1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de julio de 2017, OZ/BEI (T-607/16, no publicada, EU:T:2017:495), en la medida en que desestimó, por una parte, las pretensiones de indemnización formuladas por OZ en su recurso, basadas en la responsabilidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en lo que respecta a supuestas ilegalidades cometidas en el procedimiento de investigación, incluida la vulneración del derecho de la recurrente en casación a que su causa fuera oída equitativamente, y, por otra parte, las pretensiones de anulación que figuran en dicho recurso.

2)

Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

3)

Anular la decisión del presidente del Banco Europeo de Inversiones de 16 de octubre de 2015 de no dar curso a la denuncia de acoso sexual presentada por OZ.

4)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

5)

Condenar al Banco Europeo de Inversiones a cargar, además de con sus propias costas, con las de OZ, tanto en el procedimiento en primera instancia como en casación.

—

no podrá, en principio, invocar, en el marco de un recurso interpuesto en ese segundo Estado miembro, al amparo del artículo 27, apartado 1, de dicho Reglamento, contra una decisión de traslado de la que sea objeto, el criterio de responsabilidad recogido en el artículo 9 del mismo Reglamento;

—

podrá excepcionalmente invocar, en el marco de tal recurso, el mencionado criterio de responsabilidad, en una situación en la que se aplique el artículo 20, apartado 5, del mismo Reglamento, siempre que el referido nacional de un tercer país haya transmitido a la autoridad competente del Estado miembro requirente datos que demuestren manifiestamente que dicho Estado miembro debe ser considerado como el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional en aplicación del mencionado criterio de responsabilidad.

1)

El artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que no facultan al titular de una marca individual, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a los productos o servicios para los que la marca esté registrada.

2)

El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 y el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que facultan al titular de una marca individual que goza de renombre, constituida por un distintivo de calidad, para oponerse a que un tercero coloque un signo idéntico o similar a dicha marca en productos que no son idénticos ni similares a aquellos para los que la marca esté registrada, siempre que se acredite que, mediante tal colocación, el tercero se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de esa misma marca o causa perjuicio a dicho carácter distintivo o a ese renombre y siempre que, en tal caso, el tercero no haya acreditado, en apoyo de tal colocación, la existencia de una «justa causa» en el sentido de las citadas disposiciones.

—

antes de denegar el derecho a deducción, examine si el emisor de la factura errónea podía devolver al destinatario de esta el importe del IVA abonado indebidamente y podía rectificar dicha factura y regularizarla, de conformidad con la normativa nacional aplicable, para recuperar el impuesto pagado por error a la Hacienda Pública, o

—

decida devolver ella misma al destinatario de dicha factura el impuesto que ha pagado por error al emisor de esta y que este ingresó, a continuación, indebidamente en la Hacienda Pública.

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2017, CJ/ECDC (T-602/16, no publicada, EU:T:2017:893).

2)

Anular la decisión del evaluador de apelación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), de 21 de septiembre de 2015, por el que declaró definitivo el informe de evaluación de CJ del año 2011.

3)

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades cargará, además de con sus propias costas, con las costas en las que ha incurrido CJ por el procedimiento de primera instancia y por el recurso de casación.

1)

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no está excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva una cláusula contractual, como la controvertida en el litigio principal, que efectúa una remisión general al Derecho nacional aplicable en lo que atañe a la determinación de la competencia judicial para conocer de los litigios que puedan surgir entre las partes del contrato.

2)

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a unas normas procesales, a las que remite una cláusula del contrato, que permiten al profesional elegir, en el caso de una demanda en la que se alega el incumplimiento de un contrato por parte del consumidor, entre el órgano judicial competente del domicilio del demandado y el del lugar de ejecución del contrato, salvo que la elección del lugar de cumplimiento del contrato suponga para el consumidor condiciones procesales que puedan restringir excesivamente el derecho a la tutela judicial efectiva que le confiere el ordenamiento jurídico de la Unión, extremo que incumbe comprobar al tribunal nacional.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar a The Green Effort Limited a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y con las de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

1)

El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de «servicios de pago», a efectos de dicha disposición, la ejecución de adeudos domiciliados iniciados por el beneficiario en una cuenta de pago de la que no es titular y a los que el titular de la cuenta en la que se han efectuado los cargos no ha dado su consentimiento.

2)

El artículo 58 de la Directiva 2007/64 debe interpretarse en el sentido de que está comprendido en el concepto de «usuario de servicios de pago», a efectos de dicho artículo, el titular de una cuenta de pago en la que se han ejecutado adeudos domiciliados sin su consentimiento.

1)

El artículo 7, punto 5, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no es competente para conocer de un litigio relativo a una demanda de indemnización interpuesta en virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, y dirigida contra una compañía aérea establecida en otro Estado miembro por el hecho de que dicha compañía tiene una sucursal en la demarcación del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda, no habiendo participado dicha sucursal en la relación jurídica entre la compañía y el pasajero afectado.

2)

El artículo 26, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en un caso, como el que se plantea en el litigio principal, en el que el demandado no ha presentado observaciones ni ha comparecido.

1)

Primera cuestión prejudicial

2)

Segunda cuestión prejudicial

1)

Primera cuestión prejudicial

2)

Segunda cuestión prejudicial

1)

En el caso de un pasajero que dispone de una reserva confirmada para un vuelo concreto y al que, cuando se presenta en el aeropuerto para realizar la facturación, se le cambia la reserva por otra para un vuelo posterior, en contra de su voluntad, ¿constituye dicho cambio de reserva una denegación de embarque en el sentido del artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 261/2004, (1) si el vuelo para el que el pasajero tenía la reserva confirmada se efectúa de todas formas?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿la disposición del artículo 5, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento n.o 261/2004 debe aplicarse por analogía a los supuestos de denegación de embarque en el sentido del artículo 4, apartado 3, del citado Reglamento?

1.

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, en el sentido de que los datos necesarios sobre el «plazo» o las «demás condiciones para [ejercer el derecho de desistimiento]» incluyen también las condiciones para que comience a correr el plazo de desistimiento?

2.

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1:

¿Se opone el artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48 a una interpretación según la cual la información sobre el derecho de desistimiento es «clara» y «concisa» cuando, por lo que respecta al comienzo del plazo de desistimiento, no incluye todos los datos obligatorios que deben facilitarse para que comience a correr dicho plazo, sino que se remite a este respecto a una disposición nacional —en el presente caso, el artículo 492, apartado 2, del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil; en lo sucesivo, «BGB»), en su versión vigente hasta el 12 de junio de 2014— que a su vez se remite a otras disposiciones nacionales —en el presente caso, el artículo 247, parágrafos 3 a 13, de la Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Ley de introducción al Código Civil; en lo sucesivo, «EGBGB»), en su versión vigente hasta el 12 de junio de 2014—, por lo que el consumidor está obligado a leer numerosas disposiciones legales en diferentes textos legislativos para averiguar qué información obligatoria debe facilitarse para que el plazo de desistimiento comience a correr en el caso de su contrato de préstamo?

3.

En caso de respuesta negativa a la cuestión 2 (y de que no existan objeciones de principio a una remisión a disposiciones nacionales):

¿Se opone el artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48 a una interpretación según la cual la información sobre el desistimiento es «clara» y «concisa» cuando la remisión a una disposición nacional —en el presente caso, el artículo 492, apartado 2, del BGB, en su versión vigente entre el 30 de julio de 2010 y el 12 de junio de 2014— y la remisión que esta hace a su vez —en el presente caso, al artículo 247, parágrafos 3 a 13, de la EGBGB, en su versión vigente entre el 4 de agosto de 2011 y el 12 de junio de 2014— implican necesariamente que el consumidor no pueda limitarse a la mera lectura de las disposiciones y deba llevar a cabo una labor de subsunción jurídica —por ejemplo, si el préstamo le fue concedido en condiciones normales para los contratos con garantía real inmobiliaria y para su financiación provisional o si existen contratos vinculados— para conocer qué información obligatoria debe facilitarse para que el plazo de desistimiento comience a correr en el caso de su contrato de préstamo?

1)

¿Tiene el propietario de hectáreas admisibles esas hectáreas a su disposición, en el sentido del artículo 24, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 1307/2013, (1) cuando ningún tercero ostenta un derecho de uso sobre tales hectáreas admisibles, en particular ningún derecho de uso derivado del propietario, o bien esa superficie está a disposición de un tercero o de nadie, si un tercero le da efectivamente un uso agrícola sin tener ningún derecho de uso?

2)

¿Debe interpretarse la expresión «cualquier superficie que haya dado derecho a percibir pagos en 2008 con arreglo al régimen de pago único o al régimen de pago único por superficie previstos, respectivamente, en el título III y en el título IV bis del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (2)», contenida en el artículo 32, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1307/2013, en el sentido de que la superficie debía cumplir en 2008 los requisitos que exigían los títulos III o IV bis del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 para tener derecho a percibir pagos con arreglo al régimen de pago único o al régimen de pago único por superficie?

3)

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿debe interpretarse la expresión «cualquier superficie que haya dado derecho a percibir pagos en 2008 con arreglo al régimen de pago único o al régimen de pago único por superficie previstos, respectivamente, en el título III y en el título IV bis del Reglamento (CE) n.o 1782/2003», contenida en el artículo 32, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1307/2013, en el sentido de que, para que una superficie forestada conforme al artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 1257/1999 (3) sea calificada como hectáreas admisibles en el sentido del artículo 32, apartado 2, letra b), inciso ii), del Reglamento (CE) n.o 1307/2013, es necesario que se haya concedido a esa superficie un derecho de ayuda por retirada de tierras u otro derecho de ayuda en el sentido de los artículos 44, apartado 1, o 54, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1782/2003?

4)

En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión, ¿debe interpretarse la expresión «cualquier superficie que haya dado derecho a percibir pagos en 2008 con arreglo al régimen de pago único o al régimen de pago único por superficie previstos, respectivamente, en el título III y en el título IV bis del Reglamento (CE) n.o 1782/2003», contenida en el artículo 32, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1307/2013, en el sentido de que, para que una superficie forestada conforme al artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 1257/1999 sea calificada como hectáreas admisibles en el sentido del artículo 32, apartado 2, letra b), inciso ii), del Reglamento (CE) n.o 1307/2013, es necesario que el agricultor haya presentado en 2008 una solicitud conforme a los artículos 22, apartado 1, o 34, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 y haya cumplido los demás requisitos para un pago directo con arreglo a los títulos III o IV bis?

1.

¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2011/95/UE (1) en el sentido de que la «negativa a cumplir el servicio militar en un conflicto» no exige que el afectado se haya negado a cumplir el servicio militar en un procedimiento formal de objeción, si el ordenamiento jurídico del país de origen no prevé un derecho de objeción al servicio militar?

2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Protege el artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2011/95/UE, mediante la expresión «negativa a cumplir el servicio militar en un conflicto», también a las personas que, tras expirar el aplazamiento de la incorporación al servicio militar, no se presentan ante la administración militar de su país de origen y huyen para eludir la incorporación forzosa?

3.

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:

¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2011/95/UE en el sentido de que, en el caso de una persona obligada a cumplir el servicio militar que desconoce su futuro destino militar, el cumplimiento de dicho servicio conllevaría, directa o indirectamente, «delitos o actos comprendidos en los motivos de exclusión establecidos en el artículo 12, apartado 2» por el mero hecho de que las fuerzas armadas de su país de origen cometen tales delitos o actos de forma reiterada y sistemática, sirviéndose para ello de esas personas?

4.

¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2011/95/UE en el sentido de que también en el supuesto de persecución establecido en el artículo 9, apartado 2, letra e), de dicha Directiva es preciso que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, letra d), de la misma Directiva, los motivos mencionados en el artículo 10 de esa Directiva y los actos de persecución definidos en los apartados 1 y 2 del artículo 9 de la citada Directiva, o la ausencia de protección contra los mismos, estén relacionados?

5.

En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión: ¿Es suficiente que el procesamiento o la pena traigan causa de la negativa a cumplir el servicio militar para que estén relacionados, en el sentido del artículo 9, apartado 3, en combinación con el artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95/UE, la persecución consistente en procesamientos o penas por la negativa a cumplir el servicio militar y el motivo de la persecución?

1)

¿Se considera que no constituye una transferencia, en el sentido del artículo 17, apartado 2, de la Directiva [2006/112/CE], (1) el transporte de palés desde un Estado miembro con destino a otro Estado miembro para su posterior alquiler en este último Estado miembro a un sujeto pasivo establecido e identificado a efectos del IVA en Rumanía?

2)

Con independencia de la respuesta a la primera cuestión ¿es considerado sujeto pasivo, en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2008/9/CE, (2) el sujeto pasivo a efectos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE establecido en el territorio de un Estado miembro distinto del de devolución, aun cuando dicho sujeto pasivo esté identificado u obligado a identificarse a efectos del IVA en el Estado miembro de devolución?

3)

A la luz de las disposiciones de la Directiva 2008/9/CE, el requisito de no estar identificado a efectos del IVA en el Estado miembro de devolución ¿constituye un requisito adicional a los establecidos en el artículo 3 de la Directiva 2008/9/CE para que un sujeto pasivo establecido en otro Estado miembro y no en el Estado miembro de devolución pueda beneficiarse del derecho a devolución en un supuesto como el del caso de autos?

4)

¿Debe interpretarse el artículo 3 de la Directiva 2008/9/CE en el sentido de que se opone a la práctica de una administración nacional de denegar la devolución del IVA cuando no concurre un requisito establecido exclusivamente en la normativa nacional?

—

ha de interpretarse de modo restrictivo y literal, es decir, solo para el caso de que la ley extranjera aplicable no contemple el divorcio en forma alguna, o debe interpretarse en sentido amplio, de manera que incluya también los casos en los que la ley extranjera aplicable admite el divorcio, pero en condiciones extraordinariamente restrictivas, que implican un procedimiento obligatorio de separación judicial antes del divorcio, procedimiento para el que la ley del foro carece de disposiciones procesales equivalentes.

1)

¿Constituye la decisión de prorrogar una autorización un acuerdo sobre un proyecto al que le resultaría aplicable el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»)? (1)

2)

¿Afecta alguna de las siguientes consideraciones a la repuesta a la primera cuestión prejudicial?

3)

En caso de que la respuesta a la primera cuestión prejudicial sea afirmativa, ¿qué consideraciones debe tener en cuenta la autoridad competente a la hora de llevar a cabo la evaluación previa prevista en la primera frase del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats? Por ejemplo, ¿debe la autoridad competente tener en cuenta alguna o todas de las siguientes consideraciones: i) si hay modificaciones en las obras y el uso propuestos; ii) si ha habido algún cambio en el contexto medioambiental, por ejemplo, en cuanto a la designación de lugares europeos después de la fecha de la decisión de conceder la autorización; iii) si se han producido cambios importantes en los conocimientos científicos, por ejemplo, estudios más actualizados sobre los intereses que caracterizan a los lugares europeos? Alternativamente, ¿debe la autoridad competente evaluar el impacto ambiental de todo el proyecto urbanístico?

4)

¿Ha de diferenciarse entre i) una autorización que fija un plazo para desarrollar una actividad (fase de explotación), y ii) una autorización que solo fija un plazo durante el cual pueden tener lugar las obras de construcción (fase de construcción) pero que, siempre que las obras se completen dentro ese plazo, no fija un plazo para la actividad o explotación?

5)

¿Hasta qué punto, en su caso, la obligación de un órgano jurisdiccional nacional de interpretar la legislación en la medida de lo posible de conformidad con las disposiciones de la Directiva sobre los hábitats y el Convenio de Aarhus está sujeta a que las partes del litigio hayan planteado expresamente estas cuestiones interpretativas? Más concretamente, si el Derecho nacional establece dos procesos de toma de decisiones y solo uno de ellos garantiza el cumplimento de la Directiva sobre los hábitats, ¿está obligado el órgano jurisdiccional nacional a interpretar la legislación interna de tal forma que únicamente se pueda invocar ese proceso decisorio, aunque las partes del asunto del que conoce no hayan alegado expresamente esta interpretación concreta?

6)

En caso de que, según la respuesta a la segunda cuestión, letra a), sea importante considerar si la autorización (cuya duración ha de prorrogarse) se concedió con arreglo a una disposición del Derecho nacional que no transponía adecuadamente la Directiva sobre los hábitats, ¿está obligado el órgano jurisdiccional nacional a no aplicar una norma del Derecho procesal nacional que impide a un recurrente cuestionar la validez de una autorización anterior (que ha caducado) en el contexto de una solicitud de autorización posterior? ¿Dicha norma del Derecho procesal nacional es incompatible con la obligación de subsanar como se ha recordado recientemente en el asunto C-348/15, Stadt Wiener? (4)

1.

¿Debe entenderse la «protección del país de su nacionalidad» en el sentido de los artículos 11, apartado 1, letra e), y 2, letra e), de la Directiva reconocimiento (1) como protección del Estado?

2.

Para resolver sobre la existencia de fundados temores a ser perseguido en el sentido del artículo 2, letra e), de la Directiva reconocimiento y sobre la disponibilidad de protección frente a tal persecución en el sentido del artículo 7 [de la Directiva reconocimiento], ¿debe aplicarse en ambos casos la «prueba de la protección» o la «investigación de la protección» y, si es así, se rige por los mismos criterios en ambos casos?

3.

Al margen de la aplicabilidad de la protección por agentes no estatales con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), y presumiendo una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe valorarse la efectividad o disponibilidad de la protección únicamente atendiendo a las medidas/funciones de protección de los agentes estatales o se pueden considerar las medidas/funciones de protección de agentes privados (sociedad civil), como las familias o los clanes?

4.

Los criterios que rigen la «investigación de la protección» que se ha de efectuar al considerar la desaparición de las circunstancias a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra e), ¿son los mismos que se aplican en el contexto del artículo 7 (tal como se presume en las cuestiones segunda y tercera)?

—

Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las Directivas 1999/35/CE del Consejo y 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (1) al no crear un órgano de investigación independiente en su organización, estructura jurídica y toma de decisiones respecto de terceros cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido que se le haya encomendado.

—

Que se condene en costas a Irlanda.

1)

¿Se oponen los artículos 41, apartado 1, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y lo dispuesto en los considerandos 10, 29, 107, 109 y 111 y en los artículos 1, apartado 2, y 72 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, (1) a una norma nacional o a una práctica de interpretación y aplicación de esa norma que, teniendo en cuenta la relación jurídica contractual entre las partes contratantes, establece que no solo la entidad adjudicadora ha cometido una infracción por omisión ilícita de licitación pública, vulnerando supuestamente las normas relativas a la modificación de contratos, y por inobservancia de las disposiciones que regulan la modificación de los contratos, sino que también la ha cometido el adjudicatario que ha celebrado con ella un contrato, sobre la base de que la modificación ilegal de los contratos requiere la actuación conjunta de las partes [?]

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 41, apartado 1, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y lo dispuesto en los considerandos 10, 29, 107, 109 y 111 y en los artículos 1, apartado 2, y 72 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, ¿se oponen los considerandos 19, 20 y 21 de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, (2) y el artículo 2, apartado 2, de las Directivas 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, (3) y 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, (4) a una norma nacional o a una práctica de interpretación y aplicación de esa norma, que permite que también se aplique al adjudicatario que celebra el contrato con la entidad adjudicadora una sanción (multa) —distinta de la reducción de la vigencia temporal del contrato— por omisión ilícita de licitación pública y por inobservancia de las disposiciones relativas a la modificación de contratos[?]

3)

En caso de respuesta negativa a las dos primeras cuestiones, el tribunal remitente solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le oriente también acerca de si es suficiente, para determinar la cuantía de la sanción (multa), la circunstancia de que exista una relación jurídica contractual entre las partes, sin que se hayan examinado la actuación y la contribución de las partes que han llevado a la modificación del contrato.

1)

¿Se limita la obligación que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar la Directiva 2006/115, (1) sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (en lo sucesivo, «Directiva»), atendiendo a la finalidad y objetivos de la Convención de Roma (2) y/o del WPPT, (3) a los conceptos a los que la Directiva hace una remisión expresa, o se extiende también a los conceptos que simplemente aparecen en los dos instrumentos internacionales? En particular, ¿en qué medida debe interpretarse el artículo 8 de la Directiva atendiendo a la exigencia de «trato nacional» que contiene el artículo 4 del WPPT?

2)

¿Dispone un Estado miembro de margen de apreciación para establecer los criterios por los cuales se determine qué «artistas intérpretes y ejecutantes» tienen derecho a remuneración con arreglo al artículo 8 de la Directiva? En particular, ¿puede un Estado miembro restringir el derecho a participar de la remuneración equitativa a situaciones en las que i) la representación se produzca en un país del Espacio Económico Europeo (EEE), o ii) los intérpretes tengan su domicilio o residencia en un país del EEE?

3)

¿Qué margen de apreciación tiene un Estado miembro a la hora de responder a una reserva formulada por otra Parte Contratante con arreglo al artículo 15, apartado 3, del WPPT? En particular, ¿está obligado el Estado miembro a adoptar exactamente las mismas condiciones de la reserva formulada por la otra Parte Contratante? ¿Está obligada una Parte Contratante a no aplicar la regla de los treinta días del artículo 5 de la Convención de Roma, de manera que pueda darse el caso de que un productor de la Parte Contratante que ejerza la reserva perciba la remuneración con arreglo al artículo 15, apartado 1, y no así los intérpretes de esa misma Parte Contratante? Alternativamente, ¿está facultada la Parte Contratante que responde a la reserva para conceder derechos a los nacionales de la Parte Contratante que ejerce la reserva de forma más generosa que esta última, es decir, puede la Parte Contratante que responde a la reserva conceder derechos sin que haya reciprocidad por la Parte Contratante que ejerce la reserva?

4)

¿Es lícito en alguna circunstancia limitar el derecho a la remuneración equitativa a los productores de una grabación sonora, es decir, denegar ese mismo derecho a los intérpretes cuyas representaciones han sido fijadas en la grabación sonora?

1)

Habida cuenta de que el Estado portugués no comunicó a la Comisión Europea los reglamentos técnicos recogidos en el Decreto Legislativo 442/89, de 2 de diciembre, ¿son inaplicables dichas normas, en particular, los […] artículos 3 [conforme a la redacción indicada] y 9, de tal modo que los particulares pueden invocar su inaplicabilidad?

2)

Habida cuenta de que el Estado portugués no comunicó a la Comisión Europea los reglamentos técnicos recogidos en el Decreto Legislativo 282/2003, de 8 de noviembre, ¿deben dejarse inaplicadas dichas normas, en particular, los artículos 2 y 3 […], con respecto a los proveedores de servicios en Portugal?

—

Que se declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 395, apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (1) («Directiva del IVA») al introducir nuevas medidas de simplificación que amplían el tipo cero y la excepción al requisito normal de llevar los registros del impuesto sobre el valor añadido previstas en la Terminal Markets Order de 1973 sin enviar una solicitud a la Comisión con vistas a obtener la autorización del Consejo.

—

Que se condene en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

1)

¿Constituye una discriminación por razón de religión, en el sentido del artículo 21 de la Carta de Niza y de la Directiva 2000/78/CE, (1) el diferente trato de que son objeto exclusivamente los profesores de religión católica, como es el caso de los demandantes, o bien el hecho de que la declaración de idoneidad concedida a tales trabajadores pueda ser revocada constituye una justificación adecuada para que únicamente los profesores de religión católica, como los demandantes, reciban un trato diferente al de los demás docentes, de modo que no se beneficien de ninguna de las medidas impeditivas contempladas en la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, (2) relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada?

2)

En el supuesto de que se considere que existe una discriminación directa, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78/CE, por motivos de religión (artículo 1), y de la Carta de Niza, ¿qué instrumentos puede utilizar el tribunal remitente para eliminar las consecuencias de tal discriminación, habida cuenta de que, excepto los profesores de religión católica, todos los docentes han podido acogerse al plan extraordinario de contratación previsto en la Ley 107/15 e incorporarse a la plantilla en virtud del consiguiente contrato de trabajo por tiempo indefinido y, en atención a tal circunstancia, debe estimar este tribunal que se ha constituido una relación laboral de carácter indefinido con la Administración demandada?

3)

¿Debe interpretarse la cláusula 5 del Acuerdo marco que figura en la Directiva 1999/70/CE en el sentido de que esta se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece que las normas de Derecho común que regulan las relaciones laborales, destinadas a sancionar el recurso abusivo a una sucesión de contratos de duración determinada a través de la conversión automática del contrato de duración determinada en un contrato por tiempo indefinido cuando la relación laboral perdure más allá de determinada fecha, no son aplicables al sector de la enseñanza no universitaria, específicamente a los profesores de religión católica, permitiendo así la celebración de una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada por un período de tiempo indefinido y, en particular, puede constituir una razón objetiva, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco, la necesidad de llegar a un acuerdo con el Ordinario diocesano o, por el contrario, debe calificarse de discriminación prohibida de conformidad con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

4)

En el supuesto de que se dé una respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, ¿permiten el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cláusula 4 del Acuerdo marco previsto en la Directiva 1999/70/CE o el artículo 1 de la Directiva 2000/78/CE la inaplicación [de las] normas que impiden la conversión automática de un contrato de duración determinada en un contrato de duración indefinida cuando la relación laboral perdure más allá de determinada fecha?

1)

Sobre la aplicabilidad del artículo 3, apartado 2, letra a), en caso de retraso del vuelo, en sus dos vertientes:

2)

Sobre la carga de la prueba de la «presentación a la facturación»

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a), es decir, en caso de que el artículo 3, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 261/2004 sea aplicable a una compensación solicitada por un pasajero que ha sufrido un retraso del vuelo:

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Adapta Color, S.L.

1)

Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

2)

Condenar en costas a Electroquímica Onubense, S.L.

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Revocar el auto de 14 de febrero de 2019, Lantmännen y Lantmännen Agroetanol/Comisión (T-79/19 R).

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

—

Declare admisible el presente recurso por omisión dirigido contra la Comisión Europea y declare la responsabilidad extracontractual de esta sobre la base del artículo 340 TFUE.

—

Declare admisible el presente recurso de anulación de la decisión implícita de la Comisión Europea de negarse a actuar, contenida en un correo de 20 de diciembre de 2018.

—

En cuanto al fondo, en primer lugar:

—

En segundo lugar:

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento por parte de Suiza del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra (DO 2002, L 114, p. 6) y de la Directiva n.o 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, L 255, p. 22). El demandante considera que la disposición adoptada por la Confederación Suiza en julio de 2013 para limitar la instalación de médicos en zonas con excedente de médicos a cargo del seguro de enfermedad suizo obligatorio constituye una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad, ya que esta limitación no se aplica a los médicos que cuenten con una experiencia de tres años en hospitales universitarios suizos.

2.

Segundo motivo, basado en la inexistencia de medidas discriminatorias por parte de la Unión Europea en relación con los médicos nacionales suizos, en nombre del principio de reciprocidad del Derecho internacional, que, según el demandante, el Tribunal debería constatar.

3.

Tercer motivo, basado en la inacción culposa de la Comisión, ya que esta está obligada a actuar por el hecho de ser la garante de los Tratados en virtud del artículo 17 TUE, apartado 1, y de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. A este respecto, el demandante invoca los principios de confianza legítima hacia las instituciones y de seguridad jurídica de los derechos adquiridos.

4.

Cuarto motivo, basado en que la falta de reacción ante la solicitud hecha por el demandante a la Comisión de que esta actuase urgentemente constituye, de hecho, una negativa implícita y, por lo tanto, una decisión lesiva.

5.

Quinto motivo, basado en la responsabilidad extracontractual de la Comisión por omisión sobre la base del artículo 340 TFUE.

—

Declare nula la decisión de la Comisión de 17 de enero de 2019 en relación con el número de expediente Ares(2018)6073379.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Error en la aplicación del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (1) (protección de los intereses comerciales)

2.

Segundo motivo: error en la aplicación de los artículos 7, apartado 1, y 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (tramitación de las solicitudes)

—

Anule las decisiones de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la EUIPO, comunicadas mediante escrito de 6 de junio de 2018, de no promocionar al demandante al grado siguiente (AST 8) en los ejercicios de promoción 2014, 2015, 2016 y 2017.

—

Condene en costas a la EUIPO.

1.

Infracción del artículo 45 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, errores manifiestos de apreciación, ejecución incorrecta o inejecución de la sentencia de 14 de noviembre de 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803)

Mediante el primer motivo del recurso, se alega que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la parte demandada violó el artículo 45 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), incurrió en errores manifiestos de apreciación y no ejecutó, o ejecutó de manera incorrecta, la sentencia de 14 de noviembre de 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803), en la medida en que dicha autoridad no colocó al demandante en condiciones de participar en cada uno de los procedimientos de calificación individuales y, en su lugar, efectuó una valoración global en el momento de adoptar las decisiones impugnadas el 6 de junio de 2018. Según la mencionada sentencia, la negativa a la promoción no podía ser justificada basándose en circunstancias que no eran conocidas por la Oficina en el momento en que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debería haber adoptado una decisión.

Asimismo, el demandante alega que la negativa global a la promoción durante cuatro años consecutivos sobre la base del mismo comportamiento del demandante es ilícita, ya que se trata de una sanción tan severa como la prevista en el artículo 9, apartado 1, letras e) y f), del anexo IX del Estatuto y representa, en definitiva, una denegación permanente de la promoción con carácter de sanción, que soslayaría el derecho de defensa que ampara al demandante en los procedimientos disciplinarios así como una «doble sanción».

Además, el demandante sostiene que las decisiones impugnadas de la Oficina le causaron un perjuicio ilícitamente debido a la prolongada duración de su enfermedad, por cuanto la parte demandada no computó positivamente el período de su enfermedad como tiempo durante el cual mejoró el comportamiento que se le reprochaba, lo que constituye un error manifiesto de apreciación, un error en la aplicación del artículo 45 del Estatuto y un error en la ejecución de la sentencia de 14 de noviembre de 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803).

2.

Vulneración del derecho a ser oído del demandante con arreglo al artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los derechos procesales del demandante recogidos en el artículo 5 de la Decisión C(2013) 8968 final de la Comisión de 16 de diciembre de 2013, por la que se adoptan disposiciones generales de aplicación del artículo 45 del Estatuto, y en particular en el artículo 5, apartados 5 y 7, de dicha Decisión.

En el marco del segundo motivo del recurso, se alega que la parte demandada violó el derecho fundamental del demandante a ser oído antes de la adopción de una decisión que pueda resultar lesiva para él, toda vez que el demandante no tuvo ocasión, anteriormente, de presentar observaciones. La parte demandada no discutió este extremo.

Así pues, la demandada vulneró también directamente los derechos procesales del demandante recogidos en el artículo 5 de la Decisión C(2013) 8968 final de la Comisión de 16 de diciembre de 2013, por la que se adoptan disposiciones generales de aplicación del artículo 45 del Estatuto, y en particular en el artículo 5, apartados 5 y 7, de la citada Decisión, los cuales reflejan el elevado rango del derecho fundamental a ser oído que ha sido vulnerado y confirman que el demandante tenía derecho, también en el presente caso, a ser oído antes de la adopción de las decisiones impugnadas.

—

Anule las decisiones de la EUIPO comunicadas mediante escrito de 4 de junio de 2018, con las cuales se desestimaron las pretensiones de la demandante formuladas mediante escrito de 25 de enero de 2018 y relativas a

—

Condene a la EUIPO a abonar a la demandante una indemnización razonable, calculada discrecionalmente por el Tribunal General, por los daños morales y materiales sufridos por ella debido a la decisión de la EUIPO mencionada en el punto primero de las presentes pretensiones.

—

Condene en costas a la EUIPO.

1.

Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, en el no ejercicio de la facultad discrecional de la demandada, en la vulneración de los principios de no discriminación y de igualdad de trato, y en la vulneración de la prohibición de arbitrariedad.

2.

Segundo motivo, basado en la ilegalidad de la cláusula resolutoria debido a la infracción de las Directrices, en la vulneración del principio de correcta administración, de los principios de no discriminación y de igualdad de trato y del principio según el cual la rescisión de un contrato de un agente temporal con arreglo al artículo 2, letras a) o f), del ROA requiere una causa que lo justifique («iusta causa»), y en la infracción del artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, (1) del Acuerdo Marco [en especial de sus artículos 1, letra b), y 5, número 1], y del artículo 4 del Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción de las Directrices, que también constituye un vicio sustancial de procedimiento, en la vulneración de los principios de no discriminación y de igualdad de trato y del principio de buena administración y eficiencia de la gestión presupuestaria, en la vulneración del derecho a ser oído antes de la adopción de una decisión desfavorable [artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta], en la vulneración del deber de asistencia y protección y del deber de observancia de los legítimos intereses de la demandante, en un error manifiesto de apreciación al ponderar los intereses de la demandante y los intereses del servicio, y en la vulneración de la prohibición de arbitrariedad.

4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, frases segunda y tercera, del ROA y en la vulneración de la prohibición de sucesión de relaciones laborales.

5.

Quinto motivo, basado en el mantenimiento ilícito de la cláusula resolutoria en el marco del acta de reincorporación así como en la vulneración de la confianza legítima, de los intereses legítimos de la demandante y del deber de asistencia y protección mediante la aplicación de la cláusula resolutoria.

6.

Sexto motivo, basado en la vulneración de la confianza legítima de la demandante y del deber de asistencia y protección, así como en la inobservancia de los legítimos intereses de la demandante y en un error manifiesto de apreciación de los intereses del servicio.

—

Anule y modifique la resolución impugnada;

y, en consecuencia,

—

declare la validez de la marca de la Unión Europea «goclean» n.o 13270046 registrada el 9 de febrero de 2013 en relación con todos o parte de los productos de la clase 11 (cisternas para retretes; tazas de retretes; instalaciones de conductos de agua);

—

condene a la EUIPO y/o a la solicitante Ceramica Cielo S.p.A. al pago de las costas del presente procedimiento y a las de los dos anteriores ante la División de Anulación y la Sala de Recurso, a favor de Ceramica Flaminia S.p.A.

—

Infracción y aplicación incorrecta del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Interpretación del carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Calificación infundada de la marca como eslogan.

—

Infracción y aplicación incorrecta del artículo 95, apartado 1, en relación con el artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción y aplicación incorrecta del artículo 7, apartado 3, y del artículo 59, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la Decisión C(2018) 7141 final de la Comisión, adoptada por la Comisión Europea el 31 de octubre de 2018 en el asunto relativo a la ayuda de Estado SA.44678 (2018/N) — Lituania — Modificación de la ayuda para LNG Terminal en Lituania.

—

Condene a la Comisión Europea y a cualquier coadyuvante en apoyo de la Comisión a cargar con las costas.

—

Las demandantes alegan que de las pruebas en el presente asunto se desprende que la Comisión debería haber albergado dudas acerca de la compatibilidad de la ayuda de Estado con el mercado interior, por lo que debería haber iniciado un procedimiento de investigación formal. Las pruebas se refieren a la duración de la investigación previa, a las otras circunstancias bajo las que se adoptó la decisión impugnada y a las irregularidades que se reflejan en el contenido de la decisión, que no está suficientemente motivada y adolece de errores graves de apreciación. Además, se alega que la Comisión no tuvo en cuenta muchos aspectos relevantes que debería haber tomado en consideración antes de llegar a la conclusión de que disponía de información suficiente para declarar la ayuda compatible con el mercado interior.

—

En particular, las demandantes alegan que: i) la valoración de la necesidad de un Servicio de interés económico general (SIEG) y de su alcance es defectuosa e insuficiente; ii) la Comisión incurrió en error al determinar que la ayuda era conforme con el marco del SIEG; iii) la decisión impugnada no valoró suficientemente las últimas modificaciones a la ayuda, por lo que carece de motivación adecuada; iv) la valoración en la decisión impugnada acerca de la necesidad y la proporcionalidad de las medidas de ayuda es defectuosa e insuficiente; y v) la decisión impugnada no valora suficientemente el impacto significativo sobre la competencia en el suministro de gas en Lituania y el comercio con otros Estados miembros.

—

Anule la Decisión de la Comisión BUDG/DGAl/C/4/PL/Ares(2019) s. 283284 de 24 de enero de 2019; y

—

condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada infringe el artículo 266 TFUE al negar la restitución de las multas pagadas por la demandante en cumplimiento de la Decisión de la Comisión C(2016) 3920 de 29 de junio de 2016.

2.

Segundo motivo, basado en que la Decisión impugnada infringe el artículo 266 TFUE, al aplicar nuevamente de facto la Decisión C(2010) 727 (final), de 8 de febrero de 2010, o la Decisión de la Comisión C(2016) 3920 de 29 de junio de 2016, ambas anuladas por el Tribunal General mediante, respectivamente, sus sentencias de 15 de julio de 2015, GEA Group/Comisión, T-189/10, EU:T:2015:504 y de 18 de octubre de 2018, GEA Group/Comisión, T-640/16, EU:T:2018:700.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual (emplazamiento de Steinbach am Wald) y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual (emplazamientos de Großbreitenbach y de Schleusingen).

—

Con carácter aún más subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas respecto al emplazamiento de Steinbach am Wald.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto al año 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual.

—

Con carácter aún más subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Con carácter principal:

—

Con carácter subsidiario:

—

Condene en costas a las partes demandadas según se interesa.

1.

Primer motivo: abuso de Derecho, por utilización sucesiva de contratos de duración determinada y violación del principio de proporcionalidad.

2.

Segundo motivo: violación del principio de igualdad de trato y no discriminación.

3.

Tercer motivo: vulneración del derecho de audiencia de las partes demandantes.

4.

Cuarto motivo: inseguridad jurídica causada a las partes demandantes y vulneración del derecho a una recta administración.

5.

Quinto motivo: violación del principio de consulta a los representantes del personal.

6.

Sexto motivo: infracción del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa.

7.

Séptimo motivo: vulneración del derecho a la libre circulación de los trabajadores.

Por otra parte, las partes demandantes invocan la existencia de discriminación entre trabajadores en el seno de las instituciones y, concretamente, habida cuenta de los derechos reconocidos a los agentes temporales, el impago de asignaciones diversas, la cotización al fondo de pensiones, el rembolso de gastos y, en su caso, el hecho de que no se compute una antigüedad de 20 años.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual.

—

Con carácter aún más subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto al año 2012 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciare la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto al año 2012 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual.

—

Con carácter aún más subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del segundo motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter aún más subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter aún más subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

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Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del segundo motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del segundo motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

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Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual.

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Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166 (DO 2019, L 14, p. 1), respecto a los años 2012 y 2013.

—

Con carácter subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, respecto a los años 2012 y 2013 en relación con la demandante.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en la medida en que dispone el reembolso de más del 10 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 8 000 horas de consumo anual, el reembolso de más del 15 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual y el reembolso de más del 20 % a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 000 horas de consumo anual.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 15 % de las tarifas de acceso a la red publicadas a los consumidores de carga de banda con un mínimo de 7 500 horas de consumo anual.

—

Con carácter aún más subsidiario, anule la Decisión SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), de 28 de mayo de 2018, notificada con el número C(2018) 3166, en relación con la demandante, en la medida en que dispone el reembolso de más del 20 % de las tarifas de acceso a la red publicadas.

—

Condene a la parte demandada a cargar con las costas, incluidas las relativas a los honorarios de abogados y a los gastos de desplazamiento.

1.

Error al apreciar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

En el marco del primer motivo, se alega que la demandada, al valorar la exención controvertida de la tarifa de acceso a la red, admitió erróneamente que habían intervenido fondos estatales.

Además, al valorar la especificación «selectividad», el sistema de referencia se determinó de modo erróneo e incompleto.

Se alega asimismo que la demandada incumplió su obligación de motivación, que impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debido a la determinación incompleta del sistema de referencia.

2.

Vulneración del principio de igualdad de trato.

En el marco del segundo motivo, se alega que con la decisión de la demandada se determinaron únicamente obligaciones de pago residual para los consumidores de carga de banda que obtuvieron la exención íntegra de las tarifas de acceso a la red en 2012 y en 2013. Por tanto, esos consumidores fueron tratados de modo diverso y, sin existir justificación, se vieron tratados de manera menos ventajosa que los consumidores de carga de banda que solicitaron respecto al mismo período reducciones a tanto alzado de las tarifas de acceso a la red y a los cuales no se impusieron obligaciones de pago residual.

A este respecto, se alega también que la demandada incumplió su obligación de motivación en relación con el trato no igualitario, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Con el trato no igualitario se conculca además el principio de no discriminación a tenor del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE. (1)

3.

Violación del principio de protección de la confianza legítima.

En el marco del tercer motivo, la demandante alega que, por circunstancias particulares, podía confiar en la posibilidad de mantener las tarifas de acceso a la red especiales que se le atribuyeron.

—

Admita la presente demanda y, en consecuencia, la declare fundada.

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Declare que la parte demandante no adeuda las notas de adeudo con los n.os 3241901815 (94 445,00 euros) y 3241901886 (121 517,00 euros) emitidas el 4 de febrero de 2019 y, en la medida en que sea necesario, declare la nulidad de dichas notas de adeudo de conformidad con los artículos 263 y 264 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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Condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de los gastos y las costas, cuyo importe se estima provisionalmente en 8 000 euros.

1.

Primer motivo, basado en que no se comunicó el informe definitivo de auditoría y en que la parte demandante no pudo hacer valer su punto de vista con conocimiento de causa. Esa falta de comunicación tiene como consecuencia que las notas de adeudo emitidas por la Comisión no estén justificadas.