Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategias macrorregionales según el ejemplo de la región del Danubio: un marco de apoyo a las agrupaciones empresariales transnacionales

(2019/C 404/01)

Ponente	:	Dainis TURLAIS (LV/ALDE), concejal de Riga
Documento de referencia	:	Documento de referencia: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE COM(2019) 21 final

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

acoge con satisfacción la solicitud de la Presidencia rumana al Comité Europeo de las Regiones para que elabore un dictamen sobre la competitividad y la política industrial de la Unión Europea, entre cuyos objetivos se cuenta el desarrollo de agrupaciones empresariales transnacionales para impulsar la convergencia económica a escala macrorregional (por ejemplo, en la región del Danubio);

2.

acoge favorablemente el segundo informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE (1), que evalúa la aplicación de las cuatro estrategias macrorregionales, que tienen por objetivo promover el desarrollo económico, y examina la evolución de estas estrategias con vistas al posible marco presupuestario de la UE después de 2020. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al informe presenta evaluaciones detalladas de cada estrategia macrorregional (2);

3.

celebra que el informe de la Comisión Europea señale logros concretos en los ámbitos del medio ambiente, el cambio climático, la investigación, la innovación, el desarrollo económico y la conectividad. Al mismo tiempo, la Comisión hace acertada referencia a los problemas que afrontan los responsables de la aplicación de las estrategias macrorregionales: distintos niveles de capacidad administrativa y de desarrollo económico y problemas en la gobernanza multinivel y en la captación de capital;

4.

acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 21 de mayo de 2019, sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE (3), en las que se pide a los países participantes que refuercen la apropiación y el apoyo político a nivel nacional, fomentando al mismo tiempo la participación de las partes interesadas locales y regionales; subraya asimismo la importancia de seguir utilizando las estrategias macrorregionales como marco estratégico para promover una mayor coherencia y sinergia en la ejecución de las políticas, los programas y los fondos de la UE;

5.

hace hincapié en que la coordinación a escala macrorregional y nacional no es el único factor esencial para la gobernanza multinivel. Aún más importante es la participación directa de los representantes de las ciudades y las regiones;

6.

reitera que las estrategias macrorregionales surgen de una visión genuina y profundamente europea (4) y celebra la declaración de la Comisión en el informe en el sentido de que las estrategias macrorregionales ofrecen un gran potencial y fomentan la cooperación de una manera única e innovadora tanto dentro de la UE como entre la Unión y sus países vecinos. El Comité reitera la necesidad de que la UE asuma una visión transfronteriza del desarrollo territorial (5);

7.

señala que aún no se ha conseguido el objetivo de cohesión económica, social y territorial consagrado en el Tratado de Lisboa. El crecimiento económico y el consiguiente aumento del bienestar de los ciudadanos confiere fuerza real a la UE. Al aprovechar el potencial de todos los niveles de gobierno de la UE para promover el crecimiento económico, las estrategias macrorregionales pueden ayudar de manera significativa a igualar, en un plazo razonable, el nivel de vida de los habitantes de zonas vecinas, contribuyendo así a conseguir el objetivo de cohesión establecido en el contrato marco. Mejorar el bienestar de los ciudadanos debe ser el tema central de cualquier documento de orientación;

8.

reitera que las estrategias macrorregionales se han convertido en un excelente instrumento de coordinación territorial de enfoque ascendente con el que es posible «hacer un uso más eficaz del potencial compartido de las macrorregiones» (6). Estas estrategias ofrecen oportunidades para aplicar una verdadera gobernanza multinivel que no cree nuevas estructuras burocráticas y reduzca la brecha entre las políticas europeas y las políticas locales gracias a la participación directa de los representantes de ciudades y regiones;

9.

acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión en materia de política de agrupaciones empresariales y pide que se forje un vínculo mucho más estrecho entre esta política y las estrategias macrorregionales. Esto contribuiría al crecimiento económico y a la consecución de los objetivos de cohesión, ya que el principal motivo de la mencionada política es reforzar las ventajas competitivas regionales. Las agrupaciones ya han aportado una contribución real y muy positiva a la aplicación de las estrategias macrorregionales. Por ejemplo, el proyecto «DanuBioValNet» (7) crea nuevas cadenas de valor de los productos biológicos en la región del Danubio. Las estrategias macrorregionales fomentan la creación de agrupaciones, pero no se limitan exclusivamente al territorio que abarca una estrategia macrorregional;

10.

remite a su Dictamen «Aplicación de las estrategias macrorregionales» (8), que apoya el principio de los «tres síes» para mejorar el funcionamiento de las estrategias macrorregionales: «El CDR dice sí a la mejora de las sinergias mediante instrumentos de financiación, sí a una mejor integración de las estructuras existentes en las estrategias macrorregionales y sí a una mejor aplicación de las normas existentes». El Comité lamenta que la Comisión Europea no haya tenido en cuenta esta propuesta;

11.

comparte plenamente la opinión de la Presidencia italiana sobre la Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina, según la cual la integración de las estrategias macrorregionales de la UE en el marco jurídico de la política de cohesión para el período 2021-2027 sería un paso beneficioso para todos, ya que reforzaría estas estrategias y contribuiría a mejorar la cohesión territorial de la Unión;

12.

se declara abierto a una iniciativa —elaborada y apoyada conjuntamente por varios Estados miembros y regiones— para poner en marcha una nueva estrategia macrorregional que sirva para afrontar desafíos comunes en un espacio geográfico definido. Al evaluar la configuración de una nueva estrategia macrorregional hay que tener en cuenta que no debe entorpecer la capacidad de funcionamiento de las estrategias macrorregionales que ya existen;

13.

apoya la iniciativa de crear una estrategia de la UE para la región de los Cárpatos, que constituiría un marco permanente para la cooperación entre países, regiones y comunidades de los Cárpatos. La elaboración de un documento estratégico sobre la región de los Cárpatos, por una parte, se centrará en los problemas que afronta la macrorregión y, por otra, creará oportunidades para el potencial específico cultural y medioambiental de los Estados de los Cárpatos. La participación de los numerosos agentes que representan a los niveles local, regional, nacional y europeo debería ponerse de relieve en el proceso de elaboración de esta estrategia, que se ve reflejada, entre otras cosas, en las actividades del Grupo Interregional de los Cárpatos en el seno del Comité Europeo de las Regiones;

14.

apoya la reflexión de las regiones y Estados atlánticos, actualmente participantes en la estrategia de cuenca marítima atlántica, de avanzar hacia la constitución de una estrategia macrorregional basada en la cooperación existente entre los interlocutores atlánticos desde hace décadas. Una Estrategia Macrorregional para la Región del Atlántico vendría a complementar la actual estrategia marítima, dotándola de una dimensión política y una gobernanza multinivel que pudiera incluir estados y regiones terceros, ampliando su ámbito de actuación a cuestiones territoriales e impulsando una mayor coherencia entre las prioridades temáticas y los instrumentos de financiación existentes. El núcleo de la estrategia macrorregional se centraría en el ámbito marítimo como, por ejemplo, las energías oceánicas, identificadas como prioritarias para las partes interesadas atlánticas, y también en ámbitos tan relevantes como el empleo o la formación;

Financiación y gobernanza

15.

destaca la necesidad de seguir integrando las estrategias macrorregionales y sectoriales de la UE (como Horizonte 2020, Erasmus+, Europa Creativa, el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), LIFE, el Mecanismo «Conectar Europa» y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas) con el fin de crear sinergias para la resolución conjunta de las cuestiones prioritarias;

16.

acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Europea por garantizar mejores sinergias con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional mediante su propuesta legislativa sobre la cooperación territorial europea (9). No obstante, observa que estos ajustes solo cubren una proporción muy pequeña de la financiación de la UE;

17.

respalda la recomendación de la Comisión de que, antes de celebrar acuerdos de asociación, se coordinen las actividades de las autoridades nacionales de programación competentes y de los principales agentes de las estrategias macrorregionales a fin de garantizar una mayor armonización de las prioridades mencionadas en las estrategias macrorregionales y los fondos de la UE. Los países y las regiones que participan en las estrategias macrorregionales deben acordar conjuntamente las prioridades de estas estrategias mediante un enfoque ascendente;

18.

pide a la Comisión que garantice la coordinación no solo dentro de los países y entre ellos, sino también en el tercer nivel, a escala europea. Las estrategias macrorregionales abarcan una amplia gama de ámbitos políticos y su evolución no va asociada exclusivamente a la política de cooperación territorial de la UE. Por consiguiente, las estrategias políticas de financiación de las estrategias macrorregionales no van siempre por la misma vía. A fin de garantizar un enfoque verdaderamente multinivel, las estrategias macrorregionales deberían aplicarse también en ámbitos bajo la responsabilidad directa de la Comisión, garantizando al mismo tiempo que el trabajo de las diferentes direcciones generales de la Comisión se integre en cada estrategia macrorregional;

19.

considera que la red de autoridades nacionales, que desde 2016 gestiona la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la región del mar Báltico, es un buen ejemplo de una coordinación de enfoque ascendente que podría fomentarse en otros ámbitos políticos sectoriales y otras zonas geográficas;

20.

coincide plenamente con la Comisión Europea en que el éxito de las estrategias macrorregionales depende del compromiso de los Estados miembros y las regiones. Estas estrategias no desplegarán su potencial y no podrán aplicarse de manera efectiva si los Estados miembros y las regiones no reciben los recursos financieros y humanos necesarios;

21.

destaca que las estrategias macrorregionales ayudan a coordinar el trabajo y las experiencias de las instituciones existentes y hacen más eficaz el uso de los recursos financieros disponibles, demostrando así su importancia a la hora de promover y mejorar el respeto del principio de la gobernanza multinivel en la ejecución de los proyectos de la UE;

Retirada del Reino Unido de la Unión Europea

22.

reitera su posición, en particular en el contexto de la retirada del Reino Unido de la UE, de que las estrategias macrorregionales también pueden apoyar el desarrollo integrado más allá de las fronteras de la Unión. Por lo tanto, propone que se estudie la manera en que las estrategias macrorregionales podrían contribuir a configurar las futuras relaciones entre el Reino Unido y la UE y pide a ambas partes que asocien estrechamente a los entes locales y regionales a los debates futuros sobre esta cuestión;

23.

señala que el CDR reconoce que las nuevas estrategias macrorregionales —en las que podrían participar las regiones del Reino Unido y de la UE— sería un instrumento importante para garantizar una programación, una coordinación y una cooperación sostenibles y conjuntas entre las ciudades y las regiones del Reino Unido y la UE en el futuro. El CDR pide que las ciudades y regiones participen activamente en la configuración de esta cooperación;

Agrupaciones empresariales

24.

señala que en un mundo en el que la competencia global ya no es simplemente una competencia entre empresas, sino también entre regiones, las agrupaciones empresariales, como centros de concentración de competencias, desempeñan un papel importante en la prosperidad, competitividad y desarrollo económico de las regiones, contribuyendo así a la cohesión territorial;

25.

recuerda que las agrupaciones son importantes motores de la innovación, ya que son igualmente interesantes para los inversores e innovadores y conectan a empresas, autoridades locales, instituciones de investigación y formación; destaca la importancia que reviste la participación de las agrupaciones en el desarrollo de estrategias de especialización inteligente, en particular en las plataformas temáticas S3 promovidas por la Comisión Europea. Las estrategias macrorregionales pueden proporcionar un impulso natural a un enfoque de agrupaciones; destaca la importancia de una armonización eficaz de las estrategias de especialización inteligente con las políticas regionales y nacionales con vistas a promover una cooperación interregional eficiente, mediante una mayor presencia de agrupaciones y un mejor acceso a las fuentes de financiación, a fin de promover el valor añadido de las estrategias macrorregionales con vistas al desarrollo armonioso de las zonas afectadas; reitera la necesidad de garantizar formas sostenibles de financiación para reforzar las iniciativas de las agrupaciones al aplicar las estrategias de especialización inteligente en el marco de la cooperación interregional y transnacional;

26.

señala que la cooperación entre agrupaciones es una herramienta prometedora para mejorar la capacidad de innovación de las regiones y que, por lo tanto, la cooperación transfronteriza o regional entre las organizaciones de agrupaciones no debe limitarse a Europa, sino que debe ser de carácter mundial y tender a convertirse en agrupaciones globales. Las estrategias macrorregionales entre regiones de la UE, Estados miembros y, en su caso, terceros países pueden ofrecer un marco adecuado para dicha cooperación;

27.

reitera las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 12 de marzo de 2018, en las que se pedía un mayor desarrollo de la política europea de agrupaciones empresariales, con el objetivo de conectar las agrupaciones empresariales regionales y convertirlas en agrupaciones transeuropeas de categoría mundial, basadas en principios de especialización inteligente, para apoyar el desarrollo de nuevas cadenas de valor en toda Europa. Así pues, en el próximo presupuesto de Interreg deberá garantizarse la financiación de la cooperación en especialización inteligente en toda la UE;

28.

acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 21 de mayo de 2019, sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE (10), en las que se invita a aprovechar los vínculos entre las estrategias de especialización inteligente y las agrupaciones con el fin de conectar mejor los ecosistemas y las políticas industriales y de innovación en el marco de las estrategias macrorregionales;

29.

por ello, pide a la Comisión Europea que adopte medidas para seguir fomentando las agrupaciones empresariales y su cooperación, en particular reforzando su dimensión regional; además, un enfoque territorial y regional debería garantizar una mayor coherencia y sinergias en el marco de la política de agrupaciones empresariales;

30.

considera que las estrategias macrorregionales pueden contribuir a crear un entorno favorable para las agrupaciones empresariales, lo que permitirá que las administraciones públicas, en particular los entes locales y regionales, las universidades, los centros de investigación y las empresas actúen de manera coordinada. Las agrupaciones empresariales transfronterizas promueven de forma natural la cooperación entre distintos socios más allá de las fronteras geográficas y sectoriales;

31.

pide a la UE que siga fomentando la cooperación transfronteriza en el marco de su política de agrupaciones empresariales, por ejemplo, apoyando la búsqueda de socios internacionales para las agrupaciones (y sus miembros) y proporcionando financiación a pequeña escala para ensayar y seguir desarrollando la cooperación entre agrupaciones. Este enfoque se ha aplicado con éxito, por ejemplo, en el proyecto «Innovation Express» para la región del mar Báltico (11);

Una estrategia de la UE para la región del Danubio

32.

constata que la región del Danubio se caracteriza por grandes disparidades en términos de innovación, ya que algunas regiones se encuentran entre las mejor situadas de la UE y otras están rezagadas. Esto se debe a las desiguales condiciones marco y a la variada gama de prácticas de gobernanza en materia de investigación e inversión. En este contexto, el Comité aboga por coordinar mejor las políticas públicas pertinentes y fomentar unas inversiones más inteligentes y específicas, también en el marco de los programas de la UE;

33.

señala que el crecimiento relativamente sólido de las pymes es uno de los factores más importantes para la competitividad de la macrorregión del Danubio. Dado que las agrupaciones empresariales suelen centrarse en las pymes y que existe una correlación estrecha y positiva entre los resultados de la innovación regional y la competitividad regional, esto podría brindar a la región la oportunidad de mejorar su competitividad;

34.

señala que es necesario un enfoque más activo a escala macrorregional para mejorar la competitividad y que es preciso reforzar el marco para el desarrollo futuro de las agrupaciones empresariales, incluso si ya se están llevando a cabo varios proyectos e iniciativas macrorregionales prometedores. Pide a la Comisión Europea y a las autoridades responsables de llevar a cabo la estrategia macrorregional que no solo supervisen y evalúen los avances y resultados de la aplicación de estas iniciativas, sino que también extraigan conclusiones, compartan experiencias y ofrezcan nuevos mecanismos para impulsar el crecimiento y la competitividad a escala macrorregional;

35.

insta a considerar la posibilidad de desarrollar una estrategia de especialización inteligente para la macrorregión del Danubio, teniendo en cuenta las ventajas y necesidades específicas de la región, por ejemplo, el crecimiento relativamente sólido de las pymes;

36.

pide que se emprenda un intercambio sistemático de experiencias, información y datos con otras estrategias macrorregionales con el fin de desarrollar la competitividad de las macrorregiones, centrándose en la economía ecológica, el sector de la innovación y la creación de nuevas oportunidades de empleo;

37.

destaca que las agrupaciones empresariales también desempeñan un papel importante en el enfoque de la «triple hélice» de cooperación entre universidades, autoridades públicas y sector privado. Debido a su proximidad a los mercados locales y su conocimiento de las necesidades locales, son instrumentos adecuados para poner en práctica la idea básica de adoptar medidas específicas para cada lugar, combinadas con un enfoque ascendente;

Conclusiones

38.

subraya la necesidad de apoyar toda iniciativa que refuerce la unidad, la cooperación, la integración, la seguridad, la igualdad social y la verdadera cohesión de la Unión Europea. Las estrategias macrorregionales pueden desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que el nivel de vida de las zonas vecinas se iguale en un plazo razonable;

39.

las estrategias macrorregionales se caracterizan por una visión profundamente europea, que ofrece un gran potencial y fomenta la cooperación concreta de manera innovadora con el fin de alcanzar objetivos comunes importantes para los ciudadanos, independientemente del país o la región en que vivan;

40.

las estrategias macrorregionales hacen posible una verdadera gobernanza multinivel, desde los entes locales hasta la Comisión Europea; no se crean nuevas estructuras burocráticas y se reduce la brecha entre las políticas europeas y las políticas locales. La interacción entre la política de agrupaciones empresariales y las estrategias macrorregionales puede contribuir a acelerar la consecución del objetivo de cohesión económica, social y territorial consagrado en el Tratado de Lisboa.

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(1)  COM(2019) 21 final.

(2)  SWD(2019) 6 final.

(3)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9895-2019-INIT/es/pdf

(4)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Aplicación de las estrategias macrorregionales» (COR-2017-02554).

(5)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Una visión territorial para 2050: ¿cuál es el futuro?» (COR-2015-04285).

(6)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Aplicación de las estrategias macrorregionales» (COR-2017-02554).

(7)  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet.

(8)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Aplicación de las estrategias macrorregionales» (COR-2017-02554).

(9)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior, COM(2018) 374 final, artículo 15, apartado 3.

(10)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9895-2019-INIT/es/pdf

(11)  http://www.bsr-stars.eu/innovation-express/

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia una toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la UE

(2019/C 404/02)

Ponente	:	Christophe ROUILLON (FR/PSE), alcalde de Coulaines
Documento de referencia	:	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo: Hacia una toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la UE, 15 de enero de 2019 COM(2019) 8 final

I. RECOMENDACIONES POLITICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

coincide con la Comisión en que la globalización, la digitalización y el desarrollo de la economía de los servicios imprimen un ritmo de cambios muy dinámico a la fiscalidad;

2.

recuerda que ya ha alentado a la Comisión a recurrir a la cláusula pasarela para aplicar la votación por mayoría cualificada, en particular en el ámbito de la fiscalidad (1). Acoge con satisfacción, en este contexto, la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales (informe de la Comisión TAX3), que pide a la Comisión que recurra, en su caso, al procedimiento previsto en el artículo 116 del TFUE;

3.

subraya que, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del TFUE, el mercado interior es un ámbito de competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros y que el artículo 113 del TFUE prevé mecanismos que permitan la armonización de la legislación relativa a las políticas fiscales entre los Estados miembros para garantizar el funcionamiento del mercado interior y evitar distorsiones de la competencia. Considera que la propuesta de introducir la votación por mayoría cualificada sobre esta base —que, con arreglo al compromiso de la Comisión, no debe interferir con las prerrogativas de los Estados miembros de fijar los tipos impositivos de sus impuestos directos, sobre las personas o las sociedades— debería ir acompañada de una mayor participación del Parlamento Europeo así como de los Parlamentos nacionales y regionales, dado que algunas regiones disponen de competencias legislativas en política fiscal;

4.

señala que la propuesta de la Comisión no pretende otorgar nuevas competencias a la Unión Europea. La Comisión tampoco propone interferir en las prerrogativas de los Estados miembros de fijar tipos impositivos directos sobre las personas o las sociedades;

5.

recuerda, asimismo, que la cooperación reforzada (artículos 326 a 334 del TFUE) puede aplicarse a las cuestiones fiscales y permite que un mínimo de nueve Estados miembros acuerden una legislación común, como en el caso del proyecto de impuesto sobre las transacciones financieras. No obstante, la cooperación reforzada solo debe ser una opción de último recurso una vez agotadas las posibilidades ofrecidas en el contexto del funcionamiento normal de las instituciones, ya que se trata de un enfoque que puede dar lugar a una fragmentación del mercado interior y se basa en un planteamiento esencialmente intergubernamental;

6.

se congratula de que, durante su actual mandato, la Comisión haya presentado 26 propuestas legislativas destinadas a reforzar la lucha contra la delincuencia financiera y la planificación fiscal agresiva (2), así como a aumentar la eficacia de la recaudación y la equidad fiscales; destaca que se han registrado algunos avances en el Consejo en lo que se refiere a las principales iniciativas sobre la reforma del impuesto de sociedades, que, sin embargo, aún no se han ultimado por completo;

7.

señala, asimismo, que una minoría de Estados miembros ha bloqueado en el Consejo iniciativas distintas de las relacionadas con la elusión fiscal, incluidas las propuestas relativas a un impuesto sobre las transacciones financieras presentadas en 2011 y a la tributación de los servicios digitales, que el CDR apoyó;

Fiscalidad y democracia europeas

8.

recuerda el vínculo intrínseco entre fiscalidad y democracia en la medida en que la historia de las democracias liberales está estrechamente ligada a la búsqueda del consentimiento de los contribuyentes al control democrático de los recursos y gastos fiscales, como ilustra el adagio «No taxation without representation» («no hay tributación sin representación»);

9.

señala que, según una reciente encuesta del Eurobarómetro (3), la lucha contra las prácticas fiscales abusivas es un ámbito de acción prioritario de la UE para tres cuartas partes de los encuestados; considera, por consiguiente, que la Comisión ha elegido el momento oportuno para publicar su propuesta con el fin de alimentar el debate democrático antes de las elecciones europeas; considera, por otra parte, que la Unión Europea podrá reprimir mejor el populismo antieuropeo si la política fiscal europea se gestiona de forma más transparente y democrática («Take back control», «recuperar el control»);

10.

señala que la elusión fiscal por parte de las empresas multinacionales sigue siendo un problema en la UE y considera que deben intensificarse las investigaciones individuales, ya que las irregularidades de una entidad no definen el comportamiento del colectivo;

El coste de la unanimidad en materia de fiscalidad

11.

señala que, en un marco económico común, hay que alcanzar un equilibrio entre, por una parte, la regulación de la competencia fiscal entre los Estados miembros —en ocasiones incluso en su seno— y, por otra, la necesidad de evitar que la soberanía fiscal nacional de un Estado miembro socave la de otro Estado miembro, por ejemplo, debido a la falta de determinación de la desviación máxima adecuada entre los tipos impositivos respectivos o a la existencia de regímenes fiscales agresivos. Las decisiones fiscales de un Estado miembro pueden de hecho afectar significativamente a los ingresos de los demás y a su margen de maniobra para tomar sus propias decisiones políticas. Además, la soberanía fiscal nacional se ve limitada a medida que la base tributaria se vuelve más móvil. El CDR considera preferible, por tanto, poner de relieve el concepto de soberanía fiscal compartida a escala europea;

12.

observa que, paralelamente al progreso de la integración europea y a la transformación significativa y rápida de la economía, ha surgido un desequilibrio en la integración, con la libre circulación de capitales y servicios dentro de la UE, mientras que los Estados miembros establecen sus normas fiscales de forma independiente. De hecho, en un contexto en el que el desarrollo del mercado interior se limitaba principalmente al comercio de mercancías, los efectos transfronterizos de la fiscalidad eran mucho más limitados que en la actualidad, ya que las empresas dependen en gran medida de activos intangibles, de datos y de una automatización cuyo valor añadido es difícil de cuantificar;

13.

señala que los esfuerzos conjuntos a escala europea y nacional son fundamentales para defender los presupuestos de la Unión y de los Estados miembros contra las pérdidas debidas al fraude fiscal y a los impuestos pendientes de liquidación; observa que solo la recaudación plena y eficaz de los ingresos fiscales permite a los Estados miembros y a los entes territoriales, e indirectamente a la Unión Europea, prestar, entre otras cosas, servicios públicos de calidad y rentables, en particular en materia de enseñanza, salud y vivienda asequible, seguridad y lucha contra la delincuencia, y financiar la lucha contra el cambio climático, la promoción de la igualdad de género, el transporte público y las infraestructuras esenciales para avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; esto podría llevar a una disminución eventual de la carga fiscal general que pesa sobre los ciudadanos y las empresas de Europa;

14.

considera que la unanimidad en materia fiscal también ha obstaculizado la puesta en práctica de otros logros de la Unión Europea, en particular en lo que se refiere al Marco sobre clima y energía para 2030 —incluida la revisión de la Directiva sobre los impuestos energéticos que tenía por objeto integrar las emisiones de CO2 en el tipo impositivo de los combustibles—, la economía circular y la reforma del sistema de recursos propios;

15.

observa que, según un estudio reciente, las numerosas estrategias de elusión fiscal de las empresas han provocado pérdidas de ingresos en la Unión estimadas entre 50 000 y 70 000 millones EUR, lo que representa únicamente la pérdida de ingresos debida a las transferencias de beneficios y equivale al menos al 17 % de los impuestos sobre la renta de las empresas recaudados en 2013, y entre 160 000 y 190 000 millones EUR, incluidas las pérdidas estimadas debidas a los acuerdos fiscales individuales de las grandes empresas multinacionales;

16.

señala que los entes locales y regionales también se ven perjudicados por la elusión fiscal en la medida en que los impuestos locales o regionales se recaudan sobre la base tributaria nacional y que los entes locales y regionales de la mayoría de los Estados miembros reciben parte de los ingresos procedentes del impuesto de sociedades nacional;

17.

señala que la normativa de la UE sobre el IVA se remonta a 1993, aun cuando se suponía que iba a ser transitoria. El requisito de la unanimidad ha hecho imposible una reforma sustancial a pesar de los últimos avances tecnológicos y a los cambios acaecidos en el mercado. En muchos casos, los Estados miembros siguen aplicando normas diferenciadas a las transacciones nacionales respecto de las transfronterizas. El CDR subraya que se trata de un obstáculo importante para la culminación del mercado único y que ello se traduce en procedimientos costosos para el creciente número de empresas europeas que realizan actividades transfronterizas. La simplificación y modernización de las normas del IVA en la UE reduciría la carga administrativa de las empresas transfronterizas, generando una economía global para las empresas de 15 000 millones EUR al año. La situación actual es especialmente desfavorable para las pymes que no disponen de recursos financieros y humanos suficientes para afrontar las complejidades jurídicas de la reglamentación fiscal;

18.

considera que la supresión del requisito de unanimidad en materia fiscal permitiría a la Unión Europea no limitarse meramente a defender la posición del mínimo común denominador europeo y, por tanto, ser más ambiciosa en el contexto de las reflexiones fiscales internacionales, en particular en el contexto de los trabajos de la OCDE sobre la fiscalidad digital y la deslocalización de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés);

Sobre la hoja de ruta

19.

apoya el principio de un enfoque por etapas propuesto por la Comisión y considera que dicho enfoque debe ser acompañado en el marco del Semestre Europeo y permitir abordar, en particular, los regímenes de planificación fiscal agresiva;

20.

desea que, inicialmente, se introduzca la votación por mayoría cualificada para las iniciativas que no afecten directamente a los derechos, bases o tipos impositivos de los Estados miembros, pero que sean necesarias para mejorar la cooperación administrativa y la asistencia mutua entre los Estados miembros en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Asimismo, el CDR confía en que la primera fase abarque también las iniciativas destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas de la UE;

21.

se pregunta por qué la Comisión propone recurrir la cláusula pasarela específica del artículo 192, apartado 2, del TFUE en materia medioambiental solo en una segunda fase, cuando la fiscalidad es un elemento esencial en la consecución por parte de la Unión Europea de los objetivos de desarrollo sostenible; sugiere, por tanto, que la Comisión Europea proponga aplicar desde la primera fase la cláusula pasarela para la tributación medioambiental. En particular, urge la introducción de un enfoque europeo coordinado en materia de tributación del sector de la aviación, que actualmente no está sujeto a ningún régimen fiscal europeo, por ejemplo, en lo que se refiere a la ampliación de la sujeción al IVA a los billetes de avión o la instauración de un impuesto sobre el queroseno.

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(1)  Véase el punto 6 de la Resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2019 (RESOL-VI/33) adoptada el 6 de febrero de 2019.

(2)  La Comisión define la planificación fiscal abusiva como «el aprovechamiento de los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria».

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf

(3)  http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20160707STO36204/combatir-el-fraude-fiscal-75-de-los-europeos-desea-mas-intervencion-de-la-ue

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un enfoque de base local para la política industrial de la UE

(2019/C 404/03)

Ponente

:

Jeannette BALJEU (NL/ADLE) Miembro del Gobierno de la Provincia de Holanda Meridional

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Introducción

1.

subraya que la industria, considerada como producción de mercancías y servicios, es una piedra angular de una economía innovadora, sostenible y diversificada, capaz de garantizar la competitividad europea y la calidad del empleo en la Unión Europea;

2.

reitera su convicción de que la Comisión Europea y los Estados miembros deben explotar todas las posibilidades que el Tratado de la UE prevé en materia de política industrial en su artículo 173 y, en particular, aprovechar la oportunidad para «adoptar cualquier iniciativa adecuada para fomentar […] [la] coordinación [entre Estados miembros en materia de política industrial], en particular iniciativas tendentes a establecer orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de mejores prácticas y preparar los elementos necesarios para el control y la evaluación periódicos», en cooperación con las partes interesadas a nivel regional;

3.

subraya que la industria es de vital importancia para las regiones y ciudades europeas y para las decenas de millones de puestos de trabajo que crea y, por su naturaleza, opera en un contexto mundial en el que un importante motor de crecimiento es el comercio, que genera tanto beneficios como retos;

4.

considera que es preciso destacar la especial importancia de las pequeñas y medianas empresas para la creación de valor, la innovación y el empleo. Las pymes, en particular, tienen un acusado impacto en la capacidad de la industria para adaptarse de forma flexible a las nuevas demandas, como las derivadas de la globalización o la digitalización. La estrategia industrial de la UE debe ofrecer enfoques apropiados que permitan conservar y crear condiciones favorables adaptadas específicamente a estas empresas;

5.

constata que los retos y las oportunidades de la industria deben estar «en condiciones de afrontar el futuro», mantener su contribución decisiva a la prosperidad y al empleo y garantizar el desarrollo sostenible y la creación de una economía circular y neutra en cuanto a las emisiones de carbono;

6.

subraya que es necesario invertir en nuevas tecnologías innovadoras y en la digitalización, en una economía circular y neutra en carbono y en las capacidades conexas en todas las regiones europeas con el fin de reforzar la ventaja competitiva de Europa;

7.

hace hincapié, por tanto, en que para responder rápidamente a las transformaciones económicas e industriales y mantener una posición competitiva global se requiere una visión estratégica de la industria europea anclada en un enfoque de base local;

8.

considera necesario un enfoque europeo coordinado con el fin de garantizar que la industria europea esté capacitada para afrontar la competencia mundial, y que dicho enfoque se centre también en mejorar la coherencia de las normas y los marcos reglamentarios, suprimir las excesivas e innecesarias cargas reglamentarias y administrativas, facilitar la colaboración y las asociaciones paneuropeas, garantizar unos costes energéticos competitivos y proporcionar instrumentos de defensa comercial adecuados tanto en sectores tradicionales como el acero y el textil, la industria química, la agricultura y el naval, como en los sectores emergentes. Por ejemplo, se precisa con urgencia establecer un arancel sobre los productos del acero para defender la industria europea del acero;

9.

considera que el papel de la política industrial consiste en proporcionar un marco propicio que permita al sector industrial impulsar su competitividad, combinando diversos enfoques horizontales, de base local e intersectoriales y, cuando sea necesario, también medidas sectoriales específicas en toda la cadena de valor;

10.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión «Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible-Estrategia renovada de política industrial de la UE» (1) y que en esta haga hincapié en la asociación con los Estados miembros, las regiones, las ciudades y el sector privado como un paso importante para proporcionar una herramienta que estimule la competitividad industrial y la innovación en Europa; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea para la política de cohesión posterior a 2020, centrada en reforzar la cooperación entre los ecosistemas regionales en todas las partes de Europa, así como en fortalecer la dimensión internacional e industrial de la especialización inteligente;

11.

señala que la industria europea debe recibir apoyo a través de acciones y medidas, tanto económicas como no económicas, y en este último caso, por ejemplo, en el contexto de la política de educación y formación, o de investigación e innovación;

12.

acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de establecer la Mesa Redonda Industrial de Alto Nivel «Industria 2030», en la que el Comité Europeo de las Regiones tenga estatuto de observador (2);

13.

acoge con satisfacción los llamamientos de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo a seguir desarrollando una estrategia industrial integral para la UE con la mirada puesta en 2030 y más allá, con la inclusión de objetivos e indicadores estratégicos a medio y largo plazo para la industria, y acompañada de un plan de actuación con medidas concretas;

14.

subraya la necesidad de un enfoque de gobernanza multinivel basado en la asociación y el diálogo con los Estados miembros, los entes locales y regionales y las partes interesadas (3);

15.

pide que se incluya en esta Estrategia una fuerte dimensión territorial, respetando el principio de subsidiariedad; señala su voluntad de apoyar al Consejo y a su Presidencia en el desarrollo de una estrategia de la política industrial de base más local;

16.

considera que una estrategia industrial de la UE también debe incluir una revisión cuidadosa y fundamentada de las normas de la Unión sobre ayuda y control de las operaciones de concentración para garantizar la igualdad de condiciones en el plano internacional, de conformidad con las políticas comerciales y los acuerdos multilaterales globales. Al mismo tiempo, esta estrategia debe incluir el potencial de inversión e innovación de las ayudas estatales o las fusiones;

17.

acoge con satisfacción el documento del Centro Europeo de Estrategia Política (4) en el que propone encontrar un nuevo equilibrio entre la apertura y la protección del mercado europeo para crear unas condiciones de competencia más equitativas a escala mundial, apoyando al mismo tiempo la innovación y la propiedad industriales en el ámbito nacional;

18.

considera que, para cumplir los objetivos del Acuerdo de París en respuesta a la amenaza del cambio climático (5), la industria tendrá que llevar a cabo una profunda transformación, sin descuidar por ello su competitividad. La magnitud de la transformación que se avecina tanto a la industria como a la sociedad requiere una acción urgente, una visión compartida y soluciones integradas entre todas las partes interesadas y en todas las esferas políticas, dado que solo un enfoque multinivel puede garantizar el respaldo de los agentes interesados a decisiones de política económica de tal calibre;

19.

apoya la política de la Comisión Europea, vinculada a una política industrial de la UE, de impulsar un mercado interior justo, que dé respuesta al reto de un mundo laboral cambiante como parte del pilar europeo de derechos sociales;

Mensaje 1: Una industria europea competitiva requiere un enfoque combinado en el que una política regional de base local vaya acompañada de una colaboración interregional

20.

subraya que las ventajas competitivas de las regiones están estrechamente vinculadas a las industrias locales, los activos geográficos, los ecosistemas regionales de innovación industrial, los centros de educación profesional y superior, así como la mano de obra y los conocimientos técnicos disponibles;

21.

subraya la importancia de la exploración, la extracción y el uso de materias primas europeas, tanto primarias como secundarias, para el desarrollo local y las cadenas de valor añadido de la industria en las regiones. Por consiguiente, un enfoque de base local sostenible debe tener en cuenta las particularidades de la región, el potencial de desarrollo y las posibles sinergias;

22.

considera que un enfoque de base local debe asentarse en el potencial de las empresas y los ecosistemas de innovación para impulsar la modernización industrial y desarrollar estrategias territoriales para la innovación y la integración, a escala regional, local, urbana o transfronteriza;

23.

observa que para ello se requieren redes de cooperación, como las estrategias macrorregionales, y agrupaciones que funcionen correctamente y en las que participen los socios estratégicos; subraya también que la cooperación interregional de estas redes y agrupaciones es fundamental para desarrollar sinergias, intercambiar experiencias, aprender entre iguales y alcanzar una masa crítica en inversiones conjuntas para el despliegue de la innovación en las cadenas de valor industriales de toda Europa; este enfoque de cooperación interregional solo tendrá éxito si se recurre a la digitalización y a la puesta en común de la información;

24.

destaca que los gobiernos regionales y locales, así como otras organizaciones, desempeñan un papel clave en el establecimiento activo de las colaboraciones interregionales y transfronterizas necesarias;

25.

subraya que la colaboración sostenible entre regiones debe ir más allá de las «iniciativas ad hoc» y requiere un marco estructural de colaboración basado en un compromiso a largo plazo, a partir del trabajo ya realizado en las actuales estrategias de especialización inteligente, en el marco de las futuras inversiones interregionales en innovación;

26.

observa que la información sobre las actividades regionales en materia de innovación, capacidades existentes (infraestructuras, conocimientos técnicos) y potencial de la economía circular es esencial. Los datos disponibles suelen estar dispersos y fragmentados, lo que limita su utilidad para las regiones; anima, por tanto, a la Comisión Europea a que lleve a cabo un verdadero ejercicio de recopilación de pruebas que tenga en cuenta la perspectiva local y regional en la estrategia industrial de la UE;

27.

recomienda que la Comisión refuerce el apoyo a la colaboración interregional y transfronteriza, también dentro de las iniciativas existentes, como la Iniciativa Vanguard o las asociaciones temáticas de especialización inteligente que engloban a un número cada vez mayor de regiones, en el marco de un enfoque de base local renovado, tal como propone la Comisión Europea en sus propuestas sobre la política de cohesión después de 2020;

28.

pide, en el contexto del período de programación posterior a 2020, que se refuerce el apoyo de la UE a los ecosistemas y agrupaciones regionales en el marco de las inversiones interregionales en innovación, basándose en el enfoque de especialización inteligente y ampliando y aumentando las iniciativas existentes, como la Plataforma de Especialización Inteligente para la modernización industrial y la iniciativa piloto sobre regiones en proceso de transición industrial; considera, asimismo, importante desarrollar instrumentos para la ejecución de proyectos colaborativos de inversión industrial interregional, en estrecha colaboración con las regiones y las asociaciones de especialización inteligente;

29.

subraya que las plataformas temáticas de especialización inteligente deben recibir suficiente financiación, ya que las regiones no siempre disponen de los recursos necesarios para estructurar una participación adecuada en las mismas;

30.

pide a la Comisión que siga desarrollando las herramientas de mediación para determinar e impulsar activamente la colaboración con las estrategias de especialización inteligente, con vistas a facilitar un proceso continuo en el que las regiones identifiquen las áreas prioritarias en las que la colaboración es esencial para mantener el liderazgo europeo;

31.

recomienda que la Comisión fomente la innovación industrial a partir de las estrategias de especialización inteligente en todas las regiones facilitando programas específicos de apoyo en los que las regiones muy desarrolladas puedan colaborar en proyectos concretos con las regiones menos desarrolladas en beneficio mutuo, al igual que proyectos de colaboración entre regiones desarrolladas y proyectos de interés entre las regiones menos desarrolladas en beneficio mutuo;

Mensaje 2: Dado que los grandes retos sociales exigen a menudo la colaboración entre regiones europeas, los gobiernos regionales desempeñan un papel esencial en las iniciativas con una misión específica y en la puesta en práctica de las políticas sectoriales

32.

considera que puede utilizarse un planteamiento político orientado hacia misiones específicas como instrumento para abordar los principales retos de la sociedad y apoyar el enfoque de gobernanza múltiple, de forma que el enfoque de especialización inteligente ayude a adecuar las inversiones y agendas regionales con las prioridades de la UE;

33.

subraya que, con vistas a afrontar los retos de la sociedad, se necesita una mayor inversión en investigación e innovación para apoyar la excelencia industrial y aprovechar nuevas oportunidades, y que en el proceso de descubrimiento debe apoyarse la experimentación y la asunción de riesgos; el Comité anima a facilitar la difusión de la innovación y las nuevas tecnologías en la industria;

34.

subraya que las regiones desempeñan un papel importante en la conexión, el desarrollo y el apoyo del ecosistema de innovación regional, la organización de la determinación de las capacidades disponibles y la participación de los distintos colectivos interesados en un verdadero enfoque basado en la demanda y colaborativo para establecer objetivos industriales; por lo tanto, pide una representación regional en la gobernanza del enfoque basado en misiones, incluidos los comités de misión y las asociaciones;

35.

recomienda que la Comisión fije objetivos claros a medio y largo plazo en las políticas con misión específica y los traduzca en políticas que sean operativas en los Fondos Estructurales y de Inversión, Horizonte Europa y Europa Digital;

36.

recomienda que los entes locales y regionales procuren activamente liderar algunas de estas misiones y garantizar la adopción de un enfoque interregional. Esto debe estar en consonancia con los instrumentos europeos disponibles y facilitarse mediante los mismos; por consiguiente, pide a la Comisión Europea que garantice la participación activa de las partes interesadas regionales en la gobernanza de las misiones dentro del nuevo Horizonte Europa;

37.

pide a la Comisión que fomente proyectos piloto en grupos de regiones que permitan la experimentación, según el modelo del enfoque de los PIICE (6) pero a menor escala, con el fin de promover la cooperación interregional;

Mensaje 3: Los entes locales y regionales deben garantizar la disponibilidad de capacidades para apoyar la transición de la industria, facilitando la colaboración entre la industria y los centros de enseñanza industrial, con el apoyo de una estrategia europea

38.

observa que la rápida evolución de la transformación industrial, la transición energética, la digitalización y la economía circular requieren el desarrollo de nuevas capacidades interdisciplinarias;

39.

acoge con satisfacción los esfuerzos para coordinar diferentes instrumentos a escala europea, como se observa en la nueva Agenda de Capacidades para Europa, el Plan de Acción de Educación Digital y la Estrategia de Competencias Digitales;

40.

subraya que existe una necesidad urgente de anticipar, apoyar y promover el desarrollo continuo de las capacidades, la reeducación y la reconversión profesional de la mano de obra actual, en particular en lo que se refiere a las capacidades digitales;

41.

reconoce que la mano de obra de la industria europea consta de un gran número de personas cualificadas mediante formación profesional;

42.

está de acuerdo en que los beneficios de la transformación industrial deben difundirse ampliamente y en que quienes corren el riesgo de perder deben disponer de oportunidades y recibir apoyo para adaptarse; a este respecto, considera que las iniciativas políticas deben otorgar mayor prioridad a brindar oportunidades de aprendizaje permanente destinadas a las personas con bajas cualificaciones, a fin de garantizarles un acceso equitativo a las nuevas capacidades tecnológicas que exige la industria;

43.

destaca la importancia del desarrollo activo de competencias durante la vida laboral de todos los profesionales en todos los sectores industriales; con tal fin, el CDR propone desarrollar conceptos eficaces, válidos a escala europea, para compartir nuevos conocimientos, actualizar competencias y desarrollar capacidades individuales, en colaboración con los empleadores y los centros de enseñanza;

44.

considera, por tanto, que un enfoque paneuropeo de la política de cualificaciones es fundamental para la futura competitividad de la industria europea y que se necesitan tasas mucho más elevadas de inversión en capital humano, tanto en los sistemas educativos y de formación profesional y formación permanente como en la propia industria;

45.

considera que la educación empresarial, la promoción de las capacidades empresariales, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de buenas prácticas deben recibir un mayor apoyo para que los agentes del sector puedan adaptarse a los nuevos modelos empresariales y colaborar eficazmente en cadenas de valor europeas competitivas;

46.

recomienda que la Comisión Europea refuerce los programas educativos interregionales como Erasmus+, haciendo hincapié en la formación profesional y permitiendo que el talento se desplace por toda Europa;

47.

pide a las autoridades competentes que proporcionen recursos flexibles para la reconversión profesional a escala regional y no a escala sectorial, y reitera su petición de que el FSE+ entre en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre disposiciones comunes en lo que se refiere a la política de cohesión después de 2021, con el fin de garantizar que todos los requisitos relativos al principio de asociación y la participación del nivel regional puedan aplicarse al desarrollo de programas en el marco del FSE+;

48.

recomienda que los entes locales y regionales cooperen en programas comunes de educación e investigación para plasmar las prioridades comunes de la UE en materia de capacidades y apoyar las oportunidades de aprendizaje interregionales;

Mensaje 4: La industria y los gobiernos europeos deben demostrar su liderazgo para ser más sostenibles mediante la adopción de medidas

49.

considera que la UE se encuentra a la vanguardia de la transición mundial hacia una economía circular y neutra en carbono. Por tanto, la industria europea debe asumir el liderazgo en cuanto a contribuir a mitigar el cambio climático, cumplir los objetivos del Acuerdo de París, conservar los recursos, prevenir la degradación del medio ambiente y responder a las expectativas cambiantes del consumidor en la economía ecológica;

50.

subraya que la transición de las empresas hacia modelos empresariales más sostenibles y eficientes en materia de recursos ayudará al medio ambiente y proporcionará una ventaja competitiva, lo que conducirá a la innovación y a la creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades empresariales;

51.

subraya que es fundamental informar a las industrias y a los ciudadanos de las ventajas de los nuevos enfoques, como la economía circular, la economía neutra en carbono y la economía compartida. Estos nuevos enfoques requieren un cambio de actitud por parte tanto del consumidor (por ejemplo, hacia la reutilización y el reciclado) como de la industria, que debe adaptarse gradualmente a las nuevas demandas, en el marco de una planificación estratégica a largo plazo;

52.

considera que, para realizar la transición hacia una industria sostenible, Europa debe aprovechar su liderazgo en todos los sectores y afrontar la creciente competencia mundial en la producción ecológica, la bioeconomía y las tecnologías energéticas limpias;

53.

señala que la transición de una región a una economía circular y neutra en carbono es un proyecto a largo plazo que solo puede tener éxito mediante un enfoque gradual —así como, en muchos casos, mediante una renovación radical— enmarcado por objetivos intermedios y viables que no supongan una carga excesiva para los ciudadanos y los sectores económicos, como, por ejemplo, la industria automovilística; en lo relativo al proceso de transición económica, se debe prestar especial atención al refuerzo de la resiliencia de aquellas comunidades rurales que corren el riesgo de quedarse rezagadas;

54.

subraya que subsisten importantes obstáculos por superar, como la falta de señales de mercado y de incentivos adecuados para el diseño de productos en una economía circular, los elevados costes de transición para las empresas, los obstáculos reglamentarios, la información inadecuada al consumidor y el mal funcionamiento de los mercados de materias primas secundarias;

55.

considera que incumbe a la colaboración paneuropea e interregional desempeñar un importante papel para ayudar a las regiones a desarrollar un enfoque estratégico que concretice el potencial de la economía circular y neutra en carbono;

56.

apoya la idea de recurrir a la contratación pública estratégica como herramienta para impulsar la innovación, como reconoce la Comisión Europea en su Plan de Acción de la UE para la Economía Circular de 2015 (7), y en las Directivas pertinentes sobre contratación pública, pero considera que la complejidad de las normas fomenta a menudo la aversión al riesgo por parte de los entes locales y regionales;

57.

recomienda que los gobiernos regionales y locales adopten una perspectiva de desarrollo económico multisectorial e intersectorial, integrando la gestión de los residuos y del medio ambiente en un enfoque integral de economía circular;

58.

pide a las regiones y ciudades que aprovechen plenamente las posibilidades de la política de cohesión después de 2020 para desplegar soluciones innovadoras que aborden la transición en favor del clima y hacia la economía circular;

59.

pide un enfoque holístico y coordinado de la gobernanza multinivel con el fin de garantizar la coherencia necesaria entre los diferentes instrumentos políticos y la acción a distintos niveles. La transición a una economía circular e hipocarbónica debe tener en cuenta toda la cadena de valor y la industria manufacturera en general, así como las pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes;

60.

pide a la Comisión que siga apoyando el desarrollo de estrategias conjuntas en ámbitos específicos, como el hidrógeno y los combustibles sintéticos, y que fomente la adopción en el mercado de tecnologías más sostenibles;

Mensaje 5: Las asociaciones estratégicas público-privadas orientadas a la innovación regional son fundamentales para impulsar la adopción de nuevas tecnologías por parte de la industria

61.

observa que la innovación es difícil, especialmente para las empresas emergentes y las pymes, ya que la adopción de nuevas tecnologías suele ir acompañada de grandes inversiones y requiere conocimientos técnicos, y subraya que sigue existiendo una brecha en la transición digital entre sectores y regiones de Europa;

62.

considera que la colaboración entre la industria, los centros de investigación y los gobiernos regionales es importante para la valorización de las innovaciones industriales;

63.

valora los centros de innovación digital, los bancos de pruebas de la Comisión Europea y las infraestructuras tecnológicas como ejemplos de asociaciones estratégicas público-privadas orientadas a la innovación;

64.

apoya el enfoque de las estrategias de especialización inteligente después de 2020, que aborda los obstáculos para la difusión de nuevas ideas a las empresas;

65.

apoya los 281 centros de innovación digital de la UE como parte del Programa Europa Digital para mejorar la colaboración interregional;

66.

subraya que, para garantizar que la industria pueda acceder fácilmente a las tecnologías e infraestructuras punteras existentes en toda Europa, debe establecerse una colaboración entre estas asociaciones público-privadas a nivel paneuropeo, así como dar a conocer dichos recursos y facilitar medios económicos para su incorporación;

67.

considera que existe una necesidad adicional de disponer de una estrategia global coordinada, así como de una estrategia para reforzar la colaboración regional a nivel operativo;

68.

subraya que, para aumentar el impacto de los centros de innovación digital, un centro de innovación digital no debe ser un organismo que actúe de forma independiente y en competencia con los demás, sino que debe constituirse como un nodo dentro de una red en cuya coordinación puedan participar diversas partes interesadas, como universidades, centros de investigación, centros de innovación, etc.;

69.

recomienda que los gobiernos regionales participen en la selección y puesta en marcha de los centros de innovación digital europeos en el próximo Programa Europa Digital;

70.

recomienda que los entes locales y regionales promuevan la sostenibilidad y la innovación a través de la contratación pública, apoyando a las ciudades inteligentes y a otras iniciativas de interés, y conectando a los distintos agentes de la industria, la investigación y los centros de enseñanza;

71.

recomienda que las regiones participen en el establecimiento de un enfoque de colaboración sostenible entre las asociaciones público-privadas en ámbitos distintos de la digitalización (incluidas otras instalaciones experimentales y de ensayo). Esta participación debe prever el establecimiento de una visión global de las actividades en las regiones y una evaluación de su complementariedad;

72.

subraya que es necesario desarrollar una estrategia global para recopilar, sistematizar y difundir información sobre las infraestructuras y las capacidades de innovación disponibles en toda Europa;

73.

subraya la creciente importancia que está adquiriendo la inteligencia artificial (IA) en la política industrial y el liderazgo que ejerce la Unión Europea en este ámbito, con el 32 % de las instituciones de investigación de la IA en todo el mundo. En este contexto, recuerda la posición que ya expresó sobre la IA en su Dictamen de 6 de febrero de 2019, a la vez que respalda las recomendaciones del Parlamento Europeo (8);

74.

acoge con satisfacción la invitación cursada por el Consejo Europeo a la Comisión para que presente, antes de finales de 2019, una visión a largo plazo con medidas concretas para el futuro industrial de la UE;

---

(1)  COM(2017) 479 final

(2)  Decisión de la Comisión C(2017) 8565, de 15/12/2017, por la que se establece la Mesa Redonda Industrial de Alto Nivel «Industria 2030».

(3)  Conclusiones sobre una Estrategia renovada de la política industrial de la UE, Consejo de Competitividad, 30 de noviembre de 2017 (705/17).

(4)  EU Industrial Policy after Siemens-Alstom: finding a new balance between openness and protection, Comisión Europea, marzo de 2019.

(5)  Naciones Unidas (2015).

(6)  Proyectos importantes de interés común europeo.

(7)  Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular [COM(2015) 614 final].

(8)  Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica [2018/2088(INI)].

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): una base para una estrategia a largo plazo de la UE para una Europa sostenible en 2030

(2019/C 404/04)

Ponente	:	Arnoldas ABRAMAVIČIUS (LT/PPE) Concejal de Zarasai
Documento de referencia	:	Comunicación de la Comisión – Documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible en 2030» (COM(2019) 22 final)

I. RECOMENDACIONES POLITICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

acoge con satisfacción el documento de reflexión de la UE «Hacia una Europa sostenible en 2030» y pide a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que reconozcan la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como una prioridad en su agenda política y como objetivo global del próximo plan estratégico de la UE 2019-2024 y más adelante. Asimismo, cuenta con que la nueva Comisión Europea allane el camino para una acción consistente en el establecimiento de una estrategia de desarrollo sostenible a escala de la UE y un plan de aplicación, como ya solicitó el Consejo Europeo en sus Conclusiones de 18 de octubre de 2018;

2.

coincide con la definición amplia de los ODS como marco de acción política para abordar múltiples retos (económicos, sociales, medioambientales, de gobernanza y exteriores) y reitera que debe existir entre todos los agentes una visión común sobre el desarrollo sostenible y los ODS al objeto de aplicarlos plenamente en pro del bienestar de las personas y las generaciones futuras. El primer objetivo consiste en reducir la pobreza, reducir las desigualdades, lo que significa no dejar a nadie atrás y aspirar a un mundo en el que imperen la paz y la prosperidad, respetando al mismo tiempo los límites de nuestro planeta;

3.

insiste en que los 17 ODS son universales e indivisibles y que la coherencia política entre las acciones emprendidas para aplicarlos es un elemento central del progreso;

De la reflexión a la acción

4.

considera que, de los tres escenarios planteados por la Comisión Europea para impulsar el debate sobre los próximos pasos de la UE destinados a aplicar la Agenda 2030, el escenario 1 es la única opción que aborda tanto la acción interior como la exterior de la UE y que abarca todos los ámbitos políticos;

5.

sostiene que, dada la compleja naturaleza de los ODS y los resultados de la encuesta conjunta del CDR y la OCDE sobre la acción local y regional en materia de ODS (1), es urgente una estrategia global de la UE para coordinar la aplicación entre todos los niveles de gobierno con objetivos sujetos a plazos concretos y resultados específicos para 2030, junto con mecanismos de supervisión y revisión, de modo que se favorezca el escenario 1;

6.

recalca que los objetivos de aplicación de los ODS y las estrategias políticas conexas deberían establecerse en el marco de un enfoque mixto ascendente y descendente, que involucre a todos los niveles de gobierno y partes interesadas relevantes y genere un conjunto de objetivos diferenciados a escala nacional y regional. Esta estrategia para una Europa sostenible en 2030 debería suceder a la actual Estrategia Europa 2020;

7.

insiste en que las instituciones de la UE y los Estados miembros deberían acelerar inmediatamente sus acciones en materia de ODS e integrar todas las políticas que figuran en el escenario 2;

8.

subraya que es necesaria la acción exterior, tal como se presenta en el escenario 3. Sin embargo, centrarse únicamente en la acción exterior no solo dañaría la credibilidad de la UE en el plano internacional, sino que tampoco reconocería que la UE y sus Estados miembros están lejos de alcanzar todos los ODS y también impediría avanzar en la consecución de los mismos en la UE;

9.

hace hincapié en que la ambición debe ser mayor en todos los niveles para aplicar los ODS, en particular en los niveles europeo, nacional, regional y local;

La participación de las regiones y ciudades

10.

subraya que el objetivo de no dejar a nadie atrás exige que todos los niveles de gobierno garanticen una integración multinivel y el diseño de políticas (territoriales) que se apoyen mutuamente y sean coherentes entre sí. Pide que se establezca un mecanismo para supervisar los progresos y detectar los principales retos que plantea la consecución de los ODS sobre el terreno, así como para garantizar la utilización eficaz de los recursos;

11.

señala que para el cumplimiento del 65 % de las 169 metas de los diecisiete ODS es indispensable la participación sustancial de las regiones y las ciudades en la aplicación y el seguimiento de los ODS (2). Las ciudades y las regiones localizan los ODS sobre el terreno, no en calidad de meros ejecutantes, sino como los responsables políticos más próximos a sus ciudadanos, empresas y comunidades locales. Los resultados de la encuesta conjunta del CDR y la OCDE confirman la movilización de las ciudades y las regiones y muestran que un 59 % de los encuestados aplica los ODS. Muchas regiones y ciudades europeas han sido pioneras (3) en este proceso de localización de los ODS y han demostrado que las regiones y las ciudades desempeñan un papel esencial para aplicar los ODS de manera eficaz y rápida;

12.

subraya el papel que diversas iniciativas pioneras y prometedoras (como «Cities and Regions for the Sustainable Development Goals» de la OCDE y «25 + 5 SDG Cities Leadership Platform» de las Naciones Unidas) desempeñan a la hora de ayudar a las regiones y ciudades voluntarias a localizar los ODS (en el caso de la segunda iniciativa mencionada, cinco años antes de 2030);

13.

partiendo de su estudio sobre un enfoque territorial de los ODS (4), destaca la importancia de desarrollar las capacidades y los medios de las regiones y las ciudades para localizar los ODS, de aumentar la visibilidad de las iniciativas actuales y de promover el uso por parte de las regiones y las ciudades del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales (5), cuyos objetivos deberían estar en consonancia con los ODS;

14.

se compromete a apoyar el proceso de «localización y territorialización de los ODS» y evitar la duplicación del trabajo fomentando las asociaciones con organizaciones internacionales (6) y europeas (7);

15.

subraya el papel fundamental de la Comisión Europea y del Comité de las Regiones, junto con otras organizaciones europeas, a la hora de fomentar la revisión por pares, el intercambio, la colaboración y el aprendizaje mutuo entre regiones y ciudades en toda la UE;

16.

pide que se reconozca plenamente el papel de las regiones a la hora de localizar los ODS en la UE. Los entes locales y regionales tienen un importante papel que desempeñar en el desarrollo de los valores y la configuración de las relaciones sociales, por lo que hay una clara necesidad de involucrarlos en las políticas encaminadas a garantizar el desarrollo sostenible en toda la UE;

17.

señala que las distintas regiones de la UE difieren considerablemente en términos de desarrollo, demografía, estructura de producción y nivel de industrialización, lo que requiere un enfoque flexible y de base local en el caso de las regiones menos desarrolladas, las regiones periféricas y las regiones insulares, así como aquellas que afronten una transición energética;

18.

apoya la creación de una comunidad de prácticas de las regiones europeas para los ODS, liderada por la nrg4SD;

19.

destaca la brecha económica, social y territorial tanto a escala global como en el seno de los Estados miembros de la UE y entre ellos. Si bien los ODS incorporan el reto de la urbanización a través del ODS 11, debemos garantizar un desarrollo regional equilibrado en la UE para asegurarnos de que ninguna persona y ningún territorio se queden atrás;

20.

destaca la importancia de una sinergia e integración efectivas de los fondos locales, regionales, nacionales y de la UE, tanto públicos como privados, y de la colaboración de los sectores público y privado con el desarrollo estratégico y las inversiones para alcanzar los ODS antes de 2030;

21.

subraya que la cohesión es el principal instrumento de inversión de la UE para que las regiones y las ciudades apliquen los ODS y garanticen su desarrollo económico, social y territorial. Por ello, pide que la próxima financiación de cohesión de la UE para el período 2021-2027 siga siendo accesible a todas las regiones y fomente la participación de todos los ciudadanos, sobre la base de un código de conducta europeo legalmente vinculante en materia de asociación. La próxima política de cohesión de la UE debería ajustar mejor sus objetivos a los ODS para garantizar una mejor aplicación y coherencia de las acciones;

22.

destaca que, si bien los ODS contienen un objetivo urbano (ODS 11), no existe un objetivo regional específico y solo se hace referencia al desarrollo regional de manera indirecta bajo el epígrafe relativo al uso de la tierra. Una estrecha coordinación de la política de cohesión con los ODS supone, por tanto, que la programación de la nueva financiación de la política de cohesión de la UE se dirige a todos los ODS con incidencia territorial y no solo al ODS 11;

23.

llama la atención sobre el modelo de la Agenda Urbana de la UE para fomentar el diálogo entre todos los niveles de gobierno sobre el desarrollo sostenible urbano. Añade que este proceso podría inspirar el diseño de la gobernanza de la futura agenda estratégica de la UE 2019-2024, de modo que la Unión pueda afrontar de manera más eficaz los retos que se plantean para alcanzar los ODS;

24.

destaca el potencial de la propuesta del CDR (8) relativa a que la futura política de cohesión posterior a 2020 debería ayudar a las regiones y ciudades a «localizar los ODS» y adaptar la aplicación de estrategias de desarrollo urbano sostenible a sus realidades locales;

25.

destaca la importancia de los instrumentos de financiación de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la investigación e innovación y el FEIE, y de su uso sinérgico con los fondos de cohesión para lograr plenamente los ODS;

Participación de todas las partes interesadas

26.

subraya que, habida cuenta del carácter transformador de los ODS, todos los estratos de la sociedad y la economía deben hacer suyos los ODS. Destaca la importancia del sector privado y de las empresas a la hora de aplicar y cumplir los ODS antes de 2030;

27.

recuerda que las personas ocupan un lugar central en los ODS y que la asociación, la participación y la capacitación son valores fundamentales del desarrollo sostenible. La participación de ciudadanos de todas las edades, el conjunto de la sociedad civil, el mundo académico, los organismos públicos y el sector privado en los diálogos multilaterales es necesaria para determinar y crear conjuntamente soluciones destinadas a cumplir los ODS, a la vez que se consigue un equilibrio adecuado en la inevitable necesidad de alcanzar compromisos;

28.

hace hincapié en que los movimientos de carácter ascendente, la creación de condiciones favorables y el espíritu empresarial en las ciudades y regiones contribuyen de manera decisiva a la consecución de las metas de los ODS y a un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo;

29.

aboga por que se adopten medidas integrales de información sobre los beneficios del desarrollo sostenible a fin de garantizar que, a largo plazo y en personas de todas las edades, la sociedad adopte una actitud favorable;

Una gobernanza de la UE para los ODS

30.

pide a la nueva Comisión Europea que asuma un papel principal en la creación de una gobernanza multinivel, multilateral e intersectorial, como parte del escenario 1, que permita la integración de todas las dimensiones de los ODS en todas las políticas de la UE, a la vez que garantiza la coherencia política entre los diferentes sectores e involucra a todos los niveles de gobierno y a las partes interesadas, incluidos los ciudadanos, en todas las fases de la elaboración de políticas;

31.

destaca la importancia crucial del aprendizaje, dado que el liderazgo político es de suma trascendencia, y señala que los políticos y las administraciones deben recibir formación y comprometerse con los ODS y que cada institución de la UE debe integrar los ODS en su propia gobernanza;

32.

recomienda que el próximo presidente de la Comisión Europea nombre un equipo específico adscrito a su oficina que trabaje con todos los comisarios y examine todas las propuestas políticas en materia de ODS. Este equipo deberá poner de relieve los posibles conflictos y los compromisos necesarios y se encargará de integrar los ODS en todas las políticas de la UE, lo que requerirá una sólida coordinación entre las direcciones generales;

33.

insta al próximo presidente de la Comisión Europea a que informe anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo de Asuntos Generales, durante su discurso sobre el estado de la Unión, sobre la aplicación de los ODS;

34.

pide al Consejo que apoye la aplicación de los ODS y fomente el aprendizaje mutuo a escala nacional mediante un debate sobre las revisiones nacionales voluntarias que se entablará en el seno del Consejo de Asuntos Generales, previo a las presentaciones programadas durante los foros políticos de alto nivel de las Naciones Unidas;

35.

insta al Parlamento Europeo, en su calidad de colegislador, a que integre los ODS en todos sus documentos políticos relevantes e involucre a todas las comisiones para abordar la aplicación de los ODS. Pide la presencia de ponentes permanentes sobre los ODS en sus distintas comisiones;

36.

se compromete a trabajar de manera integrada y coherente con respecto a los ODS e integrarlos en todas las comisiones y dictámenes del CDR;

37.

propone colaborar con la Comisión y otros socios para supervisar la aplicación de los ODS en el plano local y regional. Acoge con satisfacción el trabajo de la plataforma multilateral de los ODS organizada por la Comisión Europea como gobernanza abierta y participativa. Apoya firmemente que se le siga dando continuidad para involucrar a las regiones, las ciudades, la sociedad civil, el mundo académico y las empresas en un diálogo integrador sobre sostenibilidad y para hacer suyos los ODS;

38.

celebra que la Comisión Europea incluya las recomendaciones de la plataforma en su documento de reflexión;

39.

concibe la plataforma como un órgano consultivo permanente para la consulta por parte de los responsables políticos de la UE (Comisión Europea, Consejo y Parlamento Europeo) sobre una estrategia global para una Europa sostenible en 2030 y como un canal para informar a los nuevos comisarios europeos y diputados al Parlamento Europeo sobre los ODS;

40.

pide la participación periódica de las plataformas europeas, nacionales y subnacionales en el trabajo de la plataforma multilateral de la UE para reforzar su trabajo y representatividad;

41.

pide a todas las instituciones de la UE (entre ellas, la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo) que entablen un diálogo interinstitucional periódico sobre los ODS para garantizar la coherencia política, en consonancia con el espíritu del ODS 17;

Integración de los ODS en las políticas de la UE

42.

anima a la Comisión Europea a que use las directrices de la estrategia «Legislar mejor» como herramienta de ayuda para la legislación, teniendo en cuenta todas las dimensiones de los ODS. Estas directrices deben mostrar de forma clara todas las variables que es preciso tener en cuenta si se quiere adoptar un enfoque sostenible;

43.

argumenta que los compromisos serán inevitables entre las distintas dimensiones de los ODS y pide que las evaluaciones sistemáticas de impacto ex ante determinen posibles sinergias y conflictos y evalúen los compromisos de manera transparente, teniendo en cuenta el impacto inmediato y a largo plazo. La evaluación del impacto territorial y los debates participativos con los ciudadanos y las partes interesadas a escala local y regional serán decisivos para garantizar la aceptación de las decisiones y la correcta elaboración de las políticas;

44.

se compromete, para dar ejemplo a otras instituciones y organizaciones, a organizar conferencias anuales para presentar las experiencias y las buenas prácticas de los entes locales y regionales;

45.

pide a todas las instituciones de la UE y a los Estados miembros que ajusten el Semestre Europeo a los ODS y a una posterior estrategia de la UE para una Europa sostenible en 2030. Las orientaciones plurianuales deben garantizar que el Semestre Europeo ejecute la estrategia de la UE y se convierta en un instrumento de coordinación y aplicación de los ODS y que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento se convierta en el «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible»;

46.

pide que se realice una encuesta plurianual de la UE sobre desarrollo sostenible que pondrá en marcha un ciclo nacional plurianual de revisión y comunicación de recomendaciones. Esta encuesta debería hacer balance de la aplicación de la estrategia de la UE y de los planes de acción de desarrollo sostenible de los Estados miembros, lo que sentaría las bases de las revisiones nacionales voluntarias de los países de la UE en el marco de las Naciones Unidas;

47.

pide que la gobernanza del Semestre Europeo en materia de sostenibilidad en el seno de la Comisión implique a todos los servicios pertinentes de la Comisión y que se eviten las iniciativas aisladas;

48.

reitera su petición de que la gobernanza del Semestre Europeo se fundamente en los principios de asociación y gobernanza multinivel, incorporando a las regiones y ciudades de la UE como socios de pleno derecho desde el inicio del ciclo anual, sobre la base de un código de conducta (9) (10);

49.

pide a las instituciones de la UE que usen el presupuesto de la Unión para integrar los ODS en todas las políticas, en particular poniendo fin a las subvenciones destinadas a los combustibles fósiles y reforzando los criterios de sostenibilidad en la contratación pública;

50.

reafirma la necesidad de controlar la aplicación de los ODS y pide que se desglosen los datos, al menos en el nivel NUTS 2, y en caso necesario en el nivel local, para permitir una mejor elaboración de políticas cuando la media nacional sea engañosa;

51.

reitera (11) la necesidad de ir más allá del PIB y recurrir a indicadores adicionales que no sean puramente económicos, sino que reflejen el carácter transformador de los ODS, y que deberían medirse en el nivel de las regiones NUTS2, al menos mediante datos desagregados pertinentes para la consecución de los ODS;

52.

señala que las regiones y ciudades pioneras elaboran sus propios indicadores y recopilan sus datos en colaboración con los agentes locales, incluido el sector privado. El desarrollo de indicadores locales representa una buena oportunidad para fomentar la participación y la apropiación. Sin embargo, el 40 % de los participantes en la encuesta del CDR y la OCDE no usa ningún indicador. Los indicadores de la UE no pueden usarse debido a la falta de datos disponibles en el nivel NUTS 2 para su uso local;

53.

propone que el Centro Común de Investigación de la UE cree una plataforma urbana de datos sobre los ODS para elaborar un manual europeo de ciudades voluntarias que aplican los ODS. Asimismo, toma nota de la labor del Consejo Mundial de Datos sobre Ciudades (World Council City Data), que estableció normas ISO para los indicadores de ciudades inteligentes y resilientes, y del trabajo de la OCDE en la elaboración de una herramienta de visualización que combina indicadores oficiales con otros modelados a escala local y regional para tener en cuenta las diferencias regionales;

54.

pide a Eurostat que incluya este trabajo y el progreso evaluado en su informe de control anual, dejando espacio también para los datos cualitativos. El CDR está dispuesto a colaborar y fomentar la cooperación con estos socios para supervisar la aplicación de los ODS en el plano local y regional;

55.

reitera que muchas regiones y ciudades están dando un paso adelante y se están convirtiendo en precursoras de esta transición, con iniciativas ascendentes de éxito, como el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía y los «embajadores» del CDR. Estos movimientos de carácter ascendente pueden cobrar un nuevo impulso y dar un gran paso adelante en la aplicación de los ODS;

La dimensión externa de los ODS

56.

insiste en que la UE tenga en cuenta la dimensión externa de los ODS al aplicarlos y el impacto exterior de sus políticas nacionales, por ejemplo, para la PAC o el comercio. Las dimensiones interna y externa no son mundos separados y la búsqueda de la coherencia política para el desarrollo sostenible es esencial;

57.

pide que se establezca una asociación entre la UE y los niveles nacional, regional y local para ayudar a aplicar los ODS mediante la cooperación al desarrollo;

58.

pide que se supervise mejor el papel de las cadenas de suministro globales para garantizar el respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos, se apliquen prácticas de economía circular y se evite el uso excesivo de los recursos;

59.

insiste en el papel clave de la cooperación descentralizada y de las iniciativas del CDR, como el Foro CE-CDR «Ciudades y Regiones para la Cooperación al Desarrollo», que en febrero de 2019 se centró en las asociaciones urbanas sostenibles, reunió a más de quinientos participantes de más de ochenta países y elaboró recomendaciones políticas concretas para promover el desarrollo sostenible a través de asociaciones regionales y locales, o la Iniciativa de Nicosia de apoyo a los municipios libios. Estas iniciativas del CDR demuestran que el apoyo de la UE no debe centrarse exclusivamente en proyectos de asociación a gran escala entre grandes ciudades, sino que debe ser igualmente accesible a las iniciativas de cooperación descentralizada de diferentes tamaños y con diferentes tipos de territorios;

60.

lamenta que la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) no incluya una partida de financiación temática dedicada al apoyo a los entes locales;

61.

pide a la Comisión Europea que apoye la integración económica y social de los jóvenes, las mujeres y la población desarraigada en los países en desarrollo. La lógica de asociación de la cooperación descentralizada puede ayudar a transformar la percepción de «migración como amenaza» en «migración como oportunidad», en particular dado el papel clave que desempeñan las regiones y ciudades en la integración de los migrantes en sus sociedades de acogida;

Las políticas de la UE

62.

comparte el diagnóstico y la propuesta del documento de reflexión de seguir trabajando en los cuatro grupos de políticas y en los cuatro facilitadores horizontales con carácter prioritario, aunque formula las siguientes observaciones adicionales:

63.

insiste en que más allá del incremento al 25 % que se propone para el objetivo de la integración de la dimensión del cambio climático, el nuevo MFP debe asignar los recursos financieros correspondientes al desarrollo sostenible y garantizar también que ningún tipo de financiación menoscabe la aplicación de los ODS;

64.

hace hincapié en que urge adoptar las estrategias y determinar las acciones necesarias para lograr una economía circular eficiente en el uso de los recursos aplicando el Acuerdo de París sin más demora;

65.

subraya que el CDR profundiza en un dictamen separado (12) en los vínculos entre los ODS de las Naciones Unidas, la transición ecológica y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Este dictamen establecerá el enfoque estratégico de las ciudades y regiones de la UE para lograr la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, hipocarbónica, climáticamente neutra y biodiversa;

66.

insiste en que el consumo y la producción sostenibles también suponen una reducción del uso de recursos no renovables en términos absolutos para avanzar hacia la suficiencia de recursos y no solo hacia la eficiencia de recursos;

67.

hace hincapié en el particular potencial de la bioeconomía para fomentar la independencia de los combustibles fósiles y contrarrestar el cambio climático por medio de la neutralidad en carbono. La máxima utilización posible de productos biológicos en el mayor espectro posible de sectores industriales también sirve para asegurar y crear puestos de trabajo en nuevos mercados sostenibles, en especial en las regiones menos industrializadas;

68.

sostiene que, con la ayuda de las regiones, en la próxima década podrá alcanzarse el objetivo de aumentar significativamente la contribución de las industrias de base biológica innovadoras al producto interior bruto;

69.

pide que se efectúe un seguimiento del Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible de la Comisión, ya que la financiación debe utilizarse para impulsar el cambio que proporciona beneficios para la sostenibilidad y no solo beneficios financieros (13);

70.

pide el compromiso de los sectores industriales y empresariales europeos con la sostenibilidad como parte integral de la estrategia industrial europea 2030, con el fin de ayudar a los sectores empresariales e industriales a avanzar más rápidamente en su camino hacia prácticas más sostenibles. La mesa redonda industrial de alto nivel «Industria 2030» debería seguir debatiendo dicha propuesta, ya incluida en las recomendaciones de la plataforma multilateral de la UE sobre los ODS, e incluir en el debate la bioeconomía integrada con los ODS;

71.

señala que, para mantener la coherencia de las políticas de la UE en favor del desarrollo, la PAC debe fomentar el progreso de una agricultura sostenible en los países en desarrollo que favorezca el mantenimiento de su población rural y garantice su seguridad alimentaria. A tal efecto, es conveniente que las exportaciones agrícolas y alimentarias de la UE no puedan llevarse a cabo a precios inferiores al coste de producción europeo;

72.

lamenta que, en relación con la movilidad, el documento de reflexión no incluya la importancia de la disponibilidad del transporte público para crear sistemas de transporte regional y urbano sostenibles y no mencione el papel clave de los entes locales y regionales a este respecto;

73.

sugiere que un nuevo impulso de la agenda sostenible de la UE a nivel internacional debería incluir iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel de la OMI (transporte marítimo) y de la OACI (transporte aéreo), en particular, mediante un llamamiento de la UE a favor de un impuesto mundial sobre el queroseno y, en caso de que no se llegue a un acuerdo para gravar dicho impuesto a nivel de la OACI, mediante la sugerencia por parte de la UE de medidas unilaterales como la supresión de la exención fiscal del carburante de aviación para los vuelos interiores en la UE o la imposición de un gravamen sobre el carburante en el transporte aéreo de mercancías;

74.

toma nota de que la industria de la movilidad europea necesita aumentar su competitividad mediante la innovación. Los entes locales y regionales, en cooperación con el sector privado y con el apoyo del presupuesto de la UE, deben adoptar el plan de despliegue de combustibles alternativos e infraestructura vial digital;

75.

en el contexto de las enormes desigualdades sociales esbozadas en el documento de reflexión, como el hecho de que más del 22 % de los ciudadanos de la UE se encuentra en riesgo de pobreza, reitera su petición de aplicar plenamente el pilar europeo de derechos sociales y prestar a los factores de sostenibilidad social la misma atención que a la sostenibilidad medioambiental para demostrar que el objetivo de la UE consiste en no dejar atrás a nadie ni a ningún territorio. De hecho, las pruebas demuestran que los territorios socialmente frágiles también suelen ser los más expuestos al impacto negativo de una falta de desarrollo sostenible;

76.

pide una supervisión de carácter más regional del pilar europeo de derechos sociales. El CDR está desarrollando un cuadro de indicadores sociales regionales que podría usarse para tal fin;

77.

observa que habría que prestar especial atención al fomento del envejecimiento activo y sano entre los europeos, pasando de un enfoque institucional a un planteamiento comunitario;

78.

reitera su llamamiento a favor de la aplicación de una agenda europea para la vivienda (14) que, como prolongación de la Asociación para la vivienda de la Agenda Urbana de la UE, contribuiría significativamente a la aplicación no solo del ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), sino también del ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 7 (energía asequible) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades);

79.

subraya que, con la contribución de las regiones y ciudades de la UE, el desarrollo de las tecnologías digitales puede transformar el cambio demográfico en un triple beneficio para Europa: mejorar la calidad de vida de nuestra población en proceso de envejecimiento, avanzar hacia sistemas sanitarios y asistenciales más sostenibles e impulsar un crecimiento económico y empleos sostenibles en la economía plateada;

80.

hace hincapié en que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en lo que respecta al equilibrio entre géneros, pero reconoce que las mujeres están considerablemente infrarrepresentadas en la UE, ya que solo el 15 % de los alcaldes, el 32 % de los miembros de los consejos municipales y el 33 % de los diputados en los parlamentos o asambleas regionales (15) son mujeres;

81.

apoya el reconocimiento y la difusión del aprendizaje no formal e informal en el ámbito del trabajo juvenil. Las organizaciones deportivas y juveniles que ofrecen programas educativos informales y no formales para la ciudadanía activa fuera de las escuelas revisten especial importancia para mejorar las habilidades y competencias de los jóvenes;

82.

recalca el potencial de la metodología de especialización inteligente de la UE para convertirse en una parte fundamental de la política «Europa sostenible en 2030». La plataforma de especialización inteligente del CCI ayuda a las regiones a usar los Fondos Estructurales para integrar sus estrategias de innovación regional en los ODS, entre otras cosas, mediante los actos «La ciencia en las regiones» organizados por el CDR y el CCI. La complementariedad entre la especialización inteligente y la aplicación de los ODS a escala regional aporta un valor añadido fundamental para el crecimiento sostenible;

83.

subraya que el régimen de comercio de derechos de emisión debería estar entre los próximos pasos esenciales a la hora de aplicar el documento de reflexión;

84.

lamenta que, en el último discurso sobre el estado de la Unión, no se hiciera ninguna referencia al «acuerdo de libre comercio intercontinental entre la UE y África de amplio espectro». Este acuerdo debería fundamentarse en los ODS y en el papel clave que puede desempeñar el comercio para ayudar a cumplirlos;

85.

pide que se renueve el diálogo social en la gobernanza empresarial para promover los ODS y los nuevos modelos empresariales con el fin de reforzar la democracia económica para el crecimiento sostenible;

86.

insiste en el papel positivo de la economía social para afrontar el desempleo y promover el crecimiento integrador y sostenido, lo que reviste especial importancia en las regiones marcadas por la emigración, el rápido envejecimiento de la población, la falta de dinamismo económico y un bajo nivel de espíritu empresarial. En estas regiones, las organizaciones de la economía social representan una de las formas en que la buena voluntad fomentará el espíritu empresarial y atraerá el mejor uso de los recursos locales;

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(1)  Esta encuesta recibió más de cuatrocientas respuestas. Pueden consultarse los resultados y otros datos en https://cor.europa.eu/es/news/Pages/SDGs_survey.aspx

(2)  Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2016), Getting Started with the SDGs in Cities. A Guide for Stakeholders:http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2016/07/9.1.8.-Cities-SDG-Guide.pdf

(3)  Por ejemplo, el País Vasco, las Islas Aland, Espoo, Gante, Utrecht y Renania del Norte-Westfalia.

(4)  Estudio encargado por el CDR: A territorial approach for the implementation of the SDGs in the EU – The role of the European Committee of the Regions (2019).

(5)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Programa de Apoyo a las Reformas y Función Europea de Estabilización de las Inversiones» [2018/3764, punto 12, ponente: Olga Zrihen (BE/PSE)].

(6)  Organizaciones como la OCDE, el ICLEI, la iniciativa UNDP-ART y ONU-Hábitat, y asociaciones como nrg4SD, CGLU o el Grupo de trabajo mundial.

(7)  Por ejemplo, el CMRE, Eurocities, la CRPM, la REDS y la Red CCEMA.

(8)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el futuro Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el futuro Fondo de Cohesión para después de 2020.

(9)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Mejorar la gobernanza del Semestre Europeo: un código de conducta para la participación de los entes locales y regionales» (COR 2016/5386).

(10)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «El Semestre Europeo y la política de cohesión: reformas estructurales destinadas a las inversiones a largo plazo» (COR 2018/5504).

(11)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Indicadores para medir el desarrollo territorial: más allá del PIB», aprobado el 11 de febrero de 2016.

(12)  Una Europa sostenible de aquí a 2030: seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la transición ecológica, así como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (ENVE-VI/039); ponente: Sirpa Hertell (FI/PPE).

(13)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible» (COR-2018-02182), aprobado el 6 de diciembre de 2018.

(14)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el tema «Hacia una agenda europea para la vivienda» (CDR 1529/2017), aprobado el 1 de diciembre de 2017.

(15)  Instituto Europeo de la Igualdad de Género, base de datos estadística sobre género, 2017.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la conexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente

(2019/C 404/05)

Ponente	:	Jácint HORVÁTH (HU/PSE), concejal de Nagykanizsa
Documento de referencia	:	Una bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la conexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente COM(2018) 673 final

RECOMENDACIONES POLITICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión «Una bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la conexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente», en la que se propone un plan de acción para la aplicación de la estrategia renovada de bioeconomía de la UE en los próximos años. Considera que puede desempeñar un papel clave como instrumento de diálogo con la Comisión Europea;

2.

estima que el plan de acción publicado es suficientemente ambicioso y que la aplicación de las correspondientes medidas es fundamental para que la bioeconomía europea se desarrolle a un ritmo adecuado;

3.

considera, además, que el desarrollo de la bioeconomía ofrece un enorme potencial de crecimiento y empleo, y subraya que este potencial solo podrá aprovecharse si los agentes regionales y locales cooperan estrechamente sobre el terreno y persiguen objetivos comunes; insiste, además, en la importancia de la bioeconomía sostenible para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible;

4.

expresa su convencimiento de que es necesario armonizar las iniciativas europeas, nacionales, regionales y locales en materia de bioeconomía, aprovechando los efectos positivos de la gobernanza multinivel a fin de crear un entorno propicio para su desarrollo en Europa. En el ámbito de la bioeconomía, el nivel local y regional también desempeña un papel importante en el fomento de la cooperación entre las universidades, la industria, los gobiernos y la sociedad civil, gracias al modelo de la «cuádruple hélice»;

5.

hace hincapié en las extraordinarias posibilidades que ofrece el período 2021-2027 para el desarrollo de la bioeconomía. Los entes locales y regionales son clave para la aplicación de la política de cohesión de la UE y de numerosas estrategias regionales de especialización inteligente que permiten cofinanciar programas y proyectos que refuerzan la bioeconomía;

6.

destaca, asimismo, que la Comisión también prevé la obligación, a partir de 2021, de elaborar planes de acción en el ámbito de la bioeconomía en el nivel territorial más adecuado —lo que implicará reforzar el papel de los entes locales y regionales— y de gestionar los programas de la manera más directa posible con los sectores y ciudadanos afectados, en consonancia con los principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel. Para crear una bioeconomía sostenible y circular, las actividades a nivel regional y local deben estar firmemente integradas, ya que las poblaciones locales conocen bien las cadenas de valor existentes en las regiones. Las regiones invierten en servicios y capacidades básicos, de modo que el enfoque local y regional es la garantía de un vínculo sólido con las particularidades y la especialización regionales;

7.

considera necesario, a fin de hacer realidad el enfoque de implantar la bioeconomía de la manera más amplia posible, revisar periódicamente el marco jurídico para eliminar los obstáculos jurídicos a la inversión;

8.

se muestra convencido de que el desarrollo de una bioeconomía europea sostenible creará puestos de trabajo, en particular, en las zonas costeras y rurales, gracias a una mayor participación de los productores primarios en la bioeconomía local. Los sectores bioeconómicos estiman que podrían crear un millón de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030;

9.

insta a todos los Estados miembros de la UE a que elaboren una estrategia nacional de bioeconomía antes de 2021 en el marco de la planificación del próximo marco financiero plurianual 2021-2027, a fin de facilitar la coordinación de los programas de desarrollo;

10.

anima a todas las regiones de Europa, por tratarse de uno de los ámbitos territoriales más adecuados para la aplicación de las estrategias de bioeconomía, a adoptar, a más tardar a finales de 2024, planes de acción en materia de bioeconomía o a incluir un capítulo específico sobre bioeconomía en su estrategia global de desarrollo. Asimismo, habida cuenta de que los límites ecológicos de la bioeconomía van más allá de los limites administrativos, considera que también deberían elaborarse estrategias interregionales para reforzar la cooperación transfronteriza e interregional (hermanamientos, redes, etc.) con regiones que muestren un perfil similar. Al mismo tiempo, deberían promoverse asociaciones en el ámbito de la bioeconomía para las estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas;

11.

espera que, en lo sucesivo, la contratación pública ecológica crezca a un ritmo lo más rápido posible en la Unión Europea, y subraya que el desarrollo de la bioeconomía es esencial para este fin. Señala, a este respecto, que la contratación pública es un instrumento importante para apoyar el desarrollo de los bioproductos y las soluciones basadas en ellos. Para respaldar y posibilitar este planteamiento, se necesita frecuentemente el apoyo de la UE en forma de requisitos de diseño ecológico, normas, declaraciones de producto medioambientales y de incidencia climática y estrategias encaminadas a impulsar las actividades de desarrollo;

12.

observa con preocupación que, según un documento reciente del Centro Común de Investigación, en el período comprendido entre 2015 y 2030, alrededor del 11 % (más de 20 millones de hectáreas) de la superficie agrícola de la UE está expuesto a un elevado riesgo potencial de abandono debido a factores relacionados con la idoneidad biofísica de las tierras, la estructura de las explotaciones y la viabilidad agrícola, la población y las especificidades regionales (1). Por lo tanto, hace hincapié en el enorme potencial de las tierras agrícolas abandonadas para aumentar la producción de diversos tipos de recursos biológicos, siempre que dicha utilización diversificada no ponga en peligro las zonas agrícolas de elevado valor natural ni reduzca la biodiversidad y el potencial de restauración y resilvestración de los hábitats naturales;

13.

recuerda que en un Dictamen anterior sobre la reforma de la política agrícola común (2), en relación con el medio ambiente y la alimentación, subrayó que la superficie utilizada para la agricultura ecológica en los Estados miembros tendría que duplicarse en comparación con los niveles de 2017, es decir, al menos el 30 % de la superficie agrícola útil de los Estados miembros;

14.

está de acuerdo con las conclusiones del informe sobre la revisión intermedia de la estrategia forestal de la UE, según las cuales la revisión de dicha estrategia debe coordinarse con la reforma de la Estrategia de Bioeconomía. Será necesario garantizar la coherencia entre las diferentes políticas de la UE en el desarrollo de la bioeconomía forestal y el fomento de la innovación;

Reforzar y ampliar los sectores de los bioproductos, movilizando las inversiones y los mercados

15.

considera que las innovaciones en el ámbito de la bioeconomía no atraen actualmente a los inversores salvo si las empresas desarrollan productos de alto valor añadido. Es necesario perfeccionar los regímenes de ayuda para desarrollar tecnologías relacionadas con bioproductos que tengan un bajo valor de mercado pero que sustituyan a los productos fósiles. Se necesitan mecanismos de fijación de precios más claros para los recursos de bioenergía, sin por ello regular al detalle cómo deben utilizarse estos recursos. Asimismo, la fijación pertinente de los precios de las energías fósiles constituye un elemento fundamental para asegurar la competitividad de la bioeconomía;

16.

considera que la creación de un sistema armonizado para regular las normas relativas a los productos que pueden fabricarse de forma sostenible, así como a sus residuos, velando al mismo tiempo por la estabilidad de este sistema en los Estados miembros, supondría un importante paso adelante para las organizaciones que participan en la investigación, el desarrollo y la fabricación de bioproductos;

17.

pide a la Comisión Europea que apoye los procesos necesarios para la producción y la venta de bioproductos en los Estados miembros de la UE y la multiplicación tecnológica en el ámbito de la bioeconomía sostenible. La UE debería perfilarse como líder del sector, desarrollando tecnologías de vanguardia relacionadas con la bioeconomía a fin de impulsar la creación de empleo y garantizar el suministro de bioproductos de elevada calidad;

18.

considera necesario que las normas aplicables eviten las cargas administrativas onerosas para los usuarios de biorrecursos. En la actualidad, tanto las normas sobre ayudas estatales como la Directiva de energías renovables (RED II) exigen la presentación de informes de sostenibilidad y economía, que deben cubrir también a los socios comerciales. Además, es importante evitar regular al detalle cómo deben gestionarse estos biorrecursos, siempre y cuando cumplan los requisitos de servir para reducir las repercusiones climáticas y mejorar la sostenibilidad. En particular en las biorrefinerías, los diferentes flujos de recursos se utilizan con fines muy diversos, también para biocombustibles;

19.

considera que el desarrollo de la bioeconomía, en particular en las regiones menos avanzadas, está vinculado a proyectos concretos, y que la realización de innovaciones emblemáticas permite supervisar su evolución. Por lo que se refiere a BIOEAST y otras iniciativas similares en las que participa más de un Estado miembro, propone que la Comisión fomente el refuerzo de las sinergias positivas a través de programas temáticos y subvenciones. Es importante que la interconexión entre las actividades de transferencia de tecnología y los recursos de biomasa de las regiones permita también obtener resultados demostrables para la sociedad, que demuestren que la bioeconomía sostenible es el palpitante corazón «verde» de la economía circular;

20.

considera que, para acelerar la transición energética y procurar que las energías renovables sean más competitivas en el mercado que los combustibles fósiles sin que esto se considere una ayuda estatal no autorizada, debería estudiarse la posibilidad de adaptar la Directiva sobre fiscalidad de la energía y las normas sobre ayudas estatales;

21.

se congratula de que la Comisión Europea tenga previsto crear en los próximos años un instrumento de apoyo a las políticas destinadas a corregir los desequilibrios territoriales en materia de bioeconomía, pero destaca la necesidad de garantizar el funcionamiento de este instrumento al menos hasta finales de 2027, con el fin de reducir eficazmente las disparidades territoriales que se han observado anteriormente en este ámbito;

22.

acoge favorablemente la inclusión de la biotecnología en las estrategias de especialización inteligente (RIS3) de varios Estados miembros de la UE. Las estrategias de especialización inteligente, cuya elaboración era una condición previa para acceder a los fondos europeos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) establecidos durante el período de programación 2014-2020, son también instrumentos de acción política que proporcionan una visión general de las características regionales y territoriales, los sectores y las prioridades tecnológicas, por lo que constituyen puntos de referencia para la aplicación de las políticas. Considera, asimismo, que las RIS3 regionales relacionadas con la bioeconomía ganan en eficacia cuando se basan en un esfuerzo coordinado tanto entre regiones vecinas como a nivel de los Estados miembros, no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica a largo plazo y la protección de la biodiversidad, sino también en términos de explotación del potencial de la bioeconomía;

23.

considera necesario reforzar el apoyo a la biotecnología, tanto en lo que se refiere a las prioridades de investigación e innovación (I+i) como a las prioridades de inversión. Gracias a su base de conocimientos y sus instrumentos, así como a su condición de vínculo entre las diferentes etapas del procesamiento de la biomasa, la biotecnología no solo es capaz de reducir las consecuencias negativas para el medio ambiente, sino también de promover el desarrollo sostenible de las bioindustrias;

24.

aprueba la acción 1.5 del plan de acción, que prevé el desarrollo de trescientas biorrefinerías sostenibles (3). Propone que, cuando se construya una nueva biorrefinería, sobre la base de los datos del sistema único de indicadores y seguimiento, se ayude a las regiones menos desarrolladas en materia de bioeconomía a recuperar terreno, de conformidad con las normas y subvenciones de la PAC y del 9.o Programa Marco. La introducción de innovaciones tecnológicas, junto con el desarrollo de sistemas conexos de transferencia de conocimientos, garantizará la explotación ecológicamente racional del potencial de los ecosistemas, lo que puede dar lugar a cadenas de valor sostenibles de biomasa;

25.

considera que, con el fin de optimizar, convertir e integrar las cadenas de valor, es esencial lograr la participación activa de las partes interesadas locales y regionales, y en particular de las pymes, para hacer así partícipe a toda la cadena empresarial, más allá de los productores primarios. Resulta fundamental apoyar los esfuerzos de las pymes en sus procesos de conversión tecnológica y empresarial a la bioeconomía;

Implantar rápidamente en toda Europa las bioeconomías locales

26.

recomienda que la Comisión Europea preste especial atención a la información de los responsables de las administraciones urbanas y rurales para que integren las posibilidades de producción y transformación de la biomasa en los procesos de planificación estratégica y presupuestación a largo plazo;

27.

subraya que las consultas entre regiones vecinas deberían permitir el desarrollo de tecnologías y soluciones para la agricultura ecológica circular en el contexto de una cooperación mutua;

28.

considera que las ciudades deberían convertirse en centros importantes de la bioeconomía circular. La gestión circular de los materiales y el reciclado (o, en su caso, la regeneración) de residuos, incluidos los residuos orgánicos, en las ciudades son fundamentales, y su aplicación no solo requiere infraestructuras y sistemas de recogida, tratamiento y reciclado (o regeneración), sino también la sensibilización del público. Pide a la Comisión Europea que prevea de manera coordinada los recursos necesarios para este fin, lo que incluye también el desarrollo conjunto y complementario de adaptaciones tecnológicas y sistemas de transferencia de conocimientos;

29.

considera, en particular, que en realidad ni la estrategia ni el plan de acción abordan cuestiones de gobernanza. Para llevar a buen puerto los procesos desarrollados en el plan de acción hay que atribuir responsabilidades concretas a los agentes pertinentes y respetar plenamente la gobernanza multinivel a fin de garantizar la aplicación efectiva y eficiente de cada uno de los elementos de la estrategia;

30.

considera necesario armonizar la legislación, ya que actualmente los veintiocho Estados miembros aplican normas diferentes a los flujos de biomasa, que son las materias primas principales de las cadenas de valor, cruciales para la bioeconomía, y a los flujos de residuos procedentes de su tratamiento;

31.

considera que las organizaciones [como la Red Europea de Regiones Químicas (ECRN)], plataformas [como el Consorcio de Bioindustrias (BIC)] y agrupaciones empresariales capaces de maximizar el potencial de los resultados y conocimientos adquiridos y combinar las iniciativas locales y regionales pueden promover eficazmente los procesos de la bioeconomía. En el futuro, será especialmente importante incluirlas en los sistemas de transferencia de conocimientos;

Calibrar los límites ecológicos de la bioeconomía

32.

propone que se utilicen los límites ecológicos y los ecosistemas, en lugar de los límites administrativos, como base para evaluar el potencial de producción de biomasa. Para alcanzar los objetivos del plan de acción, las cantidades de biomasa producidas deben evaluarse con precisión y registrarse en un único sistema. Esto requiere una cooperación coordinada entre las regiones y resulta esencial desarrollar y definir métodos normalizados de medición y control para esta evaluación;

33.

acoge con satisfacción el apoyo prestado por la Comisión, con arreglo a la acción 3.2 del plan de acción, al desarrollo de sistemas cartográficos y estadísticos de seguimiento de los ecosistemas. Propone, no obstante, elaborar y aplicar un sistema europeo uniforme de indicadores para el seguimiento de la producción de biomasa. Considera esencial establecer un marco de información único para la instalación de tecnologías de tratamiento posterior y la optimización de su funcionamiento desde el punto de vista de la eficiencia energética, la protección del medio ambiente y la logística de la biomasa;

34.

propone desarrollar un sistema único de indicadores capaz de facilitar información sobre la actividad regional a través de indicadores básicos y específicos. Con respecto a los indicadores básicos, se propone supervisar los siguientes parámetros: i) PIB por región (porcentaje del PIB nacional); ii) actividad internacional de I+D+i; iii) ahorro de energía fósil; iv) reducción de emisiones, en particular de amoniaco (NH3) y gases de efecto invernadero (GEI) (CO2, CH4); v) producción de energía renovable (en este caso, se propone estandarizar la dimensión de medición). Los indicadores específicos capaces de caracterizar el rendimiento de las regiones en relación con el plan de acción de la Estrategia de Bioeconomía serían los siguientes: i) número de nuevos puestos de trabajo (relacionados con el desarrollo de la bioeconomía); ii) papel de la bioeconomía en el rendimiento regional; iii) importancia del esfuerzo realizado para mantener y desarrollar la biodiversidad (fondos asignados); iv) conservación del medio ambiente y reducción de la cantidad de residuos;

35.

considera que la extensión de los sistemas transfronterizos de apoyo a los procesos de innovación y a las posibilidades de cooperación que respaldan de manera específica el desarrollo de la bioeconomía contribuye eficazmente a la coordinación transfronteriza de las estrategias en las regiones vecinas. La cooperación basada en enfoques ecológicos, sociales y económicos similares puede orientar la especialización de la formación a nivel local y tener también un impacto positivo en las tasas de empleo sectoriales;

36.

recomienda promover mecanismos que permitan lograr compromisos entre la biodiversidad y la producción, así como buscar sinergias entre las diferentes políticas. La aceleración del cambio climático también está dando lugar a transformaciones a nivel microrregional;

37.

pide que se desarrolle un marco de desarrollo global que contribuya a la coordinación de las medidas de política climática a escala de la Unión para luchar contra la pérdida de biodiversidad y las alteraciones del medio ambiente, preservando y mejorando los recursos y la fertilidad del suelo;

38.

acoge con satisfacción la creación de una Estrategia de Bioeconomía acorde con los objetivos de sostenibilidad, acompañada de un plan de acción cuya piedra angular es la protección de las zonas de producción contra la sobreexplotación, en paralelo al desarrollo del potencial de la biomasa. Además, se congratula de la protección de los recursos básicos para la producción y pide a la Comisión que garantice a las regiones un acceso más equitativo a los fondos destinados a la sensibilización;

Financiación de la bioeconomía

39.

se congratula de que el objetivo de las propuestas de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual 2021-2027 consista en dar un fuerte impulso a la investigación e innovación sistémicas en los ámbitos y sectores cubiertos por la bioeconomía: en particular, se prevé asignar 10 000 millones EUR (4) al grupo «Alimentos y Recursos Naturales» del programa Horizonte Europa (5), lo que representa alrededor del 10 % del presupuesto. También acoge con especial satisfacción la inclusión de «soluciones sostenibles, inclusivas y circulares de base biológica» en los ocho ámbitos de asociación del programa;

40.

señala, no obstante, que el desarrollo de la bioeconomía necesita un enfoque global, lo que significa también que su financiación requiere el uso simultáneo y coordinado de diferentes fuentes. Considera necesario que la Comisión Europea fomente las complementariedades de los instrumentos financieros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, la política agrícola común, los recursos disponibles para la I+D+i y los instrumentos financieros del programa InvestEU y diseñe instrumentos adecuados de coordinación de los recursos a fin de capacitar a los Estados miembros y las regiones para que hagan un uso pleno de los fondos disponibles con vistas a aprovechar las posibilidades de apoyo a la bioeconomía;

41.

subraya la importancia del programa InvestEU como futura fuente de financiación de la bioeconomía; pide, por lo tanto, que la bioeconomía siga siendo un objetivo de financiación y que siga figurando entre los ámbitos financiados por el programa InvestEU;

42.

recuerda que la meta prevista de contribuir con el 25 % del gasto presupuestario de la UE a la consecución de los objetivos climáticos no parece ser suficiente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En su Dictamen dedicado al Paquete sobre el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (6), ya señaló que la propuesta relativa a las próximas perspectivas financieras debería tener como propósito que la posibilidad de aumentar el porcentaje del gasto que contribuye a la descarbonización de los sectores de la energía, la industria y el transporte y a la transición hacia una economía circular pueda superar el 30 %; estos objetivos contribuyen al desarrollo de la bioeconomía a un ritmo adecuado;

43.

reitera que la propuesta de la Comisión Europea sobre el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Horizonte Europa —el programa marco para la investigación y la innovación— señala que son justificables medidas específicas para las regiones ultraperiféricas de la Unión (que dependerán en cada caso de la situación estructural, social y económica) en materia de acceso a los programas horizontales de la Unión. Lamenta que este reconocimiento no se haya concretado en el texto propuesto, lo que hará difícil que el programa tenga en cuenta las necesidades específicas de estas regiones y los recursos únicos que ofrecen como bancos de pruebas para la investigación y la innovación en los ámbitos determinados en sus estrategias de especialización inteligente, como por ejemplo la bioeconomía o el cambio climático;

Educación, formación y sensibilización en materia de bioeconomía

44.

manifiesta su preocupación por las estadísticas que apuntan a un incremento anual de la media de edad de los productores y empresarios de la bioeconomía. A no ser que una generación más joven tome el relevo de la población que envejece, con la consiguiente transferencia de conocimientos, así como la necesaria adquisición de nuevas capacidades y competencias, se verá amenazado el futuro suministro de alimentos de calidad en cantidades suficientes y crecientes. Se ha de dar prioridad al desarrollo de sistemas adecuados de transferencia de conocimientos en los sectores de la bioeconomía y a las dimensiones innovadoras, sociales, económicas y ecológicas de la conectividad intersectorial;

45.

considera que, a largo plazo, se podrá contar con la mano de obra necesaria para unas cadenas de valor sostenibles basadas en bioproductos y adaptadas al ecosistema si se realiza un esfuerzo para satisfacer las necesidades laborales específicas de los sectores de la bioeconomía mediante el recurso a módulos progresivos y coherentes desde la educación primaria, así como a módulos de formación y aprendizaje permanente, elaborados por los Estados miembros sobre la base del método abierto de coordinación. Considera que el desarrollo de estos módulos es absolutamente necesario ya que los conocimientos en materia de cultura medioambiental y sostenibilidad deben transmitirse en todos los niveles de la educación, así como en la formación y el aprendizaje permanente. A este respecto, pide a la Comisión Europea que ayude a los Estados miembros a identificar y determinar conjuntamente objetivos comunes y que les facilite los medios necesarios para alcanzarlos a nivel de la UE;

46.

hace hincapié en que el desarrollo de la economía pasa por la creación de una demanda del mercado de un abastecimiento de bioproductos; llama la atención sobre la necesidad no solo de emprender acciones y actividades de sensibilización, sino también de apoyar la demanda, para lo cual es necesaria una cooperación entre la Comisión Europea, las regiones y los municipios.

---

(1)  Agricultural Land Abandonment in the EU within 2015-2030 [El abandono de las tierras agrícolas en la UE entre 2015 y 2030], JRC Policy Insights (octubre de 2018), disponible en https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc113718.pdf

(2)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la política agrícola común (COR-2018-03637).

(3)  OCDE, Meeting Policy Challenges for a Sustainable Bioeconomy [Responder a los retos políticos de cara a una bioeconomía sostenible], 2018, ISBN 9789264292345; BIO-TIC, A roadmap to a thriving industrial biotechnology sector in Europe [Hoja de ruta para un sector biotecnológico floreciente en Europa], 2015.

(4)  COM(2018) 435 de 7.6.2018: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión.

(5)  COM(2018) 321 final de 2.5.2018: Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027.

(6)  COR-2018-02389

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Reforzar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería (artes) y matemáticas [CTI(A)M] en la Unión Europea

(2019/C 404/06)

Ponente

:

Csaba BORBOLY (RO/PPE), presidente del Consejo Regional de Harghita

I. RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

acoge con satisfacción que una parte importante de los entes locales y regionales de Europa reconozca que existen oportunidades y responsabilidades significativas a la hora de definir un enfoque coherente e integrado de la enseñanza de las CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y desarrollar las capacidades y competencias asociadas a estas disciplinas, cada vez más comunes en los distintos niveles educativos de todo el mundo;

2.

destaca que, si bien el crecimiento de los sectores económicos que hacen un uso intensivo de la innovación (como las TIC, la robótica, la automatización, la investigación y el desarrollo técnicos, la logística y diversas actividades de ingeniería) debe continuar de manera sostenida, este crecimiento podría verse obstaculizado por una aplicación inadecuada de la enseñanza de las CTIM;

3.

señala que, si bien es cierto que, en el caso de las CTIM, se puede hablar de un método de enseñanza de eficacia probada que se aplica desde hace varias décadas y cuyas condiciones materiales ya están dadas, es necesario adoptar nuevas medidas, considerando la importancia de contar con más profesores capaces de romper las fronteras tradicionales entre las diferentes disciplinas y favorecer un enfoque interdisciplinar de la enseñanza, basado en la investigación aplicada y el método científico, en proyectos y teniendo en cuenta que, en muchos casos, la necesidad de invertir en este ámbito no se ha reconocido hasta ahora en las políticas educativas nacionales de los distintos Estados miembros;

4.

insiste en que la enseñanza de las CTIM no se limita a la transmisión paralela o independiente de diferentes materias o disciplinas científicas, puesto que uno de los principios básicos es que su enseñanza debe planificarse y llevarse a cabo no de forma aislada, sino en el marco de la coherencia entre disciplinas y de acuerdo con un sistema que, en la práctica, es de carácter multidisciplinar;

5.

señala que, según diversos estudios, el número de puestos de trabajo aumentará de forma significativa, incluso a medio plazo, en sectores relacionados con las CTIM y que es en este ámbito en el que el desempleo se sitúa en su nivel más bajo en casi todos los Estados miembros;

6.

advierte de que, según el Foro Económico Mundial (1), la dicotomía entre humanidades y ciencias no prepara a las nuevas generaciones para las nuevas funciones transversales para las que los trabajadores necesitarán tanto competencias técnicas como sociales y analíticas. Pide, por tanto, que se adopte una fuerte orientación en materia de CTIAM que dote a los alumnos y estudiantes de capacidad de resolución de problemas complejos, creatividad, pensamiento crítico, gestión de las personas y flexibilidad cognitiva;

7.

dados los resultados de las CTIM en el plano internacional, considera importante poder afirmar que merece la pena no solo tenerlas en cuenta en la educación superior, sino también sentar las bases en todos los niveles, desde la enseñanza primaria en adelante, ampliando el ámbito de las competencias elementales de modo que todos los ciudadanos tengan acceso a los conocimientos esenciales de las CTIM, en particular, la alfabetización científico-técnica;

8.

considera que, en consonancia con los principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel, es preciso examinar la manera en que el plano local y regional puede ayudar a corregir las lagunas y desajustes actuales, sobre la base del método abierto de coordinación, entre la formación, la mano de obra y los empleos relacionados con las CTIM mediante la coordinación, de modo que se cree una igualdad de condiciones a nivel europeo;

9.

recuerda que, en interés de la subsidiariedad y la descentralización en los Estados miembros, existe una clara necesidad de que los entes locales y regionales, que financian a las escuelas o apoyan de otro modo la red educativa, ocupen su lugar en este proceso, ya que desempeñan un papel decisivo en la movilización de los fondos de la UE;

10.

considera que las iniciativas, estrategias, planes de acción y asociaciones público-privadas aplicadas a escala local y regional en el ámbito de las CTIM pueden cumplir un papel importante en la reducción de las diferencias de desarrollo entre las distintas regiones. En muchos casos, mejorar las competencias vinculadas a los puestos de trabajo relacionados con las CTIM no necesita una infraestructura educativa tradicional costosa, y también surgen muchas oportunidades de organizar cursos especializados de ciclo corto, a veces de solo unos meses, en particular en la educación profesional y el aprendizaje de adultos. La presencia de una mano de obra especializada en las CTIM en su territorio es un factor decisivo para la competitividad de las regiones, y la participación de los distintos entes locales y regionales en este ámbito puede ser de especial eficacia. El tratamiento de las CTIM como prioridad educativa local y regional y las inversiones e iniciativas de desarrollo concertadas pueden contribuir en gran medida a mitigar los efectos nocivos de la fuga de cerebros al ofrecer oportunidades profesionales adecuadas a la mano de obra en el ámbito de las CTIM;

11.

considera que la participación de cámaras y organizaciones profesionales activas y bien integradas a escala local y regional en la planificación de la formación y en las propias actividades de formación fomentará la eficacia del enfoque CTIM y contribuirá, así, a expresar y promover mejor el valor añadido y los intereses locales y regionales;

12.

habida cuenta de la programación de los fondos de la política de cohesión para el período 2021-2027, y en consonancia con los informes por país del Semestre Europeo que han formulado orientaciones al respecto, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que den la prioridad adecuada al apoyo de las iniciativas CTIM a nivel local y regional y adopten las medidas indispensables para garantizar que las inversiones imprescindibles se realicen con cargo a los fondos de los Estados miembros o de la UE, y que la planificación de la política de cohesión tenga un enfoque más orientado a la escasez de capacidades en CTIM. También pide a la Comisión que, al elaborar las orientaciones para las políticas de empleo —y conforme a la «oferta mejorada de mano de obra y capacidades», que aborda las debilidades estructurales en los sistemas de educación y formación—, anime a los Estados miembros a apoyar debidamente las iniciativas CTIM, ya que pueden contribuir al mantenimiento de un modelo económico europeo basado en el conocimiento que pueda desarrollarse con éxito y, al mismo tiempo, ser integrador y promover la igualdad de oportunidades;

13.

considera que ha llegado el momento de que, además de los loables y ambiciosos proyectos del Espacio Europeo de Educación, la Comisión Europea garantice que todas las prioridades asociadas a las CTIM se aborden en su gestión directa de los programas pertinentes de la UE; recomienda además que la Comisión fomente la visibilidad y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de las CTIM a través de un portal de la UE específicamente dedicado a ello;

14.

recomienda que la Comisión Europea y los Estados miembros lleven a cabo esfuerzos coordinados para garantizar: — un enfoque sin sesgo de género en la educación en CTIM, el asesoramiento y la elaboración de planes de estudio; — que el cuadro de indicadores Women in Digital (WID) [Mujeres en el ámbito digital], que es el cuadro de indicadores anual de la Comisión Europea para supervisar la participación de las mujeres en la economía digital, se amplíe para evaluar también la adquisición de capacidades relacionadas con las CTIM por parte de las mujeres y su inclusión en empleos relacionados con las CTIM; — que en los esfuerzos educativos innovadores también se protejan los derechos lingüísticos de las minorías étnicas y lingüísticas, de modo que su material educativo y sus planes de estudio no queden rezagados; — que se tomen medidas directas y eficaces y se realice un intercambio de buenas prácticas para llegar a los jóvenes dentro del sistema educativo y a los «ninis» a fin de atraer a ambos grupos hacia cursos y empleos en el campo de las CTIM; también pide que se adopten medidas concretas para hacer frente a los estereotipos de género, promover la educación y las capacidades de las mujeres en materia de CTIM y abogar por que haya más mujeres en los ámbitos del empleo y el emprendimiento relacionados con las CTIM;

15.

expresa su preocupación por que, en las últimas décadas, se hayan detectado tres lagunas inquietantes en el ámbito de las CTIM: i) en toda Europa faltan profesores de CTIM en todos los niveles educativos; ii) en muchos casos, el interés de los estudiantes por las CTIM disminuye; iii) los resultados obtenidos por el sistema educativo no siempre se ajustan a las necesidades del mercado laboral;

16.

no obstante, considera que estas cuestiones no deben percibirse como un problema sino como un reto concreto que es preciso afrontar, y que una planificación adecuada, el establecimiento de asociaciones locales y regionales y la cooperación con los empresarios son elementos esenciales para dar una respuesta eficaz; además, el hecho de que actualmente solo nueve Estados miembros cuenten con una estrategia nacional en materia de CTIM pone de manifiesto la urgente necesidad de que todos los Estados miembros aborden esta cuestión y la gestionen de manera óptima mediante estrategias de nivel local y regional;

17.

subraya que la proporción de mujeres que participan en estas formaciones y profesiones sigue siendo baja, lo que significa que aún queda mucho por hacer en materia de igualdad de género, pero también que este ámbito y estas profesiones tienen potencial de crecimiento. En el caso de las chicas jóvenes, los modelos de referencia pueden desempeñar un papel importante para animarlas a considerar escoger algún ámbito de las CTIM. Para todas las edades, es necesario adoptar una serie de medidas, entre ellas, programas de orientación profesional y becas de estudio y aprendizaje específicas. Los estudios muestran que cerrar la brecha de género en el ámbito de las CTIM contribuiría a aumentar el PIB per cápita de la UE entre el 2,2 y el 3,0 % y aumentaría el empleo en la UE de 850 000 a 1 200 000 puestos de trabajo de aquí a 2050, mientras que la participación de las mujeres en el sector de las TIC, que está creciendo rápidamente pero que aún está muy segregado, supondría un aumento anual de alrededor de 9 000 millones EUR en el PIB de la UE (2);

18.

observa que actualmente, en 35 países europeos, menos de uno de cada cinco licenciados en informática son mujeres (3). Señala que abordar la brecha de género en materia de capacidades relacionadas con las CTIM es tanto más esencial cuanto que la creación de empleo se concentra cada vez más en los sectores relacionados con las CTIM, y que cada año se crean 120 000 nuevos puestos de trabajo en el sector de las TIC. Según la Comisión Europea, Europa podría hacer frente a una escasez de hasta 900 000 trabajadores cualificados en el ámbito de las TIC de aquí a 2020 (4). Subraya, a este efecto, que ayudar a más niñas y mujeres a estudiar CTIM exige una colaboración entre los padres, las instituciones educativas, todos los niveles de gobierno y la industria, y que para ello son componentes clave proporcionar estímulos, desarrollar tutorías y promover modelos de referencia femeninos;

19.

asimismo, considera que existen importantes oportunidades para las universidades regionales y las universidades populares que se ocupan de la difusión de las CTIM, ya que la formación y las disciplinas universitarias en estas materias pueden ser objeto de cursos de carácter internacional, lo que puede aumentar el atractivo de las CTIM para las universidades ambiciosas. Sin embargo, también ha de tenerse en cuenta que las nuevas orientaciones en el ámbito de las CTIM (es decir, el desarrollo del trabajo en equipo, la facilitación de sinergias interprofesionales, la difusión y el apoyo de los programas de prácticas, el refuerzo de la enseñanza basada en proyectos y la participación de estudiantes desfavorecidos, discapacitados o pertenecientes a minorías en las actividades de enseñanza y formación) pueden conferir un papel precursor a las regiones y a sus universidades y escuelas de formación profesional, en las que los pioneros aprovechan desde el principio las oportunidades que ofrecen las CTIM;

20.

destaca que, a la hora de organizar módulos de CTIM a escala local y regional, los conocimientos locales específicos podrán integrarse en la oferta de formación, lo que significa ampliar también el ámbito de aplicación y las competencias de los entes locales y regionales en este ámbito;

21.

llama la atención sobre el hecho de que añadir a las CTIM un componente consagrado a las artes, la creación y el diseño también permitiría aprovechar las soluciones y tradiciones locales y regionales específicas y que, al mismo tiempo, esta ampliación de las CTIM ofrecería a estas materias oportunidades reales de innovación en educación y formación. Si se utilizan adecuadamente, tales oportunidades permitirían a las regiones europeas servir de ejemplo en todo el mundo, lo que podría imprimir un impulso adicional a su creciente capacidad de innovación, ya que la inclusión de las artes puede aumentar significativamente la creatividad en este ámbito. Recuerda que, según un estudio reciente de la OCDE (5), la educación artística es cada vez más importante en las sociedades orientadas a la innovación, y hay un número cada vez mayor de universidades que desarrollan nuevos tipos de planes de estudios interdisciplinares;

22.

considera, por una parte, que sería útil incluir también a los progenitores en las acciones de concienciación y argumentación sobre las CTIM y las CTIAM y, por otra, que es esencial encontrar métodos adecuados que atraigan la atención de los niños hacia las CTIM en una fase muy temprana, desde los programas preescolares;

23.

pide a la Comisión Europea que adopte las medidas necesarias en el marco de la continuación y renovación del proceso de Bolonia y en el contexto del proceso de reconocimiento automático de los títulos, y le pide que vele por que la cuestión del reconocimiento mutuo de los diplomas y las formaciones en el ámbito de las CTIM y las artes se aborde con carácter prioritario y de manera adecuada tan pronto como sea posible;

24.

anima a los Estados miembros y a la Comisión Europea a elaborar un inventario, con el apoyo de los instrumentos disponibles y con el acuerdo de los entes locales y regionales, con la participación de las universidades regionales y las universidades populares, de los planes de estudios para las CTIM y las CTIAM en los diferentes niveles educativos, lo que facilitaría la introducción de las CTIM de manera más flexible, incluso como un programa educativo local; insta a la Comisión Europea a proponer un marco integrado de competencias en CTIM con vistas a mejorar la comparabilidad y las normas sobre cumplimiento en la UE;

25.

pide a la Comisión Europea y a Eurostat que perfeccionen el método de recogida de datos en función de su pertinencia, que garanticen que los sistemas educativos de las CTIM como disciplinas independientes y los sistemas basados en un enfoque integral de las CTIM puedan distinguirse con precisión y que aclaren la dimensión regional de todo el entramado, lo que también facilitará el desarrollo de estrategias locales y regionales en este ámbito.

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(1)  The World Economic Forum, Global Challenge Insight Report, enero de 2016.

(2)  Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), 2017: Ventajas económicas de la igualdad de género en la UE.

(3)  Portal de datos de género de la OCDE, ¿Dónde están las científicas del mañana? (https://www.oecd.org/gender/data/wherearetomorrowsfemalescientists.htm).

(4)  Competencias digitales, empleo y necesidad de atraer a más europeos en línea (https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digital-skills-jobs-and-need-get-more-europeans-online_en).

(5)  ¿El arte por el arte? El impacto de la educación artística (https://read.oecd-ilibrary.org/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en#page1).

Dictamen del Comité Europeo de la Regiones — Hacia un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos

(2019/C 404/07)

Ponente	:	Uno SILBERG (EE/UEN-AE), alcalde de Kose
Documento de referencia	:	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos COM(2018) 734 final

I. RECOMENDACIONES POLITICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

considera importante que la Comisión haya emprendido una revisión exhaustiva del marco legislativo vigente de la UE en materia de alteradores endocrinos, y comparte la opinión de que es necesario actualizar el enfoque de la UE en lo relativo a su gestión, sobre una base que permita incorporar el nuevo bagaje de conocimientos, resultados y experiencia, a fin de que siga reflejando el estado de la tecnología, y permita una gestión coherente de estas sustancias en los diferentes ámbitos;

2.

estima preocupante que, desde 1999, los datos científicos que vinculan la exposición a alteradores endocrinos con las enfermedades humanas o el efecto negativo sobre la fauna y la flora hayan podido demostrarse de forma cada vez más contundente;

3.

considera preocupante el tratamiento superficial que se dado hasta la fecha a la información difundida públicamente, ya que es probable que términos como «función endocrina» o «alterador endocrino» resulten desconocidos a un gran número de ciudadanos;

4.

apoya las iniciativas de la Comisión orientadas a garantizar un alto nivel de protección de los ciudadanos de la UE y del medio ambiente y, al mismo tiempo, una adaptación al mercado único que tenga en cuenta las nuevas circunstancias y beneficie a los consumidores;

5.

toma nota de que pueden surgir conflictos entre un alto nivel de protección de los ciudadanos de la UE y del medio ambiente y las empresas con ánimo de lucro; por consiguiente, deberán tenerse en cuenta desde el principio las repercusiones de las medidas y los riesgos para la economía;

6.

exige a la Comisión que no retrase más el desarrollo y la adopción de la nueva estrategia en materia de alteradores endocrinos;

7.

insta a que la nueva estrategia vaya acompañada de un calendario preciso para aplicar criterios apropiados de alteradores endocrinos en todas las normas pertinentes de la UE a fin de avanzar en la reducción de la exposición a estas sustancias químicas, en particular de los grupos más vulnerables;

8.

pide a la Comisión que aborde cuanto antes las diferencias existentes entre la legislación de la UE y armonice la manera en que los alteradores endocrinos son tratados, es decir, que asuma la presunción de que es imposible fijar un umbral seguro de exposición con la certeza suficiente;

9.

exige a los Estados miembros y a la Comisión que den prioridad a los resultados sanitarios de los ciudadanos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los intereses de los consumidores y la industria, y que aumenten de forma significativa los recursos para la investigación —independiente y financiada con fondos públicos— sobre los alteradores endocrinos, los productos de sustitución seguros y otras soluciones innovadoras;

10.

considera que Europa ocupa una posición de liderazgo en la cooperación internacional en materia de detección, control e identificación de los alteradores endocrinos; se declara a favor de mejorar la recogida y el intercambio de datos y respalda la idea de una clasificación internacional de los alteradores endocrinos;

La ciencia de los alteradores endocrinos

11.

está convencido de que las autoridades públicas de todos los niveles de gobierno y de administración deben contribuir a financiar la investigación sobre los alteradores endocrinos a fin de colmar las lagunas científicas y adquirir los conocimientos necesarios;

12.

subraya la necesidad de informar sobre cómo y en qué medida están expuestos los seres humanos y otros organismos vivos a los alteradores endocrinos, cómo se propagan estas sustancias y qué efectos tienen en la salud humana, la flora y la fauna;

13.

apoya expresamente la propuesta formulada en la Comunicación objeto de examen de financiar, con cargo a Horizonte Europa, actividades de investigación que se centren en especial en el efecto mezcla o el efecto cóctel, la valoración del peligro y la evaluación de riesgos, la eliminación de sustancias preocupantes en la producción y al final de la vida útil, la ecoinnovación, la lucha contra la contaminación ambiental y el estudio de la interacción entre las sustancias químicas, los productos y los residuos;

14.

pide a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) una mayor cooperación y coordinación para aprovechar de forma eficiente los medios disponibles para una evaluación exhaustiva;

15.

llama la atención sobre el informe «El coste de la inacción» (1), encargado por el Consejo de Ministros Nórdico, en el que se estima que los costes (totales) vinculados a los efectos de los alteradores endocrinos en la salud reproductiva masculina en la EU-28 pueden situarse en torno a los 1 267 millones de euros al año;

16.

pone de relieve las conclusiones de otro estudio (2) que vincula los alteradores endocrinos con pérdidas de coeficiente intelectual y discapacidad intelectual asociada, autismo, trastorno de hiperactividad con déficit de atención y dislexia, endometriosis, miomas, obesidad infantil y en adultos, diabetes de tipo 2, criptorquidia, infertilidad masculina y mortalidad asociada con la reducción de la testosterona. El estudio calcula que el coste anual para Europa puede llegar hasta los 163 000 millones de euros (equivalente al 1,28 % del PIB de la UE);

17.

alberga dudas sobre la definición proporcionada en 2002 por el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, un programa conjunto de diversas agencias de las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, que define un alterador endocrino como «una sustancia exógena o mezcla que altera funciones del sistema endocrino y, en consecuencia, provoca efectos negativos para la salud en un organismo intacto o su progenie o en (sub)poblaciones», ya que resulta demasiado restrictiva sobre la base de los conocimientos actuales y no tiene suficientemente en cuenta los efectos sobre la fauna y la flora;

18.

propone que, sobre la base del nivel actual de conocimientos, se sopese la posibilidad de redactar la redacción de la definición de alteradores endocrinos de la manera siguiente: «Alteradores endocrinos: una sustancia exógena o mezcla que altera la(s) función/funciones de las hormonas y del sistema endocrino y, en consecuencia, afecta negativamente a los procesos fisiológicos y de desarrollo, incluida la salud de las personas y animales y su progenie»;

19.

subraya que no basta con investigar únicamente la vinculación de la exposición a alteradores endocrinos con las enfermedades humanas sino que el tema debe abordarse desde el punto de vista de la salud humana, la fauna y la flora y el medio ambiente y tener en cuenta el aspecto de cómo pueden evitarse las repercusiones correspondientes en la sociedad en un sentido más amplio, tanto social como económico;

20.

destaca que, aunque existe consenso sobre la idea de que la ventana crítica de exposición a los alteradores endocrinos se da en períodos importantes de desarrollo, como el desarrollo fetal y la pubertad, resulta preocupante que la exposición a los alteradores endocrinos durante estos períodos pueda causar efectos permanentes y traducirse en una mayor susceptibilidad a las enfermedades en etapas posteriores de la vida;

21.

recomienda que se profundice en el estudio y difusión de conocimientos sobre las causas de la aparición de enfermedades, por ejemplo del aumento del número de niños nacidos con autismo o de casos de cáncer de testículo;

22.

señala asimismo que la ciencia actual no ofrece una base suficiente para fijar un valor límite por debajo del cual no se producen efectos adversos y que, por lo tanto, los alteradores endocrinos deben considerarse sustancias «sin umbral», lo que significa que toda exposición a dichas sustancias puede conllevar riesgos, especialmente durante los períodos críticos de desarrollo (prenatal, postnatal y pubertad) y debe prestarse atención a los efectos de las mezclas;

23.

considera inquietante que, hasta la fecha, la ciencia se haya centrado principalmente en un número limitado de mecanismos endocrinos; sin embargo, en los últimos años, se ha demostrado que otros aspectos del sistema endocrino también pueden ser sensibles a los alteradores endocrinos y que los alteradores endocrinos pueden combinarse de modo que causen efectos acumulativos («efecto mezcla» o «efecto cóctel»), por lo que la exposición a una combinación de alteradores endocrinos puede producir un efecto negativo en concentraciones en las que no se ha observado efecto alguno a escala individual;

24.

estima necesario que se siga investigando, utilizando en particular los recursos financieros del programa Horizonte 2020, para poder aclarar qué efectos tiene la exposición a alteradores endocrinos en relación con la etiopatogenia y el desarrollo de enfermedades, así como en la fauna y la flora;

25.

considera necesario que se lleven a cabo investigaciones sobre el diseño, el desarrollo y la validación de métodos de ensayo, así como sobre la elaboración de modelos predictivos;

26.

se congratula de que, bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se hayan realizado importantes esfuerzos para seguir mejorando la disponibilidad de las directrices de ensayo para la identificación de los alteradores endocrinos y abordar las lagunas detectadas en los métodos de ensayo en la UE y a nivel internacional;

27.

pide a la Comisión que apoye los proyectos de investigación específicos —entre ellos el desarrollo de nuevos métodos de ensayo y análisis— centrados en sustancias susceptibles de afectar al sistema endocrino, y que ponga de relieve los efectos adversos de las concentraciones bajas o de la exposición combinada;

28.

insta a la Comisión a que elabore métodos in vitro e in silico a fin de reducir al mínimo los ensayos con animales en las pruebas de detección de alteradores endocrinos;

29.

valora positivamente los trabajos de investigación que se han financiado o comprometido hasta la fecha y confía en que se asigne una dotación considerablemente mayor a la futura financiación de la investigación de los alteradores endocrinos;

Políticas y legislación de la UE en materia de alteradores endocrinos hasta la fecha

30.

acoge con satisfacción las diversas iniciativas y propuestas legislativas en relación con los alteradores endocrinos presentadas por la Comisión, en particular la propuesta de Reglamento sobre la transparencia y sostenibilidad de la evaluación del riesgo, la Estrategia europea sobre el plástico, la Directiva sobre el agua potable, el Nuevo marco para los consumidores, el paquete sobre mercancías y la actualización del marco jurídico existente sobre seguridad y salud de los trabajadores;

31.

recuerda, no obstante, que en la Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (3), la Comisión se comprometió a emprender —antes de 2015— una «minimización de la exposición a los alteradores endocrinos» y a elaborar una estrategia completa de la Unión en este ámbito para 2018. Por ello, lamenta que el documento actual falte a la promesa realizada en 2013;

32.

observa que los principios de «Legislar mejor» no deben retrasar las medidas encaminadas a evitar o reducir consecuencias potencialmente graves o irreversibles para la salud de las personas o el medio ambiente, tal y como obliga el principio de cautela consagrado en los Tratados de la Unión;

33.

recuerda que la Unión Europea se ha comprometido a actuar sobre las sustancias peligrosas a escala internacional y se remite a las Declaraciones de Parma y de Ostrava de los Estados miembros de la región europea de la OMS;

34.

valora positivamente la orientación adoptada por Francia, Suecia, Dinamarca y Bélgica de aumentar el nivel de protección de los ciudadanos mediante conjuntos exhaustivos de medidas nacionales que restrinjan el uso de alteradores endocrinos; pide a la Comisión que se inspire en los Estados miembros que se hallan en la vanguardia y ofrezca el nivel más elevado posible de protección a todos los europeos;

35.

considera que, en su conjunto, la legislación deberá centrarse en mayor medida en el trabajo ascendente, es decir, en la imposición de unos requisitos más estrictos a los fabricantes de productos químicos, la industria farmacéutica, etc. Desde el punto de vista de los costes, no sería eficiente poner el foco en etapas de purificación adicionales en las instalaciones de agua potable y las estaciones depuradoras de aguas residuales;

36.

expresa su preocupación por el hecho de que, a diferencia de lo que sucede en el caso del tabaco, no es posible evitar las sustancias químicas que tienen efectos adversos en el sistema endocrino en su totalidad, ya que se encuentran por todas partes y contaminan el organismo de los ciudadanos europeos sin su conocimiento ni consentimiento;

37.

insta a la Comisión y a los Estados miembros a que proporcionen a los ciudadanos información fiable —presentada en un formato adecuado y en una lengua que entiendan— sobre los peligros intrínsecos de los alteradores endocrinos, sus efectos y los posibles modos de reducir la exposición;

38.

exige la prohibición de los ftalatos y bisfenoles en todos los materiales en contacto con alimentos;

39.

señala que el bisfenol A (BPA) se sustituye a menudo por el bisfenol S (BPS), el bisfenol F (BPF) y el bisfenol HPF (BHPF), que hasta ahora se han estudiado menos pero que parece producir efectos alteradores similares en el sistema endocrino; considera, por tanto, que los colegisladores deben regular los grupos de sustancias relacionadas en lugar de adoptar un enfoque de sustancia por sustancia. A falta de datos fiables que demuestren lo contrario, debe asumirse que las sustancias con una estructura similar tienen propiedades toxicológicas tan nocivas como las de la sustancia más tóxica conocida del grupo;

40.

señala que un enfoque basado en el principio de cautela y su estricto cumplimiento también redunda en interés de la industria (química), contribuye a la inversión en la investigación y el desarrollo de productos innovadores y respetuosos con el medio ambiente, así como a alternativas seguras y sostenibles, lo que afecta positivamente al desarrollo del mercado interior y al conjunto de la economía;

41.

propone modernizar el marco jurídico y las disposiciones de protección de la UE en relación con los alteradores endocrinos, que tienen un efecto directo sobre la salud humana, de modo que, por ejemplo, la legislación y las orientaciones sobre productos cosméticos se centren también en la protección de las mujeres embarazadas;

42.

propone que se investiguen «las superficies y regiones de alto riesgo», tales como tierras agrícolas y pastizales que se fertilicen con lodos activados, las zonas alrededor de los vertederos y las instalaciones de incineración o, en un sentido más amplio, regiones como el mar Báltico, el mar Mediterráneo, la región del Danubio, etc.;

Materialización de la política de la UE en materia de alteradores endocrinos – Impacto de las medidas previstas en el nivel local y regional

43.

se felicita de que la Comisión vaya a poner en marcha un control de adecuación para evaluar si la legislación pertinente de la UE en materia de alteradores endocrinos alcanza su objetivo general de proteger la salud humana y el medio ambiente minimizando la exposición a estas sustancias;

44.

expresa su satisfacción por el hecho de que la comprensión de los alteradores endocrinos se base en las evidencias científicas más recientes, al igual que la elaboración de políticas;

45.

considera esencial informar y difundir conocimientos entre las ciudadanas y ciudadanos, de la mejor manera posible, sobre los alteradores endocrinos y los peligros que de ellos se derivan;

46.

considera importante que la Comisión dedique todo su empeño a la identificación de productos químicos tóxicos —entre ellos los alteradores endocrinos— en los productos, así como a la implantación y aplicación del etiquetado informativo correspondiente;

47.

considera que, aunque los entes locales y regionales no suelen tener competencias para adoptar legislación sobre los alteradores endocrinos, están, no obstante, obligados a velar por el bienestar de su población (en la mayoría de los Estados miembros de la UE el nivel regional es el responsable de los sistemas sanitarios);

48.

estima importante y, al mismo tiempo, pertinente tanto ética como económicamente, que los entes locales y regionales expresen su posición sobre los alteradores endocrinos, puesto que como es sabido afectan a la salud de las generaciones presentes y futuras;

49.

no alberga ninguna duda de que los entes regionales y locales están dispuestos a proteger a las generaciones futuras, por lo que no se dejarán desviar de su propósito por la creciente presión de una industria fuerte y de algunos de los socios comerciales de la UE;

50.

a falta de una legislación nacional y europea adecuada y exhaustiva sobre los alteradores endocrinos, destaca iniciativas como «ciudades y territorios libres de alteradores endocrinos», «ciudades sin sustancias peligrosas» o «ciudades sin pesticidas», adoptadas por los entes locales y regionales para reducir la exposición de sus habitantes a los alteradores endocrinos, y en particular la de los grupos más vulnerables, los niños y las mujeres embarazadas;

51.

considera esencial que se materialice la política de la UE en materia de alteradores endocrinos y que se analice el impacto de las medidas previstas a escala local y regional;

52.

recuerda que, hoy por hoy, es necesario el uso de determinados ftalatos en el sector de la salud para reblandecer suficientemente los dispositivos médicos. Es importante impulsar el desarrollo de nuevos productos con las mismas prestaciones antes de reducir el contenido en ftalatos. Mientras sigan utilizándose estas sustancias, es importante garantizar también la eliminación correcta de los productos al final de su vida útil gracias a sistemas eficaces de recogida y destrucción;

53.

está convencido de que dar prioridad a los indicadores de salud humana frente a los intereses de la industria y del mercado único plantea nuevos retos para el desarrollo y el uso de tecnologías sostenibles para la salud y el medio ambiente, y probablemente redundaría en beneficio de la competitividad de las empresas, al incitarlas a innovar e invertir en soluciones más inteligentes y a más largo plazo. No obstante, esto debe basarse en pruebas científicas sólidas e ir acompañado de un análisis de las repercusiones socioeconómicas.

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(1)  https://www.norden.org/en/publication/cost-inaction

(2)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003928

(3)  DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La dimensión transfronteriza de la reducción del riesgo de catástrofes

(2019/C 404/08)

Ponente

:

Roberto CIAMBETTI (CRE/IT), presidente y miembro de la Asamblea Regional del Véneto

I. RECOMENDACIONES POLITÍCAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

resalta que el aumento en intensidad y frecuencia de los daños ocasionados por las catástrofes está teniendo un impacto tanto humano como económico. Cada año, las catástrofes naturales acaban con la vida de unas 90 000 personas y afectan a casi 160 millones de personas en todo el mundo. Entre 1980 y 2016, las catástrofes naturales provocadas por las condiciones meteorológicas y el clima representaron en torno al 83 % de las pérdidas monetarias de los Estados miembros de la UE;

2.

destaca que las catástrofes no conocen fronteras, por lo que la prevención, la resiliencia y una respuesta eficaz a las emergencias requieren una cooperación transfronteriza. Una cooperación transfronteriza eficaz aportaría considerables beneficios al 37,5 % de la población de la UE, que vive en zonas limítrofes;

3.

destaca que también la posibilidad de un apagón transfronterizo a gran escala —el denominado «blackout» — podría dar lugar a situaciones de emergencia graves, para las que deben recomendarse, con carácter urgente, la adopción de medidas concretas de reducción del riesgo de catástrofes y el refuerzo de los contactos transfronterizos;

4.

subraya la necesidad de integrar la capacidad de reducir significativamente el riesgo y las consecuencias de las catástrofes en todas las estrategias que orientan las políticas de la UE en materia de inversiones, de forma que el dinero público ayude a las comunidades a ser más resilientes a los efectos negativos de las catástrofes y no ponga en peligro la vida de los ciudadanos. Lamenta que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en general y el Fondo de Cohesión en particular no exijan una evaluación del riesgo de catástrofe como condición para la ejecución de los proyectos de infraestructura financiados por la UE;

5.

si bien resalta que la UE dispone en la actualidad de dos instrumentos (el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea) con los que contribuye a coordinar la respuesta y a mejorar la resiliencia a las catástrofes naturales, es necesario un enfoque de gobernanza a varios niveles más fuerte para alcanzar los objetivos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (SFDRR), en estrecha colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Por otra parte, el principio de invertir en la reducción del riesgo de catástrofes debe incorporarse sólidamente en el futuro de Europa, incluidos el Semestre Europeo y los fondos de la UE;

Observaciones generales

6.

señala que el CDR ha llamado la atención en dictámenes anteriores sobre las amenazas y catástrofes transfronterizas que afectan a regiones de dos o más Estados miembros de la UE, y pedido una mayor cooperación entre regiones vecinas con vistas a la puesta en común de los esfuerzos de prevención y la coordinación de las actividades de respuesta (1);

7.

observa que es necesaria una planificación que tenga en cuenta de manera dinámica las necesidades (asociadas tanto a los riesgos y la vulnerabilidad como a la exposición) de las distintas regiones, incluidas las ultraperiféricas;

8.

observa que, en Europa, el panorama de estructuras y métodos de gestión de los riesgos a escala nacional o a los niveles infraestatales pertinentes es muy variado. Por tanto, un enfoque más sistemático de las futuras evaluaciones de riesgos podría resultar útil en lo que atañe a la dimensión transfronteriza de los riesgos;

9.

respalda y alienta la elaboración de estrategias y planes de gestión de riesgos de ámbito nacional, regional y local, incluido el desarrollo de estrategias transfronterizas conjuntas para las regiones fronterizas y la coordinación efectiva entre dichas estrategias; asimismo, el CDR ha pedido la asignación de suficientes recursos para los programas de apoyo a la cooperación transfronteriza en materia de reducción del riesgo de desastres y gestión de crisis (2);

10.

considera que los planes de prevención y gestión de riesgos deberían incluir, entre otros aspectos, hipótesis de riesgo a una escala transregional amplia, a efectos de la vigilancia y el seguimiento de los eventos previstos, de modo que puedan contribuir mejor a la comprensión y evaluación de los riesgos a escala regional. Los estudios de vulnerabilidad y exposición al riesgo, de caracterización del peligro y del medio ambiente, que se concretan en una cartografía de los riesgos, constituyen requisitos previos necesarios para los planes de prevención y gestión de los riesgos. A nivel transfronterizo, estos últimos deberían estar a disposición del público y comunicarse de forma adecuada a ambos lados de la frontera, con objeto de prevenir, mitigar y preparar la respuesta a las catástrofes;

11.

destaca la necesidad de reforzar la gobernanza para gestionar el riesgo fomentando la colaboración transfronteriza;

12.

resalta la importancia de una mejor comprensión de la dimensión transfronteriza de la reducción del riesgo de catástrofes en Europa, así como la necesidad y el valor añadido de dicha comprensión con vistas a una reducción del riesgo de catástrofes más eficiente y a largo plazo;

13.

destaca que ha dado su aprobación (3) a la propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento por el que se instituye un mecanismo transfronterizo europeo (4) en el marco de los esfuerzos tendentes a limitar los obstáculos a la cooperación transfronteriza, en particular en el ámbito de la reducción del riesgo de catástrofes; a fin de lograr una mejor cooperación transfronteriza y evitar catástrofes se podrían poner en marcha nuevos proyectos preparatorios para las regiones más vulnerables, como las regiones ultraperiféricas, las islas y las regiones costeras;

14.

destaca que, cuando un país no puede afrontar solo una catástrofe, los Estados participantes intervienen y proporcionan asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. No obstante, cuando amenazas y catástrofes transfronterizas afectan a regiones de dos o más Estados miembros, es necesaria una cooperación más eficaz entre regiones limítrofes para garantizar la puesta en común de las acciones de prevención y la coordinación de las actividades de respuesta;

15.

señala que, para una reducción del riego de catástrofes responsable y la mejor comunicación posible en caso de crisis, además de estrategias específicas de coordinación y comunicación, también es necesario contar con conocimientos de la lengua de los vecinos del otro lado de la frontera;

16.

señala, en este contexto, que la mayoría de los países ha firmado con sus países vecinos acuerdos bilaterales (no necesariamente limitados a dos países) que contemplan también la cooperación transfronteriza en caso de catástrofes. No obstante, es preciso consagrar más atención a la prevención y mitigación de riesgos, así como a la preparación de estrategias de respuesta;

17.

acoge favorablemente que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan alcanzado un acuerdo provisional sobre el refuerzo del actual Mecanismo de Protección Civil de la Unión y la respuesta de la UE a las catástrofes (rescEU), que, entre otras cosas, hace más hincapié en los riesgos transfronterizos;

El papel de los entes locales y regionales y los proyectos transfronterizos

18.

recomienda una mayor participación de los entes locales y regionales en los proyectos financiados por la UE en el ámbito de la reducción del riesgo de catástrofes, para que tengan continuidad en el tiempo y puedan replicarse en otros territorios con situaciones de riesgo análogas;

19.

pide a los Estados miembros que involucren también a las autoridades locales y regionales en el proceso de selección de las inversiones planificadas en todos los programas relevantes, así como en el debate sobre posibles modificaciones;

20.

pide una aplicación más activa de proyectos transfronterizos en materia de reducción del riesgo de catástrofes, a fin de utilizar de forma más amplia los Fondos Estructurales destinados a tal fin;

21.

espera que la UE aporte más incentivos a los niveles locales y regionales para promover la cooperación transfronteriza en la reducción de los riesgos, en especial en materia de prevención, formación y entrenamiento;

22.

destaca el papel central de los agentes locales en la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo de la resiliencia, así como el valor de las iniciativas existentes dirigidas a reducir el riesgo de desastres a nivel local, como la campaña «Desarrollando Ciudades Resilientes» de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres;

23.

considera especialmente importante invertir —también en términos financieros, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y del Fondo de Solidaridad de la UE— en los aspectos de la planificación vinculados a la reducción de los riesgos, sobre todo teniendo en cuenta el cambio climático y los fenómenos extremos a que da lugar;

Cooperación Transfronteriza

Planificación

24.

señala la necesidad de adoptar una planificación transfronteriza de continuidad que tenga en cuenta las hipótesis de riesgo que afectan a varios países, estableciendo y valorando conjuntamente los riesgos y la cartografía de los mismos, tanto para el desarrollo de los ámbitos transfronterizos como para la protección del territorio en una zona amplia, así como a efectos de vigilancia y seguimiento de los eventos previstos;

25.

manifiesta su deseo de que se constituyan comités científicos con el cometido de definir mejor las hipótesis de riesgo y poner en red conocimientos y competencias, integrados por especialistas acordes con los factores de riesgo similares para ámbitos homogéneos (por ejemplo, incendios forestales en el Mediterráneo, crecidas torrenciales o inundaciones graduales en Europa central, etc.), con la posibilidad de una intervención rápida y de un diálogo con las autoridades locales, con objeto de que estas puedan poner a disposición recursos financieros, humanos y materiales;

26.

observa que, con la disminución de la financiación observada en algunos entes locales y regionales, es todavía más importante para los responsables de la toma de decisiones en materia de protección civil disponer de una evaluación mejor de las comunidades, los particulares y los proyectos de protección civil. Considera que el índice de resiliencia social INDRIX, resultado del proyecto transfronterizo INDRIX cofinanciado por la UE, es adecuado para evaluar la resiliencia de la comunidad sobre la base de datos estadísticos y de datos incorporados a tal fin: el proyecto ha permitido estimar, sobre la base de determinados indicadores sociales (nivel de educación, condiciones sanitarias, tasa de desempleo, servicios ofrecidos, etc.), la percepción del riesgo de las distintas comunidades y, en particular, establecer cuáles son las comunidades más expuestas y más vulnerables; pide a las instituciones competentes que evalúen la creación de instrumentos aseguradores obligatorios frente a las catástrofes naturales, normalizados a escala europea y con primas de seguro vinculadas al nivel de riesgo, también con el fin de sensibilizar y dar a conocer mejor la importancia que reviste la prevención por parte de los particulares, reduciendo así el riesgo moral y garantizando una indemnización equitativa y homogénea para todos los ciudadanos europeos;

27.

señala que en las regiones transfronterizas es necesario crear una base de datos conjunta del territorio transfronterizo compartida entre países vecinos, que determine materiales, vehículos, equipos y especialización de los voluntarios, así como la distribución y la logística de los recursos;

28.

apunta que esta base de datos debería crearse y gestionarse no solo para mejorar la preparación ante los desastres, sino también para afianzar, desde una perspectiva transfronteriza compartida, la recuperación socioeconómica y cultural de las zonas afectadas por catástrofes;

29.

opina que se deben estudiar y replicar los ejemplos positivos de cooperación transfronteriza existentes, como por ejemplo: — los ejercicios conjuntos de protección civil de Alemania y Dinamarca, como DANGEREX 07, DANGERFloodEx 2010 y la respuesta de emergencia sin fronteras; — la preparación para las crecidas y la mitigación de los daños transnacionales en la cuenca del Sava (comarca de Brod Posavina en Croacia y distrito de Mačva en Serbia); — RiKoSt: estrategias de comunicación del riesgo (en Carintia, Austria, y Alto Adigio, Italia, hasta octubre de 2020); — U-SCORE-II: revisiones inter pares entre ciudades (proyectos piloto en Portugal, Italia y el Reino Unido), y — la instalación móvil de ejercicios en aguas interiores (MÜB) en el alto Rin y el Congreso de la Conferencia del Alto Rin, integrada por Alemania, Francia y Suiza, sobre el tema «Blackout – Apagón transfronterizo a gran escala» (2016);

Formación

30.

destaca la importancia de incentivar los itinerarios de formación para los jóvenes y anima a los Estados miembros y a los entes locales y regionales a que promuevan cursos universitarios específicos y proyectos para actividades de mitigación del riesgo; Además, subraya que los jóvenes pueden participar en actividades solidarias en el ámbito de la prevención del riesgo de catástrofes a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad (5). Estas actividades pueden adoptar la forma de actividades de voluntariado, aprendizaje, períodos de prácticas y experiencia de trabajo;

31.

señala la necesidad de crear una formación específica para los administradores locales (también con vistas a la campaña en favor de las ciudades resilientes) a fin de hacerlos más conscientes y dotarlos de más instrumentos de conocimiento, dado que son responsables directos ante los ciudadanos y en materia de protección y desarrollo del territorio;

32.

recomienda prestar más atención a la formación de voluntarios y técnicos para mejorar su especialización, incentivando y creando itinerarios de formación basados en los riesgos existentes en los distintos países, en especial en las zonas transfronterizas, con vistas a un mayor conocimiento del territorio y al desarrollo de acciones conjuntas y coordinadas para el seguimiento y la vigilancia, y la intervención de emergencia;

33.

destaca la necesidad de organizar campañas de divulgación a través de las instituciones locales o el voluntariado para dar a conocer los riesgos existentes y el comportamiento de autoprotección que se debe adoptar, y de impulsar iniciativas de aprendizaje mutuo a nivel local y regional a través de revisiones inter pares entre ciudades y regiones;

34.

resalta que la formación transnacional debería adaptarse a las hipótesis de riesgo definidas en los planes de prevención y gestión de los riesgos transfronterizos. Entre los expertos técnicos y las organizaciones de voluntarios, todas las partes directamente relacionadas con el riesgo deberían participar en estos cursos de formación a ambos lados de la frontera, a ser posible de forma conjunta;

35.

subraya la necesidad de reforzar las plataformas de aprendizaje electrónico, como el programa de formación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, y de incrementar los cursos en línea abiertos en materia de protección civil;

36.

apoya que el Fondo de Solidaridad de la UE contribuya a la realización de campañas de información mejoradas para las regiones a través de las medidas de apoyo que ya funcionan bien para los Estados miembros de la UE y los países candidatos. El Fondo de Solidaridad de la UE es un instrumento esencial de apoyo a las regiones cuando se necesitan esfuerzos excepcionales para reconstruir las zonas afectadas por catástrofes naturales y meteorológicas, ya que los desastres naturales no conocen fronteras;

Respuestas de emergencia

37.

hace hincapié en la necesidad de incentivar un sistema de alarma transfronterizo, compartido y estandarizado, también para garantizar la comunicación en tiempo real sobre cualquier perturbación o catástrofe que pudiera tener repercusiones en el territorio de una región perteneciente a otro Estado;

38.

señala la exigencia de celebrar acuerdos transfronterizos para uniformizar y agilizar los plazos de activación de los sistemas de rescate y los voluntarios, estableciendo los obstáculos jurídicos y solicitando la colaboración, optimizando así la logística de los recursos y del personal; pide que se llegue a acuerdos también en el ámbito hidrológico para dar a conocer mejor la gestión organizativa y operativa de las presas con vistas a una actuación oportuna que reduzca el riesgo hidrológico aguas abajo en los territorios de otro Estado miembro;

39.

insta a que se definan acrónimos para indicar los centros de coordinación de respuestas a los distintos niveles territoriales, a fin de uniformizar y homogeneizar la terminología utilizada;

40.

insta a que se creen procedimientos armonizados para la comunicación previa y la puesta en común de los procedimientos operativos en caso de emergencia;

41.

recomienda el uso de aplicaciones informáticas que sirvan para alertar a los ciudadanos en tiempo real;

42.

insta a los Estados miembros a que reconozcan y certifiquen las figuras profesionales (definidas mejor como Disaster Risk Managers), que, además de los planificadores, acompañen a los administradores locales y regionales, en especial en los momentos de emergencia, y que tengan conocimientos, habilidades y competencias multidisciplinares y transversales;

Principio de subsidiariedad

43.

está de acuerdo en que la UE deberá disponer de competencias para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la protección civil;

Mejores prácticas

44.

resalta que existen diversos ejemplos de mejores prácticas de cooperación transfronteriza para la reducción del riesgo de catástrofes que podrían seguirse y desarrollarse de forma óptima, como: — ejercicios conjuntos que garanticen un enfoque común, una comprensión recíproca y el mismo nivel de preparación en caso de catástrofe; — divulgación de información armonizada, intercambio de mejores prácticas y aprendizaje de iniciativas, métodos, instrumentos, etc. de las regiones limítrofes, y — campañas conjuntas de sensibilización y educación para las personas que viven en zonas transfronterizas de alto riesgo, con la participación de varias partes interesadas (por ejemplo, jornadas de reducción del riesgo de catástrofes en ciudades y municipios diferentes);

45.

apoya enérgicamente el proyecto «b-solutions» llevado a cabo por la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (AEBR), que persigue detectar obstáculos jurídicos y administrativos a la cooperación transfronteriza en materia de prevención y reducción de las catástrofes. Destaca que, en la primera convocatoria de propuestas de 2018, la AEBR estableció diez casos, que han sido transformados en proyectos piloto, pero que muchos casos no se han resuelto todavía (ambulancias, bomberos o helicópteros que pueden entrar en el territorio de algunas regiones fronterizas pero no en el de otras, formalidades administrativas para el traslado de cadáveres, prestación asimétrica de servicios a escala transfronteriza, problemas con seguros, reconocimiento de los títulos, etc.). Alienta a todas las regiones que afrontan obstáculos similares a participar en las futuras convocatorias de propuestas, y

46.

destaca la necesidad de que las regiones afectadas por catástrofes propongan conjuntamente soluciones a sus respectivos gobiernos nacionales. Un ejemplo sería la cooperación entre el norte de Portugal y la comunidad autónoma de Galicia en España, que presentan sus prioridades a sus respectivos gobiernos centrales en relación con aquellas cuestiones que pueden resolverse en el marco de las «cumbres ibéricas», o la cooperación estrecha entre las regiones ultraperiféricas de Canarias, Azores y Madeira a través del Programa Interreg MAC, al que se han unido también terceros países próximos como Cabo Verde, Mauritania y Senegal.

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(1)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Marco de Acción de Hyogo posterior a 2015: gestionar los riesgos para lograr la resiliencia (DO C 271 de 19.8.2014, p. 61).

(2)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Plan de Acción sobre el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (DO C 272 de 17.8.2017, p. 32).

(3)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Mecanismo transfronterizo (aprobado el 5 de diciembre de 2018 y todavía no publicado en el Diario Oficial).

(4)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo, COM(2018) 373 final.

(5)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones 2018/03829, «l Cuerpo Europeo de Solidaridad y la nueva Estrategia de la UE para la Juventud (ponente: Matteo Luigi Bianchi).

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Nueva agenda europea para acelerar el desarrollo de las industrias marítimas

(2019/C 404/09)

Ponente

:

Christophe CLERGEAU (FR/PSE), miembro de la Asamblea Regional de Países del Loira

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

I)   Recomendaciones políticas clave para acelerar el desarrollo de las industrias marítimas europeas

Tomar conciencia de lo que está en juego y elegir una política industrial nueva y más agresiva

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

1.

pide que se tome conciencia de las oportunidades de desarrollo, pero también de las amenazas que pesan sobre las industrias marítimas europeas. Estas últimas deben movilizarse, contando con el apoyo de las administraciones europeas, estatales y regionales, para asegurarse el éxito en la transición ecológica y energética y en la transformación digital y la revolución industrial, e impulsar el atractivo de las profesiones. Estos retos deben abordarse en un momento en que estas industrias se ven amenazadas por la nueva competencia asiática en los segmentos de buques de alto valor añadido, en los que Europa va a la cabeza. Esta competencia, que intenta captar las tecnologías europeas, es una competencia desleal caracterizada por el dumping social y medioambiental y financiada en gran medida por las ayudas públicas, en contradicción con las normas del comercio internacional, cuestión contra la que las administraciones europeas deben trabajar en la búsqueda de un campo igualitario de competencia; cabe señalar que esta competencia desleal se observa ahora también en el sector pesquero;

2.

destaca la diversidad de los sectores de la industria marítima, que constituye una ventaja para reforzar las sinergias entre los sectores y los impactos territoriales: construcción, reparación y desguace naval civil y militar (desde los buques a las embarcaciones de recreo, desde los barcos de pesca a los buques de servicio o de pasajeros, por no hablar de las flotas militares), energías marinas renovables, industrias del petróleo y el gas, infraestructuras portuarias, costeras y de alta mar, pesca, acuicultura, marisqueo y bioeconomía azul;

3.

demanda la continuidad de la apuesta por el desarrollo de una actividad pesquera, marisquera y acuícola en términos de equilibrio y sostenibilidad ambiental, social y económica, así como el fomento de un relevo generacional que tenga en la formación y la mejora de las condiciones a bordo sus dos elementos fundamentales;

4.

considera que las industrias marítimas, como la espacial y la aeronáutica, deben tener una estrategia industrial ambiciosa y un marco de aplicación concreto adaptado a sus características específicas: cuestiones de soberanía, elevada intensidad de capital, producción de series cortas, ciclo largo y alto nivel de riesgo, necesidades muy importantes de investigación, innovación y formación;

5.

llama la atención sobre la necesidad de apoyar el desarrollo de la energía eólica off-shore sobre aguas profundas, como medio de reducir la ocupación de las zonas marítimas costeras de aguas someras, en beneficio de otras actividades propias de la economía azul;

6.

recuerda que las industrias marítimas son el segundo sector más importante en términos de empleo en la economía azul; y que, en un contexto de crecimiento global, Europa tiene muchos liderazgos en este sector y crea muchos puestos de trabajo industriales altamente cualificados y sostenibles;

7.

llama la atención sobre el importante papel que desempeñan los puertos, que son infraestructuras estratégicas que no se limitan a los centros de comercio y transporte, sino que se están convirtiendo cada vez más en plataformas industriales y de innovación en las que se puede mejorar aún más la interfaz con las ciudades vecinas. Por lo tanto, es importante planificar un apoyo adecuado para las empresas situadas en tierra (1) que ya realicen actividades relacionadas con la economía azul o que puedan desarrollarlas utilizando palancas de diversificación probadas;

8.

recuerda la importancia socioeconómica de la pesca y de las actividades marítimas para suministrar alimentos de calidad y seguridad probada; recuerda la importancia de su dimensión cultural y patrimonial, elemento fundamental de dinamización turística; insiste en las necesarias sinergias y complementariedades entre estas actividades tradicionales y las nuevas industrias que se desarrollen, con el fin de generar empleo y desarrollo sostenible;

9.

considera que las industrias marítimas son una de las palancas clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos en Europa. Sus productos, servicios e innovaciones contribuyen de manera crucial al apoyo a las actividades que son esenciales para el éxito de las transiciones; cabe señalar en particular: — la exploración de los océanos, el desarrollo de los conocimientos del mar y de los fondos marinos; — la lucha contra el cambio climático por reforzar, en particular a través del transporte marítimo; — el desarrollo de las energías marinas renovables y de los parques eólicos marítimos, así como las interconexiones eléctricas entre Estados de la Unión Europea con el fin de aumentar el peso de las energías renovables en la combinación eléctrica y su integración a escala europea; — la presencia en el mar, la vigilancia y la seguridad; las intervenciones en el mar, incluida la lucha contra la presencia de plásticos; — el conocimiento y la valorización de los biorrecursos marinos, el desarrollo sostenible de la pesca, de la acuicultura y de la economía circular azul;

10.

está de acuerdo con las conclusiones de la evaluación del programa «LeaderSHIP 2020» adoptada por el CESE en 2018 (2), en la que se destacan los obstáculos encontrados en la aplicación y la ausencia de objetivos precisos y cuantificables;

11.

pide que se adopte un enfoque nuevo y radicalmente revisado de «LeaderSHIP 2030», que proponga un nuevo acuerdo azul europeo que combine tres elementos: una política comercial y de competencia destinada a salvaguardar nuestros intereses y a impulsar campeones europeos, una movilización y adaptación de cada política europea a las necesidades y especificidades de las industrias marítimas, y la adopción de seis objetivos operativos en torno a los que movilizar a los agentes locales, nacionales y europeos durante el período 2020-2027: — descarbonización del transporte marítimo y construcción de buques limpios: cero emisiones, cero vertidos al mar, cero ruido; — eliminación de los residuos presentes en el mar y en particular de los plásticos; — industrias marítimas 4.0, un enfoque transversal al servicio del rendimiento y la calidad del trabajo en todas las industrias marítimas; — liderazgo mundial de Europa en todas las tecnologías de las energías marinas renovables; — estrategia europea para una nueva bioeconomía azul que estimule la pesca, la acuicultura y la valorización de los recursos biológicos marinos; — puesta en marcha de una misión europea de exploración de los océanos destinada a fomentar el conocimiento de los medios marinos en todos los mares del mundo. Estos seis objetivos implican retos industriales específicos y también deben tenerse en cuenta en el proceso de reflexión abierto para una «misión» marítima en el marco de Horizonte Europa;

12.

fomenta la adopción de estrategias para las industrias marítimas de las regiones ultraperiféricas y las islas europeas, destinadas a acelerar los avances en tres ámbitos prioritarios: los puertos, la autonomía energética con bajas emisiones de carbono a menor coste y la bioeconomía azul, incluidas la pesca y la acuicultura;

13.

recuerda la importancia para el futuro de las industrias marítimas de situar las cuestiones marítimas en el centro de las futuras políticas de la UE y de la aplicación de los fondos de la política regional;

European Sea Tech: crear redes europeas para federar ecosistemas regionales de innovación, movilizar a las regiones para estructurar las cadenas de valor industrial

14.

considera que las industrias marítimas se caracterizan ante todo por un anclaje territorial en las regiones marítimas que han estructurado ecosistemas regionales dedicados a la excelencia en la innovación. Para ser flexibles y eficaces, las políticas nacionales y europeas deben basarse en primer lugar en estos ecosistemas regionales de innovación y en las correspondientes estrategias de especialización inteligente;

15.

propone poner en marcha un programa titulado «European Sea Tech» que reúna a los ecosistemas regionales de innovación mediante la creación de varias redes de cooperación: — para impulsar a los subsectores y estructurar las cadenas de valor europeas; — para identificar y apoyar mejor los retos de las transformaciones industriales, en particular las ecológicas, energéticas y digitales; — para desarrollar nuevos servicios, productos y modelos económicos más integrados y mejor equipados para competir a nivel mundial. La Comisión publicará convocatorias de manifestaciones de interés para la creación de redes temáticas. Cada ecosistema regional (o interregional) podrá solicitar pertenecer a varias redes en línea con las estrategias inteligentes de especialización de su región. Los ecosistemas que combinen varias competencias y reagrupen a varias redes constituirán los «ecosistemas centrales» del programa «European Sea Tech». Cada red deberá ser lo más inclusiva posible, asociando todas las competencias de las distintas regiones europeas. Dentro de las redes, se abordarán sistemáticamente las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, la I+D, el rendimiento industrial, la financiación y las competencias. Estas redes constituirían, de manera más eficaz que una plataforma europea centralizada, la base sobre la que desarrollar la cooperación entre regiones y sobre la que establecer proyectos operativos pertinentes para las distintas políticas de la Unión; El papel de la iniciativa «European Sea Tech» consistirá, además, en dinamizar la transferencia de tecnología, experiencias y competencias entre los distintos sectores y redes de las industrias marítimas;

16.

hace hincapié en la importancia de la iniciativa «European Sea Tech» para aplicar un enfoque transversal a las industrias marítimas y acelerar la transición hacia unas industrias marítimas ecológicas y digitales, movilizando en su conjunto las tecnologías y competencias de todos los sectores de las industrias marítimas con el fin de ponerlas a disposición de los demás sectores;

17.

reitera su apoyo al proyecto de comunidad de conocimiento e innovación marinos, pero señala que, al centrarse en la gestión sostenible de los recursos marinos, este proyecto solo puede representar, en el mejor de los casos, una de las redes que componen el programa «European Sea Tech»;

18.

propone que los proyectos llevados a cabo por las redes de ecosistemas de innovación de «European Sea Tech» puedan ser apoyados por las asociaciones europeas y cofinanciados por Horizonte Europa y demás fondos que puedan movilizarse. Estos proyectos deben poder incluir financiación para líneas piloto, prototipos y demostradores;

19.

reitera asimismo su llamamiento en favor de una hoja de ruta marítima en el marco de Horizonte Europa, una inclusión explícita de los retos científicos y tecnológicos de las industrias marítimas en el marco del segundo pilar y un objetivo de movilización del 10 % de Horizonte Europa para financiar proyectos con un impacto significativo en la economía azul y las industrias marítimas;

II)   Propuestas concretas para movilizar y adaptar las políticas posteriores a 2020 de la Unión Europea al servicio de las industrias marítimas

Comercio internacional y competencia

20.

destaca, en relación con las industrias y servicios marítimos, la necesidad de adoptar una nueva política comercial «realista» y basada en la reciprocidad para defender el empleo y la soberanía europeos frente a las estrategias ofensivas e injustas de los principales países marítimos, en particular asiáticos. Siempre que sea posible y eficaz, esta política debe promover un sistema de intercambio estable y multilateral basado en normas equitativas y transparentes que garanticen unas condiciones de competencia leal, buscar acuerdos fructíferos con los socios comerciales y basarse en el papel de la OMC;

21.

considera, en relación con los mercados mundiales y globalizados, que la política de competencia debe permitir la creación de campeones europeos, asegurando siempre la justa y equilibrada competencia dentro de la Unión, y reitera el valor añadido que aportan las directrices en materia de ayudas estatales al transporte marítimo, así como la necesidad de un marco fiscal sencillo, estable y competitivo para poder lograr este objetivo;

22.

llama la atención de la Comisión sobre la importancia de controlar mejor los flujos de inversión extranjera y limitar y minorar los posibles efectos perniciosos que sobre la industria europea puedan tener las transferencias de tecnologías, en particular las incluidas en los principales contratos internacionales;

23.

pide que se asuman compromisos concretos en la gestión de la contratación pública civil y militar estableciendo, por ejemplo, requisitos estrictos para el suministro de determinados productos y la prestación de ciertos servicios identificados previamente como estratégicos o especialmente vulnerables a la competencia mundial;

Financiación de los proyectos

24.

pide que se concluya rápidamente el proyecto de plataforma para la financiación de proyectos de la economía azul, que debería incluir un mecanismo de apoyo, pero también un fondo de inversión específico para financiar proyectos innovadores y arriesgados. En efecto, el principal objetivo de la plataforma debería ser centrarse en proporcionar financiación con tipos de interés preferenciales a proyectos que los agentes tradicionales consideren demasiado arriesgados, respondiendo así a las deficiencias del mercado. Este mecanismo deberá funcionar en estrecha colaboración con los Estados miembros y las regiones para garantizar la complementariedad de los instrumentos de intervención y la continuidad del apoyo a los proyectos. Esta plataforma deberá, en particular, basarse en las redes y los «ecosistemas centrales» del programa «European Sea Tech»;

25.

pide, asimismo, a la Comisión que establezca un objetivo y un método de movilización, al servicio de la economía azul y las industrias marítimas, para los instrumentos de inversión europeos que se pondrán en marcha en el marco de InvestEU, en particular en relación con el programa Horizonte Europa;

26.

subraya la necesidad de disponer de herramientas para reducir el coste financiero de los proyectos estructurales y permitir una prefinanciación eficaz de las compras e inversiones más elevadas (buques, equipos de gas natural licuado, energías marinas renovables, etc.);

27.

reitera la necesidad de financiación específica para las regiones ultraperiféricas, habida cuenta de sus limitaciones y particularidades. Estas regiones aportan a Europa una dimensión marítima y oceánica excepcional, gracias a su ubicación estratégica en los océanos Atlántico e Índico y en el mar Caribe, y constituyen activos naturales únicos, tal y como ha reconocido la propia Comisión Europea;

28.

destaca la importancia de facilitar en la práctica una contratación pública innovadora que permita flexibilizar las normas sobre licitaciones cuando se trata de la adquisición de nuevas tecnologías emergentes, que todavía no se han introducido de manera normalizada en el mercado. Esta iniciativa acelera la penetración en el mercado de las innovaciones, al permitir a las empresas que ofrecen nuevos servicios y productos encontrar más rápidamente a sus primeros clientes;

29.

subraya la importancia de las trabas que constituyen las obligaciones reglamentarias específicas del mundo marítimo y los plazos administrativos necesarios para tramitar las solicitudes, a la hora de realizar pruebas y ensayos en el mar. Propone crear un grupo de trabajo europeo que reúna a la Comisión, los Estados miembros, las regiones y los agentes económicos para difundir las buenas prácticas e impulsar una evolución favorable de los marcos nacionales de referencia;

30.

considera útil contemplar la posibilidad de ir aún más allá mediante la creación de una «Agencia de Proyectos de Investigación Marítima Avanzada», inspirada en la DARPA estadounidense, y prestar así apoyo en un marco de financiación dedicado a la innovación disruptiva, reconociendo el derecho al error y asumiendo plenamente las limitaciones que pesan sobre el desarrollo de las pymes y las empresas de mediana capitalización;

31.

propone, en un contexto posterior al Brexit, que los actores de las industrias marítimas se beneficien de una parte de los fondos específicos asignados para apoyar a los territorios más afectados con el fin de crear nuevas oportunidades de desarrollo y empleo;

32.

hace hincapié en la importancia de la iniciativa «European Sea Tech» para aplicar un enfoque transversal a las industrias marítimas y acelerar la transición hacia unas industrias marítimas ecológicas y digitales movilizando en su conjunto las tecnologías y competencias de todos los sectores de las industrias marítimas con el fin de ponerlas a disposición de los demás sectores. Esta búsqueda de transversalidad debe también fomentarse en las actividades marítimas y costeras y en los demás sectores industriales y digitales que aportan innovaciones directamente aplicables o adaptables de manera útil al mundo marítimo;

Industrias marítimas 4.0

33.

recuerda los retos que deberá afrontar la industria 4.0 con respecto a la transición ecológica y energética, el rendimiento industrial, la digitalización, incluida la de los procesos de producción, así como la cooperación dentro de las cadenas de valor locales y europeas; apoya, a este respecto, el objetivo de «astillero ecológico para 2050» con vistas a disponer de astilleros ejemplares para la transición ecológica y energética;

34.

recuerda asimismo que la formación permanente, el desarrollo y la calidad de los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo y la movilización de la experiencia y la creatividad de los trabajadores son indisociables de esta transformación industrial;

35.

considera que la innovación y la inversión productivas en este ámbito deben ser una prioridad de la política europea de apoyo a las industrias marítimas e interesar especialmente a las pymes;

36.

destaca la palanca de progreso compartida que representa la cooperación entre los sectores civil y militar al facilitar, en particular —y en ambas direcciones—, la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, así como la movilidad de las cualificaciones humanas;

37.

señala la importancia de fomentar la transición de las empresas de petróleo y gas en el mar y sus estrategias de diversificación hacia otros sectores de la economía azul; en efecto, estas empresas disponen de conocimientos especializados punteros sobre el entorno marino, de un alto nivel de conocimientos técnicos marinos, de un dominio ejemplar de proyectos largos y complejos, y de capacidades valiosas para contribuir al desarrollo de las industrias marítimas (buques de abastecimiento, robótica submarina, sistema de anclajes, mecanismos de automatización, etc.). Podrían reinvertir de forma útil y colectiva parte de los beneficios procedentes de los hidrocarburos en los fondos de inversión en la economía azul y la energía renovable marina;

38.

subraya que la revolución tecnológica hará que los buques dejen de ser unidades analógicas y se conviertan en plataformas digitales de transporte, creando así oportunidades para una mayor integración e interconexión de los diferentes sistemas digitales, con lo que se modificarán los métodos de trabajo del sector, por ejemplo en lo que respecta a las interacciones entre los buques y las instalaciones en tierra o los contactos entre buques y entre los buques y las autoridades. En consecuencia, las industrias y las autoridades marítimas europeas deben aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización en la competencia internacional;

39.

hace hincapié en la absoluta necesidad de considerar y apoyar la digitalización y, de forma más general, las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial en la innovación marítima;

40.

propone tener en cuenta una serie de cuestiones no solo tecnológicas sino también específicas al desarrollo de nuevos servicios, ya sean aquellos enmarcados en programas de apoyo y financiación, como los buques y robots submarinos autónomos (AUV), o bien los servicios de vigilancia marítima y de mantenimiento predictivo, en los que el compromiso contractual de obtener resultados y rendimiento prevalece cada vez más sobre el compromiso a emplear recursos. Debe impulsarse asimismo la creación de plataformas para garantizar la convergencia de las diferentes tecnologías de vigilancia marítima de los distintos Estados miembros al objeto de aumentar la interoperabilidad de las actividades de vigilancia, mejorar la eficacia de las operaciones en el mar, facilitar la aplicación de la legislación y las políticas comunitarias en este ámbito y, de este modo, promover un mejor control del espacio marítimo europeo;

Empleo, competencias y formación

41.

reconoce la importancia de facilitar el diálogo social sectorial y de organizar la relación entre empleo y formación en las industrias marítimas; pide que se creen plataformas específicas para llevar a cabo estas tareas en los ámbitos del transporte y los recursos biológicos marinos, la industria manufacturera y la construcción naval. En particular, se llama la atención sobre la necesidad de adecuar e impulsar la formación marítimo-pesquera de forma que sea un elemento de apoyo al relevo generacional en la pesca, la acuicultura y el marisqueo; así como la necesidad de adecuar e impulsar la formación universitaria de las titulaciones superiores de la marina mercante. Asimismo, se considera necesario establecer un sistema de aseguramiento de la eficiencia de los programas formativos y de la adecuada cualificación de los formadores;

42.

destaca que el desarrollo de actividades en el mar implica movilizar a los trabajadores con fuertes aptitudes marítimas o proporcionar una formación adicional importante a los que no están familiarizados con la vida en el mar. En este sentido, resulta evidente la necesidad de realizar campañas entre los jóvenes para atraer talento e incorporar nuevos profesionales al sector de las industrias marinas, tanto en las industrias de tierra como del mar en la marina mercante y en la pesca;

43.

acoge con satisfacción los progresos realizados mediante la adopción reciente de Directivas sobre el desplazamiento de trabajadores, muy frecuente en el sector marítimo, y pide la creación de un sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales –y no solo de los títulos y certificados– para conseguir aplicar plenamente el principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo;

44.

considera que la movilidad de los trabajadores dentro de la UE es un elemento positivo para organizar de la manera más eficaz posible las cadenas de valor de la industria marítima y abordar la evolución de las actividades. Este objetivo debe perseguirse al tiempo que se preservan y refuerzan las capacidades necesarias para satisfacer las necesidades de las empresas, a escala primero local y, después, europea;

III)   Un enfoque y propuestas específicas para los principales sectores de las industrias marítimas

Digitalización de las industrias marítimas

45.

hace hincapié en la absoluta necesidad de considerar y apoyar la digitalización y, de forma más general, las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial en la innovación marítima; propone tener en cuenta una serie de cuestiones no solo tecnológicas sino también específicas al desarrollo de nuevos servicios, ya sean aquellos enmarcados en programas de apoyo y financiación, como los buques y robots submarinos autónomos (AUV), o bien los servicios de vigilancia marítima y de mantenimiento predictivo;

Bioeconomía azul

46.

destaca el potencial prometedor, pero aún poco cualificado, del sector de la bioeconomía azul, con múltiples aplicaciones de mercado (alimentos y piensos, farmacología, cosmética, energía) y un fuerte impacto territorial; subraya que debe darse prioridad a los sectores económicos más maduros e importantes: pesca, acuicultura y cultivos marinos;

47.

acoge con satisfacción la movilización en torno a este sector emergente, en particular a través del «Foro de Bioeconomía Azul» dirigido por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca; considera que, tras una fase importante de inversión en I+D, debería darse prioridad a la industrialización y comercialización de nuevos procesos probados y controlados a pequeña escala;

48.

desea que se dé una nueva prioridad a este sector invirtiendo en toda la cadena de valor, desde la extracción o producción controlada de recursos biológicos hasta la fase de transformación y valorización de los productos;

49.

propone, a tal efecto, tender puentes con sectores marítimos más maduros, como la pesca y la acuicultura, fijándose como objetivo la cadena descendente de valorización y transformación de los productos pesqueros que generan el mayor valor añadido;

50.

destaca la importancia de la economía circular marítima para acompañar el desarrollo de la bioeconomía azul (aplicación del principio de descartes nulos en la pesca, recuperación de la línea de bajamar, residuos de la valorización de las algas, tratamiento de residuos y plásticos, etc.);

51.

pide a la Unión Europea que apoye la exploración de todos los mares y océanos del mundo, en particular con el fin de reforzar los conocimientos sobre el entorno marino y la ciencia del clima (ciclo del carbono y absorción del CO2, acidificación y aumento del nivel de las aguas, etc.) así como para calificar los distintos yacimientos energéticos y no energéticos con el fin de evaluar mejor el potencial de valorización de los recursos marinos (energía geotérmica, minerales estratégicos, etc.);

Construcción naval civil y militar

52.

afirma el carácter estratégico de la inversión europea en factores diferenciadores en el sector de la construcción naval, en particular en torno a la digitalización y la transición ecológica y energética. Se trata de mejorar nuestra competitividad a través de la innovación y de recuperar cuotas de mercado. Las cuestiones de financiación son asimismo esenciales para la construcción naval;

53.

llama la atención sobre los nuevos mercados relacionados con estas transiciones: integración de propulsión propia en los buques, sistemas innovadores de propulsión descarbonizada (nuevos conceptos de vela), buques de avituallamiento, transbordadores eléctricos, buques dedicados al transporte de mercancías a corta distancia, buques de servicios portuarios y costeros, etc.;

54.

subraya la importancia de reforzar los vínculos y la cooperación local entre los astilleros y su cadena de subcontratación en el contexto de las agrupaciones marítimas («clusters»); destaca asimismo la necesidad de apoyar a las regiones con presencia de astilleros, en las que opera un gran número de pequeñas y medianas empresas; pide que se preste un apoyo específico a las cadenas de valor del sector de los fabricantes de equipos, que representan el 50 % de la cuota del mercado mundial y un volumen de negocios que duplica al de la construcción naval. En su política comercial y de financiación, la UE también debe promover el uso de equipos europeos en los buques construidos fuera de la UE;

55.

anima a realizar, en el marco de la iniciativa «Tech Sea Tech», un trabajo sistemático para incluir nuevos agentes en las cadenas de valor del sector de la construcción naval, que pueden contribuir a aumentar la capacidad de producción, la movilización de las competencias y la competitividad europea;

56.

destaca que la reparación naval y la construcción de buques de pequeña eslora resultan actividades industriales estratégicas para las regiones ultraperiféricas, pues las flotas y artefactos flotantes que operan en sus aguas están sujetos a condiciones de insularidad y lejanía del continente europeo que afectan determinantemente a su logística, mantenimiento y reemplazo de unidades de pequeña eslora; por tanto, con el fin de apoyar un crecimiento eficiente de las actividades marítimas en estas regiones, debe darse un apoyo específico a tales actividades industriales;

57.

considera que las cuestiones marítimas deben ocupar un lugar central en las nuevas políticas de defensa y seguridad, lo que significa que debe prestarse especial atención a la construcción naval militar; propone, en este sentido, que se tenga más en cuenta el apoyo al desarrollo de tecnologías duales que puedan utilizarse tanto en el sector civil como en el militar;

58.

subraya la necesidad de reforzar la capacidad de las flotas que realizan funciones propias del Estado de vigilancia y seguridad; considera que estas misiones soberanas deben encomendarse a buques construidos en Europa; considera que la adecuada organización de estas misiones, en particular en el contexto del Brexit y de los retos migratorios, implica basarse en las flotas nacionales existentes en estrecha colaboración con Frontex y requiere un esfuerzo de solidaridad europeo para apoyar a los países más implicados en estas misiones de interés común fundamental;

Energías marinas renovables (EMR)

59.

considera las EMR como un sector con un elevado potencial para contribuir de forma significativa a la producción de energías renovables, estructurar una cadena de valor industrial que cree puestos de trabajo locales sostenibles en numerosas regiones y exportar con éxito; recuerda que la puesta en marcha de proyectos en el mar debe desarrollarse de forma respetuosa con el medio ambiente y de manera compatible (es decir, en sinergia) con las actividades

60.

destaca la dinámica de reducción de costes muy impresionante registrada en las instalaciones eólicas en alta mar europeas, tras los primeros parques en 1991 y, sobre todo, gracias a la estructuración de un sector industrial europeo eficiente en los últimos diez años;

61.

recuerda la importancia de las reparaciones y revisiones a los que se someten los buques y de que estos han de ser desguazados una vez finalice su vida útil. Por ello, se recomienda la elaboración por la Comisión de un plan específico que tienda a dotar a la UE de instalaciones suficientes para el adecuado desarrollo de estas funciones incluyendo los compromisos presupuestarios que resulten necesarios para su buen fin;

62.

recuerda que el futuro desarrollo de este sector pasa por ampliar el esfuerzo logrado a nivel europeo, en particular en materia de I+D (más de 3 000 millones EUR invertidos), pero que ahora requiere decisiones políticas claras que dependen primero de los Estados miembros: fijar volúmenes y calendarios de licitación ambiciosos para el parque eólico instalado, que es actualmente el más desarrollado, pero también para las nuevas tecnologías, como la energía eólica flotante y la energía de las corrientes de marea, o también la energía generada por el oleaje, que necesitan urgentemente una retribución suficiente y garantizada para impulsar la inversión y poner en marcha su industrialización;

63.

alienta el establecimiento a escala europea de herramientas específicas no solo de apoyo a la inversión sino también que sirvan de garantía para los proyectos y la gestión de riesgos. La creación de tales instrumentos podría reducir significativamente el coste de la financiación y, por tanto, reducir el precio de coste de la electricidad producida;

64.

acoge con satisfacción los importantes avances logrados en los últimos años en el ensayo de prototipos y demostradores de las tecnologías emergentes en condiciones reales de uso, en particular en la energía de las corrientes de marea, con perspectivas de reducción de los costes cada vez más controladas y fiables, que deben poder justificar la puesta en marcha del mercado mediante tarifas reguladas que sean adecuadas y reforzar de esta forma el liderazgo mundial de los agentes europeos;

65.

pide de forma decidida que Europa se fije el objetivo de liderar a nivel mundial la energía eólica flotante, y recomienda a la Comisión Europea y a los Estados miembros que exploren la idea de licitaciones coordinadas o conjuntas con el fin de ofrecer más volúmenes y visibilidad al mercado. Podría desarrollarse un enfoque similar para la energía de las corrientes de marea y la energía generada por el oleaje respecto de los parques piloto precomerciales;

66.

subraya la importancia de adoptar un enfoque específico en las zonas no interconectadas, especialmente en los territorios insulares, que permita proponer soluciones globales de autonomía energética sin emisiones de carbono mediante la combinación de tecnologías, en particular las EMR, en función de las características de cada territorio; a este respecto, deben intensificarse los esfuerzos de desarrollo de las máquinas de media potencia;

67.

propone que el desarrollo de estas soluciones de autonomía energética se estudien y validen también en los proyectos de estructuras marítimas polivalentes; estos últimos prefiguran una mayor conversión marina no solo de las actividades industriales, sino también, en último término, de la vida humana en sentido amplio; cabe señalar que estas perspectivas a más largo plazo tendrán necesariamente que cumplir unos requisitos estrictos en términos de sostenibilidad y de control del impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos;

IV)   Los puertos, un gran reto para la dinámica de las industrias marítimas

Plataformas portuarias e infraestructuras portuarias, costeras y en alta mar

68.

señala la capacidad de los puertos, debido a la integración de actividades y potencialidades, como ámbitos de desarrollo de proyectos de Crecimiento Azul, pudiendo servir de ejemplo para su extensión al conjunto de las regiones costeras;

69.

insiste en que, con independencia de su estatuto, los puertos deben seguir siendo considerados activos estratégicos en los que se espera que sigan invirtiendo las autoridades públicas, y que las normas de competencia y control de las ayudas estatales deben permitir estas inversiones;

70.

subraya la necesidad de apoyar, con financiación de la Unión Europea, las infraestructuras portuarias de las regiones ultraperiféricas, dada la falta de alternativas para el transporte de mercancías y teniendo en cuenta que las ayudas estatales a estas infraestructuras no constituyen, por su dimensión puramente local, una distorsión de la competencia en el mercado interior de la UE;

71.

afirma la vocación de los puertos de ser a la vez centros de transporte marítimo y plataformas de acogida para las industrias marítimas y las acciones de innovación y formación asociadas; hace hincapié en el factor de atractivo regional que suponen los puertos para atraer nuevas actividades industriales dentro de su perímetro o en su zona de influencia;

72.

destaca la importancia de los sectores de la logística y de los servicios marítimos dentro de los puertos; señala la necesidad de suscitar, además de innovaciones técnicas, nuevos modelos económicos y de servicios en los puertos, apoyándose, por ejemplo, en su digitalización progresiva (puertos inteligentes) y de desarrollar el potencial de mejora y optimización de los procesos que permite la valorización de los datos (ciencia de los datos);

73.

recomienda fomentar una mejor conexión de los puertos con su entorno urbano, reforzando al mismo tiempo la autonomía de decisión de las comunidades portuarias y velando por la conservación de los terrenos portuarios para hacer posible su desarrollo en el futuro;

74.

sugiere la creación dentro de la iniciativa «European Sea Tech» de una red de puertos dedicados al desarrollo de la economía azul, como continuación de los trabajos del foro europeo de puertos y de sus subgrupos dedicados, por una parte, a los puertos y centros de distribución para el crecimiento azul y, por otra, a los puertos ecológicos;

75.

destaca la importancia del sector de la ingeniería civil y medioambiental en los puertos y las zonas costeras para acondicionar los emplazamientos y la línea de costa y para apoyar la adaptación al cambio climático;

76.

propone convertir los puertos en lugares de incubación y, posiblemente con el tiempo, en operadores de nuevos proyectos de infraestructuras marítimas, ya sean puertos mar adentro o con carácter más general plataformas mutualizadas de acogida de actividades de la economía azul (transbordo, centro de conexión logística, producción de energía marina renovable, acuicultura, reparación de buques, base científica, etc.);

77.

propone iniciar una reflexión centrada en el papel funcional de los puertos considerados «secundarios», que va de la especialización en mercados de bajo volumen al refuerzo y la complementariedad con los grandes puertos industriales próximos;

La descarbonización de los puertos y del transporte marítimo

78.

considera urgente reforzar el apoyo a las inversiones en los puertos para el suministro de gas natural licuado a los buques y, de forma más general, para las infraestructuras que contribuyan a reducir su huella ecológica (electrificación en el muelle basada en la tecnología de bajas emisiones); considera que esta transición hacia carburantes más limpios o nuevos vectores energéticos es una prioridad para la puesta en marcha de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases nocivos para la salud, y considera que se debe apoyar a los armadores para que adapten y renueven su flota; destaca que el biogás obtenido a partir de recursos biológicos (vegetales, agrícolas y alimentarios) también puede contribuir a la cadena de valor del gas natural licuado, a fin de reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de las soluciones actuales;

79.

propone que se evalúe la conveniencia de establecer un «corredor azul de gas natural licuado para las islas europeas y las regiones ultraperiféricas», en consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: ¡es tiempo de actuar! [2018/2023(INI)]; recuerda, en este contexto, la necesidad de contar con instrumentos financieros adecuados para apoyar dichas inversiones, que siguen siendo relativamente elevadas en dichas zonas;

80.

llama la atención sobre la necesidad de apoyar la investigación y el desarrollo de la acuicultura off-shore, integrando los conocimientos existentes de ingeniería oceánica en aguas profundas y de la industria 4.0, como medio de reducir la presencia de granjas acuícolas fondeadas en zonas marítimas costeras, en beneficio de otras actividades propias de la economía azul que necesitan emplear el mismo espacio marino;

81.

señala que determinados estudios de I+D ofrecen una salida posible orientada al recurso a combustibles líquidos de síntesis producidos a partir de la cadena de valor de carbono y de las energías renovables; considera que esta pista debe examinarse con prudencia y que aún queda por demostrar la competitividad relativa de estas tecnologías respecto de otras alternativas, así como su leve huella medioambiental y su contribución a la lucha contra el efecto invernadero a lo largo de todo su ciclo de vida; en la fase actual, esto todavía no ha quedado demostrado;

82.

reconoce que el uso del gas natural licuado solo puede cubrir un período intermedio, y pide desarrollar la alimentación eléctrica de los buques atracados y el uso de buques eléctricos, movilizar la energía solar y eólica en los buques y centrarse en la producción y utilización competitiva del hidrógeno procedente de fuentes renovables en el transporte marítimo (en consonancia con el desarrollo de energías marinas renovables, en particular en los sectores con un fuerte potencial de producción, como la energía eólica en alta mar instalada y flotante);

83.

pide, en este sentido, que se desarrolle en los puertos la infraestructura de redes inteligentes necesaria para la incorporación de fuentes distribuidas de energía eléctrica renovable, implantación de «cool ironing», movilidad eléctrica y resto de tecnologías relativas a las redes inteligentes.

---

(1)  NAT-V-044 – Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos, ponente: Adam Banaszak

(2)  https://www.eesc.europa.eu/es/node/56116.

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Gobernanza multinivel y cooperación intersectorial para combatir la pobreza energética

(2019/C 404/10)

Ponente

:

Kata TÜTTŐ (HU/PSE), concejala del Distrito 12 de Budapest

I. RECOMENDACIONES POLITICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones preliminares

1.

recuerda que ya ha resaltado en dictámenes anteriores la importancia de tener en cuenta la pobreza energética al formular las distintas políticas y considera que uno de los avances políticos más importantes de los últimos años es el reconocimiento explícito de la necesidad de abordar también las consecuencias sociales a la hora de diseñar las políticas energéticas y climáticas, ahora y en el futuro. Así pues, la lucha contra la pobreza energética debe tenerse en cuenta de forma integral en toda la legislación pertinente a nivel nacional y de la UE;

2.

señala que una de las principales cuestiones asociadas a las consecuencias sociales es la pobreza energética, que guarda estrecha relación con las prioridades actuales del Comité de las Regiones;

3.

opina que una gestión de la lucha contra la pobreza energética que tenga en cuenta tanto los puntos de vista generales de la Unión como las especificidades locales y regionales puede contribuir en gran medida a reforzar la confianza de los ciudadanos en la UE y a acercar esta última a sus ciudadanos, pero también, por otro lado, a la aplicación del Acuerdo de París y la realización de la Unión de la Energía;

4.

celebra que el paquete legislativo de la Comisión Europea titulado «Energía limpia para todos los europeos» reconozca la importancia de abordar la pobreza energética y haga referencia explícita a ella en varias ocasiones;

5.

llama la atención sobre el hecho de que, tras la creación de un marco a escala de la Unión, el próximo reto es repercutir las disposiciones generales del paquete de medidas sobre energía limpia mediante adaptaciones de los distintos elementos específicos de la legislación, teniendo plenamente en cuenta la situación de las distintas regiones. un proceso en el que se deberá, por una parte, velar por el cumplimiento del marco general de la Unión y, por otra, definir un marco y unas modalidades de acción basados en el conocimiento y el reconocimiento de los diferentes aspectos de la pobreza energética;

6.

acoge con satisfacción los progresos realizados en el proceso legislativo en relación con elementos importantes del paquete sobre energía limpia, en particular, la posición del Parlamento Europeo sobre las normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el reconocimiento explícito por su parte de la necesidad de que los Estados miembros recopilen datos de manera exhaustiva sobre la pobreza energética, la flexibilidad propuesta para que los Estados miembros intervengan en el mercado con el fin de hacer frente a la pobreza energética y la ampliación de la definición de «consumidores vulnerables» (artículo 28) (1);

7.

apoya, en particular, la solicitud del Parlamento Europeo de que la Comisión Europea facilite orientación sobre los criterios que deben utilizarse para definir un «número significativo de hogares en situación de pobreza energética» [también en el contexto del artículo 3, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre los planes nacionales integrados de energía y clima] y respalda plenamente la premisa del Parlamento Europeo de que «cualquier proporción de hogares en situación de pobreza energética puede considerarse significativa»;

8.

resalta que, al ser la pobreza energética un problema bien conocido y cada vez más abordado en el marco legislativo de la UE que impone obligaciones explícitas a los Estados miembros, nadie debería poder afirmar en el futuro que ignora su existencia: se necesitan políticas y acciones concretas; señala, no obstante, que la definición precisa de los diferentes aspectos y efectos de la pobreza energética, así como los indicadores necesarios para medirlos, deben desarrollarse prestando la mayor atención a la diversidad de circunstancias regionales y locales, con el fin de garantizar que las medidas políticas puedan ser específicas y aplicarse eficazmente;

9.

destaca, no obstante, que en materia de lucha contra la pobreza energética existen ya experiencias pioneras a escala local y regional, incluida la valiosa labor desempeñada por la asociación para la vivienda enmarcada en la Agenda Urbana de la UE;

10.

señala que una de las mejores maneras de erradicar la pobreza energética en el plano europeo es invertir en eficiencia energética y disponer de un mercado único que funcione correctamente, sea competitivo y ofrezca precios reducidos;

11.

celebra que el nuevo Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía proporcione el marco necesario para que los entes locales y regionales hagan oír su voz y aborden la pobreza energética con carácter prioritario;

12.

reconoce que la pobreza energética representa un reto capital para la sociedad, con repercusiones sociales, económicas y medioambientales, que debe superarse con urgencia a todos los niveles de gobernanza y que requiere un enfoque transversal global, que tenga en cuenta las relaciones entre los objetivos y los instrumentos sociales y medioambientales;

¿Qué se entiende en esencia por pobreza energética?

13.

recuerda que, según la definición del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, la pobreza energética es «una situación en la que un hogar o una persona no puede permitirse los servicios energéticos básicos (calefacción, refrigeración, iluminación, movilidad y electricidad) que garantizan un nivel de vida digno, debido a una combinación de bajos ingresos, altos costes energéticos y una escasa eficiencia energética de su vivienda»;

14.

destaca que un europeo de cada diez no puede calentar correctamente su vivienda en invierno, que un ciudadano de la UE de cada cinco no puede permitirse climatizarla en verano y que más de 80 millones de europeos viven en una vivienda húmeda con rastros de moho, lo que también está relacionado con las dificultades para calentar y enfriar suficientemente sus hogares;

15.

señala que la pobreza energética —al igual que otras formas de pobreza y en combinación con estas— amenaza y afecta de forma más amplia y grave a las mujeres, lo que se explica en especial por el desigual reparto de las rentas y el trabajo doméstico y familiar entre las mujeres y los hombres, y por el mayor porcentaje de mujeres que se registra entre las familias monoparentales y entre las personas mayores que viven solas;

Necesidad de un enfoque global

16.

reconoce que la pobreza energética es un problema extremadamente complejo que solo podrá resolverse si se tienen en cuenta los aspectos sociales, técnicos, económicos y presupuestarios de manera conjunta y coordinada;

17.

observa que para hacer un balance de la pobreza energética y trabajar en la búsqueda de soluciones es necesario recopilar una gran cantidad de información y analizarla de forma detallada; pone de relieve en este contexto, en particular, tal y como señala la propia evaluación del impacto territorial del CDR, la necesidad de información adicional desglosada en función del nivel NUTS 3 y por debajo de este nivel cuando proceda, de seguir desarrollando indicadores adecuados para medir los diferentes aspectos y efectos de la pobreza energética a escala local, así como de una recopilación y un tratamiento más eficaz de la información ya disponible para que sea accesible para los responsables políticos;

18.

destaca que para luchar contra la pobreza energética es necesario utilizar diversos instrumentos de política pública, teniendo en cuenta tanto la eficiencia energética como las cuestiones de protección social;

19.

insiste, no obstante, en que el enfoque transversal global no puede servir en ningún caso de pretexto para perseguir objetivos políticos e intereses sectoriales, comerciales o de otro tipo no vinculados a la lucha contra la pobreza energética;

20.

llama la atención de los entes locales y regionales europeos sobre la especial importancia que reviste la aplicación del enfoque global, pero que puede realizarse de forma relativamente simple a escala local y regional; no obstante, para que ello sea posible, es esencial intercambiar experiencias y recurrir a otras formas de cooperación;

21.

destaca que las familias afectadas por la pobreza energética presentan situaciones muy variadas y, en todos los casos, características específicas. Las personas afectadas pueden ser inquilinos o propietarios, que viven en zonas urbanas o rurales y que, en general, se enfrentan asimismo a otras dificultades, por lo que se requiere un enfoque equitativo, innovador, abierto e integrador en el que es esencial la colaboración de todas las partes interesadas;

22.

observa que la pobreza energética no solo afecta al estado de la vivienda, sino que tiene también una repercusión directa en la salud física y mental de las personas y dificulta sus relaciones sociales, su aprendizaje, su oportunidad de hacer negocios y otras muchas actividades;

No solo hay que apoyar la observación del fenómeno de la pobreza energética, ¡sino también su erradicación!

23.

considera que, para el éxito de las políticas públicas a escala de la Unión, es necesario en general definir objetivos suficientemente ambiciosos, concretos y medibles;

24.

resalta que, si bien el objetivo último de una política tendente a erradicar la pobreza energética no puede ser otro que la completa eliminación del fenómeno, la eficacia del proceso político requiere la formulación de objetivos a más corto plazo;

25.

pide a la Comisión Europea que proponga objetivos concretos de reducción de la pobreza energética para 2030 y su erradicación para 2050;

Acciones que deben adoptarse a escala de la UE

26.

celebra que la garantía de acceso a la energía no solo figure entre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, sino que el pilar europeo de derechos sociales, lanzado en noviembre de 2017, también conceda especial importancia a la cuestión de la protección social, ya que la pobreza energética es un ámbito en el que resulta imprescindible también una actuación a escala de la UE;

27.

acoge con satisfacción la visión estratégica adoptada en noviembre de 2018 por la Comisión Europea, titulada «Energía limpia para todos los europeos», cuyo objetivo es lograr una Europa neutra para el clima de aquí a 2050, velando no solo por el aumento de la prosperidad y la creación de empleo, sino también por la equidad social para una transición justa;

28.

pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que velen por que toda persona pueda disfrutar de forma efectiva del derecho a una energía asequible, y que examinen a tal fin la posibilidad de instaurar una moratoria sobre el cese o la suspensión del suministro de servicios públicos por falta de pago, de forma que ninguna familia se quede sin un suministro básico de calefacción o refrigeración;

29.

opina que la limitación de los costes excesivos de la energía no puede dejarse solo a la discreción de la competencia y la autorregulación del mercado, y que la Unión debe establecer marcos jurídicos que doten a los Estados miembros y los entes locales de los instrumentos adecuados para garantizar una energía asequible. Para mantener los precios de la energía a un nivel bajo, la UE y otras autoridades pertinentes deben sobre todo garantizar que la oferta en el mercado de la energía sea suficiente, que se combata el monopolio en la tarificación y que los instrumentos para la transformación energética sean eficaces desde el punto de vista de los costes y no aumenten los precios de manera injustificada;

30.

hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas adecuadas para evitar o compensar las posibles repercusiones negativas de las renovaciones en aras de la eficiencia energética, como el aumento de los costes de la vivienda; en este contexto, considera que es fundamental garantizar una distribución justa de los costes y los beneficios de la eficiencia energética entre los propietarios y los arrendatarios;

31.

considera necesario que los entes territoriales faciliten al público asesoramiento gratuito e independiente en materia energética y apoyen una participación más activa de las familias pobres en la producción de energía;

32.

considera que la legislación europea podría ser mucho más ambiciosa y que es necesario que los gobiernos nacionales cooperen con los entes locales y regionales con sinceridad y compromiso para garantizar una gobernanza multinivel eficaz;

33.

estima indispensable simplificar y ampliar el acceso a los fondos de la Unión, dado que a menudo los limitados medios de acción de que disponen las personas y los grupos afectados por la pobreza energética y su reducido acceso a los servicios de las administraciones públicas contribuyen a la aparición o la agravación de este fenómeno. Además, señala que la renovación y las medidas de eficiencia energética pueden verse limitadas por la situación financiera de los ocupantes y por las reglamentaciones en materia de alquiler que dificultan la recuperación de los costes; subraya, por tanto, la necesidad de garantizar incentivos adecuados para invertir en mejoras de la eficiencia energética tanto para los arrendatarios como para los propietarios, y en aras de la protección de los consumidores vulnerables;

34.

pide una cooperación más estrecha entre el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, y Eurostat;

35.

destaca que entre los instrumentos para la erradicación de la pobreza energética es primordial la transformación de los consumidores de energía en prosumidores y que, a tal fin, cabe alentar a todos los niveles las iniciativas que permitan también que los consumidores en situación de pobreza energética se conviertan en productores de energía;

El papel de los entes locales y regionales

36.

destaca que los entes locales y regionales ocupan un puesto de primera línea en la compleja lucha contra la pobreza energética, dado que pueden identificar a las personas afectadas y las causas concretas del fenómeno y proporcionar directamente asesoramiento y orientación práctica a los ciudadanos. Además, gran parte de las medidas de lucha pueden aplicarse a escala local;

37.

resalta que, al ser la pobreza energética una cuestión muy compleja, no existe una solución uniforme para las distintas regiones de la Unión, y que también los entes locales deben adoptar un nuevo enfoque global a la hora de buscar los medios adecuados, contando con la participación de los departamentos de las administraciones locales competentes en los distintos ámbitos, a fin de encontrar la mejor solución. Los entes locales y regionales tienen ciertas competencias importantes en el ámbito de las políticas de eficiencia energética y producción de energía a través de sus propias empresas de energía y de vivienda, la cooperación con agentes privados, sus ayudas a proyectos, sus servicios de asesoramiento, etc.;

38.

llama la atención sobre la posibilidad de que las políticas de gestión de la pobreza energética puedan aportar otras ventajas a dichos entes, al contribuir al éxito de otros objetivos políticos y apoyar, por ejemplo, las políticas de fomento de la eficiencia energética, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mejora de la salud de los ciudadanos, la integración social y la protección social, incrementando así la calidad de vida y la sostenibilidad en general;

39.

subraya que una lucha eficaz contra la pobreza energética puede ayudar a los entes locales y regionales a ampliar aún más la base social de las acciones de lucha contra el cambio climático, implicando a grupos sociales que hasta ahora se han mostrado menos activos y han recibido menos atención;

40.

insiste, no obstante, en que todo ello solo será posible si se refuerzan de forma adecuada los instrumentos jurídicos y financieros de los entes locales y regionales;

Parque inmobiliario y eficiencia energética

41.

resalta que la eficiencia energética representa un nexo importante entre los objetivos de neutralidad climática y los relativos a una transición energética justa, incluida la gestión de la pobreza energética;

42.

estima que la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas constituye una de las principales misiones de los entes locales y regionales y que, a tal fin, estos deberían evitar concentrarse solo en las viviendas sociales, en especial en los Estados miembros con un bajo porcentaje de viviendas sociales;

43.

resalta que la obligación de renovar cada año el 3 % de los edificios pertenecientes a los gobiernos centrales de los Estados miembros a fin de mejorar su eficiencia energética debe ir acompañada de medidas ambiciosas y ayudas para incrementar el ritmo de renovación en otras partes del parque inmobiliario, a falta de lo cual los esfuerzos por erradicar la pobreza energética no tendrán ninguna posibilidad de tener éxito en un futuro próximo, por no hablar de la imposibilidad de realizar los objetivos climáticos;

44.

llama la atención sobre la necesidad de consagrar el mayor volumen posible de fondos de la Unión a una renovación global del parque inmobiliario que tenga en cuenta la pobreza energética, a fin de evitar retrasos en la recalificación energética de las viviendas de los inquilinos y los propietarios más pobres, lo que incrementaría la pobreza energética y obstaculizaría además la realización de los objetivos en materia de clima;

45.

insta a los Estados miembros a que incorporen en sus legislaciones nacionales la Directiva actualizada relativa a la eficiencia energética de los edificios (2) lo antes posible y, a más tardar para marzo de 2020, ya que la mejora de la eficiencia energética de los edificios actuales de la UE está directamente ligada a la plena aplicación del marco legislativo vigente;

Importancia del Pacto de los Alcaldes

46.

celebra que el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía haya convertido la cuestión de la pobreza energética en un tercer pilar, actuando así como motor para mantener esta problemática en el orden del día y en la búsqueda de soluciones; resalta el valioso papel desempeñado por el Pacto de los Alcaldes a la hora de poner en común conocimientos y experiencias, prestar apoyo y aportar orientaciones metodológicas a los entes territoriales europeos y a otros actores;

47.

destaca que el Pacto de los Alcaldes puede seguir contando con su apoyo, habida cuenta del gran valor que tienen su papel activo y su profundo anclaje social para los ciudadanos europeos;

48.

pide a los entes locales y regionales europeos y a sus dirigentes que se adhieran al Pacto de los Alcaldes, así como a otras redes de acción por el clima, y participen activamente en sus actividades, haciendo especial hincapié en el intercambio de buenas prácticas locales;

49.

recuerda que un grupo de miembros del Comité de las Regiones desempeña el papel de embajadores del Pacto de los Alcaldes, con la misión de dar a conocer sus actividades y alentar el mayor número posible de adhesiones al mismo, y señala que esos embajadores deben contar con el debido apoyo a sus esfuerzos;

Observatorio Europeo de la Pobreza Energética

50.

destaca que son indispensables una definición y una medición precisas del fenómeno de la pobreza energética para planificar y aplicar soluciones y medidas adecuadas de política pública;

51.

deplora que dos terceras partes de los Estados miembros no efectúen un seguimiento de la evolución de la pobreza energética basado en medidas cuantitativas;

52.

observa que, hasta ahora, el funcionamiento del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética creado por la Comisión Europea responde plenamente a los objetivos perseguidos en el momento de su creación;

53.

dado que el período de existencia previsto del Observatorio se acerca a su fin, pide a la Comisión Europea que estudie las condiciones para prolongar su actividad, ampliar su objeto y misiones en la medida en que esté justificado, y desarrollar las posibilidades de recogida y evaluación de los datos, dado que la información recabada por el Observatorio seguirá siendo indispensable para una correcta elaboración de las políticas públicas en el futuro.

---

(1)  P8_TA-PROV(2019)0226 aprobado el 26 de marzo de 2019

(2)  Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DO L 156 de 19.6.2018, p. 75).

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un planeta limpio para todos — La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra

(2019/C 404/11)

Ponente	:	Michele EMILIANO (IT/PSE), presidente de la Región de Apulia
Documento de referencia	:	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones – Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra COM(2018) 773 final

I. RECOMENDACIONES POLITICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Aplicación de la estrategia a largo plazo para 2050

1.

acoge con satisfacción la Comunicación «Un planeta limpio para todos» y apoya el objetivo de la UE de alcanzar el nivel de cero emisiones netas (neutralidad) de gases de efecto invernadero de aquí a 2050; pide a la Comisión Europea que, para conseguir este objetivo, elabore una hoja de ruta aún más ambiciosa, que incluya medidas capaces de contener el calentamiento del planeta en 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, asumiendo así los escenarios más ambiciosos, y que evalúe el impacto de las distintas hipótesis relacionadas con los aspectos climáticos, sanitarios, medioambientales, económicos y sociales, además de invitarla a proponer el correspondiente marco normativo global sobre la base de dicha evaluación y con arreglo a la estrategia de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas; también acoge favorablemente, en este contexto, el trabajo que se está realizando a nivel de la UE, en particular en el Comité de las Regiones, sobre el documento de reflexión relativo a una Europa sostenible, y a la manera de asociar a los entes locales y regionales en los principales procesos de transformación;

2.

subraya la necesidad de invertir en educación y sensibilización sobre cuestiones climáticas entre los ciudadanos en general y los jóvenes en particular, que están cada vez más preocupados por lo que consideran un planteamiento que dista mucho de ser satisfactorio a la hora de abordar este reto; subraya que los entes locales y regionales, en cooperación con las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, tienen un importante papel que desempeñar cuando se trata de dar un impulso a este compromiso y una respuesta a las expectativas de los jóvenes;

3.

reitera su petición a los Estados miembros y a la Comisión Europea de que creen una plataforma de diálogo permanente a varios niveles en materia de energía, tal como se define en el Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía, en la que se contemplen también los aspectos climáticos y medioambientales, para apoyar en la transición energética a entes locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y otras partes interesadas (1); en este contexto, se declara dispuesto a crear, si así lo solicita la Comisión Europea, una estructura para el intercambio de información técnica sobre la aplicación del paquete de medidas relativas a la energía limpia a nivel local o regional;

4.

recuerda el papel crucial que desempeñan los entes locales y regionales en la aplicación de las políticas públicas en materia de clima y energía, así como en el fomento de los cambios de comportamiento necesarios para una aplicación eficaz de las mismas y para garantizar que estos cambios son aceptados por todos los ciudadanos, siguiendo una estrategia claramente definida de descarbonización orientada a alcanzar el objetivo de «cero emisiones»: a este respecto, resalta la acción desarrollada por el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía y pide a la Comisión que continúe promoviendo esta iniciativa y respalde otras análogas a fin de reforzar la acción local, y que instituya un mecanismo permanente de consulta sobre la base del Diálogo de Talanoa (2);

5.

llama la atención sobre el apoyo a iniciativas como el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía que, a través de una relación directa entre los entes locales y la Comisión, permiten el desarrollo desde la base de un plan específico que, sirviéndose de los planes de acción sobre Energía Sostenible y Clima, se oriente hacia un plan de gestión territorial integrado de lucha contra el cambio climático, en coordinación con otras partes interesadas del territorio implicadas en los planes nacionales en materia de energía y clima (PNEC) y en el apoyo a los ODS;

6.

pide a la Comisión que garantice que los planes nacionales en materia de energía y clima (PNEC) y las estrategias nacionales a largo plazo se armonicen con lo previsto en el Acuerdo de París, en la estrategia para 2050 y en los ODS; considera fundamental que dichos planes y estrategias sean resultado de un diálogo a varios niveles y de un método participativo y se basen en las buenas prácticas existentes a escala regional y local; sugiere asimismo reducir el plazo previsto para la revisión periódica de dichos planes e institucionalizar el sistema de contribuciones determinadas a nivel regional y a nivel local para conjugarlo con el sistema de contribuciones determinadas a nivel nacional;

7.

pide a la Comisión que tenga en cuenta activamente la especial vulnerabilidad de determinados territorios, como las regiones ultraperiféricas, y de los ciudadanos en el proceso de transición a una Europa neutra desde el punto de vista climático, pues no hacerlo podría conducir al rechazo del proceso de transición, y pide la creación de un Observatorio europeo de neutralidad climática para contribuir al cumplimiento de las obligaciones nacionales de información en el marco de la gobernanza de la Unión de la Energía y a la cartografía y el seguimiento de dichas vulnerabilidades, así como una actualización de las competencias en el marco del Panorama de cualificaciones de la UE. Estas medidas, encaminadas a lograr una Europa neutra desde el punto de vista del clima deben tener presente la necesidad de las competencias regionales y locales al objeto de alinear el desarrollo de las políticas de sostenibilidad al crecimiento de las competencias en pos de empleos de calidad con perspectivas de futuro en las regiones más vulnerables, así como para facilitar un intercambio eficaz de las mejores prácticas entre estas regiones basado, en particular, en el cuadro existente de indicadores compuestos;

8.

llama la atención sobre las distintas características de las regiones europeas en materia de clima, medio ambiente, paisaje, movilidad y estructura económica y social, y pone de manifiesto la importancia de modular la aplicación de la estrategia en función de las características geográficas, geopolíticas y económicas de los territorios, más allá de las meras fronteras administrativas.

9.

subraya la necesidad de garantizar un enfoque holístico que recoja no solo los instrumentos y estrategias de las políticas generales de la UE sobre los ODS, la cohesión y la economía circular, sino también acciones específicas, relativas, por ejemplo, a la política energética, la mitigación y adaptación al cambio climático y la transición de las regiones carboníferas;

Neutralidad climática del sistema energético

10.

toma nota del papel clave desempeñado por los entes locales y regionales en la aplicación participativa de las políticas en materia de clima y energía, reconoce la función de ejemplo de las autoridades públicas en todos los sectores, empezando por la gestión del patrimonio inmobiliario público y las empresas de gestión pública; en este sentido, resalta la importancia de los planes de eficiencia energética de los edificios públicos, junto con la aplicación de los criterios de contratación pública sostenible (CPS) y los sistemas de gestión energética y ambiental, dentro del respeto de los criterios ambientales mínimos (3);

11.

pide a la Comisión Europea que siga promoviendo como una prioridad la eficiencia energética de los edificios a fin de reducir las emisiones de los edificios existentes y que garantice que las subvenciones públicas y los instrumentos financieros permitan a los propietarios mejorar la eficiencia energética de los edificios recurriendo a medidas de recalificación; Además, las inversiones y las ayudas estatales deben clasificarse como costes de capital a fin de facilitar margen de decisión a los entes locales y regionales. Todo esto contribuye considerablemente a un aumento de la tasa media anual de renovación de edificios;

12.

recuerda la importancia de proteger de la pobreza energética a las personas vulnerables y garantizar a todos los ciudadanos europeos un acceso igual a los servicios energéticos básicos;

13.

pide a la Comisión que promueva un enfoque circular en la fase de diseño, ejecución y gestión de nuevos edificios, que deberá ser sostenible o incluir la eficiencia energética y el empleo de fuentes renovables, partiendo del ejemplo de la iniciativa Level(s) (4). Asimismo, es preciso establecer unos requisitos en materia de eficiencia climática y ambiental atendiendo al ciclo de vida de los materiales y procesos de construcción, así como respecto de la documentación sobre los materiales utilizados en la construcción. Ello implica mantener los esfuerzos en cuanto a las normas, los requisitos de diseño ecológico, las declaraciones medioambientales de los productos y los sistemas de información para el análisis del ciclo de vida;

14.

cree firmemente que el objetivo de un 32 % de energía renovable a escala de la UE debería reconsiderarse en el futuro en función de la evolución de las tecnologías con vistas a alcanzar el 40 % para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050, y que, en cualquier caso, se debe incentivar y apoyar de forma adecuada a las regiones europeas que consigan superar este umbral;

15.

acoge con satisfacción el establecimiento formal de las comunidades locales de energía en el paquete sobre energía limpia (5) y pide a los Estados miembros que aprovechen su potencial (6), al tiempo que subraya la necesidad de crear esquemas específicos de apoyo financiero, en el que se primen a los territorios que presenten obstáculos como aquellos con sistemas eléctricos aislados y no interconectados con las grandes redes europeas. A nivel local y regional, las empresas de energía públicas y privadas son instrumentos importantes para propiciar la transición energética;

16.

resalta la importancia de favorecer la descarbonización y perseguir el objetivo de «cero emisiones», así como de invitar a los Estados miembros a que definan, de común acuerdo con las regiones, hojas de ruta concretas para la reconversión de las instalaciones e infraestructuras que emplean combustibles fósiles y las centrales nucleares, incentivando el uso de fuentes de energía renovables (como el hidrógeno) y técnicas para la descarbonización de la industria europea del gas, tomando como base los BREF; considera que una tarificación adecuada de las energías fósiles mediante los derechos de emisión y una fiscalidad que debe configurarse de manera socialmente responsable constituyen una de las bases de la transición a las energías renovables; acoge con satisfacción, por tanto, la reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre «Una toma de decisiones más eficiente y democrática en la política energética y climática de la UE» y considera que muchas de las sugerencias contenidas en este documento, especialmente por lo que se refiere al elemento esencial de la fiscalidad de la energía, son fundamentales para garantizar una respuesta coordinada, coherente y oportuna a los enormes desafíos a los que se enfrenta la UE;

Planificación territorial y neutralidad climática

17.

recuerda el papel central desempeñado por los entes locales y regionales en la aplicación de las políticas de movilidad sostenible de las personas y las mercancías, entre otras cosas a través de las actividades de planificación urbana y territorial dirigidas al reequilibrio modal y la reducción del uso del automóvil a nivel global y del consumo de suelo;

18.

reitera la necesidad de hacer que el transporte, único sector en el que las emisiones de CO2 siguen siendo superiores a los niveles de 1990, sea climáticamente neutro (7), entre otras cosas mediante el aumento del apoyo financiero y técnico a plataformas europeas como S3P Energy (8);

19.

pide a la Comisión que desbloquee la financiación europea para acelerar la implantación de puntos de recarga para los vehículos, a fin de garantizar que las infraestructuras actuales no obstaculicen la adopción de la movilidad limpia en toda Europa para satisfacer la futura demanda;

20.

destaca la importancia de favorecer y financiar la transición a modalidades de transporte colectivo, compartido, multimodal e intermodal, también mediante el desarrollo de plataformas logísticas y planes de gestión de la movilidad a escala local y regional, teniendo en cuenta asimismo las características específicas de las regiones escasamente pobladas, periféricas, ultraperiféricas e insulares;

21.

subraya la importancia de que los planes de movilidad se ajusten al aumento de la producción y la distribución de electricidad verde y de combustibles renovables (9), se fijen el objetivo de cero emisiones procedentes del tráfico y se integren con la planificación urbana y territorial y, cuando proceda, con los planes de acción para la energía sostenible y el clima; recuerda que estas políticas desempeñan un papel crucial para la mejora de la vida de los ciudadanos y la protección de su salud;

22.

pone de manifiesto la necesidad de prestar especial atención a las posibles medidas de descarbonización del sistema de transportes, promoviendo el uso de fuentes de energía renovables y combustibles alternativos y, en consecuencia, la realización de infraestructuras específicas para garantizar un suministro ecológico y diversificado, en particular mediante el refuerzo de los gestores de las redes de distribución locales;

23.

destaca la importancia de las interacciones entre el uso del suelo, la mitigación del cambio climático y el potencial de adaptación, así como la importancia de abordar el enorme impacto climático de la agricultura, como elementos esenciales de cualquier estrategia orientada a conciliar el respeto del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con un mayor bienestar medioambiental, sanitario, económico y social;

24.

resalta el papel de las comunidades insulares como posibles laboratorios de las políticas de neutralidad climática y señala la necesidad de adoptar medidas de descarbonización del transporte marítimo, teniendo en cuenta a los territorios vulnerables que dependen en gran medida del transporte marítimo;

Neutralidad climática del sistema económico

25.

pone de manifiesto el papel de la contratación pública sostenible (CPS) a la hora de fomentar la economía verde y los cambios de comportamiento, la importancia de avanzar con rapidez hacia la contratación pública circular y la pertinencia de recurrir a sistemas de gestión medioambiental en el sector privado, partiendo de la plena aplicación de la Directiva sobre las emisiones industriales (10) y de los BREF para cada sector productivo, así como de los sistemas de certificaciones ambientales EMAS e ISO (11);

26.

subraya la ausencia de referencias en la estrategia al sector de los «residuos», a la jerarquía europea de los residuos y a los principios de la economía circular (12), por lo que propone introducir medidas para una rápida definición de criterios uniformes sobre el fin de la condición de residuo, con vistas a reducir las operaciones de eliminación, favorecer la recuperación y minimizar las emisiones contaminantes de los correspondientes procesos industriales; subraya que los residuos también deberían limitarse al mínimo mediante requisitos de diseño ecológico de los productos en relación con su contenido en sustancias químicas, su reciclabilidad y los esfuerzos de selección y recuperación de materiales y energía;

27.

recuerda que, con objeto de garantizar un rápido comienzo de la transición, así como una gestión equitativa e inclusiva de la misma, es importante prestar especial atención a las regiones que cuentan con industrias e infraestructuras energéticas de gran consumo energético, limitando o compensando sus repercusiones sociales y ambientales, y resalta la importancia de garantizar que los entes locales y regionales, así como los ciudadanos y ONG interesados, el sector empresarial, las universidades y los centros de investigación participen en la definición de medidas compensatorias para los posibles efectos negativos de la transición energética;

28.

recuerda la necesidad de garantizar un reparto equitativo de los costes medioambientales y los beneficios sanitarios, medioambientales, económicos y sociales para los ciudadanos afectados por la ubicación de infraestructuras energéticas y los cambios necesarios para la transición. Destaca, en particular, la importancia de implicar a los entes locales y regionales de los territorios por los que pasan infraestructuras de tránsito de ingentes flujos de energía, junto con las autoridades competentes nacionales, en el establecimiento de criterios relativos al reparto de los costes y beneficios medioambientales que les permitan recibir una parte equitativa de los ingresos generados, en beneficio de los ciudadanos más afectados; subraya asimismo que todas las políticas de la UE, incluida la política comercial con socios no pertenecientes a la UE, deben ajustarse al objetivo de neutralidad climática;

Estrategias de absorción y compensación de las emisiones

29.

acoge con satisfacción la actualización de la Estrategia de Bioeconomía de la UE (13), que apoya el desarrollo de sistemas de producción capaces de reducir las emisiones de GEI;

30.

recuerda la función crucial que desempeñan los espacios verdes urbanos y rurales en la lucha contra el cambio climático, como sistemas ecológicos que actúan como equivalentes naturales de los sumideros de carbono, con especial atención a las regiones más vulnerables, incluidas las ultraperiféricas y las insulares. A fin de reducir las emisiones, recuerda la importancia de mejorar la gestión de los suelos orgánicos y de restaurar las turberas y los humedales así como todos los sistemas agronómicos y de captura de emisiones, y subraya la necesidad de favorecer y apoyar la protección y la correcta gestión del patrimonio forestal, así como la plena integración de las políticas agrícolas y forestales con las políticas de gestión de los riesgos hidrogeológicos y climáticos;

31.

pide a la Comisión Europea que implique a los entes locales y regionales en la aplicación del Reglamento de reparto del esfuerzo (ESR) y del Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) (14), fijando objetivos de reducción de las emisiones para 2030 y definiendo iniciativas realistas para conseguirlos;

32.

pone de relieve las competencias de que disponen las ciudades y las regiones para la recogida de los datos necesarios para realizar el inventario de las emisiones de GEI en los sectores cubiertos por los Reglamentos UTCUTS y ESR, y recomienda a los Estados miembros y a la Comisión que los apoyen para fomentar sus capacidades (15);

33.

destaca la necesidad de desarrollar más todas las técnicas y tecnologías orientadas a la recuperación íntegra de masa y energía en los sistemas productivos, así como todas las formas de compensación ambiental de las emisiones difusas y fugitivas, incluido el dióxido de carbono, que deberán compensarse con sistemas ecológicos naturales y, en caso de que no existan otras posibilidades, mediante las técnicas de captura y almacenamiento de carbono; subraya, sin embargo, que estas tecnologías aún no han demostrado su eficacia y su seguridad y que, por lo tanto, la primera prioridad deben ser medidas concebidas para evitar las emisiones;

Financiación de la neutralidad climática

34.

recuerda la importancia de garantizar una cobertura financiera suficiente para alcanzar una economía de «cero emisiones» de GEI, aumentando el porcentaje de PIB que se invierte cada año en el sistema energético y en las infraestructuras correspondientes, y acoge con satisfacción el Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible publicado por la Comisión en 2018 (16);

35.

resalta la necesidad de incrementar como mínimo al 30 % el objetivo de gasto del presupuesto de la UE destinado al clima, dando plena aplicación a los compromisos contraídos en el Acuerdo de París, y de que los gobiernos nacionales prevean financiación específica a largo plazo (17);

36.

subraya que, dadas las importantes repercusiones sociales que cabe esperar de la transición a una economía de cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), será necesario prever la creación de un fondo específico para una transición justa al objeto de apoyar a las regiones o sectores de la sociedad más afectados en el corto plazo por el abandono de los combustibles fósiles;

37.

recuerda que son necesarios recursos financieros considerables para desarrollar soluciones innovadoras, en particular, fuentes de energía renovable, e integrarlas en el mercado: considera importante definir un enfoque integrado y común a las autoridades de todos los niveles, a fin de coordinar las distintas fuentes de financiación y lograr un efecto multiplicador, aumentando la sensibilización sobre la existencia de distintos instrumentos y mejorando su accesibilidad general; subraya además la necesidad de revisar el marco normativo de la UE en materia de energías renovables y ayudas estatales para que no solo resulte beneficioso sino que impulse el desarrollo de nuevas tecnologías de emisión cero en relación con los beneficios climáticos y la sostenibilidad. Por ejemplo, hay que adaptar la Directiva sobre la fiscalidad de la energía y las normas sobre ayudas estatales para reducir los impuestos aplicables a las energías renovables y hacerla así competitiva frente a la energía fósil;

38.

señala que las inversiones en infraestructuras sostenibles desde el punto de vista ecológico resultan muy rentables a largo plazo, ya que pueden generar un gran incremento tanto del PIB como de la tasa de empleo. Destaca además que esas inversiones se traducen en ahorro, ya que permiten consumir menos energía y reducir la importación de combustibles fósiles;

39.

resalta la importancia de prever normas sencillas, claras y uniformes para la contratación pública y para los procedimientos jurídicos destinados a favorecer las inversiones (18), y acoge con satisfacción la ambición de la Comisión de simplificar las normas para el período de programación 2021-2027 y unificar el Reglamento para el FEDER y el Fondo de Cohesión (19);

40.

recuerda la importancia de hacer de la neutralidad climática, la sostenibilidad medioambiental y la adaptación al cambio climático elementos transversales de todos los fondos y programas de financiación, incluyendo objetivos en materia de economía climáticamente neutra, que deberán alcanzarse mediante la definición de indicadores específicos, y acoge con satisfacción la iniciativa sobre la dimensión ecológica del Semestre Europeo (20), si bien pide más esfuerzos en este sentido; en este contexto, sugiere asimismo que se incluyan indicadores relacionados con el clima en el marco del informe de la Comisión sobre el mecanismo de alerta;

41.

propone que la evaluación de impacto ex ante de las propuestas legislativas de la UE vaya acompañada siempre de una evaluación de su impacto climático y su contribución al logro de los objetivos del Acuerdo de París (21); pide además que lleve a cabo una evaluación de impacto de los fondos europeos destinados a los sectores y regiones afectados por la transición energética para garantizar que apoyan eficazmente este proceso;

42.

destaca la importancia de unos porcentajes elevados de cofinanciación de la UE a fin de garantizar el acceso también a los pequeños entes locales y regionales, y pone de manifiesto la necesidad de definir métodos e indicadores específicos que tengan en cuenta los objetivos de la economía climáticamente neutra al evaluar los proyectos que vayan a financiarse;

43.

destaca el papel que desempeña el sector de los seguros a la hora de hacer frente a las pérdidas y daños producidos, reforzando así la resiliencia a escala local;

44.

acoge con satisfacción la referencia a los ahorros esperados en el sector de la sanidad como consecuencia de las políticas en materia de clima y medio ambiente, y pide a la Comisión que estudie además la posibilidad de cuantificar este ahorro identificando indicadores específicos, también con la participación de la OMS (22); a este respecto, señala la experiencia de una estructura como la Red de Ciudades Saludables de la OMS, y pide que se desplieguen mayores esfuerzos para crear sinergias entre estas iniciativas y las que se centran en la transición energética y el cambio climático en las ciudades;

45.

comparte los objetivos del Plan de Acción en materia de financiación sostenible: apoyar el desarrollo sostenible y la voluntad de hacer que el sector financiero y los inversores privados desempeñen su papel en la realización de objetivos ambiciosos y comunes en materia de clima y sostenibilidad medioambiental; reconoce que la movilización de capital privado exige una planificación a largo plazo y estabilidad normativa no solo a nivel de la UE y nacional, sino también a nivel local y regional;

46.

resalta la importancia de disponer de un sólido marco de financiación de las actividades de investigación y de las tecnologías orientadas a la neutralidad climática, y acoge con satisfacción la institución del Fondo de Innovación, al mismo tiempo que insta a que una rápida aprobación del Reglamento de aplicación (23), que instituya «zonas francas del conocimiento» en las que efectuar importantes desgravaciones fiscales;

47.

señala que es importante que los entes locales y regionales dispongan de un marco integrado coherente y manejable de las obligaciones y las mejores técnicas disponibles a través de un portal que recoja las MTD de cada sector, los proyectos H2020 y las iniciativas del Pacto de los Alcaldes;

Mantener los contactos con los compromisos internacionales y la legislación en vigor

48.

acoge con satisfacción el ambicioso objetivo de la UE de promover la adopción de políticas y acciones a escala global para invertir la insostenible trayectoria actual de las emisiones, y pide a las instituciones y los Estados miembros de la UE una participación estable, duradera y coherente de los entes locales y regionales en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (24), así como del Acuerdo de París, también mediante la inclusión del CDR en los trabajos preparatorios de la COP25, a fin de garantizar que la posición de la UE en las negociaciones reciba el apoyo de todos los niveles de gobierno;

49.

pide que se reconozca la condición de observador a un representante del CDR en todos los trabajos preparatorios de los órganos de la CMNUCC, a fin de garantizar que se presta la debida consideración a las exigencias de los entes locales y regionales y a su capacidad de contribuir con medidas concretas, y que estos puedan aportar sus propias contribuciones a la evaluación abierta, inclusiva y transparente del trabajo colectivo desarrollado en el ámbito del examen mundial.

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(1)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y energía limpia (2017/C 342/13), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017AR0830

(2)  https://unfccc.int/topics/2018-talanoa-dialogue-platform

(3)  Comunicaciones de la Comisión Europea: COM(2008) 397 «Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible», COM(2008) 400 «Contratación pública para un medio ambiente mejor» y COM(2015) 614 «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular», adoptadas por el Consejo de la Unión Europea.

(4)  http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

(5)  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

(6)  Modelos de asunción local en materia de energía y el papel de las comunidades locales de energía en la transición energética en Europa (CDR 2515/2018), https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2515-2018

(7)  Europa en movimiento: promover soluciones de movilidad ininterrumpida (CDR 3560/2017), https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3560-2017

(8)  https://e3p.jrc.ec.europa.eu/articles/smart-specialisation-platform-energy-s3p-energy

(9)  Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones (CDR 6151/2017), https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6151-2017

(10)  Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32010L0075

(11)  Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DO L 222 de 29.8.2017, p. 1) — https://www.iso.org/home.html

(12)  Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (DO L 150 de 14.6.2018, p. 109), Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (DO L 150 de 14.6.2018, p. 141), Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (DO L 150 de 14.6.2018, p. 100) y Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (DO L 150 de 14.6.2018, p. 93).

(13)  Una bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la conexión entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, de 2018.

(14)  Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 525/2013 (DO L 156 de 19.6.2018, p. 26) – Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136), https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/land-use–land-use-change-and-forestry-lulucf

(15)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Propuestas legislativas para un Reglamento de reparto del esfuerzo y un Reglamento UTCUTS (DO C 272 de 17.8.2017, p. 36), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016AR5780

(16)  Comunicación de la Comisión Europea COM(2018) 97 final – «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible».

(17)  Programa InvestEU (CDR 3766/2018), ponente: Konstantinos Agorastos (EL/PPE).

(18)  Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1), Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65) y Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

(19)  Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión, ponente: Michiel Rijsberman (NL/ADLE).

(20)  http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm

(21)  La financiación de la lucha contra el cambio climático: instrumento crucial para la aplicación del Acuerdo de París (CDR 2108/2017), https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2108-2017

(22)  https://www.who.int/publications/guidelines/en/

(23)  Propuesta de Reglamento Delegado (UE) (C(2019) 1492 final), de 26 de febrero de 2019, en lo que respecta al funcionamiento del Fondo de Innovación.

(24)  Objetivos de Desarrollo Sostenible = ODS.