y fomente la participación;

B.

Considerando que la Nueva Agenda para la Cultura debe ofrecer un marco flexible para ecosistemas culturales cambiantes y fomentar las sinergias entre los sectores;

C.

Considerando que Europa está saliendo de una grave crisis financiera, durante la cual los presupuestos nacionales y regionales destinados a cultura a menudo figuraron, desafortunadamente, entre los primeros en sufrir recortes;

D.

Considerando que Europa está enfrentándose a desigualdades sociales y desempleo juvenil, un aumento del populismo y la radicalización y tiene una población cada vez más diversa; que, por ello, la cultura es más importante que nunca para lograr cohesión social y diálogo intercultural y para garantizar a los ciudadanos libertad y diversidad de expresión, comunicación y creación, y para crear puentes en las personas;

E.

Considerando que los sectores culturales y creativos de Europa son los activos más sólidos de la Unión; que representan un 4,2 % del PIB de la Unión, crean 8,4 millones de empleos, equivalentes al 3,7 % del empleo total en la Unión y son resilientes económicamente, incluso en épocas de crisis; que estos sectores estimulan la creatividad, que alimenta todos los sectores de actividad y proporciona un porcentaje de empleo entre los jóvenes y las mujeres mayor que el de otros sectores;

F.

Considerando que el sector de la música en Europa es muy dinámico, representa un millón de empleos y su facturación asciende a 25 000 millones de euros; que, no obstante, sufre una importante falta de financiación, en particular si se tienen en cuenta los nuevos modelos de distribución en línea; que, de un presupuesto total de 1 460 millones de euros para Europa Creativa, a partir de julio de 2018 solo 51 millones de euros se destinaron a proyectos musicales, principalmente para música clásica; que esto no refleja la diversidad del sector musical europeo ni si contribución económica, social y cultural;

G.

Considerando que la cultura desempeña un papel importante en la cohesión y la integración sociales, especialmente mediante la participación en la vida cultural y social de minorías, grupos desfavorecidos, comunidades marginalizadas, migrantes y refugiados, y que el llamamiento especial a la integración de los migrantes en el programa Europa Creativa ha demostrado ser eficiente, pero con más demanda y menos fondos de lo esperado;

H.

Considerando que artistas y profesionales de la cultura hacen frente a menudo a situaciones precarias e inestables con una seguridad social deficiente o nula e ingresos impredecibles;

I.

Considerando que la concienciación y la expresión culturales han sido reconocidas a nivel de la Unión en la recomendación revisada sobre competencias clave para el aprendizaje permanente; que las artes y humanidades deben integrarse plenamente en los sistemas educativos para contribuir a crear una Europa que sea colaborativa, creativa y movilizada para fomentar la sostenibilidad, la integración y la cohesión cívica;

J.

Considerando que las redes culturales son una herramienta poderosa para forjar vínculos interpersonales y conexiones duraderas pacíficas a través de las fronteras nacionales y, por lo tanto, para fomentar las relaciones culturales internacionales que son el centro de las regulaciones mundiales y el surgimiento de un espacio cultural europeo;

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015)0550),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulado «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Informe sobre la integración del mercado único y la competitividad de la Unión y sus Estados miembros) (SWD(2015)0203),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único — Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza — Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2011)0206),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «Acta del Mercado Único II — Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2012)0573),

—

Visto el Informe al presidente de la Comisión, de 9 de mayo de 2010, elaborado por Mario Monti con el título «A New Strategy for the Single Market — At the Service of Europe’s Economy and Society» (Una nueva estrategia para el mercado único — Al servicio de la economía y la sociedad de Europa),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015 (1),

—

Visto su estudio de septiembre de 2014, encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, titulado «The cost of non-Europe in the single market» (El coste de la no Europa en el mercado único),

—

Visto su estudio de enero de 2016, encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, titulado «A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus» (Una estrategia para completar el mercado único: el bono de un billón de euros),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre barreras no arancelarias en el mercado único (2), basada en un informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

—

Vista su Resolución de 26 de mayo de 2016 sobre la estrategia para el mercado único (3), basada en un informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2017, titulada «Revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital — Un mercado único digital conectado para todos» (COM(2017)0228),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2018, titulada «El mercado único en un mundo en plena mutación — Un activo único que necesita un compromiso político renovado» (COM(2018)0772),

—

Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el mercado único ha sido y sigue siendo la piedra angular de la integración europea y una economía social de mercado extremadamente competitiva, así como un motor de crecimiento y empleo; que así se ha puesto de relieve en las recientes negociaciones para la retirada del Reino Unido de la Unión;

B.

Considerando que el mundo atraviesa un proceso de rápidos e importantes cambios que también repercuten en el mercado único de la Unión;

C.

Considerando que no se está aprovechando plenamente el potencial del mercado único;

D.

Considerando que el mercado único no puede contemplarse en términos puramente económicos;

E.

Considerando que, de acuerdo con las investigaciones del propio Parlamento, los beneficios esperados de la realización del mercado único supondrían un aumento de un billón de euros del PIB colectivo de la Unión, cifra que incluye importantes beneficios en el sector de los servicios;

F.

Considerando que se requiere un planteamiento estratégico y global, y que la respuesta a los desafíos presentes debe ser de naturaleza tanto política como técnica;

G.

Considerando que los datos recientes en materia de transposición no son tranquilizadores; que, según la Comunicación de la Comisión relativa al mercado único en un mundo en plena mutación, el déficit de transposición de dieciséis Directivas con fecha de transposición comprendida entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 era del 25 % en junio de 2018;

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Vista su Decisión, de 6 de julio de 2017, sobre la constitución de una comisión especial sobre terrorismo y el establecimiento de sus competencias, composición numérica y mandato (1), aprobada en virtud del artículo 197 de su Reglamento interno,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión Especial sobre Terrorismo (A8-0374/2018),

A.

Considerando que la Unión se basa en los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en los principios de la democracia y el Estado de Derecho; que los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de estos valores y principios universales;

B.

Considerando que la Unión debe hacer todo lo posible para garantizar la integridad física y psicológica de sus ciudadanos amenazados por los terroristas; que la lucha contra el terrorismo requiere situar a las víctimas en un lugar central; que las sociedades deben proteger, reconocer, ayudar y compensar a las víctimas del terrorismo; que el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales consagra el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad, que se complementan entre sí;

C.

Considerando que la respuesta a la amenaza terrorista debe ser siempre plenamente conforme con los principios reconocidos por el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y debe respetar los derechos y libertades fundamentales, así como los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta el posible efecto sobre personas inocentes que constituyen la inmensa mayoría de la población;

D.

Considerando que el terrorismo debe condenarse en todas sus formas y manifestaciones, sea quien sea su autor y sea cual sea el lugar en el que se produzca y la razón por la que se comete, ya que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales;

E.

Considerando que la amenaza terrorista ha aumentado y se ha desarrollado rápidamente en los últimos años; que los ataques terroristas nos han afectado profundamente a todos y han causado la muerte o heridas a numerosos inocentes; que el carácter transfronterizo del terrorismo exige una respuesta y una cooperación firmes y coordinadas dentro y entre los Estados miembros, así como entre las agencias y órganos competentes de la Unión, y con los países terceros relevantes;

F.

Considerando que la seguridad de un Estado miembro supone la seguridad de todos los Estados de la Unión; que las amenazas que plantea el terrorismo requieren un enfoque holístico que vincule la seguridad interna y externa y garantice la coordinación nacional y europea; que la Unión y los Estados miembros han avanzado en la lucha contra estas amenazas, pero que este avance se logra lamentablemente en mayor medida bajo la presión de los acontecimientos que de forma proactiva, y que no se alcanza el mismo nivel de progreso en todos los Estados miembros;

G.

que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, con arreglo al artículo 4, apartado 2, y artículo 73 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), mientras que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3 y el artículo 42 del TUE, la Unión y los Estados miembros se prestarán asistencia mutua en la ejecución de las tareas que se derivan de los Tratados; que la seguridad nacional depende cada vez más de su dimensión europea más amplia; que la seguridad nacional no está definida a escala de la Unión, dejando así un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros;

H.

Considerando que, al mismo tiempo, el artículo 4, apartado 2, del TFUE designa el ámbito de libertad, seguridad y justicia como un ámbito de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros; que la Unión tiene competencias específicas para facilitar y fomentar la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros, así como en materia de armonización de las legislaciones y prácticas entre los Estados miembros; que el mandato de la acción de la Unión está previsto en el artículo 67 del TFUE para garantizar un «nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia»;

I.

Considerando que las agencias nacionales de seguridad e inteligencia de los Estados miembros de la Unión y de algunos terceros países cooperan de manera eficaz a través del Grupo «Contraterrorismo» (CTG), un órgano informal fuera de la Unión, y de forma bilateral y multilateral; que el CTG dispone de una plataforma para el intercambio de inteligencia operativa que ha mejorado la velocidad y la calidad de la inteligencia compartida; que la Unión cuenta con un complejo de estructuras establecidas que tratan total o parcialmente asuntos relativos al terrorismo, en particular a través del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) de Europol, como nodo central para el intercambio de información y la cooperación de las fuerzas del orden en el ámbito de la lucha contra el terrorismo a nivel de la Unión, y del Centro de Inteligencia y Situación de la Unión Europea (EU INTCEN), como puerta de acceso a la información estratégica de los servicios de inteligencia y seguridad de la Unión por la que la información del CTG llega a los responsables políticos europeos, y que facilita el coordinador europeo para la lucha contra el terrorismo;

J.

Considerando que la línea entre la competencia de la Unión y la competencia nacional no siempre está clara, debido a las diferentes características y prerrogativas geográficas, lo cual subraya la importancia de la cooperación entre los dos niveles de gobernanza; Considerando que el panorama heterogéneo de actores regionales, nacionales, de la Unión e internacionales en la lucha contra el terrorismo con competencias superpuestas y mandatos insuficientemente definidos, la multitud de foros formales e informales de cooperación e intercambio de información, así como la división de competencias entre las diferentes agencias regionales y nacionales, entre los servicios con funciones coercitivas y los servicios de inteligencia, y entre la Unión y los Estados miembros subraya la complejidad de las dificultades, y puede suscitarlas, con respecto a la coordinación, la eficiencia y la coherencia de la respuesta a la amenaza terrorista;

K.

Considerando que el comisario para la Unión de la Seguridad es un valioso actor para unir el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de la Comisión; que la creación del puesto de Comisario para la Unión de la Seguridad pone de manifiesto el compromiso de la Unión de fomentar y respaldar la cooperación entre los Estados miembros en cuestiones de seguridad interna, armonizar la legislación antiterrorista y garantizar una mejor cooperación entre las autoridades coercitivas y judiciales, a la vez que se respeta plenamente el estado de estas cuestiones como competencias nacionales establecidas en los Tratados;

L.

Considerando que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo es un actor importante en el seguimiento de la aplicación de la estrategia de la Unión contra el terrorismo; Considerando que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo, de conformidad con el mandato que le confiere el Consejo Europeo, se encarga de la aplicación y evaluación de la estrategia y de la coordinación del trabajo dentro de la Unión, así como de fomentar la comunicación entre la Unión y terceros países; que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo ofrece un asesoramiento valioso, mantiene contacto con las instituciones y agencias europeas y los Estados miembros, y contribuye a reforzarlas; que, sin embargo, su mandato y su estatuto no están bien definidos;

M.

Considerando que el 6 de julio de 2017 el Parlamento creó una comisión especial, la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR) con el objetivo de expresar la opinión del Parlamento sobre las lagunas prácticas y legislativas del actual régimen antiterrorista que han permitido que se produjeran los recientes ataques terroristas en la Unión, y de formular recomendaciones que contribuyan a hacer frente a la amenaza terrorista a escala de la Unión;

N.

Considerando que la Fiscalía Europea, que debe crearse sobre la base del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, tendrá la importante tarea de investigar y perseguir las infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión; que su creación y la asignación de recursos financieros a este nuevo organismo no deben repercutir negativamente en la capacidad de las estructuras actuales, como Eurojust, para facilitar los esfuerzos de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo;

O.

Considerando que, de las 88 medidas jurídicamente vinculantes contra el terrorismo propuestas entre septiembre de 2001 y el verano de 2013, solo una cuarta parte fue objeto de evaluaciones de impacto y solo tres se sometieron a consulta pública (2); que esta relación ha mejorado en los últimos años y que las iniciativas más recientes presentadas por la Comisión en 2017 y 2018 fueron acompañadas de la justificación necesaria; que, con el Programa de Mejora de la Legislación aprobado en 2015, la Comisión también ha reforzado su política de consulta con las partes interesadas; que las medidas de lucha contra el terrorismo podrían ser más eficaces y coherentes si se consultara a las partes interesadas adecuadas y se realizaran evaluaciones de impacto;

P.

Considerando que la evaluación exhaustiva por parte de la Comisión de la política de seguridad de la Unión menciona la aplicación incompleta como uno de los retos de la Unión de la Seguridad;

Q.

Considerando que la evaluación de las medidas de lucha contra el terrorismo es vital para evaluar su eficacia, pertinencia, coherencia y respeto de los derechos fundamentales, y determinar si es necesario adoptar medidas adicionales para abordar las deficiencias; que existe una diferencia entre controlar el grado de aplicación y la eficacia real de las medidas aplicadas; que entre 2001 y 2016 hubo diecisiete informes de seguimiento de la aplicación y de evaluación, frente a diez estrategias de lucha contra el terrorismo y 55 medidas legislativas y no vinculantes; que es fundamental que los Estados miembros apliquen rápidamente las legislaciones europeas en el ámbito de la seguridad a fin de evitar que se produzcan lagunas en el arsenal europeo de medidas contra el terrorismo;

R.

Considerando que en los últimos años los Estados miembros de la Unión han sufrido importantes atentados terroristas; que los atentados que más víctimas mortales han causado han sido perpetrados o inspirados por grupos yihadistas como Dáesh o Al-Qaeda; que estos grupos terroristas (3) y sus actividades se ven facilitados a veces por determinados países; que también sigue siendo motivo de preocupación el extremismo violento de extrema derecha, de extrema izquierda y étnico-nacionalista separatista, que pretende derrocar los valores democráticos y el sistema regido por el Estado de Derecho en la Unión mediante el uso ilegítimo de la violencia;

S.

Considerando que los Estados miembros de la Unión se enfrentan a una creciente amenaza del extremismo violento de ultraderecha, así como de la violencia neofascista y neonazi dirigida contra oponentes políticos, refugiados e inmigrantes, minorías étnicas y religiosas, personas LGBTQI, defensores de los derechos humanos, activistas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad;

T.

Considerando que, si bien la mayoría de los atentados terroristas cometidos en la Unión en 2017 fueron calificados de atentados separatistas (137 de un total de of 205), en el Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo (TE-SAT) 2018 de Europol se afirma claramente que ninguna de las actividades notificadas en ninguna categoría de terrorismo ha sido tan letal y ha tenido un impacto tan grande en la sociedad en su conjunto como las cometidas por terroristas yihadistas; que el creciente riesgo de terrorismo como represalia es un grave problema que no debe subestimarse;

U.

Considerando que, mientras un atentado terrorista sea un «atentado generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil», debe considerarse que los asesinatos terroristas están cubiertos y tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998;

V.

Considerando que la evolución y la inestabilidad en Oriente Próximo y el norte de África han permitido a Dáesh y otros grupos terroristas penetrar en los países fronterizos de la Unión, y reclutar a combatientes procedentes de países de la Unión a una escala sin precedentes; y que, como consecuencia, el nexo entre la seguridad interna y la externa se ha vuelto más prominente;

W.

Considerando que miles de ciudadanos europeos o residentes en Europa se han sumado a Dáesh en sus actividades terroristas en Siria e Irak, pero que ha habido un cambio de estrategia desde el colapso militar de Dáesh, con una disminución del número de personas que viajan a estos países con fines terroristas y que se anima a los yihadistas terroristas y las «células durmientes» dentro de la Unión a que cometan atentados en sus países de origen o de residencia;

X.

Considerando que los recientes ataques han demostrado que las armas de fuego y los explosivos siguen siendo métodos tradicionales utilizados por grupos terroristas; que, no obstante, es cada vez mayor el uso de otras armas y métodos que son mucho menos sofisticados y más difíciles de detectar, con el fin de provocar un número máximo de víctimas aleatorias entre la población civil;

Y.

Considerando que el retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias plantea retos particulares en materia de seguridad y radicalización, en particular el de los niños repatriados que plantean problemas específicos, ya que necesitan protección como víctimas, pero que al mismo tiempo también pueden ser autores potenciales;

Z.

Considerando que a menudo algunos de estos repatriados han recibido un prolongado adoctrinamiento ideológico y una formación militar en el uso de armas y explosivos, así como en diferentes tácticas de cobertura, ataque y combate, y que en algunos casos han establecido vínculos con otros terroristas, posiblemente antiguos combatientes extranjeros, con quienes forman redes transnacionales (4);

AA.

Considerando que entre los autores de atentados terroristas en la Unión figuran a menudo ciudadanos de la Unión, con frecuencia inmigrantes de segunda o tercera generación que han crecido en los Estados miembros a los que han atacado, así como extranjeros que en algunos casos pueden haber residido por un período de tiempo significativo en el Estado miembro objetivo;

AB.

Considerando que nuestras sociedades y fronteras abiertas son vulnerables y son utilizadas por los grupos terroristas; que los terroristas han tomado prestadas las rutas de acceso de los migrantes y los solicitantes de asilo a los países europeos, explotando la libre circulación en Europa;

AC.

Considerando que existen casos documentados (5) en los que las víctimas de delitos graves perpetrados por terroristas de Dáesh en territorio sirio o iraquí han vuelto a encontrarse –aunque se consideran seguras– con sus verdugos en territorio de la Unión, donde ambos han solicitado protección;

AD.

Considerando que el flujo de migrantes irregulares y refugiados plantea retos para su integración en las sociedades europeas y exige una inversión reforzada y específica dirigida a la inclusión social y cultural;

AE.

Considerando que podrían utilizarse nuevas formas de terrorismo para un atentado, entre ellas el ciberterrorismo y el uso de armas de destrucción masiva, posiblemente en relación con nuevos equipos técnicos como los drones; que existe el precedente de un ataque frustrado que incluye ricina, un agente biológico altamente tóxico; que hay casos en los que los grupos terroristas han utilizado o planeado utilizar materiales químicos, biológicos, radiológicos o nucleares (QBRN) y han compartido a través de las redes sociales posibles tácticas y métodos para cometer atentados y alcanzar objetivos;

AF.

Considerando que los Estados miembros tienen estrategias diferentes para responder a las amenazas híbridas y QBRN y, por lo tanto, diferentes niveles de preparación;

AG.

Considerando que el Consejo Europeo de 28 de junio de 2018 acogió con satisfacción la Comunicación conjunta sobre la resistencia de Europa a las amenazas híbridas y QBRN, con el fin de determinar los ámbitos en los que debe intensificarse la acción para seguir profundizando y reforzando la contribución esencial de la Unión a la hora de hacer frente a estas amenazas, e instando a los Estados miembros y a la Comisión a que colaboren urgentemente en la plena aplicación del Plan de Acción QBRN;

AH.

Considerando que hay que aplicar la prudencia ante el discurso político explotado por los agitadores de tanto de izquierda como de derecha en relación con la amenaza terrorista, o invocándola, a fin de evitar la polarización dentro de las sociedades y no socavar la democracia, la cohesión social y los derechos humanos, lo que supondría entrar en el juego de las organizaciones terroristas y contribuir a sus objetivos;

AI.

Considerando que la Agenda Europea de Seguridad de abril de 2015 destacaba la necesidad de abordar el nexo entre el terrorismo y la delincuencia organizada, subrayando que la delincuencia organizada alimenta el terrorismo por medio de diferentes canales, como el suministro de armas, la financiación mediante el narcotráfico y la infiltración en los mercados financieros;

AJ.

Considerando que grandes organizaciones terroristas internacionales como Dáesh y Al-Qaeda son autosuficientes en términos financieros y que se ha demostrado que el comercio ilícito de mercancías, armas de fuego, materias primas, combustibles, drogas, cigarrillos y objetos culturales, entre otras cosas, así como la trata de seres humanos, la esclavitud, la explotación infantil, el chantaje y la extorsión, son medios que los grupos terroristas utilizan para obtener financiación; que el vínculo entre la delincuencia organizada y los grupos terroristas constituye una grave amenaza para la seguridad; que estas fuentes podrían permitir la continuidad de la financiación de sus futuras actividades delictivas;

AK.

Considerando que las interacciones entre organizaciones terroristas y grupos de delincuencia organizada, en las que la capacidad de causar víctimas masivas en la población civil de los Estados miembros de la Unión está relacionada con la capacidad logística para permitirlo, plantean grandes riesgos; que existe un bajo nivel de información y análisis de los servicios con funciones coercitivas y los servicios de inteligencia sobre el nexo entre la delincuencia organizada y el terrorismo; que las capacidades de investigación y judiciales dedicadas a la delincuencia organizada faltan a menudo en muchos Estados miembros y a escala de la Unión;

AL.

Considerando que el terrorismo pretende debilitar y derrotar a las democracias; que los políticos y los gobiernos son actores cruciales para lograr un amplio consenso y una capacidad de recuperación social con el fin de defender eficazmente nuestros sistemas democráticos;

AM.

Considerando que el Centro de Excelencia de la Red de la Unión para la Sensibilización frente a la Radicalización ofrece una plataforma importante para el intercambio de mejores prácticas entre los profesionales, incluidas las autoridades policiales, y que ha contribuido a la recopilación de conocimientos importantes en el ámbito de la prevención y la lucha contra el extremismo violento (6);

AN.

Considerando que la situación es diferente en cada Estado miembro y que una nueva revisión de la estrategia europea para luchar contra la radicalización podría respaldar las estrategias nacionales, que son importantes para proporcionar marcos generales para los programas a nivel nacional y local; que estas estrategias deben ser coherentes y eficaces y necesitan contar con una financiación suficiente para las autoridades locales y las partes interesadas de la sociedad civil para que puedan ejecutarse estos programas;

AO.

Considerando que es imposible identificar solo una vía hacia la radicalización; que la cohesión social, el contexto político, la situación económica, los ideales religiosos e ideológicos, los traumas personales y las vulnerabilidades psicológicas, por ejemplo, así como el entorno y las redes, pueden constituir otros tantos factores y desencadenantes; que la dimensión de género se había subestimado hasta hace poco y que existe una idea equivocada sobre el papel que pueden desempeñar las mujeres; que las mujeres no son siempre sujetos pasivos y que también actúan como movilizadoras, captadoras, recaudadoras de fondos e incluso como autoras de actos terroristas;

AP.

Considerando que algunos barrios de rentas bajas de ciudades europeas se enfrentan al desempleo masivo y al desmoronamiento sistemático del Estado de Derecho, creando las bases para el extremismo religioso y el terrorismo; que el fomento de la inclusión social y la promoción activa de los valores democráticos que todos los ciudadanos deben respetar pueden ayudar a reducir los sentimientos de marginación y atenuar el riesgo de radicalización; que la lucha contra la radicalización y el extremismo violento exige una colaboración estrecha y coordinada entre todos los agentes involucrados en todos los niveles de la gobernanza (local, regional y nacional), así como con la sociedad civil y el sector privado;

AQ.

Considerando que los expertos subrayan la experiencia positiva ofrecida por un enfoque multiagencia, centrándose en la creación de infraestructuras que tengan en cuenta los diferentes caminos que conducen a la radicalización y la población en situación de riesgo, y garanticen la prestación de apoyo inicial a las personas vulnerables a la radicalización y a sus familias por parte de distintas autoridades y organizaciones en múltiples niveles, y haciendo hincapié en la función de apoyo de la policía, fortaleciendo así la relación;

AR.

Considerando el papel positivo de la policía de proximidad para conocer mejor y mantener relaciones de confianza con las personas vulnerables basadas en el respeto mutuo con las poblaciones en cuestión a fin de actuar en anticipación a los fenómenos de radicalización y evitar la creación de sentimientos de desconfianza hacia el Estado y sus instituciones;

AS.

Considerando que hasta el momento no existen metodologías claras para medir la eficacia de los proyectos para prevenir la radicalización y luchar contra ella;

AT.

Considerando que varios fondos y programas europeos pueden utilizarse para proyectos que luchan contra la radicalización y la previenen a escala europea, nacional, regional y local; que el presupuesto de la Unión hasta 2020 asigna 314 millones de euros a proyectos de lucha contra la radicalización (7); que es necesaria una evaluación continua de la eficacia de dichos programas; que la medición de la eficacia de las acciones preventivas contra la radicalización es intrínsecamente difícil y requiere una estrecha cooperación entre la Comisión, los Estados miembros, las partes interesadas particulares y los investigadores;

AU.

Considerando que Europol estima que, en 2018, hay alrededor de 30 000 yihadistas radicalizados en la Unión;

AV.

Considerando que en el territorio de muchos Estados miembros de la Unión ha estado cada vez más presente un discurso extremista radicalizado violento, a menudo en forma impresa, o como contenido didáctico o audiovisual, incluso en las redes sociales y los canales de televisión por satélite; que este discurso va en contra de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, socava el pluralismo, promueve la violencia y la intolerancia contra todas las demás religiones, es abiertamente antisemita, niega la igualdad entre hombres y mujeres y promueve un modelo retrógrado de la cultura y la sociedad;

AW.

Considerando que la literatura principalmente wahabí y salafista alimentada por la incitación al odio predomina en determinadas librerías y en línea en Europa; que esta versión globalizada y simplista del Islam rompe con las prácticas de las comunidades musulmanas en Europa y contribuye a socavar su integración más amplia;

AX.

Considerando que la aspiración del fundamentalismo islámico radical es que la religión domine todas las esferas de la vida (privada, política y social), cuya consecuencia puede ser una forma de comunitarismo sensible a las acciones de los captadores yihadistas;

AY.

Considerando que se han documentado numerosos casos de predicadores radicales del odio en toda Europa; que los predicadores del odio a menudo provienen de fuera de la Unión, mientras que algunos lugares de culto reciben fondos opacos de terceros países, muchos de los cuales tienen regímenes autoritarios o religiosos que no gobiernan conforme a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

AZ.

Considerando que existen centros de enseñanza religiosa autoproclamados que propagan ideas extremistas en la Unión, en los que los menores, incluidos niños pequeños, pueden estar expuestos a un contenido contrario a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, e incluso a contenido violento; que las organizaciones extremistas que preparan el terreno para la captación de terroristas a menudo explotan las vulnerabilidades de los jóvenes, atrayéndolos con ofertas sociales y culturales;

BA.

Considerando que la sofisticada estrategia de comunicación web para comercializar el terrorismo glorificándolo, utilizada especialmente por Dáesh, pero también por otros grandes grupos terroristas internacionales, ofrece un diseño copiado de la «cultura juvenil» global, como los juegos en línea, y tiene, por lo tanto, un fuerte atractivo para los niños y los jóvenes; que este modelo les atrae también ofreciéndoles oportunidades sociales y culturales;

BB.

Considerando que varias investigaciones recientes han mostrado que internet y, en particular, las redes sociales, pueden servir de motor de la radicalización que conduce al extremismo violento y de instrumento para que los grupos xenófobos difundan discursos de odio y contenidos ilícitos, especialmente entre los jóvenes;

BC.

Considerando que, tras reiterados llamamientos para un mayor compromiso en la lucha contra el terrorismo, las mayores empresas de internet están asumiendo sus responsabilidades; Considerando que en el Foro Europeo de Internet puesto en marcha en 2015 las empresas cooperan para eliminar contenido terrorista de sus sitios web de manera voluntaria si consideran que infringe sus términos y condiciones; que en mayo de 2016 se estableció un código de conducta para las grandes empresas de las tecnologías de la información, destinado a combatir la incitación al odio ilegal en línea; que esta cooperación voluntaria es sin embargo insuficiente;

BD.

Considerando que, a finales del segundo trimestre de 2018, la Unidad Europea de Notificación de Contenidos de Internet (EU IRU) de Europol ya había evaluado 54 752 contenidos producidos en 10 lenguas diferentes en 170 plataformas en línea, lo que provocó 52 716 decisiones de remisión con un índice de éxito de eliminación del 89,5 % sobre la base de un examen voluntario por los proveedores de servicios en línea en los que se había cometido los abusos (8);

BE.

Considerando que, aunque se han realizado algunos avances con respecto a la eliminación de contenido terrorista en línea, es necesario aumentar el compromiso de las empresas; que las eliminaciones a menudo no son completas ni oportunas ni permanentes, al eliminar el contenido en un sitio web pero dejándolo en otro perteneciente a la misma empresa, o permitiendo que la cuenta permanezca activa o reaparezca después de haber publicado contenido que infrinja las condiciones de servicio de una empresa; que debe mejorarse la presentación eficaz, exhaustiva y transparente de informes por parte de las empresas y de las fuerzas del orden; que las empresas y los usuarios en cuestión deben poder solicitar reparación judicial;

BF.

Considerando que, en respuesta al hecho de que las empresas más grandes eliminan más contenido, los grupos terroristas utilizan cada vez más plataformas nuevas o más pequeñas que son menos aptas para la eliminación rápida de material terrorista; que esta diversificación a plataformas más pequeñas hace que sea esencial un soporte técnico adicional que permita, por ejemplo, la introducción de herramientas automáticas independientes de la plataforma, como la tecnología de hash capaz de identificar contenido terrorista en línea de antemano con un alto grado de precisión e impedir su publicación;

BG.

que el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso de inteligencia artificial y algoritmos pueden permitir identificar y notificar rápidamente sobre contenidos terroristas en línea; que el uso de herramientas automatizadas también conlleva el riesgo de falsas respuestas positivas;

BH.

Considerando que los estudios e informes muestran cómo las cárceles pueden evolucionar fácilmente hacia el microcosmos del nexo entre delincuencia y terrorismo, donde se producen la captación y la creación de redes; que la situación en muchas cárceles acelera la amenaza de radicalización de los delincuentes, incubando y permitiendo el terrorismo; que muchos de quienes cumplen condenas de cárcel volverán en poco tiempo a sus comunidades, lo que plantea retos especiales en cuanto a su reintegración y un alto riesgo de reincidencia; que el control de estos infractores de alto riesgo absorbe ingentes recursos de los servicios de seguridad de los Estados miembros; que los regímenes penitenciarios y la gestión de riesgos pueden desempeñar un papel importante para mitigar estas amenazas; que, si bien los Estados miembros reconocen que deben enfrentarse a un aumento de la radicalización en las cárceles, hacen falta medidas más eficaces;

BI.

Considerando que la retención de datos, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es una parte esencial del proceso de investigación; que las autoridades policiales y judiciales y los servicios de inteligencia suelen depender en gran medida de los datos de las comunicaciones para proceder con éxito con sus casos; que la necesidad de un régimen adecuado de retención de datos en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo se planteó constantemente durante la labor de la Comisión TERR;

BJ.

Considerando que el uso de cifrado contribuirá significativamente, por una parte, a la seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información, pero, por otra, también será utilizado, por otra, por los terroristas para proteger sus comunicaciones o datos almacenados, lo que representa un importante desafío para los servicios policiales y judiciales, de seguridad y de inteligencia, ya que se les puede negar el acceso a la información y a pruebas esenciales; que el cifrado se vuelve particularmente crítico cuando incluso los proveedores responsables de servicios en línea no desean o no pueden descifrar la comunicación;

BK.

BL.

BM.

BN.

BO.

BP.

BQ.

BR.

BS.

BT.

BU.

Considerando que la Comisión presentó dos propuestas de Reglamento por el que se establece un marco de interoperabilidad entre los sistemas de información centralizados existentes y propuestos en materia de cooperación policial y judicial, asilo y migración, fronteras y visados, a saber, VIS, SIS, SES y Eurodac, así como SEIAV y ECRIS-TCN una vez que se adopten las bases legales correspondientes;

BV.

Considerando que los delincuentes aún pueden ser registrados actualmente en diferentes bases de datos no conectadas con distintos alias; que, por lo tanto, la estructura de la gestión de datos de la Unión tiene que mejorarse mediante la interoperabilidad para eliminar puntos ciegos y múltiples identidades falsas, y proporcionar la información correcta en el momento justo;

BW.

Considerando que en el territorio de un Estado miembro puede haber una multitud de bases de datos descentralizadas separadas a nivel federal, regional y local, con distintos datos en diferentes sistemas y procedimientos complejos —o ninguno en absoluto— para que las autoridades pertinentes compartan o verifiquen los datos en los diferentes niveles;

BX.

Considerando que el uso de un formato de mensajería común a escala de la Unión, como el formato universal de mensajes (UMF), facilitará un intercambio más fluido de datos e información entre las partes y entre los sistemas de interoperabilidad; que establecer la necesidad de utilizar ciertos ámbitos de UMF para intercambios particulares puede contribuir a mejorar la calidad de los datos en todos los sistemas a través de los cuales se intercambian mensajes; que también debe fomentarse el uso de este formato de mensajería común por parte de Europol e Interpol;

BY.

Considerando que eu-LISA debería establecer mecanismos y procedimientos automatizados de control de la calidad de los datos, así como indicadores comunes de la calidad de los datos y normas mínimas de calidad para los datos almacenados en los sistemas de información; que el objetivo sería que los sistemas de información de la Unión y los componentes de interoperabilidad identificaran de forma automática presentaciones de datos aparentemente incorrectas o incoherentes, de modo que el Estado miembro que haya generado los datos pueda verificarlos y tomar las medidas correctoras que sean necesarias;

BZ.

Considerando que los obstáculos a una cooperación más fluida a menudo se derivan de dificultades organizativas y jurídicas entre las distintas estructuras nacionales, regionales y locales dentro de los propios Estados miembros tales como; competencias superpuestas y mandatos insuficientemente definidos; vacilación para compartir información, ya que esto podría ocasionar la pérdida de responsabilidad o la pérdida de flujos de información importantes; obstáculos legales cuando se trata de compartir información entre diferentes autoridades; obligación de los servicios de competir entre sí por los recursos; y barreras técnicas para el intercambio de información;

CA.

Considerando que el principio de propiedad de los datos es fundamental para garantizar la confianza de las autoridades responsables de la lucha contra el terrorismo en el intercambio de información a través de las bases de datos de la Unión entre los Estados miembros y con Europol;

CB.

Considerando que combinar la información de los servicios de inteligencia y la de las autoridades policiales plantea importantes retos y riesgos jurídicos debido a las distintas normas sobre rendición de cuentas que se aplican a ambos tipos de información, incluidos los riesgos para el derecho fundamental de los sospechosos a tener un juicio justo cuando la información que recibe un tratamiento especial se utiliza como prueba en los procesos judiciales; que debe establecerse un marco jurídico para el intercambio de información entre los servicios de inteligencia y las autoridades policiales y judiciales, sobre todo teniendo en cuenta que la inteligencia a menudo se refiere a información sobre personas que aún no son sospechosas en el marco de investigaciones penales pero que pueden pertenecer a redes terroristas o ser combatientes terroristas extranjeros que retornan; que, no obstante, esto no debe conducir a una rebaja de las normas jurídicas;

CC.

Considerando que la policía y los servicios de inteligencia reciben, procesan y transmiten información clasificada y no clasificada, lo que implica diferentes regímenes en cada una de las fases de la utilización de esta información; que también es necesario distinguir la inteligencia, es decir, la información procesada por los profesionales para un fin específico, de la mera información; que es necesario distinguir al menos la inteligencia criminal, vinculada a una misión de la policía judicial, de la inteligencia de seguridad, tratada en un marco administrativo;

CD.

Considerando que la información que recibe un tratamiento especial debe gozar de una protección especial, incluso de mayor nivel que la información policial debido a los diferentes métodos de trabajo, tales como la recogida de información confidencial procedente de fuentes e informadores que deben mantenerse en el anonimato, y debido también a los diferentes objetivos que exigen mayor sensibilidad;

CE.

Considerando que también podría ofrecerse una posible solución con la creación de centros o unidades de lucha contra el terrorismo en el territorio nacional; que dichos centros permiten que los representantes de los diferentes servicios se comuniquen entre sí con regularidad y debatan sobre la mejor manera de cooperar e intercambiar información; que esto ayuda a generar confianza entre los servicios y fomenta una mejor comprensión de sus respectivos métodos de trabajo y desafíos;

CF.

Considerando que los servicios de seguridad tienden a cooperar e intercambiar información bilateralmente o multilateralmente, principalmente a través del Grupo «Contraterrorismo» (CTG), y con los organismos de la Unión a través del EU INTCEN, compartiendo información estratégica; que es necesario encontrar una solución práctica para colmar las brechas existentes entre las vías paralelas de los responsables del cumplimiento de la ley y de la comunidad de inteligencia, por ejemplo identificando áreas de cooperación específicas para permitir una cooperación más eficiente, sin dejar de mantenerlas separadas;

CG.

Considerando que es posible aumentar la eficacia en el uso del CTG y del EU INTCEN para el intercambio de información;

CH.

Considerando que la seguridad civil y militar y las agencias de inteligencia de los Estados miembros comparten sistemáticamente su información, incluida la relacionada con el terrorismo, con el EU INTCEN) dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que proporciona análisis de inteligencia, alerta precoz y conocimiento de la situación a los distintos organismos de toma de decisiones de la Unión;

CI.

Considerando que comunicar la información tras detectarse una concordancia únicamente a la oficina Sirene de los Estados miembros que emiten la alerta en virtud del artículo 36 y no al resto de los Estados miembros resulta a veces insuficiente para realizar el seguimiento de los movimientos de las personas relacionadas con el terrorismo o para completar la información relevante respecto de dichas personas; que la alerta precoz de otros Estados miembros que pudieran verse afectados podría ser, por ejemplo, necesaria en caso de que la persona no regresara directamente al Estado miembro de origen o si esta persona estuviera acompañada de nacionales de otro Estado miembro respecto de los cuales no se hubiera emitido ninguna alerta, dado que estos seguían siendo desconocidos para las autoridades competentes de ese otro Estado miembro;

CJ.

Considerando que el Gobierno del Reino Unido ha notificado a la Unión su intención de abandonarla el 29 de marzo de 2019; que, no obstante, ha expresado su deseo de mantener su cooperación con la Unión en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el terrorismo; considerando que la Unión y el Reino Unido son muy interdependientes en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, y que el Reino Unido participa en muchos instrumentos jurídicos clave de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y tiene acceso a muchos sistemas y bases de datos de la Unión para el intercambio de información; considerando que deben alcanzarse acuerdos con la Unión en lo que respecta a todos los procedimientos pendientes; que todo futuro acuerdo debe prever la posibilidad de que el Reino Unido y la Unión puedan seguir compartiendo, recogiendo y analizando información vital en la lucha contra las formas graves de delincuencia; que el acuerdo de retirada debe garantizar un régimen de transición fluido y evitar, en la medida de lo posible, las brechas y obstáculos operativos que reducen la capacidad de la Unión Europea para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y el terrorismo;

CK.

Considerando que es imprescindible una cooperación eficaz y sistemática entre los Estados miembros y las agencias de la Unión, de acuerdo con sus mandatos legales, así como entre las agencias en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, especialmente la cooperación entre Europol y Eurojust para apoyar con más eficacia los esfuerzos para detectar, prevenir e investigar y enjuiciar a los autores de atentados terroristas; que Eurojust ha designado a un fiscal especializado en la lucha contra el terrorismo para establecer un el puente con el CELT en Europol para aumentar la cooperación y el intercambio de información entre las dos agencias;

CL.

Considerando que el intercambio de información entre las agencias de la Unión no es óptimo debido al uso de distintos canales de comunicación seguros; que el establecimiento de un canal de comunicación interinstitucional seguro podría facilitar y mejorar el intercambio de información entre agencias como EU INTCEN, Europol y Frontex;

CM.

Considerando que los oficiales de enlace de la lucha antiterrorista designados pueden aportar un valor añadido tanto al trabajo de las agencias como a sus propios Estados miembros;

CN.

Considerando que existen diferencias en los Estados miembros en cuanto al número de autoridades competentes que pueden consultar las bases de datos de Europol o ponerse en contacto con Europol sin tener que pasar por los oficiales de enlace nacionales; que algunos Estados miembros carecen de redes de comunicación policial nacional restringidas y seguras, lo cual impide a sus autoridades competentes el acceso descentralizado, en particular a la plataforma segura de intercambio de información CT-SIENA;

CO.

Considerando que varios instrumentos de la Unión, como la Decisión 2005/671/JHA, la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo y el Reglamento de Europol, exigen que los Estados miembros compartan información sobre terrorismo con las agencias pertinentes; que un mayor intercambio de información con Europol y Eurojust de forma periódica, oportuna y sistemática, incluida la información contextual, de acuerdo con sus mandatos legales, facilita su trabajo para detectar los vínculos entre los casos y proporcionar una visión general de los desafíos y las mejores prácticas relacionadas con las investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos de terrorismo; que en el marco de la Decisión 2005/671/JHA, los Estados miembros siguen sin intercambiar automáticamente información relevante con otro Estado miembro cuando dicha información podría utilizarse para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos de terrorismo; que la información compartida con Eurojust ha aumentado en los últimos años, pero que siguen existiendo diferencias entre los Estados miembros en relación con la cantidad, el tipo y el alcance de la información compartida, lo cual podría dar lugar a la fragmentación de la información disponible;

CP.

Considerando que CEPOL contribuye sustancialmente a la formación en la lucha antiterrorista de los agentes de los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros y en terceros países prioritarios;

CQ.

Considerando que los mecanismos de asistencia judicial se están sustituyendo progresivamente por instrumentos de reconocimiento mutuo, ya que estos últimos contribuyen a mejorar la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes dentro de la Unión acelerando y simplificando los procedimientos; que la Decisión sobre la orden de detención europea y la Directiva sobre la orden europea de investigación (OEI) son ejemplos de instrumentos de reconocimiento mutuo que los profesionales han encontrado útiles;

CR.

Considerando que el principio de reconocimiento mutuo depende, por una parte, de la existencia de un alto nivel de confianza mutua entre los Estados miembros y, por otra, contribuye a aumentar la confianza mutua al permitir a las autoridades de diferentes Estados miembros colaborar de manera eficaz en la lucha contra el terrorismo;

CS.

Considerando que los equipos conjuntos de investigación (ECI) facilitan la coordinación de las investigaciones y los enjuiciamientos en los casos de dimensión transfronteriza y permiten el intercambio de información y de pruebas en tiempo real; que los beneficios prácticos que resultan de la utilización de ECI incluyen un mejor intercambio de información, el intercambio de mejores prácticas, una mejor recopilación de pruebas y el reconocimiento mutuo de las acciones llevadas a cabo por las partes; que los ECI exigen una financiación adecuada que funcione con eficacia;

CT.

Considerando que es necesaria una estrecha cooperación con los proveedores de servicios en línea cuando se trata de asegurar y obtener pruebas electrónicas a petición de la autoridad policial responsable y basadas en la legalidad procesal, dada su importancia para la investigación de los delitos de terrorismo;

CU.

Considerando que el espacio Schengen sin fronteras interiores es un logro fundamental de la Unión, que solo es sostenible si se protegen de manera efectiva las fronteras exteriores, cesan los cruces ilegales de la frontera y se adoptan medidas de seguridad interior para hacer frente al riesgo de delitos graves; que se han aprobado numerosas propuestas para reforzar los controles de seguridad en las fronteras exteriores; que algunos Estados miembros han pedido más flexibilidad para la reinstauración temporal de controles en las fronteras interiores en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad pública como ha propuesto la Comisión Europea;

CV.

Considerando que el 7 de abril de 2017 el nuevo Reglamento (UE) 2017/458 (9) por el que se modifica el Código de fronteras Schengen entró en vigor en respuesta, en particular, al empeoramiento de la amenaza terrorista a fin de verificar sistemáticamente los datos de todas las personas que cruzan las fronteras exteriores en las bases de datos pertinentes, incluidas las personas que gozan del derecho de libre circulación;

CW.

Considerando que no se han aplicado algunas partes de la reglamentación que rige determinados ámbitos del control de fronteras, como la consulta sistemática de las bases de datos durante los controles fronterizos y el control riguroso de las condiciones de entrada exigidas;

CX.

Considerando que el ataque frustrado de 21 de agosto de 2015 en el tren Thalys, los atentados perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015 y los atentados de Bruselas del 22 de marzo de 2016 han demostrado que, en un número limitado de casos, los terroristas han abusado de sus deficiencias en las políticas de gestión de fronteras de la Unión y de varios Estados miembros, que no estaban preparados para una afluencia masiva; que, según las autoridades policiales, al menos ocho de los autores de estos ataques entraron en la Unión en flujos irregulares en los meses de julio, agosto y octubre de 2015; que, en otros casos, los futuros autores permanecieron en los Estados miembros a pesar de estar obligados a marcharse o a retornar; que esto demuestra determinadas deficiencias en las políticas de gestión de fronteras de la Unión y su aplicación a escala de los Estados miembros;

CY.

Considerando que en las Conclusiones del Consejo 10152/17 se recomienda a los Estados miembros que, ante los migrantes irregulares, realicen controles, según el caso, a nivel nacional en las bases de datos alimentadas y utilizadas por las autoridades competentes y en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) nacional, a nivel europeo e internacional en las bases de datos del SIS, Europol, VIS, Eurodac e Interpol (red I-24/7) y más específicamente en las bases de datos nominales y la base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos (SLTD), la de combatientes terroristas extranjeros y la de documentos de viaje relacionados con notificaciones (TDAWN);

CZ.

Considerando que, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1168/2011 y el dictamen favorable del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) puede procesar datos personales; que, no obstante, Frontex tiene dificultades para hacer un seguimiento del terrorismo debido al breve período de retención de datos personales establecido por el Reglamento (UE) 2016/1624, que es solo de 90 días; que entre Eurojust y Frontex solo existe un memorando de entendimiento que incluye el intercambio de información general, estratégica y técnica, pero no el intercambio de información personal; que existe la necesidad de un marco jurídico específico para que Frontex procese datos personales para cumplir sus cometidos;

DA.

Considerando que es necesario que los funcionarios de Frontex también accedan a las bases de datos de Eurodac, SIS, SES y VIS en los pasos fronterizos para realizar controles;

DB.

Considerando que actualmente no existen normas mínimas o normas comunes para la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación;

DC.

Considerando que tres cuartas partes de los documentos fraudulentos detectados en las fronteras exteriores y en la Unión reproducen documentos de identidad expedidos por los Estados miembros y los países asociados con el espacio Schengen; que los documentos de identidad nacionales con un menor grado de seguridad son los documentos falsos detectados con mayor frecuencia;

DD.

Considerando que algunos Estados miembros no obligan a las compañías aéreas a realizar en su territorio controles de conformidad de los datos personales de los pasajeros en su billete y en su documento de identidad o pasaporte, lo que dificulta determinar si la identidad indicada coincide con la verdadera identidad de la persona; que este asunto es de capital importancia para los vuelos dentro de la Unión; que, no obstante, los controles de identidad y la autenticación de los documentos de viaje deben seguir siendo competencia de las autoridades policiales;

DE.

Considerando que las pruebas obtenidas en el campo de batalla a menudo son fundamentales para identificar a posibles combatientes terroristas extranjeros y víctimas, y deben incluirse en las bases de datos pertinentes a fin de llegar a los guardias fronterizos en tiempo real y ser compartidas con los investigadores y fiscales para las investigaciones y enjuiciamientos;

DF.

Considerando que varios Estados miembros no han ratificado todavía el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, de 16 de mayo de 2005, conocido como «Convenio de Varsovia», que constituye el convenio internacional más completo sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; que la confiscación de activos generados por actividades delictivas es una herramienta muy eficiente para combatir la delincuencia y el terrorismo, dado que priva a los delincuentes de los ingresos recaudados en sus actividades ilegales y evita que los terroristas organicen atentados; que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece las normas globales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y señala las competencias jurisdiccionales cuyas medidas vigentes son deficientes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

DG.

Considerando que la Unión ha adoptado dos instrumentos legislativos para aplicar las recomendaciones del GAFI, a saber, la 4.a y la 5.a Directiva contra el blanqueo de capitales, con el fin de colmar las lagunas detectadas a la luz de los ataques terroristas; que los Estados miembros tenían de plazo hasta el 26 de junio de 2017 para transponer la Directiva contra el blanqueo de capitales a su legislación nacional, pero que no todos lo han hecho; que varios Estados miembros siguen permitiendo que los propietarios beneficiarios últimos de fideicomisos, fundaciones y sociedades constituidas se mantengan en el anonimato, al igual que acciones al portador que facilitan la ocultación del origen y el destino de los flujos financieros y la propiedad de actividades económicas que dan cobertura a la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada; que la 5a Directiva contra el blanqueo de capitales aumentará la transparencia en estas cuestiones;

DH.

Considerando que la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo destinada a investigar las supuestas infracciones y casos de mala administración en la aplicación de la legislación de la Unión relativa al blanqueo de capitales y elusión y evasión fiscales (Comisión PANA) verificó la manera en que los evasores fiscales cuentan con la ayuda activa de intermediarios profesionales, que aparentemente cumplen las obligaciones legales pertinentes;

DI.

que, en julio de 2017, se concedió a la Comisión Europea y a Europol el estatuto de observador del Grupo Egmont, un organismo internacional compuesto por 156 unidades de información financiera, con el objetivo de aumentar la cooperación no solo entre estas unidades, sino también entre otras autoridades competentes;

DJ.

Considerando que los abusos y usos indebidos de la recaudación de fondos en las redes sociales, la financiación por medio de asociaciones caritativas y sin ánimo de lucro, las pequeñas transferencias electrónicas y las tarjetas de prepago figuran entre los métodos de financiación utilizados por Dáesh y otras organizaciones terroristas; que las plataformas de microcréditos se utilizan para facilitar todos estos tipos de operaciones;

DK.

Considerando que, junto con los métodos tradicionales de financiación del terrorismo, como las donaciones privadas, la extorsión, los secuestros para exigir un rescate, el abuso y uso indebido de las organizaciones sin ánimo de lucro, los sistemas de envíos de fondos formales e informales, el uso de la recaudación de actividades delictivas y las transferencias de efectivo o de fondos a través de los bancos, los recientes atentados terroristas han demostrado que los métodos de financiación emergentes por medios electrónicos, métodos de pago en línea como las monedas virtuales o las tarjetas de prepago anónimas y los sistemas de transferencias de valor no oficiales también plantean un riesgo de utilización indebida por las organizaciones terroristas para financiar sus actividades; que el anonimato que rodea a determinadas criptomonedas está provocando un aumento de su uso para actividades ilegítimas; que el uso de criptomonedas por delictivos organizados para financiar las actividades delictivas y el terrorismo y para blanquear el producto de la delincuencia ha aumentado en los últimos años; que Europol ha colaborado con las autoridades nacionales para desmantelar varias operaciones delictivas que implicaron el comercio de criptomonedas;

DL.

Considerando que, en algunos países con sistemas bancarios menos desarrollados, el uso frecuente de los servicios de banca móvil dificulta a menudo la identificación de los beneficiarios de las transferencias de efectivo; que dichas transferencias de fondos mediante la banca móvil presentan altos riesgos para la financiación del terrorismo y que, al contrario, los servicios competentes deben poder acceder a la rastreabilidad de determinada financiación del terrorismo sin toparse con el secreto bancario en la inmensa mayoría de los casos; que el uso y transferencia de fondos por medio de sistemas de envío alternativos también presentan un riesgo de financiación del terrorismo;

DM.

Considerando que la cooperación y el intercambio de información entre las entidades obligadas, las unidades de inteligencia financiera y las autoridades competentes son fundamentales para luchar eficazmente contra la financiación del terrorismo; que las unidades de inteligencia financiera, en el desempeño de sus funciones, deben tener acceso a la información y poder proceder al intercambio de la misma, por medio, entre otros medios, de una cooperación apropiada con las autoridades policiales; que resulta esencial seguir aumentando la eficacia y la eficiencia de las unidades de inteligencia financiera haciendo que los Estados miembros aclaren sus competencias y las modalidades de cooperación entre ellos;

DN.

Considerando que el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo es una herramienta útil para luchar contra la financiación del terrorismo; que no permite rastrear las actividades de financiación del terrorismo que utilizan operaciones SEPA, lo que genera importantes lagunas en la información; que un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo complementario del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo en vigor mejoraría la capacidad de la Unión para prevenir e investigar atentados terroristas al proporcionar información clave adicional sobre actividades de financiación del terrorismo y sería más eficiente y eficaz que buscar información financiera sobre transacciones sospechosas mediante información bilateral o multilateral o solicitudes de asistencia jurídica; que el Parlamento ha pedido en numerosas ocasiones el establecimiento de este sistema, en particular en su Resolución de 25 de noviembre de 2015 sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas (10);

DO.

Considerando que los incidentes en infraestructuras críticas, en particular los relacionados con atentados terroristas o intentos de atentados, pueden tener consecuencias transfronterizas y graves para la seguridad de los ciudadanos y de los Estados europeos;

DP.

Considerando que los servicios se prestan a través de sistemas cada vez más complejos, lo que hace que el enfoque sectorial actual de las infraestructuras críticas europeas sea obsoleto;

DQ.

Considerando que los ciberataques a los servicios electrónicos o a sistemas interconectados son un componente fundamental de las amenazas híbridas; que un aumento en el número de ataques cibernéticos tiene, o puede tener, efectos físicos en las infraestructuras críticas y en sus usuarios; que es necesario aumentar la disponibilidad para combatir las amenazas ciberterroristas;

DR.

Considerando que la evaluación exhaustiva por la Comisión de la política de seguridad de la Unión y el estudio de evaluación de la Directiva 2008/114/CE indican que es probable que la amenaza a las infraestructuras críticas siga aumentando, que existe la necesidad de mejorar la capacidad de preparación y respuesta y de revisar la Directiva 2008/114/CE, y que existe un interés en focalizar las infraestructuras de transporte; que se necesita un marco mejor para aumentar la seguridad ferroviaria y abordar la cuestión de la protección de las áreas públicas de las infraestructuras de transporte, tales como los aeropuertos, los puertos y las instalaciones de transporte marítimo, así como las estaciones ferroviarias y las instalaciones de producción energética, prestando especial atención a las centrales nucleares;

DS.

Considerando que los ataques contra infraestructuras críticas podrían tener consecuencias catastróficas; que los Estados miembros deben asegurar una protección adecuada e infalible de estas instalaciones;

DT.

Considerando que la notificación de incidentes es fundamental para identificar las deficiencias, mejorar la eficacia de las medidas existentes, evaluar el rendimiento de las infraestructuras críticas durante un acontecimiento perturbador, sensibilizar sobre la necesidad de revisar los planes de seguridad existentes y detectar la aparición de nuevas amenazas;

DU.

Considerando que los Estados miembros deben organizar más ejercicios de respuesta a las crisis, también en terceros países que aspiran a cooperar y a mejorar sus capacidades;

DV.

Considerando que la protección y securización de las infraestructuras críticas y los blancos fáciles exigen una estrecha cooperación público-privada, incluso en el ámbito cibernético;

DW.

Considerando que los servicios de seguridad privada desempeñan un papel a la hora de garantizar cadenas de seguridad resilientes, y que la contratación pública de sus servicios debe someterse, por lo tanto, a criterios de calidad específicos en lo referente a aspectos como la formación, la investigación y el control del personal, el control de calidad y la garantía de cumplimiento, la aplicación de avances tecnológicos y la gestión de los contratos;

DX.

Considerando que, tras la evaluación de 2012 de la Directiva 2008/114/CE, la Comisión puso en marcha una fase piloto en la que participaron cuatro infraestructuras críticas de dimensión europea (Eurocontrol, Galileo, la red de electricidad y la red de transporte de gas natural);

DY.

Considerando que la Comisión, en su comunicación sobre el nuevo marco financiero plurianual, propone aumentar significativamente la financiación de la seguridad y la defensa por la Unión, incluida la seguridad interior de la Unión;

DZ.

Considerando que se han cometido en la Unión varios atentados terroristas perpetrados por personas conocidas por las autoridades; Considerando que las empresas de alquiler de vehículos carecen de la capacidad para intercambiar información, como los datos de reserva, con las agencias policiales con el fin de realizar controles cruzados con las listas de vigilancia oficiales y las bases de datos policiales;

EA.

Considerando que en 2015 y 2016 se utilizaron explosivos en el 40 % de los atentados terroristas cometidos en la Unión (11);

EB.

Considerando que el explosivo que se utilizó en la mayor parte de los atentados es el triperóxido de triacetona (TATP) (12), un explosivo de fabricación casera que sigue siendo el explosivo de preferencia de los terroristas; que el TATP puede fabricarse muy fácilmente utilizando solo unas pocas sustancias; que muchas fábricas e instalaciones civiles que utilizan esas sustancias siguen siendo accesibles para los delincuentes, incluidos los terroristas, dado que los Estados miembros no han aplicado medidas de ejecución de control, pese al Plan de Acción QBRN de la Unión;

EC.

Considerando que, a pesar del Reglamento (UE) n.o 98/2013, algunos terroristas aún logran hacerse con precursores de explosivos, especialmente para la preparación de TATP; que aún es posible adquirir las sustancias incluidas en el anexo I; que el Reglamento (UE) n.o 98/2013 no prevé suficientes restricciones y controles, al exigir únicamente, por ejemplo, un registro de las transacciones; que es absolutamente prioritario garantizar unos controles más estrictos;

ED.

Considerando que entre los principales problemas relacionados con la aplicación figuran el desconocimiento de la legislación vigente en toda la cadena de suministro, dado el gran número de operadores económicos que intervienen (minoristas de productos de limpieza para el hogar), y hacer cumplir las restricciones aplicables a las ventas en internet, las importaciones y la circulación dentro de la Unión;

EE.

Considerando que la propuesta de la Comisión, de 17 de abril de 2018, de Reglamento sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (COM(2018)0209) establece normas más estrictas y más armonizadas en lo relativo a la puesta en disposición, introducción, posesión y utilización de sustancias o mezclas que puedan utilizarse indebidamente para la fabricación ilícita de explosivos, con objeto de limitar su accesibilidad para el público en general y de garantizar la notificación adecuada de las transacciones sospechosas a lo largo de toda la cadena de suministro;

EF.

Considerando que en los mercados en línea se pueden encontrar las sustancias químicas por su nombre escrito, su fórmula o su número de identificación del Servicio de Resúmenes Químicos (CAS), pero que en muchos casos solo se enumeran por su nombre genérico; que existen tantas variantes de los nombres que sería más fácil identificar las entradas de sustancias específicas si también fuera obligatoria la inclusión de un número CAS de búsqueda;

EG.

Considerando que el Reglamento solo cubre las ventas al público en general, y no a los usuarios profesionales, que no están definidos en el Reglamento; que los criterios para definir quién es un usuario profesional difieren en el mercado interior;

EH.

Considerando que, según la evaluación de impacto de 17 de abril de 2018 (SWD(2018)0104) y la propuesta de Reglamento correspondiente (COM(2018)0209), es necesario ampliar la formación impartida a las autoridades aduaneras en lo que respecta al reconocimiento de los explosivos y los precursores de explosivos durante el ejercicio de sus funciones en la frontera exterior;

EI.

Considerando que el acceso a armas de fuego y a componentes de aparatos explosivos desempeña un papel determinante para facilitar atentados terroristas; que, en la Unión, los grupos extremistas violentos a menudo tienen que recurrir a redes delictivas para adquirir armamento; que, según el informe TE-SAT 2018 de Europol, se utilizaron armas de fuego en el 41 % de todos los atentados, lo que supone un ligero aumento en comparación con 2016 (38 %) (13);

EJ.

Considerando que en los últimos años se ha observado un aumento de las armas de fogueo convertidas y de las armas de fuego reactivadas; que recientemente también se han perpetrado varios atentados con diferentes tipos de cuchillos;

EK.

Considerando que la relación entre delincuencia y terrorismo también facilita en mayor medida el acceso de los terroristas a las armas de fuego;

EL.

Considerando que en las Conclusiones del Consejo de 8 de octubre de 2015 se invita a los Estados miembros a que proporcionen sistemáticamente información pertinente a Interpol y Europol;

EM.

Considerando que varias regiones de la vecindad de la Unión, como la región MENA y los Balcanes, se enfrentan a retos importantes, tales como los relacionados con los combatientes terroristas extranjeros y la gestión de los repatriados, así como con las células radicales locales;

EN.

Considerando que los Balcanes siguen siendo una región clave para la estabilidad europea; que los desafíos relacionados con el terrorismo y el extremismo islamista agravan un contexto regional ya debilitado por la polarización étnica, política y social, así como por las redes delictivas; que los países de la región ya han sido blanco del terrorismo (se evitaron los atentados), y que ya se utilizan como países de tránsito para personas y armas;

EO.

Considerando que todos los países de la región MENA se han visto confrontados con importantes acciones terroristas y siguen siendo un blanco fundamental; que, además de pasar por situaciones sociales y económicas críticas, estos países también pueden tener que hacer frente a múltiples retos relacionados con el retorno de los combatientes terroristas extranjeros de Dáesh y Al-Qaeda, habida cuenta del gran número de yihadistas procedentes de esta región; que el intercambio de información y una asociación sólida con estos terceros países clave, a través de un enfoque coordinado de la Unión que ofrezca cooperación y asistencia en forma de desarrollo de capacidades, permiten desbaratar ataques y desmantelar redes terroristas;

EP.

Considerando que las regiones como MENA, el Sahel, el Cuerno de África, África Occidental, el Golfo y Asia Central también han experimentado el desarrollo de redes terroristas vinculadas a Dáesh y Al-Qaeda; que el extremismo religioso y la violencia sectaria que se benefician de la financiación son un motivo de grave preocupación, ya que permiten a las redes terroristas expandirse, vincularse con otras empresas delictivas y actuar en esas regiones tomando a Europa y los intereses europeos como objetivo;

EQ.

Considerando que la financiación de Dáesh y otros grupos terroristas ha sido posible gracias a la complicidad activa o pasiva de determinados Estados, incluidos los llamados aliados de la Unión en la lucha contra el terrorismo, pero también de agentes privados;

ER.

Considerando que es crucial que la Unión mantenga una sólida cooperación con los terceros países socios en la lucha contra el terrorismo; que debe mantenerse el diálogo sobre las medidas y las acciones emprendidas para luchar contra el terrorismo y su financiación , incluida la plena aplicación de las recomendaciones formuladas por el GAFI, y prevenir la radicalización, en particular con los países del Golfo; que la cooperación interparlamentaria con estos terceros países clave es uno de los instrumentos que deben reforzarse;

ES.

Considerando que la Unión coopera con terceros países en la lucha contra el terrorismo de diversas formas; que se pueden utilizar varios instrumentos de la Unión para financiar programas de lucha contra el terrorismo en el extranjero; que la Unión ha establecido una red de expertos en lucha antiterrorista dentro de las delegaciones de la Unión; que las agencias de la Unión como Europol, Eurojust y CEPOL también cooperan con terceros países en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo mediante acuerdos estratégicos y operativos;

ET.

Considerando que existe un sistema de sanciones de la Unión en el ámbito de la lucha contra el terrorismo que comprende tres tipos de medidas y es aplicado por el SEAE; que este sistema es incompleto y está infrautilizado debido a limitaciones de procedimiento y a la reticencia de los Estados miembros;

EU.

Considerando que las Conclusiones del Consejo sobre la acción exterior de la UE en materia de lucha contra el terrorismo, aprobadas el 19 de junio de 2017, recuerdan el papel que desempeñan las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) en la lucha contra el terrorismo mediante el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad, el control de las fronteras y la reforma del sector de la seguridad, así como a la hora de desarrollar capacidades en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y el intercambio de información;

EV.

Considerando que son demasiadas las personas que han sido víctimas directas del terrorismo en toda la Unión, que ha dejado a miles de familias con enfermedades postraumáticas que afectan a su bienestar a largo plazo; que no existen cifras armonizadas sobre el número exacto de víctimas; que, antes de 2001, el IRA y ETA eran los principales responsables de la mayoría de las víctimas del terrorismo, pero desde entonces la mayoría de las muertes se ha debido a acciones terroristas organizadas o inspiradas por Al-Qaeda y Dáesh;

EW.

Considerando que las muertes provocadas por atentados terroristas destruyen familias y que muchos de los supervivientes heridos de atentados terroristas sufren discapacidades, desfiguración, pérdida de extremidades y problemas psicológicos que les cambian la vida, y que su difícil situación tiene graves consecuencias para sus familiares cercanos y su comunidad, mientras que, con demasiada frecuencia, una vez que ha pasado la atención de los medios de comunicación se olvidan las necesidades a largo plazo de las víctimas; que el síndrome de estrés postraumático es un importante problema de salud pública en Europa; que no existen cifras globales a escala europea del impacto del terrorismo en la salud mental de la población tras los distintos atentados;

EX.

Considerando que las víctimas del terrorismo tienen una posición muy específica y que atender sus necesidades no es solo una obligación legal en virtud de la legislación nacional, internacional y de la Unión sino también una responsabilidad para todas nuestras sociedades; que los recientes atentados cometidos en la Unión han provocado víctimas pertenecientes a un gran número de diferentes Estados miembros;

EY.

Considerando que, a escala europea, no existe un estatuto jurídico definido para las víctimas del terrorismo a los efectos de acceder a los servicios comunitarios o derechos de compensación; que las víctimas de los recientes atentados terroristas cometidos en Europa aún carecen de justicia, de un tratamiento adecuado, de servicios de apoyo a las víctimas y de ayuda financiera; que las víctimas del terrorismo corren el riesgo de sufrir una victimización secundaria que les afecte no solo en los procedimientos judiciales, sino también en las múltiples interacciones que entablan con otras entidades estatales y no estatales;

EZ.

Considerando que todavía existen discrepancias en la forma en que se han traducido en procedimientos a nivel nacional las disposiciones contenidas en la Directiva 2012/29/UE (14); que la Comisión aún no ha presentado su informe sobre la aplicación de esta Directiva; que el Parlamento Europeo aprobó el 30 de mayo de 2018 una resolución sobre la aplicación de esta Directiva (15);

FA.

Considerando que la indemnización de las víctimas del terrorismo constituye tanto una forma de reconocimiento por parte de la sociedad del daño causado por el atentado como un medio de ayuda financiera y de restitución; que los niveles y procedimientos de indemnización varían considerablemente entre los Estados miembros, lo que agrava la percepción de injusticia por parte de las víctimas y su sufrimiento;

FB.

Considerando que deben crearse sistemas de apoyo que garanticen que se represente y se preste ayuda de manera continua y sistemática también a las víctimas transfronterizas en su país, al tiempo que permanecen en contacto con los servicios de apoyo en el país donde tuvo lugar el atentado;

FC.

Considerando que Eurojust ha facilitado la ejecución de solicitudes de asistencia judicial para coordinar y prestar ayuda en el ejercicio de los derechos de las víctimas del terrorismo, teniendo en cuenta los diferentes derechos y papeles de las víctimas extranjeras en sus sistemas jurídicos nacionales;

FD.

Considerando que las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, también pueden sufrir daños provocados por el terrorismo, como daños materiales y la interrupción de la actividad comercial;

FE.

Considerando que el Parlamento ha presentado un proyecto piloto para crear un «Centro europeo de coordinación para las víctimas del terrorismo» que reuniría a expertos operativos clave, defensores de las víctimas y organizaciones pertinentes de toda Europa con el fin de determinar las prioridades y problemas clave para las víctimas del terrorismo y proporcionar apoyo coordinado a través de las fronteras;

FF.

Considerando que la Unión Europea desempeña un papel necesario en la promoción del respeto de los valores democráticos, incluidos el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; que, sin embargo, en la Unión existen prácticas y opiniones religiosas y políticas extremistas que son rotundamente contrarias a esos valores;

FG.

Considerando que no hay conflicto, sino complementariedad y refuerzo mutuo, entre las medidas antiterroristas y la protección de las libertades; que se deben garantizar y proteger los derechos fundamentales para todas y cada una de las personas, y que todas las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo deben afectar lo menos posible a la población inocente y no implicada;

FH.

Considerando que las medidas de lucha contra el terrorismo han de garantizar siempre plenamente todos los principios y derechos fundamentales, incluidos los relacionados con la protección de la intimidad y los datos, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como las garantías procesales, como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a la información, garantizando que las personas dispongan de recursos eficaces para hacer frente a cualquier violación de sus derechos fundamentales, incluida la posibilidad del recurso judicial, y que se respete el acervo de la Unión en materia de derechos procesales; que esas medidas deben tener debidamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

FI.

Considerando que es fundamental que las investigaciones en materia de lucha contra el terrorismo mantengan unos niveles elevados de profesionalidad y que todas las medidas aplicadas sean específicas, proporcionadas y necesarias; que las políticas en materia de lucha contra el terrorismo no deben provocar la exclusión y estigmatización social; que se podría pedir a la Agencia de los Derechos Fundamentales que presente un dictamen sobre la legislación en materia de lucha contra el terrorismo en el contexto de su marco plurianual;

FJ.

Considerando que el personal policial y judicial está en primera línea en las operaciones de lucha contra el terrorismo; que existen múltiples casos documentados en los que los agentes policiales y judiciales y sus familias han sido el blanco de acciones y amenazas por parte de extremistas violentos, y que algunos de estos casos han culminado con ataques físicos violentos e incluso homicidios; que es sumamente importante el apoyo político y público al personal policial y judicial que protege los derechos fundamentales en las investigaciones en materia de lucha contra el terrorismo exponiendo su vida;

FK.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe la discriminación por razón de discapacidad y reconoce el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad; que los derechos de las personas con discapacidad en la Unión también están protegidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

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