—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el déficit de proteínas en la UE: búsqueda de soluciones para un antiguo problema (1),

—

Vistos el proyecto de la Comisión de 14 de septiembre de 2016 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, denominado «Ómnibus»(COM(2016)0605), relativo a las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y la enmienda al objeto de incluir una solicitud a la Comisión para que elabore un «plan para las proteaginosas»a más tardar a finales de 2018 (2),

—

Vista la Declaración europea sobre la soja, presentada el 12 de junio de 2017 al Consejo de Agricultura por Alemania y Hungría, y firmada después por catorce Estados miembros (3),

—

Vista la Decisión del Consejo 93/355/CEE, de 8 de junio de 1993, relativa a la celebración de un memorándum de acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos de América sobre determinadas oleaginosas en el marco del GATT (4),

—

Visto el documento titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible», adoptado el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular sus objetivos de desarrollo sostenible 2, 12 y 15,

—

Vista la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su sesión n.o 68 de proclamar oficialmente el año 2016 como Año Internacional de las Legumbres, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (5),

—

Visto el estudio encargado por el Departamento de Política B del Parlamento a petición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, titulado «The environmental role of protein crops in the new Common Agricultural Policy» (6) (La función medioambiental de las proteaginosas en la nueva PAC),

—

Vista la audiencia celebrada en el Parlamento sobre la mejora del abastecimiento de proteaginosas en Europa,

—

Vista la Declaración sobre la soja del Danubio, de 19 de enero de 2013,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0121/2018),

A.

Considerando que la Unión Europea adolece de un importante déficit de proteínas vegetales a causa de las necesidades del sector de la ganadería, que depende de las importaciones de piensos de terceros países, una situación en la que, lamentablemente, las mejoras han sido escasas pese a las múltiples intenciones e iniciativas anunciadas al respecto desde hace más de quince años y a la utilización en piensos de productos derivados de la producción de biocombustibles; que la situación de la Unión en estos momentos, caracterizada por la importación de proteínas vegetales (principalmente soja) de América del Sur, resulta insostenible y evidencia que hemos de actuar de manera más decidida, en particular para mejorar la sostenibilidad de estas importaciones;

B.

Considerando que es crucial reducir la enorme dependencia de la Unión de las importaciones de proteaginosas, que se destinan principalmente a piensos; que, además del impacto ambiental en las regiones productoras de soja, la situación actual conlleva importantes riesgos en especial para el sector ganadero de la Unión a causa del considerable aumento de la volatilidad de los precios en los mercados internacionales;

C.

Considerando que el Parlamento Europeo se ha manifestado en varias ocasiones en relación a las proteínas y la necesidad de establecer un plan para las proteaginosas europeo sin que sus iniciativas hayan tenido consecuencias efectivas que auguren un cambio en la dependencia europea de terceros países en lo que al abastecimiento de proteínas vegetales respecta;

D.

Considerando que, a raíz de la crisis de la EEB, se impuso de manera justificada la prohibición a nivel europeo del uso de harina animal en piensos (7), pero que ello ha provocado un fuerte aumento de la importación de soja procedente de América Latina;

E.

Considerando que, en consecuencia, la Unión solo consagra el 3 % de las tierras de cultivo a las proteaginosas e importa más del 75 % de su abastecimiento de proteínas vegetales, principalmente procedentes de Brasil, Argentina y los Estados Unidos;

F.

Considerando que los sectores ganaderos de la Unión son sumamente vulnerables a la volatilidad de los precios y a las distorsiones de la competencia y dependen de la importación de proteínas vegetales asequibles y de elevada calidad, lo que representa un auténtico desafío para las explotaciones europeas;

G.

Considerando que las proteaginosas europeas generan subproductos oleaginosos que pueden contribuir a la economía circular y ser de importancia para el consumo humano, las energías renovables o la producción de sustancias químicas ecológicas; que la producción simultánea en Europa de proteínas y subproductos permite reducir las importaciones tanto de proteínas modificadas genéticamente como de biocombustibles que fomentan la deforestación;

H.

Considerando que el problema de las proteínas vegetales utilizadas en piensos ha sido en demasiadas ocasiones estudiado centrándose en las materias ricas en proteínas y relacionándolo con nuestro déficit en proteínas vegetales y la búsqueda de materias primas destinadas a complementar la dieta del ganado;

I.

Considerando que la cuestión de la proteína vegetal en Europa requiere un análisis más detenido de la cuestión, a fin de dotarse de una estrategia a largo plazo y conseguir el mayor número de instrumentos a nuestro alcance para actuar más eficazmente en la reducción de nuestra dependencia de las proteínas vegetales importadas; que dicha estrategia constituye un instrumento en la transición hacia sistemas agroalimentarios y agrícolas más sostenibles;

J.

Considerando que las proteínas, al igual que la energía, son un componente esencial e indispensable de nuestra alimentación y pueden aportarse en forma vegetal o animal;

K.

Considerando que las proteínas vegetales son un aspecto fundamental de los desafíos en materia de seguridad y soberanía alimentaria (tanto para alimentos como para piensos), la protección del medio ambiente, el cambio climático y las energías renovables; que son indispensables para la vida y están presentes en todos los alimentos consumidos, tanto por el hombre como por los animales;

L.

Considerando que, de 1994 a 2014, la producción total europea de materia rica en proteínas pasó de 24,2 a 36,3 millones de toneladas (+ 50 %), pero el consumo total pasó de 39,7 a 57,1 millones de toneladas (+ 44 %); que el déficit de proteínas global de la Unión (20,8 millones de toneladas en 2014) va, pues, en aumento; que el mercado mundial de las proteínas vegetales, asociado al de la soja y la soja triturada, ha registrado en los últimos cincuenta años una evolución considerable, y que el consumo de estas materias primas ha experimentado un gran auge en todos los Estados miembros, habiendo pasado el consumo de soja de 2,42 millones de toneladas en 1960 a casi 36 millones en la actualidad; que el sector ganadero de la Unión depende en gran medida de las importaciones de soja y soja triturada procedentes de terceros países, en especial de América del Sur; que la demanda de soja dentro de la Unión ocupa una superficie de casi quince millones de hectáreas, trece de los cuales se sitúan en América del Sur;

M.

Considerando que el cultivo de proteaginosas aporta un considerable valor añadido al medio ambiente, que no se ve amenazado por el uso asociado de productos fitosanitarios;

N.

Considerando que, en los últimos años, China se ha convertido en el mayor importador mundial de soja y ha puesto en marcha su propia estrategia, opaca y sin ambages, de protección de sus suministros que, al margen de los mecanismos clásicos de mercado, se basa en contratos de producción con el mayor proveedor de soja del mundo, que es Brasil, y en enormes inversiones en este país, a costa del medio ambiente, en las infraestructuras de producción, transformación (triturado) y transporte portuario; que esta estrategia de internacionalización del sector agroindustrial chino podría tener repercusiones en el actual abastecimiento de soja y semillas oleaginosas de la Unión, que también es un cliente importante de Brasil, así como comprometer la estabilidad de los mercados de esta;

O.

Considerando que la mayoría de la soja importada, en particular de América, procede de cultivos modificados genéticamente y que los consumidores europeos desconfían de esta técnica; que van en aumento tanto el interés por los productos locales sin OMG como la preocupación que suscita la huella de carbono de las importaciones; que, en la Unión, son muchos los productores y transformadores de soja, productores de piensos, representantes de la industria de la alimentación (productores de carne, leche, huevos y otros usuarios de soja), cadenas comerciales e instituciones correspondientes de todo tipo que son partidarios de los sistemas sostenibles certificados de producción de soja sin OMG;

P.

Considerando que, a fin de responder a las necesidades alimentarias de la Unión, la agricultura europea se ha transformado en el marco de la PAC; que la PAC se ha reforzado, y los mercados de productos agrícolas y de materias primas se han abierto, lo que ha desembocado en una mayor dependencia de la Unión de la importación de proteínas vegetales procedentes de América; que la globalización ha resultado en un acercamiento en cuanto a hábitos alimenticios y en la especialización de las explotaciones, lo que ha derivado en importantes movimientos a gran escala de insumos a larga distancia para la producción de proteínas, ya se trate de abonos nitrogenados de síntesis o de materias primas ricas en proteínas para piensos, con repercusiones sobre el medio ambiente y el clima;

Q.

Considerando que la producción de proteaginosas, en especial de soja, importadas para la producción de piensos es uno de los principales factores de cambio de uso de la tierra y contribuye de forma considerable a la deforestación global en numerosas regiones de terceros países; que el aumento del cultivo de proteaginosas en Europa puede suponer un importante complemento a las medidas para el fomento de cadenas de suministro de productos agrícolas que no acarreen deforestación; que la lucha contra el desafío mundial de la deforestación y la degradación forestal ha adquirido aún más importancia a raíz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París sobre cambio climático;

R.

Considerando que el nitrógeno necesario para la alimentación de las plantas y la producción de proteínas vegetales, a excepción de las leguminosas, proviene en la actualidad principalmente de los abonos nitrogenados de síntesis, los cuales, además de que su producción resulta cara y consume mucha energía, contaminan las fuentes tanto de agua como de aire y dejan una marcada huella ecológica al emplear grandes cantidades de combustibles fósiles durante su proceso de producción; que esto no ayuda a la consecución del objetivo de la economía circular y de un uso más eficiente nuestros recursos y flujos de residuos; que, en estas condiciones, es importante replantearse la cuestión de las proteínas, desde la fase de producción hasta la de consumo, en términos de rendimiento productivo y medioambiental, y ello cerrando mejor el ciclo del nitrógeno, en particular la utilización y obtención de abonos orgánicos nitrogenados, como los obtenidos a partir del reciclado de nutrientes de flujos de residuos orgánicos, por ejemplo el estiércol animal;

S.

Considerando que, para reducir la dependencia de la Unión de las importaciones de proteínas vegetales, resulta necesario centrarse no solo en los cultivos ricos en proteínas que satisfacen las necesidades de rumiantes y no rumiantes, sino también en todos aquellos cultivos (superficies forrajeras y de pastos incluidas) que, pese a contener menos proteínas, ocupan importantes áreas en toda la Unión; que el pastoreo de rumiantes en pastizales ofrece muchas ventajas, entre ellas la reducción de los costes de los insumos agrícolas;

T.

Considerando que la producción de proteínas vegetales no experimentará ningún aumento si no se mejora la rentabilidad de las proteaginosas y que la ejecución de un plan estratégico, eficaz y ambicioso en materia de abastecimiento de proteínas vegetales resulta actualmente necesaria para brindar apoyo al desarrollo sostenible de la agricultura europea; que un plan de este tipo exige la movilización de diversas políticas de la Unión, y en primer lugar de la PAC;

U.

Considerando que, en los últimos decenios, la Unión ha recurrido a tres palancas de acción principales para apoyar el objetivo de independencia proteínica europea, a saber, las ayudas no disociadas voluntarias a las proteaginosas y las oleaginosas, la política europea en materia de biocombustibles y la condicionalidad del 30 % de las ayudas directas, introducida por la última reforma de la PAC en relación con la aplicación de medidas de ecologización, incluidas la obligación de consagrar el 5 % de las tierras de cultivo a superficies de interés ecológico y la decisión de permitir en ellas el cultivo de plantas fijadoras de nitrógeno y cultivos intermedios;

V.

Considerando que el interés por parte de los agricultores en los cultivos fijadores de nitrógeno y ricos en proteínas ha aumentado considerablemente debido a que estos les facilitan el cumplimiento de los requisitos impuestos por la política de ecologización, y que este interés alentará a los obtentores a reanudar o intensificar su actividad en relación con dichos cultivos;

W.

Considerando que, en el periodo 2000-2013, las medidas establecidas por la PAC no consiguieron por sí solas invertir la tendencia al retroceso o el estancamiento de la producción de proteínas en Europa, pero que, a partir de 2013, la combinación de esas ayudas con la medida de ecologización que permite el cultivo de proteaginosas en superficies de interés ecológico ha disparado la producción de proteaginosas en la Unión;

X.

Considerando que el acuerdo político alcanzado en 2013 sobre la PAC por el Parlamento, el Consejo y la Comisión contempla la posibilidad de cultivar especies fijadoras de nitrógeno en superficies de interés ecológico;

Y.

Considerando que hay estudios que revelan que los fabricantes de piensos añaden con frecuencia más proteínas a sus productos de las que se consideran necesarias y que una determinación más precisa del contenido proteínico necesario para el animal en cuestión puede aportar ventajas en términos de eficiencia;

Z.

Considerando que, debido al bajo porcentaje de cultivos de proteaginosas en la Unión, está menguando en esta el número de programas de investigación sobre proteínas vegetales y, en paralelo, la formación, la innovación y la adquisición de experiencia práctica; que se debe aumentar la eficacia de la innovación y reforzar la política de investigación en materia de proteínas, pero que esto solo dará frutos si cuenta con el respaldo de compromisos políticos que vayan de medio a largo plazo; que la política de investigación en materia de proteínas debe asimismo abarcar los cultivos domésticos de leguminosas adaptados a las condiciones locales;

AA.

Considerando que apoyar las actividades de mejora vegetal revestirá importancia para la obtención de nuevas variedades de proteaginosas que puedan contribuir a aumentar la producción de proteínas en la Unión; que para la eficacia de dichas actividades resulta necesario disponer de una política de investigación duradera con una dotación financiera suficiente, así como de un marco normativo adecuado que fomente la innovación;

AB.

Considerando que la Comisión ya ha financiado, o está en proceso de financiar, una serie de proyectos importantes, incluidos los comprendidos en el epígrafe «SFS-44-2016: A joint plant breeding programme to decrease the EU's and China's dependency on protein imports»(SFS-44-2016: Programa conjunto de mejora vegetal para reducir la dependencia de la Unión y China de las importaciones de proteínas); que se deben garantizar la comunicación, la difusión y el aprovechamiento adecuados de los resultados de tales proyectos, a fin de que las futuras decisiones estratégicas adoptadas en este ámbito se basen en datos empíricos;

AC.

Considerando que el coste de la soja prácticamente se ha duplicado en términos reales desde 2007;

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Vista la Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (1) («Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente»o «VII PMA»),

—

Vistos los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a la preservación, la protección y la mejora de la calidad de la salud humana y el medio ambiente,

—

Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21 y la 21.a Conferencia de las Partes (COP21) de la CMNUCC, celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

—

Vistos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y su naturaleza interconectada e integrada,

—

Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de diciembre de 2016, titulado «Environmental indicator report 2016 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme»(Informe de indicadores medioambientales 2016 – En apoyo al seguimiento del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente),

—

Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de noviembre de 2017, titulado «Environmental indicator report 2017 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme»(Informe de indicadores medioambientales 2017 – En apoyo al seguimiento del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, titulada «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados»(COM(2017)0063), y vistos los veintiocho informes por país que la acompañan,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, titulada «Hacer efectivos los beneficios de las políticas ambientales de la UE mediante la revisión periódica de su aplicación»(COM(2016)0316),

—

Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR) (2),

—

Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular (3),

—

Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2016, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad (4),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía (5),

—

Vista su Recomendación, de 4 de abril de 2017, al Consejo y la Comisión, a raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil (6),

—

Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2015»(SOER 2015),

—

Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 19 de mayo de 2015, titulado «Estado de la naturaleza en la Unión Europea»,

—

Visto el estudio de evaluación de la aplicación europea, de noviembre de 2017, relativo la revisión intermedia de la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (2014-2020), elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, incluido el estudio que figura como anexo,

—

Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre la revisión del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y el establecimiento de prioridades para el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente – Un medio ambiente mejor para una vida mejor (7),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible: acción europea en favor de la sostenibilidad»(COM(2016)0739),

—

Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos»(COM(2011)0571),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura»(COM(2017)0713),

—

Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0059/2018),

A.

Considerando que el VII PMA establece objetivos jurídicamente vinculantes en los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático que tendrán que haberse alcanzado en 2020; que también propone una visión a largo plazo para 2050;

B.

Considerando que el VII PMA no incluye una cláusula de revisión intermedia; que el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre la aplicación del VII PMA brinda la oportunidad de evaluar el progreso de este PMA y formular recomendaciones basadas en constataciones de hecho para la aplicación del actual PMA en lo que le queda de vigencia y de futuros PMA; que este informe no debe limitarse a reiterar problemas ya conocidos, sino que debe centrarse en proponer soluciones para alcanzar los objetivos establecidos en el VII PMA;

C.

Considerando que la Comisión está trabajando en un informe de evaluación que se centrará en la estructura del VII PMA y en la función estratégica que este desempeña; que con ese informe se pretende, entre otros fines, comprobar si el marco acordado está contribuyendo a hacer realidad los nueve objetivos prioritarios de forma inteligente;

D.

Considerando que la Unión cuenta con una sólida legislación medioambiental, pero que su aplicación laxa e ineficaz viene siendo un problema desde hace largo tiempo; que estas deficiencias en la aplicación son una amenaza para el desarrollo sostenible, tienen efectos transfronterizos adversos en el medio ambiente y la salud humana, y conllevan importantes costes socioeconómicos; y que, además, estas deficiencias dañan la credibilidad de la Unión;

E.

Considerando que hasta el momento el progreso hacia los objetivos de 2020 ha sido desigual: no es probable que se cumpla el objetivo 1 (proteger el capital natural), pero sí lo es que se alcancen algunos de los subobjetivos del objetivo 2 (economía hipocarbónica y eficiencia en el uso de los recursos), y no se tiene la certeza de que se vaya a lograr el objetivo 3 (reducción de las presiones y riesgos para la salud humana);

F.

Considerando que la persistente falta de aplicación de la legislación y de integración de los conocimientos especializados en la elaboración de políticas en ámbitos como la calidad del aire, el ruido ambiental y la exposición a productos químicos conlleva amenazas graves para la salud y reduce la calidad y la esperanza de vida de los ciudadanos de la Unión;

G.

Considerando que los datos más recientes que ha publicado la Agencia Europea de Medio Ambiente confirman las tendencias generales ya descritas para cada objetivo temático, pero también apuntan hacia una ralentización del progreso en algunos ámbitos; que en algunos casos, como la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, las perspectivas de alcanzar los subobjetivos no se ven alteradas por estas nuevas tendencias;

H.

Considerando que en estos momentos no se tiene la certeza de que se vaya a alcanzar el objetivo relativo a las emisiones de amoniaco y que parece improbable que se cumpla el objetivo relativo a la ocupación del suelo;

I.

Considerando que existe una gran incertidumbre sobre la aplicación del VII PMA debido a la falta de indicadores y a las limitaciones de los indicadores existentes; que las lagunas en los conocimientos siguen obstaculizando el progreso en tres niveles: la comprensión del riesgo, la formulación de políticas adecuadas para gestionar y reducir el riesgo, y el seguimiento de la eficacia de las políticas;

J.

Considerando que con frecuencia se dispone de conocimientos, pero estos no se emplean en la definición de las políticas o no se transmiten a los responsables de su aplicación; que esto se debe en muchos casos a la falta de voluntad política y a intereses contrapuestos que no se perciben como coherentes con el PMA o con los objetivos de la política medioambiental en general; que el mantenimiento del crecimiento económico también depende de la calidad del medio ambiente;

K.

Considerando que tiene que mejorarse la sinergia entre el PMA y los instrumentos de alto nivel de las políticas de la Unión, a fin de alcanzar los objetivos del programa;

L.

Considerando que en algunos niveles la financiación no es suficiente para aplicar adecuadamente el VII PMA; que la financiación a nivel de la Unión no siempre ha producido los resultados esperados, lo que en muchos casos se debe a la deficiente administración de la financiación más que a la falta de dinero;

M.

Considerando que el ámbito cubierto por el VII PMA se adecua a las actuales necesidades en materia de política medioambiental, aunque muchas partes interesadas recomiendan añadir nuevos subobjetivos para aumentar la relevancia del programa en el futuro;

N.

Considerando que las partes interesadas también han mostrado su preferencia por un PMA menos complejo y con un enfoque más preciso;

O.

Considerando que existe un apoyo general a un VIII PMA;

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Vistos los artículos 11 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (1),

—

Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (2),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (COM(2017)0253), presentada por la Comisión el 26 de abril de 2017,

—

Vista la propuesta de la Comisión sobre el tercer programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1991-1995) (COM(90)0449),

—

Vista la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 5 de octubre de 1995, sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres y de los hombres en la publicidad y en los medios de comunicación (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2000, titulada «Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)» (COM(2000)0335),

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 9 de junio de 2008, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la sociedad,

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 24 de junio de 2013, sobre la promoción del papel de la mujer en la adopción de decisiones en los medios de comunicación,

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo en marzo de 2011,

—

Visto el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010, de 1 de marzo de 2006 (COM(2006)0092),

—

Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, de 21 de septiembre de 2010 (COM(2010)0491),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

—

Vista su Resolución, de 25 de julio de 1997, sobre la discriminación de la mujer en la publicidad (4),

—

Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre el impacto del marketing y la publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres (5),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE (6),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la era digital (7),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional (8),

—

Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo») (9),

—

Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (10),

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre las condiciones laborales y el empleo precario (11),

—

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE (12),

—

Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea (13),

—

Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 10 de julio de 2013, sobre igualdad de género y medios de comunicación,

—

Vista la Recomendación 1555, de 24 de abril de 2002, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la imagen de las mujeres en los medios de comunicación,

—

Vista la Recomendación 1799, de 26 de junio de 2007, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la imagen de las mujeres en la publicidad,

—

Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 27 de septiembre de 2017, sobre igualdad de género en el sector audiovisual,

—

Visto el estudio de 2013 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) titulado «Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-making in media organisations» (Indicadores de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE: las mujeres y los medios de comunicación – Promoción de la igualdad de género en la toma de decisiones en las organizaciones de medios de comunicación),

—

Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y sus anexos, aprobados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en septiembre de 1995,

—

Visto el Informe de 2013 del Consejo de Europa titulado «Media and the image of women» (Los medios de comunicación y la imagen de las mujeres),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0031/2018),

A.

Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio básico de la Unión Europea, consagrado en los Tratados en el artículo 8 del TFUE, que estipula que, en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad; que las políticas de la Unión en materia de igualdad de género han contribuido a mejorar la vida de muchos ciudadanos europeos;

B.

Considerando que los medios de comunicación actúan como un cuarto poder, tienen la capacidad de influir y, en último término, formar la opinión pública; que los medios de comunicación son uno de los pilares de las sociedades democráticas y que, como tales, tienen el deber de garantizar la libertad de información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación, para fomentar el respeto de la dignidad humana y combatir toda forma de discriminación y desigualdad, entre otras cosas, presentando modelos de roles sociales diversificados; que, por lo tanto, hay que sensibilizar a las organizaciones de los medios de comunicación;

C.

Considerando que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, reconoció la importancia de la relación entre las mujeres y los medios de comunicación para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, incorporando dos objetivos estratégicos a la Plataforma de Acción de Pekín:

D.

Considerando que la imagen de las mujeres y los hombres en los medios de comunicación puede transmitir una representación desigual en distintos contextos, incluido el político, el económico, el social, el académico, el religioso, el cultural, y el deportivo, donde los hombres aparecen principalmente en roles sociales activos y las mujeres se ven confinadas a roles más pasivos; que, de todos los estereotipos que afectan a la imagen de las mujeres y los hombres, el ejemplo paradigmático es la sexualización del cuerpo femenino, más evidente en el denominado periodismo sensacionalista y en la publicidad; que la erotización de la violencia y la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación tienen efectos perjudiciales en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres; que los estereotipos de género a menudo se combinan con otros que implican discriminación por cualquier motivo;

E.

Considerando que los medios de comunicación tienen un impacto significativo sobre las normas de género y culturales sobre el modo en que se forman y evolucionan las representaciones sociales asociadas a hombres y mujeres y que influyen en la audiencia con imágenes físicas e ideas estereotipadas de la masculinidad y la feminidad, por ejemplo, en la representación de la mujer en la publicidad, y que la forma en que los productos se dirigen a los consumidores potenciales tiende a perpetuar las normas de género tradicionales; que en los casos en que los medios de comunicación siguen presentando representaciones estereotipadas de mujeres y hombres, incluidas las de personas LGBTI, el público muy a menudo considera legitimadas dichas representaciones, con lo que resulta difícil o imposible ponerlas en cuestión;

F.

Considerando que en las sociedades contemporáneas la industria de la publicidad desempeña un importante papel en el panorama de los medios de comunicación, ya que comunica mediante imágenes e ideas que apelan a nuestras emociones y pueden modelar así nuestros valores, actitudes y percepciones del mundo; que, transmitiendo una imagen distorsionada por género, la publicidad puede recurrir al sexismo y reproducir prácticas discriminatorias; que una publicidad puede considerarse discriminatoria o sexista cuando se presenta un género de una forma degradante e insultante o menos capaz, inteligente o inferior;

G.

Considerando que las nuevas tecnologías están transformando los modelos de negocio tradicionales de los medios de comunicación; que el sector audiovisual es una industria de valor económico sumamente importante que emplea directamente a más de un millón de personas en la Unión; que, para tratar con los nuevos sistemas en línea de comunicación y multimedia, se requieren los ajustes necesarios en los mecanismos de supervisión a escala nacional, así como mecanismos de autorregulación sin perjuicio de los resultados de las negociaciones sobre la Directiva de servicios de comunicación audiovisual;

H.

Considerando que se debe tener en cuenta por igual la perspectiva tanto de las mujeres como de los hombres para alcanzar una visión completa y diversificada de todas las facetas de la realidad social; que es importante no perder el potencial y las aptitudes de las mujeres a la hora de comunicar información, datos y opiniones sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres en los medios de comunicación, al tiempo que se reconoce que no se puede tratar a las mujeres como un grupo homogéneo;

I.

Considerando que la proyección continuada de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación —electrónicos, impresos, visuales y sonoros— debe cambiar; que las desigualdades de género también se construyen y reproducen a partir del lenguaje y las imágenes difundidas por los medios de comunicación; que los menores se enfrentan a desigualdades de género a edades muy tempranas a través de los roles que promueven las series y los programas de televisión, los debates, los concursos, los videojuegos y la publicidad; que los roles de género se configuran principalmente durante la infancia y la adolescencia, con un impacto a lo largo de toda la vida; que la educación y la formación de los profesionales de los medios de comunicación son instrumentos poderosos para luchar y erradicar los estereotipos, sensibilizar y promover la igualdad;

J.

Considerando que en 2015 las mujeres suponían el 68 % de los titulados en periodismo e información en los 28 Estados miembros de la Unión (14), mientras que los datos de empleo para la Unión de los 28 en el período 2008-2015 muestran que el porcentaje de mujeres empleadas en el sector de los medios de comunicación está estancado como media alrededor del 40 %;

K.

Considerando que, por otra parte, el porcentaje de mujeres en la toma de decisiones en los medios de comunicación en la EU-28 en 2015 seguía estando por debajo de la zona de equilibrio de género (40-60 %) en tan solo el 32 %, mientras que el porcentaje de mujeres presidentas de consejos de administración solo era del 22 % (15);

L.

Considerando que la brecha de género en salarios y pensiones es un problema persistente en la Unión y que resulta evidente en distintos sectores económicos, incluidos los medios de comunicación, donde la brecha salarial es del 17 %;

M.

Considerando que las mujeres se siguen enfrentando a un techo de cristal en los medios de comunicación y que pueden no tener las mismas oportunidades de promoción o de progreso profesional debido a diversos factores, entre ellos los procedimientos de una cultura organizativa que a menudo es desfavorable para el equilibrio entre vida profesional y privada, con un entorno competitivo caracterizado por el estrés, plazos inflexibles y largas jornadas de trabajo; que las mujeres tienen menos poder de decisión para establecer la agenda informativa, debido a su falta de representación en puestos de dirección;

N.

Considerando que las organizaciones de medios de comunicación pueden establecer sus propias políticas de igualdad, que hacen que en la Unión exista un amplio espectro de prácticas: desde marcos políticos globales que incluyen los contenidos de los medios de comunicación y producen una representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión, hasta la inexistencia de tales políticas;

O.

Considerando que la investigación ha mostrado que solo el 4 % de la cobertura de noticias se opone a las imágenes estereotipadas; que las mujeres representan solo el 24 % de las personas de las que oímos o leemos en las noticias (16); que alrededor del 37 % de las historias, tanto de fuentes de noticias en línea como fuera de línea, son transmitidas por mujeres, una situación que no ha dado muestras de mejorar en los últimos diez años (17); que en la mayoría de los casos se pide a las mujeres que aporten una opinión popular (41 %) o una experiencia personal (38 %) y raramente se las cita como expertas (solo el 17 % de las historias); que la investigación también ha mostrado que menos de uno de cada cinco expertos o comentaristas es mujer (18 %) (18);

P.

Considerando que las mujeres están desproporcionadamente infrarrepresentadas en los medios de comunicación de noticias e información e incluso son menos visibles en los ámbitos del deporte, la política, la economía y las finanzas, a pesar de la variedad de medios de comunicación en los Estados miembros; que las figuras históricas femeninas casi no aparecen en el contenido mediático relacionado, como los documentales biográficos;

Q.

Considerando que es esencial la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la creación de contenidos de contenidos y como fuentes de información, no solo por razones de representación, sino también por motivos de igualdad de oportunidades y de pleno reconocimiento de su experiencia y sus conocimientos; que, en el panorama de los medios de comunicación europeos, existen obstáculos para adoptar un enfoque responsable en relación con la igualdad de género, habida cuenta de las dificultades financieras y de las condiciones de trabajo, incluyendo la inseguridad laboral y los niveles de experiencia profesional, combinado con el aumento de la velocidad de la información y consideraciones comerciales;

R.

Considerando que hay mujeres en los medios de comunicación que trabajan al más alto nivel profesional, incluidas conocidas directoras de cine, periodistas y reporteras, que, a pesar de realizar la misma tarea que los hombres, están más expuestas a la violencia de género y la discriminación en el lugar de trabajo y pueden no recibir el mismo nivel de apreciación que sus homólogos masculinos;

S.

Considerando que las mujeres que intervienen en las redes sociales se encuentran con niveles cada vez mayores de acoso; que dicho acoso puede silenciar la voz de las mujeres y debilitar su participación en la sociedad; que los datos recogidos a escala mundial muestran que la mitad de las mujeres empleadas en los medios de comunicación ha sufrido abuso sexual, un cuarto de las mismas ha sufrido actos de violencia física y tres cuartas partes han experimentado intimidación, amenazas o abuso (19); que la ciberviolencia contra mujeres y niñas cada vez preocupa más y que se calcula que una de cada diez mujeres en la Unión ha sufrido alguna forma de ciberviolencia a partir de los 15 años1; que faltan datos e investigaciones sobre la ciberviolencia contra mujeres y niñas a escala de la Unión; que el acoso psicológico y sexual constituyen violaciones de los derechos humanos; que los medios de comunicación y los reguladores nacionales e internacionales deben establecer normas, incluidas sanciones, que deban aplicar las organizaciones de medios de comunicación para hacer frente a estas cuestiones;

T.

Considerando que las periodistas de investigación a menudo están expuestas a la violencia y son objetivo de ataques mortales, como prueban los casos de Veronica Guerin o Daphne Caruana Galizia;

U.

Considerando que, según el estudio elaborado por la European Women’s Audiovisual Network (EWA) (20), solo una de cada cinco películas en los siete países europeos examinados está dirigida por una mujer, y la amplia mayoría de la financiación se destina a películas no dirigidas por mujeres, aunque aproximadamente la mitad de los graduados en todas las escuelas de cine son mujeres;

V.

Considerando que las empresas de comunicación deben adoptar sistemas de autorregulación y códigos de conducta que incluyan normas y criterios de procedimiento en relación con la carrera profesional y la cobertura en los medios que salvaguarden y promuevan la igualdad de género; que es necesario elaborar los códigos de autorregulación y de conducta en colaboración con los sindicatos de la industria, siguiendo una política clara en materia de igualdad de género;

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y en particular la esfera de especial preocupación «La mujer y los medios de difusión»,

—

Visto el documento final, de 16 de diciembre de 2015, de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el examen general de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,

—

Visto el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 de la Comisión,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192), y la revisión intermedia de su aplicación, titulada «Un mercado único digital conectado para todos» (COM(2017)0228),

—

Vistos el segundo pilar de la Estrategia para el Mercado Único Digital de la Comisión, que tiene por objeto crear condiciones adecuadas y equitativas para las redes digitales y los servicios innovadores, y el tercer pilar, que apuesta por una sociedad digital integradora en la que los ciudadanos tengan las cualificaciones adecuadas para aprovechar las oportunidades que ofrece internet y multiplicar sus posibilidades de encontrar trabajo,

—

Visto el marco «Educación y Formación 2020»,

—

Vistos el estudio de la Comisión titulado «ICT for work: Digital skills in the workplace» (Las TIC en el trabajo: competencias digitales en el lugar de trabajo), y la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa – Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381),

—

Visto el estudio elaborado por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo titulado «Empowering women on the Internet» (Empoderamiento de las mujeres en internet), publicado en 2015 (1),

—

Visto el informe de la Comisión, de 1 de octubre de 2013, titulado «Women active in the ICT sector» (Mujeres activas en el sector de las TIC),

—

Visto el estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), de 26 de enero de 2017, titulado «Gender and Digital Agenda» (El género y la agenda digital),

—

Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (2),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE (3),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la Agenda Digital para el crecimiento, la movilidad y el empleo (4), y en particular la Gran Coalición para las Competencias y el Empleo Digitales,

—

Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (5),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la era digital (6),

—

Vista la pregunta dirigida a la Comisión sobre la capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la digitalización ha revolucionado y cambiado sustancialmente la manera en que la gente recibe y transmite información, se comunica, se relaciona, estudia y trabaja, lo que permite otras posibilidades de participar en el debate público y político, en la educación y en el mercado laboral, ofrece nuevas oportunidades de vivir la vida que uno mismo escoja y tiene un potencial económico enorme tanto dentro como fuera de la Unión Europea; que la digitalización no solo repercute en los mercados, sino también en la sociedad en su conjunto;

B.

Considerando que la sociedad de la información, impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), trae consigo enormes oportunidades para la generación y la distribución de riqueza y conocimiento;

C.

Considerando que las mujeres en todo el mundo, como grupo demográfico, pasan menos tiempo conectadas a la red que los hombres. De hecho, un 68 % de hombres y un 62 % de mujeres utilizan ordenadores e internet regularmente; un 54 % de hombres frente a un 48 % de mujeres utilizan internet en dispositivos móviles y un 33 % de hombres instalan ellos mismos programas informáticos en sus dispositivos, mientras que solo lo hace el 18 % de las mujeres; un 41 % de hombres utilizan la radio y la televisión en línea frente a un 35 % de mujeres; un 47 % de hombres utilizan la banca en línea en comparación con el 35 % de las mujeres; un 22 % de hombres venden bienes a través de la red y solo el 17 % de mujeres lo hacen, y el 20 % de hombres compran bienes a través de la red frente al 13 % de las mujeres;

D.

Considerando que los modelos digitales de comunicación han contribuido a crear las condiciones propicias para un incremento de la incitación al odio y de las amenazas contra las mujeres, y que el 18 % de las mujeres en Europa han sufrido desde la adolescencia algún tipo de acoso cibernético; que ha aumentado el número de amenazas contra las mujeres, incluidas las amenazas de muerte; que sigue siendo insuficiente la conciencia social acerca de las formas digitales de violencia; que el marco jurídico aún no contempla totalmente algunas de las formas de violencia en línea.

E.

Considerando que solo el 2 % de todas las mujeres en el mercado de trabajo tiene empleos técnicos, profesionales y científicos, en comparación con el 5 % de los hombres; que en Europa solo nueve de cada cien desarrolladores son mujeres, que en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación solo el 19 % de los directivos son de sexo femenino (frente al 45 % en otros sectores de servicios) y que las mujeres únicamente representan el 19 % de los empresarios (frente al 54 % en otros sectores de servicios);

F.

Considerando que existe una importante diferencia entre hombres y mujeres por lo que respecta al acceso a las oportunidades profesionales y educativas en relación con las tecnologías de la información y la comunicación y las capacidades informáticas;

G.

Considerando que el sexismo y los estereotipos de género suponen un grave obstáculo para la igualdad entre mujeres y hombres, y contribuyen a ampliar aún más la brecha de género en el sector digital, lo que dificulta que las mujeres desarrollen plenamente sus capacidades como usuarias, innovadoras y creadoras;

H.

Considerando que los empleos, no solo en el sector de las TIC, requieren cada vez más un cierto grado de competencias digitales y alfabetización digital y que es probable que esta tendencia aumente en el futuro, de modo que será necesario un espectro más amplio de competencias digitales para la mayoría de las profesiones y de los puestos vacantes;

I.

Considerando que la mejora de las competencias digitales y la alfabetización digital presentan una oportunidad única para mejorar el equilibrio entre vida privada y vida laboral aumentando el acceso a la educación y la formación y facilitando la inclusión en el mercado laboral no solo de mujeres y niñas, sino también de personas con necesidades especiales, como las personas con discapacidad y los residentes en zonas rurales y remotas alejadas de los centros urbanos; que la digitalización del lugar de trabajo puede suponer retos que habrá que afrontar; que el número creciente de mujeres en el sector de las TIC, que es uno de los sectores mejor pagados, puede contribuir a su capacitación e independencia financieras, lo que se traduciría en la reducción de la diferencia salarial total entre hombres y mujeres y en un aumento de la independencia financiera de las mujeres; que de los casi 8 millones de personas que trabajan en el sector de las TIC en Europa, solo alrededor del 16 % son mujeres;

J.

Considerando que la digitalización brinda nuevas oportunidades para el emprendimiento de las mujeres, incluido el emprendimiento digital a pequeña escala, que en muchos casos no exige un capital inicial importante, así como las empresas en el marco de la economía social que mejoran la inclusión social; que es necesario apoyar el emprendimiento digital de las mujeres, puesto que es uno de los sectores más prósperos y de crecimiento más rápido de la economía, que ofrece numerosas oportunidades de innovación y crecimiento, ámbito en el que las mujeres representan apenas el 19 % de los empresarios;

K.

Considerando que la entrada de más mujeres en el sector de las TIC supondría un impulso en un mercado que se prevé que va a sufrir escasez de mano de obra y en el que la participación equitativa de las mujeres redundaría en unos 9 000 millones EUR anuales para el PIB de la Unión; que las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en los estudios universitarios en TIC, ya que tan solo constituyen alrededor del 20 % de los licenciados en este ámbito y solo un 3 % de todas las mujeres licenciadas tienen un título relacionado con las TIC; que las mujeres se enfrentan a notables dificultades para integrarse y permanecer en el sector de las TIC; que la predominancia de los hombres en el entorno laboral de las TIC, ya que solo el 30 % de la mano de obra es de sexo femenino, contribuye a que muchas mujeres abandonen este sector a los pocos años de haber obtenido su título universitario; que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo digital disminuye con los años: las mujeres de edad inferior a los 30 años con título relacionado con las TIC representan el 20 % del sector de las TIC, comparado con el 15,4 % de las mujeres en edades comprendidas entre los 31 y los 45 años y con el 9 % de las mujeres de edad superior a los 45 años;

L.

Considerando que en el estudio titulado «Women active in the ICT sector» (Mujeres activas en el sector de las TIC) se estima en 900 000 el número de puestos de trabajo en el sector de las TIC en Europa que estarán vacantes en 2020; que el sector de las TIC experimenta un rápido crecimiento y crea unos 120 000 nuevos puestos de trabajo cada año;

M.

Considerando que el sector de las TIC se caracteriza por una segregación vertical y horizontal especialmente elevada, así como por una brecha entre la formación académica de las mujeres y su posición en dicho sector; que menos del 20 % de los empresarios del sector de las TIC son mujeres; que la mayoría (54 %) de las mujeres empleadas en el sector de las TIC ocupa puestos peor pagados y de menor nivel de competencias, y solo una pequeña minoría (8 %) ocupa puestos de ingeniería de software que precisan cualificaciones elevadas; que las mujeres también están infrarrepresentadas en la toma de decisiones de este sector, puesto que solo el 19,2 % de los trabajadores del sector tiene a una mujer como superior, en comparación con el 45,2 % en los demás sectores;

N.

Considerando que las mujeres de 55 años o más tienen más posibilidades de encontrarse en una situación de desempleo e inactividad en el mercado laboral, con una tasa media de empleo en la Unión para las mujeres de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años de tan solo el 49 %, frente al 62 % en el caso de los hombres, en 2016; que un bajo nivel de alfabetización digital y competencias informáticas aumenta aún más ese riesgo; que mejorar e invertir en las competencias digitales de las mujeres de 55 años o más incrementaría sus oportunidades de empleo y les ofrecería cierta protección contra la exclusión del mercado laboral;

O.

Considerando que, a pesar de que, según datos de Eurostat de 2014, más mujeres (42,3 %) que hombres (33,6 %) llegan a la enseñanza superior, existe un mayor número de mujeres en el ámbito de las humanidades que en el ámbito científico; que solo el 9,6 % de las estudiantes en educación superior cursan estudios relacionados con las TIC, frente al 30,6 % de los hombres; que las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en iniciativas como «EU Code Week», «ICT for Better Education», «Startup Europe», «Leaders Club» o la «Gran Coalición para el Empleo Digital», que tienen por objeto avanzar en el fomento de la enseñanza electrónica y las competencias informáticas;

P.

Considerando que la baja participación de las mujeres y las niñas en la formación relacionada con las TIC y posteriormente en el empleo asociado es el resultado de una compleja interacción entre estereotipos de género que se inicia en fases tempranas de la vida y la formación y continúa durante la trayectoria profesional;

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Vistos el artículo 3, apartado 5, y el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 208 a 211 y 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, creada en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan en 2011 y renovada en la Reunión de Alto Nivel de Nairobi en 2016,

—

Vista la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que tuvo lugar en Sendai (Japón) del 14 al 18 de marzo de 2015,

—

Vista la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York, así como los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible incluidos en dicha Resolución,

—

Vista la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016, así como el «Gran Pacto»alcanzado por algunos de los mayores donantes y proveedores de ayuda,

—

Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE (1) firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado el 25 de junio de 2005 y el 22 de junio de 2010,

—

Vista la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea (2),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria (3),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (4),

—

Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/322 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, sobre la aplicación del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (5),

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (6),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020 (7),

—

Visto el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, de 2007 (8),

—

Visto el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo, de 7 de junio de 2017 (9),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2017, sobre el compromiso de la Unión Europea en favor de la sociedad civil en las relaciones exteriores,

—

Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo (10),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, titulada «Fondo Fiduciario de la UE para África: repercusiones sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria» (11),

—

Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de la UE de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (12),

—

Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre las entidades locales y la sociedad civil: el compromiso de Europa en aras del desarrollo sostenible (13),

—

Visto el Informe Especial n.o 18/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid,

—

Vistos el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 15 de diciembre de 2017, titulado «Informe de revisión intermedio sobre los Instrumentos de Financiación Exterior»(COM(2017)0720) y los correspondientes documentos de trabajo de los servicios titulados «Evaluation of the Development Cooperation Instrument»(Evaluación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo) (SWD(2017)0600) y «Evaluation of the 11th European Development Fund»(Evaluación del undécimo Fondo Europeo de Desarrollo) (SWD(2017)0601),

—

Vista la evaluación externa del 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (informe final de junio de 2017), encargada por la Comisión a un equipo de contratistas externos,

—

Vista la evaluación externa del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (informe final de junio de 2017), encargada por la Comisión a un equipo de contratistas externos,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020»(COM(2018)0098),

—

Visto el informe titulado «Coherence Report - Insight from the External Evaluations of the External Financial Instruments»(Informe sobre la coherencia - conclusiones de las evaluaciones externas sobre los instrumentos de financiación exterior) (informe final de julio de 2017), encargado por la Comisión a un equipo de contratistas externos,

—

Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0118/2018),

A.

Considerando que, desde la creación de los instrumentos de financiación exterior, tanto el marco político internacional como el de la Unión han cambiado significativamente con la adopción de instrumentos clave como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Agenda de Acción de Adís Abeba, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda para la Humanidad; que la Unión desempeñó un papel protagonista en las negociaciones de estos instrumentos;

B.

Considerando que el Tratado de Lisboa, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto con el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo y los principios de Busan en materia de eficacia del desarrollo determinan la estrategia de la Unión en materia de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria; que, además, el Consejo ha adoptado una Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea que se ocupa, entre otros asuntos, de la cooperación al desarrollo;

C.

Considerando que, con arreglo al artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y al Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, la ayuda humanitaria se debe proporcionar de conformidad con los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad y siguiendo un enfoque basado en las necesidades; que la ayuda humanitaria no debe ser una herramienta de gestión de crisis;

D.

Considerando que la política de desarrollo debería completar la política exterior de la Unión y la gestión de la migración, garantizando al mismo tiempo que los fondos del desarrollo se utilicen solo para objetivos y fines relacionados con el desarrollo y no para cubrir gastos relacionados con el logro de diferentes objetivos, como el control de las fronteras o las políticas de lucha contra la migración;

E.

Considerando que el objetivo principal del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) es reducir y, a largo plazo, erradicar la pobreza en los países en desarrollo que no se benefician de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) o el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), proporcionar apoyo temático a las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales de los países socios en el ámbito de los bienes públicos y desafíos mundiales relacionados con el desarrollo y apoyar la Asociación Estratégica África-UE; que el ICD es el principal instrumento geográfico en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el marco del presupuesto de la Unión, con una asignación de 19 600 millones EUR para el período 2014-2020;

F.

Considerando que el objetivo principal del FED es reducir y, a largo plazo, erradicar la pobreza en los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y conseguir el desarrollo sostenible de los países y territorios de ultramar (PTU); que el FED es el principal instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión, con una asignación de 30 500 millones EUR al 11.o FED para el período 2014-2020;

G.

Considerando que el principal objetivo del Instrumento de Ayuda Humanitaria (IAH) es proporcionar asistencia, ayuda y protección a personas afectadas por catástrofes naturales o de origen humano y situaciones de emergencia similares, centrándose en las víctimas más vulnerables con independencia de su nacionalidad, religión, sexo, edad, origen étnico o afiliación política y sobre la base de necesidades reales, de principios humanitarios internacionales y del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria;

H.

Considerando que el IAH va más allá de las tareas centrales de las operaciones de salvamento, e incluye ayuda a las personas afectadas por crisis de larga duración, los trabajos de rehabilitación y reconstrucción a corto plazo, la prevención de catástrofes y la respuesta a las consecuencias de los movimientos de población;

I.

Considerando que una cooperación al desarrollo eficaz requiere enfoques innovadores que confieran a los donantes la capacidad de responder de forma rápida a situaciones locales, de trabajar con organizaciones locales y de apoyar empresas y empresarios locales, especialmente en los países más pobres y frágiles; que el sistema de auditoría de la Unión debe dar a los donantes la flexibilidad de asumir una cantidad de riesgo razonable en dichos proyectos, mejorando la capacidad de la Unión de responder de forma rápida y proporcionar ayuda eficaz;

J.

Considerando que la Unión es el principal donante mundial de ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo; que, a través de esta ayuda, la Unión apoya la labor de reducción de la pobreza y promoción de los intereses y valores fundamentales tanto mundiales como de la Unión;

K.

Considerando que la Cumbre Unión Africana-Unión Europea celebrada en Abiyán los días 29 y 30 de noviembre de 2017 confirmó la voluntad de establecer una asociación auténtica, modernizada, globalizada y ambiciosa que cree las condiciones políticas y económicas para una igualdad real;

L.

Considerando el crecimiento exponencial del número de acuerdos de cooperación al desarrollo celebrados con terceros países, entre los que se encuentran China, Rusia, Turquía, Brasil y la India;

M.

Considerando que es muy preocupante que se recupere y extienda la llamada ley de mordaza global y se recorten fondos a las organizaciones que proporcionan a las mujeres y las niñas servicios en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos y de planificación familiar;

N.

Considerando que los gobiernos de terceros países tienen expectativas reales en lo que se refiere a la rapidez de actuación, eficacia y respuesta a la necesidad urgente de mantener unas asociaciones de cooperación al desarrollo sólidas; que existe una necesidad de desarrollar una economía abierta y productiva en los países socios, teniendo en cuenta las nuevas realidades y los nuevos agentes económicos en la escena internacional;

O.

Considerando que, dado que el Reino Unido no participará después de 2020, el Brexit implicará una reducción en el presupuesto de la UE de entre el 12 y el 15 %;

P.

Considerando que las evaluaciones del FED y del ICD confirman que realmente es posible utilizar los distintos instrumentos geográficos y temáticos de un modo coherente;

Q.

Considerando que la evaluación del 11.o FED afirma que «existe una amenaza real de que se fuerce al FED a responder a prioridades que no concuerden con su objetivo final, la erradicación de la pobreza, y que podrían entrar en conflicto con sus valores fundamentales y poner en riesgo aquello que el instrumento hace bien», que a pesar de las consultas, rara vez se han tenido en cuenta las opiniones de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil (con algunas excepciones notables en la región del Pacífico) en las decisiones de programación y que la programación del 11.o FED adoptó, por tanto, un enfoque descendente para aplicar el principio de concentración, si bien a expensas del principio central de asociación del Acuerdo de Cotonú;

R.

Considerando que, según la evaluación del 11.o FED, en abril de 2017 se habían desembolsado casi 500 millones EUR de la reserva del FED para apoyar al departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión (ECHO), se habían asignado casi 500 millones EUR en ayuda de emergencia en distintos países y se habían desembolsado 1 500 millones EUR para el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África; que el FED contribuye asimismo al nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible;

S.

Considerando que la evaluación del ICD afirma que globalmente, el ICD sigue siendo pertinente y adecuado para su propósito, tanto cuando fue adoptado como en el punto medio de su aplicación y que, en general, está en consonancia con los nuevos documentos políticos (por ejemplo, el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible), aunque podría ser difícil aplicar ciertas prioridades en su formato actual;

T.

Considerando que, en el momento de la adopción de los instrumentos de financiación exterior para el período 2014-2020, el Parlamento manifestó su preferencia por un instrumento específico dedicado a la cooperación al desarrollo y solicitó la delimitación de los fondos de desarrollo en caso de que el FED se integrara en el presupuesto;

U.

Considerando que la evaluación del FED afirma, en relación con el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, que, en comparación con proyectos ordinarios del FED, los tiempos de preparación y de aprobación abreviados, la participación indirecta de la Unión en la ejecución del proyecto y el hecho de que estos proyectos surjan de inquietudes prioritarias de la Unión en lugar de como respuesta a los objetivos a largo plazo de los países socios suscitan preocupación sobre la posible eficacia y sostenibilidad de los proyectos de dicho Fondo de la Unión y sobre la capacidad de la Unión de seguir estrechamente su aplicación;

V.

Considerando que el flujo financiero desde la Unión a los países beneficiarios de los instrumentos financieros para el desarrollo es menor que las remesas enviadas de forma privada por la diáspora residente en Europa procedentes de esos mismos países;

W.

Considerando que, a pesar de haber recibido miles de millones de euros del FED durante años y de las graves inquietudes de la Comisión sobre su gestión financiera, el Fondo de Apoyo a la Paz para África no ha formado parte de la evaluación del FED; que dicho Fondo no ha sido evaluado desde 2011;

X.

Considerando que, de acuerdo a sus evaluaciones respectivas y al informe de evaluación intermedia de la Comisión sobre los instrumentos de financiación exterior, resulta difícil medir la eficacia global y el impacto a largo plazo del ICD y el FED en la consecución de sus objetivos, debido a limitaciones graves a la hora de definir unos sistemas de evaluación y seguimiento adecuados y de valorar el papel que desempeñan factores externos, y a la variedad de países y temas afectados; que, según los evaluadores, la combinación de subvenciones solo moviliza recursos adicionales en el 50 % de los casos;

Y.

Considerando que el Parlamento ha contado con plazos muy breves para el control de los proyectos de medidas de ejecución; que estos plazos no tienen debidamente en cuenta las características de las actividades parlamentarias; que, en ocasiones, dicha situación se ha visto agravada por el envío al Parlamento de proyectos de medidas de ejecución después de la fecha límite o antes de los períodos de vacaciones, lo que ha restringido aún más la capacidad del Parlamento de ejercer adecuadamente sus competencias de control;

Z.

Considerando que la Unión ha reconocido la importancia de las asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil en las relaciones exteriores; que tales asociaciones incluyen la participación de organizaciones de la sociedad civil en la programación y aplicación de los instrumentos de financiación exterior;

1.

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Instrumento de Cooperación al Desarrollo

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Fondo Europeo de Desarrollo

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Instrumento de Ayuda Humanitaria

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Vista la sección sobre la deuda y la sostenibilidad de la deuda de la Agenda de Acción de Adís Abeba (1),

—

Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas, de 22 de julio de 2014, 2 de agosto de 2016 y 31 de julio de 2017, sobre la sostenibilidad de la deuda externa y el desarrollo,

—

Vistos los principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos,

—

Vista la Hoja de ruta para la reestructuración de la deuda soberana de la UNCTAD (abril de 2015),

—

Vistas las directrices operativas del G20 sobre financiación sostenible,

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 68/304, de 9 de septiembre de 2014, titulada «Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana»,

—

Vista la Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de septiembre de 2015, sobre los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana,

—

Vistos los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

—

Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo (2), en particular sus apartados 10, 26, 40, 46 y 47,

—

Vistos los informes del grupo de reflexión «Global Financial Integrity»sobre el alcance y la composición de los flujos financieros ilícitos,

—

Vista la Ley belga, de 12 de julio de 2015, relativa a la lucha contra las actividades de los fondos buitre (Moniteur belge de 11 de septiembre de 2015),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0129/2018),

A.

Considerando que resolver los problemas de la deuda soberana de los países en desarrollo es un elemento importante de la cooperación internacional y puede contribuir a realizar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los países en desarrollo;

B.

Considerando que la consecución de los ODS en los países en desarrollo requiere grandes inversiones y que los actuales flujos de financiación en este ámbito arrojan un déficit anual estimado en unos 2,5 billones USD (3);

C.

Considerando que los préstamos constituyen una de las posibles fuentes de financiación del desarrollo; que los préstamos deben ser responsables y previsibles; que sus costes deben ser plenamente compensados por el rendimiento de las inversiones de que se trate y que los riesgos asociados al endeudamiento deben valorarse y abordarse atentamente;

D.

Considerando que la crisis de la deuda de los países en desarrollo durante los años ochenta y noventa y una amplia campaña de reducción de la deuda llevaron a la puesta en marcha, por parte del FMI y el Banco Mundial, de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), para ayudar a estos países a avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

E.

Considerando que las iniciativas PPME e IADM no bastan para poner fin a la crisis de la deuda;

F.

Considerando que estas iniciativas y el fuerte aumento de los precios de las materias primas han fortalecido la situación financiera de muchos países en desarrollo y que los tipos de interés excepcionalmente bajos desde la crisis financiera de 2008 también han contribuido a la sostenibilidad de la deuda; que, no obstante, los precios de las materias primas han caído desde 2008; que en algunos países empobrecidos se ha producido una nueva crisis de la deuda, y por ello Mozambique, Chad, el Congo y Gambia no consiguen pagar sus deudas;

G.

Considerando que las crisis de la deuda desencadenadas por la caída de los precios de las materias primas y la volatilidad de los flujos de capital representan una amenaza permanente para la sostenibilidad de la deuda, en especial en los países en desarrollo, que siguen dependiendo de las exportaciones de materias primas;

H.

Considerando que ha aumentado el número de países en desarrollo que, según el FMI y el Banco Mundial, hacen frente a un nivel insostenible de endeudamiento o presentan un riesgo alto o medio y que la mayoría de los países de renta baja pertenecen ahora a una de estas categorías;

I.

Considerando que, según el FMI, el nivel medio de endeudamiento en el África subsahariana registró un acusado aumento, del 34 % del PIB en 2013 al 48 % en 2017;

J.

Considerando que varios países, entre ellos Etiopía, Ghana y Zambia, presentan unos niveles de endeudamiento iguales o superiores al 50 % del PIB, y que ello representa una importante carga de la deuda, habida cuenta de la baja base imponible de la mayoría de países africanos;

K.

Considerando que el servicio de la deuda en porcentaje del gasto público se ha incrementado de forma considerable desde 2013, y que ello reduce en gran medida las posibilidades de inversión pública;

L.

Considerando los profundos cambios que se han operado en el panorama mundial de la deuda pública durante las últimas décadas con la aparición de inversores privados y de China con un papel central;

M.

Considerando que la composición de la deuda de los países en desarrollo ha evolucionado, con una importancia creciente de los acreedores privados y las condiciones comerciales y un aumento de la exposición a la volatilidad de los mercados financieros, con consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda; que la deuda emitida en la divisa nacional elimina el riesgo de tipo de cambio, pero que la falta de capital nacional puede hacer que esta opción no resulte ventajosa o viable;

N.

Considerando que entre las amenazas a la sostenibilidad de la deuda no solo se incluyen unas peores condiciones comerciales, las catástrofes naturales y de origen humano, las tendencias adversas y la volatilidad de los mercados financieros internacionales, sino también los empréstitos y préstamos irresponsables, la mala gestión de las finanzas públicas, la malversación de fondos y la corrupción; que una mejor movilización de los recursos internos ofrece grandes posibilidades de mejora de la sostenibilidad de la deuda;

O.

Considerando la necesidad de participar en el refuerzo de las capacidades de las administraciones fiscales y en la transferencia de conocimientos a los países asociados;

P.

Considerando que, si bien los principios de la UNCTAD sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos y las directrices operativas del G20 sobre financiación sostenible resultan útiles para establecer un marco normativo, debe otorgarse prioridad a la prohibición de las prácticas irresponsables mediante unas reglas transparentes, mecanismos disuasorios vinculantes y con fuerza ejecutiva y, en casos justificados, incluso la imposición de sanciones;

Q.

Considerando que la sostenibilidad de la deuda de cada país depende no solo de su nivel de endeudamiento sino también de otros factores, como las garantías financieras explícitas e implícitas (pasivos contingentes) que haya podido emitir; que las asociaciones público-privadas comportan a menudo garantías conexas y que el riesgo de rescate bancario en el futuro también puede ser importante;

R.

Considerando que el análisis de la viabilidad de la deuda no debe centrarse tan solo en consideraciones económicas, como las perspectivas de crecimiento económico del Estado deudor y su capacidad para garantizar el servicio de la deuda, sino que debe tener en cuenta también la repercusión de la carga de la deuda sobre la capacidad del país para hacer respetar todos los derechos humanos;

S.

Considerando que el creciente recurso a las asociaciones público-privadas (APP) en los países en desarrollo en el marco del Plan Europeo de Inversiones Exteriores y el Pacto del G-20 con África podría incrementar el endeudamiento de los Estados; que los inversores de APP están protegidos por tratados bilaterales de inversión, en particular por sus mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados, que les permiten litigar contra los Estados de acogida;

T.

Considerando la existencia de deudas odiosas contraídas por los regímenes para posibilitar el desarrollo de actividades corruptas u otras operaciones ilícitas cuya naturaleza ilegal es conocida por los acreedores y que representan una carga considerable para las poblaciones, en particular para las más vulnerables;

U.

Considerando que la transparencia en relación con los préstamos concedidos a los Gobiernos de los países en desarrollo es esencial para garantizar la responsabilidad de la concesión de préstamos; que la ausencia de transparencia fue un factor clave que contribuyó a los irresponsables préstamos efectuados a Mozambique, que se acordaron sin comprobaciones serias de la capacidad del país para devolverlos y se ocultaron a los mercados financieros y a la población de Mozambique;

V.

Considerando que la deuda odiosa se define como aquella deuda contraída por un régimen para financiar acciones que van contra los intereses de los ciudadanos del Estado, de lo que los acreedores son conscientes, y que se trata de una deuda personal del régimen, que la ha contraído con un acreedor que actúa con pleno conocimiento de las intenciones del prestatario; que el concepto no está consensuado, pues algunos acreedores se oponen firmemente;

W.

Considerando que la movilización de los recursos internos se ve mermada, en particular, por la evasión fiscal y la dañina competencia fiscal, así como por la transferencia de beneficios de las empresas transnacionales; que la iniciativa de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios es una respuesta positiva pero insuficiente a este fenómeno; que es necesario crear un organismo intergubernamental de cooperación fiscal bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a fin de que los países en desarrollo puedan participar en igualdad de condiciones en la reforma global de las normas fiscales internacionales, tal como pidió el Parlamento Europeo en su Resolución de 6 de julio de 2016 sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares (4);

X.

Considerando que los flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo y los países emergentes, que se estiman en un billón USD anuales, se alimentan continuamente de sus recursos nacionales, necesarios, en particular, para la consecución de los ODS; que estos flujos conducen a un endeudamiento exterior y socavan la capacidad de reembolso de la deuda;

Y.

Considerando que, para cumplir la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Adís Abeba, es necesario tener en cuenta nuevas opciones de financiación de los ODS, como el establecimiento de impuestos sobre las transacciones financieras y sobre las transacciones en moneda extranjera; que, según las estimaciones del Banco de Pagos Internacionales (BPI), un impuesto sobre las transacciones en moneda extranjera del 0,1 % fácilmente financiaría los ODS en todos los países de renta baja y de renta media-baja (5).

Z.

Considerando la necesidad de combatir los flujos financieros ilícitos con vistas a su eliminación definitiva de aquí a 2030, luchando, en particular, contra el fraude fiscal e intensificando la cooperación internacional con medidas para facilitar la divulgación de los datos fiscales a las autoridades competentes y la transparencia fiscal tanto en los países de origen como en los de destino;

AA.

Considerando que los mecanismos existentes para tratar los impagos del servicio de la deuda por parte de los Estados difieren fundamentalmente de los procedimientos de insolvencia aplicables a las empresas establecidas en las jurisdicciones nacionales en la medida en que no existe un árbitro imparcial ante un órgano judicial; que el FMI, cuya misión consiste en garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional, concede créditos a corto plazo, sujetos a determinadas condiciones y desembolsados por tramos; que el Club de París de Estados acreedores solo toma decisiones en materia de reducción de la deuda con respecto a préstamos oficiales bilaterales concedidos por sus miembros; que el Club de Londres de acreedores privados solo toma decisiones sobre los préstamos comerciales bancarios concedidos por sus miembros; que no existe un foro permanente que coordine la toma de decisiones sobre reestructuración de la deuda de todos los acreedores a un país con problemas de endeudamiento;

AB.

Considerando que el FMI sigue siendo el principal foro para debatir las cuestiones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana, y tiene una influencia significativa sobre la Unión y sus Estados miembros;

AC.

Considerando que las actividades destructoras de los fondos buitre que tienen como objetivo deudores en dificultades e interfieren en los procesos de reestructuración de sus deudas no deben recibir apoyo legal ni judicial, y que deben adoptarse medidas adicionales en este sentido;

AD.

Considerando que la reducción de la deuda ha brindado nuevas oportunidades a países de renta baja, pero que se trata de intervenciones esporádicas para restaurar la sostenibilidad de la deuda, que no atajan las causas profundas de una acumulación de deuda insostenible, y que deben abordarse desafíos como la corrupción, la debilidad institucional y la vulnerabilidad ante las crisis externas de forma prioritaria;

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Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 4, 162, 174 a 178 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Consejo (3),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1084/2006 (4),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (5),

—

Visto el informe de la Comisión Europea de 9 de octubre de 2017, titulado «Mi región, mi Europa, nuestro futuro: Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial»(COM(2017)0583),

—

Visto el Pacto de Ámsterdam, que sienta los principios de la agenda urbana para la UE, acordado en la reunión informal de ministros de la Unión responsables de asuntos urbanos celebrada el 30 de mayo de 2016 en Ámsterdam,

—

Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2015 (6),

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de abril de 2017, relativas a «Hacer la política de cohesión más eficaz, pertinente y visible para nuestros ciudadanos» (7),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de noviembre de 2017 tituladas «Sinergias y simplificación para la política de cohesión después de 2020» (8),

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, sobre el Futuro de Europa titulado «Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025»(COM(2017)2025),

—

Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea sobre la dimensión social de Europa (COM(2017)0206), de 26 de abril de 2017,

—

Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 10 de mayo de 2017, sobre el encauzamiento de la globalización (COM(2017)0240),

—

Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 31 de mayo de 2017, sobre la profundización de la unión económica y monetaria (COM(2017)0291),

—

Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 28 de junio de 2017, sobre el Futuro de las finanzas de la UE (COM(2017)0358),

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 10 de abril de 2017, titulado «La competitividad en las regiones de renta y crecimiento bajos: Informe sobre las regiones que van a la zaga»(SWD(2017)0132),

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Why regional development matters for Europe’s economic future» (9),

—

Vista la comunicación de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020»(COM(2018)0098),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea»COM(2017)0623,

—

Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 11 de mayo de 2017, titulado «El futuro de la política de cohesión después de 2020 – Por una política de cohesión europea fuerte y eficiente después de 2020» (10),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de mayo de 2016, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos» (11),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre inversión para el empleo y el crecimiento: la promoción de la cohesión económica, social y territorial en la Unión (12),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE (13),

—

Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP) (14),

—

Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre una combinación adecuada de financiación para las regiones de Europa: equilibrar los instrumentos financieros y las subvenciones en la política de cohesión de la Unión (15),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3) (16),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la cooperación territorial europea – mejores prácticas y medidas innovadoras (17),

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC (18),

—

Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020 (19),

—

Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (20),

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del TFUE (21),

—

Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE (22),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre las regiones menos desarrolladas de la UE (23),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 (24),

—

Vistas las conclusiones y recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Cultura y Educación (A8-0138/2018),

A.

Considerando que la política de cohesión busca fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del conjunto de la Unión y sus regiones con miras a reforzar su cohesión económica, social y territorial, en una lógica de solidaridad, crecimiento sostenible, ocupación, inclusión social y reducción de las disparidades entre y dentro de las regiones, así como el retraso de las regiones menos favorecidas, de conformidad con los Tratados;

B.

Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión muestra que las desigualdades regionales siguen reduciéndose, pero que la situación varía mucho según los territorios, con independencia de que se mida en términos de PIB per cápita, ocupación u otros indicadores, pues algunas disparidades se mantienen, se desplazan o aumentan entre y dentro de las regiones y los Estados miembros, incluso dentro de la zona del euro;

C.

Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión presenta datos preocupantes en relación con los índices de desempleo, incluido el índice de desempleo juvenil, que en muchas regiones no ha recuperado su nivel anterior a la crisis, la competitividad, la pobreza o la inclusión social;

D.

Considerando que el 24 % de los europeos, o casi 120 millones de personas son pobres, corren el riesgo de caer en la pobreza, se enfrentan a privaciones materiales graves o viven en hogares con baja intensidad laboral; que el número de ocupados pobres está aumentando y el número de jóvenes desempleados sigue siendo elevado;