—

Visto el Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo (1), en particular su artículo 1, apartado 4 (el mecanismo de reciprocidad),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 12 de abril de 2016 titulada «Estado de la cuestión y posibles maneras de avanzar por lo que se refiere a la situación de no reciprocidad con algunos terceros países en el ámbito de la política de visados» (COM(2016)0221),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 13 de julio de 2016 titulada «Estado de la cuestión y posibles maneras de avanzar por lo que se refiere a la situación de no reciprocidad con algunos terceros países en el ámbito de la política de visados» (Seguimiento de la Comunicación de 12 de abril) (COM(2016)0481),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 21 de diciembre de 2016 titulada «Estado de la cuestión y posibles maneras de avanzar por lo que se refiere a la situación de no reciprocidad con algunos terceros países en el ámbito de la política de visados» (Seguimiento de la Comunicación de 12 de abril) (COM(2016)0816),

—

Vistos el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 80, 265 y 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto su debate, mantenido el 14 de diciembre de 2016 en Estrasburgo, sobre las obligaciones en el ámbito de la reciprocidad de visado,

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre las obligaciones de la Comisión en el ámbito de la reciprocidad de visado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 539/2001 (O-000142/2016 — B8-1820/2016),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el criterio de la reciprocidad en materia de visados es uno de los criterios que orientan la política de visados de la Unión, y que se generalmente se entiende que implica que los ciudadanos de la Unión deben estar sujetos a las mismas condiciones cuando viajen a un tercer país que los nacionales de ese tercer país cuando viajen a la Unión;

B.

Considerando que el propósito del mecanismo de reciprocidad de visados es lograr dicha reciprocidad de visados; que la política de la Unión en materia de visados prohíbe a los Estados miembros introducir requisitos en materia de visados para los nacionales de un tercer país si este tercer país figura en la lista del anexo II al Reglamento (CE) n.o 539/2001 (países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado para estancias breves);

C.

Considerando que el mecanismo de reciprocidad fue revisado en 2013, con el Parlamento actuando como legislador, porque era necesario adaptarlo a la luz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre bases jurídicas derivadas y «para prever una respuesta solidaria de la Unión cuando uno de los terceros países que figuran en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 539/2001 aplique una obligación de visado a los nacionales de al menos un Estado miembro» (considerando 1 del Reglamento (UE) n.o 1289/2013);

D.

Considerando que el mecanismo de reciprocidad establece un procedimiento que sea inicia con una situación de no reciprocidad y cuenta con unos calendarios precisos y una serie de medidas que deben tomarse con miras a acabar con esa situación de no reciprocidad; que su lógica inherente implica medidas de severidad creciente para con el tercer país de que se trate, hasta llegar, en último extremo, a la suspensión de la exención de la exigencia de visado al tercer país de que se trate (segunda fase de aplicación del mecanismo de reciprocidad);

E.

Considerando que «[a] fin de asegurar la participación adecuada del Parlamento Europeo y del Consejo en la segunda fase de aplicación del mecanismo de reciprocidad, habida cuenta de la naturaleza política particularmente sensible de la suspensión de la exención de la obligación de visado para todos los nacionales de terceros países afectados enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 539/2001 y de sus implicaciones horizontales para los Estados miembros, los países asociados de Schengen y la Unión misma, en particular para sus relaciones exteriores y para el funcionamiento general del espacio Schengen, [se delegaron] en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con determinados elementos del mecanismo de reciprocidad», incluida la suspensión de la exención de la exigencia de visado a los nacionales del tercer país de que se trate;

F.

Considerando que «el Parlamento Europeo o el Consejo podrán decidir revocar la delegación» (artículo 290, apartado 2, letra a) del TFUE);

G.

Considerando que un acto delegado «no podrá entrar en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo han formulado objeciones en el plazo fijado en el acto legislativo» (artículo 290, apartado 2, letra b) del TFUE);

H.

Considerando que la Comisión impugnó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la elección de los actos delegados en la segunda fase de la aplicación del mecanismo de reciprocidad, y que el Tribunal consideró correcta la decisión del legislador (asunto C-88/14);

I.

Considerando que de este modo el mecanismo asigna claramente responsabilidades al Parlamento y al Consejo y a la Comisión en las distintas fases del mecanismo de reciprocidad;

1.

2.

3.

—

Vista su Posición, de 6 de febrero de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad (1),

—

Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), según el cual en la definición y ejecución de todas sus políticas y acciones, la Unión debe garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana,

—

Vista la evaluación REFIT de la Comisión del Reglamento (CE) n.o 953/2003 del Consejo, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales (SWD(2016)0125),

—

Vistas las obligaciones establecidas en el artículo 81 de la Directiva 2001/83/CE sobre el mantenimiento de un suministro apropiado y continuo de medicamentos,

—

Vista la evaluación de impacto inicial (2) de la Comisión sobre el fortalecimiento de la cooperación de la Unión en el ámbito de la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS),

—

Vista la estrategia de la red de ETS para la cooperación de la Unión en la evaluación de tecnologías sanitarias, de 29 de octubre de 2014 (3),

—

Visto el informe final de la investigación de la Comisión sobre el sector farmacéutico (SEC(2009)0952),

—

Visto el Informe de 2013 de la Comisión titulado «Health inequalities in the EU — Final report of a consortium. Consortium lead: Sir Michael Marmot» (Desigualdades en materia de salud en la UE — Informe final de un consorcio. Consorcio dirigido por Michael Marmot) (4), en el que se reconoce que los sistemas sanitarios juegan un papel significativo en la reducción del riesgo de pobreza o pueden contribuir a ello,

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 1 de diciembre de 2014, sobre la «innovación en beneficio de los pacientes» (5),

—

Vistas las conclusiones de la reunión informal del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores sobre salud celebrado el 18 de abril de 2016,

—

Visto el sexto informe de la Comisión sobre la supervisión de los acuerdos sobre patentes en el sector farmacéutico,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Medicamentos seguros, innovadores y accesibles: una visión renovada para el sector farmacéutico» (COM(2008)0666),

—

Vistos los apartados 249 y 250 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1978 en el asunto 27/76, relativo a los precios excesivos,

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2016, sobre el refuerzo del equilibrio de los sistemas farmacéuticos en la Unión y sus Estados miembros,

—

Vista la Decisión n.o 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.o 2119/98/CE (6),

—

Visto el informe del Panel de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a los medicamentos titulado «Promoting innovation and access to health tecnologies» (Promoción de la innovación y el acceso a las tecnologías sanitarias), publicado en septiembre de 2016,

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2006, sobre los valores y principios comunes de los sistemas sanitarios de la Unión Europea, y las conclusiones de la reunión informal del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, de 6 de abril de 2011 y 10 de diciembre de 2013, sobre el proceso de reflexión sobre unos sistemas sanitaros modernos, reactivos y sostenibles,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Sistemas sanitarios eficaces, accesibles y robustos» (COM(2014)0215),

—

Visto el estudio titulado «Towards Harmonised EU Assessment of Added therapeutic Value of Medicines» (Hacia una evaluación armonizada en la Unión del valor terapéutico añadido de los medicamentos), publicado por su Departamento Temático «Política Económica y Científica» en 2015 (7),

—

Vistos el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado «Comité de expertos de la OMS en la selección y el uso de medicamentos esenciales, 17-21 de octubre de 1977 — Serie de Informes Técnicos de la OMS n.o 615, el informe de la Secretaría de la OMS de 7 de diciembre de 2001 titulado «Estrategia revisada en materia de medicamentos: procedimiento revisado para actualizar la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS» (EB109/8), el informe de la OMS de marzo de 2015 titulado «Acceso a nuevos medicamentos en Europa» y el informe de la OMS de 28 de junio de 2013 titulado «Medicamentos prioritarios para Europa y el mundo»,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 141/2000 sobre medicamentos huérfanos,

—

Vistos el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6, apartado 1, del TUE, sobre el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos europeos,

—

Vistos los artículos 101 y 102 del TFUE, sobre la regulación de la competencia,

—

Vistas la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud pública (WT/MIN(01/DEC/2) y la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha de 1 de septiembre de 2003 (WT/L/540),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 816/2006 sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública,

—

Visto el acuerdo de adquisición conjunta, aprobado por la Comisión el 10 de abril de 2014 (8),

—

Vista la Conferencia de Nairobi de 1985 sobre el uso racional de los medicamentos,

—

Visto el informe sobre la modificación del Reglamento (CE) n.o 726/2004, aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0035/2016) y las enmiendas aprobadas por el Parlamento el 10 de marzo de 2016 (9),

—

Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 2015, relativa al programa de trabajo de la Comisión para 2016 (10),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, relativa a la donación voluntaria y no remunerada de tejidos y células (11),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Peticiones (A8-0040/2017),

A.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a la salud y a recibir tratamiento médico (12);

B.

Considerando que los sistemas sanitarios públicos son cruciales para garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria, que es un derecho fundamental de los ciudadanos europeos; que los sistemas sanitarios de la Unión se enfrentan a retos como el envejecimiento de la población, la carga cada vez mayor de las enfermedades crónicas, el elevado coste del desarrollo de nuevas tecnologías, los elevados costes farmacéuticos, cada vez mayores, y los efectos de la crisis económica en el gasto sanitario; que en 2014 el gasto en el sector farmacéutico representó el 17,1 % del gasto total en salud y el 1,41 % del producto interior bruto (PIB) de la Unión; que estos retos exigen la cooperación europea y nuevas medidas políticas, tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional;

C.

Considerando que los productos farmacéuticos son uno de los pilares de la atención sanitaria y no meros objetos de comercio, y que el acceso insuficiente a medicamentos esenciales y los altos precios de los medicamentos innovadores plantean una seria amenaza para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales;

D.

Considerando que los pacientes deberían tener acceso a cuidados de salud y opciones de tratamientos acordes con su opción y preferencia, incluyendo terapias y medicamentos complementarios y alternativos;

E.

Considerando que garantizar el acceso del paciente a los medicamentos esenciales es uno de los objetivos fundamentales de la Unión y de la OMS, así como del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3; que el acceso universal a los medicamentos depende de su disponibilidad oportuna y de su asequibilidad para todos, sin discriminación geográfica;

F.

Considerando que la competencia es un factor importante para el equilibrio general del mercado farmacéutico y permite abaratar los costes, reducir el gasto en medicamentos y mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles, respetando las normas de calidad más exigentes en el proceso de investigación y desarrollo;

G.

Considerando que la comercialización de productos genéricos es un mecanismo importante para aumentar la competencia, reducir los precios y garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios; que la comercialización de los productos genéricos no debe demorarse, así como tampoco debe distorsionarse la competencia;

H.

Considerando que un mercado saludable y competitivo de medicamentos se beneficia del control atento del Derecho de la competencia;

I.

Considerando que, en muchos casos, los precios de los nuevos medicamentos han venido aumentando en las últimas décadas hasta llegar a ser inasequibles para muchos ciudadanos europeos y amenazar seriamente la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales;

J.

Considerando que, además de los precios elevados y la inasequibilidad, entre otros obstáculos al acceso a los medicamentos figuran la escasez de medicamentos esenciales y otros medicamentos, la escasa relación entre las necesidades clínicas y la investigación, la falta de acceso a la sanidad y a los profesionales de la sanidad, unos procedimientos administrativos injustificados, retrasos entre la autorización de comercialización y la fijación de precios y las decisiones de reembolso posteriores, la indisponibilidad de productos, las normas que regulan las patentes y las restricciones presupuestarias;

K.

Considerando que, mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento combinado con nuevos y viejos medicamentos, pueden combatirse con éxito enfermedades como la hepatitis C, salvando a millones de personas en toda la Unión;

L.

Considerando que el número de personas diagnosticadas con cáncer aumenta cada año y que la combinación del aumento de la incidencia de la enfermedad en la población y los nuevos medicamentos contra el cáncer tecnológicamente avanzados ha desembocado en una situación en la que el coste total de esta enfermedad aumenta, planteando una demanda sin precedentes a los presupuestos destinados a sanidad y convirtiendo en inasequible el tratamiento para muchos enfermos de cáncer, lo que aumenta el riesgo de que la asequibilidad o el precio de la medicación sea un factor decisivo para el tratamiento del cáncer de un paciente;

M.

Considerando que el Reglamento (CE) n.o 1394/2007 sobre medicamentos para nuevas terapias se introdujo con la finalidad de llevar adelante en toda la Unión innovaciones en este ámbito y garantizar a la vez la seguridad, y que, sin embargo, hasta la fecha solo se han autorizado ocho terapias nuevas;

N.

Considerando que la Unión ha tenido que introducir incentivos a fin de promocionar la investigación en ámbitos tales como las enfermedades raras y las enfermedades pediátricas; que el reglamento sobre los medicamentos huérfanos ha proporcionado un importante marco para la promoción de la investigación sobre este tipo de medicamentos, mejorando de forma considerable el tratamiento de las enfermedades raras, para las que no había anteriormente ninguna alternativa, aunque existen, no obstante, preocupaciones en cuanto a su aplicación;

O.

Considerando que está aumentando la brecha entre la creciente resistencia a las sustancias antimicrobianas y el desarrollo de nuevas sustancias antimicrobianas, y que las enfermedades debidas a la resistencia a los medicamentos podrían provocar 10 millones de muertes al año en todo el mundo en 2050; que se calcula que cada año fallecen en la Unión al menos 25 000 personas por infecciones causadas por bacterias resistentes, lo que tiene un coste de 1 500 millones de euros, mientras que en los últimos 40 años solo se ha desarrollado una nueva clase de antibióticos;

P.

Considerando que en las últimas décadas se han realizado notables progresos en la terapia de enfermedades que antes eran incurables, lo que ha hecho que, por dar un ejemplo, hoy en día ya no muera ningún paciente de VIH/sida en la Unión; que, no obstante, sigue habiendo todavía muchas enfermedades que no pueden ser tratadas de forma óptima (entre ellas, el cáncer, enfermedad que provoca anualmente casi 1,3 millones de muertos en la Unión);

Q.

Considerando que el acceso a pruebas diagnósticas y vacunas que sean asequibles y adecuadas es tan fundamental como el acceso a medicamentos seguros, efectivos y asequibles;

R.

Considerando que los medicamentos de terapia avanzada (MTA) tienen el potencial de redefinir el tratamiento de una amplia gama de afecciones, en particular en el caso de enfermedades donde los enfoques convencionales no son adecuados, y que hasta el momento solo se han autorizado unos pocos MTA;

S.

Considerando que determinados medicamentos no están disponibles en muchos Estados miembros, y que esto puede causar problemas en la atención a los pacientes; que en algunos casos la escasez de medicamentos puede obedecer a estrategias económicas ilegales, como por ejemplo el «pay-for-delay» (pago por retrasar la llegada del medicamento) en el sector farmacéutico, o a cuestiones de carácter político o relacionadas con la fabricación o la distribución, así como al comercio paralelo; que el artículo 81 de la Directiva 2001/83/CE estipula medidas para prevenir la escasez de productos farmacéuticos por medio de una denominada obligación de servicio público, que obliga a los fabricantes y distribuidores a salvaguardar el suministro a los mercados nacionales; que en muchos casos la obligación de servicio público no se aplica a los fabricantes que suministran a los distribuidores, tal como se indica en un estudio encargado por la Comisión;

T.

Considerando que disponer de una propiedad intelectual estable y predecible y de un marco reglamentario, así como su aplicación adecuada y oportuna, es esencial para la creación de un entorno propicio para la innovación y que apoye el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores y efectivos;

U.

Considerando que el objetivo de la propiedad intelectual es beneficiar a la sociedad y promover la innovación, y que el abuso o uso indebido de la misma suscita preocupación;

V.

Considerando que, desde 1995, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC ofrece márgenes de flexibilidad para las patentes, por ejemplo la concesión de licencias obligatorias;

W.

Considerando un proyecto piloto lanzado en 2014 por la Agencia Europea de Medicamentos y conocido como «vías adaptativas», que se aplica principalmente a tratamientos en ámbitos en los que es necesario satisfacer una importante necesidad médica, ha suscitado un intenso debate acerca de la relación de riesgos y beneficios de la concesión temprana de acceso al mercado a medicamentos innovadores basados en menos datos clínicos;

X.

Considerando que la protección de la propiedad intelectual es fundamental en el ámbito del acceso a los medicamentos y que es necesario establecer mecanismos que ayuden a luchar contra el fenómeno de la falsificación de medicamentos;

Y.

Considerando que, hace unos años, un diálogo europeo de alto nivel entre los responsables políticos y los agentes clave del mundo de la salud (el «G10» entre 2001 y 2002 y después el «Foro Farmacéutico» entre 2005 y 2008) decidió desarrollar una visión estratégica común y establecer acciones concretas para contribuir a la competitividad del sector farmacéutico;

Z.

Considerando que sólo en torno a un 3 % de los presupuestos sanitarios se destina a medidas de prevención y promoción de la salud pública;

AA.

Considerando que la fijación de los precios y el reembolso de los productos farmacéuticos es competencia de los Estados miembros y se regula a nivel nacional; que la Unión prevé legislación sobre la propiedad intelectual, los ensayos clínicos, las autorizaciones de comercialización, la transparencia en la fijación de precios, la farmacovigilancia y la competencia; que el gasto creciente en el sector farmacéutico, así como la asimetría constatada en las capacidades de negociación e información sobre la fijación de precios entre las empresas farmacéuticas y los Estados miembros, exige el refuerzo de la cooperación europea y nuevas medidas políticas, tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional; que los precios de los medicamentos se negocian habitualmente en negociaciones bilaterales y confidenciales entre la industria farmacéutica y los Estados miembros;

AB.

Considerando que una mayoría de Estados miembros dispone de sus propios organismos de evaluación de la tecnología sanitaria con sus propios criterios;

AC.

Considerando que, de conformidad con el artículo 168 del TFUE, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden, para responder a preocupaciones de seguridad comunes, tomar medidas que fijen elevados niveles de calidad y seguridad de los medicamentos y que, de conformidad con el artículo 114, apartado 3, de ese mismo Tratado, las propuestas legislativas en el ámbito de la salud deben partir de un nivel de protección elevado;

1.

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones n.o 1718/2006/CE, n.o 1855/2006/CE y n.o 1041/2009/CE (1) (en adelante «el Reglamento»),

—

Vistos los artículos 167 y 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 20 de octubre de 2005,

—

Vista la Comunicación Conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Parlamento Europeo y al Consejo, de 8 de junio de 2016, titulada «Towards an EU strategy for international cultural relations» (Hacia una estrategia de la Unión para las relaciones culturales internacionales) (JOIN(2016)0029),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, titulada «Promover los sectores de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la UE» (COM(2012)0537),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» (COM(2010)0352),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 27 de abril de 2010, titulado «Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas» (COM(2010)0183),

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1291/2013 y (UE) n.o 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (2),

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 27 de mayo de 2015, sobre pasarelas en el ámbito cultural y creativo para estimular la innovación, la sostenibilidad económica y la inclusión social,

—

Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» (3),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la UE (4),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre el cine europeo en la era digital (5),

—

Visto el estudio titulado «Capitales europeas de la cultura: estrategias de éxito y efectos a largo plazo», realizado por el Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión en 2013 a petición de la Comisión de Cultura y Educación,

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre el fomento de los sectores europeos de la cultura y la creación como fuentes de crecimiento económico y empleo (6),

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las acciones exteriores de la UE (7),

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre «Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas» (8),

—

Visto el Plan de trabajo en materia de cultura para el período 2015-2018,

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la Mejora de la Legislación, y en particular los artículos 20 a 24 sobre la evaluación ex post de la legislación vigente;

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0030/2017),

A.

Considerando que el objetivo del programa Europa Creativa es, por una parte, proteger y fomentar la diversidad cultural y lingüística europea, así como promover el patrimonio cultural de Europa, y, por otra, reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo europeos;

B.

Considerando que la cultura es un factor clave para promover la integración europea;

C.

Considerando que Europa Creativa, y en particular su subprograma Cultura, acusa una grave insuficiencia de financiación y, por ello, se enfrenta a dificultades a la hora de responder a las expectativas;

D.

Considerando que, de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento, el fomento de la diversidad cultural y lingüística europea y del patrimonio cultural de Europa y, más concretamente, la promoción de la circulación transnacional de las obras culturales y creativas, figuran entre los objetivos fundamentales del programa;

E.

Considerando que, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento, fomentar la circulación y la movilidad transnacionales, y específicamente apoyar la circulación de la literatura europea con miras a asegurar una accesibilidad lo más amplia posible, forman parte de las prioridades del subprograma Cultura;

F.

Considerando que la estructura en forma de programa único muestra algunas ventajas a la hora de alcanzar una masa crítica y alberga el potencial de dar visibilidad a áreas todavía poco consideradas que deben afrontar los mismos desafíos en términos de fragmentación, globalización, falta de datos y dificultades para acceder al crédito;

G.

Considerando que la estructura del programa en dos subprogramas, de forma que se preservan las particularidades y la identidad de ambos, así como la introducción de un capítulo intersectorial, son un activo que permite una mejor comprensión de la cooperación y la evolución en el ámbito cultural y facilita los vínculos con terceros países;

H.

Considerando que el capítulo intersectorial no ha desarrollado más que en parte su objetivo estratégico de promover la cooperación cultural transnacional y transectorial;

I.

Considerando que el programa Europa Creativa permite la cooperación y las acciones conjuntas con países que no participan en el programa y con organizaciones internacionales activas en los sectores cultural y creativo, como la Unesco, el Consejo de Europa, la OCDE o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre la base de contribuciones conjuntas para la realización de los objetivos del programa;

J.

Considerando que, hasta la fecha, no se ha establecido o no ha entrado en funcionamiento el sistema de indicadores de rendimiento previstos en el artículo 18 del Reglamento, incluidos los indicadores para los objetivos generales del programa, los indicadores asociados a los subprogramas MEDIA y Cultura, respectivamente, así como los indicadores específicos en relación con el instrumento de garantía;

K.

Considerando que el sistema de evaluación actual ha demostrado ser inadecuado a la naturaleza y las características específicas del programa, por lo que necesita una mejora;

L.

Considerando que determinadas acciones, como la iniciativa sobre las Capitales Europeas de la Cultura, incluidos las redes, los premios y el Sello de Patrimonio Europeo, han demostrado su potencial para un desarrollo económico local sostenible y para el turismo cultural, por lo que deben reforzarse y promoverse de forma más proactiva;

M.

Considerando en 2016 se lanzó, en el marco del capítulo intersectorial, una convocatoria específica sobre la incorporación de los refugiados a la sociedad europea, con el fin de promover y apoyar la creatividad y el diálogo intercultural;

N.

Considerando que el ámbito de la financiación de los «proyectos de cooperación» en del subprograma Cultura supone aproximadamente el 70 % del presupuesto del subprograma, es muy popular entre los operadores culturales y tiene como finalidad llegar a planteamientos comunes de carácter transfronterizo, permitiendo así una formulación abierta de proyectos imprevisibles, altamente innovadores y creativos, lo cual ha de considerarse positivo de forma explícita;

O.

Considerando que si bien el Reglamento prevé el establecimiento de acuerdos bilaterales con terceros países con miras a su participación en el programa o en partes del programa, hasta ahora solo algunos países han completado el procedimiento;

P.

Considerando que, gracias a la actuación del Parlamento, la cultura, las industrias culturales y creativas (ICC) y el sector audiovisual han sido incluidos (aunque de manera inadecuada) en los programas plurianuales Erasmus+, Horizonte 2020 y Cosme, los Fondos Estructurales y las prioridades del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE);

Q.

Considerando que existe una fuerte sinergia entre el aprendizaje informal y el sector creativo y los medios de comunicación, dado que muchas organizaciones de arte, cultura y medios de comunicación ofrecen oportunidades de educación informal;

R.

Considerando que la proporción de solicitantes seleccionados es del 15 % en Cultura y el 44 % en Media, y es incluso inferior (32 %) en este último subprograma si se excluyen los mecanismos automáticos;

S.

Considerando que Media ha registrado hasta la fecha un total de 13 000 solicitudes, y ha concedido financiación a más de 5 500 proyectos;

T.

Considerando que el sistema automático de Media para la atribución de puntos, que aspira a garantizar la igualdad de condiciones entre los Estados miembros, distorsiona el mercado y penaliza severamente a los países con una gran capacidad de producción audiovisual;

U.

Considerando que el tipo de subvenciones para proyectos de cooperación en el subprograma Cultura de Europa Creativa no satisface las necesidades de las redes, que dependen de la estructura y las actividades operativas, como en el anterior programa Cultura 2007-2013;

V.

Considerando que la gestión administrativa (procedimientos de solicitud, evaluación y presentación de informes) ha sido criticada por las partes interesadas por seguir suponiendo una carga, por lo que debe hacerse hincapié en la necesidad de simplificar el procedimiento de solicitud con miras a facilitar el acceso al programa y fomentar la participación de los posibles beneficiarios;

W.

Considerando que las oficinas de Europa Creativa son un intermediario fundamental entre la Comisión, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) y los solicitantes, por lo que deberían estar mejor informadas sobre el proceso de toma de decisiones y participar más estrechamente en la tarea de facilitar información sobre los proyectos y promover sus resultados;

X.

Considerando que los operadores se quejan de la pesada carga administrativa que supone el procedimiento de solicitud, que incluye unas directrices muy amplias y un gran número de documentos con información a veces contradictoria;

Y.

Considerando que el sistema de registro de empresas en el Servicio de Autenticación de la Comisión Europea (ECAS) ha sido calificado de problemático, mientras que el formulario electrónico ha sido acogido de forma muy positiva;

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Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE) que establecen que «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión», que «las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión» y que «las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil»,

—

Visto el Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

—

Visto el Protocolo n.o 2 , sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa «Europa para los Ciudadanos» para el periodo 2014-2020 (1),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la UE (2),

—

Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación, los resultados y la evaluación global del programa «Europa con los ciudadanos» para el período 2007-2013 (COM(2015)0652),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, relativa al procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0017/2017),

A.

Considerando que el programa Europa para los Ciudadanos es un programa único y altamente simbólico en la medida en que constituye un ejercicio de escucha del debate que se está celebrando en el seno de la sociedad civil, toda vez que fomenta el pensamiento crítico sobre el proyecto europeo, su historia y la de los movimientos e ideas que la han impulsado, y contribuye a conocer mejor el proceso de toma de decisiones europeo, mejorando las condiciones de la participación cívica y democrática a escala de la Unión;

B.

Considerando que el programa Europa para los Ciudadanos tiene por objeto reforzar el sentimiento de ciudadanía europea y de pertenencia, reforzar la solidaridad, la tolerancia mutua y el respeto, promover una mejor comprensión de la Unión, sus orígenes y desarrollo, sus valores, sus instituciones y competencias, e impulsar un diálogo activo entre los ciudadanos de la Unión; y que las actividades del programa se pueden entender como parte de una formación no formal durante toda la vida en el ámbito de la educación para la ciudadanía;

C.

Considerando que la campaña «un euro por ciudadano» relacionada con el programa Europa para los Ciudadanos tiene como objeto enviar un mensaje simbólico sólido en el sentido de que en Europa se escucha la voz de los ciudadanos;

D.

Considerando que el aumento que se registra en la actualidad del «euroescepticismo», reflejado en las fuerzas antieuropeas que ponen en entredicho la existencia misma del proyecto europeo y que culminó recientemente con el voto a favor del Brexit, pone de relieve la importancia de este tipo de programas y subraya la necesidad de fomentar el desarrollo de un sentimiento compartido de identidad europea, reflexionar sobre las causas de la pérdida de credibilidad de la Unión, fomentar la participación ciudadana y de iniciar un debate en profundidad sobre los valores europeos, en el que deben participar la sociedad civil en su conjunto y las propias instituciones (así como una campaña de formación sobre el funcionamiento de las instituciones de la Unión), que destaque, por otra parte, las oportunidades que ofrece la pertenencia a la Unión;

E.

Considerando que, antes de que se produzca la adhesión de un Estado a la Unión Europea, es necesaria una preparación profunda y global en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la memoria, la aceptación del pasado y velar por una participación activa de los ciudadanos en la vida cívica del Estado en cuestión;

F.

Considerando que, de conformidad con el artículo 11 del TUE, las instituciones de la Unión están obligadas a dar a los ciudadanos y a las asociaciones representativas la posibilidad de intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión; y que esta disposición implica asimismo la obligación de las instituciones de la Unión de mantener un diálogo abierto, transparente y regular con la sociedad civil y la obligación de la Comisión de realizar amplias consultas con todas las partes interesadas;

G.

Considerando que el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) define el estatuto fundamental de la ciudadanía de la Unión y detalla los derechos vinculados a esta, y que un mejor conocimiento de la Unión y de sus valores constituye una condición previa importante para que los ciudadanos dispongan de los medios para ejercer plenamente estos derechos;

H.

Considerando que una ciudadanía activa, la educación para la ciudadanía y el diálogo intercultural son fundamentales para construir sociedades abiertas, inclusivas y resilientes;

I.

Considerando que el programa actual se basa en el artículo 352 del TFUE, que solo concedía al Parlamento el derecho a expresar su posición en el marco del procedimiento de aprobación y al que el Parlamento se opuso enérgicamente en el momento de la presentación de la propuesta por la Comisión, ya que es plenamente contradictorio con la naturaleza democrática del programa;

J.

Considerando que la evaluación ex post realizada por la Comisión confirmó la pertinencia de los objetivos del programa y que, dado que es distinto a otros programas en cuanto a su ámbito de aplicación, sus objetivos, actividades y los grupos a los que va destinado, ha permitido iniciativas que de otro modo no se habrían financiado;

K.

Considerando que, a raíz de los recortes presupuestarios resultantes de las negociaciones sobre el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, la dotación financiera para el programa Europa para los Ciudadanos se redujo en unos 29,5 millones de euros, y que la limitada dotación financiera de 185,47 millones de euros para el programa solo representa el 0,0171 % del MFP;

L.

Considerando que se ha señalado que los Estados miembros tienden a desentenderse de la cofinanciación de estos proyectos y que las autoridades locales y regionales se enfrentan con dificultades cuando se trata de proyectos europeos con elevados porcentajes de cofinanciación;

M.

Considerando que, como consecuencia de la reducción de la dotación financiera, el número de proyectos que pudieron financiarse en 2014 se redujo en casi un 25 % en comparación con el programa anterior;

N.

Considerando que el aprendizaje no formal e informal, así como el voluntariado, el deporte, el arte y la cultura, ofrecen muchas oportunidades de educación cívica y de ejercicio de una ciudadanía activa;

O.

Considerando que son necesarias más sinergias con otros programas y una mejor comunicación con otras Direcciones Generales con el fin de reducir los solapamientos y de reforzar el impacto del programa;

P.

Considerando que el hermanamiento de ciudades y municipios existente ha dado muestras de su valor (capítulos Hermanamiento de ciudades y Redes de ciudades), ya que profundiza el conocimiento mutuo entre los ciudadanos y fomenta la amistad y la cooperación;

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 191 y 207,

—

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 21, apartado 2,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos — Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

—

Vista la propuesta de texto de la Unión para un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), y en particular sus artículos 10 a 16,

—

Visto el documento final de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015, titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible», y en particular sus apartados 9 y 33 y su objetivo 15,

—

Visto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y en particular su artículo XX, letras a) y g),

—

Visto el Plan de acción de la UE de 2016 contra el tráfico de especies silvestres (COM(2016)0087) (en lo sucesivo, «Plan de acción»),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre el Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres,

—

Vistos el Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (1), y la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (2),

—

Vistas la Resolución 69/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres y la Resolución 1/3 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente sobre el comercio ilícito de fauna y flora silvestres,

—

Vistos los resultados de la reunión de la CP 17 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) celebrada en Johannesburgo,

—

Vistos los resultados de la Conferencia de Londres celebrada en febrero de 2014 sobre el comercio ilegal de vida silvestre y el examen de los progresos realizado en Kasane en marzo de 2015,

—

Vistos los resultados del Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), celebrado en 2016 en Hawái,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

—

Visto el Programa Mundial para la Vida Silvestre (Global Wildlife Programme — GWP) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) del Banco Mundial,

—

Visto el informe mundial sobre los delitos contra las especies silvestres de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) de 2016,

—

Vista la declaración, de junio de 2014, del Consejo de Cooperación Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre el comercio ilícito de especies silvestres,

—

Vista la declaración realizada en el Palacio de Buckingham (Londres) por el Grupo de Trabajo de Transporte de la iniciativa «United for Wildlife» (en lo sucesivo, «declaración del Palacio de Buckingham»),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0012/2017),

A.

Considerando el aumento sin precedentes del tráfico de especies silvestres al que se enfrenta el mundo y las crisis biológicas concomitantes que se producen como consecuencia de la continua obtención y comercialización ilegal e insostenible de fauna y flora a escala mundial;

B.

Considerando que la explotación incontrolada y excesiva de las especies silvestres de animales y plantas es la segunda amenaza para su supervivencia en la naturaleza, solo por detrás de la destrucción de sus hábitats naturales;

C.

Considerando que, según las estimaciones, el comercio ilegal de fauna y flora silvestres es la cuarta actividad delictiva en cuanto a rentabilidad, con un volumen de negocio estimado de hasta 20 000 millones de euros;

D.

Considerando que las últimas tendencias muestran la creciente participación de redes delictivas y organizadas a gran escala que recurren a métodos cada vez más sofisticados;

E.

Considerando que el tráfico de especies silvestres contribuye a avivar los conflictos y que se sospecha que las redes terroristas obtienen financiación, entre otras actividades, del comercio ilegal de especies silvestres, que genera importantes beneficios;

F.

Considerando que los problemas conexos de la corrupción y unas estructuras de gobernanza frágiles agravan las vulnerabilidades existentes en el contexto del comercio de especies silvestres;

G.

Considerando que actualmente la Unión es un mercado de destino de estas especies, una plataforma para el tránsito hacia otras regiones y, además, una región de origen de determinadas especies destinadas al comercio ilegal;

H.

Considerando que garantizar la implicación y el beneficio de las comunidades rurales de los países de origen con respecto a la conservación de las especies silvestres es esencial para atajar las causas profundas del tráfico ilegal de especies silvestres;

I.

Considerando que la ciberdelincuencia contra la vida silvestre supone una grave amenaza para las especies silvestres en peligro, como elefantes, rinocerontes, pangolines, reptiles, anfibios, aves y jirafas;

J.

Considerando que una política comercial vinculada a la cooperación al desarrollo puede constituir un poderoso motor de crecimiento económico en los países en desarrollo;

K.

Considerando que el aumento del comercio ilegal de numerosas especies de flora y fauna provoca la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas, y que cada vez es mayor el número de especies vulnerables o incluso extinguidas;

L.

Considerando que el comercio sostenible de especies silvestres puede tener una importancia fundamental para determinadas comunidades marginadas, que dependen de los marcos jurídicos para conservar los recursos locales, y contribuir a la reducción de la pobreza;

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Vistos los artículos 39, 42 y 43 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el funcionamiento de la política agrícola común y la política pesquera común,

—

Visto el artículo 114 del TFUE, relativo al establecimiento y el funcionamiento del mercado único,

—

Visto el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

—

Visto el artículo 168, apartado 4, letra b), del TFUE, relativo a las medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tienen como objetivo directo la protección de la salud pública,

—

Visto el artículo 13 del TFUE, en el que se especifica que, al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional,

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (1),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.o 1255/97 (2),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza (3),

—

Vista la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (4),

—

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/262 de la Comisión, de 17 de febrero de 2015, que establece normas con arreglo a las Directivas 90/427/CEE y 2009/156/CE del Consejo por lo que respecta a los métodos de identificación de los équidos (Reglamento del pasaporte equino) (5),

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal («Reglamento sobre cría animal»),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (6),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (7),

—

Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de abril de 2015, en el asunto C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten,

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la indicación del país de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo» (COM(2010)0352),

—

Vistas las conclusiones del estudio EDUCAWEL de la Comisión (9),

—

Vistos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

—

Visto el Convenio Europeo sobre protección de los animales en las ganaderías,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0014/2017),

A.

Considerando que el sector de los équidos alcanza en la Unión un valor de más de 100 000 millones de euros anuales (10) y supuso un volumen de negocios adicional de 27 300 millones en apuestas solo en 2013, de los que los Estados miembros recibieron 1 100 millones (11);

B.

Considerando que el sector de los deportes ecuestres por sí solo supone unos 900 000 puestos de trabajo, que entre cinco y siete équidos generan un empleo a tiempo completo y que estos empleos, que no pueden deslocalizarse, se sitúan en zonas rurales, hoy frágiles desde un punto de vista económico;

C.

Considerando que el sector de los équidos responde a los objetivos de la política europea de desarrollo rural, que se basa en la viabilidad de la agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales y el fomento de la inclusión social en las comunidades rurales; que los équidos aún se utilizan mucho en la agricultura, existiendo nuevos usos, como la producción de leche de burra, así como nuevas oportunidades y beneficios del desarrollo futuro de estos productos para los productores y los consumidores;

D.

Considerando que el sector equino contribuye activamente al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en pos de un crecimiento sostenible basado, por una parte, en una economía más verde y, por otra, en un crecimiento integrador, y que el sector equino es importante por su contribución esencial al desarrollo medioambiental, económico y social de las zonas rurales;

E.

Considerando que la Unión Europea es el mayor mercado del mundo para el sector de los deportes ecuestres (12);

F.

Considerando que se estima que hay en la Unión siete millones de équidos con funciones muy variadas, que mantienen una relación ancestral con el hombre, desde los animales de competición y de ocio a los de trabajo en el transporte, el turismo, las terapias comportamentales, de rehabilitación y educativas, los deportes, la educación, la silvicultura y la agricultura o los dedicados a producción de leche y carne, los destinados a la investigación y los animales silvestres y semisilvestres; que estos équidos también ayudan a conservar la biodiversidad y un entorno rural sostenible y pueden realizar varias de esas funciones a lo largo de sus vidas;

G.

Considerando que la propiedad responsable y el cuidado de los équidos empiezan con la prestación de una atención adecuada a la salud y el bienestar del animal y que las cuestiones relacionadas con el bienestar deben ocupar, en consecuencia, una posición central en todas las actividades de los équidos; que el entorno reglamentario de la Unión varía según los Estados miembros y que la legislación actual se aplica de diferente manera en la Unión, lo que provoca distorsiones de la competencia y una reducción del bienestar animal;

H.

Considerando que los équidos son los animales más transportados en Europa en proporción a su población (13) y que la duración de los trayectos constituye una seria preocupación para los ciudadanos de la Unión, que piden su reducción, ya que en ocasiones se los transporta hacia la Unión y fuera de ella en vehículos inapropiados para el transporte de équidos a larga distancia por carretera, mar y aire antes de alcanzar su destino final;

I.

Considerando que los datos sobre movimientos de équidos para fines comerciales se registran mediante el Sistema Informático Veterinario Integrado (TRACES), pero solo se publican una vez al año y con un desfase de dos años;

J.

Considerando que unos datos de disposición inmediata podrían ayudar a las autoridades competentes y otras organizaciones a observar mejor los efectos para la salud de los animales y a investigar otras indicaciones de deficiencias en la bioseguridad;

K.

Considerando que se dispone de pocos datos para determinar el número de équidos de trabajo utilizados en explotaciones pequeñas y de semisubsistencia (de las que un número importante se encuentra en los nuevos Estados miembros) y en el turismo;

L.

Considerando que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) aprobó unas directrices sobre los équidos de trabajo en mayo de 2016 (14) relativas al respeto de las cinco libertades fundamentales de los animales, a saber, el derecho a vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor y libre de manifestar un comportamiento natural;

M.

Considerando que los équidos proporcionan puestos de trabajo e ingresos valiosos a las localidades y zonas rurales a partir de la agricultura, las actividades ecuestres y el turismo, actividades que no se pueden deslocalizar, pero que en ocasiones su bienestar es dudoso y a menudo los turistas no están lo bastante informados para detectar y corregir problemas de bienestar animal (15);

N.

Considerando que el reconocimiento de las etiquetas de bienestar animal introducidas por los profesionales del sector puede ayudar a garantizar el buen funcionamiento de estas actividades y facilitar la información necesaria a los ciudadanos;

O.

Considerando que la cría ilimitada, indiscriminada e irresponsable de équidos puede producir animales desprovistos de valor económico y que a menudo se encuentran con serios problemas de bienestar, en particular durante crisis económicas; que el Parlamento y el Consejo acaban de adoptar un acto legislativo por el que se armonizan las normas relativas a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría de animales reproductores de raza pura, incluidos los équidos, con vistas a mejorar la competitividad y la organización del sector europeo de la cría, así como la calidad de la información disponible en materia de reproducción e identificación de los animales reproductores de raza pura, en particular de los équidos;

P.

Considerando que el abandono de équidos se ha incrementado desde 2008 en los Estados miembros occidentales, especialmente allí donde se han convertido en lujos caros, constituyendo una carga financiera importante en lugar de ser una fuente de ingresos; que no ha habido una respuesta adecuada y satisfactoria a este problema por parte de la Comisión y los Estados miembros;

Q.

Considerando que la mayor parte de los casos de este comportamiento pueden atribuirse a propietarios particulares y que no son representativos de la mayor parte del sector equino profesional en Europa;

R.

Considerando que los équidos son animales sociales con habilidades cognitivas y fuertes lazos afectivos y que son utilizados en una amplia gama de programas educativos y de formación, así como en terapias y programas de rehabilitación, por ejemplo en casos de trastornos del espectro autista, parálisis cerebral, accidente cerebrovascular o discapacidades y dificultades del aprendizaje o del lenguaje y en programas de rehabilitación de delincuentes, psicoterapia, tratamiento del síndrome de estrés postraumático y de adicciones;

S.

Considerando que los propietarios se enfrentan a decisiones difíciles cuando ya no son capaces de ocuparse adecuadamente de sus équidos, en parte a causa de los costes veterinarios, y que en algunos Estados miembros la eutanasia es a menudo el primer recurso, siendo caro, para los propietarios que ya no pueden asumir el coste del tratamiento veterinario y de asegurar las necesidades del bienestar del équido; que en otros Estados miembros solo se puede administrar la eutanasia a los équidos cuando existe una necesidad veterinaria inmediata clara, sin importar el bienestar a largo plazo del animal afectado;

T.

Considerando que en numerosos países terceros los équidos no se consideran animales a partir de los cuales se producen alimentos, y que se importa de manera rutinaria carne de equino de estos países para venderla y comercializarla en el mercado de la Unión; que esta situación provoca problemas de bienestar y distorsiones de la competencia, porque en este momento la Unión no permite que la carne de caballos europeos entre en el circuito de alimentación humana si no está inicialmente destinada a la producción de carne y al matadero, mientras que se permite una mayor flexibilidad para la carne importada de terceros países;

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1979, sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

—

Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (1),

—

Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores adoptados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Pekín + 5 (2000), Pekín + 10 (2005) y Pekín + 15 (2010),

—

Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949,

—

Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (2),

—

Vista su posición de 20 de octubre de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Directiva sobre el permiso de maternidad) (3),

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (4),

—

Vista la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (5),

—

Vista la Directiva 2013/62/UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que modifica la Directiva 2010/18/UE por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, como consecuencia de la modificación del estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea (6),

—

Vistas las Directivas de la UE posteriores a 1975 relativas a los distintos aspectos de la igualdad de trato entre hombres y mujeres (Directiva 2010/41/UE (7), Directiva 2010/18/UE (8), Directiva 2006/54/EC, Directiva 2004/113/CE, Directiva 92/85/CEE (9), Directiva 86/613/CEE (10) y Directiva 79/7/CEE (11)),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión el 14 de marzo de 2012, destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Directiva sobre mujeres en los consejos de administración) (COM(2012)0614),

—

Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y su artículo 3, que define «género» como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres»,

—

Vista la propuesta de Decisión del Consejo, presentada por la Comisión el 4 de marzo de 2016, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (COM(2016)0111),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2016, sobre igualdad entre mujeres y hombres (00337/2016),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 5 y 6 de junio de 2014, sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la mutilación genital femenina (09543/2014),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2015, sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la adopción de decisiones (14327/2015),

—

Vista la declaración del Trío de Presidencias, de 7 de diciembre de 2015, firmada por los Países Bajos, Eslovaquia y Malta,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de marzo de 2015, titulado «2014 Report on equality between women and men» (Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 2014) (SWD(2015)0049),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 4 de marzo de 2016, titulado «2015 Report on equality between women and men» (Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 2015) (SWD(2016)0054),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

—

Vistas sus Resoluciones de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2009 (12), de 8 de marzo de 2011 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2010 (13), de 13 de marzo de 2012 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2011 (14), y de 10 de marzo de 2015 sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 (15),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2013, titulada «Hacia la eliminación de la mutilación genital femenina» (COM(2013)0833), y su Resolución, de 6 de febrero de 2014 (16), sobre la eliminación de la mutilación genital femenina,

—

Vistos los resultados del estudio sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en la Unión Europea, realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) y publicado en mayo de 2013,

—

Visto el informe de la FRA titulado «Violence against women — an EU-wide survey. Main results» (Violencia contra las mujeres — una encuesta a escala de la UE: principales resultados), publicado en marzo de 2014,

—

Visto el informe de la FRA titulado «The fundamental rights situation of intersex people» (Situación de los derechos fundamentales de las personas intersexuales), publicado en mayo de 2015,

—

Visto el informe de la red europea de organismos nacionales para la igualdad (Equinet) titulado «The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The Work of Equality Bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality» (Persistencia de la discriminación, el acoso y la desigualdad para las mujeres y contribución de los organismos para la igualdad a la nueva estrategia de igualdad de género de la Comisión Europea), publicado en 2015,

—

Vistos los informes de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulados «The Gender Employment Gap: challenges and solutions» (La brecha salarial de género: retos y soluciones), de 2016, «Social partners and gender equality in Europe» (Interlocutores sociales e igualdad de género en Europa), de 2014, y «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Evolución de la vida laboral en Europa: estudio anual de EurWORK), de 2014 y 2015, así como la Sexta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, de 2016,

—

Vistas su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre la nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después de 2015 (17), y su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015 (18),

—

Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres (19),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea (20),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE (21),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras domésticas y las cuidadoras en la UE (22),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (23),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional (24),

—

Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo») (25),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo (26),

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas desde la perspectiva de género (27),

—

Visto el informe de situación de la Comisión, de 3 de junio de 2013, titulado «Objetivos de Barcelona — El desarrollo de los servicios de acogida de niños de corta edad en Europa en pro de un crecimiento sostenible e integrador» (28),

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» (29),

—

Vistos el índice de igualdad de género 2015 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y el informe titulado «Beijing + 20: 4th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pekín + 20: cuarta revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE), así como otros informes del EIGE,

—

Visto el estudio de la red europea de expertos legales en la igualdad de género y la no discriminación, titulado «A comparative analysis of gender equality law in Europe 2015» (Análisis comparativo de la legislación en materia de igualdad de género en Europa en 2015), de enero de 2016,

—

Vistas las conclusiones convenidas sobre «El papel de los hombres y los niños en el logro de la igualdad de género», del 48.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, de marzo de 2004 (30),

—

Visto el documento titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», adoptado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, y los objetivos y metas sobre igualdad de género, derechos de las mujeres y empoderamiento de la mujer que se incluyen en dicho documento,

—

Visto el informe estadístico de la Comisión, de abril de 2014, titulado «Single parents and employment in Europe» (Familias monoparentales y empleo en Europa) (31),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0046/2017),

A.

Considerando que el índice de igualdad de género 2015 del EIGE muestra únicamente mejoras marginales: la Unión sigue estando solo a medio camino en el logro de la igualdad de género y su resultado global desde 2005 ha aumentado de 51,3 a 52,9 sobre 100; que es necesario progresar más rápidamente si se quiere que la Unión alcance los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

B.

Considerando que, estos últimos años, algunos Estados miembros han experimentado un desarrollo sustancial de movimientos cívicos y políticos que van en detrimento de la igualdad de derechos de mujeres y hombres, y que incluso cuestionan la necesidad general de contar con políticas de igualdad de género; que esta reacción negativa contra la igualdad de género pretende reforzar los roles de género tradicionales y poner en cuestión los logros alcanzados y futuros en el ámbito de la igualdad de género, los derechos de la mujer y los derechos de las personas LGBTI;

C.

Considerando que la igualdad entre las mujeres y los hombres es un derecho fundamental reconocido en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales; que el objetivo de la Unión en este ámbito es garantizar asimismo la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y luchar contra toda discriminación basada en el sexo;

D.

Considerando que, en 2015, la tasa de empleo de las mujeres alcanzó un máximo histórico del 64,5 %, pero se mantuvo muy por debajo de la de los hombres, que fue del 75,6 %; que, lamentablemente, las mujeres tienen cuatro veces más posibilidades que los hombres de ejercer un trabajo a tiempo parcial y de permanecer en él, a menudo de manera involuntaria; que muchos jóvenes siguen siendo pobres a pesar de trabajar, en particular en Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Portugal y Eslovaquia;

E.

Considerando que la tasa de desempleo de las mujeres está infravalorada, dado que muchas mujeres no están inscritas como desempleadas, en especial las que viven en zonas rurales o aisladas, las que ayudan en el negocio familiar y muchas de las que se dedican en exclusiva a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos; que esta situación crea también una disparidad de acceso a los servicios públicos (subsidios, pensiones, permisos de maternidad, baja por enfermedad, acceso a la seguridad social, etc.);

F.

Considerando que el informe de Eurofound sobre la brecha de empleo entre hombres y mujeres calcula que dicha brecha cuesta a la Unión alrededor de 370 000 millones EUR al año, o sea, el 2,8 % del PIB de la Unión (32);

G.

Considerando que, en los países afectados por la crisis económica y los recortes presupuestarios, las mujeres se han visto afectadas de forma desproporcionada, en particular, las mujeres jóvenes, las de edad avanzada, las madres solteras y las mujeres que sufren diferentes tipos de discriminación, y que esto las ha llevado a una situación de pobreza y marginación social al excluirlas cada vez más del mercado laboral; que los recortes en los servicios públicos de asistencia y sanidad conllevan una transferencia de la responsabilidad de los cuidados, que deja de recaer en la sociedad para volver a los hogares, afectando mayormente a las mujeres;

H.

Considerando que la feminización de la pobreza persiste dentro de la Unión y que los índices extremadamente elevados de desempleo, pobreza y exclusión social de las mujeres están estrechamente vinculados a los recortes presupuestarios en los servicios públicos tales como la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales y las prestaciones sociales; que estas políticas conducen a una mayor precarización del trabajo, en especial por el incremento de los contratos a tiempo parcial y temporales no deseados;

I.

Considerando que, en 2015, tres cuartas partes de las tareas domésticas y dos tercios de las tareas de cuidado parental corrieron a cargo de las mujeres trabajadoras, que tuvieron que hacer frente, por lo tanto, a una doble carga de responsabilidades; que, en general, las mujeres asumen una responsabilidad considerablemente mayor en las tareas de cuidado parental y en las tareas domésticas; que los estereotipos y los roles de género tradicionales siguen ejerciendo una gran influencia en la división de las tareas entre las mujeres y los hombres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general; que ese reparto tradicional de responsabilidades tiende a perpetuar el statu quo, lo que limita las oportunidades de empleo y el desarrollo personal de las mujeres, y les deja poco tiempo para integrarse en la vida social y comunitaria o para participar en la economía; que un reparto equitativo entre hombres y mujeres del «trabajo no remunerado», como la prestación de cuidados y las tareas domésticas, constituye un requisito previo para la independencia económica de las mujeres a largo plazo;

J.

Considerando que, a pesar del marco político y de la legislación existentes a escala nacional y de la Unión, ciertos permisos por motivos familiares siguen siendo motivo de discriminación y estigmatización, tanto para las mujeres como para los hombres, y que esta situación afecta especialmente a las mujeres en cuanto principales cuidadoras que hacen uso de estos permisos;

K.

Considerando que, en casi una cuarta parte de los Estados miembros de la Unión, el permiso de paternidad no está regulado, y que, en algunos donde sí lo está, tan solo se permite que los hombres disfruten de dicho permiso durante uno, dos o unos cuantos días; que, en ocho Estados miembros, el permiso parental no está remunerado en absoluto, y que la media de utilización del permiso parental por los padres es escasa, ya que solo el 10 % de ellos opta por disfrutar de al menos un día de permiso, mientras que el 97 % de las mujeres recurre al permiso parental que está a disposición de ambos progenitores; que el fomento de un mayor recurso a los permisos parental y de paternidad es clave para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres; que el estudio de Eurofound (33) ha puesto de manifiesto los aspectos que influyen en la tasa de utilización de los permisos parentales por parte de los padres, a saber: el nivel de compensación, la adaptabilidad del sistema de permisos, la disponibilidad de información, la disponibilidad y flexibilidad de los servicios de guardería, y el miedo a ser excluido del mercado laboral por la utilización de un permiso;

L.

Considerando que una condición previa para la inclusión activa de las mujeres en el mercado de trabajo es la disponibilidad de servicios e instalaciones asequibles, accesibles y de calidad para el cuidado de los niños, los familiares de edad avanzada y otros miembros de la familia dependientes; que los objetivos de Barcelona constituyen un óptimo instrumento para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres, y que todos los Estados miembros deben proponerse alcanzarlos cuanto antes; que, cada vez con más frecuencia, la falta de estructuras y servicios para la infancia de alta calidad y a precios asequibles obliga a las madres a elegir entre trabajar a tiempo parcial o renunciar a su empleo para cuidar de sus hijos, lo que repercute en la renta familiar y las pensiones;

M.

Considerando que el acceso a la formación y el derecho humano fundamental a la educación de las niñas y las mujeres son valores europeos importantes y elementos esenciales para el empoderamiento de las niñas y las mujeres en los ámbitos social, cultural y profesional, así como para el pleno disfrute de todos los demás derechos sociales, económicos, culturales y políticos y, en consecuencia, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas; que la enseñanza universal, obligatoria y gratuita es una condición indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades para todos, y que todos los niños deberían poder acceder a ella sin discriminación e independientemente de su estatuto de residencia; que la lucha contra la desigualdad por razón de género comienza en la etapa preescolar y exige una supervisión pedagógica constante de los programas educativos, los objetivos de desarrollo y los resultados del aprendizaje;