—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente 59122 (DAS-59122-7), de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (D054772-02),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y en particular su artículo 11, apartado 3, y su artículo 23, apartado 3,

—

Vista la votación en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal a la que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, celebrada el 16 de enero de 2018, en la que no se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el 18 de mayo de 2017 y publicado el 29 de junio de 2017 (3),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.o 182/2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos modificados genéticamente (4),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

—

Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que mediante la Decisión 2007/702/CE de la Comisión se autorizó la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 59122; que, con anterioridad a esa Decisión de la Comisión, el 23 de marzo de 2007 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen favorable de conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 que se publicó el 3 de abril de 2007 (5) (en lo sucesivo, «primer dictamen de la EFSA»);

B.

Considerando que, el 19 de julio de 2016, Pioneer Overseas Corporation y Dow AgroSciences Ltd. (en lo sucesivo, «solicitantes») solicitaron conjuntamente a la Comisión, con arreglo a los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, la renovación de la autorización de comercialización de alimentos y piensos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 59122; que dicha solicitud se refiere asimismo a la comercialización de productos que estén compuestos del maíz modificado genéticamente 59122 o lo contengan, para cualquier uso que no sea como alimento o pienso al igual que otros tipos de maíz, a excepción del cultivo;

C.

Considerando que, el 18 de mayo de 2017, la EFSA adoptó un dictamen favorable de conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 que se publicó el 29 de junio de 2017 (6) (en lo sucesivo, «segundo dictamen de la EFSA»);

D.

Considerando que en el maíz modificado genéticamente 59122 se expresan las proteínas CRY34Ab1 y CRY35Ab1, que le confieren resistencia frente a plagas de coleópteros pertenecientes al género Diabrotica, como las larvas de crisomélido del maíz, así como la proteína PAT, que le confiere tolerancia a herbicidas que contienen glufosinato;

E.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 establece que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente y que la Comisión debe tener en cuenta al redactar el proyecto de decisión cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relevantes para el asunto sometido a consideración;

F.

Considerando que, durante el período de consulta de tres meses, los Estados miembros presentaron numerosas observaciones críticas con respecto al primer dictamen de la EFSA (7) en relación, entre otros aspectos, con el insuficiente plan de vigilancia, el riesgo de exposición a toxinas BT de organismos no objetivo, y la falta de fundamento para llegar a la conclusión de que los piensos producidos con el maíz modificado genéticamente 59122 son sustancialmente equivalentes, equivalentes desde el punto de vista nutritivo y tan seguros como los piensos producidos a partir de maíz comercial, y, en relación con el ensayo de 90 días con ratas, el hecho de que el maíz modificado genéticamente 59122 se administrara a una misma dosis durante todo el ensayo, infringiendo así la recomendación contenida en las directrices de la OCDE al respecto;

G.

Considerando que, tras la presentación de la solicitud de nueva autorización de los solicitantes, se pidió a la EFSA que evaluara la información presentada por los solicitantes, incluidos los informes de seguimiento medioambiental tras la comercialización y once estudios de investigación primaria publicados entre 2007 y 2016; que, basándose en su evaluación de la información presentada, la EFSA adoptó un dictamen favorable (el segundo dictamen de la EFSA ya mencionado) en el que se llegaba a la conclusión de que no se había detectado ningún nuevo peligro, ninguna exposición modificada ni ninguna nueva incertidumbre científica que cambiasen las conclusiones de la evaluación de riesgo inicial del maíz 59122;

H.

Considerando que, durante el período de consulta de tres meses, los Estados miembros presentaron numerosas observaciones críticas con respecto al segundo dictamen de la EFSA (8), entre ellas las que afirmaban que los controles del maíz modificado genéticamente 59122 efectuados no pueden aportar resultados significativos para la evaluación actual y para resolver las dudas en relación con la evaluación de riesgo llevada a cabo antes de la autorización, por ejemplo en lo tocante a la exposición del medio ambiente, y que el enfoque de control aplicado al maíz modificado genéticamente 59122 no es coherente con los requisitos establecidos en el anexo VII de la Directiva 2001/18/CE;

I.

Considerando que un Estado miembro preguntó por qué los solicitantes no habían presentado varios estudios públicos que demostraban la inmunogenicidad de las proteínas Cry en los ratones, que por tanto no fueron evaluados por la EFSA, y recomendó que se atendieran las inquietudes en relación con la inmunogenicidad y la adyuvanticidad de las proteínas Cry expresadas en el maíz modificado genéticamente 59122 antes de aprobar la renovación de la autorización;

J.

Considerando que un Estado miembro señaló que la Unión ha aprobado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que atribuye responsabilidades internacionales tanto a los países exportadores como a los países importadores en lo tocante a la diversidad biológica, por lo que es importante tener presentes las consecuencias de la importación del maíz modificado genéticamente 59122 en la Unión no solo para la biodiversidad de la Unión sino también para la biodiversidad de los países en los que se cultiva;

K.

Considerando que el glufosinato está clasificado como tóxico para la reproducción y, por lo tanto, cabe aplicarle los criterios de exclusión establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (9); que la aprobación del glufosinato vence el 31 de julio de 2018 (10);

L.

Considerando que la aplicación de herbicidas complementarios forma parte de la práctica agrícola habitual en el cultivo de plantas resistentes a los herbicidas y que cabe esperar, por lo tanto, que los residuos procedentes de la pulverización estén siempre presentes en la cosecha y sean componentes inevitables; que se ha demostrado que los cultivos modificados genéticamente para hacerlos tolerantes a los herbicidas dan lugar a una mayor utilización de herbicidas complementarios que sus equivalentes convencionales (11);

M.

Considerando que en ninguno de los dos dictámenes de la EFSA se evaluaron los residuos procedentes de la pulverización con glufosinato; que habrá residuos de glufosinato en el maíz modificado genéticamente 59122 importado en la Unión para su uso en alimentos y piensos;

N.

Considerando que desde la perspectiva de la seguridad alimentaria sería inaceptable, así como totalmente incoherente, autorizar la importación de un maíz modificado genéticamente tolerante al glufosinato, dado que la autorización del uso del glufosinato en la Unión expirará el 31 de julio de 2018 debido a su toxicidad para la reproducción (12);

O.

Considerando que en la votación del 16 de enero de 2018 del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen; que doce Estados miembros votaron en contra, otros doce, que representan tan solo al 38,83 % de la población de la Unión, votaron a favor, y cuatro Estados miembros se abstuvieron;

P.

Considerando que la Comisión ha deplorado en varias ocasiones que desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 se hayan adoptado decisiones de autorización sin el apoyo del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y que la devolución del expediente a la Comisión para su decisión definitiva, que es claramente excepcional en el conjunto del procedimiento, se haya convertido en la norma para la adopción de decisiones respecto de las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente; que Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, también ha deplorado esta práctica por no considerarla democrática (13);

Q.

Considerando que, el 28 de octubre de 2015, el Parlamento rechazó en primera lectura la propuesta legislativa de 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (14) y pidió a la Comisión que la retirase y presentara una nueva;

R.

Considerando que, de conformidad con el considerando 14 del Reglamento (UE) n.o 182/2011, la Comisión debe actuar en la medida de lo posible de manera que se evite ir contra cualquier posición predominante que pueda surgir en el comité de apelación contraria a la adecuación del acto de ejecución, en particular en relación con sectores particularmente sensibles, como la salud de los consumidores, la seguridad de los alimentos y el medio ambiente;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

—

Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la comercialización para su cultivo, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genéticamente para hacerlo resistente a algunas plagas de lepidópteros (DO C 482 de 23.12.2016, p. 110).

—

Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25, lo contengan o se hayan producido a partir de él (DO C 399 de 24.11.2017, p. 71).

—

Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 (DO C 35 de 31.1.2018, p. 19).

—

Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 (DO C 35 de 31.1.2018, p. 17).

—

Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 (MST-FGØ72-2) (DO C 35 de 31.1.2018, p. 15).

—

Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que combinan dos o tres de esos eventos (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0271).

—

Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión, relativa a la comercialización de un clavel modificado genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea SHD-27531-4) (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0272).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente MON 810 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0388).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos a base de maíz modificado genéticamente MON 810 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0389).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente Bt11 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0386).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente 1507 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0387).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0390).

—

Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que combinan dos, tres o cuatro de los eventos Bt11, 59122, MIR604, 1507 y GA21, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0123).

—

Resolución, de 17 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0215).

—

Resolución, de 17 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB119 (BCS-GHØØ5-8) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0214).

—

Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-68416-4 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0341).

—

Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 × A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0377).

—

Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-44406-6 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0378).

—

Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0396).

—

Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0397).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de colza oleaginosa modificada genéticamente MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) y MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0398).

—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6, y de maíz modificado genéticamente que combina dos de los eventos MON 87427, MON 89034 y NK603 (D054771-02),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,

—

Vista la votación en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal a la que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, celebrada el martes, 16 de enero de 2018, en la que no se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria el 28 de junio de 2017, y publicado el 1 de agosto de 2017 (3),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.o 182/2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos modificados genéticamente (4),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

—

Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, el 13 de septiembre de 2013, Monsanto Europe S.A. presentó a la autoridad competente de Bélgica una solicitud, de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, para la comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603; que dicha solicitud se refiere asimismo a la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603 o lo contengan, para cualquier uso que no sea como alimento o pienso al igual que otros tipos de maíz, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que la solicitud se refería, para esos usos, a las tres subcombinaciones de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603;

C.

Considerando que el maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603 contiene dos genes de resistencia al glifosato y produce las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2, que confieren resistencia a determinadas plagas de lepidópteros;

D.

Considerando que, el 28 de junio de 2017, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen favorable, de conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, publicado el 1 de agosto de 2017 (5);

E.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 establece que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deberán tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente y que la Comisión deberá tener en cuenta al redactar el proyecto de decisión cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relevantes para el asunto sometido a consideración;

F.

Considerando los numerosos comentarios críticos presentados por los Estados miembros durante los tres meses del período de consultas (6); que la mayoría de los comentarios críticos incluyen el hecho de que el análisis de la composición no abarca los residuos de los herbicidas complementarios ni sus metabolitos; que, debido a la preocupación existente con respecto a, entre otros, los estudios que muestran un incremento en la incidencia de cálculos vesicales en ratones alimentados con maíz MON 89034, no cabe extraer una conclusión sobre los riesgos asociados al uso de este organismo modificado genéticamente (OMG) en la alimentación humana o animal; que se requiere más información antes de poder finalizar la evaluación del riesgo y que no cabe extraer conclusiones con respecto a los efectos subcrónicos (no se realizó un estudio de 90 días), a largo plazo, reproductivos o de desarrollo de la totalidad de los alimentos o los piensos;

G.

Considerando que la autoridad competente de un Estado miembro ha llamado la atención sobre el hecho de que, para el maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603 (tratado con glifosato), se identificaron diferencias estadísticamente significativas con respecto al comparador no modificado genéticamente para 16 parámetros de semillas (7) y 2 parámetros de forraje (8), que se identificó un número aún mayor de parámetros de semillas (42) en una comparación entre el maíz modificado genéticamente no tratado con glifosato y su comparador no modificado genéticamente, y que la disminución significativa del contenido de vitaminas y minerales en los cultivos es motivo de gran preocupación para la salud humana y animal, dado que la malnutrición del tipo B es un problema global;

H.

Considerando que un estudio independiente (9) ha llegado a la conclusión de que, habida cuenta de dichas diferencias estadísticas, cabe suponer que el maíz modificado genéticamente es esencialmente diferente de su comparador en lo que respecta a numerosas características de composición y biológicas y que, si bien los cambios considerados de forma aislada podrían no plantear problemas de seguridad, el número global de efectos y su gran importancia deberían haber dado pie a unas investigaciones más detalladas; considerando que la EFSA no llevó a cabo más estudios;

I.

Considerando que el solicitante no facilitó datos experimentales para las subcombinaciones MON 87427 × MON 89034 y MON 87427 × NK603; que, si bien los expertos en OMG de la EFSA, tras la extrapolación de datos experimentales proporcionados para la otra subcombinación y eventos únicos, consideraron que las dos subcombinaciones eran tan seguras como los eventos únicos evaluados para el maíz, MON 89034 × NK603 y MON 87427 × MON 89034 × NK603, no se llevó a cabo ninguna evaluación de la incertidumbre relativa a la extrapolación; que estas deficiencias podrían invalidar la conclusión general del dictamen de la EFSA y también pueden ser contrarias a lo establecido en el documento de la EFSA titulado, «Directrices sobre análisis de la incertidumbre en la evaluación científica», publicado en enero de 2018 (10); y que no debe contemplarse la autorización sin una evaluación exhaustiva de los datos experimentales, con respecto a cada subcombinación de un evento acumulado;

J.

Considerando que la Comisión Técnica sobre OMG de la EFSA observó que el plan de seguimiento medioambiental post-comercialización presentado por el solicitante para el maíz acumulado en tres eventos no incluye ninguna disposición para las dos subcombinaciones MON 87427 × MON 89034 y MON 87427 × NK603, por lo que recomendó que el solicitante revisara el plan en consecuencia; considerando que, con arreglo al plan de seguimiento presentado por el solicitante, no se ha tenido en cuenta esta recomendación (11);

K.

Considerando que uno de los principales objetivos del evento acumulado es aumentar la tolerancia de la planta al glifosato (tanto NK603 como MON 87427 expresan enzimas EPSPS, que confieren tolerancia al glifosato); que, en consecuencia, cabe suponer que la planta se verá expuesta a dosis más elevadas y reiteradas de glifosato, lo cual no solo aumentará la presencia de residuos en las cosechas, sino que además podrá influir en la composición de las plantas y sus características agronómicas; que este aspecto no se examinó en la evaluación de riesgo; y que en el dictamen de la EFSA tampoco se evaluaron los residuos procedentes de la pulverización con glifosato;

L.

Considerando que siguen existiendo interrogantes en lo que respecta a la carcinogenicidad del glifosato; que en noviembre de 2015 la EFSA concluyó que el glifosato tiene pocas probabilidades de ser carcinógeno y en marzo de 2017 la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó que no estaba justificada su clasificación; que, en cambio, en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS clasificó el glifosato como un probable carcinógeno para los humanos; que el Parlamento ha constituido una comisión especial sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas que ayudará a decidir si en las conclusiones de las agencias de la Unión sobre la carcinogenicidad del glifosato pesó una influencia indebida del sector;

M.

Considerando que, según el grupo de expertos de la EFSA sobre plaguicidas, sobre la base de los datos aportados hasta la fecha no pueden extraerse conclusiones sobre la seguridad de los residuos procedentes de la pulverización de cultivos modificados genéticamente con preparados de glifosato (12); que los aditivos y sus mezclas utilizados en preparados comerciales para la pulverización con glifosato muestran una toxicidad mayor que la del ingrediente activo por sí solo (13); que la Unión ya ha retirado del mercado un aditivo denominado POE-tallowamina debido a las dudas en cuanto a su toxicidad; que, sin embargo, aún pueden estar autorizados mezclas y aditivos problemáticos en los países en los que se cultiva este maíz modificado genéticamente;

N.

Considerando que el maíz modificado genéticamente se utiliza mucho en la Unión para la producción de piensos; que un estudio científico revisado por pares ha hallado una posible correlación entre la presencia de glifosato en los piensos administrados a cerdas preñadas y un incremento en la incidencia de varias anomalías congénitas graves en sus lechones (14);

O.

Considerando que el desarrollo de cultivos modificados genéticamente tolerantes a varios herbicidas selectivos se debe principalmente a la resistencia al glifosato desarrollada rápidamente por las plantas adventicias en los países que han adoptado a gran escala los cultivos modificados genéticamente;

P.

Considerando que los elementos resistentes a insectos del evento acumulado se deben al MON 89034, que expresa las proteínas Bt (Cry1A.105 y Cry2Ab2) que le confieren resistencia a determinadas plagas de lepidópteros (por ejemplo, el taladro europeo (Ostrinia nubilalis)); que, según un estudio independiente realizado en el contexto de la evaluación de riesgo de la EFSA, también deberían haberse considerado los residuos de glifosato como un potente cofactor de estrés, dado que el impacto en las células y los organismos expuestos a varios factores de riesgo de forma paralela puede ser fundamental para la eficacia de las toxinas Bt (15); que en un estudio científico de 2017 sobre el posible impacto sobre la salud de las toxinas Bt y los residuos procedentes de la pulverización con herbicidas complementarios se llega a la conclusión de que debe prestarse especial atención a los residuos de herbicidas y a su interacción con las toxinas Bt (16); que la EFSA no ha investigado esta cuestión;

Q.

Considerando que en la votación del 16 de enero de 2018 del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen; que quince Estados miembros votaron en contra, mientras que solo diez, que representan solo al 38,75 % de la población de la Unión, votaron a favor, y tres Estados miembros se abstuvieron;

R.

Considerando que la Comisión ha deplorado en varias ocasiones que desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 se hayan adoptado decisiones de autorización sin el apoyo del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y que la devolución del expediente a la Comisión para su decisión definitiva, que es claramente excepcional en el conjunto del procedimiento, se haya convertido en la norma para la adopción de decisiones respecto de las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente; que Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, también ha deplorado esta práctica por no considerarla democrática (17);

S.

Considerando que, el 28 de octubre de 2015, el Parlamento rechazó en primera lectura la propuesta legislativa de 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (18) y solicitó a la Comisión que la retirase y presentara una nueva;

T.

Considerando que, de conformidad con el considerando 14 del Reglamento (UE) n.o 182/2011, la Comisión debe actuar en la medida de lo posible de manera que se evite ir contra cualquier posición predominante que pueda surgir en el comité de apelación contraria a la adecuación del acto de ejecución, en particular en relación con sectores particularmente sensibles, como la salud de los consumidores, la seguridad de los alimentos y el medio ambiente;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

—

Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la comercialización para su cultivo, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genéticamente para hacerlo resistente a algunas plagas de lepidópteros (DO C 482 de 23.12.2016, p. 110).

—

Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25, lo contengan o se hayan producido a partir de él (DO C 399 de 24.11.2017, p. 71).

—

Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 (DO C 35 de 31.1.2018, p. 19).

—

Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 (DO C 35 de 31.1.2018, p. 17)

—

Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 (MST-FGØ72-2) (DO C 35 de 31.1.2018, p. 15).

—

Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que combinan dos o tres de esos eventos (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0271).

—

Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión, relativa a la comercialización de un clavel modificado genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea SHD-27531-4) (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0272).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente MON 810 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0388).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos a base de maíz modificado genéticamente MON 810 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0389).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente Bt11 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0386).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente 1507 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0387).

—

Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0390).

—

Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que combinan dos, tres o cuatro de los eventos Bt11, 59122, MIR604, 1507 y GA21, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0123).

—

Resolución, de 17 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0215).

—

Resolución, de 17 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB119 (BCS-GHØØ5-8) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0214).

—

Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-68416-4 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0341).

—

Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 × A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0377).

—

Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-44406-6 con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0378).

—

Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0396).

—

Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0397).

—

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de colza oleaginosa modificada genéticamente MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) y MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0398).

—

Vista la propuesta motivada de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, presentada de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia — Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia (COM(2017)0835),

—

Vista la Recomendación de la Comisión (UE) 2018/103, de 20 de diciembre de 2017, relativa al Estado de Derecho en Polonia, complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 y (UE) 2017/1520 (1),

—

Vista la decisión de la Comisión de remitir a Polonia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por infracción del derecho de la Unión por la Ley que modifica la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios (2),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre la situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia (3) y sus resoluciones anteriores en la materia,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre la situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia afirma que la situación actual en Polonia constituye un claro riesgo de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE;

1.

2.

3.

4.

—

Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistas las referencias hechas en los anteriores informes relativos a la situación de los derechos fundamentales en la Unión,

—

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo y de otras instituciones y agencias europeas e internacionales,

—

Vistos los distintos informes de ONG nacionales, europeas e internacionales,

—

Vista la labor realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia,

—

Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),

—

Vista la labor realizada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, así como por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Peticiones,

—

Vistas la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional,

—

Vista la declaración conjunta de los dirigentes africanos y europeos sobre la situación migratoria en Libia, de 1 de diciembre de 2017, tras la cumbre entre la Unión Africana y la Unión Europea celebrada en Abiyán,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0025/2018),

A.

Considerando que la base de la integración europea es el respeto y el fomento de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho y los valores y principios consagrados en los Tratados europeos, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos;

B.

Considerando que, en virtud del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la UE se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, valores que son comunes a todos los Estados miembros y que deben ser respetados y promovidos activamente por cada uno de ellos y por la Unión en todas sus políticas, tanto internas como externas, de manera coherente; que, en virtud del artículo 17 del TUE, la Comisión debe velar por que se apliquen los Tratados;

C.

Considerando que el respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la protección de los derechos fundamentales y que es a los Estados miembros a quienes incumbe la responsabilidad última de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas promulgando y aplicando los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos; que el Estado de Derecho y los derechos fundamentales deben consolidarse constantemente; que cualquier cuestionamiento de estos principios va en detrimento no solo del Estado miembro de que se trate sino también de la Unión en su conjunto;

D.

Considerando que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales tiene carácter obligatorio en virtud del artículo 6, apartado 2, del TUE;

E.

Considerando que se debe prestar especial atención a la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables;

F.

Considerando que las derivas de gobernanza observadas en algunos Estados miembros ponen de manifiesto un enfoque selectivo de los beneficios y las responsabilidades que incumben a todos los Estados miembros de la Unión, y que la negativa de los Estados en cuestión a adherirse plenamente al Derecho europeo, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la previsibilidad de la actuación del Estado pone en tela de juicio la credibilidad de la Unión como espacio de Derecho;

G.

Considerando que la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a Europa continuó en 2016 (1); que muchos de estos migrantes recorren rutas extremadamente peligrosas, poniendo sus vidas a merced de tratantes de personas y delincuentes, y son vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación; que, según los datos del ACNUR, el 27 % de los migrantes que llegan a Europa por el Mediterráneo son menores; según los informes de Unicef y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), aproximadamente una cuarta parte de los adolescentes a los que se entrevistó mientras estaban en tránsito por la ruta del Mediterráneo central nunca había ido a la escuela;

H.

Considerando que en 2016 se generalizaron las respuestas racistas y xenófobas contra los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes, y que las personas especialmente vulnerables siguen expuestas a mayores niveles de discriminación, violencia y nuevos traumas durante el proceso de asilo;

I.

Considerando que la fuerte presión migratoria que sufren algunos Estados miembros desde hace varios años requiere una solidaridad real de la Unión para poner en marcha las estructuras de acogida adecuadas para los más necesitados y vulnerables; que muchos migrantes están a merced de traficantes y delincuentes, y son vulnerables a las violaciones de sus derechos, en particular a la violencia, el abuso y la explotación;

J.

Considerando que las mujeres y los niños corren mayor peligro de ser víctimas de la trata, la explotación y los abusos sexuales perpetrados por los tratantes, por lo que resulta necesario crear y consolidar sistemas de protección de menores con el fin tanto de prevenir la violencia, los abusos, el abandono y la explotación de los menores como de dar respuesta a estos problemas, de conformidad con los compromisos establecidos en el Plan de Acción de La Valeta;

K.

Considerando que la oleada continua de ataques terroristas en todo el territorio de la Unión ha suscitado una desconfianza generalizada hacia los musulmanes, tanto si son ciudadanos de la Unión como si son migrantes, y que algunos partidos políticos están aprovechando esta desconfianza y adoptando una retórica de repliegue identitario y odio al otro;

L.

Considerando que el recurso sistemático al estado de emergencia, a las medidas judiciales y administrativas extraordinarias y a los controles fronterizos es en gran medida inoperante frente a los terroristas, que a menudo han resultado ser residentes de larga duración e incluso ciudadanos de los Estados miembros de la Unión;

M.

Considerando que entre las medidas políticas adoptadas por muchos Estados miembros en el contexto de la llegada de solicitantes de asilo y migrantes se halla la del restablecimiento de los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen, medida que se está consolidando en el tiempo;

N.

Considerando que el discurso del odio incluye todas las formas de expresión, tanto en línea como fuera de línea, que propagan, alientan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia o los prejuicios contra el sexo, la raza, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la región o creencia, las opiniones políticas o de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona u otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluidas las acciones de los partidos y dirigentes políticos que promueven ideas, políticas, discursos y prácticas racistas y xenófobas y difunden noticias falsas; que el desarrollo de nuevos medios de comunicación facilita el discurso del odio en el entorno en línea; que, según el Consejo de Europa, el discurso del odio en el entorno en línea exige una reflexión y medidas adicionales para regular este fenómeno y abordar nuevas formas de combatirlo;

O.

Considerando el riesgo de que en los Estados miembros se empiece a trivializar el auge del odio y la violencia racial y de género y la xenofobia, ya sea en forma de actos motivados por el odio, noticias falsas, mensajes anónimos difundidos en las redes sociales y otras plataformas de internet, manifestaciones o propaganda política;

P.

Considerando que las sociedades modernas no pueden funcionar ni pueden desarrollarse sin un sistema de medios de comunicación libres, independientes, profesionales y responsables, basado en principios tales como la comprobación de los hechos, la muestra de una pluralidad de opiniones informadas, la protección de la confidencialidad de las fuentes mediáticas y la seguridad de los periodistas, la protección de la libertad de expresión y medidas para limitar las noticias falsas; que el papel de los medios de comunicación públicos es esencial para garantizar la independencia de los medios de comunicación;

Q.

Considerando que todos los informes recientes de agencias y organismos internacionales y europeos y de la sociedad civil, incluidas las ONG, revelan numerosos progresos; que, pese a todo, persisten las violaciones de los derechos fundamentales en todos los Estados miembros, tanto en términos de discriminación contra las minorías como de corrupción, tolerancia del discurso del odio, condiciones de detención y condiciones de vida de los migrantes;

R.

Considerando que el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE», publicado en marzo de 2014, señalaba que un tercio de las mujeres en Europa había sufrido actos de violencia física o sexual al menos una vez durante su vida adulta y que el 20 % de las mujeres había sufrido acoso cibernético; que la violencia contra las mujeres y la violencia de género —física y psicológica— constituyen un fenómeno muy extendido en la Unión y deben entenderse como una forma extrema de discriminación que afecta a mujeres de todos los estratos de la sociedad; que es necesario adoptar medidas adicionales que alienten a las mujeres víctimas de la violencia a denunciar estas experiencias y buscar ayuda;

S.

Considerando que el respeto de los derechos de las personas que pertenecen a minorías y del derecho a la igualdad de trato es uno de los principios fundamentales de la Unión; que aproximadamente el 8 % de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría nacional y aproximadamente el 10 % habla una lengua regional o minoritaria; que, a excepción de los procedimientos de infracción, la Unión solo dispone en la actualidad de instrumentos de eficacia limitada para responder a las manifestaciones sistemáticas e institucionales de discriminación, racismo y xenofobia contra las minorías; que existen discrepancias entre los distintos Estados miembros en lo que respecta al reconocimiento de las minorías y al respeto de sus derechos; que, a pesar de los numerosos llamamientos a la Comisión al respecto, solo se han adoptado medidas limitadas para garantizar una protección eficaz de las minorías;

T.

Considerando que los medios digitales han proporcionado a los niños grandes posibilidades; que, sin embargo, los niños se enfrenta al mismo tiempo a nuevos riesgos; que debe educarse a los niños acerca de sus derechos fundamentales en el mundo digital para que este sea más seguro para ellos; que las líneas telefónicas de ayuda para niños son instrumentos indispensables en los casos relacionados con la violación de los derechos de los niños; que debe promoverse el desarrollo de la alfabetización digital, incluida la alfabetización en medios de comunicación e información, como parte de los planes de estudios en la educación básica y desde los primeros años de escolarización; que los derechos fundamentales deben promoverse y protegerse en línea de la misma forma y con el mismo alcance que en el mundo fuera de línea;

U.

Considerando que los servicios de administración electrónica se han hecho cada vez más accesibles en toda la Unión en 2016; que el Portal Europeo de e-Justicia permite a los ciudadanos y a los profesionales de la justicia obtener información sobre los procedimientos jurídicos europeos y nacionales y sobre el funcionamiento de la justicia;

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Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la salud de las abejas melíferas y los retos del sector apícola (1),

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca (8606/11 ADD 1 REV 1) sobre la Comunicación de la Comisión sobre la salud de las abejas melíferas (COM(2010)0714),

—

Vistos los trabajos de la Semana Europea de la Abeja y la Polinización —EU BeeWeek— que se organiza en el Parlamento Europeo desde 2012,

—

Visto el informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) «Collecting and Sharing Data on Bee Health: Towards a European Bee Partnership» (Recopilación e intercambio de datos sobre la salud de las abejas: hacia una asociación europea para las abejas), de septiembre de 2017, por el que se establece la Asociación Europea para las Abejas,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0014/2018),

A.

Considerando que el sector apícola, que en la Unión representa a más de 620 000 apicultores, es parte integrante de la agricultura europea (2); considerando que la apicultura está muy extendida como afición o para consumo propio, pero también como actividad profesional;

B.

Considerando que el valor económico que generan las abejas procede de la polinización y la producción de miel, cera de abejas y otros productos apícolas, y que los panales o colmenas de madera, así como el turismo apícola o apiturismo, son también de gran importancia;

C.

Considerando que el sector apícola es esencial para la Unión y contribuye de manera significativa a la sociedad, tanto desde el punto de vista económico —supone aproximadamente 14 200 millones de euros al año— como desde el punto de vista ambiental, manteniendo el equilibrio ecológico y la diversidad biológica, habida cuenta de que un 84 % de las especies vegetales y un 76 % de la producción de alimentos dependen de la polinización efectuada por las abejas domésticas y salvajes;

D.

Considerando que las abejas y los demás polinizadores efectúan la polinización y hacen posible, de ese modo, la reproducción de numerosas plantas cultivadas y silvestres, garantizando la producción y seguridad alimentarias y preservando de manera gratuita la biodiversidad en Europa y en el mundo; considerando que en la Unión la polinización es un fenómeno que a menudo se da por sentado y cuya importancia no se reconoce lo suficiente, mientras que en los Estados Unidos, por ejemplo, se destinan 2 000 millones de euros anuales a la polinización artificial; considerando que Europa alberga aproximadamente el 10 % de la diversidad mundial de abejas; que, según el Instituto Nacional de Investigación Agronómica francés, la mortalidad de las abejas supondría un coste de 150 000 millones de euros, el equivalente al 10 % del valor de mercado de los alimentos, lo que demuestra la necesidad de proteger a los insectos polinizadores;

E.

Considerando que hay estudios recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que demuestran que el aumento de la densidad y la variedad de insectos polinizadores tiene una repercusión directa en la productividad de las cosechas y que, a escala global, puede ayudar a los pequeños agricultores a aumentar su productividad media un 24 %;

F.

Considerando que no todos los países tienen un sistema de registro de apicultores y colmenas que facilite el seguimiento de la evolución del sector, el mercado y la salud de las abejas;

G.

Considerando que en 2014 la Comisión dedicó a los programas nacionales apícolas, en beneficio exclusivo de la apicultura, 32 millones de euros al año, cifra que en 2016 había aumentado a 36 millones, pero que dicha cantidad aún dista de ser suficiente (representa únicamente el 0,0003 % del presupuesto de la PAC);

H.

Considerando que entre 2004 y 2016 el número de colonias de abejas melíferas aumentó un 47,8 % a raíz de la adhesión de nuevos Estados miembros, pero que la financiación de la Unión solo aumentó un 12 %, por lo que la financiación de la Unión disponible no es suficiente para mantener la población de abejas y ayudar adecuadamente a los apicultores a renovar sus colonias tras las pérdidas sufridas en aquellos Estados miembros que padecen elevadas tasas de mortalidad;

I.

Considerando que pese a este incremento estadístico muchos apicultores profesionales han cesado su actividad y en algunos Estados miembros el número de colonias de abejas ha disminuido hasta en un 50 % o más (3), debido a los efectos del cambio climático (como heladas tardías, sequía o incendios), determinadas sustancias activas de origen químico y perturbaciones en el mercado interior europeo de la miel; considerando que en la actualidad siguen registrándose numerosos casos de pérdidas y perturbaciones en invierno;

J.

Considerando que los programas nacionales para el sector apícola que reciben cofinanciación de la Unión tienen un efecto globalmente positivo; considerando que es más probable que sea la ejecución nacional lo que puede, en ocasiones, generar desconfianza en el sector y, por consiguiente, reducir la aceptación de los programas;

K.

Considerando que el sector apícola sufre un problema demográfico y de envejecimiento de especial gravedad, puesto que solo un porcentaje mínimo de apicultores tiene menos de cincuenta años, lo que pone en peligro el futuro de esta profesión; considerando que la apicultura constituye una oportunidad laboral y de integración para los jóvenes en zonas rurales, ya que en muchas regiones europeas el acceso a la tierra es limitado;

L.

Considerando que unos buenos conocimientos teóricos combinados con formación práctica pueden servir para entender y abordar mejor los desafíos que aguardan a las colonias de abejas y son, por consiguiente, importantes; considerando que los apicultores deben llevar a cabo su actividad de forma responsable y profesional y en estrecha cooperación con los agricultores con el fin de hacer frente a futuros retos, como el cambio climático, las catástrofes naturales, la desaparición de las zonas de pecoreo, los ataques de animales salvajes y de especies de aves migratorias en determinadas regiones (puesto que la apicultura se practica a menudo al aire libre, las colmenas se encuentran muy expuestas a dichos predadores) y las elevadas cargas administrativas en algunos Estados miembros;

M.

Considerando que los programas nacionales apícolas cofinanciados por la Unión brindan a los participantes la oportunidad de emprender proyectos de investigación y desarrollo, y que los proyectos que prosperan pueden contribuir en gran medida a fortalecer el sector y a mejorar su capacidad de resistencia a las crisis naturales y de mercado; considerando que la transmisión de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas y prácticas innovadoras aportan valor añadido al sector apícola europeo, en particular si se complementan con un programa específico, como el actual «Erasmus para apicultores» en el marco del segundo pilar de la CAP;

N.

Considerando que la denominada agricultura «nómada» presenta muchos aspectos positivos pero también algunos problemas, en especial en lo que atañe al respeto de las normas para evitar la propagación de situaciones de riesgo, por lo que serían necesarias comprobaciones más minuciosas;

O.

Considerando que el aumento de la mortalidad de las abejas melíferas y los polinizadores silvestres en Europa al que estamos asistiendo resulta preocupante por sus repercusiones negativas en la agricultura, la biodiversidad y los ecosistemas; considerando que el aumento de la mortalidad de las abejas es atribuible a múltiples factores de estrés, que varían en función de la zona geográfica, las características locales o las condiciones climáticas; considerando que entre estos factores figuran el grave impacto de las especies exóticas invasoras, como el ácaro Varroa destructor, el pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida), la avispa asiática (Vespa velutina) y la loque americana, así como patógenos animales como la nosemosis, los efectos de ciertas sustancias activas presentes en los productos fitosanitarios y otros biocidas, el cambio climático, la degradación ambiental, la degeneración de los hábitats y la desaparición progresiva de las angiospermas; considerando que las abejas dependen de las tierras agrícolas, ya que las superficies y la diversidad de cultivos constituyen su principal fuente de alimentación, por lo que resultaría útil que tanto los apicultores como los agricultores establecieran un tipo de superficies de interés ecológico denominadas «superficies apícolas», que más adelante podrían utilizarse ampliamente en todos los Estados miembros, en particular en la época de baja floración;

P.

Considerando que a menudo los apicultores están indefensos frente a las enfermedades y los parásitos de las abejas puesto que carecen de información, formación y medios eficaces para combatirlos, tales como acceso a medicamentos para el tratamiento de las abejas; considerando que los apicultores reciben ayudas para adoptar medidas de protección contra el Varroa destructor, pero que dichas medidas aún no han alcanzado una eficacia plena debido a que las actividades de investigación y desarrollo relativas a los tratamientos contra especies parásitas y las consecuencias del régimen alimentario de las abejas y su exposición a productos químicos siguen siendo insuficientes;

Q.

Considerando que los apicultores están obligados a declarar las enfermedades y los parásitos, lo que conduce a la destrucción sistemática de las colmenas y puede empujar a estos a no declararlos; considerando que en el mercado hay pocos medicamentos disponibles para tratar las enfermedades de las abejas y que estos no satisfacen la necesidad cada vez mayor de medicamentos veterinarios eficaces; considerando que se han realizado ensayos con diversas sustancias naturales para el control de la varroosis y que tres de ellas, a saber, el ácido fórmico, el ácido oxálico y el timol, han pasado a constituir la base de tratamientos ecológicos;

R.

Considerando que el monocultivo de variedades e híbridos con menor producción de néctar y polen y períodos de floración más breves reduce ampliamente tanto la biodiversidad como la extensión de las zonas de pecoreo; considerando que unos científicos británicos han llegado recientemente a la conclusión de que las razas locales y regionales de abejas sobreviven mejor en una determinada zona que las razas naturalizadas de abejas melíferas procedentes de otros lugares (4); considerando que la salud y sostenibilidad a largo plazo del sector apícola europeo depende de garantizar la salud y sostenibilidad a largo plazo de los ecotipos de abejas melíferas locales, debido a su diversidad y su capacidad de adaptación a los entornos locales;

S.

Considerando que la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, en sus siglas en inglés), en su informe adoptado el 26 de febrero de 2016, así como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en sus evaluaciones mundiales integradas sobre los insecticidas sistémicos, han advertido de la disminución de las poblaciones de polinizadores; considerando que las abejas son un indicador importante de la calidad ambiental;

T.

Considerando que los apicultores, los agricultores, los ecologistas y los ciudadanos esperan que se tomen medidas sobre la base de un consenso científico claro sobre las causas de la mortalidad de las abejas, incluidos los efectos de las sustancias activas de los plaguicidas (como, por ejemplo, ciertos neonicotinoides y otros plaguicidas sistémicos) detectados por la EFSA;

U.

Considerando que las divergencias en las conclusiones científicas se explican, en parte, por el empleo de métodos de análisis y protocolos de investigación diferentes; considerando que la descoordinación de los trabajos de investigación sobre los polinizadores a escala de la Unión y la falta de datos armonizados y accesibles por todas las partes interesadas están dando lugar a una proliferación de estudios divergentes o contradictorios;

V.

Considerando la importancia de mantener e intensificar el diálogo y la colaboración entre el conjunto de las partes interesadas (apicultores, agricultores, científicos, ONG, autoridades locales, industrias fitosanitarias, el sector privado, veterinarios, el público general), a fin de coordinar las investigaciones y poner en común de forma oportuna todos los datos pertinentes recabados;

W.

Considerando que existe la necesidad general de una base de datos común y armonizada, que comprenda información sobre los tipos de cultivos y prácticas agrarias, la presencia de plagas y enfermedades, las condiciones climáticas y meteorológicas, el paisaje y la infraestructura, la densidad de las colonias de abejas y el índice de mortalidad de las abejas por región, así como de herramientas y tecnologías digitales adecuadas que sean inocuas para las abejas y de medios de comunicación, como proponía la iniciativa «Asociación Europea para las Abejas», adoptada en junio de 2017; considerando que los resultados de la revisión científica global de la EFSA, que ya acumulan un retraso de más de un año, son necesarios a fin de poder tomar decisiones basadas en los datos científicos más recientes; considerando que es preciso obtener lo antes posible resultados claros sobre todos los indicadores de salud de las abejas a fin de frenar y reducir su mortalidad, en particular mediante ensayos de campo; considerando que los apicultores, los agricultores y los ciudadanos esperan que la Comisión revise atentamente, junto con las agencias de la Unión pertinentes y expertos de los Estados miembros, el documento orientativo de la EFSA para la evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas, y esperan asimismo que los Estados miembros lo apliquen como es debido;

X.

Considerando que las condiciones meteorológicas también afectan a la producción de miel, puesto que el calor y la humedad la favorecen, mientras que el frío acompañado de precipitaciones la impide; considerando que las pérdidas otoñales e invernales contribuyen a la mengua de las colonias y a la disminución de la producción de miel, que puede alcanzar el 50 % en algunos Estados miembros, e incluso el 100 % en ciertas regiones;

Y.

Considerando que debe prestarse atención al distinto tamaño de la población de abejas melíferas de las diferentes zonas agrícolas, que en algunos países productores de miel está aumentando, mientras que en otros está disminuyendo;

Z.

Considerando que el aumento de la mortalidad de las abejas obliga a los apicultores a volver a comprar colonias más regularmente, lo que implica un aumento de los costes de producción; considerando que el coste de una colonia de abejas es, como mínimo, cuatro veces mayor que en 2002; considerando que la sustitución de una colonia de abejas puede conllevar a menudo una disminución de la producción a corto y medio plazo, dado que al comienzo de su instalación las nuevas colonias son menos productivas; considerando que los apicultores nunca disponen para la producción del número de colonias de abejas que registran las estadísticas, ya que recuperan el número inicial de colonias a lo largo del año en detrimento de la cantidad producida, puesto que para repoblar las colonias perdidas también se necesita miel;

AA.

Considerando que en determinados terceros países se han duplicado la cantidad de miel producida y las exportaciones de miel en los últimos quince años; considerando que la Unión apenas produce el 60 % de la miel que consume —porcentaje que no está aumentando—, mientras que el número de colmenas en la Unión casi se ha duplicado entre 2003 y 2016 y el número de apicultores ha pasado de aproximadamente 470 000 a aproximadamente 620 000 en el mismo período; que en 2016, los tres principales productores europeos de miel eran Rumanía, España y Hungría, seguidos por Alemania, Italia y Grecia;

AB.

Considerando que la Unión importa aproximadamente el 40 % de la miel que utiliza al año; considerando que en 2015 la miel importada era de media 2,3 veces más barata que la miel producida dentro de la Unión; considerando que la Unión importa aproximadamente 200 000 toneladas de miel al año, principalmente de China, Ucrania, Argentina y México, lo que genera una grave desventaja competitiva para los apicultores europeos respecto a los productores de terceros países e impide que se alcance un mayor grado de autoabastecimiento; considerando que la miel importada a menudo no cumple las normas que se exigen a los apicultores de la Unión;

AC.

Considerando que los consumidores a menudo creen que consumen miel procedente de la Unión cuando parte de esta, de hecho, es una mezcla de miel de la Unión y miel importada de terceros países, y que gran parte de esta miel importada está adulterada;

AD.

Considerando que, mientras que desde 2002 se ha estancado o ha disminuido la cantidad de miel procedente de las principales regiones productoras del mundo debido a la mala salud de las abejas, en China la cantidad de miel producida se ha duplicado (aproximadamente 450 000 toneladas al año desde 2012) y supera la producción de miel de la Unión, Argentina, México, los EE. UU. y Canadá juntos;

AE.

Considerando que en 2015 la mitad de las importaciones de miel de la Unión procedían de China —unas 100 000 toneladas, es decir, el doble de la cantidad importada en 2002—, a pesar de que en otras partes de mundo ha disminuido el número de colonias de abejas; considerando que, según las asociaciones de apicultores y los profesionales del sector, gran parte de la miel importada de China podría estar adulterada con azúcar exógeno de caña o de maíz; considerando que no todos los Estados miembros están en condiciones de efectuar análisis para detectar irregularidades en la miel importada en los puestos de control de las fronteras exteriores de la Unión;

AF.

Considerando que la miel es el tercer producto más adulterado en el mundo; que la adulteración causa graves daños a los apicultores europeos e implica importantes riesgos para la salud de los consumidores;

AG.

Considerando que, según los expertos, las empresas exportadoras de miel china no solucionaron el problema del cloranfenicol en 2002 mediante el cumplimiento de las normas, sino mediante el tratamiento con resina adsorbente;

AH.

Considerando que, en su reunión de diciembre de 2015, el Consejo de Agricultura y Pesca abordó los problemas relativos a las importaciones de miel y la competitividad del sector apícola europeo; considerando que a raíz de ello la Comisión ordenó el control centralizado de la miel;

AI.

Considerando que el Centro Común de Investigación analizó muestras de miel de los Estados miembros y concluyó, entre otras cosas, que un 20 % las muestras de miel tomadas en las fronteras exteriores de la Unión y en las instalaciones de los importadores no cumplían los criterios de composición o los procedimientos de producción de la miel establecidos en la Directiva relativa a la miel (2001/110/CE) y que un 14 % de las muestras contenían azúcar añadido; considerando que, pese a ello, sigue llegando a Europa miel falsa y adulterada;

AJ.

Considerando que, según lo dispuesto en el Codex Alimentarius, de aplicación en la Unión, la miel es un producto natural al que no se le puede añadir ni sustraer ninguna sustancia, y que no puede ser secado fuera de la colmena;

AK.

Considerando que el desequilibrio en el mercado europeo de la miel, consecuencia de la importación en grandes cantidades de miel adulterada a bajo coste, provocó que en los países de la Unión que más miel producen (Rumanía, España, Hungría, Bulgaria, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Croacia) los precios de adquisición de la miel a finales de 2016 hubiesen caído a la mitad de los precios de 2014, y que este problema sigue poniendo a los apicultores europeos en una situación difícil y perjudicial;

AL.

Considerando que el artículo 2, apartado 4, letra a), párrafo segundo de la Directiva sobre la miel, en su versión modificada por la Directiva 2014/63/UE, dispone que, cuando la miel procede de más de un Estado miembro o de un tercer país, la mención obligatoria de los países de origen puede sustituirse por una de las siguientes, según proceda: «mezcla de mieles de la UE», «mezcla de mieles no procedentes de la UE» o «mezcla de mieles procedentes de la UE y de mieles no procedentes de la UE»; considerando que la mención «mezcla de mieles procedentes de la UE y de mieles no procedentes de la UE» no es lo bastante informativa para el consumidor;

AM.

Considerando que en la actualidad numerosos envasadores y comerciantes de miel abusan de estas indicaciones para ocultar el verdadero país de origen, así como la proporción de miel procedente de cada uno de los países en cuestión, porque los consumidores, que cada vez están más informados, desconfían de los alimentos procedentes de determinados países; considerando que muchos grandes productores de miel, como los Estados Unidos, Canadá, Argentina o México, aplican unos requisitos de etiquetado de la miel mucho más estrictos que las normas simplificadas de la Unión, por lo que ofrecen garantías mucho mejores que esta en lo que respecta a facilitar a los consumidores la información necesaria;

AN.

Considerando que la normas actuales no tienen en cuenta las prácticas fraudulentas que afectan a los productos elaborados, como, entre otros, las galletas, los cereales de desayuno o los dulces; considerando que la indicación «miel» puede inducir a error a los consumidores en cuanto al contenido real del producto en cuestión, ya que a menudo se utiliza en casos en que menos del 50 % del azúcar que contiene el producto procede de la miel;

AO.

Considerando que la iniciativa «European Honey Breakfast» («desayuno con miel europea»), puesta en marcha en 2014, ha sido todo un éxito y que esta excelente iniciativa —cuyo objetivo es contribuir a la educación de los niños en el consumo de alimentos saludables como la miel y promover el sector apícola— está abierta a todos los Estados miembros de la Unión; considerando que, en la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca del 11 de mayo de 2015, Eslovenia propuso que el 20 de mayo fuera declarado oficialmente «Día Mundial de las Abejas» por las Naciones Unidas, y que esta idea fue muy bien acogida por todos los Estados miembros y respaldada por la FAO en su Conferencia de Roma de julio de 2017; considerando que se acordó que debía prestarse especial atención al sector apícola desde el punto de vista de la agricultura, la protección fitosanitaria y la agricultura sostenible, dada la gran incidencia de las abejas en el equilibrio ecológico mundial;

AP.

Considerando que las modalidades del programa escolar de la Unión de distribución de frutas, hortalizas y leche constituyen un instrumento esencial para reconectar a los niños con la agricultura y con la diversidad de productos agrícolas de la Unión, en particular los producidos en su región; considerando que, además de las frutas y hortalizas frescas y la leche de consumo, estos programas permiten a los Estados miembros incluir otros productos típicos locales, regionales o nacionales, como la miel;

AQ.

Considerando que, aun cuando la participación de los productores locales en las modalidades del programa escolar de la Unión de distribución de frutas, hortalizas y leche implica un aumento de la carga administrativa y económica, las posibles ventajas en términos de sensibilización acerca de los beneficios nutricionales de la miel y la importancia de la apicultura, el fomento de un mayor consumo y la buena colaboración con los apicultores, principalmente locales, podrían favorecer al sector y a toda la cadena de valor de la miel; considerando asimismo que los productores locales tienen dificultades para participar en las modalidades del programa escolar de la Unión a causa de la aplicación restrictiva de la legislación relativa al suministro directo de pequeñas cantidades de miel en algunos Estados miembros; considerando que es imprescindible favorecer la producción y el consumo locales;

AR.

Considerando que el consumo anual de miel varía enormemente entre los Estados miembros; que, mientras que el consumo medio de los Estados miembros de Europa occidental es de 2,5-2,7 kilos por persona, en los Estados miembros que accedieron a la Unión a partir de 2004 es de solo 0,7 kilos por persona en algunos casos; considerando que los regímenes de calidad europeos, y en particular los de indicación geográfica, revisten suma importancia para el mantenimiento y la creación de empleos; considerando que hasta la fecha se han registrado más de treinta indicaciones geográficas de miel; que las menciones «europeo» y «hecho en Europa» suelen asociarse a productos de elevado valor;

AS.

Considerando que la miel posee efectos fisiológicos positivos, en especial para la salud, dadas sus propiedades antisépticas, antiinflamatorias y curativas, a las que podría otorgarse un mayor reconocimiento en la futura política agrícola;

AT.

Considerando que numerosos ejemplos de autoorganización y venta directa del apicultor demuestran el éxito extraordinario de la comercialización de la miel, en particular la miel ecológica, y de los demás productos apícolas en cadenas de suministro cortas y en mercados de productores locales;

AU.

Considerando que la apicultura urbana ha ido adquiriendo popularidad en los últimos años, lo que podría servir para sensibilizar a un mayor número de ciudadanos, entre ellos los niños, acerca de la naturaleza y los beneficios de la apicultura; considerando que el plantado de angiospermas en los jardines y las zonas urbanas por los ciudadanos o las autoridades locales y regionales contribuye también a enriquecer las fuentes de alimentación de los polinizadores;

AV.

Considerando que otros productos apícolas, como el polen, los propóleos, la cera de abeja, el veneno de abeja y la jalea real, contribuyen de manera significativa al bienestar de la población y se utilizan como alimentos de elevada calidad, y son demandados por los consumidores que buscan un estilo de vida natural; considerando que también tienen un papel destacado en la industria de la salud y cosmética y que constituyen, por tanto, un recurso adicional con el que los apicultores pueden mejorar su situación económica; considerando, no obstante, que estos productos no se hallan definidos en la Directiva relativa a la miel y que esta omisión perjudica la aplicación de una política sectorial eficaz y frena las iniciativas de calidad y la lucha contra el fraude y la adulteración; considerando que cada Estado miembro puede decidir prohibir el cultivo de organismos modificados genéticamente en su territorio a fin de proteger a los consumidores europeos de la miel contaminada con polen modificado genéticamente;

AW.

Considerando que la Unión importa grandes cantidades de miel y que en muchas ocasiones esto ha generado graves perturbaciones e incluso crisis en el mercado europeo de la miel, lo que ha contribuido a debilitar el sector apícola europeo; considerando que el sector apícola merece que la Unión le otorgue un trato prioritario en las negociaciones de acuerdos de libre comercio y que la miel y los demás productos de la apicultura deben ser clasificados como «productos sensibles»;

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Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2017, sobre la unión bancaria — Informe anual 2016 (1),

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Vistas las aportaciones de la Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) sobre la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre la unión bancaria — Informe anual 2016,

—

Visto el informe de la Comisión, de 11 de octubre de 2017, sobre el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), establecido de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 (COM(2017)0591),

—

Vistas las propuestas de modificación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (RRC), y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DRC IV),

—

Visto el Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de noviembre de 2017, sobre ciertas modificaciones del régimen de la Unión en cuanto a los requisitos de capital de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión (2),

—

Visto el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), de 9 de julio de 2017, sobre implicaciones para la estabilidad financiera de la NIIF,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de julio de 2017, sobre el Plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos en Europa,

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Visto el Informe del subgrupo del Comité de Servicios Financieros sobre préstamos dudosos del Consejo, de 31 de mayo de 2017,

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Vistas la Guía del BCE sobre préstamos dudosos para entidades de crédito, de 20 de marzo de 2017, y la consulta pública sobre su proyecto de apéndice a esta Guía, de 4 de octubre de 2017,

—

Visto el documento de consulta de la Comisión, de 10 de noviembre de 2017, sobre mecanismos prudenciales de protección reglamentarios para hacer frente a la insuficiencia de provisiones en el caso de préstamos concedidos recientemente que se conviertan en dudosos,

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Visto el informe de la JERS, de 11 de julio de 2017, sobre la resolución de los préstamos dudosos en Europa,

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Vista la consulta pública celebrada por la Comisión el 10 de julio de 2017 sobre el desarrollo de mercados secundarios para préstamos no productivos y activos devaluados y protección de los acreedores garantizados frente al impago de los prestatarios,

—

Vista la evaluación del BCE, de 6 de junio de 2017, en la que determinaba que el Banco Popular Español, S.A. era inviable o tenía probabilidad de serlo,

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Vista la declaración de la Junta Única de Resolución (JUR), de 7 de junio de 2017, sobre la adopción de una decisión de resolución para el Banco Popular Español, S.A.,

—

Vista la evaluación del BCE, de 23 de junio de 2017, en la que determinaba que los bancos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza eran inviables o tenían probabilidades de serlo,

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Vista la declaración de la JUR, de 23 de junio de 2017, sobre la decisión de no adoptar una medida de resolución en relación con los bancos Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca,

—

Vista la declaración de la Comisión, de 25 de junio de 2017, sobre la aprobación de la ayuda del Estado para la salida de los mercados de los bancos Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, en virtud de la legislación italiana en materia de insolvencia, que implica la venta de algunas actividades al banco Intesa Sanpaolo,

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Vista la declaración de la Comisión, de 4 de julio de 2017, sobre la aprobación de la ayuda del Estado destinada a la recapitulación cautelar del banco Monte dei Paschi di Siena,

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Vista la versión de febrero de 2017 de la guía del BCE sobre la revisión específica de los modelos internos,

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Vista la versión provisional de julio de 2017 de la guía del BCE para inspecciones in situ e investigaciones de modelos internos,

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Vistas la opinión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), de 31 de mayo de 2017, sobre los principios generales de apoyo a la convergencia en materia de supervisión en el contexto de la salida del Reino Unido de la UE, y sus tres opiniones, de 13 de julio de 2017, sobre la convergencia en materia de supervisión en los ámbitos de la gestión de la inversión, las empresas de inversión y los mercados secundarios en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión,

—

Vista la opinión de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), de 12 de octubre de 2017, sobre asuntos relativos a la salida del Reino Unido de la Unión,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, titulada «Reforzar la supervisión integrada para fortalecer la Unión de los Mercados de Capitales y la integración financiera en un entorno cambiante» (COM(2017)0542) y las propuestas de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, sobre la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), incluida la denominada propuesta «ómnibus» por la que se modifican la gobernanza, la financiación y las competencias de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES),

—

Vistas las consultas públicas celebradas por el BCE el 21 de septiembre de 2017 sobre el proyecto de Guía para la evaluación de las solicitudes de autorización de entidades de crédito FinTech,

—

Vista la ficha descriptiva del Consejo de Estabilidad Financiera sobre la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC), de noviembre de 2015,

—

Vista la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias — DRRB),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (Reglamento del MUR),

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Vistas las propuestas de la Comisión, de 23 de noviembre de 2016, relativas a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE (COM(2016)0852), y al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 806/2014 en lo que se refiere a la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión (COM(2016)0851),

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Visto el Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de noviembre de 2017, sobre las revisiones del régimen de gestión de crisis de la Unión (3),

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Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas de 19 de diciembre de 2017, titulado «Junta Única de Resolución: ha comenzado la compleja tarea de construir la Unión Bancaria, pero aún queda mucho por hacer»,

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Vista la retirada de la Comisión de la propuesta sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE (COM(2014)0043),

—

Visto el paquete de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones (MEMO/17/1045) de la Comisión, de 27 de abril de 2017,

—

Vistos el Cuadro de riesgos de la Autoridad Bancaria Europea, el Informe sobre tendencias, riesgos y vulnerabilidades, n.o 2, 2017, de la AEVM, el Cuadro de riesgos de la JERS, el Informe Anual 2016 de la JERS y el informe titulado «Review of Macro-prudential Policy» (Revisión de la política macroprudencial de la Unión), de abril de 2017, de la JERS,

—

Vista la Directiva (UE) 2017/2399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia,

—

Visto el artículo 107, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera («Comunicación bancaria») (5),

—

Vista la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DSGD),

—

Visto el Informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea»,

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, relativa al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 806/2014 a fin de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) (COM(2015)0586),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, titulada «Hacia la culminación de la unión bancaria» (COM(2015)0587),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Ecofin, de 17 de junio de 2016, sobre una hoja de ruta para completar la unión bancaria,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de octubre de 2017, sobre la culminación de la unión bancaria (COM(2017)0592),

—

Visto el informe de la JERS titulado «EU Shadow Banking Monitor» (Evolución de la banca en la sombra de la UE), n.o 2, de mayo de 2017,

—

Visto el informe de la JERS, de marzo de 2015, sobre el tratamiento reglamentario de las exposiciones soberanas,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0019/2018),

A.

Considerando que, sobre una base no consolidada, el número total de las entidades de crédito en la zona del euro ascendía a 5 073 a finales de 2016, frente a 5 474 a finales de 2015 y 6 768 a finales de 2008, lo que representa una disminución del 25 % con respecto al período de 2008 a 2016; que, sobre una base consolidada, el número total de las entidades de crédito en la zona del euro ascendía a 2 290 a finales de 2016, lo que representa una disminución con respecto a las 2 904 en 2008 y las 2 379 a finales de 2015 (6); que, no obstante, es conveniente incluir una referencia sobre cómo ha cambiado la proporción de bancos demasiado grandes para quebrar a lo largo del mismo período;

B.

Considerando que existe una gran dispersión de la cantidad total y las tasas de préstamos dudosos entre los Estados miembros y que existen diferencias considerables entre los bancos de los países con las tasas de préstamos dudosos más elevadas; que el nivel de préstamos dudosos se mantuvo en un 1 billón EUR en total según el informe de la JERS de julio de 2017 titulado «Resolución de los préstamos dudosos en Europa»; que, según el Cuadro de Riesgos trimestral de la ABE, los principales bancos europeos comunicaron un promedio ponderado de la tasa de préstamos dudosos (préstamos dudosos, total de los deterioros, dividido por la totalidad de los préstamos) del 4,47 % a 30 de junio de 2017; que esta tasa ha venido disminuyendo progresivamente durante los últimos treinta meses;

C.

Considerando que, según un estudio realizado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), el mercado de derivados en la Unión asciende a 453 000 millones EUR en valor nocional;

D.

Considerando que es necesario reforzar la unión bancaria, ya que constituye un objetivo fundamental para la estabilidad financiera de la zona del euro y un pilar fundamental de una verdadera Unión Económica y Monetaria; que es necesario redoblar los esfuerzos para completar la unión bancaria, ya que sigue estando incompleta al carecer de un mecanismo de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución y un tercer pilar, que consiste en un enfoque europeo con respecto a la garantía y reaseguro de los depósitos; que Mario Draghi, presidente del BCE, ha declarado en numerosas ocasiones que el BCE sigue siendo un pilar fundamental de la unión bancaria; que la culminación de la unión bancaria resulta fundamental para romper el nexo entre el riesgo soberano y el riesgo bancario; que han de redoblarse los esfuerzos para dar el paso del rescate a la recapitalización interna; que siguen abordándose de manera insuficiente los riesgos en determinados sistemas bancarios nacionales; que las actuales condiciones económicas favorables brindan una oportunidad para impulsar las reformas necesarias para completar la unión bancaria;

E.

Considerando que se ha retrasado la realización de un adecuado proceso de saneamiento de los balances generales después de la crisis, lo que sigue perjudicando el crecimiento económico; que, en general, los coeficientes de capital y de liquidez de los bancos de la Unión han mejorado a lo largo de los últimos años, aunque todavía hay bancos, incluidos grandes bancos, que siguen estando infracapitalizados; que persisten los riesgos para la estabilidad financiera, pero que ya se han reducido considerablemente desde el comienzo de la creación de la unión bancaria; que el marco institucional y reglamentario de los bancos europeos se ha reforzado de forma fundamental;

F.

Considerando que los Estados miembros que todavía no hayan adoptado el euro pueden participar en la unión bancaria; que ningún Estado miembro de la Unión ha decidido hacerlo hasta ahora; que varios Estados miembros están estudiando la posibilidad de adherirse a la unión bancaria; que diferentes instituciones financieras consideran ventajoso estar dentro de la unión bancaria;

G.

Considerando que nuestro trabajo sobre la Unión de Mercados de Capitales no debe restar presión a la culminación de nuestro trabajo sobre la unión bancaria, que sigue siendo un requisito previo para la estabilidad financiera en la coyuntura de dependencia bancaria existente en la Unión Europea;

H.

Considerando que la responsabilidad principal de los bancos es proporcionar financiación a la economía real;

I.

Considerando que el BCE precisa de un determinado margen de maniobra al ejercer su función de supervisión, si bien las decisiones fundamentales y de gran calado deben dejarse a cargo del legislador europeo en última instancia;

2.

3.

4.

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7.

8.

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41.

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43.

44.

45.

46.

47.

—

Visto el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 1999,

—

Vistas su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación en el norte de Irak, en particular en Mosul (1) y su Resolución, de 30 de abril de 2015, sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Dáesh (2),

—

Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1210/2003 del Consejo, de 7 de julio de 2003, relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2465/96 (3),

—

Vistas la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) y 2368 (2017),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (4),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE (COM(2016)0450),

—

Vista la Declaración de Manama sobre la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, de 9 de noviembre de 2014,

—

Vistas las buenas prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre sanciones financieras selectivas relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo,

—

Vistos la declaración del GAFI, de 24 de octubre de 2014, sobre la lucha contra la financiación de la organización terrorista Estado Islámico en el Irak y el Levante (EIIL), y su informe de febrero de 2015, sobre la financiación de la EIIL,

—

Visto el 11.o informe de situación de la Unión de la Seguridad, publicado por la Comisión el 18 de octubre de 2017,

—

Vista la «Adición del Memorando de Argel sobre las Buenas Prácticas en la Prevención de los Secuestros Perpetrados por Terroristas a cambio de Rescates y la Denegación de sus Beneficios», publicada en septiembre de 2015 por el Foro Mundial contra el Terrorismo,

—

Vista la Declaración de Taormina del G-7, de 26 de mayo de 2017, sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento,

—

Vista la reciente creación de la Comisión Especial sobre Terrorismo,

—

Visto el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la protección de los datos personales,

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/827 del Consejo, de 28 de mayo de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (5),

—

Visto el Plan de Acción de la Comisión de febrero de 2016 para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo,

—

Visto el informe de Europol sobre tendencias y situación del terrorismo en la UE en 2017 (TE-SAT),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 26 de junio de 2017, sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas (COM(2017)0340),

—

Vista la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (6),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (7),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2017, relativo a la importación de bienes culturales (COM(2017)0375),

—

Visto el 9.o informe de situación de la Unión de la Seguridad, publicado por la Comisión el 27 de julio de 2017,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, de 18 de octubre de 2017, titulada «Undécimo informe de evolución hacia una Unión de Seguridad genuina y efectiva» (COM(2017)0608),

—

Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0035/2018),

A.

Considerando que uno de los elementos esenciales de la lucha antiterrorista es el estrangulamiento de sus fuentes de financiación, incluidas las que se nutren de los circuitos ocultos de fraude y evasión fiscal, blanqueo de capitales y paraísos fiscales;

B.

Considerando que parte de la financiación puede proceder de países europeos para su uso en otros lugares por parte de las organizaciones terroristas, mientras que otra parte de la financiación procede de fuera de Europa y sirve para financiar la radicalización y los propios actos terroristas; que las dimensiones externa e interna de la lucha contra el terrorismo están vinculadas entre sí y que el estrangulamiento de las fuentes de financiación del terrorismo debe formar parte de una estrategia más amplia de la Unión en la que se integren las dimensiones externa e interna de la seguridad;

C.

Considerando que las redes de comunicación modernas y la microfinanciación colectiva, en particular, han demostrado ser un método económico y eficaz de generar fondos para financiar actividades terroristas o gestionar la red yihadista; que los grupos terroristas han podido reunir fondos adicionales para sus actividades a través de ataques de captación ilegítima de datos confidenciales y robos de identidad o de la compra de información sobre tarjetas de crédito robadas en foros en línea;

D.

Considerando que esta financiación puede utilizarse para tres fines, a saber, para atentados terroristas que requieren una importante aportación de fondos, para otros atentados que, aunque igualmente brutales en sus resultados, precisan de fondos en menor cuantía, y para financiar la propaganda que puede inspirar atentados perpetrados por «lobos solitarios», que pueden requerir muy poco dinero o planificación; que la respuesta debe ser eficaz en todas estas situaciones;

E.

Considerando que las financiaciones de origen lícito pueden ser desviadas por el receptor a terceras partes, individuos, grupos, empresas o entidades vinculados a actividades terroristas;

F.

Considerando que, dado que el terrorismo es un delito de ámbito mundial, la respuesta eficaz ha de ser también mundial y holística, siendo absolutamente fundamentales la coordinación entre entidades financieras, cuerpos de seguridad y órganos judiciales y el intercambio de información pertinente sobre personas físicas y jurídicas y actividades sospechosas, teniendo en cuenta que la protección de los datos personales y el respeto de la vida privada son importantes derechos fundamentales;

G.

Considerando que, como consecuencia de las filtraciones de información producidas en los últimos años, ha aumentado considerablemente la concienciación sobre los vínculos del blanqueo de capitales y la evasión fiscal, por una parte, y la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo, por otra, y que estas cuestiones se han convertido en un importante motivo de preocupación política a escala internacional; que, según reconoce la Comisión, noticias recientes de los medios de comunicación también han relacionado el fraude a gran escala en el IVA y en los impuestos especiales con la delincuencia organizada, incluido el terrorismo (8);

H.

Considerando que las jurisdicciones de casi todos los Estados miembros han tipificado la financiación del terrorismo como un delito independiente;

I.

Considerando que los datos financieros constituyen una herramienta importante para recabar información con el fin de analizar las redes terroristas e interrumpir mejor sus operaciones; que hay una necesidad permanente de garantizar la aplicación adecuada de la legislación para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; que son necesarias estrategias globales y preventivas basadas en el intercambio de información básica y la cooperación reforzada entre las unidades de inteligencia financiera, los servicios de inteligencia y los cuerpos de seguridad implicados en la lucha contra la financiación del terrorismo; que esa información debería incluir la evolución de las tendencias en las finanzas internacionales, como los mapas de bits, la codificación SWIFT, las criptodivisas y sus mecanismos reguladores correspondientes; que la lucha contra la financiación del terrorismo a escala mundial debe incluir normas mundiales de transparencia en relación con los propietarios reales finales de empresas, fideicomisos y otras estructuras similares, para arrojar luz sobre la opacidad financiera que facilita el blanqueo del producto de actividades delictivas y la financiación de organizaciones y agentes terroristas;

J.

Considerando que es necesaria una plataforma europea institucionalizada en el ámbito de las estructuras existentes —que hasta ahora existía de manera informal—, que centralice la recopilación de la información, hoy dispersa en los 28 Estados miembros, y mediante la cual los Estados miembros puedan proporcionar información sobre sus niveles de compromiso y progreso en relación con la lucha contra la financiación del terrorismo; que este intercambio de información debe ser proactivo;

K.

Considerando que varias organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, organizaciones benéficas, otras fundaciones, redes y donantes privados, que tienen o declaran tener objetivos sociales o culturales, conforman la base de las capacidades financieras del EIIL/Dáesh, Al Qaeda y otras organizaciones yihadistas y actúan como tapadera de prácticas abusivas; que la vigilancia y la recopilación de información sobre dichas organizaciones, sus financiadores, sus actividades y sus relaciones con agentes presentes en la Unión —a menudo amplias— son, por consiguiente, esenciales; que su apoyo a la expansión de la radicalización yihadista en África, Oriente Próximo, Asia y Europa debe ser bloqueado; que esta expansión en las fronteras de la Unión y en nuestros países vecinos y socios es especialmente alarmante; que la plena aplicación de las recomendaciones del GAFI en estos ámbitos por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y sus Estados miembros tiene una importancia crucial en la lucha contra el terrorismo a nivel mundial;

L.

Considerando que la red de captación de fondos de Al Qaeda se basa en donaciones a organizaciones benéficas y ONG, que se comunican con los donantes mediante redes sociales y foros en línea; que también se han utilizado cuentas para pedir a sus simpatizantes donaciones para la causa yihadista; que, en los últimos años, las organizaciones terroristas han desarrollado varias aplicaciones para teléfonos inteligentes cuyo objetivo es maximizar el alcance y fomentar las donaciones de sus simpatizantes, la mayoría de ellos ubicados en países del Golfo;

M.

Considerando que los microestados y los Estados con un historial mediocre en lo que se refiere al Estado de Derecho son particularmente vulnerables y corren el riesgo de convertirse en puntos críticos para la financiación del terrorismo;

N.

Considerando que ciertas fuentes de información sugieren que algunas instituciones y personas del Golfo están proporcionando apoyo financiero y logístico al EIIL/Dáesh, Al Qaeda y otros grupos radicales; que, sin esta financiación muchos de estos grupos terroristas no serían autosuficientes;

O.

Considerando que el EIIL/Dáesh y Al Qaeda han pasado a ser financieramente autosuficientes; que el EIIL/Dáesh y Al Qaeda están intentando canalizar su dinero a Siria e Irak mediante exportaciones de petróleo e inversiones en empresas, en particular a través de «mulas» y servicios de mensajería profesionales, transferencias de fondos ilegales y servicios financieros y profesionales; que el EIIL/Dáesh y Al Qaeda blanquean el producto de sus actividades delictivas comprando empresas y activos de todo tipo; que el EIIL/Dáesh y Al Qaeda también blanquean las ganancias obtenidas mediante la venta de antigüedades robadas y objetos y obras de arte de contrabando en el extranjero, incluso en mercados de los Estados miembros; que el comercio ilícito de mercancías, armas de fuego, petróleo, estupefacientes, cigarrillos y objetos culturales, entre otras cosas, así como la trata de seres humanos, la esclavitud, la explotación infantil, el chantaje y la extorsión, se han convertido en formas lucrativas de obtención de financiación por parte de grupos terroristas; que la creciente relación entre la delincuencia organizada y los grupos terroristas constituye una amenaza cada vez mayor en materia de seguridad para la Unión; que estas fuentes podrían permitir al EIIL/Dáesh y a Al Qaeda seguir financiando futuros actos delictivos tras su hundimiento territorial en Siria e Irak;

P.

Considerando que, en virtud de una serie de compromisos internacionales respaldados por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y leyes nacionales, se ha establecido una prohibición internacional del pago de rescates; que, en la práctica, la prohibición de las Naciones Unidas carece del apoyo de signatarios clave, que dan prioridad a la preservación inmediata de la vida en detrimento de sus compromisos antiterroristas y, con ello, permiten la financiación de las organizaciones terroristas;

1.

2.

—

Vistos el 62.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, su tema prioritario «Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales» y su tema de examen «La participación de la mujer en los medios de difusión y en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el acceso de la mujer a ellos, así como su repercusión en el adelanto y la potenciación de la mujer y su utilización con esos fines»,

—

Vistos la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción para el empoderamiento de las mujeres aprobadas en Pekín y los documentos finales posteriores de los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Pekín + 5, + 10, + 15 y + 20 sobre nuevas acciones e iniciativas para poner en práctica la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, aprobados el 9 de junio de 2000, el 11 de marzo de 2005, el 2 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2015, respectivamente,

—

Visto el artículo 157, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea (1),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE (2),

—

Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre el fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la investigación clínica (3),

—

Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales (4),

—

Vista la Resolución de las Naciones Unidas «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York,

—

Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (5),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979,

—

Vista la Recomendación general n.o 34 (2016) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre los derechos de las mujeres rurales,

—

Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y su Resolución, de 12 de septiembre de 2017 (6), sobre la adhesión de la Unión a dicho Convenio,

—

Visto el Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015,

—

Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0022/2018),

A.

Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión, reconocido en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales;

B.

Considerando que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de las Naciones Unidas es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, y que debe integrarse por completo en la Agenda 2030 para lograr avances en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas; considerando que una de las metas comprendidas en los ODS es «duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres»;

C.

Considerando que la Unión y sus Estados miembros deben estar a la vanguardia del empoderamiento de las mujeres y las niñas y tienen el deber de trabajar para lograr la plena igualdad de género en el seno de la Unión y de promover este objetivo en todas las relaciones exteriores;

D.

Considerando que las circunstancias sociales y económicas y las condiciones de vida han cambiado sustancialmente en las últimas décadas y difieren de forma bastante considerable entre unos países y otros;

E.

Considerando que la falta de medidas gubernamentales contra la desigualdad de género pone en peligro los logros actuales y futuros en este ámbito; que abordar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, los estereotipos y las creencias tradicionales es esencial para garantizar el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la pobreza;

F.

Considerando que la discriminación que sufren las mujeres también afecta a las mujeres del ámbito rural; que la mayoría de las mujeres del mundo viven en zonas rurales y, por ello, están más expuestas a múltiples formas de discriminación por motivos de edad, clase, etnia, raza, discapacidad e identidad de género;

G.

Considerando que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en las zonas rurales engloba un amplio abanico de empleos que van más allá de la agricultura convencional;

H.

Considerando que el trabajo de las mujeres rurales a menudo está peor remunerado que el de los hombres a igualdad de rendimiento, que con frecuencia no está reconocido formalmente —como, por ejemplo, en el caso de los cuidados no remunerados—, y que no queda reflejado en el número de mujeres que son titulares de explotaciones agrarias; considerando, no obstante, que las mujeres son agentes clave para lograr los cambios transformadores de índole económica, ambiental y social que son necesarios para el desarrollo sostenible;

I.

Considerando que las mujeres rurales, que son quienes suelen asumir la responsabilidad principal de los cuidados en sus familias y comunidades, se enfrentan a incontables dificultades para acceder a servicios de cuidado de los niños y las personas mayores de sus familias, lo cual les supone una carga desproporcionada que obstaculiza su integración en el mercado laboral; considerando que la prestación de servicios de cuidados de calidad es esencial para las mujeres y favorece el equilibrio entre vida laboral y vida privada;

J.

Considerando que las mujeres rurales tienen múltiples dificultades para acceder a servicios de salud públicos adecuados debido a una movilidad limitada y a la falta de acceso al transporte o a medios para contactar con el transporte (por ejemplo, teléfono móvil); considerando la necesidad de unos servicios de salud integrales que aborden el bienestar físico, mental y emocional de las mujeres rurales (por ejemplo, para responder a la violencia de género); que el acceso a los derechos y a la educación en materia de salud sexual y reproductiva es más limitado en las zonas rurales;

K.

Considerando que mantener pobladas las zonas rurales, prestando especial atención a las zonas con limitaciones naturales, resulta esencial para la sociedad, puesto que de ello dependen la conservación del medio ambiente y del paisaje;

L.

Considerando que existe un vínculo directo entre la desigualdad de género y el deterioro ambiental;

M.

Considerando que el cambio climático y sus consecuencias tienen un impacto negativo específico y desmesurado en las mujeres y las niñas de las zonas rurales; que las mujeres rurales son también poderosas agentes del cambio hacia una agricultura más sostenible y ecológica y pueden desempeñar un importante papel en la creación de empleos verdes; considerando que facilitar a las agricultoras un acceso igualitario a la tierra y a otros recursos productivos es fundamental para conseguir la igualdad de género, la seguridad alimentaria y unas políticas climáticas eficaces;

N.

Considerando que las mujeres jóvenes de las zonas rurales siguen sufriendo desigualdad y se enfrentan a múltiples formas de discriminación; considerando la necesidad de tomar medidas para promover la igualdad efectiva de hombres y mujeres a fin de que existan más oportunidades laborales, también de trabajo por cuenta propia y en el sector de las ciencias, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas (sector CTIM), que les permitan permanecer en los entornos rurales y, por tanto, asegurar el relevo generacional, garantizando de esta manera la pervivencia del sector agrario y las zonas rurales;

O.

Considerando que el sector agrario, en el que las mujeres desempeñan una función importante, es esencial para la vitalidad de las zonas rurales y para fomentar el relevo generacional, la cohesión social y el crecimiento económico; que el sector agrario debe producir alimentos seguros, nutritivos y saludables; que dicho sector también contribuye a la diversificación del paisaje, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural;

P.

Considerando que la nutrición tiene un peso importante en el desarrollo y el bienestar de las niñas; considerando que una mala nutrición genera problemas físicos y mentales, como retrasos en el crecimiento, infertilidad, apatía, fatiga y mala concentración, por lo que reduce el potencial económico de las mujeres y repercute en el bienestar de las familias y de la comunidad en su conjunto;

Q.

Considerando que las mujeres rurales deben poder participar en los órganos de decisión en el ámbito público; considerando que, para alcanzar la igualdad, es imprescindible una representación equilibrada;

R.

Considerando que, por lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, hombres y mujeres están expuestos a distintos factores; considerando, por ejemplo, que para valorar los efectos nocivos de productos químicos se realizan cálculos a menudo basados en la complexión de hombres —generalmente con más masa muscular— y que incluso se obvian las recomendaciones específicas para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; considerando, pues, que es necesario tener en cuenta diferentes factores para adoptar medidas que garanticen la salud de las mujeres en el ámbito agrario;

S.

Considerando que la discriminación también afecta a las mujeres en el sector de los medios de comunicación; que los medios desempeñan una función vital para la sociedad en su conjunto y que, por consiguiente, es deseable que las mujeres, que representan como mínimo el 50 % de la sociedad, participen de forma equitativa en la creación de contenidos y la toma de decisiones en las organizaciones de medios de comunicación;

T.

Considerando que el papel del sector de los medios de comunicación es esencial para la promoción de la igualdad de género, puesto que los medios no solo reflejan modelos y patrones de comportamiento, sino que también los crean, contribuyendo así de modo significativo a conformar la opinión pública y la cultura;

U.

Considerando que la cobertura mediática contribuye a que todos los estratos sociales sean ampliamente conscientes de la complejidad de la situación de las mujeres y los hombres;

V.

Considerando que las mujeres y los niños se ven afectados de manera desproporcionada por los conflictos y que representan la mayor parte de los refugiados alojados en campos o en tránsito en busca de seguridad;

W.

Considerando que en muchas sociedades las mujeres no tienen el mismo derecho a la tierra y la propiedad por medios legales, lo que recrudece la pobreza y limita su desarrollo económico;

X.

Considerando que las mujeres transgénero se enfrentan a una discriminación desproporcionada por su identidad de género;

Y.

Considerando que un mayor apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos es una condición indispensable para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;

Z.

Considerando que las convenciones sociales relativas al papel de las mujeres y de los hombres colocan a la mujer en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva, y habida cuenta de prácticas nocivas como la mutilación genital femenina o los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

a)

que reconfirme su compromiso inquebrantable con la Plataforma de Acción de Pekín;

b)

que apoye a las madres empresarias en las zonas rurales, ya que se enfrentan a problemas específicos; que insista en que la promoción del emprendimiento entre estas mujeres no solo puede conllevar una conciliación satisfactoria de la vida profesional y la vida privada, sino que también puede estimular nuevas oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida en las zonas rurales y alentar a otras mujeres a poner en práctica sus propios proyectos;

c)

que ponga fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo y que combata todas las formas de violencia, que representan violaciones graves de sus derechos fundamentales, violaciones que son, a su vez, consecuencia directa de dicha discriminación;

d)

que implique a todos los Gobiernos y les exija la elaboración de programas dirigidos a la erradicación de la violencia sexual y de género y de prácticas nocivas tales como el matrimonio infantil, precoz y forzado, la mutilación genital femenina y la trata de seres humanos;

e)

que pida a los Estados miembros que luchen contra los estereotipos de género e inviertan en el acceso de las mujeres y las niñas a una educación, un aprendizaje permanente y una formación profesional adaptados a sus necesidades, en especial en zonas rurales y en particular en el sector CTIM, así como a la iniciativa empresarial y la innovación, ya que estos ámbitos son herramientas importantes para alcanzar los ODS y para promover la igualdad en los sectores agrario y de la alimentación, así como en el turismo y en otros sectores en las zonas rurales;

f)

que diseñe políticas destinadas a erradicar la pobreza y garantizar un nivel de vida adecuado para grupos particularmente vulnerables, como las mujeres y las niñas, especialmente a través de sistemas de protección social;

g)

que promueva la información, medidas de asistencia técnica y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros sobre la instauración de un estatuto profesional para cónyuges colaboradores del sector agrario que les permita disfrutar de derechos individuales, tales como, en particular, permiso de maternidad, cobertura social en caso de accidente laboral, acceso a formación y derechos de pensión;

h)

que elimine la brecha salarial de género, la brecha de ingresos (ganancias) a lo largo de toda la vida y la brecha de pensiones;

i)

que pida a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que garanticen el acceso universal a servicios adecuados de cuidado de la infancia y las personas mayores en las zonas rurales;

j)

que pida a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que proporcionen instalaciones y servicios públicos y privados asequibles y de calidad para la vida cotidiana, en especial en las zonas rurales y atendiendo en particular a los ámbitos de la salud, la educación y los cuidados; señala que ello exigiría la puesta a disposición de infraestructuras para el cuidado de los niños en el ámbito rural, servicios de atención médica, centros educativos, residencias para personas mayores y dependientes, servicios de sustitución en caso de enfermedad o maternidad y servicios culturales;

k)

que garantice la incorporación de la perspectiva de género —en cuanto herramienta para integrar el principio de la igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la discriminación— en todas las políticas y programas dotándolos de recursos financieros y humanos adecuados;

l)

que movilice los recursos necesarios para lograr la igualdad mediante la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y acciones, en particular a través de la presupuestación de género en cuanto herramienta para integrar el principio de la igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la discriminación;

m)

que garantice la plena participación del Parlamento y de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el proceso de toma de decisiones sobre la posición de la Unión en el 62.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas;

n)

que recuerde que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer introduce la obligación de eliminar la discriminación directa e indirecta contra las mujeres a través de medidas legales, políticas y programáticas en todas las esferas de la vida y que su artículo 14 es la única obligación internacional que aborda las necesidades específicas de las mujeres en las zonas rurales;

o)

que se asegure de que las mujeres y las niñas rurales reciban una educación formal e informal accesible, asequible y de calidad, incluidas formaciones que les permitan adquirir o seguir desarrollando capacidades de gestión, alfabetización financiera, económicas, comerciales y empresariales, así como educación política, cívica y ciudadana y formación tecnológica y sobre agricultura sostenible; que garantice que las mujeres tengan las mismas oportunidades y libertad de elección respecto de la carrera profesional a la que deseen dedicarse;

p)

que garantice que las mujeres y las niñas rurales puedan acceder fácilmente a créditos y recursos productivos y que reciban apoyo en sus iniciativas empresariales y de innovación;

q)

que salvaguarde el derecho y el acceso a una atención sanitaria universal y de calidad que tenga en cuenta las diferencias fisiológicas entre mujeres y hombres y se adecue a las necesidades de las mujeres y las niñas rurales, en particular por lo que respecta a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

r)

que condene todas las formas de violencia contra las mujeres y garantice que no se prive a ninguna de las víctimas en zonas rurales y aisladas de un acceso igualitario a la asistencia;

s)

que mejore la eficacia, la transparencia y la naturaleza democrática de las instituciones internacionales, nacionales, regionales y locales que apoyan y refuerzan el papel de las mujeres rurales, garantizando la presencia de estas mediante una participación igualitaria;

t)

que facilite la transición de las mujeres rurales de la economía informal a la formal, y reconozca que las mujeres en las zonas rurales trabajan en una variedad de campos y son a menudo agentes del cambio hacia una agricultura sostenible y ecológica, la seguridad alimentaria y la creación de empleos verdes;

u)

que planifique y aplique políticas agrícolas resilientes frente al clima, que tengan debidamente en cuenta las amenazas específicas a las que las mujeres rurales se enfrentan como consecuencia de desastres naturales o provocados por el ser humano;

v)

que garantice la participación de las mujeres y las niñas rurales en la toma de decisiones relativa a la planificación de todas las fases de los desastres y otras crisis, y a la respuesta a estos, desde la alerta temprana al socorro, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción, y que garantice su protección y seguridad en caso de desastres y otras crisis;

w)

que tome todas las medidas necesarias para garantizar que las mujeres rurales disfruten de un ambiente seguro, limpio y saludable;

x)

que ofrezca infraestructura y servicios públicos accesibles y de calidad para las mujeres y las comunidades rurales y que invierta en su desarrollo y mantenimiento;

y)

que facilite el desarrollo digital, ya que puede contribuir de forma considerable a la creación de empleos nuevos, simplificando el acceso al trabajo autónomo, impulsando la competitividad y el desarrollo del turismo y favoreciendo una mejor conciliación del trabajo y la vida familiar;

z)

que apoye las actividades en curso de los grupos comunitarios locales y la creación de otros nuevos, que deberían reunirse periódicamente para debatir los problemas y desafíos ligados al desarrollo y emprender acciones constructivas;

aa)

que pida a los Estados miembros, los interlocutores sociales y la sociedad civil que apoyen y promuevan la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en los órganos de dirección de asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales y sindicales en los ámbitos de la política rural, sanitario, educativo y agrario, así como en los órganos de gestión y representación mediante una presencia igualitaria;

ab)

que reconozca y respalde el papel activo de las mujeres en las zonas rurales y su contribución a la economía como empresarias, jefas de empresas familiares y promotoras del desarrollo sostenible;

ac)

que garantice los derechos de propiedad de las mujeres rurales, en particular su derecho a ser propietarias de explotaciones agrarias y a heredar tierras, que constituyen una herramienta importante para su empoderamiento económico y les permiten participar plenamente en el desarrollo de las zonas rurales y beneficiarse de él;

ad)

que garantice el acceso de las mujeres rurales a los recursos productivos, las plataformas electrónicas, los mercados, los establecimientos comerciales y los servicios financieros; que impulse los mercados locales, de proximidad y tradicionales —incluidas las plazas de abastos—, al tratarse de lugares en los que habitualmente las mujeres tienen más posibilidades de comercializar directamente sus productos, lo que redunda en un mayor empoderamiento económico;

ae)

que promueva el empleo de las mujeres en el sector CTIM, en concreto en puestos que contribuyan a la economía circular y a luchar contra el cambio climático;

af)

que desarrolle políticas de empleo, servicios y programas dirigidos a atender las situaciones precarias de aquellas mujeres rurales que a menudo trabajan en el sector informal y que pueden enfrentarse a múltiples formas de discriminación interseccional por sexo, edad, clase, religión, etnia, discapacidad o identidad de género; que proporcione asistencia y apoyo adaptados a sus necesidades e intereses;

ag)

que establezca programas que garanticen que las mujeres y sus familias tengan acceso a sistemas universales de protección social que incidan en su futura situación de jubilación y contribuyan así a reducir la brecha de las pensiones, de naturaleza pluridimensional;

ah)

que recopile datos desglosados por género y elabore estadísticas sobre valores, situaciones, condiciones y necesidades de las mujeres rurales que permitan formular unas políticas adecuadas; que lleve un seguimiento periódico de la situación de las mujeres en las zonas rurales;

ai)

que inste a la ratificación y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluido su artículo 6 titulado «Mujeres con discapacidad»; que garantice la accesibilidad de productos, infraestructuras y servicios;

aj)

que pida a la Comisión, a los Estados miembros y a los Gobiernos regionales y locales que proporcionen instalaciones y servicios públicos y privados asequibles y de calidad orientados a la vida cotidiana en las zonas rurales y que creen las condiciones necesarias para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada de las mujeres en las zonas rurales, en particular garantizando la disponibilidad de instalaciones de cuidados adecuadas para personas dependientes, una atención médica accesible y transporte público;

ak)

que subraye la importancia de incluir, en las políticas de la Unión, salvaguardias sobre las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres contratadas como trabajadoras estacionales en el sector agrario, especialmente en lo que respecta a la necesidad de que dispongan de protección social, seguro de salud y atención sanitaria; que aliente a las autoridades regionales, locales y nacionales y otras instituciones a garantizar los derechos humanos fundamentales de los trabajadores migrantes y estacionales y sus familias, en especial de las mujeres y las personas vulnerables, y a fomentar su integración en la comunidad local;

al)

que garantice el acceso a una infraestructura y unos servicios fiables de internet de banda ancha y alta velocidad; que invierta en nuevas tecnologías en las zonas rurales y el sector agrario y fomente su uso; que reconozca los importantes beneficios sociales, psicológicos y económicos que ello aporta; que insista en el desarrollo de un enfoque global (la «aldea digital»); que fomente la igualdad de oportunidades en el acceso a estas nuevas tecnologías y en la formación para utilizarlas;

am)

que preste atención a la presencia y el avance de las mujeres en los medios de comunicación y a los contenidos mediáticos no estereotipados;

an)

que anime a los organismos públicos de medios de comunicación a que establezcan sus propias políticas de igualdad, que prevean una representación equilibrada de hombres y mujeres sus órganos decisorios;