7.5.2018   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/1

7.5.2018   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/2

—

El día de Año Nuevo.

—

El lunes de Pascua.

—

El 1 de mayo.

—

La Ascensión.

—

El lunes de Pentecostés.

—

El 23 de junio.

—

El 15 de agosto.

—

El 1 de noviembre.

—

El 25 de diciembre.

—

El 26 de diciembre.

—

Navidad de 2018: del lunes 17 de diciembre de 2018 al domingo 6 de enero de 2019 inclusive.

—

Semana Santa de 2019: del lunes 15 de abril de 2019 al domingo 28 de abril de 2019 inclusive.

—

Verano de 2019: del martes 16 de julio de 2019 al sábado 31 de agosto de 2019 inclusive.

7.5.2018   

ES

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C 161/4

—

Navidad de 2018: del lunes 17 de diciembre de 2018 al domingo 6 de enero de 2019 inclusive.

—

Semana Santa de 2019: del lunes 15 de abril de 2019 al domingo 28 de abril de 2019 inclusive.

—

Verano de 2019: del martes 16 de julio de 2019 al sábado 31 de agosto de 2019 inclusive.

7.5.2018   

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C 161/5

7.5.2018   

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C 161/6

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

SNCF Mobilités cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea y las de Mory SA y Mory Team.

7.5.2018   

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C 161/6

1)

El artículo 5, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un demandado domiciliado en un Estado tercero, como el demandado en el litigio principal.

2)

El artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «materia contractual», con arreglo a dicha disposición, incluye la acción de compensación de los pasajeros aéreos por gran retraso de un vuelo de conexión, ejercitada, sobre la base del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, contra un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no es quien contrata con el pasajero afectado.

3)

El artículo 5, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 44/2001 y el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, deben interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de un vuelo de conexión, constituye «lugar de ejecución» de dicho vuelo, con arreglo a esas disposiciones, el lugar de llegada del segundo vuelo, cuando el transporte en los dos vuelos lo realicen dos transportistas aéreos distintos y el recurso de compensación por gran retraso de ese vuelo de conexión en virtud del Reglamento n.o 261/2004 se base en un incidente que ha tenido lugar en el primero de dichos vuelos, realizado por el transportista aéreo que no es quien contrata con los pasajeros afectados.

7.5.2018   

ES

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C 161/7

7.5.2018   

ES

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C 161/8

1)

El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.

2)

El artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, en el sentido de esta disposición, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso de autos. No procede basarse, a este respecto, en la percepción de un «observador objetivo».

7.5.2018   

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C 161/9

7.5.2018   

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C 161/9

7.5.2018   

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C 161/10

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2016, FIH Holding y FIH Erhvervsbank/Comisión (T-386/14, EU:T:2016:474).

2)

Desestimar el primer motivo de recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea.

3)

Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que se pronuncie sobre el segundo motivo.

4)

Reservar la decisión sobre las costas.

7.5.2018   

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C 161/11

7.5.2018   

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C 161/11

7.5.2018   

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C 161/12

1)

El artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al tribunal remitente, una cláusula atributiva de competencia, como la que es objeto del litigio principal, estipulada en las condiciones generales de venta mencionadas en diversas facturas emitidas por una de las partes contratantes no cumple los requisitos de dicha disposición.

2)

El artículo 7, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional competente, en virtud de dicha disposición, para conocer de una demanda de indemnización por la resolución de un contrato de concesión mercantil celebrado entre dos sociedades, domiciliadas y operativas en dos Estados miembros diferentes, para la comercialización de productos en el mercado nacional de un tercer Estado miembro, en cuyo territorio ninguna de ellas dispone de sucursal ni establecimiento, es el del Estado miembro en el que se encuentra el lugar de prestación principal de los servicios, según se desprenda de las cláusulas del contrato, o, a falta de tales cláusulas, el del cumplimiento efectivo del contrato o, cuando sea imposible determinarlo sobre tal base, el del domicilio del prestador.

7.5.2018   

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C 161/13

7.5.2018   

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C 161/14

7.5.2018   

ES

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C 161/14

—

Que se modifique la sentencia recurrida.

—

Que se anule la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo de 23 de junio de 2016, notificada el 6 de julio de 2016, que establece «que se abonó indebidamente un importe de 40 320 euros a la Sra. Dominique Bilde» y se requiere al ordenador competente y al contable de la institución a que recuperen dicho importe.

—

Que se anule conjuntamente la nota de adeudo n.o 2016-889 firmada por el mismo Director General de Finanzas el 29 de junio de 2016.

—

Que se pronuncie conforme a Derecho en relación con el importe que se debe conceder a la recurrente como indemnización del daño moral que ha sufrido resultante de las acusaciones infundadas vertidas antes de que concluyera la investigación, del daño a su imagen y de la gran ansiedad producida en su vida personal y política por la decisión impugnada.

—

Que se pronuncie conforme a Derecho en relación con el importe que se debe conceder a la recurrente por los gastos procesales.

—

Que se condene en costas al Parlamento Europeo.

1.

Primer motivo, basado en la incompetencia del autor del acto.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del principio «electa una via».

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa.

4.

Cuarto motivo basado en la inversión de la carga de la prueba.

5.

Quinto motivo, basado en la insuficiente motivación.

6.

Sexto motivo, basado en la violación de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

7.

Séptimo motivo, basado en la vulneración de los derechos civiles de los asistentes parlamentarios.

8.

Octavo motivo, basado en el trato discriminatorio, en el «Fumus persecutionis» y en la desviación de poder.

9.

Noveno motivo, basado en el ataque a la independencia de los diputados.

10.

Décimo motivo, basado en la inexistencia de hecho.

11.

Undécimo motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad.

7.5.2018   

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C 161/16

1a)

¿Deben interpretarse el artículo 7 de la decisión n.o 2/76 (1) y el artículo 13 de la decisión n.o 1/80, respectivamente, en el sentido de que estas disposiciones no se oponen a una normativa nacional que prevé con carácter general el tratamiento y la conservación de datos biométricos de nacionales de terceros países —incluidos los nacionales turcos— en un fichero en el sentido del artículo 2, inicio y letras a) y b), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), porque esta normativa nacional no va más allá de lo necesario para la realización del objetivo legítimo, perseguido mediante dicha normativa, de prevenir y combatir el fraude en la identidad y en la documentación?

1b)

¿Tiene a este respecto alguna relevancia el hecho de que la duración de la conservación de los datos biométricos esté vinculada a la duración de la residencia legal y/o ilegal de nacionales de terceros países —incluidos los nacionales turcos—?

2)

¿Deben interpretarse el artículo 7 de la decisión n.o 2/76 y el artículo 13 de la decisión n.o 1/80, respectivamente, en el sentido de que una normativa nacional no constituye una restricción en el sentido de estas disposiciones si el efecto de la normativa nacional en cuanto al acceso al empleo, en el sentido de dichas disposiciones, es demasiado aleatorio e indirecto como para poder suponer que se obstaculiza tal acceso?

3a)

En caso de que se responda a la segunda cuestión prejudicial que una normativa nacional que posibilita la puesta a disposición de terceros de datos biométricos de nacionales de terceros países —incluidos los nacionales turcos— procedentes de un fichero, con vistas a prevenir, detectar e investigar delitos —sean o no de carácter terrorista— constituye una nueva restricción, ¿debe interpretarse el artículo 52, apartado 1, en relación con los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a tal normativa nacional?

3b)

¿Tiene a este respecto alguna relevancia el hecho de que este nacional, en el momento en que se le detiene como sospechoso de un delito, lleve consigo el documento de residencia, en el que se almacenan sus datos biométricos?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/17

1)

La Cláusula 4 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada aprobado con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 (1), ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma regional, como la controvertida en el pleito principal, que excluye expresamente el reconocimiento y abono de un determinado complemento retributivo al personal de las Administraciones Públicas de Navarra con la categoría de «contratado administrativo» –con contrato de duración determinada– por razón de constituir dicho complemento una retribución de la promoción y desarrollo de una carrera profesional propia y exclusiva del personal con categoría de «funcionario público» –con contrato de duración indefinida–?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/17

—

Modifique la sentencia recurrida y, en consecuencia:

—

Anule la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo adoptada con fecha de 24 de junio de 2016, y notificada el 6 de julio del mismo año, por la que se declara que «se abonó indebidamente a la Sra. Sophie Montel un importe de 77 276,42 Euros» y se insta al ordenador de pagos competente y al servicio de contabilidad de la institución a reclamar el reintegro de la citada suma.

—

Anule asimismo en su totalidad la nota de adeudo n.o 2016-897 firmada personalmente por el Director General de Asuntos Económicos el 4 de julio de 2016.

—

Declare lo que proceda en Derecho respecto al importe que debe concederse a la recurrente para resarcirle de los perjuicios morales derivados de las acusaciones sin fundamento emitidas antes de que finalizara la investigación, de los daños causados a su reputación y del muy importante trastorno ocasionado en su vida personal y política por la decisión impugnada.

—

Declare lo que proceda en Derecho respecto al importe que debe concederse a la recurrente en concepto de costas procesales.

—

Condene en costas al Parlamento Europeo.

1.

Primer motivo, basado en la falta de competencia del autor del acto.

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio «electa una via»

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa.

4.

Cuarto motivo, basado en la inversión de la carga de la prueba.

5.

Quinto motivo, basado en la motivación insuficiente.

6.

Sexto motivo, basado en la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

7.

Séptimo motivo, basado en la vulneración de los derechos civiles de los asistentes parlamentarios.

8.

Octavo motivo, basado en el trato discriminatorio, en el «Fumus persecutionis» y en la desviación de poder.

9.

Noveno motivo, basado en la vulneración de la independencia de los diputados.

10.

Décimo motivo, basado en la falta de fundamentos de hecho.

11.

Undécimo motivo, basado en la infracción del principio de proporcionalidad.

7.5.2018   

ES

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C 161/19

—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 51 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO 2014, L 94, p. 1) al no haber puesto en vigor, a más tardar el 18 de abril de 2016, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas disposiciones a la Comisión.

—

Que se imponga al Gran Ducado de Luxemburgo, conforme al artículo 260 TFUE, apartado 3, el pago de una multa coercitiva de un importe de 12 920 euros por día a partir de la fecha en que se pronuncie la sentencia en el presente asunto por incumplimiento de la obligación de comunicar las medidas de transposición de la Directiva 2014/23.

—

Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

1.

Los Estados miembros estaban obligados, en virtud del artículo 51, apartado 1, de la Directiva 2014/23, a poner en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a esta Directiva el 18 de abril de 2016, a más tardar. Al no haber comunicado Luxemburgo las medidas de transposición de la Directiva, la Comisión decidió presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia.

2.

En su recurso, la Comisión propone que se imponga a Luxemburgo una multa coercitiva de 12 920 euros por día. El importe de la multa coercitiva se ha calculado teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción y el efecto disuasivo asociado a la capacidad de pago de ese Estado miembro.

7.5.2018   

ES

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C 161/20

—

Que se declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65) al no haber puesto en vigor, a más tardar el 18 de abril de 2016, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas disposiciones a la Comisión.

—

Que se imponga al Gran Ducado de Luxemburgo, conforme al artículo 260 TFUE, apartado 3, el pago de una multa coercitiva de un importe de 11 628 euros por día a partir de la fecha en que se pronuncie la sentencia en el presente asunto por incumplimiento de la obligación de comunicar las medidas de transposición de la Directiva 2014/24.

—

Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

1.

Los Estados miembros estaban obligados, en virtud del artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2014/24, a poner en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a esta Directiva el 18 de abril de 2016, a más tardar. Al no haber comunicado Luxemburgo las medidas de transposición de la Directiva, la Comisión decidió presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia.

2.

En su recurso, la Comisión propone que se imponga a Luxemburgo una multa coercitiva de 11 628 euros por día. El importe de la multa coercitiva se ha calculado teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción y el efecto disuasivo asociado a la capacidad de pago de ese Estado miembro.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/20

—

Que se declare que, el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 106, apartado 1, de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO 2014, L 94, p. 243) al no haber puesto en vigor, a más tardar el 18 de abril de 2016, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas disposiciones a la Comisión.

—

Que se imponga al Gran Ducado de Luxemburgo, conforme al artículo 260 TFUE, apartado 3, el pago de una multa coercitiva de un importe de 11 628 euros por día a partir de la fecha en que se pronuncie la sentencia en el presente asunto por incumplimiento de la obligación de comunicar las medidas de transposición de la Directiva 2014/25.

—

Que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

1.

Los Estados miembros estaban obligados, en virtud del artículo 106, apartado 1, de la Directiva 2014/25, a poner en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a esta Directiva el 18 de abril de 2016, a más tardar. Al no haber comunicado Luxemburgo las medidas de transposición de la Directiva, la Comisión decidió presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia.

2.

En su recurso, la Comisión propone que se imponga a Luxemburgo una multa coercitiva de 11 628 euros por día. El importe de la multa coercitiva se ha calculado teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción y el efecto disuasivo asociado a la capacidad de pago de ese Estado miembro.

7.5.2018   

ES

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C 161/21

1)

2)

¿Es relevante para responder a la primera cuestión prejudicial el hecho de que los interesados hayan podido contratar un seguro voluntario en virtud de la AOW, o bien que hayan podido solicitar al Svb [Sociale Verzekeringsbank (Tesorería de la Seguridad Social)] la conclusión de un acuerdo en el sentido del artículo 17 del Reglamento n.o 1408/71?

3)

¿Se opone el artículo 13 del Reglamento n.o 1408/71 respecto de una persona, como la cónyuge de Giesen, que, antes del 1 de enero de 1989, considerada únicamente la legislación nacional, estaba asegurada a efectos de la AOW en su Estado de residencia, los Países Bajos, a que se consolide el derecho a prestaciones de vejez en virtud del seguro, siempre que se trate de períodos en los que, en virtud de dicha disposición reglamentaria, debido a su actividad en otro Estado miembro, estaba sujeta a la legislación de este Estado de empleo? ¿O bien debe considerarse que el derecho a una prestación en virtud de la AOW es un derecho a prestaciones que no está supeditado en la legislación nacional a requisitos de empleo o de seguro en el sentido de la sentencia Bosmann, (3) de modo que el razonamiento seguido en dicha sentencia puede extrapolarse a su caso?

7.5.2018   

ES

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C 161/22

1)

¿Deben interpretarse los artículos 45 TFUE y 48 TFUE en el sentido de que, en un caso como el de autos, se oponen a una normativa nacional como el artículo 6 bis, inicio y letra b), de la AKW? (1) Esta norma implica que un residente en los Países Bajos no está afiliado a los seguros sociales del Estado de residencia si dicho residente trabaja en otro Estado miembro y está sujeto a la legislación en materia de seguridad social del Estado de empleo en virtud del artículo 13 del Reglamento n.o 1408/71. (2) El presente asunto se caracteriza por el hecho de que la interesada, en virtud de la norma legal del Estado de empleo, no puede disfrutar de pensiones familiares como consecuencia del limitado alcance de sus actividades en dicho Estado.

2)

¿Es relevante para responder a la cuestión prejudicial anterior el hecho de que la interesada haya podido solicitar al Svb [Sociale Verzekeringsbank (Tesorería de la Seguridad Social)] la conclusión de un acuerdo en el sentido del artículo 17 del Reglamento n.o 1408/71?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/23

1)

¿Se opone al artículo 3 de la directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (1), una interpretación que incluya en la cobertura del seguro obligatorio los daños causados por el incendio de un vehículo parado cuando el incendio tiene su origen en los mecanismos necesarios para desempeñar la función de transporte del vehículo?

2)

Si la respuesta a la cuestión anterior es negativa, ¿se opone al artículo 3 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, una interpretación que incluya en la cobertura del seguro obligatorio los daños causados por el incendio de un vehículo cuando el incendio no se pueda relacionar con un movimiento anterior, de modo que no pueda apreciarse que está conectado a un trayecto?

3)

Si la respuesta a la segunda cuestión es negativa, ¿se opone al artículo 3 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, una interpretación que incluya en la cobertura del seguro obligatorio los daños causados por el incendio de un vehículo cuando el vehículo se encuentra estacionado en un garaje privado cerrado?

7.5.2018   

ES

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C 161/23

1)

Una situación como la que se describe en el presente supuesto (en que el empleador público incumple los límites temporales que la norma le exige y con ello permite la sucesión de contratos temporales, o mantiene la temporalidad modificando el tipo de nombramiento de eventual a interino o de sustitución) ¿puede entenderse como una utilización sucesiva de nombramientos abusiva y por tanto considerarse situación descrita en la cláusula 5a del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE (1)?

2)

¿Lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo a la Directiva 1999/70[/CE], en relación con el principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas procesales nacionales que […] exigen al trabajador en régimen de temporalidad una conducta activa de impugnación o recurso, (de todos los sucesivos nombramientos y ceses) para con ello y solo así, estar amparado por la Directiva Comunitaria, y reclamar los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico de la Unión?

3)

En la consideración de que en el sector público y en el ejercicio de servicios esenciales, la necesidad de cubrir vacantes, enfermedades, vacaciones (…) en esencia es «permanente», haciéndose necesario delimitar el concepto de «causa objetiva» que justificaría la contratación temporal:

4)

¿Es conforme con el Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, entender como causa objetiva para la contratación y renovación sucesiva de los Informáticos estatuarios temporales, razones de necesidad, de urgencia [o] para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, cuando estos empleados públicos desempeñan de forma permanente y estable funciones ordinarias propias de los empleados estatutarios fijos, sin que la Administración empleadora establezca límites máximo[s] en estos nombramientos, ni cumpla las obligaciones legales para proveer estas plazas y estas necesidades con funcionarios fijos, ni se establezca ninguna medida equivalente para prevenir y evitar el abuso en la relación temporal sucesiva, perpetuándose los servicios prestados por los empleados informáticos estatuarios temporales por plazos, en el supuesto presente de 17 años de servicios continuados?

5)

¿Lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo a la Directiva 1999/70[/CE] y la interpretación que de la misma realiza el TJUE, es compatible con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en cuanto fija, sin atender a más parámetros la existencia de causa objetiva en el respeto a la causa de nombramiento, en el propio límite temporal del mismo, o determina la imposibilidad de término de comparación con el funcionario de carrera, atendiendo al diferente régimen jurídico, sistema de acceso, o la propia permanencia en las funciones de los funcionarios de carrera y temporales en los interinos?

6)

Constatado por el Juez nacional el abuso en la contratación sucesiva del empleado público estatutario temporal interino al servicio de SERMAS, que es destinado a cubrir necesidades permanentes y estructurales de la prestación de servicios de los empleados estatutarios fijos, al no existir medida efectiva alguna en el ordenamiento jurídico interno para sancionar tal abuso y eliminar las consecuencias de la infracción de la norma comunitaria, ¿[l]a cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, debe ser interpretada en el sentido de que obliga al Juez nacional a adoptar medidas efectivas y disuasorias que garanticen el efecto útil del Acuerdo marco, y por lo tanto, a sancionar dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción de dicha norma europea, dejando inaplicada la norma interna que lo impida?

Si la respuesta fuera positiva, y como declara en su apartado 41, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 14 de septiembre de 2016, asuntos C-184/15 y C-197/15 (2):

¿Sería acorde con los objetivos perseguidos por la Directiva 1999/70/CE, como medida para prevenir y sancionar el abuso en la relación temporal sucesiva y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión, la transformación de la relación estatutaria temporal interina/eventual/sustituto, en una relación estatutaria estable, ya sea desde la denominación de empleado público fijo o indefinido, con la misma estabilidad en el empleo que los empleados estatutarios fijos comparables?

7)

En el caso de abuso en la relación temporal sucesiva, la conversión de la relación estatutaria temporal interina en una relación indefinida o fija, la misma ¿puede entenderse que solo cumple con los objetivos de la Directiva 1999/70/CE y su Acuerdo marco, cuando [e]l empleado estatutario temporal que ha sufrido el abuso, goza de las misma[s] e idénticas condiciones de trabajo con respecto al personal estatutario fijo, (en materia de protección social, promoción profesional, provisión de vacantes, formación profesional, excedencias, situaciones administrativas, licencias y permisos, derechos pasivos, y cese en los puestos de trabajo, así [como] participación en los concursos convocados para la provisión de vacantes y la promoción profesional) bajo los principios de permanencia e inamovilidad, con todos los derechos y obligaciones inherentes, en régimen de igualdad con los informáticos estatuarios fijos?

8)

¿El Derecho comunitario obliga a revisar sentencias judiciales/actos administrativos firmes en estas circunstancias que se describen, cuando se dan las cuatro condiciones exigidas en el caso Kühne&Heitz NV (C-453/00, de 13 de enero de 2004) (3): 1) En el Derecho nacional español, la Administración y los Tribunales dispone[n] de la posibilidad de revisión, pero con las restricciones advertidas que hacen muy dificultoso o imposible lograrlo; 2) La[s] resoluciones controvertidas han adquirido firmeza a raíz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última/única instancia; 3) Dicha sentencia está basada en una interpretación del Derecho comunitario no acorde con la jurisprudencia del TJUE, y se ha adoptado sin someter previamente una cuestión prejudicial al TJUE; y [4)] El interesado se ha dirigido al órgano administrativo inmediatamente después de haber tenido conocimiento de dicha jurisprudencia.

9)

¿Los jueces nacionales, como Jueces europeos que deben garantizar el pleno efecto del Derecho de la Unión en los Estados miembros, pueden y deben exigir, y condenar a la autoridad administrativa interna de los Estados miembros a que –dentro de sus competencias respectivas — adopten las disposiciones pertinentes para eliminar las normas internas incompatibles con el Derecho de la Unión, en general, y con la Directiva 1999/70/CE, y su Acuerdo marco, en particular?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/25

1)

El principio medioambiental «quien contamina paga» contemplado en el artículo 191.2 del TFUE, y el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 23 de octubre, que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, [¿] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), una tasa como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la exacción de un canon hidráulico como el controvertido en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, al introducir un régimen de tributación asimétrica en el ámbito de una misma tecnología, en función de donde se ubique la central, y al no exigirse a los productores de energía proveniente de otras fuentes?

7.5.2018   

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C 161/26

1)

El principio medioambiental «quien contamina paga» contemplado en el artículo 191.2 del TFUE, y el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 23 de octubre, que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, [¿] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), una tasa como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la exacción de un canon hidráulico como el controvertido en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, al introducir un régimen de tributación asimétrica en el ámbito de una misma tecnología, en función de donde se ubique la central, y al no exigirse a los productores de energía proveniente de otras fuentes?

7.5.2018   

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C 161/27

1)

El principio medioambiental «quien contamina paga» contemplado en el artículo 191.2 del TFUE, y el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 23 de octubre, que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, [¿] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), una tasa como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la exacción de un canon hidráulico como el controvertido en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, al introducir un régimen de tributación asimétrica en el ámbito de una misma tecnología, en función de donde se ubique la central, y al no exigirse a los productores de energía proveniente de otras fuentes?

7.5.2018   

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C 161/28

1)

El principio medioambiental «quien contamina paga» contemplado en el artículo 191.2 del TFUE, y el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 23 de octubre, que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, [¿] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), una tasa como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la exacción de un canon hidráulico como el controvertido en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, al introducir un régimen de tributación asimétrica en el ámbito de una misma tecnología, en función de donde se ubique la central, y al no exigirse a los productores de energía proveniente de otras fuentes?

7.5.2018   

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C 161/29

1)

¿El artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre (1), que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público hidráulico, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), un tributo como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la no sujeción al canon hidráulico de las producciones hidroeléctricas que operan en el seno de cuencas intracomunitarias, así como de los restantes usos [consuntivos] de las aguas, al gravarse sólo el uso destinado a la producción de energía eléctrica?

7.5.2018   

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C 161/30

1)

El principio medioambiental «quien contamina paga» contemplado en el artículo 191.2 del TFUE, y el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 23 de octubre, que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, [¿] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), una tasa como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la exacción de un canon hidráulico como el controvertido en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, al introducir un régimen de tributación asimétrica en el ámbito de una misma tecnología, en función de donde se ubique la central, y al no exigirse a los productores de energía proveniente de otras fuentes?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/30

1)

El principio medioambiental «quien contamina paga» contemplado en el artículo 191.2 del TFUE, y el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 23 de octubre, que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, [¿] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), una tasa como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la exacción de un canon hidráulico como el controvertido en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, al introducir un régimen de tributación asimétrica en el ámbito de una misma tecnología, en función de donde se ubique la central, y al no exigirse a los productores de energía proveniente de otras fuentes?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/31

1)

El principio medioambiental «quien contamina paga» contemplado en el artículo 191.2 del TFUE, y el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 23 de octubre, que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, [¿] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), una tasa como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la exacción de un canon hidráulico como el controvertido en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, al introducir un régimen de tributación asimétrica en el ámbito de una misma tecnología, en función de donde se ubique la central, y al no exigirse a los productores de energía proveniente de otras fuentes?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/32

1)

El principio medioambiental «quien contamina paga» contemplado en el artículo 191.2 del TFUE, y el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), de 23 de octubre, que consagra el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, así como la adecuada ponderación económica de los usos del agua, [¿] deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la creación de un canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía, como el controvertido en las actuaciones, que no incentiva el uso eficiente del agua, ni establece mecanismos para la conservación y protección del dominio público hidráulico, y que su cuantificación se desvincula totalmente de la capacidad de producir daño al dominio público, centrándose única y exclusivamente en la capacidad de generar ingresos de los productores?

2)

¿Es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en el artículo 3.1 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad (2), una tasa como el canon hidráulico que es objeto del procedimiento, que afecta exclusivamente a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, frente a los productores titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias, y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a productores de energía con otras tecnologías?

3)

¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido [de] que constituye ayuda de Estado prohibida la exacción de un canon hidráulico como el controvertido en perjuicio de los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias, al introducir un régimen de tributación asimétrica en el ámbito de una misma tecnología, en función de donde se ubique la central, y al no exigirse a los productores de energía proveniente de otras fuentes?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/33

—

Anule el auto recurrido del Tribunal General de la Unión Europea de 14 de diciembre de 2017, con el cual se declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por PGNiG Supply & Trading en el asunto T-849/16.

—

Se pronuncie sobre la admisibilidad y declare admisible el recurso interpuesto por PGNiG Supply & Trading en el asunto T-849/16, que tiene por objeto la petición, a efectos del artículo 263 TFUE, de anulación de la Decisión C(2016) 6950 final de la Comisión, de 28 de octubre de 2016, por la que se modifican las condiciones en que el gasoducto OPAL puede quedar exento de las normas relativas al acceso de terceros y de la normativa sobre tarifas establecidas por la Directiva 2003/55/CE.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/34

1)

¿El artículo 6.1 de la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (1) admite una interpretación según la cual puede un Estado miembro exigir a los operadores de telecomunicaciones una aportación financiera anual como la contemplada en el art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso teniendo en cuenta las siguientes circunstancias concurrentes[?]:

2)

¿Es proporcionada dicha aportación que se exige a las empresas de telecomunicaciones que operan en España en el ámbito superior al de una Comunidad Autónoma en atención a la forma de cálculo establecida en el art. 5 de la Ley 8/2009 a la que se ha hecho referencia en los términos exigidos por el art. 6.1 de la Directiva 2002/20/CE?

3)

¿Es transparente dicha aportación exigida conforme al art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la corporación de Radio y Televisión Española si no se conoce la actividad concreta que presta la Corporación de Radio Televisión de España en concepto de servicio universal o servicio público en los términos exigidos por el art. 6.1 y Anexo de la Directiva 2002/20/CE?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/35

1)

¿El artículo 6.1 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (1), admite una interpretación según la cual puede un Estado miembro exigir a los operadores de telecomunicaciones una aportación financiera anual como la contemplada en el art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso teniendo en cuenta las siguientes circunstancias concurrentes[?]:

2)

¿Es proporcionada dicha aportación que se exige a las empresas de telecomunicaciones que operan en España en el ámbito superior al de una Comunidad Autónoma en atención a la forma de cálculo establecida en el art. 5 de la Ley 8/2009 a la que se ha hecho referencia en los términos exigidos por el art. 6.1 de la Directiva 2002/20/CE?

3)

¿Es transparente dicha aportación exigida conforme a los art. 5 y 6 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española si no se conoce la actividad concreta que presta la Corporación de Radio Televisión de España en concepto de servicio universal o servicio público en los términos exigidos por el art. 6.1 y Anexo de la Directiva 2002/20/CE?

7.5.2018   

ES

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C 161/36

1)

¿El artículo 6.1 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (1), admite una interpretación según la cual puede un Estado miembro exigir a los operadores de telecomunicaciones una aportación financiera anual como la contemplada en el art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso teniendo en cuenta las siguientes circunstancias concurrentes[?]:

2)

¿Es proporcionada dicha aportación que se exige a las empresas de telecomunicaciones que operan en España en el ámbito superior al de una Comunidad Autónoma en atención a la forma de cálculo establecida en el art. 5 de la Ley 8/2009 a la que se ha hecho referencia en los términos exigidos por el art. 6.1 de la Directiva 2002/20/CE?

3)

¿Es transparente dicha aportación exigida conforme al art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la corporación de Radio y Televisión Española si no se conoce la actividad concreta que presta la Corporación de Radio Televisión de España en concepto de servicio universal o servicio público en los términos exigidos por el art. 6.1 y Anexo de la Directiva 2002/20/CE?

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/37

1.

Que se anule íntegramente la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 13 de diciembre de 2017 en el asunto T-692/15 HTTS Trade Trust & Shipping GmbH contra el Consejo de la Unión Europea, apoyada por la Comisión Europea,

2.

Que se condene al Consejo:

—

El Tribunal elegió indebidamente un momento de apreciación equivocado al considerar en favor del Consejo circunstancias e información que este no presentó hasta que se adoptaron las medidas contrarias a Derecho —y en parte únicamente en el procedimiento de recurso—.

—

Alega que el Tribunal llegó erróneamente a la conclusión de que existían indicios de los que parecía resultar al menos verosímil que la recurrente «[en este caso: IRISL] es propiedad o está bajo control de otra entidad». En particular, señala que el Tribunal aplicó un criterio de apreciación erróneo, incluyó información indebida del Consejo de la que este carecía en el momento de apreciación, no determinó el tipo de la (supuesta) propiedad ni la intensidad del control y valoró los indicios erróneamente.

—

El Tribunal supuso erróneamente que el Reglamento n.o 668/2010 (3) era conforme a Derecho en cuanto a la recurrente.

—

El Tribunal supuso erróneamente que la insuficiente motivación de las medidas adoptadas contra la recurrente no puede generar ninguna responsabilidad de la Unión e, indebidamente, no verificó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

7.5.2018   

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C 161/38

—

Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 5 de diciembre 2017 en el Asunto T-728/16, Tuerck/Comisión.

—

Que se desestime el recurso interpuesto en primera instancia.

—

Que se condene a la parte recurrida en casación al pago de las costas de primera instancia.

—

Que se condene a la Sra. Tuerck al pago de las costas de la presente instancia.

7.5.2018   

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C 161/39

1)

¿Debe interpretarse la definición de servicio de comunicaciones electrónicas, establecida en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, (1) en su versión modificada, en el sentido de que un servicio de llamadas de voz sobre IP, ofrecido a través de un programa informático que termina en una red telefónica pública conmutada, a números fijos o móviles de un plan nacional de numeración (con la estructura E.164) debe ser calificado como servicio de comunicaciones electrónicas, pese a que el servicio de acceso a Internet a través del cual el usuario accede a dicho servicio de voz sobre PI constituye ya por sí mismo un servicio de comunicaciones electrónicas, siendo así que el proveedor del programa informático ofrece dicho servicio a cambio de una remuneración y celebra con los proveedores de servicios de telecomunicaciones, debidamente autorizados a transmitir y terminar llamadas a la red telefónica pública conmutada, contratos que permiten la terminación de llamadas a números fijos o móviles de un plan nacional de numeración?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿la respuesta sigue siendo la misma si se tiene en cuenta el hecho de que la funcionalidad del programa informático que permite efectuar la llamada vocal no es sino una funcionalidad de dicho programa, el cual puede utilizarse sin ella?

3)

En caso de respuesta afirmativa a las dos primeras cuestiones, ¿la respuesta sigue siendo la misma si se tiene en cuenta el hecho de que el proveedor del servicio indica en sus condiciones generales que no asume responsabilidad alguna frente al cliente final por el transporte de las señales?

4)

En caso de respuesta afirmativa a las tres primeras cuestiones, ¿la respuesta a la primera cuestión sigue siendo la misma si se tiene en cuenta el hecho de que el servicio prestado responde asimismo a la definición de «servicio de la sociedad de la información»?

7.5.2018   

ES

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C 161/40

—

¿Deben interpretarse las disposiciones de los artículos 103 y 311 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, (1) y del punto 7 de la parte A de su anexo IX en el sentido de que únicamente exigen que existan fotografías tomadas por su autor, reveladas por él o bajo su control, firmadas y numeradas con un límite de treinta ejemplares en total, sean cuales fueren los formatos y soportes, para poder beneficiarse del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido?

—

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿pueden no obstante los Estados miembros excluir del beneficio del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido aquellas fotografías que no tengan, por lo demás, carácter artístico?

—

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿qué otros requisitos deben reunir las fotografías para poder beneficiarse del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido? En particular, ¿deben tener carácter artístico?

—

¿Deben interpretarse tales requisitos de modo uniforme en la Unión Europea o remiten a la legislación de cada Estado miembro, en particular, en materia de propiedad intelectual?

7.5.2018   

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C 161/41

(a)

¿Debe entenderse que el régimen vigente en Portugal prevalece en cuanto disposición imperativa de aplicación excluyente, en el sentido del artículo 16 del Reglamento «Roma II»? (1)

(b)

¿Constituye dicha norma una disposición de Derecho comunitario que regula los conflictos de leyes, en el sentido del artículo 27 del Reglamento «Roma II»?

(c)

¿Ha de considerarse que a un ciudadano portugués que ha sufrido un accidente de tráfico en España debe aplicársele el régimen de prescripción previsto en el artículo 498, apartado 3, del Código Civil portugués, en el sentido del artículo 28 de la Directiva 2009/103/CE? (2)

7.5.2018   

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C 161/41

—

Que se anule la sentencia de 13 de diciembre de 2017 (T-712/15), mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Crédit mutuel Arkéa dirigido a la anulación de la decisión del Banco Central Europeo, de 5 de octubre de 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/28), por la que se establecen los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel.

—

Error de Derecho, al haber considerado el Tribunal General que el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS permite al BCE organizar un supervisión prudencial en base consolidada de los establecimientos afiliados a un organismo central aun cuando éste no tenga la consideración de entidad de crédito.

—

Error en la calificación jurídica de los hechos, puesto que el Tribunal General consideró que el Crédit mutuel constituye un grupo sujeto a la supervisión prudencial en la medida en que cumple las condiciones enunciadas en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013. (1)

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/42

—

Que se anule la sentencia de 13 de diciembre de 2017 (T-52/16), mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Crédit mutuel Arkéa dirigido a la anulación de la decisión del Banco Central Europeo, de 4 de diciembre de 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/40), por la que se establecen los requisitos prudenciales aplicables al grupo Crédit mutuel.

—

Error de Derecho, al haber considerado el Tribunal General que el artículo 2, punto 21, letra c), del Reglamento Marco del MUS permite al BCE organizar un supervisión prudencial en base consolidada de los establecimientos afiliados a un organismo central aun cuando éste no tenga la consideración de entidad de crédito.

—

Error en la calificación jurídica de los hechos, puesto que el Tribunal General consideró que el Crédit mutuel constituye un grupo sujeto a la supervisión prudencial en la medida en que cumple las condiciones enunciadas en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013. (1)

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/43

—

Declare que fue cesado ilícitamente del cargo de Gobernador del Banco de Letonia mediante la Decisión adoptada por el Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Oficina de prevención y lucha contra la corrupción) en nombre de la República de Letonia el 19 de febrero de 2018, relativa a la aplicación de medidas de seguridad.

—

Declare ilícita la medida de seguridad de prohibición de ejercer determinadas actividades profesionales —por la que se le prohibió desempeñar las funciones de Gobernador del Banco de Letonia y ejercitar los derechos que le incumbían como tal— que se le impuso en virtud de la Decisión adoptada por la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción en nombre de la República de Letonia el 19 de febrero de 2018, relativa a la aplicación de medidas de seguridad.

—

Declare ilícitas las restricciones para ejercer las funciones de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y los derechos que le incumbían como tal, que se le impusieron como consecuencia de la Decisión adoptada por la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción en nombre de la República de Letonia el 19 de febrero de 2018, relativa a la aplicación de medidas de seguridad.

1.

El demandante impugna la Decisión ilícita adoptada el 19 de febrero de 2018 por la autoridad del Estado letón encargada de las investigaciones —la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción, que está comprendida en la estructura del poder ejecutivo— mediante la que fue cesado de su cargo de Gobernador del Banco de Letonia por tiempo indefinido. La decisión de cesarlo fue adoptada en nombre del Estado letón. Al ser cesado del cargo de Gobernador del Banco de Letonia, el demandante perdió asimismo ex officio el cargo de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

2.

Al cesar al demandante, se cometieron al menos las infracciones que se exponen a continuación.

3.

En primer lugar, al cesar al demandante de sus cargos de Gobernador del Banco de Letonia y de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, se infringió el artículo 14.2 del Protocolo n.o 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, ya que, en el momento de su cese, no concurría ninguno de los requisitos mencionados en dicho artículo para el relevo de los gobernadores de los bancos centrales nacionales (que el gobernador haya dejado de cumplir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones o haya incurrido en falta grave).

4.

En segundo lugar, al cesar al demandante de su cargo de Gobernador del Banco de Letonia, se infringió asimismo el artículo 22 del likums «Par Latvijas Banku» (Ley sobre el Banco de Letonia), esto es, el acto jurídico mediante el que se procede a la implementación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el momento de la adopción de la referida Decisión, no concurría ninguno de los requisitos establecidos en dicho artículo para el cese del Gobernador del Banco de Letonia (en primer término, la dimisión del interesado; en segundo término, el requisito establecido en el artículo 14.2 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo relativo a la comisión de una falta grave, en cuyo caso el Parlamento puede decidir acerca del relevo del Gobernador del Banco de Letonia después de que la sentencia condenatoria haya adquirido firmeza; o, en tercer término, los otros requisitos establecidos en el mencionado artículo 14.2). Además, si bien de conformidad con la referida Ley el único facultado para proceder al cese del Gobernador del Banco de Letonia es el Parlamento de la República de Letonia, no fue éste quien cesó al demandante, sino la autoridad de la República de Letonia encargada de las investigaciones, que está comprendida en la estructura del poder ejecutivo.

5.

En tercer lugar, al cesar al demandante de su cargo de Gobernador del Banco de Letonia, la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción aplicó una interpretación errónea del Derecho de la Unión, al afirmar que el demandante no actuaba en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de manera independiente y en interés del Banco Central Europeo, sino que ejercía las competencias del Gobernador del Banco de Letonia y actuaba en interés de este último Banco. Sin embargo, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que el Banco Central Europeo es una institución de la Unión Europea.

En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios de las instituciones de la Unión Europea únicamente pueden ejercer las competencias previstas en la normativa de la Unión y sólo pueden actuar en interés de dichas instituciones. No incumbe a la normativa nacional establecer las actividades que corresponden a los funcionarios de las instituciones de la Unión Europea y, por ello, al desempeñar las funciones de un funcionario de las instituciones de la Unión Europea, no es posible ejercer competencias conferidas mediante actos jurídicos nacionales.

El artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que garantiza la independencia del Banco Central Europeo, excluye que, al ejercer sus funciones de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el Gobernador del Banco de Letonia pueda actuar como representante del Banco de Letonia y proceder (estrictamente) en interés de este o de la República de Letonia.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/44

—

Solicite a la República de Letonia que, de conformidad con el artículo 24, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 62 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aporte toda la información pertinente relacionada con la investigación en curso llevada a cabo por el Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Oficina de prevención y lucha contra la corrupción) contra el Gobernador del Banco de Letonia.

—

Declare, de conformidad con el artículo 14.2. de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, que la República de Letonia ha infringido el párrafo segundo de dicha disposición:

—

Que se condene en costas a la República de Letonia.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/46

1)

Anular la Decisión A(2015) 4931 del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015, en la medida en que deniega al Sr. Emilio De Capitani el acceso íntegro a los documentos LIBE-2013-0091-02 y LIBE-2013-0091-03.

2)

El Parlamento cargará con sus propias costas y con las del Sr. Capitani.

3)

El Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/47

1)

Desestimar el recurso.

2)

El Sr. Edward Stavytskyi cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

3)

La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

7.5.2018   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/47

1)

Desestimar el recurso debido a que el Tribunal General carece de competencia para resolverlo.

2)

Šroubárna Ždánice a.s. cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

3)

La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/48

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a HJ.

7.5.2018   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/49

1)

Anular la decisión de la Oficina de Gestión y Liquidación de Derechos Individuales (PMO) de la Comisión Europea, de 29 de enero de 2016, que denegó la solicitud de la Sra. Vassilia Argyraki de convalidar los períodos de servicios prestados en calidad de agente auxiliar como períodos cumplidos en calidad de agente temporal a efectos del cálculo de sus derechos a pensión.

2)

Condenar en costas a la Comisión.

7.5.2018   

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C 161/50

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Safe Skies LLC.

7.5.2018   

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C 161/50

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Webgarden Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7.5.2018   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/51

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar a Aurora Group Danmark A/S y a Retail Distribution ApS a cargar con sus propias costas y, cada una de ellas, con la mitad de las costas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

7.5.2018   

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C 161/51

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar a Disney Enterprises, Inc., a cargar con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

7.5.2018   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/52

1)

Declinar su competencia en el asunto T-46/18 en beneficio del Tribunal de Justicia, para que éste pueda pronunciarse sobre el recurso.

2)

Reservar la decisión sobre las demandas de intervención presentadas por el Reino de los Países Bajos y por la Regione Lombardia.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/53

—

Con carácter previo, si procede, declare que el artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios es inválido e inaplicable al presente procedimiento con arreglo al artículo 270 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

—

En primer lugar, anule la decisión de 14 de noviembre de 2017 de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), por la que se desestima la reclamación de la demandante presentada el 13 de julio de 2017, incluida la desestimación de la solicitud formulada por la demandante de que se le abonaran 50 000 euros en concepto de indemnización.

—

En segundo lugar, anule la decisión de 19 de abril de 2017 de la EPSO por la que se deniega su solicitud de revisión de la decisión del tribunal calificador de no admitirla a la siguiente fase de la oposición.

—

En tercer lugar, anule la decisión de 6 de febrero de 2017 remitida a su cuenta de EPSO de no incluir a la demandante en la lista preliminar de candidatos seleccionados a los efectos de la oposición EPSO/AD/323/16.

—

En cuarto lugar, anule la convocatoria de la oposición EPSO/AD/323/16, publicada el 26 de mayo de 2016 y anule en su integridad la lista provisional de candidatos seleccionados para participar en la mencionada oposición.

—

Conceda a la demandante una indemnización de un importe de 50 000 euros por los daños causados por las decisiones impugnadas, presuntamente ilegales.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la comisión de un error manifiesto de apreciación por parte de la EPSO/el tribunal calificador al evaluar la experiencia profesional de la demandante, incluida la infracción del anexo III de la convocatoria de la oposición controvertida, que detalla la experiencia profesional requerida.

2.

Segundo motivo, basado en una infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la vulneración del derecho de la demandante a ser oída, así como en el incumplimiento de la obligación de motivación y la infracción del artículo 296 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3.

Tercer motivo, basado en una infracción de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Reglamento n.o 1/58, (1) de los artículos 1 ter y 28 del Estatuto de los Funcionarios y del artículo 1, apartado 1, letra f), del anexo II del Estatuto, así como en la vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/54

—

Modifique la resolución impugnada de modo que estime la solicitud de registro de la marca KINDERPRAMS.

—

Condene en costas a la EUIPO.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/54

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Condene en costas a Our Price Records Limited (si interviene en el presente asunto).

Y O BIEN

—

Estime la oposición de HMV en su totalidad

O BIEN

—

Devuelva el asunto a la EUIPO tras la anulación de la resolución impugnada.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/55

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/56

—

Anule el artículo 5 de la Decisión del BCE n.o ECB/SSM/2017 — O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174 de 19 de diciembre de 2017 y el artículo 3 de su anexo A, por cuanto imponen la adopción de medidas sobre los compromisos de pago irrevocables relativos a los sistemas de garantía de depósitos o los fondos de resolución.

—

Condene al BCE cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en la falta de base legal para la adopción de la Decisión impugnada. Según la parte demandante, el BCE carece de competencia para imponer una exigencia prudencial de alcance general y no ha llevado a cabo una evaluación individual y circunstanciada de la situación de la parte demandante, como exigen las disposiciones aplicables.

2.

Segundo motivo, basado en el error de Derecho de que adolece, según la demandante, la Decisión impugnada, por cuanto el BCE interpretó erróneamente los textos jurídicos de la Unión que instauran la posibilidad de que las entidades de crédito recurran a los compromisos de pago irrevocables y, en consecuencia, privó de efecto útil a dichas disposiciones.

3.

Tercer motivo, basado en que la Decisión impugnada adolece de un error manifiesto en la apreciación de los riesgos supuestamente originados por los compromisos de pago irrevocables a la luz del artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).

4.

Cuarto motivo, basado en la falta de motivación, por cuanto según la demandante, el BCE está sujeto a una obligación de motivación reforzada y la Decisión impugnada se basa en una motivación insuficiente.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/57

—

Anule el artículo 9 de la Decisión del BCE n.o ECB/SSM/2017 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/380, de 19 de diciembre de 2017, y el artículo 3 de su anexo A, en la medida en que prescriben las medidas que deben adoptarse en relación con las obligaciones de pago irrevocables relativas a los sistemas de garantía de depósitos o los fondos de resolución.

—

Condene en costas al BCE.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/57

—

Anule el artículo 8 de la decisión del BCE n.o ECB/SSM/2017 — 9695000CG7B84NLR5984/207 de 19 de diciembre de 2017, por cuanto impone la adopción de medidas sobre los compromisos de pago irrevocables relativos a los sistemas de garantía de depósitos o los fondos de resolución.

—

Condene al BCE a cargar con la totalidad de las costas.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/58

—

Anule el artículo 4 de la decisión del BCE n.o ECB/SSM/2017 — 9695005MSX1OYEMGDF46/338 (considerada junto con su anexo), de 19 de diciembre de 2017, en cuanto impone medidas que deben adoptarse respecto de los compromisos de pago irrevocables relativos a los sistemas de garantía de depósitos o de fondos de resolución.

—

Condene en costas al BCE.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/58

—

Anule el artículo 8 de la decisión del BCE n.o ECB/SSM/2017 — 9695000CG7B84NLR5984/207 de 19 de diciembre de 2017, por cuanto impone la adopción de medidas sobre los compromisos de pago irrevocables relativos a los sistemas de garantía de depósitos o los fondos de resolución.

—

Condene al BCE a cargar con la totalidad de las costas.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/59

—

Anule parcialmente el artículo 9 de la Decisión del BCE n.o ECB/SSM/2017 — R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 de 19 de diciembre de 2017 por cuanto impone la deducción de los compromisos de pago irrevocables suscritos con el Fondo Único de Resolución, con los fondos de resolución nacionales y con los sistemas nacionales de garantía de depósitos del capital ordinario de nivel 1, de forma individual, subconsolidada y consolidada; y, en particular, los apartados 9.1, 9.2 y 9.3.

—

Condene al BCE a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada carece de base legal, por cuanto el BCE hizo uso de sus competencias en materia de supervisión prudencial para imponer una medida de alcance general que es competencia del legislador y rebasó las facultades que le confieren el artículo 4, apartado 1, letra f), y el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).

2.

Segundo motivo, basado en que la Decisión impugnada adolece de un error de Derecho por cuanto el BCE hizo una interpretación contraria a la intención del legislador de las normas de Derecho de la Unión que autorizan a las entidades de crédito a recurrir a los compromisos de pago irrevocables para liberarse de una parte de sus obligaciones frente a los fondos de resolución nacionales, al Fondo Único de Resolución y a los sistemas nacionales de garantía de depósitos, privando así de efecto útil a las disposiciones en cuestión. Además, según la demandante, el BCE basa su Decisión en una interpretación errónea del marco jurídico europeo y nacional de transposición aplicable a los compromisos de pago irrevocables.

3.

Tercer motivo, basado en una violación del principio de proporcionalidad.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Decisión impugnada resulta de un error de interpretación y vulnera el principio de buena administración.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/59

—

Declare que la demandada ha infringido el artículo 130 del Reglamento interno del Parlamento Europeo y el anexo II al mismo, por no haber transmitido al Consejo de la Unión Europea el cuestionario escrito, presentado por algunos miembros del Parlamento Europeo en el marco del procedimiento número P-003358/17.

—

Obligue al Parlamento Europeo a transmitir al órgano competente, es decir, al Consejo de la Unión Europea el cuestionario escrito presentado con el número P-003358/17.

—

Condene en costas al Parlamento Europeo.

—

El Parlamento Europeo no transmitió al órgano competente, señalado por las demandantes, el cuestionario escrito presentado el 16 de marzo de 2017 por los miembros del Parlamento Europeo Ryszard Legutko y Tomasz Poręba.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/60

—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 2 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 2 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Condene en costas al Consejo.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa, incluido el incumplimiento de la obligación de motivación que permite justificar las medidas y garantizar una tutela judicial efectiva, y en la vulneración del derecho a ser oído.

2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación por lo que atañe a la implicación del demandante en actos constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos en la República Democrática del Congo.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho a la vida privada, del derecho de propiedad y del principio de proporcionalidad.

4.

Cuarto motivo, basado en la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo y por la que se deroga la Posición Común 2008/369/PESC (DO 2010, L 336, p. 30), en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2016/2231 del Consejo, de 12 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo (DO 2016, L 336I, p. 7), y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005 del Consejo, de 18 de julio de 2005, por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República Democrática del Congo (DO 2005, L 193, p. 1).

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/61

—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 1 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 1 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/61

—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 7 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 7 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra a), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/62

—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 3 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 3 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/63

—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 4 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 4 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/63

—

Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 5 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 5 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra a), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

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C 161/64

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Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 6 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 6 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra a), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

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C 161/64

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Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 10 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 10 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

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Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 8 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 8 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

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C 161/65

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Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 13 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 13 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

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Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 15 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 15 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

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C 161/67

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Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 16 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 16 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra c), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.

7.5.2018   

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C 161/67

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Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 14 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 14 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

—

Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.

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Anule la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/2282 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 2010/788/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Democrática del Congo, en la medida en que mantiene al demandante en el n.o 12 del anexo II de la Decisión 2010/788/PESC y en el n.o 12 del anexo I bis del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Declare la ilegalidad de las disposiciones de los artículos 3, apartado 2, letra a), de la Decisión 2010/788/PESC, en su versión modificada por la Decisión 2016/2231/PESC, y 2 ter, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1183/2005.

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Condene en costas al Consejo.