—

Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 5, apartado 3, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio institucional en la Unión Europea (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados — Un programa de la UE» (COM(2015)0215 final),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2) y, en particular, su artículo 41,

—

Visto el Pacto de Ámsterdam por el que se establece la Agenda Urbana de la UE, acordado por los ministros de la Unión responsables de asuntos urbanos el 30 de mayo de 2016,

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE (3),

—

Visto el Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 2014, titulada «La dimensión urbana de las políticas de la UE: elementos clave de una agenda urbana para la UE» (COM(2014)0490),

—

Vista la Declaración en relación con la Agenda Urbana de la UE, acordada por los ministros responsables de la cohesión territorial y las cuestiones urbanas el 10 de junio de 2015,

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa (5),

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea (6),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 24 de junio de 2016, sobre una Agenda Urbana de la UE,

—

Vista la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, acordada durante la reunión informal de ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial, celebrada los días 24 y 25 de mayo de 2007 en Leipzig,

—

Vista la Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito (Ecuador) el 20 de octubre de 2016,

—

Visto el informe de 2016 de la Comisión sobre la situación de las ciudades europeas,

—

Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático (7);

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0203/2018),

A.

Considerando que el Tratado de Maastricht instituyó el Comité Europeo de las Regiones, dando así a las ciudades —a través de su representación en el Comité— un papel consultivo en el proceso de toma de decisiones de la Unión;

B.

Considerando que el Comité de las Regiones cumple esta función realizando una serie de actividades destinadas a fomentar el diálogo y la participación activa en el proceso de toma de decisiones de la Unión;

C.

Considerando que el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad otorga poderes al Comité Europeo de las Regiones para interponer recursos, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si no se respetan los principios de subsidiariedad o proporcionalidad en el caso de actos legislativos para cuya adopción el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiera su consulta; que las ciudades, de este modo, disponen de un instrumento útil para la defensa de sus intereses en la Unión Europea;

D.

Considerando que es necesario distinguir entre los representantes de las ciudades consagrados en los Tratados, como los miembros del Comité de las Regiones, y las asociaciones que representan los intereses de las ciudades;

E.

Considerando que la mayor parte de la población de la Unión (más del 70 %) vive en zonas urbanas;

F.

Considerando que el proceso de desterritorialización del poder, inherente a la globalización, no puede prescindir de redes de ciudades europeas en las que se cree y se persiga el interés de los ciudadanos de la Unión;

G.

Considerando que la mayor parte de las políticas y de la legislación de la Unión se aplica a nivel local y regional, así como a nivel de las ciudades, y que hoy en día se extienden a casi todos los ámbitos políticos, económicos y sociales;

H.

Considerando que la arquitectura institucional de la Unión se basa en el principio de la gobernanza multinivel y en el principio de subsidiariedad;

I.

Considerando que la Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa, aprobada por el Comité de las Regiones, hace referencia a la estrecha relación entre la colaboración leal en la asociación entre la Unión Europea, los Estados miembros y las autoridades locales y regionales, y la legitimidad y responsabilidad equitativas en todos los niveles de gobierno y administrativos en sus respectivos ámbitos de competencia;

J.

Considerando que el Comité de las Regiones creó la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad para facilitar el intercambio de información entre las autoridades locales y regionales de la Unión y las instituciones de la Unión, en relación con los documentos y las propuestas legislativas de la Comisión que repercuten directamente sobre los entes locales y regionales;

K.

Considerando que, en su Resolución de 12 de diciembre de 2017, pedía a la Comisión que, al objeto de reforzar la ciudadanía de la Unión y su ejercicio, alentara a las autoridades locales a nombrar concejales responsables de asuntos europeos, ya que el nivel local es el más próximo a los ciudadanos;

L.

Considerando que la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles emplea el término «ciudades europeas»;

M.

Considerando que el Pacto de los Alcaldes ha ayudado a desarrollar estrategias integradas de mitigación y adaptación del cambio climático, a mejorar la eficiencia energética y a hacer un mayor uso de las energías renovables; que dichas iniciativas demuestran cómo la cooperación entre ciudades y el intercambio de las mejores prácticas pueden ayudar a alcanzar los objetivos políticos de la Unión;

N.

Considerando que, de acuerdo con la Carta de Leipzig, las ciudades europeas se consideran «entes valiosos e irreemplazables económica, social y culturalmente» y deberían asumir responsabilidad por la cohesión territorial, a la vez que, según una de las principales conclusiones del informe de 2016 de la Comisión sobre la situación de las ciudades europeas, las ciudades son fundamentales para alcanzar los principales objetivos económicos, sociales y medioambientales de la Unión; que, por consiguiente, se debe conceder a las ciudades un papel clave en la política de cohesión;

O.

Considerando que la Carta de Leipzig reconoce la obligación de los ministros responsables de los Estados miembros de fomentar una organización territorial equilibrada basada en una estructura urbana europea policéntrica, y que en ella se afirma que las ciudades deben ser los principales centros del desarrollo de las regiones urbanas y deben asumir la responsabilidad de la cohesión territorial;

P.

Considerando que la Agenda Urbana de la UE («Pacto de Ámsterdam»), a la vez que confirma su total respeto del principio de subsidiariedad y de las competencias de conformidad los Tratados de la UE, constituye una plataforma de cooperación entre los Estados miembros, las regiones, las ciudades, la Comisión, el Parlamento, los órganos consultivos de la Unión y otras partes interesadas en el contexto de las asociaciones, con vistas a aportar una contribución informal a la elaboración y la revisión de la legislación vigente y futura de la Unión;

Q.

Considerando que el ámbito de la Agenda Urbana abarca en particular un pilar sobre la mejora de la legislación centrado en una aplicación más eficaz y coherente de las políticas, la legislación y los instrumentos legales de la Unión, sin tener como objetivo la elaboración de nueva legislación;

R.

Considerando que la Comisión pide a las autoridades locales que, en el marco del paquete denominado «Legislar mejor» y sobre una base ad hoc, participen en las evaluaciones de impacto territorial de las futuras propuestas legislativas;

S.

Considerando que, en sus Conclusiones de 24 de junio de 2016, el Consejo celebraba el Pacto de Ámsterdam e invitaba a la Comisión, a los Estados miembros, a las autoridades locales y regionales y al Parlamento Europeo, entre otros, a adoptar medidas adicionales en este contexto, y pedía al Parlamento Europeo que tuviera en cuenta los resultados y las recomendaciones de las asociaciones, tras la elaboración de orientaciones por los directores generales responsables de asuntos urbanos, en el marco del orden del día de las comisiones competentes, cuando examinen la correspondiente legislación de la Unión, nueva y en vigor;

T.

Considerando que la misma Agenda Urbana encarga a la Comisión, entre otras cosas, que tenga en cuenta los resultados y las recomendaciones de las asociaciones cuando elabore o revise la legislación, los instrumentos y las iniciativas, y que colabore con las autoridades urbanas y las organizaciones que les representan a través de las diversas posibilidades existentes de consulta e información al elaborar nuevas iniciativas políticas y legislativas y al evaluar las estrategias, políticas y legislación existentes en la Unión;

U.

Considerando que los nuevos retos mundiales que plantean la seguridad y la inmigración, el cambio demográfico y el desempleo juvenil, así como los retos relativos a la calidad de los servicios públicos, al acceso a energía limpia y asequible, a las catástrofes naturales y a la protección del medio ambiente requieren respuestas locales y, por tanto, un mayor compromiso de las ciudades a la hora de definir y aplicar las políticas de la Unión;

V.

Considerando que el valor de las ciudades europeas deriva también del hecho de que albergan una parte importante del patrimonio cultural de Europa;

W.

Considerando que las ciudades representan el nivel político que mejor conocen los ciudadanos y que, por lo tanto, disponen de un gran potencial como lugares en los que los ciudadanos pueden participar en debates constructivos, para lo cual la experiencia del Comité de las Regiones en la organización de los diálogos con los ciudadanos, en colaboración con los socios locales y regionales, ofrece perspectivas prometedoras;

X.

Considerando que, con el telón de fondo de las exigencias políticas surgidas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París sobre el cambio climático, las ciudades han reforzado su capacidad de desarrollar soluciones e instrumentos políticos innovadores por el bien de la sostenibilidad social, ecológica y económica y de los sistemas comerciales justos, así como de interconectarse para su aplicación, más allá de los formatos disponibles, tanto dentro de la Unión como a nivel internacional;

Y.

Considerando que la declaración sobre una Agenda Urbana de la UE, aprobada por los ministros de la Unión responsables de cohesión territorial y de asuntos urbanos en junio de 2015, reconoce el importante papel del Comité de las Regiones, Eurocities y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), a la hora de expresar los intereses de las zonas urbanas;

Z.

Considerando que las ciudades pueden ofrecer una oportunidad para aprovechar el potencial de la ciudadanía europea y para reforzarlo mediante el fomento de la ciudadanía activa, a partir del reconocimiento de que las ciudades pueden aplicar las estructuras de intermediación entre la Unión y sus ciudadanos de una forma más eficiente;

AA.

Considerando que la participación de las ciudades en las políticas de la Unión contribuye a aumentar la responsabilización local de los procesos de la Unión, a mejorar la gobernanza a través de una democracia europea más participativa, a mejorar la capacidad administrativa y la calidad de los servicios públicos a escala de toda la Unión, contribuyendo así a la aplicación del derecho a una buena administración, de conformidad con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

AB.

Considerando que es importante implicar a las autoridades locales y regionales en la fase más temprana posible del proceso de toma de decisiones y potenciarlas como parte integrante de las evaluaciones de impacto territorial;

AC.

Considerando que las formas actuales de participación de las ciudades siguen siendo insatisfactorias desde el punto de vista del impacto deseado en la definición y la aplicación de las políticas y la legislación de la Unión; que dicho impacto será mayor si las ciudades se asocian en redes basadas en afinidades históricas, geográficas, demográficas, económicas, sociales y culturales;

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Vista la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (1),

—

Vista la Directiva del Consejo 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (2),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Vivir mañana. La impresión en 3D: una herramienta para reforzar la economía europea» (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, titulada «Un sistema equilibrado de garantía de cumplimiento en materia de propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales actuales» (COM(2017)0707),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, titulada «Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual» (COM(2017)0708),

—

Visto el documento de reflexión de la Comisión, de 10 de mayo de 2017, sobre el encauzamiento de la globalización (COM(2017)0240),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0223/2018),

A.

Considerando que la impresión en tres dimensiones (impresión 3D) se ha hecho accesible al gran pública con la comercialización de impresoras 3D destinadas a los particulares y la llegada al mercado de agentes que proponen a la vez modelos digitales y serviciosdeimpresión3D;

B.

Considerando que la impresión 3D se ve como una de las tecnologías más importantes, con respecto a las cuales Europa puede desempeñar un papel protagonista; que la Comisión reconoció los beneficios de la impresión 3D mediante el patrocinio de 21 proyectos basados en esta tecnología en el marco del programa Horizonte 2020 entre 2014 y 2016;

C.

Considerando que, a nivel experimental, la impresión 3D surgió en la década de 1960, y que esta tecnología que se desarrolló en los Estados Unidos, empezó a introducirse en el mundo industrial a principios de la década de 1980;

D.

Considerando que el mercado de las impresoras 3D es un sector que está experimentando un rápido crecimiento, y se espera que siga siendo así en los próximos años;

E.

Considerando que el desarrollo de espacios comunitarios de impresión 3D, a menudo denominados «Fab Lab», así como de servicios de impresión a distancia, en ocasiones asociados a una plataforma de intercambio de archivos 3D en línea, permite que cada cual pueda encargar la impresión de un objeto en 3D, lo que representa una baza para los inventores y los promotores de proyectos;

F.

Considerando que la impresión 3D tiene un enorme potencial para transformar las cadenas de suministro en la fabricación que puede ayudar a Europa a aumentar los niveles de producción. La aplicación de esta tecnología brinda nuevas oportunidades para la innovación y el desarrollo empresarial;

G.

Considerando que la Unión ha incluido esta tecnología entre los ámbitos tecnológicos prioritarios; que la Comisión la menciona en su reciente documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización como uno de los principales factores que darán lugar a la transformación industrial;

H.

Considerando que la Comisión ha señalado la impresión en 3D como ámbito prioritario de actuación que posee un potencial económico relevante, en particular para las pequeñas empresas innovadoras; que ya son muchos los países que han reconocido el potencial de transformación que entraña la impresión en 3D y han empezado a adoptar, aunque sea de forma desigual, diferentes estrategias para crear un ecosistema económico y tecnológico que favorezca su desarrollo;

I.

Considerando que la realización de prototipos, por el momento, supone todavía hoy la mayor parte de las producciones realizadas en impresión 3D; que algunas industrias llevan ya muchos años utilizando las piezas finales, y que el mercado de tales piezas sigue creciendo a un ritmo relativamente elevado; que una proporción cada vez mayor de productos que se realizan en impresión 3D está constituida por artículos listos para utilizarse o comercializarse en lugar de meros prototipos;

J.

Considerando que las ventajas potenciales de la impresión 3D son numerosas para las compañías de innovación. que, en particular, la impresión 3D les permite reducir sus costes generales cuando se desarrollan, diseñan y prueban nuevos productos o se mejoran los existentes;

K.

Considerando que el uso de la impresión 3D se está generalizando cada vez más en la sociedad, especialmente en el ámbito de la educación, en foros de ciudadanos y empresas emergentes (por ejemplo, en los espacios de creación y colaboración denominados «maker spaces»), así como en la esfera privada;

L.

Considerando que la impresión 3D se está volviendo más sencilla y accesible a todos los públicos; considerando que se espera que en un corto período de tiempo se reduzcan significantemente las limitaciones en los materiales que puedan utilizarse, su velocidad y su consumo de materias primas, así como de energía;

M.

Considerando que la mayor parte de las industrias punteras utilizan ya esta tecnología, que las oportunidades de uso de la impresión 3D se han incrementado considerablemente, que las expectativas son importantes en múltiples ámbitos, como por ejemplo y sin limitarse a ellos, la medicina, la aeronáutica, la automoción, el sector aeroespacial, los electrodomésticos, la construcción, la investigación arqueológica, la arquitectura, la ingeniería mecánica, la industria del ocio o incluso el diseño;

N.

Considerando que la falta de normas ha limitado la utilización de la impresión 3D en sectores industriales clave, como, por ejemplo, el aeroespacial y el médico/odontológico y regular el uso de las impresoras 3D ayudará a aumentar el uso de tecnologías y ofrecerá oportunidades de investigación y desarrollo;

O.

Considerando que, en el mencionado Dictamen del Comité Económico y Social Europeo se afirma que, con la ayuda de la revolución digital «con una tecnología de fabricación avanzada adecuada, Europa podría recuperar los niveles de producción en las regiones con sueldos más bajos a fin de estimular la innovación y crear un crecimiento sostenible a nivel interno»;

P.

Considerando que la impresión 3D contribuiría a disminuir, al mismo tiempo, los gastos de transporte y las emisiones de CO2;

Q.

Considerando que la tecnología de impresión 3D debería tener un efecto positivo en la creación de un mayor número de nuevos empleos cualificados, menos exigentes y menos peligrosos en algunos casos (técnicos de mantenimiento, ingenieros, diseñadores, etc.), lo que, con la creación de nuevos puestos técnicos (por ejemplo, operadores de impresoras 3D) daría origen a nuevas responsabilidades y requeriría que el sector de la impresión 3D ofreciese la formación adecuada con el fin de que los técnicos alcancen el mismo nivel que sus homólogos del sector manufacturero tradicional; que la tecnología de impresión 3D reducirá también los costes de producción y de almacenamiento (fabricación de bajo volumen y personalizada, etc.); que, no obstante, la reducción de puestos de trabajo en el sector de la fabricación afectará considerablemente a la economía de los países que cuentan con un gran número de empleos de baja cualificación;

R.

Considerando que, en la actualidad, no es posible medir el impacto económico preciso que tendrá el desarrollo de la industria de la impresión 3D en los distintos Estados miembros de la Unión;

S.

Considerando que la impresión 3D podría brindar al consumidor la posibilidad de responder a la obsolescencia programada fabricando él mismo piezas de repuesto de aparatos electrodomésticos cuya vida útil es cada vez más corta;

T.

Considerando que la tecnología de impresión 3D puede plantear algunas inquietudes específicas, de orden jurídico y ético, tanto en los ámbitos del derecho de propiedad intelectual, tales como los derechos de autor, las patentes, el diseño, las marcas tridimensionales e incluso las indicaciones geográficas, como de la responsabilidad civil, y que estas inquietudes además son competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento;

U.

Considerando que las nuevas tecnologías pueden escanear objetos o personas y generar archivos digitales que luego se pueden imprimir en 3D, y esto puede afectar los derechos de imagen y el derecho a la privacidad;

V.

Considerando que la tecnología de impresión 3D puede plantear asimismo inquietudes relativas a la seguridad y en particular a la ciberseguridad, especialmente en relación con la fabricación de armas, explosivos o drogas o de cualquier otro objeto peligroso, y que conviene extremar la vigilancia frente a este tipo de producciones;

W.

Considerando que, desde el punto de vista de los derechos de autor, cabe hacer algunas distinciones útiles: por ejemplo, entre la impresión en casa para uso privado de la impresión para uso comercial, así como el suministro entre profesionales del suministro entre profesionales y consumidores;

X.

Considerando que el «Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique français» (Consejo Superior de la propiedad literaria y artística francés) estimó, en un informe sobre la impresión 3D y los derechos de autor, que la democratización de la impresión 3D no parece, hasta la fecha, provocar problemas graves de violación de los derechos de autor; que en dicho informe se admite, con todo, que el riesgo de falsificación recae principalmente en las obras de artes plásticas;

Y.

Considerando que los pocos ejemplos que pueden ser contemplados actualmente se volverán probablemente más complejos mientras la tecnología evolucione; y plantean la cuestión de lo que necesita hacerse para abordar la posibilidad de falsificación utilizando las tecnologías de impresión 3D;

Z.

Considerando que la impresión 3D, por los procedimientos de que se sirve, conlleva lo que el sector ha descrito como una suerte de «desmembramiento del acto de creación», en la medida en que la obra puede circular en estado digital antes de tener forma física, lo que facilita su copia y complica la lucha contra la falsificación;

AA.

Considerando que, puesto que a fin de cuentas los expertos jurídicos consideran que la impresión 3D no ha alterado en lo fundamental los derechos de propiedad intelectual, el archivo creado puede considerarse una obra y que, llegado el caso, deberá ser protegido como tal; que, a corto y a medio plazo, y para luchar contra la falsificación, el principal reto consiste en garantizar una participación más estrecha de los intermediarios profesionales en la protección de los derechos de autor;

AB.

Considerando que, si el desarrollo de la impresión 3D hace posible una producción industrial, se debe estudiar la necesidad de crear recursos colectivos a fin de garantizar la indemnización de los consumidores perjudicados;

AC.

Considerando que el impacto de la impresión 3D en los derechos de los consumidores y en la legislación en materia de protección del consumidor en general debe estudiarse minuciosamente atendiendo a la directiva actualmente en fase de negociación relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales;

AD.

Considerando que la Directiva 85/374/CEE sobre la responsabilidad en el caso de productos defectuosos abarca todos los contratos; que debe tenerse en cuenta que, debido, entre otras cosas, a los progresos en el ámbito de la impresión 3D, la Comisión Europea ha iniciado una consulta pública destinada a evaluar si dicha directiva es idónea para un uso vinculado a la evolución de las nuevas tecnologías;

AE.

Considerando que las normas en materia de responsabilidad general cubren también la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, tal y como se define en los artículos 12 a 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico; que deberá preverse un régimen específico de responsabilidad para los daños provocados por los objetos creados gracias a la tecnología de impresión 3D, puesto que la multiplicidad de participantes y el complejo procedimiento de fabricación del producto acabado dificultan a menudo a la víctima la identificación del responsable; que la responsabilidad podría recaer en el creador o el vendedor del archivo 3D, el fabricante de la impresora 3D, el fabricante del programa informático utilizado por la impresora 3D, el proveedor del material, o creador mismo del objeto, en función del origen del defecto;

AF.

Considerando que por lo que respecta al uso específico de la impresión 3D en el marco comercial, las normas de responsabilidad vienen por lo general fijadas por las relaciones contractuales entre las partes interesadas;

AG.

Considerando que todos los elementos de la tecnología de fabricación aditiva deben cumplir ciertos requisitos y certificarse para garantizar que es posible fabricar piezas de calidad reproducibles; considerando que la certificación resulta compleja a causa de las numerosas transformaciones de las máquinas, los materiales y los procesos y la ausencia de una base de datos; será por tanto necesario que la elaboración de normas permita una certificación más rápida y rentable de todos los materiales, procesos y productos;

AH.

Considerando que la impresión 3D ha de contribuir a reducir el consumo de energía y recursos naturales con el fin de combatir el cambio climático; que el uso de la impresión 3D minimizaría los residuos de los procesos de producción y alargaría la vida útil de los productos de consumo al permitir la producción de partes de repuesto a nivel del consumidor;

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y otros tratados e instrumentos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2007,

—

Visto el Convenio n.o 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado el 27 de junio de 1989,

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

—

Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales,

—

Vistos los artículos 21, 22 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia aprobado por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012 y el Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019 aprobado por el Consejo el 20 de julio de 2015,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos de 1998,

—

Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre derechos humanos, en particular las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos, y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH),

—

Vistas sus Resoluciones sobre casos de violación de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho,

—

Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul (1),

—

Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre Honduras: situación de los defensores de los derechos humanos (2),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre Tanzania, en particular la cuestión relativa al acaparamiento de tierras (3),

—

Vistos el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2016, y la política de la Unión Europea al respecto (4),

—

Vista la Resolución 69/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 22 de septiembre de 2014, por la que se aprueba el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014 (5),

—

Vista la Resolución 71/178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2016, titulada «Derechos de los pueblos indígenas», en particular su apartado 13, en el que se proclama 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas (6),

—

Visto el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, de 8 de agosto de 2017, sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (7),

—

Vista la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 2014, por la que se establece un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos (8),

—

Vista la elaboración por el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 13 de octubre de 2015, de una Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (9),

—

Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015,

—

Visto el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, aprobado el 22 de mayo de 1992,

—

Vistos el Acuerdo y el Plan de acción de Durban aprobados por el 5.o Congreso Mundial de Parques de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2003 (10),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 19 de octubre de 2004, titulada «Orientaciones de la UE para apoyar los procesos de elaboración y reforma de la política agraria en los países en desarrollo» (COM(2004)0686),

—

Vistas las Directrices voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, respaldadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas el 11 de mayo de 2012 (11),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el Plan de acción de la Unión Europea sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT), aprobado en 2003 (COM(2003)0251), y los acuerdos bilaterales de asociación voluntaria (VPA) FLEGT entre la Unión y los países socios,

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

—

Vistos los principios de Maastricht, formulados el 28 de septiembre de 2011, que aclaran las obligaciones extraterritoriales de los Estados sobre la base del Derecho internacional vigente (12),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de mayo de 2017, sobre los pueblos indígenas (13),

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Vistas las disposiciones sobre derechos humanos contenidas en el Acuerdo de Cotonú,

—

Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 9 de agosto de 2017, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (14),

—

Vista su decisión de nominar a Aura Lolita Chávez Ixcaquic candidata al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2017, lo que la convierte en la primera persona defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas nominada para este galardón,

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Visto el Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015, sobre cambio climático,

—

Visto el documento de trabajo conjunto, de 21 de septiembre de 2015, titulado «Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de mujeres y niñas a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020»(SWD(2015)0182),

—

Vista la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de agosto de 2010, titulada «El derecho humano al agua y el saneamiento» (15),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países (16),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países (17),

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre la acción de la UE en favor de la sostenibilidad (18),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0194/2018),

A.

Considerando que se calcula que la población total de los pueblos indígenas asciende a más de 370 millones de personas que viven en más de 70 países de todo el mundo y que representa en torno al 5 % del total de la población mundial, y que hay al menos 5 000 pueblos indígenas diferentes; que, a pesar de su dispersión geográfica, estos pueblos se enfrentan a amenazas y retos similares;

B.

Considerando que los pueblos indígenas mantienen una relación especial con la tierra y el entorno en el que viven y que utilizan los recursos naturales disponibles para crear sistemas únicos de conocimiento, innovación y prácticas que, a su vez, conforman una parte fundamental de su identidad y espiritualidad y son de suma importancia para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; que los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas han sido un factor que ha contribuido significativamente al desarrollo de la humanidad; que la comercialización y marginación de los pueblos indígenas constituye una amenaza para su función de titulares y custodios tradicionales de tales conocimientos;

C.

Considerando que los derechos comunales de los pueblos indígenas emanan de la ocupación tradicional de sus territorios y que el sentimiento de pertenencia que los conecta a esos territorios no coincide con el concepto de propiedad tal como se concibe habitualmente en las sociedades occidentales;

D.

Considerando que los territorios tradicionalmente habitados por pueblos indígenas abarcan aproximadamente el 22 % de la superficie terrestre y se estima que representan el 80 % de la biodiversidad del planeta; que las reservas indígenas constituyen una importante barrera contra la deforestación; que los bosques tropicales habitados por pueblos indígenas y comunidades locales contribuyen al almacenamiento de carbono en todo el bioma de los bosques tropicales, por lo que constituyen un elemento muy valiosos en cualquier estrategia de lucha contra el cambio climático; que, debido a su modo de vida y a su estrecha relación con la tierra, que dependen directamente de la disponibilidad constante de recursos naturales, los pueblos indígenas son uno de los más vulnerables a las consecuencias negativas causadas por el cambio climático;

E.

Considerando que la tierra es un recurso natural fundamental, limitado y no renovable que es parte integrante del bienestar natural de cada país;

F.

Considerando que los tratados de derechos humanos reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos ancestrales y establecen que los Estados deben consultar de buena fe a los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos que puedan tener un impacto en sus modos de vida tradicionales, constituir una amenaza contra los recursos naturales que han cultivado tradicionalmente, y de los que siguen dependiendo, o provocar el desplazamiento de sus poblaciones y la consiguiente pérdida de un patrimonio cultural, tangible e intangible, diferente; que dichas consultas deben realizarse antes de adoptar o aplicar medidas legislativas y administrativas, de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, lo que implica su derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios, aguas, aguas costeras y otros recursos; que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su condición política, perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural y disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y que en ningún caso se les podrá privar de sus propios medios de subsistencia;

G.

Considerando que la UNDRIP reconoce los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, en particular su derecho a sus tierras, bienes, recursos naturales, territorios, cultura, identidad y lengua, empleo, salud y educación, y a decidir libremente su condición política y su desarrollo económico;

H.

Considerando que los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas siguen siendo violados en distintas regiones del mundo por agentes estatales y no estatales, como consecuencia de lo cual siguen haciendo frente a actos de violencia física, psicológica y sexual, así como de racismo, exclusión, discriminación, desalojos forzosos, asentamientos destructivos, expropiaciones ilegales o forzadas de sus entornos tradicionales o privación del acceso a sus recursos, medios de subsistencia y conocimientos tradicionales; considerando que, según las Naciones Unidas, los pueblos indígenas se enfrentan a violaciones de sus derechos más graves que hace diez años;

I.

Considerando que las mujeres indígenas se enfrentan a obstáculos en lo que respecta a derechos en materia de salud sexual y reproductiva, como la falta de asesoramiento en dicho ámbito, la falta de acceso a instalaciones y suministros y la prohibición legal del aborto incluso en casos de violación, lo que da lugar a elevadas tasas de mortalidad materna, embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual;

J.

Considerando que las mujeres indígenas se enfrentan a la impunidad generalizada de la violación de sus derechos, principalmente a causa de la denegación de su derecho a una reparación efectiva y la falta de mecanismos de supervisión y de datos desglosados por género;

K.

Considerando que corresponde en última instancia a los Estados la responsabilidad de garantizar la seguridad, la protección y los derechos de los pueblos indígenas, también los de los defensores de los derechos humanos y medioambientales de esos pueblos;

L.

Considerando que las lenguas indígenas de todo el mundo siguen desapareciendo a un ritmo alarmante, a pesar de que las lenguas constituyen un elemento básico de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y son esenciales para la consecución del desarrollo sostenible; que la transmisión intergeneracional de los conocimientos indígenas resulta crucial para abordar los desafíos medioambientales a escala mundial; que un informe de las Naciones Unidas publicado en 2016 (19) estima que, de las casi 6 700 lenguas que se hablan hoy en el mundo, el 95 % corre el riesgo de desaparecer para finales de siglo, y que la gran mayoría de las lenguas amenazadas son lenguas indígenas; que los Estados tienen la obligación de proteger y promover las lenguas de los pueblos indígenas para garantizar que estos pueblos disfruten plenamente de sus derechos culturales; que los Estados deben invertir en medidas destinadas a cambiar los estereotipos arraigados en la sociedad;

M.

Considerando que en algunos países gran parte de la población indígena ha emigrado a los grandes centros urbanos, donde surgen sentimientos de desapego y de pérdida de los valores culturales; que sus conocimientos y prácticas tradicionales no están adaptados a los contextos urbanos y a la dinámica del mercado de trabajo actual, lo que los expone a la pobreza y a nuevas formas de exclusión y discriminación;

N.

Considerando que los pueblos indígenas se enfrentan a unas tasas alarmantes de pobreza, enfermedad y analfabetismo y a un acceso insuficiente a agua potable, saneamiento, atención sanitaria, educación, empleo y derechos civiles, incluidas la participación y representación políticas, así como a elevadas tasas de consumo de drogas y de suicidio entre los jóvenes;

O.

Considerando que las mujeres de las comunidades indígenas están particularmente marginadas al carecer de acceso a atención sanitaria, servicios sociales y oportunidades económicas y que sufren discriminación como consecuencia de su género, etnicidad y entorno socioeconómico, lo que da lugar a tasas de mortalidad más elevadas, y son objeto de violencia específica por motivos de género y de feminicidios; que, según las Naciones Unidas, al menos una mujer indígena de cada tres es violada en algún momento de su vida y que las tasas de mortalidad materna, embarazo de adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/sida, es superior a la media; que, con frecuencia, las mujeres se enfrentan a amenazas y obstáculos específicos por razón de género, que deben entenderse desde una perspectiva interseccional;

P.

Considerando que el tráfico ilícito de drogas afecta de forma desproporcionada a las comunidades indígenas, puesto que la demanda de drogas sigue en aumento y los productores de drogas ilegales cada vez apartan más a las comunidades indígenas de sus tierras tradicionales; que los pueblos indígenas se ven con frecuencia obligados, física o económicamente, a participar en el tráfico de drogas, en particular en operaciones de transporte; que los conflictos armados incrementan la militarización de las tierras indígenas y dan lugar a violaciones de los derechos humanos y al uso excesivo de la fuerza contra las comunidades indígenas;

Q.

Considerando que el aumento de la demanda y la creciente competencia en relación con los recursos naturales están propiciando una «carrera por las tierras a escala mundial» que en varios países está sometiendo a los territorios tradicionalmente habitados y utilizados por los pueblos indígenas y las comunidades locales a una presión insostenible; que la explotación de dichos recursos naturales por parte de los sectores agroalimentario, energético, maderero, minero, entre otras industrias extractivas, así como la tala ilegal, los grandes proyectos de infraestructuras y desarrollo y los gobiernos y la población local constituyen una de las principales causas de conflictos persistentes por la tenencia de la tierra y la causa principal de la contaminación del agua y del suelo;

R.

Considerando que el desarrollo no puede medirse sobre la base de indicadores del crecimiento, sino que ha de tener principalmente en cuenta la reducción de la pobreza y la desigualdad;

S.

Considerando que la deficiente regulación del turismo puede tener un efecto cultural y ecológico negativo en estas comunidades y que, en algunos casos, puede ser el factor instigador del acaparamiento de tierras;

T.

Considerando que el acaparamiento de tierras forzado por las empresas privadas acostumbra a ir acompañado de la presencia de tropas militares o de seguridad privada, y que ello tiene entre sus consecuencias el aumento de la violencia directa e indirecta en los territorios de los pueblos indígenas, lo que afecta de modo directo a las comunidades y, de modo especial, a los líderes sociales y a las mujeres;

U.

Considerando que en la actualidad hay una tendencia a la militarización de algunas reservas naturales y zonas protegidas, que a veces se solapan con las tierras de las comunidades indígenas y locales, dando lugar a graves violaciones de los derechos humanos;

V.

Considerando que los conflictos civiles que asolan determinados países guardan relación con los derechos sobre la tierra y provocan desplazamientos forzosos de las comunidades indígenas y locales, dando pie al acaparamiento de tierras y a la concentración de su propiedad;

W.

Considerando que el acaparamiento de tierras es un problema complejo que exige una solución integral a escala internacional; que se ha de hacer especial hincapié en la protección de las mujeres y niñas indígenas;

X.

Considerando que el acaparamiento de tierras no se debe necesariamente a la inversión extranjera y que también pueden llevarlo a cabo los gobiernos y las comunidades locales;

Y.

Considerando que las empresas privadas recurren cada vez más a formas privadas de compensación para ofrecer una indemnización económica a las mujeres víctimas de la violencia a cambio de que firmen un acuerdo para no demandar a la empresa; que recae en los Estados la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales con los derechos de los pueblos indígenas y, por lo tanto, han de ser los principales responsables a la hora de evitar las vulneraciones y de promover la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas;

Z.

Considerando que algunos pueblos indígenas del mundo que han decidido rechazar el contacto con el mundo exterior, y viven en aislamiento voluntario, carecen de capacidad para defender sus derechos y, por lo tanto, son especialmente vulnerables cuando se violan sus derechos; que esas comunidades son las más vulnerables del planeta y que en particular la explotación petrolífera, la deforestación, el tráfico de drogas y las infraestructuras asociadas a estas actividades ponen en peligro su existencia;

AA.

Considerando que muchos pueblos indígenas siguen siendo víctimas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, mutilaciones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, acoso e intimidación por defender el derecho a sus territorios ancestrales y sus recursos naturales, incluido el acceso al agua y a los alimentos, así como a sus sitios espirituales y lugares de enterramiento sagrados;

AB.

Considerando que los defensores de los derechos humanos son unos de los agentes más importantes y decisivos del desarrollo sostenible, sobre todo de cara al refuerzo de la resiliencia social, y desempeñan un papel clave en la gobernanza democrática integradora; que los defensores de los derechos humanos se esfuerzan por asegurar tanto los derechos de sus pueblos como la sostenibilidad medioambiental y el patrimonio natural de toda la humanidad; que los activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas trabajan para que sus comunidades puedan participar en los procesos políticos, la inclusión social y el empoderamiento económico y para que, de forma democrática y pacífica, sus voces se oigan en sus respectivos países y en la comunidad internacional;

AC.

Considerando que en los últimos años se ha producido un aumento inquietante de los asesinatos, ataques y otras formas de violencia contra los defensores de los derechos humanos y activistas, que son agentes clave del desarrollo sostenible, en el contexto de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, los derechos medioambientales y los derechos sobre la tierra; que, según la ONG Front Line Defenders, de los 312 defensores de los derechos humanos presuntamente asesinados en todo el mundo en 2017, el 67 % luchaba por la tierra de los pueblos indígenas y defendía los derechos medioambientales contra proyectos extractivos; que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas sufren a menudo la impunidad sistémica de los autores de los ataques cometidos contra ellos;

AD.

Considerando que, a pesar de que los defensores de los derechos humanos de las mujeres indígenas desempeñan un papel fundamental en la protección de las mujeres en las comunidades indígenas, sus actividades se han criminalizado y han sido víctimas de diversas formas de violencia, entre las que figuran el acoso, la violación y el asesinato;

AE.

Considerando que la aplicación de la responsabilidad social no vinculante de las empresas y los regímenes de reglamentación voluntarios han de mejorarse para proteger a las comunidades indígenas y las comunidades locales de la violación de sus derechos humanos, impedir el acaparamiento de tierras y garantizar una responsabilidad efectiva de las empresas; que la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas constituye un importante obstáculo a una reparación efectiva y adecuada;

AF.

Considerando que una serie de inversores y empresas con sede en la Unión Europea, entre otros muchos, está implicada en cientos de operaciones de adquisición de tierras en África, Asia y América Latina, lo que en algunos casos ha dado lugar a violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y las comunidades locales; que agentes con sede en la Unión podrían estar implicada en violaciones de los derechos humanos relacionadas de diferentes formas con el acaparamiento de tierras, por ejemplo a través de empresas privadas y entidades financieras con sede en la Unión, que financian directa o indirectamente el acaparamiento de tierras, o a través de asociaciones público-privadas; que, en muchos casos, sus múltiples ramificaciones extranjeras pueden dificultar la búsqueda de sus orígenes directamente en los países de origen; que, incluso cuando se pueden detectar sus orígenes, siguen existiendo considerables obstáculos jurídicos y prácticos para acceder a la justicia y a la rendición de cuentas a través de los órganos jurisdiccionales de la Unión y sus Estados miembros, debido, entre otras cosas, a las limitaciones jurisdiccionales con respecto a los asuntos referentes a bienes inmuebles (incluidos la tierra y los recursos naturales), las graves restricciones de la cuantía de la reparación ofrecida y de la disponibilidad de asistencia jurídica y a las dificultades para demostrar la responsabilidad de las sociedades matrices;

AG.

Considerando que la mayor parte del territorio de los países en desarrollo está deshabitada, lo que expone las inversiones y la reputación de las empresas a riesgos de tenencia e incrementa en gran medida sus gastos de explotación cuando los traspasos de tierras tienen lugar en un contexto de conflicto, sin el consentimiento previo de las comunidades indígenas y locales y con total desprecio de sus derechos;

AH.

Considerando que el Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, ha señalado que América Latina es una región que suscita preocupación, ya que [en casi todos los países afectados de América Latina], «el Gobierno y los agentes empresariales están involucrados en los asesinatos de defensores de los derechos humanos ambientales»;

AI.

Considerando que la obligación de proteger y facilitar el acceso a vías de recurso en virtud del Convenio Europeo de los Derechos Humanos se aplica tanto a las actividades extraterritoriales como a las actividades nacionales con impacto extraterritorial; que es preciso aumentar de manera significativa el grado de compromiso de la Unión y sus Estados miembros con sus obligaciones extraterritoriales;

AJ.

Considerando que la Unión presta ayuda para la promoción y protección de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo a través IEDDH, que complementa sus demás instrumentos de ayuda exterior y se canaliza principalmente a través de las organizaciones de la sociedad civil; que, gracias a su mecanismo ProtectDefenders.eu, la Unión presta rápidamente ayuda a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, contribuye a satisfacer sus necesidades más apremiantes y refuerza sus capacidades para desarrollar su labor a medio y largo plazo;

AK.

Considerando que las entidades financieras internacionales deben desempeñar un papel fundamental con vistas a garantizar que los proyectos que financian no entrañen la violación de los derechos humanos y medioambientales de los pueblos indígenas ni contribuyan a ella; que incumbe a las empresas multinacionales la responsabilidad de asegurar que ni sus actividades ni sus cadenas de suministro estén implicadas en violaciones de los derechos humanos y medioambientales, en particular de los derechos de los pueblos indígenas;

AL.

Considerando que la Unión es el mayor prestador mundial de ayuda al desarrollo, una gran parte de la cual se destina a África; que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión deben efectuar controles exhaustivos de los fondos utilizados por los terceros países receptores, colocando el respeto de los derechos humanos en un lugar central de su política de concesión de ayuda;

AM.

Considerando que los pueblos indígenas de Europa siguen siendo víctimas de marginación, discriminación y exclusión social, fenómenos que deben combatirse y repararse mediante un planteamiento basado en los derechos;

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 21, 191.192, 220 y 221,

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—

Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH),

—

Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (CP21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP11), celebradas en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

—

Vistas la vigesimosegunda Conferencia de las Partes (CP22) en la CMNUCC y la primera Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1), celebradas en Marrakech (Marruecos) del 15 de noviembre al 18 de noviembre de 2016,

—

Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Acuerdo de París y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 en Marrakech (Marruecos) (CP 22) (1),

—

Vistos el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y su informe de síntesis,

—

Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP23) en Bonn (Alemania) (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2016, titulada «Acelerar la transición de Europa hacia una economía hipocarbónica» (COM(2016)0500),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de abril de 2013, titulada «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (COM(2013)0216),

—

Visto el Plan de acción para la diplomacia climática de la UE de 2015, adoptado por el Consejo de Asuntos Exteriores,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de los días 6 de marzo de 2017 y 19 de junio de 2017,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de junio de 2017,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 26 de febrero de 2018 sobre la diplomacia climática,

—

Vistas la Comunicación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de junio de 2016, sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y la Comunicación conjunta de la Comisión y del SEAE, de 7 de junio de 2017, sobre un planteamiento estratégico de la resiliencia en la acción exterior de la Unión (JOIN(2017)0021),

—

Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 9 de febrero de 2017, titulado «Hacia una nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE basada en un enfoque integrado» (3),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de abril de 2016, titulado «El camino desde París» (4),

—

Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común (5),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática (6),

—

Vista la Decisión 36/CP.7 de la CMNUCC, de 9 de noviembre de 2001, sobre el mejoramiento de la participación de mujeres en la representación de las Partes en los órganos establecidos en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto,

—

Visto el estudio de 2009 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) titulado «Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence» (Migración, medio ambiente y cambio climático: Evaluación de la evidencia),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión (7),

—

Vista la Encíclica del Papa Francisco titulada «Laudato si» sobre el cuidado de la casa común,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0221/2018),

A.

Considerando que los efectos del cambio climático están incidiendo de manera cada vez más acusada en diferentes aspectos de la vida humana, así como en las oportunidades de desarrollo, el orden geopolítico a escala mundial y la estabilidad mundial; que aquellos con menos recursos para adaptarse al cambio climático serán los más golpeados por sus efectos; que la diplomacia climática puede entenderse como una forma de política exterior específica orientada a impulsar la acción por el clima a través de la implicación de otros actores específicos, la cooperación en cuestiones relacionadas con el clima, la creación de asociaciones estratégicas y el refuerzo de las relaciones entre agentes estatales y no estatales, incluyendo a quienes más contribuyen a la contaminación mundial, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático así como a mejorar la acción por el clima y a reforzar las relaciones diplomáticas de la Unión;

B.

Considerando que, entre los efectos de las perturbaciones climáticas, se encuentran el aumento del nivel, el recalentamiento y la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad, así como el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos; que las primeras víctimas son los países y poblaciones más vulnerables, en especial las personas que viven en islas; que el cambio climático tiene una repercusión social y cultural especialmente grave en las comunidades indígenas, que no solo contribuyen de forma marginal a las emisiones de CO2 sino que desempeñan, de hecho, un papel activo y vital en la protección de los ecosistemas en los que viven, mitigando así los efectos del cambio climático;

C.

Considerando que la Unión Europea es una de las grandes impulsoras de la lucha contra el cambio climático y ha mostrado su liderazgo en las negociaciones internacionales sobre el clima; que la Unión ha utilizado la diplomacia climática para crear alianzas estratégicas con partes interesadas pertinentes para luchar conjuntamente contra el cambio climático como elemento clave del desarrollo sostenible y la acción preventiva, teniendo en cuenta las amenazas relacionadas con el clima;

D.

Considerando que la diplomacia climática de la Unión contribuyó a la celebración del Acuerdo de París y que, desde entonces, se ha ampliado el enfoque de la Unión en materia de diplomacia climática; que, como parte de la estrategia global de la Unión, la política climática se ha integrado en la política exterior y de seguridad, y se ha reforzado la relación entre la energía y el clima, la seguridad y la adaptación al cambio climático y la migración;

E.

Considerando que la responsabilidad en cuanto a acciones sostenibles de lucha contra el cambio climático a largo plazo no puede recaer sobre las personas y sus elecciones individuales como consumidores; que una política climática basada en los derechos humanos debe aclarar que la responsabilidad de crear sociedades sostenibles recae fundamentalmente sobre los políticos, que disponen de los medios para crear políticas climáticas sostenibles;

F.

Considerando que las inquietudes en torno al cambio climático y la seguridad están interconectadas, son transnacionales y requieren de la diplomacia climática, con miras, entre otras cosas, a la plena aplicación de los compromisos del Acuerdo de París; que, según varios estudios, se dan unos vínculos indirectos entre el cambio climático, las catástrofes naturales y el estallido de conflictos armados, y considerando que el cambio climático puede considerarse como un «multiplicador de amenazas» que tiene la capacidad de amplificar las tensiones sociales existentes; que las implicaciones negativas del cambio climático a largo plazo podrían dar lugar a un aumento de las tensiones políticas, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, y, por lo tanto, corren el riesgo de ser un elemento de crisis y ejercer presión sobre las relaciones internacionales como tales;

G.

Considerando que el cambio climático incide de forma directa e indirecta en la migración, empujando a cada vez más personas a marcharse de zonas vulnerables a otras más viables dentro de sus países o en otros lugares para construir una vida nueva;

H.

Considerando que la Resolución del Parlamento, de 4 de octubre de 2017, sobre la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (COP23) en Bonn (Alemania), reconocía la naturaleza y la magnitud del desplazamiento y la migración provocados por motivos climáticos derivados de las catástrofes provocadas por el calentamiento global; que, según diversos estudios e informes importantes y bien fundados, por ejemplo de la Organización Internacional para las Migraciones y el Banco Mundial, a menos que se realicen esfuerzos serios, el número de migrantes, así como de desplazados internos, impulsados por los cambios medioambientales podría, en el peor de los casos, llegar a 200 millones en 2050, muchos de los cuales viven actualmente en las zonas costeras o podrían ser migrantes internos en el África subsahariana, Asia Meridional y América Latina;

I.

Considerando que las personas que emigran por causas medioambientales no disfrutan del estatuto de refugiados ni de la protección concedida a estos últimos a escala internacional, dado que no están reconocidos por la Convención de Ginebra de 1951;

J.

Considerando que, como contribución al logro de una economía con cero emisiones netas de carbono, la Comisión ha establecido la promoción de la eficiencia energética y el posicionamiento de la Unión como líder mundial en renovables como objetivos de la política energética de la Unión;

K.

Considerando que la diplomacia climática de la Unión debe promover proyectos de gestión de riesgos, formar la opinión pública y fomentar la cooperación política y económica para luchar contra el cambio climático y promover una economía hipocarbónica;

L.

Considerando que la diplomacia climática de la Unión debe crear un modelo de ajuste proactivo que promueva la interacción entre las políticas de lucha contra el cambio climático; que la institucionalización de las políticas en materia de cambio climático entrañaría una mayor sensibilización pública y debería traducirse en una voluntad política más clara;

M.

Considerando que el problema de la escasez de recursos hídricos provoca un número cada vez mayor de conflictos entre comunidades; que con frecuencia esos recursos son explotados de un modo no sostenible para producciones agrícolas intensivas e industriales en contextos ya inestables;

N.

Considerando que, para lograr sus objetivos, la lucha contra el cambio climático debe convertirse en una prioridad estratégica en todos los diálogos e iniciativas diplomáticos con un enfoque basado en los derechos humanos; que el Parlamento ha contribuido activamente al proceso y ha utilizado tanto sus competencias legislativas como su influencia política para lograr una mayor integración del cambio climático en la acción para el desarrollo y la cartera de ayudas, así como en varias otras políticas de la Unión, como las inversiones, la agricultura, la pesca, la energía, el transporte, la investigación y el comercio;

O.

Considerando que las causas de la discriminación y la vulnerabilidad por motivos de género, raza, etnia, clase, pobreza, aptitud, condición de indígena, edad, geografía y la discriminación tradicional e institucional se combinan de forma interseccional para obstaculizar el acceso a los recursos y los medios necesarios para enfrentarse a los cambios drásticos como el cambio climático;

P.

Considerando que existe un vínculo intrínseco entre el cambio climático y la deforestación derivada del acaparamiento de tierras, la extracción de combustibles fósiles y la agricultura intensiva;

Q.

Considerando que el porcentaje de mujeres que participa en la toma de decisiones políticas y en la diplomacia, y, en particular, en las negociaciones sobre el cambio climático, sigue siendo insatisfactorio y que los progresos alcanzados en este sentido son mínimos o nulos; que las mujeres representan tan solo entre el 12 % y el 15 % de los jefes de delegaciones y aproximadamente el 30 % de los delegados;

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Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12543/2017),

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Visto el Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra (12548/2017),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 37 del Tratado de la Unión Europea, así como con el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, y los artículos 207 y 209, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), el artículo 218, apartado 7, y el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0422/2017),

—

Vistas sus resoluciones pertinentes sobre las relaciones UE-Armenia,

—

Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común (1),

—

Vista las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental, en particular la acordada en 2017 en Bruselas,

—

Vistas las Comunicaciones Conjuntas de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la Política Europea de Vecindad (PEV), en particular el informe de 18 de mayo de 2017 sobre la aplicación de la revisión de la Política Europea de Vecindad (JOIN(2017)0018) y el documento de trabajo conjunto de 9 de junio de 2017 titulado «Eastern Partnership — 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Asociación Oriental — 20 objetivos para 2020: Centrarse en las prioridades clave y los resultados tangibles) (SWD(2017)0300), así como la Comunicación de 2016 sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

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Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en los países vecinos del Este y en particular su Recomendación, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017 (2), y su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio (3),

—

Vista su resolución legislativa de 4 de julio de 2018 (4) sobre el proyecto de Decisión,

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Vistas las Prioridades de Colaboración entre la Unión Europea y Armenia, firmadas el 21 de febrero de 2018,

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Visto el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0179/2018),

A.

Considerando que el actual marco para las relaciones entre Armenia y la Unión es el acuerdo de colaboración y cooperación de 1996 que entró en vigor en 1999 y que debe ser sustituido por el Acuerdo de Asociación Global y Reforzado propuesto;

B.

Considerando que, a través de la Asociación Oriental, la Unión y Armenia han basado sus relaciones en un compromiso común con el Derecho internacional y los valores fundamentales, incluida la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, así como el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales;

C.

Considerando que sigue preocupando que Armenia respete plenamente algunos de los valores fundamentales antes mencionados, en particular los referidos a la democracia y el Estado de Derecho, que están siendo socavados por la corrupción, la compra de votos, la delincuencia organizada y el control oligárquico abusivo;

D.

Considerando que la ubicación geográfica de Armenia entre Europa, Asia Central y Oriente Próximo y cercana a potencias regionales, en particular Rusia, Irán y Turquía, es estratégica y representa un desafío; que el hecho de que algunas partes no reconozcan tragedias del pasado, en particular, el genocidio armenio, la presencia de tropas extranjeras en Armenia, así como los conflictos prolongados en el Cáucaso Meridional, que afectan también a Azerbaiyán y Georgia, supone una importante amenaza para la seguridad y la estabilidad regional de todos los socios; que el conflicto de Nagorno-Karabaj solo puede resolverse de manera pacífica de acuerdo con los principios básicos de la OSCE de 2009, en particular a través de los esfuerzos y propuestas de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE;

E.

Considerando que la Unión es el principal socio comercial y donante más importante de Armenia; que Armenia también es miembro de la Unión Económica Euroasiática, lo cual demuestra que la Unión no mantiene como requisito previo que los socios deban elegir una intensificación de las relaciones con la Unión a expensas de sus relaciones con terceras partes, aunque en este contexto no se pudieran conseguir determinadas oportunidades, como una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP);

F.

Considerando que el nuevo acuerdo establece una nueva base jurídica para revitalizar el diálogo político y ampliar el alcance de la cooperación económica, así como la cooperación en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras y el medio ambiente; que se espera que estas disposiciones tengan un efecto positivo sobre Armenia en términos de fomento de las normas democráticas, crecimiento económico y desarrollo sostenible; que estas perspectivas son especialmente importantes para los jóvenes de Armenia ya que suponen, entre otros, una mejora de la educación y más oportunidades laborales; que los ciudadanos de la Unión y los armenios se beneficiarán de una mayor cooperación;

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Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10209/1/2012),

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Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra parte (1),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los artículos 91, 100, 207 y 209, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0038/2018),

—

Vista su Resolución, de 17 de enero de 2013, sobre el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE e Irak (2),

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Vista la Comunicación conjunta de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión, de 8 de enero de 2018, titulada «Elementos de una estrategia de la UE para Irak»,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de enero de 2018, en las que se establece una nueva estrategia para Irak,

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Visto el Programa Indicativo Plurianual para Irak (2014-2017) de la Comisión,

—

Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh» (3),

—

Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación en el norte de Irak, en particular en Mosul (4),

—

Vistas las Resoluciones 2367 (2017) y 2379 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 14 de julio de 2017 y 21 de septiembre de 2017, respectivamente,

—

Vista su Resolución legislativa, de 4 de julio de 2018 (5), sobre el proyecto de Decisión,

—

Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0224/2018),

A.

Considerando que Europa e Irak están vinculados por miles de años de influencias culturales mutuas y por una historia común;

B.

Considerando que Irak ha quedado arrasado por las décadas del régimen dictatorial de Sadam Huseín, que inició guerras de agresión contra Irán en 1980 y Kuwait en 1990, así como por las destructivas sanciones y por los conflictos internos tras la invasión de 2003 dirigida por los Estados Unidos, en particular la violencia sectaria, el secesionismo kurdo y el terrorismo yihadista del Dáesh; que todos estos factores explican la magnitud de los retos a los que se enfrenta Irak a medida que se esfuerza por avanzar hacia la mejora de la gobernanza, el progreso económico y la reconciliación nacional;

C.

Considerando que la Unión ha reafirmado su compromiso de establecer una asociación sólida con Irak sobre la base del Acuerdo de Asociación y Cooperación, de apoyar a las autoridades iraquíes a lo largo del proceso de reconstrucción y transición a la democracia, así como de hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad política, social y económica; que se calcula que el coste de la labor de reconstrucción pueda llegar a ascender a 88 000 millones de dólares americanos;

D.

Considerando que los Estados miembros de la Unión que participaron en la guerra de 2003, y la Unión en su conjunto, tienen la responsabilidad particular de asistir a la población iraquí y de apoyar la labor por conseguir la paz y la estabilidad en el país;

E.

Considerando que el 12 de mayo de 2018 se celebraron elecciones parlamentarias; que en esta región, con usos y regímenes autoritarios que se hacen fuertes por doquier, Irak constituye uno de los pocos ejemplos de entorno político competitivo, en particular al disponer de un sistema pluripartidista y de medios de comunicación relativamente libres; que las fuerzas políticas del país parecen darse cuenta de la necesidad de formar alianzas interconfesionales con el fin de reforzar la legitimidad y la estabilidad del sistema; que celebrar unas elecciones verdaderas y competitivas es fundamental para la consolidación de la democracia en Irak; que la plena participación de todos los sectores de la sociedad iraquí será un paso importante para lograr una democracia integradora y un sentimiento común de pertenencia a una misma nación;

F.

Considerando que es necesario mejorar de forma significativa la situación en materia de seguridad para promover la estabilización, la reconciliación, la gobernanza integradora y el progreso económico y social del país tanto a escala nacional como a escala local; que para lograr la reconciliación es necesario que todas las partes rindan cuentas por los crímenes cometidos; que la Unión proporciona asistencia para la reforma del sector de la seguridad en Irak a través de su Misión asesora; que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) lleva presente en el país desde 2003 y ha llevado a cabo un importante trabajo en el fomento del diálogo político integrador y la reconciliación nacional; que la OTAN sigue llevando a cabo su iniciativa para el fomento de la capacidad en Irak, que se centra en la lucha contra los dispositivos explosivos improvisados, la neutralización de municiones explosivas, la retirada de minas, la planificación civil y militar, el mantenimiento de equipos de la era soviética, la medicina militar y la reforma de las instituciones de seguridad iraquíes;

G.

Considerando que Irak se enfrenta a retos en materia de gobernanza en lo que respecta al fomento de la capacidad institucional y administrativa y la consolidación del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos, en particular los de las mujeres y los de todas las minorías etnorreligiosas;

H.

Considerando que es importante luchar contra el desempleo y la exclusión social, especialmente entre los jóvenes, para evitar la radicalización de estos y su en consecuencia fácil reclutamiento por parte de organizaciones terroristas u otros grupos de delincuencia organizada;

I.

Considerando que los servicios iraquíes de lucha contra el terrorismo, el principal agente en la liberación de Mosul, sufrieron graves bajas y deben recibir el reconocimiento y el apoyo apropiados de modo que puedan mejorar su capacidad de contratación y volver ser una fuerza de dimensión sostenible y equitativa;

J.

Considerando que las autoridades iraquíes deberían considerar los ingresos procedentes del petróleo como una oportunidad y un instrumento en favor de una reconstrucción social y económica duradera de la que se beneficiará la sociedad iraquí en su conjunto, en lugar de distribuir dichos ingresos de manera clientelista; que existen importantes yacimientos de petróleo en la región autónoma de Kurdistán en Irak; que es necesario normalizar las relaciones entre el Gobierno central de Bagdad y el Gobierno regional de la región autónoma de Kurdistán en Irak, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución;

K.

Considerando que Irak es un mosaico de comunidades que a menudo compiten entre sí por el poder y el control sobre los recursos nacionales; que miles de ciudadanos iraquíes, incluidos los procedentes de comunidades minoritarias, sobre todo mujeres y niñas, fueron exterminados de forma inhumana o esclavizados por el Dáesh en actos que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; que los grupos terroristas y extremistas siguen pudiendo aprovechar fácilmente las tensiones interreligiosas y locales; que, en 2003, vivían en Irak 1,5 millones de ciudadanos iraquíes cristianos (caldeos, siriacos, asirios y otras minorías cristianas), y que estos constituyen una antigua población autóctona, actualmente muy vulnerable ante la persecución y el exilio; que millones de ciudadanos iraquíes, en particular cristianos, se vieron obligados a huir de la violencia, abandonando el país o desplazándose en el interior de las fronteras; que los kurdos constituyen una minoría importante de la población de Irak y que la mayoría de ellos viven en la región autónoma de Kurdistán de Irak;

L.

Considerando que el Dáesh, Al-Qaeda y organizaciones terroristas afines se inspiran en la versión extrema del salafismo o del wahabismo; que, a pesar de la derrota militar y territorial del Dáesh, es necesario aún hacer frente a la amenaza de esta ideología mediante una mejora de la gobernanza, la educación, la prestación de servicios, los esfuerzos de desradicalización y la plena inclusión de la comunidad suní en el proceso político iraquí;

M.

Considerando que, hasta la fecha, en un país de 26 millones de habitantes, hay once millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, el número de desplazados iraquíes en el interior del territorio supera los tres millones de personas, muchos de los cuales han hallado cobijo en la región de Kurdistán de Irak, y hay 246 000 refugiados procedentes de Siria; que es fundamental proporcionar apoyo económico a los desplazados internos para restablecer sus medios de subsistencia a fin de que puedan retornar;

N.

Considerando que la derrota del Dáesh es el resultado de los esfuerzos de las fuerzas armadas iraquíes, con el apoyo de la coalición internacional contra el Dáesh, así como de las diferentes Unidades de Movilización Popular, los peshmerga y otras fuerzas aliadas; que, a pesar de la derrota territorial del Dáesh en Irak, la amenaza yihadista persiste y pone en peligro la consolidación de la estabilidad y la seguridad en el país, especialmente a lo largo de la frontera siria; que es necesario, para la reconstrucción del país y la integración de la sociedad iraquí, superar las diferencias basadas en criterios religiosos, disolver las Unidades de Movilización Popular e integrar a sus miembros en función de las necesidades del Estado, un paso sin el cual no será posible lograr un Estado funcional basado en la democracia y el pluralismo; que en 2016 el Parlamento iraquí aprobó una ley que integra de forma permanente a la constelación de milicias en las fuerzas de seguridad iraquíes; que un Estado iraquí unido, plural y democrático es el requisito indispensable para la estabilidad y el desarrollo del país y sus ciudadanos;

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Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la erradicación de los matrimonios infantiles (1),

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Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular su artículo 16, y todos los demás Tratados e instrumentos de la Naciones Unidas relativos a los derechos humanos,

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Visto el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

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Visto el artículo 10, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

—

Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y sus cuatro principios fundamentales de no discriminación (artículo 2), interés superior del menor (artículo 3), supervivencia, desarrollo y protección (artículo 6) y participación (artículo 12), y su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (2),

—

Visto el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios,

—

Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 2014 y de 19 de diciembre de 2016 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado,

—

Vistas la Resolución 29/8, de 2 de julio de 2015, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado, su Resolución 24/23, de 9 de octubre de 2013, sobre la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado: retos, logros, mejores prácticas y deficiencias en la aplicación y su Resolución 35/16, de 22 de junio de 2017, sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en situaciones humanitarias,

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Vistas la posición sobre el matrimonio infantil adoptada por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana en Johannesburgo (Sudáfrica) en junio de 2015,

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Vista la observación general conjunta de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño sobre la erradicación de matrimonio infantil,

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Vistos los artículos 32 y 37 y el artículo 59, apartado 4, del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

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Visto el informe de 2012 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) titulado «Marrying Too Young — End Child Marriage» (Casarse demasiado joven: eliminemos el matrimonio infantil),

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Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 9,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de octubre de 2015, sobre el Plan de Acción en materia de género 2016-2020,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre la promoción y protección de los derechos del niño,

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Vistos los principios fundamentales establecidos en la Comunicación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 2016 sobre una Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

—

Vistos el Marco Estratégico de la Unión sobre derechos humanos y democracia y el Plan de Acción de la Unión para los derechos humanos y la democracia, adoptados por el Consejo el 25 de junio de 2012 (3), así como el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 2015-2019, adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015 (4), visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 27 de junio de 2017, titulado «EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review June 2017» (Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia (2015-2019): revisión intermedia de junio de 2017) (SWD(2017)0254),

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Vistas las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del niño, de 6 de marzo de 2017, tituladas «Que ningún niño quede excluido»,

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Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, de 7 de junio de 2017, que subraya el compromiso de la Unión en favor de la integración de los derechos humanos y la igualdad de género en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0187/2018),

A.

Considerando que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, incluidos los derechos de igualdad, autonomía e integridad física y acceso a la educación, y la libertad frente a la explotación y la discriminación, y son un problema que no es exclusivo de países terceros, sino que puede producirse también en algunos Estados miembros; que la eliminación de estas prácticas es una de las prioridades de la acción exterior de la Unión en el ámbito de la promoción de los derechos de las mujeres y los derechos humanos; que varias cartas y leyes internacionales prohíben el matrimonio de menores, entre ellas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados tiene repercusiones muy negativas para la salud física y mental y el desarrollo personal de las personas en cuestión y para los hijos nacidos de este tipo de matrimonios y, por ende, para la sociedad en su conjunto; que el matrimonio infantil es una forma de matrimonio forzado, ya que los niños carecen intrínsecamente de la capacidad de dar su consentimiento pleno, libre e informado a su matrimonio o al momento de celebrarlo; que los niños forman parte de un grupo sumamente vulnerable;

B.

Considerando que la Unión está comprometida con la promoción de los derechos del niño y que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una violación de esos derechos; que la Unión está comprometida con la protección y promoción exhaustiva de los derechos del niño en su política exterior;

C.

Considerando que no debe celebrarse legalmente ningún matrimonio sin el consentimiento pleno y libre de ambas partes, ni con personas que no alcancen la edad mínima para casarse;

D.

Considerando que el matrimonio infantil es un problema mundial que trasciende países, culturas y religiones; que se pueden encontrar niñas casadas en todas las regiones del mundo, de Oriente Próximo a América Latina, de Asia a Europa y de África a Norteamérica; que el matrimonio infantil también afecta a los niños, pero en mucho menor medida que a las niñas;

E.

Considerando que, en la actualidad, más de 750 millones de mujeres han contraído matrimonio antes de cumplir dieciocho años, y que 250 millones de ellas lo han hecho antes de cumplir quince años; que en la actualidad hay alrededor de 40 millones de niñas de entre quince y diecinueve años casadas o viviendo en pareja; que, cada año, unos 15 millones más se casan antes de los dieciocho años, cuatro millones de ellas antes de los quince años; que 156 millones de niños también se han casado antes de los dieciocho años, 25 millones de ellos antes de los quince años; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados son más frecuentes en las regiones pobres e infradesarrolladas; que el número de matrimonios infantiles, precoces y forzados tiende a aumentar con el crecimiento de la población mundial; que un reciente informe de Unicef estima que, en 2050, alrededor de 1 200 millones de niñas habrán contraído matrimonio antes de cumplir dieciocho años; que nueve de los diez países con las tasas más elevadas de matrimonio infantil están clasificados como Estados frágiles;

F.

Considerando que las causas profundas del matrimonio infantil son, en general, la pobreza, la falta de educación, desigualdades y estereotipos de género profundamente arraigados, la creencia de que el matrimonio proporcionará «protección», el honor familiar y la falta de protección efectiva de los derechos de los niños y las niñas, así como prácticas, creencias y costumbres nocivas y normas discriminatorias; que con frecuencia estos factores se ven agravados por un acceso limitado a una educación de calidad y a oportunidades laborales, y son reforzados por determinadas normas sociales refractarias sobre los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

G.

Considerando que existe una relación entre los matrimonios infantiles, precoces y forzados y un riesgo elevado de embarazos precoces y no deseados, elevadas tasas de mortalidad materna e infantil, mayor reticencia a recurrir a la planificación familiar, embarazos no deseados con mayores riesgos para la salud y falta de acceso o acceso inadecuado a información sobre servicios de salud sexual y reproductiva, y que, con frecuencia, este tipo de matrimonios supone el final de la educación de las niñas; que algunos países prohíben que las niñas embarazadas y las madres jóvenes vuelvan a las aulas; que el matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud y prostitución;

H.

Considerando que, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño hace hincapié en la importancia de medidas que fomenten la asistencia regular a la escuela, muchas niñas no están escolarizadas por diversos factores, como, por ejemplo, la inaccesibilidad o la carestía de las escuelas; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados tienen un efecto devastador desproporcionado y consecuencias permanentes para las víctimas y privan muy a menudo a las personas afectadas de la posibilidad de continuar sus estudios, ya que las niñas suelen abandonar la escuela durante el tiempo de preparación previo al matrimonio o poco después de su celebración; que la educación, incluida la educación sexual, es un medio eficaz para evitar los matrimonios infantiles, precoces y forzados, dado que el acceso a la educación y la formación contribuye al empoderamiento y las oportunidades laborales y fomenta la libertad de elección, el derecho a la autodeterminación y la participación activa en la sociedad, permitiendo a las personas emanciparse de cualquier tipo de control que atente contra sus derechos, sin el cual la situación económica, jurídica, sanitaria y social de las mujeres y las niñas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto siguen viéndose lastrados;

I.

Considerando que cada año 17 millones de menores tienen un hijo, lo que los obliga a asumir responsabilidades propias de los adultos y pone en peligro su salud, su educación y sus perspectivas económicas; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados exponen a las jóvenes a una maternidad precoz con riesgos y dificultades considerables durante el embarazo y el parto, en particular debido a un acceso muy deficiente o inexistente a apoyo médico, incluidos centros sanitarios de calidad, que deriva, a menudo, en mortalidad y morbilidad materna; que existe un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, como el VIH; que las complicaciones en el embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las niñas de edades comprendidas entre los quince y los diecinueve años en países de renta baja y media; que la tasa de mortalidad de los bebés nacidos de madres adolescentes es aproximadamente un 50 % más alta y que estos bebés corren un mayor riesgo de sufrir problemas de desarrollo físico y cognitivo; que los embarazos frecuentes y precoces también pueden causar una serie de complicaciones para la salud a largo plazo o incluso la muerte;

J.

Considerando que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una violación de los derechos del niño y una forma de violencia contra las niñas y los niños y que, por consiguiente, los Estados tienen la obligación de investigar las acusaciones, enjuiciar a los autores de los delitos y proporcionar compensación a las víctimas, principalmente mujeres y niñas; que estos matrimonios deben ser condenados y no pueden justificarse con motivos culturales o religiosos; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados aumentan el riesgo de violencia de género y dan lugar, con frecuencia, a situaciones de violencia doméstica y ejercida por la pareja y abusos sexuales, físicos, psicológicos, emocionales y económicos y a otras prácticas nocivas para las niñas y las mujeres, como la mutilación genital femenina y los denominados «crímenes de honor», así como un aumento del riesgo de que las niñas y las mujeres estén expuestas a discriminación y violencia de género a lo largo de sus vidas;

K.

Considerando que el número de matrimonios infantiles, precoces y forzados aumenta significativamente en las situaciones de inestabilidad, conflictos armados y catástrofes naturales y humanitarias, durante las cuales, con frecuencia, no se dispone de atención médica y psicológica ni de acceso a la educación o a medios de subsistencia y se produce una ruptura de las redes y rutinas sociales; que, durante las crisis migratorias recientes, algunos padres que quieren proteger a sus hijos, en especial a sus hijas, contra las agresiones sexuales, o que los consideran una carga económica para sus familias, no ven otra salida que casarlos antes de haber cumplido dieciocho años creyendo que de ese modo podrán salir de la pobreza;

L.

Considerando que el Convenio de Estambul clasifica el matrimonio forzado como una forma de violencia contra las mujeres y pide que se tipifique como delito el hecho de obligar a un menor a contraer matrimonio, así como el hecho de engañar a un menor para llevarlo a otro país con la intención de obligarlo a contraer matrimonio; que la falta de acceso por parte de las víctimas a asistencia jurídica, médica y social puede agravar este problema; que once Estados miembros de la Unión aún no han ratificado el Convenio;

M.

Considerando que la naturaleza de los matrimonios infantiles, precoces y forzados conlleva que muchos casos no se denuncien y que los casos de abuso trasciendan las fronteras internacionales y culturales, y que tales matrimonios pueden constituir una forma de tráfico de seres humanos, que conduce a la esclavitud, la explotación o el control;

N.

Considerando que en julio de 2014 se celebró en Londres la primera Cumbre de la Niña con el objetivo de movilizar los esfuerzos nacionales e internacionales para acabar con la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles, precoces y forzados en el plazo de una generación;

O.

Considerando que prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el matrimonio precoz y forzado, es uno de los objetivos del Plan de Acción en materia de género 2016-2020 de la Unión;

P.

Considerando que el matrimonio infantil costará a los países en desarrollo billones de dólares de aquí al año 2030 (5);

Q.

Considerando que los matrimonios infantiles y precoces siguen siendo un tabú y que se deben abordar públicamente para acabar con el sufrimiento diario de las jóvenes y adolescentes afectadas y con la constante violación de sus derechos humanos; que una forma de hacerlo es apoyar y difundir el trabajo de periodistas, artistas, fotógrafos y activistas que se ocupan del problema de los matrimonios precoces;

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13.

14.

15.

16.

17.

18.

—

Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de la “Small Business Act” para Europa» (COM(2011)0078) y la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de mayo de 2011 sobre la misma (2),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes): competitividad y oportunidades comerciales (3),

—

Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre las empresas familiares en Europa (4),

—

Vista la sentencia, de 15 de septiembre de 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión» (COM(2016)0733),