16.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 101/1

16.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 101/2

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

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Vistos la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo adicional,

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Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE (1),

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Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la migración y los refugiados en Europa (2),

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Visto el plan de acción de diez puntos de la Comisión sobre migración, presentado en la reunión conjunta del Consejo de Asuntos Exteriores y de Interior celebrada en Luxemburgo el 20 de abril de 2015,

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Europea de Migración» (COM(2015)0240),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, titulada «Plan de Acción para la integración de los nacionales de terceros países» (COM(2016)0377),

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Vista la propuesta de la Comisión relativa a una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta capacitación (COM(2016)0378),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa» (COM(2016)0381),

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Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

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Vista la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (Directiva sobre las condiciones de acogida),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción de la UE en materia de retorno» (COM(2015)0453),

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Vista la Recomendación de la Comisión por la que se establece un manual común sobre el retorno que deberán utilizar las autoridades competentes de los Estados miembros cuando realicen tareas relacionadas con el retorno (C(2015)6250),

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Vista la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de contratación pública por lo que respecta a la actual crisis del asilo (COM(2015)0454),

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Vista la Comunicación Conjunta de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad titulada «Abordar la crisis de los refugiados en Europa: el papel de la acción exterior de la UE» (JOIN(2015)0040),

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Vista la Decisión de la Comisión relativa a la creación de un Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y los desplazamientos de personas en África (C(2015)7293),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: medidas operativas, presupuestarias y jurídicas inmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración» (COM(2015)0490),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2015, titulada «Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes» (2015-2020)» (COM(2015)0285),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Agenda Europea para la Integración de Nacionales de Terceros Países»,

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migración» (COM(2015)0510),

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Vistas las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en su reunión de junio de 2014, en su reunión extraordinaria del 23 de abril de 2015, en su reunión de los días 25 y 26 de junio de 2015, en la reunión informal del 23 de septiembre de 2015 de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE sobre migración, en su reunión del 15 de octubre de 2015 y en sus reuniones de los días 17 y 18 de diciembre de 2015 y 18 y 19 de febrero de 2016,

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Vistas las conclusiones adoptadas por el Consejo sobre los países de origen seguros, en su reunión de 20 de julio de 2015; sobre migración, en su reunión de 20 de julio de 2015; sobre el futuro de la política en materia de retorno, en su reunión de 8 de octubre de 2015; sobre migración, en su reunión de 12 de octubre de 2015; sobre medidas para gestionar la crisis migratoria y de los refugiados, en su reunión de 9 de noviembre de 2015, y sobre la apatridia, en su reunión de 4 de diciembre de 2015,

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Vistas las conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos el 20 de julio de 2015 en el seno del Consejo, sobre el reasentamiento mediante programas multilaterales y nacionales de 20 000 personas con una necesidad manifiesta de protección internacional,

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Visto el Plan de acción conjunto UE-Turquía de 15 de octubre de 2015,

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Vistas la Declaración de la Conferencia de Alto Nivel sobre la ruta del Mediterráneo Oriental y los Balcanes Occidentales, adoptada el 8 de octubre de 2015, y la declaración adoptada por los dirigentes en su reunión sobre los flujos de refugiados a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales, celebrada el 25 de octubre de 2015,

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Vistos el plan de acción y la declaración política aprobados en la cumbre UE-África sobre migración, celebrada en La Valeta los días 11 y 12 de noviembre de 2015,

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Vista la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar,

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Visto el informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, que acompaña a la Comunicación relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016,

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Vista la Resolución 1994 (2014) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,

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Vistos el trabajo y los informes de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), y en particular su Informe anual sobre la situación del asilo en la Unión Europea 2014,

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Visto el artículo 33, apartados 1 y 2, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984,

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Vistos el trabajo, los informes anuales y los estudios de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA), y en particular sus estudios sobre formas graves de explotación laboral,

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Vistos el estudio del Departamento Temático A sobre la integración de los inmigrantes y sus efectos en el mercado laboral, los estudios del Departamento Temático C sobre la aplicación del artículo 80 del TFUE, sobre los nuevos enfoques, vías alternativas y medios de acceso a los procedimientos de asilo para las personas que solicitan protección internacional, sobre la exploración de nuevas vías para la legislación en materia de migración laboral hacia la Unión, sobre el refuerzo del Sistema Europeo Común de Asilo y las alternativas a Dublín, y sobre la cooperación de la UE con terceros países en el ámbito de la migración, así como las notas y los documentos de los departamentos temáticos A y D sobre los fondos de la UE para las políticas de migración: análisis de la eficiencia y mejores prácticas para el futuro, y el estudio del Departamento Temático de la DG EXPO sobre migrantes en el Mediterráneo: protección de los derechos humanos,

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Vistos los estudios realizados por la Red Europea de Migración (REM), y en particular su estudio sobre políticas, prácticas y datos relativos a los menores no acompañados,

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Vistos el trabajo y los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

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Vistos el trabajo y los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes,

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Vistos el trabajo y los informes de la Organización Internacional para las Migraciones,

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Vistos el trabajo y los informes del Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados,

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre la Agenda Europea de Migración, aprobado en su 115.a sesión plenaria de los días 3 y 4 de diciembre de 2015,

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Vistos los dictámenes, de 10 de diciembre de 2015, del Comité Económico y Social Europeo sobre la Agenda Europea de Migración y el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes,

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 27 de abril de 2016, sobre la Integración de los refugiados en la UE,

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Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración (3),

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Vista la experiencia adquirida a través del programa EQUAL y las lecciones aprendidas,

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Vistos los principios básicos comunes para una política de integración de los inmigrantes en la Unión Europea, adoptados por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en noviembre de 2004, y en particular los principios 3, 5 y 7,

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Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre la integración de los inmigrantes, el impacto sobre el mercado de trabajo y la dimensión externa de la coordinación de los sistemas de seguridad social en la UE (4),

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Vistas las publicaciones pertinentes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en particular, «Indicators of immigrant integration 2015 — Settling in» (Indicadores de integración de los inmigrantes 2015: adaptación), «Making Integration Work: Refugees and others in need of protection» (Hacer que la integración funcione: refugiados y otras personas que necesitan protección) y «A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis» (Un nuevo perfil de migrantes a raíz de la reciente crisis económica),

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Vistas las publicaciones pertinentes de Eurofound, en particular «Challenges of policy coordination for third-country nationals» (Retos de la coordinación política para los nacionales de terceros países) y «Approaches towards the labour market integration of refugees in the EU» (Enfoques hacia la integración de los refugiados en el mercado laboral de la Unión),

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Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional «The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges» (La afluencia masiva de refugiados en Europa: desafíos económicos),

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Visto el informe anual 2014-2015 de la base de datos de información en materia de asilo titulado «Common Asylum System at a turning point: Refugees caught in Europe's solidarity crisis» (El sistema común de asilo en la encrucijada: refugiados atrapados en la crisis de solidaridad europea),

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Vista las Consideraciones de protección internacional con respecto a las personas que huyen de la República Árabe Siria, Actualización II del ACNUR, de 22 de octubre de 2013,

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Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre políticas de competencias para combatir el desempleo juvenil (5),

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Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo (6),

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Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE (7),

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Visto el estudio del Departamento Temático C del Parlamento Europeo, de febrero de 2016, titulado «Female refugees and asylum seekers: the issue of integration» (Refugiadas y solicitantes de asilo: la cuestión de la integración),

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Vistas las conclusiones de la Cumbre Social Tripartita europea del 16 de marzo de 2016, y en particular la declaración de los interlocutores económicos y sociales europeos sobre la crisis de los refugiados,

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Vistas las obligaciones internacionales que se derivan de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y habida cuenta del derecho fundamental de todos los niños a tener acceso a una educación primaria gratuita, con independencia de su sexo, raza, origen étnico u origen social,

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Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la educación para los niños en situaciones de emergencia y crisis prolongadas (8),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0204/2016),

A.

Considerando que la crisis de los refugiados es, ante todo, una crisis humanitaria desencadenada, entre otros factores, por la desestabilización de Estados vecinos de la Unión, que tiene repercusiones a largo plazo en los mercados de trabajo de esta y en la sociedad civil, y que requiere, por tanto, respuestas a largo plazo bien meditadas para garantizar la cohesión local a escala local y la integración con éxito de los recién llegados en nuestras sociedades;

B.

Considerando que la Convención de Ginebra nace para proteger a los refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial, y que define quién es una persona refugiada y establece una serie de derechos de las personas refugiadas, además de las obligaciones de los Estados;

C.

Considerando la existencia de tres figuras jurídicas beneficiarias o potenciales beneficiarias de protección internacional, siendo estas las personas con estatus de refugiado, las personas solicitantes de asilo y las personas beneficiarias de protección subsidiaria; considerando que las políticas de inclusión social e integración en el mercado laboral deben adaptarse a sus necesidades específicas;

D.

Considerando la necesidad de analizar las causas de la crisis de los refugiados para poder actuar de manera eficaz e inmediata; que, por otra parte, las causas principales de la crisis de los refugiados son conflictos con cuya resolución se podría reducir drásticamente el número de refugiados y se posibilitaría que el resto regresara a sus países;

E.

Considerando que el número de solicitantes de asilo y refugiados registrado en Europa en 2014 y 2015 no tiene precedentes y es fruto de la difícil situación humanitaria que se vive en algunos países vecinos de la Unión; que un mejor acceso a la información a través de las nuevas tecnologías podría contribuir a evitar que proliferen los tratantes de personas y los pasadores de fronteras;

F.

Considerando que el plan de acción y la declaración política aprobados en la cumbre UE-África sobre migración, celebrada en La Valeta los días 11 y 12 de noviembre de 2015, no han aportado medidas concretas ni decisivas;

G.

Considerando que la integración de los refugiados tanto en la sociedad como en el mercado de trabajo solo se podrá conseguir si existe solidaridad entre todos los Estados miembros y sus sociedades, y si se cuenta con un compromiso unitario por su parte;

H.

Considerando que se prevé que, para 2020, la población en edad de trabajar de la Unión disminuya en 7,5 millones de personas; que las previsiones sobre la evolución de las necesidades del mercado laboral en la Unión indican que empiezan a producirse o se producirán carencias en sectores concretos;

I.

Considerando que la integración profesional es un trampolín para la inclusión social;

J.

Considerando que la inclusión social y la integración de los refugiados en las sociedades de acogida, y en particular en sus mercados de trabajo, es un proceso dinámico en dos sentidos y con dos dimensiones (al abarcar derechos y deberes), que representa un desafío y una oportunidad, y en el que la inclusión de los refugiados exige responsabilidades y esfuerzos concertados y claros por parte de los propios refugiados y de los Estados miembros, así como de sus administraciones locales y, en su caso, regionales, y de las comunidades de acogida, y que precisa asimismo de la participación y el apoyo de los interlocutores sociales, de la sociedad civil y de las organizaciones de voluntarios;

K.

Considerando que el éxito de la integración requiere no solo la inserción laboral, sino también el acceso a cursos de idiomas nada más llegar, así como a una vivienda, a educación y formación, y a la protección social y la sanidad, incluidos servicios de apoyo a la salud mental;

L.

Considerando que las condiciones del mercado laboral en los países de acogida constituyen un factor determinante para la integración satisfactoria de los refugiados; que el desempleo en la Unión, en particular el desempleo juvenil y de larga duración, se mantiene en unos niveles alarmantes, y que persiste el problema de equilibrar la oferta y la demanda en el mercado de trabajo;

M.

Considerando que cada refugiado es un individuo con su propia trayectoria personal, conocimientos, competencias, cualificaciones, experiencia laboral y personal y necesidades que merecen ser íntegramente reconocidas; que los refugiados pueden emprender y generar una actividad económica que podría revertir positivamente en las comunidades de acogida;

N.

Considerando, además, que el 24,4 % de la población total de la Unión vive en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, y que casi el 10 % se enfrenta a graves privaciones materiales;

O.

Considerando que los nacionales de terceros países afrontan muchas dificultades para lograr el reconocimiento de sus competencias y cualificaciones; que el reconocimiento de las cualificaciones extranjeras va en consonancia con la evaluación de las competencias;

P.

Considerando que, de cara al ingreso de los adultos refugiados en el mercado laboral, es esencial que se reconozcan su formación y cualificaciones, y que se adopten disposiciones específicas que les permitan obtener títulos académicos y competencias específicas;

Q.

Considerando que es importante, además de rentable, ofrecer a los refugiados y a los solicitantes de asilo acceso al mercado laboral para restaurar su dignidad humana y su autoestima, y que esto también denota una actitud responsable para con las finanzas públicas, ya que reduce los costes a cargo de los Estados miembros y las autoridades locales, al tiempo que permite que aquellos se conviertan en contribuyentes fiscales activos;

R.

Considerando que las mujeres y los menores, ya sean refugiados o solicitantes de asilo, tienen necesidades específicas de protección; que es necesario incluir una perspectiva de género y de protección de la infancia en todas las políticas de inclusión social e integración laboral;

S.

Considerando que, según los datos facilitados por Europol en 2015, al menos 10 000 menores no acompañados han desaparecido tras llegar a Europa;

T.

Considerando que los desplazamientos forzados, los conflictos, las violaciones de los derechos humanos y las guerras pueden tener repercusiones graves sobre la salud física y mental de las personas afectadas; que, además, entre las refugiadas y solicitantes de asilo se registran tasas muy elevadas de violencia de género;

U.

Considerando las condiciones infrahumanas y precarias en las que se halla un gran porcentaje de los solicitantes de asilo que han llegado a Europa, que viven en campamentos, sin acceso a recursos y servicios de calidad suficientes para satisfacer sus necesidades básicas;

V.

Considerando que el artículo 33, apartado 1, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, establece que «ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas»;

W.

Considerando los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, que establecen que «ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a tortura» y que «las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos»;

X.

Considerando que, junto con los factores lingüísticos, educativos e institucionales, la discriminación es uno de los principales obstáculos que impide que los migrantes en general participen plenamente en el mercado laboral y en la sociedad (9);

Y.

Considerando que, de los solicitantes de asilo y refugiados que llegaron a la Unión en 2015, uno de cada cuatro son niños y la mitad tiene entre 18 y 34 años; que estos menores proceden de zonas de conflicto en las que se ha interrumpido o limitado la asistencia a las escuelas, en ocasiones durante largos periodos de tiempo, o de campamentos de refugiados en los que solo una minoría ha podido tener acceso a algún tipo de educación o ha podido asistir a escuelas locales;

Z.

Considerando que, en lo que a la reagrupación familiar de los refugiados se refiere, la Directiva 2003/86/CE establece que los Estados miembros de la Unión no podrán imponer condiciones relativas a una estancia de duración mínima en el territorio antes de reagrupar a los miembros de sus familias con ellos;

1.

Destaca la necesidad de que la Unión base su respuesta inmediata a la situación actual en la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad, tal y como se indica en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como en un enfoque integral que tenga en cuenta la necesidad de mejorar los canales de migración segura y legal, y que garantice el pleno respeto de la legislación vigente y de los derechos y valores europeos fundamentales; subraya que, para gestionar la entrada de refugiados y solicitantes de asilo, resulta necesario instaurar de inmediato un mecanismo de reubicación permanente para todos los Estados miembros;

2.

Toma nota del alto grado de heterogeneidad y falta de claridad en el uso del concepto de refugiado en el discurso público y político; subraya la importancia de identificar claramente a los refugiados de conformidad con la definición jurídica consagrada en la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, y con la legislación de la Unión, en particular la Directiva relativa a los requisitos de asilo (2011/95/UE) (10), en el sentido del artículo 2, letras c), d), e), f) y g), y la Directiva sobre las condiciones de acogida, en el sentido del artículo 2, letras a), b) y c); subraya la importancia de establecer una diferenciación clara entre refugiado y migrante económico a la hora de implementar las distintas políticas europeas e internacionales;

3.

Señala que una persona con derecho a protección subsidiaria es un ciudadano de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado pero que se enfrenta igualmente a un riesgo real de sufrir tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes, o bien un civil que se enfrenta a una grave amenaza individual para su vida motivada por la violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno (véase la Directiva relativa a los requisitos de asilo);

4.

Hace hincapié en que existen diferencias significativas en los plazos y las modalidades de tramitación de las solicitudes de protección internacional en los Estados miembros; destaca que los procedimientos lentos y excesivamente burocráticos pueden obstaculizar el acceso de los refugiados y solicitantes de asilo a la educación y formación, a la orientación laboral y al mercado de trabajo, así como la activación de los programas de la Unión y de los Estados miembros y el uso eficaz y coordinado de los fondos en este ámbito, además de acentuar la vulnerabilidad de los refugiados y solicitantes de asilo respecto al trabajo no declarado y a las condiciones laborales precarias; destaca la urgente necesidad de establecer un sistema común de asilo para mejorar los procedimientos de reconocimiento y, a la vez, garantizar el nivel de seguridad más elevado posible para los refugiados y los ciudadanos europeos; recomienda que se tomen medidas de apoyo adecuadas en favor de los Estados miembros que, por razones geográficas, participan más intensamente en la acogida inicial; reconoce que, cuando la duración del permiso de residencia concedido (en particular a los beneficiarios de protección subsidiaria) es relativamente breve, se convierte en una barrera para la integración en el mercado laboral;

5.

Pide que se tomen medidas eficaces fuera del territorio de la Unión tanto para garantizar que las personas que tengan derecho a ello puedan llegar a los países de acogida de manera segura como para gestionar las solicitudes de protección internacional y contener los flujos migratorios indeterminados;

6.

Destaca que, para facilitar la inclusión social y la integración de los refugiados en el mercado laboral, es necesario adoptar un enfoque que prevea una adaptación adecuada y presuponga la cooperación, y abordar problemas graves y con múltiples facetas, tales como todas las formas de discriminación; las barreras lingüísticas, que son el primer obstáculo a la integración; la validación de las competencias; los diferentes bagajes socioeconómicos, educativos y culturales; la vivienda; las necesidades sanitarias, incluido el apoyo psicosocial y postraumático; la reagrupación familiar y la importante proporción de grupos desfavorecidos entre los refugiados, en especial, las preocupantes cifras de niños, incluidos los menores no acompañados, de personas con discapacidad, personas de edad avanzada y mujeres (11), que precisan todos ellos de respuestas adaptadas a sus problemas específicos;

7.

Rechaza la idea de crear mercados laborales especiales para los refugiados;

8.

Aboga por que el salario mínimo nacional respectivo sea válido también para los refugiados;

9.

Recuerda la muy preocupante situación de las mujeres en los campamentos de refugiados en Europa y, en particular, sus condiciones de vida y de higiene, que exigen que se tomen medidas sanitarias urgentes; subraya que las mujeres tienen unas necesidades asistenciales distintas de las de los hombres al estar más expuestas a riesgos múltiples, como la violencia de género, complicaciones de salud reproductiva y barreras culturales en el acceso a la asistencia sanitaria; considera, por tanto, que en este ámbito deben aplicarse políticas diferenciadas por género;

10.

Subraya la importancia de distinguir entre medidas urgentes y medidas a medio y largo plazo para hacer frente eficazmente a las distintas necesidades;

11.

Reitera la importancia de reconocer la dimensión de género desde el momento en que empiecen a tramitarse las solicitudes para obtener el estatuto de refugiado, así como las necesidades de las mujeres que solicitan protección internacional, y los desafíos específicos en materia de inclusión social e integración laboral a que se enfrentan las mujeres; defiende la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todas las políticas y los procedimientos relacionados con la inclusión social y la integración en el mercado laboral, teniendo en cuenta que las mujeres asumen más a menudo que los hombres la responsabilidad del cuidado de los niños y de las personas mayores, de los enfermos o de otros familiares dependientes; recuerda que la prestación de servicios accesibles y de calidad para el cuidado de los niños y de otras personas dependientes, junto con unas modalidades de trabajo flexibles. son ejemplos fundamentales de cómo mejorar el acceso al mercado laboral para todos los padres y permitir su capacitación económica y social;

12.

Destaca los beneficios que aporta la educación en materia de inclusión social e integración en el mercado laboral; destaca la importancia de garantizar a todos los refugiados, en particular a las mujeres y las niñas, el acceso a una educación formal, informal y no formal y a una formación permanente, combinadas con una experiencia laboral (12); pide, por otra parte, que se establezcan unos procedimientos sólidos y transparentes para el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en el extranjero, fuera de la Unión Europea;

13.

Pide a los Estados miembros que establezcan un sistema de enseñanza de idiomas que interrelacione estrechamente la formación lingüística general y la profesional;

14.

Subraya la importancia de una integración adaptada, basada en la igualdad de oportunidades y que preste la debida atención a las necesidades y los retos específicos de los diferentes grupos destinatarios; hace hincapié, en este sentido, en la gran demanda de programas de alfabetización;

15.

Considera que ofrecer a los refugiados y solicitantes de asilo un acceso efectivo a la vivienda, la asistencia sanitaria, la educación, la protección social y el mercado laboral, garantizando al mismo tiempo el respeto de sus derechos fundamentales y creando mercados laborales más integradores a escala local y nacional, podría ser un factor importante para restaurar su dignidad humana y su autoestima, y subraya que ello resultaría asimismo rentable, ya que les permitiría ser autosuficientes, adquirir independencia económica y contribuir de manera provechosa a la sociedad, pasos estos fundamentales para su inclusión satisfactoria en la sociedad y que denotan una actitud responsable para con las finanzas públicas, gracias a la cual se reducen los costes a cargo de los Estados miembros y las autoridades locales al integrar a los refugiados y convertirlos, al mismo tiempo, en contribuyentes fiscales activos, aspecto que puede considerarse beneficioso para su crecimiento, desarrollo y autoestima personales y para su reconocimiento en la sociedad, así como para la sociedad y la comunidad en su conjunto; señala que no todos los refugiados que llegan a la Unión son aptos para trabajar por cuestiones de salud, edad u otros motivos; recuerda que la Directiva relativa a los requisitos de asilo y la Directiva sobre las condiciones de acogida establecen el derecho de acceso al mercado de trabajo y a la formación profesional tanto para los solicitantes de asilo como para los beneficiarios de protección internacional;

16.

Pide a los Estados miembros que colaboren en la aplicación de las recomendaciones específicas por país establecidas en el marco del Semestre Europeo;

17.

Señala que una intervención temprana y constante es fundamental para apoyar los esfuerzos por garantizar la inclusión social y la integración de los refugiados en el mercado de trabajo y en las comunidades locales de la forma más efectiva posible, lo que contribuirá a disminuir la probabilidad de que en el futuro surjan sentimientos de aislamiento, ineptitud o inadaptación; reitera que entre las medidas de intervención temprana podría contarse la participación temprana a través del voluntariado, los períodos de prácticas, la tutorización y las actividades en beneficio de la comunidad;

18.

Reconoce la importante labor de la sociedad civil y las organizaciones de voluntarios, que contribuyen a la capacitación, integración y adaptación de todos los solicitantes de asilo y refugiados, y ello tanto antes de su entrada en el mercado de trabajo como una vez producida esta; subraya que deben tomarse las medidas necesarias para formar adecuadamente a aquellos que participen voluntariamente en la integración y educación de los refugiados; señala la importancia que reviste la creación e implantación de redes sociales y comunitarias tanto entre las comunidades de refugiados y migrantes como con estas, a fin de facilitar su acceso al mercado de trabajo;

19.

Destaca que las condiciones del mercado laboral en los países de acogida son uno de los factores determinantes para garantizar la integración satisfactoria y sostenible de los refugiados; es consciente de que los refugiados son un colectivo heterogéneo en lo que a edad, competencias y conocimientos se refieren; señala que el desempleo en la Unión, en particular el desempleo juvenil y de larga duración, se mantiene en niveles alarmantes en algunos países y regiones, y que la Comisión y los Estados miembros deben seguir dando prioridad a políticas e inversiones orientadas a la creación de empleo de calidad para el conjunto de la sociedad, con especial énfasis en las personas más vulnerables, y al crecimiento económico; recuerda que las medidas para crear empleo de calidad, promover mercados laborales dinámicos y combatir el desempleo han de tener sentido en el contexto local, ya que de lo contrario no serán eficaces;

20.

Señala asimismo que dentro de la propia Unión Europea existen circunstancias sociales y económicas muy distintas; hace hincapié en la importancia de tener en cuenta estas divergencias a la hora de reubicar a los refugiados para maximizar así sus oportunidades de inserción profesional ya que, muy a menudo, el primer lugar de reubicación no es aquel en el que pueden integrarse laboralmente;

21.

Pide a los Estados miembros que velen por que la acogida de refugiados vaya acompañada de una política de integración sólida, con elementos tales como cursos de lengua y orientación, que proporcionen una visión amplia de los valores y derechos fundamentales de la Unión y de la inclusión social; subraya que la adquisición de competencias lingüísticas es clave para una integración satisfactoria de los refugiados, en particular en el mercado de trabajo; pide a los Estados miembros que exijan y faciliten cursos de lengua, tanto generales como específicos para el ejercicio de una profesión, a los refugiados con posibilidades de obtener un permiso y un puesto de trabajo en el país de acogida; opina que la enseñanza de idiomas debería empezar a proporcionarse en los puntos críticos y los centros de acogida;

22.

Subraya la necesidad de evaluar de forma rápida, equitativa, transparente y gratuita las competencias formales y no formales de los refugiados y solicitantes de asilo, así como de reconocer y validar sus cualificaciones, con vistas a facilitar su acceso a las políticas activas de empleo, en particular a través de la formación y la orientación laboral, por medio, entre otras, de medidas que garanticen su acceso al mercado de trabajo y unas condiciones de trabajo no discriminatorias, así como de medidas adaptadas que les permitan aprovechar todo su potencial y faciliten los contactos entre la oferta y la demanda de mano de obra en los países de acogida; insiste, a este respecto, en la importancia de reforzar el papel del Marco Europeo de Cualificaciones y de introducir rápidamente sistemas más eficaces para el reconocimiento y la validación de cualificaciones, experiencia y competencias; señala que el conjunto de ciudadanos de la Unión se beneficiaría de unos sistemas eficaces; subraya, no obstante, que dicha evaluación no debe convertirse en ningún caso en un proceso discriminatorio basado en las cualificaciones de los solicitantes de asilo, y que las competencias y la posibilidad de empleo no pueden constituir un criterio para decidir sobre las solicitudes de asilo; subraya que los recursos limitados de que se dispone deben administrarse correctamente y destinarse a la rápida tramitación de los procedimientos de asilo y a la integración pronta y efectiva de los refugiados;

23.

Destaca que el gasto público, que cubre las inversiones extraordinarias en medidas y programas de inclusión social e integración en el mercado laboral, puede tener un efecto positivo sobre los PIB nacionales a corto plazo, en tanto que las repercusiones a medio o largo plazo en las finanzas públicas dependerán de la eficacia de tales medidas;

24.

Acoge con satisfacción, en este contexto, la decisión de la Comisión de tener en cuenta, al evaluar posibles desviaciones temporales de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), el impacto de la excepcional afluencia de refugiados sobre el presupuesto en razón de los gastos extraordinarios para los Estados miembros de los componentes preventivo y corrector del PEC (13);

25.

Destaca que los principales fondos de la Unión disponibles para la inclusión social y la integración en el mercado laboral, en particular el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), difieren en cuanto a prioridades, grupos destinatarios y modos de gestión en los distintos Estados miembros; hace hincapié en que dichos fondos respaldan iniciativas específicas destinadas a mejorar las competencias profesionales y lingüísticas, promover el acceso a los servicios y al mercado laboral, y apoyar campañas de concienciación dirigidas tanto a las comunidades de acogida como a los migrantes; reitera la importancia de que los fondos para la integración se destinen a medidas que tengan realmente esta como fin, y recuerda a los Estados miembros la trascendencia del principio de asociación a la hora de velar por un uso efectivo y más coordinado de dichos fondos; señala, no obstante, que el objetivo de integrar a los refugiados en el mercado laboral debe traducirse en un aumento de la importancia del Fondo Social Europeo;

26.

Subraya que, puesto que esos fondos son insuficientes, se necesitan una mayor inversión pública y recursos adicionales para facilitar prioritariamente a las autoridades locales, los interlocutores sociales, los agentes económicos y sociales, la sociedad civil y las organizaciones de voluntarios un apoyo financiero directo para las medidas orientadas a facilitar la rápida integración de los refugiados y solicitantes de asilo en la sociedad y el mercado laboral y evitar además tensiones sociales, especialmente allí donde las tasas de desempleo son más elevadas;

27.

Es consciente de los esfuerzos realizados por la Comisión en pos de la simplificación de los instrumentos de financiación disponibles y del aumento de las sinergias entre estos; insiste, no obstante, en la necesidad de avanzar en la accesibilidad, complementariedad y transparencia de estos fondos para que los Estados miembros vean reforzada su capacidad de acogida e integración de los refugiados y solicitantes de asilo;

28.

Subraya, en este sentido, que el FAMI ha agotado todos sus recursos; recomienda, por ello, que se mantenga dicho fondo en el marco de la revisión del MFP;

29.

Destaca que los principios de igualdad de trato, no discriminación, igualdad de oportunidades e igualdad de género deben garantizarse siempre a la hora de diseñar y ejecutar las políticas y medidas de inclusión e integración social;

30.

Hace hincapié, además, en que las medidas de integración e inclusión destinadas a los refugiados y los solicitantes de asilo no deben costearse con recursos financieros de programas destinados a otros grupos desfavorecidos, sino que exigen necesariamente inversiones sociales adicionales que respondan a la necesidad de adoptar medidas complementarias; subraya además que los fondos de la Unión disponibles deben desembolsarse de forma más eficiente y eficaz; pide a la Comisión que tenga en cuenta los datos relativos al mercado laboral y a la situación social a la hora de diseñar las políticas de integración, a fin de garantizar que el proceso de integración no empeore la situación económica y social en las regiones de acogida;

31.

Pide a la Comisión, por consiguiente, que examine la posibilidad de introducir una cuota mínima del 25 % de la dotación de la política de cohesión social para el FSE en la revisión del marco financiero plurianual (MFP) a fin de garantizar la existencia de recursos adecuados para la integración a largo plazo en el mercado laboral; pide al Consejo que, en el contexto de la próxima reforma del MFP, adapte los límites máximos de las dotaciones totales y las distintas rúbricas para tomar en consideración los retos internos y externos que han surgido en relación con la crisis de los refugiados y los ajusten a las necesidades de los Estados miembros que deben hacer frente a los mayores problemas de integración (14);

32.

Señala que, a fin de garantizar una asignación oportuna dentro del ámbito de actividades del FSE, los Estados miembros deben adaptar las normas nacionales conexas, cuando sea preciso, a fin de garantizar a los solicitantes de asilo el mismo trato que a los nacionales de la Unión y de terceros países que tienen acceso al mercado laboral;

33.

Subraya la necesidad de establecer una correlación estricta entre todos los actos legislativos que conforman la Agenda Europea de Migración (15) para garantizar una gestión adecuada de los refugiados y migrantes;

34.

Observa que la participación de todos los actores que intervienen en la sociedad es crucial y propone, por lo tanto, que, aun respetando las competencias de los Estados miembros en materia de medidas de integración, se refuerce el intercambio de las mejores prácticas en este ámbito; subraya que las medidas de integración para todos los residentes legales nacionales de terceros países deben promover la inclusión social, en lugar del aislamiento; señala que las entidades locales y regionales, incluidas las ciudades, desempeñan un papel clave en el proceso de integración;

35.

Está firmemente convencido de que la integración de los refugiados en el mercado laboral será difícil sin un apoyo activo y masivo de las microempresas y las pymes de la Unión; opina que las autoridades competentes de los Estados miembros deben ofrecer a las pymes servicios de apoyo y mediación de amplio alcance y bien adaptados con miras a la integración de los refugiados en el mercado laboral;

36.

Apoya los esfuerzos de la Comisión por actualizar la Agenda Europea de Migración, en particular mediante la revisión del Reglamento Dublín III, a fin de incrementar la solidaridad, el reparto de responsabilidades y la armonización de las normas de protección entre los Estados miembros; destaca los efectos positivos que tendría la movilidad de los refugiados en la gestión de las necesidades y la escasez de mano de obra, así como en la integración de los refugiados en el mercado laboral, incluidos aspectos como alentar a los Estados miembros a permitir la reagrupación familiar; hace hincapié en que hay que seguir trabajando en pro de la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo verdaderamente uniforme y de una política de migración legal a la Unión, global y sostenible que dé respuesta a la demanda de competencias en el mercado laboral y en la que las políticas de inclusión social e integración activa desempeñen un papel fundamental;

37.

Lamenta que la Comisión tuviera que adoptar cuarenta decisiones sobre casos de infracción contra numerosos Estados miembros por no aplicar políticas fundamentales del Sistema Europeo Común de Asilo, incluyendo escritos de requerimiento a diecinueve Estados miembros por no haber comunicado las medidas para la transposición a su Derecho interno de la Directiva sobre las condiciones de acogida, que establece normas esenciales sobre cuestiones como el acceso al empleo, la formación profesional, la escolarización y educación de los menores, la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria, la atención médica y psicológica, y disposiciones para las personas desfavorecidas; está firmemente convencido de que la Comisión debería esforzarse más por garantizar que las normas existentes se cumplan plena y efectivamente; insta a los Estados miembros a que pongan remedio a esta situación, respetando las normas en materia de derechos humanos y los principios europeos de solidaridad, reparto equitativo de la responsabilidad y cooperación leal consagrados en los Tratados;

38.

Toma nota de la declaración del presidente Juncker (16) en su discurso sobre el estado de la Unión de 2015 en la que se muestra a favor de conceder a los solicitantes de asilo el acceso al mercado laboral mientras se tramitan sus solicitudes; lamenta, no obstante, la poca determinación de la Comisión a la hora de ejecutar las decisiones adoptadas; expresa su preocupación por la decisión de algunos Estados miembros de cerrar sus fronteras interiores o introducir controles temporales, que pone en peligro la libertad de circulación dentro del espacio Schengen;

39.

Lamenta que el acuerdo de distribución de refugiados entre los Estados miembros, acordado en septiembre de 2015, no se esté ejecutando satisfactoriamente; subraya que en la mayoría de los Estados miembros no se están respetando las cuotas de acogida de refugiados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen cuanto antes los acuerdos y agilicen los procesos de acogida e instalación de refugiados;

40.

Señala que prolongar la tramitación de las solicitudes de protección internacional y no registrar a los solicitantes de asilo a su llegada no solo obstaculiza el acceso legal y oportuno de los refugiados y los solicitantes de asilo al mercado laboral, sino que es caldo de cultivo para el trabajo no declarado y para todo tipo de explotación; destaca la necesidad de apoyar a los Estados miembros situados en primera línea a la hora de gestionar el registro de los solicitantes de asilo;

41.

Subraya que ha de garantizarse el acceso a la justicia y la protección a todas las víctimas de explotación y discriminación; destaca la importantísima labor realizada por los interlocutores sociales, la sociedad civil, las autoridades locales, los agentes económicos y sociales y las organizaciones de voluntarios para llegar hasta estos trabajadores y proporcionarles información, en particular sobre sus derechos y obligaciones y la protección a la que tienen derecho, así como el apoyo que necesitan, teniendo asimismo en cuenta el posible carácter temporal de la estancia de los refugiados;

42.

Destaca la importancia de evitar la formación de guetos para lograr una integración efectiva de los refugiados en la sociedad;

43.

Acoge con satisfacción la creación de una herramienta para los perfiles de capacidades de nacionales de terceros países en el marco de la Comunicación de la Comisión «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa», destinada a mejorar la identificación y la documentación tempranas de las competencias y cualificaciones de nacionales de terceros países, introducir una guía sobre las mejores prácticas para apoyar la integración en el mercado laboral de los Estados miembros y mejorar el aprendizaje de idiomas en línea para los refugiados y los solicitantes de asilo recién llegados a través de los cursos de idiomas en línea de Erasmus +;

44.

Acoge con satisfacción el «Plan de acción sobre la integración de los nacionales de terceros países» de la Comisión, que aborda las medidas previas a la salida y la llegada, la educación, el empleo y la formación profesional, el acceso a los servicios básicos, la participación activa y la inclusión social;

45.

Pide a los Estados miembros que garanticen la rápida y plena integración de los refugiados en el mercado laboral y su inclusión en la sociedad, de conformidad con el principio de igualdad de trato, la situación del mercado laboral nacional y la legislación nacional y de la Unión, y les informen sobre los servicios públicos y les den acceso a ellos, en particular a la vivienda, la asistencia sanitaria y la protección social, cursos de integración, módulos de aprendizaje de lenguas y otras medidas de educación y formación;

46.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de hacer una revisión específica de la Directiva sobre las condiciones de acogida a fin de garantizar que los solicitantes de protección internacional tengan acceso al mercado laboral cuanto antes, una vez que se hayan presentado sus solicitudes; insta a la Comisión a que promueva una convergencia al alza de las normas de protección social y la concesión acelerada de permisos de trabajo en todos los Estados miembros;

47.

Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos por asegurar que se concede a los refugiados y solicitantes de asilo un acceso real al mercado laboral, en particular verificando que los Estados miembros no imponen condiciones demasiado restrictivas de acceso al empleo que pudieran dificultar excesivamente dicho acceso; pide asimismo a los Estados miembros que reduzcan los trámites burocráticos para facilitar a las personas aptas para el empleo el acceso al mercado laboral; señala que esas medidas favorecerían la integración de los refugiados y, de manera más general, beneficiarían al conjunto de los ciudadanos de la Unión;

48.

Anima a los Estados miembros a que acorten los plazos de tramitación de las solicitudes de protección internacional, atendiendo debidamente a los derechos de las personas afectadas y sin comprometer la calidad de la toma de decisiones, evalúen los niveles de educación y las cualificaciones ya en los centros de primera acogida y, por consiguiente, amplíen de manera más específica las medidas de intervención temprana, como la formación lingüística, la evaluación de las competencias y los cursos de integración cívica, incluidos los cursos sobre los derechos fundamentales, los valores y la cultura europeos, en particular a los solicitantes de asilo que tienen buenas perspectivas de obtener la protección internacional, e insiste en que el acceso a dichas medidas ha de ser equitativo; insta a la Comisión a que apoye a los Estados miembros con medidas concretas y eficaces que contribuyan a agilizar la de tramitación de las solicitudes;

49.

Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso rápido y fácil de los refugiados y solicitantes de asilo a la formación, incluyendo períodos de prácticas y de aprendizaje, con el fin de garantizar una integración rápida, efectiva y plena en nuestras sociedades y en el mercado laboral, dotándoles también de las competencias necesarias para construirse un nuevo futuro a su regreso; insiste en que para ello deben tomarse iniciativas junto con el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil; pide asimismo a los Estados miembros que reconozcan y validen las destrezas, las competencias formales e informales, el talento y los conocimientos especializados de los refugiados de manera individualizada; recuerda que la primera barrera que tienen que superar los refugiados es la lingüística; recomienda, por lo tanto, la adopción de medidas eficaces que les permitan no solo aprender y comprender la lengua del país de acogida, sino también alcanzar un conocimiento recíproco de las diferentes culturas para conjurar la difusión de sentimientos xenófobos y racistas;

50.

Pide que se cree un grupo de trabajo en la DG de Empleo de la Comisión con el fin de elaborar cuanto antes unas normas paneuropeas relativas a las destrezas informales, así como métodos para clasificarlas;

51.

Acoge con satisfacción las soluciones que prevén una información multilingüe sobre las oportunidades en materia de educación formal y no formal, formación profesional, periodos de prácticas y voluntariado para los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo; pide, por tanto, que se amplíen esos servicios;

52.

Hace hincapié en que los instrumentos innovadores basados en los nuevos medios de comunicación, como los medios sociales y las aplicaciones, podrían desempeñar un papel básico en la facilitación del acceso a los servicios y los intercambios de información sobre el registro de los refugiados, la evaluación de las destrezas, la búsqueda de empleo y la formación lingüística, así como en la prestación de asistencia directa a los necesitados; anima, por otra parte, a los Estados miembros a que creen plataformas específicas y portales de internet multilingües destinados a facilitar una información concisa y fácilmente accesible sobre las posibilidades de reconocimiento, los programas de integración existentes y las listas de las instituciones competentes, teniendo presente que todos los Estados miembros de la Unión y del EEE tienen sus propios Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico que permiten comparar las cualificaciones académicas; anima, en este contexto, a los Estados miembros a que promocionen ese servicio;

53.

Recuerda las diversas posibilidades de formación y los distintos modelos existentes en los Estados miembros y, en particular, el modelo de formación en alternancia, desconocido o muy poco conocido en algunos Estados miembros y entre los refugiados y solicitantes de asilo, pero que puede contribuir sobremanera a la integración de los refugiados en el mercado laboral y en la sociedad al facilitar la transición de la escuela al mundo profesional, permitiendo así formar trabajadores especializados para empleos para los que no se cubre la demanda;

54.

Pide a la Comisión que proponga directrices sobre el modo en que puede efectuarse el reconocimiento de las cualificaciones y destrezas de los refugiados; señala, en este contexto, que en muchos casos la formación y la adquisición de cualificaciones en los países de origen de los refugiados no se corresponden con las normas europeas; anima a la Comisión a elaborar recomendaciones que permitan a los Estados miembros determinar las destrezas, las competencias, el talento y los conocimientos especializados de los refugiados con más facilidad, rapidez y eficacia; recuerda, en este contexto, las diferencias entre los mercados de trabajo de los Estados miembros y sus distintas necesidades, y espera que, teniéndolo en cuenta, sea posible cubrir con más rapidez, facilidad y eficacia las necesidades de mano de obra en algunos sectores y, al mismo tiempo, integrar a los refugiados más rápidamente en el mercado de trabajo;

55.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de revisar la Directiva sobre la tarjeta azul;

56.

Subraya la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros redoblen sus esfuerzos en la lucha contra todas las formas de discriminación, xenofobia y racismo, sensibilizando acerca de las leyes contra la discriminación, apoyando en su labor a las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los organismos nacionales responsables de la igualdad, e intensificando su labor de comunicación con los medios de comunicación y los ciudadanos de la Unión a fin de combatir todo tipo de desinformación o xenofobia, contrarias a los valores europeos, teniendo presente que todos esos esfuerzos contribuirán en gran medida a la aceptación social y la integración de los refugiados; anima a los Estados miembros a que utilicen los fondos del Programa de Igualdad, Derechos y Ciudadanía para acciones de formación en materia de diversidad y para educar e informar a los refugiados y migrantes que se incorporan al mercado laboral sobre sus derechos legales en calidad de trabajadores, evitando así que se conviertan en víctimas de prácticas o empresarios abusivos; hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta la discriminación múltiple en todas las políticas en materia de migración e integración;

57.

Acoge favorablemente la declaración conjunta sobre la crisis de los refugiados adoptada el 16 de marzo de 2016 por los interlocutores sociales que participaron en la Cumbre Social Tripartita, en la que estos reafirmaban su compromiso y su voluntad de colaborar con los Gobiernos y otras partes interesadas para concebir y elaborar políticas de apoyo a la integración; considera que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil son intermediarios insustituibles que han de desempeñar un papel fundamental a la hora de integrar a los refugiados en el mercado laboral y en la sociedad en general; anima a la Comisión a reforzar el diálogo con los interlocutores sociales, sobre la base de una representación equilibrada de los distintos intereses, con el fin de determinar las oportunidades que se presentan a los refugiados en el mercado laboral y en materia de empleo;

58.

Pide a los Estados miembros que extraigan enseñanzas de la experiencia y de las prácticas acumuladas por las ciudades y faciliten su puesta en común, para impulsar mercados laborales inclusivos para todos los residentes, incluidos los beneficiarios de protección internacional, y que asocien a las ciudades y a las autoridades locales en el diseño y la aplicación de políticas de integración en los ámbitos social y económico; opina que es necesaria una asociación más eficaz entre los distintos niveles de gobierno y que las iniciativas nacionales y a escala de la Unión deben complementar y reforzar la actuación de las ciudades, orientándose a las necesidades reales de nuestros ciudadanos; considera que deben reconocerse y que hay que conferir visibilidad a las buenas prácticas de los Estados miembros en materia de coordinación eficaz con las ciudades y la inclusión de estas;

59.

Considera necesario que se facilite a los refugiados una formación adecuada en materia de legislación laboral para garantizar que no se explote a los refugiados mediante prácticas de trabajo no declarado y otras formas graves de explotación laboral y que no sean objeto de discriminación en el lugar de trabajo;

60.

Pide a la Comisión que apoye financieramente los sistemas transnacionales que garantizan la transferencia y la adaptabilidad de las buenas prácticas, como los proyectos de tutoría y acompañamiento inter pares en los que participan todos los niveles de gobernanza y distintas partes interesadas, concebidos y puestos en práctica por distintas partes interesadas a escala de la Unión, y que garantice su aplicación efectiva sobre el terreno;

61.

Pide a los Estados miembros que apliquen la Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, así como la nueva Directiva sobre las víctimas de delitos, y que garanticen la investigación y persecución oportunas de toda incitación a la violencia, incluida la violencia de género, contra los migrantes y los solicitantes de asilo, independientemente de su situación en lo que se refiere a la residencia;

62.

Hace hincapié en el aumento de la incitación al odio, la hostilidad contra los migrantes y la violencia xenófoba por parte tanto de las instituciones como de los individuos;

63.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen las relaciones diplomáticas y tomen todas las medidas económicas y sociales necesarias para permitir la estabilización de los países de origen de los refugiados, de manera que puedan quedarse en sus propios países o regresar a ellos;

64.

Pide que se reasignen lo antes posible recursos del FSE, el FAMI, el FEDER y el FEAD con el fin de apoyar mejor a los Estados miembros que soportan el grueso de la crisis de los refugiados;

65.

Destaca que urge garantizar a los menores no acompañados una protección especial frente a la explotación laboral, la violencia y la trata de seres humanos; subraya que se necesitan tutores y medidas específicas especialmente para las niñas, que suelen ser más vulnerables y estar más expuestas a diversas formas de explotación, trata de seres humanos y abusos sexuales, además de tener más probabilidades de verse privadas de oportunidades educativas;

66.

Pide a la Comisión que potencie la importancia de la cultura, la educación y la formación en las medidas operativas emprendidas como parte de la Agenda Europea de Migración; invita a la Comisión a que adopte una política específica sobre el diálogo intercultural;

67.

Pide a la Unión y a los Estados miembros que den prioridad a la integración mediante medidas tempranas específicas en los ámbitos de la educación, la formación, la cultura y el deporte, así como a los retos a los que se enfrenta la sociedad de acogida garantizando, en particular, el derecho de los niños a la educación, independientemente de su estatuto de refugiados, tal como se establece en el artículo 22 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y, en consecuencia, dando prioridad al interés superior del niño;

68.

Insiste en la necesidad de llevar a cabo un análisis exhaustivo, mediante estudios, investigaciones y estadísticas, que se pueda utilizar para formular las mejores propuestas posibles en materia de iniciativas y medidas políticas, con objeto de determinar cuál debería ser la estrategia en materia educativa para los refugiados, concretamente la educación de adultos, teniendo presentes sus cualificaciones actuales;

69.

Hace hincapié en el papel fundamental que desempeñan la educación pública gratuita, la cultura, el diálogo intercultural e interreligioso, la educación informal y no formal, el aprendizaje permanente y las políticas de juventud y deporte a la hora de impulsar la integración y la inclusión social de los refugiados y los solicitantes de asilo en Europa, así como la comprensión y la solidaridad de los países de acogida en la lucha contra el racismo, la xenofobia y el extremismo, y también a la hora de contribuir a la construcción de sociedades más cohesionadas e integradoras basadas en la diversidad cultural, la promoción de los valores europeos comunes y la protección de los derechos fundamentales; destaca la necesidad de garantizar la mediación cultural y lingüística para los refugiados y los solicitantes de asilo mientras que se familiarizan con la lengua y los valores culturales y sociales del país de acogida;

70.

Subraya la importante función que desempeña el deporte como instrumento para promover el diálogo social e intercultural, al favorecer el establecimiento de relaciones positivas entre la población local y los refugiados y solicitantes de asilo, y pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que apliquen programas destinados a la integración social de los refugiados a través de actividades culturales o deportivas conjuntas; apoya, por consiguiente, las iniciativas actuales de las organizaciones deportivas y alienta el intercambio de buenas prácticas entre las diferentes entidades que participan en actividades deportivas que tienen por objeto la integración social de los refugiados;

71.

Lamenta profundamente la desaparición actual de redes culturales debido a la nueva orientación del programa Europa Creativa;

72.

Subraya la necesidad de contar con procedimientos eficaces que faciliten una transición fluida entre las estructuras educativas existentes en los campos de refugiados y los sistemas educativos de los Estados miembros en los que están ubicados;

73.

Insiste en la necesidad de que los Estados miembros faciliten la inscripción de los estudiantes refugiados en todos los niveles educativos, y pide que se hagan mayores esfuerzos para distribuir y admitir efectivamente a los alumnos en los sistemas escolares nacionales;

74.

Pide a la Unión y a los Estados miembros que creen «corredores educativos» impulsando acuerdos con universidades europeas y con la Unión de Universidades del Mediterráneo (Unimed) para la acogida de estudiantes refugiados procedentes de zonas de conflicto, a fin de facilitar su acceso y promover el apoyo entre iguales y el voluntariado; acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas a este respecto por varias universidades europeas y sus socios;

75.

Acoge favorablemente los programas europeos y nacionales, así como las iniciativas privadas emprendidas por instituciones sin fines de lucro, que ofrecen asistencia a los migrantes universitarios de ámbitos científicos y otros campos profesionales, y aboga por su desarrollo y apoyo;

76.

Pide a los Estados miembros que, a fin de garantizar el inicio inmediato de la integración, garanticen la existencia de información educativa preparatoria orientada a la práctica, comprensible y redactada en varias lenguas;

77.

Pide a los Estados miembros que ofrezcan un apoyo específico a los niños y jóvenes refugiados y solicitantes de asilo que se incorporan al sistema escolar, por ejemplo mediante cursos intensivos de lengua y programas introductorios generales, incluyendo apoyo psicológico, de manera que puedan participar en las clases convencionales tan pronto como sea posible; destaca la necesidad de responder a las necesidades y vulnerabilidades concretas de determinados grupos, en particular los menores no acompañados y los adultos sin educación básica;

78.

Recuerda a la Unión y a los Estados miembros que tienen el deber de garantizar una protección especial para los menores, incluidos los niños refugiados, en situaciones de emergencia, en consonancia con las normativas internacionales y, en particular, asegurar su acceso a los centros escolares y educativos; acoge con satisfacción el objetivo de dedicar el 4 % del presupuesto global de ayuda humanitaria de la Unión para 2016 a la educación, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con vistas a la Cumbre Humanitaria Mundial de Estambul de mayo de 2016, sigan defendiendo a nivel internacional el incremento de los fondos para educación en situaciones de emergencia en el marco de los programas de ayuda existentes;

79.

Recomienda que se prevean para los menores refugiados clases adicionales de lengua en la lengua de su país de origen;

80.

Destaca la importancia de poner en marcha acciones de apoyo educativo, en particular con miras a poner a disposición instalaciones adecuadas en los puntos críticos y en los centros de acogida existentes en la Unión, que apoyen la labor de las organizaciones humanitarias y ONG que ya han comenzado a organizar actividades educativas y de otro tipo en los campos de refugiados, así como de proporcionar incentivos y apoyo al desarrollo de verdaderas estructuras educativas en los campos de refugiados, incluidos aquellos ubicados en terceros países;

81.

Celebra las nuevas convocatorias de propuestas, en el marco de los programas Europa Creativa y Erasmus+, para proyectos y programas culturales, educativos, deportivos y de movilidad de los jóvenes que tengan por objeto el diálogo intercultural, la inclusión social y cultural y la integración; destaca la necesidad de suprimir los obstáculos y las barreras existentes para la ejecución de proyectos para la integración de los refugiados y de facilitar el acceso de todos a los programas;

82.

Pide a los Estados miembros que impulsen iniciativas para garantizar una mayor cooperación, coherencia política y diálogo entre los poderes públicos, las ONG pertinentes, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de refugiados, en aras de la mejora del conocimiento y la comprensión mutuos, y que estudien y evalúen otras posibles iniciativas para garantizar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad, lo que permitirá integrar a los migrantes y refugiados en un entorno de aprendizaje positivo;

83.

Hace hincapié en el papel esencial que desempeñan los profesores en la integración de los niños y jóvenes refugiados y migrantes en el sistema educativo, y subraya la necesidad de contar con un personal docente especializado y una formación complementaria para los profesores que los cualifique; pide, en este contexto, que la Unión y los Estados miembros estudien la posibilidad de establecer canales de cooperación para los profesores a fin de que puedan compartir sus experiencias, intercambiar buenas prácticas y recibir apoyo entre iguales;

84.

Pide a los Estados miembros que ayuden a los maestros y profesores migrantes a encontrar trabajo en la enseñanza, tanto para mejorar su situación como para poner su experiencia y sus conocimientos lingüísticos y docentes al servicio de los sistemas escolares;

85.

Apoya la idea de crear servicios de asistencia para los profesores que les ofrezcan un apoyo oportuno para gestionar los distintos tipos de diversidad existentes en las aulas y para fomentar el diálogo intercultural y la orientación cuando tengan que tratar situaciones de conflicto o casos de estudiantes que corren el riesgo de radicalizarse; pide, por otra parte, a los Estados miembros que amplíen las oportunidades de educación política y prevean nuevas oportunidades de formación y materiales educativos con el fin de aclarar las causas que llevan a los refugiados a abandonar sus países y de combatir el extremismo;

86.

Destaca la importancia de los centros escolares en materia de asesoramiento y mediación lingüística y cultural, también en relación con los valores democráticos a través de los programas de educación cívica y ciudadanía activa, así como el papel crucial que desempeñan a la hora de acelerar y garantizar la inclusión y la integración culturales y sociales no solo de los estudiantes, sino también de sus familiares;

87.

Celebra la decisión del Consejo de prever acciones específicas, en el marco del Plan de trabajo en materia de cultura 2015-2018, sobre el papel que desempeñan la cultura, el arte y el diálogo intercultural para la integración de los migrantes, así como de hacer balance de las buenas prácticas existentes en los Estados miembros;

88.

Subraya que se debe promover mejor el uso del arte como instrumento de integración y que se debe facilitar y aumentar la participación de los refugiados en actividades artísticas;

89.

Acoge con satisfacción el establecimiento por parte de la Comisión del nuevo grupo de trabajo de expertos sobre diálogo intercultural e integración de los migrantes y los refugiados a través de las artes y el diálogo (17), que debería publicar un manual de buenas prácticas antes de finales de 2017;

90.

Hace hincapié en la importancia de promover y seguir desarrollando aplicaciones, vídeos y ejercicios educativos, así como las plataformas de aprendizaje para los refugiados, con el fin de facilitar y completar su educación y formación;

91.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

16.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 101/19

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Vistos los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 11, 153, 191, 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 12, 21, 28, 29, 31 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión: «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

—

Vistas las conclusiones de la décima Conferencia Ministerial (MC10) (1),

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Visto el Acuerdo de París (30 de noviembre a 11 de diciembre de 2015) (2),

—

Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo (2014) (3),

—

Visto el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia para el periodo 2015-2019 titulado «Mantener los derechos humanos entre las prioridades de la agenda de la UE»,

—

Vistas las directrices sobre el análisis de los impactos de las iniciativas en materia de política comercial en los derechos humanos en el marco de las evaluaciones de impacto (4),

—

Visto el estudio titulado «Cláusulas sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos internacionales», publicado en 2015 por el Departamento Temático del Parlamento Europeo,

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015: «Transformando nuestro Mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible» (5),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Unión Europea (6),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (7),

—

Vistas las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (8),

—

Vistas las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo (9),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 14 de julio de 2015 sobre el estado actual de la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas relativos a las empresas y los derechos humanos (SWD(2015)0144),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 2011 titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

—

Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD (2015) (10),

—

Visto el estudio titulado « «The EU's Trade Policy: from gender-blind to gender-sensitive?» (La política comercial de la UE: ¿de un enfoque que ignora la cuestión de género a un enfoque que lo tiene en cuenta?) elaborado por el Departamento Temático del Parlamento Europeo,

—

Visto el cuarto informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo — nota del Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General de 5 de agosto de 2015 (A/70/285),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (11),

—

Vista la Resolución 64/292 de las Naciones Unidas, en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce explícitamente al agua y el saneamiento como derechos humanos y en la que se afirma que el agua potable y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos,

—

Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water (12),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales (13),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático (14),

—

Visto el estudio titulado «Integración de la perspectiva de género en las comisiones y delegaciones del Parlamento Europeo», publicado en 2014 por el Departamento Temático C, del Parlamento Europeo,

—

Vista la Resolución 26/9 (15) del Consejo de Derechos Humanos, por la que decide crear un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato de desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule, en la legislación internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas,

—

Visto el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) reformado de la Unión Europea establecido en el Reglamento (UE) n. o 978/2012,

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Informe sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas durante el periodo 2014-2015» (COM(2016) 0029),

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la revisión de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Declaración tripartita de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empresas multinacionales y la política social, el marco del Consejo Internacional de Informes Integrados, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la norma ISO 26000 de la Organización Internacional de Normalización denominada «Guía sobre responsabilidad social»,

—

Visto el proyecto de legislación francesa sobre «diligencia debida» que promueve los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y la declaración del presidente Juncker en la Cumbre del G-7 de 2015,

—

Visto el proyecto de creación de valor a largo plazo para empresas e inversores, que se está llevando a cabo en el marco de los Principios de Inversión Responsable y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0217/2016),

A.

Considerando que en 2010 el Parlamento realizó varias recomendaciones a la Comisión relativas a normas sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad social de las empresas; que si bien algunas de estas recomendaciones se han aplicado, otras no;

B.

Considerando que el Parlamento actúa como colegislador en relación con las medidas que definen el marco de aplicación de la política comercial común de la Unión; que se requiere el consentimiento del Parlamento Europeo para ratificar todos los acuerdos comerciales que negocia la Unión; que la aplicación de las recomendaciones del Parlamento es, por tanto, necesaria para garantizar el éxito de cualquier iniciativa que lleve a cabo la Comisión en el ámbito de la política comercial común;

C.

Considerando que el comercio desempeña un papel esencial a la hora de promover las oportunidades empresariales, ya que crea prosperidad y aumenta el empleo, así como al impulsar el desarrollo económico, el progreso social, el nivel de vida, la calidad de vida y la mejora a largo plazo de las normas en materia de derechos humanos;

D.

Considerando que la UE subraya su firme compromiso de promover el desarrollo sostenible, tal como quedó reafirmado en su estrategia «Comercio para todos», así como los derechos humanos y la buena gobernanza a través de mecanismos basados en incentivos, como por ejemplo el sistema SPG+ y las disposiciones sobre el acceso preferencial a los mercados en países comprometidos con la aplicación de convenios internacionales fundamentales en dichos ámbitos;

E.

Considerando que la UE tiene capacidad para contribuir de forma positiva a garantizar un mayor respeto por los derechos humanos (DH) y el desarrollo sostenible a escala mundial a través de su política comercial; que la Comisión debe proceder teniendo presente este objetivo; que los acuerdos comerciales y de inversión tienen consecuencias sobre los derechos humanos y el desarrollo sostenible, por lo que deberían diseñarse de manera que apoyen el progreso social y medioambiental, garantizando el mantenimiento de los estándares europeos, protegiendo los derechos humanos y asegurando el cumplimiento de las normas sociales y medioambientales;

F.

El comercio y la inversión extranjera de empresas internacionales contribuyen a un mayor compromiso con los derechos humanos y sociales, así como los derechos laborales, en los países en los que operan.

G.

Considerando que la contribución del Parlamento puede medirse en términos de aplicación efectiva de sus recomendaciones y que debe realizarse un control periódico de la aplicación de los acuerdos a fin de velar por el respeto de los objetivos y los compromisos contraídos en los acuerdos comerciales, en particular en materia de protección de los derechos humanos;

H.

Considerando que, con arreglo al artículo 208 del TFUE, la UE y sus Estados miembros están obligados jurídicamente a hacer que sus políticas sean coherentes con los objetivos de desarrollo;

I.

Considerando que la propuesta de la Comisión de una nueva estrategia comercial y de inversión, «Comercio para todos» reconoce el vínculo entre comercio, derechos humanos y estándares sociales y medioambientales, e insiste en la necesidad de que esos derechos y estándares formen parte integrante de las relaciones económicas y comerciales de la Unión;

J.

Considerando que los minoristas y las empresas transnacionales son responsables de que en los países productores mejoren los salarios y las condiciones laborales;

K.

Considerando que los derechos de las mujeres son parte integrante de los derechos humanos; que la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres se encuadra en los capítulos relativos al desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales; que la incidencia específica de los acuerdos comerciales y de inversión afecta de manera diferente a hombres y mujeres debido a las desigualdades de género estructurales, y que el desarrollo sostenible e integrador, el crecimiento y los acuerdos comerciales deben incluir los derechos humanos, también desde una perspectiva de género;

L.

Considerando que la Agenda 2030 de desarrollo sostenible reconoce la gran repercusión que tienen las políticas comerciales al aplicar sus objetivos abarcando varios ámbitos de actuación como son las normas de origen, la reglamentación alimentaria, los mercados de productos básicos y la igualdad de género;

M.

Considerando que se puede aumentar el potencial del sistema SGP y SGP+ para garantizar la ratificación y la aplicación de los convenios sobre derechos humanos y laborales en los países en desarrollo vinculando los incentivos económicos a la adopción eficaz y el constante seguimiento de la aplicación de los principales convenios sobre derechos humanos y laborales;

N.

Considerando que, tras la catástrofe del Rana Plaza, la UE, en colaboración con el Gobierno de Bangladés y la OIT, puso en marcha el Pacto de Sostenibilidad para la mejora de los derechos en el trabajo y la seguridad de las fábricas en Bangladés, que tiene por objetivo mejorar las condiciones de trabajo, salud y seguridad de los trabajadores; que estos esfuerzos se han traducido en una mayor sensibilización en la población, así como en soluciones innovadoras para las cuestiones relativas al comercio y el desarrollo sostenible, como por ejemplo el Acuerdo para Bangladés sobre la seguridad de los edificios y en caso de incendio;

O.

Considerando que el sector privado debe contribuir, junto con el sector público, al desarrollo sostenible; que las empresas deben actuar de un modo responsable desde los puntos de vista social y ecológico; Considerando que los acuerdos comerciales y de inversión de nueva generación de la Unión contienen capítulos sobre desarrollo sostenible que reclaman a las partes en el acuerdo que contraigan compromisos en materia de protección de los derechos humanos, normas sociales y medioambientales, y responsabilidad social de las empresas, y que los respeten; que dichos capítulos han puesto de manifiesto diferencias en cuanto a nivel de ambición en los sucesivos acuerdos comerciales con la UE; que se alienta a la Comisión a que tenga el máximo nivel de ambición;

P.

Considerando que la estrategia «Comercio para todos» de la Comisión de 2015 considera que el comercio y el desarrollo sostenible son una prioridad para la UE; que para que esta estrategia pueda impulsar adecuadamente la agenda en materia de comercio y desarrollo sostenible, la Comisión debe ahora traducir esta positiva ambición en medidas concretas y decididas;

Q.

Considerando que el proyecto «Obtener valor a largo plazo para empresas e inversores» que se está llevando a cabo con arreglo a los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas demuestra que la recuperación económica en Europa y en el mundo es compatible con los principios de justicia social, sostenibilidad medioambiental y respeto de los derechos humanos y se refuerzan mutuamente;

R.

Considerando que el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la política comercial común de la Unión se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión;

S.

Considerando que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) reafirma que la acción exterior de la Unión se basará en los siguientes principios: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional;

T.

Considerando que el vínculo entre comercio y derechos humanos, por una parte, y normas sociales y medioambientales, por otra, ha pasado a ser parte integrante de las relaciones económicas y comerciales de la Unión; que la política de la Unión en terceros países en materia de derechos humanos y democracia debe seguir integrándose en las otras políticas de la Unión que presentan una dimensión exterior, como la política comercial; que la Unión debe utilizar la política comercial con miras a establecer altos estándares mundiales en los ámbitos de los derechos humanos y sociales, la protección del consumidor y las cuestiones ambientales;

U.

Considerando que la política comercial y los acuerdos comerciales ambiciosos están promoviendo y fortaleciendo el sistema de comercio basado en reglas mundiales; que las cuestiones de derechos humanos deben considerarse también, de manera adecuada y transparente, antes de la conclusión de las negociaciones comerciales; que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, junto con los demás instrumentos pertinentes que incluyen el fomento de la responsabilidad social de las empresas, tienen por objeto promover las disposiciones en materia de derechos humanos en relación con la política comercial;

V.

Considerando que el 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una Resolución acerca de la creación de un grupo de trabajo intergubernamental encargado de iniciar un proceso conducente al establecimiento de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el marco del Derecho internacional, las actividades de las sociedades transnacionales y otras empresas;

W.

Considerando que el comercio y los derechos humanos pueden reforzarse mutuamente, y que la comunidad empresarial, si bien está obligada a respetar los derechos humanos, puede desempeñar también un papel destacado ofreciendo incentivos positivos en términos de promoción de los derechos humanos, la democracia, las normas medioambientales y la responsabilidad social de las empresas; que la Unión Europea ha desempeñado un papel de liderazgo en la negociación y la aplicación de una serie de iniciativas de responsabilidad global que van de la mano con la promoción y el respeto de las normas internacionales, entre otras, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de los derechos humanos; que se reconoce el impacto positivo a largo plazo en materia de derechos humanos de las empresas europeas que operan a escala mundial y que dan ejemplo a través de una cultura empresarial no discriminatoria; que el fortalecimiento de las relaciones comerciales sobre la base de la protección y la observancia de los derechos humanos favorece la comprensión mutua y los valores comunes, como el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos;

1.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten en todas sus políticas un enfoque que integre la dimensión de género, inclusive en la política comercial, y que garanticen entre otras cosas el cumplimiento efectivo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; pide a la Comisión que en su evaluación de impacto de la estrategia comercial de la UE tenga en cuenta los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y los derechos de estas, y pide a la Comisión que evalúe sistemáticamente los acuerdos comerciales y de inversión a fin de identificar sus consecuencias en este terreno;

2.

Pide a la Unión que garantice una mayor coherencia en lo relativo al desarrollo, a que garantice una evaluación de políticas y una coordinación entre ayuda al desarrollo y política comercial eficaces, y a que trabaje en favor del cumplimiento, por todas las partes interesadas, de las normas internacionales en materia de derechos humanos, igualdad de género, legislación laboral y protección del medio ambiente;

3.

Pide a la Unión que desempeñe un papel activo en la realización de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 70.o período de sesiones;

4.

Pide a la UE y a los Estados miembros que promuevan medidas vinculantes para velar por que las empresas tributen en los países en los que desarrollan su actividad económica y se crea valor añadido, que promuevan una información obligatoria sobre cada país por parte del sector privado, tal como preconiza la OCDE, y que fomenten la buena gobernanza, en particular en la cuestiones tributarias y en la recaudación de impuestos; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que este aspecto ocupe un lugar prioritario en su diálogo sobre políticas (asuntos de desarrollo y comercio, a nivel político), y que apoyen el papel de la sociedad civil a la hora de garantizar el examen público de la gobernanza en el ámbito fiscal y el seguimiento de casos relativos al fraude fiscal; considera que la política fiscal de una empresa debe considerarse parte de la responsabilidad social de las empresas y que, por consiguiente, las estrategias de evasión fiscal o de recurso a los paraísos fiscales son incompatibles con un comportamiento socialmente responsable;

5.

Reconoce que el acceso a bienes comunes como el agua, la asistencia sanitaria y la educación son elementos importantes que testimonian la capacidad de un Estado para garantizar los derechos sociales y el respeto de los derechos humanos;

6.

Destaca que la larga tradición de la UE de compromiso con las cuestiones sociales y medioambientales en sus relaciones de diplomacia comercial ya supera a la de otros importantes operadores comerciales a escala mundial; subraya que las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por nuestros socios comerciales proporcionan una base sólida para un diálogo permanente, un proceso de colaboración y la mejora progresiva a largo plazo;

7.

Subraya la importancia que tienen el comercio y las inversiones extranjeras como instrumentos esenciales para lograr el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la buena gobernanza y la protección de los derechos humanos;

8.

Recuerda que el comercio y la inversión extranjera directa aumentan la prosperidad de los países más pobres. Recuerda que existe una correlación más que significante entre la riqueza y la firme protección de los derechos humanos y sociales, los derechos laborales y el medio ambiente;

9.

Recuerda que la Unión Europea se ha comprometido a promover y respetar de forma coherente los derechos humanos y la democracia en sus relaciones con terceros países en todas sus políticas, incluida la política comercial, así como en todos sus instrumentos de financiación exterior pertinentes;

10.

Recomienda, por lo tanto, que la estrategia comercial de la Unión se use como herramienta de fomento de los valores democráticos en terceros países; se congratula, así pues, de las mejoras realizadas en los acuerdos comerciales y los regímenes de preferencias comerciales para que sirvan de incentivos en la promoción de los derechos humanos, la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, y para garantizar la seguridad alimentaria y los derechos a la salud, al desarrollo sostenible y a unas normas elevadas de seguridad y medioambientales, así como oportunidades económicas para todos;

11.

Destaca la importancia que para la UE reviste forjar una cooperación a nivel multilateral, por lo que reitera su petición a la Comisión de que desempeñe un papel preponderante en la reforma de la gobernanza de la OMC, especialmente en lo que respecta a alcanzar los siguientes objetivos:

12.

Pide a la Comisión que promueva activamente otras reformas de la OIT para definir las normas multilaterales relativas a la gestión sostenible de las cadenas de suministro mundiales de un modo responsable, que deben incluir en particular:

13.

Reitera su petición de que se garantice que las medidas adoptadas por una de las partes en el marco del acuerdo de París o en relación con cualquier principio o compromiso incluido en los artículos 3 y 4 de la CMNUCC serán corroboradas también con la habilitación de una protección jurídicamente reforzada del derecho de regulación en los acuerdos comerciales;

14.

Insta a la Comisión a que acelere el avance en el desarrollo de sistemas para diferenciar los productos con arreglo a su proceso y método de producción y los criterios de sostenibilidad en el marco de los acuerdos comerciales;

15.

Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para cumplir sus compromisos de eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles de acuerdo con el compromiso del G20;

16.

Considera que la política comercial podría contribuir más a la transición energética y que los instrumentos comerciales de la Unión deberían favorecer la emergencia y el desarrollo de las energías renovables, así como la creación de bienes y tecnologías medioambientales en Europa; reconoce los esfuerzos de la Comisión por negociar un acuerdo plurilateral sobre productos biológicos (el Acuerdo sobre Bienes Medioambientales — EGA, por sus siglas en inglés), y pide que estas negociaciones conduzcan a un acuerdo ambicioso y equilibrado; pide a la Comisión que, en el marco de las negociaciones del Acuerdo sobre Bienes Medioambientales, establezca unos criterios cuantitativos o cualitativos para la identificación de los «productos biológicos» y que promueva una metodología creíble y transparente en las negociaciones del Acuerdo; pide, asimismo, a la Comisión que tenga debidamente en cuenta los factores que influyen en el comercio de productos biológicos, como puedan ser las políticas antidumping en el sector de las energías renovables, los regímenes de propiedad intelectual, los programas rigurosos de financiación y las políticas nacionales en materia de medio ambiente que generen la demanda de esos bienes;

17.

Celebra la decisión de la Comisión de efectuar evaluaciones de impacto ex ante y ex post sobre la sostenibilidad de todos los acuerdos comerciales de conformidad con las Directrices para el análisis de las evaluaciones de impacto en los derechos humanos de las iniciativas políticas relacionadas con el comercio; pide a la Comisión, a este respecto:

18.

Toma nota de las conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo en relación con la decisión de la Comisión de concluir el acuerdo con Vietnam antes de que se hubiese completado la evaluación de impacto correspondiente en materia de derechos humanos e insta a la Comisión a que lleve a cabo dicha evaluación lo antes posible sobre la base de la nueva metodología a fin de que el Parlamento pueda adoptar una decisión con conocimiento de causa;

19.

Reitera su apoyo a la introducción de cláusulas de condicionalidad sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales y recuerda la importancia de respetar y aplicar las cláusulas sobre derechos humanos; celebra los esfuerzos de la Comisión y del Consejo por incorporar dichas cláusulas obligatorias en materia de derechos humanos en todos los acuerdos de comercio y de inversión, de conformidad con el enfoque común, y pide que se publique el enfoque común del Consejo; observa que no en todos los acuerdos de la Unión se han incorporado cláusulas sobre derechos humanos y pide que las negociaciones comerciales en curso con otros socios de la Unión, en particular las relativas a la ATCI, conduzcan a la inclusión de una cláusula sobre derechos humanos jurídicamente vinculante;

20.

Considera, no obstante, que las cláusulas actuales han tenido un impacto limitado en el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos; pide, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo que procedan a los siguientes ajustes:

21.

Recuerda la petición contenida en sus recomendaciones de 2010 en el sentido de que todos los acuerdos comerciales de la Unión, tanto bilaterales como multilaterales, incluyesen capítulos exhaustivos, ejecutables y ambiciosos sobre comercio y desarrollo sostenible; destaca las discrepancias existentes entre los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los distintos acuerdos comerciales de la Unión; pide, por tanto, a la Comisión que mantenga el máximo nivel de coherencia en todas las negociaciones comerciales y que introduzca capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible con las siguientes características:

22.

Reitera su petición de que se creen foros o grupos consultivos sobre desarrollo sostenible en las distintas fases de elaboración, negociación y aplicación de un acuerdo; recuerda la necesidad de que todos los grupos consultivos internos (GCI) sean plenamente independientes y dispongan de acceso a recursos adecuados; toma nota de las críticas que suelen dirigir algunos de los participantes de los GCI creados por la Unión en virtud de los acuerdos comerciales existentes de que sus reflexiones no tienen efectos concretos y propone que la Comisión aplique las medidas siguientes:

23.

Pide que se refuerce la transparencia y la responsabilidad en relación con las organizaciones de base en la formulación de las normas sobre el comercio internacional y las políticas comerciales nacionales, al tiempo que se asegura la coherencia con respecto a los derechos de los trabajadores y los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres;

24.

Pide a la Comisión que haga posible una mayor participación del Parlamento en el control de la aplicación de los acuerdos comerciales y de inversión en lo que respecta al respeto de los derechos humanos y las normas sociales y ambientales y pide al Consejo que consulte al Parlamento en relación con cualquier decisión de revisar o incluso suspender la aplicación de un acuerdo si fuera necesario;

25.

Acoge con satisfacción la entrada en vigor del nuevo sistema de preferencias generalizadas (SPG) (Reglamento (UE) n.o 978/2012) el 1 de enero de 2014 y la publicación del primer informe de seguimiento del SPG para el período 2014-2015; considera que la política comercial debe servir para promover unas normas sociales y medioambientales más exigentes entre los países socios de la Unión y pide, por consiguiente, a la Comisión que aplique las siguientes medidas correctoras:

26.

Apoya el compromiso contraído por la Comisión de emprender acciones en pos de la erradicación del trabajo infantil; celebra la adopción de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión y reitera su petición de 2010 de que se elabore una propuesta legislativa equilibrada y realista, que prevea medidas como el etiquetado de productos elaborados sin mano de obra infantil, la concesión de preferencias comerciales a los países que cumplan ciertas normas laborales y prohibiciones de importación horizontales relativas a productos elaborados con mano de obra infantil; destaca la importancia de incluir el objetivo de combatir el trabajo forzado y el trabajo infantil en los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la Unión, al igual que en los otros seis convenios fundamentales de la OIT, así como de la participación de la Unión en conversaciones internacionales en el seno de la OMC, la OCDE y la OIT para reforzar su dimensión multilateral;

27.

Confirma su oposición a toda disposición directa o indirecta que afecte al comercio de servicios relacionados con la energía que permita la neutralidad tecnológica de las subvenciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen seriamente en cuenta que el aumento de las emisiones de CO2 procedentes del comercio internacional socava la estrategia climática europea, y destaca que una transición a modelos de producción y consumo locales podría ayudar a lograr los objetivos del Acuerdo de París;

28.

Recuerda el vínculo intrínseco que existe entre el cambio climático y la deforestación causados por la extracción no sostenible e ilegal de materias primas; pide a la Comisión que garantice la aplicación y el cumplimiento efectivos de los Reglamentos FLEGT y EUTR, incluida la obligación de legalidad en las cadenas de suministro de madera;

29.

Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de poner en marcha un estudio de viabilidad sobre un plan de acción europeo sobre la deforestación y la degradación de los bosques;

30.

Recuerda que en 2010 el Parlamento solicitó la inclusión de la RSE en todos los acuerdos y disposiciones comerciales de la Unión a fin de garantizar un cumplimiento más riguroso, en particular la posibilidad de que la Comisión investigase supuestos casos de incumplimiento de los compromisos en materia de RSE y el establecimiento de puntos de contacto de la Unión basados en los de la OCDE y destinados a reforzarlos; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos por lograr el cumplimiento por parte de las empresas, a lo largo de sus cadenas de suministro, y el pleno respeto de las principales normas laborales de la OIT y de las normas relativas a la RSE internacionalmente reconocidas, en particular de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma ISO 26000 denominada «Guía sobre responsabilidad social», la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en particular en los sectores de la confección y de la explotación de los recursos naturales, que son en los que más se producen violaciones de los derechos humanos y de las normas sociales; recuerda que, tras el drama del Rana Plaza en Bangladesh en 2013, la Comisión Europea lanzó el Pacto de Sostenibilidad en cooperación con Bangladesh, la OIT y los Estados Unidos; resalta en este sentido la importancia de perseguir los objetivos del Pacto a fin de promover la mejora de los derechos laborales, así como la necesidad de una gestión más responsable de las cadenas de suministro a escala internacional; pide a la Comisión que amplíe este tipo de programas y acciones a otros socios comerciales de la Unión;

31.

Considera esencial que se prosigan los esfuerzos con miras a la adhesión a la Declaración de la OCDE para Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales y que, al mismo tiempo, se vele por que las Líneas Directrices se citen expresamente en todos los nuevos acuerdos entre la Unión y terceros países y se abandone el enfoque «pasivo» en favor de un enfoque «activo» en relación con su aplicación; pide a la Comisión que garantice la transparencia en relación con el acceso a la información sobre el comportamiento de las empresas y que introduzca un sistema de información eficaz y aplicable que proporcione información sobre las cadenas de valor de los productos; se remite a su posición de 2010, en la que pedía a las empresas que publicasen sus balances en materia de RSE y exigía la obligación de diligencia para todas las empresas; insta a la Comisión a que actualice su estrategia en materia de RSE con el fin de establecer requisitos de conformidad y de información más estrictos y que garantice una aplicación más eficaz de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, e insta a los Estados miembros a que apoyen el fomento de la RSE en los acuerdos comerciales;

32.

Pide a la Unión que cree plataformas de diálogo que agrupen a la sociedad civil, las empresas, las organizaciones internacionales y demás partes interesadas y aborden el tema de la responsabilidad social de las empresas;

33.

Pide a la Comisión que aplique los resultados obtenidos en el proyecto «Obtener valor a largo plazo para empresas e inversores», que se está llevando a cabo con arreglo a los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a su propio Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a su diálogo con los inversores en las negociaciones de acuerdos comerciales y que apoye el concepto de una «Unión de Mercados de Capital Sostenible» respaldando el comercio sostenible;

34.

Recuerda que la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, el Programa de Trabajo Decente de la OIT y los aspectos laborales de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son textos básicos en relación con la responsabilidad social de las empresas; pide a la Comisión que lleve un seguimiento de las iniciativas de la OCDE y de la ONU mediante la incorporación de normas internacionales de reciente y nueva elaboración en la legislación de la Unión y que promueva, en la reunión de los ministros de Comercio del G-20 que se celebrará en julio de 2016 en Shanghái, recomendaciones políticas equilibradas y globales con una marcada dimensión de desarrollo sostenible para las cadenas de valor mundiales;

35.

Recuerda que la Unión es el principal actor mundial en lo que respecta a los planes de acción nacionales para la RSE; pide a la Comisión que fomente activamente la gestión empresarial responsable entre las empresas de la Unión que operan en el extranjero, prestando especial atención a garantizar un estricto cumplimiento de todas sus obligaciones legales derivadas de su legislación nacional o de obligaciones legales bilaterales o internacionales a las que estén sujetas sus operaciones, sobre todo el cumplimiento de las normas y los reglamentos internacionales en el ámbito de los derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente; propone además a la Comisión que, para alcanzar este objetivo, colabore activamente con sus países socios a fin de intercambiar mejores prácticas y conocimientos sobre cómo mejorar el entorno empresarial y la concienciación sobre la conducta empresarial responsable;

36.

Señala que la agenda sobre RSE debe adaptarse a las necesidades específicas de las regiones y los países, a fin de contribuir a mejorar el desarrollo económico y social sostenible;

37.

Pide a la Comisión que adopte medidas, en el ámbito del comercio y las inversiones, que alienten y recompensen a las empresas que adopten estrategias de RSE, mediante la concesión de distintivos, un acceso preferente a los contratos públicos de la Unión y la puesta en práctica de programas de asistencia para las pymes;

38.

Acoge con gran satisfacción que en la Directiva de la Unión sobre divulgación de información no financiera se prevea la elaboración de informes sobre derechos humanos por parte de las grandes empresas; pide a los Estados miembros de la Unión que transpongan la Directiva con rapidez y eficacia; llama la atención sobre el marco de elaboración de informes de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, el Índice Empresarial de Derechos Humanos para las Empresas y el objetivo de elaboración de informes integrados, y pide a todas las sociedades cotizadas de la Unión y a las partes interesadas que acaten el espíritu de la Directiva en la Unión y al ejercer la actividad comercial fuera de la Unión;

39.

Pide a la Unión y a los Estados miembros que se impliquen activamente en la labor del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en favor de un tratado internacional por el que se responsabilice a las empresas transnacionales de las violaciones de los derechos humanos y las normas ambientales;

40.

Hace hincapié en que la aplicación eficaz de estas recomendaciones constituye un aspecto esencial en la evaluación por parte del Parlamento de los acuerdos comerciales negociados por la Comisión; solicita una respuesta detallada y oportuna de la Comisión a todos los asuntos planteados en la presente Resolución;

41.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

16.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 101/30

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Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la situación actual de la Agenda de Desarrollo de Doha antes de la 10.a Conferencia Ministerial de la OMC (1),

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Vistas sus recomendaciones a la Comisión, relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), de 8 de julio de 2015 (2) y 3 de febrero de 2016 (3), respectivamente,

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Vista la comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos — Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

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Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York en 2015,

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Vista su Resolución, de 7 de julio de 2015, sobre el impacto exterior del comercio de la UE y la política de inversión en las iniciativas público-privadas en países fuera de la UE (4),

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Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre una Estrategia para mejorar la protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países (5),

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Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre el segundo aniversario del derrumbamiento del edificio Rana Plaza y los progresos del Pacto de Sostenibilidad con Bangladés (6),

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Visto el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.o 2/2014 titulado «¿Se gestionan adecuadamente los acuerdos comerciales preferenciales?»,

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Vistas las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

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Visto el Reglamento sobre la madera aprovechada ilegalmente, la Directiva sobre la información no financiera, la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre los minerales de guerra, la cláusula sobre transparencia en las cadenas de suministro de la Ley británica sobre la esclavitud moderna y el proyecto de Ley francés sobre la obligación de diligencia,

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Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre una nueva política comercial para Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020 (7),

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Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre la Estrategia Europa 2020 (8),

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Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático (9),

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Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales (10),

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Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (11),

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Vistas las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 24 de junio de 2013,

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Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013, sus conclusiones sobre comercio de 21 de noviembre de 2014 y las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 27 de noviembre de 2015;

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Vista la opinión de la Comisión de Comercio Internacional sobre el Informe sobre transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la UE,

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Visto el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,

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Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vistos los artículos 207, 208 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones,

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Visto el principio de coherencia de las políticas de cooperación para el desarrollo establecido en el TFUE,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0220/2016),

A.

Considerando que el comercio no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la prosperidad y la igualdad, promover oportunidades empresariales, el desarrollo económico, el progreso social y la comprensión cultural, fomentar el empleo y mejorar las condiciones de vida sin aumentar el gasto público;

B.

Considerando que la política comercial común ha experimentado un cambio profundo desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009; que el comercio no evoluciona de forma aislada, sino que está vinculado y sujeto a muchas otras políticas, y que las negociaciones sobre acuerdos comerciales y de inversión deben rebasar la mera supresión de aranceles, teniendo en cuenta la complejidad de los desafíos que plantea el mundo de hoy en materia de regulación y convergencia de las normas internacionales;

C.

Considerando que no han tenido lugar en la Unión Europea un debate serio sobre los costes de las políticas de libre comercio —como los ajustes en el sector industrial, esto es, cierres de empresas, pérdidas de puestos de trabajo en la fabricación, deslocalización de sectores enteros a terceros países y aumento de las importaciones— ni un análisis general de los costes y los beneficios de las políticas de libre comercio; que la falta de este tipo de debate abierto induce a varias partes interesadas a poner en tela de juicio la lógica y la dirección de la política comercial de la Unión y de las políticas europeas en general, y que un debate abierto impediría esa desafortunada evolución;

D.

Considerando que el exceso de capacidades mundiales en sectores clave y el desequilibrio comercial resultante han comenzado a erosionar la confianza de las empresas y las industrias de la Unión Europea en la solidez de la política comercial de la Unión;

E.

Considerando que, en una fase de bajo crecimiento económico, la contribución del comercio exterior a la recuperación de la economía europea reviste una importancia capital para conseguir resultados tangibles y cuantificables y contribuir a la creación de puestos de trabajo dignos, a un crecimiento económico sostenible y a la igualdad en Europa y fuera de ella;

F.

Considerando que la política comercial de la nueva generación debe responder a las inquietudes de los ciudadanos acerca de la transparencia y la participación, el bienestar y el empleo, a las expectativas de las empresas en una economía global e interconectada, a la lucha contra la pobreza y a la necesidad de garantizar una distribución más equitativa de los beneficios comerciales, teniendo en cuenta las nuevas evoluciones, como el comercio digital y el papel fundamental que desempeñan las pymes;

G.

Considerando que las actuales negociaciones comerciales han atraído la atención del público sobre la política comercial de la Unión, y que cada vez son más los ciudadanos interesados en la política comercial que expresan su preocupación por el hecho de que la política comercial común podría socavar las regulaciones y las normas europeas y nacionales;

H.

Considerando que la Comisión se ha comprometido sin ambages a que ningún acuerdo comercial pueda dar lugar en ninguna circunstancia a un nivel más bajo de protección reguladora, a que cualquier cambio en el nivel de protección solo pueda ser al alza y a que el derecho de regulación esté siempre protegido;

I.

Considerando que la cooperación reguladora en los acuerdos comerciales debe garantizar el nivel más elevado de protección de la salud y la seguridad, en consonancia con el principio de precaución recogido en el artículo 191 del TFUE;

J.

Considerando que los ciudadanos, las empresas y las pymes de la Unión están planteando dudas sobre si las grandes asociaciones industriales representan verdaderamente los intereses de los ciudadanos y las empresas europeos y de la Unión Europea en general;

K.

Considerando que la transparencia exige que las instituciones de la Unión Europea comprueben que las posiciones presentadas en nombre de las industrias de la Unión reflejan verdaderamente las opiniones de estas;

L.

Considerando que es necesario consolidar la política comercial y de inversiones de la Unión no solo garantizando resultados positivos en cuanto a la creación de empleo y de riqueza para los ciudadanos y las empresas, sino también reforzando los derechos ambientales y sociales y garantizando el máximo nivel de transparencia, compromiso y responsabilidad, manteniendo un diálogo permanente con las empresas, los consumidores, los interlocutores sociales y todas las demás partes interesadas pertinentes, así como con las entidades regionales y locales, y estableciendo directrices claras en las negociaciones;

M.

Considerando que las normas de origen determinan el verdadero alcance de la liberalización comercial, ya que establecen los productos que se benefician realmente de los acuerdos de libre comercio, pero que con frecuencia se omiten en los debates públicos de política comercial y hasta ahora no han sido objeto de análisis por parte del Parlamento;

N.

Considerando que, en la elaboración de su política comercial y en las negociaciones comerciales, la Unión debe tener en cuenta la sensibilidad de determinados sectores en términos de apertura del mercado, y en particular del sector agrícola;

O.

Considerando que estaba previsto que en 2050 la UE-28 representase solo el 15 % del PIB mundial, frente al 23,7 % en 2013, y que desde 2015 el 90 % del crecimiento económico mundial se genera fuera de la Unión, al tiempo que la tasa de crecimiento de las economías emergentes se ralentiza considerablemente;

P.

Considerando que la Unión es actualmente el mayor bloque comercial del mundo, que controla un tercio del comercio mundial, y que se prevé que en 2020 esta cifra se reduzca a alrededor del 26 %;

Q.

Considerando que otras variables como los cambios demográficos tendrán también un impacto negativo en la posición de la Unión Europea en la escena del comercio mundial, y que se espera que el porcentaje de la Unión en la población mundial disminuya del 7,1 % en 2013 al 5,3 % en 2060;

R.

Considerando que los futuros acuerdos y negociaciones comerciales deben tener en cuenta y ser coherentes con las posiciones expresadas en las resoluciones del Parlamento sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS);

S.

Considerando que el centro de la generación de riqueza se está desplazando claramente hacia oriente, a la región de Asia y el Pacífico; que China ya ha adelantado a Japón y probablemente superará a los Estados Unidos para convertirse en la principal economía mundial en 2025, y que este indicador refleja que las economías emergentes y los países en desarrollo están ganando terreno al grupo de países industrializados y están alcanzando la condición de economías avanzadas;

T.

Considerando que se ha calculado que los flujos transfronterizos de capitales, productos, servicios y datos añadieron 7,8 billones de dólares a la economía mundial en 2014, y que solo el valor añadido de los flujos de datos representa 2,8 billones de dólares de dicho total, superior a los 2,7 billones de dólares estimados para el comercio de mercancías;

1.

Acoge favorablemente la nueva estrategia de la Comisión titulada «Comercio para todos — Hacia una política de comercio e inversión más responsable», y en particular la nueva atención que se presta a factores como la gestión responsable de las cadenas de suministro, el comercio de productos y servicios digitales, el comercio justo y ético y los costes sociales de la liberalización del comercio; cree firmemente que toda futura política comercial debe luchar contra todas las formas de proteccionismo, especialmente en lo que se refiere a la reducción de los obstáculos no arancelarias innecesarios al comercio, y garantizar el acceso a los nuevos mercados, en particular para las pymes; recuerda que la liberalización del comercio debe llevarse a cabo de forma adecuada para garantizar un desarrollo sostenible; lamenta el retraso de la Comisión en la presentación de una nueva estrategia, dado que el Parlamento solicitó la presentación de una estrategia revisada a medio y largo plazo antes del verano de 2012;

2.

Cree firmemente que, si bien los servicios representan más del 70 % del PIB de la Unión y aportarán el 90 % de los futuros empleos, la industria manufacturera de la Unión reviste una importancia fundamental para la reindustrialización de Europa, y que, por consiguiente, la estrategia debería centrarse en mayor medida en la función que incumbe a este sector en la política comercial común; insta a la Comisión a que colabore con nuestros socios comerciales a fin de garantizar que sus mercados sean más abiertos a las empresas de la Unión, en particular en los sectores del transporte, las telecomunicaciones y la contratación pública, cuando sus empresas siguen beneficiándose de un amplio acceso al mercado interior de la Unión;

3.

Reconoce que la política comercial de la Unión reviste la máxima importancia geopolítica y económica para que Europa contribuya a configurar la globalización, refuerce las normas internacionales y mejore el acceso a los mercados extranjeros; constata que, si no actuamos ahora, otros establecerán las normas internacionales; destaca que, teniendo en cuenta que la Unión es la primera economía del mundo, el comercio sostenible y responsable es su instrumento político más importante para respaldar los intereses, las inversiones y las empresas europeos y promover los valores europeos en el extranjero, al tiempo que fomenta el crecimiento económico y las inversiones y genera empleo en la propia Unión; apoya el objetivo de la Comisión de mejorar las sinergias entre las políticas comerciales y del mercado interior, y recomienda que estas políticas otorguen prioridad a las medidas dirigidas a la creación de empleo;

4.

Celebra el compromiso de la Comisión en el sentido de que ningún acuerdo comercial podrá socavar los logros de las normas de protección de los consumidores europeos, incluso en el contexto de la revolución digital; destaca que el Parlamento seguirá vigilando atentamente que las negociaciones en curso respeten este compromiso;

5.

Destaca la relación existente entre el mercado único y la política comercial de la Unión, que deberían ser plenamente compatibles entre sí y con las políticas y valores más generales de la Unión; considera que un comercio mundial libre, responsable y abierto, basado en normas universales estrictas, transparentes y efectivas, es un elemento indispensable para que el mercado único alcance su máximo potencial, de forma que funcione, se desarrolle y trabaje en beneficio mutuo de los ciudadanos, los consumidores y las empresas, en particular las pymes; recuerda que la apertura del comercio comporta una mayor productividad, contribuye a aumentar la competitividad exterior y sostiene ya a casi uno de cada siete puestos de trabajo en el mercado interior, además de aportar beneficios significativos a los consumidores;

6.

Insta a la Comisión a que actualice periódicamente su estrategia de comercio e inversión y a que, a partir de 2017, presente cada dos años al Parlamento un informe público detallado de ejecución que garantice el cumplimiento de sus promesas; pide a la Comisión que detalle en dichos informes el estado de las negociaciones comerciales en curso y los progresos alcanzados en la aplicación de los acuerdos comerciales vigentes;

7.

Insta a la Comisión a que agilice sus procedimientos con el fin de que los acuerdos comerciales negociados puedan remitirse al Parlamento en un plazo más breve, de manera que puedan aplicarse de forma provisional o entrar en vigor con mayor rapidez;

8.

Acoge con satisfacción el aumento de la transparencia y la apertura de la Comisión en todas las fases de las negociaciones comerciales, y respalda la iniciativa de transparencia de la ATCI; reconoce que, después de varias peticiones del Parlamento, la Comisión ha mejorado la transparencia de las negociaciones, facilitando a todos los diputados al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales el acceso a los documentos de negociación clasificados y ofreciendo más información a las partes interesadas; recuerda que el acceso ampliado a la información clasificada por los diputados al Parlamento en las negociaciones de la ATCI ha reforzado el control parlamentario, permitiendo así al Parlamento asumir todavía en mejores condiciones la responsabilidad que le incumbe en la política comercial común; pide, por consiguiente, que se refuerce la iniciativa de la Comisión sobre la transparencia con el fin de ampliar sus principales elementos y la posibilidad de un control público a todas las negociaciones comerciales, actuales y futuras, y que se lleven a cabo consultas con los países socios dirigidas a fomentar las normas más elevadas de transparencia, asegurándose de que se trata de un proceso recíproco que no compromete la posición negociadora de la Unión y buscando acuerdos sobre el grado de transparencia que se persigue en los contactos exploratorios con los eventuales socios de negociación; destaca que una verdadera transparencia puede reforzar el apoyo mundial a un sistema comercial regulado;

9.

Pide al Consejo que publique sin demora todos los mandatos de negociación ya adoptados y futuros;

10.

Pide a la Comisión que garantice una participación sólida y equilibrada de la sociedad civil y los interlocutores sociales, en particular mediante consultas públicas y en línea y campañas de comunicación apropiadas, con el fin de mejorar el contenido de la política comercial de la Unión y orientarlo a la defensa de los derechos de los ciudadanos, reforzando de este modo su legitimidad;

11.

Destaca que, en el contexto del actual debate sobre el alcance de las negociaciones comerciales, la cooperación en el ámbito regulador debe preservar la principal función del sistema de regulación, que no es otro que perseguir el interés público; subraya que una cooperación reforzada entre los reguladores debería facilitar el comercio y la inversión mediante la definición de los obstáculos técnicos al comercio innecesarios y las cargas y formalidades administrativas duplicadas o redundantes, que afectan de forma desproporciona a las pymes, sin poner por ello en peligro los procedimientos técnicos vinculados a las normas y regulaciones fundamentales, manteniendo las normas europeas en materia de salud, seguridad, protección de los consumidores, trabajo, legislación social y ambiental y diversidad cultural y respetando plenamente la autonomía reguladora de las entidades nacionales, regionales y locales; recuerda que los mecanismos correspondientes deben basarse en la mejora del intercambio de información y en procedimientos mejorados de adopción de normas técnicas internacionales y conducir a una mayor convergencia, sin dificultar ni retrasar en ningún caso los procedimientos de toma de decisiones democráticamente legítimos de cualquier socio comercial; alienta el uso y la elaboración de nuevas normas técnicas internacionales basadas en evaluaciones de impacto, así como todos los esfuerzos dirigidos a asegurar la plena participación de nuestros socios comerciales en los organismos internacionales de normalización; no considera, sin embargo, que la falta de una norma internacional común deba impedir el reconocimiento mutuo de las equivalencias, cuando proceda, o los esfuerzos dirigidos a elaborar normas técnicas transatlánticas comunes;

12.

Con el fin de garantizar la transparencia y proteger los intereses comerciales de la Unión Europea, pide a la Comisión que, en el proceso de consultas al sector industrial sobre las iniciativas comerciales, vele por que las asociaciones de la Unión representen realmente los intereses comerciales europeos y reflejen los auténticos intereses de las industrias nacionales; destaca que, en la medida de lo posible, se publiquen los documentos de las instituciones de la Unión, dado que la transparencia es fundamental para conseguir el apoyo de los ciudadanos a la política comercial común; pide a la Comisión que aplique las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Europeo en julio de 2015 por lo que refiere especialmente al acceso a los documentos relativos a todas las negociaciones;

13.

Recuerda que la política comercial común debe llevarse a cabo en el marco de los principios y los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 del TUE y en el artículo 208 del TFUE, y que debería promover los valores que defiende la Unión en virtud del artículo 2 del TUE; recuerda que deben garantizarse la coherencia entre las políticas internas y externas con una dimensión exterior; destaca que la Unión tiene la obligación jurídica de respetar los derechos humanos, y que debe fomentar el desarrollo económico, social y ambiental sostenible de aquellos países que son sus socios comerciales; opina que la Unión tiene la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos necesarios para prever, prevenir y abordar cualquier impacto negativo causado por la política comercial común, llevando a cabo con carácter periódico evaluaciones de impacto ex ante y ex post sobre los derechos humanos y la sostenibilidad y revisando en consecuencia los acuerdos comerciales en la medida en que proceda; recuerda que solo el comercio justo y correctamente regulado, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), podría reducir las desigualdades y promover el desarrollo; recuerda que entre los ODS figuran algunos relacionados con el comercio en una serie de ámbitos de actuación política, siendo uno de los objetivos más concretos el destinado a aumentar las exportaciones procedentes de países en desarrollo, con miras a doblar la cuota de los países menos desarrollados en las exportaciones mundiales para el año 2020;

14.

Celebra el importante descenso, desde 1990, del número de personas que viven en la pobreza absoluta, de acuerdo con la definición del Banco Mundial; señala, no obstante, que es preciso redoblar los esfuerzos dirigidos a catalizar las inversiones públicas y privadas en los países menos desarrollados para ofrecerles los marcos institucionales y de infraestructuras que les permitan aprovechar mejor las ventajas que brinda el comercio, ayudándolos a diversificar sus economías y a integrarse en las cadenas de valor mundiales, lo que les permitirá especializarse en productos de mayor valor añadido;

15.

Toma nota de los anuncios de la Comisión en el sentido de reforzar el desarrollo sostenible y promover los derechos humanos, las normas laborales y sociales y la sostenibilidad ambiental en el mundo por medio de sus acuerdos comerciales y de inversión, si bien pide que se desplieguen esfuerzos decididos para aplicar y ejecutar plenamente los capítulos correspondientes en la práctica; comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que la Unión tiene una responsabilidad especial con respecto a los efectos de sus políticas comerciales en los países en desarrollo y, en particular, en los países menos desarrollados;

16.

Considera que la migración es uno de los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea en el siglo XXI; destaca que garantizar la coherencia política de la Unión en el ámbito del comercio y la inversión es fundamental para abordar las causas de los movimientos migratorios; lamenta que esta circunstancia no se haya reflejado adecuadamente en la estrategia «Comercio para todos»;

17.

Considera que, en particular para los países socios que sufren una crisis económica, el objetivo de las zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo debe dirigirse ante todo a aportar mejoras tangibles y duraderas a las condiciones de vida de los ciudadanos ordinarios;

18.

Destaca que las disposiciones sobre los derechos humanos y las normas sociales y ambientales, así como los compromisos sobre los derechos laborales basados en las convenciones fundamentales de la OIT y los principios de responsabilidad social de las empresas, incluidos los principios de la OCDE para las empresas multinacionales y los principios de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, deberían tener un carácter vinculante y constituir una parte sustancial de los acuerdos comerciales de la Unión por medio de compromisos obligatorios; pide a la Comisión que incluya capítulos sobre desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales y de inversión de la Unión; considera que, con el fin de que estas disposiciones sobre desarrollo sostenible adquieran un carácter vinculante, es necesario implantar un «enfoque en tres etapas», con una consulta de las administraciones públicas, los grupos consultivos nacionales y los grupos de expertos, contando con la participación de la OIT y de forma que se utilice como último recurso la cláusula general del acuerdo sobre resolución de litigios y se contemple la posibilidad de imponer sanciones financieras; señala que las normas laborales y ambientales no se limitan a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, sino que deben ser eficaces en todos los ámbitos de los acuerdos comerciales;

19.

Destaca la importancia que reviste introducir mecanismos de salvaguardia eficaces en los acuerdos comerciales; pide, al mismo tiempo, que se incluya un mecanismo de aplicación eficaz de los derechos laborales y ambientales a los que no se aplica la cláusula sobre derechos humanos; pide a la Comisión que establezca un proceso estructurado y despolitizado por el que se inicien consultas con un socio, de conformidad con criterios claros, por sospechas de vulneración de las obligaciones establecidas en los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible;

20.

Destaca la participación de la sociedad civil en los acuerdos de libre comercio y la posibilidad de utilizar medios de comunicación más avanzados para facilitar la participación de la sociedad civil;

21.

Reitera la importancia de respetar las normas europeas e internacionales sobre el comercio de armas, en particular el Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas y el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas; destaca que la política comercial de la Unión es un instrumento de diplomacia económica que también podría contribuir a resolver las causas profundas del terrorismo; destaca que una legislación eficaz en materia de control de las exportaciones constituye también un aspecto clave de la política comercial de la Unión; pide, en este sentido, a la Comisión que actualice la legislación de la Unión en materia de control de las exportaciones de doble uso, con miras a perseguir los objetivos estratégicos y los valores universales de la Unión;

22.

Recuerda que la OIT estima que 865 millones de mujeres en todo el mundo podrían contribuir en mayor medida al crecimiento económico si contaran con un mayor apoyo; señala que las empresas propiedad de mujeres representan una palanca infrautilizada para impulsar la competitividad, promover la actividad empresarial y apoyar el crecimiento; constata que la política comercial puede tener repercusiones varias en materia de género en los diferentes sectores de la economía, al tiempo que señala la necesidad de disponer de datos más detallados sobre la relación entre género y comercio; toma nota de que la Comisión no aborda la dimensión de género de los acuerdos comerciales en su comunicación titulada «Comercio para todos»; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos dirigidos a utilizar las negociaciones comerciales como un instrumento para promover la igualdad de género en todo el mundo y garantizar que tanto las mujeres como los hombres puedan disfrutar de los beneficios de la liberalización del comercio y estar protegidos frente a sus efectos negativos; considera que la Comisión debería garantizar, a tal fin, que todos los futuros acuerdos comerciales incluyen de forma transversal la perspectiva de género, y que debería hacer un seguimiento de las repercusiones en materia de género de los acuerdos comerciales en vigor;

23.

Celebra el anuncio de la Comisión de llevar a cabo una revisión intermedia del sistema de preferencias generalizadas (SPG), evaluando en particular la posibilidad de ampliar las preferencias a los servicios prestados en el marco del sistema; destaca, al mismo tiempo, que el SPG, así como el dispositivo «Todo menos armas» y el SPG+, son instrumentos que permiten defender valores fundamentales que deben aplicarse y supervisarse de forma efectiva;

24.

Reconoce que la internacionalización del sistema de producción mundial ha contribuido a crear nuevas oportunidades de desarrollo económico y a abrir una vía basada en el empleo para que cientos de millones de personas puedan salir de la pobreza; recuerda que, de conformidad con la OIT, aproximadamente 780 millones de mujeres y hombres activos no ganan lo suficiente para salir de la pobreza; destaca que la expansión de las cadenas mundiales de valor ha creado oportunidades de empleo, si bien la aplicación deficiente de la legislación laboral en vigor y las normas sobre la seguridad en el trabajo en los países proveedores, que fueron introducidas para proteger a los trabajadores frente a los horarios de trabajo exhaustivos y las condiciones laborales inaceptables, sigue siendo un problema acuciante; señala que las cadenas mundiales de valor también han incitado a algunas empresas proveedoras a hacer caso omiso de la legislación laboral, a deslocalizar sus actividades económicas fuera de la Unión Europea, a contratar a trabajadores en condiciones inseguras e inaceptables, a exigir un horario de trabajo exhaustivo y a privar a los trabajadores de sus derechos fundamentales; recuerda que estas prácticas crean una competencia desleal para los proveedores que sí cumplen la legislación laboral y las normas laborales y ambientales internacionales y para los gobiernos que deseen mejorar los salarios y los niveles de vida; pide a la Comisión que estudie el impacto de la expansión de las cadenas mundiales de valor y presente propuestas concretas dirigidas a mejorar las condiciones en el seno de las mismas en estrecha colaboración con la OIT y la OCDE; destaca que la Unión debe continuar su proceso de integración en las cadenas mundiales respetando dos principios básicos: por una parte, salvaguardar el modelo social y normativo europeo, y, por otra, garantizar y generar un crecimiento económico sostenible y equitativo, así como empleo digno en la Unión y para sus socios; reconoce que la globalización de las cadenas de valor aumenta el contenido de los elementos importados, tanto en la producción interna como en las exportaciones, lo cual redunda en un aumento sustancial del coste de las medidas proteccionistas;

25.

Considera que la política comercial debe contribuir a garantizar un proceso transparente de producción a lo largo de la cadena de valor, así como el respeto de las normas ambientales, sociales y de seguridad; pide a la Comisión que promueva iniciativas sobre las normas de diligencia debida para las cadenas de suministro; acoge con satisfacción el deseo de la Comisión de colaborar estrechamente con la OIT y la OCDE a fin de desarrollar un enfoque mundial para mejorar las condiciones laborales, en particular en el sector de la confección; destaca la importancia de definir y evaluar las nuevas oportunidades sectoriales o geográficas para la elaboración de iniciativas responsables sobre las cadenas de suministro; espera con interés la próxima comunicación de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas;

26.

Insta a la Comisión a promover el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD;

27.

Pide que la Ayuda para el Comercio y la asistencia técnica se focalicen en la capacitación de los productores pobres, las microempresas y las pequeñas empresas, las cooperativas y las mujeres, así como la igualdad de género, con el fin de impulsar los beneficios que obtienen del comercio en los mercados locales y regionales;

28.

Pide a la Comisión que elabore legislación dirigida a prohibir la importación de productos fabricados mediante cualquier forma de trabajo forzoso o de esclavitud moderna, y que, entretanto, refuerce los controles por motivos éticos de las importaciones y las cadenas de suministro;

29.

Destaca que una mejor protección de todo el espectro de los derechos de propiedad intelectual y una ejecución más eficaz son fundamentales para una mayor integración en las cadenas mundiales de valor;

30.

Pide a la Comisión que apoye a todos los países en desarrollo en el uso completo y eficaz de las flexibilidades incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocidas y ratificadas por la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001, con miras a garantizar que puedan facilitar el acceso a medicamentos esenciales asequibles en el marco de sus programas nacionales de salud pública; recuerda al Consejo, en este mismo contexto, que debe cumplir sus compromisos contraídos en la Declaración de Doha, asegurándose de que la Comisión garantice explícitamente el acceso a los medicamentos cuando negocie las disposiciones relativas a los productos farmacéuticos en el marco de los futuros acuerdos comerciales bilaterales y regionales con países en desarrollo, o cuando los países en desarrollo inicien el procedimiento de adhesión a la OMC; acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión a la solicitud de prórroga presentada por los países menos desarrollados para la propiedad intelectual de los medicamentos, si bien lamenta la última decisión del Consejo ADPIC de la OMC de conceder únicamente una prórroga limitada a 17 años;

31.

Celebra la atención que presta la Comisión al comercio justo en su comunicación titulada «Comercio para todos», al tiempo que le pide que conceda prioridad al cumplimiento de sus compromisos con el fin de utilizar la actual estructura de aplicación de los acuerdos de libre comercio para promover el comercio justo, fomentar los regímenes de comercio justo para los pequeños productores de terceros países por medio de las delegaciones de la Unión y desarrollar actividades de sensibilización en la Unión, por ejemplo un premio «Ciudad europea por el comercio justo y ético»;

32.

Considera que las nuevas tecnologías e Internet ofrecen nuevos instrumentos para la trazabilidad de los productos en toda la cadena de suministro;

33.

Recuerda el papel que desempeñan los servicios bancarios en el desarrollo del comercio y la inversión; pide a la Unión que apoye el fomento del acceso a los servicios bancarios en los países en desarrollo;

34.

Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión respecto a la modernización de las normas de origen, dado que representan un obstáculo cada vez mayor al comercio en un contexto dominado por las cadenas mundiales de valor; destaca que la modernización de las normas de origen debe ser una prioridad en todos los acuerdos de libre comercio que está negociando la Unión; pide a la Comisión que dedique sus esfuerzos a la flexibilización de las normas de origen, incluida la disminución de los requisitos de valor añadido y la modificación de los códigos del sistema armonizado.

35.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una asociación reforzada con el Parlamento y las partes interesadas para la aplicación de los acuerdos comerciales; destaca que el Parlamento debe participar y estar plena y oportunamente informado en todas las fases del procedimiento, en particular mediante su consulta sistemática antes de la elaboración de los proyectos de mandato de negociación; señala que la Comisión tiene la obligación de informar al Parlamento acerca de sus actividades relativas a la puesta en práctica, la supervisión y el seguimiento de los acuerdos comerciales y de inversión;

36.

Insta a la Comisión a que no solicite la aplicación provisional de los acuerdos comerciales, incluidos los capítulos comerciales de los acuerdos de asociación, antes de que el Parlamento dé su aprobación; recuerda que lo contrario menoscabaría seriamente los derechos del Parlamento y generaría una inseguridad jurídica potencial con respecto a los demás signatarios de los acuerdos y los agentes económicos interesados; recuerda y celebra los compromisos de la comisaria de Comercio en ese sentido, si bien recomienda con firmeza que este entendimiento se formalice en el nuevo acuerdo interinstitucional;

37.

Considera que, en el caso de los acuerdos mixtos, la práctica ya comprobada por la que un acuerdo solo se aplica provisionalmente una vez que el Parlamento ha dado su aprobación, mientras se espera la ratificación de los Parlamentos nacionales, representa el mejor equilibrio entre la supervisión democrática y la eficiencia;

38.

Insiste en que la supervisión, la evaluación y el seguimiento de los acuerdos vigentes cuenten entre las prioridades más importantes de la política comercial común; pide a la Comisión que reasigne los recursos adecuados para que la Dirección General de Comercio pueda supervisar mejor los acuerdos comerciales que deban aplicarse teniendo debidamente en cuenta un programa de negociaciones cada vez más denso; pide a la Comisión que establezca indicadores específicos que permitan garantizar el seguimiento de la aplicación de los acuerdos comerciales y que presente periódicamente al Parlamento un informe público y detallado de aplicación sobre, por ejemplo, el rendimiento de las industrias de la Unión, el impacto de los acuerdos en los diferentes sectores y las respectivas cuotas de mercado;

39.

Insta a la Comisión a que mejore la calidad y la precisión de las evaluaciones ex ante y ex post tomando como base la metodología revisada; destaca la necesidad de presentar siempre una evaluación de impacto detallada y exhaustiva sobre la sostenibilidad de las iniciativas de política comercial, en particular a la luz de la reciente recomendación del Defensor del Pueblo en relación con la reclamación 1409/201/JN sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam; destaca que las evaluaciones deberían incluir como mínimo: los sectores económicos sensibles; los derechos humanos, sociales y ambientales, y la agricultura y las producciones locales en las regiones ultraperiféricas; expresa su preocupación por la falta de evaluaciones intermedias y ex post y por la calidad deficiente de las que se llevan a cabo, como puso de manifiesto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.o 2/2014; insiste en la necesidad de realizar evaluaciones intermedias y ex post de mayor calidad con respecto a todos los acuerdos comerciales, de forma que los responsables políticos, las partes interesadas y los contribuyentes europeos puedan evaluar si los acuerdos comerciales han alcanzado los resultados esperados; pide a la Comisión que suministre datos sobre el impacto de los acuerdos comerciales celebrados prestando especial atención a las pymes, a la creación de puestos de trabajo dignos, a los derechos humanos y al medio ambiente, también en los países socios, y que proponga la adopción de medidas suplementarias que garanticen que los países menos desarrollados se beneficien de nuestra políticas comerciales;

40.

Pide a la Comisión que presente un informe al Parlamento sobre la doble indicación de precios y otras prácticas de distorsión de precios realizadas por los principales socios comerciales de la Unión, prestando una atención particular a los recursos energéticos, en el que se indique el impacto económico de tales prácticas en la economía de la Unión y las medidas adoptadas por la Comisión a nivel bilateral, multilateral y de la OMC para erradicar dichas prácticas; insta a la Comisión a que haga todo lo posible para acabar con la doble indicación de precios y otras prácticas de distorsión de precios en sus relaciones comerciales con todos sus socios comerciales;

41.

Subraya que el régimen multilateral de comercio consagrado en la OMC sigue siendo la mejor opción para garantizar un sistema abierto, justo y reglamentado que tenga en cuenta los distintos intereses de sus miembros y los equilibre; reitera que el Parlamento es un firme defensor de la agenda multilateral; acoge con satisfacción la conclusión de las negociaciones en torno al acuerdo sobre facilitación del comercio, que contribuirá a simplificar y modernizar los procedimientos aduaneros de muchos países, lo que, a su vez, facilitará la integración de los países en desarrollo en el régimen de comercio mundial; pide una aplicación rápida y correcta del acuerdo por todas las partes;

42.

Observa que en la Décima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Nairobi en 2015, se consiguieron mejoras limitadas; toma nota de las diferencias existentes entre los miembros de la OMC sobre la manera de proceder con respecto a la Ronda de Doha, también sobre la necesidad de explorar nuevas vías para resolver las cuestiones pendientes, respetando los diferentes intereses en el seno de los países en desarrollo y entre los PMA y reconociendo al mismo tiempo una mayor responsabilidad para las economías emergentes con vistas a la conclusión de la Ronda de Doha; acoge con satisfacción el compromiso de la Unión de destinar 400 millones de euros de financiación durante cinco años a apoyar a los países en desarrollo, especialmente PMA, en sus esfuerzos por aplicar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; observa el interés de algunos miembros de la OMC por comenzar a abordar nuevos ámbitos de negociación como, por ejemplo, la inversión, las empresas estatales o la competencia y el comercio digital; considera que el resultado de la Conferencia Ministerial de Nairobi brinda la oportunidad de dar un nuevo impulso a la función negociadora de la OMC; insta a la Comisión a que tome la iniciativa de reformar y reforzar la OMC, a fin de garantizar una mayor integración, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, también por medio de una mayor coordinación con la OIT y otras agencias de las Naciones Unidas relacionadas con el medio ambiente y los derechos humanos; recuerda el papel crucial que desempeña la Ayuda para el Comercio en la creación de capacidades en el ámbito comercial y en la asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países menos avanzados; pide a la Unión y a los Estados miembros, en este sentido, que se comprometan a aumentar la Ayuda para el Comercio, permitiendo a los países en desarrollo beneficiarse en mayor medida del valor añadido de las cadenas de valor mundiales; pide a la Comisión que aborde la cuestión del comercio ético y justo en la próxima revisión de su estrategia de Ayuda para el Comercio;

43.

Considera que las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC (como el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), el Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)) representan una oportunidad de revitalizar los avances a escala de la OMC, pero solo manteniendo una puerta abierta para que los miembros de la OMC que estén interesados puedan sumarse; cree firmemente que, cuando sea posible, estos acuerdos deben ser lo suficientemente ambiciosos para aplicarse sobre la base de la cláusula de nación más favorecida entre todos los miembros de la OMC y deben servir de base sobre la que construir futuros acuerdos multilaterales; insiste en que la política comercial debería utilizarse también como un instrumento para mejorar la competitividad de los productos que no dañan al medio ambiente, tanto en cuanto a su utilización como a sus métodos de producción; subraya la importancia de multilateralizar los productos ecológicos y de estudiar si los acuerdos comerciales podrían otorgar preferencia a los productos realmente ecológicos; subraya que el ACS podría representar una oportunidad de revitalizar los avances en materia de comercio de servicios a escala de la OMC;

44.

Pide una dimensión parlamentaria de la OMC fuerte y efectiva, con el fin de incrementar la transparencia de la organización y de fortalecer y garantizar la legitimidad democrática del comercio mundial; insta a la OMC a que haga pleno uso de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, garantizando que los diputados tengan acceso a toda la información que necesiten para ejercer su función de supervisión eficazmente y hacer una contribución significativa a las políticas comerciales;

45.

Pide a la Comisión que se centre en la conclusión de las negociaciones comerciales en curso, de forma equilibrada y con un espíritu de reciprocidad y de beneficio mutuo, y que evalúe el posible impacto acumulado, en particular para los productos sensibles afectados por los contingentes o por las liberalizaciones en el marco de las negociaciones en curso y de los acuerdos comerciales ya celebrados; pide que se evalúen y se comuniquen mejor los impactos reales y potenciales de los acuerdos comerciales celebrados a fin de encontrar un equilibrio adecuado entre la protección de los sectores agrícolas sensibles y la promoción de los intereses ofensivos de la Unión como uno de los mayores exportadores de productos agroalimentarios, esto es, previendo períodos transitorios adecuados y contingentes para los productos más sensibles y, en algunos casos, la exclusión de los mismos; recuerda a la Comisión que debe llevar a cabo ejercicios exploratorios y evaluaciones de impacto ex ante imparciales y sin prejuicios, teniendo en cuenta los intereses de la Unión, antes de elaborar mandatos de negociación;

46.

Cree que es esencial, ante todo, garantizar que las negociaciones comerciales concluidas con éxito se ratifiquen lo más rápidamente posible; pide, en especial, que se concluyan los acuerdos con Canadá y Singapur para asegurar la apertura de dos grandes mercados que serán vitales para los futuros intereses de las empresas de la Unión; pide que tenga lugar un debate informado en Europa como parte de las negociaciones políticas;

47.

Subraya la gran importancia que tiene perseguir intereses sensibles y ofensivos en todas las negociaciones comerciales de la Unión, como fomentar las inversiones, suprimir los obstáculos no arancelarios al comercio innecesarios, reconocer y proteger las indicaciones geográficas y los derechos laborales, mejorar el acceso a la contratación pública (especialmente en el contexto de las actuales negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el acuerdo de libre comercio UE-Japón), garantizar unos empleos dignos y de calidad, integrar a las pymes en las cadenas de valor mundiales, excluir los servicios públicos y los servicios audiovisuales y garantizar jurídicamente el derecho de regulación a la hora de negociar acuerdos de libre comercio como parte de paquetes ambiciosos, equilibrados e integrales;

48.

Insiste en que las negociaciones comerciales sigan una estrategia regional adaptada y en que se garantice una coherencia total con la integración regional, en particular en Asia, África y América Latina, que han sido identificadas por la Comisión como regiones que, sin menoscabar el papel clave de la relación entre la Unión y los Estados Unidos como asociación estratégica, son esenciales para los intereses económicos europeos; pide a la Comisión que abra inmediatamente negociaciones sobre un acuerdo de inversión con Taiwán; recuerda que la Unión y América Latina son aliados naturales, con una población total de mil millones de personas que genera una cuarta parte del PIB mundial; destaca que el potencial de esta asociación no se ha aprovechado lo suficiente; acoge con satisfacción el hecho de que la nueva estrategia de comercio e inversión de la Comisión se centre fundamentalmente en América Latina; pide a la Comisión que aproveche el impulso actual en las negociaciones comerciales de Mercosur para alcanzar un acuerdo integral, equilibrado y ambicioso; muestra su apoyo a la modernización de los acuerdos con México y Chile; solicita que se dé un mayor impulso a la negociación de acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda, y recuerda la importancia de emprender relaciones comerciales con la India, dado el enorme potencial de este mercado; insta a la Comisión a que revitalice las negociaciones con Malasia e inicie negociaciones con Indonesia lo antes posible, tras la conclusión de las negociaciones preparatorias sobre una asociación económica general;

49.

Subraya que, en el contexto de los retos actuales, es preciso prestar una atención especial al marco posterior a Cotonú, haciendo hincapié en su relación con las cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos de asociación económica, y al apoyo a la creación de una zona continental de libre comercio en África, como motor de la estabilidad, la integración regional, el crecimiento local, el empleo y la innovación; recuerda la necesidad de que la Unión garantice la estabilidad en su vecindad oriental y mediterránea, y pide una mayor integración económica y comercial, alcanzando, a este respecto, una aplicación plena, rápida y adecuada de los acuerdos de asociación y de libre comercio de alcance amplio y profundo con Ucrania, Georgia y la República de Moldavia, y progresos concretos con Túnez, Marruecos y Jordania;

50.

Pide a la Comisión que implique plenamente a las empresas nacionales en todas las fases de las negociaciones comerciales, iniciando también consultas con asociaciones nacionales en paralelo a las consultas con las asociaciones centrales de la Unión, y que adjunte al texto de los acuerdos comerciales negociados una lista en la que se indiquen claramente el resultado de las negociaciones para los diferentes sectores y las razones de las decisiones tomadas por la Comisión;

51.

Hace hincapié en que una mayor liberalización del comercio, que puede conducir a prácticas comerciales desleales y a la competencia entre países sobre todo tipo de obstáculos no arancelarios que incluyen derechos laborales y normas medioambientales y de sanidad pública, obliga a la Unión a pertrecharse con mayor eficacia contra las prácticas comerciales desleales y a garantizar la igualdad de condiciones; subraya que los IDC deben seguir siendo un componente indispensable de la estrategia comercial de la Unión y permiten mejorar la competitividad restableciendo las condiciones de competencia leal siempre que resulte necesario; recuerda que la actual legislación de defensa comercial de la Unión data de 1995; hace hincapié en que el sistema de defensa comercial de la Unión debe modernizarse con urgencia sin debilitarse; destaca que la legislación de defensa comercial de la Unión debe ser más eficaz y más accesible para las pymes y adaptarse a los retos y a las pautas comerciales actuales, que las investigaciones deben acortarse y la transparencia y previsibilidad, mejorarse; lamenta que la propuesta de modernización de los IDC esté bloqueada en el Consejo, que no ha sido capaz de avanzar en esta legislación fundamental; lamenta que la Comisión no haga referencia en ningún momento a la modernización de los IDC en su comunicación «Comercio para todos»; pide al Consejo que desbloquee urgentemente la situación en materia de modernización de los IDC sobre la base de la posición del Parlamento Europeo, especialmente porque ahora China insiste firmemente en obtener el estatuto de economía de mercado;

52.

Reitera la importancia de la asociación de la Unión con China, en la que el comercio libre y justo y la inversión desempeñan un papel central; manifiesta su convencimiento de que, mientras China no cumpla los cinco criterios que la Unión exige para considerarla economía de mercado, la Unión debe aplicar una metodología no estándar en sus investigaciones antidumping y antisubvención sobre las importaciones chinas en cuanto a la fijación de una comparabilidad de precios, de acuerdo y dando plena validez a aquellas partes de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China que dejan margen para aplicar un método no estándar; pide a la Comisión que presente una propuesta con arreglo a este principio, y recuerda la necesidad de que se coordine adecuadamente con otros socios de la OMC sobre este asunto;

53.

Insta a la Comisión a que no tome ninguna medida a este respecto sin haber realizado previamente una evaluación de impacto global y en profundidad que aborde todas las posibles repercusiones y consecuencias para el empleo y el crecimiento sostenible en todos los sectores de la Unión, así como las posibles repercusiones y consecuencias para el medio ambiente;

54.

Considera que debe hacerse más para abordar las necesidades de las industrias europeas de forma global, y que la industria manufacturera de la Unión se ve demasiado a menudo descuidada en favor del sector de los servicios; hace hincapié en que la política comercial debe garantizar unas condiciones de competencia equitativas para la industria europea, facilitar el acceso a mercados nuevos y emergentes y facilitar una convergencia al alza en materia de normas reduciendo al mismo tiempo la doble certificación; pide a la Comisión que garantice la coherencia entre las políticas comercial e industrial de la Unión y que promueva el desarrollo y la competitividad de la industria europea, con referencia especial a la estrategia de reindustrialización;

55.

Destaca la importancia de la función que cumplen las normas de origen a la hora de determinar qué industrias se benefician o salen perjudicadas por los acuerdos de libre comercio de la Unión; pide a la Comisión Europea, reconociendo que las normas de origen no han sido analizadas por completo, hasta ahora, por el Parlamento Europeo, que elabore un informe en el que se identifiquen las modificaciones que la Comisión Europea ha adoptado en los diez últimos años, a nivel de códigos de Nomenclatura Aduanera de cuatro dígitos, en su posición de negociación por defecto sobre normas de origen de los acuerdos de libre comercio, explicando los motivos para cada modificación realizada;

56.

Opina que la falta de aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual pone en peligro la supervivencia de sectores enteros de la industria europea; hace hincapié en que la falsificación conlleva la pérdida de puestos de trabajo y compromete la innovación; reitera que la protección adecuada y la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual son la piedra angular de una economía global; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de reforzar la protección y aplicación efectivas de los derechos de propiedad intelectual e industrial en los acuerdos de libre comercio, y en la OMC, y de trabajar con los socios para luchar contra el fraude; apoya a la Comisión en su objetivo de proteger todo el espectro de los derechos de propiedad intelectual, que incluye las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, los dibujos y modelos, las indicaciones geográficas, las marcas de origen y los productos farmacéuticos;

57.

Recuerda que la Unión desempeña un papel de primer orden en el sector servicios; hace hincapié en que la apertura de nuevas oportunidades de mercado debe ser un elemento esencial de la estrategia comercial internacional de la Unión; subraya que la inclusión de los servicios en los acuerdos comerciales es de la máxima importancia porque abre oportunidades a las empresas europeas y a los trabajadores europeos, además de excluir, de acuerdo con los artículos 14 y 106 del TFUE y el Protocolo 26, actuales y futuros servicios de interés general y servicios de interés económico general del ámbito de aplicación de cualquier acuerdo, independientemente de que cuenten con financiación pública o privada; pide que la Comisión promueva e incluya el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en los acuerdos comerciales, lo que abrirá nuevas oportunidades a las empresas europeas y a los trabajadores europeos; pide expresamente que se considere la incorporación de determinados beneficios de la Directiva TIC en los acuerdos de comercio e inversión a cambio de tales reconocimientos;

58.

Comparte la opinión de la Comisión de que la circulación temporal de profesionales se ha convertido en un factor esencial para la internacionalización de las actividades de las empresas y sigue siendo un interés ofensivo de la Unión; subraya que debería incluirse un capítulo sobre la movilidad de los trabajadores en todos los acuerdos de comercio e inversión de la Unión; recuerda, no obstante, que los compromisos del modo 4 solo han de aplicarse al movimiento de profesionales altamente cualificados (como los que están en posesión de un título universitario o de un máster equivalente u ocupan un puesto de alta dirección) con un fin específico, durante un período de tiempo limitado y con arreglo a condiciones precisas establecidas por la legislación nacional del país en el que se preste el servicio y por un contrato que respete dicha legislación nacional, de conformidad con el artículo 16 de la Directiva de servicios, garantizando al mismo tiempo que nada impida que la Unión y los Estados miembros mantengan y mejoren su normativa en materia laboral y sus convenios colectivos;

59.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de utilizar la política comercial para abordar nuevas formas de proteccionismo digital y establecer normas para el comercio electrónico y los flujos de datos transfronterizos de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos y privacidad y protegiendo los derechos fundamentales; considera que queda mucho por hacer para crear un clima favorable para el comercio electrónico y el espíritu emprendedor en la Unión, reduciendo los monopolios y los abusos de las posiciones de monopolio en el mercado de las telecomunicaciones, así como las prácticas de bloqueo geográfico, y adoptando soluciones concretas de reparación; destaca que es de vital importancia garantizar la cooperación en materia de reglamentación, la reducción del fraude en línea, el reconocimiento mutuo y la armonización de las normas en el sector del comercio digital; pide a la Comisión que presente un nuevo modelo para los capítulos relativos al comercio electrónico que exima por completo al marco legislativo vigente y futuro de la Unión en aras de la protección de los datos personales en todas las negociaciones comerciales, con el objetivo de garantizar el intercambio de datos en plena conformidad con las normas de protección de datos del país de origen del interesado; pide una mayor cooperación entre los responsables del cumplimiento de las normas, sobre todo en relación con las prácticas comerciales desleales llevadas a cabo en línea;

60.

Señala la creciente importancia de la economía digital, que será cada vez mayor en el futuro, no solo en Europa, sino a nivel mundial, ya que se calcula que el número de internautas asciende a 3 300 millones, lo que representa un 40 % de la población mundial; cree que tendencias como la informática en la nube, los servicios móviles en línea, las redes inteligentes y los medios de comunicación social conducen a una transformación radical del panorama empresarial; subraya que la política comercial de la Unión debe seguir el ritmo de las tendencias tecnológicas y digitales;

61.

Solicita a la Comisión que, junto a los socios de la OMC, no solo cree un grupo de trabajo sobre el comercio digital en la OMC, que deberá examinar al detalle la idoneidad del actual marco para el comercio electrónico, analizando recomendaciones específicas, aclaraciones y ajustes, sino también un nuevo marco sobre facilitación del comercio de servicios, sobre la base de las mejores prácticas resultantes de la aplicación del acuerdo sobre facilitación del comercio;

62.

Es consciente de que la inclusión de disposiciones sobre servicios financieros en los acuerdos comerciales ha suscitado preocupación por sus posibles efectos negativos en términos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y elusión fiscal; insta a la Comisión a que luche contra la corrupción como un importante obstáculo no arancelario tanto en países desarrollados como en países en desarrollo; insiste en que los acuerdos comerciales y de inversión ofrecen una buena oportunidad para aumentar la cooperación en materia de lucha contra la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude y la evasión fiscales; considera que, para respaldar una mayor liberalización de los servicios financieros, deben incluirse en los acuerdos internacionales apropiados compromisos basados en las normas internacionales, la obligación de elaborar informes por países y el intercambio automático de información;

63.

Considera que la conexión entre los acuerdos comerciales y de inversión y los tratados sobre doble imposición no se ha explorado suficientemente, y pide a la Comisión que estudie en profundidad cualquier efecto que tales instrumentos puedan producirse entre sí y sobre la coherencia política global en materia de lucha contra la evasión fiscal;

64.

Insiste en que una política comercial con perspectiva de futuro debe prestar mayor atención a las necesidades específicas de las pymes y las microempresas y garantizar que puedan beneficiarse plenamente de los acuerdos de comercio e inversión; recuerda que solo una pequeña proporción de las pymes europeas es capaz de reconocer y aprovechar las oportunidades que ofrecen la globalización y la liberalización comercial; observa que solo el 13 % de las pymes europeas tienen actividad internacional fuera de la Unión, pero representan un tercio de las exportaciones de la Unión; apoya las iniciativas dirigidas a facilitar la internacionalización de las pymes europeas, por lo que insiste en los beneficios de incluir también un capítulo sobre las pymes en todos los futuros acuerdos de libre comercio; opina que deben explorarse nuevas y mejores formas de ayudar a las pymes a vender sus bienes y servicios en el exterior; destaca que las pymes necesitan ayuda más adaptada, empezando por los Estados miembros, un acceso más fácil a información comprensible sobre medidas comerciales en línea, y guías específicas y claras sobre las oportunidades y los beneficios que presenta cada acuerdo comercial celebrado por la Unión en el pasado o que se celebre en el futuro;

65.

Pide a la Comisión que aborde las necesidades de las pymes de forma horizontal en todos los capítulos de los acuerdos comerciales, incluso, entre otros, mediante la creación de «ventanillas únicas» en línea para las pymes donde puedan obtener información sobre la regulación pertinente, algo que cobra una importancia especial para los proveedores de servicios transfronterizos en términos de licencias y otros requisitos administrativos; señala, además, que, cuando proceda, estas herramientas deben cubrir también nuevas oportunidades de acceso al mercado para las pymes, en especial para ofertas de bajo valor; destaca la necesidad de reducir los costes comerciales para las pymes mediante la modernización de los procedimientos aduaneros, la reducción de los obstáculos no arancelarios y las cargas regulatorias innecesarios y la simplificación de las normas de origen; considera que las pymes deben cumplir la función de ayudar a la Comisión a dar forma a estos instrumentos para garantizar que los acuerdos comerciales se ajusten a sus necesidades; insta a la Comisión a que mantenga un diálogo cercano con los representantes de las pymes en todas las fases de las negociaciones comerciales;

66.

Hace hincapié en que es fundamental que las pymes puedan acceder más rápidamente a los procedimientos antidumping para protegerlas contra las prácticas comerciales desleales; subraya la necesidad de una reforma del marco multilateral de la OMC con el fin de implicar más a las pymes y garantizar una resolución más rápida de los litigios;

67.

Pide a la Comisión que evalúe y mejore los instrumentos existentes en lo que se refiere a la subsidiariedad, la no duplicación y la complementariedad en relación con los programas de los Estados miembros respectivos, así como el valor añadido europeo, antes de desarrollar otras acciones independientes de apoyo a la internacionalización de las pymes; hace hincapié en que la Comisión debe presentar al Parlamento una evaluación independiente de todos los programas existentes;

68.

Destaca la importancia de las inversiones entrantes y salientes para la economía de la Unión y la necesidad de ofrecer una protección a las empresas de la Unión cuando invierten en terceros mercados; reconoce, en este contexto, los esfuerzos de la Comisión con respecto al nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones; subraya la necesidad de proseguir el debate con las partes interesadas y el Parlamento sobre un Sistema de Tribunales de Inversiones; subraya que el sistema debe ser conforme con el ordenamiento jurídico de la Unión, la competencia de los tribunales de la Unión en particular y, más concretamente, las normas de competencia de la Unión; comparte la ambición de establecer a medio plazo una solución multilateral para los litigios en materia de inversión; lamenta que la propuesta relativa a un Sistema de Tribunales de Inversiones no incluya una disposición sobre las obligaciones de los inversores;

69.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan las recomendaciones del Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD para estimular inversiones que rindan cuentas mejor y sean más responsables y transparentes;

70.

Constata la necesidad, planteada en el texto de la Comisión titulado «Un Plan de Inversiones para Europa», de impulsar las inversiones en la Unión, y considera que las estrategias comerciales son un mecanismo fundamental para la consecución de este objetivo; señala que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas no cuenta con una dimensión exterior; pide que la Comisión solo estudie la creación de esta rama exterior tras un profundo análisis del funcionamiento del Fondo y un examen de su utilidad, dada la existencia de préstamos por parte del Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y la acción del Fondo Europeo de Desarrollo; hace hincapié en que estos fondos deben contribuir al desarrollo sostenible y a crear puestos de trabajo dignos, así como a luchar contra la pobreza y las causas profundas de la migración;

71.

Recuerda la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de financiación del desarrollo y de las asociaciones público-privadas a fin de llevar a cabo un control y seguimiento eficaces de los flujos de dinero, de la sostenibilidad de la deuda y del valor añadido para el desarrollo sostenible de sus proyectos;

72.

Destaca que los altos estándares europeos en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, bienestar animal y condiciones sociales tienen una gran importancia para los ciudadanos de la Unión, en particular en términos de moral pública y de posibilidades de elección con conocimiento de causa por parte de los consumidores; opina que los acuerdos comerciales deberían favorecer una competencia leal para garantizar que los agricultores de la Unión puedan sacar el máximo provecho de las concesiones arancelarias y no resulten perjudicados económicamente en comparación con los de terceros países; subraya la necesidad de garantizar la protección de las normas de la Unión sobre seguridad alimentaria y bienestar animal manteniendo el principio de reciprocidad, una agricultura sostenible y un elevado grado de trazabilidad y etiquetado de los productos y garantizando que todas las importaciones cumplen la legislación aplicable de la Unión; observa la gran diferencia existente en las normas en materia de bienestar animal a escala internacional; subraya, a este respecto, la necesidad de regular la exportación de animales de granja vivos, de conformidad con la legislación de la Unión vigente y con las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE);

73.

Considera de vital importancia, en el contexto de la crisis agrícola actual, la apertura de nuevos mercados para la producción agrícola de la Unión, por ejemplo para los productos lácteos, la carne y las frutas y verduras; destaca la necesidad de identificar nuevos mercados de salida con una capacidad adquisitiva elevada;

74.

Considera necesario aumentar el valor añadido de la agricultura y llevar a cabo campañas de promoción con miras a abrir nuevos mercados; destaca por encima de todo que es indispensable reforzar los regímenes de calidad a escala de la Unión, pues garantizan la mejor imagen de marca de los productos de la Unión en el mercado mundial, beneficiando indirectamente al conjunto de la agricultura europea;

75.

Destaca la necesidad de controles más estrictos de las importaciones en las fronteras y de que la Oficina Alimentaria y Veterinaria practique inspecciones más rigurosas de las condiciones de producción y comercialización en los países que exportan a la Unión, a fin de garantizar el cumplimiento de sus normas;

76.

Destaca la importancia de realizar progresos en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias y demás barreras no arancelarias al comercio de productos agrícolas en todas las negociaciones sobre libre comercio, en especial en relación con las líneas rojas trazadas por la Unión que puedan tener consecuencias para la salud del consumidor;

77.

Reitera la importancia de las indicaciones geográficas para la promoción de los productos agroalimentarios europeos tradicionales, protegiéndolos de las perjudiciales prácticas de parasitismo, garantizando el respeto de los derechos de los consumidores y que estos puedan elegir conscientemente, así como protegiendo a los agricultores y productores rurales, y especialmente a las pymes; señala que la protección y el reconocimiento de las indicaciones geográficas en los países terceros tienen un gran valor potencial para todo el sector agroalimentario de la Unión, y considera que todos los acuerdos comerciales deben incluir medidas de protección y acciones para combatir la falsificación;

78.

Pide que se eliminen los desequilibrios que existen en el grado de apertura de los mercados de contratación pública entre la Unión y otros socios comerciales; insta a la Comisión a que vaya más allá en la búsqueda de una apertura ambiciosa y recíproca de los mercados internacionales de contratación pública, al tiempo que se garantiza la exclusión de los servicios de interés económico general y se asegura que los Estados conservan la libertad de adoptar normas sociales y medioambientales, como los criterios de la oferta económicamente más ventajosa, para sus procedimientos de contratación pública; subraya que los operadores económicos europeos, tanto las grandes empresas como las pymes, necesitan un mejor acceso a la contratación pública en terceros países a través de instrumentos como la «Small Business Act» y de la eliminación del actual nivel de asimetría; recuerda, a este respecto, que la Unión es uno de los mercados más abiertos a las contrataciones públicas de entre todos los miembros de la OMC;

79.

Toma nota de la propuesta modificada de la Comisión de un Reglamento sobre el acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública, que constituye una importante herramienta para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los mercados de terceros países, y lamenta profundamente que los gobiernos de los Estados miembros hayan mantenido la propuesta original; pide a la Comisión que se alcance una reciprocidad positiva en el acceso a los mercados de contratación pública con los principales socios comerciales;

80.

Hace hincapié en que los recursos naturales son limitados y deben utilizarse de forma sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental, priorizando el reciclaje; reconoce la gran dependencia de los países en desarrollo y especialmente de los PMA con respecto a los recursos naturales; recuerda que la política comercial europea debe mantener una estrategia coherente, sostenible, global y transversal en lo que se refiere a las materias primas, como ya señaló el Parlamento en su Resolución sobre una nueva política comercial para Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020;

81.

Destaca la necesidad de avanzar hacia una economía hipocarbónica, por lo que anima a la Comisión a aumentar la cooperación en las actividades de investigación, desarrollo e innovación encaminadas a promover la diversificación de los proveedores, las rutas y las fuentes de energía, buscar nuevos socios comerciales en el sector de la energía y fomentar la competencia, reduciendo los precios en favor de los consumidores de energía; destaca que el desarrollo de las energías renovables y la promoción de la eficiencia energética son cruciales para aumentar la seguridad energética y reducir la dependencia de las importaciones; subraya la importancia de incluir ambas disposiciones en los acuerdos de libre comercio a fin de crear asociaciones energéticas sostenibles y reforzar la cooperación tecnológica, especialmente en el ámbito de las energías renovables, de la eficiencia energética y de las garantías, y de evitar fugas de carbono para cumplir los objetivos establecidos en la COP21;

82.

Muestra su profunda preocupación por el reciente aumento de la delincuencia contra las especies silvestres y del comercio ilegal que la acompaña, que no solo tiene un efecto devastador sobre la biodiversidad y el número de especies, sino que también representa un peligro claro y presente para la subsistencia y las economías locales, principalmente en los países en desarrollo; acoge con satisfacción el compromiso de la Unión de erradicar el comercio ilegal de especies silvestres como parte de su respuesta a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en concreto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, que señala la necesidad de garantizar el fin de la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna, y de abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres; espera, en este sentido, que la Comisión, tras un periodo de reflexión que incluya al Parlamento Europeo y a los Estados miembros, considere la mejor forma de incluir disposiciones sobre el comercio ilegal de especies silvestres en todos los futuros acuerdos comerciales de la Unión;

83.

Destaca que unos procedimientos aduaneros mejor armonizados y más eficaces en Europa y otras partes del mundo contribuyen a facilitar el comercio y a cumplir los correspondientes requisitos de facilitación del comercio, a prevenir las falsificaciones y que entren en el mercado único mercancías falsificadas e ilegales, que debilitan gravemente el crecimiento económico de la Unión y dejan muy desprotegidos a los consumidores de la Unión; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de mejorar la cooperación entre las autoridades aduaneras; pide una vez más a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un servicio aduanero unificado de la Unión para aplicar con mayor eficacia las normas y los procedimientos aduaneros en todo el espacio aduanero de la Unión;

84.

Destaca que, cuando negocie acuerdos comerciales, la Comisión debe intentar persuadir a sus socios comerciales de adoptar ventanillas únicas para los procedimientos aduaneros y fronterizos, acompañadas, en caso necesario, de ayudas al comercio para la creación de capacidades, según proceda;

85.

Hace hincapié en que se requiere una comunicación adecuada y una coordinación sólida para asegurar que la eliminación de aranceles se acompañe de las medidas técnicas, institucionales y políticas adecuadas que garanticen una seguridad comercial continuada;

86.

Pide a la Comisión que estudie los indicadores clave de rendimiento para evaluar el rendimiento de la administración aduanera en la Unión y fuera de ella; lamenta que, en la actualidad, se disponga de muy pocos datos públicos; señala que sería interesante comprender cómo funcionan en el día a día las aduanas y otras agencias fronterizas, en el seno de la Unión y con otros socios comerciales, para poner en común las mejores prácticas y coordinar los intereses específicos de facilitación del comercio en el marco de las instituciones europeas, reflejando las disposiciones del artículo 13 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC;

87.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inicien un debate abierto sobre la posibilidad de trasladar las autoridades aduaneras del nivel nacional al nivel de la Unión;

88.

Reconoce que los acuerdos comerciales tienen el potencial de beneficiar en gran medida a los consumidores, principalmente debido al aumento de la competencia, la reducción de precios, el aumento de la posibilidad de elección y el impulso a la innovación; pide a la Comisión que, para explotar este potencial, apueste firmemente en todas las negociaciones por la limitación de las prácticas de bloqueo geográfico, la reducción de las tasas de itinerancia internacional y el refuerzo de los derechos de los pasajeros;

89.

Pide medidas para apoyar a los consumidores en el comercio transfronterizo de bienes y servicios con terceros países, por ejemplo mediante puntos de contacto en línea que proporcionen información o ayuden en casos de litigio;

90.

Insiste en que debe facilitarse a los consumidores información correcta sobre las características de los productos objeto de intercambios comerciales;

91.

Comparte la opinión de la OCDE de que las políticas de apertura del comercio e inversión necesitan una serie de políticas de acompañamiento efectivas para aprovechar al máximo los beneficios y reducir al mínimo las pérdidas ocasionadas por la liberalización comercial a las poblaciones y las economías de la Unión y de los terceros países; insta a los Estados miembros y a la Comisión a hacer mucho más para complementar la apertura comercial mediante una serie de políticas de apoyo que garanticen un desarrollo sostenible, por ejemplo, en materia de servicios públicos y de inversiones, educación y sanidad, políticas activas del mercado de trabajo, investigación y desarrollo, desarrollo de infraestructuras y normas adecuadas que garanticen el cumplimiento de los derechos sociales y medioambientales;

92.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que realicen análisis detallados ex ante y ex post sector por sector y evaluaciones de impacto regional para los acuerdos comerciales y expedientes legislativos pertinentes, anticipando los efectos negativos que pueden producirse en el mercado laboral de la Unión y encontrando formas más elaboradas de introducir medidas de mitigación que permitan volver a desarrollar industrias y regiones en declive, con vistas a alcanzar una distribución comercial más justa y a garantizar unas ganancias comerciales más amplias; señala, a este respecto, que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, pueden desempeñar un papel destacado; señala que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización también podría ser un instrumento importante, si se reforma y se modela de manera que esté financiado adecuadamente para proporcionar ayuda a las empresas y productores de la Unión que se vean afectados negativamente por sanciones comerciales hacia terceros países, y proporcionar ayuda a los empleados de pymes afectadas directamente por la globalización;

93.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, a la UNCTAD y a la OMC.

16.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 101/47

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los tratados internacionales pertinentes en materia de derechos humanos,

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Vista la Convención sobre los Derechos del Niño,

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Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía,

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Vistos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y sus protocolos, en particular el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000) y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (2000),

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Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990),

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Vista la labor de los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y otros relatores especiales de las Naciones Unidas, el examen periódico universal y la labor de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos,

—

Visto el informe del Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2014),

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Visto el Informe mundial sobre la trata de personas (2014) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

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Vista la Ley Modelo de las Naciones Unidas Contra la Trata de Personas, que tiene por objeto ayudar a los países a revisar y modificar la legislación vigente y adoptar nueva legislación para luchar contra la trata de seres humanos (2009),

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Vistos los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas, presentados al Consejo Económico y Social como adición al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (E/2002/68/Add.1),

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para «Proteger, Respetar y Remediar»,

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Vistos los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de la trata de personas a una reparación efectiva,

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Vistas las Directrices de UNICEF sobre la Protección de los Niños Víctimas de la Trata,

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Vistos los siguientes instrumentos de la OIT: el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (n.o 29); el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (n.o 105), y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias) de 2014 (n.o 203),

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Visto el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (n.o 138), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (n.o 182),

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Visto Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (n.o 189), relativo al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos,

—

Visto el informe de la OIT «Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso» (2014),

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Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 5;

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Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo,

—

Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos,

—

Vista la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos,

—

Visto el Documento orientado a la acción relativo a la intensificación de la dimensión exterior de la UE en materia de actuación contra la trata de seres humanos (2009) y sus dos informes de ejecución (2011 y 2012),

—

Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016),

—

Visto el informe intermedio sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (COM(2014)0635),

—

Vista la labor del Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos,

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Visto el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019),

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Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto (1),

—

Visto el marco para las actividades de la UE sobre la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en las relaciones exteriores de la UE 2016-2020,

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Visto el informe de situación de Europol de febrero de 2016 sobre la trata de seres humanos en la UE,

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Visto el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM),

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Vista la Agenda Europea de Migración, de 13 de mayo de 2015,

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Visto el plan de acción surgido de la cumbre de La Valeta, de noviembre de 2015,

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Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (2005),

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Visto el último informe general sobre las actividades del Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA), en el que se expone la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (2014),

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos, abierto a la firma desde marzo de 2015,

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Visto el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina);

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Vista la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes (2008),

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Vistos los principios rectores de derechos humanos de la OSCE en materia de retorno de víctimas de la trata (2014),

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Visto el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (2011),

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Vista la Convención de La Haya sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional,

—

Vista el informe de actividades de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre lucha contra la trata de personas y asistencia a migrantes vulnerables (2012),

—

Visto el informe de la OIM sobre la lucha contra la trata y la explotación en tiempos de crisis (2015),

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Visto el Convenio de la ASEAN contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2015),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0205/2016),

A.

Considerando que la trata de seres humanos, que se inscribe en la delincuencia organizada, constituye una de las peores formas de abuso de los derechos humanos, ya que reduce a las personas a meras mercancías, viola de manera profunda y duradera la dignidad, la integridad y los derechos de la víctima y afecta a familias y comunidades enteras, aprovechándose deliberadamente de situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza o el aislamiento;

B.

Considerando que las Naciones Unidas (Protocolo de Palermo) definen la trata de seres humanos como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación; que esa explotación incluye, como mínimo, la prostitución ajena forzosa u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, incluida la esclavitud infantil con el fin de reclutar niños soldados, la servidumbre o la extracción de órganos; que esta práctica es abominable, en especial cuando se somete a niños a la peor forma de explotación a manos de otros seres humanos;

C.

Considerando que el artículo 2, letra a), del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, define la expresión «venta de niños» como «todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución»;

D.

Considerando que, según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas (2014) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 70 % del número total de víctimas detectadas son mujeres y niñas; que el 79 % de las víctimas detectadas de explotación sexual, que representa el 53 % de las formas de explotación detectadas a escala mundial, son mujeres y que el 83 % de las víctimas detectadas del trabajo forzoso, que representa el 40 % de las formas de explotación detectadas a escala mundial, son hombres;

E.

Considerando que factores complejos e interrelacionados, como la discriminación sistemática y estructural, las violaciones de los derechos humanos, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, los conflictos violentos, la confiscación de tierras, la falta de educación, el desempleo y los deficientes sistemas de migración laboral acentúan la vulnerabilidad de las personas ante la explotación y los abusos, ya que reducen sus opciones y sus recursos; que en la Estrategia de la Unión para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-2016 se señala que la violencia contra las mujeres es una de las causas profundas de la trata de seres humanos;

F.

Considerando que la trata de seres humanos es un delito con un componente de género; que las mujeres y las niñas también representan un importante porcentaje de las víctimas de otras formas de trata de seres humanos, como la explotación en ámbitos como el trabajo doméstico y la prestación de cuidados, la industria, la alimentación y los servicios de limpieza, entre otros;

G.

Considerando que la trata de seres humanos es una de las actividades delictivas organizadas más rentables del mundo, junto al comercio de drogas ilegales y de armas; que, según las estimaciones más recientes de la OIT, los beneficios anuales ilícitos derivados del trabajo forzoso, también mediante el blanqueo de dinero, suman unos 150 000 millones de dólares estadounidenses, y que se estima que un 90 % de las víctimas son explotadas en el sector privado y dos tercios de los beneficios proceden de la explotación sexual comercial, lo que la convierte en la forma más lucrativa de explotación;

H.

Considerando que la trata de seres humanos debe entenderse desde la perspectiva de la demanda y de la obtención de beneficios, ya que la explotación de las mujeres, en especial con fines sexuales, viene generada por una demanda de dichos servicios y por los beneficios que esta actividad genera;

I.

Considerando que la aplicación inadecuada del marco jurídico sobre la trata de seres humanos a escala nacional y la ausencia de un marco jurídico equivalente en los terceros países constituyen una de los obstáculos más importantes en la lucha contra la trata de seres humanos;

J.

Considerando que el acceso de las víctimas de la trata de seres humanos a la justicia va de lo sencillamente problemático a ser negado; que la corrupción y la falta de capacidades siguen siendo un grave problema para la policía y el sistema judicial en muchos países;

K.

Considerando que, según Europol, la generalización del acceso a internet en todo el mundo permite que la trata se expanda cada vez más en el entorno digital; que esta circunstancia propicia nuevas formas de captación y explotación de las víctimas;

L.

Considerando que existe un vínculo entre el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos; que las redes de tráfico de personas recurren, entre otros medios, a internet para anunciar sus servicios a los migrantes potenciales;

M.

Considerando que, por desgracia, la trata de seres humanos y el tráfico de personas no son un fenómeno transitorio sino que incluso pueden ir en aumento en los años venideros, ya que las zonas de conflicto, los regímenes represores o las situaciones económicas en todo el mundo son un caldo de cultivo para las actividades delictivas de los tratantes de seres humanos y los traficantes de personas;

N.

Considerando que los flujos de migración irregular aumentan el riesgo de trata, dado que los migrantes en situación irregular corren un mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata debido a su vulnerabilidad y clandestinidad; que, entre estos migrantes, los menores no acompañados, que representan una parte importante de los migrantes que llegan a Europa, atraen especialmente el interés de las redes de trata;

O.

Considerando que la trata de seres humanos es un problema regional y mundial que no siempre se puede abordar exclusivamente a escala nacional;

P.

Considerando que, según el último Índice Mundial de Esclavitud, se estima que en todo el mundo 35,8 millones de personas se encuentran atrapadas en situaciones de esclavitud moderna, lo que confirma el carácter endémico de la trata de seres humanos y su incidencia todas las regiones del mundo;

Q.

Considerando que las pautas pasadas y actuales de la trata de seres humanos adoptan diferentes formas y varían considerablemente entre regiones y también dentro de las subregiones;

R.

Considerando que la trata de seres humanos no es un fenómeno que se circunscriba a los países considerados menos desarrollados, sino que se da asimismo, de forma más encubierta, en los países desarrollados;

S.

Considerando que, según la OIT, en la región de Asia-Pacífico se encuentra el 56 % del número estimado de víctimas del trabajo forzoso a escala mundial, incluida la explotación sexual, lo que representa, con mucho, la mayor proporción de todo el mundo;

T.

Considerando que se calcula en 300 000 el número de niños que participan en conflictos armados en todo el mundo; que la trata de niños en África, con el fin de hacer de ellos niños soldados, es la más elevada del mundo;

U.

Considerando que, en el norte de África y en Oriente Próximo, el 95 % de las víctimas detectadas son adultos; que los países de Oriente Próximo son un destino de primer orden para los trabajadores migrantes y que en ellos el sistema de patrocinio denominado kafala vincula a los trabajadores a un empleador determinado, creando las condiciones para el abuso y la explotación laboral, que llega en ocasiones a constituir trabajo forzoso;

V.

Considerando que en los países de la vecindad oriental de la Unión, la explotación sexual es la principal causa de la trata de personas denunciada; que la discriminación sistemática y el racismo han provocado que las comunidades romaníes, incluidos tanto hombres como mujeres, sean especialmente vulnerables a la trata con distintas finalidades;

W.

Considerando que la cooperación entre los Estados miembros, Europol y los países de origen y de tránsito de las víctimas de la trata es un instrumento esencial en la lucha contra las redes de trata de seres humanos;

X.

Considerando que la UE ha escogido una serie de países y regiones prioritarios con el objetivo de seguir reforzando y racionalizando la cooperación en la lucha contra la trata de seres humanos;

Y.

Considerando que la Comisión designó en 2010 un coordinador de la Unión para la lucha contra la trata de seres humanos con el fin de mejorar la coordinación y la coherencia entre las instituciones de la Unión, las agencias y los Estados miembros, además de con terceros países y actores internacionales;

1.

Denuncia y rechaza explícitamente la trata de seres humanos, que representa un negocio en alza a costa del sufrimiento humano y afecta a todas las sociedades y economías de manera profunda y persistente;

2.

Subraya que la trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud y un delito grave que constituye una de las peores formas de violación de los derechos humanos y no puede ser tolerada en sociedades basadas en el respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad entre hombres y mujeres; considera asimismo que la trata de seres humanos debe comprenderse de forma holística, atendiendo no solo a la explotación sexual, sino también al trabajo forzado, al tráfico de órganos, a la mendicidad forzada, al matrimonio forzado, a los niños soldados y al tráfico de bebés;

3.

Recuerda que la trata de seres humanos es un delito transnacional de carácter mundial, y que todas las medidas dirigidas a combatirla deben tener en cuenta las causas profundas y las tendencias mundiales; destaca a este respecto la importancia de un enfoque coherente de las dimensiones interior y exterior de las políticas de la Unión para luchar contra la trata de seres humanos;

4.

Reconoce que la delincuencia organizada de trata de seres humanos se produce tanto a escala transfronteriza como dentro de las fronteras interiores, lo que exige legislación interna sólida contra la trata de seres humanos y cooperación entre los países;

5.

Lamenta que en muchos países del mundo siga sin existir una legislación adecuada para criminalizar y combatir eficazmente la trata de seres humanos;

6.

Lamenta asimismo la gran brecha existente entre la legislación en vigor y su aplicación, en particular, el acceso limitado o inexistente de las víctimas a la justicia, por una parte, y la falta de enjuiciamiento de los delincuentes, por otra;

7.

Lamenta, en especial, que el número de víctimas de la trata de seres humanos que han sido reconocidas como tales siga siendo muy inferior al número estimado y que la proporción de casos llevados ante los tribunales continúe siendo extremadamente reducida; sigue profundamente preocupado por el hecho de que un gran número de víctimas de la trata carezcan de protección y apoyo adecuados y de medidas que reparen las violaciones de derechos fundamentales que han sufrido;

8.

Recuerda que las víctimas de la trata suelen ser «personas invisibles» en los países donde son explotadas y que se enfrentan a las dificultades derivadas de las diferencias culturales y lingüísticas, todo lo cual hace aún más difícil que denuncien los delitos de que son víctimas; denuncia que estas dificultades son aún mayores para las categorías de víctimas particularmente vulnerables, como las mujeres y los niños;

9.

Subraya que la demanda de servicios sexuales en los países desarrollados es el motor de la trata de seres humanos procedentes de los países en desarrollo, poniendo a su población en una posición de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres y las niñas; pide a los Estados miembros que criminalicen el uso consciente de servicios de víctimas de la trata de seres humanos;

10.

Recuerda que los grupos organizados a escala internacional transportan a sus víctimas —de forma clandestina o con su consentimiento, obtenido con promesas falsas—, en especial con fines de trata sexual, a regiones más prósperas, a cabeza de las cuales figuran los países europeos, en las que se encuentran los clientes con mayor capacidad económica;

11.

Denuncia que, según la declaración a la prensa del director de Europol, más de 10 000 menores refugiados y migrantes no acompañados han desaparecido en Europa; llama la atención de la Unión y de los Estados miembros sobre el hecho de que muchos de esos menores han sido forzados a entrar en redes de trata sexual y mendicidad y en el mercado ilícito y lucrativo del trasplante de órganos o la trata de esclavos;

12.

Destaca la necesidad de establecer una distinción fundamental entre los conceptos de trata de seres humanos y tráfico de migrantes; señala que el tráfico cuenta también entre las actividades de las redes delictivas y la delincuencia organizada y puede conducir a una situación de trata, si bien destaca que se trata de dos conceptos distintos que requieren respuestas jurídicas y prácticas diversas e implican diferentes obligaciones por parte de los Estados; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que formen al personal encargado de la recepción y la identificación de los migrantes y solicitantes de asilo mediante programas de sensibilización específica especializados en distinguir correctamente entre el tráfico y la trata de seres humanos, especialmente en lo que se refiere a la identificación y la protección de los menores víctimas de la trata y los menores no acompañados que están en riesgo de serlo;

13.

Recuerda que los migrantes han consentido el tráfico, que finaliza cuando llegan a su destino, mientras que las víctimas de la trata son explotadas por medio de la coerción, el engaño y el abuso, sin posibilidad alguna de consentimiento; destaca que ambos fenómenos pueden solaparse, ya que los grupos delictivos que practican el tráfico de refugiados y otros migrantes para introducirlos en la Unión pueden forzarlos a la explotación como víctimas de la trata, en particular en el caso de los menores no acompañados y las mujeres que viajan solas; insta a las autoridades competentes de los Estados miembros a que presten atención a ese solapamiento en el marco de sus actividades en el ámbito la actuación policial, la cooperación judicial y la aplicación de la ley;

14.

Observa que las redes delictivas utilizan de forma creciente Internet y las redes sociales para reclutar y explotar a las víctimas; pide, por tanto, a la Unión y a los Estados miembros que, en sus esfuerzos desplegados para luchar contra la trata de seres humanos, realicen las inversiones suficientes en tecnología y conocimientos técnicos que les permitan identificar, detectar y combatir el uso abusivo de Internet por parte de las redes delictivas, tanto a la hora de reclutar a las víctimas como de ofrecer servicios para fines de su explotación;

15.

Reconoce la importancia y el papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación en la trata de seres humanos, y que, si bien la tecnología se utiliza para facilitar la captación y la explotación de las víctimas, también puede usarse como un instrumento de prevención; considera que debe estudiarse en mayor profundidad el papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación en la trata de seres humanos;

16.

Pide a la Comisión que evalúe el uso de Internet en el marco de la trata, especialmente en lo que se refiere a la explotación sexual en línea; insta a Europol a que refuerce la lucha contra la trata en línea mediante la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (UE IRU), con el fin de detectar, señalar y retirar el contenido relativo a la trata disponible en línea;

17.

Pide a la Comisión que adapte su cooperación con terceros países a la nueva situación creada por el desarrollo de la trata por medio de Internet; pide a la Comisión y a Europol que consideren las posibilidades de cooperación entre los órganos europeos de lucha contra la ciberdelincuencia (en particular, en el marco de Europol) y los órganos equivalentes de terceros países; pide a la Comisión que valore, asimismo, todos los medios posibles de cooperación con los proveedores de servicios de Internet que puedan resultar útiles para detectar y combatir los contenidos relacionados con la trata en línea; pide a la Comisión que lo mantenga debidamente informado;

18.

Denuncia que la trata de seres humanos es un negocio extremadamente lucrativo, y que los ingresos procedentes de esa actividad delictiva se reinyectan en gran medida en la economía y el sistema financiero mundiales; denuncia que las organizaciones delictivas internacionales más estructuradas y poderosas están implicadas en la trata de seres humanos y han creado una verdadera red delictiva internacional que cuenta con numerosas ramificaciones; pide a todos los Estados y a los actores pertinentes implicados en este ámbito que transformen la trata de seres humanos —que constituye actualmente una actividad de «bajo riesgo y alta productividad»— en una actividad de «alto riesgo y baja productividad»;

19.

Estima que tanto las investigaciones financieras destinadas a localizar, confiscar y recuperar los activos de origen delictivo como las medidas dirigidas a luchar contra el blanqueo de capitales son cruciales en la lucha contra la trata; recuerda que es necesario disponer de más datos y prestar una mayor atención a las actividades de blanqueo de capitales; lamenta que el uso de medidas dirigidas a recopilar, analizar y compartir información financiera en apoyo de las investigaciones penales relativas a la trata de seres humanos siga siendo limitado, y que a menudo resulte difícil integrar plenamente las investigaciones financieras en los casos de trata de seres humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que refuercen la cooperación, la coordinación y el intercambio de información con terceros países con el fin de localizar y confiscar los ingresos de estas actividades delictivas; pide que los bienes decomisados se utilicen para apoyar y compensar a las víctimas de la trata de seres humanos;

20.

Pide a los gobiernos que actúen con la diligencia debida en la lucha contra la corrupción, que contribuye a la trata de seres humanos, y en la tarea de detectar y erradicar la participación o la complicidad del sector público en dicha trata, en particular garantizando que quienes trabajan en el sector público sean formados debidamente para reconocer tales casos y dispongan de orientaciones internas que les ayuden a gestionar los casos sospechosos;

21.

Recuerda que los abusos en la contratación de trabajadores parecen producirse en muchos países y regiones del mundo, y señala que, con independencia del país en el que tienen lugar, dichos abusos guardan una estrecha relación con la trata de seres humanos, bien sea a través de agencias de contratación implicadas directamente en dicha trata mediante prácticas de contratación engañosas o coercitivas, o bien creando vulnerabilidades con fines de explotación laboral, exigiendo elevadas comisiones de contratación y haciendo que, en particular, los trabajadores migrantes y poco cualificados sean vulnerables o dependientes desde el punto de vista económico;

22.

Pide a la Unión y a los Estados miembros que refuercen la cooperación con terceros países con el fin de investigar todas las etapas de la trata de seres humanos —incluida la fase de contratación—, que mejoren el intercambio de información y que emprendan operaciones, investigaciones (financieras) y actuaciones judiciales con carácter preventivo; pide a todos los Estados que mejoren la supervisión y la regulación de las agencias de contratación;

23.

Destaca que no puede haber ningún consentimiento válido en una situación en la que un ciudadano de un tercer país es extraído de su país de origen y conducido a la Unión (o en la que un ciudadano de la Unión es conducido a otro Estado miembro) con fines de prostitución, cualquier otra forma de explotación sexual o trabajo forzoso;

24.

Considera que los gobiernos deberían fomentar el diálogo y las asociaciones entre las diferentes partes interesadas, en particular las empresas, los expertos en la lucha contra la trata y las ONG, con el fin de emprender acciones conjuntas contra la trata de seres humanos y velar por el respeto de los derechos de los trabajadores, incluidos los derechos laborales fundamentales; pide, asimismo, a los gobiernos que introduzcan medidas jurídicas que garanticen la transparencia y la trazabilidad de los productos en la cadena de suministro, así como una mejor comunicación por parte de las empresas sobre las medidas que adopten con el fin de erradicar la trata de seres humanos en sus cadenas de suministro; pide a la Unión y a los Estados miembros que colaboren activamente con las empresas nacionales e internacionales con miras a garantizar que sus productos estén exentos de explotación a lo largo de toda la cadena de suministro y con el fin de responsabilizarlas de los casos de trata de seres humanos que se produzcan en cualquier punto de dicha cadena, incluidas las empresas filiales y subcontratistas;

25.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que participen de forma constructiva en las negociaciones del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de preparar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas en relación con los derechos humanos, y que apliquen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos;

26.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que desplieguen los esfuerzos necesarios para combatir el trabajo forzoso en las empresas de la Unión en el exterior y en relación con terceros países aplicando y haciendo cumplir las normas laborales y apoyando a los gobiernos en la adopción de legislación laboral que incluya normas mínimas de protección de los trabajadores, en particular los trabajadores extranjeros, y que garanticen que las empresas europeas que operan en terceros países respetan dichas normas; pide a los gobiernos que velen por el cumplimiento de la legislación laboral, traten equitativamente a todos los trabajadores, les garanticen los mismos derechos con independencia de su nacionalidad o su lugar de origen y extirpen la corrupción; aboga por intensificar la cooperación internacional con el fin de reforzar las políticas de migración laboral y elaborar y mejorar la aplicación de la legislación relativa a la contratación laboral;

27.

Pide que se refuerce el cumplimiento a escala mundial de las normas fundamentales de la OIT en materia de trabajo y medio ambiente en todos los niveles, en particular mediante la mejora de las inspecciones de trabajo y seguridad social; reclama, asimismo, la ratificación y la aplicación del Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (n.o 189), así como la incorporación de sus disposiciones en las legislaciones nacionales, en particular en lo que se refiere a los trabajadores domésticos que trabajan en residencias de diplomáticos;

28.

Hace hincapié en que la relación evidente entre la trata de seres humanos con fines sexuales y la prostitución requiere que se apliquen medidas que permitan poner fin a la demanda de prostitución;

29.

Señala que, en la mayoría de los Estados miembros, las víctimas de prostitución forzosa tienen dificultad para acceder a atención psicológica, por lo que dependen casi exclusivamente del apoyo de organizaciones caritativas; pide, por tanto, que se apoye en mayor medida a estas organizaciones, al tiempo que insta a los Estados miembros a que supriman los obstáculos para acceder a la atención psicológica;

30.

Destaca que el matrimonio forzoso puede considerarse una forma de trata de seres humanos si contiene algún elemento de explotación de la víctima, y pide a todos los Estados miembros que incluyan esta dimensión en su definición de trata de seres humanos; destaca que la explotación puede ser sexual (violación conyugal, prostitución forzosa y pornografía) o económica (trabajo doméstico y mendicidad forzosa), y que el matrimonio forzoso puede ser el objetivo final de la trata (venta de una víctima como esposa o imposición del matrimonio con coacción); recuerda que el matrimonio forzoso puede tener un carácter transnacional; pide, por tanto, a los Estados miembros que garanticen que las autoridades nacionales encargadas de la migración estén debidamente formadas sobre la problemática del matrimonio forzoso en relación con la trata; pide asimismo a la Comisión que fomente el intercambio de buenas prácticas en este ámbito;

31.

Condena la trata de seres humanos para la maternidad subrogada forzosa en la medida en que constituye una violación de los derechos de la mujer y de los menores; señala que la demanda se ve impulsada por los países desarrollados a expensas de personas pobres y vulnerables procedentes, a menudo, de países en desarrollo, y pide a los Estados miembros que analicen las implicaciones de sus políticas reproductivas restrictivas;

32.

Insiste en que los menores que son víctimas de la trata de seres humanos sean reconocidos como tales, y pide que en todo momento se preste la máxima atención a sus intereses, sus derechos y sus necesidades; pide que se preste asistencia y protección jurídica, física, psicológica y de otro tipo, tanto a corto como a largo plazo; que se adopten medidas dirigidas a facilitar la reagrupación familiar, cuando proceda, atendiendo al interés superior y respetando la dignidad y los derechos de los menores, o que se adopten medidas apropiadas para que sean atendidos;

33.

Recuerda que la trata de menores conlleva a menudo casos de abuso sexual, prostitución, trabajos forzados o extracción y tráfico de órganos, y destaca que no debe considerarse válido ningún posible consentimiento para realizar trabajos o servicios en el caso de un menor víctima de la trata; lamenta que, con frecuencia, los cuerpos de seguridad, que no buscan de forma sistemática indicios de trata de seres humanos para identificar a las víctimas, traten a los menores en riesgo como delincuentes o migrantes irregulares;

34.

Considera que, en lo que se refiere a los menores no acompañados, es esencial mejorar y conferir un carácter más preventivo a la identificación de los menores víctimas de la trata, especialmente en los pasos fronterizos y los centros de acogida, así como intensificar la cooperación multidisciplinar de forma que se garantice la protección efectiva del interés superior de los menores; considera necesario reforzar los sistemas de tutela en los Estados miembros para evitar que los menores no acompañados y separados de sus familias caigan en manos de organizaciones dedicadas a la trata de seres humanos;

35.

Pide que se refuercen los regímenes nacionales de tutela de los menores en Europa como parte integrante de la estrategia de la Unión de lucha contra la trata, que reconoce el papel fundamental que desempeñan los tutores en la protección de los menores contra toda forma de perjuicios;

36.

Pida a la Unión que prosiga sus esfuerzos dirigidos a luchar contra el fenómeno de los niños soldado, en particular prestando ayuda a los gobiernos locales y a los grupos de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno a la hora de abordar esta cuestión, que adopte medidas encaminadas a impedir el futuro reclutamiento y el empleo de menores como soldados, que apoye el desarrollo de normas de protección de la infancia, incluida la tipificación como delito del reclutamiento de menores, y que movilice los recursos necesarios para reforzar la resiliencia y los entornos protectores para los menores; pide a la Unión y a los terceros países que ratifiquen y apliquen las normas internacionales pertinentes, incluido el Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de menores en los conflictos armados;

37.

Destaca que los menores y las personas con discapacidad deben ser considerados víctimas vulnerables de la trata de seres humanos; subraya que las víctimas de la trata de seres humanos pueden desarrollar discapacidades provocadas por el abuso a manos del tratante, al tiempo que, inversamente, una persona con discapacidad puede ser el objetivo de un tratante debido a esa vulnerabilidad;

38.

Acoge con satisfacción que en la Directiva 2011/36/UE se incluya la mendicidad forzosa como una forma de trata de seres humanos; insta a los Estados miembros a que armonicen las legislaciones nacionales y requieran a los gobiernos de terceros países que adopten y apliquen las normas jurídicas pertinentes a este respecto; condena cualquier intento de criminalización de las víctimas de la mendicidad forzosa y pide que se les facilite el acceso al empleo y la vivienda; insiste en la necesidad de desarrollar actividades de formación para la policía y otros funcionarios con el fin de mejorar los procesos de identificación y remisión y garantizar una asistencia adecuada a las víctimas de la mendicidad forzosa; destaca que muchas de las víctimas proceden de un entorno de pobreza y marginación; pide que las medidas de prevención se centren en la reducción de la vulnerabilidad de los grupos de riesgo, empezando por las estructuras básicas como la educación, la integración laboral y el aumento del número de refugios y centros asistenciales para las personas vulnerables;

39.

destaca que el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas exige la tipificación penal del trabajo en condiciones de servidumbre como una forma de trata de seres humanos; insta a los gobiernos a que velen por la aplicación de las leyes y por que se castigue a quienes se aprovechen del trabajo en régimen de servidumbre;

40.

Señala la aparición de una nueva forma de trata de seres humanos en la que se trafica con las víctimas a cambio de un rescate infligiendo crueles métodos de tortura; señala, asimismo, que esta nueva forma de mercantilización de seres humanos se caracteriza por la extorsión, la violencia física y la violación sexual como medios para forzar el pago de deudas por parte de familiares que viven dentro y fuera de la Unión;

41.

Condena el negocio ilícito del tráfico de células, tejidos y órganos humanos, incluido el tráfico ilícito de células reproductoras (óvulos, espermatozoides), tejidos, células fetales y células madre adultas y embrionarias;

42.

destaca que, según un informe de Global Financial Integrity, el comercio de órganos humanos es una de las diez actividades ilegales más lucrativas del mundo, ya que genera beneficios de entre 600 y 1 200 millones de dólares y se extiende por numerosos países; destaca asimismo que, según las Naciones Unidas, cualquier persona, independientemente de su edad, puede ser el blanco de este negocio, si bien constata que los migrantes, las personas sin hogar y las personas que no saben leer son especialmente vulnerables;

43.

Destaca que el estancamiento económico, las lagunas en la legislación y las deficiencias en la aplicación de la ley en los países en desarrollo, junto con el proceso creciente de globalización y la mejora de las tecnologías de la comunicación, conforman un escenario perfecto para las actividades delictivas del tráfico ilícito de órganos; señala que la falta de oportunidades económicas obliga a las personas a considerar opciones que, de otra forma, podrían juzgar como peligrosas o reprobables, mientras que la aplicación insuficiente de la ley facilita que los tratantes actúen con poco temor a ser llevados ante la justicia;

44.

Hace hincapié en que la compra de células, tejidos y órganos humanos es ilegal; señala que las personas que son víctimas de trata para la extirpación de órganos se enfrentan a unos problemas particulares, y que las víctimas no suelen ser conscientes ni de las consecuencias médicas invalidantes y a largo plazo que acarrean la extirpación de órganos y la falta de cuidados postoperatorios, ni del impacto psicológico de la operación; insta a que las campañas de sensibilización estén mejor orientadas para dar mayor notoriedad a los daños asociados a la venta de órganos, especialmente entre los más pobres y vulnerables, que pueden plantearse la posibilidad de vender un órgano para mejorar su situación económica;

45.

Pide a la Comisión que condene la trata de seres humanos cuya finalidad es la extracción de órganos, y que adopte una actitud clara con respecto al comercio ilegal de órganos, tejidos y células; pide a la Unión que aliente a los colegios médicos y a las sociedades especializadas en trasplantes a que desarrollen un código de conducta ética para los profesionales de la salud y los centros de trasplantes en relación con la forma de obtener órganos destinados al trasplante en el extranjero y los procedimientos de atención médica posteriores a un trasplante; señala que los ciudadanos de las comunidades más pobres del mundo corren mayores riesgos de convertirse en víctimas del tráfico ilícito de órganos;

46.

Pide la ratificación y aplicación del Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos; pide a la Unión que haga un llamamiento a los gobiernos de terceros países para que actúen judicialmente contra los profesionales sanitarios, los hospitales y las clínicas privadas que operan en el ilícito y lucrativo mercado del trasplante de órganos;

47.

Pide a los Estados miembros que sigan alentando los esfuerzos dirigidos a conseguir que la comunidad médica participe en la intensificación de la lucha contra este tipo de tráfico mediante la sensibilización acerca de las cuestiones relacionadas con la trata y la prestación de una formación obligatoria;

48.

destaca la importancia de la prevención y la adopción de un enfoque multisectorial y pluridisciplinar a la hora de abordar la obtención ilícita de órganos humanos, incluida la trata de personas para la extirpación de órganos, que se ha convertido en un problema mundial; insta a que las campañas de sensibilización se orienten de forma más apropiada para dar mayor notoriedad a los daños asociados a la venta de órganos e informar mejor a las víctimas y a las víctimas potenciales de los riesgos físicos y psicológicos, especialmente a las más pobres y vulnerables en términos de desigualdad y pobreza, que pueden plantearse la posibilidad de vender un órgano para mejorar su situación económica; destaca que las campañas de sensibilización deberían ser un elemento obligatorio de la política europea de vecindad y de la cooperación para el desarrollo por parte de la Unión;

49.

Destaca la importancia de los médicos, enfermeros, trabajadores sociales y otros profesionales de la medicina, cuyo contacto profesional con las víctimas cuando estas se hallan retenidas es irreemplazable, y que desempeñan un papel fundamental en la prevención de la trata de personas; expresa su preocupación por el hecho de que hasta ahora se haya desperdiciado esta oportunidad de intervención; destaca la necesidad de formar a la comunidad médica en la detección de señales de alerta ante la trata de seres humanos y en los procedimientos de notificación con miras a asistir mejor a las víctimas, así como de imponer penas severas a cualquier forma de participación en el tráfico ilícito de órganos;

50.

Alienta a poner en marcha programas de consentimiento presunto en diversos países, o bien sistemas que ofrezcan a los ciudadanos la posibilidad de inscribirse directamente a un registro de donantes de órganos al realizar determinados trámites administrativos, de forma que se reduzca la dependencia de los pacientes con respecto al mercado negro y se incremente al mismo tiempo la cantidad de órganos disponibles, con el fin de limitar el coste financiero de los trasplantes y reducir el atractivo del turismo médico;

51.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, con el objeto de prevenir el «turismo de trasplantes», adopten medidas dirigidas a ampliar la disponibilidad de órganos obtenidos legalmente con el fin de reforzar la prevención del comercio ilícito de órganos, y que instauren un sistema transparente de trazabilidad de los órganos trasplantados, al tiempo que garantizan el anonimato de los donantes; pide a la Comisión que elabore directrices para fomentar la participación de los Estados miembros en las asociaciones de colaboración como Eurotransplant y Scandiatransplant;

52.

Destaca que, según la Organización Mundial de la Salud, se dispone de pocos datos científicos sobre la trata y la salud, en especial por lo que respecta a la salud mental y psicológica; destaca, asimismo, que a menudo se infravaloran las necesidades de las víctimas y los supervivientes; pide, por consiguiente, a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros que introduzcan un sistema de seguimiento y divulguen información sobre las consecuencias de la trata y las necesidades de las víctimas en términos de salud física y psicológica;

53.

Pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten un planteamiento basado en los derechos humanos y orientado a las víctimas, y que sitúen a las víctimas y a los grupos vulnerables en el foco de todos los esfuerzos en la lucha contra la trata de seres humanos, su prevención y la protección de las víctimas;

54.

Denuncia la preocupante divergencia entre las obligaciones de los Estados y su grado de cumplimiento en la práctica por lo que se refiere a los derechos de las víctimas; acoge favorablemente la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos; confía en que los Estados miembros hayan traspuesto adecuadamente la Directiva, dado que el plazo para su aplicación finalizaba el 16 de noviembre de 2015; pide a los Estados miembros y a los países de origen, tránsito y destino que procuren o faciliten el acceso a vías de recurso justas, adecuadas y convenientes a todas las víctimas de la trata de seres humanos, incluidos los no nacionales, en sus respectivos territorios y jurisdicciones;

55.

Recuerda que la rápida y la correcta identificación de las víctimas es fundamental para el ejercicio de los derechos que les asisten legalmente; insiste en que se adopten medidas de creación de capacidades en relación con la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos, especialmente en los servicios de migración, seguridad y control de fronteras;

56.

Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que intercambie buenas prácticas con terceros países, en primer lugar sobre la formación de las autoridades policiales y de los cooperantes acerca de la forma más adecuada de dirigirse a las víctimas y, en segundo lugar, sobre la aplicación del principio de evaluación individualizada de las víctimas para determinar sus necesidades específicas y facilitarles ayuda y protección;

57.

Destaca la importancia del principio de reconocimiento mutuo establecido en el artículo 82, apartado 1, del TFUE; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las agencias de la Unión Europea que refuercen la posición de las víctimas de la trata mediante el pleno reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y administrativas, incluidas las relativas a las medidas de protección de las víctimas de la trata de seres humanos, lo que implica que la condición de víctima, una vez establecida en un Estado miembro, debe ser aplicable en el conjunto de la Unión, por lo que debería prestarse ayuda y asistencia a las víctimas (o a las asociaciones que las representen) en caso de no reconocimiento de su condición de víctima cuando viajen en el interior de la Unión;

58.

Insiste en que la respuesta penal garantice que las víctimas tengan acceso a la justicia y sean informadas de sus derechos jurídicos; pide a todos los Estados que cumplan su obligación internacional de defender los derechos de las víctimas que se encuentran bajo su jurisdicción, y que velen por prestar a las víctimas un apoyo pleno, con independencia de su voluntad de cooperar en los procesos penales;

59.

Afirma que las víctimas de la trata de seres humanos tienen derecho a una tutela judicial efectiva, incluidos el acceso a la justicia, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la ciudadanía, la restitución de sus bienes y una reparación adecuada, así como a recibir atención médica y psicológica, a la prestación de servicios de ayuda jurídica y social y a beneficiarse de apoyo a largo plazo, en particular económico, para su integración o reintegración;

60.

Señala la importancia del acceso universal a la asistencia sanitaria y a la salud sexual y reproductiva, particularmente en el caso de las víctimas de trata de seres humanos, que pueden sufrir muchos problemas físicos y fisiológicos como consecuencia directa de su explotación; pide a los Estados miembros que creen servicios de asistencia sanitaria y rehabilitación de fácil acceso para las víctimas de la trata de seres humanos;

61.

Pide a los Estados miembros en los que se hayan registrado casos de explotación de víctimas de la trata de seres humanos que ofrezcan un tratamiento médico adecuado y necesario de forma que se tengan en cuenta la dimensión de género y las necesidades individuales y se preste una atención particular a las víctimas de la trata que hayan sido objeto de explotación sexual;

62.

Señala que las personas con discapacidad permanente o que sufren una discapacidad en el transcurso de la trata requieren una protección adicional frente a la explotación, y pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen que la asistencia que se presta a este tipo de víctimas responde de forma adecuada a sus necesidades específicas;

63.

Hace hincapié en la necesidad de reintegrar a las víctimas de la trata y reconocer su derecho a la protección; pide a los Estados miembros que creen redes de centros de apoyo y refugio y refuercen las existentes, que garanticen la prestación de servicios en una lengua comprensible para las víctimas y que faciliten a estas últimas el acceso a la educación; pide que se lleve a cabo un esfuerzo de colaboración en los ámbitos de la inclusión social y la prestación asistencial entre las ONG, las organizaciones internacionales, los organismos gubernamentales y las agencias de los países de origen y de destino, en particular en las situaciones en las que las víctimas regresan a sus países de origen;

64.

Destaca la importancia de garantizar la seguridad de las víctimas de la trata de seres humanos que testifiquen ante un tribunal contra los tratantes;

65.

Pide que se preste más atención a las víctimas en los procesos penales; pide a las autoridades competentes que no retengan a las víctimas de la trata y que no las pongan en peligro de ser castigadas por delitos cometidos en el contexto de su situación como víctimas de la trata, en particular en los casos de prostitución o de cualquier otra forma de explotación sexual o trabajo forzoso; recuerda que los Estados miembros deben respetar el principio de no criminalización;

66.

Pide a los Estados miembros que apliquen instrumentos jurídicos que ofrezcan a las víctimas de la trata la posibilidad de ponerse en contacto con las autoridades sin poner en peligro su propia seguridad y sus derechos como víctimas;

67.

Pide a los Estados miembros que, además de todos los marcos jurídicos relativos a la trata de seres humanos pertinentes, apliquen sin demora la Directiva 2011/36/UE, en particular su artículo 8; insta a la Comisión a que emprenda acciones legales contra los Estados miembros que no apliquen esta Directiva y a que publique lo antes posible el informe de aplicación, previsto para abril de 2015;

68.

Pide a los gobiernos que establezcan divisorias entre las autoridades de inmigración y las inspecciones de trabajo, con el fin de alentar a las víctimas a presentar denuncias y con el objeto de garantizar que, cuando se detecten casos de trata de seres humanos, no exista ningún temor de que las autoridades de inmigración tomen medidas contra las víctimas;

69.

Pide a los Estados miembros que tipifiquen penalmente el hecho de recurrir a los servicios de víctimas de la trata de seres humanos, incluida la prostitución u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluyendo la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción de órganos, cuando dichas actividades se cometan fuera de un Estado miembro y/o fuera de la Unión;

70.

Considera que el hecho de ser refugiado, solicitante de asilo, titular de un visado humanitario o una persona que necesita protección internacional debe ser considerado como un factor de vulnerabilidad en el caso de las víctimas de la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que garanticen que sus cuerpos de seguridad y autoridades de asilo cooperan para ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos que necesiten protección internacional a presentar una solicitud de protección; reitera que las medidas adoptadas contra la trata de seres humanos no deben afectar negativamente a los derechos de las víctimas de la trata, los migrantes, los refugiados o las personas que necesitan protección internacional;

71.

Insta a los Estados miembros a que apliquen medidas que incorporen la dimensión de género con objeto de facilitar la detección de las víctimas de trata de seres humanos en los procedimientos de asilo y retorno, a que lleven registros más detallados y desglosados por sexo y a que velen por que las víctimas sean informadas sobre las opciones de apoyo oportunas;

72.

Recuerda a los Estados miembros que la Directiva 2011/36/UE se entenderá sin perjuicio del principio de no devolución, de conformidad con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;

73.

Anima a los Estados miembros a garantizar a los solicitantes de asilo víctimas de la trata de seres humanos los mismos derechos que los concedidos a otras víctimas de la trata;

74.

Señala que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el retorno de los migrantes y de los refugiados conlleva riesgos de seguridad inherentes en relación con la posibilidad de que vuelvan a caer en las redes de la trata, riesgos que deben detectarse, evaluarse y mitigarse, dado que la amenaza que los explotadores suponen para los migrantes víctimas de la trata suele aumentar cuando estos han conseguido escapar, han estado en contacto con agentes de los cuerpos de seguridad o han testificado en los tribunales (2);

75.

Hace un llamamiento a la Unión y a los Estados miembros para que hagan que la lucha contra la trata de seres humanos sea más visible para la población, sobre todo en los aeropuertos, las estaciones de tren, los autobuses, las escuelas, las universidades y los lugares de trabajo; pide a la Unión y a los Estados miembros que incrementen la sensibilización entre su personal acerca de las directrices de la UE relativas a la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos, así como acerca de la publicación de la Comisión sobre los derechos en la Unión de las víctimas de la trata de seres humanos, y alienta a utilizarlos activamente;

76.

Alienta a la financiación selectiva de la Unión destinada a las ONG locales que identifiquen y apoyen a las víctimas de la trata de seres humanos, y sensibilicen a las poblaciones vulnerables a la explotación y la trata de seres humanos; acoge con satisfacción, en este contexto, el papel de los medios de comunicación, que pueden ayudar a sensibilizar e informar acerca de los riesgos;

77.

Lamenta que el nivel actual de cooperación internacional en casos de trata de seres humanos sea insuficiente, en particular cuando están implicados países de origen y países de tránsito, lo que constituye uno de los principales obstáculos para la lucha eficaz contra la trata de seres humanos; pide una cooperación internacional eficaz para investigar y combatir la trata transnacional de seres humanos mediante el incremento de la asistencia financiera y técnica y el refuerzo de la comunicación, la cooperación y el desarrollo de capacidades a nivel transnacional de los Gobiernos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley —incluidos los guardias de fronteras, los funcionarios de inmigración y de asilo, los instructores penales y los organismos de apoyo a las víctimas, la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas—, en particular sobre cómo identificar y proteger a las víctimas y cómo debatir la forma de tratar con los países de origen, de tránsito y de destino que no hayan ratificado el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas; pide a la Unión que desarrolle un planteamiento regional, concentrándose en las «rutas de la trata» para ofrecer respuestas específicas en las diferentes regiones que estén adaptadas al tipo de explotación; subraya, además, la utilidad de los programas de intercambio internacional para los profesionales dedicados a la lucha contra la trata de seres humanos;

78.

Insta a la Comisión, a las agencias competentes de la UE y a los Estados miembros a que organicen una formación específica en materia de género para el personal que trabaja en los servicios encargados del cumplimiento de la ley y el control de las fronteras, con objeto de identificar y ayudar más adecuadamente a las víctimas potenciales de la trata de seres humanos, en particular de la trata con fines de explotación sexual;

79.

Insiste en que es necesario que la Unión mejore la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros y con terceros países, sobre todo con los países de origen y de tránsito de las víctimas de la trata de seres humanos, por lo que respecta a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la trata, en especial a través de Europol y Eurojust, intercambiando información, en particular sobre las rutas conocidas de la trata, participando en equipos conjuntos de investigación y combatiendo la captación de personas para la trata de seres humanos a través de internet y otros medios digitales; destaca la importancia del intercambio sistemático de datos entre todos los Estados miembros, así como de su introducción en las bases de datos de Europol Focal Point Phoenix y Focal Point Twins; aboga por una mayor cooperación entre Europol e Interpol en la lucha contra la trata de seres humanos y recuerda que el intercambio de información entre los Estados miembros y con terceros países debe respetar plenamente las normas de la Unión en materia de protección de datos; pide a los Estados miembros que recopilen más datos comparativos sobre la lucha contra la trata de seres humanos y que mejoren el intercambio de datos entre sí y con terceros países;

80.

Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que doten a sus cuerpos de seguridad y de policía del personal y los recursos necesarios para que también puedan recabar información de las familias y otras fuentes, intercambiarla con las autoridades europeas y nacionales competentes y tratarla y analizarla debidamente;

81.

Pone de relieve que los países de tránsito son fundamentales en la lucha contra la trata de seres humanos ya que la explotación de las víctimas todavía no empieza en la fase de tránsito; subraya la importancia de dotar a los agentes de la policía de fronteras con una formación adicional para mejorar sus capacidades en materia de identificación;

82.

Subraya los numerosos desafíos relacionados con la migración laboral transfronteriza, en particular el riesgo de que los migrantes sean objeto de ilegalización y sean privados de sus derechos más fundamentales; pide el establecimiento de mecanismos para la migración laboral transfronteriza en la Unión y a nivel internacional con el fin de reforzar y formalizar la migración laboral regular;

83.

Reconoce el esfuerzo de la Unión en la creación de cauces formalizados para la migración laboral transfronteriza, que deberían ser objeto de una mayor atención, y pide un más coherente y redoblado esfuerzo en este sentido; subraya el potencial de la migración laboral formalizada como medio de prevenir la trata de seres humanos y salvar vidas;

84.

Insta a la Unión a reforzar su cooperación con las ONG y otras organizaciones internacionales pertinentes, a fin de aumentar el intercambio de mejores prácticas, la elaboración de políticas, la aplicación, y a incrementar la investigación, también con los actores locales, centrándose en particular en el acceso de las víctimas a la justicia y el procesamiento eficaz de los autores;

85.

Recuerda que, de conformidad con la Directiva 2011/36/UE, los Estados miembros deben fomentar y colaborar estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil, en particular en el marco de las iniciativas políticas, las campañas de información y concienciación, los programas de educación e investigación y en la formación, así como en la observación y evaluación de la incidencia de las medidas de lucha contra la trata; señala, además, que las ONG también deben contribuir a la identificación temprana de las víctimas, así como a su asistencia y apoyo; insiste en que los Estados miembros deben garantizar que las ONG estén protegidas contra represalias, amenazas e intimidaciones, y sobre todo que no estén expuestas a procedimientos penales por ayudar a víctimas de la trata de seres humanos que se encuentren en situación irregular;

86.

Recomienda a la Unión, a los Estados miembros y a la comunidad internacional a que preste especial atención a la cuestión de prevenir y combatir la trata de seres humanos en entornos de crisis, como las catástrofes naturales y los conflictos armados, a fin de reducir la vulnerabilidad de las víctimas frente a los traficantes y las redes delictivas; insiste en que debe acordarse protección a aquellos que tengan derecho a la misma de conformidad con los convenios internacionales y regionales;

87.

Destaca que las personas que se ven obligadas a abandonar su residencia habitual a causa de cambios climáticos repentinos o progresivos que afectan negativamente a sus vidas o condiciones de vida corren un alto riesgo de ser víctimas de la trata de seres humanos; hace hincapié en que este tipo de movilidad humana relacionada con el cambio climático tiene una fuerte dimensión económica, que incluye la pérdida de los medios de subsistencia y la reducción de los ingresos familiares, por lo que existe un riesgo directo para las personas afectadas de volverse más vulnerables frente a los trabajos forzosos o la esclavitud;

88.

Reconoce y apoya la labor del Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos, designado con el fin de mejorar la coordinación y la coherencia entre las instituciones de la Unión, las agencias y los Estados miembros, además de con terceros países y actores internacionales, e insta al Coordinador a que ponga en marcha acciones y medidas conjuntas concretas entre la Unión, los Estados miembros, los terceros países y los actores internacionales a fin de establecer una cooperación más coherente y eficaz a la hora de desarrollar sistemas para identificar, proteger y asistir a las víctimas, mejorar la prevención de la trata, facilitar el enjuiciamiento de los traficantes y crear una red que permita responder a las dificultades que puedan surgir;

89.

Insta a la Unión a que despliegue los esfuerzos necesarios a escala internacional para prevenir y eliminar la trata de esclavos, a fin de lograr de forma progresiva y con la mayor brevedad la abolición completa de la esclavitud en todas sus formas;

90.

Considera que es esencial que las estrategias destinadas a prevenir la trata de seres humanos se centren tanto en los factores que contribuyen a la misma como en las causas y circunstancias subyacentes, y que lleven a cabo un acercamiento integrado que reúna diferentes actores mandatos y perspectivas, tanto a nivel nacional como internacional; estima que las estrategias de prevención deben prever medidas destinadas a luchar contra la pobreza, la opresión, la falta de respeto de los derechos humanos, los conflictos armados y las desigualdades sociales y económicas, y deben tener como objetivo la reducción de la vulnerabilidad de las víctimas potenciales, disuadir la demanda de servicios de las víctimas de la trata, que también puede ser considerada como una causa profunda de la trata de seres humanos, mejorar la educación pública y erradicar la corrupción de los funcionarios: pide también a todos los Estados que cumplan efectivamente sus obligaciones en el marco del Protocolo de Palermo;

91.

Insta a todos los Estados miembros a ratificar todos los instrumentos internacionales, acuerdos y obligaciones jurídicas, incluido el Convenio de Estambul, y a intensificar los esfuerzos para hacer que la lucha contra la trata de seres humanos sea más eficaz, coordinada y coherente; insta a la Unión a que abogue por la ratificación de todos los instrumentos internacionales pertinentes;

92.

Pide a los representantes de la Unión que presten una especial atención a la trata de seres humanos en el dialogo político de la Unión con terceros países, y también a través de programas de cooperación y en foros regionales y multilaterales, también mediante declaraciones públicas;

93.

Pide a la Unión que revise sus programas de ayuda en materia de trata de seres humanos, para que la financiación esté mejor orientada y para que la trata sea un ámbito de cooperación autónomo; en este contexto, aboga por aumentar los recursos destinados a los servicios de las instituciones de la Unión que se ocupan de cuestiones relativas a la trata de seres humanos; insta a la Comisión a que revalúe periódicamente su lista de países prioritarios, incluidos los criterios de selección, para garantizar que estos reflejen las realidades sobre el terreno y hacerlos más flexibles y adaptables a las circunstancias cambiantes y las tendencias emergentes;

94.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cuando refuercen las medidas jurídicas contra la trata de seres humanos, también amplíen la definición del concepto de trata de seres humanos incluyendo nuevos medios de trata en su ámbito de aplicación;

95.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apliquen las medidas en materia de lucha contra la trata previstas en el Plan de Acción para los Derechos Humanos y en el contexto de la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos;

96.

Pide a la Comisión que valore la posible conveniencia de revisar el mandato de la futura Fiscalía Europea, a fin de integrar en sus competencias, una vez establecida, la lucha contra la trata de seres humanos;

97.

Pide aumentar la eficacia de la política de la Unión contra la trata de seres humanos integrándola más estrechamente en el contexto más amplio de las estrategias de la Unión en materia de seguridad, igualdad entre mujeres y hombres, crecimiento económico, ciberseguridad, migración y relaciones exteriores;

98.

Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que, tanto a nivel interno como externo, adopten una política coherente que, en consonancia con los valores fundamentales de la Unión, sitúe los derechos humanos en el centro de las relaciones de la Unión con todos los terceros países, y que para ello se basen, en particular, en las relaciones económicas y comerciales;

99.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los derechos humanos, la igualdad en materia de género y la lucha contra la trata de seres humanos se mantengan en el centro de las políticas de desarrollo de la UE y la cooperación con terceros países; pide a la Comisión que establezca medidas que integren la dimensión de género al elaborar nuevas políticas de desarrollo y al revisar las políticas actuales;

100.

Subraya que el empoderamiento económico y social de las mujeres y las niñas reduciría la posibilidad de que se conviertan en víctimas, e insta a la Comisión a que prosiga su acción específica para incorporar la igualdad de género a todas las acciones en materia de desarrollo y garantizar que esta siga figurando, junto a los derechos de la mujer, en la agenda del diálogo político con terceros países;

101.

Destaca la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, del objetivo 5.2, que persigue la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada, incluyendo la trata y la explotación sexual y de otro tipo;

102.

Pide a la UE que apoye a los países terceros en sus esfuerzos por mejorar la identificación de las víctimas, la prestación de asistencia a las mismas y su reintegración, y la respuesta penal a la trata de seres humanos, adoptando y aplicando una legislación adecuada, y armonizando las definiciones jurídicas, los procedimientos y la cooperación en consonancia con las normas internacionales;

103.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que el personal con funciones coercitivas, incluido el de organismos como Frontex, Europol y la EASO, y otros agentes que puedan entrar en contacto con víctimas o posibles víctimas de la trata de seres humanos dispongan de la formación adecuada para poder abordar los casos de trata, con una perspectiva interseccional integrada, haciendo hincapié en las necesidades especiales de las mujeres, los menores y otros grupos vulnerables, como la población romaní o los refugiados, objeto de la trata y en cómo ofrecer incentivos, así como la máxima protección, a las víctimas de la trata de seres humanos y a otras personas para que denuncien a los tratantes;

104.

Considera que la detección de las víctimas de la trata que provengan de terceros países debe realizarse lo antes posible en el entramado de la red y que, en consecuencia, debe reforzarse la labor realizada en las fronteras para detectar a las víctimas en el momento en que entren en la Unión; pide a los Estados miembros que trabajen con terceros países para mejorar las directrices existentes que puedan ayudar a los servicios consulares y los guardias de fronteras en la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos, y subraya, a este respecto, la importancia del intercambio de buenas prácticas, sobre todo en lo que respecta a la realización de entrevistas en las fronteras; destaca también la necesidad de que los guardias de fronteras y los guardacostas tengan acceso a las bases de datos de Europol;

105.

Pide a los Estados miembros que aumenten la cooperación con terceros países a fin de combatir todas las formas de trata de seres humanos, prestando especial atención a la dimensión de género de dicha práctica para luchar específicamente contra los matrimonios infantiles, la explotación sexual de las mujeres y las niñas y el turismo sexual; insta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a intensificar la actividad del Proceso de Jartum aumentando el número de proyectos concretos en funcionamiento y velando por la participación activa de un mayor número de países;

106.

Pide a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al SEAE que, en sus negociaciones con terceros países sobre acuerdos internacionales, acuerdos de readmisión o acuerdos de cooperación, hagan hincapié en la necesidad de que los terceros países combatan efectivamente la trata de seres humanos y mejoren tanto el enjuiciamiento de los responsables como la protección de las víctimas;

107.

Insta a la Unión a que, efectivamente, concentre sus esfuerzos en la lucha contra la trata de seres humanos y contra la trata de personas; insta a la UE y a sus Estados miembros a prestar atención a la identificación de víctimas de la trata de seres humanos entre los refugiados y los migrantes o entre las víctimas de violaciones y abusos en el marco de la trata de personas;

108.

Subraya la necesidad de un trabajo y una formación preparatorios para las misiones internacionales de policía civil, así como de ofrecer formación para diplomáticos, funcionarios de enlace y funcionarios consulares y de cooperación para el desarrollo a fin de mejorar la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos; considera que es necesario formar a estos grupos puesto que a menudo constituyen el primer punto de contacto para las víctimas de la trata, y que se deben tomar medidas a fin de garantizar que estos funcionarios tengan acceso al material adecuado para informar a las personas en riesgo de caer en la trata;

109.

Recuerda que la puesta en marcha el 7 de octubre de 2015 de la segunda fase de EUNAVFOR MED, conocida también como Operación Sophia, ha hecho posible que se lleven a cabo acciones concretas contra la trata de seres humanos, ya que autoriza a visitar, registrar, apresar y desviar en alta mar los buques sospechosos de ser utilizados para el tráfico ilícito o la trata de seres humanos; recuerda que hasta ahora han sido detenidos 48 sospechosos de tráfico ilícito o trata y que están siendo procesados con arreglo al sistema judicial italiano; pide a la Unión que prosiga y refuerce sus operaciones en el Mediterráneo;

110.

Pide a la UE que busque soluciones concretas para ofrecer a los migrantes y refugiados vías de acceso a la UE que sean legales, seguras y no lleven a la explotación; recuerda a los Estados miembros y a la Unión que deben cumplir el Derecho internacional, incluido el principio de no devolución, en todas sus políticas y, en particular, las migratorias; recuerda que el Estado de recepción y el Estado de origen deben garantizar el retorno seguro y voluntario de las víctimas de la trata de personas, y que deben existir alternativas legales a la repatriación cuando esta pueda suponer un riesgo para la seguridad de dichas víctimas o la de sus familias; afirma que, sin perjuicio de las estrategias de integración y acogida que sean necesarias, el Estado de recepción y el Estado de origen deben garantizar a las víctimas las condiciones necesarias de seguridad y reintegración requeridas para su retorno;

111.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que respeten la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho de asilo;

112.

Pide a la Unión que promueva programas de apoyo a la integración de migrantes y refugiados en los que participen actores clave de terceros países, así como mediadores culturales, que contribuyan a elevar el nivel de sensibilización de las comunidades respecto de la trata y aumentar su resistencia ante la penetración de la delincuencia organizada;

113.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se esfuercen por proteger y encontrar a todos los refugiados y migrantes desaparecidos tras su llegada a suelo europeo, en particular a los niños;

114.

Acoge con satisfacción la labor de Europol, en particular en el marco de Focal Point Twins, con el objetivo de detectar a las personas que viajan a terceros países para cometer abusos de menores; insta a los Estados miembros a que cooperen con Europol garantizando un intercambio sistemático y rápido de información;

115.

Recuerda que, antes de concluir un acuerdo de liberalización de visados, la Comisión evalúa los riesgos asociados al tercer país de que se trate en materia de inmigración clandestina; destaca que las redes de trata también pueden utilizar las vías legales de migración; pide, por ello, a la Comisión que incluya la cooperación efectiva en materia de trata por parte de los terceros países entre los criterios que estos deben cumplir de cara a la celebración de un acuerdo de liberalización de visados;

116.

Señala que la Unión debe adoptar un enfoque legislativo obligatorio y vinculante en materia de reasentamiento, como establece la Comisión en su agenda sobre migración; señala que la admisión humanitaria se puede utilizar como un complemento al reasentamiento para ofrecer protección urgente, a menudo con carácter temporal, a las personas más vulnerables cuando lo necesiten, por ejemplo los menores no acompañados o los refugiados con discapacidad o quienes necesiten ser evacuados urgentemente por razones médicas;

117.

Pide a la Unión que elabore, junto con terceros países, un sistema normalizado para la recopilación y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos relativos a la trata de seres humanos a fin de desarrollar un modelo común, o al menos comparable, en la Unión y en terceros países para la recopilación y el análisis de datos relativos a todos los aspectos de la trata; hace hincapié en la necesidad de que se asignen fondos suficientes a la recopilación de datos y la investigación en el ámbito de la trata de seres humanos;

118.

Alienta a la UE a que desarrolle una nueva estrategia de lucha contra la trata de seres humanos para después de 2016 con una dimensión exterior reforzada y más selectiva, que considere prioritario el desarrollar asociaciones con la sociedad civil local en los terceros países de origen, tránsito y destino, con los Gobiernos y con el sector privado, y el abordar los aspectos económicos y financieros de la trata;