28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/1

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/2

1)

¿El principio de «quien contamina paga» recogido en el art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, que establecen como principios básicos la igualdad y no discriminación, proyectados sobre la regulación contenida en la Directiva 2009/72/[CE] (1), artículo 3, apartados 1 y 2, en cuanto procura, entre otras finalidades, un mercado de electricidad competitivo y no discriminatorio, sin que quepa alterarlo más que por motivos de interés económico general, incluida la protección del medio ambiente, se oponen al establecimiento de unos impuestos que recaen exclusivamente sobre las empresas de producción de energía eléctrica que utilizan energía nuclear, cuando la finalidad principal de dichos gravámenes no es medioambiental sino aumentar el volumen del sistema financiero de la energía eléctrica de suerte que asuman estas empresas en comparación con otras que realizan la misma actividad una mayor carga en la financiación del déficit tarifario?

2)

¿En un mercado eléctrico competitivo y no discriminatorio, permite la normativa europea imponer tributos medioambientales justificándose su implantación en la consustancial carga contaminante propia de la actividad nuclear pero sin establecer concreción normativa alguna –se pretende justificar en el Preámbulo de la Ley, de suerte que respecto del impuesto de producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos se omite reflejar en el texto legal con fuerza normativa la internalización de los costes a cubrir, y respecto del almacenamiento de residuos radiactivos también existe falta de concreción, dado que los costes de gestión y almacenamiento ya se encuentran cubiertos por otros gravámenes, cuando además no se establece claramente el destino de lo recaudado y las empresas citadas vienen obligadas a asumir la responsabilidad civil derivada hasta la suma de 1 200 millones?

3)

¿Se cumple la exigencia contenida en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Directiva de que las obligaciones a imponer por interés económico general, incluida la protección del medio ambiente, estén definidas claramente, sean transparentes, no discriminatorias y controlables, cuando la finalidad medioambiental y las notas características que definen a los tributos medioambientales no tienen concreción en la parte de la disposición legal con fuerza normativa?

4)

¿Los principios de «quien contamina paga» del artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de igualdad y no discriminación de los artículos 20 y 21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y los artículos 3 y 5 de la Directiva 2005/89/CE (2), en tanto que pretenden garantizar «el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad», instando a los Estados miembros para que velen «por que ninguna medida adoptada de conformidad con la presente Directiva sea discriminatoria o suponga una carga excesiva para los agentes del mercado», se oponen a una normativa nacional que hace recaer la financiación del déficit tarifario sobre la totalidad de las empresas del sector eléctrico, pero impone a las empresas nucleoeléctricas (aparte de las hidroeléctricas consideradas de carácter renovable) gravámenes tributarios de especial intensidad, recayendo sobre las mismas un mayor peso contributivo respecto de otras que actúan en el mercado energético sin tener que hacer frente a estas cargas, algunas de las cuales productora[s] de mayor contaminación, justificándolos por motivos de protección del medio ambiente por los riesgos e incertidumbres ínsitos en las actividades nucleares, sin concreción de costes, sin establecer el destino de protección medioambiental de lo recaudado, estando cubierto[s] por otros gravámenes la gestión y almacenamiento de los residuos y asumiendo las empresas nucleoeléctricas la responsabilidad civil, al falsear la libre competencia conforme a las exigencias del mercado interior liberalizado al favorecer a otros operadores generadores de electricidad que no tienen que hacer frente a impuestos medioambientales cuando utilizan fuentes de producción más contaminantes?

5)

¿Resulta contrario al artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «principio de quien contamina paga» un impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, que se hace recaer sólo sobre la industria de generación de energía nuclear, dejando fuera cualquier otro sector que pudiera generar dichos residuos, con lo cual otras empresas que realizan una actividad utilizando material o fuentes nucleares no resultan gravadas, a pesar de incidir en el aspecto medioambiental a proteger?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/3

1)

El principio de «quien contamina paga» recogido en el art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, que establecen como principios básicos la igualdad y no discriminación, proyectados sobre la regulación contenida en la Directiva 2009/72/[CE] (1), artículo[s] 3.1 y 3.2, en cuanto procura, entre otros fines, un mercado de electricidad competitivo y no discriminatorio, sin que quepa alterarlo más que por motivos de interés económico general, incluida la protección del medio ambiente ¿se oponen al establecimiento de unos impuestos que recaen sólo sobre las empresas de producción de energía eléctrica que utilizan energía nuclear, cuando la verdadera finalidad de dichos gravámenes no es ambiental sino la de aumentar el volumen del sistema financiero de la energía eléctrica de suerte que asuman estas empresas, en comparación con otras que realizan la misma actividad, una mayor carga en la financiación del déficit tarifario?

2)

En un mercado eléctrico competitivo y no discriminatorio ¿se opone la normativa europea mencionada [a] la imposición de tributos medioambientales justificándose su implantación en la consustancial carga contaminante propia de la actividad nuclear pero sin establecer concreción normativa alguna — se pretende justificar en el Preámbulo de la Ley, de suerte que respecto del impuesto de producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos se omite reflejar en el texto legal con fuerza normativa la internalización de los costes a cubrir, y respecto del almacenamiento de residuos radiactivos también existe falta de concreción, dado que los costes de gestión y almacenamiento ya se encuentran cubiertos por otros gravámenes, cuando además no se establece claramente el destino de lo recaudado y las empresas citadas vienen obligadas a asumir la responsabilidad civil derivada hasta la suma de 1 200 millones?

3)

El artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, conforme al cual las obligaciones específicas a cargo de la industria de generación nuclear que han de imponerse por razones [de] interés general, incluida la protección del medio ambiente, deben estar definidas claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables ¿se opone a los impuestos establecidos en la Ley 15/2012, cuando la finalidad medioambiental y las notas que definen los tributos medioambientales no tienen concreción en la parte de la disposición legal con fuerza normativa?

4)

Los principios de «quien contamina paga» del artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de igualdad y no discriminación de los artículos 20 y 21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y los artículos 3 y 5 de la Directiva 2005/89/CE (2), que pretenden garantizar «el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad», instando a los Estados miembros para que velen «por que ninguna medida adoptada de conformidad con la presente Directiva sea discriminatoria o suponga una carga excesiva para los agentes del mercado», ¿se oponen a una normativa nacional que hace recaer la financiación del déficit tarifario sobre la totalidad de las empresas del sector eléctrico, pero impone a las empresas nucleoeléctricas (aparte de las hidroeléctricas consideradas de carácter renovable) gravámenes tributarios de especial intensidad, recayendo sobre ellas un mayor peso contributivo respecto de otras que actúan en el mercado energético sin tener que hacer frente a estas cargas, algunas de las cuales son productoras de mayor contaminación, justificándolo[s] por motivos de protección del medio ambiente por los riesgos e incertidumbres ínsitos en las actividades nucleares, sin concreción de costes, sin fijar el destino de protección medioambiental de lo recaudado, estando ya cubierto por otros gravámenes el coste de la gestión y almacenamiento de los residuos y asumiendo las empresas nucleoeléctricas la responsabilidad civil, al falsear la libre competencia conforme a las exigencias del mercado interior liberalizado, al favorecer a otros operadores generadores de electricidad que no han de soportar estos impuestos pese a utilizar fuentes de producción más contaminantes?

5)

El artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece el «principio de quien contamina paga» ¿se opone a un impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, que se hace recaer sólo sobre la industria de generación de energía nuclear, dejando fuera cualquier otro sector que pudiera generar dichos residuos, con lo cual otras empresas que realizan una actividad utilizando material o fuentes nucleares no resultan gravadas, pese a su incidencia en los valores de protección medioambiental?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/4

1)

¿El principio de «quien contamina paga» recogido en el art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, que establecen como principios básicos la igualdad y no discriminación, proyectados sobre la regulación contenida en la Directiva 2009/72/[CE] (1), artículo 3, apartados 1 y 2, en cuanto procura, entre otras finalidades, un mercado de electricidad competitivo y no discriminatorio, sin que quepa alterarlo más que por motivos de interés económico general, incluida la protección del medio ambiente, se oponen al establecimiento de unos impuestos que recaen exclusivamente sobre las empresas de producción de energía eléctrica que utilizan energía nuclear, cuando la finalidad principal de dichos gravámenes no es medioambiental sino aumentar el volumen del sistema financiero de la energía eléctrica de suerte que asuman estas empresas, en comparación con otras que realizan la misma actividad, una mayor carga en la financiación del déficit tarifario?

2)

¿En un mercado eléctrico competitivo y no discriminatorio permite la normativa europea imponer tributos medioambientales justificándose su implantación en la consustancial carga contaminante propia de la actividad nuclear pero sin establecer concreción normativa alguna — se pretende justificar en el Preámbulo de la Ley, de suerte que respecto del impuesto de producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos se omite reflejar en el texto legal con fuerza normativa la internalización de los costes a cubrir, y respecto del almacenamiento de residuos radiactivos también existe falta de concreción, dado que los costes de gestión y almacenamiento ya se encuentran cubiertos por otros gravámenes, cuando además no se establece claramente el destino de lo recaudado y las empresas citadas vienen obligadas a asumir la responsabilidad civil derivada hasta la suma de 1 200 millones?

3)

¿Se cumple la exigencia contenida en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Directiva de que las obligaciones a imponer por interés económico general, incluida la protección del medio ambiente, estén definidas claramente, sean transparentes, no discriminatorias y controlables, cuando la finalidad medioambiental y las notas características que definen a los tributos medioambientales no tienen concreción en la parte de la disposición legal con fuerza normativa?

4)

¿Los principios de «quien contamina paga» del artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de igualdad y no discriminación de los artículos 20 y 21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y los artículos 3 y 5 de la Directiva 2005/89/CE (2), en tanto que pretenden garantizar «el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad», instando a los Estados miembros para que velen «por que ninguna medida adoptada de conformidad con la presente Directiva sea discriminatoria o suponga una carga excesiva para los agentes del mercado», se oponen a una normativa nacional que hace recaer la financiación del déficit tarifario sobre la totalidad de las empresas del sector eléctrico, pero impone a las empresas nucleoeléctricas (aparte de las hidroeléctricas consideradas de carácter renovable) gravámenes tributarios de especial intensidad, recayendo sobre las mismas un mayor peso contributivo respecto de otras que actúan en el mercado energético sin tener que hacer frente a estas cargas, algunas de las cuales productora[s] de mayor contaminación, justificándolos por motivos de protección del medio ambiente por los riesgos e incertidumbres ínsitos en las actividades nucleares, sin concreción de costes, sin establecer el destino de protección medioambiental de lo recaudado, estando cubierto[s] por otros gravámenes la gestión y almacenamiento de los residuos y asumiendo las empresas nucleoeléctricas la responsabilidad civil, al falsear la libre competencia conforme a las exigencias del mercado interior liberalizado al favorecer a otros operadores generadores de electricidad que no tienen que hacer frente a impuestos medioambientales cuando utilizan fuentes de producción más contaminantes?

5)

¿Resulta contrario al artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «principio de quien contamina paga» un impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, que se hace recaer sólo sobre la industria de generación de energía nuclear, dejando fuera cualquier otro sector que pudiera generar dichos residuos, con lo cual otras empresas que realizan una actividad utilizando material o fuentes nucleares no resultan gravadas, a pesar de incidir en el aspecto medioambiental a proteger?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/6

1)

¿El principio de «quien contamina paga» recogido en el art. 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, que establecen como principios básicos la igualdad y no discriminación, proyectados sobre la regulación contenida en la Directiva 2009/72/[CE] (1), artículo 3, apartados 1 y 2, en cuanto procura, entre otras finalidades, un mercado de electricidad competitivo y no discriminatorio, sin que quepa alterarlo más que por motivos de interés económico general, incluida la protección del medio ambiente, se oponen al establecimiento de unos impuestos que recaen exclusivamente sobre las empresas de producción de energía eléctrica que utilizan energía nuclear, cuando la finalidad principal de dichos gravámenes no es medioambiental sino aumentar el volumen del sistema financiero de la energía eléctrica de suerte que asuman estas empresas en comparación con otras que realizan la misma actividad una mayor carga en la financiación del déficit tarifario?

2)

¿En un mercado eléctrico competitivo y no discriminatorio, permite la normativa europea imponer tributos medioambientales justificándose su implantación en la consustancial carga contaminante propia de la actividad nuclear pero sin establecer concreción normativa alguna — se pretende justificar en el Preámbulo de la Ley, de suerte que respecto del impuesto de producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos se omite reflejar en el texto legal con fuerza normativa la internalización de los costes a cubrir, y respecto del almacenamiento de residuos radiactivos también existe falta de concreción, dado que los costes de gestión y almacenamiento ya se encuentran cubiertos por otros gravámenes, cuando además no se establece claramente el destino de lo recaudado y las empresas citadas vienen obligadas a asumir la responsabilidad civil derivada hasta la suma de 1 200 millones?

3)

¿Se cumple la exigencia contenida en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Directiva de que las obligaciones a imponer por interés económico general, incluida la protección del medio ambiente, estén definidas claramente, sean transparentes, no discriminatorias y controlables, cuando la finalidad medioambiental y las notas características que definen a los tributos medioambientales no tienen concreción en la parte de la disposición legal con fuerza normativa?

4)

¿Los principios de «quien contamina paga» del artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de igualdad y no discriminación de los artículos 20 y 21 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y los artículos 3 y 5 de la Directiva 2005/89/CE (2), en tanto que pretenden garantizar «el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad», instando a los Estados miembros para que velen «por que ninguna medida adoptada de conformidad con la presente Directiva sea discriminatoria o suponga una carga excesiva para los agentes del mercado», se oponen a una normativa nacional que hace recaer la financiación del déficit tarifario sobre la totalidad de las empresas del sector eléctrico, pero impone a las empresas nucleoeléctricas (aparte de las hidroeléctricas consideradas de carácter renovable) gravámenes tributarios de especial intensidad, recayendo sobre las mismas un mayor peso contributivo respecto de otras que actúan en el mercado energético sin tener que hacer frente a estas cargas, algunas de las cuales productora[s] de mayor contaminación, justificándolos por motivos de protección del medio ambiente por los riesgos e incertidumbres ínsitos en las actividades nucleares, sin concreción de costes, sin establecer el destino de protección medioambiental de lo recaudado, estando cubierto[s] por otros gravámenes la gestión y almacenamiento de los residuos y asumiendo las empresas nucleoeléctricas la responsabilidad civil, al falsear la libre competencia conforme a las exigencias del mercado interior liberalizado al favorecer a otros operadores generadores de electricidad que no tienen que hacer frente a impuestos medioambientales cuando utilizan fuentes de producción más contaminantes?

5)

¿Resulta contrario al artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «principio de quien contamina paga» un impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, que se hace recaer sólo sobre la industria de generación de energía nuclear, dejando fuera cualquier otro sector que pudiera generar dichos residuos, con lo cual otras empresas que realizan una actividad utilizando material o fuentes nucleares no resultan gravadas, a pesar de incidir en el aspecto medioambiental a proteger?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/7

1)

¿Puede interpretarse el artículo 12, apartado 1, de la Decisión Marco 2006/783/JAI, (1) en el sentido de que en la ejecución en los Países Bajos de una resolución de decomiso transmitida por un Estado de emisión puede imponerse la prisión por deudas en el sentido del artículo 577c del Wetboek van Strafvordering (Código de enjuiciamiento criminal), habida cuenta de la sentencia del Hoge Raad de 20 de diciembre de 2011, (2) en virtud de la cual la prisión por deudas debe tener la consideración de pena en el sentido del artículo 7, apartado 1, del CEDH?

2)

¿Tiene alguna relevancia, a efectos de la posibilidad de imponer la prisión por deudas, la circunstancia de que el Derecho del Estado de emisión también prevea la posibilidad de imponer la prisión por deudas?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/8

—

Que se anule la sentencia de la Sala Octava del Tribunal General de 30 de noviembre de 2017 (T-475/16).

—

Que se condene en costas a la EUIPO.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/8

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/9

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/9

1)

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 2002/65/CE (1) en el sentido de que se opone a una norma o práctica nacional como la del procedimiento principal, que, en los contratos de préstamo celebrados a distancia, no excluye el derecho de desistimiento cuando, a petición expresa del consumidor, el contrato ya haya sido ejecutado en su totalidad por ambas partes antes de que el consumidor ejerza dicho derecho?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 4, apartado 2; 5, apartado 1; 6, apartados 1, párrafo segundo, segundo guion, y 6, de la Directiva 2002/65/CE en el sentido de que, en cuanto a la correcta recepción de la información prevista por el Derecho nacional en correspondencia con los artículos 5, apartado 1, y 3, apartado 1, punto 3, letra a), de la Directiva 2002/65/CE y en cuanto al ejercicio del derecho de desistimiento por el consumidor con arreglo al Derecho nacional, solo se ha de atender a un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a la vista de todos los aspectos de hecho pertinentes y de todas las circunstancias que rodean la celebración del contrato?

3)

En caso de que se responda negativamente a las cuestiones primera y segunda:

¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2002/65/CE en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro que, una vez declarado el desistimiento de un contrato de préstamo celebrado a distancia con un consumidor, dispone que el proveedor debe pagar al consumidor, aparte del importe recibido de este en virtud del contrato a distancia, una compensación por el disfrute de esa suma de dinero?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/10

1)

¿Deben interpretarse los apartados 2, 4 y 5 del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1484/95, (1) en relación con el artículo 141 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007, (2) en el sentido de que con el mecanismo de control descrito en estas disposiciones incluso en el caso de un control a posteriori, ya no se pretende más que garantizar que puedan ponerse en tiempo oportuno en conocimiento de las autoridades competentes hechos o circunstancias relativos a operaciones sucesivas que pueden suscitar dudas sobre la realidad del precio cif de importación indicado y que pueden constituir un motivo para una posterior investigación?

¿O bien es correcta la tesis contraria y debe interpretarse el mecanismo de control descrito en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 3 del Reglamento n.o 1484/95, incluso en el supuesto de un control a posteriori, en el sentido de que las reventas por el importador en el mercado comunitario a un precio inferior al precio cif de importación indicado del envío, aumentado en el importe de los derechos de importación devengados, no cumplen las condiciones (de comercialización) exigidas el mercado comunitario, de forma que ya por tal motivo se devengarán derechos adicionales? ¿Tiene alguna relevancia en la respuesta a esta última cuestión que la reventa o reventas antes mencionadas efectuadas por el importador hayan tenido lugar a un precio inferior al precio representativo aplicable? ¿Tiene alguna relevancia en este contexto que el precio representativo se haya calculado, durante el período anterior al 11 de septiembre de 2009, de un modo distinto al observado durante el período posterior a tal fecha? Asimismo, ¿tiene alguna relevancia en la respuesta a estas cuestiones el hecho de que los compradores en la Unión sean empresas asociadas al importador?

2)

Si de la respuesta a las cuestiones formuladas en el punto 1 se desprende que la reventa con pérdidas constituye un indicio suficiente para rechazar el precio cif de importación indicado, ¿cómo deberá determinarse entonces el importe de los derechos adicionales devengados? ¿Debe establecerse esta base conforme a los métodos prescritos por la determinación del valor en aduana en los artículos 29 a 31 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario? (3) ¿O bien debe determinarse dicha base exclusivamente en virtud del precio representativo aplicable? ¿Se opone el artículo 141, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1234/2007, durante el período anterior al 11 de septiembre de 2009, al uso del precio representativo establecido en dicho período?

3)

Si de la respuesta a las cuestiones prejudiciales 1 y 2 se desprende que para el devengo de derechos adicionales resulta decisivo que los productos importados se hayan revendido con pérdidas en el mercado comunitario y, por consiguiente, que para el cálculo de la cuantía de los derechos adicionales devengados deba tomarse como base el precio representativo, ¿son compatibles los apartados 2, 4 y 5 del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1484/95 con el artículo 141 del Reglamento (CE) n.o 1234/2007, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2001, Kloosterboer Rotterdam B.V., C-317/99, EU:C:2001:681?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/11

1)

¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 261/2004 (1) en el sentido de que un pasajero que en virtud de la Directiva 90/314/CEE (2) relativa a los viajes combinados (transpuesta en el Derecho nacional) tiene derecho a reclamar a su organizador de viajes el reembolso del coste de su billete, pero ya no podrá reclamar la devolución al transportista aéreo?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿podrá un pasajero reclamar, pese a todo, el reembolso del coste de su billete al transportista aéreo si cabe suponer que su organizador de viajes, en caso de que se ejerciten acciones contra él, no estará en condiciones económicas de reembolsar efectivamente el coste del billete y el organizador de viajes tampoco ha adoptado ninguna medida para garantizar el reembolso?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/12

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/12

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/13

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/13

1)

El objeto adquirido va a ser destinado, mediante su procesamiento y posterior transmisión, a la actividad económica propia de dicho empresario.

2)

Se van a efectuar operaciones sujetas a IVA al reintroducir el bien adquirido en el circuito empresarial y

3)

La legislación aplicable en ese mismo Estado no permite al empresario o profesional deducirse, en tales operaciones, lo abonado en concepto de aquel impuesto por la primera de las adquisiciones mencionadas.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/14

—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y de los artículos 5, letra a), y 9, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, (1) al incluir en los artículos 13, apartados 1 a 3, de la Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Ley de 12 de julio de 2017, por la que se modifica la Ley relativa a la Organización de los Tribunales Ordinarios), una diferencia en la edad de jubilación entre hombres y mujeres que ejercen como jueces de tribunales ordinarios, jueces del Tribunal Supremo y fiscales.

—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al reducir mediante el artículo 13, apartado 1, de la citada Ley, la edad de jubilación aplicable a los jueces de tribunales ordinarios y por conceder simultáneamente al Ministro de Justicia el derecho a decidir sobre la ampliación del período de servicio activo de los jueces conforme al artículo 1, apartado 26, letras b) y c), de la mencionada Ley.

—

Que se condene en costas a la República de Polonia.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/15

—

la operación de «sale and lease back» se compone del otorgamiento combinado y simultáneo de un derecho de enfiteusis (es decir, un derecho real de carácter temporal) por parte del sujeto pasivo a favor de dos instituciones financieras y de un arrendamiento financiero de estas dos instituciones financieras a favor del sujeto pasivo;

—

dicha operación de «sale and lease back» constituye una operación estrictamente financiera que tiene por objeto aumentar la liquidez del sujeto pasivo;

—

la citada operación de [«sale and lease back»] no se sujetó al IVA;

—

el bien de inversión inmueble permaneció en posesión del sujeto pasivo que lo ha destinado a su actividad sujeta al impuesto de manera ininterrumpida y duradera, tanto antes como después de la operación?

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/16

—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 43 de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, (1) al no haber adoptado todas las medias legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva, o, en su caso, al no haber comunicado a la Comisión dichas medidas.

—

Que se condene a la República de Polonia, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, al pago de una multa coercitiva de un importe diario de 87 612 € a partir del día en que se dicte la sentencia del Tribunal de Justicia en el presente asunto, por incumplir su obligación de comunicación de las medidas de transposición de la Directiva 2014/26.

—

Que se condene en costas a la República de Polonia.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/17

—

Que se anule la sentencia recurrida.

—

Que se resuelva el recurso de primera instancia estimándolo y anulando en consecuencia los artículos 1 a 5 de la Decisión (UE) 2016/154 de la Comisión, de 22 de julio de 2015, relativa a la Ayuda Estatal SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002). (1)

—

Que se resuelva definitivamente sobre el primer motivo y la primera parte del segundo motivo del recurso de primera instancia, se estime esa primera parte del segundo motivo y, en consecuencia, se declare que el principio del operador en economía de mercado es aplicable a la medida controvertida.

—

Que se devuelva el litigio al Tribunal General con otra composición, para que éste resuelva sobre los demás motivos y alegaciones formulados por la recurrente en su demanda de 22 de diciembre de 2015, y se reserven las costas de primera instancia.

—

Que se condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas de la presente instancia.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/18

—

La República Italiana solicita al Tribunal de Justicia que, de conformidad con los artículos 56 y 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de enero de 2018, notificada el 29 de enero de 2018, en el asunto T-91/16, que tiene por objeto la anulación de la Decisión C(2015) 9413 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, notificada el 18 de diciembre de 2015, relativa a la reducción del importe de la ayuda del Fondo Social Europeo al Programa Operativo para la región de Sicilia, que se inscribe en el marco comunitario de apoyo a las intervenciones estructurales comunitarias en las regiones italianas incluidas en el objetivo n.o 1 (POR Sicilia 2000-2006), con el fin de que anule esta última Decisión.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/20

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a H.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/20

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Alcogroup y Alcodis cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

3)

El Orde van Vlaamse Balies, el Ordre des barreaux francophones et germanophone y el Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles cargarán con las costas en que hayan incurrido en la presente instancia.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/21

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Revocar el auto de 10 de noviembre de 2016, Valencia Club de Fútbol/Comisión (T-732/16 R).

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/22

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Revocar el auto de 11 de noviembre de 2016, Hércules Club de Fútbol/Comisión (T-766/16 R).

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/22

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar en costas a Eco-Bat Technologies Ltd, a Berzelius Metall GmbH y a Société traitements chimiques des métaux (STCM).

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/23

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar a UD a cargar con sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/23

—

Anule la resolución impugnada.

—

Ordene el registro de la marca.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/24

—

Anule la nota de adeudo n.o 2017-1635 emitida por el Secretario General del Parlamento Europeo.

—

Anule la decisión de recuperación adoptada por el Secretario General del Parlamento Europeo el 30 de noviembre de 2017, por importe de 264 196,11 euros.

1.

Primer motivo, basado en que, en la decisión del Secretario General, las conclusiones relativas al reembolso de los gastos de viaje y a los asistentes parlamentarios acreditados son contrarias a la realidad objetiva. El demandante únicamente reclamó el reembolso de los gastos de viaje en aquellos casos en los que tenía derecho a ello con arreglo a lo dispuesto en la Decisión n.o 2009/C 159/01 de la Mesa del Parlamento Europeo, por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo.

Los asistentes parlamentarios acreditados a los que hace referencia la decisión, que tienen una relación contractual con el Parlamento Europeo, realizaron tareas de apoyo para el desempeño de las funciones de diputado del demandante en Bruselas y Estrasburgo.

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de armas.

El demandante no tuvo acceso a las pruebas que respaldan los hechos contenidos en la decisión del Secretario General. Aunque lo solicitó por escrito, el Secretario General no le envío dichas pruebas, por lo que se le impidió en todo momento presentar observaciones en cuanto al fondo. La decisión del Secretario General, en la que se basa la nota de adeudo, como acto jurídico que afecta al demandante, se adoptó vulnerando los principios de procedimiento imparcial y equitativo y de igualdad de armas y el derecho de defensa del demandante.

3.

Tercer motivo, basado en que la decisión del Secretario General incurre en error de Derecho en lo que se refiere a la carga de la prueba. Al contrario de lo que se afirma en la decisión del Secretario General, los argumentos expuestos en el apartado 54 de la sentencia del Tribunal General de 10 de octubre de 2014, dictada en el asunto T-479/13, Marciani/Parlamento, no pueden considerarse pertinentes en el presente asunto, precisamente porque en el caso del diputado Marciani debía aplicarse la denominada Reglamentación GDD [Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados al Parlamento Europeo], mientras que durante el mandato del demandante como diputado ya estaba en vigor el Reglamento (CE) n.o 160/2009 del Consejo.

4.

Cuarto motivo, basado en la falta de fundamentación jurídica del reintegro de la retribución abonada a los asistentes parlamentarios acreditados. Este motivo tiene dos partes:

La primera parte del cuarto motivo se basa en la inexistencia de relación jurídica entre el demandante y el Parlamento Europeo. A partir de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 160/2009 es el Parlamento Europeo, y no el diputado, quien tiene una relación jurídica con el asistente parlamentario acreditado y el Parlamento Europeo no reembolsa los gastos, sino que paga una retribución. En lo que atañe a la relación laboral correspondiente a los asistentes parlamentarios acreditados, el demandante no tiene ninguna relación contractual con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no ha pagado al demandante la correspondiente retribución del asistente parlamentario acreditado. A falta de relación y fundamentación jurídicas, el demandante no puede tener ninguna obligación de reembolso a favor del Parlamento Europeo.

La segunda parte del cuarto motivo se basa en que la actividad ajena al servicio de los asistentes parlamentarios acreditados no hace surgir ningún derecho al reintegro de la retribución abonada. El artículo 12 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea no prohíbe el desarrollo de una actividad ajena al servicio, sino que solo se exige que se obtenga el consentimiento correspondiente de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. En cambio, en caso de que no se solicite el consentimiento, la normativa no prescribe sanciones en forma de devolución íntegra de la retribución abonada.

5.

Quinto motivo, basado en la prohibición de aplicar retroactivamente una norma que establece una obligación. El punto 8 de la decisión del Secretario General se refiere, entre los fundamentos jurídicos de la conclusión alcanzada, al artículo 39 bis de las Medidas de aplicación, a pesar de que la Decisión n.o 2015/C 397/03 de la Mesa del Parlamento Europeo, por la que se modifican las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo es aplicable a partir del 1 de enero de 2016, de modo que no puede ser pertinente en el presente litigio.

6.

Sexto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la vulneración del principio de proporcionalidad, en lo que atañe a la determinación del importe. La cantidad reclamada no está justificada en detalle ni mediante un método de cálculo, y presupone que el asistente parlamentario nunca trabajó para el demandante.

7.

Séptimo motivo, basado en que se ha efectuado una valoración del documento acreditativo de la fecha del viaje, anexo al reembolso de los gastos de viaje, que se aparta de su finalidad y se ha extraído de él una consecuencia infundada.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/26

—

Condene a las demandadas a pagar a las demandantes los importes mostrados en el cuadro anexo a la presente demanda más los intereses devengados desde el 26 de marzo 2013 hasta que el Tribunal General pronuncie su sentencia.

—

Condene en costas a las demandadas.

—

Declare la existencia de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea y/o de las instituciones demandadas.

—

Establezca el procedimiento que ha de seguirse para determinar el importe del perjuicio indemnizable efectivamente sufrido por las demandantes.

—

Condene en costas a las demandadas.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/26

—

Anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la decisión del Banco Central Europeo SNC-2016-0026, de 14 de marzo de 2018.

—

Declare, con arreglo al artículo 277 TFUE, la no conformidad a Derecho del artículo 18, apartado 6, del Reglamento MUS [Mecanismo Único de Supervisión] (1) y, por lo tanto, anule la citada decisión.

—

Condene en costas al BCE.

1.

Primer motivo, basado en que el BCE infringió lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUS y el artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al imponer una sanción administrativa económica de acuerdo con una legislación basada en normas de la Unión Europea y nacionales que no son directamente aplicables.

2.

Segundo motivo, basado en que el BCE infringió lo dispuesto en el artículo 132, apartado 1, letra b), del Reglamento 468/2014, (4) pues ordenó la publicación de una sanción administrativa económica de forma no anónima.

3.

Tercer motivo, basado en la no conformidad a Derecho del artículo 18, apartado 6, del Reglamento MUS, pues infringe el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, al imponer el deber de publicar una sanción administrativa económica sin consideración al hecho de que la demandada tiene intención de ejercitar acciones legales ante el Tribunal General dentro del plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/28

—

Anule la resolución impugnada.

—

Declare la nulidad del modelo comunitario registrado n.o 1783655-0002, propiedad de la titular, por todos los motivos expuestos en el presente recurso.

—

Ordene que la recurrida y la titular carguen con las costas procesales relativas al procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso, con arreglo al artículo 190 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

—

Condene a la EUIPO y a la posible coadyuvante al pago de todas las costas del presente procedimiento.

—

Interpretación y aplicación erróneas del artículo 6 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.

—

Infracción del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.

—

Infracción del artículo 25, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.

28.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 182/29

—

Declare la admisibilidad y fundamentación de la presente demanda.

—

Anule la decisión de 26 de marzo de 2018, por la que la Comisión Europea desestimó la oferta del consorcio que encabeza la demandante para el lote n.o 3 en la licitación «Contrato marco relativo a la prestación de ayuda exterior 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI)», referente a un contrato marco para la prestación de servicios en beneficio de los terceros países beneficiarios de la ayuda exterior de la Unión Europea, y adjudicó el lote n.o 3 a otros diez licitadores.

—

En concepto de diligencias de ordenación del procedimiento (véase el artículo 55 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General) inste a la demandada a presentar (i) las características y las ventajas relativas a las 10 ofertas seleccionadas para el lote n.o 3, así como sus puntuaciones para las subpartidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 de la partida Organización Global y Metodología («Global Organisation and Methodology»), y las puntuaciones obtenidas por las 10 ofertas seleccionadas para el lote n.o 3 para la partida Técnica («Technical score») y para la partida Finanzas («Financial score») y (ii) el informe detallado del comité de evaluación.

—

Declare la admisibilidad y fundamentación de la pretensión de indemnización por daños y perjuicios por un importe correspondiente a un margen bruto de 2 400 000 euros.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 106 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento financiero») y del artículo 4 de las Instrucciones a los licitadores («Instructions to Tenderers») (en lo sucesivo, «Instrucciones»). La Comisión cometió tal infracción en la medida en que no excluyó por irregularidades a un licitador perteneciente a uno de los consorcios adjudicatarios.

2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de la Comisión; en la infracción de lo dispuesto en el artículo 110, apartado 5, del Reglamento financiero y en el artículo 151 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de desarrollo»); en el incumplimiento de la obligación derivada del artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») de respetar el principio de buena administración y en la infracción del artículo 15, apartado 3, de las Instrucciones en la medida en que la Comisión no examinó con suficiente detenimiento las ofertas anormalmente bajas.

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación como resulta del artículo 113, apartado 2, del Reglamento financiero y del artículo 161, apartado 1, del Reglamento de desarrollo.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta.

5.

Quinto motivo, basado en la violación de los principios de igualdad de trato, no discriminación y garantía de una competencia leal del artículo 102, apartados 1 y 2, del Reglamento financiero, debido a la ilegalidad de lo dispuesto en el artículo 7 de las Instrucciones.

6.

Sexto motivo, basado en la violación del principio de buena administración previsto en el artículo 41 de la Carta, debido a la ilegalidad de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, de las Instrucciones.