Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre los avances de las negociaciones interinstitucionales relativas al marco financiero plurianual para el período 2021-2027

(2020/C 39/01)

I.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

COM(2018) 375 final

Recomendación de enmienda 1

Artículo 32

Texto de la Comisión Europea

Enmienda del CDR

Además del artículo 31, el Estado miembro podrá proponer que se emprendan acciones adicionales de asistencia técnica para reforzar la capacidad de las autoridades del Estado miembro, los beneficiarios y los socios pertinentes, cuando sea necesario para la administración y el uso eficaz de los Fondos. (…)

Además del artículo 31, el Estado miembro podrá proponer que se emprendan acciones adicionales de asistencia técnica para reforzar la capacidad de las autoridades del Estado miembro, los beneficiarios y los socios pertinentes, cuando sea necesario para la administración y el uso eficaz de los Fondos, así como para mejorar la capacidad institucional y administrativa de los entes locales y regionales, incluida la inversión complementaria en equipos . (…)

Exposición de motivos

Vista la supresión del objetivo temático 11 (OT11), el CDR considera importante garantizar el apoyo al desarrollo de capacidades de los entes locales y regionales mediante acciones del tipo OT11 en todos los programas.

COM(2018) 383 final/2

Recomendación de enmienda 2

Artículo 2, apartado 1

Texto de la Comisión Europea	Enmienda del CDR
1.   El objetivo general del programa consiste en proteger e impulsar los derechos y valores consagrados en los Tratados de la UE mediante, entre otras cosas, el respaldo a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promover las sociedades abiertas, democráticas e inclusivas.	1.   El objetivo general del programa consiste en proteger e impulsar los derechos y valores consagrados en los Tratados de la UE mediante, entre otras cosas, el respaldo a las organizaciones de la sociedad civil, los entes locales y regionales y sus representantes , con el fin de promover las sociedades abiertas, democráticas e inclusivas basadas en la igualdad de género .

Exposición de motivos

Los entes locales y regionales son beneficiarios de los fondos de este programa y tienen un papel importante que desempeñar, en particular, para promover la participación ciudadana y defender los derechos de los ciudadanos europeos.

COM(2018) 383 final/2

Recomendación de enmienda 3

Artículo 18, apartado 2

Texto de la Comisión Europea

Enmienda del CDR

2.   La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en relación con el programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asignados al programa también deberán contribuir a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 2.

2.   La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en relación con el programa, sus acciones y sus resultados, en particular a través de la red de centros de información Europe Direct . Los recursos financieros asignados al programa también deberán contribuir a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 2. 3.     La UE hará todo lo posible para ofrecer información sobre las posibilidades de financiación a todos los beneficiarios potenciales a fin de garantizar la participación de organizaciones diversas procedentes de los distintos Estados miembros y Estados asociados. Los candidatos tendrán acceso a un punto de contacto que les prestará apoyo, responderá a sus preguntas sobre el procedimiento de solicitud y comprobará que su expediente está completo antes de su envío.

Exposición de motivos

Es importante comunicar en la mayor medida posible las posibilidades que se ofrecen a todos los entes locales y regionales y posibles participantes interesados a fin de evitar que solo los socios privilegiados de la UE o las organizaciones mejor informadas se beneficien de ellas.

II.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

El COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

1.

lamenta una vez más el importe propuesto para el próximo MFP, que podría comprometer los objetivos que se persiguen en los distintos ámbitos políticos de la UE. El CDR se opone firmemente a los recortes presupuestarios propuestos en el ámbito de la política de cohesión y la política agrícola común, lo que perjudicaría al desarrollo de las regiones y ciudades de la UE. Por consiguiente, el CDR reitera su firme llamamiento para fijar el futuro MFP como mínimo en el 1,3 % de la RNB de la EU-27 a fin de garantizar un presupuesto acorde con las necesidades, expectativas y preocupaciones de los ciudadanos de la UE;

2.

manifiesta su extrema preocupación por la lentitud de los avances en los debates sobre el MFP 2021-2027 en el Consejo y se pregunta si todavía es posible atenerse al calendario establecido por los dirigentes en junio, que prevé concluir las negociaciones sobre el MFP a finales de 2019; pide a la Comisión Europea que presente urgentemente un plan de contingencia que evite una eventual interrupción de los programas en caso de adopción tardía del MFP;

3.

subraya que un MFP sólido necesita recursos propios fiables y estables. El CDR está a favor de simplificar la parte de ingresos del presupuesto de la UE y, en particular, de la propuesta de eliminar gradualmente todas las reducciones concedidas a los Estados miembros y racionalizar los ingresos basados en el IVA. El CDR recuerda que no se puede llegar a un acuerdo sobre la parte de gastos del MFP si no se realizan los progresos correspondientes en la parte de ingresos;

4.

acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por instaurar mecanismos eficaces que garanticen el respeto al Estado de Derecho, incluida la versión más reciente del plan de acción basado en tres pilares (1. Generar conocimiento y una cultura común del Estado de Derecho; 2. Prevención: cooperación y apoyo para reforzar el Estado de Derecho a nivel nacional; y 3. Respuesta: ejecución forzosa a nivel de la UE cuando fallen los mecanismos nacionales). El CDR subraya, en vista de ello, que los entes locales y regionales, en su calidad de órganos elegidos a nivel local, pueden desempeñar un papel clave a la hora de fomentar el Estado de Derecho y detectar los riesgos a los que se expone involucrando a los ciudadanos mediante la democracia participativa, creando una cultura del Estado de Derecho y apoyando a organizaciones esenciales para este fin, en particular los medios de comunicación libres e independientes. Por tanto, debe reforzarse el papel de los entes locales y regionales en la estructura de los tres pilares. Sin embargo, aunque acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de garantizar una financiación sin fisuras a los beneficiarios finales de la UE en caso de interponerse un recurso contra un Estado miembro, el CDR sigue oponiéndose a una condicionalidad que limite el acceso de los entes locales y regionales a la financiación en el marco de la política de cohesión por no respetar el Estado de Derecho ni atenerse a los principios democráticos a nivel nacional. Por consiguiente, el CDR confía en que la Comisión desarrolle nuevas iniciativas para proteger los intereses de los beneficiarios finales y reitera su anterior llamamiento a que se establezcan criterios claros para determinar lo que constituye una deficiencia generalizada del Estado de Derecho;

5.

acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de flexibilizar el MFP permitiéndosele abordar en el momento oportuno retos nuevos o imprevistos, pero se opone a la idea, sugerida por el Consejo en el marco de negociación, de un único instrumento de margen fusionado; subraya la necesidad de equilibrio entre una mayor flexibilidad y la seguridad en la planificación a largo plazo de los programas, especialmente de aquellos en régimen de gestión compartida;

6.

concuerda con el llamamiento del Parlamento Europeo en favor de una revisión completa del MFP que permita un análisis exhaustivo del grado de realización de los principales objetivos, en particular en materia de cambio climático e integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la utilización de los distintos instrumentos de flexibilidad y una posible redistribución de los mismos, pudiendo llegar a contemplarse un ajuste significativo de las rúbricas del MFP, o incluso la creación eventual de nuevas rúbricas o límites máximos;

7.

acoge con satisfacción el hecho de que el marco de negociación prevea ahora la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones financiadas con cargo al presupuesto de la UE a largo plazo. Además, es necesario profundizar, difundir y sistematizar la presupuestación con perspectiva de género y adoptar cuanto antes una nueva estrategia a largo plazo en materia de igualdad de género;

8.

señala que, debido a su geografía, carácter, o al alcance de sus vínculos comerciales, algunas regiones estarán más expuestas que otras a los efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión. Por consiguiente, el CDR considera importante hallar soluciones prácticas que ayuden a las regiones afectadas a afrontar los retos planteados tras la retirada del Reino Unido. El CDR pide a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo que garanticen la movilización ad hoc, justificada por las reestructuraciones derivadas de una retirada desordenada del Reino Unido, del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y reitera su petición a la Comisión Europea de que evalúe la posible necesidad de dar una respuesta a medio y largo plazo más estructurada mediante un fondo de estabilización para las regiones más afectadas por la retirada del Reino Unido de la Unión, que se basaría en recursos adicionales en lugar de quedar a expensas de la política de cohesión;

9.

reitera su preocupación por la supresión del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), que corre el riesgo de desvirtuar el enfoque integrado de los Fondos Estructurales y de Inversión en las zonas rurales. El CDR pide, por consiguiente, que se reintroduzca el Feader en el RDC;

10.

recuerda que, como instrumento clave para la aplicación del pilar europeo de los derechos sociales, el FSE+ debe seguir siendo un pilar esencial de la política de cohesión; acoge con satisfacción, a este respecto, la propuesta del Consejo —expresada en el actual proyecto de marco de negociación— de crear una subrúbrica específica para la cohesión económica, social y territorial;

11.

subraya la importancia de los principios de asociación y gobernanza multinivel, y expresa su firme oposición a cualquier intento de diluir las disposiciones del artículo 6 de la propuesta de RDC. El CDR pide asimismo que se aplique íntegramente el Código de conducta en la elaboración y aplicación de los acuerdos de asociación, así como planes para garantizar que la participación de los entes locales y regionales equivale a una asociación plena;

12.

destaca la importancia de los acuerdos de asociación para la coordinación estratégica de los fondos y para la participación de los entes locales y regionales y otros socios en una fase temprana del proceso. El CDR pide, por consiguiente, que los acuerdos de asociación sigan siendo obligatorios, independientemente del volumen de recursos de los Fondos o del número de programas;

13.

reitera su firme oposición a un enfoque negativo de la condicionalidad macroeconómica que, como consecuencia de la vinculación entre los Fondos EIE y la gobernanza económica, implica tomar a las ciudades y regiones de «rehenes» por las infracciones de los gobiernos nacionales. En este sentido, el CDR apoya plenamente la propuesta del Parlamento Europeo de suprimir el artículo 15 del RDC;

14.

insiste, en relación con el artículo 21 del RDC, en que cualquier transferencia entre los Fondos, o de los Fondos a otros instrumentos de la Unión en régimen de gestión directa o indirecta, debería limitarse al 5 % de las dotaciones financieras del programa, decidirse de acuerdo con las autoridades de gestión relevantes, ser pertinente para los objetivos de la política de cohesión, respetar plenamente los principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel y no debilitar el enfoque de los fondos orientado a las características de cada territorio;

15.

en consonancia con la posición del Parlamento Europeo, el importe de la financiación de las regiones que desciendan de categoría en el período 2021-2027 se mantendrá, como mínimo, igual al de su dotación durante el período 2014-2020;

16.

en relación con el artículo 22 del RDC, rechaza la propuesta del Consejo, que dejaría a la discreción de los Estados miembros la utilización o no de instrumentos territoriales integrados. El CDR pide, en lugar de ello, una asimilación mucho mayor de los instrumentos territoriales en los Estados miembros y asignaciones obligatorias en todos los fondos con el fin de cumplir la Agenda Territorial renovada y los objetivos de cohesión;

17.

subraya la necesidad de tener en cuenta la situación particular y las necesidades específicas de las zonas con desventajas naturales o demográficas, entre las que se incluyen las regiones insulares, tanto en los acuerdos de asociación como en los programas, de conformidad con el artículo 174 del TFUE;

18.

reitera su posición sobre las disposiciones del RDC incluidas por el Consejo en el marco de negociación, en particular en lo relativo a los criterios de inclusión de las regiones, las redes de seguridad regionales, los porcentajes de cofinanciación, los niveles de prefinanciación, las normas de liberación y el presupuesto para la cooperación territorial tradicional;

19.

insiste en la necesidad de mejorar la capacidad administrativa e institucional de los entes locales y regionales, como pone de manifiesto el hecho de que diecisiete Estados miembros hayan recibido en 2019 recomendaciones específicas por país sobre cuestiones de capacidad administrativa a nivel regional y local. Considerando el riesgo de que se reduzca el volumen de recursos destinados a acciones de desarrollo de capacidades directamente accesible a los entes locales y regionales en régimen de gestión compartida, propone revisar el artículo 32 de la propuesta de RDC o el artículo 2 de la propuesta de Reglamento FEDER/FC para permitir acciones similares a las financiadas en el marco del MFP actual bajo el OT11 en todos los programas operativos;

20.

insiste en que, en relación con los programas ejecutados en el marco del FEDER, los recursos de cada Estado miembro se concentren en categorías de regiones clasificadas con arreglo a los parámetros propuestos por la Comisión, y coincide con el Parlamento en que, en casos debidamente justificados, como por ejemplo el de las regiones ultraperiféricas, los Estados miembros, en concertación con las regiones afectadas, puedan solicitar una menor concentración temática en su nivel de categoría de región. El objetivo de concentración, dentro del objetivo político «Una Europa más verde y baja en carbono» (OP 2), debe ser al menos del 30 % para todas las categorías de regiones, con objeto de que se apliquen plenamente los compromisos contraídos por la UE en el marco del Acuerdo de París;

21.

coincide con el Parlamento Europeo en asignar al menos el 5 % de los recursos del FEDER disponibles a nivel nacional al desarrollo territorial integrado en zonas no urbanas con desventajas o dificultades naturales, geográficas o demográficas, de acuerdo con las definiciones propuestas en el nuevo artículo 10 bis. Estas estrategias también pueden beneficiarse de un sistema de financiación a través de varios fondos, especialmente en el caso de proyectos integrados en el marco del «Pacto para Pueblos Inteligentes»;

22.

lamenta una vez más la propuesta de la Comisión de reducir el porcentaje del presupuesto de cohesión dedicado a cooperación territorial europea del 2,75 % al 2,5 % y se opone rotundamente a la decisión de trasladar la cooperación transfronteriza marítima del componente 1, «transfronterizo», al componente 2, «transnacional». El CDR apoya firmemente, por lo tanto, la propuesta del Parlamento Europeo de modificar los compromisos estipulados en el artículo 104, apartado 7, del RDC, a efectos de aumentar el presupuesto para la cooperación territorial tradicional (componentes 1 y 4) a aproximadamente el 3 % del presupuesto de cohesión;

23.

subraya la importancia del programa Interreg, que se ha revelado indispensable para numerosos entes regionales, tanto a la hora de intercambiar conocimientos técnicos y buenas prácticas sobre temas fundamentales, como de entablar vínculos humanos y fomentar la identidad europea;

24.

apoya un presupuesto adicional de 970 millones EUR para las inversiones interregionales en innovación que den prioridad a la excelencia y refuercen al mismo tiempo la cohesión territorial ayudando a las regiones menos innovadoras a participar en los esfuerzos por materializar la innovación interregional europea. En ningún caso deberían reducirse más los fondos de Interreg, ya de por sí limitados;

25.

considera que, debido a la necesidad de financiar, además de la pesca, una economía azul emergente, la vigilancia marítima y la protección del medio marino, el presupuesto global del FEMP debería haberse incrementado hasta el umbral mínimo del 1 % del MFP para 2021-2027;

26.

reitera la posición del CDR de que el FEMP debería respaldar la política marítima integrada y el crecimiento de la economía azul mediante el desarrollo de plataformas regionales para la financiación de proyectos innovadores, y que los programas operativos nacionales en el marco del FEMP deberían incluir un programa operativo regional destinado a las autoridades subnacionales competentes en materia de pesca y asuntos marítimos;

27.

propone aumentar el apoyo financiero global de la UE al desarrollo rural, que se ha reducido significativamente en comparación con el anterior período de programación; rechaza, por lo tanto, el recorte del 28 % que se propone en el presupuesto para el desarrollo rural en el marco de la política agrícola común (PAC), y se opone a la posibilidad de una transferencia del segundo al primer pilar de la PAC;

28.

considera que solo un aumento sustancial del presupuesto de la Unión podría justificar una reevaluación de la dotación de Horizonte Europa, que debería concentrarse en el pilar III y la parte «Reforzar el Espacio Europeo de Investigación» mediante el fomento de una participación más amplia;

29.

considera necesaria una ampliación del programa Erasmus + para reforzar la cohesión en la UE, mejorar la aceptación de la integración europea y promover el encuentro con los jóvenes ciudadanos europeos;

30.

considera indispensable dotar de un marco claro a las sinergias entre los distintos fondos y el programa marco; destaca la importancia fundamental que reviste un enfoque de construcción conjunta efectiva, sobre todo para la aplicación del sello de excelencia;

31.

se opone firmemente al hecho de que sean los Estados miembros, en lugar de la autoridad de gestión pertinente, los que decidan sobre la posibilidad de transferir una parte de los fondos de la política de cohesión hacia Horizonte Europa. Las disposiciones para aprovechar estos fondos deberían adoptarse de común acuerdo entre dicha autoridad y la Comisión, y garantizar el retorno de dichos fondos a la zona geográfica de que se trate;

32.

destaca el papel que puede desempeñar una buena ejecución de las medidas del FEAG en la mitigación de las consecuencias de reestructuraciones importantes imprevistas; apoya firmemente la posición del PE en el sentido de que la evaluación prevista de las contribuciones financieras del FEAG incluya las correspondientes evaluaciones de impacto de su aplicación a nivel nacional, regional y local.

33.

acoge favorablemente la propuesta de ampliar la misión y el ámbito de aplicación del FEAG permitiéndosele abordar cualquier tipo de reestructuración importante e inesperada, pero pide al Parlamento Europeo y al Consejo que consensúen umbrales más bajos para los despidos y períodos de referencia más largos que los incluidos en la propuesta de la Comisión;

34.

acoge con satisfacción la «ficha descriptiva sobre el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad» del Eurogrupo (14 de junio de 2019), así como la intención de la presidenta electa de la Comisión de establecer este instrumento para la zona del euro con el fin de apoyar las reformas de crecimiento y la inversión en los Estados miembros pertenecientes a dicha zona o en aquellos que deseen adherirse a ella. No obstante, con vistas al cumplimiento del principio de subsidiariedad, el CDR confía en que la Comisión proponga previamente una definición de «reformas estructurales», que podrían acogerse al apoyo financiero de la UE. Estas reformas deberían aportar un valor añadido europeo, relevante para las competencias de la UE, contribuir a la consecución del objetivo de cohesión de los Tratados y estar destinadas a impulsar la inversión a largo plazo, incluida la mejora de la calidad de la administración pública. Los entes locales y regionales deberían contar con acceso directo a este instrumento para apoyar sus proyectos de inversión y de reforma, y participar como socios en el diseño y la utilización de este instrumento;

35.

acoge favorablemente la intención de la presidenta electa de la Comisión de reorientar el Semestre Europeo como instrumento que integre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; Sobre la base de su documento de reflexión, la Comisión debería presentar, en los primeros cien días de su mandato, una estrategia a largo plazo para el crecimiento y el empleo que incluya la consecución de los ODS, en cuyo diseño y aplicación deberán participar los entes locales y regionales en calidad de socios;

36.

reitera su convicción de que el compromiso de dedicar el 25 % del presupuesto de la UE a luchar contra el cambio climático parece insuficiente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En el próximo marco financiero debe hacerse un esfuerzo por aumentar el porcentaje de gasto destinado a la descarbonización del sector de la energía, la industria y el transporte y a la consecución de una economía circular, hasta al menos el 30 %. Al mismo tiempo, debe reducirse la huella de carbono del presupuesto de la UE, entre otras cosas, poniendo fin a las ayudas estatales a los combustibles fósiles;

37.

comparte el énfasis de la presidenta electa de la Comisión en promover la transición de la UE hacia la neutralidad climática de aquí a 2050 mediante estrategias industriales adecuadas y en apoyar a las personas y regiones más afectadas por las consecuencias sociales, socioeconómicas y medioambientales de los cambios estructurales en las regiones carboníferas europeas a través de un nuevo fondo de transición justa de 4 800 millones de euros. El CDR aboga por que tal fondo, aunque interactúe estrechamente con los programas adscritos a la política de cohesión, se financie mediante recursos adicionales, y no a expensas de la política de cohesión, así como que deje suficiente margen de maniobra para las regiones en lo que se refiere a las normas de la política de competencia;

38.

observa que el Parlamento Europeo propone en el procedimiento presupuestario de 2020 dos acciones preparatorias relativas a las regiones carboníferas en transición; considera, en este contexto, que es urgente sentar las bases para un fondo de transición justa con vistas a garantizar el apoyo financiero y político más eficaz y descentralizado para después de 2020;

39.

resalta que, para el próximo Programa Europa Creativa, es necesario garantizar un equilibrio adecuado entre, por una parte, los recursos destinados a los grandes proyectos globales a gran escala y, por la otra, la financiación de medidas y actividades concentradas en el nivel local y regional, también a cargo de las pymes; El CDR destaca asimismo la necesidad de incorporar la cultura y el patrimonio cultural de manera más apropiada en las prioridades del siguiente Marco financiero plurianual, bien mediante su integración en las políticas, bien generando sinergias con otros programas y políticas;

40.

subraya que, en el actual período de programación, se dispone de 14 000 millones de euros de los Fondos EIE para la creación de estructuras de banda ancha. Esto no excluye un aumento de los instrumentos financieros (como la financiación de préstamos) en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones y otros bancos de fomento;

41.

considera que la dotación de 9 200 millones de euros propuesta por la Comisión para el programa Europa Digital del período 2021-2027 es un valor de referencia absoluto, dado que la cohesión digital es parte integrante de la cohesión territorial definida en el Tratado de la UE y requiere colmar las brechas en materia de cibercapacidades e infraestructuras digitales en la UE y señala los importantes recursos financieros que deben dedicarse al desarrollo de la inteligencia artificial;

42.

en relación con el programa de derechos y valores, pide que las instituciones europeas promuevan, junto con los Estados miembros, una red de «corresponsales europeos», a fin de informar a los representantes políticos locales sobre la actualidad europea y proporcionarles las claves para que puedan responder con la mayor eficacia posible a las expectativas de los ciudadanos; esto contribuirá a combatir la desconexión de los ciudadanos respecto de las cuestiones europeas;

43.

en consonancia con la posición del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración, reitera su llamamiento para que los entes locales y regionales y sus asociaciones representativas puedan acceder directamente a la financiación proporcionada por el Fondo que suceda al actual FAMI, y subraya una vez más la importancia de una aplicación coherente del principio de asociación. El CDR destaca la urgencia de un aumento en la dotación global de este fondo, a fin de garantizar una financiación adecuada que le permita alcanzar sus objetivos, así como un enfoque equilibrado de todas las intervenciones y políticas en materia de migración e integración;

44.

en línea con la posición del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, pide la inclusión de los entes locales y regionales —otorgándoseles un lugar destacado y comparable al de la sociedad civil en el pilar temático— con una asignación presupuestaria específica de 500 millones de euros;

45.

encomienda a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Presidencia finlandesa del Consejo y al presidente del Consejo Europeo.

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el Semestre Europeo de 2019 y con vistas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2020

(2020/C 39/02)

Presentado por los grupos políticos PPE, PSE, Renew Europe, AE y CRE

El COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

—	vista la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019 (1), y habida cuenta del Semestre Europeo de 2019;

—

vista su Resolución, de 10 de octubre de 2018, sobre las políticas económicas para la zona del euro y con vistas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019 (2), y visto su Dictamen, de 10 de abril de 2019, sobre el tema «El Semestre Europeo y la política de cohesión: reformas estructurales destinadas a las inversiones a largo plazo»;

—	vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019 (3);

1.

acoge con satisfacción que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019 se centre en la inversión y las reformas que fomentan el crecimiento sostenible e integrador como forma de mejorar la competitividad y la cohesión entre los Estados miembros y las regiones (y dentro de ellos) y coordinar todas las políticas de inversión de la UE, incluida la política de cohesión;

2.

insiste en que, para garantizar que las reformas estructurales del proceso del Semestre Europeo se asuman como propias y sean eficaces, los entes locales y regionales deben estar formalmente asociados con el proceso, sobre la base de los principios de asociación y gobernanza multinivel (4) y según la propuesta del CDR de elaborar un «código de conducta para la participación de los entes locales y regionales» (5);

3.

observa que el crecimiento se está ralentizando y que las tensiones comerciales y el riesgo de un Brexit sin acuerdo generan incertidumbre que desalienta la inversión. En este contexto, pide a la UE que considere la posibilidad de adoptar medidas anticipadas para impulsar los programas de inversión de la UE y apoyar los ámbitos que podrían verse más afectados por un Brexit sin acuerdo;

4.

destaca que la inversión pública en el plano nacional se ha reducido considerablemente y sigue siendo demasiado baja, en especial en los países más afectados por la crisis; observa que, en una época de graves limitaciones presupuestarias, el gasto corriente no se ha reducido en la misma medida que la inversión; subraya que los gobiernos subnacionales, responsables de más de la mitad de la inversión pública en la UE, tuvieron que reducir sus inversiones de manera desproporcionada (6);

5.

pide a la Comisión que, antes de iniciar el proceso de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) previsto para 2020, presente una evaluación del uso de las cláusulas de flexibilidad del PEC desde 2015. Considera que la reforma del PEC debe conducir a normas más claras que ayuden a evitar políticas fiscales procíclicas, permitan una reducción de la deuda razonable y sostenible para las economías más vulnerables en un contexto de baja inflación, eliminen de la contabilización de los límites máximos del PEC la cofinanciación nacional de los programas de la política de cohesión e introduzcan una «regla de oro» de la contabilidad pública, dando a las autoridades públicas de todos los niveles el margen de maniobra presupuestario preciso para llevar a cabo las inversiones a largo plazo necesarias para garantizar el desarrollo sostenible;

6.

destaca que los Estados miembros que tienen margen presupuestario deben participar en la inversión pública que se necesita para impulsar el crecimiento a largo plazo, lo que reduciría los desequilibrios macroeconómicos en la UE y en la zona del euro;

7.

apoya firmemente el compromiso de la presidenta electa de la Comisión de reorientar el Semestre Europeo como instrumento que integra los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas;

8.

acoge con satisfacción, en principio, la intención de la presidenta electa de la Comisión de presentar un plan de inversiones para una Europa sostenible, con el fin de apoyar la inversión de un billón de euros durante la próxima década en todos los rincones de la UE, pero espera más aclaraciones sobre qué relación guarda este plan, en particular, con el programa InvestEU y cómo se prevé que afecte a la inversión en las regiones y ciudades de la UE. Asimismo, apoya la intención de la presidenta electa de la Comisión de presentar una estrategia de financiación ecológica;

9.

comparte el énfasis de la presidenta electa de la Comisión en promover la transición de la UE hacia la neutralidad climática de aquí a 2050 mediante estrategias industriales adecuadas y de apoyar a las personas y regiones más afectadas a través de un nuevo fondo de transición justa. Aboga por que este fondo, en particular, mitigue las consecuencias sociales, socioeconómicas y medioambientales de los cambios estructurales en las regiones carboníferas europeas;

10.

destaca que los acuerdos comerciales negociados y concertados por la Unión Europea deben contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible;

11.

observa que el porcentaje de aplicación de las recomendaciones específicas por país sigue siendo lento y desigual y considera que esto también es el resultado de no asumirlas como propias y de una capacidad administrativa e institucional insuficiente; destaca que, en 2019, 137 de las recomendaciones individuales formuladas en el marco de las recomendaciones específicas por país globales (subrecomendaciones) se dirigen directa o indirectamente a los entes locales y regionales o tienen impacto territorial (frente a 120 en 2018), lo que, en la actualidad, representa el 62 % de todas las subrecomendaciones para 2019 (7). 112 de estas subrecomendaciones abordan obstáculos a la inversión (frente a 79 en 2018) como consecuencia del mayor énfasis del Semestre Europeo en la inversión este año, mientras que 26 hacen referencia a la mejora de la capacidad administrativa de los entes locales y regionales y se dirigen a 17 Estados miembros. Destaca que estas conclusiones ponen de relieve el papel de los entes locales y regionales en el cumplimiento de los objetivos del Semestre Europeo, un papel que no goza de suficiente reconocimiento en el proceso de gobernanza del Semestre Europeo;

12.

hace hincapié en que 55 subrecomendaciones de las recomendaciones específicas por país para 2019 abordan el papel de los entes locales y regionales a la hora de aplicar el pilar europeo de derechos sociales. Dado que las disparidades sociales tienen su origen en las disparidades regionales, es preciso analizarlas a fondo en los informes por país y en los programas nacionales de reforma. Recuerda que el CDR, en cooperación con Eurostat, ha contribuido a elaborar un estudio metodológico sobre cómo crear un cuadro europeo de indicadores sociales regionales que podría utilizarse, en el contexto del Semestre Europeo, para supervisar el progreso del pilar europeo de derechos sociales, y pide a la próxima Comisión que siga apoyando este proceso;

13.

toma nota de la evaluación plurianual de la Comisión Europea sobre la aplicación de las recomendaciones específicas por país, que muestra que más de dos tercios de las recomendaciones específicas por país formuladas hasta 2018 se han cumplido con al menos «algunos progresos» (8), pero lamenta una vez más la persistente falta de transparencia en los criterios en los que se basa dicha evaluación;

14.

acoge con satisfacción las directrices para la programación 2021-2027 de los Fondos EIE incluidas en los informes por país (anexo D); no obstante, observa que el análisis subyacente de las disparidades regionales sigue siendo insuficiente, debido también a la falta de participación de los entes locales y regionales en su preparación, como revela una encuesta realizada por el CDR justo después de la publicación de los informes por país;

15.

destaca que el Semestre Europeo debe evaluar anualmente el estado de aplicación de las políticas de inversión; destaca que los entes locales y regionales, a través de sus organizaciones representativas, deben participar en esta evaluación desde la publicación de los informes por país y también durante la fase de diálogo entre el vicepresidente de la Comisión competente y los Estados miembros;

16.

hace hincapié en que la falta de una participación estructurada y permanente de los entes locales y regionales en todo el Semestre Europeo, en particular en el diseño y la ejecución de los programas nacionales de reforma, crea una asimetría entre el Semestre, que está centralizado y tiene carácter descendente, y la política de cohesión, que está descentralizada y cuya gestión es compartida. Propone que se aborde esta cuestión con carácter urgente ampliando el actual código de conducta sobre las asociaciones para que incluya el proceso político del Semestre Europeo;

17.

señala que el programa nacional de reformas (PNR) es también el único documento que permite a todos los Estados miembros de la Unión Europea presentar anualmente a la Comisión Europea las políticas específicas que se proponen aplicar para alcanzar los objetivos comunes, la sostenibilidad de las finanzas públicas y las reformas estructurales, así como las propuestas para cumplir los objetivos de crecimiento y empleo, de conformidad con las recomendaciones del Semestre Europeo y los objetivos a diez años de la Estrategia Europa 2020. Por lo tanto, aplicando plenamente el principio de gobernanza multinivel, las regiones deberían participar en la composición del PNR, algo que ya ocurre en algunos países, utilizando dicho programa como un instrumento que permitiera una planificación integrada de las actuaciones en los territorios, también atendiendo a las novedades que han introducido los Reglamentos de la UE para la programación 2021-2027 con vistas a una alineación con el Semestre Europeo; en este contexto, recuerda que el CDR ha creado un cuadro europeo de indicadores sociales regionales (9), acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de añadir una dimensión regional al cuadro de indicadores sociales en el marco del proceso del Semestre Europeo y espera con interés su rápida aplicación;

18.

reitera su preocupación por que la Comisión Europea aún no haya formulado una definición de «reformas estructurales» en el contexto de la gobernanza económica de la UE y de un posible apoyo mediante programas de la UE, como el proyecto de Programa de Apoyo a las Reformas. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, el alcance de las reformas estructurales que puedan beneficiarse de apoyo de la UE debe limitarse a los ámbitos de actuación que resulten pertinentes de cara a la aplicación de los objetivos de los Tratados y que guarden una relación directa con las competencias de la UE;

19.

espera que el Semestre Europeo ofrezca una respuesta amplia, coordinada e integrada de la UE a los efectos desestabilizadores del cambio demográfico, en particular mediante el refuerzo de la eficacia de la política de cohesión y la promoción de estrategias regionales, especialmente de aquellas cuyo objetivo sea desarrollar áreas rurales inteligentes y competitivas;

20.

señala que las recomendaciones específicas por país confirman que el mercado de la vivienda es un factor crítico para la estabilidad financiera y que la escasez de viviendas adecuadas y asequibles es un problema creciente en varios Estados miembros. Este análisis refuerza los argumentos en favor de evaluar la necesidad de una agenda europea de vivienda, al tiempo que se deja un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros en su ámbito de responsabilidad (10);

21.

destaca que el multilateralismo y un orden mundial basado en normas son de interés para la UE y deben ser defendidos. Por lo tanto, acoge con satisfacción las iniciativas destinadas a luchar por la igualdad de condiciones y mostrar dureza con los Estados que compiten mediante dumping, desregulaciones o subvenciones; no obstante, advierte que las normas de la UE en materia de política de competencia interna son mucho más estrictas que en el resto de países y, por ello, corren el riesgo de colocar a las empresas europeas en una situación de desventaja en el plano mundial;

22.

considera que la negociación de acuerdos de libre comercio debe basarse, entre otras cosas, en evaluaciones de impacto regionales, ya que estas facilitarían la pronta detección y la cuantificación de los posibles impactos asimétricos en las regiones europeas, lo que permitiría a las políticas públicas dar respuestas rápidas;

23.

apoya el llamamiento del Consejo Europeo (11) en favor de un enfoque político integrado para profundizar y reforzar el mercado único, diseñar una política industrial que se adapte al futuro, abordar la revolución digital y garantizar una imposición justa y eficaz;

24.

acoge con satisfacción el informe del grupo de alto nivel de la Comisión Europea sobre el futuro de la industria europea (12), en el que se expone una visión a largo plazo de una estrategia industrial europea y se hace hincapié en la dimensión regional de dicha estrategia;

25.

reitera su llamamiento para que la UE refuerce el apoyo a la colaboración paneuropea e interregional centrada en desarrollar sinergias, conseguir una masa crítica de inversión conjunta destinada a la innovación de las cadenas de valor industriales de toda Europa y realizar el potencial de la economía circular y neutra en carbono;

26.

reconoce que la competitividad de la economía y la industria europeas se basa en el potencial empresarial e innovador de las pymes; pide a la Comisión Europea y al Consejo que tengan en cuenta las necesidades específicas de las pymes a la hora de desarrollar las estrategias económicas a largo plazo de la UE, en particular las medidas destinadas a eliminar los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios en el mercado único de la UE, que dificultan especialmente el crecimiento de las pymes europeas;

27.

destaca que la mejora de la contratación pública local y regional aportaría una competitividad considerable y aumentaría la eficiencia. Esto se ve corroborado por el trabajo analítico del CDR, que muestra que la complejidad de las actuales normas de contratación pública y la tendencia de la sobrerregulación en muchos Estados miembros aumentan la probabilidad de errores y el consiguiente riesgo de acciones judiciales, lo que, a su vez, conduce a estrategias de contratación demasiado reacias al riesgo entre muchos entes locales y regionales;

28.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Presidencia finlandesa del Consejo y al presidente del Consejo Europeo.

---

(1)  Comunicación de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial [COM(2018) 770].

(2)  https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2018-03900-00-00-res-tra-es.docx/content

(3)  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0201_ES.html

(4)  Dictamen sobre el tema El Semestre Europeo y la política de cohesión: reformas estructurales destinadas a las inversiones a largo plazo, aprobado por unanimidad en el pleno del CDR de 10 de abril de 2019 https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2018-05504-00-00-ac-tra-es.docx/content

(5)  https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2016-05386-00-00-ac-tra-es.docx/content

(6)  https://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2018_key_findings_en.pdf

(7)  CDR, 2019 European Semester. Territorial Analysis of the Country-Specific Recommendations

(https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx#)

(8)  Comunicación de la Comisión sobre las recomendaciones específicas por país para 2019, p. 3.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560257977630&uri=CELEX%3A52019DC0500

(9)  https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/European%20Regional%20Social%20Scoreboard/European-Regional-Social-Scoreboard.pdf?_cldee=bWF0dGhpZXUuaG9ybnVuZ0Bjb3IuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-09d0f0455cf2e4118a29005056a05119-28d790990cbf4dcc890968d369dec000&esid=8685471a-6dd4-e911-8116-005056a043ea

(10)  Punto 20 de la Resolución del CDR Propuestas para el nuevo mandato legislativo de la Unión Europea, 27 de junio de 2019 https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2019-02550-00-01-res-tra-es.docx/content

(11)  Tal y como se recoge en sus Conclusiones, de 20 de junio de 2019 https://www.consilium.europa.eu/media/39944/20-21-euco-final-conclusions-es.pdf

(12)  Publicado el 26 de junio de 2019 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/industry-2030_es

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Recomendaciones para el diseño eficaz de estrategias de desarrollo regional más allá de 2020

(2020/C 39/03)

Ponente

:

Adam Struzik (PL/PPE), presidente de la Región de Mazovia

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

desea formular recomendaciones sobre el diseño eficaz de estrategias de desarrollo regional más allá de 2020, basándose en análisis de los factores que determinan la situación estratégica de las regiones, teniendo en cuenta los retos que se les plantean a estas y aprovechando la experiencia adquirida hasta la fecha con la política de cohesión;

2.

señala que estas recomendaciones se refieren únicamente a los ámbitos de inversión prioritarios y a las condiciones marco de unas estrategias de desarrollo regional eficaces;

3.

observa que, habida cuenta de las necesidades reales, los entes locales y regionales precisan de estrategias de desarrollo a medio y largo plazo claramente definidas, que deben basarse tanto en las tendencias de las previsiones y en los retos como en las circunstancias específicas de cada territorio;

4.

recuerda que la optimización del funcionamiento de los entes locales y regionales (regiones, distritos y municipios) y de su desarrollo mediante un uso equilibrado de los factores y recursos regionales para la producción de bienes y servicios constituye el aspecto más importante de la planificación estratégica territorial;

5.

observa que las estrategias de desarrollo son uno de los instrumentos más importantes de la administración regional y local, ya que, de manera coherente con la visión sobre el desarrollo futuro de Europa, en ellas se plasman las orientaciones que guiarán las decisiones y las medidas que establecen objetivos y prioridades;

6.

señala que las estrategias de desarrollo regional y las de especialización inteligente son, por tanto, herramientas importantes para lograr sinergias y complementariedades entre los distintos instrumentos sectoriales, y que, de conformidad con el enfoque pertinente adoptado para el desarrollo económico, social y territorial de cada región, también garantizan la participación adecuada de las partes interesadas;

7.

llama la atención sobre las discrepancias entre el Semestre Europeo y los objetivos de la política de cohesión. La política de cohesión es una política de pleno derecho y el objetivo del Tratado (cohesión económica, social y territorial) debe mantenerse en todo momento. Esto requiere prestar atención al grado de pertinencia entre las recomendaciones específicas por país y los programas de cohesión y la importancia de la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales, tanto en lo que se refiere a los programas nacionales de reforma (PNR) como a los programas de cohesión;

Recomendación 1: la planificación estratégica regional como punto de partida para un desarrollo satisfactorio

8.

señala que reforzar la cohesión económica, social y territorial en la Unión es uno de los objetivos fundamentales de la UE, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

9.

destaca que la política de cohesión debe establecer un vínculo entre, por una parte, los objetivos estratégicos centrados en abordar los retos europeos y mundiales y, por otra, las estrategias de desarrollo a largo plazo a escala regional y local de los Estados miembros y su aplicación sobre el terreno;

10.

observa, por otro lado, que los numerosos desafíos que afrontan las ciudades y regiones tienen una fuerte dimensión territorial, ya que sus efectos se extienden más allá de los territorios concretos y sus límites administrativos; señala, por tanto, que las distintas regiones no pueden hacer frente por sí solas a los retos en materia de desarrollo, sino que cada una de ellas dispone de plena autonomía para expresar las orientaciones políticas de desarrollo y visión de su comunidad, conforme al principio de subsidiariedad establecido en el apartado 3 del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE);

11.

destaca la importancia de las estrategias territoriales para una gestión integrada y coordinada de las inversiones; en este sentido, «integrada» significa que todos los niveles de la administración —desde la local hasta la europea— colaboran para alcanzar los objetivos en el ámbito correspondiente, y «coordinada» implica que las fuentes de financiación se complementan entre sí y contribuyen a la consecución de estos mismos objetivos territoriales consensuados;

12.

hace hincapié en que es de suma importancia fundamentar las decisiones financieras y estratégicas en los indicadores de desarrollo socioeconómico actuales. Las propuestas para las perspectivas financieras 2021-2027 se basan en datos del período 2014-2016, lo que se traduce en una representación considerablemente tergiversada de la situación socioeconómica actual de las regiones. Para el análisis solo deberían utilizarse indicadores que no tengan una antigüedad de más de tres años respecto del período de financiación, es decir, en este caso, los indicadores de los años 2017-2019;

13.

destaca que, a la hora de configurar la futura política de desarrollo y, en particular, en el contexto del marco financiero plurianual (MFP) de la UE y las previsiones financieras para 2021-2027 y más allá, deben tenerse en cuenta las clasificaciones estadísticas actuales; por ello, pide a la Comisión Europea que revise en profundidad el enfoque adoptado en este ámbito antes de fijar definitivamente el MFP;

14.

subraya que Eurostat debe participar en la reconfiguración del enfoque y la aplicación de las recomendaciones. Además, Eurostat debe redoblar sus esfuerzos tanto para optimizar el sistema de recogida y tratamiento de datos —que sirven de ayuda para adaptarse a las nuevas necesidades y mejoran la cooperación— como para incrementar la eficacia de la recogida de información;

15.

subraya que el PIB es una medida de producción y no mide la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social en general; en este sentido, llama la atención sobre la necesidad de incluir indicadores adicionales que midan la calidad de vida de manera más justa y clara y complementen el PIB;

16.

pide el desarrollo de unos indicadores claros y mensurables que tengan en cuenta el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia de los recursos y la inclusión social; aboga, además, por que se elaboren indicadores más centrados en la situación de los hogares y que reflejen su renta, consumo y patrimonio;

Recomendación 2: los objetivos de desarrollo sostenible como base de las estrategias a largo plazo de las ciudades y regiones

17.

señala que tanto la Estrategia Europa 2020 como el marco estratégico común han proporcionado un marco y directrices para la preparación de los acuerdos de asociación 2014-2020 y los programas de la política de cohesión 2014-2020 y, en particular, han contribuido a garantizar la coordinación entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y otros instrumentos;

18.

llama la atención sobre la necesidad de determinar, en la estrategia que sustituya a la Estrategia Europa 2020, un marco que proporcione una orientación a largo plazo para las políticas de la UE y permita el desarrollo de estrategias nacionales, regionales y locales que ayuden a realizar los objetivos de desarrollo sostenible teniendo presentes las ventajas de establecer también una asociación transfronteriza para afrontar los retos comunes;

19.

acoge con satisfacción el documento de reflexión de la UE «Hacia una Europa sostenible en 2030» y pide a la Comisión y al Consejo Europeo que reconozcan la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus diecisiete objetivos de desarrollo sostenible como una prioridad en su agenda política y como objetivo global del próximo plan estratégico de la UE para 2019-2024 y más adelante;

20.

considera que la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible y las estrategias políticas conexas debe definirse con arreglo al principio de una gobernanza multinivel, en la que participen todos los niveles de gobierno y partes interesadas, que permita la determinación de objetivos diferenciados a escala nacional, regional y local;

21.

señala que los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible no incluyen un objetivo específicamente regional que incorpore los objetivos consagrados en el TFUE de garantizar un desarrollo regional equilibrado en la UE y reducir las disparidades de desarrollo entre las regiones, y garantice que ningún territorio quede rezagado;

22.

recomienda que las ciudades y las regiones utilicen los objetivos de desarrollo sostenible como principios rectores en la elaboración de sus estrategias de desarrollo regional y local, sobre todo teniendo en cuenta que aún no se ha presentado la Agenda 2030 para una Europa sostenible. Para ello, es necesario que las ciudades y regiones, en su calidad de niveles de toma de decisiones más próximos a los ciudadanos, las empresas y las comunidades locales, adapten los objetivos de desarrollo sostenible a las realidades sobre el terreno;

Recomendación 3: las ciudades y regiones deberían basar sus estrategias de desarrollo regional en un análisis preciso del futuro

23.

hace hincapié en que, para elaborar estrategias de desarrollo regional eficaces, es necesario tener en cuenta las tendencias futuras. Por consiguiente, la planificación a largo plazo, las previsiones y otros métodos de predicción estratégicos son herramientas importantes a la hora de configurar la política regional futura;

24.

subraya que las estrategias de desarrollo regional posteriores a 2020 deben vincularse con la nueva agenda territorial a fin de obtener resultados positivos en todo el territorio de la UE;

25.

señala que las principales tareas de desarrollo que deberán tenerse en cuenta en las estrategias regionales en el futuro guardan relación con las megatendencias o los cambios medioambientales y que, por consiguiente, tendrán un impacto significativo en la economía y la población de todas las regiones de la UE;

26.

destaca que la transformación tecnológica resultante de la automatización y el aprendizaje automático puede tener repercusiones considerables en los mercados de trabajo y, por tanto, también influirá en el desarrollo socioeconómico. Por otro lado, muchas de las nuevas tecnologías pueden aportar beneficios a las zonas rurales ya que reducirán los problemas derivados de la baja densidad de población y de las largas distancias;

27.

señala que es fundamental crear las infraestructuras técnicas básicas para poder aprovechar las nuevas tecnologías. Muchas de las ventajas de las nuevas tecnologías no son evidentes por sí mismas sino que requieren políticas complementarias, por ejemplo, para garantizar que las personas disponen de las competencias necesarias para utilizar esas tecnologías;

28.

subraya que el pilar europeo de derechos sociales debe aplicarse en su totalidad. Aunque se reconoce que en la UE se han alcanzado progresos sociales, es preciso mejorar la aplicación de los principios del pilar en todos los niveles de gobierno. En este orden de cosas cobra importancia el Fondo Social como nexo entre las aspiraciones del pilar social y la necesidad que presentan las regiones de medidas e inversiones en favor del desarrollo regional, por ejemplo en lo relativo a la oferta de competencias;

29.

observa que en los mercados de trabajo se están produciendo cambios debidos a la digitalización; pide, por tanto, que se vele por establecer nuevos modelos de negocio que respeten los derechos de los trabajadores y que las nuevas formas de empleo ofrezcan una remuneración adecuada, una protección social y protección contra la discriminación;

30.

llama la atención sobre la necesidad de una planificación del territorio más coherente, que tenga en cuenta la adaptación al cambio climático; observa, además, que la ordenación del territorio desempeña un papel clave a la hora de limitar los riesgos asociados al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y las catástrofes naturales;

31.

destaca el importante papel que desempeñan las infraestructuras verde y azul en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como en la prevención de la pérdida de biodiversidad; pide además a los Estados miembros y a los entes regionales y locales que tengan en cuenta la biodiversidad en sus documentos estratégicos y en las decisiones que adopten;

32.

lamenta que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) haya quedado excluido del Reglamento sobre disposiciones comunes. Esto, unido a las disposiciones divergentes en los reglamentos sectoriales, dificulta la coordinación de los fondos asignados a la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad, así como las estrategias globales entre los distintos fondos y las estructuras de cooperación a nivel regional;

33.

subraya la necesidad de tener en cuenta los impactos medioambientales ya desde el inicio de la planificación estratégica de las infraestructuras, así como de realizar correctamente las evaluaciones estratégicas ambientales y de impacto medioambiental correspondientes, lo que también reducirá el número de problemas ligados a la autorización y la ejecución de los proyectos;

34.

opina que el enfoque territorial debe reflejar la identidad regional o local, y recuerda que cada comunidad tiene responsabilidad y competencia directas en la formulación de políticas coherentes con sus propias especificidades territoriales, sociales y culturales; destaca, a este respecto, que cada región se caracteriza por unas particularidades específicas, que constituyen un importante factor de crecimiento y contribuyen a hacer frente a las crisis;

35.

estima problemática la ausencia de la cultura en la Estrategia Europa 2020 para el desarrollo futuro de la Unión Europea; pide, por tanto, que la cultura, con sus instituciones y sitios, se incluya como ámbito estratégico en las próximas estrategias y en la planificación de las políticas; en este contexto, insta a las regiones a que consideren el patrimonio cultural como uno de sus principales puntos fuertes y lo tengan en cuenta en sus estrategias de especialización inteligente;

Recomendación 4: inversión en el desarrollo de capacidades institucionales y administrativas como requisito previo de un uso eficiente del dinero público

36.

destaca que el éxito en la elaboración de políticas integradas depende en gran medida de la calidad de las administraciones nacionales y regionales y que la capacidad institucional y administrativa es un factor clave para la correcta gestión de los programas de los Fondos EIE, además de desempeñar un importante papel en el fortalecimiento de la prosperidad económica general;

37.

observa que, según numerosos estudios, la eficacia del gasto público está más vinculada a la buena administración y al rendimiento de las instituciones que a las variables macroeconómicas. Por consiguiente, el rendimiento de la inversión está directamente relacionado con el nivel de inversión pero también con la calidad de la administración;

38.

considera que una buena gobernanza (y en términos generales una buena administración) son elementos claves para una aplicación satisfactoria de las estrategias de desarrollo regional y local; a este respecto, señala que tanto la UE como las ciudades y regiones necesitan líderes que no tengan miedo de diseñar visiones de futuro para sus territorios y plasmarlas en estrategias de desarrollo. La actividad de los entes regionales es una condición sine qua non para el desarrollo de una región;

39.

pide que se preste un apoyo adecuado al desarrollo de las competencias y cualificaciones digitales de las ciudadanas y ciudadanos en todos los niveles educativos; considera que el desarrollo de competencias digitales de las trabajadoras y trabajadores de la UE es una condición previa para afrontar los cambios en los mercados laborales y prevenir la escasez de personal cualificado y la falta de competencias;

Recomendación 5: impulsar las sinergias entre los fondos y otros agentes

40.

señala que, al igual que todas las demás políticas de la UE, la política de cohesión debe contribuir a la consecución de los objetivos fundamentales consagrados en los Tratados. Al mismo tiempo, las demás políticas de la UE también deben coadyuvar a la realización de los objetivos de la política de cohesión que se recogen en el Tratado;

41.

por otro lado, señala que, si bien cada uno de los Fondos EIE cumplía y sigue cumpliendo tareas específicas establecidas en el Tratado, en su conjunto puede contribuir además a la consecución de los objetivos de la política de cohesión, de modo que cada uno de los fondos sirva también para que se lleven a término las misiones de otros fondos;

42.

subraya que, a fin de crear sinergias y reforzar el impacto y la eficacia de los diferentes instrumentos, es indispensable adaptar las estrategias y los tipos de medidas, así como la cooperación entre los distintos agentes, desde el inicio del ejercicio de programación;

43.

destaca la importancia de la transparencia y el uso estratégico de la contratación pública en todos los niveles de administración, en particular en lo que respecta a establecer principios claros e inequívocos. Para ello, es importante evitar las divergencias entre los Estados miembros, entre los distintos niveles de gobierno y de administración o entre los Estados miembros y la Comisión Europea, y minimizar las cargas administrativas;

44.

considera que las iniciativas, estrategias, planes de acción y asociaciones público-privadas en los ámbitos CTIAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) aplicados a escala local y regional pueden aportar una ayuda importante para reducir las disparidades de desarrollo en Europa; estima, además, que la clasificación de la educación en CTIAM como prioridad de las políticas locales y regionales y la concesión de un trato preferencial a las iniciativas de cooperación e inversión cuyo objetivo sea promover esta materias pueden contribuir de forma significativa a mitigar las repercusiones negativas de la fuga de cerebros;

Recomendación 6: cooperación territorial en las regiones funcionales

45.

señala que las fronteras administrativas a menudo no se corresponden con las interdependencias económicas que se registran en el territorio de una región. Por ejemplo, pueden existir vínculos importantes entre las ciudades y sus zonas de aglomeración urbana circundantes, entre zonas rurales y urbanas, y entre regiones vecinas de distintos países;

46.

subraya que, en casi todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, las repercusiones territoriales superan el nivel local y los límites administrativos, por lo que las decisiones deben adoptarse conjuntamente entre distintos niveles. Cuando se busquen respuestas a estas cuestiones, dichas decisiones deberán ir precedidas, desde el primer momento, de un diálogo conjunto;

47.

considera que debe prestarse especial atención a la situación de las regiones (ultra)periféricas, las regiones escasamente pobladas o aisladas, las regiones fronterizas y las regiones que afrontan desafíos específicos —en particular, las de montaña y las insulares— y que, en ciertos casos, están menos desarrolladas, en particular con vistas a mejorar su conectividad y sus interconexiones;

48.

recomienda la elaboración de estrategias comunes para las regiones funcionales y, cuando sea posible, la adaptación de las políticas y programas correspondientes;

Recomendación 7: proyectos conjuntos entre los programas nacionales o regionales de los Fondos EIE de países vecinos

49.

recomienda a las autoridades de gestión que aprovechen plenamente las posibilidades que ofrece el Reglamento sobre disposiciones comunes en lo que se refiere a la política de cohesión (artículo 57, apartado 4, de la propuesta de la Comisión Europea) con el fin de programar proyectos de cooperación interregional o transfronteriza con los programas regionales del FEIE, en las regiones funcionales transfronterizas. Si se desarrollan este tipo de proyectos, será necesario también establecer una estrecha coordinación entre los programas Interreg pertinentes para garantizar que se complementan entre sí y evitar duplicaciones;

50.

se pronuncia en favor del mecanismo de cooperación transfronteriza propuesto por la UE, ya que lo considera de suma importancia para eliminar obstáculos y cuellos de botella en la cooperación transfronteriza;

51.

subraya que es indispensable y urgente que la Unión Europea ponga en marcha una verdadera estrategia de diplomacia cultural. Para ello es imprescindible promover la comunicación y los intercambios artísticos y culturales de las regiones de la UE —en particular las regiones ultraperiféricas—con terceros países, previendo, entre otras cosas, recursos que permitan a las y los artistas viajar y presentar sus obras fuera de la Unión y viceversa;

Recomendación 8: reforzar el enfoque territorial aprovechando todo el potencial de los instrumentos integrados [por ejemplo, el desarrollo local participativo (DLP) y la inversión territorial integrada (ITI)]

52.

destaca que el refuerzo de la cohesión a escala regional y local, también por encima de las fronteras, requiere un enfoque ascendente y de base local al objeto de elaborar soluciones adecuadas sobre el terreno;

53.

recomienda el desarrollo de estrategias territoriales para todos los programas; hace hincapié, a este respecto, en el valor añadido de los programas operativos plurifondo y pide que se recurra en mayor medida a los instrumentos territoriales en las regiones funcionales;

54.

destaca el papel del desarrollo local participativo (DLP) impulsado por la población local como instrumento específico del nivel subregional que complementa otras formas de apoyo a nivel local;

55.

considera que el DLP ofrece un valor añadido particular gracias a la participación, la consulta y la cooperación de la población local y de todos los agentes públicos y privados, y que garantiza que se emplean los conocimientos especializados locales y se toman en consideración las necesidades específicas de cada región;

56.

destaca el importante papel que desempeña la especialización inteligente —en particular a través del fomento de la investigación por parte de la UE— para reforzar los sistemas de innovación regionales, intercambiar conocimientos entre las regiones y reforzar las sinergias.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Mejorar la comunicación sobre la política de cohesión

(2020/C 39/04)

Ponente

:

Adrian Ovidiu TEBAN (RO/PPE), alcalde de Cugir

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Consideraciones generales

1.

señala que la política de cohesión representa aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE, con 351 000 millones EUR para el período de programación 2014-2020. Esta dotación proporciona un marco de inversión a largo plazo para las regiones y los Estados miembros y ofrece una planificación más fiable, en comparación con los presupuestos nacionales anuales o semestrales;

2.

observa que un aumento de la visibilidad de los Fondos EIE puede contribuir a mejorar las percepciones sobre la eficacia de la política de cohesión y a reforzar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo; no obstante, es fundamental disponer de un canal de comunicación coherente, no solo de arriba hacia abajo en lo que se refiere a los resultados concretos de los Fondos EIE, sino también de abajo hacia arriba, con el fin de que las partes interesadas y los entes locales tengan conocimiento de las oportunidades de financiación, y puedan así aumentar la participación pública en los procesos de ejecución;

3.

considera que, en principio, la comunicación debe ser parte integrante de la elaboración y aplicación de las políticas. Es fundamental que los beneficiarios y la sociedad civil tengan conocimiento de los proyectos locales financiados por la UE, aunque los importes de financiación difieran según las regiones, y esta información solo puede ser el resultado de un esfuerzo común de todos los niveles de gobierno implicados. El modelo de gobernanza multinivel y el principio de asociación, ambos basados en una mayor coordinación entre las autoridades públicas, los interlocutores económicos y sociales y la sociedad civil, pueden contribuir a una comunicación más eficaz de los objetivos y resultados políticos de la UE;

4.

destaca que las autoridades de gestión de los programas operativos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) deben comunicar los objetivos, las oportunidades de financiación y los resultados de los programas y proyectos de la política de cohesión; se trata, pues, de una tarea clave para las autoridades de gestión y los beneficiarios de los Estados miembros, que consiste en abordar cuestiones como qué oportunidades de inversión existen o cómo puede un beneficiario afrontar las cuestiones relacionadas con la publicidad, o quiénes reciben la financiación y para qué fines;

5.

señala que la política de cohesión de la UE y las intervenciones de sus fondos van acompañadas de requisitos de información y publicidad, lo que significa que las autoridades nacionales y regionales encargadas de la aplicación, así como los beneficiarios finales, están legalmente obligadas a llevar a cabo actividades de comunicación. Estos requisitos han evolucionado a lo largo de las últimas tres décadas pasando de simples medidas de información como placas conmemorativas a estrategias de comunicación más sofisticadas, que engloban estrategias plurianuales, planes anuales, requisitos mínimos y evaluaciones que deben llevarse a cabo para cada programa operativo;

6.

subraya que informar a los posibles beneficiarios sobre las oportunidades de financiación es una parte fundamental de la gestión del programa. Para garantizar que la política de cohesión invierta en los proyectos más pertinentes e innovadores, es necesario informar al mayor número posible de beneficiarios potenciales; esto puede lograrse no solo poniendo de relieve las oportunidades de inversión, sino también mostrando los resultados obtenidos y las buenas prácticas;

7.

señala que la política de cohesión de la UE ha demostrado tener un impacto positivo tanto en la economía como en la vida de los ciudadanos, pero lamenta que los resultados no siempre se hayan comunicado correctamente y que durante la última década la percepción de sus efectos positivos siga siendo limitada, ya que, según una encuesta del Flash Eurobarómetro de 2017, solo el 35 % de los ciudadanos de la UE ha oído hablar de proyectos cofinanciados por la UE en la zona en la que viven. Sin embargo, las personas que han oído hablar de estos proyectos afirman que el impacto en el desarrollo de sus regiones ha sido positivo (78 %);

8.

observa que, según el mismo Eurobarómetro, las políticas de cohesión europeas siguen presentando un déficit de comunicación y las fuentes de información tienden a ser poco diversificadas. En general, debería promoverse mucho más la comunicación digital durante el próximo período de programación después de 2020;

9.

subraya los progresos desiguales registrados en los Estados miembros para racionalizar los procedimientos administrativos con vistas a una mayor movilización y participación de los interlocutores regionales y locales, incluidos los interlocutores económicos y sociales, así como los representantes de la sociedad civil, y destaca la importancia de la participación pública y del diálogo social. Cabe señalar que la mayor prioridad percibida es invertir en regiones con un alto nivel de desempleo. Los ámbitos que se consideran más importantes para las inversiones de la política regional de la UE son la educación, la salud y las infraestructuras sociales. Además, la política de cohesión es el principal instrumento de inversión de la UE para que las regiones y ciudades apliquen los Objetivos de Desarrollo Sostenible; un enfoque de este tipo sería un requisito previo para ampliar la «localización» de los ODS e impulsar su aplicación a través de la política de cohesión (1), allanando el camino de la economía lineal a la circular (2);

10.

señala que tanto la percepción de la política de cohesión como el apoyo a la UE pueden variar entre los grupos de población y entre las regiones. No obstante, son necesarios más datos para llegar a unas conclusiones claras a este respecto. Con este fin, se necesitará información sobre muestras representativas de personas para todas las regiones de la UE. Por consiguiente, cuando se prevea un Eurobarómetro que sea representativo de todas las regiones de la UE (NUTS 2 o equivalente), propone incluir preguntas sobre la percepción de la política de cohesión y el apoyo de los ciudadanos al proyecto europeo;

11.

destaca la necesidad de mejorar los conocimientos sobre el impacto que tiene la percepción de los ciudadanos sobre la política de cohesión de la UE en su apoyo al proceso de construcción europea. Ello es fundamental para evaluar a priori la eficacia de políticas de comunicación específicas destinadas a fomentar actitudes positivas hacia la política de cohesión y la UE en general. Por consiguiente, sugiere que se incluyan preguntas específicas sobre el apoyo a la UE y la percepción de la política de cohesión de la UE en las propias encuestas periódicas del Eurobarómetro;

12.

subraya que no son solo los factores económicos los que pueden generar conciencia. Varios análisis han detectado grupos de ciudadanos cuya concienciación sobre las políticas (de cohesión) de la UE parece estar directamente relacionada con su identificación con la Unión Europea como entidad política. También parece existir una relación positiva entre los niveles de concienciación sobre determinadas políticas de la UE, incluida la política de cohesión, y el nivel de participación en las elecciones europeas. A la inversa, también parece cierto que, cuando la identificación con la Unión Europea y con una historia y una cultura europeas comunes es elevada, los ciudadanos son más conscientes de las políticas europeas (de cohesión). Por estas razones, es importante mejorar e intensificar la comunicación sobre los resultados de la política de cohesión de la UE con el fin de reforzar la legitimidad política de la Unión Europea y el sentimiento de pertenencia a un proyecto común entre sus ciudadanos;

13.

subraya asimismo que la comunicación relativa a la política de cohesión no es responsabilidad exclusiva de la Comisión Europea, sino que es responsabilidad de todos los agentes que se benefician de la política de cohesión, incluidos los Estados miembros y los entes locales;

14.

considera que hay que comunicar de otra manera sobre la política de cohesión, dirigiéndose, en particular, a un público más amplio y no solo a las partes interesadas. El público en general debe ser el centro de una comunicación específica, y esta comunicación debe emocionar a la gente: tiene que contar historias sobre el impacto en los ciudadanos locales, y no solo exhibir cifras o gráficos sobre mercados de trabajo lejanos o cuestiones de infraestructura y poblaciones remotas; debe centrarse en el papel que desempeña la UE como nivel de gobierno en la vida de las personas, no en informar a la opinión pública sobre la variedad de los diferentes fondos y proyectos que tiene. Fundamentalmente, la importancia de la confianza en el mensajero es al menos tan importante como el mensaje y la confianza pública en los entes locales y regionales es mayor que en los gobiernos nacionales o en la UE. Por tanto, los políticos regionales y locales tienen un papel potencialmente decisivo que desempeñar, y los miembros del CDR en particular deben dar ejemplo como «embajadores de Europa en las regiones, ciudades y municipios»;

15.

subraya la necesidad de una comunicación específica. El tono de dicha comunicación específica debe centrarse en la «vecindad», y necesita emoción, ya que los datos estadísticos no motivan a las personas. En aras de comunicar mejor, debe seguirse un enfoque de gobernanza multinivel. El 55 % de los encuestados en el último Eurobarómetro considera que las decisiones deben tomarse a nivel subnacional; de ellos, casi un tercio (30 %) opta por el nivel regional y una cuarta parte (25 %) se inclina por el nivel local, mientras que casi uno de cada cinco considera que estas decisiones deben tomarse a nivel europeo;

16.

destaca la necesidad de entablar un diálogo más permanente con los ciudadanos y de implicarlos más a menudo en la toma de decisiones, lo que puede proporcionar responsabilidad y legitimidad a la aplicación de la política de cohesión. En este sentido, el nuevo objetivo global n.o 5 para el período 2021-2027 («Una Europa más cercana a los ciudadanos») debe aprovechar al máximo las experiencias existentes con el desarrollo local participativo y la presupuestación participativa a escala local, así como otros métodos destinados a aumentar la participación ciudadana. La intervención de los miembros del CDR, alcaldes y otros representantes elegidos localmente en las campañas de comunicación de la Comisión Europea sobre la política de cohesión podría ser una forma de aumentar la sensibilización sobre los beneficios de la Unión Europea en la vida cotidiana de los ciudadanos;

El reto de la visibilidad

17.

observa que el aumento de la visibilidad de los Fondos EIE puede contribuir a mejorar la percepción de la Unión Europea y a restaurar la confianza pública en las políticas europeas;

18.

señala, por consiguiente, que el aumento del euroescepticismo y de los partidos políticos que se oponen a una mayor integración en la UE también está vinculado a la percepción de las desigualdades económicas, sociales y territoriales. La política de cohesión es una herramienta poderosa para promover la «resiliencia territorial» como parte de la solución por lo que respecta a las respuestas políticas, y las acciones para comunicar el impacto positivo sobre las regiones y la vida de las personas han pasado a ser decisivas;

19.

sugiere que los programas operativos se centren en las necesidades de las personas y en la comunicación no solo «a las personas», sino más concretamente «con las personas». En este sentido, el Comité destaca la importancia de los acuerdos de asociación que prevén mecanismos de diálogo con los ciudadanos a la hora de diseñar las intervenciones cofinanciadas por la política de cohesión de la UE en todas las fases de preparación, aplicación y evaluación de los programas operativos, y recomienda que los Estados miembros hagan participar a los entes locales en todas las fases;

20.

fomenta la adopción de innovaciones democráticas como la presupuestación participativa y la deliberación (jurados, comisiones y votaciones) para dar voz a la población local y, de este modo, cambiar radicalmente la forma en que los ciudadanos participan en el mecanismo de comunicación;

21.

señala que la visibilidad de las inversiones de la política de cohesión es una responsabilidad compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros y que los entes locales y regionales competentes deben participar en la formulación de estrategias de comunicación eficaces;

22.

pide a la Comisión Europea que extraiga enseñanzas del éxito de la comunicación sobre proyectos a pequeña escala e interpersonales financiados por la UE en las regiones fronterizas. Señala el elevado nivel de compromiso de las personas que participan en estos proyectos y su contribución a la comunicación efectiva de los resultados de estos;

23.

acoge con satisfacción la propuesta presentada en el nuevo paquete legislativo de la política de cohesión de nombrar a oficiales nacionales de comunicación para gestionar, de forma integrada, la visibilidad de las actividades relacionadas con el FEDER regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, así como el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras y el Fondo de Seguridad Interior. En el mismo sentido, deberían aprovecharse al máximo otros programas futuros de la UE con visibilidad local, como Horizonte Europa, InvestEU, etc., así como los centros de información Europe Direct;

24.

considera que las plataformas similares a REFIT con soluciones de TIC sencillas que se utilizan para comunicarse con los ciudadanos de la UE permiten formular las políticas de una manera más eficaz y en consonancia con las expectativas de la sociedad. Los entes locales cuentan con mucha experiencia en este ámbito, y ya están utilizando aplicaciones que permiten resolver problemas acuciantes sobre el terreno. Lo único que se precisa es seguir perfeccionando la comunicación en ambos sentidos;

25.

pide a la Comisión Europea que amplíe los esfuerzos ya realizados con autoridades de gestión a representantes políticos de regiones y ciudades para probar nuevas formas de comunicación. Los entes locales y regionales, así como los beneficiarios, constituyen los interlocutores más eficaces y cercanos de los ciudadanos;

26.

recomienda que la comunicación de la política de cohesión se centre no solo en los fines y resultados de los proyectos financiados por la UE, sino principalmente en los beneficios que estos proyectos representan para la vida cotidiana de los ciudadanos. En este sentido, el nivel local y regional parece ser el más adecuado para esta comunicación (¿cómo ayudó la UE a mi municipio, ciudad o región?), y también debería fomentarse el papel activo de los centros de información Europe Direct;

27.

pide, sin embargo, que, en consonancia con el objetivo de cohesión territorial, las iniciativas nacionales de comunicación desarrolladas en el marco de la política agrícola común y la política de cohesión se coordinen y centren en zonas concretas (incluidas las rurales) que se están quedando rezagadas en su desarrollo y en las que el sentimiento de abandono ha alimentado el euroescepticismo en los últimos años;

28.

pide, por consiguiente, al Consejo y al Parlamento Europeo que incluyan una dotación financiera específica para la comunicación en el ámbito de la asistencia técnica y que, en su caso, aumenten el número de requisitos vinculantes de publicidad e información para los proyectos de la política de cohesión en el marco del futuro Reglamento sobre las disposiciones comunes después de 2020;

29.

sugiere que se aplique una «planificación inteligente de comunicación», lo que implicaría el desarrollo de estrategias de comunicación integradas, incluidos indicadores de resultados con puntos de referencia, financiación asignada y costes específicos;

30.

pide un uso más amplio e intensivo de los medios digitales, con un lenguaje menos técnico y acciones más específicas, y recomienda que se controle el número de personas a las que llegan las actividades de comunicación (por ejemplo, las visitas a las páginas web después de un acto);

31.

propone que la «eficacia de los proyectos en la explotación de los resultados» sea un criterio de selección para financiar proyectos en el marco de la política de cohesión (como en los programas de la UE Horizonte 2020 o COSME). Sin embargo, la publicidad obligatoria debería ser proporcional al tamaño de los proyectos, especialmente en pequeños proyectos en los que pueden suponer una gran carga administrativa para los beneficiarios finales;

32.

considera que los criterios de selección de proyectos en los programas operativos deben, como mínimo, esbozar principios de comunicación, con el fin de facilitar las revisiones y comparaciones a escala de la UE;

33.

sugiere que la Comisión Europea cree una «contabilidad de evaluación de los resultados de la comunicación» que contenga planes y acciones de comunicación, métodos mejorados (encuestas, grupos focales, seguimiento de los medios de comunicación), orientaciones de evaluación de la UE, una plataforma de aprendizaje que proporcione un depósito para las evaluaciones de las comunicaciones y, por último, una base de datos de buenas prácticas de comunicación;

34.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de crear un portal único de financiación para la UE que incluya todas las convocatorias de propuestas y una lista común de intervenciones, así como sitios web nacionales individuales que den acceso a información sobre todos los programas y fondos de la UE; los portales de la UE en línea de base local de las distintas instituciones y las diferentes direcciones generales de la Comisión deben agruparse en una única marca «EU»;

Estrategia de los medios de comunicación

35.

sugiere que el diseño de las estrategias (sociales) de los medios de comunicación incluya referencias a los contextos locales y que, por ejemplo, se mejore la formulación positiva, se elaboren discursos a más largo plazo vinculados a historias individuales y se afronte activamente —en vez de ignorarla— la formulación negativa;

36.

considera que un aspecto clave para aumentar el impacto de la comunicación de la política de cohesión es diversificar aún más las actividades de comunicación e impulsar la cobertura por los medios de comunicación de todas las actividades de la UE;

37.

señala, a este respecto, que para aumentar la presencia de la UE en las regiones y ciudades las actividades de comunicación deben ser compatibles con la visibilidad de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y de programas como Interreg, URBACT y ESPON;

38.

se manifiesta a favor de intensificar las actividades de los medios de comunicación social para impulsar el apoyo a la política de cohesión, siguiendo el ejemplo de la campaña #Cohesionalliance, que reunió a agentes políticos en torno a un mensaje político firme sobre una política de la UE que aporta beneficios a todos sus territorios;

39.

señala que la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades es el acontecimiento político clave para la aplicación de la política de cohesión, que permite a los representantes políticos, los profesionales, los investigadores y los ciudadanos aprender, intercambiar ideas, influir en la UE y expresar sus puntos de vista concretos sobre las políticas regionales y urbanas;

40.

sugiere que la Comisión Europea incluya una sección sobre este tema en la nueva versión del Reglamento Delegado de la Comisión relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; esta sería una forma de aumentar el respeto y la consideración de los principios de asociación y asociación multinivel a la hora de diseñar las actividades de comunicación;

Mejora de la comunicación sobre la política de cohesión después de 2020

41.

propone que, en el marco de la futura política de cohesión después de 2020, la inversión en proyectos de comunicación se financie con cargo a una única categoría de costes bien definida, dado que la comparación de las estrategias de comunicación demuestra la dificultad de agregar y comparar los presupuestos para estas actividades, ya que las estrategias se definen a diferentes niveles y con fondos distintos, y que las categorías y métodos de costes no siempre están claramente definidos;

42.

pide que se mejore la definición de los indicadores de rendimiento, puesto que en la actualidad existe una considerable variabilidad en los indicadores, que no están adaptados a las actividades de comunicación;

43.

recomienda que, a la hora de elaborar las estrategias para el período 2021-2027, se tengan en cuenta las pruebas de las investigaciones realizadas sobre la eficacia de la comunicación de la política de cohesión a través de proyectos financiados por la UE, como «Cohesify» y «Perceive», y que se haga referencia a la «geografía del descontento», que ha surgido en el contexto de los debates populistas sobre el proyecto europeo;

44.

subraya la necesidad de estrategias flexibles de marca y visibilidad: una bandera de la UE debería ser un elemento omnipresente en todos los materiales obligatorios o informales;

45.

acoge con satisfacción la reciente Comunicación de la Comisión Europea (3) en la que se destaca la necesidad de abordar el reto único de la comunicación en Europa en una época de fragmentación y desinformación y se afirma que la política de cohesión desempeña un papel fundamental para que la comunicación de la UE sea un esfuerzo conjunto a todos los niveles de gobierno e instituciones de la UE;

46.

apoya el enfoque que consiste en simplificar la comunicación para los proyectos financiados por la UE: marca única (sin referencia a los Fondos EIE ni al nivel del programa); sitio web nacional único que proporcione acceso a la información sobre todos los programas y fondos de la UE; visibilidad especial para las operaciones de importancia estratégica y las operaciones de más de 10 millones EUR; coordinadores nacionales de comunicación para supervisar todos los fondos de la UE y un papel importante para los oficiales de comunicación del programa; inclusión de una estrategia de comunicación (en una versión más ligera) en el contenido del programa; permitir a las autoridades de gestión aplicar correcciones financieras (hasta un 5 %) a los beneficiarios que no cumplan las normas de comunicación; y permitir la reutilización de los materiales de comunicación – las autoridades de gestión tendrán que conservar el derecho a reutilizar los materiales de comunicación producidos y puestos a disposición de las instituciones de la UE (previa solicitud).

---

(1)  https://cor.europa.eu/es/events/Pages/ECON-sc-follow-up-UN-SDGs.aspx

(2)  Documento de reflexión hacia una Europa sostenible en 2030, Comisión Europea, COM(2019) 22 de 30 de enero de 2019, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf

(3)  Comisión Europea (2019): Europa en mayo de 2019: preparación para una Unión más unida, más fuerte y más democrática en un mundo sumido en una incertidumbre creciente, Bruselas, 30 de abril de 2019.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Contribución del CDR a la nueva Agenda Territorial, con especial énfasis en el desarrollo local participativo

(2020/C 39/05)

Ponente

:

Radim SRŠEŇ (CS/PPE), miembro de la Asamblea Regional de Olomouc

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

pide una asimilación mucho mayor de los instrumentos territoriales [desarrollo local participativo (DLP), inversiones territoriales integradas (ITI), etc.] en los Estados miembros y asignaciones obligatorias en todos los fondos con el fin de cumplir la Agenda Territorial renovada y los objetivos de cohesión;

2.

subraya que la política de cohesión y la cohesión territorial están vinculadas y que no podrá existir una verdadera política de cohesión si no se tiene en cuenta debidamente la cohesión territorial;

3.

recuerda que el CDR fue la primera institución de la UE en presentar una propuesta específica sobre cómo aplicar el DLP (1). En la actualidad, el CDR sigue considerando que el desarrollo local participativo integrado y de financiación múltiple puede definirse mejor como un concepto holístico centrado en los retos y el potencial de las regiones de cualquier tipo, urbanas, rurales, urbano-rurales o funcionales;

4.

pide que la Agenda Territorial posterior a 2020 refuerce la dimensión territorial en una gama más amplia de políticas y que fomente de forma activa más visiones o estrategias territoriales ascendentes, lo cual debe ser coherente con un marco más amplio;

5.

destaca que los instrumentos territoriales como el DLP o las inversiones territoriales integradas son medidas para «acercar Europa a los ciudadanos» que han demostrado su eficacia. Los logros de la iniciativa Leader o el DLP han demostrado que los grupos de acción local (GAL) son capaces de defender los valores europeos si se les reconoce como motores locales de cambio y desarrollo a nivel local, regional y nacional. Además, con la participación activa de todas las partes interesadas locales y la ciudadanía, el DLP puede atender a las necesidades europeas utilizando medios locales, por lo que contribuye a reforzar la legitimidad de la UE. Asimismo, la iniciativa Leader o el DLP también representan un poderoso instrumento para aplicar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local. Por tanto, el CDR pide mayores ambiciones y el desarrollo de los instrumentos locales a nivel local, regional, nacional y europeo durante el período posterior a 2020;

6.

destaca que, en sus intervenciones, los instrumentos territoriales integrados deberían seguir las características y necesidades específicas de las regiones, tal y como se definen en sus estrategias integradas ascendentes, y no limitarse a duplicar las medidas y la concentración temática y territorial de los programas operativos que financian dichos instrumentos;

7.

pide que la Agenda Territorial posterior a 2020 refuerce tanto los vínculos entre el medio rural y el urbano como los distintos tipos de territorio en general, en la medida en que el desarrollo regional y local es un mero aspecto y requiere un enfoque holístico e integrado;

8.

destaca que, efectivamente, la Agenda Territorial 2020 ha logrado resultados, gracias principalmente a la política de cohesión disponible a través de sus medios y financiación, que ha introducido, en todos los niveles de gobernanza, el enfoque de base local y la participación de las comunidades locales en la creación y aplicación de medidas locales sostenibles. No obstante, aún existe margen de mejora: en particular, debe mejorarse su visibilidad a nivel subnacional (a través del DLP, las inversiones territoriales integradas, la AECT, la cooperación territorial europea, etc.), debe reforzarse la influencia del enfoque territorial en la elaboración general de políticas de la UE y las políticas nacionales han mejorar la aplicación de la Agenda Territorial como tal;

9.

considera que la Agenda Territorial renovada supone una oportunidad para presentar un discurso nuevo y positivo para el futuro de la UE y el desarrollo equilibrado de todos los territorios. Se debe poner a disposición de los ciudadanos y el público general un documento exhaustivo y comprensible que establezca visiones para su futuro y que refleje las auténticas necesidades y temas que deben abordarse. Se les debe garantizar que nadie se quedará atrás y que todo el mundo tendrá las mismas oportunidades de tener una vida digna, sin importar su lugar de residencia;

10.

pide unos vínculos más sólidos entre la política de cohesión y la Agenda Territorial en todas las fases de programación, aplicación y supervisión de los programas, y señala la importante necesidad de superar la separación geográfica y sectorial actual de los fondos de la UE. No obstante, los Estados miembros deben garantizar que la dimensión territorial y las especificidades locales se tienen en cuenta en el proceso del Semestre Europeo a través de una consulta adecuada con los agentes locales a la hora de definir prioridades nacionales;

11.

subraya la capacidad del DLP para movilizar e implicar a las comunidades locales, incluidos los entes locales y regionales, los interlocutores sociales y civiles y el sector privado. A través de un enfoque participativo, consiste en mantener la coherencia de las estrategias de desarrollo local con los cambios en las condiciones locales (cohesión social, migración, agrupaciones regionales, economía ecológica, cambio climático, soluciones inteligentes, tecnología, etc.), así como adaptarlas a estos;

12.

destaca el papel del DLP para impulsar la credibilidad de la política de cohesión mostrando que es posible ejecutar conjuntamente fondos distintos de la UE de una manera integrada y eficaz;

13.

observa que el CDR aún respalda la idea de que la Agenda Territorial posterior a 2020 no debe ser un documento nuevo, ya que la actual Agenda Territorial 2020 sigue siendo válida en aspectos importantes;

14.

considera que la Agenda Territorial posterior a 2020 es esencial para abordar las desigualdades entre lugares y las personas que viven en ellos a través de medidas adaptadas, por ejemplo, el desarrollo territorial integrado;

15.

destaca la importancia de mejorar la coordinación y la creación de redes entre todas las autoridades y partes interesadas que aplican y financian la Agenda Territorial a nivel europeo, nacional, regional y local. Una mejor coordinación y un principio de asociación sólido son esenciales para conseguir un impacto eficaz de la Agenda Territorial. La coordinación de la Agenda Territorial en la República Checa, Suecia, Austria y otros Estados miembros es un ejemplo de buena práctica en este ámbito;

16.

subraya la necesidad de tener más en cuenta las estrategias de desarrollo territorial integrado con el fin de dirigir mejor las inversiones en la región siguiendo sus prioridades. El diseño de estrategias de desarrollo territorial integrado que aplican una amplia variedad de programas operativos en los Estados miembros debe centrarse en las necesidades de los ciudadanos y no solo debe comunicarse a los ciudadanos, sino que, en particular, es necesario comunicarse «con» los ciudadanos;

17.

destaca la necesidad de hacer un uso flexible y simple de la aplicación de los instrumentos territoriales integrados que pueda adaptarse al territorio y respete una metodología que favorezca un enfoque ascendente basado en la asociación y la animación, así como en el papel de las estrategias locales de desarrollo territorial. Las posibles soluciones pasan por unas opciones de costes simplificados, un modelo de aplicación simple para los instrumentos territoriales (un programa operativo nacional, una autoridad de gestión), soluciones de ventanilla única, un conjunto común de normas sencillas definidas a nivel de la UE para evitar la sobrerregulación (un conjunto de herramientas de DLP, una asesoría clara que defina la estructura de estrategias, procesos de aprobación, uso del fondo principal, evaluación, etc.), etcétera;

18.

observa el potencial de las soluciones informáticas para simplificar y automatizar la recopilación de datos a escala nacional y local. Hay que desarrollar sistemas informáticos contando con una verdadera participación de todas las partes interesadas y orientados facilitar la estrategia general de simplificación de los Fondos EIE a todos los niveles;

19.

pide una transición suave de las estructuras de aplicación de la Agenda Territorial entre los períodos de programación de la UE con el fin de eliminar el riesgo de pérdida de conocimientos, recursos humanos y asociaciones;

20.

destaca el papel de los instrumentos territoriales integrados como instrumento adecuado para localizar, aplicar, supervisar y revisar los objetivos de desarrollo sostenible;

21.

percibe el excelente potencial del DLP como instrumento eficaz en el marco de las políticas europeas de adhesión, vecindad y desarrollo. El programa ENPARD en Georgia puede considerarse un ejemplo de buena práctica;

Nueva Agenda Territorial

22.

señala que, en general, los retos actuales para el desarrollo territorial, aprobados por la Agenda Territorial 2020, siguen siendo los mismos y hace dos comentarios: 1) los cambios están bastante relacionados con su intensificación con la aparición de nuevos retos que requieren una mayor solidaridad entre los Estados miembros de la UE; y 2) los actuales movimientos migratorios serán una crisis menor comparada con los efectos potenciales del cambio climático;

23.

sugiere introducir un mecanismo para la pronta actualización de la Agenda Territorial posterior a 2020 para responder rápidamente a los retos nuevos y emergentes que puedan influir en dicha Agenda, sin necesidad de llevar a cabo una revisión completa de todo el documento;

24.

sugiere a las futuras presidencias o al contratista que elabore la Agenda Territorial posterior a 2020 que impliquen a más partes interesadas, en particular los entes locales y regionales y la sociedad civil, al llevar a cabo investigaciones sobre las prioridades y el contenido de la Agenda Territorial posterior a 2020 renovada;

25.

reitera la petición del CDR de una sucesora para la estrategia Europa 2020;

26.

llama la atención sobre la disposición de Derecho primario que constituye el artículo 174, apartado 3, del TFUE, que exige que se preste especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. A fin de lograr la igualdad de condiciones de vida en todas las regiones, tanto la Agenda Territorial posterior a 2020 como los Fondos EIE deberían tener más en cuenta este objetivo prioritario;

27.

considera que en la Agenda Territorial 2020 también debería seguirse promoviendo el papel de las capitales regionales a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo en sus respectivas áreas funcionales, y trabajando para resolver los problemas que afectan a las áreas metropolitanas en toda la UE;

28.

destaca que la Agenda Territorial posterior a 2020 debe apoyar el papel de las pequeñas y medianas ciudades para lograr un desarrollo equilibrado y policéntrico en toda la UE;

29.

en este sentido, pide una vez más la creación de una agenda para el medio rural en la que se perciba este como espacio vital y económico, y no solo como superficie agrícola;

30.

subraya que la Agenda territorial no debe apoyar únicamente el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) que concierne a las ciudades (ODS 11), sino también abogar por una perspectiva de desarrollo territorial más amplia, incluido el desarrollo rural;

31.

sugiere, con el fin de familiarizar al público general con los principales mensajes de la Agenda Territorial posterior a 2020, la redacción de una lista de entre diez y doce mensajes clave en un lenguaje accesible y con un formato bien definido, y que los Estados miembros y las instituciones de la UE se encarguen de comunicarlos;

32.

pide a la Comisión Europea que proporcione modelos y directrices sencillos y que introduzca mejores prácticas sobre cómo aplicar los instrumentos territoriales integrados a través de un enfoque de financiación múltiple en los Estados miembros;

33.

considera que la Agenda Territorial puede contribuir eficazmente a moderar las tendencias de urbanización y los retos a los que se enfrentan las grandes ciudades en todos los Estados miembros;

34.

destaca las historias de éxito de la cooperación territorial europea, en la que la cooperación territorial en regiones fronterizas o a nivel transnacional son un excelente ejemplo del valor añadido de la integración europea;

35.

subraya la necesidad de definir claramente el papel de una secretaría o un servicio de gestión de la Agenda Territorial, los cuales podrían crearse. Los objetivos, los indicadores mensurables para supervisar la consecución de los objetivos, las tareas y el presupuesto necesario para dicha unidad u organismo deben definirse en un anexo de la Agenda Territorial posterior a 2020;

36.

menciona la Declaración de Bucarest adoptada por los Ministros responsables de cuestiones urbanas el 14 de junio de 2019, en la que se reconocía la necesidad de desarrollar una relación funcional entre la nueva Carta de Leipzig, la Agenda Urbana de la UE y la Agenda Territorial posterior a 2020;

37.

considera que el carácter intergubernamental y no legislativo de la Agenda Territorial de la Unión Europea es idóneo para cooperar, ahora y en el futuro, con Estados no pertenecientes a la UE, puesto que ello contribuiría a desarrollar un enfoque paneuropeo del desarrollo territorial gracias al apoyo potencial de una serie de programas como Leader, Interreg o ESPON, que, con arreglo a las actuales propuestas para 2021-2027, permiten precisamente la participación voluntaria y la cofinanciación por parte de terceros Estados; estos programas también han dado muestra de su éxito como instrumentos de estabilización y reconciliación (por ejemplo, el papel de la iniciativa Leader en el Acuerdo del Viernes Santo o la participación de la sociedad civil y la consolidación de la democracia local en Turquía);

DLP

38.

respalda la posibilidad de introducir la obligatoriedad del DLP de financiación múltiple en todas las regiones de la UE, garantizando que se emplea un enfoque de DLP para todos los tipos de territorios: rural (incluidas zonas remotas, montañosas e insulares), urbano y costero. Todas las regiones de la UE han de poder utilizar opcionalmente todos los fondos posibles para satisfacer las necesidades propias que han formulado en sus estrategias de desarrollo local;

39.

pide una asignación obligatoria del 8 % para el DLP de todos los Fondos EIE y del Feader para utilizar plenamente el potencial del instrumento y las sinergias de diferentes fondos para el desarrollo local integrado;

40.

destaca la necesidad de volver a las raíces de la metodología de la iniciativa Leader o el DLP reforzando especialmente los principios de enfoque ascendente, asociación, animación y el papel de las estrategias de desarrollo local integrado;

41.

sugiere que en cada Estado miembro la gestión del DLP se adapte a los territorios y respete las dinámicas, estructuras y enfoques locales;

42.

elogia la labor realizada por el CDR (2) y el Parlamento Europeo (3) para garantizar que el DLP de financiación múltiple siga incluyendo el Feader también en el período 2021-2027 e insta a que estas disposiciones, defendidas por ambas instituciones, se mantengan en el acuerdo final con el Consejo, ya que las ventajas del DLP no podrán desplegarse plenamente si no existe la posibilidad de integrar los Fondos EIE y las intervenciones financiadas por el Feader;

43.

pide una normativa sobre DLP a nivel europeo basada en una evaluación de impacto sólida y que establezca un conjunto unificado de normas para todos los Fondos EIE con el fin de reducir la enorme carga burocrática y la sobrerregulación ejercida por los Estados miembros y, al mismo tiempo, evitar el abuso de poder por parte de las autoridades de gestión o los organismos pagadores;

44.

reitera la petición del CDR de que el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) siga siendo plenamente aplicable al Feader. Una compatibilidad perfecta entre todos estos fondos es de vital importancia para la financiación de los instrumentos territoriales, en particular del DLP o la iniciativa Leader y sus estrategias de desarrollo local;

45.

pide que mejore el diálogo y la coordinación entre todos los actores del DLP (los GAL, las autoridades de gestión, las Direcciones Generales de la Comisión Europea, los organismos pagadores, las redes Leader como ELARD y las redes rurales y Leader a nivel nacional) para evitar una burocracia cada vez mayor y excesivas demoras a la hora de iniciar el período de programación y en la entrega de fondos a los solicitantes de los proyectos. Por tanto, el CDR propone que la Comisión cree una unidad de apoyo del DLP a nivel de la UE para apoyar la comunicación, el desarrollo de capacidades, la creación de redes y la cooperación transnacional de todos los GAL en todos los fondos;

46.

sugiere que el DLP de financiación múltiple reciba mayor apoyo, por ejemplo, a través de un porcentaje de cofinanciación más elevado. El CDR lamenta que el artículo 120, apartado 5, del actual RDC sobre mayores porcentajes de cofinanciación para las operaciones que reciben apoyo a través de instrumentos de desarrollo territorial integrado haya sido omitido de la nueva propuesta de RDC;

47.

pide que se recurra más frecuentemente a las opciones de costes simplificados de conformidad con los artículos 48 a 51 del nuevo RDC, lo cual supondría una disminución de la carga de auditoría para las autoridades de gestión y los beneficiarios finales. Además, la disponibilidad de las opciones de costes simplificados debe ampliarse al Feader, de nuevo para armonizar procedimientos en caso de operaciones de financiación múltiple;

48.

señala que el DLP sería un excelente punto de partida para un método de uso frecuente sobre cómo ejecutar los proyectos locales: los GAL no deben depender plenamente de la financiación de la UE, sino que también deben utilizarse para aplicar fondos nacionales, regionales y locales ya que el desarrollo local va mucho más allá de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

49.

invita al Consejo y al Parlamento Europeo a retomar la propuesta de la Comisión de doce meses desde la fecha de aprobación del último programa en cuestión para que las autoridades de gestión completen la primera ronda de selección de estrategias y garanticen que los GAL seleccionados pueden desempeñar sus tareas;

50.

pide la aclaración del papel de los GAL en la selección de proyectos con el fin de evitar la duplicación de sus tareas por parte de las autoridades de gestión. El papel de los GAL en la selección de proyectos debe ser predominante, no solo formal, ya que este es uno de los principios básicos del DLP o la iniciativa Leader;

51.

pide modelos de evaluación y seguimiento claros y simples de las estrategias de desarrollo local del DLP. La evaluación ha de formar parte del proceso de aprendizaje de la comunidad y, por tanto, es muy importante recabar información constantemente y evaluar la aplicación de las estrategias de los GAL. Deben implantarse soluciones informáticas avanzadas para la recogida y análisis de datos, junto con procesos participativos y análisis cualitativos;

52.

destaca que, probablemente, la apropiación de los resultados contribuirá de forma positiva a la estabilidad de las estrategias de desarrollo a largo plazo y los efectos duraderos, desarrollados por las mismas personas que los aplican y se benefician de sus resultados;

53.

señala que los ejemplos satisfactorios de las actuales asociaciones locales financiadas por el Feader o el FEMP deben servir de base para otras financiaciones de DLP por parte de ambos fondos. La creación de redes y la colaboración a través de aquellas que ya existen o la creación de otras nuevas a nivel regional, nacional y transnacional o interregional desempeñan un papel crucial, al igual que la orientación y la tutoría;

54.

destaca la necesidad de mejorar la comunicación del DLP y las oportunidades que brinda este instrumento: de hecho, aunque el desarrollo rural ha utilizado esta herramienta durante mucho tiempo, en particular, el desarrollo urbano necesita un mayor impulso a la hora de utilizarlo. Se debe elaborar una evaluación y un análisis detallados sobre cómo se ha acercado a él cada Estado miembro, incluidas recomendaciones para una aplicación efectiva;

55.

señala que 3 000 organismos similares (GAL y GALP) en toda la Unión Europea utilizan el DLP o la iniciativa Leader como instrumento. Se debe tener en cuenta este hecho para mejorar la cooperación territorial y abarcar la diversidad europea a través de una cooperación transnacional ascendente entre los ciudadanos. Con el fin de impulsar la cooperación territorial a través del DLP, es necesario crear condiciones que permitan a los GAL concentrarse en su propio papel de animadores de la zona y que ayuden a emerger las mejores ideas para posteriormente aplicarlas. Se debe reservar una cuota adecuada del presupuesto para costes de explotación y animación, así como para la cooperación transnacional. Al mismo tiempo, el CDR recomienda encarecidamente establecer un conjunto común de principios y normas para proyectos de cooperación internacional de DLP a nivel europeo con vistas a garantizar su aplicación efectiva y oportuna;

56.

recuerda la relación del DLP con otros instrumentos de desarrollo integrado: como instrumento facultativo, junto a inversiones territoriales integradas, contribuye a la aplicación de una estrategia de desarrollo más amplia que permite localizar políticas. En este sentido, el CDR pide mejorar las sinergias entre el DLP y las ITI: el DLP puede utilizarse durante el período de programación 2021-2027 como instrumento complementario en una estrategia urbana o territorial, por lo que podría formar parte de un planteamiento basado en las ITI en el que el enfoque participativo ofrecido por el DLP pueda contribuir a abordar ciertos problemas locales concretos;

57.

considera que el DLP es un instrumento fundamental para llevar a efecto las propuestas del CDR (4), refrendadas posteriormente por el Parlamento Europeo (5), según las cuales en los programas cofinanciados por el FEDER que engloben zonas con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, según se contemplan en el artículo 174 del TFUE, se prestará particular atención a la superación de las dificultades específicas de dichas zonas;

58.

considera que los GAL son socios ideales para desempeñar la función de intermediarios de innovación para el enfoque de «pueblos inteligentes» y para catalizar el potencial de las zonas rurales, como ya hacen en muchos casos. Los GAL son un instrumento eficaz de desarrollo endógeno de sus zonas, tienen vínculos directos con las empresas locales, los ayuntamientos y la sociedad civil, y, como resultado, crean una gran capacidad en la zona, implicando a recursos locales y regionales, así como a las habilidades de la gente;

59.

respalda la propuesta del Parlamento Europeo de que los programas financiados por el FEDER en las zonas afectadas por un declive demográfico estructural puedan recibir el 5 % de los recursos del FEDER asignados al desarrollo territorial integrado en zonas no urbanas que padezcan desventajas naturales, geográficas o demográficas, o que tengan dificultades de acceso a los servicios básicos y que, al menos, el 17,5 % de ese importe se asigne a las zonas y comunidades rurales para que desarrollen proyectos como el de los pueblos inteligentes. El CDR considera que el DLP constituye en muchos lugares el enfoque ideal para hacer realidad una propuesta tan ambiciosa;

60.

entiende que la participación y el desarrollo de capacidades de los agentes locales es uno de los mayores activos de la metodología del DLP. El desarrollo local integrado ha demostrado ser muy efectivo para generar vínculos y sinergias entre distintas partes interesadas y cuestiones en el ámbito del desarrollo local. Los GAL han sido un instrumento muy útil para la planificación de estrategias, la animación, la creación de redes y la coordinación de actividades, por ejemplo, creando planes locales de acción para servicios educativos o sociales en algunos Estados miembros.

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(1)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones «El desarrollo local participativo», Bruselas, 29 de noviembre de 2012, ponente: Graham Garvie, CDR1684-2012, COTER-V-031 (DO C 17 de 19.1.2013, p. 18).

(2)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones «Reglamento sobre disposiciones comunes», ponentes: Michael Schneider y Marciusca Marini, Bruselas, 5 de diciembre de 2018, CDR 3593/2018 (DO C 86 de 7.3.2019, p. 41).

(3)  Parlamento Europeo, Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos (Informe Krehl/Novakov), miércoles 27 de marzo de 2019 – Estrasburgo. P8_TA-PROV(2019)0310 (pendiente de publicación en el Diario Oficial).

(4)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el «Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión», ponente: Michiel Rijsberman, CDR 3594/2018 (DO C 86 de 7.3.2019, p. 115).

(5)  Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión [COM(2018) 372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)] (pendiente de publicación en el Diario Oficial).

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — «Una Europa sostenible de aquí a 2030: seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la transición ecológica, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático»

(2020/C 39/06)

Ponente	:	Sirpa Hertell (FI/PPE), concejala de Espoo
Documento de referencia	:	Documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible en 2030» [COM(2019) 22 final]

RECOMENDACIONES POLITÍCAS

Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030 – «No hay planeta B»

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

pone de relieve las Conclusiones del Consejo (1) sobre la importancia del desarrollo sostenible y su propio interés en seguir desempeñando un papel de liderazgo en la aplicación de la Agenda 2030, como prioridad general, en beneficio de los ciudadanos de la UE y de su bienestar, y como elemento esencial para restablecer y consolidar la credibilidad de la UE en el plano europeo y global;

2.

acoge con satisfacción la dinámica renovada del debate sobre una política climática ambiciosa de la UE y la propuesta de «Pacto Verde Europeo» (con mayores objetivos para la UE en 2030) anunciada por la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y pide a la nueva Comisión Europea que incluya a los entes locales y regionales como socios reales en materia de sostenibilidad y de acción por el clima a la hora de desarrollar el Pacto Verde con vistas a los objetivos de neutralidad climática de 2050;

3.

recalca la importancia de definir la nueva estrategia europea «Hacia una Europa sostenible en 2030» como base para un futuro europeo a largo plazo. Europa ya es precursora de la sostenibilidad, pero se enfrenta a complejos retos globales que la Unión Europea debe abordar. El CDR está convencido de que construir una Unión Europea sostenible —lo que incluye el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050— requiere cambios fundamentales que deben alcanzarse mediante esfuerzos conjuntos en todos los niveles de gobierno y con todos los sectores de nuestras sociedades;

4.

subraya que entre los principales fundamentos políticos para un futuro sostenible y resiliente figura una transición decisiva hacia una economía circular que conlleva, entre otros, ciclos de materiales no tóxicos, una apuesta decidida por la neutralidad climática y la adaptación al cambio climático, la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad y los ecosistemas, la sostenibilidad de los sistemas agrícola y alimentario, la coherencia y congruencia entre la política agrícola y la política medioambiental y climática y unos sectores de la energía, la construcción y la movilidad hipocarbónicos, seguros y sostenibles. Se espera que esta transición cree de aquí a 2030 más de 200 millones de nuevos puestos de trabajo a nivel mundial por valor de más de cuatro billones de euros;

5.

señala la importancia de las personas, las tecnologías, los productos, los servicios, los modelos empresariales, las ayudas a empresas y la financiación pública y privada de nuevo cuño, junto con todos los instrumentos «horizontales» definidos por la Comisión Europea, para implantar una Europa sostenible y resiliente de aquí a 2030;

6.

recuerda la importancia de las recomendaciones del CDR sobre una estrategia a largo plazo de la UE para una Europa sostenible en 2030 (2) y las propuestas de la Comisión Europea de fortalecer el Estado de Derecho, impulsar la gobernanza de la UE, lograr una mejor coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible y vincular el enfoque de mejora de la legislación con la sostenibilidad;

7.

aclara que la Agenda 2030 consta de cinco pilares: la paz, el planeta, las personas, la prosperidad y las alianzas, pero el presente dictamen se centrará en el pilar del planeta y establecerá la visión estratégica para allanar el camino hacia unas ciudades y regiones europeas sostenibles para 2030;

Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030: el camino que las ciudades y regiones deben seguir

8.

acoge con satisfacción la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, hipocarbónica, climáticamente neutra y rica en biodiversidad y hace hincapié en la urgencia de adoptar medidas y la necesidad de hacer partícipes a los Gobiernos de todos los niveles, los agentes económicos, las universidades, los centros de investigación, la sociedad civil y la ciudadanía;

9.

pide a los responsables de la toma de decisiones de todos los niveles de gobernanza que reconozcan el papel activo y en muchos casos innovador que cumplen los entes locales y regionales, cada cual con su capacidad competencial, en la consecución de los objetivos, dado que están en vanguardia y son responsables del 65 % de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Europa;

10.

respalda las pruebas existentes de que las metas y la aplicación de los ODS no pueden lograrse solo mediante un enfoque de carácter descendente y que, ante todo, se necesitan acuciantemente actividades de carácter ascendente, esto es, todas las regiones, las ciudades y los ciudadanos han de implicarse como agentes activos del cambio;

11.

recuerda que aplicar los ODS en toda Europa requiere un enfoque integral y sistémico para garantizar la coherencia política entre las distintas dimensiones de los ODS; recalca que todos los ODS están interrelacionados y son transversales y que las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible —económica, ecológica, social y cultural— están estrechamente interconectadas y requerirán un equilibrio cuidadoso;

12.

pone de relieve que siete de los diecisiete ODS (3) pueden vincularse con la transición ecológica y climática; en este contexto, observa que los destinatarios directos del ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles, son los entes locales y regionales y que este ODS incluye metas importantes que requieren una acción política y una gobernanza multinivel;

13.

observa que las ciudades son las causantes del 70 % de las emisiones de efecto invernadero en el mundo y los Gobiernos locales son responsables de más del 70 % de las medidas para mitigar el cambio climático y de hasta el 90 % de las medidas de adaptación al cambio climático;

14.

señala que las regiones y las ciudades son líderes en el ámbito del clima; hace hincapié en la necesidad de una cooperación multinivel y una mayor descentralización y pide a la UE que reconozca oficialmente el papel activo de los entes locales y regionales en la elaboración de políticas y normativas para la mitigación del cambio climático y la adaptación a este; por ello, reitera su llamamiento a los Estados miembros para que incluyan plenamente a los entes locales y regionales en la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima;

15.

hace hincapié en que es fundamental dotar de una dimensión local y «territorial» a las acciones de desarrollo sostenible en las políticas sobre clima, energía y medio ambiente a fin de satisfacer las metas de la Agenda 2030. Por consiguiente, pide que se refuercen las asociaciones europeas (4), las redes de ciudades y regiones (5) (como la «Under2Coalition») y la cooperación y las plataformas transfronterizas (6) para desarrollar estrategias comunes, coordinar acciones, aplicar estrategias más eficaces y poner en común recursos, especialmente por lo que respecta a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, las acciones medioambientales y la conservación de la biodiversidad;

Una Europa Sostenible en 2030: una economía circular, hipocarbónica, climáticamente neutra y rica en biodiversidad

16.

solicita que la política climática de la UE sea global y se base en un enfoque sistémico; constata que, hasta el momento, las políticas de la UE a menudo están fragmentadas entre diferentes sectores y entre las zonas urbanas y las rurales, y a su vez en diferentes categorías, como el sector incluido en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), el sector no incluido en el RCDE y el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS); anima a las regiones y ciudades a que impulsen una transición gradual hacia un nuevo modelo sistémico y lideren soluciones nuevas y más exhaustivas antes de 2030;

17.

apoya el llamamiento del Parlamento Europeo a los Estados miembros para que adopten unas políticas adecuadas y ofrezcan una financiación apropiada que reduzcan de forma efectiva las emisiones; subraya que el gasto de la UE con cargo a los fondos pertinentes podría proporcionar apoyo adicional cuando proceda (7);

18.

aboga por una combinación de mecanismos de mercado adecuados, cambios en la fiscalidad, medidas de apoyo, legislación y compromisos voluntarios de los poderes públicos de los Estados miembros y los entes locales y regionales para movilizar inversiones en la lucha contra el cambio climático para que el sector no incluido en el RCDE consiga reducir las emisiones de manera rentable; a este respecto, aguarda con interés las propuestas anunciadas por la presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, sobre un Pacto Verde Europeo y un banco europeo del clima;

19.

no obstante, está convencido de que, además del RCDE, son necesarias medidas eficaces para poner fin gradualmente a las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles (por ejemplo, las actuales exenciones fiscales para el combustible de los aviones), a fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para las energías renovables, fomentar un cambio de comportamiento y generar los recursos necesarios para apoyar una transición justa; a este respecto, acoge con satisfacción el debate iniciado por la presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, respecto de la tarificación del carbono y los aranceles aduaneros al carbono;

20.

propone crear unos sólidos incentivos de mercado para impulsar el desarrollo de nuevos sumideros de carbono y la sustitución sostenible de determinados materiales que dejan una huella de carbono alta por otros que impriman una huella baja y hacer esfuerzos adicionales en apoyo de la I+D para continuar desarrollando nuevas tecnologías de reducción de las emisiones de CO2 y nuevos métodos de medición;

21.

pide que los objetivos climáticos de la UE se endurezcan para ajustarlos al objetivo de 1,5 °C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático hasta un nivel que sea aplicable, propone establecer un presupuesto de carbono, introducir otros mecanismos para reducir las emisiones restantes de gases de efecto invernadero y revisar y armonizar las metas para 2030 y 2040 con un objetivo de neutralidad en materia de carbono para 2050; destaca la importancia de garantizar la justicia social y la competitividad de los Estados miembros y promover la cooperación internacional;

22.

pide a la Comisión que, en cooperación con el CDR, ponga en marcha un estudio durante la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE sobre cómo podría planificarse y aplicarse una solución más sistémica para el período posterior a 2030;

23.

alienta a las regiones y ciudades a que orienten la transición gradual hacia el nuevo modelo sistémico y pongan a prueba soluciones nuevas antes de 2030;

24.

toma nota de que la eficacia y la rentabilidad de las acciones por el clima deben ser los principios rectores de mayor peso a la hora de desarrollar una solución más sistémica para la UE que incluya medidas como la ampliación y el refuerzo del régimen de comercio de derechos de emisión, al tiempo que se mejoran su longevidad y previsibilidad;

25.

señala que la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos climáticos requerirán un aumento significativo de las inversiones en soluciones poco contaminantes. Por ejemplo, si las reducciones necesarias de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 tuvieran que ser superiores al 90 %, la inversión anual en soluciones poco contaminantes debería equivaler a más del triple del nivel actual;

26.

propone que se amplíe y refuerce el régimen de comercio de derechos de emisión a fin de mitigar el cambio climático. No obstante, señala que el equilibrio entre costes y beneficios ha de ser un principio rector;

27.

recalca la importancia e influencia de los entes locales y regionales europeos y el destacado papel que cumplen los ciudadanos a escala global a través de iniciativas como el Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía y la plataforma 25 + 5 de las Naciones Unidas para el liderazgo de las ciudades a la hora de alentar el intercambio de buenas prácticas para garantizar la aplicación de los ODS en el plano local;

28.

pone de relieve que los agentes locales y los ciudadanos son quienes mejor situados están para impulsar la concienciación sobre el cambio climático y combatirlo; asimismo, destaca que los entes locales y regionales tienen la responsabilidad de actuar para que los ciudadanos puedan vivir en consonancia con los ODS, pero también para apoyar la movilización de los ciudadanos en pos de los objetivos;

29.

se compromete a lograr que se escuche la voz de los entes locales y regionales en los próximos foros internacionales (como la COP25 de la CMNUCC, consagrada al cambio climático, y la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, consagrada a la biodiversidad) y aboga por un marco global para la biodiversidad después de 2020 que sea ambicioso, tenga plazos definidos, se base en los resultados científicos y se integre en los ODS; pide a las Partes que apliquen una gobernanza multinivel que incluya formalmente a los entes locales y regionales en la planificación, la aplicación, el seguimiento, la notificación y la verificación; reitera su llamamiento en favor de estrategias globales que impulsen la concienciación y el compromiso coordinados en todos los niveles;

En detalle: una economía circular, hipocarbónica, climáticamente neutra y rica en biodiversidad y una transición socialmente justa

30.

aboga por el desarrollo internacional de una economía circular después de 2020 que sea global y ambiciosa, esté acotada en el tiempo y se base en la ciencia; asimismo, aboga por un marco para la biodiversidad que se ajuste a los ODS y se integre con ellos;

31.

acoge con beneplácito los recientes progresos de la UE en la transición hacia una economía circular, incluida la mejora de la gestión de residuos, pero señala que los marcos financieros y reglamentarios a escala europea aún tienen que ser más eficaces para cumplir la estrategia de la economía circular; por consiguiente, pide a la Comisión Europea que, en el marco del nuevo plan de acción para la economía circular que ha anunciado, presente propuestas concretas destinadas a subsanar los elementos que faltan para establecer tal marco coherente, teniendo debidamente en cuenta el papel central de los entes locales y regionales y abordando, en particular, los sectores que requieren muchos recursos, como la construcción, y la cuestión de los cambios en el diseño de los productos. Conviene destacar con mayor claridad las ventajas sociales que conlleva avanzar hacia una economía circular;

32.

recibe con agrado la próxima agenda estratégica de la UE para el período 2019-2024 (8), que engloba el consumo y la producción sostenibles, la lucha contra el cambio climático, la inversión del proceso de degradación medioambiental, la transición hacia una economía circular más eficiente en el uso de los recursos (mediante el crecimiento ecológico, la bioeconomía y la innovación sostenible), la seguridad energética y los costes de la energía para hogares y empresas;

33.

solicita que la política medioambiental adopte un enfoque local de conjunto a través de la gobernanza multinivel (reforzando así el papel de las ciudades y regiones), la evaluación del impacto y la evaluación estratégica medioambiental, la contabilidad medioambiental, el acceso a información sobre el medio ambiente y la aplicación del derecho en materia de medio ambiente;

34.

subraya el papel fundamental de las regiones y ciudades en la transición hacia una economía circular. Las «regiones circulares» requieren un enfoque integrado y global, como pone de manifiesto el dictamen del CDR relativo a la Directiva sobre los plásticos de un solo uso (9):

35.

hace hincapié en la urgencia de adaptar la cesta energética nacional de los diferentes Estados miembros a los requisitos de la estrategia de descarbonización a largo plazo, lo que también hará necesario aumentar la cuota de las energías renovables más allá del objetivo actual de la UE del 32 % para 2030, en especial en lo que se refiere a la electricidad de carga fundamental, a fin de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero;

36.

pide al sector público y a los responsables de la toma de decisiones industriales que aceleren el uso de nuevas tecnologías energéticas estratégicas, el Plan EETE de la UE, en la lucha contra el cambio climático reforzando el papel de los consumidores a través de una mayor concienciación y empleando redes energéticas inteligentes;

37.

recalca que las transiciones climáticas exigen unas inversiones e innovaciones verdes y azules considerables, aboga por más sinergias entre las fuentes de financiación y lazos más firmes entre la financiación pública y la privada para el medio ambiente y, a este respecto, acoge con satisfacción el Dictamen del CDR que aborda las cuestiones específicas de las regiones que tienen una gran dependencia de los combustibles fósiles (10);

38.

solicita que cualquier evaluación o control de adecuación de la legislación medioambiental vigente sobre agua, suelo, contaminación acústica y calidad del aire preste atención también a la necesidad crucial de mejorar la coherencia de las políticas con los ODS, lo que se conseguirá promoviendo la economía circular, fomentando la producción y el consumo sostenibles y afrontando el problema de los contaminantes emergentes, como los microplásticos, los medicamentos, los productos para el cuidado personal, los pesticidas, los subproductos desinfectantes y las sustancias químicas industriales;

39.

expresa su profunda preocupación por la situación de emergencia ecológica a la que se enfrenta el planeta, tal como se indica en la reciente evaluación global de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos; subraya que la pérdida de biodiversidad socava la posibilidad de que muchos países cumplan los ODS y, por lo tanto, exhorta a las ciudades y regiones a que actúen de forma inmediata y urgente para incluir la biodiversidad (11) en los diversos ámbitos políticos sectoriales, entre los que se cuentan la agricultura y el desarrollo urbano y regional, e indiquen claramente también, en el nivel de obligatoriedad normativa, la importancia que revisten los objetivos de la protección de la biodiversidad; solicita a la Comisión que respalde las soluciones innovadoras basadas en la naturaleza e impulse las infraestructuras ecológicas desarrolladas y aplicadas en el plano subnacional para atajar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático;

40.

reitera su llamamiento en favor de la creación de un observatorio europeo de neutralidad climática (12) y destaca el papel activo de los entes locales y regionales a la hora de crear observatorios del cambio climático;

41.

pide que se apruebe la refundición de la Directiva sobre el agua potable para garantizar que todos tengan acceso al agua, para lo que se tendrá que preservar el buen estado ecológico de las masas de agua, reducir el riesgo sanitario a menos del 1 %, disminuir el consumo de agua embotellada, ahorrar dinero y moderar los residuos plásticos y las emisiones de CO2;

42.

pide que la refundición de la Directiva marco sobre el agua mantenga el mismo nivel de ambición e incluso lo aumente, garantizando de esta manera la preservación y recuperación de las masas de agua y que garanticen el estado adecuado de los ecosistemas hídricos en la UE;

43.

reitera su llamamiento para mejorar la eficacia de la gestión del agua en la UE ampliando el ámbito de aplicación del Reglamento de la UE relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua, de modo que se aplique no solo al riego agrícola sino también al riego de zonas verdes en las áreas urbanas, como parques y terrenos de uso público (13);

44.

observa que la evaluación del impacto territorial, que apoya el CDR, puede ser un instrumento útil para estimar el impacto potencial —y posiblemente muy diferenciado— de la legislación sobre la transición climática, energética y ecológica en las diferentes regiones de la UE. En este contexto, el CDR podría mejorar su cooperación con el Centro Común de Investigación y usar más los instrumentos de evaluación de impacto que proporciona para seguir reforzando sus acciones en este ámbito;

45.

considera que el principio de la transición justa de «no dejar a nadie atrás» es uno de los principios rectores de la transición climática y ecológica, desde un punto de vista social, territorial y político. En este contexto, la lucha contra la pobreza energética debe considerarse una de las prioridades al diseñar las políticas y los programas energéticos, estableciendo objetivos específicos para reducirla en 2030 y erradicarla en 2050 (14);

46.

subraya la importancia clave del compromiso de los jóvenes. Es preciso impulsar la participación de los consejos juveniles regionales y locales y los movimientos juveniles en el diseño y la aplicación de las políticas en materia de clima y ODS;

47.

pone de relieve que la transición ecológica crea empresas y genera empleos de calidad en la economía circular y en los sectores de la energía limpia, la alimentación y la agricultura y pide a la UE que dote de más coherencia a los objetivos climáticos a través de la política de cohesión, el Fondo Social Europeo (FSE+) e InvestEU, garantizando al mismo tiempo que los ODS se apliquen de forma local y regional;

Metas, indicadores y datos

48.

reitera, en el marco de una estrategia global de la UE en materia de sostenibilidad y de las estrategias de sostenibilidad de los Estados miembros destinadas a aplicar la Agenda 2030, la acuciante necesidad de contar con hitos tangibles acordados de forma conjunta y disponer de indicadores y medición en tiempo real de los datos sobre cambio climático y ODS que proporcionan los municipios locales, las ciudades y las regiones, a fin de alcanzar las metas de sostenibilidad económica, ecológica, social y cultural;

49.

subraya la necesidad de disponer de un panel de indicadores de cabecera de Agenda 2030 local y regional, así como de datos climáticos sólidos a escala subnacional y la importancia de emplear nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para arrojar luz sobre las acciones por el clima emprendidas por las comunidades locales. A este respecto, recuerda la importancia de aprovechar al máximo la base de datos del Pacto de los Alcaldes y opina que el establecimiento de contribuciones determinadas a nivel local puede crear un puente entre los datos locales y regionales y las contribuciones determinadas a nivel nacional;

50.

señala la experiencia previa de las ciudades y regiones a la hora de crear indicadores específicos sobre el medio ambiente, la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos: es importante que tales indicadores se ajusten a las necesidades locales;

51.

recalca que la UE debe definir, promover y financiar adecuadamente la transferencia y la creación conjunta de conocimientos, los intercambios entre iguales y las actividades de hermanamiento y tutoría;

Acciones futuras

52.

se compromete a renovar sus propios procesos y prácticas para apoyar en mayor medida a los entes locales y regionales a la hora de localizar y aplicar los ODS en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible a escala de la UE, respondiendo así a las peticiones de los ciudadanos de tomar más medidas y obtener resultados concretos para hacer frente al cambio climático;

53.

pide que se refuercen el uso de las asociaciones público-privadas, la contratación pública ecológica y la implantación de proyectos piloto relacionados con la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático;

54.

acoge con preocupación los tratados de libre comercio de la UE con otros países y exige que dichos tratados cumplan con los ODS, el Acuerdo de Paris y respeten los estándares medioambientales de la UE;

55.

hace hincapié en que los entes locales y regionales, gracias a su poder adquisitivo cuando eligen bienes y servicios y realizan obras, pueden contribuir de forma significativa al consumo y la producción sostenibles, a una economía más eficiente en el uso de los recursos y, por ende, al logro de los ODS;

56.

está de acuerdo con el objetivo de la Agenda 2030 de lograr unas condiciones y unos procesos sostenibles desde el punto de vista medioambiental mejorando los recursos naturales y la protección de los ecosistemas más frágiles, y recuerda la importancia de las acciones a escala subnacional y local sobre el medio ambiente y el cambio climático, de conformidad con la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible; hace hincapié en la cooperación descentralizada, las asociaciones multilaterales y las experiencias de aprendizaje e intercambio a la hora de reducir y remediar la huella de los territorios por lo que respecta al consumo de recursos y las emisiones de CO2;

57.

acoge con satisfacción el compromiso del Parlamento Europeo para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, el manifiesto del Intergrupo sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, y pide una cooperación fructífera con las comisiones competentes y con el Intergrupo durante el mandato 2019-2024;

58.

pide que estas recomendaciones se integren en la futura labor de las instituciones de la UE durante el próximo mandato, en colaboración con el CDR.

---

(1)  Conclusiones del Consejo, «Hacia una Unión cada vez más sostenible de aquí a 2030», 9.4.2019.

(2)  COR-2019-00239, «Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): una base para una estrategia a largo plazo de la UE para una Europa sostenible en 2030», ECON-VI/044, ponente: Arnoldas Abramavičius (LT/PPE) (DO C 404 de 29.11.2019, p. 16).

(3)  Garantizar para 2030 el acceso de todos a una vivienda segura y asequible; fomentar un transporte seguro, asequible, accesible y sostenible; reducir de forma significativa las muertes por exposición a los riesgos de catástrofe y a la contaminación del aire y del agua; impulsar los objetivos horizontales de mejorar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, desarrollar estrategias para la planificación urbana y rural integrada y la integración social, proteger el patrimonio cultural y reducir el impacto medioambiental por cabeza de las ciudades.

(4)  Entre otras, la CCI sobre el clima del EIT, las Asociaciones Europeas para la Innovación, la Plataforma de la Energía, las asociaciones de la Agenda Urbana de la UE y el Pacto de los Alcaldes.

(5)  Entre otras, la red ERRIN, Eurocities, la Alianza del Clima y el Pacto de los Alcaldes.

(6)  Tales como los observatorios transfronterizos del cambio climático situados en los Alpes y los Pirineos y, en particular, las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT).

(7)  Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático: una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París [2019/2582(RSP)] (pendiente de publicación en el Diario Oficial).

(8)  COM(2019) 218 final «Europa en mayo de 2019: preparación para una Unión más unida, más fuerte y más democrática en un mundo sumido en una incertidumbre creciente».

(9)  COR-2018-03652 (DO C 461 de 21.12.2018, p. 210).

(10)  COR-2019-00617. Dictamen «Aplicar el Acuerdo de París mediante una transición energética innovadora y sostenible a escala local y regional», ENVE-VI/040, ponente: Witold Stępień (PL/PPE) (véase la página 72 del presente Diario Oficial).

(11)  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES) – Evaluación global de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, de reciente elaboración.

(12)  Como se recoge en el Dictamen COR-2018-05736 «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», ENVE-VI/037, ponente: Michele Emiliano (IT/PSE) (DO C 404 de 29.11.2019, p. 58).

(13)  COR-2019-03645. Dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (ENVE-VI/034), ponente: Oldřich Vlasák (CS/CRE) (DO C 86 de 7.3.2019, p. 353).

(14)  Como se recoge en el Dictamen COR-2018-05877 «Gobernanza multinivel y cooperación intersectorial para combatir la pobreza energética», ENVE-VI/038, ponente: Kata Tüttő (HU/PSE) (DO C 404 de 29.11.2019, p. 53).

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Aplicación del paquete sobre energía limpia: los planes nacionales de energía y clima como instrumento para el enfoque de gobernanza local y territorial sobre el clima y la energía activa y pasiva

(2020/C 39/07)

Ponente	:	József Ribányi (HU/PPE), vicepresidente de la Asamblea Provincial de Tolna
Documento de referencia	:	Dictamen de iniciativa

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

acoge con satisfacción las iniciativas de la Presidenta electa, Ursula von der Leyen, en el marco de un futuro Pacto Verde Europeo, y su voluntad de asociar a los entes locales y regionales para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro;

2.

acoge con satisfacción el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que obliga a cada Estado miembro de la UE a elaborar un plan nacional de energía y clima, sentando las bases de un enfoque más global y transversal para las políticas climáticas y energéticas;

3.

subraya que los planes nacionales de energía y clima decenales abarcan el período 2021-2030 y deben contribuir, a escala nacional, a la consecución de los nuevos objetivos de la UE en materia de energía y clima para 2030 y preparar el terreno para la aplicación correcta de la estrategia a largo plazo para la neutralidad climática, dirigida a reducir el ritmo de calentamiento global antropogénico antes de 2050, además de adecuarse a los objetivos del Acuerdo de París. A tal fin, el CDR pide a los Estados miembros que, antes de finales de 2019, cumplan los ambiciosos objetivos de la UE para 2030 en sus planes nacionales de energía y clima definitivos, en particular en los ámbitos de las energías renovables y la eficiencia energética. Las evaluaciones preliminares de estos planes realizadas por la Comisión muestran que se han hecho progresos considerables, pero que muchos proyectos de planes no cumplen los requisitos y que, de cara a los objetivos globales de la UE y su cumplimiento, se precisan medidas más ambiciosas por parte de los Estados miembros, lo que muestra la necesidad de que estos completen, aclaren y mejoren sus propuestas. Todos los Estados miembros deberían preparar ahora, en función de las recomendaciones de la Comisión, sus planes nacionales de energía y clima definitivos, garantizando que cumplan las metas y objetivos antes citados;

4.

acoge con satisfacción que el Reglamento sobre la gobernanza reconozca el papel de los entes locales y regionales en los planes nacionales de energía y clima desde su fase de elaboración subrayando la necesidad de una consulta pública eficaz y proponiendo la creación de un diálogo multinivel sobre clima y energía, siguiendo un enfoque ascendente. La participación de los entes locales y regionales debería abarcar todas las fases, desde la elaboración hasta la aplicación y el seguimiento, pasando por la formulación de observaciones sobre las evaluaciones preliminares de la Comisión. No obstante, constata que hasta la fecha muchos Estados miembros no han conseguido implicar plenamente a los entes locales y regionales en este proceso; asimismo, hace hincapié en el hecho de que la participación de las administraciones locales y regionales, junto con los Estados miembros, en el proceso de elaboración se traduce en la consecución, de forma más eficaz e inclusiva, de los objetivos;

5.

señala que muchos Estados miembros consideran que las estructuras que han creado son suficientes para alcanzar los objetivos de la consulta pública y del diálogo multinivel sobre el clima y la energía: el hecho de que los Estados miembros se consideren capaces de lograr esto por sí mismos ha sido en el pasado una de las principales fuentes de problemas. Recomienda a los Estados miembros que efectúen un análisis crítico de estas estructuras, especialmente a la luz del contenido que pueden generar, la cobertura y la representatividad de los entes locales, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los inversores, otras partes interesadas pertinentes y el público en general, y que den a conocer las aportaciones que generan estas estructuras para garantizar la plena consecución de los objetivos establecidos en el Reglamento sobre la gobernanza para la consulta pública y el diálogo multinivel sobre clima y energía, con el fin último de contribuir a la salud y el bienestar de todos los ciudadanos y de las generaciones futuras;

6.

considera que deben aprovecharse los conocimientos técnicos, las responsabilidades de ejecución y los recursos financieros de los entes locales y regionales para completar la Unión de la Energía; por consiguiente, recomienda la plena participación de los entes locales y regionales en la fase de puesta en práctica del paquete de medidas sobre energía limpia y que se tengan debidamente en cuenta los problemas que puedan plantearse en este proceso con vistas a posibles revisiones futuras. Señala que el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía y otras iniciativas similares pueden desempeñar un papel fundamental orientando a los entes locales y regionales en la aplicación del nuevo marco energético de la UE;

7.

invita a los Estados miembros a colaborar estrechamente con el CDR y sus miembros en sus respectivos planes nacionales de energía y clima. Esto podría constituir un aspecto importante de sus respectivas consultas públicas y diálogos multinivel sobre clima y energía, y podría dar lugar a aportaciones valiosas del nivel local y regional;

8.

reconoce que los Estados miembros han tenido poco tiempo y se han enfrentado a dificultades adicionales para elaborar sus proyectos de planes nacionales de energía y clima, por lo que aboga por una mayor ambición y una integración más vertical para los planes definitivos, que deberán presentarse a finales de 2019, con el fin de garantizar a Europa un camino climáticamente neutro, sólido y conforme con el Acuerdo de París, en la línea del escenario más ambicioso propuesto en la estrategia a largo plazo para 2050. El CDR anima, en este contexto, a que se desarrolle también un sistema de contribuciones determinadas a nivel local que complemente las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París, lo que daría más peso al papel de los entes locales y regionales en la elaboración de los planes nacionales de energía y clima globales. Los entes locales pueden contribuir a alcanzar los objetivos de manera más eficaz mediante campañas de información y sensibilización, y deben contar con profesionales bien formados a tal efecto. Se propone, por tanto, movilizar fondos de la UE para fines de información y creación de puestos de trabajo en el ámbito de la política energética y climática, con el objetivo último de proteger la salud y el bienestar de todos los ciudadanos y de las generaciones futuras;

Energía local activa y pasiva al servicio de los planes nacionales de energía y clima

9.

señala que el término «energía activa», tal como se utiliza en el sector de la construcción, —también conocido por el término más amplio energía «renovable»— designa aquella producida, almacenada y consumida localmente por los distintos agentes locales (entidades públicas, municipales y privadas, hogares). Las fuentes de energía renovables y limpias, como la energía geotérmica, la solar, la eólica, la térmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz o la biomasa, son ejemplos de ello. Este tipo de fuentes de energía desempeñan un papel fundamental en la consecución de los objetivos de los planes nacionales integrados de energía y clima para 2030;

10.

señala que, por otra parte, el término de «energía pasiva», tal como se utiliza en el sector de la construcción, —también conocido por el término más amplio «eficiencia energética»— designa el ahorro energético basado en el uso eficiente de toda la energía generada, lo que implica que se reducen el consumo de energía y, con ello, el gasto energético del consumidor final, así como el índice de contaminación. Teniendo esto en cuenta, los entes locales y regionales deben organizar los servicios públicos locales y territoriales de forma que sean eficaces en materia energética, por ejemplo mediante una política de contratación sostenible;

11.

añade que el concepto de energía pasiva está estrechamente relacionado con los aspectos climáticos, es también relevante para determinar la huella de carbono más amplia de los edificios y es parte integrante de la economía circular. Al conceder los permisos de construcción, los entes locales y regionales deben —teniendo en cuenta las condiciones particulares locales y las especificidades del edificio— fomentar los materiales de construcción fabricados empleando materias primas locales y respetuosas con el medio ambiente (el uso de juncos, pellets, paja, corteza, cáñamo, madera o madera encolada, preferiblemente con un balance de la huella de carbono igual a cero), en lugar de hormigón y otros materiales de construcción tradicionales cuya producción, instalación, desmantelamiento y reciclaje implican importantes emisiones de CO2. Asimismo, deben promover otras medidas destinadas a mejorar el rendimiento energético de los edificios. Estos conceptos deben integrarse en las estrategias nacionales de renovación a largo plazo que los Estados miembros deberán presentar a más tardar en marzo de 2020;

12.

subraya que los entes locales y regionales son agentes importantes en materia de energía, tanto activa como pasiva. Conviene hacerles partícipes de los planes nacionales de energía y clima a escala nacional por tratarse de inversores de envergadura, responsables del mantenimiento de los edificios, operadores de redes de transporte público, organismos responsables de la sensibilización pública, agentes de lucha contra la pobreza energética, autoridades reguladoras de la ordenación del territorio y del uso del suelo, gestores de la producción energética descentralizada y órganos de contratación en las licitaciones ecológicas. Para desempeñar adecuadamente su misión, necesitan una buena planificación de la producción y del aprovechamiento de los recursos locales. A este respecto, debe prestarse atención a los diferentes tipos de energía renovable, al rendimiento energético de los edificios, a la eficiencia energética y al uso de materiales de construcción locales, naturales y respetuosos con el medio ambiente;

13.

insiste en los numerosos efectos positivos del apoyo brindado por los entes locales al aumento de la producción, el almacenamiento y la utilización de la energía activa, en especial la energía renovable. Por ejemplo, el CDR señala que en el sector del transporte, en particular el transporte urbano e interurbano, es especialmente importante aumentar el uso de biocarburantes sostenibles como solución provisional y, a medio plazo, de la movilidad eléctrica con baterías eléctricas e hidrógeno, así como tomar medidas para abordar las emisiones de CO2 en el sector del transporte de manera integrada, incluyendo el fomento del transporte público, el uso compartido de vehículos y otras soluciones innovadoras, pues se prevé que el volumen de tráfico aumente, y los motores de combustión seguirán desempeñando un papel significativo a medio plazo. El bioetanol podría ser un ejemplo de biocarburante sostenible como solución provisional de energía activa producida, utilizada y almacenada fácilmente a escala local, que genera subproductos utilizables (como piensos), reduce la dependencia de las importaciones y podría crear un número significativo de puestos de trabajo. Es fundamental que la revisión de las normas sobre ayudas estatales y la Directiva sobre la fiscalidad de la energía no imposibiliten el fomento de la bioenergía sostenible;

El papel de los entes regionales y locales en la elaboración de los planes nacionales de energía y clima

14.

subraya que los entes locales y regionales deben poder presentar propuestas y enmiendas para los planes nacionales de energía y clima de sus respectivos países y que su papel debe diferenciarse del que desempeñan otras partes interesadas ajenas al sector público. Los entes locales y regionales deben tener derecho a participar directamente en las acciones relacionadas con la eficiencia energética, la transición energética, el cambio climático y el abandono de los combustibles fósiles, además de desempeñar un papel importante en la aplicación de medidas destinadas a abordar la pobreza energética, contando con la colaboración de todas las organizaciones representativas de los entes locales de la UE (CDR, Pacto de los Alcaldes);

15.

hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros estén informados sobre el papel determinante de los entes locales y regionales en lo que concierne a varias prioridades esenciales del Reglamento sobre la Unión de la Energía. Su participación directa está justificada por lo que respecta a las acciones relacionadas con la eficiencia energética, la descarbonización, el cambio climático y el desarrollo de las energías renovables y de la infraestructura energética necesaria, incluidas las tecnologías de almacenamiento y el acoplamiento sectorial, además de desempeñar un papel importante en la gestión de la pobreza energética;

16.

señala que los ciudadanos en general no tienen conocimiento del desarrollo de los planes nacionales de energía y clima y que, debido a las limitaciones de tiempo, los procesos de consulta que acompañan la elaboración de estos planes no han sido hasta ahora tan amplios y profundos como cabría esperar. Se trata de un hecho lamentable, ya que estos planes se aplican a escala local, en los municipios y las ciudades. Por este motivo, insta a los Estados miembros, a la Comisión y a los entes locales y regionales a intensificar sus esfuerzos para informar a un público más amplio sobre el proceso de los planes nacionales de energía y clima y, una vez presentada su versión definitiva, a idear formatos que permitan la participación de todas las partes interesadas en su ejecución;

17.

señala que los imperativos del desarrollo local y regional relacionados con los planes nacionales de energía y clima (por ejemplo, las propuestas de proyectos sobre eficiencia energética, la descarbonización y la lucha contra el cambio climático o la pobreza energética) se han definido sobre la base de una estimación aproximada. Esto se debe, en parte, a la consideración insuficiente de la dimensión local y territorial en los planes nacionales de energía y clima. Recuerda asimismo que la base de datos del Pacto de los Alcaldes puede proporcionar datos e información útiles a aquellos Estados miembros donde el número de firmantes es elevado;

Buena gobernanza: puesta en práctica de los planes nacionales de energía y clima en estrecha cooperación con los entes locales y regionales

18.

insiste en que los Estados miembros de la UE elaboren planes nacionales de energía y clima que incluyan iniciativas de aplicación ventajosas tanto para los consumidores finales como para los prosumidores, así como para los demás proveedores del mercado de la energía al por menor. Dichas iniciativas presentan numerosas ventajas para el sistema energético (reducción de la necesidad de infraestructuras de transporte y su mantenimiento, mayor resiliencia y flexibilidad), incluido un precio justo o el establecimiento de una innovadora solución de fijación de precios para el excedente eventual de energía producido por tales sistemas e incorporado a la red;

19.

hace hincapié en que la experiencia y los conocimientos de los entes locales y regionales como agentes de ejecución son necesarios para detectar incoherencias y posibles sinergias entre los planes nacionales de energía y clima y el marco financiero plurianual, el Semestre Europeo y la estrategia a largo plazo de la Unión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050;

20.

señala que también deben coordinarse las iniciativas en curso y las mejores prácticas. En este sentido, el CDR llama la atención sobre las iniciativas participativas en el marco del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía;

21.

señala que los entes locales y regionales pueden, a través de iniciativas y programas de sensibilización, transformar a los consumidores de energía en prosumidores apoyando la utilización de fuentes de energía producidas, almacenadas y consumidas localmente, sobre todo en forma de comunidades locales de energía, cuyo potencial todavía debe desarrollarse. De este modo, los prosumidores pueden convertirse en miembros activos de redes energéticas inteligentes y descentralizadas creadas por los entes locales y regionales;

22.

apoya el diálogo multinivel sobre el clima y la energía, ya que reforzará la participación de los entes locales y regionales en los debates políticos que se entablen en el marco de los planes nacionales de energía y clima. Este diálogo es también esencial para garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En el marco de este proceso, conviene reconocer el estrecho vínculo existente entre la energía y el clima, así como su alto grado de integración; a este respecto, los entes locales y regionales deben dotarse de la figura profesional del gestor energético. Por consiguiente, el Comité insiste una vez más en la recomendación de movilizar fondos de la UE para la creación de puestos de trabajo en el ámbito de la política energética y climática, con el objetivo último de proteger la salud y el bienestar de todos los ciudadanos y de las generaciones futuras;

23.

destaca, a modo de ejemplo, el diálogo nacional entablado en Irlanda sobre el cambio climático, que promueve, mediante acciones de sensibilización, movilización e incentivación, iniciativas en materia de lucha contra el cambio climático a escala local, regional y nacional. A través de esta buena práctica, puede alcanzarse un consenso sobre la manera de abordar los retos y pueden adoptarse las medidas necesarias. Las partes interesadas pueden instaurar mecanismos y plataformas permanentes de consulta periódica sobre cuestiones económicas, sociales, medioambientales y de interés público relacionadas con la política energética y la lucha contra el cambio climático. Así, el diálogo nacional desempeña también un papel importante a la hora de establecer prioridades en materia de política energética y cambio climático; deben fomentarse y difundirse con mayor ahínco prácticas de este tipo en todos los Estados miembros, mediante el apoyo a campañas de información y sensibilización;

24.

recomienda que los Estados miembros reconozcan a los entes locales y regionales como socios válidos a la hora de definir el nuevo escenario para la energía y el clima. Es necesario comprender y superar los retos y obstáculos a escala local, así como determinar medidas adecuadas y estrategias de ejecución eficaces para que sean creíbles los compromisos nacionales y europeos y para lograr la aceptación pública de los cambios necesarios. Los entes locales y regionales siguen siendo la esfera de gobernanza más cercana a los consumidores, ya que gestionan no solo la producción descentralizada de energía (por ejemplo, desplegando sistemas de contador inteligente y creando redes energéticas inteligentes), sino también numerosos aspectos de los cambios necesarios en la infraestructura energética existente. Además, ponen en marcha programas de información y de sensibilización sobre la energía y el clima que permiten reducir el gasto y la huella de carbono de hogares y empresas y promover condiciones de inversión adecuadas;

25.

subraya que abordar los problemas de la transición a la energía limpia, así como las cuestiones climáticas, requiere una actuación conjunta de todos los niveles de gobierno (europeo, nacional, regional y local) y de los sectores público y privado, así como de los centros de investigación e innovación y de los agentes del mundo académico y de la enseñanza superior. El recurso a la energía activa y pasiva también favorece este proceso, ya que la posibilidad de minimizar el uso de energía a lo largo del ciclo de vida —y por consiguiente las preocupaciones conexas relativas a la huella de carbono— es relevante tanto para la transición a la energía limpia como para la lucha contra el cambio climático;

26.

pone de relieve que, por ser la pobreza energética un problema complejo, los planes nacionales de energía y clima deben abordarlo desde el punto de vista energético y climático, recurriendo a las bases de datos y a las publicaciones del Observatorio de la Pobreza Energética de la UE. También es importante que la evaluación del número de hogares afectados por la pobreza energética a que se refiere el artículo 3 del Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía se base en datos exactos y comprobables;

27.

propone que los entes locales y regionales presten apoyo a las autoridades nacionales para desarrollar proyectos prospectivos que puedan acogerse a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), así como a las iniciativas JASPERS y ELENA, que contribuyen a alcanzar objetivos de la política europea en materia de clima y energía. En el este sentido, el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión debería prever un procedimiento acelerado para prestar ayuda a las ciudades que se hayan comprometido a desarrollar proyectos hipocarbónicos;

28.

insiste en que conseguir mejores sinergias entre los Fondos EIE y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) reviste una importancia crucial para la ejecución de proyectos transfronterizos en materia de energía sostenible;

29.

subraya que los planes nacionales de energía y clima deben promover la innovación energética con vistas a la transición a una economía hipocarbónica y la neutralidad climática para 2050 y, por consiguiente, una Unión de la Energía resiliente y orientada al futuro, dotada de una política climática capaz de impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión. Los entes locales y regionales deben involucrarse especialmente en las iniciativas de las «ciudades inteligentes», en paralelo a la contratación pública ecológica en el ámbito de la energía limpia dentro de sectores como el ahorro de energía en el transporte urbano, las estrategias de transporte interregional, la colaboración en nuevas tecnologías de almacenamiento y los edificios públicos inteligentes;

30.

recomienda que el CDR, como órgano representativo de los entes locales y regionales y en el marco de su proyecto piloto de centros regionales, desempeñe un papel de facilitador en la ejecución de los planes nacionales de energía y clima y el diálogo multinivel sobre clima y energía, proporcionando una vía adicional para llegar a los niveles local y regional al margen de los marcos internos de los Estados miembros;

31.

a tal fin, invita a la Comisión Europea a que considere la posibilidad de coorganizar periódicamente un foro para debatir sobre cuestiones relacionadas con el clima y la energía, incluidos los planes nacionales de energía y clima. Esto facilitaría la cooperación entre los entes locales y regionales, la DG Acción por el Clima, la DG Energía, la Comisión ENVE del CDR y los Estados miembros. Este foro podría aplicarse de forma similar a la actual Plataforma técnica para la cooperación en materia de medio ambiente de la DG Medio Ambiente y el Comité Europeo de las Regiones, que aspira a fomentar el diálogo sobre los problemas y soluciones locales y regionales en la aplicación de la legislación medioambiental de la UE, como se menciona en el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(Séptimo PMA). Este nuevo foro podría contribuir en gran medida al diálogo multinivel sobre clima y energía en todos los Estados miembros, permitiendo, entre otras cosas, el intercambio de información, haciendo balance de los avances, compartiendo las mejores prácticas y las lecciones aprendidas, contribuyendo a mejorar los resultados en materia de clima y energía y reforzando la cooperación y la comunicación entre todos los agentes implicados;

32.

señala que el éxito de la aplicación de los planes nacionales de energía y clima reforzará la competitividad de la Unión Europea y contribuirá a su estabilidad económica, ofreciendo un marco claro para los inversores;

33.

subraya que los planes nacionales de energía y clima establecen un vínculo entre las zonas urbanas y las rurales gracias a los recursos locales y de producción local, lo que permite garantizar el futuro de los habitantes de las zonas rurales y atender las necesidades energéticas de las zonas urbanas, respetando al mismo tiempo el clima;

34.

subraya que los planes nacionales de energía y clima no son una iniciativa aislada. Su conclusión a finales de 2019 es un primer paso importante, pero los planes requerirán correcciones y avances continuos. Por lo tanto, es importante disponer de estructuras y foros para apoyar la futura mejora de los planes nacionales de energía y clima, y garantizar que los diálogos multinivel en materia de clima y energía puedan contribuir plenamente a ello.

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(1)  DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Contribución de las regiones y ciudades al nuevo marco político de la UE para las pymes

(2020/C 39/08)

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Introducción

1.

observa que en algunos Estados miembros el crecimiento se debilita. Este problema es más perceptible a nivel regional y se refleja en el hecho de que la productividad laboral y la eficiencia de la producción crecen a un ritmo más lento, el comercio se ve afectado por una tendencia a la baja, un nivel constantemente bajo de inversión pública y privada en transporte, energía e infraestructura digital y las desigualdades económicas y sociales siguen siendo relativamente grandes, lo que, si se suma a tendencias mundiales como la próxima revolución industrial, la situación demográfica y la naturaleza cambiante del trabajo, requiere soluciones políticas innovadoras;

2.

señala que la competitividad de las economías europeas depende del potencial emprendedor e innovador de las pymes; por consiguiente, acoge con satisfacción las peticiones de la Comisión Europea y el Consejo para que se siga desarrollando la estrategia económica global de la UE teniendo en cuenta el papel específico de este sector;

3.

subraya la importancia de la «Small Business Act» para el desarrollo de las pymes diez años después de su entrada en vigor, pero, al mismo tiempo, observa que es necesario que la promoción de las pymes se lleve a cabo con un enfoque transversal y se mejore el seguimiento del impacto de este programa;

4.

destaca la necesidad de incorporar instrumentos específicos de apoyo a las pymes en los programas de la Comisión que tengan en cuenta la diversidad de este sector empresarial, al tiempo que se garantiza un planteamiento más flexible basado en la eficiencia y se permite a las empresas iniciar nuevas etapas en su desarrollo. El Comité confía en que la Comisión Europea actúe con arreglo a las recomendaciones de su estudio sobre «El marco político de la UE para las pymes: situación actual y retos» (1). Estos nuevos instrumentos deberían calibrarse de manera que se orienten principalmente a las pequeñas empresas que presenten proyectos con un cierto riesgo;

5.

destaca el papel y la responsabilidad de los Estados miembros y las regiones de la UE en la creación y la puesta en práctica de instrumentos destinados a aplicar la política de la UE en materia de pymes. En particular, estos deberían apoyar el desarrollo de competencias tanto entre los trabajadores de las pymes como dentro de las propias pymes, por ejemplo las relacionadas con la digitalización, lo que redundará a largo plazo en beneficio del desarrollo de estas empresas;

6.

observa que es urgente y necesario promover el desarrollo de las pymes también fuera de las aglomeraciones urbanas, en particular en el marco de los programas operativos de los Estados miembros de la UE;

7.

reconoce la importancia de las empresas emergentes en el sector de las pymes (2), ya que impulsan numerosas innovaciones radicales; señala, no obstante, que también hay que apoyar a las empresas existentes en su etapa de expansión y en la innovación progresiva, desde su entrada en el mercado local hasta su entrada en el mercado mundial. La política europea debería asumir planteamientos más ambiciosos en lo tocante al apoyo a las empresas;

8.

considera que las políticas de la UE deben apoyar, en todas las regiones europeas, la integración de las pymes en las cadenas de valor internacionales; toma nota de que la internacionalización de las actividades económicas de determinadas pymes fuera del territorio de la UE puede garantizar la difusión de buenas prácticas, lo que beneficiará a las pymes europeas al aumentar su productividad, debido, sobre todo, a la transferencia de conocimientos y tecnologías;

9.

reconoce la importancia de la red de representantes nacionales para las pymes, que debería desempeñar un papel importante a la hora de determinar problemas y oportunidades para los empresarios europeos;

10.

subraya la necesidad de promover y aplicar procedimientos administrativos que permitan ahorrar tiempo y reducir la carga administrativa en todos los niveles europeos y nacionales, lo que tendrá un impacto significativo en el funcionamiento de las pymes, también en los aspectos financieros de su actividad;

11.

señala que es preciso impulsar el proceso de búsqueda de nuevas fuentes de financiación para las pymes y simplificar el acceso a métodos de financiación tradicionales para el mayor número posible de pymes que operen en diferentes regiones de la UE;

12.

apoya el llamamiento para revisar la definición de pyme actualmente vigente a nivel europeo a fin de tener en cuenta el hecho de que las empresas medianas (empresas de capitalización media con un máximo de 500 trabajadores) son perfectamente comparables en su estructura con las pymes (menos de 250 trabajadores y un volumen de negocios anual inferior o igual a 50 millones EUR o un balance general inferior o igual a 43 millones EUR);

13.

hace hincapié en la importancia del concepto de ventanilla única para respaldar a las pymes y considera que, a tal fin, deben consolidarse a nivel europeo las redes de apoyo a las pequeñas y medianas empresas; propone que se recurra a la actual Red Europea para las Empresas (EEN, por sus siglas en inglés). La interacción entre las diferentes modalidades de apoyo a las pymes en el marco de una red y la cooperación de esta red con la red de representantes para las pymes permitirían alcanzar las sinergias a las que aspiran tanto las pymes como la Comisión Europea;

Seguir impulsando el desarrollo de las pymes – Riesgos y desafíos

14.

toma nota de que las pymes de la Unión Europea deben afrontar retos relacionados con, entre otras cosas, el aumento de la competencia mundial, la aparición de nuevos modelos empresariales, la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías tanto en la industria como en el sector de los servicios, el auge de la economía circular y colaborativa, y la manera de garantizar un desarrollo sostenible;

15.

destaca la importancia de apoyar la cooperación de las agrupaciones de pequeñas y medianas empresas especializadas (clústers). Pide que se sigan desarrollando los instrumentos de la UE existentes en este ámbito, como el Portal de Agrupaciones de la UE, el Observatorio Europeo de Agrupaciones y la Iniciativa de Excelencia de las Agrupaciones Europeas;

16.

reitera la importancia creciente de la responsabilidad social de las empresas para la sociedad y el medio natural;

17.

señala las diferencias que separan a las pymes de las grandes empresas en términos de velocidad e intensidad de crecimiento, lo que, debido a las particularidades de las regiones menos desarrolladas, conduce a una polarización económica de las regiones en el territorio de la UE;

18.

subraya que el número creciente y la complejidad de las normas administrativas afectan negativamente al potencial de crecimiento de las pymes, en particular de las microempresas, que carecen de la capacidad administrativa y financiera suficiente para superar estos obstáculos, por lo que aboga por reducir la complejidad administrativa para las empresas de la UE, especialmente en caso de operaciones transfronterizas;

19.

observa que el creciente número de soluciones innovadoras en el mercado y el hecho de que, por razones financieras, solo sean accesibles a las pymes en grado limitado hacen necesario un nuevo enfoque que permita impulsar la creación y el desarrollo de la denominada innovación abierta;

20.

si bien subraya que aumentará la importancia que revisten los programas Horizonte y COSME para las pymes, se congratula de que el FEDER siga siendo la fuente de financiación más importante para las políticas locales y regionales de apoyo a las pymes durante el nuevo período de programación 2021-2027, en particular en lo que respecta al acceso a la financiación, el apoyo a la I+D y la innovación, el desarrollo de capacidades, así como el acceso a los mercados y la internacionalización. Reitera, no obstante, su objeción a la propuesta de mantener la concentración temática del FEDER en el nivel nacional, ya que un mecanismo de asignación centralizado obraría en detrimento de un enfoque de base local y del principio de gobernanza multinivel, que son fundamentales para prestar un apoyo eficaz y efectivo a las pymes;

21.

toma nota de las diferencias entre los ámbitos políticos de la UE específicos para cada sector, en particular, en lo tocante a la contratación pública, la legislación sobre insolvencia, la protección del entorno natural y las divergencias en el apoyo a las agrupaciones de empresas y los principios de la competitividad. Todo ello tiene repercusiones considerables para las pymes y su desarrollo futuro;

22.

considera que, si bien el mercado interior es una conquista de la UE, se requieren ulteriores medidas para su realización, como la eliminación de los obstáculos que persisten a la libre circulación de bienes y servicios, una de las dificultades a las que se enfrentan las pymes a la hora de expandir su actividad económica y beneficiarse de la internacionalización;

23.

llama la atención sobre los cambios económicos provocados por la digitalización que, para las pymes, van aparejados a un mayor esfuerzo financiero cuando adquieren o emprenden el despliegue de tecnologías y conocimientos técnicos;

24.

pide a la Comisión Europea que desarrolle instrumentos para apoyar la digitalización de las pymes en las regiones de la UE, basándose en los buenos resultados de iniciativas en vigor, como la iniciativa «Digital Cities Challenge»;

25.

está convencido de que la digitalización ofrece a las pymes la oportunidad de colocar sus productos y servicios en un mercado más amplio paneuropeo y extraeuropeo y de impulsar el comercio transfronterizo;

26.

destaca que el reto para la UE es garantizar un aumento continuado de la productividad y la competitividad (incluida la rentabilidad) en las cadenas de valor industriales, al tiempo que sigue persiguiendo objetivos medioambientales ambiciosos;

Expectativas de las pymes en relación con la futura política de crecimiento y desarrollo

27.

destaca los beneficios potenciales de la inversión de la UE en la integración de los ecosistemas empresariales regionales para las pymes y los emprendedores e insta, al mismo tiempo, a la Comisión Europea a que siga adelante con el proyecto que se lleva a cabo en la actualidad en cooperación con las Regiones Emprendedoras Europeas (REE) y establezca vínculos entre los «Silicon Valleys» de Europa;

28.

llama la atención sobre las dificultades a las que se enfrentan muchas pymes para contratar y retener trabajadores cualificados. Para hacerse con los servicios de profesionales con talento, las pymes también han de hacer frente a la fuerte competencia de las grandes empresas, que disponen de mayores recursos y pueden ofrecer salarios más elevados, a pesar de que las pymes constituyen la columna vertebral de la economía europea y representan el 99 % de todas las empresas de la UE;

29.

señala que los representantes de las pymes, incluidos los agentes y asociaciones que prestan apoyo a las pymes, deberían poder participar de manera más directa en el diseño y la coordinación de la aplicación de las medidas políticas de la UE que afecten directamente a este tipo de empresas;

30.

confía en que los representantes del nivel regional participen en la gobernanza de las políticas de la UE encaminadas a respaldar a las pymes y cooperen de manera más estrecha con sus representantes;

31.

señala que la política industrial de la UE debe centrarse en mayor medida en la innovación en su sentido más amplio, las tecnologías facilitadoras esenciales, los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE), la digitalización y las pymes;

32.

apoya el plan de la Comisión Europea de simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de financiación y la presentación de informes, que resultan especialmente gravosos para las microempresas y las pequeñas empresas, que disponen de recursos humanos limitados. Propuestas tales como las opciones de costes simplificados (tarifas unitarias simples, importes a tanto alzado y costes unitarios) facilitarán la elaboración y ejecución de los presupuestos de los proyectos, lo que aumentará la proporción de pymes que pueden recurrir a las ayudas;

33.

se declara partidario de un enfoque centrado en primer lugar en los niveles local y regional y, después, en los niveles nacional e internacional. Cuando se someten a prueba ideas a menor escala y se promueven las innovaciones progresivas, las soluciones tecnológicamente nuevas pueden desplegarse con mayor rapidez y aplicarse en un marco financiero viable para las pymes;

34.

advierte de que el marco propuesto para las disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos debe ser flexible para que los programas operativos en las regiones que lo requieran puedan focalizarse en las pymes y las microempresas;

35.

pide que se elaboren programas para promover el potencial de las pymes, por ejemplo, en lo relativo al uso de instrumentos financieros innovadores, la sensibilización sobre la importancia del intercambio de información y la cooperación, o la posibilidad y necesidad de concebir estrategias y planes de crecimiento a largo plazo;

36.

llama la atención sobre la importancia creciente que reviste la integración de agrupaciones de empresas, como las plataformas de especialización inteligente en particular, en las que los entes locales desempeñan un papel central para crear cadenas de valor integradas a nivel europeo, apoyando a las pymes en su crecimiento internacional;

37.

confía en que se refuerce la sólida dimensión regional y local de las entidades de la Red Europea para las Empresas (EEN) y que esta pueda desempeñar tareas nuevas en el futuro;

38.

señala la necesidad de ampliar la gama de servicios ofrecidos por la EEN, incluida la expansión de la actividad de las pymes, la información sobre normativas nacionales y europeas, las oportunidades de financiación en los distintos Estados miembros de la UE, la creación de asociaciones con otros agentes del sector o con operadores del proceso de producción, etc.;

39.

observa la necesidad de reforzar las representaciones regionales de las pymes; estas podrían participar regularmente en los debates sobre los cambios legislativos propuestos, así como en el proceso de seguimiento, control y evaluación de las repercusiones de estos cambios para las pymes, por ejemplo, en el marco de plataformas similares a la plataforma REFIT;

40.

destaca la importancia de diversificar las fuentes de financiación de las pymes. Colmar los déficits de financiación existentes en determinados sectores o tipos de empresas debe convertirse en una de las prioridades;

41.

acoge con satisfacción los acuerdos alcanzados en la Unión de los Mercados de Capitales para facilitar el acceso de las pymes a los mercados de la contratación pública y la introducción de medidas para simplificar y reducir los costes y las cargas normativas;

42.

valora positivamente las iniciativas emprendidas en algunos Estados miembros para reforzar la participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública;

43.

insiste en el tema del acceso de las pymes a la contratación pública, al tiempo que reconoce que esta categoría de empresas se ha tenido en cuenta en la revisión de la Directiva sobre contratación pública; insta a que se adopten medidas suplementarias para promover las pymes;

44.

subraya que los retrasos en los pagos, la falta de conocimientos de las pymes sobre aspectos clave de la contratación pública, así como los elevados costes potenciales de las acciones legales, siguen siendo uno de los principales obstáculos para que las pequeñas y medianas empresas se consoliden y aprovechen las oportunidades de expansión;

Observaciones finales

45.

señala que las pymes, debido a su gran flexibilidad estructural y sus perfiles productivos, son capaces de reaccionar rápidamente ante los cambios dinámicos en la sociedad y la economía. Sin embargo, los recursos financieros necesarios para realizar tales ajustes constituyen un obstáculo. Por esta razón, las nuevas propuestas de medidas de apoyo en este ámbito deberán adaptarse a las necesidades de las pymes;

46.

destaca que, dado su peso en el mercado laboral pero también para los consumidores, las pymes son una parte interesada importante y tienen responsabilidades en la puesta en práctica de la economía circular. Este hecho debe reconocerse en términos concretos con beneficios fiscales o con el acceso a fondos europeos;

47.

considera que la Comisión Europea debe aprovechar la experiencia adquirida con la «Small Business Act» y el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020. El objetivo debe ser optimizar y simplificar, pero no introducir cambios radicales ni dejar de lado los logros alcanzados hasta la fecha para buscar soluciones completamente nuevas;

48.

observa que el número de iniciativas para intensificar la cooperación interregional y transfronteriza sigue siendo insuficiente;

49.

reitera su llamamiento en favor de una nueva estrategia transversal, que debería incrementar en mayor medida la importancia otorgada a la innovación —en particular radical y progresiva— y promover tecnologías facilitadoras esenciales y proyectos importantes de interés común europeo (también en relación con la digitalización y las pymes);

50.

pide a la Comisión Europea que busque soluciones para facilitar la participación de las pymes en las licitaciones públicas, por ejemplo mediante la concesión de bonificaciones por su origen local o regional, ya que las disposiciones adoptadas hasta la fecha son insuficientes;

51.

señala que, a pesar de las medidas generales y de naturaleza variada adoptadas por la Comisión Europea —y que se valoran positivamente—, el apoyo a las pymes no será eficaz a escala de la UE mientras algunos Estados miembros tiendan a introducir normas complejas en sus políticas nacionales;

52.

subraya que los entes locales y regionales desempeñan un papel importante a la hora de crear un entorno favorable para las empresas y deben disponer de instrumentos que permitan adaptar las medidas políticas a las necesidades cambiantes de las pymes; considera que los entes locales y regionales deberían participar más estrechamente en el proceso de formulación de la futura política industrial de la UE, incluido el apoyo a las pymes;

53.

comparte la opinión del Parlamento Europeo, que ha pedido un aumento de la dotación general del Programa sobre el Mercado Único de la UE 2021-2027 al objeto de reforzar la competitividad internacional de las pymes, abrir mercados fuera de la UE y aprovechar la innovación;

54.

está convencido de que la integración de todos los instrumentos financieros disponibles para las pymes en el Programa InvestEU, anunciada en el nuevo marco financiero plurianual, dará lugar a la deseada simplificación de los procedimientos;

55.

pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del mercado único a fin de liberar todo su potencial;

56.

pide a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que desarrollen herramientas y mecanismos para garantizar a las pymes europeas unas condiciones de competencia equitativas, tanto a nivel europeo como mundial, en particular en relación con las tecnologías de importancia estratégica para Europa.

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(1)  https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU-SMEs/EU-policy-SMEs.pdf.

(2)  Comité Europeo de las Regiones, «Impulsar las empresas emergentes y en expansión en Europa: la perspectiva local y regional», ECON-VI/021, ponente: Tadeusz Truskolaski, COR-2017-00032-00-01, julio de 2017.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Informe sobre la aplicación de la contratación pública

(2020/C 39/09)

Ponente

:

Thomas Habermann (DE/PPE), presidente del Ejecutivo del Distrito de Rhön-Grabfeld

I.   OBSERVACIONES GENERALES

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

subraya que el presente Dictamen se elabora como seguimiento del compromiso del CDR, en el marco del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente» y el Programa de Mejora de la Legislación, de ofrecer su valoración sobre la aplicación de la legislación de la UE a nivel local y regional. Para este propósito, el CDR ha llevado a cabo, junto al Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), una encuesta a nivel de la UE en la que se evalúa la aplicación del marco jurídico de contratación pública por parte de los entes locales y regionales, y ha encargado un estudio al respecto; hace hincapié en que, debido a los diferentes niveles de participación de los Estados miembros, los resultados de la encuesta no pueden tener un valor representativo para toda la UE, sino que tan solo permiten detectar tendencias; por otra parte, llama la atención sobre el informe publicado en julio de 2019 sobre la primera consulta de la Red de centros regionales (RegHub) del CDR (1), que confirma, en esencia, los resultados de la encuesta del CMRE y el CDR;

2.

observa que la extensa reforma de las Directivas sobre contratación pública realizada en 2014 se transpuso al Derecho nacional de los Estados miembros en parte en 2016 y en parte mucho después; así pues, con un período de, como máximo, tres años desde la entrada en vigor de una legislación nacional en materia de contratación pública con un efecto directo sobre terceros, se dispone tan solo de una percepción limitada en cuanto a la aplicación de las nuevas normas;

3.

destaca que tanto la práctica administrativa como los agentes económicos acaban de empezar a adaptarse al régimen de contratación pública renovado y en la actualidad aún se hallan en parte inmersos en procesos de adaptación; hace también hincapié en que estos procesos de adaptación están asociados en muchos lugares a considerables cargas formativas y de asesoramiento, en parte con asesores jurídicos externos; por todo ello, considera sin lugar a dudas que adoptar nuevas disposiciones legislativas en los próximos años no es lo más indicado;

4.

señala que el presente Dictamen no está orientado, por tanto, a una nueva reforma legislativa, sino que aborda las dificultades a las que se enfrentan actualmente los poderes públicos adjudicadores a nivel local y regional en el manejo del marco normativo; aborda también los diferentes aspectos que la Comisión expuso por última vez en su Comunicación no legislativa sobre una contratación pública configurada de un modo más eficiente, más sostenible y más profesional, de octubre de 2017 (2);

5.

apoya el objetivo y las piedras angulares de las Directivas, en particular la contratación electrónica y la promoción de la participación de las pymes, los nuevos conceptos de contratación interna y colaboración intermunicipal, la posibilidad de utilizar criterios estratégicos en la contratación pública en el marco de los propios procesos de toma de decisiones políticas de las autoridades y la promoción de la transparencia y la integridad;

6.

destaca que, como demuestran los resultados de la encuesta (3), la contratación pública transfronteriza no ha aportado ningún valor añadido para los entes locales y regionales. A pesar de la realización asidua de procedimientos de licitación a nivel de la UE, que son costosos y requieren mucho tiempo, no se presenta ninguna oferta transfronteriza, o se presentan muy pocas; cabe suponer que la razón estribe en el hecho de que, al ser las plataformas electrónicas de que disponen los Estados diferentes, estas representan un obstáculo para la participación de empresas y entidades de países limítrofes: concebidas y montadas en el ámbito de los Estados nacionales, a menudo las plataformas no prevén la posibilidad de lenguas diferentes o formalidades administrativas de otros Estados distintos de aquel en el que se encuentra la entidad contratante;

7.

llama la atención sobre el hecho (4) de que entretanto una aplicación sin errores de Derecho del marco jurídico sobre contratación pública se ha convertido en un objetivo por sí misma, en lugar de tratarla como un instrumento para contratar trabajos, suministros o servicios;

8.

subraya que es necesario aclarar en qué circunstancias los entes locales y regionales pueden promover también el crecimiento de la economía local y de las estructuras locales en el contexto del enfoque de sostenibilidad y un equilibrio medioambiental positivo mediante distancias cortas (por ejemplo, «madera de aquí»), en el sentido del denominado principio «buy local» (compre productos locales);

9.

destaca que la consideración de criterios más ecológicos, más sociales o más innovadores en la prestación de servicios públicos, posible gracias a la reforma de 2014, debe dejarse a la total discreción de los entes pertinentes, de acuerdo con el principio de autonomía local; estima que debe rechazarse claramente una posible obligación futura de aplicar objetivos estratégicos de adjudicación en todo tipo de procedimiento de contratación, con el fin de evitar una sobrecarga innecesaria de los procedimientos de licitación; señala que la consideración de objetivos estratégicos de adjudicación tampoco puede ser eficaz en muchos procedimientos de contratación, por ejemplo en la adquisición estándar de productos;

10.

hace hincapié en que añadir objetivos políticos adicionales aumenta tanto la propensión a cometer errores como el riesgo de conflicto entre dichos objetivos; destaca que el establecimiento de objetivos en la contratación pública solo puede realizarse en la medida en que —y a condición de que— no se menoscabe el objetivo primordial de la contratación pública, es decir, proporcionar a los ciudadanos buenos productos y servicios a un precio razonable;

11.

señala asimismo que el derecho de los entes a prestar y organizar sus servicios por medio de sus propias instituciones, organismos públicos y empresas públicas quedó claramente reconocido en la reforma de 2014, así como el concepto de contratación interna y la colaboración entre municipios. Así pues, la adjudicación a terceros es solo una de las muchas alternativas para la prestación de servicios públicos (5). Por último, el CDR pone de relieve el derecho de los poderes públicos adjudicatarios a volver a municipalizar los contratos adjudicados a terceros;

12.

considera que aumentar los umbrales por encima de los cuales los contratos públicos deben publicarse a nivel europeo es el objetivo adecuado para mantener un equilibrio entre la transparencia, por un lado, y la carga administrativa para el sector público y las pymes, por el otro; pide a la Comisión, en este sentido, que se esfuerce por lograr a largo plazo, dentro del marco de la OMC, un incremento significativo de los umbrales en el Acuerdo sobre Contratación Pública;

II.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

Contratación estratégica

13.

considera que la posibilidad introducida en las Directivas sobre contratación pública de 2014 de que los poderes públicos adjudicatarios tengan en cuenta objetivos estratégicos de adjudicación en la contratación pública puede dar lugar, en algunos casos, a una «mejor contratación» desde el punto de vista del órgano de contratación;

14.

considera, no obstante, que la carga administrativa resultante de ello para los entes locales debe ser proporcional a la utilidad que la contratación pública puede aportar en interés de los ciudadanos. La contratación pública no está ideada principalmente para alcanzar objetivos políticos, por ejemplo en materia de sostenibilidad medioambiental, inclusión social e innovación, o para impulsar determinados desarrollos sociopolíticos. Pese a ello, se utiliza cada vez más como un vehículo para guiar o alcanzar otros objetivos políticos. Ahora bien, no se puede perder de vista el objetivo y la finalidad de la contratación pública: determinar la mejor relación calidad-precio con arreglo a los principios de rigor presupuestario y eficiencia de la gestión pública;

15.

señala que, como han mostrado los resultados de la encuesta del CDR y el CMRE, existe una concienciación entre los entes locales y regionales sobre la posibilidad de utilizar criterios ecológicos, sociales e innovadores. Estos criterios se utilizan, según se indica, con cierta reticencia, por un lado, porque no es necesario y, por otro, porque la mayor propensión a cometer errores aumenta la posibilidad de que se interpongan recursos; en particular, los entes locales y regionales lamentan la escasez de competencias profesionales que resultan necesarias para impulsar este tipo de licitaciones;

16.

señala que, a pesar de la posibilidad de adjudicar contratos basándose en diferentes criterios cualitativos, los entes locales y regionales suelen anteponer el criterio del precio más asequible, ya que desde su punto de vista esto está justificado por un uso más adecuado del dinero público, además de ser un criterio más fácil de aplicar;

17.

hace referencia a la crítica que realiza la Comisión en su Comunicación (6) de que, en el 55 % de los procedimientos de adjudicación, esta se determina únicamente sobre la base del precio más bajo; aclara que en los procedimientos de adjudicación pertinentes pueden considerarse perfectamente objetivos estratégicos, ya que, por ejemplo, a nivel del pliego de condiciones normalmente pueden fijarse de un modo igualmente eficaz criterios de eficiencia medioambiental o energética y, por consiguiente, la adjudicación se determina sobre la base del precio más bajo;

18.

señala que, como demuestras los resultados de la encuesta, la necesidad de criterios estratégicos de adjudicación puede variar ampliamente. Así pues, en términos generales no se aprecia una necesidad de contratación pública que fomente la innovación, la valoración es equilibrada en cuanto a la necesidad de contratación pública social y la necesidad de una contratación pública orientada al medio ambiente se acepta mayoritariamente; señala que existen dificultades para la aplicación de todos los criterios debido a la complejidad del marco jurídico, para la fijación de las condiciones para la ejecución de los contratos y, en particular, para la valoración de la equivalencia de los certificados y etiquetas nacionales que deberían justificar el cumplimiento de los criterios (7);

19.

destaca que, hasta ahora, el uso de la contratación pública innovadora, incluida la asociación para la innovación o la contratación precomercial, se limitaba a pocos entes locales y regionales en algunos Estados miembros. Los principales motivos que justifican este hecho son que la promoción de la investigación y el desarrollo raramente ocupa un puesto destacado, se contratan productos estándar o existen limitaciones presupuestarias. La iniciativa «Big Buyers» (Grandes compradores) de la Comisión podría ser una herramienta para promover la contratación pública innovadora. El CDR hace hincapié, no obstante, en que las modalidades de contratación conjunta y las cooperativas de compra también suelen facilitar la labor de los entes más pequeños y ayudan a obtener una mayor eficiencia;

Acceso de las pymes a los mercados de contratación pública

20.

recuerda que la promoción de las pymes era una de las cinco prioridades de la reforma en materia de contratación pública de 2014; señala que las pymes y las empresas emergentes aún se enfrentan a dificultades para cumplir los criterios de selección económicos o técnicos. Además, siguen constituyendo obstáculos considerables los retrasos en los pagos, la falta de conocimiento por parte de las pymes de los aspectos clave en la contratación pública y los costes elevados que puede implicar interponer recursos;

21.

señala que las medidas adoptadas hasta ahora para aumentar la participación de las pymes no han dado lugar a la mejora prevista, como también se desprende de los resultados de la encuesta del CDR y el CMRE;

22.

hace hincapié en que los objetivos estratégicos de adjudicación suelen representar un obstáculo considerable precisamente para la participación de las pymes en procedimientos de licitación en comparación con las grandes empresas que cuentan con una estructura más profesional, ya que las pymes a menudo carecen de los recursos necesarios para cumplir los criterios estratégicos de adjudicación; destaca que reforzar la adjudicación estratégica supone el riesgo de ir en contra del objetivo —correcto y merecedor de apoyo— de promover y facilitar el acceso de las pymes a los procedimientos de contratación pública;

23.

subraya en este contexto la necesidad de revisar la definición de pyme actualmente vigente a nivel europeo (8); señala que, en la definición actual, las empresas medianas (las llamadas empresas de mediana capitalización con hasta 500 trabajadores) son perfectamente comparables en su estructura con las pymes (menos de 250 trabajadores al año y un volumen de negocios inferior o igual a 50 millones EUR o un balance general inferior o igual a 43 millones EUR) y, pese a ello, no gozan de ningún privilegio frente a las grandes empresas; destaca, con el telón de fondo de las crecientes tendencias proteccionistas en mercados clave, la importancia de que la UE se posicione, de un modo constructivo y abierto al mercado, frente a la competencia mundial por el bien de la economía interna europea y tenga en cuenta a las pequeñas y medianas empresas como un factor económico sólido, en particular en las zonas rurales;

24.

señala que el nuevo régimen para servicios sociales y otros servicios especiales presenta dificultades para los entes locales y regionales; los problemas constatados están vinculados, entre otras cosas, con la naturaleza específica de tales servicios y el contexto particular en que se prestan; critica que a partir de ahora se apliquen obligaciones de llevar a cabo licitaciones públicas a partir de un determinado umbral (750 000 EUR), pese a que siguen persistiendo los motivos que explican la falta de relevancia para el mercado interior de este tipo de servicios; observa que, en parte, estas normas no se ajustan a los sistemas nacionales de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia ha considerado (9) que la Directiva sobre contratación pública no es aplicable a los supuestos en que la administración pública no adopta ninguna decisión de selección cuando los proveedores de servicios actúan en el marco de simples procedimientos de autorización o procedimientos open house. No obstante, las normas previstas por la Directiva sobre contratación pública no siempre se ajustan a los sistemas nacionales de los Estados miembros y pueden generar, en la práctica, cargas administrativas desproporcionadas para los entes locales y regionales (10). Además, el ámbito de aplicación del régimen no es inequívoco por la referencia a los códigos CPV —de contenido indeterminado— en el anexo XIV;

25.

señala que la licitación por lotes es la que favorece especialmente a las pymes y a las empresas medianas y, por tanto, constituye un buen enfoque; señala, no obstante, que las empresas no eficientes o los lotes demasiado pequeños pueden aumentar la carga administrativa y de coordinación de los poderes adjudicadores;

Adquisición transfronteriza de bienes y servicios

26.

observa que el porcentaje total de adjudicaciones transfronterizas disminuyó del 5,95 % en 2013 al 3,4 % en 2017 (11);

27.

subraya que el concepto de contratación pública debe interpretarse de manera funcional pero que, incluso desde tal perspectiva, al calcularse el valor del contrato no deben agruparse los distintos tipos de servicios de planificación sino que, en lugar de ello, pueden tratarse como contratos separados; observa que esto es especialmente importante para proteger y aumentar la participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública;

28.

pide a la Comisión que adopte directrices más completas sobre los procedimientos de contratación pública electrónica a fin de aumentar la seguridad jurídica y mejorar la participación de las pymes en la contratación pública electrónica;

29.

señala que la exclusión prevista en el artículo 10, letra h), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) sobre contratación pública confirma la gran importancia de las organizaciones asistenciales sin ánimo de lucro, que, en especial en el caso de la protección civil, pueden aumentar sus efectivos mediante voluntarios; considera que los Estados miembros pueden determinar explícitamente en su Derecho nacional qué organizaciones son consideradas sin ánimo de lucro, siempre y cuando la legislación nacional garantice que estas organizaciones cumplen los criterios establecidos por el TJUE (13);

30.

destaca que, en la encuesta del CDR y el CMRE, el 70 % de los encuestados indica que la adquisición transfronteriza no aporta ningún valor añadido debido a la falta de ofertas procedentes de otros Estados miembros, y solo el 24 % indica que promueve la competencia y da lugar a mejores alternativas; llama la atención sobre las conclusiones del informe RegHub, en las que se señala que, algunos sectores, en particular en las áreas sociales, por su propia naturaleza no tienen carácter transfronterizo y que, por lo tanto, no tienen la relevancia necesaria para el mercado interior;

31.

declara su conformidad, en principio, con el objetivo de la Comisión de aumentar el número de procedimientos de licitación transfronterizos; señala que entre los motivos que dan lugar a la escasa licitación transfronteriza se incluyen, entre otros, la necesidad de que los documentos de licitación sean multilingües, lo que requiere una mayor cantidad de tiempo y recursos e implica inevitablemente un aumento de los costes, y las diferentes interpretaciones que realizan los Estados miembros de las Directivas sobre contratación pública;

32.

señala que otra de las causas principales puede residir en las diferentes normas aplicables en los Estados miembros, por ejemplo, en el ámbito del Derecho laboral y en materia de protección laboral o en el ámbito de la construcción; esto provoca que posibles licitadores extranjeros, y en particular las pymes, que a menudo carecen de los recursos reales y jurídicos necesarios para cumplir las disposiciones de otros Estados miembros, se abstengan de presentar ofertas;

33.

destaca, por último, el hecho de que es muy común que las empresas instituyan filiales en otros Estados para estar cerca de los mercados locales. A menudo son estas filiales, y no sus sociedades matrices, las que licitan a contratos públicos de ámbito local y regional. Estas transacciones no quedan recogidas en las estadísticas sobre contratación pública transfronteriza;

34.

hace hincapié, por último, en las dificultades a las que se enfrentan los licitadores en la gestión más allá de sus fronteras de los distintos requisitos que establecen los Estados miembros en cuanto a certificados y firmas electrónicas; de ahí la necesidad de prever directrices comunes en el diseño de sistemas reguladores e informáticos compartidos, así como la creación de plataformas electrónicas que permitan la participación de las entidades y empresas con sede en los distintos Estados limítrofes;

Medidas para mejorar la aplicación

35.

señala que la denominada «profesionalización» solicitada por la Comisión, es decir, la formación del personal de las administraciones, recae exclusivamente en la soberanía organizativa de los Estados miembros y, en particular, de los entes locales y regionales; además, expresa su temor de que una mayor cantidad de directrices y manuales de la Comisión sobre la profesionalización de la contratación pública (como, por ejemplo, el amplio marco europeo de profesionalización previsto actualmente) implicaría una mayor carga administrativa para los poderes adjudicadores, que se sumaría a la del ya de por sí extenso marco normativo;

36.

acoge con satisfacción el plan de actuación definitivo publicado el 26 de octubre de 2018 por la Asociación para la Contratación Pública Innovadora y Responsable en el marco de la Agenda Urbana (14) y apoya, en particular, las recomendaciones dirigidas a los responsables de la UE para que consideren una posible financiación europea de la contratación pública transfronteriza conjunta, la contratación pública de soluciones innovadoras, la contratación pública estratégica y, en particular, la contratación pública social (es decir, recurriendo a cláusulas y criterios de adjudicación sociales en los procedimientos de licitación y contratos públicos) y la contratación pública circular, a los Estados miembros para que inviertan en el desarrollo de capacidades en materia de contratación pública innovadora y responsable, y, por último, tanto a los Estados miembros como a las ciudades para que refuercen la formación en materia de contratación pública circular, así como de contratación pública innovadora y responsable;

37.

considera que la UE debe asegurar la coherencia entre los diferentes ámbitos políticos europeos que rigen la contratación pública y las políticas en materia de competencia y ayudas públicas, con el fin de garantizar que la UE se vea reforzada en conjunto como emplazamiento industrial y que las empresas europeas sean competitivas en un mundo globalizado;

38.

pide a la Comisión que, en aras de crear seguridad jurídica y aliviar las cargas para los poderes adjudicadores a nivel local, inicie un proceso para el establecimiento de etiquetas y certificados fiables, inequívocos y reconocidos en toda la UE, en particular en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental;

39.

llama la atención sobre el hecho de que el desarrollo de sistemas electrónicos de contratación pública y portales nacionales de contratación pública haya causado en parte problemas de compatibilidad tanto entre Estados miembros como dentro de los Estados miembros; el desarrollo de sistemas plenamente compatibles podría simplificar y acelerar en grado considerable los procedimientos de contratación pública, y

40.

destaca, en definitiva, que las Directivas no han cumplido el objetivo principal de lograr una simplificación general para los entes locales y regionales; considera, sin embargo, que no es en absoluto aconsejable emprender una nueva reforma legislativa en los próximos años por motivos de continuidad y por las razones expuestas anteriormente.

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(1)  Comité Europeo de las Regiones, Grupo Director sobre Subsidiariedad – Red de centros regionales para evaluar la aplicación de las políticas de la UE: Evaluación sobre la aplicación e Informe sobre la aplicación; primera consulta sobre la contratación pública, julio de 2019.

(2)  Comunicación de la Comisión «Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa», de 3.10.2017 (COM(2017) 572).

(3)  Véase la encuesta realizada por el CDR junto al Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) sobre la evaluación de la aplicación de las Directivas sobre contratación pública de 2014: retos y oportunidades en el plano regional y local.

(4)  Véase la encuesta conjunta del CDR y el CMRE.

(5)  Véase el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones «Paquete en materia de contratación pública», ponente: Adrian Ovidiu TEBAN (RO/PPE), de 5.7.2018.

(6)  Comunicación de la Comisión «Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa», de 3.10.2017 (COM(2017) 572).

(7)  Encuesta del CDR y el CMRE.

(8)  Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(9)  Asuntos C-410/14 Falk Pharma y C-9/17 Tirkkonen.

(10)  Dictamen de la Plataforma REFIT sobre la eficacia y la eficiencia de la contratación pública (ayuda a la juventud y asistencia social) publicado el 14 de marzo de 2019 a petición del Ministerio neerlandés de Sanidad, Bienestar y Deporte».

(11)  Parlamento Europeo, Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, Contribution to Growth.European Public Procurement.Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses, enero de 2019.

(12)  DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.

(13)  TJUE, sentencia dictada en el asunto C-465/17, de 21 de marzo de 2019.

(14)  https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_public_procurement_2018.pdf

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Legislar mejor: haciendo balance y reafirmando nuestro compromiso

(2020/C 39/10)

Ponente	:	Olgierd Geblewicz (PL/PPE), presidente de la Región de Pomerania Occidental
Documento de referencia	:	COM(2019) 178 final SWD(2019) 156

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones

1.

acoge con satisfacción el balance que hace la Comisión Europea de las actividades para legislar mejor y subraya que, efectivamente, la mejora de la legislación no debería basarse en una agenda desreguladora oculta, que la mejora de la legislación y la elaboración de políticas transparentes, inclusivas y basadas en pruebas son imperativos clave en un momento en el que la democracia y la toma de decisiones por consenso están siendo atacadas, pero también que las herramientas para legislar mejor nunca deberían sustituir al proceso democrático de toma de decisiones políticas; subraya que las propias herramientas para legislar mejor conllevan «costes» (en términos de tiempo, recursos humanos, etc.), por lo que deben diseñarse de manera eficaz, y que la mejora de la legislación debe ser un esfuerzo compartido entre todos los niveles de gobierno; acoge, por tanto, con especial satisfacción el reconocimiento positivo de la necesidad de implicar más directamente a los entes locales y regionales y al Comité de las Regiones en el proceso político de la UE;

2.

señala que las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a una legislación adecuada y clara que aporte valor añadido europeo, cuyos objetivos se transmitan claramente a sus destinatarios y cuyos efectos se supervisen. Dado que los entes locales y regionales aplican en torno al 70 % de las normas de la UE y, al mismo tiempo, son las organizaciones más cercanas a los ciudadanos, deben ser incluidos directamente en los procesos de diseño de normas sólidas de la UE y en la evaluación de su eficacia. Puesto que para la aplicación de las normas y para la percepción de la UE es fundamental que los ciudadanos comprendan los objetivos de las normas y los beneficios que se desprenden de las mismas para los propios ciudadanos, los entes locales y regionales, en cuanto que autoridades de confianza para los ciudadanos, deben participar plenamente en el proceso de comunicación, es decir, en la difusión de información comprensible a nivel local y en la explicación de la finalidad de las normas. La función del Comité de las Regiones como puente entre las instituciones de la UE y los entes locales y regionales tiene una importancia capital;

3.

observa que la calidad de la legislación es uno de los factores clave para el éxito del proceso de integración europeo. Únicamente si en el marco de gobernanza se garantiza una colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y administración para poner en práctica las políticas de la Unión, aplicar eficazmente las normas y encontrar soluciones a los desafíos globales que sean aceptadas por la sociedad, se conseguirá que Europa sea fuerte, que sus instituciones se ajusten al Estado de Derecho, que la política sea eficaz y que los ciudadanos muestren compromiso y cooperen en el proceso de toma de decisiones; apoya también, en este sentido, la afirmación de la Comisión Europea de que los enfoques cuantitativos (destinados a reducir las denominadas cargas administrativas en un porcentaje determinado) no son adecuados para abordar la complejidad y el carácter diverso de la reglamentación de la UE y su impacto a diferentes niveles; respalda también, en este contexto, la recomendación del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad y Proporcionalidad de que la cuestión de la «densidad legislativa» en relación con su valor añadido debería ser un elemento central del ejercicio REFIT; en este contexto, también acoge favorablemente el compromiso de la futura presidenta de la Comisión de organizar en 2020 una conferencia sobre el futuro de Europa, y recuerda el deseo del CDR de participar plenamente en cualquier debate sobre la mejora de la gobernanza de la UE, así como su propuesta para establecer un sistema permanente y estructurado de diálogo ciudadano con el fin de reforzar el funcionamiento democrático de la UE;

4.

comparte la opinión de que el programa «Legislar mejor» es un instrumento que debería contribuir a mejorar la política de la UE y conformar la base para adoptar decisiones políticas razonables en el momento oportuno. Para ello debe garantizarse que la legislación de los órganos de la UE consiga un efecto más positivo que negativo; en otras palabras, garantizar que las medidas legales se basen en hechos, tengan una concepción sólida y aporten beneficios tangibles y duraderos para los ciudadanos, las empresas y la sociedad en conjunto. Esto es aplicable tanto a la nueva legislación como al amplio Derecho de la UE ya vigente; es consciente de que este instrumento es, de hecho, el comienzo de un proceso encaminado a desarrollar los mejores mecanismos legislativos posibles;

5.

tiene claro que el papel fundamental en la política de mejora de la legislación corresponde a las estructuras de la Comisión Europea debido a las competencias establecidas en los Tratados y a los recursos de personal de que dispone actualmente; recuerda, no obstante, que una mejor legislación no se consigue únicamente por medio de medidas en el nivel de la UE; hace hincapié en el importante potencial aún no explotado plenamente de la colaboración con los entes locales y regionales, en la que el CDR asume de forma natural una función de puente;

6.

recuerda la obligación de la Unión, de conformidad con el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea en lo relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de adoptar legislación en ámbitos de competencia compartida solo en la medida en que los objetivos de la política de que se trate no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sus regiones o sus entes locales; se suma a las conclusiones del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad y Proporcionalidad y acoge con satisfacción la propuesta sobre una política más abierta con una mayor inclusión de todos los niveles administrativos, comprendiendo en el futuro el principio de subsidiariedad como una «subsidiariedad activa»;

7.

hace hincapié en que los entes locales y regionales actualmente no participan directamente en las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco del procedimiento legislativo y, además, tampoco participan directamente en el mecanismo formal de control de la subsidiariedad; recuerda, no obstante, que el CDR tiene derecho a interponer recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo cuando no se respeta el principio de subsidiariedad, y que se acoge a esta posibilidad para reforzar sus mensajes políticos sobre el tema y desempeña, por tanto, un papel importante a la hora de hacer oír la voz de los entes locales y regionales; pide a la Comisión que estudie la manera de implicar más estrechamente a los parlamentos regionales en estos procesos, por ejemplo, incorporándolos oficialmente al mecanismo de alerta temprana, o que se amplíe el sistema de tarjetas amarillas y rojas a los parlamentos regionales para garantizar que puedan contribuir positivamente al desarrollo de una subsidiariedad activa;

8.

señala que el control y la evaluación de la legislación son especialmente importantes para legislar mejor; observa que a menudo se aplican nuevas normas antes de que se haya evaluado plena y correctamente el impacto de las normas vigentes hasta la fecha. Los entes locales y regionales aplican la mayor parte de la legislación de la UE y, por tanto, disponen de los conocimientos más amplios acerca de sus repercusiones prácticas en las ciudadanas y los ciudadanos;

9.

acoge con satisfacción la petición de la Comisión de reforzar las medidas REFIT mediante una participación más extensa del Comité de las Regiones;

10.

señala que el CDR, gracias a sus contactos con las redes existentes de representantes de los entes locales y regionales, dispone de extensas posibilidades en cuanto a la comunicación con las comunidades locales y su consulta en los Estados miembros;

Instrumentos de mejora de la legislación y el papel de los entes locales y regionales en un mejor uso de estos instrumentos

11.

recuerda que la consulta a las partes interesadas puede contribuir de manera significativa al contenido de la legislación y puede fomentar la legitimación y, al mismo tiempo, la aceptación de la legislación y, por tanto, puede contribuir a que su aplicación sea mucho más eficaz; acoge con satisfacción la iniciativa de crear el portal «Díganos lo que piensa», que permite el intercambio con los ciudadanos y su consulta; señala, sin embargo, que las respuestas de ciudadanos aislados solo representan hasta la fecha una contribución minoritaria —lo que probablemente se deba al hecho de que el portal y los procesos de consulta aún no son ampliamente conocidos— y, por ello, aboga por reforzar las medidas de información y divulgación de las consultas, en particular mediante la cooperación con los entes locales y regionales; sugiere, además, que se prevean consultas específicas para los entes locales y regionales de la UE, especialmente en ámbitos temáticos de gran importancia para ellos. En este contexto, por medio de la participación del CDR, que puede recurrir a sus contactos en el marco de la red de representantes de los entes locales y regionales, se podría llegar a mayores grupos de individuos y agentes institucionales, lo que, a su vez, mejoraría los resultados de las consultas;

12.

observa que la evaluación del impacto de la legislación es un instrumento importante que hace que la legislación sea más legítima y más transparente; acoge con satisfacción, por tanto, la intención de la Comisión de prestar especial atención a la subsidiariedad y a la proporcionalidad a la hora de llevar a cabo dicha evaluación de impacto; llama la atención sobre el hecho de que los entes locales y regionales pueden facilitar una información especialmente valiosa en este sentido;

13.

señala que debe continuar la labor de desarrollo de indicadores para la evaluación de impacto, teniendo debidamente en cuenta los instrumentos que hacen referencia al nivel subnacional, en particular indicadores para el diseño de medidas políticas, por ejemplo, en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible o del cuadro de indicadores sociales. De este modo, los responsables políticos a nivel europeo, nacional, regional y local podrán informarse sobre el impacto en las diferentes regiones y dispondrán de la posibilidad de destacar aspectos que necesitan mejorar en el ámbito de la legislación y el diseño de políticas a nivel local;

14.

observa las diferencias que existen entre las regiones europeas, que pueden dar lugar a que una misma norma tenga un impacto diferente en ciudades y regiones. En el marco de las evaluaciones iniciales de impacto se debería determinar si pueden tenerse en cuenta las repercusiones territoriales de la aplicación de las medidas políticas en una fase temprana del procedimiento legislativo. Por lo tanto, analizar este aspecto en la preparación de la legislación debería convertirse en la práctica habitual de todas las direcciones generales y servicios de la Comisión, que de este modo podrían definir mejor los instrumentos óptimos para la consecución de sus objetivos políticos y llevar a cabo evaluaciones de impacto territorial más exhaustivas sobre la legislación cuando sea pertinente. Además, ayudaría a sensibilizar a todas las direcciones generales de la Comisión sobre el posible impacto territorial y geográfico de sus decisiones políticas;

15.

recuerda su proyecto piloto, iniciado en 2018, para la creación de una red de centros regionales para la recopilación de datos locales y regionales en el ámbito de la aplicación de las políticas de la UE por medio de cuestionarios específicos (RegHub); acoge con satisfacción que este proyecto reciba apoyo en la Comunicación de la Comisión sobre la mejora de la legislación; aboga por dedicar mayores esfuerzos a seguir optimizando este proyecto y, después de una evaluación positiva de la fase piloto, convertirlo en una parte integral del sistema legislativo y del diseño de políticas de la UE;

16.

apoya firmemente los objetivos de la Plataforma REFIT; forma parte del Grupo de las partes interesadas desde la creación de la Plataforma en 2015; aboga por extender el mandato de la Plataforma con arreglo a las propuestas del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad después de que este haya destacado una serie de problemas que impiden que el CDR contribuya de un modo más eficaz a la labor de la Plataforma; subraya que el CDR, en calidad de órgano consultivo, está en la mejor posición para realizar una aportación al contenido de la labor de la Plataforma, pero que debido a su carácter altamente específico y técnico y a la brevedad de los plazos para la entrega de aportaciones a la Plataforma, no puede ni aprovechar todo su potencial ni realizar una contribución adecuadamente significativa; destaca asimismo la importante contribución que puede aportar la red de centros regionales RegHub a los objetivos de la Plataforma REFIT, a través del CDR;

Recomendaciones del CDR

17.

valora positivamente los esfuerzos realizados hasta ahora por la Comisión Europea para revisar la legislación existente, pero recomienda que se elaboren planes específicos por sector para la revisión de la legislación, con el fin de garantizar una aplicación coherente y sistemática de los objetivos establecidos por la Comisión; subraya asimismo que tanto para la evaluación de la legislación existente como para la elaboración de nuevas normas es indispensable una colaboración multinivel basada en la confianza mutua; señala que esta cooperación debería adoptar la forma de una participación activa de las regiones y los entes locales desde la fase de elaboración del programa de trabajo anual de la Comisión Europea hasta la planificación anual de las actividades de evaluación y seguimiento de la legislación, con especial referencia a los aspectos relacionados con el impacto territorial;

18.

está de acuerdo con la necesidad de reforzar la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en la toma de decisiones de la UE como parte de un programa más completo de mejora de la legislación; pide que se conceda la máxima prioridad a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y que el principio de subsidiariedad se conciba como una subsidiariedad activa, como un modo de garantizar que se tienen plenamente en cuenta las aportaciones ascendentes en el marco de las competencias actuales en el nivel de la UE. Estos principios tienen que percibirse como elementos fundamentales del proceso de toma de decisiones en el nivel de la UE, especialmente a través de una estrecha colaboración con el Comité de las Regiones como representante institucional de los entes locales y regionales, que son responsables en gran parte de la aplicación directa del Derecho europeo;

19.

señala que la Plataforma REFIT, en cuanto a los métodos de trabajo, aspira a englobar el nivel técnico y político en el mismo marco; observa al mismo tiempo que el CDR, como representante de los entes locales y regionales, es percibido como parte interesada, lo que no refleja la naturaleza de su composición; aboga, por consiguiente, por redefinir los métodos de trabajo para que los representantes del CDR participen de manera más directa en el proceso político que determina los objetivos políticos de la Plataforma y en la selección de las normas que vayan a ser objeto de revisión. Esto permitiría a los miembros del CDR que participen en la Plataforma aportar toda su experiencia y todos sus conocimientos en relación con la aplicación del Derecho europeo y en lo relativo a su impacto sobre los ciudadanos, tendiendo al mismo tiempo un puente con las redes del CDR;

20.

hace hincapié en que los entes locales y regionales deben tener la posibilidad de adaptar la legislación de la UE a las condiciones locales y regionales para evitar una burocracia innecesaria, restricciones o cargas financieras. El Grupo Operativo sobre Subsidiariedad y Proporcionalidad señala que la densidad legislativa ha aumentado, lo que ha reducido el margen de interpretación que debe haber para la transposición de las Directivas. Esta evolución dificulta la consecución del objetivo de la Comisión de legislar mejor y de modo más eficiente. Por lo tanto, en el contexto de los futuros trabajos sobre la mejora de la legislación debe abordarse esta cuestión;

21.

recomienda también reestructurar la Plataforma REFIT e incorporar a expertos del nivel local o regional en la labor del grupo de expertos nacionales y del grupo de las partes interesadas; se trataría de una forma adicional de aplicar las recomendaciones del grupo de trabajo, incluidas en la Comunicación de la Comisión, de reforzar el papel de los entes locales y regionales en el procedimiento legislativo;

22.

recuerda que la Comisión Europea ha declarado su deseo de consolidar su cooperación con el Comité de las Regiones, así como con el Comité Económico y Social y las asociaciones representativas. Después de haber completado con éxito la fase piloto, las redes regionales (RegHub) pueden llegar a ser un instrumento importante para reforzar dicha cooperación. Señala que para ello será necesario que la Comisión, el CDR y todos los demás agentes determinen conjuntamente con las redes el calendario, el contenido de los ámbitos políticos y su relevancia para las regiones y ciudades; pide en este sentido una mayor implicación de la Comisión Europea ya en la fase piloto del proyecto;

23.

pide a la Comisión Europea que considere la posibilidad de extender la red regional (RegHub) tras la finalización de la fase piloto. El valor añadido que puede aportar el proyecto con la extensión de la red, abarcando alrededor de 280 regiones, aumenta considerablemente. Una red de centros regionales (RegHub) a nivel europeo podría revelarse como un instrumento importante que podría contribuir a superar algunos de los desafíos actuales del proyecto de mejora de la legislación. Muchas regiones ya se han declarado muy interesadas en participar en la fase piloto del proyecto. Ahora bien, para la creación y el mantenimiento de dichas redes sería necesario ofrecer recursos financieros y de personal, así como proporcionar un apoyo a las regiones que tengan intención de organizarse por su cuenta a fin de contribuir de forma duradera a las actividades de la red una vez finalizada la fase piloto;

24.

acoge con satisfacción el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación firmado en 2016 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, así como el hecho de que este Acuerdo haya dado lugar a un mayor control del procedimiento de adopción de actos delegados y actos de ejecución; señala, no obstante, que las instituciones firmantes no aplican plenamente el Acuerdo y que, desafortunadamente, se omitió al CDR en la elaboración del Acuerdo; destaca, sobre la base de lo expuesto anteriormente, que la participación del Comité Europeo de las Regiones en cualquier futura revisión del acuerdo interinstitucional redundaría en interés del marco institucional general de la UE;

25.

pide que se amplíe el Comité de Control Reglamentario con la inclusión de un miembro designado por el Comité de las Regiones. Debe concienciarse urgentemente al Comité de Control Reglamentario sobre las perspectivas regionales y locales del Derecho de la UE; está convencido de que solo un papel de mayor calado y regulado formalmente de los entes locales y regionales y del CDR en el diseño de las políticas y del Derecho de la UE puede contribuir a garantizar una legislación más eficaz y el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y, por consiguiente, a una mayor legitimidad;

26.

pide al Parlamento Europeo y al Consejo que lleven a cabo una evaluación de impacto de todos los cambios importantes que realicen en el marco del procedimiento legislativo; aboga asimismo, en el caso de que el acuerdo alcanzado se desvíe considerablemente de la evaluación de impacto original de la Comisión, por volver a examinar, antes de la decisión final, el impacto económico, social y medioambiental, así como la carga normativa, en el marco de un ejercicio de cooperación entre las instituciones interesadas. Pide que, en tales casos, se informe periódicamente al CDR sobre el progreso de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo y sobre su impacto en el contenido original de la normativa en cuestión y, si es posible, que se vuelva a consultar al CDR en caso de que se realicen modificaciones considerables;

27.

pide a la Comisión que en las futuras evaluaciones de impacto, además de analizar la carga financiera que entraña la nueva legislación para el sector público, lleve a cabo también un análisis territorial. De este modo se tendría una base más fundamentada para examinar si la legislación de la UE es el instrumento más eficaz;

28.

apoya a la Comisión Europea en su petición a los Estados miembros para que expongan los motivos de cualquier intención a nivel nacional de añadir requisitos específicos en el proceso de transposición del Derecho europeo a la legislación nacional («sobrerregulación»); en tal caso y, en particular, cuando estos requisitos añadan cargas adicionales para los niveles subnacionales en la aplicación de la legislación de la UE, los Estados miembros deberían informar a la Comisión Europea y al Comité de las Regiones lo antes posible para que pueda entablarse un diálogo adecuado;

29.

pide que, en el próximo Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación que alcancen en el futuro el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, se incluya al CDR en el marco de un protocolo especial de acuerdo con el Comité de las Regiones relativo, en particular, a la aplicación de determinados mecanismos de evaluación y consulta;

30.

pide a la Comisión Europea que, en colaboración con el CDR, organice acciones de formación e información dirigidas a los entes regionales y locales sobre los procedimientos e instrumentos para legislar mejor, teniendo en cuenta las iniciativas de información y formación que ya han emprendido en los Estados miembros las propias regiones o sus asociaciones representativas, con el fin de promover la creación de redes, las sinergias y el intercambio de información y de buenas prácticas entre los responsables de estas iniciativas y entre estos y la Comisión Europea a través del CDR;

31.

recomienda que, como parte del concepto de «legislar mejor», la Comisión desarrolle estrategias de comunicación destinadas a transmitir al público, en una fase temprana y de manera comprensible y conveniente, la necesidad y la importancia de futuros proyectos legislativos complicados o controvertidos;

32.

pide que se tenga en cuenta a las regiones con competencias legislativas constitucionales, y que se habiliten cauces de participación plena y directa en los procedimientos de elaboración de actos legislativos vinculados al ámbito de sus competencias;

33.

comparte la opinión de la Comisión Europea de que legislar mejor requiere un «esfuerzo conjunto» y subraya, al mismo tiempo, la dimensión multinivel de la mejora de la legislación y la necesidad de compartir esta responsabilidad entre todos los niveles de gobierno. A tal fin, recomienda a la Comisión Europea que modifique las directrices para la mejora de la legislación a fin de integrar la dimensión territorial en los procedimientos e instrumentos establecidos en la agenda para todo el ciclo político, en particular, sobre la base de una consulta adecuada de las redes de regiones y entes locales coordinadas por el CDR;

34.

hace hincapié en que legislar correctamente también implica transmitir de un modo comprensible a los ciudadanos las razones, el sentido y las ventajas de dicha legislación, algo que no se puede lograr eficazmente ni a nivel europeo ni a nivel nacional debido a los obstáculos comunicativos, lingüísticos, culturales y geográficos; recomienda, por tanto, que la Comisión Europea colabore estrechamente desde el principio en las medidas informativas sobre el procedimiento legislativo con el Comité de las Regiones, que actúa como representante de las comunidades locales y tiene el apoyo de asociaciones de entes locales y regionales de toda la UE. De este modo, la comunicación será comprensible para los destinatarios directos del Derecho europeo, lo que repercutirá positivamente en la percepción de las instituciones europeas y su legislación.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Envejecimiento activo y saludable

(2020/C 39/11)

Ponente

:

Birgitta SACRÉDEUS (SE/PPE), miembro del Gobierno Provincial de Dalarna

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Prioridades políticas

1.

solicita que, en el marco de los programas de investigación de la UE para después de 2020, incluido Horizonte Europa, se elabore un programa de salud pública sólido y se dé prioridad presupuestaria a las medidas de fomento de la salud, la prevención de enfermedades y la reducción de las desigualdades en materia de salud;

2.

expresa su apoyo a la Asociación Europea para la Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable, y espera que la Comisión siga respaldando esta iniciativa. La innovación en el ámbito de las tecnologías asistenciales es un incentivo importante para que las personas mayores puedan llevar una vida activa y sana, por lo que el Comité Europeo de las Regiones apoya la investigación y el desarrollo en este ámbito;

3.

pide a todos los entes locales y regionales que acojan las oportunidades que ofrecen, en tanto que herramientas de apoyo, la salud electrónica y la digitalización, y que redoblen sus esfuerzos para modernizar los servicios de sanidad para todos los grupos de edad, utilizando la innovación digital para reducir las desigualdades en materia de salud y mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, especialmente en las zonas escasamente pobladas;

4.

sugiere que, en sus programas de ordenación del territorio, los entes locales y regionales incluyan el desarrollo de entornos propicios para las personas mayores, la vida autónoma, la asistencia de proximidad y la accesibilidad;

5.

está convencido de que el envejecimiento brinda posibilidades ocultas y apoya las medidas de la estrategia europea sobre la economía plateada, en el sentido de que el aumento de la longevidad crea un mercado para nuevos productos y servicios a precios asequibles que fomentan el envejecimiento activo y saludable;

6.

señala que un factor clave para el éxito en el desarrollo y la aplicación de soluciones nuevas, innovadoras y sostenibles es que la industria europea trabaje en estrecha cooperación con los representantes regionales y locales;

7.

considera que, para responder a los retos planteados por el cambio demográfico, la investigación y una industria europea activa son necesarias a fin de renovar, diseñar y producir nuevas soluciones innovadoras para una población cada vez más mayor, ya sean productos cotidianos, infraestructuras, tecnologías o programas informáticos. En su opinión, esto constituye una oportunidad para que la UE se posicione como líder de mercado de la economía plateada, creando empleos locales, generando riqueza y exportando innovaciones novedosas a otros países;

8.

destaca el trabajo institucional que ha desarrollado conjuntamente con la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), e insta a los políticos municipales y regionales a examinar las posibilidades que les brindan tanto el memorando de acuerdo entre esta organización y el CDR como las redes asociadas de la OMS Ciudades Saludables y Regiones para la Salud;

9.

subraya que uno de los principales objetivos de la política sanitaria de la UE es incrementar los años de vida en buena salud, dado que ello no solo mejoraría la situación de las personas, sino que se traduciría asimismo en una disminución del gasto en salud pública y probablemente aumentaría las posibilidades de que las personas trabajaran hasta una edad más avanzada;

10.

coincide con la evaluación de la OMS (1) de que el envejecimiento activo y saludable depende de 1) los sistemas sanitarios y sociales, 2) factores de comportamiento, 3) factores personales, 4) el entorno físico, 5) el entorno social y 6) factores económicos, y hace hincapié en que la intervención política en todas estas dimensiones puede contribuir eficazmente al desarrollo del mercado europeo de la economía plateada;

11.

destaca, además, el importante papel de los interlocutores sociales a la hora de posibilitar un envejecimiento activo y saludable, y remite en este contexto al Acuerdo marco sobre el envejecimiento activo y un enfoque intergeneracional, aprobado por los interlocutores sociales en 2017. El Acuerdo marco prevé la aplicación de medidas destinadas a facilitar que los trabajadores de más edad permanezcan sanos y activos en el mercado laboral hasta la edad de jubilación, lo cual contribuye a un envejecimiento activo y saludable;

Contexto estadístico

12.

señala que, a 1 de enero de 2017, la EU-28 contaba con una población estimada en 511,5 millones de habitantes. Los niños (0-14 años) constituían el 15,6 % de la población de la EU-28, mientras que las personas consideradas en edad activa (15-64 años) correspondían al 64,9 % de la población. Las personas mayores (de 65 años o más) representaban el 19,4 % (un incremento del 2,4 % en los últimos diez años)

Asociación Europea para la Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable y Comunicación sobre la transformación digital de la sanidad

13.

toma nota de que la Comisión revisó su Estrategia para el Mercado Único Digital con ocasión de la evaluación intermedia de mayo de 2017 y, en abril de 2018, presentó una Comunicación (2) sobre la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital (3). La Comunicación puso de relieve tres ámbitos prioritarios para la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales: — acceso seguro a los datos sanitarios y posibilidad de la puesta en común de datos a través de las fronteras, — datos de mayor calidad para avanzar en la investigación, la prevención de enfermedades y la sanidad y asistencia personalizadas, — las herramientas digitales para la capacitación de los ciudadanos y la asistencia centrada en las personas;

14.

llama la atención sobre el hecho de que la Asociación ha contribuido a la introducción a gran escala de soluciones digitales transfronterizas de sanidad y asistencia sanitaria;

Relevancia local y regional/Importancia para el CDR

15.

observa que, en veinte de los veintiocho Estados miembros, las autoridades regionales son responsables, al menos en parte, de los sistemas sanitarios (y, a menudo, de los sistemas sociales). Sus presupuestos soportan la responsabilidad de las enfermedades crónicas y el aumento de los costes de los cuidados de larga duración;

16.

recuerda que, simultáneamente, los entes locales y regionales definen, prestan y gestionan toda una serie de servicios que pueden marcar la diferencia e incidir en el modo de envejecer de las personas en sus comunidades. Una labor preventiva inteligente en los ámbitos de la sanidad y los servicios asistenciales, el fomento de estilos de vida saludables y las medidas de sensibilización y las campañas de información específicas pueden ayudar a los entes locales y regionales a llegar a todas las personas y ayudarlas a vivir y prolongar su vida sana. Además, estas autoridades pueden desarrollar una cooperación innovadora entre las diferentes entidades responsables, con el fin de prestar más apoyo a las soluciones centradas en las necesidades de la persona mediante modalidades integradas de atención;

17.

opina que, en tal contexto, los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en el diseño y la difusión de soluciones innovadoras que faciliten la vida a las personas mayores. Al invertir en el sector de la economía plateada, respaldar soluciones innovadoras de apoyo en el hogar y fomentar la generalización de la autoasistencia y la asistencia sanitaria digital, los entes locales y regionales pueden transformar el denominado «maremoto demográfico» en una oportunidad real de mejorar sus servicios públicos al tiempo que impulsan también nuevas oportunidades de empleo;

Sobre la estabilidad fiscal y los gastos relacionados con la edad

18.

se hace eco de las Conclusiones del Consejo ECOFIN (4) en el sentido de que los Estados miembros deben aplicar las recomendaciones del Semestre Europeo en relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como la triple estrategia para hacer frente a las consecuencias presupuestarias y económicas del envejecimiento a través de la reducción de la deuda pública, el aumento de las tasas de empleo y la productividad y la reforma de los sistemas de pensiones, los sistemas sanitarios y las prestaciones de dependencia;

Sobre las prestaciones de dependencia y los trabajadores médico-sociales

19.

llama la atención sobre un preocupante informe (5) sobre las prestaciones de dependencia encargado por la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión en 2018, y sus resultados: 1) la atención a domicilio y de proximidad sigue estando poco desarrollada y es de difícil acceso; 2) los cuidados en el entorno familiar aumentan debido a la falta de alternativas asequibles, lo que afecta negativamente a las mujeres y a su rendimiento en el mercado laboral; 3) se constata una grave falta de personal cualificado para las prestaciones de dependencia, y 4) se registra una fragmentación de los servicios sociales y la asistencia sanitaria, lo que afecta a su sostenibilidad a largo plazo;

20.

sabe que hay carencias en materia de servicios sociales y de cooperación con la atención primaria que pueden traducirse en un uso inadecuado de la asistencia sanitaria, con servicios de ambulancia y visitas de emergencia a los hospitales y una prolongación desproporcionada de las estancias hospitalarias de las personas mayores. Estas carencias pueden deberse a una falta de coordinación y coherencia entre el sector hospitalario y el asistencial;

21.

solicita un nuevo debate sobre la integración de los servicios sociales y la asistencia sanitaria, con el fin de garantizar que se dé de alta a los pacientes a su debido tiempo, y que el flujo de información no encuentre obstáculos al circular entre las diferentes entidades responsables y permita concebir soluciones coordinadas e integradas de asistencia. En este contexto, preconiza una mejor articulación entre el sector hospitalario y el asistencial, con el fin de garantizar que el tratamiento médico y los cuidados asistenciales estén bien coordinados, a fin de asegurar que el flujo de información no encuentre obstáculos al circular entre las diferentes entidades responsables, lo que a su vez permitirá concebir soluciones integradas de asistencia en beneficio de los pacientes;

22.

subraya que el número de personas mayores dependientes en Europa aumenta y no hay suficientes trabajadores cualificados en los servicios sociales y en la atención sanitaria. Por lo tanto, es necesario contratar cuidadores adicionales, entre otras cosas, para que los cuidados no recaigan en los familiares. Destaca asimismo la enorme y desproporcionada carga de cuidados en el entorno familiar que a menudo desempeñan las mujeres. Solicita, por consiguiente, que se preste mayor apoyo a los cuidadores no profesionales;

La digitalización ofrece oportunidades sin precedentes para la salud y la asistencia sanitaria

23.

recuerda los resultados de la consulta de la UE (6), que muestran que la mayor parte de los europeos no tiene acceso a una asistencia sanitaria digital, y reitera la recomendación del Dictamen del CDR sobre la digitalización de la asistencia sanitaria de que la Comisión debe impulsar la convergencia necesaria entre los planes, las estrategias y la financiación digitales a escala europea, nacional y regional a fin de culminar la implantación a gran escala de una atención sanitaria digital, integrada y centrada en las personas;

24.

subraya que los servicios de sanidad electrónica, la digitalización y el intercambio electrónico de datos entre los pacientes y sus cuidadores facilitan la atención centrada en el paciente y la transición de la asistencia en instituciones sanitarias a la atención sanitaria en la comunidad, al tiempo que proporcionan a la persona más oportunidades de elegir con conocimiento de causa y de tomar sus propias decisiones en materia de cuidados;

25.

sugiere que la rápida evolución en el ámbito de la digitalización, incluida la inteligencia artificial, sea objeto de un seguimiento reforzado a fin de posibilitar futuras soluciones innovadoras para mejorar la información de las personas y los pacientes, la capacidad del personal para realizar esfuerzos preventivos y el desarrollo y la economía de los proveedores de asistencia sanitaria;

26.

consciente del tamaño del mercado europeo de robots domésticos y otros dispositivos de ayuda a las personas mayores, reitera las recomendaciones del informe de 2018 sobre la economía plateada (7) de que el mercado de la robótica debe desarrollarse para aliviar a los cuidadores y ayudar a las personas mayores y más frágiles;

Accesibilidad

27.

acoge con satisfacción la adopción por parte de los colegisladores del Acta Europea de Accesibilidad (8);

28.

toma nota de las mejoras introducidas por dicha Acta en lo que respecta al acceso a las TIC, a las terminales de pago, a los libros y lectores electrónicos, a los sitios internet y las aplicaciones móviles, así como a las máquinas expendedoras de billetes;

Asistencia a las personas mayores

29.

expresa su preocupación por la escasez de médicos y enfermeros geriátricos en Europa, y pide a los Estados miembros y sus regiones que, en colaboración con los colegios de médicos y los cuerpos de enfermeros, propongan formas de hacer más atractiva la profesión y examinen la posibilidad de crear módulos de formación y reciclaje y sistemas de compensaciones que resulten atractivos para estos grupos de trabajadores de modo que sean más los médicos que decidan elegir como especialidad la geriatría y menos los que opten por abandonarla, considerando también la posibilidad de volver a contratar a trabajadores jubilados;

30.

está convencido del valor del aprendizaje mutuo y aboga por impulsar la movilidad de los profesionales de la salud, incluidos los médicos geriátricos, conforme al espíritu del programa Erasmus Plus;

31.

comparte las preocupaciones expresadas por la Sociedad de Medicina Geriátrica de la Unión Europea en lo que se refiere a los requisitos en conocimientos especializados de los médicos que trabajan en residencias de ancianos, y considera que algún tipo de formación especializada puede ser útil tanto para el personal sanitario como para garantizar el mejor trato posible a los residentes, aunque cada Estado miembro es libre de adoptar sus propias decisiones políticas;

Conectar la información

32.

reconoce que las políticas de envejecimiento activo constituyen un reto social que exige una amplia gama de conocimientos y métodos, desde la ciencia médica y la psicología, la sociología y la gerontología social hasta la tecnología, la planificación urbana y la economía;

33.

señala que muchas ciudades y regiones cuentan con una política de envejecimiento activo, lo que ofrece una buena oportunidad para intercambiar ideas, y pide a los municipios y regiones que todavía no participan en la cooperación transnacional y las asociaciones locales que consideren los beneficios del aprendizaje mutuo y exploren las posibilidades que ofrecen muchas iniciativas de la UE, como la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable, Interreg, Urbact (9) y muchas más;

34.

hace suya la preocupación de los ciudadanos por la falta de disponibilidad de determinados medicamentos en el mercado y pide a la Comisión que investigue las razones que subyacen a las crecientes dificultades de acceso a vacunas y medicamentos en toda la Unión; señala que los pacientes de mayor edad suelen consumir más medicamentos y que su salud puede correr grave peligro si no reciben a tiempo los medicamentos que se les recetan;

35.

recuerda que el acceso a unos medicamentos básicos seguros, eficaces, de calidad y asequibles constituye una prioridad para los europeos y un compromiso clave de la UE en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el pilar europeo de derechos sociales; sigue mostrándose convencido de que la industria farmacéutica europea puede ofrecer estos productos e impulsar aún más su papel de liderazgo en la innovación y en la industria mundial;

36.

recomienda la lectura de la Guía de la OMS «Ciudades globales amigables con los mayores» (10), así como, en particular, del manual para responsables políticos y planificadores locales «Creating age-friendly environments in Europe» (11); está firmemente convencido de que los entornos físicos seguros accesibles para las personas con discapacidad pueden beneficiar a toda la población, y pide a los entes locales y regionales que fomenten la construcción de viviendas accesibles para las personas con discapacidad y la modernización de las infraestructuras existentes, y que eliminen los obstáculos a la movilidad y al acceso al transporte público o a las instalaciones;

37.

reitera las recomendaciones formuladas en su Dictamen «La salud en las ciudades» y, por lo tanto, pide a las comunidades locales «el desarrollo de políticas destinadas a garantizar un envejecimiento sano activo de calidad por lo que respecta al bienestar tanto físico como mental y a los aspectos sociales y relacionales, fomentando la participación de las personas en las actividades de ocio dentro de la ciudad y en programas intergeneracionales para luchar igualmente contra la soledad y el aislamiento»;

38.

remite a su Dictamen sobre los sistemas sanitarios y su recomendación de que los Estados miembros necesitan reforzar sus sistemas de asistencia sanitaria primaria para responder a las necesidades derivadas del envejecimiento de la población, crear cadenas asistenciales mejoradas y racionalizar mejor el recurso a la atención hospitalaria;

39.

está convencido de que la base del envejecimiento activo y saludable se lleva a cabo en una fase temprana de la vida, por lo que recomienda, en consonancia con su Dictamen sobre los incentivos locales y regionales para promover una alimentación sana y sostenible, «promover unos hábitos alimentarios saludables y, al mismo tiempo, orientar a la generación más joven hacia opciones dietéticas más sostenibles»;

40.

pide que se aprovechen y difundan mejor los resultados de los proyectos europeos financiados en el marco de distintos programas de la UE que se centren en el envejecimiento saludable y activo y en la promoción de la asistencia integrada;

41.

señala que se sigue considerando que la actividad física es algo para los niños y los jóvenes, pero no para los adultos (el 28 % de los cuales nunca practica ejercicio (12)). Recuerda que la actividad física es un elemento clave del envejecimiento saludable y pide a los entes locales y regionales que trabajen con los agentes locales (instalaciones deportivas, ONG, organizaciones de personas en edad avanzada, etc.) para aumentar la accesibilidad de los centros deportivos, los gimnasios y la actividad física, así como fomentar las redes de vías peatonales y ciclistas;

42.

considera alentador que la investigación (13) confirme la necesidad de prevenir, a todas las edades, las enfermedades que aumentan la discapacidad. Por lo tanto, solicita a los responsables políticos que aumenten el gasto dedicado a la prevención (actualmente de una media del 3 %) en los presupuestos sanitarios;

Asociación Europea para la Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable

43.

considera que, para el período posterior a 2020, la Asociación debe estar firmemente arraigada en las prioridades políticas de la Unión y mantener fuertes vínculos con el mercado único digital, el pilar europeo de derechos sociales y los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito de la salud; recomienda que, una vez constituida la nueva Comisión tras las elecciones de 2019, se entablen contactos y se establezca una cooperación con el comisario más directamente responsable del ámbito del envejecimiento activo y saludable, a fin de replantear una nueva asociación innovadora;

44.

está convencido de que la futura asociación también ha de vincularse más estrechamente a la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza y su política y práctica recientes, como la prescripción electrónica y la interoperabilidad de los historiales médicos electrónicos;

45.

espera que la futura asociación examine las oportunidades interregionales de contratación pública, determine los obstáculos y permita una puesta en marcha y difusión más rápidas de soluciones innovadoras de sanidad y asistencia sanitaria electrónica;

46.

señala que uno de los retos clave a los que se enfrenta Europa para fomentar un envejecimiento activo y saludable es la aplicación y el intercambio de soluciones innovadoras transfronterizas, por lo que apoya la iniciativa de la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable «De la innovación al mercado», que tiene por objeto mejorar la adecuación entre la oferta (empresas, empresas emergentes e investigadores) y la demanda (proveedores de asistencia sanitaria, responsables políticos y compañías de seguros). Está convencido de que el diálogo entre las dos partes puede mejorar el aprovechamiento de las innovaciones digitales y reforzar las comunidades empresarial y académica, y todo ello en beneficio de los usuarios finales.

---

(1)  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf;jsessionid=F15F61D4E71955EDF2E37D4E8CFE8698?sequence=1.

(2)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering.

(3)  El CDR respondió a esta Comunicación con un Dictamen sobre la digitalización del sector sanitario.

(4)  https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/public-finances-conclusions-on-age-related-spending/

(5)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8128&furtherPubs=yes.

(6)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/2018_consultation_dsm_en.pdf.

(7)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy-hundreds-millions-euros-year

(8)  http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-european-accessibility-act

(9)  https://urbact.eu/.

(10)  https://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf.

(11)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/333702/AFEE-tool.pdf?ua=1.

(12)  https://www.euronews.com/2019/03/28/over-a-quarter-of-europeans-do-not-exercise-at-all-eurostat.

(13)  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878764916300699.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Reestructuración socioeconómica de las regiones carboníferas en Europa

(2020/C 39/12)

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Apoyo a los objetivos de la política climática

1.

acoge con satisfacción los objetivos de la política climática de los Estados miembros de la UE. En la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en París en diciembre de 2015, 197 países alcanzaron un acuerdo mundial sobre el clima, que fue también ratificado por los Estados miembros de la UE. En él los Estados se comprometían a mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2 °C en relación con los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C;

2.

observa que, en la Comunicación publicada en vísperas de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Katowice, la Comisión Europea afirma que la UE debe lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 si quiere ejercer el liderazgo mundial. Para hacer realidad este objetivo, sin embargo, la UE deberá terminar renunciando en gran medida a los combustibles fósiles. En particular, tendrá que reducir significativamente la utilización del carbón en el sector eléctrico;

3.

destaca que en la actualidad todavía se produce carbón en 41 regiones del nivel NUTS 2 en doce Estados miembros (incluido el Reino Unido). Todas estas regiones tienen en común la gran importancia económica que en ellas revisten el sector del carbón y los sectores conexos en términos de valor añadido y empleo. No obstante, aparte de este rasgo compartido, estas regiones registran grandes diferencias, por ejemplo, en lo que respecta a su situación geográfica, nivel de desarrollo económico y perspectivas demográficas;

4.

señala que, para la consecución de los objetivos climáticos, estas regiones habrán de renunciar a unas cadenas de valor que hasta la fecha estaban basadas en la producción de carbón, o configurarlas sobre una nueva base. Además, a corto, medio o largo plazo deberán cerrarse minas y explotaciones a cielo abierto de carbón;

5.

insiste en que el cambio estructural socioeconómico de las regiones carboníferas de Europa tiene lugar en el contexto de crecientes esfuerzos en todo el mundo por eliminar progresivamente el consumo de carbón. Llama especialmente la atención sobre una nueva normalidad en China, que consume la mitad de la producción mundial de carbón y representa una proporción similar de las importaciones globales y cuya demanda nacional de carbón está alcanzando su punto máximo, a pesar del enorme exceso de capacidad de producción nacional. Asimismo, destaca una decisión judicial en el estado australiano de Nueva Gales del Sur (Australia es el mayor exportador de carbón del mundo) que, por primera vez, impidió a una empresa abrir nuevas minas porque no se consideraban compatibles con el Acuerdo de París. Por lo tanto, apoya la cooperación internacional para acompañar la eliminación gradual del carbón, por ejemplo, la agrupación Powering Past Coal Alliance, que incluye, entre otros, a treinta Gobiernos nacionales y veintidós gobiernos subnacionales;

Mitigación de las consecuencias socioeconómicas del proceso de transformación

6.

subraya que la nueva reducción prevista de la producción de carbón y la generación de electricidad a partir del carbón irán acompañadas de una transformación significativa de las estructuras económicas y de una masiva pérdida de empleos, valor añadido y poder adquisitivo en estas regiones. La mayoría de las regiones carboníferas son zonas industriales tradicionales en las que la industrialización ha ido unida a la explotación del subsuelo local. Por lo tanto, las regiones están primordialmente vinculadas a la industria del hierro, el acero y el metal, la industria química y otras industrias con gran consumo de energía; el objetivo debe ser lograr que el cambio estructural en las regiones carboníferas afectadas tenga éxito económicamente, sea ecológicamente sostenible y, sobre todo, goce de aceptación social en el camino hacia una economía más diversificada e hipocarbónica;

7.

recuerda que en la actualidad la extracción carbonífera proporciona empleo a 185 000 trabajadores, y la producción de electricidad a partir del carbón, a 52 000. Además, la industria del carbón está indirectamente relacionada con diversos sectores de la economía, tales como la producción de insumos intermedios, bienes de equipo, servicios y bienes de consumo. Un estudio de la Comisión Europea estima que esta interdependencia afectaría a otros 215 000 puestos de trabajo, de los que unos 160 000 podrían terminar desapareciendo de aquí a 2030 con los actuales planes de abandono de la extracción de carbón y la generación de electricidad a partir del mismo;

8.

señala que los Estados miembros de la UE han acordado situarse a la vanguardia de la transición mundial hacia una economía circular y neutra en carbono. La profunda transformación de todo el sistema energético que de ello se derivará, no solo dará lugar a cargas, sino que también creará oportunidades. La transición energética en curso ya ha creado en Europa una enorme cantidad de nuevos puestos de trabajo. A la vista de las necesidades futuras, es probable que este proceso continúe. Para ello, deberá velarse por que las regiones carboníferas también se beneficien de esta evolución. La estrategia europea para alcanzar los objetivos climáticos debería tener en cuenta las consecuencias para las regiones;

9.

recuerda que las experiencias acumuladas hasta la fecha en las cuencas mineras demuestran que estos procesos de transición requieren mucho tiempo para llevarse a cabo. Por consiguiente, debería empezarse desde ahora a desarrollar nuevas perspectivas para las regiones carboníferas y a introducir medidas. Esto precisa de grandes esfuerzos en todos los niveles;

10.

subraya que, para que la transformación de la estructura económica concluya con éxito, también es necesario ofrecer nuevas perspectivas a los trabajadores de las industrias del carbón afectados, lo que incluye cualificarlos para que desempeñen nuevas actividades. Además, debería facilitarse el acceso a nuevos puestos de trabajo en la región o en las regiones vecinas;

Fomento de la transformación socioeconómica de las regiones carboníferas

11.

está convencido de que la transición energética a la que se aspira en las regiones carboníferas y los consiguientes cambios estructurales constituyen una tarea europea. Para llevarla a término, deberá aplicarse un enfoque global que incluya, en particular, medidas que impulsen el desarrollo de infraestructuras, la innovación, la investigación y la ciencia, el apoyo y el desarrollo empresarial, el desarrollo de la mano de obra cualificada, la comercialización, la cultura y el turismo;

12.

señala que, para que el cambio estructural sea sostenible en estas regiones, deberán aprovecharse las ventajas de las que disponen. Las estructuras industriales y energéticas existentes deberán constituir la base del desarrollo futuro y tomar en consideración los ciclos de innovación e inversión de los agentes industriales presentes sobre el terreno. Por lo tanto, será preciso vincular las agrupaciones industriales y las competencias empresariales regionales con las cualificaciones de la mano de obra especializada y los puntos fuertes en investigación y desarrollo con que se cuente;

13.

señala que, como consecuencia de esta situación de partida, existe el riesgo de que en las regiones afectadas se desarrollen estrategias demasiado similares para el proceso de transformación. A fin de evitar ineficiencias, por ejemplo las que se derivarían de una evolución en paralelo, debería llevarse a cabo un intercambio mutuo a nivel europeo;

14.

por lo tanto, acoge con satisfacción la «Plataforma de las regiones mineras en transición» puesta en marcha por la Comisión Europea y que se reunió por primera vez el 11 de diciembre de 2017. El objetivo de la Plataforma es apoyar a las 41 regiones carboníferas de doce Estados miembros de la UE en sus esfuerzos por modernizar sus estructuras económicas y prepararlas para la transición estructural y tecnológica. Esta labor debería seguir intensificándose;

15.

considera que esta Plataforma puede servir de instrumento interregional para proporcionar asistencia técnica a nivel de la UE mediante el intercambio de experiencias y un acceso coordinado a los servicios de la Comisión, siempre que sea necesario;

16.

destaca que la cooperación interregional y transfronteriza, por ejemplo en el marco de iniciativas en vigor como la iniciativa Vanguard o en el contexto de un enfoque de base local en los Fondos Estructurales y de Inversión, debe desempeñar un papel importante en el diseño de la transformación estructural; también a este respecto la UE podría asumir un papel más destacado a la hora de poner en marcha e impulsar esta cooperación;

17.

subraya que es necesario establecer condiciones marco seguras para la inversión a largo plazo y la creación de empleo. Para ello, en la medida de lo posible, deberían seguir reforzándose las cadenas de valor existentes en las regiones. El CDR hace hincapié en que debe fomentarse la inversión pública y privada, en particular en lo relativo al crecimiento económico actual, al objeto de impulsar las inversiones en la modernización y la descarbonización de los sistemas industriales, energéticos y de transporte europeos;

18.

observa que es necesario reforzar la capacidad de innovación de las regiones. El CDR insta a las regiones carboníferas a que elaboren una estrategia destinada a apoyar a las empresas existentes en sus esfuerzos por innovar, así como a promover la creación de nuevas empresas, especialmente en ámbitos orientados al futuro como la digitalización y la inteligencia artificial. En este contexto, es de suma importancia mejorar las condiciones marco para la puesta en marcha de empresas de nueva creación. El CDR señala que en numerosas regiones carboníferas los empresarios de los sectores industrial, comercial y artesanal son en general de pequeño tamaño;

19.

estima que el sector científico desempeña un papel clave en el desarrollo económico de las regiones. Por lo tanto, las regiones carboníferas deben promover también la creación de universidades centradas en las tecnologías del futuro que puedan actuar como agrupaciones para el establecimiento de nuevas empresas. Sin embargo, en este ámbito es especialmente útil una coordinación a nivel europeo para evitar estructuras ineficientes. Además, debe fomentarse la cooperación interregional en el área de la investigación;

20.

considera que unas infraestructuras de transporte y energía modernas y eficientes, así como las infraestructuras digitales, constituyen un requisito previo para el éxito de los cambios estructurales, ya que refuerzan el atractivo del territorio como lugar de establecimiento de empresas. También aquí resulta apropiada la coordinación a escala europea y el fomento de la creación de redes;

Apoyo financiero para las regiones carboníferas

21.

subraya que el desarrollo de nuevos sectores económicos en las regiones es un proceso largo que requiere recursos financieros considerables. El CDR señala que los entes locales y regionales de las regiones carboníferas necesitan ayuda para ello, dado que, en un principio, la eliminación progresiva de la producción de carbón y la generación de electricidad a partir del carbón les ocasiona una pérdida de ingresos. Gran parte de la inversión para el desarrollo económico deberá movilizarse recurriendo a los fondos públicos de los Estados miembros afectados o atrayendo nuevas inversiones privadas. En este contexto, el CDR pide, en primer lugar, a los Estados miembros afectados que aporten recursos suficientes, tanto financieros como de otro tipo, para este fin;

22.

opina que el rico patrimonio cultural e industrial heredado, así como las infraestructuras y tradiciones deportivas, deberían desempeñar un papel positivo en esta transformación, y no considerarse tan solo un legado gravoso de mejores tiempos pasados;

23.

solicita que también se apoye la reestructuración a nivel de la UE. En particular, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional constituye en la actualidad un instrumento importante para la promoción de las regiones. También el Fondo Social Europeo, Horizonte 2020 y los recursos del Banco Europeo de Inversiones aportan una contribución importante al desarrollo regional. No obstante, el CDR llama la atención sobre el hecho de que los fondos asignados no se destinan directamente a las regiones carboníferas y que, dados los retos que afrontan las regiones del carbón, y teniendo en cuenta que también benefician a otras regiones, son demasiado escasos. Por consiguiente, el CDR pide que se destinen recursos adicionales adaptados a las necesidades de las regiones carboníferas;

24.

subraya que el apoyo financiero de la UE resulta especialmente útil cuando los proyectos deben ejecutarse a través de fronteras nacionales. Habida cuenta de que todas las regiones del carbón están inmersas en una reestructuración, la cooperación entre las regiones en el desarrollo de proyectos orientados al futuro resulta especialmente prometedora. También puede ser conveniente incluir regiones fronterizas en las estrategias a fin de crear unidades funcionales;

25.

apoya, en este contexto, que el Parlamento Europeo haya solicitado financiación adicional para la reestructuración de las regiones carboníferas europeas durante las negociaciones en curso sobre el marco financiero plurianual (MFP) con el fin de mitigar el impacto social, socioeconómico y medioambiental mediante un nuevo «fondo para una transición energética justa» dotado con 4 800 millones EUR. No obstante, subraya que este fondo debería financiarse con recursos adicionales y no con los recursos previstos para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Acoge con satisfacción que la presidenta electa de la Comisión también haya expresado, en las directrices políticas presentadas en julio de 2019, su apoyo al principio de ese fondo para una transición energética justa;

26.

está convencido de que estos recursos deberían estar estrechamente vinculados con la política de cohesión; además, el CDR pide que se garantice que estos fondos no se contabilizan dentro de los topes máximos propuestos para los límites del anexo XXII, sino que estén disponibles de manera adicional. De este modo, esta financiación suplementaria podría utilizarse para reforzar los programas del FEDER y el FSE en estas regiones NUTS 2 durante los próximos siete años. Esta vinculación permitiría también prestar un apoyo a medida a todas las regiones carboníferas. Estos créditos deberían promover activamente el valor añadido europeo y estar abiertos a todas las regiones carboníferas afectadas por cambios estructurales. Los criterios de asignación podrían ser el empleo total en la minería del carbón y el volumen de producción de carbón en el año de referencia 2019; no debería excluirse a las regiones que ya han iniciado el cierre de minas de carbón y han llevado a cabo una parte de la transición, siempre que la extracción de carbón siga teniendo lugar;

27.

pide que estos fondos, al igual que se hace con los fondos FEDER, se asignen directamente a las regiones en las que están situadas estas minas carboníferas. El apoyo a las regiones afectadas iría vinculado a una estrategia específica de eliminación progresiva del carbón y se evaluaría sobre la base de objetivos verificables;

28.

insta a que esta dotación pueda financiarse con los fondos previstos en el próximo marco financiero plurianual para el instrumento operativo de reforma;

29.

pide al Parlamento Europeo y al Consejo que incluyan esta propuesta de asignación especial para la transición en las negociaciones en curso sobre el próximo marco financiero plurianual;

Revisar las normas sobre ayudas estatales

30.

señala que, en lo tocante a la legislación europea sobre ayudas estatales, debe tenerse en cuenta que el actual marco de ayudas expira en 2020, a menos que la aplicación de estas normas se prorrogue dos años (hasta finales de 2022). El CDR pide a la Comisión que, cuando vaya a elaborar las nuevas directrices, tenga también en cuenta los problemas de la reestructuración de las regiones carboníferas y que vele por que estas regiones dispongan de una flexibilidad suficiente para poder mitigar las consecuencias sociales y económicas del abandono progresivo de la producción de carbón;

31.

observa que, en el caso de las ayudas estatales, los proyectos que implican una cooperación transfronteriza, en particular en el caso de proyectos de interés común europeo, ya pueden recibir apoyo. Las instituciones de la UE competentes deberían asesorar en mayor medida a las regiones en lo relativo a la planificación y la ejecución de este tipo de proyectos;

32.

en este contexto, pide que, de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se designe a las regiones carboníferas como regiones susceptibles de recibir ayuda especial y que se adapten las normas de la UE en materia de ayudas estatales para estas regiones especiales al objeto de permitir la adopción de medidas que permitan hacer frente a los cambios estructurales y compensar, de este modo, la renuncia a la obtención de valor añadido en aras de objetivos políticos más ambiciosos. Además, deberá examinarse si, en razón de la enorme relevancia y el ejemplo que puede suponer la reconversión medioambiental de las regiones carboníferas para la política energética y climática de la Unión Europea, estas medidas de apoyo podrían fundamentarse en el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE. Al objeto de responder a estas cuestiones de manera oportuna, se propone la creación inmediata de un grupo de trabajo conjunto compuesto por representantes de las regiones carboníferas y los Estados miembros afectados, las Direcciones Generales de Competencia y Política Regional y el CDR.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La peste porcina africana y el mercado de la carne de porcino de la UE

(2020/C 39/13)

Ponente: Sławomir SOSNOWSKI (PL/PPE), miembro de la Asamblea Regional de Lublin

:

Sławomir SOSNOWSKI (PL/EPP), Lubelskie Voivodeship Councillor

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Contexto político

1.

señala que la peste porcina africana (PPA) constituye una amenaza y un reto en el plano local, regional, nacional y europeo, por lo que se requiere un Dictamen del Comité Europeo de las Regiones (CDR) en su calidad representante institucional de los entes locales y regionales de la Unión Europea para responder a este problema y participar en la movilización de todos aquellos interesados en combatir este virus, muy peligroso;

2.

subraya que la situación creada por los brotes de PPA supone una amenaza para el medio ambiente y la economía y, sobre todo, para los residentes rurales y los criadores de cerdos, principalmente en Europa Central y Oriental;

3.

considera que la lucha contra la PPA, los objetivos políticos de la política agrícola común y de la política medioambiental se complementan con los objetivos de otros ámbitos políticos y de los programas de financiación, que abarcan, entre otros, los retos sociales y el desarrollo regional, lo que garantiza un enfoque coherente de los distintos ámbitos; en lo que atañe a las previsiones presupuestarias de 2020 para medidas de apoyo a la agricultura contra la peste porcina africana, respalda la propuesta de 50 millones EUR para medidas de emergencia y 28 millones EUR para el desarrollo de vacunas y medicamentos contra la PPA;

4.

considera que la PPA constituye un problema internacional. Las regiones europeas deben mostrar su solidaridad, teniendo en cuenta la amenaza que representa la PPA para las zonas rurales, la agricultura y la industria de la transformación. Si el virus se propaga a un ritmo constante, esto puede provocar un colapso del mercado europeo de carne de porcino y privar a cientos de miles de agricultores de sus medios de subsistencia. Se trata de un problema que ya no tiene carácter local o regional, sino que se ha convertido en una amenaza paneuropea. Actualmente se conocen casos de enfermedad en varios países europeos: — Polonia (1 492 casos y un foco), — Lituania (728 casos de jabalíes), — Letonia (286 casos), — Estonia (150 casos), — Ucrania (26 casos, 22 focos en explotaciones porcinas), — Chequia (25 casos), — Italia (24 casos, 2 focos), — Rumanía (3 brotes)

— se trata de datos relativos al período 1.1-15.4.2018;

5.

considera que el apoyo de los fondos de la Unión a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) debe ser siempre del 100 % en caso de brotes de PPA, ya que el virus representa una amenaza que tiene grandes repercusiones sobre la salud pública y efectos disruptivos en la economía;

6.

llama especialmente la atención sobre la necesidad de impulsar una cooperación transfronteriza, que debe ser tan estrecha como la prevista en caso de catástrofes naturales; es consciente de que el problema también afecta a diversas zonas de las fronteras exteriores de la UE, pero considera que una cooperación transfronteriza reforzada es indispensable y necesaria. Señala que es precisa una acción conjunta más amplia y permanente que supere las fronteras para estabilizar la situación en los países vecinos de la UE (Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia);

7.

constata la existencia de una serie de amenazas socioeconómicas que pueden surgir como resultado de la crisis desencadenada por el brote de la PPA. Aparte de la preocupación sanitaria, la repercusión sobre el mercado de la carne de porcino de la UE y los graves cambios estructurales en la producción de carne de porcino que ello conllevaría, también podrían verse afectados otros sectores como el turismo, la silvicultura, la transformación de la carne y el comercio. Por otro lado, el brote de la PPA repercute en la imagen de cada país y de la UE en su conjunto;

Medidas propuestas

8.

respalda las medidas adoptadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en el marco de las actuales perspectivas financieras, para combatir la PPA, pero considera que el próximo marco financiero plurianual debe prever recursos adicionales que incluyan un apoyo significativo a la investigación científica con el fin de desarrollar una vacuna eficaz contra la PPA;

9.

pide que se ofrezca una ayuda financiera transfronteriza específica destinada a combatir la PPA en el marco de proyectos ejecutados conjuntamente por al menos dos países;

10.

considera que es preciso entablar intensos debates en los Estados miembros de la UE y en el seno de la Comisión Europea sobre una erradicación conjunta y coherente de la PPA con los terceros países mencionados. Además, debe considerarse la posibilidad de promover estas medidas mediante programas transfronterizos en materia de seguridad alimentaria. La Corleap podría ser un foro adecuado para debatir este tipo de medidas transfronterizas;

11.

anima y exhorta a todas las partes interesadas a) los entes locales y regionales, b) los cazadores y los agricultores, c) las oficinas veterinarias, d) las autoridades de cada Estado miembro, y e) los medios de comunicación a que participen activamente en la lucha contra la PPA bajo los auspicios de la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA);

12.

pide que se incremente la financiación de las medidas educativas e informativas destinadas a las partes interesadas con el fin de aumentar la concienciación social sobre la PPA y su prevención y control, ya que esta enfermedad supone una enorme amenaza para el desarrollo de las zonas rurales, la economía local y regional, el medio ambiente, la cría de animales, las personas y la salud pública, en particular;

13.

pide a los entes locales y regionales que, a fin de evitar la propagación de la PPA, proporcionen más información sobre el cumplimiento de los requisitos de diligencia debida, sigan cooperando para garantizar la aplicación permanente de las medidas de seguridad biológica —en particular, en las pequeñas explotaciones— y colaboren más estrechamente en caso de brotes de enfermedad en las zonas fronterizas. Esta información se enviará a los criadores de cerdos y a las personas que tengan contacto con jabalíes;

14.

pide a la comunidad cazadora que refuerce la vigilancia epidemiológica de las poblaciones de animales salvajes en las zonas contaminadas y abata mayor número de jabalíes cuando haya demasiados animales; señala que, aunque las personas, en particular los cazadores, no se contagien de la enfermedad, pueden contribuir a su propagación mediante: — cualquier contacto con animales infectados, vivos o muertos (cadáveres); — contacto con objetos contaminados por la PPA (como ropa, vehículos, otros equipos); — alimentación con carne o productos cárnicos (como embutidos o carne cruda) de animales infectados o residuos que contengan carne contaminada (como residuos de cocina, residuos alimentarios y despojos);

15.

considera que el tamaño de la población de jabalíes es el factor más importante para llevar a cabo una acción eficaz contra la PPA. Por lo tanto, es preciso tomar medidas para reducir la población de jabalíes en las regiones afectadas a un tamaño apropiado en términos regionales. Además, deberían promoverse programas de cooperación entre los sectores agrícola y medioambiental (gestión de la caza, prohibición de alimentación suplementaria siempre que no sea necesaria para la caza —cebaderos para atraer la caza—, prácticas agrícolas) adaptados a la situación específica de cada Estado miembro;

16.

reconoce los esfuerzos realizados hasta ahora por la Comisión Europea para combatir la PPA, pero propone al mismo tiempo que la Comisión prevea más financiación para acciones en este ámbito, en el marco del nuevo programa «Horizonte Europa», puesto que todas las licitaciones sobre la PPA lanzadas en el marco de Horizonte 2020 ya están cerradas;

17.

considera que debe concederse una ayuda especial a las explotaciones de la UE afectadas por la PPA de la siguiente manera: a) devolución del valor equivalente de los animales sacrificados, sin imponer condiciones adicionales; b) aplicación del mecanismo tradicional de ayuda durante un período de cinco años a partir del cese de la producción como consecuencia del sacrificio de los animales; c) ayuda financiera para la reconversión de la explotación agrícola hacia otros productos; d) asistencia a la hora de aplicar cualquier medida de seguridad biológica en las explotaciones que continúen criando y cebando cerdos, así como para hacer frente a las cargas financieras derivadas de las medidas prescritas en caso de crisis (análisis, requisitos de transporte, etc.); e) asistencia a las pérdidas de ingresos sufridas por los criadores y cebadores de cerdos como consecuencia de la desestabilización del mercado de la carne de porcino; f) asistencia a las explotaciones que deseen desarrollar la ganadería porcina bajo medidas de seguridad biológica; g) asistencia a las explotaciones afectadas por las medidas de restricción de la producción vegetal debidas a la peste porcina africana; h) asistencia a las explotaciones que hayan sacrificado animales y tengan una producción a pequeña escala; i) eliminación de todos los jabalíes muertos con cargo al Estado;

18.

expresa su preocupación por la propagación de la PPA y pide a la Comisión Europea que prosiga sus esfuerzos, supervise y evalúe las medidas de lucha contra la PPA en la UE, con la participación de los entes locales y regionales.

---

(1)  DO L 189 de 27.6.2014, p. 1.