—

Visto el impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte,

—

Vistas las disposiciones del Acuerdo de Belfast de 1998 (Acuerdo del Viernes Santo),

—

Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0240/2018),

A.

Considerando que la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte está sustentada por diversos instrumentos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Programa PEACE para Irlanda del Norte y la región fronteriza, y el programa transfronterizo Interreg;

B.

Considerando que es evidente que Irlanda del Norte es una región que se ha beneficiado en gran medida de la política de cohesión de la Unión; que se ha acogido muy favorablemente el compromiso relativo a la financiación futura que se recoge en el proyecto de marco financiero plurianual (MFP) de la Comisión para 2021-2027;

C.

Considerando que, además de los fondos más generales de la política de cohesión, Irlanda del Norte se ha beneficiado, en particular, de programas transfronterizos, intercomunitarios y transcomunitarios, incluido el programa PEACE;

D.

Considerando que la política de cohesión de la Unión, en particular a través del programa PEACE, ha contribuido de forma determinante al proceso de paz en Irlanda del Norte, apoya el Acuerdo del Viernes Santo y continúa apoyando la reconciliación de las comunidades;

E.

Considerando que, tras la creación del primer programa PEACE en 1995, se han invertido más de 1 500 millones de euros con el doble propósito de promover la cohesión entre las comunidades afectadas por el conflicto de Irlanda del Norte y los condados fronterizos de Irlanda, y de lograr la estabilidad social y económica;

F.

Considerando que el éxito de los fondos de cohesión de la Unión se debe, en parte, al hecho de que se consideran «dinero neutral», es decir, que no está directamente vinculado a los intereses de ninguna de las dos comunidades;

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2015, titulada «Nuevo impulso para el empleo y el crecimiento en Grecia»(COM(2015)0400),

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/1839 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en relación con medidas específicas para Grecia (2),

—

Visto el Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 (3),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de septiembre de 2016, sobre las evaluaciones ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 2007-2013 (SWD(2016)0318),

—

Visto el informe del Ministerio de Economía y Desarrollo de Grecia sobre la utilización de los importes abonados en virtud del Reglamento (UE) 2015/1839 (período de programación 2007-2013) (4),

—

Vista la pregunta oral con solicitud de respuesta a la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1839 en relación con medidas específicas para Grecia (O-000100/2017–(B8-0001/2018),

—

Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0244/2018),

A.

Considerando que la política de cohesión es una expresión de solidaridad, que abarca todas las regiones y reduce las disparidades, y que constituye el principal instrumento de inversión de la Unión; que la importancia de su valor añadido y su flexibilidad durante la crisis económica y financiera han quedado confirmados en varias ocasiones; que, con los recursos presupuestarios existentes, la política de cohesión ha contribuido a mantener oportunidades de inversión pública muy necesarias, ha ayudado a impedir el empeoramiento de la crisis y ha permitido que los Estados miembros y las regiones adopten respuestas a medida con vistas a aumentar su resiliencia frente a acontecimientos inesperados y choques externos;

B.

Considerando que, entre 2007 y 2015, el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión en Grecia ascendió a 15800 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 19 % del gasto público total en inversión;

C.

Considerando que la crisis económica y financiera dio lugar en Grecia a unos índices de crecimiento persistentemente negativos, que no pudieron ser corregidos por los tres paquetes de rescate internacional, así como a importantes problemas de liquidez y a un déficit de fondos públicos;

D.

Considerando que la crisis de los refugiados y migrantes ha golpeado y continúa golpeando especialmente a Grecia y a las islas griegas, las cuales soportan una elevada presión por el creciente flujo de migrantes y refugiados, que ocasiona un enorme perjuicio a la actividad económica local, principalmente al sector del turismo;

E.

Considerando que, entre 2007 y 2013, el PIB de Grecia disminuyó un 26 % en términos reales, y el crecimiento a lo largo de esos dos años fue inferior al 1 % pese a que la recesión terminó en 2014; que la tasa de empleo cayó del 66 % al 53 % en 2013, lo que implica que solamente estaba empleada algo más de la mitad de la población en edad de trabajar, y que el desempleo aumentó desde el 8,4 % de la población activa hasta el 27,5 % en el mismo período, lo cual ha tenido un fuerte impacto en el poder adquisitivo de la población griega y ha afectado gravemente a diversos sectores, incluido el de la salud; que, según los datos de Eurostat más recientes, existe una la tasa de desempleo del 20,8 % con un elevado porcentaje de desempleo juvenil;

F.

Considerando que, en 2015, la Comisión y los colegisladores reconocieron que Grecia se había visto afectada por la crisis de un modo singular, lo que podría haber repercutido gravemente tanto en la finalización de las operaciones en el marco de los programas operativos para el período 2000-2006 y para el período 2007-2013 como en el inicio de la ejecución de los programas de la política de cohesión para el período 2014-2020;

G.

Considerando que con la adopción del Reglamento (UE) 2015/1839 se pretendía aportar liquidez a Grecia en un momento crucial antes de que se paralizara la ejecución de los programas y se perdieran oportunidades necesarias de inversión, dado que la no conclusión de los proyectos de los periodos 2000-2006 y 2007-2013 habría dado lugar a la recuperación de importes sustanciales;

H.

Considerando que el Reglamento (UE) 2015/1839 estableció un importe de prefinanciación inicial adicional para el período de programación 2014-2020 de dos plazos del 3,5 % cada uno del importe de la ayuda procedente de los fondos de la política de cohesión y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), así como la aplicación, para el período de programación 2007-2013, de un porcentaje de cofinanciación del 100 % a los gastos subvencionables y el desembolso anticipado del último 5 % de los pagos restantes de la Unión, que tendría que haberse retenido hasta el cierre de los programas;

I.

Considerando que el Reglamento se adoptó con la intención de responder cuanto antes a una crisis grave y de garantizar que Grecia dispusiera de suficientes fondos para finalizar los proyectos correspondientes al período de programación 2007-2013 e iniciar la ejecución en el marco del período actual;

J.

Considerando que, de conformidad con el artículo 152, apartado 6, párrafo segundo, Grecia debía presentar antes de finales de 2016 un informe a la Comisión sobre la aplicación de las disposiciones relativas a la aplicación del porcentaje de cofinanciación del 100 % y al límite máximo de los pagos para los programas al final del período de programación;

K.

Considerando que la Unión también abonó el 95 % del coste total de las inversiones correspondientes al período de financiación 2007-2013 en Grecia (cuando normalmente se hubiera aplicado un 85 % como máximo) a través de la denominada «medida complementaria»del Reglamento (UE) n.o 1311/2011;

L.

Considerando que, en octubre de 2015, se abrió una cuenta de disponibilidad limitada a la que se traspasaron todos los fondos asignados a la financiación de los proyectos financiados por la Unión, con el fin de garantizar que estos se utilizaran únicamente para los pagos a los beneficiarios y las operaciones en el marco de los programas operativos;

M.

Considerando que Grecia también ha recibido ayuda, desde 2011, a través del Grupo Especial para Grecia de la Comisión, que ha proporcionado asistencia técnica de cara al proceso de reformas del país, y, desde 2015, a través del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales, que ha proporcionado asistencia con la preparación, concepción, aplicación y evaluación de reformas que propicien el crecimiento; que la entrada en vigor, el 20 de mayo de 2017, del Reglamento (UE) 2017/825 relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 supuso un momento importante para los compromisos del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales con los Estados miembros afectados, incluida Grecia;

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Vista la proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales,

—

Vista la Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996,

—

Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo») (1),

—

Vista la declaración conjunta de la Alianza Europea de Enfermedades Crónicas, de noviembre de 2017, titulada «Improving the employment of people with chronic diseases in Europe»(Mejorar el empleo de las personas con enfermedades crónicas en Europa),

—

Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su entrada en vigor en la Unión Europea el 21 de enero de 2011, de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo de 26 de noviembre de 2009,

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020 (2),

—

Visto el informe conjunto de 2014 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulado «Riesgos psicosociales en Europa: prevalencia y estrategias de prevención»,

—

Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad (3),

—

Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (4),

—

Vista la Declaración de Filadelfia, de 10 de mayo de 1944, relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

—

Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos (5),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2008, titulada «Agenda Social Renovada: Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI»(COM(2008)0412),

—

Visto el informe de la Comisión, de 24 de febrero de 2011, sobre la aplicación del Acuerdo marco europeo sobre el estrés ligado al trabajo aprobado por los interlocutores sociales (SEC(2011)0241),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, titulada «Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)»(COM(2007)0062),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (6),

—

Vistas la Directiva contra la discriminación 2000/78/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo los asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11 (HK Danmark) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de abril de 2013, que establecen conjuntamente la prohibición de que los empleadores discriminen cuando un problema de salud de larga duración puede asimilarse a una discapacidad, así como la obligación de que los empleadores realicen ajustes razonables en las condiciones de trabajo,

—

Vista la Acción conjunta de la UE sobre salud y bienestar mentales iniciada en 2013,

—

Vista la campaña de la EU-OSHA denominada «Trabajos saludables: Gestionemos el estrés»,

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Visto su reciente proyecto piloto sobre la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores de más edad, llevado a cabo por la EU-OSHA,

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Visto el informe de 2016 de la EU-OSHA titulado «Rehabilitación y reincorporación al trabajo: Informe analítico sobre las políticas, las estrategias y los programas de la UE y los Estados miembros»,

—

Visto el informe de 2014 de Eurofound sobre las oportunidades de empleo para las personas con enfermedades crónicas,

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Visto el documento de 2012 de BusinessEurope titulado «Employers’ practices for Active Ageing»(Las prácticas de los empleadores de cara al envejecimiento activo),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0208/2018),

A.

Considerando que el estrés laboral representa un problema cada vez mayor y es el segundo problema de salud relacionado con el trabajo que con más frecuencia se declara en Europa; que el 25 % (7) de los trabajadores declara que sufre estrés laboral; que el estrés laboral puede menoscabar el derecho de las personas a unas condiciones de trabajo saludables; que el estrés laboral también contribuye al absentismo laboral y a un bajo nivel de satisfacción laboral, repercute negativamente en la productividad y representa casi la mitad del número de días de trabajo perdidos cada año;

B.

Considerando que el envejecimiento de la mano de obra europea trae consigo nuevos retos en lo que respecta al entorno laboral y la nueva organización del trabajo; que el envejecimiento va acompañado de un mayor riesgo de desarrollar problemas crónicos de salud mental y física, incluidas discapacidades y enfermedades, lo que ha convertido la prevención, la reintegración y la rehabilitación en políticas importantes para garantizar la sostenibilidad de los lugares de trabajo y de los sistemas de pensiones y de seguridad social; que las enfermedades crónicas no afectan únicamente a la población de más edad;

C.

Considerando que el absentismo laboral de larga duración repercute negativamente en la salud mental y física, tiene elevados costes sociales y económicos, y puede impedir la reincorporación al trabajo; que la salud y el bienestar desempeñan un papel fundamental en la construcción de economías sostenibles; que es importante tener en cuenta las graves consecuencias financieras de las enfermedades o discapacidades para las familias en aquellos casos en que las personas afectadas no pueden reincorporarse al trabajo;

D.

Considerando que, si bien existen diferencias entre discapacidad, lesión, enfermedad y dolencias asociadas a la edad, estas condiciones también se superponen a menudo y requieren un planteamiento global pero al mismo tiempo adaptado a cada persona;

E.

Considerando que el envejecimiento es uno de los principales retos sociales a que se enfrenta la Unión; que, por consiguiente, es necesario contar con políticas que promuevan un envejecimiento activo para que las personas puedan seguir activas y trabajando hasta la edad de la jubilación, e incluso hasta más tarde si así lo desean; que la generación de más edad y su experiencia son indispensables para el mercado de trabajo; que las personas de más edad que desean seguir trabajando suelen buscar fórmulas de trabajo flexibles y personalizadas; que la enfermedad, la discapacidad y la exclusión del proceso laboral acarrean graves consecuencias financieras;

F.

Considerando que el tabaco, el alcohol y el consumo de drogas son algunos de los factores de riesgo para la salud más importantes para la población en edad laboral de la Unión, al estar vinculados tanto a lesiones como a diversas enfermedades no contagiosas (8); que entre el 20 y el 25 % de los accidentes en el lugar de trabajo implican a personas bajo la influencia del alcohol (9), y que se estima que entre el 5 % y el 20 % de la población activa en Europa tiene problemas graves relacionados con el consumo de alcohol (10); que la reintegración de trabajadores que han tenido problemas relacionados con el consumo de estupefacientes en empleos de calidad plantea desafíos específicos para los empleadores;

G.

Considerando que las personas con discapacidad o enfermedades crónicas o que se están recuperando de una lesión o enfermedad se encuentran en una situación vulnerable y deben recibir un apoyo personalizado al reincorporarse a su lugar de trabajo o al mercado laboral; que algunas personas con dolencias crónicas no desean o no pueden volver al trabajo;

H.

Considerando que el ámbito de la rehabilitación profesional y la reincorporación al trabajo podría ofrecer valiosas oportunidades de voluntariado, por ejemplo mediante la participación en trabajo voluntario tras la jubilación; que debe respaldarse el voluntariado a cualquier edad;

I.

Considerando que antes que nada es necesario que los empleadores promuevan una cultura de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo; que el voluntariado para participar en actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, como grupos de trabajo, también podría contribuir al cambio de cultura;

J.

Considerando que el trabajo contribuye en gran medida a facilitar el proceso de recuperación y rehabilitación, dados los importantes beneficios psicosociales que aporta al empleado; que las buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo son esenciales para contar con una mano de obra productiva y motivada, lo que ayuda a las empresas a seguir siendo competitivas e innovadoras, garantiza el bienestar de los trabajadores y contribuye a conservar competencias y una experiencia laboral valiosas, a reducir la rotación de personal y a prevenir la exclusión, los accidentes y las lesiones; que, por consiguiente, se anima a la Comisión a que examine la posibilidad de aplicar una contabilidad de costes totales en el ámbito de la inclusión activa y social; que la adopción de enfoques adecuados y personalizados para la reintegración de las personas que se recuperan de una lesión o enfermedad en empleos de calidad es un factor importante para prevenir un mayor absentismo o el «presentismo»con enfermedad;

K.

Considerando que la definición de «personas con capacidad de trabajo reducida»puede variar entre los distintos Estados miembros;

L.

Considerando que las pymes y las microempresas tienen necesidades especiales a este respecto, dado que disponen de menos recursos para cumplir las obligaciones en materia de prevención de las enfermedades y los accidentes, por lo que en muchos casos necesitan apoyo para alcanzar sus objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo; que, por otra parte, unas buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo son cruciales para las pymes y las microempresas, en particular para la sostenibilidad de su negocio; que varios programas financiados por la Unión ofrecen oportunidades para un valioso intercambio de innovaciones y mejores prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo sostenibles;

M.

Considerando que los factores psicosociales negativos en el lugar de trabajo guardan relación no solo con los resultados en materia de salud, sino también con un mayor absentismo y un bajo nivel de satisfacción laboral; que las medidas personalizadas en lo tocante a seguridad y salud en el trabajo pueden permitir seguir trabajando a una persona con capacidad laboral alterada y beneficiar a toda la plantilla; que, si bien en algunos casos las ausencias laborales son necesarias por motivos médicos, las personas que se ausentan del trabajo durante períodos de tiempo más largos acusan además efectos psicosociales negativos adicionales, lo que disminuye la probabilidad de que se reincorporen al trabajo en algún momento; que una atención temprana coordinada, centrada principalmente en el bienestar del trabajador, es crucial para mejorar los resultados de la reincorporación al trabajo y para prevenir las consecuencias negativas a largo plazo para la persona;

N.

Considerando que la disponibilidad y comparabilidad de los datos sobre enfermedades profesionales a escala de la Unión son, en muchos casos, insuficientes; que, según Eurofound, aproximadamente el 28 % de los europeos declara tener problemas de salud física o mental, enfermedades o discapacidades crónicas (11); que se estima que una de cada cuatro personas en edad laboral vive con problemas de salud de larga duración (12); que la discapacidad y los problemas de salud pueden ser al mismo tiempo causa y consecuencia de la pobreza; que un estudio de la OCDE ha puesto de manifiesto que, por término medio, los ingresos de las personas con discapacidad son un 12 % más bajos que los del resto de la población (13); que en algunos países esta diferencia de ingresos llega a alcanzar el 30 %; que un estudio de 2013 demostró que el 21,8 % de los pacientes con cáncer de entre 18 y 57 años de edad se quedó sin trabajo inmediatamente después de su diagnóstico, y que el 91,6 % de este grupo se quedó sin trabajo quince meses después del diagnóstico (14); que un estudio de Eurostat de 2011 (15) desveló que tan solo el 5,2 % de las personas empleadas con capacidades laborales limitadas debido a un problema de salud de larga duración o a una dificultad de actividad básica declara utilizar fórmulas de trabajo especiales; que, según ese mismo estudio de Eurostat, el 24,2 % de los desempleados afirma que se necesitarían fórmulas de trabajo especiales para facilitar la reincorporación al trabajo;

O.

Considerando que la digitalización generará probablemente importantes transformaciones en la forma de organización del trabajo y que podría ayudar a mejorar las oportunidades de trabajadores como los que tienen unas capacidades físicas reducidas; que es probable que la generación de más edad tenga que hacer frente a un conjunto de retos únicos a este respecto; que esta generación también debería beneficiarse de estas transformaciones;

P.

Considerando que el derecho a unas condiciones de trabajo que respeten la salud, seguridad y dignidad de todos los trabajadores está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que unas condiciones de trabajo adecuadas son valiosas por sí mismas; que, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, así como derecho al trabajo y a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; que la mejora de la salud y la reintegración de los trabajadores mejora el bienestar general de la sociedad, reporta beneficios económicos a los Estados miembros, los empleadores y los trabajadores, incluidos los trabajadores de más edad y las personas con problemas de salud, y ayuda a conservar competencias que de otro modo se perderían; que los empleadores, los trabajadores, las familias y las comunidades resultan beneficiados cuando la incapacidad laboral se transforma en capacidad laboral;

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Visto el informe, de 25 de febrero de 2009, del Grupo de alto nivel sobre supervisión financiera en la UE, presidido por Jacques De Carosiera,

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Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) (1),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 15 de mayo de 2014, titulado «Economice Revire of te Financiar Regulación Agenda»(Análisis económico del programa de regulación financiera) (SWD(2014)0158),

—

Visto el informe de la Comisión, de 8 de agosto de 2014, sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) (COM(2014)0509),

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Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre el papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2016, titulada «Convocatoria de datos sobre el marco normativo de los servicios financieros de la UE»(COM(2016)0855),

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Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales (3),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 27 de febrero de 2017, titulado «EU equivalente decisiones in financiar cervices policía: an assessment»(Decisiones de equivalencia de la Unión Europea en el marco de la política de servicios financieros: una evaluación) (SWD(2017)0102),

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Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el marco de las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido (4),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0263/2018),

A.

Considerando que desde la crisis financiera se han adoptado más de 40 nuevos textos de legislación financiera de la Unión, quince de los cuales incluyen «disposiciones sobre terceros países»que confieren a la Comisión, en nombre de la Unión, la facultad discrecional de decidir unilateralmente si las normas reguladoras de jurisdicciones extranjeras pueden considerarse equivalentes;

B.

Considerando que la equivalencia y los derechos de pasaporte son conceptos claramente diferentes que establecen derechos y obligaciones diferentes para las los organismos reguladores, los supervisores, las entidades financieras y los participantes en el mercado; que las decisiones de equivalencia no confieren derechos de pasaporte a las entidades financieras establecidas en terceros países, dado que este concepto está inextricablemente ligado al mercado interior con su marco normativo, judicial, de supervisión y ejecución común;

C.

Considerando que ningún acuerdo comercial celebrado por la Unión ha incorporado disposiciones en materia de acceso mutuo transfronterizo relativas a los servicios financieros;

D.

Considerando que no existe un marco único que sustente las decisiones de equivalencia; que cada acto legislativo establece un régimen de equivalencia específico adaptado a sus objetivos políticos; que las actuales disposiciones relativas a la equivalencia ofrecen diferentes planteamientos que permiten una serie de posibles beneficios en función del proveedor de servicios financieros y del mercado en el que opera;

E.

Considerando que la equivalencia es, entre otras cosas, un instrumento de promoción de la convergencia normativa internacional, lo que puede dar lugar a una mayor competencia en el mercado interior de la Unión en igualdad de condiciones, al tiempo que evita el arbitraje regulador, protege a consumidores e inversores, preserva la estabilidad financiera de la Unión y mantiene la coherencia en el mercado interior; que la equivalencia es asimismo un instrumento que garantiza un tratamiento justo y equitativo en materia de regulación y supervisión de las entidades financieras de la Unión y las entidades financieras de terceros países;

F.

Considerando que las decisiones en materia de equivalencia se basan en el código normativo único de la UE y se adoptan sobre la base de una evaluación técnica; que, sin embargo, deben ser objeto de un mayor grado de control por parte del Parlamento;

G.

Considerando que la Comisión describe equivalencia como un instrumento clave para gestionar eficazmente, y en un entorno prudencial sólido y seguro, la actividad transfronteriza de quienes operan en los mercados junto a las jurisdicciones de terceros países que cumplen, aplican y ejecutan de forma rigurosa los mismos estándares elevados de normas prudenciales que la Unión;

H.

Considerando que la próxima retirada del Reino Unido de la Unión tendrá posiblemente un impacto significativo en la regulación y supervisión de los servicios financieros, habida cuenta de la estrecha relación que existe actualmente entre los Estados miembros en este ámbito; que las negociaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión siguen en curso;

I.

Considerando que, en caso de que se acuerde y ratifique el acuerdo de retirada, incluido el periodo de transición, las entidades financieras dispondrán de un periodo de adaptación al Brexit más prolongado; que, a falta de un periodo de transición, la Comisión y las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) deben estar preparadas para proteger la estabilidad financiera, la integridad del mercado interior y la autonomía de la toma de decisiones en la Unión;

J.

Considerando que, con vistas a la estabilidad financiera de la Unión, es necesario considerar plenamente la interconexión entre los mercados de terceros países y el mercado único de la Unión;

K.

Considerando que, en su Resolución de 19 de enero de 2016 sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE, el Parlamento pidió a la Comisión que propusiera «un marco sólido, coherente, transparente y práctico aplicable a los procedimientos y decisiones relativos a la equivalencia con terceros países, tomando en consideración un análisis basado en los resultados y en normas y acuerdos internacionales»;

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Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 4, 162, 174 a 178 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (2),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1082/2006 sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) (3),

—

Vista la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE»(COM(2017)0534),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, que acompaña a la Comunicación de la Comisión titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE»(SWD(2017)0307),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre las regiones menos desarrolladas de la UE (5),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea (6),

—

Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020 (7),

—

Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (8),

—

Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre una combinación adecuada de financiación para las regiones de Europa: equilibrar los instrumentos financieros y las subvenciones en la política de cohesión de la Unión (9),

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC (10),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de febrero de 2017, titulado «Falta de conexiones de transporte en las regiones fronterizas» (11),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3) (12),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la cooperación territorial europea – mejores prácticas y medidas innovadoras (13),

—

Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP) (14),

—

Vistas las conclusiones y recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0266/2018),

A.

Considerando que en la Unión y sus vecinos inmediatos de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) se contabilizan cuarenta fronteras terrestres interiores y regiones con fronteras interiores de la Unión, y que estas regiones representan el 40 % de su territorio, el 30 % de su población y producen casi un tercio del PIB de la Unión;

B.

Considerando que las regiones fronterizas, en particular las que tienen una baja densidad de población, tienden a enfrentarse a condiciones más difíciles para el desarrollo social y económico y presentan, por lo general, un rendimiento económico inferior al de otras regiones de los Estados miembros, y que su pleno potencial económico está por explotar;

C.

Considerando que las barreras de tipo físico y/o geográfico contribuyen también a limitar la cohesión económica, social y territorial entre regiones fronterizas, tanto dentro como fuera de la Unión, en especial en el caso de regiones montañosas;

D.

Considerando que, pese a los esfuerzos ya realizados, siguen persistiendo obstáculos — sobre todo de carácter administrativo, lingüístico y jurídico—, que dificultan el crecimiento económico y el desarrollo social y la cohesión entre las regiones fronterizas y en el interior de las mismas;

E.

Considerando que la Comisión calculó en 2017 que la supresión de solo un 20 % de los obstáculos existentes en las regiones fronterizas propiciaría un aumento de su PIB de un 2 % (unos 91000 millones EUR), lo que se traduciría en aproximadamente un millón de nuevos puestos de trabajo; que es un hecho ampliamente reconocido que la cooperación territorial, incluida la cooperación transfronteriza, aporta un valor añadido genuino y visible, en particular, a los ciudadanos de la Unión que viven a lo largo de las fronteras interiores;

F.

Considerando que el número total de trabajadores y estudiantes transfronterizos activos en otro país de la Unión se eleva, aproximadamente, a 2 millones, de los cuales 1,3 millones son trabajadores, lo que representa el 0,6 % del total de trabajadores en la UE-28;

G.

Considerando que, en el actual marco financiero plurianual (MFP), el 95 % de los fondos de la red transeuropea de transporte (RTE-T) y del Mecanismo «Conectar Europa»(MCE) se destina a corredores principales de la RTE-T, mientras que los proyectos pequeños relacionados con la red integral y las intervenciones para conectar con la red de RTE-T, aunque son fundamentales para resolver problemas específicos y para desarrollar las conexiones y las economías transfronterizas, no suelen ser aptos para recibir cofinanciación ni financiación nacional;

H.

Considerando que la Comisión también piensa presentar su posición sobre las regiones fronterizas marítimas interiores;

I.

Considerando que la Comisión también debería adoptar una posición respecto de los múltiples retos a que se enfrentan las regiones fronterizas exteriores de la Unión, incluidas las regiones ultraperiféricas, las zonas rurales, las zonas afectadas por la transición industrial y las regiones de la Unión que padecen la lejanía, la insularidad u otras desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, de conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

1.

2.

3.

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36.

—

Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 8, 10, 19 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entró en vigor con la adopción del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009 (1), y en particular sus artículos 1, 20, 21, 23 y 31,

—

Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) de 2014 titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE» (2),

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (3),

—

Vista la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, que define y condena el acoso y el acoso sexual (4),

—

Visto el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE),

—

Vista la publicación del EIGE de junio de 2017 titulada «La ciberviolencia contra mujeres y niñas»,

—

Vista la declaración del Trío de Presidencias del Consejo de la Unión Europea constituido por Estonia, Bulgaria y Austria, de 19 de julio de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres,

—

Vistos los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

—

Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas en materia de acoso sexual y violencia contra las mujeres, como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 25 de junio de 1993, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993, la Resolución sobre medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer, de 21 de julio de 1997, los informes de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y la Recomendación general n.o 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,

—

Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, así como los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing + 15 (2010) y Beijing + 20 (2015),

—

Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (5) (Directiva sobre los derechos de las víctimas),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Directiva sobre mujeres en los consejos de administración) (COM(2012)0614),

—

Visto el Acuerdo marco sobre el acoso y la violencia en el trabajo, de 26 de abril de 2007, entre la CES/ETUC, BUSINESSEUROPE, la UEAPME y el CEEP,

—

Visto el informe de la red europea de organismos nacionales para la igualdad (Equinet) titulado «The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality»(Persistencia de la discriminación, el acoso y las desigualdades para las mujeres y contribución de los organismos para la igualdad a la nueva estrategia de igualdad de género de la Comisión Europea), publicado en 2015,

—

Visto el informe de la Equinet titulado «El acoso sobre la base del acoso sexual y por razones de sexo: respaldo del trabajo de los organismos para la igualdad», publicado en 2014,

—

Vistos el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en particular sus artículos 2 y 40 (6), y su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (7),

—

Vistas sus Resoluciones, de 20 de septiembre de 2001, sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (8), de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (9), de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres (10), de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012) (11), de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres (12) y la Evaluación de la plusvalía europea anexa, de noviembre de 2013, y de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (13),

—

Vistas sus Resoluciones, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (14), de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 (15), y de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos (16),

—

Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea (17),

—

Visto el informe de la Confederación Europea de Sindicatos titulado «Seguridad en casa, seguridad en el trabajo - Estrategias sindicales para prevenir, gestionar y eliminar el acoso en el lugar de trabajo y la violencia contra las mujeres»,

—

Visto el informe para la reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, organizada por la Organización Internacional del Trabajo del 3 al 6 de octubre de 2016,

—

Visto el informe de la Unión Interparlamentaria titulado «Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias», publicado en 2016 (18),

—

Visto el estudio titulado «Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU»(Acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión) publicado por la Dirección General de Políticas Interiores en marzo de 2018 (19),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0265/2018),

A.

Considerando que la igualdad de género es un valor central de la Unión, reconocido en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales; que la violencia de género resulta de un desequilibrio en cuanto a poder y responsabilidades en las relaciones entre hombres y mujeres y está vinculada al patriarcado y a una discriminación permanente por motivos de género;

B.

Considerando que las personas de edad avanzada, en particular las mujeres solteras de edad avanzada, constituyen un grupo social especialmente vulnerable cuando se enfrentan al acoso psicológico y físico;

C.

Considerando que la Directiva 2002/73/CE define el acoso sexual como «la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo»;

D.

Considerando que esta definición debe modificarse a la luz del devenir de la sociedad, la tecnología y las costumbres, que han evolucionado y cambiado con el paso del tiempo;

E.

Considerando que la lucha contra el acoso por motivos de embarazo y maternidad es necesaria para alcanzar un auténtico equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de las mujeres;

F.

Considerando que el acoso sexual es una forma de violencia y es la forma de discriminación por razones de género más extrema, y sin embargo persistente; que aproximadamente el 90 % de las víctimas son mujeres y en torno al 10 %, hombres; que, según el estudio de la FRA realizado a escala de la Unión en 2014 titulado «Violencia de género contra las mujeres», una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual durante su vida adulta; que, en la Unión, hasta un 55 % de las mujeres han sido objeto de acoso sexual; que el 32 % de todas las víctimas en la Unión señalaron que el agresor había sido un superior jerárquico, un compañero de trabajo o un cliente; que el 75 % de las mujeres que ejercen profesiones que requieren una cualificación específica u ocupan un puesto directivo han sido víctimas de acoso sexual; que el 61 % de las mujeres empleadas en el sector de los servicios han sufrido acoso sexual; que, en conjunto, entre el 5 y el 10 % de los trabajadores europeos son víctimas, en algún momento, de acoso psicológico en el lugar de trabajo;

G.

Considerando que el acoso sexual y el psicológico están prohibidos en el ámbito laboral a escala de la Unión, en particular en relación con el acceso al empleo y la formación y evolución profesionales, y se encuadran en las consideraciones relativas a la salud y la seguridad;

H.

Considerando que es responsabilidad de las instituciones y las agencias de la Unión seguir mejorando los mecanismos existentes mediante la aplicación de las normas más eficientes con el fin de aumentar la sensibilización sobre la definición del acoso sexual y proteger a los trabajadores;

I.

Considerando que un gran número de casos de acoso sexual no llega a denunciarse como consecuencia de la escasa sensibilización social al respecto, el temor y la vergüenza ligadas a hablar sobre ese tema con otras personas, el miedo al despido, la dificultad para conseguir pruebas, unos insuficientes canales de denuncia, seguimiento y protección de las víctimas, y la normalización de la violencia;

J.

Considerando que muy a menudo denunciar casos de acoso sexual en el trabajo puede conducir al despido o al aislamiento de la víctima en el lugar de trabajo; que las infracciones menos graves, cuando quedan sin respuesta, motivan la comisión de infracciones más graves;

K.

Considerando que el acoso sexual y el psicológico siguen siendo graves problemas en diferentes entornos sociales, entre ellos el lugar de trabajo, los espacios públicos, los espacios virtuales como internet, y la vida política, y que se llevan a cabo cada vez con más frecuencia utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo, sitios web o redes sociales, lo que permite que sus autores se sientan seguros al amparo del anonimato;

L.

Considerando que con la aparición de nuevas formas de organización del trabajo y de la vida social, y la difuminación de las fronteras entre la vida privada, profesional y social pueden intensificarse los comportamientos negativos contra individuos o grupos sociales; que el acoso psicológico en el puesto de trabajo puede adoptar muy a menudo toda una serie de formas tanto en las relaciones verticales (actos cometidos por un superior o un subordinado) como horizontales (por compañeros de trabajo del mismo rango jerárquico);

M.

Considerando que el acoso sexual y el psicológico son fenómenos en los que están implicados víctimas y agresores de cualquier edad, nivel educativo y cultural y condición económica y social, y que acarrean consecuencias físicas, sexuales, emocionales y psicológicas para la víctima; que los estereotipos de género y el sexismo, incluido el discurso de odio sexista, tanto dentro como fuera de internet, son las causas profundas de muchas de las formas de violencia y discriminación dirigidas contra las mujeres e impiden el empoderamiento de estas;

N.

Considerando que la Directiva sobre los derechos de las víctimas define la violencia por motivos de género como una violación de las libertades fundamentales de la víctima y encuadra en ella la violencia sexual (incluidos la violación, la agresión sexual y el acoso sexual); que las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos requieren con frecuencia apoyo y protección especiales debido al elevado riesgo de victimización reiterada, o de intimidación y represalias ligadas a este tipo de violencia;

O.

Considerando que la violencia en el mundo laboral se aborda, a menudo, de manera fragmentada, con estrategias centradas principalmente en sus formas más visibles, como la violencia física; que, sin embargo, el acoso sexual y psicológico puede tener efectos aún más destructivos para la persona afectada;

P.

Considerando que los actos sexistas y el consiguiente acoso sexual que pueden sufrir las mujeres en el lugar de trabajo contribuyen a su expulsión del mercado laboral, lo que repercute de forma negativa en su independencia económica y en la renta familiar;

Q.

Considerando que en la Unión Europea las mujeres víctimas de acoso y violencia en el medio rural y en áreas remotas tienen habitualmente una dificultad mayor a la hora de acceder a una asistencia y protección plenas frente a los agresores;

R.

Considerando que el acoso físico y verbal, incluido el perpetrado en línea, tiene efectos nocivos no solo a corto plazo, sino también a largo, como, por ejemplo, estrés y depresiones graves, y que lleva a las víctimas incluso al suicidio, como ha evidenciado el aumento de los casos de esta índole notificados; que, además de los efectos negativos sobre la salud, el acoso psicológico y el acoso sexual en el lugar de trabajo también tienen repercusiones negativas en la carrera profesional de los individuos, en las organizaciones y en la sociedad, como el aumento del absentismo, la reducción de la productividad y de la calidad del servicio y la pérdida de capital humano;

S.

Considerando que la legislación de la Unión Europea obliga a los Estados miembros y a las instituciones y las agencias de la Unión a garantizar la existencia de un organismo para la igualdad que preste asistencia independiente a las víctimas de acoso, realice encuestas independientes, recopile datos pertinentes, desglosados y comparables, lleve a cabo investigaciones sobre las definiciones y clasificaciones, publique informes independientes y formule recomendaciones sobre cuestiones relativas al empleo y la formación, sobre el acceso a bienes y servicios y a su suministro, y para los trabajadores por cuenta propia;

T.

Considerando que las mujeres no gozan de la misma protección contra la violencia de género y el acoso sexual y psicológico en toda la Unión Europea debido a las divergencias en las políticas y la legislación de los diferentes Estados miembros; que los sistemas judiciales no siempre apoyan suficientemente a las mujeres; que los autores de actos de violencia de género son a menudo conocidos de la víctima y que en muchos casos la víctima se encuentra en una situación de dependencia, lo que acrecienta su miedo a denunciar estos actos violentos;

U.

Considerando que todos los Estados miembros han firmado el Convenio de Estambul, pero que no todos lo han ratificado y que este retraso lastra la plena aplicación de dicho Convenio;

V.

Considerando que el sexismo y el acoso sexual y psicológico dirigidos contra las diputadas constituyen un fenómeno real y muy extendido; que los actos de acoso y violencia proceden no solo de sus contrincantes políticos, sino que pueden provenir también de su propio partido, líderes religiosos, autoridades locales o incluso miembros de su familia;

W.

Considerando que los políticos, como representantes electos de los ciudadanos, tienen la responsabilidad fundamental de actuar como modelos positivos de conducta para la prevención y la lucha contra el acoso sexual en la sociedad;

X.

Considerando que, en ocasiones, se sigue cuestionando la legitimidad de la participación de las mujeres en la esfera política, y que son víctimas de estereotipos que las disuaden de implicarse en la política, un fenómeno que es particularmente evidente allí donde están menos representadas;

Y.

Considerando que no todos los parlamentos nacionales y regionales ni tampoco todos los ayuntamientos disponen de estructuras específicas y normas internas que garanticen la existencia de canales adecuados para una presentación y tramitación seguras y confidenciales de las denuncias por acoso; que la formación en materia de acoso sexual y psicológico debe ser obligatoria para todo el personal y todos los diputados de los parlamentos, también del Parlamento Europeo;

Z.

Considerando que la violencia doméstica es también un problema en el lugar de trabajo, ya que puede repercutir en la participación de la víctima en el trabajo, en su rendimiento laboral y en su seguridad;

AA.

Considerando que el acoso sexual y psicológico no solo tiene lugar en el trabajo, sino también en espacios públicos como los entornos educativos formales e informales, los centros de atención sanitaria y de ocio, las calles y el transporte público;

AB.

Considerando que el acecho y el acoso cibernéticos implican el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para acechar, acosar, controlar o manipular a una persona; que el ciberacoso es un problema que afecta particularmente a las mujeres jóvenes, puesto que utilizan más este tipo de medios; que el 20 % de las jóvenes (entre 18 y 29 años) de la Europa de los Veintiocho han sido objeto de acoso cibernético;

AC.

Considerando que un estudio de 2016 indicaba que más de la mitad de las mujeres encuestadas habían sufrido alguna forma de acoso sexual en el lugar de trabajo en el Reino Unido, pero que cuatro de cada cinco de ellas no habían notificado el acoso a su empleador (20);

AD.

Considerando que las nuevas tecnologías pueden constituir también un aliado potencial para el análisis, la comprensión y la prevención de fenómenos violentos;

AE.

Considerando que las mujeres, en especial las jóvenes, son víctimas de acoso psicológico y sexual a través de las nuevas tecnologías, como las páginas web y las redes sociales, organizado a veces mediante foros secretos o grupos en las redes sociales; que tales actos incluyen amenazas de violación, amenazas de muerte, intentos de piratería informática y la publicación de información y fotos privadas; que, en el contexto del uso generalizado de los medios en línea y de las redes sociales, se estima que una de cada diez mujeres ya ha sufrido alguna forma de ciberviolencia, incluidos el acecho y el acoso cibernéticos, a los 15 años de edad; que las mujeres que desempeñan una función pública —las periodistas, entre otras— y, en particular, las mujeres LGBTI y las mujeres con discapacidad son un objetivo principal para el ciberacoso y la violencia en línea, y que, como resultado, algunas de ellas han tenido que abandonar las redes sociales tras experimentar temor físico, estrés, problemas de concentración, miedo a volver a casa y preocupación por sus seres queridos;

AF.

Considerando que la prevención del acoso en los entornos laborales solo puede conseguirse si las empresas, tanto públicas como privadas, crean una cultura en la que las mujeres sean tratadas como iguales y los empleados se traten unos a otros con respeto;

AG.

Considerando que las investigaciones han demostrado que el acoso está muy extendido en los lugares de trabajo en los que los hombres copan los puestos directivos y las mujeres tienen poco poder, como en las industrias del entretenimiento y los medios de comunicación, pero que también se produce en las empresas tecnológicas y los bufetes de abogados, en el sector de ventas y en otros muchos sectores si los equipos directivos en los que preponderan los hombres toleran el tratamiento sexualizado de los trabajadores; que en las empresas con más mujeres en puestos directivos se produce menos acoso sexual;

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 21, 1 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, de 2003,

—

Vista la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (1),

—

Vista la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público (2),

—

Vista la Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público (3),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 21 de noviembre de 2008, relativa a una estrategia europea en favor del multilingüismo (2008/C 320/01), (4)

—

Vista la Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 2013, por la que se establece el Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y se derogan las Decisiones 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE y 2006/975/CE (5),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Unión en 2010,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de septiembre de 2008, titulada «Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido»(COM(2008)0566),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa»(COM(2010)0245),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2012, titulada «Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea»(COM(2011)0942),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa»(COM(2015)0192),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Agenda Digital para Europa»(COM(2010)0245) (6),

—

Vista la Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 32.a sesión en París, el 15 de octubre de 2003,

—

Visto el informe Eurobarómetro especial 386 titulado «Los europeos y sus lenguas»publicado en junio de 2012,

—

Vistas las Conclusiones de 1a Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 (SN 100/1/02 REV 1),

—

Vista su Resolución, de 17 de junio de 1988, sobre lenguajes gestuales para sordos (7),

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Vistas su Resolución, de 14 de enero de 2004, sobre la preservación y el fomento de la diversidad cultural: el cometido de las regiones europeas y organizaciones internacionales como la Unesco y el Consejo de Europa (8), y su Resolución, de 4 de septiembre de 2003, sobre las lenguas europeas regionales y menos difundidas - las lenguas de las minorías en la Unión Europea en el contexto de la ampliación y la diversidad cultural (9),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido (10),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea (11),

—

Vista suResolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión (12),

—

Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) y la Unidad de Prospectiva Científica (STOA) titulado «La igualdad lingüística en la era digital: hacia un proyecto de lenguaje humano», publicado en marzo de 2017,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

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Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0228/2018),

A.

Considerando que las tecnologías del lenguaje pueden facilitar la comunicación para las personas con discapacidades auditivas y visuales y las disléxicas, y que, a efectos del presente informe, por «tecnología del lenguaje»se entienden las tecnologías al servicio no solo de las lenguas habladas sino también de las de signos, habida cuenta de que estas últimas son un importante elemento de la diversidad lingüística de Europa;

B.

Considerando que el desarrollo de las tecnologías del lenguaje abarca numerosos ámbitos y disciplinas de investigación, incluidas la lingüística computacional, la inteligencia artificial, la informática y la lingüística (con aplicaciones como el tratamiento del lenguaje natural, el análisis de texto, la tecnología de voz y la minería de datos, entre otras);

C.

Considerando que, de acuerdo con el Eurobarómetro especial 386 titulado «Los europeos y sus lenguas», por encima de la mitad de los europeos (54 %) pueden mantener una conversación en otra lengua, un cuarto de ellos (25 %) saben hablar como mínimo dos lenguas más y uno de cada diez (10 %) son competentes en tres lenguas como mínimo;

D.

Considerando que en la Unión Europea existen 24 lenguas oficiales y más de 60 otras lenguas nacionales y regionales, además de las lenguas de los migrantes y, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), las diferentes lenguas de signos reconocidas por los Estados; que el multilingüismo representa uno de los principales activos de la diversidad cultural de Europa y, al mismo tiempo, uno de los desafíos más importantes para la creación de una Unión verdaderamente integrada;

E.

Considerando que ayudar a las comunidades locales, como las indígenas, rurales o remotas, a superar los obstáculos geográficos, sociales y económicos relativos al acceso a la banda ancha es un requisito esencial para conseguir una política de la Unión eficiente en materia de multilingüismo;

F.

Considerando que el multilingüismo entra en el ámbito de actuaciones de diversas políticas de la Unión, entre las cuales la cultura, la educación, la economía, el mercado único digital, el aprendizaje permanente, el empleo, la integración social, la competitividad, la juventud, la sociedad civil, la movilidad, la investigación y los medios de comunicación; que es necesario prestar mayor atención a la eliminación de los obstáculos al diálogo intercultural e interlingüístico y al fomento del entendimiento mutuo;

G.

Considerando que la Comisión reconoce que el mercado único digital ha de ser multilingüe; que no se ha propuesto ninguna política común de la Unión para abordar el problema de las barreras lingüísticas;

H.

Considerando que las tecnologías del lenguaje se utilizan en prácticamente todos los productos y servicios digitales cotidianos, dado que la mayoría de ellos se sirven del lenguaje en cierta medida (sobre todo en los productos relacionados con internet, como los motores de búsqueda, las redes sociales y los servicios de comercio electrónico); que el uso de estas tecnologías repercute asimismo en sectores de crucial importancia para el bienestar cotidiano de los ciudadanos europeos, como la educación, la cultura y la salud

I.

Considerando que el comercio electrónico transfronterizo es muy escaso, dado que solo el 16 % de los ciudadanos europeos realizaron compras en línea a otros países de la Unión en 2015; que las tecnologías del lenguaje pueden contribuir al futuro de Europa en lo que respecta a la comunicación transfronteriza e interlingüística, al crecimiento económico y a la estabilidad social y reducir los obstáculos naturales, respetando y promoviendo al mismo tiempo la cohesión y la convergencia y reforzando la competitividad de la Unión en todo el mundo;

J.

Considerando que el desarrollo tecnológico se basa cada vez más en el lenguaje y tiene consecuencias para el crecimiento y para la sociedad; que existe una necesidad urgente de más políticas sensibles a las lenguas y de una investigación no solo tecnológica sino también realmente multidisciplinar, así como una educación en comunicación digital y tecnologías del lenguaje y su relación con el crecimiento y la sociedad;

K.

Considerando que cumplir el objetivo de Barcelona de hacer que los ciudadanos puedan comunicarse en su lengua materna y en otras dos lenguas otorgaría a las personas más oportunidades de acceder al contenido cultural, educativo y científico en formato digital y participar como ciudadanos, así como de acceder al mercado único digital; que los medios e instrumentos adicionales, especialmente los ofrecidos por las tecnologías lingüísticas son fundamentales para gestionar adecuadamente el multilingüismo europeo y promover el plurilingüismo de las personas;

L.

Considerando que se han hecho importantes progresos en el ámbito de la inteligencia artificial y que el ritmo de desarrollo en materia de tecnologías del lenguaje digital ha sido muy rápido; que la inteligencia artificial centrada en el lenguaje ofrece nuevas oportunidades para la comunicación digital, la comunicación mejorada digitalmente, la comunicación habilitada a través de la tecnología, y la cooperación, en todas las lenguas europeas (y más allá), brindando a los hablantes de lenguas diferentes un acceso igualitario a la información y al conocimiento y mejorando las funcionalidades de las tecnologías de la información en red;

M.

Considerando que los valores comunes europeos de cooperación, solidaridad, igualdad, reconocimiento y respeto han de entenderse en el sentido de que todos los ciudadanos tengan un acceso pleno y equitativo a las tecnologías digitales, lo que no solo mejoraría la cohesión y el bienestar europeos, sino que además haría posible el mercado único digital multilingüe;

N.

Considerando que la disponibilidad de herramientas tecnológicas como videojuegos o aplicaciones educativas en lenguas minoritarias y menos usadas es esencial para desarrollar las capacidades lingüísticas, sobre todo en el caso de los niños;

O.

Considerando que los hablantes de lenguas europeas menos habladas necesitan poder expresarse de forma relevante desde un punto de vista cultural y crear su propio contenido cultural en lenguas locales;

P.

Considerando que la aparición de métodos como el aprendizaje profundo, basados en una mayor potencia computacional y en el acceso a cantidades ingentes de datos, están convirtiendo las tecnologías del lenguaje en una solución real para la superación de las barreras lingüísticas;

Q.

Considerando que las barreras lingüísticas influyen considerablemente en la construcción de la identidad europea y en el futuro del proceso de integración europeo; que las decisiones y las políticas de la Unión deben comunicarse a sus ciudadanos en su lengua materna tanto en internet como en los demás medios;

R.

Considerando que el lenguaje constituye una muy gran parte del acervo de macrodatos, el cual va en constante aumento;

S.

Considerando que una enorme cantidad de datos está expresada en lenguajes humanos; que el dominio de las tecnologías del lenguaje podría hacer posible una amplia gama de servicios y productos informáticos innovadores en la industria, el comercio, el gobierno, la investigación, los servicios públicos y la administración. reduciendo las barreras y los costes de mercado;

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Vistos el Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT) (septiembre de 2001) y los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT con terceros países,

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 208,

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Visto el Reglamento (UE) n.o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (1) (Reglamento sobre la madera),

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Vista la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de 2011,

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Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para el período 2015-2030,

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Visto el Acuerdo de París, alcanzado en la 21.a Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21),

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Visto el informe final del estudio de la Comisión titulado «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation» (El impacto del consumo de la Unión sobre la deforestación: análisis global del impacto del consumo de la Unión sobre la deforestación) (2013),

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Visto el proyecto de estudio de viabilidad sobre las opciones para impulsar la acción de la Unión contra la deforestación, encargado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (2017),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, titulada «Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad» (COM(2008)0645),

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Visto el Foro de Bienes de Consumo de 2010, una red mundial de minoristas, fabricantes y prestadores de servicios, que adoptó el objetivo de lograr para 2020 una deforestación neta cero en las cadenas de suministro de sus miembros,

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Visto el Desafío de Bonn de 2011, un esfuerzo mundial para lograr para 2020 la restauración de 150 millones de hectáreas de suelo deforestado y degradado en el mundo y, para 2030, la restauración de 350 millones de hectáreas,

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Vista la Alianza Forestal Tropical 2020,

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Vista la Declaración de Nueva York sobre los bosques y el plan de acción de 2014,

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Vistas las Conclusiones del Consejo de 2016 sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales,

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Vista la Declaración de Ámsterdam titulada «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (Hacia la eliminación de la deforestación de las cadenas de productos básicos agrícolas con los países europeos), de diciembre de 2015,

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Vista la estrategia «Comercio para todos» de la Comisión (2015),

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Visto el mecanismo del Programa de las Naciones Unidas de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+),

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Visto el Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030, que establece seis objetivos forestales mundiales y veintiséis metas forestales relacionadas con ellos que habrán de alcanzarse en 2030,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, aprobada el 17 de junio de 1994,

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Visto el desarrollo, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de plataformas de productos básicos sostenibles nacionales,

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Visto el mecanismo de cooperación bilateral sobre la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales con China (2009),

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966,

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Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969,

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Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1987,

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Visto el Convenio n.o 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989,

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Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2007,

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Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de 2012,

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Vistos los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de la FAO, de 2014,

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Visto el informe Planetary Boundaries más reciente,

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Vista la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de 1973,

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Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, su Protocolo anejo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y su Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, de 2010,

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Visto el informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles,

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Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011, y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas en 2011,

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Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales (2),

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Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países (3),

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Vista la declaración de los representantes de la sociedad civil sobre el papel de la Unión en la protección de los bosques, de abril de 2018,

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Visto el programa mundial de lucha contra los delitos de vida silvestre y forestales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales (4),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0249/2018),

A.

Considerando que los bosques con diversidad biológica contribuyen significativamente a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo, así como a la conservación de la biodiversidad;

B.

Considerando que 300 millones de personas viven en los bosques y 1 600 millones dependen directamente de ellos para su subsistencia, incluidos más de 2 000 grupos indígenas; que los bosques desempeñan una función primordial en el desarrollo de la economía local; que los bosques albergan aproximadamente el 80 % de todas las especies terrestres, por lo que constituyen una reserva importante de biodiversidad; que, según la FAO, cada año se pierden alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque;

C.

Considerando que la deforestación y la degradación de los bosques se produce principalmente en el hemisferio Sur y en los bosques tropicales;

D.

Considerando que los bosques previenen la degradación de las tierras y la desertificación, con la consiguiente reducción del riesgo de inundaciones, corrimientos de tierras y sequías;

E.

Considerando que los bosques son fundamentales para lograr una agricultura sostenible y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición;

F.

Considerando que los bosques también prestan servicios ecosistémicos esenciales que contribuyen a una agricultura sostenible regulando las corrientes de agua, estabilizando los suelos y preservando su fertilidad, regulando el clima y ofreciendo un hábitat viable para los polinizadores silvestres y los depredadores de plagas agrícolas;

G.

Considerando que los productos forestales representan el 1 % del PIB mundial;

H.

Considerando que la restauración forestal es una de las estrategias indispensables para limitar el calentamiento global a 1,5 °C; que todos los gobiernos deben asumir su responsabilidad y adoptar medidas para reducir los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio;

I.

Considerando que la deforestación y la degradación de los bosques son la segunda causa de origen humano de las emisiones de carbono y son responsables de casi el 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero;

J.

Considerando que la leña sigue siendo el producto forestal más importante en los países en desarrollo y la fuente de energía más importante en numerosos países de África y Asia; que, en África subsahariana, cuatro de cada cinco personas siguen utilizando leña para cocinar;

K.

Considerando que las selvas vírgenes son ricas en biodiversidad y almacenan entre un 30 y un 70 % más de carbono que los bosques talados o degradados;

L.

Considerando que es fundamental disponer de información clara, coherente y actualizada sobre la cubierta forestal para un seguimiento y un control del cumplimiento eficaces;

M.

Considerando que, aunque los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT han demostrado su eficacia a la hora de contribuir a mejorar la gobernanza de los bosques, aún siguen teniendo muchos defectos;

N.

Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT se centran en la explotación forestal industrial, mientras que la tala ilegal proviene, en su inmensa mayoría, de la explotación forestal artesanal y la madera de las explotaciones agrícolas;

O.

Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT ofrecen una definición demasiado restrictiva de la «legalidad», dejando fuera en algunos casos cuestiones fundamentales relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos de la población local;

P.

Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT, el REDD+ y la certificación han sido hasta ahora iniciativas separadas, y que deberían coordinarse mejor;

Q.

Considerando que la aplicación de los objetivos FLEGT depende en gran medida de los principales países productores, transformadores y comerciantes, como China, Rusia, India, Corea del Sur y Japón, así como de su compromiso en la lucha contra la tala ilegal y el comercio de productos de la madera ilegales; que los diálogos políticos bilaterales entablados con estos socios han tenido hasta la fecha unos resultados limitados;

R.

Considerando que el Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera (EUTR) tiene como objetivo garantizar que no se comercialice madera ilegal en el mercado de la Unión; que una revisión de este Reglamento llevada a cabo en 2016 concluyó que su aplicación y ejecución eran incompletas; que a principios de este año se puso en marcha una consulta pública sobre la posible revisión del ámbito de aplicación del reglamento;

S.

Considerando que las zonas protegidas deben ocupar un lugar central en todo enfoque estratégico que persiga la conservación de la naturaleza; que deben actuar como polos de desarrollo económico seguros e inclusivos, basados en la agricultura sostenible, la energía, la cultura y el turismo, e inducir el desarrollo de una buena gobernanza;

T.

Considerando la importancia de las asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo sostenible de los parques en el África Subsahariana, respetando los derechos de las comunidades forestales;

U.

Considerando que la corrupción y la debilidad de las instituciones son obstáculos importantes para la protección y la preservación de los bosques; que un informe conjunto de 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de Interpol (5) identifica los delitos forestales como uno de los cinco retos más destacados para la consecución de los ODS y afirma que la tala ilegal representa entre un 15 y un 30 % del comercio legal mundial; que, según el Banco Mundial, se calcula que los países afectados pierden cada año 15 000 millones USD debido a la tala y al comercio ilegales de madera;

V.

Considerando que los delitos forestales pueden adoptar distintas formas, en particular la explotación ilegal de especies de madera amenazadas de alto valor (mencionadas en la CITES); la tala ilegal de madera para materiales de construcción y muebles; y la tala ilegal y el blanqueo de madera a través de plantaciones y empresas agrícolas fantasma para suministrar pasta de papel a la industria papelera, así como el aprovechamiento de las importantes lagunas que existen en la reglamentación del comercio de la leña y el carbón vegetal para ocultar la tala ilegal dentro y fuera de las zonas protegidas;

W.

Considerando que la urbanización, la mala gobernanza, la deforestación a gran escala en favor de la agricultura, la minería y el desarrollo de infraestructuras está provocando graves violaciones de los derechos humanos, con consecuencias devastadoras para las poblaciones y comunidades locales que viven de los bosques, como acaparamiento de tierras, desalojos forzosos, acoso policial, detenciones arbitrarias, y criminalización de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y activistas;

X.

Considerando que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas fija el objetivo de detener e invertir la deforestación y la degradación forestal para 2020; que este compromiso se reitera en el Acuerdo de París sobre cambio climático y no debería aplazarse;

Y.

Considerando que el ODS 15 menciona de forma explícita la necesidad de una buena gestión forestal, y que los bosques pueden contribuir a la consecución de otros muchos ODS;

Z.

Considerando que el REDD+ ha aportado beneficios medioambientales y sociales a muchos países en desarrollo, desde la preservación de la biodiversidad hasta el desarrollo rural y la mejora de la gobernanza de los bosques; que, no obstante, ha sido objeto de críticas por presionar a las comunidades forestales;

AA.

Considerando que hay cada vez más pruebas de que el hecho de garantizar los derechos de tenencia comunitarios se traduce en una reducción de la deforestación y una gestión más sostenible de los bosques;

AB.

Considerando que la agricultura es responsable del 80 % de la deforestación en el mundo; que la ganadería y las grandes plantaciones de soja y aceite de palma, en particular, son importantes factores de deforestación, sobre todo en los países tropicales, debido a la creciente demanda de estos productos en los países desarrollados y en las economías emergentes y a la expansión de la agricultura industrial en el mundo; que un estudio de la Comisión Europea de 2013 constató que la UE-27 había sido el mayor importador neto mundial de productos derivados de la deforestación (entre 1990 y 2008); que, por lo tanto, la Unión desempeña un importante papel en la lucha contra la deforestación y degradación forestal, en especial en lo que se refiere a sus requisitos de demanda y debida diligencia en relación con los productos agrícolas;

AC.

Considerando que la expansión de la soja ha generado problemas sociales y medioambientales, como la erosión de los suelos, el agotamiento del agua, la contaminación por plaguicidas y el desplazamiento forzoso de la población; que las comunidades indígenas se encuentran entre las más afectadas;

AD.

Considerando que la expansión de las plantaciones de aceite de palma ha provocado una destrucción masiva de los bosques, así como conflictos sociales que enfrentan a las empresas que gestionan las plantaciones con los grupos indígenas y las comunidades locales;

AE.

Considerando que en los últimos años el sector privado ha demostrado un compromiso cada vez mayor con la protección de los bosques y que más de 400 empresas se han comprometido a eliminar la deforestación de sus productos y cadenas de suministro, de conformidad con la Declaración de Nueva York sobre los bosques, centrándose en particular en productos como el aceite de palma, la soja, la carne de vacuno y la madera; que, pese a ello, las medidas públicas dirigidas a los productos agrícolas siguen siendo relativamente infrecuentes;

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