1.

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 967/2006 (1) en el sentido de que el plazo que establece se aplica también a la modificación de una notificación efectuada en plazo del importe por excedentes, resultante de un cambio en la determinación de la cantidad de excedente de azúcar una vez transcurrido el plazo, con motivo de un control efectuado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 952/2006? (2)

2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Pueden aplicarse en el presente caso, al tratarse de la modificación de una notificación efectuada en plazo resultante de las comprobaciones realizadas en el ámbito de los controles, los requisitos para sobrepasar el plazo de notificación según el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 2670/81 en su versión modificada por el Reglamento n.o 3559/91, (3) indicados en la sentencia del TJUE de 10 de enero de 2002, asunto British Sugar, (C-101/99, EU:C:2002:7), también para sobrepasar el plazo de notificación según el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 967/2006?

3.

En el caso de que el artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.o 967/2006 no se aplique para las modificaciones de las notificaciones resultantes de los controles (véase la primera cuestión), o si se cumplen los requisitos para sobrepasar el plazo (véase la segunda cuestión), ¿se fija el plazo para notificar el cambio en el importe de excedente en el 1 de mayo siguiente o se debe aplicar el Derecho nacional?

4.

Si a la tercera cuestión se responde en el sentido que no se aplica la fecha del 1 de mayo siguiente ni tampoco el Derecho nacional:

¿Se están respetando los principios generales del Derecho comunitario, que incluye los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, cuando en un caso como este debido a la duración de la inspección, la duración de la elaboración del informe de inspección y su valoración la notificación del importe por excedentes de la campaña de comercialización 2007/2008 tiene lugar el 20 de octubre de 2010 o el 27 de octubre de 2011? ¿Es relevante en este sentido que el fabricante de azúcar haya recurrido la determinación de las cantidades excedentarias?

1)

¿Es conforme la interpretación que se realiza, por parte de esta Juzgadora, del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE (1), y entender que en la contratación temporal de las recurrentes existe abuso en cuanto el empleador público utiliza distintas formas de contratación, todas ellas temporales, para el desempeño[,] de forma permanente y estable, de funciones ordinarias propias de los empleados estatutarios fijos; cubrir defectos estructurales y necesidades que, de hecho, no tienen carácter provisional, sino permanente y estable. Es por ello que esta contratación temporal descrita, no está justificada en el sentido de la Cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo Marco, como causa objetiva, en la medida en la que tal utilización de contratos de duración determinada se opone directamente al párrafo segundo del preámbulo del Acuerdo Marco y [a] los puntos 6 y 8 de las consideraciones generales de dicho Acuerdo, no dándose las circunstancias que justificarían estos contratos de trabajo de duración determinada?

2)

¿Es conforme la interpretación que se realiza, por parte de esta Juzgadora, del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, y en su aplicación entender que la convocatoria de un proceso selectivo convencional, con las características descritas[,] no es medida equivalente, ni puede ser considerada como sanción, en cuanto no es proporcional al abuso cometido, cuya consecuencia es el cese del trabajador temporal, con incumplimiento de los objetivos de la Directiva y perpetuándose la situación desfavorable de los empleados estatutarios temporales, ni puede ser considerada como medida efectiva en cuanto al empleador no le genera perjuicio alguno, ni cumple función alguna disuasoria, y por ello no se adecúa al artículo 2, párrafo primero de la Directiva 1999/70 en cuanto no garantiza por el Estado Español los resultados fijados en la Directiva?

3)

¿Es conforme la interpretación que se realiza, por parte de esta Juzgadora, del artículo 2, párrafo primero de la Directiva 1999/70 y de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de septiembre de 2016 asunto C-16/15 (2), al en su aplicación entender que no es medida sancionadora adecuada para sancionar el abuso en la temporalidad sucesiva, la convocatoria de un proceso selectivo de libre concurrencia, al no existir en la normativa española mecanismo de sanción efectivo y disuasorio que ponga fin al abuso en el nombramiento del personal estatuario temporal, y no permite proveer estos puestos estructurales creados con el personal que fue objeto de abuso, de modo que la situación de precariedad de estos trabajadores perdura?

4)

¿Es conforme la interpretación que se realiza, por parte de esta Juzgadora, que la conversión del trabajador temporal objeto de abuso en «indefinido no fijo» no es sanción eficaz en cuanto el trabajador así calificado pude ser cesado, ya sea porque se cubra su puesto en proceso selectivo o sea amortizada la plaza, y por ello no es conforme con el Acuerdo Marco para prevenir la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada al no cumplirse el artículo 2, párrafo primero[,] de la Directiva 1999/70 en cuanto no garantiza por el Estado Español los resultados fijados en la misma?

Ante esta situación se hace necesario reiterar en este supuesto que se describe las siguientes preguntas, contenidas en la cuestión prejudicial planteada en fecha 30 de enero de 2018, en Procedimiento Abreviado 193/2017 en el JCA n.o 8 de Madrid (3):

5)

Constatado por el Juez nacional el abuso en la contratación sucesiva del empleado público estatutario temporal interino al servicio de SERMAS, que es destinado a cubrir necesidades permanentes y estructurales de la prestación de servicios de los empleados estatutarios fijos, al no existir medida sancionadora efectiva ni disuasoria alguna en el Ordenamiento Jurídico interno para sancionar tal abuso y eliminar las consecuencias de la infracción de la Norma Comunitaria, ¿la Cláusula 5a del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE debe ser interpretada en el sentido de que obliga al Juez nacional a adoptar medidas efectivas y disuasorias que garanticen el efecto útil del Acuerdo Marco y, por lo tanto, a sancionar dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción de dicha norma europea, dejando inaplicada la norma interna que lo impida?

Si la respuesta fuera positiva, y como declara en su apartado 41 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 14 de septiembre de 2016, Asuntos C-184/15 y C-197/15 (4):

¿Sería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70/CE, como medida para prevenir y sancionar el abuso en la relación temporal sucesiva y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, la transformación de la relación estatutaria temporal interina/eventual/sustituta en una relación estatutaria estable, ya sea desde la denominación de empleado público fijo o indefinido, con la misma estabilidad en el empleo que los empleados estatutarios fijos comparables, y ello sobre la base que en la Normativa Nacional se prohíbe de forma absoluta, en el Sector Público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada, en dicho Sector, al no existir otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada?

6)

En el caso de abuso en la relación temporal sucesiva, la conversión de la relación estatutaria temporal interina en una relación indefinida o fija, ¿puede entenderse que la misma solo cumple con los objetivos de la Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo Marco cuando [e]l empleado estatutario temporal que ha sufrido el abuso goza de las mismas e idénticas condiciones de trabajo con respecto al personal estatutario fijo (en materia de protección social, promoción profesional, provisión de vacantes, formación profesional, excedencias, situaciones administrativas, licencias y permisos, derechos pasivos, y cese en los puesto de trabajo, así [como] participación en los concursos convocados para la provisión de vacantes y la promoción profesional) bajo los principios de permanencia e inamovilidad, con todos los derechos y obligaciones inherentes, en régimen de igualdad con el personal estatutario fijo?

7)

Atendiendo, en su caso, a la existencia de abuso en la contratación temporal dirigida a satisfacer necesidades permanentes sin que exista causa objetiva, contratación ajena a la urgente y perentoria necesidad que la justifica sin que exista sanción o límites efectivos en nuestro Derecho Nacional, ¿[s]ería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70/CE, como medida para prevenir el abuso y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, en caso de que el empleador no dé fijeza al trabajador, una indemnización, equiparable a la de despido improcedente, y que esta indemnización sirviera como sanción adecuada, proporcional, eficaz y disuasoria?

1)

¿Está facultada la autoridad competente, el het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Organismo de Autorización de Productos Fitosanitarios y Biocidas; en lo sucesivo, «Ctgb»), para modificar, de oficio o previa solicitud, una vez que ha adoptado una decisión de nuevo registro del producto de referencia, el período de validez de un permiso de comercio paralelo en el sentido del artículo 52 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, (1) permiso este que se ha concedido antes de la decisión de nuevo registro, de conformidad con la fecha —posterior— de vigencia asociada a la decisión del nuevo registro del producto de referencia?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿constituye la modificación del período de validez de un permiso de comercio paralelo una consecuencia automática, derivada del propio Reglamento (CE) n.o 1107/2009, de una decisión de nuevo registro del producto de referencia? Por consiguiente, ¿constituye la anotación del nuevo período de validez del permiso de comercio paralelo en el banco de datos de la autoridad competente una mera actuación administrativa, o bien debe adoptarse de oficio o previa solicitud?

3)

En caso de que se responda a la cuestión 2 que debe adoptarse una decisión, ¿es aplicable a este respecto el artículo 52 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, y en particular su apartado 3?

4)

En caso de respuesta negativa a la cuestión 3, ¿qué disposición o disposiciones serán aplicables en su caso?

5)

¿No puede considerarse un producto fitosanitario idéntico en el sentido del artículo 52 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 si el producto de referencia (ya) no procede de la misma empresa? Se solicita al Tribunal de Justicia que, en la respuesta a esta cuestión, determine también si por empresa asociada o bajo licencia puede entenderse también una empresa que fabrica este producto, con el consentimiento del titular, siguiendo la misma receta. ¿Tiene una relevancia a este respecto que el proceso de fabricación del producto de referencia y del producto que se desea importar en paralelo sea desarrollado, desde el punto de vista de las sustancias activas, por la misma empresa?

6)

¿Tiene alguna relevancia la mera modificación del lugar de fabricación del producto de referencia para la apreciación de la cuestión si el producto es idéntico?

7)

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones 5 y/o 6, ¿puede obstar a la conclusión que haya de extraerse de lo anterior («no identidad») el hecho de que la autoridad competente ya haya comprobado que, por cuanto respecta a su composición, el producto no ha sufrido ninguna modificación, o bien esta ha sido de escasa entidad?

8)

¿Sobre quién y en qué medida recae la carga de probar que se cumple el artículo 52 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 si los titulares del producto paralelo y del producto de referencia mantienen opiniones divergentes al respecto?

—

la deducción por capital riesgo se reduce en un importe, en concepto de deducción por capital riesgo, calculado sobre la diferencia positiva entre, por un lado, el valor contable neto de los elementos del activo del establecimiento permanente y, por otro, el total de los elementos del pasivo que no están comprendidos en los fondos propios de la sociedad y que se imputan al establecimiento permanente, y

—

no se aplica la reducción antes mencionada cuando el importe de dicha reducción es inferior al beneficio de ese establecimiento permanente,

1)

¿Deben interpretarse las expresiones «personal encargado de los controles oficiales» del anexo VI, punto 1, del Reglamento n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 (1) sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (Reglamento n.o 882/2004) y «personal que participe en los controles oficiales» del anexo VI, punto 2, del Reglamento n.o 882/2004, en el sentido de que, al calcular las tasas correspondientes a los controles oficiales, los costes (salariales) que pueden tenerse en cuenta son exclusivamente los costes (salariales) de veterinarios y asistentes oficiales que llevan a cabo los controles, o pueden incluirse en ellas los costes (salariales) de otro personal de la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autoridad neerlandesa de seguridad de los alimentos y los productos, NVWA) o de la Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Sociedad de responsabilidad limitada para el control de la calidad en el sector animal, KDS)?

2)

En el caso de que se responda a la primera cuestión que las expresiones «personal encargado de los controles oficiales» del anexo VI, punto 1, del Reglamento n.o 882/2004 y «personal que participe en los controles oficiales» del anexo VI, punto 2, del Reglamento n.o 882/2004 incluyen, entre otros, los costes (salariales) del personal auxiliar dependiente de la NVWA o de la KDS, ¿en qué circunstancias y dentro de qué límites existe una relación tan estrecha entre los costes generados por dicho personal auxiliar y los controles oficiales como para que las tasas cobradas por los referidos costes (salariales) puedan basarse en el artículo 27, apartado 4 y en el anexo VI, puntos 1 y 2, del Reglamento n.o 882/2004?

3)

4)

¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 27, apartado 4, letra a), y en el anexo VI, puntos 1 y 2, del Reglamento n.o 882/2004 en el sentido de que el artículo 27, apartado 4 se opone a que se facture a los mataderos una tarifa media por las actividades relativas a los controles oficiales de los veterinarios de la NVWA y de los veterinarios contratados puntualmente (que perciben un salario inferior), de modo que se factura a los mataderos una tarifa superior a la pagada a los veterinarios contratados puntualmente?

5)

¿Debe interpretarse lo dispuesto en los artículos 26 y 27, apartado 4, letra a), así como en el anexo VI, puntos 1 y 2, del Reglamento n.o 882/2004 en el sentido de que al calcular las tasas de los controles oficiales pueden tenerse en cuenta costes destinados a crear una reserva en una sociedad de responsabilidad limitada (KDS), que pone a disposición de la autoridad competente asistentes oficiales, cuando la reserva pueda utilizarse en caso de crisis para el pago de salarios y gastos de formación del personal que realiza efectivamente los controles oficiales, así como para el personal que hace posible que se lleven a cabo tales controles?

6)

En caso de respuesta afirmativa a la [quinta] cuestión: ¿Hasta qué importe puede crearse tal reserva y cuál es el período que puede cubrir?

1)

¿Deben interpretarse las expresiones «personal encargado de los controles oficiales» del anexo VI, punto 1, del Reglamento n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 (1) sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (Reglamento n.o 882/2004) y «personal que participe en los controles oficiales» del anexo VI, punto 2, del Reglamento n.o 882/2004, en el sentido de que, al calcular las tasas correspondientes a los controles oficiales, los costes (salariales) que pueden tenerse en cuenta son exclusivamente los costes (salariales) de veterinarios y asistentes oficiales que llevan a cabo los controles, o pueden incluirse en ellas los costes (salariales) de otro personal de la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autoridad neerlandesa de seguridad de los alimentos y los productos, NVWA) o de la Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Sociedad de responsabilidad limitada para el control de la calidad en el sector animal, KDS)?

2)

En el caso de que se responda a la primera cuestión que las expresiones «personal encargado de los controles oficiales» del anexo VI, punto 1, del Reglamento n.o 882/2004 y «personal que participe en los controles oficiales» del anexo VI, punto 2, del Reglamento n.o 882/2004 incluyen, entre otros, los costes (salariales) del personal auxiliar dependiente de la NVWA o de la KDS, ¿en qué circunstancias y dentro de qué límites existe una relación tan estrecha entre los costes generados por dicho personal auxiliar y los controles oficiales como para que las tasas cobradas por los referidos costes (salariales) puedan basarse en el artículo 27, apartado 4 y en el anexo VI, puntos 1 y 2, del Reglamento n.o 882/2004?

3)

¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 27, apartado 4, letra a), y en el anexo VI, puntos 1 y 2, del Reglamento n.o 882/2004 en el sentido de que el artículo 27, apartado 4, y el anexo VI, puntos 1 y 2 se oponen a que se facturen a mataderos costes por controles oficiales que se refieran a unidades de un cuarto de hora notificadas a la autoridad competente, pero sin que en esos períodos se trabajara realmente en los controles?

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Sr. Vincent Villeneuve.

—

Anule la decisión del BEI de 4 de abril de 2018 por la que se despide al demandante.

—

Condene al demandado a indemnizar al demandante por el perjuicio material, que actualmente asciende a 2 240,31 euros, y por el daño moral, que se calcula en 50 000 euros.

—

Condene al demandado en costas.

1.

Primer motivo: vulneración del derecho de defensa

2.

Segundo motivo: Errores manifiestos de apreciación determinantes

—

Condene al Banco Central Europeo a reparar el perjuicio determinado, como se especifica para cada uno de los demandantes en el escrito de interposición, que asciende a la cantidad de 83,77 euros por participación social, multiplicado por el número de participaciones de las que cada demandnate persona física o jurídica es titular.

—

Condene al Banco Central Europeo a abonar las costas procesales de los demandantes.

1.

Primer motivo, basado en las circunstancias de hecho, en el expediente penal formado y en el Derecho nacional.

2.

Segundo motivo, basado en el artículo 340 TFUE.

3.

Tercer motivo, basado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

—

Declare la admisibilidad y fundamentación del presente recurso. En consecuencia:

—

Anule la Decisión de la Comisión C(2018) 2075 final, de 10 de abril de 2018, sobre el asunto SA.46897 (2018/NN) — Francia, Presunta ayuda — CACES.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en una interpretación incorrecta del concepto de «imputabilidad» contemplado en el artículo 107 TFUE, en la medida en que el reembolso de los gastos de formación para la conducción segura de máquinas para la construcción por los organismes paritaires collecteurs agréés par l’État (OPCA) [organismos paritarios recaudadores autorizados por el Estado] implica, en opinión de los demandantes, una utilización de fondos estatales, fruto de una medida imputable al Estado. Por lo tanto, los demandantes alegan que la Decisión cuya anulación solicitan ignora la jurisprudencia Pearle (sentencia de 15 de julio de 2004, Pearle y otros, C-345/02, EU:C:2004:448).

2.

Segundo motivo, basado en una interpretación incorrecta del concepto de «ventaja» contemplado en el artículo 107 TFUE, toda vez que las medidas adoptadas por el Estado francés en el presente caso otorgan una ventaja a las empresas que prestan formaciones denominadas «CACES®» (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité [Certificado de aptitud para la conducción segura]), frente a las que ofrecen formaciones denominadas «PCE®» (Permis à la Conduite d’Engins [Permiso de conducción de máquinas]).

3.

Tercer motivo, basado en una interpretación incorrecta del concepto de «selectividad» contemplado en el artículo 107 TFUE, por cuanto las medidas adoptadas presentan, según los demandantes, carácter selectivo. Este motivo se divide en tres partes:

—

Anule las resoluciones de 6 de noviembre de 2017 y de 4 de diciembre de 2017 por las que se informó al demandante de que no tenía derecho a determinadas asignaciones (asignación familiar, asignación por hijos a cargo, asignación por escolaridad y asignación por guardería).

—

De acuerdo con ello, ordene el pago de las respectivas cantidades desde las fechas solicitadas, incrementadas en el interés devengado (interés del BCE incrementado en dos puntos porcentuales). Ha de considerarse que las regularizaciones no correspondientes al mes en el que se pagaron deberían someterse al impuesto al que se habrían sometido de haberse hecho en el momento oportuno, de acuerdo con el Reglamento (CEE, EURATOM, CECA) n.o 260/68. (1)

—

En caso de que sea necesario, anule la resolución de 5 de junio de 2018 por la que se desestima la reclamación del demandante, presentada el 29 de marzo de 2018.

—

En caso de que sea necesario, anule las resoluciones de 2 de febrero de 2018 por las que se desestima la petición de revisión administrativa cursada por el demandante de 15 de diciembre de 2017.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que los requisitos de la relación laboral de corta duración del BCE y la normativa del mismo relativa a relaciones laborales de corta duración son contrarios a Derecho (pretensión de ilegalidad).

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración de derechos colectivos como consecuencia de no haberse realizado una verdadera consulta al comité de personal del BCE al adoptar los requisitos y la normativa del BCE relativa a la relación laboral de corta duración.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO, incluidas las ocasionadas en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Anule la resolución de la División de Oposición.

—

Deniegue la solicitud de marca.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

declare la demanda admisible y fundada;

—

anule la decisión de 3 de julio de 2018 adoptada por [confidencial] (1) la Comisión Europea, de mantener la denegación de acceso del demandante a los locales de la Comisión;

—

condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la incompetencia del autor del acto impugnado.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 3 de la Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión (DO 2015, L 72, p. 41) (en lo sucesivo, «Decisión 2015/443»), y en la falta de fundamento legal del acto impugnado.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante, concretamente en la infracción del artículo 67 TFUE, del artículo 6 TUE, del artículo 3 de la Decisión 2015/443 y de los artículos 6, 7, 8, 15, 27, 31, 41, 42, 47, 48 y 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Este motivo se divide en tres partes:

4.

Cuarto motivo, formulado con carácter subsidiario, basado en la infracción del artículo 296 TFUE y del artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales y en la violación de los principios de motivación formal y material de los actos unilaterales. Este motivo se divide en dos partes:

—

Anule la resolución impugnada.

—

Con carácter subsidiario, modifique la resolución impugnada de modo que declare que la oposición debería devolverse a la División de Oposición para su reconsideración.

—

Condene a la EUIPO a abonar las costas en que incurrió la recurrente en el presente procedimiento y en el procedimiento ante la Sala de Recurso. Con carácter subsidiario, si la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso interviene, la EUIPO y la coadyuvante deberán abonar de modo conjunto y solidario las costas en que incurrió la recurrente en el presente procedimiento y en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule las medidas de 2018 en la medida en que se aplicar al Dr. Kaddour.

—

Condene al Consejo al pago al Dr. Kaddour de las costas del presente procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en que las medidas de 2018 adolecen de un error manifiesto de apreciación.

2.

Segundo motivo, basado en que el demandante tiene derecho a acogerse a lo dispuesto en los artículos 27 y 28, apartado 2, de la Decisión 2013/255/PESC del Consejo en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2015/1836 (3) del Consejo y el artículo 15, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/1828 (4) del Consejo.

3.

Tercer motivo, basado en que las medidas de 2018 constituyen una vulneración de los derechos fundamentales del demandante reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y/o en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que atañe a los derechos del demandante al respeto de su reputación, al disfrute pacífico de su propiedad y al principio de proporcionalidad.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 4, en relación con el artículo 6, apartado 1, y del artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo.