1)

¿Debe interpretarse el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su caso en relación con el artículo 56 de dicho Tratado, con los artículos 15 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el principio de igualdad, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que obliga a las personas o empresas que desean realizar tareas portuarias en una zona portuaria belga en el sentido de la wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (Ley de 8 de junio de 1972 por la que se organizan las tareas portuarias) —incluidas las tareas ajenas a la carga y descarga de barcos en sentido estricto—, a valerse únicamente de empresarios portuarios reconocidos?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede mantener el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional) los efectos de los controvertidos artículos 1 y 2 de la Ley de 8 de junio de 1972 por la que se organizan las tareas portuarias, con el fin de evitar la inseguridad jurídica y el descontento social y permitir al legislador cohonestar esa normativa con las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea?

1.

En la relación jurídica nacida de un convenio de subvención, ¿están facultados las autoridades y los organismos intermedios de los Estados miembros competentes en materia de tramitación de un procedimiento por irregularidad en primer o segundo grado para examinar directamente en sus procedimientos, en virtud del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 (1) del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (en lo sucesivo: «Reglamento») —en particular en el marco del mecanismo de control regulado en sus artículos 60, 70 y 98—, cualquier infracción de la que se derive o pueda derivarse un perjuicio para los intereses financieros del presupuesto de la Unión Europea, y están obligados, en caso necesario, a aplicar una corrección financiera?

2.

¿Garantiza con la debida eficacia la protección de los intereses financieros de la Unión una normativa procesal nacional, o la jurisprudencia que la interpreta, que, en el caso de un convenio de subvención, solo permite constatar un incumplimiento del mismo consistente en una infracción de la normativa sobre contratación pública (irregularidad) y hacer valer cualquier pretensión civil basada en ello cuando la Comisión arbitral o un tribunal —al conocer del recurso interpuesto contra la resolución de la Comisión arbitral— haya declarado con carácter definitivo la existencia de la infracción?

3.

Si la infracción de la normativa sobre contratación pública supone una irregularidad pero no se ha incoado un procedimiento ante la Comisión arbitral, ¿está el tribunal que conoce de las pretensiones civiles relativas al cumplimiento del convenio de subvención facultado para apreciar la irregularidad en la contratación pública cuando examina el incumplimiento del convenio?

1.

Para evaluar si la protección o asistencia del [Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente] OOPS a un palestino apátrida ha cesado en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95/UE, (1) ¿debe atenderse, en el aspecto territorial, únicamente a la zona de operaciones (Franja de Gaza, Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania), en la que el apátrida tenía su residencia efectiva cuando salió del territorio bajo mandato del OOPS (en este caso, Siria) o deben tenerse también en cuenta otras zonas de operaciones del territorio bajo mandato del OOPS?

2.

Si no debe atenderse únicamente a la zona de operaciones en el momento de la salida, ¿deben tenerse en cuenta siempre, y con independencia de otras condiciones, todas las zonas de operaciones del territorio bajo mandato del OOPS? En caso de respuesta negativa, ¿deben tomarse en consideración otras zonas de operaciones únicamente si el apátrida tiene un vínculo (territorial) sustancial con esas zonas de operaciones? ¿Es necesaria la residencia habitual, en el momento de la salida o anterior, para que exista un vínculo de este tipo? ¿Deben tenerse en cuenta otras circunstancias al determinar si existe un vínculo (territorial) sustancial? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué circunstancias? ¿Es relevante que al apátrida, en el momento de la salida del territorio bajo mandato del OOPS, le sea posible y razonable entrar en la zona de operaciones pertinente?

3.

Un apátrida que sale del territorio bajo mandato del OOPS debido a que en la zona de operaciones en la que tiene su residencia efectiva se halla en una situación de grave inseguridad personal y al OOPS le resulta imposible otorgarle en dicho territorio protección o asistencia, ¿tiene derecho ipso facto a la protección de la Directiva 2011/95 en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de esta, si previamente se había trasladado a dicha zona de operaciones sin encontrarse en una situación de grave inseguridad personal en la zona de operaciones de su residencia anterior y sin que, en las circunstancias del momento del traslado, pudiera contar con que, en la zona de operaciones a la que se traslada, recibiría protección o asistencia del OOPS y podría retornar en un futuro cercano a la zona de operaciones en la que residía anteriormente?

4.

Para evaluar si no se debe conceder ipso facto a un apátrida el estatuto de refugiado por haber dejado de cumplir los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95, tras abandonar el territorio bajo mandato del OOPS, ¿debe atenderse únicamente a la zona de operaciones de la última residencia habitual? En caso de respuesta negativa, ¿deben tenerse además en cuenta, por analogía, los territorios que han de tomarse en consideración en el momento de la salida, conforme al apartado 2? En caso de respuesta negativa, ¿cuáles son los criterios para determinar qué territorios deben tenerse en cuenta a la hora de resolver sobre la solicitud? El hecho de que dejen de cumplirse los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95 ¿presupone la voluntad de los organismos (estatales o paraestatales) en la zona de operaciones en cuestión a (re)admitir al apátrida?

5.

En caso de que, para apreciar si concurren o han dejado de cumplirse los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95, sea relevante la zona de operaciones en la que estaba situado el (último) lugar de residencia habitual del interesado, ¿qué criterios son pertinentes para determinar la residencia habitual? ¿Es necesaria una residencia legal, autorizada por el Estado de residencia? En caso de respuesta negativa, ¿es necesario, al menos, que las autoridades responsables de la zona de operaciones toleren conscientemente la residencia del apátrida? En caso afirmativo, ¿deben las autoridades responsables conocer en concreto la presencia del apátrida o basta que toleren conscientemente la residencia como miembro de un grupo más amplio de personas? En caso de respuesta negativa, ¿es suficiente por sí sola una residencia efectiva prolongada?

1)

2)

En la medida en que se responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que la prohibición en cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115:

—

Que se declare que, por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de agua subterránea de la comarca de Doñana, por no haber procedido a una caracterización adicional de aquellas que presentan un riesgo, sin tampoco determinar las medidas necesarias, y por no haber incluido en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir medidas básicas y complementarias adecuadas, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), leído en relación con el artículo 1, letra a, y el punto 2.1.2 del anexo V; del artículo 5, leído en relación con el punto 2.2 del anexo II; y del artículo 11, apartado 1, apartado 3, letras a), c) y e), y apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (1);

—

Que se declare que, por no haber adoptado las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies que motivaron la designación de los espacios aquí considerados (ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste y ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer), el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, leído en relación con el artículo 7, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (2);

—

Que se condene en costas al Reino de España.

1)

Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b, de la Directiva 2000/60/CE, leído en relación con el artículo 1, letra a, y el punto 2.1.2. del anexo V de la misma Directiva

El artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/60/CE impone a los Estados miembros la obligación de evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea. Esta disposición debe leerse en relación con el artículo 1, letra a, de la misma Directiva, que precisa los objetivos medioambientales que los Estados miembros deben lograr con respecto a las aguas subterráneas, y el punto 2.1.2. de su anexo V, que define el buen estado cuantitativo de las aguas subterráneas. La Comisión considera que el Reino de España no ha adoptado las medidas necesarias para prevenir el deterioro por sobreexplotación de las masas de agua subterránea de la comarca de Doñana. La Comisión concluye por lo tanto que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b, de la Directiva 2000/60/CE, leído en relación con el artículo 1, letra a, y el punto 2.1.2. del anexo V de la misma Directiva.

2)

Incumplimiento de las obligaciones en virtud del artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE, leído en relación con el punto 2.2 del anexo II de la misma Directiva

El artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE establece el procedimiento a seguir para efectuar la demarcación hidrográfica, imponiendo en cada caso un análisis de las características de la demarcación, un estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y subterráneas, y un análisis económico del uso del agua. Cuando, tras realizar el análisis inicial de las características, se detecta que una masa de agua subterránea presenta un riesgo, los Estados miembros deben, en virtud del punto 2.2. del anexo II de la Directiva, realizar una caracterización adicional. La Comisión considera que el Reino de España no ha aplicado correctamente el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE, leído en relación con el punto 2.2 del anexo II de la misma Directiva, en la medida que no ha procedido a una caracterización adicional de las masas de agua subterránea de la comarca de Doñana que presentan un riesgo, sin tampoco determinar las medidas necesarias. La Comisión concluye, por lo tanto, que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE, leído en relación con el punto 2.2 del anexo II de la misma Directiva.

3)

Incumplimiento del artículo 11, apartado 1, apartado 3 letras a), c) y e) y apartado 4 de la Directiva 2000/60/CE

Según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros «velarán por que se establezca para cada demarcación hidrográfica, o para la parte de una demarcación hidrográfica internacional situada en su territorio, un programa de medidas, teniendo en cuenta los resultados de los análisis exigidos con arreglo al artículo 5, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 4». El apartado 3, letras a), c) y e) detalla algunas de las medidas básicas que deben incluirse en dicho programa de medidas. El apartado 4 de la misma disposición se refiere a las medidas complementarias, que son aquellas concebidas y aplicadas con carácter adicional a las medidas básicas. La Comisión considera que el Reino de España no ha incluido en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir las medidas básicas y complementarias adecuadas, por lo que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11, apartado 1, apartado 3, letras a), c) y e), y apartado 4 de la Directiva 2000/60/CE.

4)

Incumplimiento del artículo 6, apartado 2, leído en relación con el artículo 7, de la Directiva 92/43/CEE

El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE establece, sobre la base del principio de prevención, un deber de protección general que obliga a evitar, en los hábitats y en las especies que hayan motivado la designación de una zona, cualquier deterioro y cualquier perturbación que puedan tener un efecto significativo contrario a los objetivos de la Directiva. En virtud del artículo 7 de la misma Directiva, este deber de protección se extiende a las zonas clasificadas como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en virtud de la Directiva 79/409/CEE [del Consejo, de 2 de abril de 1979], relativa a la conservación de las aves silvestres (3). La Comisión considera que, por no haber adoptado las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies que motivaron la designación de los espacios ZEPA/LIC ES0000024 Doñana, ZEPA/LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste y ZEPA ES6150012 Dehesa del Estero y Montes de Moguer, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, leído en relación con el artículo 7, de la Directiva 92/43/CEE.

—

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Novena) dictada el 27 de junio de 2019 en el asunto T-20/17, Hungría/Comisión.

—

Desestime los motivos segundo y tercero que figuran en el recurso presentado por Hungría ante el Tribunal General, mediante los cuales Hungría alega incumplimiento de la obligación de motivación y desviación de poder, y condene a Hungría a cargar con la totalidad de las costas correspondientes al procedimiento de primera instancia y al recurso de casación.

—

Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que este dicte nueva resolución en la que se pronuncie acerca de los motivos que aún no han sido examinados, reservando la decisión sobre las costas de los procedimientos de primera instancia y de casación.

—

En primer lugar, en los apartados 78 a 83 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en un error al declarar que la Comisión, cuando identificó el sistema de referencia, excluyó incorrectamente los tipos progresivos del impuesto húngaro sobre la publicidad. Contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, el enfoque propuesto por la Comisión en su decisión es compatible con la jurisprudencia. En consecuencia, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en la determinación del sistema de referencia.

—

En segundo lugar, en los apartados 84 a 90 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en un error al declarar que la Comisión identificó erróneamente el objetivo del impuesto sobre la publicidad a la luz del cual debe examinarse la comparabilidad. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desde el punto de vista de la apreciación de la comparabilidad, solo es pertinente el objeto del impuesto al que se refiere la medida, es decir, el objetivo fiscal de la medida determinado por el hecho imponible. Otros objetivos, como por ejemplo la capacidad contributiva, solo son pertinentes desde el punto de vista de la apreciación de si puede justificarse objetivamente cualquier diferenciación operada por el impuesto, siempre que dichos objetivos sean inherentes a la naturaleza del impuesto. Por tanto, constituye un error de Derecho que el Tribunal General invoque un supuesto objetivo redistributivo del impuesto sobre la publicidad a efectos de la apreciación de la comparabilidad.

—

En tercer lugar, es incorrecta la postura del Tribunal General expresada en los apartados 91 a 105 de la sentencia recurrida, según la cual la Comisión incurrió en un error al concluir que el objetivo de redistribución no justifica el carácter progresivo del impuesto basado en el volumen de negocios. La afirmación del Tribunal General de que el impuesto húngaro sobre la publicidad no es discriminatorio y de que obedece a un fin redistributivo se basa en la presunción errónea de que las empresas con elevado volumen de negocios necesariamente tienen más beneficios que las empresas con un volumen de negocios más bajo. Basándose en esta presunción errónea, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al aceptar, para justificar la diferenciación generada por el impuesto, una finalidad que no forma parte de la naturaleza de dicho impuesto. Además, al admitir esta presunción errónea, el Tribunal General invirtió indebidamente la carga de la prueba y obligó a la Comisión a demostrar que los tipos impositivos establecidos por el impuesto húngaro sobre la publicidad no pueden justificarse mediante su supuesta finalidad redistributiva.

1)

Cuando las disposiciones de Derecho nacional reconocen a una persona jurídica, al Estado o a un organismo administrativo la condición de perjudicado en un proceso penal, ¿se aplica también a dichos entes la Directiva 2012/29/UE (1) del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en lo que respecta a los derechos (sobre todo el de participar activamente en el proceso penal y el de ser indemnizado por los daños sufridos en el marco del proceso penal), que, por su naturaleza, no solo corresponden a las personas físicas en su condición de seres sensibles?

2)

¿Son conformes con los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 38, apartado 1, letra h), del Reglamento (CE) n.o 1260/1999 (2) del Consejo, de 21 de junio de 1999, en relación con el Reglamento (CE) 1681/94 (3) de la Comisión, de 11 de julio de 1994, una normativa y una jurisprudencia (4) en virtud de las cuales el Estado no puede intervenir en un proceso penal para exigir que se le indemnicen los daños que ha sufrido a consecuencia de una conducta fraudulenta del encausado, lo cual da lugar a una apropiación indebida de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, ni puede impugnar, de conformidad con el artículo 256, apartado 3, de la Ley de enjuiciamiento criminal, la resolución mediante la cual el juez decide no aceptar su intervención, o la del órgano administrativo que lo representa, en la vista oral para solicitar en calidad de perjudicado que se le indemnicen los perjuicios sufridos, ni tampoco dispone de otro procedimiento en el que pueda hacer valer sus derechos frente al encausado, de modo que ni siquiera es posible garantizar su derecho a la indemnización de los daños sufridos dirigiéndose contra el patrimonio y los derechos patrimoniales del encausado en el sentido del artículo 50 de la Ley de enjuiciamiento criminal, de modo que ese derecho termina por no poder ejercerse de facto?

3)

¿Debe interpretarse el concepto de «una misma empresa» recogido en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 994/98 (5) del Consejo, de 7 de mayo de 1998, en relación con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 69/2001 (6) de la Comisión, de 12 de enero de 2001, exclusivamente desde una perspectiva formal, en el sentido de que es necesario y suficiente demostrar que las sociedades interesadas tienen personalidad jurídica independiente conforme al ordenamiento jurídico nacional, de modo que es posible otorgar a cada una de ellas una ayuda de Estado por un importe de hasta 100 000 euros, o bien en el sentido de que lo determinante es la modalidad fáctica de funcionamiento y dirección de dichas sociedades, propiedad de las mismas personas e interconectadas a través de estas, como si se tratase de un sistema de filiales gestionadas por una matriz, aunque cada una de ellas esté dotada de su propia personalidad jurídica de conformidad con el Derecho nacional, de modo que debe considerarse que conforman «una misma empresa» y, al constituir un mismo todo, solo pueden recibir una vez una ayuda de Estado por un importe de hasta 100 000 euros?

4)

A efectos del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (7) de 26 de julio de 1995, ¿el término «perjuicio» [que debe indemnizarse] engloba únicamente la parte de los fondos indebidamente obtenidos, directamente vinculada a la conducta fraudulenta, o se refiere también a los costes efectivamente soportados y fielmente documentados y al uso del subsidio, cuando las pruebas pongan de manifiesto que fue necesario soportarlos para ocultar la conducta fraudulenta, retrasar el descubrimiento del fraude y conseguir la totalidad del importe de la ayuda de Estado concedida?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 (1) en el sentido de que las cláusulas que establecen la obligación de reembolsar el préstamo a plazos fijos imputados prioritariamente a los intereses y que prevén la ampliación del plazo de amortización del contrato y el incremento del importe de las cuotas de amortización al efecto de pagar el saldo pendiente, el cual puede aumentar notablemente como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio, constituyen, sin poder ser consideradas aisladamente, el objeto principal de un préstamo denominado en divisa extranjera y reembolsable en divisa nacional?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 en el sentido de que las cláusulas que establecen la obligación de reembolsar el préstamo a plazos fijos imputados prioritariamente a los intereses y que prevén la ampliación del plazo [del contrato] y el incremento del importe de las cuotas de amortización al efecto de pagar el saldo pendiente, el cual puede aumentar notablemente como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio, crean un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato, especialmente en la medida en que exponen al consumidor a un riesgo de tipo de cambio desproporcionado?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 4 de la Directiva 93/13 en el sentido de que exige que el carácter claro y comprensible de las cláusulas de un contrato de préstamo denominado en divisa extranjera y reembolsable en divisa nacional sea apreciado refiriéndose, en el momento de la celebración del contrato, al contexto económico previsible, es decir, en el caso de autos, a los efectos de las dificultades económicas de los años 2007 a 2009 sobre las variaciones del tipo de cambio, tomando en consideración tanto la experiencia y los conocimientos del prestamista profesional como su buena fe?

4)

¿Debe interpretarse el artículo 4 de la Directiva 93/13 en el sentido de que exige que el carácter claro y comprensible de las cláusulas de un contrato de préstamo denominado en divisa extranjera y reembolsable en divisa nacional sea apreciado comprobando que el prestamista, que cuenta con la experiencia y los conocimientos de un profesional, facilitó al consumidor información, especialmente numérica, únicamente objetiva y neutra, que no tenía en consideración el contexto económico susceptible de incidir en las variaciones de los tipos de cambio?

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-64/18. (1)

—

Que se anule la Decisión de la Comisión C(2017) 8839 final, de 13 de diciembre de 2017.

—

Que se condene a la Comisión Europea al pago de la totalidad de las costas.

—

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) dictada el 18 de junio de 2019 en los asuntos acumulados T-624/15, T-694/15 y T-704/15, European Food y otros/Comisión. (1)

—

Desestime la primera parte del primer motivo y la primera parte del segundo motivo invocados en el asunto T-704/15.

—

Desestime las partes primera y segunda del segundo motivo invocado en los asuntos T-624/15 y T-694/15.

—

Devuelva los asuntos T-624/15, T-694/15 y T-704/15 al Tribunal General para el examen de los motivos que aún no han sido examinados.

—

Reserve su decisión sobre las costas de los procedimientos de primera instancia y de recurso.

—

Con carácter principal, la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en error al concluir que la medida a través de la cual Rumanía había concedido la ayuda a los hermanos Micula había sido la derogación del régimen de incentivos el 22 de febrero de 2005. Sin embargo, lo que confirió la ayuda a los hermanos Micula fue el abono de las indemnizaciones concedidas por la derogación de este régimen, que fue efectuado por Rumanía con posterioridad a su adhesión a la Unión.

—

Con carácter subsidiario, la Comisión alega que, aun suponiendo que el Tribunal General hubiera concluido acertadamente que la medida de concesión de la ayuda estaba constituida por la derogación del régimen de incentivos por Rumanía (quod non), la Comisión seguiría siendo competente para adoptar la Decisión controvertida, en virtud del Capítulo 2, del Anexo V del Acta de adhesión de Rumanía.

—

Con carácter principal, la Comisión alega que el Tribunal General erró al concluir que el Derecho de la Unión no era aplicable a la indemnización concedida basándose en que los hechos que la motivaron son anteriores a la adhesión. Sin embargo, la concesión de la indemnización constituye los efectos futuros de una situación surgida con anterioridad a la adhesión, en el sentido de las normas relativas a la aplicación ratione temporis del Derecho de la Unión.

—

Con carácter subsidiario, la Comisión sostiene que, aun suponiendo que el Tribunal General hubiera concluido acertadamente que la concesión de una indemnización no constituye los efectos futuros de una situación surgida con anterioridad a la adhesión (quod non), el Derecho de la Unión seguiría siendo aplicable a la indemnización concedida, pues el Acuerdo Europeo de 1995, que forma parte del Derecho de la Unión, era aplicable a todos los hechos que motivaron dicha indemnización producidos con anterioridad a la adhesión.

—

En primer lugar, el Tribunal General erró al concluir que la Comisión carecía de competencia para adoptar la Decisión controvertida y que el Derecho de la Unión no era aplicable a la compensación concedida.

—

En segundo lugar, el Tribunal General no examinó todos los argumentos expuestos en la Decisión controvertida que acreditan que Rumanía concedió una ventaja a los hermanos Micula. Los argumentos no examinados bastan por sí mismos para demostrar la existencia de una ventaja.

—

Anule las decisiones de la SEAE de 31 de agosto de 2018 y 10 de enero de 2019, mediante las que se aplica la nota del Servicio Médico de 30 de agosto de 2018, al reducir el permiso por enfermedad.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del principio de buena administración y del deber de diligencia, al haber aumentado las estimaciones de costes con el resultado de imputar injustificadamente a la demandante la responsabilidad de no haberse presentado a una revisión médica en Bruselas.

2.

Segundo motivo, en el que se alega desviación de poder, ejercida con la intención deliberada de perjudicar a la demandante debido a consideraciones de tipo personal.

3.

Tercer motivo, basado en un manifiesto error de apreciación respecto a la cuestión de si había cambiado la situación legal de la demandante, y en la falta de análisis en profundidad de por qué se imputó a la demandante la responsabilidad por no presentarse a la revisión médica.

—

Anule la Decisión de la Comisión Europea de 22 de julio de 2019 que desestimó parcialmente la solicitud de las partes demandantes de que se ampliase (hasta el 5 de septiembre o el final de agosto de 2019) el plazo para presentar observaciones en el marco del procedimiento de investigación formal del asunto SA.39078 (2019/C) (ex 2014/N) — Financiación del proyecto de enlace fijo del Femern Baelt.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incumplió su obligación de motivar la Decisión de no conceder la ampliación del plazo en cuestión hasta el 5 de septiembre o el final de agosto de 2019, dado que la Decisión impugnada no recoge ninguna fundamentación de la desestimación o, al menos, comporta una fundamentación insuficiente.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento (1) y, con ello, vulneró el derecho de las partes demandantes a participar de manera efectiva en el procedimiento de investigación formal relativo a la ayuda de Estado SA.39078, puesto que la solicitud resultaba justificada, estaba fundamentada y era proporcionada.

—

Anule parcialmente la resolución impugnada, concretamente en lo que se refiere al motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea.

—

Autorice el registro de la marca de la Unión con el n.o de registro 11 853 389.

—

Condene a la parte recurrida a cargar con las costas del procedimiento.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Anule la resolución de la División de Anulación de 23 de noviembre de 2017 relativa al procedimiento de nulidad n.o 11921 C por la que se declara la caducidad de la marca de la Unión por lo que se refiere a secadoras de ropa, lavadoras, lavavajillas y conjuntos horno y placa.

—

Mantener la marca de la Unión registrada por lo se refiere a secadoras de ropa, lavadoras, lavavajilla y conjuntos horno y placa.

—

Condene a la parte recurrida a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente.

—

La Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al considerar que el uso de la marca de la Unión evidenciado por las ventas de secadoras de ropa, lavadoras, lavavajillas y conjuntos horno y placa realizadas por la recurrente a bases militares estadounidenses en Alemania y Bélgica no equivalía a un uso de la marca de la Unión en el sentido del artículo 58 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

La Sala de Recurso aplicó erróneamente el artículo 58 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo al no tener en cuenta las ventas a Johann Fouquet GmbH como prueba del uso de la marca a la hora de considerar la totalidad del uso de marca de la Unión por la recurrente por lo que atañe a las secadoras de ropa, lavadoras, lavavajillas y conjuntos horno y placa.

—

La Sala de Recurso aplicó erróneamente el artículo 58 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo al no tener en cuenta como prueba del uso de la marca la utilización de las redes sociales a la hora de considerar la totalidad de uso de la marca de la Unión por la recurrente por lo que atañe a las secadoras de ropa, lavadoras, lavavajillas y conjuntos horno y placa.