Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Retos futuros y cambios industriales a los que se enfrenta el sector aeroespacial de la UE»

(2019/C 62/01)

Ponente:	Thomas KROPP
Coponente:	Enrico GIBELLIERI

Decisión del Pleno	15.2.2018
Fundamento jurídico	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Órgano competente	Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
Aprobado en la CCMI	25.9.2018
Aprobación en el pleno	17.10.2018
Pleno n.o	538
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	184/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Es necesario desarrollar una política industrial de la UE para el sector aeronáutico que permita a la industria aeronáutica de la Unión competir en igualdad de condiciones en el contexto de la fuerte competencia de operadores consolidados (especialmente de EE. UU.) y la creciente competencia de operadores emergentes (especialmente de China). En este contexto, será necesario establecer un observatorio aeronáutico a nivel de la UE y hacer de este ámbito un elemento fundamental de la diplomacia económica y la política comercial de la UE.

1.2.

Deben abordarse los desafíos relacionados con las capacidades, en particular, la necesidad de garantizar que una mano de obra sumamente especializada, pero que envejece, tenga la oportunidad de compartir sus conocimientos y capacidades con los trabajadores más jóvenes, la necesidad de atraer más empleados jóvenes al sector con capacidades cada vez más solicitadas tanto en materia de ingeniería como de TIC, y la necesidad urgente de reciclaje de los trabajadores existentes en el campo de la digitalización.

1.3.

La investigación en el campo de la aviación civil debe seguir siendo una prioridad absoluta para Horizonte Europa, con un mayor presupuesto en comparación con Horizonte 2020. En este contexto, es necesario garantizar la continuidad de las exitosas iniciativas tecnológicas para reducir el impacto medioambiental mediante el lanzamiento de Clean Sky 3 y SESAR 3.

1.4.

Urge desplegar soluciones SESAR y establecer el cielo único europeo (CUE), tras décadas de debates. Es preciso invertir en una capacidad eficiente en el aire y en tierra con el fin de favorecer el crecimiento de la aviación, reduciendo al mismo tiempo su impacto medioambiental y aumentando los niveles de seguridad.

1.5.

Es necesario reforzar el papel internacional de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y adoptar más normas de la AESA basadas en los resultados con el fin de permitir un despliegue más eficiente de las nuevas tecnologías de forma segura y en condiciones de competencia equitativas para los exportadores de la UE.

1.6.

Es necesario encontrar soluciones para un acuerdo post Brexit eficaz, que abarque cuestiones como las disposiciones aduaneras, los marcos normativos, la cooperación en materia de investigación, despliegue y movilidad laboral. Deben entablarse con carácter prioritario debates técnicos en materia normativa, a fin de garantizar la adopción de medidas de mitigación.

1.7.

Es necesario progresar en el control de la inversión extranjera directa (IED) de la UE al objeto de proteger las tecnologías esenciales para la fabricación aeronáutica y las industrias de mantenimiento, reparación y revisión (MRR) de la UE.

1.8.

Es necesario garantizar la continuidad del diálogo social entre los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil. Asimismo, es preciso iniciar un diálogo social sectorial para la industria aeronáutica en el marco de la Decisión 98/500/CE de la Comisión.

2.   Observaciones generales

La industria aeronáutica es uno de los sectores clave de alta tecnología de la UE en el mercado mundial. La industria emplea directamente a 500 000 personas en puestos de trabajo de alta calidad (1) (1 millón de puestos de trabajo indirectos) y consiste en un ecosistema de empresas grandes y pequeñas que cubren todo el espectro de la aeronáutica.

La industria aeronáutica de la UE es líder tecnológico en su campo y actualmente cuenta con una cuota de mercado de aproximadamente una tercera parte del mercado mundial. La industria contribuye de forma positiva a la balanza comercial de la UE (46 000 millones EUR en exportaciones de la UE) (2).

Alcance del dictamen

La defensa y el espacio no se abordan de manera específica en el presente dictamen. No obstante, es importante tener en cuenta el papel que desempeña la industria aeronáutica civil en estos sectores, en particular mediante su contribución a la autonomía estratégica de Europa mediante sinergias en tecnologías y centros de decisión común con actividades de defensa.

La fuerza y el liderazgo mundial de la industria aeronáutica de la UE son el resultado de estrategias sólidas y actividades productivas. Este liderazgo no debe darse por sentado, habida cuenta de los muchos retos a los que se enfrenta la industria:

1)	la feroz competencia de operadores consolidados y emergentes que reciben un apoyo considerable de sus respectivos gobiernos;

2)	el desplazamiento del crecimiento y el poder económico hacia el Este, que representa a la vez una oportunidad y una amenaza;

3)	los retos operativos a corto plazo, como el Brexit, las limitaciones presupuestarias de la UE y las medidas proteccionistas de terceros países;

4)	la necesidad de que la industria aeronáutica de la UE mantenga su liderazgo tecnológico, especialmente en la reducción del impacto medioambiental de las emisiones;

5)	la falta de una política industrial de la UE coherente;

6)	la necesidad de una estrategia coherente de la UE para el control de la inversión extranjera directa;

7)	la necesidad de una mayor presencia internacional de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA);

8)	la necesidad de impulsar la competitividad del sector de MRR de la UE;

9)	la importancia de garantizar que la futura mano de obra cuente con las competencias especializadas necesarias para el sector, especialmente en el ámbito de la digitalización.

Observaciones específicas

3.   El mercado mundial y los retos

3.1.

La actual posición de liderazgo de la industria de la UE no debe darse por sentada. El PIB de la UE, como parte del PIB mundial, se verá reducido en un 30 %, pasando del 17 % actual al 12 % (3).

3.2.

Numerosos países han desarrollado y aplicado estrategias de gran alcance sobre el modo de posicionarse, de desplegar a sus ciudadanos y de asegurar una posición de liderazgo en la cadena de valor mundial en el contexto de la automatización y el desplazamiento del poder económico hacia el Este.

3.3.

Europa se enfrentará a una situación de competencia completamente diferente, que brindará numerosas oportunidades si conseguimos maximizar todos nuestros esfuerzos y tomar decisiones valientes. Sin embargo, se multiplicarán las amenazas si damos por sentada nuestra posición de liderazgo.

4.   El apoyo de gobiernos extranjeros a la industria de terceros países

4.1.

El sector industrial estadounidense (el principal competidor de la industria de la UE) sigue beneficiándose de un fuerte apoyo público del Gobierno estadounidense y de treinta y cuatro agencias o departamentos diferentes. El conjunto de normativas, políticas y herramientas adoptadas a lo largo de los años por las administraciones estadounidenses para respaldar su industria aeronáutica civil es amplio y aprovecha el sector de defensa de forma muy efectiva, en particular, para la investigación, la tecnología y el desarrollo (incluida la asignación de fondos del presupuesto federal a programas de investigación). Otros operadores consolidados (de Canadá y Brasil) también siguen recibiendo importantes ayudas de sus respectivos gobiernos mediante una estrategia industrial global.

4.2.

Además de los operadores tradicionales del ámbito de la aeronáutica civil, varios países emergentes (entre otros, China, Indonesia, India, Corea del Sur o Filipinas) también se están comprometiendo en mayor medida a apoyar el desarrollo de industrias aeronáuticas nacionales competitivas en los próximos años.

4.3.

Entre ellos, China cuenta con la estrategia más completa, que incluye una combinación de planificación centralizada y empresas estatales. El Gobierno chino ha señalado en varios documentos oficiales (del más alto nivel), incluida la iniciativa Made in China 2025, que el desarrollo de una industria aeronáutica civil nacional constituye una prioridad fundamental. El actual plan quinquenal de China exige «avances tecnológicos en el ámbito de los motores para la aviación civil» y la «aceleración de la investigación en materia de grandes reactores, helicópteros, reactores regionales y aviación general». Cabe señalar, asimismo, que el sector aéreo chino es público y que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de China no solo está capacitada para aprobar todas las adquisiciones de aeronaves previstas por las aerolíneas chinas, sino que fomenta la adquisición de reactores de fabricación nacional como el COMAC C919 (4). Por último, pero no por ello menos importante, el plan «Internet Plus» también establece una asociación entre los gigantes tecnológicos chinos y las industrias tradicionales, incluida la industria aeronáutica.

5.   Estrategia industrial de la UE

5.1.

La falta de una política industrial de la UE que apoye a la industria aeronáutica, combinada con un enfoque fragmentado entre las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales, plantea un problema fundamental en el contexto del cambiante panorama competitivo. Es necesario desarrollar una estrategia industrial de la UE para la industria aeronáutica europea con el fin de garantizar su competitividad y mantener su liderazgo en el mercado mundial de la aviación civil.

5.2.

Esto requiere una estrategia y un compromiso a nivel de la Unión en el que todos los agentes pertinentes a nivel de la UE, nacional e intergubernamental (incluidos la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, así como agencias pertinentes como la AESA y Eurocontrol e iniciativas tecnológicas conjuntas como SESAR y Clean Sky) trabajen conjuntamente hacia un objetivo común con el fin de reforzar la competitividad de la industria de la UE en el mercado mundial de la aviación civil.

5.3.

Es necesario un compromiso a nivel de la UE para proporcionar apoyo financiero público continuo a este sector fundamental, en particular, en el ámbito de la investigación y la innovación, sobre la base de una hoja de ruta a largo plazo.

5.4.

Debería crearse un observatorio aeronáutico a nivel de la Comisión con el fin de supervisar las barreras no arancelarias en regiones aeronáuticas clave y evaluar la competitividad relativa de la industria aeronáutica de la UE.

5.5.

La aeronáutica debe convertirse también en un sector fundamental para la diplomacia económica y la política comercial de la UE, y debe reforzarse la voz de la Unión a nivel internacional, por ejemplo, en el seno de la Organización de Aviación Civil Internacional.

6.   La I+D para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones

6.1.

Los dos principales programas europeos de investigación aeronáutica, Clean Sky (tecnologías aeronáuticas más eficientes y menos contaminantes) y SESAR (I+i en la gestión del tráfico aéreo y su despliegue), funcionan como catalizadores para toda la cadena de innovación en Europa.

6.2.

Gracias a su hoja de ruta a largo plazo en materia tecnológica y su compromiso financiero, han demostrado su eficiencia y valor añadido tanto para las autoridades públicas como para la cadena de innovación, principalmente en términos de: i) diseño, desarrollo, fabricación y operación de aeronaves más competitivas, seguras y sostenibles desde el punto de vista medioambiental y sistemas de gestión del tráfico aéreo; ii) creación de una comunidad tecnológica y científica amplia y eficiente de profesionales de investigación académica e industrias, desde grandes empresas a pymes, en los veintiocho Estados miembros de la UE; y iii) entrega de vehículos de demostración excepcionales con un impacto real en el mercado y los programas aeronáuticos.

6.3.

Entre los logros alcanzados por Clean Sky, cabe mencionar los ensayos en vuelo del ala laminar BLADE (que presume de una reducción del 50 % de la fricción en el ala y hasta un 5 % menos de emisiones de CO2) y el rotor abierto en contrarrotación (que reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en alrededor de un 30 %).

6.4.

La mejor prueba de los logros de SESAR son sus resultados impactantes: una vez aplicadas, las sesenta y tres soluciones aportadas por este programa deberían dar lugar a un aumento del 34 % de la capacidad del espacio aéreo y a una reducción del 30 % de la varianza del tiempo de vuelo, lo que se traduce en una reducción de los retrasos en todos los vuelos de la UE y en el respeto del horario del 95 % de los vuelos, así como en una reducción del 2,3 % de la utilización de combustible y de las emisiones por vuelo.

6.5.

En el contexto Horizonte Europa, la aviación civil debe seguir siendo una prioridad principal, con un aumento del presupuesto en comparación con la financiación actual en el marco de la Iniciativa Horizonte 2020. La investigación y la innovación son vitales para la industria aeronáutica de la UE y los largos ciclos de investigación de la industria aeronáutica exigen un reparto de los riesgos entre el sector público y el privado a través de una financiación mediante subvenciones basadas en un compromiso a largo plazo con el desarrollo de hojas de ruta de investigación. Esto es fundamental para la competitividad de la industria aeronáutica de la UE. Deben mantenerse, por lo tanto, las dos iniciativas tecnológicas conjuntas (Clean Sky y SESAR). En el contexto del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), la financiación debe seguir siendo una prioridad absoluta para acelerar y fomentar el despliegue de las tecnologías desarrolladas en el marco de Clean Sky y SESAR I+i.

6.6.

La aviación civil cuenta con un historial acreditado de reducción de su impacto ambiental. Una nueva generación de aeronaves reduce normalmente las emisiones en un 15-20 %. El sector de la aviación civil mundial se convirtió en el primero del mundo en adoptar un enfoque global para la reducción de sus emisiones. Se basa en la «estrategia de cuatro pilares» de la tecnología, las operaciones, las infraestructuras y los instrumentos basados en el mercado mundial.

6.7.

El apoyo continuo de la UE a la investigación y la innovación es vital para garantizar que se sigan realizando avances en la reducción de la huella ambiental de la aviación civil (pilar tecnológico) puesto que más del 70 % de todas las actividades de investigación están relacionadas con objetivos medioambientales.

6.8.

El Plan de vuelo 2050 del Consejo consultivo para la investigación aeronáutica en Europa ha establecido como uno de sus objetivos que para 2050 la tecnología y los procedimientos posibiliten una reducción del 75 % de las emisiones de CO2 por pasajero/kilómetro, una reducción del 90 % de las emisiones de NOx y una reducción del 65 % de las emisiones de ruido percibido de las aeronaves en vuelo (estas guardan relación con las capacidades de las aeronaves nuevas más habituales en 2000).

6.9.

Además, deberían eliminarse por completo las emisiones de las aeronaves durante el rodaje y deberían diseñarse y fabricarse vehículos aéreos reciclables. Europa debería también consagrarse como centro de excelencia en materia de combustibles alternativos sostenibles, incluidos los de la aviación, sobre la base de una sólida política energética europea.

6.10.

Europa debería estar al frente de la investigación atmosférica y encabezar la elaboración de un plan de acción medioambiental con prioridades y el establecimiento de normas ambientales globales. Si bien se han realizado avances significativos en el marco de Horizonte 2020, el ritmo de la investigación y la innovación debería aumentarse en el marco de Horizonte Europa, incluida la electrificación e hibridación de las aeronaves.

7.   Digitalización

7.1.

Las tecnologías de digitalización (incluidas las infraestructuras digitales necesarias para albergar nuevas plataformas de vuelo automatizadas), de automatización, virtuales y de realidad aumentada también serán una prioridad en la investigación aeronáutica y, junto con la necesidad de seguir mejorando el nivel de seguridad de la aviación y de seguir trabajando en la reducción de la huella ambiental de la misma, establecerán la hoja de ruta en materia de investigación e innovación para SESAR 3 y Clean Sky 3.

7.2.

Debería acelerarse el despliegue de soluciones SESAR y resulta fundamental instaurar el CUE, con el fin de garantizar un despliegue eficiente en la UE.

8.   Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)

8.1.

El fortalecimiento del papel internacional de la AESA es fundamental para la industria aeronáutica de la UE (incluido el sector de MRR) y para estar a la altura del importante papel internacional que sigue desempeñando la Administración Federal de Aviación de EE. UU. en la promoción de la industria aeronáutica estadounidense en los mercados de terceros países.

8.2.

Se debería permitir a la AESA abrir más oficinas en terceros países con un papel fundamental en la promoción de la normativa de seguridad, las normas de certificación y las políticas europeas, y para garantizar que la industria europea pueda competir en igualdad de condiciones en mercados de exportación clave mediante el contacto diario con las autoridades de aviación civil de los terceros países, evitando obstáculos técnicos para la validación de los productos europeos en esos mercados de exportación.

8.3.

Los acuerdos bilaterales de seguridad aérea de la UE con terceros países deberían ampliarse para reducir la duplicación de la supervisión de la seguridad tanto para la certificación de tipo y la aeronavegabilidad inicial como para la aeronavegabilidad/mantenimiento posteriores.

8.4.

Por último, pero no por ello menos importante, las normas detalladas de la AESA deben basarse más en los resultados, ateniéndose a las normas industriales con el fin de permitir un despliegue seguro de las nuevas tecnologías de una forma más rápida y eficiente. En este contexto, debería acogerse con satisfacción la revisión recientemente acordada del Reglamento de base de la AESA (revisión del Reglamento n.o 216/2008).

9.   Infraestructuras

9.1.

La industria aeronáutica de la UE también se beneficia del buen estado de la industria de aviación civil de la UE en general (por ejemplo, las aerolíneas, los operadores de helicópteros, los operadores de aviones corporativos y otros usuarios del espacio aéreo) puesto que el crecimiento adicional de los usuarios del espacio aéreo tiene como resultado la necesidad de más aeronaves y de la tecnología correspondiente.

9.2.

En este sentido, resulta por tanto esencial seguir invirtiendo en infraestructuras seguras y rentables en tierra y en el aire, evitando al mismo tiempo impuestos excesivos sobre la aviación.

9.3.

En este contexto, se acoge con satisfacción la estrategia de aviación de la UE puesto que incluye un conjunto de herramientas para mejorar la competitividad de la industria aeronáutica civil de la UE en general, incluida una revisión del Reglamento de base de la AESA, una estrategia para garantizar el liderazgo de la UE en el mercado emergente de los sistemas civiles de aeronaves pilotadas a distancia y sistemas de gestión del tráfico automáticos, así como otras propuestas que afectan a la competitividad del sector de la aviación [revisión del Reglamento (CE) n.o 868/2004 y posible revisión de la Directiva (UE) relativa a las tasas aeroportuarias].

9.4.

La revisión del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 (normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad) debe considerarse también en este contexto y debería garantizar que el mercado único esté listo para la evolución futura. Además, dada la reconocida necesidad de seguir consolidando el sector aéreo de la UE, debe establecerse un equilibrio entre un sector aéreo más consolidado y los beneficios que reportan a los consumidores de la UE una competencia efectiva y poder elegir entre diferentes compañías aéreas.

10.   Servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRR)

10.1.

El sector de MRR también constituye un segmento importante de la industria aeronáutica de la UE ya que contribuye tanto a la creación de empleo en la Unión como a la exportación de servicios de MRR. Por lo tanto, el fortalecimiento de la competitividad del sector de MRR de la UE (servicios para líneas aéreas, empresas independientes y fabricantes de equipos originales) también es fundamental para permitir a este sector seguir creando empleo y conquistar nuevos mercados.

10.2.

El uso de macrodatos y nuevas tecnologías para los servicios de MRR también será un aspecto importante que deberá abordarse en los programas de investigación e innovación.

11.   Inversiones extranjeras directas (IED)

11.1.

La propuesta de la Comisión Europea para el control de las IED (COM(2017) 487) no solo mejorará el intercambio de información y la evaluación del impacto, sino que aumentará la transparencia transnacional, si bien la decisión final en la materia corresponderá al nivel nacional. La propuesta también incluye el control por parte de la Comisión Europea por motivos de seguridad u orden público en aquellos casos en los que puedan verse afectados proyectos o programas de interés para la UE.

11.2.

Esta propuesta de la Comisión debe acogerse favorablemente como un primer paso, puesto que es de suma importancia no solo en cuanto a la inversión extranjera directa en la industria aeronáutica de la UE y su cadena de suministro, sino también en relación con las tecnologías esenciales para la fabricación en la UE (automatización, inteligencia virtual, macrodatos y ciberseguridad).

12.   Brexit

El sector aeronáutico europeo está plenamente integrado con numerosos componentes que cruzan fronteras nacionales varias veces antes del ensamblaje final. La cadena de suministro está formada por muchas empresas grandes, medianas y pequeñas que aplican el principio de «justo a tiempo».

El mercado único y la unión aduanera son de vital importancia, ya que reducen la carga administrativa y la burocracia para la industria, minimizando así los costes.

La EU-27 y el Parlamento Europeo han afirmado en términos inequívocos que protegerán la integridad del mercado único, en particular sus cuatro libertades, y la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo, y que no se podrán escoger sectores a conveniencia.

El Gobierno del Reino Unido ha dejado claro que será un tercer país a partir del 29 de marzo de 2019.

12.1.

Debe evitarse un Brexit sin acuerdo, ya que sería especialmente perjudicial para la competitividad de la industria aeronáutica europea a escala mundial y pondría en peligro miles de puestos de trabajo a ambos lados del Canal de la Mancha. Es necesario encontrar soluciones para un acuerdo post Brexit que prevea: — disposiciones aduaneras sin fricciones, incluido el control de las exportaciones de mercancías de doble uso; — la permanencia del RU en la AESA y ECHA (REACH); — la investigación aeronáutica civil: continuación de la cooperación en iniciativas tecnológicas conjuntas; — la capacidad de trasladar a trabajadores altamente cualificados a través de las fronteras.

Es necesario entablar con carácter prioritario debates técnicos sobre el marco normativo para la AESA y ECHA, a fin de garantizar la adopción de medidas de mitigación para reducir al mínimo las posibles perturbaciones.

Los gobiernos nacionales deben proporcionar una orientación clara para ayudar a sus empresas a prepararse para todos los cambios potenciales causados por el Brexit, a fin de minimizar las perturbaciones.

13.   Capacidades

13.1.

El éxito continuado de la industria aeronáutica de la UE también depende en gran medida de su capacidad para atraer mano de obra cualificada. En el contexto del envejecimiento de la mano de obra y los nuevos desafíos tecnológicos (digitalización, automatización, ciberseguridad, industria 4.0), esto requiere una estrategia global de la UE para desarrollar programas de educación y formación europeos con disposiciones básicas en materia de aprendizaje permanente y formación de alta calidad.

13.2.

A nivel nacional, se anima a los Estados miembros a promover el estudio de materias CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en particular entre las niñas desde una temprana edad, así como la participación en los programas Erasmus+.

13.3.

Es necesario desarrollar vías flexibles entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación (aprendizaje basado en el trabajo, formación de aprendices de calidad e iniciativas de formación específicas para cada sector), y las pymes deberían recibir apoyo adicional si fuera necesario.

13.4.

Habida cuenta de estos importantes retos sociales específicos, la industria aeronáutica europea se vería beneficiada por un diálogo social sectorial a nivel de la UE (Decisión 98/500/CE), que permitiría a los interlocutores sociales debatir cuestiones concretas.

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(1)  Fuente: Datos y cifras de la ASD.

(2)  Fuente: Datos y cifras de la ASD.

(3)  Fuente: PWC.

(4)  Fuente: RAND, «Chinese Investment in U.S. Aviation», 2017.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Pacto Europeo de Financiación Climática»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 62/02)

Ponente:

Rudy DE LEEUW

Decisión del Pleno	15.2.2018
Fundamento jurídico	Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno
Sección competente	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Aprobado en la sección	5.10.2018
Aprobado en el pleno	17.10.2018
Pleno n.o	538
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	172/4/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE asume decididamente la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establecida por las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Sin embargo, la trayectoria que seguimos nos permitirá en el mejor de los casos limitar el aumento de la temperatura a 3 oC o más, mucho más de lo que prevé el Acuerdo de París.

1.2.

Paralelamente, Europa necesita un nuevo impulso y un nuevo proyecto, basado en la cooperación y la convergencia más que en la competencia, que demuestre la plusvalía concreta que puede aportar a los ciudadanos, en particular a los jóvenes. A partir de ahora, es esencial adoptar una política europea ofensiva y marcar un rumbo claro al modelo socioeconómico que deseamos no solo hoy para nosotros sino especialmente para las generaciones futuras.

1.3.

Europa necesita demostrar que puede a la vez crear un entorno favorable que genere empleo de calidad, bien remunerado y que respete el medio ambiente, y relanzar una economía real en beneficio de todos los empresarios, trabajadores y ciudadanos europeos.

1.4.

Sin embargo, enormes masas de capital alimentan nuevas burbujas financieras en lugar de nutrir la economía real, e instituciones como el FMI evocan la posibilidad de una nueva crisis, aún más devastadora que la de 2008 (1).

1.5.

El próximo marco financiero plurianual (2021-2027) deberá estar al servicio del desarrollo económico (2) y el empleo (3) y permitir a la UE alcanzar sus objetivos y contribuir a la transición hacia una economía baja en carbono de aquí a 2050.

1.6.

En un planeta muerto no habrá vida, ni empleo, ni empresas. Así pues, el cambio climático ofrece la oportunidad de crear empleo de calidad y debe poder dar una respuesta que redunde en beneficio de los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil. Retrasar la adaptación o no actuar en absoluto podría conducir a un incremento considerable del coste total del cambio climático (4).

1.7.

La Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Banco Mundial evocan las mismas cifras: habrá que invertir el equivalente a 1 115 000 millones de euros al año en la UE a partir de 2021 para pasar a la acción y alcanzar los objetivos de la Unión Europea antes de 2030 (5). Estos 1 115 000 millones de euros incluyen una parte importante de las inversiones actuales que deberán reorientarse hacia un desarrollo sostenible (asignación «verde»). El coste de la inacción sería de 190 000 millones de euros al año (el 2 % del PIB de la UE) (6).

1.8.

Tal como defienden numerosos economistas y personalidades políticas de la sociedad civil (7), hay que impulsar y apoyar cualquier proyecto que pueda aunar las fuerzas europeas en interés de los trabajadores, las empresas y todos los ciudadanos europeos. Este es el objetivo de un pacto de financiación climática para un empleo de calidad.

1.9.

El Pacto de Financiación Climática pretende reorientar hacia la lucha contra el cambio climático y la economía real aquellos capitales que podrían propiciar una nueva burbuja financiera. También necesita nueva financiación, en particular para las pymes. Este pacto debe constituir una nueva hoja de ruta para un liderazgo europeo e invita a dotarse de un plan integrado (en cooperación con China y la India, agentes clave en la lucha contra el cambio climático).

1.10.

Según el CESE, esta hoja de ruta deberá abarcar todos los aspectos de una política de lucha contra el cambio climático: una transición justa (medidas para atenuar los efectos del cambio, pero también para compensar los daños y pérdidas) y políticas eficaces de adaptación al cambio climático. Debe privilegiarse (8) lo más posible el modelo de economía circular y mejorarse su marco reglamentario. Todo ello deberá financiarse mediante presupuestos adecuados para la reorientación de inversiones existentes (asignación «verde») y nuevas fuentes de financiación accesibles.

1.11.

Dicha transición conduciría a la necesaria transformación del mercado laboral y podría contribuir la creación de empleo de calidad en el marco del pilar europeo de derechos sociales (9).

1.12.

Es imprescindible acompañar socialmente la evolución hacia un modelo de sociedad sostenible y disponer de un plan de acción para una transición justa a fin de no dejar a nadie atrás.

1.13.

Esta transición requiere inversiones significativas en investigación y desarrollo (I+D) e innovación para suscitar y apoyar proyectos innovadores que correspondan a la taxonomía europea.

1.14.

Se trata de no reincidir en los errores del pasado (subvención de combustibles y sobreexplotación de las energías fósiles) y de detener cualquier apoyo a proyectos perjudiciales para el clima o contrarios al Acuerdo de París.

1.15.

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, una parte significativa de la inversión que ha de aportarse para luchar contra el cambio climático debería llevarla a cabo el sector privado, además de la financiación pública.

1.16.

El Pacto requiere establecer un marco normativo europeo claro y previsible a largo plazo para garantizar la planificación de las inversiones (10). Este marco debería acompañarse de mecanismos de ajuste en frontera para los productos que no estén sujetos a las mismas normas sociales y medioambientales.

1.17.

Según el CESE, y como ha destacado la Comisión, es indispensable establecer un sistema de clasificación unificado de la UE —o taxonomía— para seleccionar los proyectos sostenibles (y descartar los que no lo son) e identificar los ámbitos en los que la inversión puede tener mayor impacto. El Parlamento Europeo apoya este planteamiento y propone, además, la instauración de una «etiqueta verde». Esta etiqueta debería concederse a las inversiones que se ajusten a la taxonomía de la UE y a las normas más severas en materia de sostenibilidad, con vistas a una asignación virtuosa de las inversiones (11).

1.18.

Los proyectos seleccionados, que deberán respetar los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y que precisan grandes medios en materia de innovación y de I+D, tendrán que aplicarse por medio de un instrumento que permita visualizar las diversas fuentes de financiación (entre ellas el futuro marco financiero plurianual) y mediante diversas acciones: — reorientar la financiación hacia inversiones sostenibles mediante una «asignación verde» y, en este contexto, promover los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) considerados verdes; — aprovechar la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo (BCE) como fuente de financiación; — aumentar hasta el 40 % la cuota del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas dedicada a la lucha contra el cambio climático; — la UE debe hacer gala de una ambición que esté a la altura del reto de la lucha contra el cambio climático; una media del 40 % de su presupuesto global (MFP 2021-2027) deberá destinarse a este objetivo; — aumentar la cuota del Fondo de Cohesión Europeo por encima del 20 % actual; — movilizar el 3 % de los fondos de pensiones y de seguros; — apoyar a las empresas, en particular las pymes, en sus inversiones en I+D con un importe de hasta 100 000 millones EUR para este fin; — cumplir los compromisos contraídos de asistencia financiera a los países del Sur que participan en la lucha contra el cambio climático, e — introducir en los acuerdos comerciales de la UE una cláusula relativa al «Acuerdo de París» que sea verdaderamente vinculante.

2.   Introducción

2.1.

El artículo 3 del Tratado de la UE dispone que esta debe promover un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La urgencia climática se ha elevado al rango de prioridad absoluta, también para el CESE, y se impone como un marco global de acción no solo para las autoridades públicas, sino también para los agentes económicos, los trabajadores y los ciudadanos. En consecuencia, es necesario organizar, y sobre todo financiar, una amplia transición económica, social y medioambiental (12).

2.2.

Así pues, el debate que acaba de lanzarse sobre el futuro marco financiero plurianual de la UE para el período 2021-2027 debe integrar, de manera horizontal, las cuestiones relacionadas con el cambio climático y responder al objetivo prioritario de una transición hacia un mundo más sostenible.

2.3.

Dicha transición supondría la necesaria transformación del mercado laboral y podría contribuir la creación de empleo de calidad en el marco del pilar europeo de derechos sociales.

2.4.

Europa necesita un nuevo proyecto para afianzar su plusvalía y demostrar que puede crear un entorno favorable que genere empleo de calidad y bien remunerado, y relanzar una economía real y sostenible en beneficio de todos.

2.5.

Europa será parte de la solución puesto que marcará la diferencia con respecto a los demás agentes económicos internacionales si responde, simultáneamente, a la triple ecuación social, medioambiental y económica del desarrollo sostenible.

2.6.

Estudios recientes del FMI y la OCDE han criticado la gestión de la crisis de 2008 por lo que respecta a la adopción de medidas económicas que obligaron a los ciudadanos, las empresas y los gobiernos a efectuar recortes presupuestarios.

2.7.

Es necesario que se realicen más inversiones en materia de innovación e I+D para abordar los nuevos retos socioeconómicos, como la transición energética, las economías circular y colaborativa o incluso la automatización y, por tanto, evitar la degradación de la calidad del empleo.

2.8.

A las crisis financiera y social han venido a sumarse una crisis política o, en algunos países, fuertes turbulencias políticas y una crisis ecológica.

2.9.

Así pues, luchar contra el cambio climático se impone como una necesidad, pero constituye también una oportunidad para reformar nuestras economías, promover un modelo de crecimiento sostenible, luchar mejor contra las desigualdades y reforzar nuestras democracias.

3.   Contexto

3.1.

El CESE hace suya la Agenda 2030 establecida por las Naciones Unidas, que se propone definir un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta, velar por la protección de los derechos humanos y garantizar la prosperidad de todos los ciudadanos. La aprobación de esta Agenda constituye un giro histórico hacia un nuevo paradigma que aborda las disparidades económicas, sociales y medioambientales de manera universal e integrada.

3.2.

El Acuerdo de París prevé contener de aquí a 2100 el cambio climático «muy por debajo de 2 oC con respecto a los niveles preindustriales» y, si es posible, «proseguir los esfuerzos para que permanezca en 1,5 oC por encima de esos niveles». Sin embargo, según las Naciones Unidas, la trayectoria que seguimos permitirá en el mejor de los casos limitar el aumento de la temperatura a 3 oC o más.

3.3.

El cambio climático tiene unos costes humanos y financieros muy elevados, debido, en particular, al aumento de las catástrofes naturales: las olas de calor y el aumento del nivel de las aguas han contribuido a la muerte de ocho millones de personas en el mundo desde principios del siglo XX, con un coste de 7 billones de dólares estadounidenses (13). Se observa también un aumento del número de refugiados climáticos (250 millones de aquí a 2050). Por consiguiente, los más débiles también son las primeras víctimas del cambio climático, que aumenta las desigualdades. Pues bien, según el FMI, el aumento de las desigualdades pone en peligro el crecimiento económico sostenible (14).

3.4.

En un escenario de statu quo, es decir, si no se adopta ninguna medida de adaptación, los cambios climáticos previstos para 2080 costarían cada año al conjunto de las familias de la UE 190 000 millones de euros (únicamente por lo que respecta al coste de los seguros que incluyen los daños derivados del clima), a precios constantes (15).

3.5.

Aunque se han conseguido avances en materia de financiación de la lucha contra el calentamiento y sus efectos, siguen siendo insuficientes. Debe darse prioridad política a un sistema financiero y una economía sostenibles, en particular mediante un marco normativo claro, estable e incentivador que también debe fomentar la concretización de proyectos innovadores, con gran valor añadido y respetuosos con el medio ambiente.

3.6.

En un momento en que Europa todavía no se ha recuperado por completo de la crisis financiera de 2008, el FMI da hoy la voz de alarma y evoca el riesgo de una crisis más grave y general que en 2008 (16).

3.7.

Según P. Larrouturou y J. Jouzel, de los 2 200 000 millones de euros creados por el Banco Central Europeo desde 2015, solo el 11 % se han inyectado en la economía real, mientras que el 89 % ha pasado a alimentar la especulación y una nueva burbuja financiera (17). Además, la OCDE ha inventariado unos 800 programas de gasto y deducciones fiscales, puestos en marcha en los treinta y cinco países de la OCDE y en seis grandes economías emergentes del G-20, que incitan a producir o consumir combustibles fósiles (18), lo cual es totalmente contrario a las orientaciones fijadas en el Acuerdo de París.

3.8.

Esta orientación de la financiación —derivada ya sea de la especulación o de una asignación contraria a los objetivos de lucha contra el cambio climático que se ha fijado la UE— sale cara económica, social y medioambientalmente a toda la colectividad europea.

3.9.

El Parlamento Europeo constata que el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 ha demostrado su incapacidad para satisfacer las necesidades actuales. Además, no responde a una serie de crisis y nuevos retos (entre otros, relativos a la agricultura, el empleo juvenil, las inversiones sostenibles o incluso el medio ambiente). Esta es la razón por la cual este futuro marco financiero debe ahora ponerse al servicio del reto fundamental que supone la lucha contra el cambio climático y, así, crear empleo de calidad.

4.   Oportunidades

4.1.

Las grandes empresas están evaluando las posibilidades que ofrece el cambio climático. Muchas de ellas estiman que las empresas deben formar parte de la solución y resaltan que aquellas que han aprovechado las ocasiones que se presentaban en los sectores con baja intensidad de carbono cada vez se ven más recompensadas.

4.2.

Para los empresarios, es posible crear empleo e innovar en la senda hacia una economía próspera e hipocarbónica (19), generando beneficios al mismo tiempo. Esto es tanto más importante cuanto que el nivel de «cero emisiones de carbono» debería hacerse realidad a mediados de siglo para alcanzar el objetivo de calentamiento inferior a 2 oC.

4.3.

Un pacto de financiación climática debe contribuir a transformar la necesidad de responder al cambio climático en una oportunidad para reconvertir la industria europea y crear nuevas empresas. Es importante, por tanto, invertir de forma significativa en la economía real y en la investigación y el desarrollo para crear empleo sostenible y de calidad.

4.4.

La tasa de empleo total ha aumentado en la Unión Europea, mientras que el desempleo ha disminuido como consecuencia de la reciente mejora económica. Pero el desempleo de larga duración, la precarización del empleo, todavía más en el caso de las mujeres, y el desempleo juvenil siguen siendo muy preocupantes. La transición hacia un desarrollo sostenible debería permitir a las empresas dinámicas e innovadoras aprovechar todas las oportunidades que se les ofrecen y contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar la situación del desempleo.

4.5.

Por esta razón, es esencial que la Unión Europea trabaje, en colaboración con los Estados miembros, para establecer una estrategia coordinada para crear un entorno favorable que genere empleo sostenible y de calidad. La Comisión debe estudiar la posibilidad de excluir del cálculo de la deuda (20) las inversiones públicas que contribuyan a crear puestos de trabajo de calidad y a lograr una economía sostenible que beneficie a todos, tanto a empresas como a trabajadores.

4.6.

La UE alienta la cooperación entre los Estados miembros. Apoya y evalúa sus esfuerzos, principalmente en el marco del Semestre Europeo, de las orientaciones para el empleo y del seguimiento de las políticas nacionales (informes conjuntos sobre el empleo, programas nacionales de reforma y recomendaciones por países). Pero también debe lograr que sus políticas obedezcan a los objetivos y finalidades que respaldan una prosperidad compartida para los empresarios, los trabajadores y los ciudadanos europeos.

4.7.

La ADEME (21) estima que el potencial neto de creación de empleo vinculado al clima en Europa es de cinco a seis millones de puestos de trabajo de aquí a 2050 y, según la Comisión Europea, pueden crearse tres millones de puestos en el sector de las energías renovables antes de 2020.

4.8.

La Federación de Industrias Alemanas BDI ha anunciado, por su parte, que puede alcanzar el objetivo de una reducción del 80 % de las emisiones de CO2 de aquí a 2050 si dispone de 50 000 millones EUR anuales durante ese período.

4.9.

Se constata, además, un aumento de los puestos de trabajo en equivalentes a tiempo completo en la economía verde (de 2,8 millones en 2000 a 4,2 millones en 2014). Algunos sectores son muy dinámicos: las energías renovables (un millón de empleos creados desde el año 2000: + 182 %) o la gestión de residuos (de 0,8 millones en 2000 a 1,1 millones en 2014: + 36 %).

4.10.

No obstante, es esencial que las pymes, pero también las cooperativas y las organizaciones más pequeñas, presentes en todas las esferas locales, puedan emprender proyectos sostenibles y que se les otorgue financiación prioritariamente. Por lo tanto, conviene velar por que el acceso a la financiación no sea un obstáculo (22).

4.11.

Además, es importante adoptar un enfoque multinivel y asociar a todas las partes interesadas —tanto públicas como privadas— con el fin de fomentar e integrar los planes, iniciativas y acciones de las redes de regiones, ciudades y municipios comprometidos con la lucha contra el cambio climático y la aplicación del Acuerdo de París, tal como indicó el Comité Europeo de las Regiones en un dictamen reciente (23).

4.12.

Por último, el Pacto de Financiación Climática, que debe movilizar toda la energía y la voluntad, tanto pública como privada, deberá tener en cuenta las medidas de acompañamiento propuestas por la Comisión, entre otras, la taxonomía (clasificación), la obligación de que los inversores institucionales integren la «sostenibilidad», la información a los inversores, el reajuste de los fondos propios de los bancos, el aumento de la transparencia en materia de publicación de información por las empresas o incluso las etiquetas de la UE (sugeridas por el Parlamento Europeo).

5.   Las diferentes fuentes de financiación y las acciones que deben emprenderse

Reorientación (asignación verde) y nuevas fuentes de financiación

5.1.

Según la Comisión Europea — y el Tribunal de Cuentas evoca las mismas cifras– es necesario consagrar unos 1 115 000 millones de euros anuales a la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias.

5.2.

En esta dotación de 1,115 billones de euros para el período 2021-2030 es necesario (24) distinguir dos categorías de proyectos que deben financiarse: — por una parte, los proyectos que ofrecen una rentabilidad de la inversión y se enmarcan en los ámbitos de inversión del BEI y de los bancos públicos de fomento (25), de los bancos privados, de los fondos de pensiones y seguros o de los fondos soberanos; — por otra parte, los proyectos que requieren subvenciones públicas financiadas mediante contribuciones europeas.

5.3.

Se trata de redirigir toda o parte de la financiación actual a inversiones sostenibles, es decir de «ecologizar» el marco financiero europeo y de asignar los fondos teniendo en cuenta específicamente la lucha contra los efectos del cambio climático. Se trata de las siguientes fuentes de financiación: — los préstamos del BEI: los bancos privados podrían hacer que el BEI financie las inversiones que respondan a la taxonomía (clasificación) de la UE; — la creación de moneda del BCE: mediante la orientación de las masas monetarias resultantes de la flexibilización cuantitativa hacia la economía real y sostenible: el 50 % de la flexibilización cuantitativa anual permitiría liberar cientos de miles de millones de euros cada año; — el 40 % (en lugar del 20 % actual) del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (BEI y Comisión) debería dedicarse a la lucha contra el calentamiento y sus efectos, incluidas en sus facetas social y educativa; — la UE debe hacer gala de una ambición que esté a la altura del reto de la lucha contra el cambio climático: una media del 40 % de su presupuesto deberá destinarse a este objetivo climático, en particular el Fondo de Cohesión Europeo, que dedica solamente el 20 % de sus medios a esta lucha según el presupuesto para que cubre el período 2014-2020; — como complemento de estas fuentes de financiación, el 3 % de las inversiones de los fondos de pensiones y seguros debería dedicarse a la lucha contra el calentamiento global.

5.4.

Debe realizarse un esfuerzo especial en el ámbito de la I+D y la formación profesional; debe reservarse cada año un importe de 100 000 millones EUR para este único fin. El Comité presentará propuestas a su debido tiempo con vistas a la decisión sobre el instrumento o los instrumentos que se utilizarán para completar la financiación actual y futura necesaria para este fin.

Acciones que deben emprenderse

5.5.

Pueden ponerse muchos instrumentos financieros al servicio de la lucha contra el cambio climático, pero solo se dispondrá de financiación si Europa se dota de un plan coherente con una orientación clara y a largo plazo (26). Dicho plan deberá tener en cuenta los elementos evocados a continuación.

5.5.1.

Debe establecerse un marco normativo claro, estable y a largo plazo. Se trata de aportar seguridad a la planificación y las inversiones, pues nada socava más el compromiso que la inseguridad asociada a los constantes cambios de rumbo en la elaboración de las políticas.

5.5.2.

En enero de 2018, el BEI se convirtió en el mayor emisor de bonos verdes del mundo. Para permitirle otorgar préstamos en condiciones aún más favorables a los promotores de proyectos que respondan al Pacto de Financiación Climática, podrían adoptarse dos medidas, a saber: — en primer lugar, convendría ampliar el «Plan Juncker» a estos proyectos, lo que permitiría al BEI acogerse a la garantía del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; — por otra parte, el BEI podría obtener más financiación del Banco Central Europeo (BCE). El BEI ya tiene acceso al programa de compra de activos del BCE, pero en un porcentaje muy limitado. No obstante, habida cuenta de los importes previstos, el BEI encontraría pronto un problema de coeficiente de fondos propios. Por esta razón, cabe contemplar que el BEI se convierta en el banco del desarrollo sostenible y financie principalmente la transición energética, la movilidad ecológica y la innovación, renunciando a financiar proyectos tradicionales a los que todavía destina la mayor parte de sus préstamos.

5.5.3.

Habrá que determinar en qué sectores ese presupuesto será más beneficioso y relevante desde el punto de vista de la relación costes-beneficios para el medio ambiente, los ciudadanos y la economía (energía, vivienda, agricultura, movilidad, transporte, reciclaje, agua, etc.). Aunque es importante ofrecer un acceso justo a la red, hay que tener en cuenta que determinados sectores son suficientemente rentables y no requieren más subvenciones como, por ejemplo, el sector fotovoltaico.

5.5.4.

Convendría reforzar la acción del BEI, no solo en términos de volumen, sino también en cuanto a su capacidad de asumir mayores riesgos. Así, el BEI resultaría más útil en la lucha contra el cambio climático si apoyara a sectores emergentes, incluso de pequeña envergadura, en lugar de asignar miles de millones de euros a los sectores clásicos fotovoltaico o eólico, que ya financia ampliamente el sector privado.

5.5.5.

Toda financiación debe obedecer, tal como propone la Comisión, a una taxonomía (clasificación) común de la UE. El CESE, como representante de la sociedad civil, debería participar en las modalidades prácticas de la elaboración de dicha clasificación.

5.5.6.

Debe privilegiarse lo más posible el modelo de economía circular y mejorarse su marco reglamentario. La economía circular debe permitir disminuir, incluso con el tiempo detener, la extracción de recursos naturales, mediante el reciclaje de objetos (los teléfonos móviles solo se reciclan en un 3 %; otros objetos no lo son en absoluto) y metales preciosos. Estos metales, como el cobalto o el litio, que se utilizan en la elaboración de productos de futuro, solo están disponibles en cantidades limitadas en comparación con las necesidades futuras de electrificación de los vehículos y almacenamiento de electricidad en general, de manera que su producción no guarda proporción con las necesidades que se avecinan.

5.5.7.

Deberán incentivarse también las inversiones en materia de eficiencia energética de los edificios, que generan el 30 % de las emisiones de CO2, (con la ventaja de que su retorno de inversión es rápido). Asimismo, habrá que disponer de líneas eléctricas y gasoductos perfectamente interconectados para lograr un mercado energético europeo integrado, vinculado con África y Oriente Próximo.

5.5.8.

En interés de una transición justa y social, como prevé el Acuerdo de París y defiende el Instituto Jacques Delors (27), parte de la financiación deberá consagrarse a un fondo de ajuste para las regiones y los trabajadores involucrados en los sectores en transición. A este respecto, convendría que una parte sustancial del Fondo de Cohesión Europeo destinada a las regiones se asignara a los objetivos climáticos y sus consecuencias socioeconómicas positivas. El fondo de ajuste a la transición también deberá prever un acompañamiento de los trabajadores en reconversión desde el punto de vista de la formación. Asimismo, deberá anticipar los cambios, en vez de sufrirlos, asignando parte de su presupuesto a la innovación y la I+D en los sectores considerados prioritarios.

5.5.9.

En cada acuerdo de libre comercio, las clausulas sociales y medioambientales deberían completarse mediante un compromiso vinculante con el Acuerdo de París. (Todos los socios comerciales potenciales de Europa resultarían afectados, ya que 195 de los 197 miembros de las Naciones Unidas son signatarios).

5.5.10.

A fin de destacar la gran importancia política que reviste esta acción, los medios presupuestarios y financieros reservados de este modo deberían aplicarse a través de un instrumento que permita visualizar, de manera real y transparente, los fondos en cuestión.

5.5.11.

Por otra parte, y aunque no incumba directamente a un fondo europeo de financiación climática, la UE debe cumplir sus compromisos políticos internacionales (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2009), consistentes en reunir 100 000 millones de dólares al año para financiar la lucha contra el cambio climático en África y en la región del Mediterráneo a partir de 2020.

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(1)  https://www.theguardian.com/business/2018/oct/03/world-economy-at-risk-of-another-financial-crash-says-imf; FMI: Global Financial Stability Report October 2018 (Informe sobre la estabilidad financiera mundial de octubre de 2018).

(2)  Dictamen del CESE sobre el marco financiero plurianual, punto 3.1.8 (aprobado el 19 de septiembre de 2018, pendiente de publicación en el Diario Oficial).

(3)  CESE, Prioridades de la Sección ECO a partir de 2018.

(4)  OCDE, The Economic Consequences of Climate Change (Las consecuencias económicas del cambio climático), 2.9.2016.

(5)  Comisión Europea, Impact assessment accompanying the document «Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency», (evaluación de impacto que acompaña al documento «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética») SWD(2016) 405 final/2 de 6.12.2016, cuadro 22 (escenario EUCO30 — fuente: modelo PRIMES).

Tribunal de Cuentas, https://www.euractiv.fr/section/climat/news/la-cour-des-comptes-fustige-linefficacite-de-la-politique-climat-de-lue/.

(6)  Ciscar, M., y otros: Climate Impacts in Europe — The JRC PESETA II Project (El impacto climático en Europa: el proyecto PESETA II del CCI), 2014.

(7)  https://climat-2020.eu/es/los-primeros-firmantes/.

(8)  Dictamen del CESE sobre el tema Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible — Estrategia renovada de política industrial de la UE (DO C 227 de 28.6.2018, p. 70).

(9)  Dictamen del CESE sobre el tema Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales (DO C 125 de 21.4.2017, p. 10).

(10)  Dictamen del CESE sobre el tema Coalición para cumplir los compromisos del Acuerdo de París (DO C 389 de 21.10.2016, p. 20).

(11)  Informe del 4 de mayo de 2018 [2018/2007(INI)] sobre la financiación sostenible; ponente: Molly Scott Cato.

(12)  Dictamen del CESE sobre el tema Plan de acción sobre finanzas sostenibles (véase la página 73 del presente Diario Oficial).

(13)  Estudio elaborado por James Daniell, Instituto Tecnológico de Karlsruhe, abril de 2016.

(14)  https://blogs.imf.org/2017/02/22/the-imfs-work-on-inequality-bridging-research-and-reality/

(15)  Ciscar, M., y cols., Climate Impacts in Europe — The JRC PESETA II Project (El impacto climático en Europa — el proyecto PESETA II del CCI), 2014.

(16)  https://www.theguardian.com/business/2018/oct/03/world-economy-at-risk-of-another-financial-crash-says-imf; FMI: Global Financial Stability Report October 2018 (Informe sobre la estabilidad financiera mundial de octubre de 2018).

(17)  Pour éviter le chaos climatique et financier (Para evitar el caos climático y financiero) (P. Larrouturou y J. Jouzel, editorial Odile Jacob).

(18)  OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015 (Inventario de la OCDE de las medidas de apoyo a los combustibles fósiles en 2015).

(19)  Paul Polman, director general de Unilever, y Jean-Pascal Tricoire, director general de Schneider Electric y presidente del Pacto Mundial Francia, en la cumbre «Business & Climate»: http://www.businessclimatesummit.com/summit/2015/press-room

(20)  Dictamen del CESE sobre el tema Financiación del pilar europeo de derechos sociales (DO C 262 de 25.7.2018, p. 1).

(21)  Agencia Francesa para el Medio Ambiente y la Gestión Energética.

(22)  Dictamen del CESE sobre el tema El camino desde París (DO C 487 de 28.12.2016, p. 24).

(23)  Dictamen del CDR sobre el tema La financiación de la lucha contra el cambio climático: un instrumento crucial para la aplicación del Acuerdo de París (DO C 54 de 13.2.2018, p. 9).

(24)  Según Philippe Maystadt, antiguo presidente del BEI.

(25)  KfW en Alemania, CDC en Francia, CDP en Italia, ICO en España.

(26)  Jeffrey Sachs, audiencia del CESE del 18 de mayo de 2018.

(27)  http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/Pactesocialtransitionénergétique-FernandesPellerinCarlin-janvier18.pdf

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La evolución estratégica de la política industrial hacia el año 2030, a fin de reforzar la base industrial competitiva y diversificada en Europa y concentrarse en los resultados a largo plazo en las cadenas de valor mundiales»

(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca)

(2019/C 62/03)

Ponente:	Carlos TRIAS PINTÓ
Coponente:	Gerald KREUZER

Consulta	Presidencia austriaca del Consejo, 12.2.2018
Fundamento jurídico	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
Aprobado en la CCMI	25.9.2018
Aprobación en el pleno	17.10.2018
Pleno n.o	538
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	158/9/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La política industrial ha de determinar y ofrecer posibilidades para lograr un crecimiento futuro sostenible e inclusivo a nivel mundial. Nadie debe quedarse atrás.

1.2.

Europa debe seguir aspirando a conseguir que la proporción de la producción industrial alcance niveles precedentes, perfilando este objetivo con la ayuda de indicadores de rendimiento clave. Hay que mejorar la política industrial europea (entre las DG, los Estados miembros y las regiones), ya que esta forma parte de complejas cadenas de valor transfronterizas en un mercado cada vez más globalizado. Es preciso adoptar un enfoque holístico que concilie los retos del crecimiento, el clima, el medio ambiente y los problemas de la sociedad a la hora de diseñar una «transición justa» que conecte eficazmente las fuerzas motrices nacionales y de la UE.

1.3.

El rEUnaissance de Europa es un plan maestro para la industria europea, pues incluye la política industrial en todas las políticas de la UE, lo que hace posible que la industria se transforme para hacer de Europa la mayor economía del conocimiento, generando valor agregado industrial a través de la creatividad y el diseño inteligente, la innovación social y gestando nuevos modelos industriales sostenibles e integradores (la marca Made in Europe).

1.4.

Para que las políticas de la UE en materia de cambio climático y economía circular creen puestos de trabajo en Europa, es fundamental que las partes clave de la cadena de valor que las hacen posibles se encuentren en Europa. Por tanto, es importante que la Estrategia de la UE reconozca la importancia de las cadenas de valor y lleve a cabo medidas ambiciosas para seguir desarrollándolas. En lugar de centrarse en sectores determinados, la Estrategia ha de garantizar condiciones de funcionamiento atractivas en Europa. Para garantizar la continuidad del papel de Europa en la economía mundial, la medida del éxito debería ser el potencial de los distintos eslabones de la cadena de valor europea para integrarse en las cadenas de valor mundiales, es decir, los proveedores europeos tendrían que poder competir a escala mundial y no solo en Europa.

1.5.

Las mejoras en educación y formación para los nuevos empleos y servicios también deberían estar fuertemente entrelazadas con las políticas de I+D+i y con la creación de un aprendizaje en el trabajo, ampliando así la Agenda de Capacidades (1) a sectores industriales clave, como los de la construcción, el acero, el papel, las tecnologías ecológicas, las energías renovables, la manufactura y el transporte marítimo.

1.6.

Para garantizar el liderazgo tecnológico de Europa, el CESE también recomienda que se intensifiquen las inversiones en tecnologías revolucionarias y disruptivas, como la inteligencia artificial y la robótica, el internet de las cosas, el análisis de datos, la impresión en 3D, los nuevos materiales y los nanomateriales, la realidad virtual mejorada, la bioeconomía, la alimentación sostenible, las tecnologías digitales, las neurotecnologías, la nanoelectrónica, la exploración del océano y el espacio, etc.

1.7.

El marco financiero plurianual 2021-2027 debe contemplar, de la forma más concreta y detallada posible, el esfuerzo adicional presupuestario que se debe acometer, sector a sector, en particular en I+D+i y las políticas de cohesión.

1.8.

El CESE destaca que hay que reforzar la gobernanza institucional incluyendo en las evaluaciones de impacto no solo el económico, sino también el impacto medioambiental y social a lo largo de toda la cadena de valor.

1.9.

Para que toda la cadena de valor financiero sea más sostenible, el CESE apoya firmemente la hoja de ruta de la Comisión para financiar el crecimiento sostenible (2), mediante la elaboración de una taxonomía de finanzas sostenibles que redirija el ahorro responsable hacia inversiones sostenibles y el refuerzo de las inversiones estratégicas europeas (una combinación adecuada del Fondo InvestEU previsto y de fuentes de financiación privadas).

1.10.

El CESE vuelve a apoyar firmemente la regla de oro de la inversión pública, no solo para cofinanciar proyectos estratégicos de inversión sino también todos los proyectos de inversión sostenible relacionados con los avances positivos del sistema de clasificación unificado de la UE para actividades sostenibles (taxonomía), a fin de ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo a los países europeos más castigados por la crisis.

1.11.

Instrumentos de financiación: crear condiciones equitativas, conceder financiación pública a proyectos de escala industrial (hasta el 75 % —o más si está justificado— del coste de la inversión), así como aumentar los préstamos preferenciales y el acceso al crédito. Acceso a subvenciones públicas para acciones que se centren en reducir el riesgo de proyectos de vanguardia que, de manera intrínseca, entrañan un riesgo elevado.

1.12.

Los sectores más productivos (los que tienen más valor añadido) también son los que más innovan. Además, los sectores que se rigen por normativas medioambientales más estrictas también son los que más patentes registran, probablemente debido a la presión regulatoria (3).

1.13.

Uno de los principales motores del coste normativo es la aplicación de las políticas de la UE a través de actos delegados o de ejecución. Aplicar procedimientos de cumplimiento tecnocráticos sin haber definido las maneras más rentables de alcanzar los resultados de la normativa ralentiza la capacidad de innovación de los operadores del sector y, en particular, de las pymes.

1.14.

El desarrollo sostenible y la competitividad deben ir de la mano. El CESE pide que las normas relativas a los productos establecidas en la UE deban ser respetadas tanto por los productores europeos como por los productores de terceros países y que sean aplicables en la frontera. Por lo tanto, si los productos importados no respetan las normas medioambientales y sociales, los sectores industriales de la UE tendrán numerosas dificultades para dar respuesta a las necesidades de la sociedad y cumplir las exigencias en materia de sostenibilidad.

1.15.

La Comisión Europea debería supervisar de cerca si los acuerdos de libre comercio de la UE, con unas normas simples y claras, se aplican adecuadamente. Los capítulos de sostenibilidad en los acuerdos de libre comercio han de promover la aplicación de las normas laborales de la OIT y los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (4), que establecen unas condiciones mínimas transversales irreemplazables (los derechos de las personas vulnerables, la buena gobernanza fiscal, etc.). Hay que garantizar la reciprocidad en las relaciones comerciales (por ejemplo, inversiones, contratación pública, subvenciones).

1.16.

Es necesario un diálogo social ampliado a distintos niveles para analizar adecuadamente y aportar respuestas conjuntas a las cadenas de valor mundiales en empresas sostenibles donde los trabajadores tengan voz.

1.17.

El CESE pide a la Comisión Europea que confiera a la competitividad y el liderazgo industriales una prioridad política de primer orden y que inicie un programa en materia de estrategia industrial de la UE. Exhorta a la Comisión a que publique un informe anual sobre los resultados de la estrategia industrial de la UE donde se aborden todos los ámbitos políticos pertinentes de la Comisión.

2.   Megatendencias: un solo mundo

2.1.

Actualmente la industria se enfrenta a una profunda transformación en cuanto a la envergadura de la transformación digital y la economía hipocarbónica. Las energías renovables sustituirán a los combustibles fósiles, los datos se están convirtiendo en la nueva materia primera preferida y el internet (de las cosas) se ha convertido en la forma más importante de comunicación. Los modelos de producción lineal darán paso a sistemas de producción, consumo y reciclaje más circulares y los procesos de producción personalizados sustituirán la producción en masa. Una industria moderna significa producción e innovación en una red de agentes que cooperan estrechamente y proceden de empresas de todos los tamaños —desde grandes empresas a pymes—, que se extiende hasta los servicios conexos dispuestos a lo largo de la cadena de valor. El conocimiento se ha convertido en el factor más importante, en sustitución del trabajo o el capital. La estrategia industrial europea a largo plazo tiene que integrar todos estos retos (disruptivos) para entrar en una etapa solo comparable en la historia de la humanidad a la del paso del paleolítico al neolítico: el infolítico (5).

2.2.

La mayoría de los estudios académicos advierte de que entre el 20 y el 50 % de los empleos, según el sector, será sustituido por las tecnologías y la robótica de aquí en torno a 2030 (6). Sin embargo, se crearán nuevos empleos, aunque con mayores disparidades geográficas, sectoriales y de cualificación. El desafío de la política industrial europea estriba en evitar la exclusión de la UE, sus regiones y sus ciudadanos.

2.3.

La transformación digital afecta a los principales recursos de la industria: naturales o medioambientales, el trabajo y los capitales (físicos, tecnológicos e institucionales). Al objeto de gestionar correctamente los efectos sociales se necesita una visión integral y una nueva valoración de los principales recursos o stocks de capitales, de los que se derivarán los principales flujos de rentas, para cada país y para cada sector.

2.4.

Amplios sectores de la industria europea son cada vez más dependientes de las exportaciones exteriores o forman parte de complejas cadenas de valor transfronterizas, en un mercado cada vez más globalizado. Al mismo tiempo, la UE se enfrenta a la difusión de las políticas de «America First» («los Estados Unidos primero»), lo que se traduce en un riesgo cada vez mayor de guerras comerciales en las que no habría ganadores, solo perdedores. También representan una amenaza para el orden económico multilateral de la posguerra. Por último, se está produciendo un auge de los modelos económicos centralizados dirigidos por el Estado.

2.5.

Una transición justa hacia una economía más sostenible hacia 2050 (7) exige que Europa se enfrente a los siguientes desafíos: — el agravamiento del cambio climático y el deterioro de las condiciones medioambientales; — el agotamiento de los recursos naturales del planeta y la pérdida de biodiversidad; — la digitalización de la mayoría de los sectores industriales difuminarán los límites entre las industrias y entre el mundo físico y el virtual, abrirá sectores a nuevos participantes, lo que provocará una reducción del trabajo manual; — las desigualdades sociales, incluidos el aumento de la polarización en los mercados laborales y el desempleo juvenil, con población relegada en regiones con industrias en declive; — la pérdida de confianza de los ciudadanos en el gobierno, en la clase política, en la UE y sus estructuras de gobernanza, así como en otras instituciones; — los cambios demográficos: envejecimiento, migración, fuerte aumento de la población mundial y una nueva sensibilización por lo que respecta al medio ambiente; — la concentración de la población en las megaciudades, con la integración de las redes de infraestructuras, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y profundo; — los cambios en las preferencias de los consumidores (cambio en el comportamiento de los consumidores, mayor sensibilización medioambiental, regulación del comportamiento de los consumidores por parte de las autoridades públicas).

Una visión a largo plazo debería examinar simultáneamente todas estas tendencias. Entender los retos y cómo convertirlos en oportunidades será una de las grandes prioridades de la política industrial europea. El diseño complejo de las respuestas exige que todas las partes interesadas pertinentes participen y compartan la responsabilidad. Su éxito dependerá de los esfuerzos y la cooperación de las instituciones de la UE, los Estados miembros, las regiones y, sobre todo, del papel activo del propio sector.

3.   La transición: un compromiso de la UE con el mantenimiento de la competitividad a través de la sostenibilidad

3.1.

A fin de abordar los múltiples retos sin precedentes con los que se enfrenta la industria, Europa ha apostado por reforzar su competitividad aportando mayor calidad a sus productos y servicios, desarrollando una estrategia de diferenciación por regiones y sectores industriales que aspira a generar crecimiento y empleo de la mano del valor agregado que aportan la creatividad y el diseño inteligente, la innovación social y nuevos modelos industriales sostenibles e integradores.

3.2.

De hecho, Europa ya puede aportar algunos indicadores prometedores, como el contar con el 40 % de las patentes mundiales en tecnologías renovables. No obstante, se constatan de nuevo serios desajustes en el engranaje entre las funciones de educación y formación, las iniciativas de emprendimiento y las nuevas cualificaciones requeridas por parte de la industria.

3.3.

Otro de los mayores frenos al desarrollo industrial paneuropeo viene explicado por la fragmentación de las políticas de la Unión Europea, tanto en su dimensión geográfica como sectorial. Dejar de lado veintiocho políticas diferentes para cada sector industrial y adoptar un enfoque global para la política industrial de la Unión Europea exige sincronizar las medidas para completar la UEM (y, en particular, la unión fiscal y bancaria), el desarrollo de un mercado europeo de capitales de riesgo y la adopción de un modelo de financiación sostenible que garantice un crecimiento equilibrado y armonizado para el conjunto de la Unión Europea.

3.4.

Es importante comprender si una mayor innovación ecológica potencia la innovación en otros sectores, y cómo repercute en los precios de los insumos industriales, al objeto de evaluar mejor los efectos de la política medioambiental en la competitividad de los países y planificar mejor las políticas medioambientales.

3.5.

También es preciso prestar especial atención al potencial de las pymes en sectores que ofrecen servicios innovadores de gran nivel basados en el conocimiento. En Europa, la innovación suele originarse en estructuras de pequeño tamaño y la exportación de servicios de alto nivel basados en el conocimiento desempeña un papel pionero para el posicionamiento de los sectores conexos en el mercado.

3.6.

En esa recuperación del liderazgo europeo para la industria del conocimiento o de los capitales intangibles, la cooperación industrial y la coordinación entre los Estados miembros son clave a la hora de desarrollar la innovación en Europa. El CESE desea destacar la importancia del interés común europeo, de las asociaciones público-privadas innovadoras y de la cooperación regional en todas las estrategias de especialización inteligente.

4.   Estrategia integral y global

4.1.

Las economías que participan con mayor intensidad en las cadenas globales de valor (CGV) tienen más facilidades para crear valor añadido. Así, la UE debe oponerse con mayor rigor al neoproteccionismo que puede acentuar el reciente estancamiento del aumento de la participación en estas cadenas

4.2.

La oportunidad consiste en entrelazar las cadenas de valor globales con el tejido productivo local, favoreciendo el desarrollo de economías locales acompañadas de tecnologías disruptivas (cadena de bloques, impresoras 3D, robótica, internet de las cosas, almacenaje de energía, energía renovable, macrodatos, biología genética, nanotecnología, etc.) y con enfoques de inclusión, ya que también abren la posibilidad de producir localmente con insumos de menor coste, máxime si se introduce (y se regula correctamente) la figura del prosumidor, que alienta el desarrollo de microempresas productivas e incluyentes, complementarias a las grandes cadenas de valor globales.

4.3.

El nuevo paradigma de la sostenibilidad como factor de competitividad, desde una orientación «largoplacista», tiene como reto el movilizar, alinear y fijar suficientes recursos públicos y privados para la consecución de los objetivos establecidos en las políticas de la Unión Europea. La dotación de los recursos adecuados es fundamental para garantizar una transformación justa, equilibrada e incluyente donde nadie quede rezagado ni excluido y en la que sigan siendo prioridades importantes los intereses públicos como la protección de los consumidores, la salud y la calidad.

4.4.

Tanto las iniciativas y alianzas sectoriales de la industria europea para configurar la nueva Agenda de Capacidades como un directorio de acciones bien estructuradas que refuercen o ajusten los programas ya existentes (Erasmus+, la Nueva Agenda Europea para la Cultura, etc.), y que activen otros nuevos, deberán llegar lo antes posible al conjunto de la EU-27, asegurando la diversidad geográfica y una estrecha implicación de los entes locales.

4.5.

En paralelo, el CESE apoya decididamente el impulso a los espacios de diálogo entre diversas partes interesadas, la cocreación de estrategias innovadoras y de acciones piloto con un elevado efecto de demostración, la experimentación conjunta, el intercambio de buenas prácticas y el deseo de profundizar en el seguimiento y la evaluación de proyectos. A su vez, pone de relieve que se debería integrar a todos los actores que participan de las cadenas de valor de la industria, como es el case de los consumidores. Cabe destacar los ejemplos de la mesa redonda de alto nivel para la Industria, el Grupo de alto nivel sobre Industrias de gran consumo de energía y el Grupo de alto nivel sobre Competitividad y Crecimiento.

4.6.

Es esencial mejorar la capacidad de inversión de la UE y cerrar la brecha entre la formulación de las políticas sectoriales y la inversión financiera realizada. Esto debe hacerse incrementando las asignaciones al FEIE 2.0 y a los Fondos Estructurales relacionados con la inversión, a fin de poder llegar a las regiones y poblaciones que se han quedado rezagadas durante los años de crisis, y canalizando el reciente superávit exterior de la UE y el de las autoridades públicas hacia inversiones que modernicen nuestra infraestructura industrial y contribuyan así a aumentar la productividad y el crecimiento económico.

5.   La gobernanza institucional de la industria de la UE

5.1.

Los planes de acción de la UE a largo plazo (Estrategia Europa 2020, planes en materia de cambio climático, etc.) han de verse reflejados en los planes de acción industriales. Crear sinergias entre distintas iniciativas políticas (la economía circular, la innovación, la política de transportes, el comercio, las capacidades, la política regional) contribuiría definitivamente a maximizar su repercusión.

5.2.

La transparencia es un factor determinante para garantizar el éxito de este proceso. La industria en su conjunto ha de «actuar y comunicar», suministrando información de calidad (relevante, verificable y comparable) que posibilite la medición precisa de los impactos financieros y no financieros a lo largo de la cadena de valor global del producto.

5.3.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (17 ODS y 169 metas asociadas) y el acuerdo de París sobre el cambio climático actúan como brújula del bien común, pero es perentorio adaptar y extender los indicadores mediante una metodología común que combine los parámetros cuantitativos con los cualitativos y monetice a su vez las externalidades. El nuevo conjunto de indicadores tiene que incorporar aquellos que alcancen la dimensión de las cadenas de valor globales, reflejando los valores de la Unión Europea.

5.4.

Como en el caso de la alimentación sostenible, el CESE aboga por el establecimiento de códigos de conducta para los segmentos internacionalizados del servicio europeo o de la cadena de valor del producto, muchos de los cuales se hallan todavía al margen de la gobernanza jurídica. También apela a una mayor vigilancia de mercado y a la generación de desincentivos o sanciones ante la comisión de prácticas nocivas para la sostenibilidad, como la obsolescencia programada.

5.5.

Refuerzo de la investigación e innovación responsables como parte de un enfoque ascendente. Mejora de la predicción de los escenarios sectoriales concretos, región a región, y acompasamiento de la inversión con los objetivos estratégicos de la UE en el horizonte 2030 y las perspectivas para 2050 (8). La UE también habría de garantizar que la primera aplicación de los fondos públicos en I+D tuviera lugar en la UE. El objetivo del 3 % para las inversiones en I+D debería alcanzarse de una vez por todas (actualmente solo es del 1,9 %, lo que significa que es inferior al de China, que es del 2,2 %). Las tecnologías disruptivas tienen que ir acompañadas de hojas de ruta que aborden los retos y las condiciones relativas a su absorción (incluida la incidencia económica, normativa y social).

5.6.

El marco financiero plurianual 2021-2027 ha de contemplar una dotación lo más concreta y detallada posible, o los recursos presupuestarios adicionales que se deben destinar a cada sector, en particular en I+D+i y las políticas de cohesión. El apoyo público tiene que incrementarse en todas las fases del ciclo de innovación, incluido el apoyo a las empresas emergentes, los proyectos piloto y de demostración, los proyectos colaborativos de investigación y desarrollo tecnológico, la difusión de la tecnología, etc.

5.7.

La unión de los mercados de capitales de la UE y el desarrollo industrial deberían permitir que el ahorro público y privado se movilizara a través de unos itinerarios seguros que van desde la inversión socialmente responsable hasta la responsabilidad social de las empresas. La certificación EMAS también podría optimizar y equilibrar los rendimientos financieros con los vectores de la sostenibilidad.

5.8.

Una transición justa antes de 2030 implica no solo innovar para las personas e invertir en puestos de trabajo para los trabajadores, sino también innovar con las personas y con los trabajadores, consiguiéndoles nuevos puestos de trabajo dignos. En este sentido, el CESE subraya que la fabricación debe seguir siendo tecnológicamente neutra.

6.   Un plan de acción más ambicioso para la industria europea

6.1.

Construir una sociedad del conocimiento es una condición básica para lograr una industria innovadora y competitiva. Europa no puede competir con las economías emergentes en el plano salarial: debe ser más inteligente. Las capacidades también son fundamentales para que los trabajadores no solo incrementen su capacidad de emplearse, sino también para lograr seguridad en el empleo y una mayor integración social, así como para mejorar las oportunidades en su vida, invertir en mejorar y aumentar de manera permanente las cualificaciones de los trabajadores, y promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de calidad a lo largo de toda la vida laboral. Se necesita una nueva agenda de capacidades para Europa más ambiciosa que revise el Marco de referencia europeo de las competencias clave para garantizar que las personas adquieren los conocimientos y capacidades que la industria necesita y, de ese modo, fortalecer la resiliencia de la economía europea y promover el desarrollo sostenible (meta 4 de los ODS de las Naciones Unidas).

6.2.

Mecanismos mejorados para la transferencia de conocimientos entre las universidades + los centros de investigación y los sectores industriales + sus trabajadores.

6.3.

Las pymes son con frecuencia pioneras en el desarrollo de productos y servicios innovadores de alto nivel, pero a menudo carecen de medios para llevar dichas innovaciones a un mercado más amplio. En consonancia con las prioridades de la política industrial de la UE para 2030, es necesario ofrecer una amplia gama de posibles estímulos y ventajas que aprovechen la fuerza del entramado público paneuropeo basado en recompensas, especialmente indicado para las pymes pero que también vaya dirigido a las profesionales liberales, como pioneras en el suministro y la exportación de servicios innovadores de alto nivel basados en el conocimiento: — la contratación pública estratégica constituye una palanca importante de la política industrial. Habría que aprovechar plenamente su potencial integrando unos criterios innovadores, ecológicos y sociales en las licitaciones públicas, en lugar de limitarse a buscar el precio más bajo. La UE debería apoyar a las autoridades a este respecto proporcionando orientaciones, creando un servicio de asistencia técnica, apoyando la planificación de grandes proyectos de infraestructura y mejorando el intercambio de buenas prácticas; — apoyo a la internacionalización; — Sand box (banco de pruebas multistakeholder, apoyo en la validación ex ante de soluciones innovadoras); — incorporación a clústers (sectoriales, horizontales y verticales) y aceleradoras de startups, potenciando las interconexiones entre actores de la industria para compartir e intercambiar recursos; — acompañamiento (mentoring especializado de alto valor añadido, encuentros regulares entre startups y empresas consolidadas del sector para entrelazar sus planes y actuaciones); — ventajas fiscales y garantías públicas para apoyar las inversiones, — etc.

6.4.

Estimular el conocimiento y la consolidación de nuevos modelos económicos sostenibles (9) que potencian la innovación social (nuevas formas de satisfacer las necesidades de la sociedad situando en el centro a las personas) de la mano de la aplicación de las metodologías emergentes.

6.5.

Hay que prestar especial atención a las regiones menos desarrolladas y en transición industrial. Las agencias de desarrollo local y la variada caja de herramientas asociadas a las mismas, deben ser los motores para la creación de «microclimas» o «ecosistemas» que agrupen y activen las sinergias crecientes entre manufactura y servicios a partir de las necesidades de las personas y de los territorios.

6.6.

El rol del comercio internacional es crucial para abordar los retos de la industria sostenible. Revisión y perfeccionamiento de los tratados de libre comercio y acuerdos preferenciales (desde el GATT al TTIP) introduciendo elementos de condicionalidad vinculados a compromisos de sostenibilidad. Determinación de líneas rojas: gobernanza jurídica y fiscal, resolución de diferencias off shore, umbrales mínimos de los estándares sociales y medioambientales. Hay que garantizar la reciprocidad en las relaciones comerciales (por ejemplo, inversiones, contratación pública, subvenciones).

6.7.

Creación de una agenda sectorial de gestión equilibrada de la transición hacia una economía hipocarbónica circular: establecer los hitos por sectores y zonas geográficas, diseñando hojas de ruta que reflejen las circunstancias reales, el impacto de los costes de la energía y otros insumos.

6.8.

Mejorar la industria de cara a la era digital transformará la industria europea en un sistema de producción fabricante de información —y conocimiento— muy intensiva. Por lo tanto, el CESE quiere hacer hincapié en las siguientes prioridades: — promocionar plenamente el uso de las tecnologías de la información para afrontar los retos sociales; — desarrollar una infraestructura digital «de alto rendimiento»; — abordar las grandes diferencias en el ámbito de la digitalización que existen entre las regiones y entre las grandes y pequeñas empresas; — acelerar el desarrollo de normas en el ámbito de las TIC; — abordar la dimensión social de la digitalización: incidencia en la calidad y la cantidad del empleo, y regular la economía colaborativa para evitar la competencia desleal; — aumentar la inteligencia digital en todos los niveles profesionales; promover las competencias digitales en todos los niveles educativos (desde las escuelas hasta el aprendizaje permanente); — definir nuevas normas impositivas para la economía digital; — garantizar la ciberseguridad.

6.9.

La energía segura, suficiente y sostenible es una prioridad clave para la industria y la sociedad. La energía renovable debe estar disponible a un precio competitivo. Esto también requerirá grandes inversiones en redes inteligentes, en interconectividad y en tecnologías de vanguardia relacionadas con el almacenamiento de energía. El uso inteligente del carbono también ayudará a reutilizar los residuos de carbono e hidrógeno, que actualmente se incinera, para generar energía y para producir combustibles sintéticos y sustancias químicas. La utilización de estos productos podría acelerar considerablemente la reducción global de emisiones de CO2 en el sector combinado del acero, la industria química y el transporte. Hay que potenciar estos combustibles sintéticos o materias primas en la Directiva sobre energías renovables.

6.10.

El CESE quiere destacar la importancia de los planes de acción para los sectores y las cadenas de valor con un fuerte potencial de crecimiento, al objeto de mejorar las industrias tradicionales desde un punto de vista estructural y apoyar la descarbonización de las industrias con un uso intensivo de energía.

6.11.

La política industrial deberá prestar especial atención al sector del transporte, que se encuentra al borde de un paradigma completamente nuevo, ya que se están produciendo simultáneamente muchas perturbaciones tecnológicas: la electrificación, la informatización de la producción, la conexión y automatización de los vehículos o la integración del transporte particular y colectivo.

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(1)  La aplicación del Plan de cooperación sectorial sobre capacidades está en curso.

(2)  COM(2018) 97 final.

(3)  ftp://ftp.unibocconi.it/pub/RePEc/bcu/papers/iefewp69.pdf.

(4)  Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2018, sobre la contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con características transnacionales con respecto a los derechos humanos (2018/2763(RSP) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0382&format=XML&language=ES.

(5)  Lítico, de «lisi», disolver (véase electrólisis), distribuir. Información distribuida.

(6)  Acemoglu, D. y P. Restrepo (2017), «Robots and jobs: evidence from US labour markets» (Robots y puestos de trabajo: el testimonio de los mercados laborales estadounidenses), NBER Working Paper No. 23285. Arntz, M. T. Gregory y U. Zierahn (2016), «The risk of automation for jobs in OECD countries: a comparative analysis» (El riesgo de automatizar el empleo en los países de la OCDE: un análisis comparativo), OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 189.

(7)  Véase SC/047, DO C 81 de 2.3.2018, p. 44.

(8)  Como se establece en el Dictamen SC/047 DO C 81 de 2.3.2018, p. 44.

(9)  Véase el dictamen exploratorio del CESE SC/048. DO C 81 de 2.3.2018, pp. 57-64.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades

[COM(2018) 239 final – 2018/0113 (COD)]

b) propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas

[COM(2018) 241 final – 2018/0114 (COD)]

(2019/C 62/04)

Ponente:	Dimitris DIMITRIADIS
Coponente:	Norbert KLUGE

Consulta	a) Parlamento Europeo, 28.5.2018 a) Consejo, 30.5.2018 b) Parlamento Europeo, 28.5.2018 b) Consejo, 29.5.2018
Fundamento jurídico	a) Artículo 50, apartado 1, y artículo 50, apartado 2, letras b), c), f) y g), del TFUE b) Artículo 50, apartados 1 y 2, del TFUE
Sección competente:	Sección de Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	2.10.2018
Aprobado en el pleno	17.10.2018
Pleno n.o	538
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	190/2/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente las propuestas de la Comisión, que constituyen un planteamiento global que pretende equilibrar y proteger los intereses y necesidades legítimos de todas las partes interesadas, pymes, accionistas minoritarios, acreedores y empleados.

1.2.

Al mismo tiempo, el objetivo de un mercado único sin fronteras interiores para las empresas debe conciliarse con otros objetivos de la integración europea, como la protección social, consagrada en el artículo 3, apartado 3, del TUE, en los artículos 9 y 151 del TFUE y en el pilar europeo de derechos sociales. El CESE opina que la reciente propuesta legislativa sobre la movilidad de las empresas representa una buena oportunidad para entablar un nuevo debate sobre los requisitos y la eficiencia del Derecho de sociedades europeo en la era digital. De este modo, podrá tenerse en cuenta el punto de vista de todas las partes interesadas, en particular, los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Se trata de contribuir al objetivo de crear empresas sostenibles, lo que proporcionará una ventaja competitiva a la UE.

1.3.

El CESE respalda las propuestas que mejoran la competitividad internacional de las pymes, reducen los costes y armonizan y simplifican los procesos de registro y la presentación de los cambios y transformaciones empresariales. Considera que la orientación que brinda la Comisión a los Estados miembros sobre la transposición de las Directivas es útil.

1.4.

El CESE denuncia las lagunas que permiten a las sociedades fantasma eludir la legislación para cometer fraude, evasión fiscal o blanqueo de capitales, relajar las normas laborales o la protección social y aumentar la competencia desleal. Insta a las autoridades competentes a detectar y sancionar las prácticas fraudulentas y apoya la limitación de la elección del Estado miembro de registro a aquel con el que la empresa guarda una relación auténtica.

1.5.

El CESE apoya la transparencia y la seguridad, en particular jurídica. Hace hincapié en la importancia de una verificación de identidad eficaz, que debe ser obligatoria para la formación de empresas y siempre debe tener lugar con carácter previo a su registro. Los Estados miembros deben cumplir plenamente las normas de la UE o aplicar normas equivalentes que permitan una verificación de identidad eficaz e información fiable para incluir garantías plenas en cuanto a la titularidad real.

1.6.

El CESE considera que la entrega de copias escaneadas de los pasaportes, tarjetas de identificación o los poderes notariales de representación no debe aceptarse y socavará la seguridad jurídica. Los poderes notariales de representación deben ser documentos públicos y deben verificarse debidamente antes de presentar información. Las personas jurídicas registradas en los registros nacionales deben utilizar herramientas de registro y de presentación de documentos en línea en caso de que estén representadas por su representante legal, quien debe ser una persona física y no una sociedad de cartera.

1.7.

El CESE acoge favorablemente el principio de «solo una vez», que permite a las pymes evitar el registro múltiple y las publicaciones oficiales múltiples mientras que, paralelamente, los registros nacionales garantizan la fiabilidad y la credibilidad de los documentos y la información que publican.

1.8.

El CESE destaca la importancia del factor de coste para las microempresas y las pymes, dado que estas no tienen ni la capacidad ni los instrumentos necesarios para hacer frente a la sociedad digital. Un registro sencillo y una movilidad transfronteriza les ayudará a beneficiarse plenamente del mercado único digital y reducirá sus cargas administrativas. El CESE apoya la iniciativa de que los documentos y la información emitidos por los registros mercantiles sean equivalentes a «copias auténticas». No obstante, los costes administrativos reales que deben pagarse en el registro mercantil deberán ser transparentes, razonables y no deberán afectar a la accesibilidad.

1.9.

El CESE considera que debe haber un acceso transfronterizo libre y sencillo a los registros mercantiles a fin de confirmar la información de la empresa, por ejemplo, para inhabilitar a sus directores, permitir el control de la información de la empresa y reducir el fraude transfronterizo.

1.10.

El CESE aprecia que la propuesta de la Comisión reconozca expresamente el papel que el servicio de notaría desempeña en muchos Estados miembros a la hora de garantizar la seguridad jurídica, facilitar asesoramiento jurídico y prevenir el fraude y el abuso en un entorno económico cada vez más digitalizado. En particular, el CESE considera que la prevención del fraude y el abuso no obstaculiza la actividad económica, sino que, al contrario, es una condición previa para un mercado único de la UE justo y transparente en el que las microempresas gocen de igualdad de oportunidades y puedan competir por clientes en un entorno justo y habilitador ofreciendo los mejores productos y servicios en beneficio de todos los participantes en el mercado.

1.11.

El CESE apoya la propuesta de la Comisión de facilitar la movilidad transfronteriza de las empresas, que fija unas condiciones claras a través del Derecho derivado. Sin embargo, como ha destacado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia, debe quedar claro que el propósito de una empresa de disfrutar de los beneficios de una legislación más favorable no constituye, en sí mismo, un abuso de la libertad de establecimiento. La movilidad empresarial facilitará la creación de empleo en toda la UE. No obstante, también deben tenerse en cuenta los efectos perjudiciales de una transformación, una escisión o una fusión en los mercados de trabajo locales y regionales.

1.12.

El CESE sugiere a la Comisión que preste atención a las divergencias entre la Directiva 2005/56/CE sobre fusiones transfronterizas y los procedimientos propuestos para las transformaciones y escisiones transfronterizas, dado que ello puede tener consecuencias para su eficacia y atractivo.

1.13.

El CESE opina que el nuevo procedimiento para el traslado del domicilio social de una empresa (transformación transfronteriza) garantizará la seguridad jurídica a través de su control ex ante en el Estado miembro de origen y en el Estado miembro de destino, que, en este último caso, debería limitarse a revisar sus requisitos para determinar la conexión de una sociedad o empresa transformada con su ordenamiento jurídico nacional. Cree asimismo que una cláusula general contra el abuso del derecho de establecimiento sería útil.

1.14.

El CESE respalda la propuesta de la Comisión de tener en cuenta el hecho de que las transformaciones, fusiones y escisiones pueden utilizarse de manera fraudulenta; sin embargo, sigue sin estar claro lo que se entiende por «artificio». Por lo tanto, el CESE considera que, a fin de dilucidar la expresión «artificio», deberán establecerse criterios e indicadores que desvelen las prácticas fraudulentas o ventajas fiscales indebidas que obstaculizan la seguridad jurídica, la competencia leal y la protección social.

1.15.

El CESE acoge favorablemente la exención de las microempresas y pequeñas empresas respecto de la evaluación por un experto independiente, dado que el coste de un informe elaborado por un experto independiente supondría una carga excesiva para ellas. Considera que este informe debería exigirse solo para grandes empresas que deseen llevar a cabo transformaciones, escisiones o fusiones transfronterizas.

1.16.

El CESE acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proteger los derechos de participación de los trabajadores vigentes. No obstante, desea ver reforzado el papel de los comités de empresa europeos en el caso de transformaciones de grandes empresas de conformidad con la Directiva 2009/38/CE.

1.17.

El CESE acoge favorablemente la introducción de normas armonizadas para la protección de accionistas minoritarios y acreedores, que no existían en la Directiva 2005/56/CE.

1.18.

El CESE destaca la necesidad de que todas las herramientas y los procesos digitales a efectos de estas propuestas sean plenamente accesibles, especialmente para las personas con discapacidad visual.

2.   Propuestas de la Comisión

2.1.

La Comisión ha presentado un conjunto completo de medidas (1) (2) en pro de un Derecho de sociedades de la UE justo, habilitante y moderno.

2.2.

Actualmente, el Derecho de sociedades de la UE (3) incluye determinados elementos de digitalización, como la obligación para los Estados miembros de facilitar información en línea sobre las sociedades de capital. Sin embargo, estos requisitos son limitados e imprecisos, lo que da lugar a que se apliquen de manera muy diversa a escala nacional.

2.3.

La propuesta (4) pretende ofrecer más soluciones digitales a las empresas del mercado único y una mayor igualdad de oportunidades a las empresas de la UE, al tiempo que garantiza a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para adaptar sus ordenamientos nacionales y mantener sus tradiciones jurídicas. Los Estados miembros deben permitir y fomentar el uso de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades sin perturbaciones, de modo que se facilite a los Estados miembros la adaptación de sus actuales sistemas de control ex ante a la era digital.

2.4.

El objetivo general de la propuesta consiste en garantizar el correcto funcionamiento del mercado único durante todo el ciclo de vida de una empresa, cuando esta interactúe con las autoridades para el registro de sociedades y sucursales y la presentación de información en todo el territorio de la UE.

2.5.

La libertad de establecimiento desempeña un papel fundamental en el desarrollo del mercado único, ya que permite a las empresas ejercer actividades económicas en otros Estados miembros de manera estable. En la práctica, el ejercicio de esta libertad por las empresas sigue siendo difícil, en particular para las pymes, como reconocía la Estrategia para el Mercado Único de 2015 (5). Sin embargo, la inseguridad jurídica, la inadecuación parcial y la ausencia de normas rectoras de ciertas operaciones empresariales transfronterizas se traducen en la inexistencia de un marco inequívoco que garantice la protección efectiva de dichas partes interesadas.

2.6.

La transformación transfronteriza ofrece una solución eficaz a las empresas para trasladarse a otro Estado miembro sin perder su personalidad jurídica ni tener que renegociar sus contratos mercantiles. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del TFUE conlleva, para las empresas establecidas en un Estado miembro, el derecho a trasladar su domicilio social a otro Estado miembro mediante una transformación transfronteriza sin perder su personalidad jurídica (6). En su reciente sentencia Polbud (7), el TJUE confirmó el derecho de las empresas a realizar transformaciones transfronterizas sobre la base de la libertad de establecimiento.

2.7.

En línea con las sentencias del TJUE (8), los principales objetivos de las normas armonizadas relativas a las transformaciones transfronterizas (9) son dos: — permitir que las empresas, en particular las microempresas y las pequeñas empresas, puedan efectuar su transformación transfronteriza de una manera ordenada, eficiente y eficaz; — proteger a las partes interesadas más afectadas, como los empleados, acreedores y accionistas, de forma adecuada y proporcionada.

2.8.

La propuesta también ofrece normas armonizadas para la protección de acreedores y accionistas. La empresa deberá ofrecer la protección de los acreedores y accionistas prevista en el proyecto de transformación transfronteriza. Las normas también complementan iniciativas recientes para reforzar las normas sobre trabajadores desplazados y la lucha contra la evasión fiscal y el fraude, así como la propuesta de la Comisión sobre una Autoridad Laboral Europea.

3.   Observaciones generales

3.1.

La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) codifica Directivas vigentes relativas al Derecho de sociedades de la UE. Entró en vigor el 20 de julio de 2017 y, antes de que transcurriera un año, la Comisión Europea presentó nuevas propuestas para modernizar el Derecho de sociedades de la UE.

3.2.

El CESE acoge favorablemente estas iniciativas de la Comisión Europea, así como el acuerdo entre las instituciones europeas y los Estados miembros de que debe avanzarse en la digitalización para realizar la Estrategia para el Mercado Único Digital de 2015 (11) y el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de 2016 (12).

3.3.

Las propuestas de la Comisión Europea de modificar la Directiva (UE) 2017/1132 dan los pasos necesarios para poner a las empresas de la UE al nivel de las empresas de otros Estados industrializados con una sólida tradición digital, como los Estados Unidos, Canadá y Australia. Las empresas tienen que operar en un entorno jurídico y administrativo determinado adaptado para hacer frente a los nuevos desafíos económicos y sociales de un mundo globalizado y digital, sirviendo al mismo tiempo a otros intereses públicos legítimos, como la protección de los empleados, acreedores y accionistas minoritarios, y ofreciendo a las autoridades todas las salvaguardias necesarias para luchar contra el fraude y el abuso, por ejemplo la transferencia de datos fiscales en el marco de la cooperación administrativa (13), y para garantizar la fiabilidad y la credibilidad de los documentos y la información contenidos en los registros nacionales.

3.4.

Sin embargo, deben realizarse ciertas modificaciones a fin de reducir la carga y el coste administrativos de la aplicación de las iniciativas propuestas para las microempresas o las pymes.

3.5.   Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades — COM(2018) 239 final

3.5.1.

El CESE acoge favorablemente esta propuesta legislativa (14) dirigida a garantizar el correcto funcionamiento del mercado único de la UE durante todo el ciclo de vida de una empresa en su interacción con las autoridades para el registro de sociedades y sucursales y la presentación de información.

3.5.2.

El CESE considera que la digitalización del Derecho de sociedades es una herramienta para asegurar procesos honestos, transparentes y eficaces. No es una finalidad en sí misma, pero debe servir a los intereses de las empresas, en particular de las microempresas. Por lo tanto, la propuesta legislativa sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades debe aplicar las características fundamentales anteriormente mencionadas de un Derecho de sociedades de la UE moderno en la era digital, en concreto seguridad jurídica y prevención de abusos, información fiable para incluir garantías plenas en cuanto a la titularidad real, controles preventivos y estructuras corporativas transparentes a través de registros mercantiles fiables. Solo así podrá aprovecharse el pleno potencial de la digitalización y las microempresas podrán beneficiarse de unas «condiciones de competencia digital equitativas» para generar crecimiento y empleo en la UE.

3.5.3.

El CESE celebra que la Comisión Europea reconozca y proponga eliminar los obstáculos que acarrean una carga y un coste administrativos innecesarios a los empresarios que desean crear una nueva empresa o ampliar sus actividades mercantiles mediante el registro de sucursales. Los obstáculos que deben suprimirse son los siguientes: a) el hecho de que la legislación nacional permita, prohíba o imponga el registro en línea de empresas o sucursales, lo que da lugar a un panorama diversificado complejo para las pymes (15); b) la publicación múltiple de datos empresariales y la presentación de cuentas de sucursales en boletines nacionales en varios Estados miembros, allí donde existen sucursales, y c) las diferentes condiciones en las que las terceras partes (inversores, ciudadanos, otras empresas) acceden a la información empresarial en los registros nacionales (qué información se proporciona gratuitamente y cuál previo pago).

3.5.4.

El CESE considera que profundizar en la digitalización es muy importante, dado que: a) en general, los procesos de registro en línea son más baratos, rápidos y eficaces que aquellos en los que las solicitudes se realizan en persona y en papel (16); b) la iniciativa es plenamente coherente con los elementos digitales ya existentes en el Derecho de sociedades de la UE y se basa en ellos, en particular en el sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM), que resulta de las obligaciones legales establecidas por la Directiva 2012/17/UE (17) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión (18), y c) la propuesta complementará la propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a la creación de un portal digital único que regule el registro general de actividades empresariales en línea, excepto la constitución de sociedades de capital. Esta propuesta constituye una lex specialis en relación con el portal digital único (19).

3.5.5.

Las inquietudes sobre fraude o abuso, especialmente por las sociedades fantasma, no deben obstaculizar el apoyo a la propuesta por varios motivos. Corresponde a los Estados miembros abordar estas cuestiones regulando las condiciones en las que se constituyen empresas, incluido un control judicial, notarial o administrativo obligatorio de los estatutos empresariales (20). La Unión Europea ya ha adoptado una serie de medidas para luchar contra la elusión del impuesto de sociedades mediante la revelación obligatoria por parte de los intermediarios de mecanismos de planificación fiscal, la transferencia de datos fiscales en el marco de la cooperación administrativa (21), así como el reconocimiento obligatorio de los medios de identificación electrónica de ciudadanos de la Unión expedidos en otro Estado miembro y conformes al Reglamento e-IDAS.

3.5.6.

El CESE apoya, como salvaguardia definitiva para evitar el fraude, la disposición que permite a los Estados miembros exigir la presencia física de los interesados ante una autoridad competente, pero solo cuando esté justificado por un motivo imperioso de interés público. El CESE considera que este procedimiento digital no debe ser utilizado por sociedades de cartera o por representantes con poder notarial que pudieran encubrir la auténtica parte interesada, y advierte contra la «usurpación de identidad».

3.5.7.

El CESE aprecia que la propuesta de la Comisión Europea reconozca expresamente el papel que el servicio de notaría desempeña en muchos Estados miembros a la hora de garantizar la seguridad jurídica, facilitar asesoramiento jurídico y prevenir el fraude y el abuso en un entorno económico cada vez más digitalizado. En particular, el CESE considera que la prevención del fraude y el abuso no obstaculiza la actividad económica, sino que, al contrario, es una condición previa para un mercado único de la UE justo y transparente en el que las microempresas gocen de igualdad de oportunidades y puedan competir por clientes en un entorno justo y habilitador ofreciendo los mejores productos y servicios en beneficio de todos los participantes en el mercado.

Para garantizar la seguridad jurídica y evitar el fraude, los Estados miembros deberían estar autorizados a prever controles preventivos por parte de las autoridades competentes o notarías durante todo el ciclo de vida de las empresas, también en el caso de que se utilicen modelos, y siempre que el procedimiento pueda llevarse a cabo íntegramente en línea. La presentación de documentos en línea y el intercambio automático de extractos de los registros mercantiles no deberían afectar a los requisitos contemplados en la legislación nacional del Estado de registro por lo que respecta a la forma y la precisión de los documentos presentados.

3.5.8.

Por lo tanto, el CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de facilitar la digitalización en el Derecho de sociedades sobre la base del principio de «solo una vez», que se basará en la confianza mutua entre los Estados miembros que siguen aplicando sus requisitos nacionales a la constitución de empresas.

3.6.   Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas — COM(2018) 241 final

3.6.1.

La propuesta pretende establecer normas claras y adaptar el Derecho de sociedades a la movilidad empresarial transfronteriza en la UE. La propuesta alcanza un equilibrio prudente entre, por una parte, normas y procedimientos específicos sobre operaciones empresariales transfronterizas que buscan aprovechar el potencial del mercado único y, por la otra, la protección contra el abuso de todas las partes interesadas afectadas por los asuntos empresariales, en concreto los empleados, acreedores y accionistas minoritarios.

3.6.2.

El CESE apoya las transformaciones transfronterizas en la UE (22) y la incorporación —por parte de la Comisión— en la propuesta del fallo del Tribunal de Justicia de la UE emitido en 2017 sobre el asunto Polbud (23). En su sentencia Polbud, el TJUE concluyó que una norma nacional que imponga el requisito previo de la liquidación obligatoria para el traslado transfronterizo de una empresa constituye una restricción injustificada y desproporcionada y, por tanto, incompatible con la libertad de establecimiento. La obligación general de aplicar un procedimiento de liquidación impuesto por el Estado equivale a establecer una presunción general de la existencia de abuso; por ello, dicha legislación es desproporcionada. El traslado del domicilio social de una empresa, cuando no tiene lugar un cambio de ubicación de su sede principal real, se inscribe en el ámbito de la libertad de establecimiento protegida por el Derecho de la UE. Por lo tanto, el TJUE volvió a afirmar el derecho de una empresa a trasladar únicamente su domicilio social, sin la sede principal real, de un Estado miembro a otro, incluso si dicha empresa desarrolla sus actividades principales, si no todas ellas, en el primer Estado miembro. El propósito de Polbud de disfrutar de los beneficios de una legislación más favorable no constituye en sí mismo un abuso de la libertad de establecimiento.

3.6.3.

El CESE apoya, en principio, el establecimiento de un procedimiento que permita dichas transformaciones y la adopción de condiciones sustantivas a fin de atajar la inseguridad jurídica resultante de normas nacionales diferentes que afecta negativamente a las empresas, las partes interesadas y los Estados miembros. Allí donde existen, las leyes nacionales a menudo son incompatibles o difíciles de conciliar. Por otra parte, más de la mitad de los Estados miembros no permiten las transformaciones transfronterizas. Las pymes resultan particularmente perjudicadas, ya que a menudo carecen de recursos para tramitar los procedimientos transfronterizos mediante métodos alternativos costosos y complejos.

3.6.4.

El procedimiento comienza con la autoridad competente del Estado miembro de origen, que emite un certificado previo a la transformación en el plazo de un mes, o, en caso de sospechas, la autoridad procede a un examen en profundidad durante un mes más. El procedimiento termina cuando el Estado miembro de destino registra la empresa transformada a la luz de todos los hechos y datos pertinentes, siempre y cuando la empresa cumpla la legislación que le corresponde en materia de registro y de protección de los trabajadores. La comunicación entre autoridades competentes se facilitará mediante el sistema de interconexión de los registros mercantiles (SIRM). La cuestión de la participación de los trabajadores se aborda a través de su derecho a ser informados y consultados oportunamente por la empresa. La protección de los trabajadores también podrá ser confirmada por la autoridad del Estado miembro de destino. Los comités de empresa europeos desempeñan un papel importante en este proceso.

3.6.5.

El CESE desea expresar sus reservas acerca de si un procedimiento prolongado y costoso cumple los criterios relativos al ejercicio de la libertad de establecimiento en otro Estado miembro y es compatible con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-106/16, Polbud. Es importante destacar que el TJUE ha interpretado el artículo 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y aplicado el principio general de proporcionalidad. Por lo tanto, el derecho de una empresa a la transformación transfronteriza deriva del propio Tratado y los Estados miembros (y las instituciones de la UE) deben tener cuidado para no infringirlo. Por ello, el CESE apoya el procedimiento para el traslado del domicilio social de una empresa (transformación transfronteriza) en el Estado miembro de origen, pero recomienda que el procedimiento en el Estado miembro de destino (artículo 86 septdecies) se limite a un control ex ante de sus requisitos para determinar la conexión de una sociedad o empresa transformada con su ordenamiento jurídico nacional (24). Debería establecerse, no obstante, una cláusula general contra el abuso del derecho de establecimiento. De esta manera, el nuevo procedimiento no supondrá cargas innecesarias más allá de sus finalidades declaradas y al mismo tiempo otorgará al Estado miembro de destino la autoridad de controlar abusos incluso después de la transformación.

3.6.6.

Por otra parte, es necesaria una aclaración acerca del concepto de «artificios» de una empresa en un Estado miembro a fin de obtener ventajas fiscales indebidas. Este es un concepto elaborado mayormente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se incluye en los considerandos y en el artículo 86 quater, apartado 3. Se trata de un concepto clave que permitirá o prohibirá la libertad de establecimiento de una empresa en otro Estado miembro. Se deben fijar criterios o indicadores claros para que la actividad económica auténtica basada en decisiones económicas sólidas no se vea obstruida como en el asunto Polbud del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

3.6.7.

Fusiones transfronterizas (25): La propuesta se basa en la experiencia positiva adquirida con la Directiva 2005/56/CE (26) sobre las fusiones transfronterizas, que se ocupa únicamente de sociedades de capital, y aborda sus carencias. Por consiguiente, la propuesta introduce normas sustantivas armonizadas sobre protección de los acreedores y accionistas mientras que la Directiva 2005/56/CE solo preveía normas procedimentales, por ejemplo, la obligación de informar a los accionistas, dejando a los Estados miembros la protección sustantiva. La propuesta solicita de nuevo que los proyectos de fusión especifiquen: — salvaguardias para los acreedores: la propuesta introduce la presunción de que no existe perjuicio si los acreedores deben ser pagados por un garante o por la empresa resultante, sobre la base de una evaluación de su situación realizada por un experto independiente; — el derecho a abandonar la empresa para los accionistas que no hayan votado o no tengan derecho a voto y el derecho a recibir una indemnización adecuada, así como su derecho a impugnar la relación de canje de las acciones propuesta ante los tribunales nacionales.

3.6.8.

El CESE también está de acuerdo con otros elementos de la propuesta de la Comisión: a) Normas armonizadas sobre la información específica y exhaustiva a los empleados sobre las implicaciones de las fusiones transfronterizas, mientras que la Directiva 2005/56/CE preveía únicamente que el informe de gestión reflejase la participación en el consejo de administración y su situación. b) Normas armonizadas para un procedimiento acelerado para las fusiones menos complejas o en las que se renuncia al informe de un experto independiente tras un acuerdo de todos los accionistas o en caso de fusión de una empresa matriz con una filial. c) La interconexión de los registros mercantiles para el intercambio de información y el uso de herramientas digitales.

3.6.9.

Escisiones transfronterizas (27): Están sujetas a normas nacionales distintas o incompatibles solo en trece Estados miembros, sin que exista ninguna armonización a escala de la UE a pesar de su importancia para el crecimiento. Para evitar abusos y proteger a las partes interesadas, debe introducirse un marco jurídico de la UE para las sociedades de capital semejante al de las transformaciones transfronterizas. Debe establecerse un procedimiento en dos fases. En la primera fase, el proyecto de escisión se redacta de forma conjunta con dos informes detallados sobre las implicaciones de la escisión para los acreedores y empleados. Además, se necesita un informe de un experto independiente para las medianas y grandes empresas. Este es solo un primer paso y el CESE considera que la propuesta debería cubrir también la escisión transfronteriza por adquisición de activos o pasivos de la empresa o empresas existentes, y no únicamente el caso en que se crean nuevas empresas.

3.6.10. Actualmente, las normas nacionales difieren mucho entre Estados miembros y algunas veces imponen procedimientos administrativos excesiv

os, que la Comisión debe mitigar en el conjunto de la nueva propuesta para no disuadir a las empresas de buscar nuevas oportunidades. Aunque el CESE apoya las nuevas normas y procedimientos, estos deben analizarse cuidadosamente para que no supongan un coste y una carga administrativos adicionales, lo que iría más allá de los objetivos a los que obedecen de protección de los empleados, los acreedores y los accionistas.

3.6.11.

El CESE acoge favorablemente la exención, establecida en el artículo 86, letra g), de la propuesta, de las microempresas y pequeñas empresas respecto al examen por el experto independiente, dado que el coste de un informe elaborado por un experto independiente supondría una carga excesiva para las microempresas y pymes.

3.6.12.

El CESE desea hacer hincapié en el papel del experto independiente a la hora de revelar fraude solo en grandes empresas durante el examen y la recogida de los documentos de la empresa en un informe escrito, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, por ejemplo, una estructura de control interno eficaz y procedimientos operativos normalizados para evitar y mitigar posibles conflictos de intereses y garantizar la independencia de los informes en relación con las partes interesadas.

3.6.13.

El CESE apoya firmemente la propuesta de la Comisión Europea que establece por primera vez el procedimiento para la transformación transfronteriza y complementa los procedimientos de fusión y escisión transfronteriza ya establecidos reforzando la protección de las partes interesadas. Sin embargo, las diferencias que de ella se derivan entre los procedimientos de fusión transfronteriza, por un lado, y los de transformación y escisión transfronterizas, por otro, pueden afectar al relativo atractivo de estos últimos. El CESE sugiere que la Comisión analice estos efectos.

3.6.14.

El CESE acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proteger los derechos de participación de los trabajadores vigentes. El CESE considera que en la empresa resultante de una transformación transfronteriza debe seguir siendo de aplicación al menos el mismo nivel de todos los elementos de participación de los empleados que se establecen en la legislación del Estado miembro de origen, con arreglo al procedimiento y las normas de referencia previstas en la Directiva 2001/86/CE (28).

3.6.15.

El CESE subraya el papel significativo desempeñado por los comités de empresa europeos organizados en grandes empresas que vayan a ser transformadas y solicita que se refuerce su participación, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE (29).

3.7.

Como observación general, el CESE destaca la necesidad de que todas las herramientas y los procesos digitales a efectos de estas propuestas sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad y, en particular, para aquellas con discapacidad visual.

---

(1)  COM(2018) 239 final.

(2)  COM(2018) 241 final.

(3)  Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

(4)  COM(2018) 239 final.

(5)  COM(2015) 550 final.

(6)  Cartesio, C210/06, EU:C:2008:723, apartados 109 a 112; VALE, C378/10, EU:C:2012:440, apartado 32.

(7)  Polbud — Wykonawstwo, Asunto C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804.

(8)  Por favor, véanse las notas a pie de página n.o 6 y 7.

(9)  COM(2018) 241 final.

(10)  DO L 169 de 30.6.2017, p. 46.

(11)  COM(2015) 192 final.

(12)  COM(2016) 179 final.

(13)  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).

(14)  COM(2018) 239 final.

(15)  COM(2018) 241, p. 3.

(16)  COM(2018) 241, p. 5.

(17)  DO L 156 de 16.6.2012, p. 1.

(18)  DO L 144 de 10.6.2015, p. 1.

(19)  COM(2017) 256 final.

(20)  Artículo 10 de la Directiva (UE) 2017/1132 sobre el Derecho de sociedades.

(21)  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).

(22)  Una operación mediante la cual una empresa constituida y registrada con arreglo al Derecho de un Estado miembro se transforma en otra empresa constituida y registrada con arreglo al Derecho de otro Estado miembro conservando su personalidad jurídica y sin ser disuelta ni liquidada.

(23)  Asunto C-106/16. ECLI:EU:C:2017:804. Polbud era una empresa establecida en Polonia que decidió trasladar su domicilio social a Luxemburgo sin un cambio de ubicación de su sede principal real. El registro mercantil polaco registró la apertura de un procedimiento de liquidación y se nombró a un liquidador. En 2013, se trasladó el domicilio social de Polbud a Luxemburgo. Polbud se convirtió entonces en una «Consoil Geotechnik Sàrl», una empresa de Derecho luxemburgués. Además, Polbud presentó una solicitud al tribunal registral polaco para su eliminación del registro mercantil polaco. El tribunal registral rechazó la solicitud de eliminación. Polbud recurrió dicha decisión. El Tribunal Supremo de Polonia, ante el cual se interpuso el recurso, preguntó en primer lugar al Tribunal de Justicia si la libertad de establecimiento es aplicable al traslado únicamente del domicilio social de una empresa constituida de acuerdo con el Derecho de un Estado miembro al territorio de otro Estado miembro, donde dicha empresa se transforma en una empresa del Derecho de ese otro Estado miembro, cuando no tiene lugar un cambio de ubicación de la sede principal real de dicha empresa. Véase también https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-10/cp170112es.pdf.

(24)  Sentencias del Tribunal en el asunto C-378/10, Vale Epitesi, EU:C:2012:440, apartado 31, y el asunto Polbud C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, apartados 33, 35 y 44.

(25)  Una operación mediante la cual dos o más empresas de dos o más Estados miembros trasladan sus activos y pasivos a una empresa existente (absorbente) o nueva.

(26)  Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Actualmente forma parte de la Directiva codificada de 2017.

(27)  Una operación mediante la cual una empresa se escinde y traslada la totalidad o parte de sus activos y pasivos a una o varias empresas existentes o nuevas en otro Estado miembro.

(28)  Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el estatuto de la sociedad anónima europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (DO L 294 de 10.11.2001 p. 22).

(29)  Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida) (DO L 122 de 16.5.2009, p. 28).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión

[COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)]

y sobre b) Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa»

[COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)]

(2019/C 62/05)

Ponente:

Gonçalo LOBO XAVIER

Consulta	a) Parlamento Europeo, 14.6.2018 Consejo, 25.6.2018 b) Parlamento Europeo, 14.6.2018 Consejo, 27.6.2018
Fundamento jurídico	a) Artículo 173, apartado 3; artículo 182, apartados 1, 4 y 5; artículo 188 del TFEU; y artículo 7, apartado 5 del Tratado Euratom b) Artículo 173, apartado 3 y artículo 182, apartado 4, del TFUE
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	2.10.2018
Aprobado en el pleno	17.10.2018
Pleno n.o	538
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	187/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE celebra el hecho de que, también en el contexto del marco financiero plurianual para el período 2021-2027, la Comisión haya dejado claro que la investigación y la innovación (I+i) deben seguir siendo una prioridad esencial de la UE. El CESE constata con gran satisfacción que muchas de las recomendaciones formuladas por el Comité en relación con la evaluación intermedia de Horizonte 2020 han sido tenidas en cuenta en ámbitos como la investigación colaborativa y la movilidad, al igual que se han emprendido medidas para reforzar la innovación, superar las disparidades entre las regiones, promover las actividades científicas y de innovación entre los ciudadanos, poner remedio a los bajos índices de éxito y reducir la carga administrativa (1).

1.2.

El CESE subraya que la ciencia, la investigación y la innovación deben ser los elementos principales del proceso de construcción colectiva en Europa y, por lo tanto, apoya el enfoque de Horizonte Europa de acercar a los ciudadanos a estas actividades y logros. A tal fin, comunicar eficazmente no solo las oportunidades que brinda el programa, sino también los efectos que generan las actividades de innovación e investigación en la vida de los ciudadanos, ha de formar parte de la estrategia para animar a los Estados miembros a respaldar en mayor medida estos esfuerzos.

1.3.

El CESE apoya el diseño de las misiones de I+i como parte de la estrategia de Horizonte Europa para lograr resultados con mayor impacto en estos dos ámbitos y cambiar de verdad la forma en la que los ciudadanos perciben la ciencia y su repercusión en sus vidas cotidianas. El CESE pide que se definan con urgencia misiones estratégicas que puedan estimular ecosistemas de investigación e innovación en toda Europa y que potencien el papel de la investigación colaborativa como vía principal para divulgar el conocimiento y lograr la mayor repercusión. Las misiones deberían centrarse en una meta específica, cuantificable y viable y deberían estar abiertas a todos los posibles participantes, de modo que atraigan la excelencia en cualquier región de Europa.

1.4.

El CESE apoya que las misiones estén abiertas a soluciones diversas de carácter ascendente y abarquen todo el ciclo de vida de la investigación y la innovación. Como quiera que las misiones deben abordar objetivos a medio y largo plazo, también debe quedar reflejada en su planteamiento la gran importancia que reviste la investigación de bajo nivel de preparación tecnológica. Estas misiones no deberían centrarse únicamente en modelos de innovación lineales, que a menudo se limitan a la innovación incremental, sino que habría que incentivar de manera explícita los modelos de innovación disruptiva.

1.5.

El CESE, como representante de la sociedad civil organizada, está dispuesto a contribuir activamente al proceso de codiseño y apoya la idea de las misiones, aunque se ha de tener en cuenta que acercar las decisiones demasiado a los usuarios finales podría limitar el alcance y las consecuencias de la misión. Los comités de misión deberían contar con una masa crítica de todas las partes interesadas en calidad y número suficientes de modo que se eviten investigaciones incrementales o, en el extremo opuesto, misiones que vayan mucho más allá de las capacidades técnicas o tecnológicas actuales.

1.6.

El CESE hace hincapié en el papel que desempeña el Consejo Europeo de la Innovación como importante instrumento para apoyar la innovación de vanguardia y potenciar el espíritu empresarial y la competitividad a nivel de la UE. De este modo, y teniendo en cuenta el panorama europeo, el CESE considera que el Consejo Europeo de la Innovación habría de centrarse principalmente en pymes y empresas emergentes muy innovadoras y vanguardistas.

1.7.

El CESE coincide en que Horizonte Europa debería incorporar las ciencias sociales y las humanidades (CSH) de forma sistemática. Habría que atender a las CSH adoptando un enfoque tecnológico. La innovación va mucho más allá de la tecnología, y aproximar las diferentes visiones, intercambios y retos puede ayudar configurar mejor el panorama de I+i en Europa. El CESE considera que ir «más allá de la tecnología» daría un impulso a las CSH en Horizonte Europa.

1.8.

El CESE respalda el enfoque de la política de «ciencia abierta» como medio para poner el foco en la excelencia científica y el conocimiento de alta calidad. Si bien la ciencia abierta es vital para el desarrollo científico general de las instituciones europeas, habría que plantearse la creación de un calendario concreto para la publicación de todos los resultados científicos, sobre todo con vistas a garantizar que todos los resultados del proyecto se hallan disponibles en los registros idóneos y dentro de plazos bien establecidos. El CESE acoge favorablemente el acceso abierto a las publicaciones y los datos de las investigaciones, aunque recomienda encarecidamente que se consulte de manera periódica a las partes interesadas de la investigación acerca de los futuros requisitos en el campo de la ciencia abierta. Hay que mantener la posibilidad actual de excluirse voluntariamente en Horizonte Europa.

1.9.

El CESE está de acuerdo en que la estructura de pilares rediseñada mejorará la coherencia interna, especialmente por medio de la integración de las tecnologías industriales en el pilar 2, mejorando la contribución de la industria en la resolución de los retos globales y equiparando la oferta con la demanda de nuevas soluciones. Este enfoque es muy atractivo, y cabe sugerir que se favorezca a aquellos consorcios que cierren el ciclo de innovación, es decir, que incluyan a los socios académicos creadores, los proveedores de soluciones que desarrollan soluciones innovadoras y los usuarios finales que expresan sus necesidades para poder actuar de manera sostenible.

1.10.

Asimismo, el CESE se felicita por el objetivo de simplificar aún más las normas en materia de ayudas estatales a fin de facilitar la combinación de distintos fondos, lo cual puede ser decisivo para superar las enormes desigualdades entre los Estados miembros y las regiones por lo que se refiere al número de proyectos de I+i que se han saldado con éxito. Las sinergias con otros programas de financiación de la Unión y con las políticas de esta, y en particular con los Fondos Estructurales que cumplen normativas compatibles, son fundamentales para garantizar la mayor repercusión posible de los proyectos de I+i.

1.11.

El CESE subraya que apoyar la movilidad de los investigadores a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) también es esencial para seguir reforzando el Espacio Europeo de Investigación, mientras que las políticas nacionales y de la UE han de tener como objetivo establecer unas condiciones de trabajo adecuadas y atractivas para los profesionales al objeto de evitar el fenómeno de la fuga de cerebros, algo verdaderamente contraproducente con miras a lograr la cohesión en la UE. Además, es vital reforzar el apoyo a los investigadores en el comienzo de sus carreras en el programa del Consejo Europeo de Investigación (CEI).

1.12.

El CESE considera que ha de prestarse especial atención a la educación y a la comunicación científicas en el pilar dedicado al refuerzo del Espacio Europeo de la Investigación. De este modo se consolidaría la ciencia con y para la sociedad en el marco de este pilar y, consiguientemente, también en Horizonte Europa.

2.   Observaciones generales

2.1.

El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos recientes de la Comisión para impulsar el crecimiento europeo por medio de nuevas políticas industriales europeas moderadas que, gracias a una mayor promoción de las actividades de I+D+i, puedan conceder el liderazgo a Europa en numerosos ámbitos (2). A pesar de que la comunidad europea de innovadores e investigadores ha alcanzado numerosas metas en los últimos años, los ciudadanos europeos aún no valoran plenamente esta circunstancia por diversos motivos, como la falta de comunicación, un escaso compromiso colectivo o, incluso, la indiferencia ciudadana ante los logros científicos. Por lo tanto, es de vital importancia un cambio de actitud dentro de la sociedad europea, no solo a corto plazo, sino también con vistas a contribuir a un ecosistema científico y de innovación a largo plazo entroncado en el conjunto de la sociedad.

2.2.

El CESE apoya la idea de que el modo de poder cambiar el punto de vista de los ciudadanos pasa por definir retos globales clave como parte de un gran esfuerzo por movilizar e involucrar a la sociedad en el proyecto europeo. Potenciar la competitividad de Europa a través de la innovación es fundamental y los dirigentes deben tenerlo en mente a la hora de establecer prioridades políticas. No basta con afirmar que las actividades de I+D+i contribuyen enormemente a la creación de empleo y el crecimiento, del mismo modo que no es suficiente con limitarse a aportar información sobre el dato de que dos tercios del crecimiento económico europeo actual son fruto de las actividades de I+D+i. Los Estados miembros han de participar en este esfuerzo colectivo.

2.3.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo programa de I+i europeo para apoyar e impulsar la I+i a nivel de la UE para 2021-2027, así como sus principales características y, en concreto, la atribución de prioridad a la ciencia abierta, los retos globales y la competitividad industrial, así como la innovación abierta. El CESE cree firmemente que el enfoque de la creación conjunta, en el que se hace partícipes a todas las partes interesadas en la comunidad del conocimiento y la innovación, es la base para impulsar la competitividad, la creación de empleo, la cohesión social —y, en particular, la lucha contra el desempleo juvenil—, así como la protección del medio ambiente en Europa, en consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

2.4.

El programa Horizonte Europa parece reflejar la prioridad de la Comisión de construir un ecosistema científico y de innovación que pueda capacitar a la UE para que mejore su competitividad por medio de actividades estructurales que tengan un impacto económico y social. Esto se confirma no solo con el aumento del paquete financiero propuesto, sino también con las actividades previstas en virtud de los tres pilares del programa.

2.5.

El CESE apoya los nuevos elementos principales que destaca la propuesta de Horizonte Europa: i) el apoyo a la innovación de vanguardia a través del Consejo Europeo de la Innovación; ii) obtener una mayor repercusión a través de la orientación hacia las misiones y la implicación de los ciudadanos: las misiones de I+i; iii) la consolidación de la cooperación internacional; iv) el refuerzo de la apertura a través de una política de ciencia abierta más fuerte, y v) la racionalización del panorama de financiación recurriendo a un nuevo enfoque con respecto a las asociaciones europeas.

2.6.

El establecimiento de misiones de investigación e innovación de la UE de carácter ascendente y centradas en los retos globales y la competitividad industrial podría ser un buen modo de lograr que la sociedad se involucrara más en las actividades de ciencia e innovación. Este enfoque podría ser un modo eficaz para conseguir que la sociedad y los ciudadanos se implicaran en las misiones que deban definirse, lo que creará un espíritu comunitario que podría ser esencial para lograr unas repercusiones y unos resultados significativos. El papel de la sociedad civil organizada en este proceso podría ser, una vez más, crucial.

2.7.

El CESE también valora el hecho de que Horizonte Europa vaya a apoyar las «asociaciones público-privadas» (APP) como un instrumento eficiente para potenciar la investigación colaborativa enfocada en un I+i impulsada por la industria, centrándose en menos asociaciones de mayor impacto. Europa debe aceptar el hecho de que aún queda un largo camino hasta alcanzar un proceso ajustado en lo que respecta a la colaboración eficiente entre el mundo académico y la industria. Aunque existen, naturalmente, numerosos ejemplos positivos y buenas prácticas, sigue habiendo margen de mejora. Las asociaciones público-privadas son una de las herramientas para reducir la brecha existente entre esos dos mundos distintos pero complementarios: el mundo académico y la industria/el mercado.

2.8.

El CESE insta una vez más (3) a la Comisión a llevar a cabo esfuerzos continuos para reducir el nivel de burocracia en el programa Horizonte. Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reducir la burocracia y mejorar el plazo de comercialización/nivel de respuesta de las propuestas, tal como puede apreciarse, por ejemplo, en Horizonte 2020 en relación con el «Instrumento para las pymes» específico. La simplificación debería ser una meta principal de Horizonte Europa, concretamente por lo que respecta al plazo de concesión de las subvenciones y, posteriormente, la entrada en el mercado, los porcentajes de financiación constantes, el número reducido de instrumentos, el uso limitado de fichas horarias, el uso extendido de cantidades fijas únicas, etc.

2.9.

El CESE considera que, además de la reducción de la burocracia, la mejora de la simplificación y una campaña más visible para atraer a las pymes hacia las actividades de innovación e I+i, hay que acoger con satisfacción el concepto subyacente al Consejo Europeo de la Innovación, especialmente a la hora de impulsar la comercialización, las innovaciones de expansión y los emprendedores. De hecho, el CESE considera que, en el marco de esta estrategia, el grado de éxito podría aumentar si se tiene en cuenta que algunas de las empresas emergentes e ideas no han tenido éxito en el pasado por varias razones que al Consejo Europeo de la Innovación le gustaría abordar. No debemos olvidar la necesidad de reducir la aversión al riesgo presente en la cultura europea y, en este sentido, el Consejo Europeo de la Innovación contribuirá a este esfuerzo y deberá considerar acciones de I+i de alto riesgo en sus criterios de evaluación y sus metas generales.

2.10.

El CESE apoya la idea de que haya más pymes y empresas emergentes en el programa, pero alberga serias dudas en relación con la propuesta de expansión. A pesar de los esfuerzos previos en los programas marco, las pymes deberían participar más en actividades basadas en I+i, y Horizonte Europa sería la mejor oportunidad para lograr que se involucren. Puede que la idea de una mayor participación por medio del capital sea buena, pero el mensaje ha de quedar claro a todas las empresas. El hecho de que las pymes aún tienen una perspectiva diferente por lo que respecta a la «propiedad del capital» exige una explicación completa del programa con vistas a impulsar la participación colectiva y evitar malentendidos. Las pymes cuentan con una larga tradición de capital basado en empresarios familiares, y las propuestas de «abrir» su capital al mercado, con financiación de este programa, podría suscitar determinadas cuestiones. Por todo ello, el CESE exhorta a la Comisión a que imprima la mayor claridad a esta interesante propuesta.

2.11.

El CESE también está de acuerdo con el principio de que no debería haber más inversión financiera de la UE para emprendedores si no existe un diálogo con la Unión. Este «lema», anunciado recientemente por el comisario Moedas en una sesión pública, refleja la ambiciosa idea de una interacción más directa con los empresarios y candidatos, aunque también una actitud muy arriesgada, pues aún no está claro qué tipo de recursos van a asignarse a las entrevistas con candidatos y sigue siendo necesario que todo el proceso sea eficiente. No obstante, el CESE está completamente preparado para respaldar este nuevo enfoque e incluso ofrece su ayuda para colaborar en el proceso brindando la experiencia que atesoran sus miembros y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que los respaldan.

2.12.

Por último, el CESE también acoge con satisfacción los esfuerzos que parece que se están llevando a cabo para potenciar la sinergia de los fondos entre programas. Las sinergias de los fondos podrían desempeñar un papel importante en el aprovechamiento y el impulso de las capacidades de I+i en las distintas regiones de Europa. El aumento de las sinergias con otros programas de financiación de la Unión y con las políticas de esta, con Fondos Estructurales que cumplen normativas compatibles, debería ser un punto clave. De hecho, de acuerdo con las normativas del MFP relacionadas con los fondos de cohesión, los Estados miembros pueden transferir hasta el 5 % de sus asignaciones de un fondo a otro, lo que les permite canalizar el dinero para inversiones a otra área importante que se haya establecido. Este sería otro paso importante hacia una mejor participación de los Estados miembros con vistas a cumplir el objetivo del programa de innovación, así como para llevar la agencia científica a otro nivel. El CESE considera que el programa solo podrá catalogarse como un éxito con impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos si logra involucrar a los sectores público y privado. Otro aspecto importante sería la armonización de las normas y reglamentos de los distintos fondos, al menos para los mismos tipos de actividad, y especialmente en relación con la investigación y la innovación.

3.   La propuesta de Horizonte Europa (2021-2027)

3.1.

La propuesta de la Comisión para Horizonte Europa se basa en el anuncio de un gran logro: un programa de I+i de 100 000 millones EUR que ya supone un gran paso hacia una sociedad europea del conocimiento basada en la ciencia y la innovación. A este respecto, el hecho de que los Estados miembros estuvieran de acuerdo con este aumento del presupuesto no solo demuestra un compromiso político, sino que también manda un claro mensaje al mundo: Europa quiere liderar la innovación y, por lo tanto, se han creado las condiciones de financiación para lograrlo.

3.2.

Además del incremento financiero, hay algunas ideas novedosas e innovadoras que el CESE querría destacar como puntos extraídos directamente de la propuesta que son relevantes para el presente dictamen. Así pues, desearíamos mencionar brevemente los siguientes elementos: a) La estructura de tres pilares de Horizonte Europa. Tal y como afirmó la Comisión, Horizonte Europa no es una revolución, sino una evolución. Por lo tanto, se basa en tres pilares principales: la ciencia abierta, que incluye el CEI, las Acciones Marie Skłodowska Curie (MSCA) y las infraestructuras de investigación; los retos globales y la competitividad industrial, que se componen de cinco clústeres (la salud, una sociedad inclusiva y segura, los sistemas digitales y la industria, el clima, la energía y la movilidad, y los alimentos y recursos naturales), y, por último, el pilar de innovación abierta, con el Consejo Europeo de la Innovación, los ecosistemas de innovación europeos y el EIT. Los tres pilares se sustentarán en actividades destinadas a reforzar el Espacio Europeo de Investigación. b) La creación de un Consejo Europeo de la Innovación para ayudar a la UE a liderar la innovación creadora de mercados. Europa lleva muchos años trabajando para alcanzar esta meta y, no obstante, a pesar de sus esfuerzos, sus ideas excelentes y contar una comunidad científica y de innovación muy fuerte, el nivel de crecimiento y de creación de empleo no refleja el nivel de compromiso. Por consiguiente, la propuesta de la Comisión implantará una ventanilla única para llevar la tecnología vanguardista con gran potencial y más prometedora del laboratorio al mercado, a la vez que ayudará a las empresas emergentes y las sociedades más innovadoras a expandir sus ideas. El nuevo Consejo Europeo de la Innovación ayudará a detectar y financiar las innovaciones rápidas de alto riesgo y gran potencial para crear mercados completamente nuevos. Proporcionará apoyo directo a los innovadores por medio de dos instrumentos de financiación principales, uno para las primeras fases y otro para el desarrollo y la implantación en el mercado. Así, servirá de complemento al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). El CESE considera que el Consejo Europeo de la Innovación debería centrarse en las pymes y las empresas emergentes muy innovadoras y vanguardistas. c) En el EIT, las propuestas de comunidades de conocimiento e innovación (CCI) del EIT se recogerán en la Agenda de Innovación Estratégica (AIE) del EIT. El CESE considera que estas no deberían aumentarse de manera considerable, sino que deberían mantenerse en un número limitado, en consonancia con el principio de simplificación del panorama de I+i. Además, las CCI futuras habrán de garantizar la representación de los distintos países europeos, concretamente en relación con la ubicación de los centros de innovación. Habría que reforzar el espíritu empresarial fomentado por el pilar académico (por ejemplo, la educación empresarial, el fomento de la colaboración estrecha no disciplinaria entre industria y mundo académico y el establecimiento de las posibles capacidades de los futuros innovadores). d) La creación de misiones de I+i de la UE centradas en los retos globales y la competitividad industrial. Este enfoque podría ser un modo efectivo de conseguir que la sociedad y los ciudadanos se impliquen en las misiones que se determinen, lo que creará un espíritu comunitario que podría ser esencial para lograr unas repercusiones y unos resultados significativos. Los ejemplos pueden ir desde la lucha contra el cáncer hasta el transporte limpio, acabar con el plástico en los océanos o lograr agua limpia y segura para todos. Estas misiones se diseñarán de manera conjunta con los ciudadanos, las partes interesadas, el Parlamento Europeo y los Estados miembros. El CESE, como representante de la sociedad civil organizada, está dispuesto a contribuir activamente a este proceso de codiseño. e) La maximización del potencial de innovación en toda la UE y el refuerzo del Espacio Europeo de Investigación. Se duplicará el apoyo a aquellos Estados miembros que presenten un potencial bajo de rendimiento en I+i. Además, las sinergias con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (por ejemplo, los Fondos Estructurales y de Inversión) facilitarán la coordinación y combinación de la financiación, a la vez que ayudarán a las regiones a acoger la innovación y cobrar impulso a nivel de la UE. f) Más apertura. El principio de «ciencia abierta/innovación abierta», que requiere el acceso abierto a publicaciones y datos, será el modus operandi de Horizonte Europa. Esto promoverá la divulgación y la explotación, así como ayudará en la comercialización y aumentará el potencial de innovación de los resultados generados por las financiaciones de la UE. g) Una nueva generación de asociaciones europeas y una mayor colaboración con otros programas de la UE. Se espera que Horizonte Europa optimice el número de asociaciones cofinanciadas o programadas conjuntamente por la UE con socios como la industria, la sociedad civil y las agencias de financiación, a fin de aumentar su eficacia y repercusión a la hora de cumplir las prioridades políticas de Europa. Horizonte Europa promoverá vínculos efectivos y operativos con otros programas futuros de la UE, como la política de cohesión, el Fondo Europeo de Defensa, el Programa Europa Digital y el Mecanismo «Conectar Europa», así como con los proyectos internacionales de la energía de fusión ITER. h) El Centro Común de Investigación (CCI), el servicio de ciencia y conocimientos de la Comisión, continuará su contribución a través del asesoramiento científico, el apoyo técnico y la investigación específica.

4.   Ciencia e innovación para todos los europeos

4.1.

Los ciudadanos han de ser conscientes del potencial y los logros europeos relacionados con las actividades de ciencia e innovación. Estas actividades forman verdaderamente parte de la vida de todos y brindan una oportunidad real para involucrar a la sociedad en el proyecto europeo. Aunque el concepto y las medidas propuestos por la Comisión son ambiciosos y constituyen un «proceso sin fin», constituyen también la mejor oportunidad para involucrar a los ciudadanos en los valores europeos relacionados con la innovación y la ciencia para todos.

4.2.

La educación y la comunicación científicas han de considerarse un enfoque fundamental para implicar a todos en el proyecto europeo. Hacer de la participación ciudadana una prioridad de Horizonte Europa constituirá un claro paso adelante para transponer los resultados de I+i en el mercado y en nuestras vidas cotidianas. El proceso de cocreación basado en un planteamiento multilateral enviaría un mensaje claro en favor de la implicación ciudadana en el entorno de la I+i. La innovación social con la participación de la ciudadanía y la confianza en la innovación serán cruciales para estimular nuevos patrones de gobernanza, producción y consumo.

4.3.

La divulgación, la comunicación y la explotación del éxito de la ciencia y la innovación europeas parecen no surtir mucho efecto. Los ciudadanos valoran las innovaciones de otras regiones pero no reconocen los logros europeos, ni siquiera cuando los ven. Esto debe cambiar por múltiples razones. Además de la idea de obtener «valor europeo» de las inversiones realizadas en Europa, también es importante estar orgullosos de los logros y las metas de la UE en relación con el proyecto europeo para todos.

4.4.

A menudo, Europa es objeto de críticas por su «falta de inversión» y la «ausencia de una cultura del riesgo y el espíritu emprendedor». El trasfondo general de la propuesta de la Comisión Europea estriba en examinar estos desafíos y crear un nuevo discurso en torno a estas ideas. La contribución de las actividades científicas y de innovación a la construcción de una Europa mejor y más inclusiva es parte del cambio necesario para evitar malentendidos acerca del proyecto europeo y, ciertamente, representa una buena contribución a la tarea de involucrar más a los ciudadanos y hacerles sentir orgullosos de formar parte de la solución. También es importante contrarrestar ideas incorrectas con respecto a los fondos europeos en las comunidades locales: que los ciudadanos reconociesen que el «dinero de los contribuyentes» se usa de manera correcta ayudaría a contrarrestar los discursos extremos y populistas que deben refutarse.

4.5.

En concreto, el programa debería contribuir al fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación asegurando que la mayor parte de su financiación se emplea en investigación colaborativa, con participantes de Estados miembros o países asociados, a fin de aportar un considerable valor añadido de la UE. La colaboración entre investigadores, industrias (incluidas las pymes) y otras instituciones públicas y privadas de Europa ha sido instrumental en la creación del EEI y es característica de los programas marco de I+i europeos, los cuales gozan de gran aprecio entre las partes interesadas y han de mantenerse en Horizonte Europa.

4.6.

Hay que acometer las actividades de Horizonte Europa recurriendo principalmente a convocatorias de propuestas. Debería garantizarse que la mayoría del presupuesto de Horizonte Europa se emplea por medio de convocatorias competitivas gestionadas de manera transparente y eficaz directamente por la Comisión Europea o sus agencias ejecutivas, y que el presupuesto y el número de las misiones y asociaciones se limitan de modo razonable a fin de racionalizar el panorama de I+i, en consonancia con el objetivo principal de simplificación.

4.7.

Horizonte Europa ha de facilitar las necesidades y prioridades urgentes que se destacaron en la consulta con las partes interesadas organizada a principios de 2018, como parte del ejercicio de evaluación del impacto (4). El objetivo de la consulta con las partes interesadas era recabar las opiniones de las partes y los ciudadanos interesados en cuando al diseño de Horizonte Europa, concretamente en lo relacionado con el fomento de la I+i en toda la UE, el apoyo a la educación, las capacidades y la formación, la garantía de un entorno limpio y saludable y la protección de los recursos naturales.

4.8.

Con miras a contribuir activamente a la cohesión de las distintas regiones de Europa, se acoge con satisfacción el incremento de la financiación del Consejo Europeo de Investigación, especialmente si se asigna ante todo a investigadores en el comienzo de sus carreras, ya que este es el grupo que presenta el mayor potencial atendiendo al futuro de Europa. Hay que poner fin a la fuga de cerebros desde las regiones periféricas a otras zonas y hacer realidad la capacitación de los investigadores al inicio de sus carreras.

4.9.

Si queremos que la sociedad civil haga más suyos los logros de la investigación, urge subrayar el papel crucial que desempeña la innovación social. Del mismo modo, también cabe recalcar la importancia de las empresas de la economía social y de las partes interesadas en general que, conjuntamente con la industria y las pymes, constituyen un componente relevante del sistema económico europeo.

5.   El papel de las empresas

5.1.

El CESE debe insistir, una vez más, en el hecho de que las pymes son la comunidad empresarial más significativa de Europa. Las pymes son responsables del crecimiento y la creación de empleo y, por consiguiente, han de ocupar una posición central en el proceso de formulación de políticas. Aun cuando la propuesta parece reflejar esta idea, el CESE dirige a su vez la atención de la Comisión sobre el hecho de que no hay ninguna solución universal para todos los Estados miembros sobre cómo potenciar la participación de las pymes en Horizonte Europa. Los Estados miembros tienen ecosistemas de innovación estructural y niveles de crecimiento distintos, algo que debe reflejarse de algún modo en las medidas específicas propuestas.

5.2.

El CESE reconoce el papel que desempeñan las empresas emergentes en los ecosistemas científicos y de innovación. Sin embargo, llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que los emprendedores han de tener un enfoque orientado a los negocios para poder tener éxito. Así pues, sería ideal aconsejar a los empresarios sobre el potencial y las necesidades del mercado. Las grandes empresas también deben formar parte del proceso. Las grandes empresas ofrecen más oportunidades para las empresas emergentes y las pymes, no solo debido a los retos que generan, sino también a las oportunidades de negocio que suelen acompañar a sus actividades. Por consiguiente, es muy buena idea crear un ecosistema de innovación más eficiente que aúne todas sus realidades.

5.3.

El CESE llama la atención de la comunidad de empresarios, y de la Comisión, sobre la necesidad de adoptar un nuevo discurso en torno a las actividades industriales. Los sectores industriales tradicionales podrían beneficiarse realmente de las actividades de las empresas emergentes cuando estas se dirigen a los retos que plantean la digitalización y la robotización de las actividades industriales —como, por ejemplo, la economía circular o el impulso de la introducción de tecnologías de fabricación nuevas muy avanzadas— recurriendo a la participación de las pymes y las empresas emergentes y el fomento de su cooperación con las grandes industrias. Se podría elevar el grado de éxito si se dieran a conocer en la comunidad de empresas emergentes los retos industriales que les aguardan.

6.   Cuestiones financieras

6.1.

La dotación presupuestaria propuesta de 100 000 millones EUR para el período 2021-2027 comprende 94 100 millones EUR destinados a Horizonte Europa, 3 500 millones EUR que se asignarán a través del fondo InvestEU y 2 400 millones EUR que corresponderán al Programa de Investigación y Formación de Euratom. El Programa Euratom, que financia la investigación y la formación en seguridad nuclear y protección radiológica, se centrará más en aplicaciones no energéticas, como los equipos médicos y de sanidad, a la vez que apoyará la movilidad de investigadores nucleares en el marco de las Acciones Marie Skłodowska Curie.

6.2.

La distribución indicativa del presupuesto de Horizonte Europa resalta un incremento significativo en el presupuesto del CEI (aproximadamente el 20 %) y de las Acciones Marie Skłodowska Curie (aproximadamente el 10 %) con respecto al Programa Marco Horizonte 2020 para el período 2014-2020. El CESE apoya plenamente este incremento y aboga por que el CEI dedique la mayor parte de su presupuesto a los investigadores al inicio de sus carreras en su fase más productiva y creativa (subvención de inicio (5) y subvención de consolidación (6)).

6.3.

El presupuesto del Consejo Europeo de la Innovación presenta el mayor incremento de Horizonte Europa, con un importe total de 13 500 millones EUR. Dentro del pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial», el mayor aumento se destina al clúster de alimentos y recursos naturales, con un total de 10 000 millones EUR. El pilar transversal dedicado al refuerzo del Espacio Europeo de Investigación también recibe un incremento sustancial de su presupuesto, hasta un total de 2 100 millones EUR. El CESE acoge positivamente estas tendencias presupuestarias, que cree que fortalecerán el Espacio Europeo de Investigación y construirán un ecosistema de I+i con múltiples actores más fuerte en todas las regiones de Europa.

---

(1)  Véanse DO C 34 de 2.2.2017, p. 66, y el documento informativo sobre Horizonte 2020 (evaluación).

(2)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 10.

(3)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 66.

(4)  https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-impact-assessment-swd-2018-307_es.

(5)  Para investigadores de cualquier nacionalidad con una experiencia de entre dos y siete años desde la finalización del doctorado, un historial científico muy prometedor y una excelente propuesta de investigación (https://erc.europa.eu/funding/starting-grants).

(6)  Para investigadores de cualquier nacionalidad con una experiencia de entre siete y doce años desde la finalización del doctorado, un historial científico muy prometedor y una excelente propuesta de investigación. (https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014, (UE) n.o 258/2014, (UE) n.o 652/2014 y (UE) 2017/826»

[COM(2018) 441 final — 2018/0231 (COD)]

(2019/C 62/06)

Ponente:	Oliver RÖPKE
Coponente:	Violeta JELIĆ

Consulta	Parlamento Europeo, 14.6.2018 Consejo, 26.6.2018
Fundamento jurídico	Artículo 114, apartado 1, artículo 169, apartado 3, artículo 43, apartado 2, y artículo 173, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Sección de Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	2.10.2018
Aprobado en el pleno	17.10.2018
Pleno n.o	538
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	187/4/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El mercado único constituye una base fundamental para la creación de crecimiento económico y competitividad. Realiza una importante contribución a la creación de empleo y proporciona a los consumidores una gran variedad de bienes y servicios, a la vez que puede servir de base para la construcción de prosperidad en la Unión Europea.

1.2.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción, en principio, la integración de cinco programas anteriores (como el Programa Estadístico Europeo, cuyo alcance, no obstante, es mucho mayor que el mercado único) y varias líneas presupuestarias en un programa de mercado único, ya que se puede esperar que produzca sinergias y mejore la rentabilidad.

1.3.

EL CESE coincide con la Comisión en que es necesario eliminar los obstáculos existentes y proseguir con el desarrollo, la aplicación y la garantía de cumplimiento del Derecho de la Unión en el mercado único. Este es el caso, sobre todo, en los ámbitos de los bienes y servicios, la contratación pública, la vigilancia del mercado, el Derecho de sociedades y el Derecho contractual y extracontractual, la lucha contra el blanqueo de capitales, la libre circulación de capitales, los servicios financieros, la competencia y el desarrollo de instrumentos de gobernanza. El CESE pide la creación de un mercado interior justo y pleno que también debe tener en cuenta la conformidad con las normas laborales, medioambientales y del consumidor.

1.4.

Sin embargo, en relación con la cadena alimentaria, el CESE pide a la Comisión que garantice la financiación con arreglo a la categoría 3 —«Recursos naturales y medio ambiente»— debido a la estrecha relación del programa con la política agrícola.

1.5.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de dedicar el 25 % de la financiación disponible a cumplir los objetivos relativos al cambio climático del Acuerdo de París, pero desearía más información sobre cuáles son los gastos que se consideran gastos relacionados con el clima.

1.6.

El CESE señala que el volumen de trabajo en la política de protección del consumidor está aumentando constantemente, debido, en particular, a la transformación digital. Por tanto, el CESE insta a la Comisión a que profundice en el desarrollo de la cooperación con las redes y organizaciones de consumidores y aumente la financiación para la protección del consumidor en consecuencia.

1.7.

El CESE observa que, de acuerdo con la Comisión, se fija la financiación destinada a las prioridades del nuevo programa sobre el mercado único en torno a 3 900 millones EUR, es decir, aproximadamente el mismo nivel que en el período financiero actual 2014-2020, pero muestra su preocupación por el hecho de que las negociaciones del marco financiero de la UE puedan conllevar recortes y que ello genere un presupuesto más bajo que los anteriores. Sin embargo, el CESE acoge con satisfacción el hecho de que, en el contexto del COSME, se disponga de 2 000 millones EUR adicionales en el marco del programa InvestEU y que sea posible combinar la financiación de otros programas.

1.8.

Las estadísticas elaboradas por el Programa Estadístico Europeo tienen un elevado valor añadido europeo y constituyen una de las bases de las políticas de la Unión Europea, incluido, en particular, el mercado único. Por consiguiente, el CESE coincide con la Comisión cuando afirma que el actual Programa Estadístico Europeo debe continuar aplicándose también en el marco del nuevo programa sobre el mercado único, con el apoyo de los recursos necesarios.

1.9.

El CESE pide que los interlocutores sociales europeos participen adecuadamente en todas las fases del nuevo programa sobre el mercado único.

2.   Observaciones generales relativas al nuevo programa sobre el mercado único

2.1.

El CESE ha señalado en numerosas ocasiones que el mercado único es una piedra angular del proceso de integración europea y contribuye en gran medida al crecimiento económico y a la creación de empleo. Además, el mercado único también puede contribuir a la prosperidad (1).

2.2.

En su Dictamen «Marco financiero plurianual posterior a 2020» (2), el CESE ha criticado que, en el próximo período de financiación, la Unión Europea dispondrá aún de menos medios para la consecución de sus objetivos que en el período actual.

2.3.

En virtud del marco financiero plurianual de la UE, la Comisión propone consolidar varios programas y líneas presupuestarias relacionados con la competitividad de las empresas (incluidas las pymes), la protección del consumidor, los clientes y usuarios finales de servicios financieros, la elaboración de políticas sobre servicios financieros, la cadena alimentaria y el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas. El CESE suscribe, en principio, esta propuesta ya que puede lograr sinergias y un aumento de la eficiencia en la financiación de los proyectos apoyados. El programa también ofrece un marco financiero más flexible, lo que facilitará la ejecución de los proyectos por parte de los beneficiarios.

2.4.

Una evaluación de los programas individuales que se incorporará ahora al nuevo programa sobre el mercado único también demuestra el valor añadido ofrecido por las diversas iniciativas.

2.5.

Cabe señalar que todavía existen barreras y obstáculos al mercado único. Por tanto, es fundamental hacer un seguimiento de la evolución en este ámbito, evaluar los obstáculos que siguen existiendo y establecer una hoja de ruta para que el mercado único actúe correctamente en beneficio de todos. El CESE coincide con la Comisión en que el nuevo programa puede ayudar a mejorar el funcionamiento del mercado único a través del diseño, la aplicación y el cumplimiento de la legislación de la UE. La acción de la UE debe propiciar un marco regulador simple, claro, estable y previsible para las empresas, los trabajadores y los ciudadanos. El CESE pide la creación de un mercado interior justo y pleno que también debe tener en cuenta la conformidad con las normas laborales, medioambientales y del consumidor.

2.6.

El CESE acoge con satisfacción, expresamente, la posibilidad de financiar actividades y proyectos de modo acumulativo en varios programas de la UE como InvestEU, Horizonte Europa o el Fondo Social Europeo. Esto podría tanto crear efectos de sinergia como facilitar la financiación de proyectos.

2.7.

El CESE destaca también la especial importancia que reviste seguir desarrollando una política fiscal de la UE para fomentar un mercado único eficiente, competitivo y equitativo (3).

3.   Objetivos del programa

3.1.

Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel central en la economía europea. El 99 % de las empresas en la UE son pymes, y dos tercios de los empleados trabajan en una de ellas. Por tanto, en opinión del CESE resulta fundamental que la Unión Europea apoye a las pymes a la hora de mejorar su competitividad. El CESE desea señalar la importancia de las medidas de apoyo para los servicios profesionales y empresariales en su papel de promotoras de la competitividad de las pymes europeas: son esenciales para otros muchos sectores y desempeñan un papel principal en la terciarización de la economía europea.

3.2.

El CESE subraya la experiencia positiva del programa COSME, que ha sido de gran utilidad para las pymes gracias a su apoyo orientado a las necesidades en ámbitos como el turismo, la industria textil y otros sectores, y que, de este modo, ha sido un impulsor fundamental del crecimiento económico y la creación de nuevos puestos de trabajo. Por consiguiente, el apoyo a través de COSME debe continuar y desarrollarse.

3.3.

En los últimos años, las pymes se han enfrentado a dificultades concretas en el acceso a la financiación. La falta de solvencia imposibilita que las pymes realicen inversiones apropiadas en ámbitos con perspectiva de futuro como la digitalización, innovación y globalización. Esto repercute negativamente en el crecimiento económico y la creación de empleo, y puede incluso amenazar a la supervivencia de las empresas. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la posibilidad adicional de refinanciación por medio de instrumentos de deuda y de capital en el marco del nuevo Fondo InvestEU.

3.4.

Además, es necesario prestar apoyo al desarrollo de capacidades de los interlocutores sociales, la administración pública y otros beneficiarios, a fin de ofrecer a estos agentes la posibilidad de participar en los programas de la UE.

3.5.

El apoyo a los nuevos empresarios y a los productos y servicios innovadores será uno de los elementos clave del programa sobre el mercado único. En opinión del CESE, es positivo el uso de iniciativas de clústeres para apoyar los nuevos modelos de negocio, las tecnologías avanzadas, las soluciones hipocarbónicas y eficientes en el uso de recursos y otras áreas como las iniciativas para actividades internacionales, la búsqueda de personal y la mejora de competencias; el Comité apoya la labor de la Plataforma Europea de Colaboración de Clústeres.

3.6.

En numerosos sectores económicos también se da por supuesto el uso de soluciones digitales. El éxito continuado y la competitividad de las pymes dependen en particular de la inversión en la infraestructura digital apropiada a su debido tiempo. Por ello, el CESE sostiene la idea de apoyar a las pymes a la hora de invertir en los proyectos digitales. Estos proyectos han de diseñarse de tal forma que beneficien tanto al sector empresarial como a la sociedad civil en su conjunto.

3.7.

El CESE es partidario de continuar con el apoyo a los portales digitales Tu Europa, SOLVIT y Tu Europa-Asesoramiento, el sistema de Información del Mercado Interior y el cuadro de indicadores del mercado único, y de promover la creación y la expansión de servicios digitales públicos adicionales y la cooperación de las autoridades dentro y entre los Estados miembros en el ámbito digital, incluso en colaboración con el programa Europa Digital.

3.8.

A este respecto, el CESE acoge con satisfacción el enfoque progresivo de la Comisión de dedicar el 25 % de la financiación disponible a cumplir los objetivos relativos al cambio climático del Acuerdo de París, pero desearía más información sobre cuáles son los gastos que se consideran relacionados con el clima.

3.9.

El objetivo del programa sobre el mercado único es apoyar los intereses de los consumidores y garantizar un alto nivel de protección del consumidor. El CESE observa que, en general, los retos de la política de protección del consumidor aumentan continuamente, entre otras razones, debido al comercio en línea de bienes y servicios y a la transformación digital, y, en parte, como consecuencia de medidas de desregulación desproporcionadas, por ejemplo, la supresión de los sistemas de garantía de la calidad legales o las normas sobre las condiciones de acceso a la profesión. Por todo ello, el nuevo programa debe garantizar que los consumidores reciben la información y el apoyo adecuados en sus actividades de consumo. Al mismo tiempo, deberán garantizarse un apoyo y una información adecuados a las empresas en materia de disposiciones de protección de los consumidores.

3.10.

La crisis financiera y económica que comenzó en 2008 ha demostrado que es especialmente importante proporcionar a los consumidores asesoramiento e información exhaustivos sobre los servicios financieros, incluido el asesoramiento para la gestión de las deudas. Además, la sociedad civil necesita participar más activamente en la elaboración de políticas en este ámbito, en particular promoviendo organizaciones que apoyen los intereses políticos de los consumidores en el ámbito de los servicios financieros.

3.11.

El suministro de información sobre el mercado y los consumidores, y el acceso a la reparación jurídica, debe garantizarse mediante el apoyo a las organizaciones de protección del consumidor y las autoridades garantes del cumplimiento competentes. El CESE también toma nota, sin embargo, de que el Nuevo Marco para los Consumidores no se corresponde con las legítimas expectativas de los consumidores, tal y como se señala en el reciente dictamen del CESE sobre esa propuesta de la Comisión

3.12.

La protección de los consumidores a escala de la Unión Europea cuenta con un firme apoyo, en particular a través de la Red de Centros Europeos del Consumidor y la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC). En los últimos años, la red ha podido llegar a millones de consumidores y mantenerlos informados y también ha respondido a varios cientos de miles de consultas de consumidores. La BEUC ha participado activamente en la representación de los intereses de los consumidores en todos los ámbitos políticos relevantes de la UE. El apoyo a la red y a la BEUC ha generado un alto valor añadido europeo. Por lo tanto, el CESE aboga por proseguir y continuar a largo plazo con el desarrollo de esta cooperación exitosa con la Red de Centros Europeos del Consumidor y la Oficina Europea de Uniones de Consumidores. El CESE se congratula también de la cooperación prevista con las organizaciones nacionales de consumidores.

3.13.

Con el fin de mejorar la representación de los intereses de los consumidores en los servicios financieros, se proporcionó financiación a dos asociaciones sin ánimo de lucro, Finance Watch y Better Finance, primero como parte de un proyecto piloto y después a través de una acción preparatoria. El Reglamento (UE) 2017/826 sobre el desarrollo de capacidades en este ámbito prevé una mayor cofinanciación para estas asociaciones. El CESE insta a la Comisión a que siga impulsando la cooperación con las organizaciones en este ámbito político.

3.14.

El CESE observa que, habida cuenta de la gran cantidad de tareas que deben emprenderse, el presupuesto para la protección de los intereses de los consumidores es extremadamente limitado: 198,5 millones EUR. El CESE insta al Parlamento Europeo y al Consejo a que aumenten el presupuesto disponible en consecuencia.

3.15.

Los datos y las estadísticas sirven de base para las decisiones en numerosas áreas, incluidas las políticas sociales, económicas, regionales, ambientales y agrícolas. Las estadísticas elaboradas por el Programa Estadístico Europeo tienen un elevado valor añadido europeo y constituyen una de las bases de las políticas de la Unión Europea, incluido, en particular, el mercado único. Por consiguiente, el CESE está de acuerdo con la Comisión cuando afirma que, también en el marco del programa sobre el mercado único, el Programa Estadístico Europeo actual debe seguir recibiendo los recursos necesarios, especialmente a la vista de la necesidad de modernizar los procesos de elaboración de estadísticas y de la creciente necesidad de datos estadísticos.

3.16.

En relación con las normas, el CESE aboga por desarrollarlas de manera rápida y oportuna, en cooperación con las pymes, los empleados, los consumidores y los representantes medioambientales.

3.17.

El programa de la cadena de suministro de alimentos apoya medidas dirigidas a garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, animal y vegetal mejorar la sostenibilidad de la producción de alimentos y piensos en la UE y elevar las normas de calidad. El impacto de las enfermedades y plagas de los animales debe minimizarse a través de programas preventivos apoyados por la UE. También hay que apoyar el nivel de protección del medio ambiente y la biodiversidad.

3.18.

Muchas de las actividades del programa de la cadena de suministro de alimentos están sujetas a la política agrícola y la política medioambiental. Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que garantice la financiación de estas actividades de la cadena alimentaria a través de la categoría 3 sobre «Recursos naturales y medio ambiente».

4.   Presupuesto

4.1.

La Comisión propone un presupuesto total para el programa sobre el mercado único de 4 089 millones EUR para el período 2021-2027. Se incluye aquí: — alrededor de 438 millones EUR para el objetivo de mercado interior; — 1 000 millones EUR para el programa COSME pymes; — 198,5 millones EUR para los consumidores; — 220,5 millones EUR para la normalización; — 552 millones EUR para las estadísticas; y — 1 680 millones EUR para la cadena alimentaria;

4.2.

El CESE señala que, en lo que se refiere a la posibilidad de comparar estas dotaciones financieras con el actual período de financiación 2014-2020, el Brexit y la integración de los programas individuales en el programa sobre el mercado único implican que solo se pueden hacer declaraciones limitadas con respecto al presupuesto actual.

4.3.

El CESE señala que, según la Comisión Europea, la financiación destinada al programa sobre el mercado único es comparable al período financiero actual (alrededor de 3 900 millones EUR), pero se muestra preocupado por que las negociaciones puedan dar lugar a recortes presupuestarios y, por tanto, a una reducción de recursos disponibles en comparación con el período 2014-2020.

4.4.

El CESE observa que más del 41 % del presupuesto total (1 680 millones EUR) se asigna a la cadena alimentaria, lo que lo convierte con diferencia en el elemento mejor financiado del programa sobre el mercado único, mientras que menos del 5 % estará disponible para proyectos de políticas de consumo.

4.5.

Celebra que, además del programa COSME de 1 000 millones EUR, se dispondrá de 2 000 millones EUR adicionales a través del eje InvestEU para apoyar a las pymes (4).

4.6.

El CESE pide que se incremente significativamente la financiación para el elemento de política del consumidor en el programa sobre el mercado único, ya que los retos a los que se enfrenta la política de protección del consumidor aumentan considerablemente, en especial por la creciente importancia del comercio electrónico transfronterizo y los servicios en línea.

4.7.

En relación con la cadena alimentaria, el CESE pide que se proporcione financiación con arreglo a la categoría 3 sobre «Recursos naturales y medio ambiente» para aquellas medidas que no están cubiertas por la vigilancia del mercado. Esto incluye, por ejemplo, actividades para combatir las enfermedades de los animales y las plagas vegetales, y medidas de bienestar animal.

4.8.

El CESE acoge con satisfacción la opción de combinar la financiación de proyectos de otros programas, como el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo+ o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

4.9.

Además del apoyo a las pymes y las empresas emergentes y el refuerzo de la competitividad y el crecimiento de las empresas, la elegibilidad en virtud del artículo 3 del programa sobre el mercado único también debe ampliarse a aquellas medidas que permitan al público, los consumidores, los usuarios finales, los sindicatos y los representantes de la sociedad civil y las empresas participar activamente en el debate político, la elaboración de políticas y la toma de decisiones, incluido el apoyo a las actividades de las organizaciones representativas a escala nacional y de la UE.

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(1)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 1.

(2)  ECO/460 — Dictamen «Marco financiero plurianual posterior a 2020» (aprobado en el pleno de septiembre de 2018).

(3)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 1.

(4)  COM(2018) 439 final.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la ppropuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas

[COM(2018) 442 final — 2018/0232 (COD)]

(2019/C 62/07)

Ponente:

Laure BATUT

Consulta	Parlamento Europeo, 14.6.2018 Consejo de la UE, 27.6.2018
Fundamento jurídico	Artículos 114, 33 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	.2.10.2018
Aprobado en el pleno	17.10.2018
Pleno n.o	538
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	191/3/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

El CESE celebra la importancia concedida a las aduanas en el mercado interior y el objetivo de la propuesta de respaldar la unión aduanera y a las autoridades aduaneras brindándoles un nuevo instrumento financiero para acompañar la aplicación de la política en este ámbito, a fin de asegurar una aplicación uniforme de las normas. El CESE considera que, a medio plazo, y a nivel político, las aduanas de la UE, que ya aplican un código normativo común, deberían funcionar como una sola entidad.

1.1.   Sobre el presupuesto y la aplicación del programa Aduana:

1.1.1.

El CESE considera que la suma prevista para el programa Aduana, que asciende a 950 millones EUR para un período de siete años, es decir 5,02 millones EUR de media por año y país (UE de los Veintisiete), puede ser insuficiente respecto de la magnitud de los objetivos de la propuesta y de las aspiraciones definidas para las personas, las redes, las tecnologías y los materiales; dado que la carga recaerá, en lo que les compete, en los Estados, el Comité recomienda a la Comisión que facilite a las autoridades aduaneras nacionales el uso pleno e íntegro del programa, así como de las sinergias anunciadas entre programas; expresa su deseo de que la Comisión vele por la flexibilidad entre los capítulos presupuestarios del marco financiero plurianual (MFP).

1.1.2.

El CESE reconoce que es difícil formular hipótesis numéricas sobre el coste del Brexit, que podría resultar muy elevado; recomienda ajustar el texto de manera progresiva, sin penalizar la realización del mercado interior de los Veintisiete y teniendo en cuenta la necesidad fundamental de disponer de agentes bien formados y de instrumentos y procedimientos aduaneros comunes y competitivos frente a países como los EE. UU. o China.

1.2.   Sobre la informática en el programa:

Puesto que se trata del mayor valor añadido esperado del programa, y habida cuenta de la necesidad de garantizar el correcto desarrollo de la estrategia informática en el ámbito aduanero (1), el CESE acoge favorablemente la integración de los instrumentos destinados a financiar y facilitar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos aduaneros transeuropeos, incluida la integración de herramientas de planificación informática en el dispositivo, especialmente si contribuyen a reducir las disparidades entre los Estados miembros.

1.2.1.

Sobre la innovación tecnológica: El CESE recomienda que se utilice el programa para que las innovaciones tecnológicas alcancen simultáneamente a todos los Estados participantes.

1.2.2.

Sobre las cooperaciones digitales: Para aprovecharlas al máximo, el CESE recomienda alentar a los Estados miembros a actuar para reducir sus disparidades de prácticas y competencias, e intensificar su voluntad común de luchar contra los fraudes.

1.3.   Sobre el refuerzo de las competencias:

El CESE considera que el refuerzo de las competencias de los agentes de las administraciones y la formación aduanera son esenciales para el buen funcionamiento de la cooperación aduanera de la UE. Recomienda por tanto sacar al programa todo su partido para proseguir unos cambios ya iniciados (2) que, años después del programa Matthaeus, podrían ampliarse mediante un Erasmus aduanero (intercambios temporales de agentes de todas las categorías).

1.3.1.

El CESE recomienda que se garantice a las autoridades aduaneras el título de «autoridades facultadas» para acceder a los sistemas interoperables de control de las personas en las fronteras (3).

1.4.   Sobre los derechos fundamentales:

El CESE recomienda que el programa contribuya a reforzar, en su zona operativa, el respeto de los derechos fundamentales y la protección de datos.

1.5.   Sobre los indicadores:

El CESE recomienda que se ayude a los Estados participantes a cumplir adecuadamente su obligación de presentar un informe sobre la aplicación del programa según los indicadores propuestos, y que se tenga en cuenta que las restricciones que pesan sobre los presupuestos públicos no siempre permitirán a las administraciones nacionales disponer de tiempo o agentes suficientes. El CESE sugiere que, al menos durante los cinco primeros años, se realice una comparación entre todos los Estados miembros.

1.6.   Sobre la gobernanza:

El CESE se muestra favorable a un diálogo abierto sobre la aplicación del programa entre los Estados miembros, la Comisión y las partes interesadas pertinentes. Recomienda que el respaldo renovado del Consejo Europeo le confiera, al cabo de los años y de forma transversal, cierta visibilidad, y que se favorezcan las condiciones necesarias para su completo éxito, como por ejemplo la armonización fiscal entre Estados miembros, el compromiso de todos los países participantes en las formaciones y su voluntad de invertir en la cooperación, combatir el fraude y practicar un comercio justo.

2.   Introducción

2.1.

En el MFP propuesto por la Comisión Europea, el programa Aduana tiene por objeto apoyar la cooperación entre autoridades aduaneras y proteger los intereses económicos y financieros de la Unión. La unión aduanera se dota así, cincuenta años tras su creación, de un marco legislativo armonizado a escala europea. No obstante, aún queda mucho por hacer para asegurar que las aduanas de los Estados miembros cumplan sus funciones de manera equivalente y uniforme. El territorio aduanero común y el arancel exterior común existen y prohíben los derechos de aduana y los gravámenes de efecto equivalente entre los Estados miembros. Sin embargo, subsisten las disparidades, y un «turismo aduanero» equiparable a la competencia desleal se introduce a través de las lagunas en la aplicación de las normas, que compete, al igual que las sanciones aduaneras, a cada Estado miembro.

2.2.

La aplicación uniforme se complica aún más debido a las múltiples facetas del papel de las aduanas. Estas se encuentran en el punto de equilibrio político entre las normativas nacionales, europeas e internacionales de comercio y la libertad de circulación. Se ocupan de las mercancías —lícitas, cuya circulación debe favorecer, ilícitas, que debe interceptar, y peligrosas, que debe detener—. Producen, en determinados Estados miembros, las estadísticas del comercio exterior.

2.3.

Las aduanas velan además por el respeto de numerosas normativas no aduaneras: a) protegen a la población de las amenazas terroristas, medioambientales y sanitarias, de las armas de fuego y de las drogas, y controlan los movimientos de divisas, los derechos de propiedad intelectual, la salud y la seguridad públicas, la seguridad de los productos, la protección de las especies salvajes y del medio ambiente, etc. Su función en el ámbito de la seguridad, en todas sus facetas, es cada vez más importante; b) las autoridades aduaneras desempeñan también un papel esencial a la hora de garantizar la integridad de la cadena de suministro. Las sinergias entre otros programas financieros del MFP y el programa Aduanas son numerosas.

2.4.

Las aduanas ya utilizan dispositivos y tecnologías digitales que han reducido los tiempos de control y los gastos públicos, a pesar del aumento de los volúmenes del comercio mundial y de la delincuencia transnacional. Son una herramienta esencial para los gobiernos y para la Unión. Pueden ser movilizadas en todo el territorio de la UE para la protección de los intereses financieros de esta (por ejemplo, los derechos de aduana/EE. UU.) y la protección de los ciudadanos (por ejemplo, la enfermedad de las «vacas locas»). La Guardia Europea de Fronteras y Costas (4) las refuerza.

3.   Resumen de la propuesta de Reglamento

3.1.

Para el período 2021-2027 (5), la Comisión Europea ha centrado su proyecto presupuestario global en los objetivos políticos de la Unión de los Veintisiete. Entre estos objetivos, el nuevo programa Aduana se inscribe en una continuidad y alcance reforzados del programa Aduana 2020 y tiene por objeto apoyar la aplicación del Código Aduanero de la Unión (CAU) (6) y de la política aduanera. A tal fin, se centra fundamentalmente en una cooperación estructurada, metodológica y presupuestaria, así como en el refuerzo de la cooperación operativa entre los Estados miembros y, más allá, con los países «participantes», lo que incluye a los países candidatos y en vías de adhesión.

3.2.

El número de declaraciones en aduana aumenta (aproximadamente 310 millones en 2016, lo que equivale a diez declaraciones por segundo, de las cuales el 98 % se presentaron de forma electrónica). El CAU ya ha lanzado el proyecto de digitalización masiva de diecisiete sistemas electrónicos para 2020-25 para apoyar la competitividad de las empresas europeas. La Comisión considera que serán el mayor valor añadido del programa Aduana.

3.3.

Las evaluaciones de impacto han mostrado la necesidad de reforzar las competencias y la coordinación entre administraciones aduaneras de la UE, así como de indicadores simplificados para reducir sus cargas administrativas. La propuesta menciona una intensificación de las acciones, tanto en el plano operativo, con intercambios estructurales de buenas prácticas y conocimientos operativos entre Estados miembros, como mediante una gama de sistemas e infraestructuras informáticos, para crear unas aduanas (7) totalmente en línea. Los proyectos se desarrollarán a lo largo de varios años y en clara sinergia con el programa Fiscalis.

3.4.

La Comisión respetará los compromisos internacionales contraídos por la UE en la OMC y, para ser conformes al mensaje político de su Comunicación sobre la gobernanza (8), las administraciones aduaneras de los Estados miembros deberán funcionar como si formasen una sola entidad.

3.5.

Juntando el ahorro que permitirán el Brexit, las reformas y la austeridad con las nuevas contribuciones que se pedirán a los Estados miembros, la Comisión propone un marco financiero plurianual total de la Unión de 1 279 000 millones EUR para el período 2021-2027, lo que equivale al 1,11 % de la riqueza producida por los Veintisiete, de los cuales 950 millones EUR se destinan al programa Aduana.

3.5.1.

Gracias a diferentes combinaciones de financiación se lograrán sinergias, a través de una nueva flexibilidad entre diferentes capítulos, en la gestión del presupuesto global, por ejemplo para la informática. Las aduanas nacionales podrán recurrir al Fondo de Gestión Integrada de las Fronteras al objeto de mejorar sus equipos de control (compra, mantenimiento y modernización de los equipos admisibles), mientras que el programa Aduana apoyará todas las acciones conexas, como las acciones de cooperación para la evaluación de las necesidades de equipamiento o las acciones de formación en relación con los equipos adquiridos.

3.5.2.

El programa de apoyo a las reformas estructurales podrá mejorar las capacidades administrativas de las aduanas de la Unión. El programa Aduana ayudará a las autoridades aduaneras a proteger los intereses financieros de la UE y se beneficiará asimismo del apoyo del programa de lucha contra el fraude que sucederá al programa Hércules III (9) en curso y al sistema de información antifraude que apoya la asistencia mutua en materia aduanera. Actuará en sinergia con Fiscalis, las actividades de la Fiscalía Europea y el programa Justicia del Fondo de Justicia, Derechos y Valores en lo que se refiere a la formación sobre la aplicación de la legislación aduanera de la UE.

4.   Observaciones generales

4.1.   Aplicación del programa Aduana

4.1.1.

El 24 de marzo de 2018, el Parlamento Europeo recomendaba un aumento del presupuesto total de la Unión de 219 000 millones EUR. La Comisión quiere hace hincapié en el valor añadido europeo respecto a los gastos públicos nacionales. Sin embargo, el aumento total asciende a un mero 1,11 % de la riqueza producida (10) por la UE (1,13 % en el período anterior). El promedio de 1993 a 1999 era de 1,25 %. El CESE, que aboga desde hace años por un aumento de los recursos propios de la UE (11), expresa su deseo de que la voluntad política de realizar el mercado interior se materialice en la política aduanera, y que las ayudas para su ejecución lleguen por tanto a las autoridades aduaneras nacionales.

4.1.2.

El CESE alberga dudas acerca de la manera en que se ha determinado la suma de 950 millones EUR para el período 2021-2027 (artículo 4, apartado 1 de la propuesta): 137,7 millones EUR por año, lo que equivale a 5,02 millones EUR por año y país (UE de los Veintisiete), con niveles de desarrollo diferentes; esta cifra parece baja.

4.2.

En la propuesta se prevé actuar por adjudicación de contratos y de subvenciones con un modo de gestión directa. La flexibilidad del nuevo modelo de MFP permitiría crear sinergias entre diferentes programas, así como entre las diferentes misiones de las aduanas, sus relaciones con otras administraciones, los demás ámbitos de intervención de la UE, como el programa para una Europa Digital (12), Fiscalis, Justicia, etc., y los capítulos presupuestarios relacionados con ellos. El CESE considera que se trata de un buen principio, pero se pregunta cuáles serán los criterios de admisibilidad para la asignación de las ayudas solicitadas a los diferentes capítulos permeables de cada programa. Expresa su preocupación por la posibilidad de que se abra una brecha entre la teoría y la práctica de estas combinaciones de financiación en los casos en que se quieran asignar simultáneamente diferentes acciones a un mismo fondo, que entonces no podría multiplicarse.

4.3.

La Comisión parece considerar que puede llegar un período de bonanza para los ingresos de los Estados miembros y de la UE, pero no se trata más que de una hipótesis difícil de verificar en un período de siete años.

4.4.

La propuesta atribuye una parte considerable de la responsabilidad presupuestaria a los Estados miembros, que deberán desarrollar elementos a escala nacional teniendo en cuenta las limitaciones nacionales. Sin embargo, estos siguen sufriendo las políticas de austeridad impuestas por el Semestre Europeo y un crecimiento que tarda en consolidarse, en particular en la zona del euro. No obstante, gracias al instrumento de la cooperación estructurada, la propuesta permitirá a los Estados miembros trabajar juntos, en particular mediante el desarrollo de componentes de los sistemas informáticos.

5.   Observaciones específicas del CESE

5.1.   Informática

5.1.1.

Está considerada el valor añadido más importante del programa (13). Las aduanas constituyen probablemente la piedra angular de la administración electrónica de la que se ha dotado a la Unión. La proliferación de las herramientas de control y de declaración exige una interconectividad y una interoperabilidad cada vez mayores. Esto requiere, en primer lugar, que todos los Estados miembros cuenten con infraestructuras informáticas aduaneras eficaces y de muy alta capacidad en todas partes. El CESE desea que las autoridades aduaneras de los Veintisiete sean reconocidas como «autoridades facultadas» para utilizar la futura arquitectura de los sistemas interoperables de control fronterizo (14).

5.1.2.

Los artículos 7, apartado 5 y 8 de la propuesta anuncian que la tasa de financiación aplicable a los proyectos por la Comisión podrá alcanzar hasta el 100 % para las acciones de cooperación. Cuando la acción guarde relación con el desarrollo y la explotación de un sistema electrónico europeo, únicamente se asumirán los costes relacionados con los componentes comunes y de la coordinación, y los Estados miembros asumirán los costes relacionados con las responsabilidades que les corresponden en virtud del texto.

5.1.3.   Innovación informática

5.1.3.1.

Las redes digitales de muy alta capacidad sustentan todos los servicios digitales innovadores. Para que el valor añadido de la informática aduanera arroje los resultados esperados, todos los operadores privados (empresas) y públicos (autoridades de terceros países) que tienen trato con las aduanas deben acceder al mejor nivel de materiales y de servicios.

5.1.3.2.

Si el plan estratégico plurianual para los sistemas electrónicos aduaneros (e-customs MASP-C) (15) incorpora el programa Aduana, toda innovación digital pasará por este. El CESE solicita que toda innovación validada por las autoridades se difunda de forma segura en toda la red aduanera interconectada de la Unión, de modo que no haya pérdida de tiempo tras la validación, ni desviación alguna del tráfico comercial.

5.1.3.3.

Se recuerda la necesidad de ciberseguridad para los datos y las redes en todos los ámbitos. A mayor interconexión, mayores riesgos. El CESE considera que esta necesidad es lo bastante importante como para ser mencionada en el programa y dotada de fondos, especialmente debido a que las actividades de las aduanas conllevan aspectos estratégicos.

5.2.   Indicadores

5.2.1.

La Comisión hace hincapié en el apoyo que puede prestar el programa en la aplicación uniforme de la legislación y de la política aduanera, y propone, para evaluarlo, indicadores originales de tipo cualitativo.

5.2.2.

El CESE recomienda que se prepare a los Estados participantes mediante las formaciones previstas en el programa para esta interesante recogida de datos, tanto en lo que respecta a la recogida como al tratamiento. En un período de reducción de los presupuestos públicos, las aduanas pueden carecer de tiempo o de agentes para llevar a cabo estas investigaciones, lo que pondría en peligro su fiabilidad. Ya existen instrumentos de medición disponibles, y los programas informáticos podrían proporcionar directamente información, por ejemplo sobre la «disponibilidad de los sistemas electrónicos europeos».

5.3.   Gobernanza

5.3.1.

Para evitar las desviaciones del tráfico comercial, así como de la competitividad, el objetivo de la Comisión es coordinar las acciones hacia la uniformización de la aplicación de las normas. Desea rodearse, como en anteriores ocasiones, de comités y grupos de expertos, e insiste en que haya participantes de la sociedad civil.

5.3.2.

Debe garantizarse la coordinación con las autoridades aduaneras nacionales y con representantes especializados a nivel operativo y a largo plazo. El CESE se muestra favorable a un diálogo abierto con los agentes, como expertos externos y representantes de los poderes públicos, en especial los de terceros países y los representantes de organizaciones internacionales, de operadores económicos y de la sociedad civil; agradecería 1) que antes de que finalice el programa Aduana, el Consejo Europeo lo respalde y dé prueba de interés por su realización completa; y 2) que el programa proporcionase detalles acerca de los participantes de la sociedad civil y de las vías de recurso de las que podrían disponer los ciudadanos para hacer valer sus derechos.

5.3.3.

El Comité opina que, para alcanzar esta uniformización, conviene que todos los Estados y las instituciones de la UE trabajen en el mismo sentido y con transparencia. El CESE habría apreciado que, una vez adoptadas las decisiones políticas sobre las prioridades, existiera la posibilidad de distinguir entre las acciones relacionadas con el control de las mercancías lícitas, el control de las ilícitas y el control de las personas en las fronteras (en el pleno respeto de las políticas aduanera y migratoria).

5.3.4.

Conviene mencionar los elementos de carácter general que fortalecerían el éxito del programa Aduana, como la armonización fiscal entre Estados miembros, el compromiso de todos los países participantes en las formaciones y su voluntad de invertir en la cooperación, combatir el fraude y practicar un comercio justo.

5.4.   Refuerzo de las capacidades humanas

5.4.1.

Las aduanas no parten de cero, sino que disponen de personas, materiales y conocimientos prácticos. Este punto muy importante se cita en el programa, pero no se desarrolla. Evidentemente, cualquier administración nacional deberá poder acogerse al programa Infraestructuras y desarrollo de conocimientos.

5.4.2.

El Comité apoya la generalización de las formaciones europeas comunes, siguiendo el ejemplo de Europol. Podrían ser temáticas, sobre la interoperabilidad, las auditorías de OEA (16), la lucha contra el fraude, la ciberseguridad, la seguridad interior, etc. Podrían asimismo, completando así los módulos comunes en formato digital creados ya por la Comisión Europea, ampliarse con un Erasmus aduanero dedicado a la formación continua, que permita realizar intercambios temporales de agentes de todos los grados, y financiado por el programa Aduana.

5.4.3.

El Comité está convencido de que, para que la cooperación entre administraciones nacionales de culturas diferentes tenga éxito y para identificar e intercambiar las buenas prácticas, se necesitan agentes que hayan aprendido a conocerse y practicar su profesión de manera similar (17), en lo que se refiere al uso de las herramientas digitales, pero no solamente (competencias administrativas). El CESE considera que sería una buena política, para los Estados y para la Unión, permitir que las administraciones aduaneras conservaran su presencia sobre el terreno, a pesar de la exigencia cada vez mayor de capacidades técnicas Manifiesta su deseo de que la austeridad, asociada a las aspiraciones formuladas en el programa, no conduzca a reducciones de personal de los servicios públicos, y que todos puedan acceder al enriquecimiento de sus conocimientos para cooperar con sus homólogos europeos.

5.5.   Protección de los derechos fundamentales

5.5.1.

El Comité subraya que, además de ser un instrumento de aplicación de la política aduanera, el programa Aduana puede funcionar como catalizador del respeto de los derechos fundamentales a través de formaciones armonizadas para agentes y representantes de los terceros países participantes, y que es importante no desaprovechar esta oportunidad.

5.5.2.

El Reglamento general de protección de datos (RGPD) (18) se aplica en toda la Unión. Los usuarios comerciales, las empresas y los agentes deben respetarlo, al igual que debe aplicarse para ellos. La protección de datos tanto civiles como industriales y comerciales puede ser vital y debe estar garantizada por los sistemas nacionales y comunes, tanto en los procedimientos ordinarios como en los procedimientos contenciosos, así como en el comercio electrónico y en las estadísticas relacionadas con los indicadores de progreso del programa.

5.5.2.1.

La gestión de las fronteras exteriores de la Unión, en cooperación con Frontex, puede incluir casos en los que los derechos humanos se vean amenazados. Las administraciones aduaneras afectadas deben respetar los derechos humanos tanto de los presuntos delincuentes como de sus agentes.

---

(1)  COM(2018) 178 final: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 11.4.2018.

(2)  SWD(2017) 34 final.

(3)  COM(2017) 793 y 794 final — 2017/0351 y 352 (COD).

(4)  Reglamento (UE) n.o 2016/1624.

(5)  COM(2018) 322 final.

(6)  El CAU —Código Aduanero de la Unión, Reglamento (UE) n.o 952/2013, aplicación 1.5.2016— prevé la posibilidad de que un operador transmita sus declaraciones a una sola oficina aduanera en la Unión (centralización), incluso si las mercancías pasan por diferentes lugares; fija por objetivo desmaterializar al 100 % las formalidades aduaneras antes del 31 de diciembre de 2020.

(7)  Decisión n.o 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, «Aduana sin papel».

(8)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 43.

(9)  Hércules III [Reglamento (UE) n.o 250/2014, 104,9 millones EUR] tiene como objetivo proteger los intereses financieros de la UE apoyando acciones destinadas a luchar contra las irregularidades, el fraude y la corrupción que afectan al presupuesto de la UE. Lo gestiona la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

(10)  Renta nacional bruta.

(11)  DO C 74 de 23.3.2005, p. 32 (punto 4.5.15).

(12)  COM(2018) 434 final.

(13)  SWD(2018) 322 final, Evaluación de impacto.

(14)  COM(2017) 793 final.

(15)  Plan estratégico plurianual para los sistemas aduaneros electrónicos (e-customs MASP-C Multi-Annual Strategic Plan), Taxud.a.3(2017) 6498377.

(16)  Operador económico autorizado.

(17)  Cf. en el pasado, el programa Matthaeus.

(18)  RGPD: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 912/2010, (UE) n.o 1285/2013 y (UE) n.o 377/2014 y la Decisión 541/2014/UE

[COM(2018) 447 final – 2018/0236 (COD)]

(2019/C 62/08)

Ponente:

Raymond HENCKS

Consulta	Comisión Europea, 12.7.2018 Consejo, 13.7.2018
Fundamento jurídico	Artículo 304 del TFUE
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	.2.10.2018
Aprobado en el pleno	17.10.2018
Pleno n.o	538
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	189/3/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La Unión Europea puede enorgullecerse de sus grandes éxitos en el sector espacial. A través de sus programas espaciales, contribuye a afrontar algunos de los principales desafíos mundiales, en particular los relacionados con el cambio climático, la seguridad y la mejora de las condiciones de vida cotidiana de los ciudadanos, manteniendo al mismo tiempo su soberanía e independencia estratégica frente a otras potencias espaciales.

1.2.

El CESE apoya a la Unión en sus esfuerzos complementarios por seguir siendo una gran potencia espacial independiente. Se congratula de que se dote de recursos financieros acordes con sus ambiciones, en este caso un «importe de referencia privilegiado» de 16 000 millones EUR, que para el CESE constituye una dotación financiera mínima. El CESE reitera su petición de encontrar, junto con el Banco Europeo de Inversiones, nuevas oportunidades de financiación para apoyar proyectos de investigación, diseño y fabricación espaciales de empresas privadas, pymes y empresas emergentes.

1.3.

Por lo que se refiere a los objetivos específicos del Programa Espacial Europeo, el CESE acoge con satisfacción que, junto con la constante evolución de las dos iniciativas emblemáticas del programa —Galileo y Copernicus—, la Unión atribuya a la vigilancia y el seguimiento espacial un mayor grado de autonomía y capacidad para proteger las infraestructuras espaciales frente al riesgo que representa la ingente cantidad de residuos espaciales que gira en torno a la Tierra. También refrenda la nueva iniciativa relativa al sistema Govsatcom, que responde a las necesidades de unas comunicaciones europeas por satélite seguras.

1.4.

No obstante, el CESE observa que la Unión sigue siendo muy discreta en sus comunicaciones dirigidas a los ciudadanos sobre las ventajas sociales y económicas de las actividades de la UE en el espacio. Propone emprender una campaña adecuada para sensibilizar a los ciudadanos sobre el valor añadido de las actividades espaciales europeas, que se han convertido en indispensables en su vida cotidiana, que estimulan el empleo, el crecimiento y la inversión, y que constituyen un activo para su seguridad.

1.5.

Además, la Unión sigue estando muy lejos de maximizar las ventajas que ofrece el espacio a la economía europea. También siguen sin aprovecharse suficientemente las posibilidades que ofrecen el programa de observación de la Tierra y la explotación de la enorme cantidad de datos que genera. El CESE pide que se ponga en marcha una campaña de información y sensibilización, dirigida a los beneficiarios potenciales, especialmente en los sectores marino y agrícola.

1.6.

A escala internacional, el sector espacial europeo está expuesto a una intensa competencia, ya que las actividades espaciales son cada vez más comerciales debido a la creciente participación del sector privado en el mercado fuera de la Unión. De ello se deduce que será absolutamente necesario aumentar la importancia del mercado interior y aplicar un principio de «preferencia europea» en el sector espacial.

1.7.

Europa necesita lanzadores competitivos adaptados a los mercados comerciales e institucionales para mantener su autonomía de acceso al espacio frente a un número cada vez mayor de lanzadores y una fuerte competencia. El CESE anima a la Comisión a que estudie la manera de apoyar la investigación y las infraestructuras europeas de lanzamiento.

1.8.

El CESE considera que el proyecto futurista de extracción y recuperación de recursos naturales fuera de la órbita terrestre (space mining), respecto del cual un Estado miembro se ha posicionado como pionero, merece un seguimiento más estrecho por parte de la Unión para mantener un claro valor añadido europeo.

2.   Introducción

2.1.

Desde los años noventa, la UE ha desarrollado una política espacial común centrada en la independencia respecto a otras potencias espaciales, en particular mediante el desarrollo de programas y aplicaciones en sectores industriales clave, como las comunicaciones, la seguridad, los servicios de emergencia, los sistemas de navegación, la información, la retransmisión de actos, el cambio climático, las previsiones meteorológicas, etc.

2.2.

La UE, con el apoyo de la Agencia Espacial Europea (AEE), dispone ahora de una amplia red de satélites y de su propio acceso al espacio, a través de la Guayana Francesa, mediante lanzadores europeos. A su vez, los Estados miembros de la AEE (1) disponen de sus propias agencias espaciales y sus programas, centros de investigación, instalaciones en tierra e importantes capacidades industriales. En general, originan las iniciativas espaciales que se emprenden en el marco de la UE o de la AEE.

2.3.

La Unión interviene, en particular, mediante la concepción, la financiación íntegra y la explotación de los siguientes programas espaciales, de cuya ejecución es responsable globalmente, incluso en el ámbito de la seguridad: — Galileo es la primera infraestructura de radionavegación de alta precisión y de posicionamiento por satélite, especialmente diseñada para fines civiles, proporcionada gratuitamente a los usuarios. — Copernicus es un proveedor de datos de observación de la Tierra que abarca seis áreas: la vigilancia terrestre, del medio marino, de la atmósfera, del cambio climático, así como la gestión de emergencias y la seguridad. — EGNOS es un sistema paneuropeo dotado de tres satélites que mejora la calidad de las señales abiertas emitidas por los sistemas mundiales de radionavegación por satélite existentes y proporciona datos de geolocalización más precisos. — VSE (vigilancia y seguimiento espacial) es un sistema de vigilancia del espacio y observación de unos 780 000 desechos espaciales (basura espacial) que orbitan alrededor de la Tierra. — Govsatcom es un sistema de telecomunicaciones gubernamentales (civiles y militares) por satélite, reconocido como uno de los elementos de la estrategia global de política exterior y de seguridad de la Unión.

2.4.

En la actualidad, la Comisión ha delegado el desarrollo y el despliegue de la infraestructura espacial en la AEE, que es a su vez responsable del despliegue de la infraestructura de Galileo, mientras que incumbe a la agencia de la UE con sede en Praga (la Agencia del GNSS Europeo — GSA) promover la penetración de Galileo en el mercado. La AEE también gestiona parte de las operaciones de Copernicus.

2.5.

La industria espacial europea emplea a más de 231 000 personas, 41 333 de ellas en el sector de la construcción espacial, y genera un valor añadido estimado por la Comisión Europea de entre 53 000 y 62 000 millones EUR en 2017.

3.   Propuesta de la Comisión

3.1.

El programa espacial propuesto responde a la estrategia industrial presentada por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017, y a la Comunicación de la Comisión, de 26 de octubre de 2016, sobre una nueva «Estrategia Espacial para Europa».

3.2.

Los siguientes Reglamentos: — Reglamento (UE) n.o 1285/2013 relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite (Galileo y EGNOS); — Reglamento (UE) n.o 377/2014 por el que se establece el Programa Copernicus; — Decisión n.o 541/2014/UE por la que se establece un marco de apoyo a la vigilancia y el seguimiento espacial (VSE); y — Reglamento (UE) n.o 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la Agencia del GNSS Europeo, quedan derogados y sustituidos por el Reglamento objeto de examen, que establece normas comunes a todos los componentes del programa y que se refiere, en particular, a las contribuciones y los mecanismos presupuestarios, las disposiciones financieras, los contratos públicos, la gobernanza y la seguridad. Dicho Reglamento también establece determinadas normas específicas para cada uno de esos componentes.

3.3.

La Agencia del GNSS Europeo encargada de garantizar la aplicación de una nueva generación de sistema global de radionavegación por satélite (GNSS) se convierte en la «Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial», encargada de contribuir al programa, en particular por lo que se refiere a la seguridad, las actividades de comunicación y promoción, así como a las actividades de comercialización de los servicios ofrecidos por Galileo y EGNOS.

3.4.

El nuevo programa espacial tiene por objeto: — proporcionar datos, información y servicios espaciales de calidad, actualizados y, en su caso, seguros; — maximizar los beneficios socioeconómicos; — reforzar la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros; — promover el papel de la Unión en la escena internacional como agente principal.

3.5.

La propuesta de Reglamento fija la dotación presupuestaria total para el conjunto de las actividades espaciales de la Unión, incluida la investigación, en 16 000 millones EUR para el período 2021-2027 (frente a los 12 600 millones EUR para el período 2014-2020). Esta dotación presupuestaria constituye el importe de referencia privilegiado de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, sobre la disciplina presupuestaria, y se desglosa como sigue: — Galileo + EGNOS 9 700 millones EUR; — Copernicus 5 800 millones EUR; — VSE/Govsatcom 500 millones EUR.

3.6.

El nuevo Reglamento también aborda las diferentes formas de cooperación y asociación entre las partes interesadas, así como las relaciones con organizaciones internacionales y terceros países.

3.7.

La Comisión presentará cada año al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la ejecución del programa espacial sobre la base de indicadores de resultados que deberán establecerse.

3.8.

Además, el programa se evaluará al menos cada cuatro años. Las conclusiones de las evaluaciones, junto con las observaciones de la Comisión, se comunicarán al Parlamento Europeo y al Consejo, así como al CESE y al Comité Europeo de las Regiones.

4.   Observaciones generales

4.1.

En primer lugar, es preciso reconocer que la UE puede afirmar que ha desarrollado su propia política espacial oportunamente y que ahora es independiente de las demás potencias espaciales, incluidas las otrora consideradas como socios fiables pero que desde entonces se han vuelto impredecibles.

4.2.

El CESE apoya a la Unión en sus esfuerzos complementarios por seguir siendo una gran potencia espacial independiente y por dotarse de los medios para consolidar sus activos técnicos. El espacio es un sector que requiere considerables recursos financieros. No puede existir política espacial ambiciosa alguna sin el presupuesto correspondiente.

4.3.

Por tanto, no podemos sino acoger con satisfacción que el proyecto de Reglamento pretenda asignar a la Unión recursos financieros acordes con sus ambiciones, en este caso una dotación financiera de 16 000 millones EUR para el programa, lo que constituye un «importe de referencia privilegiado» mínimo. De ello se deduce que el Parlamento y el Consejo, así como la Comisión, al elaborar el proyecto de presupuesto, se comprometen a no apartarse de este importe en más de un 10 % para la duración total del programa (salvo en circunstancias excepcionales). El CESE reitera, no obstante, su petición de encontrar, junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), nuevas oportunidades de financiación para apoyar proyectos de investigación, diseño y fabricación espaciales de empresas privadas, pymes y empresas emergentes, por ejemplo, en el ámbito de los nanosatélites, los sistemas de propulsión miniaturizados, la prolongación de la vida útil de los satélites, las nuevas aplicaciones de observación de la Tierra, etc.

4.4.

Además, la investigación y la innovación espaciales, que deben imperativamente reforzarse si se quiere que la Unión siga estando en la vanguardia del progreso, pueden financiarse mediante el programa «Horizonte Europa» en el marco del programa de trabajo «Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación», dotado con un presupuesto de 13 500 millones EUR.

4.5.

En este contexto, solo podemos congratularnos de que después del Brexit el Reino Unido tenga previsto solicitar seguir participando en el Programa Espacial Europeo. No obstante, el CESE lamenta que solo 20 de los 28 Estados miembros actuales de la Unión estén adscritos a la AEE.

4.6.

Por lo que se refiere a los objetivos específicos del programa espacial, el CESE está de acuerdo en que los nuevos servicios y aplicaciones deben tener en cuenta la evolución en materia de automóviles autónomos, drones, robots e internet de las cosas (Galileo) y centrarse, en interés de la humanidad, en la vigilancia del cambio climático (por ejemplo, el seguimiento de las emisiones antropógenas de CO2 y de gases de efecto invernadero), el uso del suelo en apoyo de la agricultura, la observación de las zonas polares, la gestión de los bosques y del agua, y la detección de pequeños objetos (por ejemplo, buques) para vigilar el tráfico ilegal (Copernicus).

4.7.

El CESE apoya asimismo la propuesta de dotar a la VSE de mayor autonomía y capacidad para proteger las infraestructuras espaciales y la Tierra de los riesgos espaciales, así como el emprendimiento de nuevas actividades de observación de los deshechos espaciales y de los fenómenos meteorológicos espaciales extremos derivados de la actividad solar, o incluso los asteroides y los cometas (objetos cercanos a la Tierra). La cuestión de los deshechos espaciales concierne directamente a más de 60 Estados que actualmente poseen y explotan satélites. Esta supervisión del espacio es, en efecto, fundamental dado el riesgo de dañar infraestructuras esenciales que condicionan la vida cotidiana de los ciudadanos, con las consiguientes interrupciones de los servicios, inconvenientes y pérdidas económicas.

4.8.

La nueva iniciativa relativa al sistema Govsatcom responde a las necesidades de las comunicaciones por satélite europeas seguras (vigilancia de fronteras, comunidad marítima, misiones de policía, protección civil, ayuda humanitaria, acción exterior de la UE, etc.) y permitirá mejorar la seguridad y la no dependencia europea de los futuros sistemas y servicios de telecomunicaciones seguros, que el CESE no puede sino apoyar.

4.9.

La Unión puede, por tanto, enorgullecerse de sus grandes éxitos en el sector espacial. No obstante, el CESE observa que la Unión sigue siendo muy discreta en sus comunicaciones dirigidas a los ciudadanos sobre las ventajas del espacio para la sociedad y la economía. Muchos ciudadanos no se dan cuenta de que cuando, por ejemplo, utilizan sus teléfonos móviles o sus teléfonos inteligentes, se aprovechan de los sistemas de navegación, ven la televisión por satélite, viajan por tierra, mar y aire o retiran dinero, hacen uso de los servicios espaciales. Por lo tanto, será necesario garantizar, mediante una campaña de información adecuada, que los ciudadanos se den cuenta de que las actividades espaciales europeas son indispensables en su vida cotidiana, estimulan el empleo, el crecimiento y la inversión, y constituyen un activo para su seguridad.

4.10.

Del mismo modo, la Unión sigue estando muy lejos de maximizar las ventajas que ofrece el espacio a la economía europea. También siguen sin aprovecharse suficientemente las posibilidades que ofrecen el programa de observación de la Tierra y la explotación de la enorme cantidad de datos que genera. El CESE pide que se ponga en marcha una campaña de información y sensibilización, dirigida a los beneficiarios potenciales, especialmente en los sectores marino y agrícola.

4.11.

Como señala la Comisión, el sector espacial se enfrenta a dificultades relacionadas con su falta de capacidad para contratar personal adecuado. El CESE considera que la ciencia espacial debe integrarse en el sistema escolar y que es preciso sensibilizar a las universidades de los Estados miembros para que ofrezcan másteres en ingeniería espacial.

4.12.

A escala internacional, el sector espacial europeo se enfrentará al reto de una intensa competencia, ya que las actividades espaciales son cada vez más comerciales debido a la creciente participación del sector privado. Los principales agentes europeos realizan la mayor parte de sus actividades fuera de Europa. De ello se deduce que será absolutamente necesario aumentar la importancia del mercado interior y aplicar un principio de «preferencia europea» en el sector espacial.

4.13.

Como precisa la Comisión, el espacio forma parte de una cadena de valor mundial, que afronta importantes cambios que ensanchan la delimitación tradicional del sector espacial. Lo que se conoce como «Nuevo Espacio» está revolucionando el sector espacial, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también como modelo de negocio. Es por ello esencial que la Unión apoye activamente la totalidad del sector espacial, en particular la investigación y el desarrollo, las empresas emergentes y los viveros de empresas activos en el sector espacial. El CESE lamenta que, en el Reglamento sometido a examen, la Comisión se limita a anunciar que el programa espacial apoya la cooperación entre empresas en forma de centros espaciales que agrupan, a escala nacional y regional, a los agentes de los sectores espacial y digital, sin hacer mención alguna del funcionamiento y la financiación de dichos centros.

Este proyecto, denominado «Nuevo Espacio», podría consistir en el desarrollo de la economía de recursos espaciales (space mining), con el objetivo de extraer y recuperar recursos naturales fuera de la órbita terrestre. Por ejemplo, los asteroides pueden contener níquel, platino, hierro y cobalto. La NASA estima el valor del cinturón (que integra más de un millón) de asteroides entre Marte y Júpiter en 700 trillones de dólares. Estos recursos pueden ser devueltos a la Tierra o utilizarse en el espacio como energía para satélites, o para construir bases a partir de las cuales se pueda seguir explorando el espacio.

4.14.

Luxemburgo es el segundo país del mundo, después de los Estados Unidos, en dotarse de un marco jurídico (objeto de cierta controversia) que autoriza la exploración y el uso comercial de los recursos espaciales. El BEI también se ha adherido al proyecto con una función consultiva, al igual que la AEE, que tiene la intención de proporcionar consejos y orientación a través de su servicio de asesoramiento financiero en materia de innovación.

4.15.

El CESE considera que la Unión debería participar más estrechamente en la investigación sobre la minería espacial (space mining), desde el punto de vista tecnológico, financiero y jurídico, y velar por que el proyecto conserve un claro valor europeo, mientras que otras organizaciones o empresas estadounidenses, árabes o asiáticas ya se han sumado al proyecto.

4.16.

Europa necesita lanzadores adaptados a los mercados comerciales e institucionales para poder mantener su autonomía de acceso al espacio. Los cohetes reutilizables representan un avance particularmente prometedor que reducirá los costes y el tiempo de rotación entre lanzamientos. En el mercado comercial, la competencia sigue siendo intensa y, a veces, desleal. El CESE anima a la Comisión a que estudie la manera de apoyar la investigación y las infraestructuras de lanzamiento europeas, respetando al mismo tiempo la importancia vital de preservar la independencia de acceso de Europa al espacio.

4.17.

Aunque, según el TFUE, incumbe a los Estados miembros determinar los servicios de interés general, ello no menoscaba en modo alguno las competencias de la Unión para definir dichos servicios en su esfera, cuando resulte necesario a la consecución de los objetivos de la Unión. El CESE pide a las instituciones de la UE que reconozcan la existencia y la necesidad de servicios europeos de interés general en los ámbitos en los que la acción de la UE es más eficaz para alcanzar sus objetivos, como es manifiestamente el caso del sector espacial.

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(1)  La AEE cuenta con veintidós Estados miembros. Los organismos nacionales responsables del espacio en los siguiente países forman parte del Consejo de gobernadores de la AEE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Suecia y Suiza. Canadá también forma parte del Consejo y de determinados proyectos en el marco de un acuerdo de cooperación. Eslovenia es un miembro asociado. Otros siete Estados de la UE han celebrado acuerdos de cooperación con la AEE: Bulgaria, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta y Eslovaquia.