—

Vistos el informe de la Comisión titulado «Salvar vidas: impulsar la seguridad de los vehículos en la UE — Informe sobre el seguimiento y la evaluación de las funciones de seguridad avanzadas para vehículos, su rentabilidad y viabilidad con vistas a la revisión de los reglamentos sobre seguridad general de los vehículos y sobre la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública» (COM(2016)0787) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0431),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (1),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativo a la homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 2003/102/CE y 2005/66/CE (2),

—

Vista la Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en la Unión y por la que se deroga la Directiva 2000/30/CE (3),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial (4),

—

Vista la Directiva (EU) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (5),

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el servicio 112 integrado en los vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (6),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicación del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte: hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible (7),

—

Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre el transporte por carretera en la Unión Europea (8),

—

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre la seguridad vial 2011-2020 — Primera etapa en una estrategia sobre accidentes (9),

—

Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la seguridad vial en Europa 2011-2020 (10),

—

Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por un sistema de transportes competitivo y sostenible (11),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada» (COM(2016)0766),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un espacio de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020» (COM(2010)0389),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «CARS 2020: Plan de Acción para una industria del automóvil competitiva y sostenible en Europa» (COM(2012)0636),

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

—

Visto el informe de la Comisión titulado «Benefit and feasibility of a range of new technologies and unregulated measures in the field of vehicle occupant safety and protection of vulnerable road users» (Beneficios y viabilidad de una gama de nuevas tecnologías y medidas no reglamentadas en relación con la seguridad de los ocupantes de los vehículos y la protección de usuarios vulnerables de la vía pública), elaborado por Transport Research Laboratory (TRL) y publicado el 26 de marzo de 2015,

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la aplicación del objetivo 6 de las orientaciones políticas de la Comisión Europea sobre la seguridad vial 2011-2020 — Primera etapa en una estrategia sobre accidentes (SWD(2013)0094),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2017, sobre la seguridad vial en apoyo de la Declaración de La Valeta de marzo de 2017,

—

Visto el paquete Europa en Movimiento, publicado por la Comisión el 31 de mayo de 2017, que incluye un conjunto de ocho iniciativas legislativas con una especial atención en el transporte por carretera,

—

Vista la Resolución 70/260 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de abril de 2016, sobre la mejora de la seguridad vial en el mundo,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0330/2017),

A.

Considerando que, todos los años, unas 25 500 personas pierden la vida y unas 135 000 resultan gravemente heridas en las carreteras de Europa, por lo que es necesario adoptar más medidas —y más eficaces—, en concertación con los Estados miembros, si se quiere lograr el objetivo «visión cero» de «cero víctimas»;

B.

Considerando que la seguridad vial depende de tres factores: el vehículo, la infraestructura y el comportamiento del conductor, por lo que es necesario adoptar medidas en los tres ámbitos para aumentar la seguridad vial, y que deberían adoptarse medidas eficaces en el ámbito de la seguridad activa y pasiva de los vehículos;

C.

Considerando que la edad media de los turismos, los vehículos ligeros y los vehículos pesados en la Unión aumenta de forma constante y actualmente supera los diez años, y que la edad del vehículo guarda una relación directa con las consecuencias y las lesiones causadas por un accidente de tráfico;

D.

Considerando que los sistemas de asistencia al conductor aumentan la seguridad de los vehículos y, asimismo, facilitan la participación activa y segura de las personas con movilidad reducida y las personas de más edad en el tráfico por carretera;

E.

Considerando que los sistemas de conducción inteligente reducen la congestión, advierten al conductor de los peligros existentes en su itinerario y contribuyen así a reducir el riesgo de accidentes;

F.

Considerando que progresa rápidamente la evolución hacia vehículos de conducción autónoma y que la seguridad vial en general es un problema acuciante, de modo que la Comisión debe presentar una propuesta de revisión del Reglamento sobre seguridad general a más tardar en el primer trimestre de 2018, y que, en todo caso, cualquier retraso adicional sería inaceptable;

G.

Considerando que, ya que el 38 % de todas las muertes se registran en zonas urbanas y que frecuentemente se ven implicados usuarios vulnerables de la vía pública, los Estados miembros deberían tener en consideración a dichos usuarios en la planificación del tráfico urbano, mejorando el trato que se les da en lo que se refiere a medios de transporte como los vehículos y los autobuses; considerando asimismo que la Comisión debe presentar la revisión del Reglamento sobre la protección de los peatones;

H.

Considerando que existe un claro vínculo entre la seguridad vial y las condiciones laborales de los usuarios profesionales de la carretera;

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—

Vistos los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Consejo (3),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (4),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1302/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones (5),

—

Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre la situación especial de las islas (6),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1084/2006 (7),

—

Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el papel de las mujeres y su papel en las zonas rurales (8),

—

Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre la política de cohesión en las regiones montañosas de la UE (9),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre el Informe sobre la puesta en práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012) (10),

—

Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP) (11),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre el cambio demográfico y sus consecuencias para la futura política de cohesión de la UE (12),

—

Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones (13),

—

Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre la estrategia europea para el desarrollo económico y social de las zonas montañosas, las islas y las zonas poco pobladas (14),

—

Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el futuro demográfico de Europa (15),

—

Vista su Resolución, de 23 de marzo de 2006, sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones (16),

—

Visto el Informe de la Comisión titulado «Informe sobre el envejecimiento 2015. Proyecciones económicas y presupuestarias para los 28 Estados miembros de la UE (2013-2060)» (European Economy 3/2015),

—

Visto el sexto informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial, titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento — Promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE», de 23 de julio de 2014,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores» (COM(2017)0252),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 2009, sobre «Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico)» (COM(2009)0180,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2007, titulada «Promover la solidaridad entre las generaciones» (COM(2007)0244),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de octubre de 2006, titulada «El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad» (COM(2006)0571),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de marzo de 2005, titulada «Libro Verde “Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre generaciones”» (COM(2005)0094),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de junio de 2016, sobre la respuesta de la UE al reto demográfico (17),

—

Visto el estudio de septiembre de 2013 elaborado por su Dirección General de Políticas Interiores (Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión), titulado «¿Cómo pueden las políticas regionales y de cohesión afrontar los retos demográficos?»,

—

Vista la publicación de ESPON titulada «Revealing territorial potentials and shaping new policies in specific types of territories in Europe: islands, mountains, sparsely populated and coastal regions» (18),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0329/2017),

A.

Considerando que el cambio demográfico es una realidad europea y a nivel mundial y un reto clave, no solo en general, sino también para la mejora de las políticas de desarrollo local y territorial en la Unión en la actualidad, junto con las cuestiones relacionadas con el empleo, la globalización sin control, el cambio climático, la transición hacia economías hipocarbónicas y los retos planteados por el cambio industrial y tecnológico y la inclusión social y económica;

B.

Considerando que, durante décadas, tal como ocurre en la mayoría de las sociedades postindustriales, la población de Europa se ha caracterizado por un aumento de la longevidad y por bajas tasas de fertilidad, lo que provoca una modificación de la estructura de la población y la pirámide de edad, y entraña el efecto secundario de una disminución de la población en edad de trabajar y de un envejecimiento de la población; que la crisis económica que ha afectado a la Unión Europea ha tenido un fuerte impacto en muchas zonas y regiones, sobre todo rurales, ocasionando muy especialmente pobreza y despoblación; que la persistente brecha salarial y la creciente brecha en materia de pensiones entre hombres y mujeres constituyen un serio impedimento para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo;

C.

Considerando la previsión de que el rápido crecimiento de la población en los países en desarrollo y el declive demográfico en la Unión se traducirán en una disminución del porcentaje de la población mundial que corresponde a la Unión Europea de un 6,9 % en 2015 a un 5,1 % en 2060 (19);

D.

Considerando la previsión de que 132 de las 273 regiones del nivel NUTS 2 experimentarán un descenso de población entre 2015 y 2050 (20); y que este descenso afectará especialmente a las Unidades Administrativas Locales;

E.

Considerando que el objetivo prioritario para la Unión y para el conjunto de sus Estados miembros es promover el crecimiento en sus tres dimensiones, inteligente, sostenible e integrador;

F.

Considerando que las características geográficas o demográficas intensifican los problemas de desarrollo; que esta es la razón por la que el Tratado de Lisboa sumó la cohesión territorial a los objetivos de cohesión económica y social;

G.

Considerando que el cambio demográfico no afecta a todos los países y regiones de manera uniforme, tanto por su dinámica natural como por los movimientos migratorios que esta supone, de tal modo que en la mayoría de las zonas urbanas, y en particular en las metropolitanas, se registra un aumento de población mientras que las zonas rurales y las zonas remotas experimentan un declive, registrándose situaciones muy dispares en las regiones ultraperiféricas; que estos desequilibrios representan retos importantes, tanto para los territorios que pierden población como para los que experimentan un aumento de la misma; que las zonas aisladas y las zonas con acceso limitado son las más expuestas al declive demográfico; que, por otra parte, debe llamarse la atención sobre los efectos de la llamada «suburbanización» que, a consecuencia de un gran desplazamiento de población desde las grandes ciudades hacia sus zonas circundantes, ejerce presión sobre las autoridades locales y regionales;

H.

Considerando que las regiones europeas no constituyen territorios homogéneos; que pueden registrar bolsas de paro o de pobreza y afrontar retos específicos, como los relacionados con el cambio demográfico, por lo que resulta indispensable disponer de herramientas concretas para reducir las disparidades subregionales y fomentar un mayor equilibrio territorial entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales;

I.

Considerando que las mujeres, en particular las madres solteras, están más expuestas a la pobreza y a la exclusión;

J.

Considerando que el cambio demográfico supone un desafío para garantizar la cohesión social y el bienestar del conjunto de la población, así como para favorecer un desarrollo económico equilibrado; que el cambio demográfico tiene repercusiones en las infraestructuras y en la accesibilidad y la calidad de los servicios, lo que se traduce en diferencias en materia de conectividad o en desiertos médicos y es a menudo resultado de una conexión insuficiente entre poblaciones urbanas y rurales;

K.

Considerando que el cambio demográfico implica importantes retos políticos en diferentes áreas vinculadas a una gran variedad de ámbitos de la política de cohesión; que la política regional y sus Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), incluido el Fondo de Cohesión, son instrumentos esenciales para abordar este cambio;

L.

Considerando que en las zonas no urbanizadas de la Unión Europea viven 113 millones de personas y se cuentan 12 millones de explotaciones agrarias y 172 millones de hectáreas de tierras agrícolas, y que estas zonas aportan una gran contribución a las economías, las culturas y los ecosistemas europeos;

M.

Considerando que una infraestructura y un nivel de servicios adecuados son factores importantes para la gestión de la estructura demográfica en las regiones poco pobladas o afectadas por la emigración, en las que se acentúa la importancia de las inversiones y los puestos de trabajo;

N.

Considerando que unas infraestructuras adecuadas, unos servicios públicos accesibles y un empleo de calidad son factores importantes a la hora de decidir si permanecer o no en un lugar determinado;

O.

Considerando que las mujeres están más expuestas a la pobreza y a la exclusión social que los hombres, y que esta situación se agrava cuando tienen más de 60 años;

P.

Considerando que los cambios demográficos tienen una repercusión más significativa en las regiones menos desarrolladas;

Q.

Considerando que el cambio demográfico que afecta a los territorios rurales, además de sus graves consecuencias demográficas, tiene también consecuencias económicas y sociales, causa desvertebración territorial y afecta a la calidad de vida y al medio ambiente;

R.

Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental, un valor común de la Unión y una condición necesaria para alcanzar los objetivos de la Unión de crecimiento, creación de empleo y cohesión social;

S.

Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un importante instrumento de desarrollo económico y de cohesión social;

T.

Considerando que el cambio demográfico negativo incrementa la necesidad de una mayor solidaridad entre las generaciones;

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Visto el Libro Verde de la Comisión, de 30 de abril de 2007, sobre los servicios financieros al por menor en el mercado único (COM(2007)0226),

—

Vista la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (1) (Directiva relativa al crédito al consumo),

—

Vista la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (2) (Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 2560/2001 (3),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 11 de enero de 2012, titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles» (COM(2011)0941),

—

Visto el informe de 2014 de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) sobre buenas prácticas de los sitios web de comparación,

—

Visto el dictamen de la AESPJ, de abril de 2016, dirigido a las instituciones de la Unión en relación con un marco común para la evaluación del riesgo y la transparencia de los fondos de pensiones de empleo,

—

Vista la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (4) (Directiva sobre los contratos de crédito),

—

Vista la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (5),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (6),

—

Vista la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (7) (Directiva sobre cuentas de pago),

—

Visto el informe de la Comisión, de 8 de agosto de 2014, sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) (COM(2014)0509),

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta (8),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (9),

—

Visto la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (10) (Directiva sobre distribución de seguros),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 10 de diciembre de 2015, titulado «Los servicios financieros al por menor — Mejores productos, más posibilidades de elección y mayores oportunidades para consumidores y empresas» (COM(2015)0630),

—

Vista la respuesta de la Autoridad Bancaria Europea, de 21 de marzo de 2016, al Libro Verde de la Comisión sobre los servicios financieros al por menor,

—

Visto el Eurobarómetro especial 446, de julio de 2016, sobre productos y servicios financieros,

—

Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre el Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor (11),

—

Visto el informe de 2016 de Better Finance titulado «Pension Savings: The Real Return» (Ahorro en pensiones: los verdaderos beneficios)»,

—

Vista su Resolución, de 17 de mayo de 2017, sobre la tecnología financiera (FinTech): influencia de la tecnología en el futuro del sector financiero (12),

—

Visto el documento de consulta de la Comisión, de 21 de marzo de 2017, sobre la revisión de las AES,

—

Visto el Plan de acción de la Comisión, de 23 de marzo de 2017, relativo a los servicios financieros para los consumidores: mejores productos y una oferta más variada (COM(2017)0139),

—

Visto el estudio «Asset Management Market Study» (Estudio de mercado sobre gestión de activos) de la Financial Conduct Authority del Reino Unido, de junio de 2017,

—

Visto el Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

—

Visto el Protocolo n.o sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0326/2017),

A.

Considerando que el mercado de servicios financieros al por menor de la Unión sigue estando poco desarrollado y muy fragmentado, si bien se están realizando esfuerzos en este sentido en distintos Estados miembros; que, por tanto, es necesaria una acción urgente y eficaz para facilitar una innovación que beneficie a los usuarios finales al tiempo que se libera todo el potencial del mercado único de servicios financieros al por menor, lo cual redundaría en un impulso de la competencia, reduciendo los precios y aumentando la variedad y la diversidad de los productos;

B.

Considerando que debemos ser ambiciosos para derribar los obstáculos nacionales e invertir las actuales tendencias que bloquean la innovación en los servicios financieros al por menor; que la Comisión y el Consejo deben mostrar más ambición en el ámbito de las inversiones transfronterizas al por menor en el marco de la Unión de Mercados de Capitales (UMC), atajando no solo las cuestiones más sencillas sino también los obstáculos más importantes que afectan a este mercado, como la lengua, las preocupaciones sobre el fraude o la delincuencia, la incertidumbre sobre las repercusiones fiscales, las diferencias en el Derecho de sociedades o de valores, el desconocimiento de los procedimientos de recurso e insolvencia y la falta de confianza en los marcos de protección de los consumidores;

C.

Considerando que un mercado europeo de servicios financieros al por menor solo puede ser viable si representa un auténtico valor añadido para el consumidor y para los proveedores de servicios financieros, garantizando una competencia y una protección del consumidor efectivas, sobre todo en relación con los productos que son necesarios para la participación en la vida económica y para los consumidores vulnerables;

D.

Considerando que el Eurobarómetro especial 446 llega a la conclusión de que, en lo que respecta a los productos o servicios financieros, los europeos siguen comprando principalmente en su propio país y con frecuencia ni siquiera expresan la necesidad o el deseo de tener acceso a estos servicios en el extranjero, aunque algunos obstáculos reales también les están impidiendo hacerlo; que, dentro incluso de su propio país, solo una pequeña proporción busca ofertas más atractivas y cambia de proveedor; que la consiguiente falta de competencia (transfronteriza) puede impedir que consumidores y pequeños inversores obtengan las mejores ofertas en los productos y servicios financieros que adquieren;

E.

Considerando la definición de tecnología financiera, tal como figura en la Resolución del Parlamento de 17 de mayo de 2017, que la describe como una actividad financiera posibilitada por las nuevas tecnologías u ofrecida a través de estas, que afecta a todo el sector financiero en todos sus elementos, desde la banca hasta los seguros, los fondos de pensiones, el asesoramiento en materia de inversiones, los servicios de pagos y las infraestructuras del mercado; que la aplicación de las tecnologías a la prestación de servicios financieros al por menor puede contribuir a superar algunos de los obstáculos al mercado único y a mejorar la eficiencia operativa del sector; que, por sí sola, la digitalización no es suficiente para salvar esos obstáculos; que una mayor integración de los servicios financieros transfronterizos al por menor y una mejor comunicación de las oportunidades que ofrece dicho mercado pueden contribuir al refuerzo de una demanda consciente, que estimule el logro de mejores niveles de calidad en este ámbito;

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Vistos los artículos 2, 4, 5, 6, 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Visto el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistos los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta (1),

—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y los numerosos tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, vinculantes para todos los Estados miembros,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

—

Visto el debate sobre la libertad de los medios de comunicación en Malta celebrado en la sesión plenaria del 24 de octubre de 2017,

—

Vistas las revelaciones de los papeles de Panamá y los Malta Files (archivos de Malta) realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y la Red de Periodismo de Investigación,

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (2),

—

Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos (3),

—

Vistos el informe y las recomendaciones de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales (Comisión PANA), y el anexo al informe sobre la misión de dicha Comisión en Malta,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y que estos valores son universales y comunes a todos los Estados miembros;

B.

Considerando que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea forma parte del Derecho primario de la Unión; que la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 10 del CEDH; que, de conformidad con el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 7 del TUE, la Unión prevé la posibilidad de actuar para proteger los valores sobre los que se fundamenta; que el mecanismo de Estado de Derecho debe aplicarse con la misma fuerza en todos los Estados miembros;

C.

Considerando que la Unión Europea es un sistema constitucional basado en la presunción de la confianza mutua, es decir, que los Estados miembros actuarán de conformidad con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

D.

Considerando que la independencia del poder judicial se consagra en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH, y que es un requisito esencial del principio democrático de separación de poderes;

E.

Considerando que la periodista maltesa de investigación sobre la corrupción y bloguera Daphne Caruana Galizia fue asesinada en un atentado con coche bomba el 16 de octubre de 2017;

F.

Considerando que este asesinato dio lugar a manifestaciones callejeras y protestas de la sociedad civil en Malta pidiendo justicia, la rendición de cuentas y el respeto del Estado de Derecho;

G.

Considerando que en el informe de país de 2016 sobre Malta del Media Pluralism Monitor (Observatorio de la pluralidad mediática) se detectaron niveles de riesgo medios —cercanos al nivel alto— por lo que se refiere a la pluralidad del mercado y la independencia política, y se determinaron factores de incremento del riesgo relacionados con la carencia de datos sobre el mercado de los medios, la falta de protección y autorregulación de los periodistas y la independencia editorial, la tenencia política directa de medios de comunicación y la ausencia de una política de alfabetización mediática (4);

H.

Considerando que en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 (publicada por Reporteros sin Fronteras) se señala a las leyes maltesas en materia de difamación —que se castiga con multas o penas de prisión y se aplica ampliamente, especialmente por políticos, contra periodistas— como un factor que limita la libertad de expresión en Malta (5);

I.

Considerando que el Parlamento de Malta está debatiendo un proyecto de ley propuesto por el Gobierno de dicho país que aboliría el delito penal de libelo e introduciría una prohibición ad hoc de recurrir a cualquier forma de orden o decisión judicial cautelares en acciones por libelo o difamación en virtud de cualquier ley (6);

J.

Considerando que Daphne Caruana Galizia se enfrentaba a numerosos cargos por libelo interpuestos por representantes políticos de todo el espectro político en Malta;

K.

Considerando que este año se congelaron las cuentas bancarias de la señora Caruana Galizia en virtud de una decisión judicial cautelar por un caso de libelo interpuesto por un ministro del Gobierno antes de que se llegase a la solución del litigio;

L.

Considerando que diversos medios de comunicación en Malta han informado de que estaban siendo presionados por el Pilatus Bank, que se encuentra en el centro de las acusaciones de blanqueo de capitales, a fin de que se retractasen o borrasen artículos sobre dicho banco; que el Pilatus Bank ha interpuesto una acción judicial en los Estados Unidos contra medios de comunicación malteses por dañar su reputación; que la filtración de un informe de conformidad de la Financial Intelligence Analysis Unit (Unidad de análisis de información financiera — FIAU por sus siglas en inglés) revela que los clientes del Pilatus Bank son fundamentalmente personas del medio político procedentes de Azerbaiyán, pero que el banco no aplicó a dichos clientes las medidas reforzadas de diligencia debida que exige la Directiva contra el blanqueo de capitales; que un diputado progubernamental ha solicitado que se abra una investigación sobre dicha filtración en la FIAU;

M.

Considerando que, antes del asesinato de Daphne Caruana Galizia, un denunciante de irregularidades clave en las acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales que involucran a personas del medio político en Malta huyó del país;

N.

Considerando que el Gobierno maltés ha aplicado la Ley de 2013 de protección de los denunciantes de irregularidades (7), y forma parte de una minoría de Estados miembros de la UE que han incluido medidas específicas de protección de los denunciantes en su legislación;

O.

Considerando que en virtud de la Constitución y la legislación de Malta, el Jefe de Policía es nombrado por el Primer Ministro, el Fiscal General es nombrado por el Presidente de acuerdo con el dictamen del Primer Ministro, y los miembros del poder judicial son nombrados desde 2017 después de que un comité haya examinado a los candidatos con anterioridad a su nombramiento (8); que la independencia de las fuerzas de seguridad y el poder judicial en Malta puede verse comprometida por el hecho de que el Gobierno esté facultado para nombrar al Jefe de Policía, al responsable del FIAU y al Fiscal General;

P.

Considerando que varios informes de medios de comunicación señalan que se crearon un gran número de puestos de trabajo en las empresas públicas de Malta pocas semanas antes de las elecciones de junio de 2017, lo que plantea dudas en cuanto a si se crearon por motivos electorales;

Q.

Considerando que Malta ha rechazado unirse a la Fiscalía Europea, el órgano de la Unión independiente con competencias para investigar y enjuiciar los delitos de fraude y de otra índole a escala de la Unión que atenten contra los intereses financieros de la Unión;

R.

Considerando que las revelaciones de los papeles de Panamá de abril de 2016 mostraron que un total de 714 empresas vinculadas a Malta figuran en la base de datos de los papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación; que estos documentos incluían revelaciones acerca de un ministro en ejercicio y un antiguo ministro de la administración anterior y funcionarios de alto nivel;

S.

Considerando que el Parlamento Europeo organizó la visita de una delegación a Malta en febrero de 2017 en el marco de su investigación sobre los papeles de Panamá; que dicha delegación concluyó en su informe de misión que hay motivos para creer que la Policía maltesa no está bien equipada para cumplir su cometido de manera óptima, lo que sugiere posiblemente un caso de mala administración; que la delegación observó que el número de condenas y embargos en relación con el blanqueo de capitales en Malta resulta ser extremadamente bajo comparado con el promedio del número de informes enviados a la Policía por el FIAU; que un funcionario gubernamental y un antiguo ministro rechazaron la solicitud de reunirse con la Comisión PANA en el transcurso de esta misión;

T.

Considerando que en dos informes confidenciales del FIAU en Malta, fechados en 2016 y publicados en mayo de 2017, se concluía que no existía una sospecha razonable de blanqueo de capitales en relación con un funcionario gubernamental; que un tercer informe, publicado al mismo tiempo, detallaba la inspección in situ realizada por el FIAU en el Pilatus Bank, y que supuestamente descubrió que el banco violaba la legislación maltesa contra el blanqueo de capitales; que el proceso de concesión de licencias al Pilatus Bank ha sido rápido en comparación con el tiempo medio necesario para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en la Directiva sobre Requisitos de Capital;

U.

Considerando que el responsable del FIAU y el jefe de la Policía, cargos cuyo nombramiento es competencia directa del Gobierno, dimitieron poco después de la conclusión de dichos informes; que no se inició investigación policial alguna sobre estas graves acusaciones de blanqueo de capitales por parte de personas del medio político, entre ellas, un miembro del Gobierno; que se nombraron magistrados para los casos anteriormente mencionados; que dos miembros del personal del FIAU fueron despedidos tras la filtración de los informes del FIAU a la prensa;

V.

Considerando que la Comisión Europea fue informada de estas acusaciones, al menos en junio de 2017, con una solicitud para organizar una investigación complementaria sobre Malta y el respeto y la adecuada aplicación por parte de dicho país de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales y la Directiva sobre Requisitos de Capital;

W.

Considerando que la ciudadanía de la UE es uno de los mayores logros de la Unión y que, de conformidad con los Tratados, los asuntos relacionados con la residencia y la nacionalidad son competencia exclusiva de los Estados miembros; que la UE tiene la competencia de supervisión de las prácticas anticorrupción de los Estados miembros;

X.

Considerando que la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que corresponde a cada Estado miembro establecer, teniendo debidamente en cuenta el Derecho de la Unión, las condiciones para la adquisición y la pérdida de la nacionalidad; que, desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, la concesión de la nacionalidad de un Estado miembro implica también la concesión de la ciudadanía de la UE y, en consecuencia, de importantes derechos adicionales, lo que significa que las decisiones de naturalización tomadas por un Estado miembro no son neutras en lo que respecta a otros Estados miembros y a la UE;

Y.

Considerando que el Gobierno de Malta estableció un programa de inversores individuales en 2014 que vende la ciudadanía maltesa y de la UE a nacionales de terceros países por un precio de 650 000 EUR; que la lista de beneficiarios de esta ciudadanía sigue siendo confusa, ya que no se les identifica en la lista publicada de ciudadanos naturalizados; que en un informe del FIAU de 2016 filtrado se manifiesta la preocupación por los posibles casos de corrupción en la administración de este programa;

Z.

Considerando que el programa de inversores individuales fue asignado por el Gobierno a Nexia BT, un intermediario nombrado en los papeles de Panamá como iniciador de fideicomisos y sociedades extraterritoriales para personas del medio político de Malta, entre ellas, un miembro del Gobierno; que los papeles de Panamá sugieren que Nexia BT ha actuado sin la debida diligencia a la hora de facilitar toda la información necesaria para determinar la titularidad real;

AA.

Considerando que el informe del Grupo de Inteligencia Financiera de Europol, titulado «From suspicion to action — converting financial intelligence into greater operational impact» (De la sospecha a la acción — obtener de la inteligencia financiera un mayor impacto operativo), destaca que algunas de las partes, incluidas organizaciones delictivas, han abusado de aspectos de la industria de internet maltesa con el fin de blanquear productos del delito; que dicha afirmación no debe interpretarse como representativa de la industria en su conjunto;

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Vista la Declaración Ministerial de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 14 de noviembre de 2001 (1),

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Vista la Declaración Ministerial de Hong Kong de la OMC, de 18 de diciembre de 2005 (2),

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo y, en particular, las de 9 de octubre de 2008 (3), 16 de diciembre de 2009 (4), 14 de septiembre de 2011 (5), 21 de noviembre de 2013 (6) y 26 de noviembre de 2015 (7),

—

Vistos los resultados de la novena Conferencia Ministerial, celebrada en Bali en diciembre de 2013 y, en particular, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (8),

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Vistos los resultados de la décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi en diciembre de 2015, y la Declaración Ministerial adoptada el 19 de diciembre de 2015 (9),

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Visto el documento de resultados aprobado por consenso el 14 de junio de 2016 en la sesión anual de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC celebrada en Ginebra (10),

—

Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (11),

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Visto el sexto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en Ginebra del 11 al 13 de julio de 2017 (12),

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Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, desde su creación, la OMC ha desempeñado un papel crucial en la consolidación del multilateralismo y la promoción de un orden económico mundial inclusivo y de un sistema de comercio multilateral abierto, basado en normas y no discriminatorio; que la Ronda de Doha se inició en 2001 con los objetivos de crear nuevas oportunidades comerciales, reforzar las normas comerciales multilaterales y hacer frente a los actuales desequilibrios del sistema comercial, situando en el centro de las negociaciones las necesidades y los intereses de los países en desarrollo, y en particular de los países menos adelantados (PMA);

B.

Considerando que la Unión siempre ha defendido un enfoque firmemente multilateral del comercio basado en normas, reconociendo al mismo tiempo que los enfoques complementarios como los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales también pueden fomentar la apertura del comercio y el desarrollo económico, especialmente desbloqueando la liberalización y mejorando las normas y disciplinas en ámbitos políticos abordados con menor intensidad por la OMC, así como respaldar el sistema multilateral, siempre que dichos acuerdos sean compatibles con los principios de la OMC, se basen en unas normas comunes y creen las condiciones para una posible multilateralización futura;

C.

Considerando que los resultados de la novena Conferencia Ministerial de 2013 tuvieron una importancia sistémica, en particular la conclusión del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que constituye el acuerdo comercial multilateral más significativo desde la creación de la OMC en 1995;

D.

Considerando que determinados miembros de la OMC están intentando socavar el actual modelo de solución de diferencias comerciales internacionales; que el Órgano de Apelación de la OMC está rozando el número mínimo de jueces que necesita para funcionar; que recientemente los Estados Unidos rechazaron propuestas de la Unión Europea y de algunos países de América Latina para comenzar un proceso de selección destinado a cubrir el creciente número de vacantes; que este bloqueo, que ya ha dejado vacantes dos de los siete puestos en el Órgano de Apelación, podría provocar el colapso de un sistema que resulta fundamental para tratar las diferencias entre las principales potencias comerciales a escala mundial;

E.

Considerando que los resultados alcanzados en la décima Conferencia Ministerial, celebrada en 2015, también fueron de gran importancia, ya que dieron lugar a un conjunto de seis decisiones ministeriales sobre agricultura, algodón y cuestiones relacionadas con los PMA, incluido el que probablemente sea el resultado más relevante en materia de agricultura obtenido hasta ahora en el marco de la OMC, que es el compromiso de eliminar las subvenciones a la exportación para los productos agrícolas;

F.

Considerando que los recientes debates sobre cómo impulsar el Programa de Doha para el Desarrollo han puesto claramente de manifiesto que los miembros de la OMC tienen diferentes puntos de vista sobre la manera de proceder con las negociaciones, lo que demuestra que es necesario revisar el nivel de ambición con el fin de lograr resultados realistas en todos los pilares de las negociaciones, y que en esa revisión debe tenerse plenamente en cuenta la realidad del entorno comercial actual;

G.

Considerando que la transformación digital de la economía abre nuevas vías para el comercio, lo que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el comercio mundial a través del comercio electrónico; que este hecho se ve cada vez más como un asunto en el que la OMC podría desempeñar un papel importante;

H.

Considerando que la undécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM11) se celebrará en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 13 de diciembre de 2017;

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía» (COM(2017)0198),

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Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2016, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad (1),

—

Visto el control de adecuación de la legislación de la UE sobre la naturaleza (Directivas relativas a las aves y a los hábitats) (SWD(2016)0472),

—

Visto el Informe Especial n.o 1/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la Red Natura 2000»,

—

Visto el informe de la Comisión titulado «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2007–2012» [Información en virtud de las Directivas relativas a la naturaleza entre 2007 y 2012: estado de la naturaleza en la Unión Europea],

—

Vistas las estadísticas de Eurostat sobre biodiversidad de noviembre de 2016,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2017, sobre el Plan de acción de la UE en pro de la naturaleza, las personas y la economía (2),

—

Vista la pregunta al Consejo sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía (O-000067/2017 — B8-0608/2017),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que solo presentan actualmente un buen nivel de conservación alrededor de la mitad de las aves y una proporción menor de las demás especies y hábitats protegidos de la Unión, y que solo dispone de planes de gestión con medidas y objetivos de conservación el 50 % de los espacios Natura 2000;

B.

Considerando que las directivas relativas a la naturaleza desempeñan un importante papel para contribuir a lograr los objetivos del Plan Estratégico para la biodiversidad 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático;

C.

Considerando que en la evaluación del estado de la naturaleza en la Unión Europea de 2015, realizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente, se afirma que, según la información facilitada por los Estados miembros, las principales presiones y amenazas para los ecosistemas terrestres son la agricultura y la modificación de las condiciones naturales, y para los ecosistemas marinos, la explotación de los recursos vivos (pesca) y la contaminación; que todas estas actividades son actividades humanas con repercusiones profundas y dañinas para la naturaleza;

D.

Considerando que las estadísticas de Eurostat sobre biodiversidad de 2016 reflejan el declive generalizado de las 167 especies de aves comunes de la Unión entre 1990 y 2014 (3);

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Vistos los Tratados, y en particular los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Vista la Constitución de la República de Polonia,

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Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

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Vista su Resolución, de 13 de abril de 2016, sobre la situación en Polonia (1),

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Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia sobre los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2),

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Vista la Recomendación de la Comisión sobre el Estado de Derecho, de 21 de diciembre de 2016 (3), que complementa su Recomendación de 27 de julio de 2016 tomando en consideración los recientes acontecimientos en Polonia a la luz del nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Constitucional,

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Vista la tercera Recomendación de la Comisión sobre el Estado de Derecho, de 26 de julio de 2017 (4), en la que expresa su profunda inquietud acerca de la prevista reforma del poder judicial en Polonia, que, a juicio de la Comisión, amplía la amenaza sistémica al Estado de Derecho en Polonia ya señalada en el procedimiento para reforzar el Estado de Derecho iniciado por la Comisión en enero de 2016,

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Vista la respuesta del Gobierno polaco, de 20 de febrero de 2017, que rechaza la idea de que exista una amenaza sistémica al Estado de Derecho en Polonia, y la respuesta del Gobierno polaco, de 29 de agosto de 2017, que rechaza las objeciones de la Comisión a las reformas del poder judicial e impugna su competencia para analizar el sistema judicial,

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Vistos los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión contra Polonia, en particular el procedimiento de 29 de julio de 2017 y el dictamen motivado de 12 de septiembre de 2017 relativo a la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios, en el que se afirmaba que la ley polaca era incompatible con el Derecho de la Unión, en particular con el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Directiva 2006/54/CE sobre igualdad de género en el empleo y el artículo 19, apartado 1, del TUE en combinación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,

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Vistos los intercambios de puntos de vista mantenidos en su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior con el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, el 22 de marzo, el 31 de agosto y el 6 de noviembre de 2017,

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Vistos los intercambios de puntos de vista celebrados en el Consejo de Asuntos Generales los días 16 de mayo y 25 de septiembre de 2017 sobre el Estado de Derecho en Polonia,

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Vistos el dictamen de 14 de octubre de 2016 de la Comisión de Venecia sobre la Ley relativa al Tribunal Constitucional y la declaración de 24 de enero de 2017 del presidente de la Comisión de Venecia, que expresó su profunda inquietud ante el empeoramiento de la situación en Polonia,

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Vista la supresión el 18 de mayo de 2017 del sitio web del Tribunal Constitucional y de su base de datos jurídicos de las tres sentencias relativas a los asuntos siguientes: de 9 de marzo de 2016, K 47/15, (por la que se declaran inconstitucionales las modificaciones de la Ley relativa al Tribunal Constitucional adoptadas por el Parlamento polaco), de 11 de agosto de 2016, K 39/16, (por la que se impugna la legalidad de las disposiciones principales de la segunda Ley de modificación del funcionamiento del Tribunal Constitucional), y de 7 de noviembre de 2016, K 44/16, (sobre la legalidad del nombramiento del presidente y el vicepresidente del Tribunal Constitucional),

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Vista la aprobación en junio y julio de 2017 por el Parlamento polaco de cuatro leyes de reforma del poder judicial, a saber: la Ley que modifica la Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura y la Fiscalía, la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios y algunas otras leyes (en lo sucesivo, «Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura»); la Ley que modifica la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y algunas otras leyes (en lo sucesivo, «Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial»); la Ley que modifica la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios (en lo sucesivo, «Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios»); y la Ley sobre el Tribunal Supremo, que suscitaron profunda inquietud acerca de la conculcación de la separación de poderes y el final de la independencia del poder judicial,

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Vista la carta del presidente del Parlamento Europeo, de 18 de julio de 2017, en la que se expresa la inquietud de la gran mayoría de los líderes de los grupos políticos del Parlamento en relación con las leyes aprobadas para la reforma del poder judicial,

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Vista la decisión, de 27 de julio de 2017, del presidente polaco de vetar dos leyes controvertidas aprobadas ese mismo mes por el Parlamento polaco y que amenazaban gravemente la independencia judicial en Polonia,

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Vistas las dos propuestas del presidente polaco relativas al Consejo Nacional del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, que suscitan inquietud en cuanto a su conformidad con la Constitución polaca y que no abordan los problemas relativos a la separación de poderes o la independencia del poder judicial;

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Vista la decisión del Tribunal Constitucional polaco, de 24 de octubre de 2017, que declara inconstitucionales las normas relativas a la elección de los presidentes del Tribunal Supremo y de la Asamblea General de Jueces del Tribunal Supremo,

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Vista la resolución provisional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de julio de 2017, en el asunto C-441/17 relativa a la suspensión inmediata de la tala a gran escala en el bosque de Bialowieza, no ejecutada por el Gobierno polaco, y los temores de que la continuación de la tala cause «daños graves e irreversibles» al bosque mientras el tribunal se ocupa del asunto,

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Vistas las resoluciones provisionales de 8 de junio de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con miras al cese de las devoluciones sumarias a Bielorrusia; vistas las propuestas de enero de 2017 formuladas con miras a la modificación de la Ley de extranjería por el ministro del Interior polaco, que suscitan inquietud acerca de su compatibilidad con el Derecho europeo e internacional,

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Vista la Ley sobre reuniones públicas, modificada en diciembre de 2016, que autoriza unas restricciones excesivas del derecho de reunión, como la prioridad concedida a las llamadas «reuniones periódicas / cíclicas» dedicadas a acontecimientos patrióticos, religiosos e históricos y la posibilidad de que las autoridades prohíban las contramanifestaciones,

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Vista la Ley sobre el instituto nacional para la libertad — centro para el desarrollo de la sociedad civil, de 15 de septiembre de 2017, que sitúa el acceso a financiación pública para las organizaciones de la sociedad civil, incluida la procedente de fondos de la Unión, bajo el control del Gobierno, lo que suscita inquietud en cuanto a la adecuación de la financiación de ONG, entre otras, de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer,

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Vistos los informes de ONG internacionales sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Polonia, en particular el informe de Amnistía Internacional, de 19 de octubre de 2017, titulado «Poland: On the streets to defend human rights» (Polonia: En la calle en defensa de los derechos humanos) y el de Human Rights Watch, de 24 de octubre de 2017, titulado «Eroding Checks and Balances — Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland» (Erosión de contrapoderes y equilibrios — El Estado de Derecho y los derechos humanos atacados en Polonia),

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Vistos los dictámenes de la OSCE/OIDDH, de 5 de mayo de 2017, sobre los proyectos de enmienda a la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y algunas otras leyes de Polonia; de 22 de agosto de 2017, sobre el proyecto de ley de Polonia relativo al Instituto Nacional de la Libertad — Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil; de 30 de agosto de 2017, sobre determinadas disposiciones del proyecto de Ley sobre el Tribunal Supremo de Polonia, que señala que las disposiciones previstas eran intrínsecamente incompatibles con las normas internacionales y los compromisos de la OSCE,

—

Vistas las observaciones finales del séptimo informe periódico sobre Polonia, aprobado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2016, que instaba a Polonia a tomar medidas para proteger la independencia del Tribunal Constitucional y el poder judicial y a definir con más precisión el delito de terrorismo, a fin de establecer salvaguardas contra posibles abusos,

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Vistas la intervención de Canadá del 9 de mayo de 2017 ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el contexto del examen periódico universal de Polonia y la carta de 23 de octubre de 2017 remitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Polonia,

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Vistas las observaciones preliminares de la visita oficial a Polonia realizada el 27 de octubre de 2017 por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, en la que se expresaba una inquietud particular ante la situación de la independencia del poder judicial en Polonia,

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Vista la Resolución 2188(2017), de 11 de octubre de 2017, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre nuevas amenazas al Estado de Derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa: ejemplos selectos,

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Vistas las reiteradas protestas masivas en oposición a las políticas y la legislación establecidas por el Gobierno, en particular la «Protesta Negra» de octubre de 2016, que evitó la modificación de la vigente ley del aborto, la «Marcha por la Libertad» del 6 de mayo de 2017, y las protestas de julio de 2017 a raíz de la adopción de leyes de reforma del poder judicial,

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Vista la ley de junio de 2017 que limita el acceso de mujeres y niñas a la píldora anticonceptiva de emergencia; vista la Nota descriptiva de junio de 2017 de la OMS, en la que se indica que se considera segura la píldora anticonceptiva de emergencia y se recomienda que esté disponible como parte de la necesaria atención en el ámbito de la salud reproductiva; vista la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de enero de 2015, por la que se modifica la autorización de comercialización del medicamento para uso humano «ellaOne — acetato de ulipristal» concedida por la Decisión C(2009)4049,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres; que el pueblo polaco aprobó la adhesión a estos valores mediante un referéndum celebrado en 2003;

B.

Considerando que el artículo 9 de la Constitución polaca establece que la República de Polonia debe respetar el Derecho internacional vinculante;

C.

Considerando que la Unión opera sobre la base de la presunción de la confianza mutua, es decir, que los Estados miembros actuarán en consonancia con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el CEDH y en la Carta de los Derechos Fundamentales;

D.

Considerando que el Estado de Derecho es uno de los valores comunes sobre los que se fundamenta la Unión, y que la Comisión, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, es responsable en virtud de los Tratados de velar por el respeto del Estado de Derecho como uno de los valores fundamentales de la Unión, así como de garantizar que se respetan la legislación, los valores y los principios de la Unión;

E.

Considerando que estos principios incluyen: la legalidad, que implica un procedimiento legislativo transparente, responsable, democrático y pluralista; la seguridad jurídica; la prohibición de actuaciones arbitrarias de los poderes ejecutivos; unos tribunales independientes e imparciales; un control judicial efectivo (incluido el pleno respeto de los derechos fundamentales); así como la igualdad ante la ley;

F.

Considerando que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH consagran la independencia del poder judicial, y que esta constituye un requisito esencial del principio democrático de separación de poderes, que tiene también su reflejo en el artículo 10 de la Constitución polaca;

G.

Considerando que es necesario proteger la libertad de asociación; que una sociedad civil dinámica y unos medios de comunicación pluralistas desempeñan un papel crucial en el fomento de una sociedad abierta y plural, la participación de los ciudadanos en el proceso democrático y el fortalecimiento de la rendición de cuentas de los Gobiernos; que las ONG deben gozar de una financiación adecuada;

H.

Considerando que la negativa del Gobierno polaco a aplicar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la tala del bosque de Bialowieza y su negativa a respetar las resoluciones provisionales del TEDH sobre las devoluciones a Bielorrusia son signos manifiestos de que Polonia no respeta los Tratados de la Unión;

I.

Considerando que docenas de manifestantes se han enfrentado a procesos con arreglo al Código de delitos menores y, en algunos casos, al Código Penal; que más de 300 personas habrían sido citadas por la policía en relación con su participación en las protestas de octubre de 2017;

J.

Considerando que, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales, el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la dignidad, la libertad frente a tratos inhumanos y degradantes, el derecho al acceso a la atención sanitaria, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación, tal como refleja también la Constitución polaca;

K.

Considerando que la denegación de acceso a servicios en el ámbito de los derechos y la atención sanitaria sexual y reproductiva, en particular el aborto seguro y legal, representa una violación de los derechos fundamentales de la mujer; que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido a Polonia que se abstenga de adoptar reformas legislativas que supongan un retroceso con respecto a una legislación ya restrictiva en materia de acceso de las mujeres al aborto seguro y legal; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia en contra de Polonia en varios casos por la interpretación restrictiva dada por Polonia a este derecho;

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Sudán, en particular las de los días 13 de junio de 2012 (1), 10 de octubre de 2013 (2), 18 de diciembre de 2014 (3) y 6 de octubre de 2016 (4),

—

Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre las prioridades de la Unión para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017 (5),

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

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Visto el Acuerdo de Cotonú,

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Vista la Ley sobre la prensa y las publicaciones de Sudán, de 2009,

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Vista la Ley sobre la libertad de información de Sudán, de 2015,

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Vista la Declaración de Kampala de la Conferencia panafricana sobre libertad de expresión y acceso a la información, de 26 de marzo de 2017,

—

Vista la Declaración conjunta de la Unión Europea, Noruega, Estados Unidos y Canadá sobre las detenciones políticas y la censura de la prensa en Sudán, de 7 de diciembre de 2016,

—

Vistas las Directrices de la UE relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet,

—

Vista la declaración del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, Aristide Nononsi, a raíz de su misión a Sudán de los días 11 a 21 de mayo de 2017,

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Vista la visita del comisario Stylianides a Sudán de los días 22 y 23 de octubre de 2017,

—

Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), realizada en nombre de la Unión Europea con ocasión del Día Internacional por el fin de la impunidad para los delitos contra los periodistas (2 de noviembre de 2017),

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Visto el Índice mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, de 2017,

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Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, en un artículo publicado por Mohamed Zin al-Abidín el 23 de febrero de 2012 en el periódico Al-Tayar, se criticaba la supuesta corrupción en la familia del presidente sudanés Omar al-Bashir;

B.

Considerando que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad sudanés (NISS, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Mohamed Zin al-Abidín y su redactor jefe, Osman Mirgani;

C.

Considerando que, el 23 de octubre de 2017, un tribunal sudanés condenó a Mohamed Zin al-Abidín a una pena de prisión condicional con un período de libertad vigilada de cinco años, tras haber sido acusado de violar el código de ética periodística;

D.

Considerando que el redactor jefe de Al-Tayar, Osman Mirgani, fue condenado a pagar una multa de 10 000 libras sudanesas o a cumplir una pena de prisión de seis meses por los mismos cargos y fue puesto en libertad tras el pago de la multa por la Unión de Periodistas de Sudán;

E.

Considerando que el abogado que representa tanto a Mohamed Zin al-Abidín como a Osman Mirgani ha manifestado su intención de recurrir la sentencia dictada contra ellos;

F.

Considerando que se han recibido noticias de que el NISS interroga y detiene a periodistas, y ha incoado varios procesos judiciales contra periodistas sudaneses y ha confiscado arbitrariamente tiradas enteras de periódicos como Al-Tayar, Al-Jareeda Al-Watan, Al-Youm Al-Tali, Al-Ayam y Akhir Lahza, que contenían artículos críticos con el Gobierno;

G.

Considerando que, en 2016, se dieron al menos 44 casos de publicaciones confiscadas que afectaron a 12 periódicos, incluidas cinco tiradas de Al-Jareeda en una sola semana; que, el 14 de agosto de 2016, el Consejo Nacional de Prensa y Publicaciones suspendió indefinidamente la publicación de los periódicos Elaf, Al-Mustagilla, Al-Watan y Awal Al-Nahar;

H.

Considerando que la existencia de unos medios de comunicación libres, independientes e imparciales constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática;

I.

Considerando que, el 8 de enero de 2017, Sudán firmó la Declaración sobre la libertad de los medios de comunicación en el mundo árabe, convirtiéndose en su cuarto signatario después de Palestina, Túnez y Jordania; que el ministro de Medios de Comunicación señaló el compromiso del Gobierno de respetar la libertad de prensa en Sudán;

J.

Considerando que Reporteros Sin Fronteras sitúa a Sudán entre los países menos libres, asignándole el puesto 174 de 180 en su Índice mundial de libertad de Prensa de 2017, por el acoso a los medios de comunicación, la censura, la confiscación de tiradas de periódicos, el cierre de medios de comunicación, y los cortes de Internet;

K.

Considerando que el informe del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán señaló en julio de 2017 que la censura, por parte del NISS, del periódico Al-Jareeda contravenía la Constitución nacional provisional de Sudán;

L.

Considerando que Sudán ha firmado, pero no ratificado, la versión revisada de 2005 del Acuerdo de Cotonú;

M.

Considerando que la VP/AR, Federica Mogherini, hizo una declaración el 14 de noviembre de 2017 sobre la visita del presidente sudanés Omar al-Bashir a Uganda, en la que recordó a todas las partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que debían respetar y cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho internacional;

N.

Considerando que en Sudán siguen reprimiéndose los derechos humanos, civiles y políticos;

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Somalia,

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Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre el campo de refugiados de Dadaab (1),

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Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión/ alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre los ataques en Mogadiscio, Somalia, de 15 de octubre de 2017; y la declaración del portavoz de la vicepresidenta /alta representante, de 30 de octubre de 2017, sobre el ataque perpetrado en Somalia,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre Somalia,

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Vista la intervención de la Unión Europea, de 27 de septiembre de 2017, en la 36.a sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre el diálogo interactivo con el experto independiente para Somalia,

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Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2372 (2017), adoptada el 30 de agosto de 2017, y 2383 (2017), adoptada el 7 de noviembre de 2017,

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Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Somalia de 9 de mayo y de 5 de septiembre de 2017;

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Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de octubre de 2017, sobre el atentado terrorista en Mogadiscio,

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Vista la declaración del presidente de la Comisión de la Unión Africana, de 15 de octubre de 2017, sobre el ataque en Mogadiscio,

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Vistas las declaraciones de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) en la que se condenan los ataques terroristas perpetrados los días 14 y 28 de octubre de 2017,

—

Visto el comunicado final de la Conferencia internacional sobre Somalia, celebrada en Londres el 11 de mayo de 2017,

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Visto el comunicado conjunto Unión Europea-Unión Africana sobre la aplicación del Acuerdo de París de 1 de junio de 2017,

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Vista la declaración de la AMISOM, de 8 de noviembre de 2017, en la que anuncia su intención de iniciar una retirada progresiva de tropas de Somalia a partir de diciembre de 2017 con vistas a una retirada total en el horizonte 2020,

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Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú celebrado entre los Estados ACP y la Unión Europea,

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Visto el mandato de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos en lo que se refiere al fomento y la protección de los derechos humanos y de los pueblos en el marco de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

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Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados,

—

Visto el Convenio de la Organización para la Unidad Africana sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo adoptado en 1999,

—

Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el 14 de octubre de 2017 el centro de Mogadiscio fue sacudido por la explosión de un camión bomba de gran potencia que provocó la muerte de al menos 358 personas y 228 heridos, y que otras 56 personas siguen desaparecidas; que este ataque en el centro de Mogadiscio ha sido una de las operaciones terroristas más sangrientas registradas en el mundo en los últimos años; y que el 28 de octubre de 2017 más de 30 personas perdieron la vida con motivo de la detonación de dos bombas delante de un hotel situado en las cercanías del palacio presidencial en Mogadiscio;

B.

Considerando que, si bien ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad de estos cobardes ataques, llevan el distintivo de Al-Shabab, que ahora parece no querer perder apoyo entre la población asociándose a unas pérdidas de vidas civiles tan importante; que los ciudadanos somalíes han denunciado repetidamente la violencia de Al-Shabab; que se han unido en respuesta a los atentados de octubre de 2017; y que millares de personas se han manifestado en Mogadiscio desafiando a Al-Shabab;

C.

Considerando que en los últimos meses se han registrado en Mogadiscio y en todo el país una serie de ataques terroristas mortales, entre los que figuran atentados con coches bomba, tiroteos indiscriminados, y ejecuciones y secuestros selectivos, lo que pone de manifiesto la continua amenaza del extremismo violento a la que se enfrenta el país;

D.

Considerando que, si bien la mayoría de los atentados se han atribuido principalmente a las acciones terroristas de Al-Shabab, es sabido que el Dáesh está presente en el país;

E.

Considerando que el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, tras su ascenso al poder en febrero de 2017, en unas elecciones consideradas como un hito que marcará el retorno progresivo de este devastado país del África Oriental a la estabilidad y la prosperidad, se ha comprometido a expulsar a Al-Shabab de Somalia;

F.

Considerando que, a la vista de la oleada de ataques durante 2017, en particular el horrendo bombardeo del 14 de octubre del mismo año, no es en modo alguno evidente que las fuerzas de seguridad somalíes, a raíz del abandono del país por la AMISOM en 2018, estén suficientemente capacitadas para luchar contra el terrorismo sin ayuda exterior;

G.

Considerando que las fuerzas de la AMISOM han sido acusadas en varias ocasiones de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios indiscriminados y algunos casos de explotación y abusos sexuales; y que el nuevo despliegue de tropas extranjeras en territorio somalí fuera del marco de los mandatos de la Unión Africana y de las Naciones Unidas representa un importante motivo de preocupación habida cuenta de anteriores acusaciones de violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de la AMISOM;

H.

Considerando que, además del extremismo violento, la sequía, los conflictos entre clanes y las expulsiones forzosas se han saldado con el desplazamiento de centenares de miles de personas solamente el año pasado, muchas de ellas hacia centros urbanos controlados por el Gobierno; y que muchas de estas personas viven en asentamientos inseguros, en los que las mujeres y las niñas, en particular, son objeto de abusos y violencia sexual;

I.

Considerando que la amenaza de la hambruna sigue estando presente en Somalia; que aproximadamente 400 000 niños somalíes sufren malnutrición aguda; que 3 millones de personas viven en condiciones de crisis o de emergencia en relación con la seguridad alimentaria; que en Somalia hay, aproximadamente, 1,1 millones de personas internamente desplazadas; y que el número de refugiados somalíes en la región supera los 900 000;

J.

Considerando que 420 000 refugiados somalíes se encuentran en campamentos en Kenia, de los cuales 350 000 en el campamento de Dadaab; y que los Gobiernos de Somalia y Kenia y la ACNUR han acordado facilitar el retorno voluntario de 10 000 refugiados a Somalia a zonas que no están bajo el control de Al-Shabab; que los refugiados se enfrentan a problemas de reintegración y tienen pocas perspectivas de encontrar trabajo; y que muchos de los refugiados de Dadaab son de origen somalí, pero que nunca han vivido fuera del campamento y que, en realidad, son apátridas, lo que significa que no pueden enviarse a Somalia;

K.

Considerando que desde 2016 la Unión ha incrementado de forma progresiva su ayuda humanitaria anual en favor de Somalia, en particular en respuesta a la grave sequía que afecta al país, y que en 2017 ha destinado 120 millones de euros a favor de los socios humanitarios y liberado 100 000 euros en concepto de ayuda de emergencia para contribuir a los esfuerzos para responder rápidamente a las necesidades médicas en Mogadiscio tras el ataque del 14 de octubre de 2017; y que, en un primer momento, la Unión también movilizó dos buques de la operación naval de la Unión «Atalanta», además de realizar vuelos con ayuda de emergencia para entregar suministros médicos de emergencia a hospitales de Mogadiscio;

L.

Considerando que la Unión ha proporcionado 486 millones de euros en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo (2014-2020), centrándose en la aplicación del «Pacto» y, concretamente, en la consolidación del Estado y de la paz, la seguridad alimentaria, la resiliencia y la educación; y que la Unión también se ha comprometido a apoyar a la AMISOM a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África;

M.

Considerando que en diciembre de 2016 el Banco Mundial se comprometió a intensificar la lucha contra la pobreza extrema y anunció que los países desarrollados se habían comprometido a consignar un importe récord de 75 000 millones de dólares en concepto de subvenciones y préstamos en favor de la Asociación Internacional de Desarrollo (AID); y que Somalia, no obstante, no puede beneficiarse de fondos con cargo a la IDA ya que adeuda al banco y al FMI más de 300 millones de dólares estadounidenses, que no son más que una parte de un total de 5 000 millones de dólares de la enorme deuda contraída con acreedores multilaterales y bilaterales;

N.

Considerando que, si bien Al-Shabab continúa matando, deteniendo de forma arbitraria y reclutando a niños, también los recluta el ejército somalí, a pesar de que Somalia ratificó en enero de 2015 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y aprobó en noviembre de 2015 la Declaración sobre Escuelas Seguras, lo que compromete al país a adoptar medidas concretas para proteger a los estudiantes y las instituciones educativas;

O.

Considerando que, en ausencia de un sistema judicial eficaz de carácter civil, el Gobierno somalí depende de los tribunales militares para el enjuiciamiento y la condena de civiles, lo que no garantiza los derechos de los acusados civiles; y que el Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, en sus siglas en inglés), que dispone de amplias competencias en materia de investigación, no tiene en la actualidad un mandato para garantizar el cumplimiento de la ley, lo que resulta en violaciones importantes de las garantías procesales de las personas detenidas por el NISA;

P.

Considerando que, según Transparencia Internacional, Somalia es el país más corrupto en el mundo por décimo año consecutivo; y que que el Gobierno somalí sigue enfrentándose a numerosos retos, como la corrupción y la falta de un apoyo amplio entre la población civil, lo que ha conducido inevitablemente a una falta de confianza en las instituciones del Estado y a un trasvase del apoyo en favor de los grupos islamistas radicales y terroristas;

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Madagascar, en particular, las de 7 de mayo de 2009 (1), 11 de febrero de 2010 (2) y 9 de junio de 2011 (3), y la misión de investigación a Madagascar de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, realizada los días 10 y 11 de julio de 2010,

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Vista la información proporcionada por la OMS el 2 de noviembre de 2017 sobre el reciente brote de peste,

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Vistas las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 22 de agosto de 2017, sobre el cuarto informe periódico de Madagascar,

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Vista la declaración del relator especial de las Naciones Unidas, John H. Knox, de octubre de 2016, sobre la finalización de su misión a Madagascar,

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Vista la cumbre extraordinaria de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) sobre Madagascar, celebrada el 20 de mayo de 2011, y la hoja de ruta propuesta por el equipo de mediación de la SADC tras el levantamiento de las sanciones impuestas a Madagascar por parte de la Unión Europea, la Unión Africana y la SADC,

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Visto el informe del relator especial, de 26 de abril de 2017, sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en relación con su visita a Madagascar,

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Vistos los artículos 8 y 9 del Acuerdo de Cotonú revisado,

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Vista la Constitución de Madagascar,

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Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por Madagascar en 1969 y ratificado en 1971,

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Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

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Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

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Visto el 120.o período de sesiones del Comité de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Ginebra los días 10 y 11 de julio de 2017, en el que se examinó el cuarto informe periódico de Madagascar relativo a su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

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Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, tras un período de cinco años de inestabilidad política durante el cual los donantes suspendieron los programas de ayuda al desarrollo, se celebraron en Madagascar unas elecciones parlamentarias creíbles y democráticas en octubre de 2013, y elecciones presidenciales en diciembre de 2013, que llevaron a la elección de Hery Rajaonarimampianina como presidente; que la situación política sigue siendo inestable, pese a que el restablecimiento de las relaciones con los países donantes ha puesto fin a todas las restricciones a la cooperación con el nuevo Gobierno;