—

Vista su Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea (1),

—

Vistos las Orientaciones del Consejo Europeo (artículo 50), de 29 de abril de 2017, consecutivas a la notificación del Reino Unido en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y el Anexo de la Decisión del Consejo de 22 de mayo de 2017 por el que se establecen las directrices de negociación de un acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión Europea,

—

Vistos los documentos de síntesis de la Comisión, de 12 de junio de 2017, titulados «Essential Principles on Citizens’ Rights» (Principios básicos de los derechos de los ciudadanos) y «Essential Principles on Financial Settlement» (Principios básicos de la liquidación financiera), y de 20 de septiembre de 2017, titulado«»(Principios rectores del diálogo sobre Irlanda/Irlanda del Norte),

—

Vistos los documentos de síntesis del Gobierno del Reino Unido sobre las cuestiones relativas a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, y en particular el documento, de 26 de junio de 2017, titulado «Safeguarding the position of EU citizens living in the UK and UK nationals living in the EU» (Salvaguardar la situación de los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y la de los nacionales del Reino Unido que viven en la UE), y el documento, de 16 de agosto de 2017, titulado «Northern Ireland and Ireland» (Irlanda del Norte e Irlanda),

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que en la actualidad alrededor de 3,2 millones de ciudadanos de los 27 Estados miembros restantes (EU-27) residen en el Reino Unido y 1,2 millones de ciudadanos del Reino Unido residen en la EU-27;

B.

Considerando que los ciudadanos de la Unión que se instalaron en otro Estado miembro lo hicieron sobre la base de los derechos de que disfrutan en virtud del Derecho de la Unión y dando por sentado que seguirían gozando de esos derechos a lo largo de toda su vida;

C.

Considerando que el Parlamento Europeo representa a todos los ciudadanos de la Unión, incluidos los ciudadanos del Reino Unido, y protegerá sus intereses a lo largo de todo el proceso que desembocará en la retirada del Reino Unido de la Unión;

D.

Considerando que, en el Reino Unido y también en algunos otros Estados miembros, varios incidentes administrativos ocurridos recientemente han demostrado que la discriminación contra los ciudadanos de la EU-27 en el Reino Unido y contra los ciudadanos del Reino Unido en la EU-27 ya ha empezado y está influyendo en la vida cotidiana de los ciudadanos afectados, limitando el ejercicio efectivo de sus derechos;

E.

Considerando que con miras a una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión es necesario abordar la cuestión de la posición única y las circunstancias particulares que afronta la isla de Irlanda, preservar el Acuerdo del Viernes Santo, de 10 de abril de 1998, en todas sus partes y evitar un «endurecimiento» de la frontera;

F.

Considerando que los habitantes de Irlanda del Norte que han ejercido o podrían ejercer su derecho a obtener la nacionalidad irlandesa disfrutarán de la ciudadanía de la Unión, y que no se deben levantar obstáculos o barreras que les impidan ejercer plenamente sus derechos de conformidad con los Tratados;

G.

Considerando que tanto la Unión como el Reino Unido deben respetar plenamente las obligaciones financieras resultantes de la totalidad del período de pertenencia del Reino Unido a la Unión;

H.

Considerando que, en el discurso que pronunció en Florencia el 22 de septiembre de 2017, la primera ministra del Reino Unido facilitó algunas aclaraciones sobre los derechos de los ciudadanos, la cuestión relativa a Irlanda e Irlanda del Norte, la liquidación financiera, la necesidad de prever un período transitorio y un panorama de las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido;

1.

2.

3.

4.

5.

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7.

8.

9.

10.

11.

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13.

14.

15.

16.

—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 8 y 10, el artículo 153, apartados 1 y 2, y el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 23 y 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (1),

—

Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (2),

—

Vista la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (3) (Directiva sobre el permiso de maternidad),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 2 de julio de 2008, de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426),

—

Vista su posición, de 2 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (4),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, relativa a una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva sobre el permiso de maternidad (COM(2008)0637),

—

Vista su Posición aprobada en primera lectura el 20 de octubre de 2010 con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y de medidas de apoyo a los trabajadores para conciliar la vida profesional y familiar (5),

—

Vista la Directiva 2013/62/UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que modifica la Directiva 2010/18/UE por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, como consecuencia de la modificación del estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea (6),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Directiva sobre la presencia femenina en los órganos directivos) (COM(2012)0614),

—

Vista su Posición aprobada en primera lectura el 20 de noviembre de 2013 con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (7),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE (8),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (9),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2015, sobre el permiso de maternidad (10),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras domésticas y las cuidadoras en la UE (11),

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE (12),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (13),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional (14),

—

Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo») (15),

—

Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (16),

—

Vista su Recomendación, de 14 de febrero de 2017, destinada al Consejo sobre las prioridades de la Unión para el 61.er período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (17),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (18),

—

Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales (19),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2015, tituladas «Igualdad de oportunidades de ingresos para los hombres y las mujeres: reducir la brecha de género de las pensiones»,

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) adoptado con las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 (20),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia (2014/124/UE) (21),

—

Vista la iniciativa de la Comisión, de diciembre de 2015, titulada «Hoja de ruta: Un nuevo comienzo para afrontar los retos de la conciliación de la vida laboral y la vida privada de las familias trabajadoras», así como las consultas públicas y con las partes interesadas mantenidas al respecto,

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, el primer conjunto de directrices a escala mundial sobre las empresas y los derechos humanos, que fue respaldado inequívocamente por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 16 de junio de 2011, y vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, sobre la responsabilidad social de las empresas (COM(2011)0681), en la que se insta a los Estados miembros de la Unión a adaptar los Principios Rectores de las Naciones Unidas a su contexto nacional,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2017)0250),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores» (COM(2017)0252),

—

Vista la Estrategia del Grupo del Banco Europeo de Inversiones sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres,

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres (2016-2019)» (SWD(2015)0278), y en particular su capítulo 3.1. relativo al aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral y la promoción de la igual independencia económica de mujeres y hombres,

—

Visto el informe de 2017 de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea, y en particular su capítulo 1 sobre el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral y la promoción de la igual independencia económica, y el capítulo 2 sobre la reducción de la disparidad en materia salarial, de ingresos y de pensiones,

—

Vistos los informes de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulados «The gender employment gap: challenges and solutions» (La brecha de género en el empleo: retos y soluciones), de 2016, «Work-life balance: creating solutions for everyone» (Conciliación de la vida privada y la vida profesional: crear soluciones para todos), de 2016, «Social partners and gender equality in Europe» (Interlocutores sociales e igualdad de género en Europa), de 2014, y «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Evolución de la vida laboral en Europa: estudio anual de EurWORK), de 2014 y 2015, así como la sexta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, de 2016,

—

Vistos los siguientes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el Convenio sobre igualdad de remuneración de 1951, el Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial de 1994, el Convenio sobre el trabajo a domicilio de 1996, el Convenio sobre la protección de la maternidad de 2000 y el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011,

—

Vistas las conclusiones convenidas de 24 de marzo de 2017 del 61.er período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, tituladas «El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo»,

—

Visto el informe del Panel de Alto Nivel sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas, de septiembre de 2016, titulado «No dejar a nadie atrás: Un llamado a la acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres»,

—

Vista la Plataforma de Acción de Pekín y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0271/2017),

A.

Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a fomentar la igualdad de género y a garantizar la integración de la dimensión de género en todas sus acciones;

B.

Considerando que el empoderamiento de la mujer es a la vez condición y consecuencia de la igualdad de participación en el mercado laboral y en el proceso de adopción de las decisiones económicas;

C.

Considerando que, en la Unión, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el mercado laboral y en puestos de dirección, con una tasa de empleo general que aún es un 12 % inferior a la de los hombres;

D.

Considerando que el empoderamiento económico de la mujer se ve obstaculizado principalmente por la existencia de normas sociales desfavorables o leyes discriminatorias, la falta de protección jurídica, el hecho de que hombres y mujeres no compartan de un modo equitativo las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, y la falta de acceso a servicios financieros, a servicios digitales y a la propiedad inmobiliaria; que estos obstáculos pueden verse exacerbados por la combinación de varias formas de discriminación (22), como la discriminación por motivos de raza y etnia, religión, discapacidad, salud, identidad de género, orientación sexual o condiciones socioeconómicas;

E.

Considerando que las barreras estructurales que frenan el empoderamiento económico de las mujeres son el resultado de formas múltiples e interrelacionadas de desigualdad, estereotipos y discriminación tanto en la esfera pública como en la privada;

F.

Considerando que el empoderamiento económico de la mujer es a la vez justo y útil, en primer lugar porque es una dimensión esencial de la igualdad de género y, por tanto, una cuestión de derechos humanos fundamentales, y, en segundo lugar, porque el aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral contribuye al desarrollo económico sostenible a todos los niveles de la sociedad; que las empresas que valoran y capacitan a las mujeres para participar plenamente en el mercado laboral y en la toma de decisiones son más prósperas y contribuyen a impulsar la productividad y el crecimiento económico; que, según los datos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), con una mayor igualdad de género se generarían hasta 10,5 millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2050 en la Unión, la tasa de empleo de la Unión podría alcanzar casi el 80 % y el PIB per cápita de la Unión podría aumentar entre un 6,1 % y un 9,6 % e impulsar el crecimiento entre un 15 % y un 45 % en los Estados miembros de aquí a 2050;

G.

Considerando que la Estrategia Europa 2020 establece, entre otros objetivos para la Unión, que el 75 % de hombres y mujeres estén empleados para 2020 y, en particular, que se reduzca la brecha de género en materia de empleo; que serán necesarios esfuerzos coordinados para facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral;

H.

Considerando que, a finales de 2015, la Comisión presentó el Plan de acción en materia de género 2016-2020, en el que los derechos económicos y el empoderamiento de las mujeres constituyen uno de los cuatro «ejes fundamentales» de actuación;

I.

Considerando que «reducir las disparidades entre sexos existentes en las retribuciones, los ingresos y las pensiones, para así combatir la pobreza entre las mujeres», es una de las prioridades establecidas por la Comisión en su documento «Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019»;

J.

Considerando que entre los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) figuran metas relativas al empoderamiento económico de las mujeres;

K.

Considerando que un equilibrio adecuado entre la vida profesional y la vida privada influye positivamente en el progreso hacia un modelo de igualdad entre mujeres y hombres respecto a los ingresos y la prestación de cuidados, así como en la salud, y fomenta un entorno económico integrador, el crecimiento, la competitividad, una participación general en el mercado de trabajo, la igualdad de género, un menor riesgo de pobreza y la solidaridad intergeneracional, y ayuda a abordar los desafíos que plantea el envejecimiento de la sociedad;

L.

Considerando que los resultados de Eurostat revelan que, en la Unión, el 31,5 % de las trabajadoras trabaja a tiempo parcial frente al 8,2 % de los trabajadores, y que poco más del 50 % de las mujeres trabaja a tiempo completo frente al 71,2 % de los hombres, lo que representa una disparidad en la tasa de empleo a tiempo completo del 25,5 %; que el cuidado de familiares es el motivo de inactividad para casi el 20 % de las mujeres económicamente inactivas, mientras que solo lo es para menos del 2 % de los hombres que no ejercen una actividad económica; que, debido a la prestación de cuidados y las dificultades que se desprenden de conciliar el trabajo con la vida privada, las mujeres trabajan a tiempo parcial o dejan de ejercer una actividad económica en mayor medida que los hombres, con las consecuencias negativas que ello conlleva para su salario y sus pensiones;

M.

Considerando que la mayoría de las personas que reciben cuidados suelen ser niños, familiares de edad avanzada o familiares con discapacidad de cuidadores no remunerados;

N.

Considerando que las mujeres realizan al menos 2,5 veces más tareas domésticas y de cuidados no remuneradas que los hombres;

O.

Considerando que la maternidad no se puede contemplar como un obstáculo al desarrollo profesional de las mujeres y, por tanto, a su emancipación;

P.

Considerando que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos en relación con la parentalidad (salvo por lo que respecta a la recuperación del parto) y que la crianza de los hijos debe ser compartida, por lo que no puede ser asignada exclusivamente a las madres;

Q.

Considerando que en 2015 la tasa media de empleo de las mujeres con un hijo menor de seis años era casi un 9 % inferior a la de las mujeres sin hijos pequeños y que, en algunos Estados miembros, esta diferencia superaba el 30 %;

R.

Considerando que la maternidad y la parentalidad representan un motivo inaceptable de discriminación de la mujer en relación con el acceso al mercado laboral y la permanencia en el mismo;

S.

Considerando que es necesario establecer un sistema público que permita cartografiar la situación salarial, recopilando los datos necesarios a tal efecto, a fin de eliminar la brecha salarial de género ejerciendo presión sobre los sectores público y privado para que evalúen sus estructuras de remuneración y corrijan las diferencias de género detectadas, y que ofrezca la posibilidad de crear una «cultura de sensibilización» que impida aceptar socialmente las brechas salariales de género de un sector o en una empresa;

T.

Considerando que se ha comprobado que las cuotas mejoran los resultados de las empresas privadas e impulsan el crecimiento económico, además de permitir una utilización más adecuada de la reserva de talento de la mano de obra;

U.

Considerando que la igualdad de género y la diversidad en la representación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas constituyen un principio democrático fundamental con efectos económicos positivos, como la toma de decisiones estratégicas favorables a la inclusión y la reducción de la brecha salarial de género;

V.

Considerando que los estudios de la OCDE han mostrado que las empresas con más mujeres en sus consejos de administración tienen una mayor rentabilidad en comparación con aquellas cuyos consejos de administración están formados únicamente por hombres;

W.

Considerando que los sectores en los que la presencia o los roles femeninos son predominantes suelen caracterizarse por sueldos inferiores a los que se dan en sectores o para funciones comparables predominantemente masculinos, y que este es uno de los factores de las disparidades de género en la remuneración y las pensiones, que actualmente se sitúan en el 16 % y el 40 %, respectivamente;

X.

Considerando que la OIT ha definido un marco que permite evaluar los puestos de trabajo a partir de cuatro factores —las cualificaciones, el esfuerzo, la responsabilidad y las condiciones de trabajo— y ponderarlos en función de su importancia para la empresa u organización de que se trate;

Y.

Considerando que los agentes sociales pueden reforzar el empoderamiento económico de las mujeres mediante la negociación colectiva, promoviendo la igualdad de retribución entre mujeres y hombres, invirtiendo en el equilibrio entre vida privada y vida laboral, fomentando entre las mujeres el desarrollo de la carrera profesional en las empresas y ofreciendo información y formación sobre los derechos de los trabajadores;

Z.

Considerando que hay pruebas de que la desigualdad salarial es menor allí donde la negociación colectiva está firmemente implantada (23);

AA.

Considerando que, según Eurostat, el 24,4 % de las mujeres de la Unión se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, mientras que las madres solteras, las mujeres mayores de 55 años y las mujeres con discapacidad corren un riesgo especial de desempleo e inactividad en el mercado laboral;

AB.

Considerando que la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) es una condición previa para el empoderamiento de las mujeres y, por lo tanto, para la igualdad de género; que la violencia de género es una forma de discriminación inaceptable y una vulneración de los derechos fundamentales, que no solo afecta a la salud y al bienestar de las mujeres, sino también a su acceso al empleo y a su independencia económica; que la violencia contra las mujeres es uno de los principales impedimentos para instaurar la igualdad de género, mientras que la educación puede reducir el riesgo de violencia de género; que el subsiguiente empoderamiento social y económico puede ayudar a las mujeres a dejar atrás situaciones de violencia; que la violencia y el acoso en el trabajo, incluidos el sexismo y el acoso sexual, tienen graves consecuencias negativas para todos los trabajadores afectados, sus compañeros de trabajo y sus familias, así como para las organizaciones en las que trabajan y para la sociedad en su conjunto, y pueden contribuir a que las mujeres abandonen el mercado laboral;

AC.

Considerando que la violencia económica es una forma de violencia de género que tiene lugar en la vida diaria de las mujeres, que dificulta que las mujeres disfruten de su derecho a la libertad, que reproduce la desigualdad de género y que ignora al papel de las mujeres en la sociedad en general;

AD.

Considerando que muchos estudios han mostrado claramente que los recortes en el sector público han tenido un enorme impacto negativo sobre las mujeres, su empoderamiento económico y la igualdad de género;

AE.

Considerando que la educación, las cualificaciones y la adquisición de competencias son fundamentales para el empoderamiento de las mujeres a nivel social, cultural y económico, y que las oportunidades formativas están reconocidas como un elemento central para combatir desigualdades tales como la escasa representación en puestos de dirección y toma de decisiones o en ámbitos como la ingeniería y la ciencia, por lo que mejoran el empoderamiento económico de las mujeres y niñas;

AF.

Considerando que la digitalización tiene efectos positivos a la hora de definir nuevas oportunidades de empleo e inducir una transición constructiva hacia pautas de trabajo más flexibles, especialmente para que las mujeres accedan o se reincorporen al mercado laboral, y también para equilibrar mejor los cuidados y la vida profesional entre mujeres y hombres;

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Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 7 del TFUE, que reafirma que «la Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos»,

—

Vista la Carta de las Naciones Unidas,

—

Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados ambos en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979,

—

Vista la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, así como el documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (1),

—

Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo,

—

Vista la «Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea — Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte», presentada en junio de 2006 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) (2),

—

Visto el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 2015-2019, adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015 (3),

—

Vistas las hojas de ruta por países de la Unión para la relación con la sociedad civil,

—

Vistos el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Cotonú»), y sus revisiones de 2005 y 2010,

—

Visto el Código de buenas prácticas para la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones adoptado por la Conferencia de OING el 1 de octubre de 2009,

—

Vista la declaración de Berlín a raíz de la reunión anual del grupo de base de la Plataforma de la sociedad civil para la consolidación de la paz y el refuerzo del Estado que se celebró del 6 al 9 de julio de 2016,

—

Vistos el Reglamento (UE) n.o 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020 (4) y el Reglamento (UE) n.o 230/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la paz (5),

—

Vistos el Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.o Fondo Europeo de Desarrollo (6), y la Declaración I del Acuerdo de Cotonú («Declaración común sobre los participantes en la cooperación»),

—

Visto el artículo 187, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 , sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (7) («el Reglamento Financiero»),

—

Visto el programa indicativo plurianual (PIP) 2014-2020 del ICD para las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales (8),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2012, titulada «Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores» (COM(2012)0492),

—

Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 27 de junio de 2016, sobre el espacio de la sociedad civil (9),

—

Visto el Informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, y la política de la UE para 2015,

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países (10),

—

Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2016, sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020 (11),

—

Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre derechos humanos, incluidas las Directrices de la Unión Europea sobre el apoyo a los defensores de los derechos humanos, así como las Directrices de la Unión sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, aprobadas por el Consejo el 24 de junio de 2013,

—

Vistas las orientaciones del Parlamento Europeo en materia de promoción de los derechos humanos y la democracia en sus visitas a terceros países, destinadas a las delegaciones interparlamentarias (12),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 9 de octubre de 2013, titulado «Capacitación de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo»,

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 24 de febrero de 2015, titulado «Una vida digna para todos: de la visión a la acción colectiva»,

—

Vistos el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de 11 de abril de 2016, relativo a las recomendaciones prácticas para la creación y el mantenimiento de un entorno seguro y propicio para la sociedad civil tomando como base las buenas prácticas y las lecciones aprendidas (13) y los informes del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,

—

Visto el Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial (14),

—

Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo (15),

—

Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo (16),

—

Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de la UE de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (17),

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos,

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030 (18),

—

Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre las entidades locales y la sociedad civil: el compromiso de Europa en aras del desarrollo sostenible (19),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0283/2017),

A.

Considerando que el artículo 21 del TUE establece que la acción de la Unión en la escena internacional, que incluye la cooperación al desarrollo, se basará en los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

B.

Considerando que la sociedad civil representa el tercer sector de una sociedad sana y digna, junto con el sector público y el privado; que la sociedad civil incluye a las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que participan en la vida pública y que expresan los intereses y los valores de sus miembros o de otras partes, sobre la base de consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas;

C.

Considerando que la sociedad civil desempeña un papel esencial en la construcción y el fortalecimiento de la democracia, la supervisión del poder estatal y el fomento de la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas; que la presencia de las organizaciones de la sociedad civil como fuerzas vivas de la sociedad es fundamental, ya que ofrecen el contrapeso necesario a los poderes establecidos, actuando como intermediarias y mediadoras entre el pueblo y el Estado, y en calidad de guardianas de la democracia; que numerosos grupos de la sociedad civil han intentado participar en los procesos de reforma constitucional para proteger los principios y las instituciones de carácter democrático;

D.

Considerando que las organizaciones de la sociedad civil cubren un amplio espectro de derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, la educación y la igualdad de género, y llevan a cabo actividades en el ámbito social y medioambiental; que la sociedad civil está compuesta por un amplio abanico de grupos y objetivos, incluidas no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino también organizaciones no gubernamentales, grupos de defensa de los derechos humanos y comunitarios, diásporas, iglesias y asociaciones y comunidades religiosas, que salvaguardan los intereses de personas con discapacidad, movimientos sociales y sindicatos, pueblos indígenas y fundaciones y la representación de las personas vulnerables, discriminadas y marginadas;

E.

Considerando que el Acuerdo de Cotonú reconoce que la sociedad civil es un actor fundamental en la cooperación entre la Unión y los países ACP; que la expiración del Acuerdo en 2020 brinda la oportunidad de revisar la asociación y seguir aumentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil;

F.

Considerando que las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en importantes actores de la ayuda al desarrollo mundial, en particular en lo que se refiere a la prestación de servicios sociales básicos, la sensibilización pública, la promoción de la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y unas sociedades pacíficas e integradoras, el fomento de la capacidad de recuperación de las personas, familias y comunidades locales, la lucha contra el extremismo violento, así como la respuesta a las crisis humanitarias;

G.

Considerando que, tal como reconocen las organizaciones internacionales en sus protocolos y prácticas, las iglesias, las comunidades y las asociaciones religiosas, junto con otras organizaciones basadas en una determinada religión o creencia, son desde hace tiempo agentes de primera línea en cuanto a la prestación de ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria;

H.

Considerando que el programa indicativo plurianual 2014-2020 del ICD para el programa temático «Las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales» incluye la promoción de un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales como elemento transversal; que el programa pretende reforzar la voz y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de desarrollo de los países socios y progresar en el diálogo político, social y económico;

I.

Considerando que la Unión es el principal donante a las organizaciones locales de la sociedad civil de los países en desarrollo y ha asumido una posición de liderazgo en la protección de los representantes de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos mediante el uso y la aplicación de una serie de instrumentos y políticas, en particular el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), el programa temático del ICD para las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, la Dotación Europea para la Democracia, las hojas de ruta de la sociedad civil aplicadas en 105 países y los documentos de estrategia nacional;

J.

Considerando que en la pasada década se ha producido en todo el mundo una expansión de la sociedad civil en términos de tamaño, alcance, composición e influencia; que, de forma simultánea, las restricciones impuestas a los representantes y las actividades de la sociedad civil han adquirido un carácter cada vez más represivo y autoritario en un creciente número de países del mundo, tanto en desarrollo como desarrollados;

K.

Considerando que, además, la agenda fijada por los donantes internacionales podrían no dar prioridad en algunos casos a las necesidades reales de los representantes de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno;

L.

Considerando que en el informe sobre el estado de la sociedad civil de 2016 se consideraba que 2015 había sido un año nefasto para la sociedad civil, ya que los derechos cívicos se habían visto seriamente amenazados en más de una centena de países; que en este informe se hace una referencia particular a las regiones del África Subsahariana y de Oriente Próximo y África del Norte (MENA), ya que se enfrentan más a menudo a situaciones de tensión política, conflicto y fragilidad;

M.

Considerando que un número cada vez mayor de gobiernos está reprimiendo en términos jurídicos o administrativos a las organizaciones de la sociedad civil, llegando incluso a imponer leyes restrictivas, límites a la financiación, procedimientos de despido estrictos e impuestos punitivos;

N.

Considerando que en los últimos años se ha producido en los países en desarrollo un aumento preocupante del número de informaciones sobre casos de activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, abogados, intelectuales, periodistas y líderes religiosos que están siendo objeto de persecución, acoso, arresto o detención arbitrarios y estigmatizados como «agentes extranjeros», así como del número de víctimas de abusos y violencia; que en algunos países esto se está produciendo con total impunidad, y en ocasiones con el apoyo o la aquiescencia de las autoridades;

O.

Considerando que los derechos humanos son universales e inalienables, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados; que la capacidad de actuación de la sociedad civil depende del ejercicio de libertades fundamentales, en particular el derecho a la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión, pensamiento, conciencia, religión o creencia, así como del libre acceso a la información;

P.

Considerando que el debilitamiento de la sociedad civil, la reducción del espacio político y cívico, el aumento de la corrupción, las desigualdades sociales y de género y el bajo nivel de desarrollo humano y socioeconómico, así como la fragilidad y los conflictos, son fenómenos que están interrelacionados;

Q.

Considerando que cualquier respuesta creíble y efectiva de la Unión a la reducción del espacio cívico requiere evaluar y comprender de forma precisa y oportuna las amenazas y factores que ocasionan las restricciones; que cualquier respuesta de este tipo requiere un enfoque coordinado entre desarrollo y cooperación política con vistas a garantizar la coherencia entre todos los instrumentos externos e internos de la Unión mediante el envío de un mensaje común sobre la importancia del libre funcionamiento de la sociedad civil y la cooperación a escala local, regional e internacional;

R.

Considerando que la Agenda 2030 y, en particular, los ODS n.o 16 y 17 prevén la cooperación reforzada con la sociedad civil como principal socio y facilitador en lo que se refiere a la promoción, la aplicación, el seguimiento y la revisión de los ODS;

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Vistos los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vistos los artículos 16, 67, 70, 72, 73, 75, 82, 83, 84, 85, 87 y 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 1, 7, 8, 11, 16, 17, 21, 24, 41, 47, 48, 49, 50 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»),

—

Vista la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,

—

Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, de 25 de mayo de 2000,

—

Vistos la Declaración y la Agenda para la Acción de Estocolmo, aprobada en el Primer Congreso Mundial contra el Comercio y la Explotación Sexual Infantil, el compromiso global de Yokohama, aprobado en el Segundo Congreso Mundial contra el Comercio y la Explotación Sexual Infantil, y el compromiso y el Plan de acción de Budapest, aprobados en la Conferencia preparatoria para el Segundo Congreso Mundial contra el Comercio y la Explotación Sexual Infantil,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa, de 25 de octubre de 2007, sobre la protección de la infancia contra la explotación y el abuso sexual,

—

Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, sobre la protección de los niños en el mundo digital (1),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la lucha contra los abusos sexuales de menores en línea (2),

—

Vista la Decisión marco del Consejo 2001/413/JAI, de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo (3),

—

Visto el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (4), de 23 de noviembre de 2001, y su Protocolo adicional,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (5),

—

Vista la Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (6),

—

Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (7),

—

Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (8),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 7 de febrero de 2013, titulada «Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: un ciberespacio abierto, protegido y seguro» (JOIN(2013)0001),

—

Vista la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo (9),

—

Vista la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (10) (la Directiva OEI),

—

Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 8 de abril de 2014 (11), que invalidó la Directiva de conservación de datos,

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Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre una Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: «Un ciberespacio abierto, protegido y seguro» (12),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de abril de 2015, titulada «Agenda Europea de Seguridad» (COM(2015)0185) y los sucesivos informes de seguimiento y situación relativos a una Unión de la Seguridad genuina y efectiva,

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Visto el informe de la conferencia sobre jurisdicción en el ciberespacio, celebrada los días 7 y 8 de marzo de 2016 en Ámsterdam,

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (13),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (14),

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de miércoles, 11 de mayo de 2016, por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) (15),

—

Vista la Decisión de la Comisión, de 5 de julio de 2016, sobre la firma de un acuerdo contractual relativo a una asociación público-privada para investigación e innovación industrial sobre ciberseguridad entre la Unión Europea, representada por la Comisión, y la organización de partes interesadas (C(2016)4400),

—

Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, de 6 de abril de 2016, de la Comisión y de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, titulada «La lucha contra las amenazas híbridas — Una respuesta de la Unión Europea» (JOIN(2016)0018),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños» (COM(2012)0196) y el informe de la Comisión de 6 de junio de 2016 titulado «Evaluación final del programa plurianual de la UE sobre la protección de los niños en el uso de Internet y otras tecnologías de la comunicación (una Internet más segura)» (COM(2016)0364),

—

Vista la declaración conjunta de Europol y la ENISA, de 20 de mayo de 2016, sobre una investigación penal legal que respete la protección de datos del siglo XXI,

—

Vistas las conclusiones del Consejo de 9 de junio de 2016 sobre la Red judicial europea sobre ciberdelincuencia,

—

Vista la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (16),

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Visto el Documento de opinión de la ENISA, de diciembre de 2016, titulado «Opinion Paper on Encryption — Strong Encryption Safeguards our Digital Identity (Cifrado: unas sólidas salvaguardias de cifrado protegen nuestra identidad digital)»,

—

Visto el informe final del Grupo T-CY sobre pruebas en la nube (Cloud Evidence Group) del Consejo de Europa titulado «Criminal justice access to electronic evidence in the cloud: Recommendations for consideration by the T-CY» (Acceso de la justicia penal a pruebas electrónicas en la nube: recomendaciones para su examen por el T-CY), de 16 de septiembre de 2016,

—

Vista la labor de la Fuerza Conjunta de Acción contra la Ciberdelincuencia (J-CAT),

—

Vistas las evaluaciones de Europol de la amenaza de la delincuencia grave y organizada (SOCTA UE), de 28 de febrero de 2017, y de la amenaza de la delincuencia organizada facilitada por internet (iOCTA), de 28 de septiembre de 2016,

—

Vista la sentencia del TJUE en el asunto C203/15 (sentencia Tele2), de 21 de diciembre de 2016 (17),

—

Vista la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (18),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0272/2017),

A.

Considerando que la ciberdelincuencia está provocando daños sociales y económicos cada vez más graves, que afectan a los derechos fundamentales de las personas, plantean amenazas contra el Estado de Derecho en el ciberespacio y ponen en peligro la estabilidad de las sociedades democráticas;

B.

Considerando que la ciberdelincuencia es un problema cada vez más importante en los Estados miembros;

C.

Considerando que la evaluación iOCTA de 2016 pone de manifiesto que la ciberdelincuencia está aumentando en intensidad, complejidad y magnitud, que se está extendiendo a otros ámbitos delictivos—como la trata de seres humanos—, que los ciberdelitos denunciados superan en número a los delitos convencionales en algunos países de la Unión, que el uso de los instrumentos de cifrado y anonimización con motivos delictivos va en aumento, y que los ataques con programas de secuestro de archivos para pedir rescate superan en número a las amenazas que plantean los programas malintencionados como los troyanos;

D.

Considerando que en 2016 los ataques a los servidores la Comisión aumentaron un 20 % respecto de 2015;

E.

Considerando que la vulnerabilidad de los ordenadores a los ataques tiene su origen en la manera sin igual en que ha evolucionado la tecnología de la información en los últimos años, en la velocidad del crecimiento del negocio en línea y en la ausencia de una actuación pública;

F.

Considerando que existe un mercado negro en constante expansión de extorsión informatizada, bienes digitales robados, «hackeo» y alquiler de redes de robots informáticos;

G.

Considerando que los ciberataques se siguen centrando en los programas maliciosos, como los troyanos bancarios, si bien aumenta el número y el impacto de los ataques a sistemas de control industrial o redes con el fin de destruir estructuras económicas y desestabilizar sociedades —como en el caso reciente del ataque de pirateo informático «WannaCry»—, lo que supone una amenaza cada vez mayor para la seguridad, la defensa y otros sectores importantes; que la mayoría de las solicitudes internacionales de datos a efectos de aplicación de la ley están relacionadas con casos de fraude y delitos financieros, seguidos por los delitos violentos y graves;

H.

Considerando que la cada vez mayor interconexión de personas, lugares y objetos —si bien aporta múltiples beneficios— aumenta el riesgo de ciberdelincuencia; que los aparatos conectados a la internet de las cosas —como las redes inteligentes, los frigoríficos conectados, los vehículos y los instrumentos o aparatos médicos— a menudo no están tan bien protegidos como los dispositivos tradicionales conectados a internet, y que, por tanto, constituyen un objetivo ideal para los ciberdelincuentes, en especial dado que el régimen para las actualizaciones de seguridad de los dispositivos conectados a menudo está fragmentado o resulta inexistente; que los aparatos del internet de las cosas objeto de pirateo informático que controlan o pueden controlar actuadores físicos pueden suponer una amenaza concreta para la vida de los seres humanos;

I.

Considerando que un marco jurídico eficaz para la protección de datos es crucial para la confianza en el mundo en línea, y que permitirá a los consumidores y las empresas aprovechar plenamente las ventajas del mercado único digital, así como combatir la ciberdelincuencia;

J.

Considerando que las empresas no pueden hacer frente por sí solas al desafío que supone conseguir que el mundo conectado sea más seguro, y que los gobiernos deben contribuir a la ciberseguridad mediante la reglamentación y la oferta de incentivos que impulsen un comportamiento más seguro por parte de los usuarios;

K.

Considerando que los límites entre la ciberdelincuencia, el ciberespionaje, la guerra cibernética y el ciberterrorismo cada vez son más borrosos; considerando que los ciberdelitos pueden afectar a individuos y entidades públicas o privadas y adoptan multitud de formas, como violaciones de la privacidad, abuso sexual de menores en línea, incitación pública a la violencia y al odio, sabotaje, espionaje, delitos financieros y fraude —como el fraude en los pagos—, robo y robo de identidad, así como interferencia ilegal en sistemas de información;

L.

Considerando que el Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial cita los incidentes masivos de fraude y robo de datos como uno de los cinco riesgos principales en términos de probabilidad a escala mundial;

M.

Considerando que un número considerable de ciberdelitos quedan sin investigar e impunes; considerando el escaso porcentaje de casos que se denuncian, la tardanza en materia de detección —que permite que los ciberdelincuentes desarrollen múltiples vías de entrada y salida o puertas traseras—, el difícil acceso a las pruebas electrónicas, los problemas relativos a la obtención y la admisibilidad de estas ante los tribunales, así como los complejos procedimientos y los problemas judiciales relacionados con el carácter transfronterizo de los ciberdelitos;

N.

Considerando que el Consejo, en sus conclusiones de junio de 2016, destacó que, debido a la naturaleza transfronteriza de la ciberdelincuencia y a las amenazas comunes de ciberseguridad, es fundamental mejorar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales y los expertos en el ámbito de la ciberdelincuencia para llevar a cabo investigaciones eficaces en el ciberespacio y obtener pruebas electrónicas;

O.

Considerando que la declaración de nulidad de la Directiva de conservación de datos por parte del TJUE en su sentencia de 8 de abril de 2014, así como la prohibición de conservación generalizada, indiferenciada e indiscriminada de datos, tal y como confirmó el fallo del TJUE en su sentencia Tele2 de 21 de diciembre de 2016, imponen estrictas limitaciones al tratamiento masivo de datos de telecomunicaciones, así como al acceso a tales datos por parte de las autoridades competentes;

P.

Considerando que la sentencia Maximillian Schrems del TJUE (19) destaca que la vigilancia masiva vulnera los derechos fundamentales;

Q.

Considerando que la lucha contra la ciberdelincuencia —al igual que la lucha contra cualquier otro tipo de delito— debe respetar las garantías procesales y sustantivas y los derechos fundamentales, en particular los relativos a la protección de datos y a la libertad de expresión;

R.

Considerando que los niños y las niñas utilizan internet cada vez más temprano y son particularmente vulnerables al embaucamiento y otras formas de explotación sexual en línea (ciberacoso, abuso sexual, coacción y extorsión sexual), a la usurpación de datos personales, así como a peligrosas campañas destinadas a promover distintos tipos de autolesiones, como el caso de «ballena azul», por lo que requieren una protección especial; que los ciberdelincuentes pueden detectar y embaucar víctimas más rápidamente gracias a las salas de chat, el correo electrónico, los juegos en línea y las redes sociales, y que las redes ocultas entre iguales (P2P) siguen siendo las plataformas fundamentales que utilizan los agresores sexuales de menores para obtener, comunicar, almacenar y compartir material vinculado con la explotación sexual de menores, así como para rastrear nuevas víctimas pasando desapercibidos;

S.

Considerando que la creciente tendencia a la coacción y extorsión sexuales no ha sido objeto de suficientes estudios ni denuncias, principalmente debido a la naturaleza del delito, que provoca en las víctimas un sentimiento de culpa y vergüenza;

T.

Considerando las actuales denuncias acerca de la creciente amenaza que representa el abuso de menores a distancia retransmitido en directo; que el abuso de menores a distancia retransmitido en directo está obviamente vinculado a la distribución comercial de material de explotación sexual de menores;

U.

Considerando que un reciente estudio elaborado por la Agencia Nacional de Investigaciones Criminales del Reino Unido constató que los jóvenes que participan en actividades de pirateo informático están menos motivados por el dinero y a menudo atacan redes informáticas para impresionar a sus amistades o desafiar al sistema político;

V.

Considerando que hay una mayor concienciación acerca de los riesgos que entraña la ciberdelincuencia, y que, sin embargo, las medidas de precaución que toman los particulares, las instituciones públicas y las empresas siguen siendo inadecuadas en términos generales debido, en particular, a la falta de conocimientos y de recursos;

W.

Considerando que la lucha contra la ciberdelincuencia y las actividades ilegales en línea no debe oscurecer los aspectos positivos de un ciberespacio libre y abierto, que ofrece nuevas posibilidades para compartir conocimientos y promover la inclusión política y social en todo el mundo;

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Vista la fundación de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) el 8 de agosto de 1967,

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Visto el principal marco jurídico de las relaciones UE-ASEAN, esto es, el Acuerdo de Cooperación entre la CEE y la ASEAN, firmado en marzo de 1980 (1),

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Vista la Carta de la ASEAN, firmada en noviembre de 2007, que dota a la ASEAN de personalidad jurídica y de un marco legal e institucional, en particular la creación del Comité de Representantes Permanentes para apoyar y coordinar su labor,

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Visto el Foro Regional de la ASEAN, creado en 1993 para estimular el diálogo y las consultas sobre cuestiones políticas y de seguridad y para contribuir a fomentar la confianza y la diplomacia preventiva en la región Asia-Pacífico,

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Vistos los diferentes marcos de la ASEAN en favor del refuerzo de la confianza regional, a saber: el Foro Regional de la ASEAN, la reunión de ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM-Plus), la cumbre de Asia Oriental, la ASEAN más Tres (la ASEAN más China, Japón y Corea del Sur) y la ASEAN más Seis (la ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda),

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Vistos los acuerdos comerciales en vigor entre la ASEAN y Japón, China, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda,

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Vistas las negociaciones en curso o la conclusión de siete acuerdos de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y ciertos Estados miembros de la ASEAN, concretamente Brunéi, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam,

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Vistas las negociaciones en curso para la celebración de acuerdos de libre comercio (ALC) con Indonesia y Filipinas, las negociaciones para la celebración de ALC con Malasia y Tailandia, que se encuentran actualmente en compás de espera, la celebración esperada de los ALC con Singapur y Vietnam en los meses venideros y las negociaciones para la celebración de un acuerdo de inversión con Myanmar/Birmania,

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Vista la reunión entre la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y los ministros de Hacienda de la ASEAN celebrada en Manila el 10 de marzo de 2017,

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Vista la 9.a reunión de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP9), celebrada en Ulán Bator (Mongolia) los días 21 y 22 de abril de 2016,

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Vista la Declaración de Núremberg sobre una asociación reforzada UE-ASEAN, de marzo de 2007, así como su plan de acción, de noviembre de 2007,

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Visto el Plan de acción de Bandar Seri Begawan para consolidar la asociación reforzada UE-ASEAN (2013-2017), adoptado en el Estado de Brunéi Darusalam el 27 de abril de 2012,

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Vista la comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 18 de mayo de 2015 al Parlamento Europeo y al Consejo, titulada «La UE y la ASEAN: Una asociación con una finalidad estratégica» (JOIN(2015)0022),

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Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión sobre las relaciones UE-ASEAN de 22 de junio de 2015,

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Vista la Declaración de Bangkok sobre la promoción de una asociación global entre la ASEAN y la Unión por los objetivos estratégicos comunes, de 14 de octubre de 2016,

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Vista la adhesión de la Unión Europea al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, que tuvo lugar el 12 de julio de 2012 en Nom Pen (2),

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Vista la 11.a cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM11), celebrada en Ulán Bator (Mongolia) los días 15 y 16 de julio de 2016,

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Vista la Fundación Asia-Europa, creada en febrero de 1997 con el fin de servir de foro para el diálogo no gubernamental,

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Vistos el Programa de Apoyo a la Integración Regional ASEAN-UE (APRIS), el Programa de Apoyo a la Integración Regional de la ASEAN (ARISE) y el Instrumento de Diálogo Regional UE-ASEAN (READI) en apoyo de la armonización de las políticas y las normas en sectores no relacionados con el comercio,

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Visto el Proyecto de Comunidad Económica de la ASEAN, acordado en 2007,

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Vistas la 14.a cumbre de la ASEAN, celebrada en 2009, y la creación de una hoja de ruta para establecer el mercado único de la ASEAN (Comunidad Económica de la ASEAN (AEC)), la Comunidad Política y de Seguridad de la ASEAN (APSC) y la Comunidad Sociocultural de la ASEAN (ASCC),

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Vistas la 28.a y la 29.a cumbres de la ASEAN celebradas en Vientián (Laos) los días 6 y 7 de septiembre de 2016, y la 30.a cumbre de la ASEAN celebrada en Manila (Filipinas) del 26 al 29 de abril de 2017,

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Vista la 24.a reunión del Comité Mixto de Cooperación UE-ASEAN celebrada en Yakarta (Indonesia) el 2 de marzo de 2017,

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Vistos la Visión 2025 de la Comunidad de la ASEAN, adoptada en la 27.a cumbre de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur (Malasia) del 18 al 22 de noviembre de 2015, y el anuncio de la creación, el 31 de diciembre de 2015, de la Comunidad de la ASEAN, con el objetivo de crear un mercado interior de más de 600 millones de personas,

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Vista la 11.a cumbre de Asia Oriental, que celebraron en Vientián (Laos) el 8 de septiembre de 2016 los líderes de 18 países (los Estados miembros de la ASEAN, China, Japón y Corea del Sur (ASEAN+3), India, Australia y Nueva Zelanda (ASEAN+6), y los EE.UU.),

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Vista la primera Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN, de 18 de noviembre de 2012, así como la creación de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN en 2009,

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Visto el Grupo de parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos (APHR), fundado en 2013 con el objetivo de fomentar la democracia y los derechos humanos en todos los Estados de la ASEAN,

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Visto el Instituto de la ASEAN para la Paz y la Reconciliación (AIPR),

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Vistas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que han sido ratificadas por todos los Estados miembros de la ASEAN,

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Vistos los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos: Aplicación del marco de referencia «Proteger, respetar y remediar», adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de junio de 2011,

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Visto el Convenio de la ASEAN contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, firmado por todos los Estados miembros de la ASEAN en noviembre de 2015,

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Vistos los exámenes periódicos universales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los que han participado todos los Estados miembros de la ASEAN,

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Vistas sus recientes resoluciones sobre la ASEAN, en particular su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre el futuro de las relaciones UE-ASEAN (3),

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Vistas sus recientes resoluciones sobre los Estados miembros de la ASEAN, en particular las de 9 de junio de 2016, sobre Vietnam (4), de 17 de diciembre de 2015, sobre el Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam (Resolución) (5), de 17 de diciembre de 2015, sobre el Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam (aprobación) (6), de 8 de junio de 2016, sobre el Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas (aprobación) (7), y de 8 de junio de 2016, sobre el Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas (Resolución) (8),

—

Vistas sus recientes resoluciones de urgencia sobre derechos humanos que hacen referencia a Estados miembros de la ASEAN, en particular las de 14 de septiembre de 2017 sobre Myanmar/Birmania, en particular el caso de los rohinyás (9), de 21 de mayo de 2015 sobre la difícil situación de los refugiados rohinyás, incluidas las fosas comunes en Tailandia (10), de 15 de diciembre de 2016 sobre la situación de la minoría rohinyá en Myanmar/Birmania (11), de 7 de julio de 2016 sobre Myanmar/Birmania, en particular la situación de los rohinyás (12), de 14 de septiembre de 2017 sobre Camboya, en particular el caso de Kem Sokha (13), de 9 de junio de 2016 en Camboya (14), de 26 de noviembre de 2015 sobre la situación política en Camboya (15), de 9 de julio de 2015 sobre los proyectos de ley de Camboya sobre las ONG y los sindicatos (16), de 6 de octubre de 2016 sobre Tailandia, en particular el caso de Andy Hall (17), de 8 de octubre de 2015 sobre la situación en Tailandia (18), de 17 de diciembre de 2015 sobre Malasia (19), de 19 de enero de 2017 sobre Indonesia (20), de 15 de junio de 2017 sobre Indonesia (21), de 15 de septiembre de 2016 (22) y 16 de marzo de 2017 (23) sobre Filipinas, y de 14 de septiembre de 2017 sobre Laos, en particular los casos de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong y Soukane Chaithad (24);

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0243/2017),

A.

Considerando que este año se celebran el 50.o aniversario de la ASEAN, el 60.o aniversario de los Tratados de Roma y el 40.o aniversario de las relaciones formales entre la Unión y la ASEAN;

B.

Considerando que la región de la ASEAN se ha erigido en una de las más dinámicas y de más rápido crecimiento del mundo, en particular en términos económicos, tecnológicos y de investigación, disfruta de una posición geopolítica y geoeconómica estratégica, cuenta con abundantes recursos, aspira a una mayor integración económica, se ha fijado un ambicioso programa en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en educación, y es una firme defensora del multilateralismo; que acabar con las diferencias de desarrollo dentro de la ASEAN será fundamental para seguir buscando la integración y garantizar la seguridad, la estabilidad y la protección de los derechos sociales, económicos y políticos;

C.

Considerando que los procesos de integración de la Unión y la ASEAN son diferentes, ya que surgen de diferentes contextos y tienen diferentes visiones y cometidos; que cada uno de ellos sigue su propia lógica, aunque los dos son comparables, dado que ambas organizaciones basadas en normas han fomentado la coexistencia pacífica, la integración regional y la cooperación y el desarrollo a escala internacional y han tenido como objetivo la generación de confianza entre sus miembros durante décadas; que, como tal, la Unión es un tipo de socio único para la ASEAN;

D.

Considerando que las dos regiones han alcanzado un considerable nivel de interacción y que las relaciones UE-ASEAN tienen un carácter global y abarcan una amplia variedad de sectores, entre ellos, el comercio y la inversión, el desarrollo y los asuntos económicos y políticos; que la ASEAN es el tercer socio comercial de la Unión, y la Unión el segundo socio comercial de la ASEAN, con un comercio bilateral de mercancías por valor de más de 200 000 millones de euros al año, y que la Unión es el primer proveedor de inversiones extranjeras directas en la región de la ASEAN; que la ASEAN representa para las empresas europeas una vía de acceso a una región más amplia; que en el periodo comprendido entre 2014 y 2020 la Unión y sus Estados miembros serán el primer proveedor de ayuda al desarrollo en la región y que la Unión ha prometido más de 3 000 millones de euros para reducir la pobreza y hacer frente a las brechas de desarrollo en los países de la ASEAN con ingresos bajos;

E.

Considerando que la experiencia de la Unión ha servido en el pasado como fuente de inspiración para otros procesos de integración regional;

F.

Considerando que la Unión ha apoyado en todo momento la labor de la ASEAN y, en particular, a su Secretaría, y que, en reconocimiento de la importancia de la ASEAN, nombró a un jefe de Delegación de la Unión específico para la ASEAN, que asumió su cargo en 2015;

G.

Considerando que los procesos de integración se están viendo actualmente cuestionados en ambas regiones, pero que están ofreciendo al mismo tiempo nuevas oportunidades; que la Unión se enfrenta a varias crisis; que la ASEAN, que aspiraba a reafirmar su importancia, ha asistido en 2016 al debilitamiento de sus flujos de comercio intrarregionales y está aquejada de múltiples problemas, como las orientaciones divergentes en materia de política exterior o los efectos colaterales de sus problemas internos relacionados con las amenazas para la democracia y el Estado de Derecho, las relaciones interconfesionales, las minorías étnicas, las desigualdades sociales y las violaciones de los derechos humanos, incluso con implicaciones transfronterizas;

H.

Considerando que la Unión ha resuelto colocar los derechos humanos en el centro de sus relaciones con terceros países;

I.

Considerando que la Unión concedió a Filipinas el estatus de SPG + en diciembre de 2014, siendo así el primer país de la ASEAN que goza de tales preferencias comerciales; que ello le permite a Filipinas exportar el 66 % de todos sus productos a la Unión sin aranceles;

J.

Considerando que la retirada de los EE.UU. del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) puede dar un nuevo impulso a las negociaciones para la celebración de una asociación económica integral regional; que una China más audaz que hasta ahora está poniendo en marcha iniciativas como «Un cinturón, una ruta», que suponen un desafío para todos los países de la región y más allá;

K.

Considerando que las tensiones en el mar de China Meridional constituyen una amenaza y un riesgo para la seguridad y la estabilidad de la región; que la tendencia más preocupante es la militarización del mar de China Meridional; que el Diálogo ASEAN-China sobre un Código de Conducta sigue siendo el mecanismo principal utilizado por la ASEAN en sus intercambios con China sobre el mar de China Meridional; que las actividades chinas —desde patrullas y maniobras militares hasta trabajos de construcción, en contravención de los principios definidos en la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de China Meridional de 2002— siguen siendo motivo de preocupación;

1.

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30.

—

Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina (D048947/06 («proyecto de Reglamento»),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (1), y en particular sus artículos 4, apartado 1, y 78, apartado 1, letra a) y los puntos 3.6.5, párrafo segundo, y 3.8.2 de su anexo II,

—

Vista la sentencia del Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de diciembre de 2015 (2), y en particular sus apartados 71 y 72,

—

Vista su Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre los alteradores endocrinos, estado de la cuestión tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2015 (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de junio de 2016, relativa a los alteradores endocrinos y los proyectos de actos de la Comisión por los que se establecen los criterios científicos para su determinación en el contexto de la legislación de la UE en materia de productos fitosanitarios y biocidas (COM(2016)0350),

—

Visto el informe resumido de la reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, celebrada en Bruselas el 28 de febrero de 2017,

—

Vista su Resolución de 14 de marzo de 2013 sobre la protección de la salud pública contra los alteradores endocrinos (4),

—

Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

—

Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, y apartado 4, letra c), de su Reglamento,

A.

Considerando que, de acuerdo con el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, solo se aprobará una sustancia activa si no se considera que tiene propiedades de alteración endocrina que puedan causar efectos nocivos en organismos no objetivo, a menos que la exposición de los organismos no objetivo a esa sustancia activa sea insignificante en condiciones de uso propuestas realistas («criterio de exclusión» para el medioambiente);

B.

Considerando que, de acuerdo con el párrafo segundo del punto 3.6.5 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, la Comisión presentará al Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal un proyecto de las medidas sobre criterios científicos específicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina, a más tardar el 14 de diciembre de 2013;

C.

Considerando que el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos emitió un dictamen positivo sobre el proyecto de Reglamento el 4 de julio de 2017, con el voto en contra de tres Estados miembros y la abstención de cuatro;

D.

Considerando que el último apartado del proyecto de Reglamento estipula que, si el modo de acción fitosanitario de la sustancia activa en evaluación consiste en el control de organismos objetivo distintos de los vertebrados a través de sus sistemas endocrinos, los efectos sobre organismos de la misma división taxonómica que los organismos objetivo no se tendrán en cuenta para la identificación de la sustancia como poseedora de propiedades de alteración endocrina respecto a organismos no objetivo;

E.

Considerando que el Tribunal General, en su sentencia en el asunto T-521/14, afirmó claramente que «la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique» (6) (apartado 71);

F.

Considerando que no es científico excluir la identificación como alterador endocrino para organismos no objetivo en el caso de una sustancia con un modo de acción endocrino previsto;

G.

Considerando que, en consecuencia, el proyecto de Reglamento no puede considerarse basado en datos científicos objetivos relativos al sistema endocrino, como exige el Tribunal; que con ello la Comisión excede sus competencias de ejecución;

H.

Considerando que la intención real de este último apartado queda explicada claramente en el informe resumido de la reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, celebrada en Bruselas el 28 de febrero de 2017, que afirma que, «además, la justificación lógica de la disposición sobre sustancias activas con modo de acción endocrino previsto (en adelante llamadas reguladores del crecimiento) quedaba explicada. […] La disposición sobre reguladores del crecimiento permite que no se apliquen los criterios de exclusión a sustancias con un modo de acción endocrino previsto […]»;

I.

Considerando que este último apartado crea de hecho una excepción al criterio de exclusión establecido en el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009;

J.

Considerando que de los considerandos 6 a 10 y del artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 se desprende que, al abordar la compleja cuestión de establecer normas sobre la aprobación de sustancias activas, el legislador tiene que alcanzar un delicado equilibrio entre objetivos diferentes y potencialmente contradictorios, como son la producción agrícola y el mercado interior, por un lado, y la protección de la salud y del medioambiente, por otro;

K.

Considerando que el Tribunal General afirmó lo siguiente en la sentencia antes mencionada: «Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement no 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause […]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience.» (7) (apartado 72);

L.

Considerando que fue recogido por el Parlamento en su Resolución de 8 de junio de 2016, que subrayaba que «el Tribunal General declaró que la determinación de criterios científicos únicamente puede realizarse de manera objetiva en función de los datos científicos relativos al sistema endocrino, independientemente de cualquier otra consideración, en particular de tipo económico, y que la Comisión no está facultada para modificar el equilibrio regulatorio establecido en un acto de base mediante el ejercicio de poderes delegados en ella en virtud del artículo 290 del TFUE»;

M.

Considerando que las mismas limitaciones de competencias se aplican a la Comisión en el marco de un acto de ejecución en el procedimiento de reglamentación con control;

N.

Considerando que, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión de 15 de junio de 2016, «el problema que afronta la Comisión en este ejercicio es establecer criterios para determinar qué es o qué no es un alterador endocrino en relación con los productos fitosanitarios y los biocidas, no decidir cómo regular estas sustancias. El legislador ya ha establecido las consecuencias reglamentarias en la legislación de los productos fitosanitarios (2009) y de los biocidas (2012).»;

O.

Considerando que el criterio de exclusión establecido en el punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 constituye un elemento esencial de dicho Reglamento;

P.

Considerando que, de acuerdo con una jurisprudencia reiterada, la adopción de elementos reguladores esenciales para una cuestión determinada está reservada al legislador de la Unión y no puede delegarse en la Comisión;

Q.

Considerando que la Comisión ha excedido sus competencias de ejecución al modificar un elemento regulador esencial del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, en contra del reconocimiento de los límites de sus competencias en la vista oral del asunto T-521-14, en contra de sus afirmaciones en la Comunicación de la Comisión de 15 de junio de 2016 y en contra del principio fundamental del Estado de Derecho de la Unión;

R.

Considerando que, aunque los avances del conocimiento científico y técnico proporcionaran motivos válidos para introducir una excepción relativa a las condiciones de aprobación de sustancias con un modo de acción endocrino previsto, dicha excepción solo se podría introducir mediante un procedimiento legislativo para modificar el Reglamento (CE) n.o 1107/2009, de conformidad con el artículo 294 del TFUE;

1.

2.

3.

4.

5.

—

Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 × A5547-127, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (D051972),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y en particular sus artículos 7, apartado 3, 9, apartado 2, 19, apartado 3, y 21, apartado 2,

—

Vista la votación en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal a la que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, celebrada el 17 de julio de 2017, en la que no se emitió ningún dictamen,

—

Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (2),

—

Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 1 de marzo de 2017, y publicado el 6 de abril de 2017 (3),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.o 182/2011 por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—

Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos modificados genéticamente (4),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

—

Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, el 10 de diciembre de 2013, Bayer Crop Science LP y M.S. Technologies LLC presentaron a la autoridad competente de los Países Bajos una solicitud, de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, para la comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 × A5547-127; que dicha solicitud se refiere asimismo a la comercialización de productos que estén compuestos de soja modificada genéticamente FG72 × A5547-127 o lo contengan, para cualquier uso que no sea como alimento o pienso de la misma manera que cualquier otro tipo de soja, a excepción del cultivo;

B.

Considerando que, el 1 de marzo de 2017, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen favorable de conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, publicado el 6 de abril de 2017 (5);

C.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 establece que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deberán tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente y que la Comisión deberá tener en cuenta al redactar el proyecto de decisión cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

D.

Considerando que la soja FG72 × A5547-127 se desarrolló para conferir tolerancia al isoxaflutol- (5-cyclopropylisoxazol-4-yl 2-mesyl-4-trifluoromethylphenyl ketone), glifosato- (N-(fosfonometil) glicina) y los herbicidas a base de amonio de glufosinato (l-fosfinotricin); que la tolerancia a esos herbicidas se consigue mediante la expresión del HPPD W336 (4- hidroxil fenilo-pyruvate-dioxygenasa), 2mEPSPS (5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasa) y PAT (fosfinotricina acetiltransferasa), respectivamente;

E.

Considerando los numerosos comentarios críticos presentados por los Estados miembros durante el período de tres meses de consultas (6); que la mayoría de los comentarios críticos incluyen la observación de que, en ausencia de un ensayo de toxicidad subcrónica de 90 días, no puede sacarse ninguna conclusión sobre los riesgos relacionados con el uso de este OMG en la alimentación humana y animal, que la información facilitada sobre la composición, la valoración fenotípica y la toxicología es insuficiente, que las conclusiones sobre la equivalencia entre el OMG y la soja convencional y sobre la seguridad de los alimentos y los piensos, basadas en esta información, son prematuras, y que este OMG de soja no se ha probado con el rigor científico necesario para establecer su seguridad;

F.

Considerando que un estudio independiente concluye que la evaluación del riesgo de la EFSA no es aceptable en su forma actual, ya que no determina las lagunas en los conocimientos y las incertidumbres ni evalúa la toxicidad o el impacto en el sistema inmunitario y el sistema reproductor (7),

G.

Considerando que la autorización actual del glifosato expira el 31 de diciembre de 2017 a más tardar; que persisten las dudas sobre la carcinogenicidad del glifosato; que en noviembre de 2015 la EFSA concluyó que el glifosato tiene pocas probabilidades de ser carcinogénico y en marzo de 2017 la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) concluyó que no estaba justificada su clasificación; que, por el contrario, en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS clasificó el glifosato como un probable carcinógeno para los humanos;

H.

Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la reproducción, por lo que cumple los criterios de exclusión establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (8); que la aprobación del glufosinato vence el 31 de julio de 2018 (9);

I.

Considerando que el isoxaflutol es probablemente carcinogénico para los seres humanos (10), tóxico para algunos organismos acuáticos y plantas no seleccionadas, y que él y sus productos de degradación y metabolitos contaminan el agua con facilidad; que estas preocupaciones han hecho que se limite su utilización (11);

J.

Considerando que la aplicación de herbicidas complementarios forma parte de la práctica agrícola habitual en el cultivo de plantas resistentes a los herbicidas y que cabe esperar, por lo tanto, que los residuos procedentes de la pulverización estén siempre presentes en los componentes de la cosecha y sean componentes inevitables; que se ha demostrado que los cultivos modificados genéticamente para hacerlos tolerantes a los herbicidas dan lugar a una mayor utilización de herbicidas complementarios que sus equivalentes convencionales (12);

K.

Considerando que la EFSA no ha evaluado los residuos procedentes de la pulverización con los herbicidas complementarios; que, en consecuencia, no se puede concluir que la soja modificada genéticamente pulverizada con isoxaflutol, glifosato y glufosinato sea segura para su uso en alimentación humana o animal;

L.

Considerando que el desarrollo de cultivos modificados genéticamente tolerantes a varios herbicidas selectivos se debe principalmente a la resistencia al glifosato desarrollada rápidamente por las plantas adventicias en los países que han adoptado a gran escala los cultivos modificados genéticamente; que en publicaciones científicas se han documentado más de veinte variedades diferentes de plantas adventicias resistentes al glifosato (13); que desde 2009 se han observado plantas adventicias resistentes al glufosinato;

M.

Considerando que en la votación del 17 de julio de 2017 del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 no se emitió ningún dictamen; que quince Estados miembros votaron en contra, solo diez, con solo el 38,43 % de la población de la Unión, votaron a favor y tres Estados miembros se abstuvieron;

N.

Considerando que en la votación del 14 de septiembre de 2017 en el Comité de apelación tampoco se emitió dictamen alguno; que quince Estados miembros votaron en contra, solo once, con el 38,69 % de la población de la Unión, votaron a favor y dos Estados miembros se abstuvieron;

O.

Considerando que la Comisión ha deplorado en varias ocasiones que desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 1829/2003 se hayan adoptado decisiones de autorización sin el apoyo del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y que la devolución del expediente a la Comisión para su decisión definitiva, que es claramente excepcional en el conjunto del procedimiento, se haya convertido en la norma para la adopción de decisiones respecto de las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente; que el presidente de la Comisión, Sr. Juncker, también ha deplorado esta práctica por no considerarla democrática (14);

P.

Considerando que, el 28 de octubre de 2015, el Parlamento rechazó en primera lectura la propuesta legislativa de 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (15) y solicitó a la Comisión que la retirase y presentara una nueva;

Q.

Considerando que, de conformidad con el considerando 14 del Reglamento (UE) n.o 182/2011, la Comisión debe actuar en la medida de lo posible de manera que se evite ir contra cualquier posición predominante que pueda surgir en el Comité de apelación contraria a la adecuación del acto de ejecución, en particular en relación con sectores particularmente sensibles, como la salud de los consumidores, la seguridad de los alimentos y el medio ambiente;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

—

Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la comercialización para su cultivo, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genéticamente para hacerlo resistente a algunas plagas de lepidópteros (DO C 482 de 23.12.2016, p. 110).

—

Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 (Textos Aprobados, P8_TA(2015)0456).