2.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 81/1

Ponente:

Dimitris DIMITRIADIS

1.1.

En una serie de dictámenes, el CESE siempre ha expresado su actitud positiva hacia las políticas de la UE destinadas a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) (1). Sin embargo, las pymes constituyen una categoría extremadamente heterogénea, por lo que se requiere un esfuerzo especial para seleccionar correctamente los distintos subgrupos y, en particular, las pequeñas empresas familiares y tradicionales.

1.2.

La importancia de este subgrupo reside en el hecho de que este tipo de actividad empresarial genera la gran mayoría de los puestos de trabajo en las regiones de la UE. A la vez que reitera sus anteriores conclusiones y recuerda las recomendaciones formuladas en sus dictámenes anteriores (2), el CESE quiere examinar en detalle y ofrecer un análisis de los retos que afrontan las pequeñas empresas familiares y tradicionales. El objetivo es brindar una oportunidad de influir de manera constructiva en la elaboración de las políticas a nivel regional, nacional y de la UE.

1.3.

El CESE anima a la Comisión Europea a considerar las formas de apoyar y fomentar estas empresas, ya que son el elemento clave para crear nuevas actividades y generar ingresos en las zonas con recursos limitados. Añaden valor añadido al proceso de desarrollo regional, especialmente en las regiones menos desarrolladas, dado que están profundamente arraigadas en la economía local, donde invierten y mantienen el empleo.

1.4.

El Comité considera que existe mucho potencial de desarrollo en numerosas regiones que todavía van retrasadas y que este potencial infrautilizado podría aprovecharse por medio de las pequeñas empresas familiares y tradicionales. Este reto debería interesar no solo a la Comisión Europea sino también a otros agentes que deberían participar activamente, incluidos los entes locales e intermediarios locales como las organizaciones empresariales y las entidades financieras.

1.5.

El CESE pide a la Comisión que preste atención al hecho de que las pequeñas empresas familiares y tradicionales se han visto afectadas negativamente por la evolución y las tendencias económicas e industriales recientes. Están perdiendo competitividad y tienen cada vez más dificultades para realizar sus actividades.

1.6.

El CESE manifiesta su preocupación por que los instrumentos de la política de apoyo no se centran en las pequeñas empresas familiares y tradicionales y es poco probable que estas se beneficien mucho de ellos. En general, el apoyo a las pymes se orienta hacia el aumento de la investigación y la innovación en ellas y en favor de las empresas emergentes. Sin poner en duda la importancia de estas políticas, el CESE quiere hacer hincapié en que solo una fracción muy pequeña de todas las pymes se beneficiará de ellas y en que las pequeñas empresas familiares y tradicionales no suelen estar en este grupo. El CESE se congratula de que la Comisión quiera revisar la definición de pyme, un proceso iniciado por la DG GROW y que ha sido programado provisionalmente para principios de 2019 (3).

1.6.1.

La definición actual de pyme se ha quedado obsoleta y, por ello, el Comité considera que la revisión prevista podría ser útil para proporcionar una comprensión adecuada de la naturaleza de las pymes y elaborar políticas más adaptadas a este tipo de empresas. El CESE pide a la Comisión que incluya, en el proceso de consultas, una evaluación de la forma en que la definición actual se aplica al ejecutar medidas políticas para las pymes a escala de la UE, nacional y regional, con especial atención a las pequeñas empresas familiares y tradicionales.

1.6.2.

El CESE considera que, como mínimo, la revisión de la definición debe:

1.7.

El CESE cree que es importante que se reconozca a las pequeñas empresas familiares y tradicionales como un subgrupo específico, dado que suelen ser las que más sufren las deficiencias del mercado. Por lo tanto, el Comité recomienda elaborar políticas de apoyo específicas dirigidas a ellas. Para abordar los problemas más acuciantes, estas políticas deben orientarse como mínimo a:

2.1.

Una serie de evoluciones y tendencias industriales de actualidad —digitalización, industria 4.0, modelos de negocio que cambian rápidamente, globalización, economía colaborativa y fuentes más innovadoras de ventajas competitivas— constituyen actualmente el centro de atención de la elaboración de políticas de la UE. Al mismo tiempo, debe reconocerse que las personas deberían poder vivir en cualquier lugar de la UE, también en muchas regiones en las que no es probable que la industria 4.0 llegue fácilmente.

2.2.

Sin querer minusvalorar la importancia de estas nuevas tendencias, al tiempo que se apoyan los esfuerzos políticos para promoverlas, es necesario recordar que la gran mayoría de los puestos de trabajo en las regiones de la UE corresponden actualmente a las pymes de carácter muy tradicional (6) y a las pequeñas empresas familiares (7), muchas de ellas con una larga historia y con sus propias tradiciones, experiencias y éxitos acumulados. Este grupo de empresas suele englobar los siguientes subgrupos:

2.3.

Como ya indicó anteriormente el CESE, las pequeñas empresas familiares y tradicionales constituyen la espina dorsal de muchas economías en todo el mundo y crecen de forma muy dinámica. Desempeñan un papel considerable en el desarrollo regional y local y tienen una función constructiva y distintiva en las comunidades locales. Las empresas familiares tienen mayor capacidad para resistir períodos difíciles de recesión y estancamiento. Estas empresas tienen unas características de gestión singulares, ya que sus propietarios se preocupan profundamente por las perspectivas a largo plazo de la empresa, debido en gran medida a que están en juego la fortuna, la reputación y el futuro de la familia. Su gestión se manifiesta en general como una dedicación inusual a la continuidad de la empresa, que conlleva un apoyo más continuado del grupo de trabajadores, así como la búsqueda de conexiones más estrechas con los clientes para respaldar la actividad empresarial. El CESE ya solicitó a la Comisión que pusiera en práctica una estrategia activa para fomentar las mejores prácticas en el ámbito de la empresa familiar en los Estados miembros (8).

2.4.

En los últimos años, muchas pequeñas empresas familiares y tradicionales han afrontado crecientes dificultades para realizar sus actividades, porque:

2.5.

Existen unos 23 millones de pymes en la UE, con un mayor número de pymes como porcentaje del número total de empresas en los países del sur de la UE (10). No solo representan el 99,8 % del número total de empresas del sector empresarial no financiero de la UE (11), sino que también dan empleo a casi el 67 % del número total de trabajadores y generan casi el 58 % del valor añadido total en el sector empresarial no financiero (12). Las microempresas, incluidas las empresas unipersonales, son, con diferencia, las más ampliamente representadas en cuanto a número de empresas.

3.1.

Una regla común es que el apoyo a las pymes se dirige principalmente a incrementar la investigación y la innovación en las pequeñas y medianas empresas y su desarrollo (13). Aunque se reconoce que la capacidad de innovar y globalizarse son los dos motores más importantes para el crecimiento, las pymes suelen presentar deficiencias en relación con ambos aspectos (14). La mitad de las tipologías de instrumentos determinadas durante el último período de financiación persiguen objetivos centrados casi exclusivamente en la innovación. Se trata de instrumentos que apoyan la innovación tecnológica y no tecnológica, la innovación ecológica, la creación de empresas innovadoras, el apoyo a proyectos de I+D y la transferencia de conocimientos y tecnología.

3.2.

Durante el período 2007-2013 (15), la ayuda del FEDER a las pymes ascendió a aproximadamente 47 500 millones EUR (el 76,5 % para el apoyo a las empresas y un 16 % del total de la asignación del FEDER para este período). Además, se identificaron unas 246 000 pymes beneficiarias de un total de 18,5 millones de empresas. La comparación entre el número de beneficiarios y el número total de empresas indica claramente que la cifra es totalmente insuficiente y demuestra que la UE no ha sido capaz de apoyar esta importante categoría de empresas. La Comisión Europea no aborda este problema importante debido a la falta de recursos y la gran diversidad en las características de estas empresas.

3.3.

Durante el mismo período, se aplicó un número relativamente elevado de instrumentos políticos con un alto grado de variabilidad, que cubrían entre 1 y 8 000-9 000 beneficiarios. Crear instrumentos que se aplican a un número muy reducido de beneficiarios es claramente ineficiente. Esto plantea la cuestión de si vale la pena diseñar tantos instrumentos. Por lo demás, su eficiencia y eficacia deben ponerse en duda al comparar los recursos humanos y financieros necesarios para elaborarlos respecto de los efectos obtenidos (en su caso). Al mismo tiempo, los estudios de caso pusieron de manifiesto un proceso de autoselección u «objetivos blandos», en el que un grupo específico de beneficiarios (caracterizados generalmente por una mayor capacidad de absorción) era seleccionado durante el proceso de elaboración de un instrumento político concreto.

3.4.

Una revisión completa (16) de un total de 670 instrumentos políticos de los 50 programas operativos ejecutados durante el período de programación muestra que la distribución entre las diferentes políticas es bastante desigual. Pone de relieve que menos del 30 % de todos estos instrumentos se centró en las necesidades de las empresas tradicionales. El CESE ya ha expresado su apoyo en favor de las empresas innovadoras y de rápido crecimiento (17). Pero, al mismo tiempo, el CESE lamenta que los instrumentos políticos se orienten de forma desproporcionada y prioritaria a objetivos de innovación de las pymes, dado que la mayoría de las pymes de la UE no tienen, y no tendrán en un futuro próximo, ningún potencial innovador y su actividad principal no requiere que lo tengan. Es cierto que podrían desarrollarse productos innovadores con costes muy bajos y un alto potencial de crecimiento, pero este tipo de crecimiento es claramente la excepción y no la regla para las empresas tradicionales y familiares, que trabajan con una filosofía totalmente diferente. Cierto grado de innovación es posible y aconsejable, y las nuevas generaciones están empezando a innovar, ya que son más abiertas. Pero en la mayoría de los casos la innovación solo es fragmentada y no forma parte de la actividad principal de estas empresas (18).

3.5.

Las pequeñas empresas familiares y tradicionales no son el objetivo de los instrumentos políticos de apoyo, como demuestra el hecho de que una pequeña parte de instrumentos políticos (solo el 7 % del total de la contribución pública) se oriente hacia las pymes que operan en sectores concretos, siendo el más común el turismo. Esto también queda patente en el hecho de que aproximadamente el 54 % de las pymes beneficiarias son de los sectores manufacturero y de las TIC (un 10 %), mientras que solo el 16 % pertenecen a los sectores del comercio al por mayor y minorista y el 6 % al de la hostelería, que se consideran sectores tradicionales. Ello se ve agravado por que, durante el último período de programación, el apoyo a las pymes se estructuró a la luz de la profunda crisis económica, dada la necesidad de desviar los recursos desde la innovación a sectores de crecimiento más genérico.

3.6.

Al mismo tiempo, los datos demuestran que, en los cinco años posteriores al inicio de la crisis en 2008, el número de pymes aumentó, mientras que el valor añadido y el número de empleados disminuyeron (19). Estos datos ponen de manifiesto que, durante este período, el «espíritu empresarial por necesidad» prevaleció sobre el «espíritu empresarial por oportunidad». Es obvio que las personas intentaban encontrar una forma de salir adelante en medio de la crisis y que las empresas intentaban sobrevivir, pero el apoyo no fue ni suficiente ni adecuado (20).

3.7.

Muchos estudios recientes han proporcionado pruebas claras de que existen diferencias significativas entre las necesidades de las pymes en el norte y el sur de Europa, con importantes diferencias a nivel nacional. Esta opinión también se ve plenamente respaldada en el Informe anual sobre las pymes europeas 2014-2015 de la Comisión Europea, según el cual el grupo de países con puntuaciones más bajas proviene principalmente del sur de Europa. Estos países declaran índices extremadamente bajos de éxito de los proyectos, entre otras cosas en el componente de pymes de Horizonte 2020.

3.8.

Un importante reto adicional para prestar apoyo efectivo a las pequeñas empresas familiares y tradicionales es que las políticas de promoción se basan, en su mayor parte, en el tamaño de las empresas que deben apoyarse y no en características más pertinentes que tienen un mayor impacto en sus actividades. Este enfoque podría estar anticuado y tener un objetivo demasiado amplio, además de no tener en cuenta las diferentes necesidades de los distintos grupos de pequeñas empresas familiares y tradicionales. Por ello, en sus dictámenes, el CESE ha insistido constantemente en la necesidad de disponer de políticas de promoción de pymes en Europa mejor orientadas y definidas de forma concreta, así como en la necesidad de actualizar la definición de pymes para reflejar mejor su variedad (21).

3.9.

El CESE expresa su preocupación por el hecho de que hasta la fecha tan solo un pequeño porcentaje de la ayuda del FEDER haya generado efectos documentados (22), y demostrado que tiene un efecto real en la economía. Ello pone en duda la repercusión real de los fondos invertidos para apoyar a las pymes, y el CESE insiste en que se realice una verdadera evaluación de impacto, incluido un análisis del apoyo concedido a las pequeñas empresas familiares y tradicionales.

3.10.

El FEDER no es la única fuente de apoyo a las pequeñas empresas familiares y tradicionales. Otras fuentes como el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (23), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (24), o el Fondo Social Europeo (FSE) (25), que pueden utilizarse por separado o a través de los instrumentos territoriales [desarrollo local participativo (DLP) e Inversiones Territoriales Integradas (ITI)], también ofrecen apoyo a las pymes. Pero no se centran en las pequeñas empresas familiares y tradicionales, a las que se destina un porcentaje ínfimo de los fondos. Según los representantes de las pequeñas empresas familiares y tradicionales, sus necesidades no se comprenden bien ni se satisfacen adecuadamente.

3.10.1.

Estos porcentajes podrían explicarse por el hecho de que, a la hora de diseñar los instrumentos de apoyo de las políticas, las administraciones y los responsables políticos europeos, nacionales y locales son demasiado rígidos en algunos aspectos y no tienen en cuenta los puntos de vista de los interlocutores sociales y las empresas, al objeto de comprender las necesidades reales de las pequeñas empresas y las microempresas.

3.10.2.

Por supuesto, la culpa no recae solo en la administración, sino también en las organizaciones intermediarias por no comunicar eficazmente las necesidades reales de las pymes. Un buen ejemplo de ello es que las pymes parecen mostrar una clara preferencia por las subvenciones a las empresas, frente al énfasis creciente en el debate político sobre financiación de capital, ayuda reembolsable y apoyo indirecto.

3.10.3.

Las asociaciones entre empresas y centros de investigación y el recurso a los agentes intermediarios a fin de proporcionar asistencia a las pymes también parecen estar menos desarrollados de lo previsto, a pesar de la gran atención que suscitan. Se alega que esta divergencia podría explicarse en parte por la crisis, pero, durante una recesión económica, los responsables políticos podrían haber optado por instrumentos políticos más «tradicionales» para apoyar las economías locales en un momento crítico.

3.10.4.

La posibilidad de utilizar diversos instrumentos financieros específicos prácticamente no existe para las pequeñas empresas familiares y tradicionales debido a las dificultades para aplicarlos y a la falta de experiencia y conocimientos.

4.1.

Las pequeñas empresas suelen tener un menor nivel de exportaciones como porcentaje del volumen de negocios que las empresas medianas y grandes, lo que sugiere una relación entre el tamaño de la empresa y las capacidades de exportación.

4.2.

El acceso a la financiación es un problema grave para las pymes y las empresas emergentes. En un documento informativo, el CESE llama la atención sobre el hecho de que el suministro inadecuado de financiación ha limitado la actividad de las pymes desde 2008 (26). Aunque la situación ha mejorado recientemente, el progreso ha sido más lento cuanto menor era la empresa, lo que sugiere una vez más la importancia del tamaño de las empresas para determinar sus necesidades y resultados. Además, las pymes recurren sobre todo a los préstamos bancarios para financiarse, pero el sistema bancario no está bien adaptado a ellas, en especial a las pequeñas empresas familiares y tradicionales.

4.3.

Recientemente, la ayuda financiera se ha centrado principalmente en las empresas emergentes —que representan una pequeña parte de las pymes de la UE—, pero la apremiante necesidad de capital para financiar empresas en expansión aún no se ha abordado adecuadamente, ni tampoco la necesidad de la gran mayoría de las empresas tradicionales de financiar únicamente sus actividades normales, que han sufrido con la crisis reciente. Existen informes sobre quiebras bancarias que han obligado a algunas pequeñas empresas a cesar la actividad debido a simples problemas de liquidez.

4.4.

Otra dificultad muy seria que las pymes soportan —en contraposición con las grandes empresas— se refiere al acceso a la información y nuevos mercados. También es más difícil contratar y conservar una mano de obra altamente cualificada y cumplir con cada vez más requisitos reglamentarios y burocráticos. Esta situación desfavorable se ve agravada aún más para las pymes de las regiones menos desarrolladas de la UE, que afrontan la falta de oportunidades para cooperar con empresas más grandes como parte de su cadena de valor, menos oportunidades para formar parte de agrupaciones («clusters») competitivas, un déficit de bienes públicos, un acceso a menos instalaciones e instituciones de apoyo y, a menudo, un declive de la población como clientes. Todos estos factores también pueden dar lugar a mayores costes para sacar los productos al mercado.

4.5.

Por lo tanto, para las pymes tradicionales y las situadas en las zonas menos desarrolladas de la UE, no son los instrumentos políticos centrados en el fomento de la innovación, acceso a nuevos mercados, internalización, acceso a los mercados de capitales, etc., los que tienen una importancia fundamental, sino los que ayudan a las pymes a mejorar y obtener mejores resultados en sus actividades esenciales, por ejemplo, los que facilitan un mejor acceso a la financiación bancaria común, la información, una mano de obra cualificada y oportunidades empresariales inmediatas (mejora de las operaciones diarias). Para estas empresas, iniciar un cambio de comportamiento tampoco tiene sentido a corto plazo, ya que primero es necesario cambiar el contexto global en el que operan.

4.6.

Mientras que en algunos países los viveros de empresas funcionan sin problemas, en otros los efectos positivos son muy limitados. El factor clave para el éxito es una cultura de intercambio de recursos organizativos y redes de apoyo, que en principio no están bien consolidados en las regiones menos desarrolladas de la UE.

4.7.

La importancia creciente de la producción con contenido de conocimientos como una ventaja competitiva incrementa aún más la heterogeneidad de las pymes, al diferenciar entre las pymes de gran crecimiento y otras pymes que ven frenado su desarrollo por obstáculos que tradicionalmente se vinculan a su pequeño tamaño, localización y base de clientes.

4.8.

El CESE insta a la Comisión a respaldar el enfoque «actuar primero a pequeña escala» y prestar una atención especial a las pequeñas empresas familiares y tradicionales cuando se elaboran los instrumentos de las políticas.

4.9.

Había muchas regiones menos desarrolladas en Europa hace 30 o 40 años, regiones separadas desde el punto de vista geográfico o funcional de los motores del crecimiento económico. Algunas ahora son prósperas debido a gobiernos locales abiertos, responsables y honestos, a la eficiente labor de las organizaciones empresariales locales y a la creación de redes locales de empresas que funcionan adecuadamente.

5.1.

El acceso a la financiación es un problema notorio. En comparación con las empresas grandes, las pequeñas empresas familiares y tradicionales registran una mayor variación en cuanto a rentabilidad, supervivencia y crecimiento, que se explica por las dificultades específicas que afrontan respecto de la financiación. Las pymes suelen tener que asumir tipos de interés más altos, así como un racionamiento del crédito debido a la falta de garantías. Las dificultades de financiación difieren de forma considerable entre las empresas que crecen lentamente y las que crecen rápidamente.

5.2.

La expansión de los fondos de capital de riesgo, los mercados de capital inversión, incluidos los mercados informales y los inversores providenciales (business angels), así como la microfinanciación colectiva y el desarrollo de la Unión de los Mercados de Capitales han mejorado en general el acceso al capital riesgo para determinadas categorías de pymes, pero es improbable que las pequeñas empresas familiares y tradicionales puedan beneficiarse mucho de esta evolución y seguirán dependiendo sobre todo de los préstamos bancarios tradicionales. Incluso para las empresas innovadoras, las empresas emergentes y las empresas medianas, estos instrumentos no son siempre fáciles de utilizar y siguen existiendo diferencias considerables entre los países debido al nivel de desarrollo de los mercados de capitales locales y la falta de legislación adecuada.

5.3.

La política de la Comisión para facilitar el acceso a la financiación mediante la concesión de garantías es positiva. Sin embargo, el régimen elegido parece generar distorsiones en el mercado de garantías y, en último término, consecuencias no deseadas en la actividad de las instituciones de garantía. Se dispone de pruebas empíricas (España constituye un buen ejemplo) de que los bancos comerciales sugieren explícitamente a sus actuales prestatarios que pidan una garantía emitida para ellos directamente por la UE en forma de garantía directa, de modo que el banco puede cubrir los riesgos actuales mediante la garantía sin necesidad de aumentar su clase de riesgo. Las «pymes desfavorecidas» (es decir, las que tienen dificultades para obtener créditos) se dejan de lado. Un mayor despliegue de recursos públicos, canalizados mediante contragarantías, incrementará la eficiencia del uso de los fondos públicos y generará un efecto de palanca más significativo en el mercado y la economía en general.

5.4.

Las cargas normativas locales y de la UE siguen siendo un obstáculo importante para las pequeñas empresas familiares y tradicionales, que suelen estar mal preparadas para afrontar los problemas derivados de la regulación excesiva. Esto exige que se facilite el acceso a la información sobre las disposiciones reglamentarias y se difunda mejor la información sobre normas técnicas y medioambientales. Los responsables políticos deben velar por que los procedimientos de cumplimiento no sean innecesariamente largos, complejos o costosos. Asimismo, las asociaciones empresariales locales deberían verificar de forma sistemática y en profundidad las nuevas disposiciones y su aplicación.

5.5.

Es necesario acceder a una mejor información, y no solo para los requisitos reglamentarios. La información sobre el entorno empresarial local y las oportunidades de mercado a nivel regional también es de vital importancia para las empresas familiares y tradicionales. Las nuevas tecnologías tienen un gran potencial para reducir el déficit de información si se diseñan para que sean fáciles de utilizar. Sería de gran ayuda crear una «ventanilla única» para que toda la información necesaria que afecta a las estrategias y decisiones de las empresas esté disponible en un solo lugar, como ya existe en algunos países. Las medidas para fomentar las redes de información deben ir encaminadas a personalizar las bases de datos y evitar la sobrecarga de información.

5.6.

Las recientes medidas para facilitar el acceso a los mercados se han centrado principalmente en los mercados internacionales. La política en este ámbito aspira a corregir las desventajas que sufren las pymes debido a su falta de acceso a los recursos humanos, a los mercados exteriores y a la tecnología. Pero, como se ha señalado antes, para las pequeñas empresas familiares y tradicionales esto suele tener poca importancia. Por tanto, los esfuerzos deben orientarse hacia una mejor coordinación entre los organizadores de misiones comerciales a nivel regional, así como a aportar más asistencia en la búsqueda de socios comerciales fiables. Otra posibilidad en el mismo ámbito es impulsar los esfuerzos para incrementar el «porcentaje» de contratos públicos que las pequeñas empresas obtienen en la contratación pública.

5.7.

Un problema muy específico que las pequeñas empresas familiares y tradicionales han sufrido recientemente es el acceso a la mano de obra cualificada. La situación demográfica se está deteriorando en zonas remotas y en muchas regiones que se están quedando rezagadas, por lo que en muchos lugares existe una importante escasez de mano de obra cualificada. Estas empresas necesitan, por consiguiente, ayuda para seleccionar y atraer recursos humanos, así como para formarlos. Los programas de formación no deben ser estacionales y deben adaptarse a cada caso. Debería establecerse un sistema para ofrecer estos programas regularmente, ya que las pequeñas empresas pueden tener que afrontar una alta tasa de rotación del personal.

5.8.

En las empresas familiares, es frecuente que los descendientes de la familia fundadora, o no, trabajen para la empresa. Ello forma parte de la tradición y es bueno para las empresas, ya que facilita una transición fluida de la propiedad de la empresa de una generación a otra o la familiaridad con el futuro trabajo. En tales casos, los propietarios/gestores siempre deben tener en cuenta que las condiciones laborales deben ser acordes con el Convenio n.o 182 de la OIT y el Convenio n.o 138 de la OIT sobre trabajo infantil.

5.9.

La formación es necesaria, pero no solo para los trabajadores de las pequeñas empresas familiares y tradicionales. En las zonas rurales y remotas los empleados de banca y las asociaciones de empresarios a menudo no conocen los diferentes programas y posibilidades que ofrece la Comisión ni los documentos y procedimientos correspondientes. Esta red de intermediarios es extremadamente importante para la eficacia de la ayuda a las pequeñas empresas familiares y tradicionales. Deben promoverse los programas de información y el intercambio de mejores prácticas entre estos intermediarios. También debería organizarse un único punto de contacto para todos los tipos de financiación y de programas.

5.10.

Una importante medida política debe ser mejorar la «calidad» de los propietarios/gestores de las pequeñas empresas familiares y tradicionales, ya que en ellas todo está directamente vinculado a este factor. Esto puede lograrse fomentando la formación o facilitando un acceso fácil a servicios de asesoramiento y consultoría. Debería fomentarse el aprendizaje permanente: herramientas educativas en línea sobre ámbitos como planificación empresarial, normas de producción, legislación sobre protección de los consumidores u otras normativas podrían constituir un paso en la buena dirección.

5.11.

Otra medida consiste en fomentar que las pequeñas empresas familiares y tradicionales reinviertan sus ganancias. Si reciben incentivos para ello, estas empresas serán más estables, menos dependientes de los préstamos bancarios y menos vulnerables a las crisis.

5.12.

Sería muy útil sintetizar las mejores prácticas de diversos países en sectores con abundantes pequeñas empresas familiares y tradicionales, como el turismo, la agricultura, la pesca, etc., y presentarlas a los Estados miembros.

2.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 81/9

Ponente:

Jean-Marc ROIRANT

1.1.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan un papel de primer orden en el fomento de una ciudadanía activa en Europa. Una democracia participativa necesita cuerpos intermediarios para hacer participar a los ciudadanos y fomentar su expresión en todos los espacios cívicos. La existencia de una sociedad civil organizada, independiente, fuerte y diversificada requiere una financiación pública adecuada.

1.2.

Más allá del deterioro del acceso a los fondos públicos, la reducción del espacio cívico, observado en algunos Estados miembros de la UE, es el elemento más peligroso para el funcionamiento de las OSC y para la democracia europea.

1.3.

El CESE considera que se debería instaurar un marco político y legislativo a nivel europeo y nacional para fomentar el desarrollo de una sociedad civil diversificada, cuya actividad se ajuste a los valores que reflejan los derechos fundamentales.

1.4.

Las instituciones europeas podrían entablar un auténtico diálogo civil europeo, como hacen a escala nacional algunos Estados miembros mediante la adopción de «cartas de compromisos recíprocos» o «pactos». Hay que retomar el debate sobre un estatuto europeo para las asociaciones y un estatuto de la fundación europea, y garantizar la aplicación del artículo 11 del TUE sobre el diálogo estructurado con la sociedad civil.

1.5.

La UE debería animar a los Estados miembros a mantener o desarrollar incentivos fiscales para las donaciones privadas, así como a redistribuir parte de sus ingresos fiscales a las OSC. La UE debería suprimir también los obstáculos a las donaciones transfronterizas mediante la coordinación de las legislaciones y de los procedimientos fiscales, e invertir en el desarrollo de la filantropía en toda la UE.

1.6.

Las instituciones europeas deberían garantizar la promoción de una imagen positiva de las organizaciones de la sociedad civil y velar por su independencia, en particular reforzando su capacidad de actuación y de compromiso en materia de innovación social y participación cívica.

1.7.

El CESE aboga por una estrategia que permita el desarrollo de una sociedad civil fuerte e independiente en Europa y el nombramiento de un Defensor de la UE en materia de libertades en el espacio cívico a quien las ONG podrían notificar los incidentes relacionados con el acoso o los obstáculos a su labor.

1.8.

En cuanto al futuro marco financiero plurianual, el CESE insta a las autoridades presupuestarias a aumentar su apoyo a las OSC, en particular mediante subvenciones de funcionamiento y financiaciones plurianuales.

1.9.

El CESE pide a la Comisión que proponga crear un fondo europeo para la democracia, los valores y los derechos humanos en la UE (1), que estaría provisto de una dotación presupuestaria ambiciosa y abierto directamente a las organizaciones de la sociedad, así como gestionado independientemente del mismo modo que la Dotación Europea para la Democracia (2), con la participación de representantes del CESE.

1.10.

Para fomentar la democracia participativa, el CESE considera que el programa Europa para los Ciudadanos debería disponer de una dotación de 500 millones EUR en el próximo marco financiero plurianual (MFP), de acuerdo con la propuesta del Parlamento Europeo (3). Del mismo modo, deberían incrementarse las acciones de Erasmus+ destinadas a la sociedad civil.

1.11.

El CESE pide a la Comisión que supervise la aplicación del Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones con la sociedad civil en el marco de los Fondos Estructurales. La Comisión debe también hacer un llamamiento a las autoridades nacionales y regionales a recurrir a las disposiciones sobre asistencia técnica, diseñadas para impulsar el desarrollo de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

1.12.

El CESE hace un llamamiento a un debate más exhaustivo sobre la manera de fomentar la participación de las OSC en los programas de investigación mediante el refuerzo de los vínculos entre investigadores y sociedad civil y la propuesta de un nuevo apartado sobre la participación cívica y la democracia en el marco del pilar «Retos de la sociedad» del futuro programa marco de investigación.

1.13.

Los objetivos de desarrollo sostenible y prioridades en materia de igualdad de género deberían integrarse en el futuro MFP.

1.14.

La UE debería mantener y reforzar su liderazgo como donante de ayuda humanitaria y cooperación internacional y fomentar de manera proactiva el pleno desarrollo de la sociedad civil.

1.15.

El CESE acoge positivamente la sugerencia que hace la Comisión en su propuesta de revisión del Reglamento Financiero consistente en contabilizar las horas dedicadas por los voluntarios como gastos subvencionables [una respuesta directa al Dictamen del CESE sobre «Instrumentos estadísticos para evaluar el voluntariado» (4)] y facilitar que las contribuciones en especie se consideren como cofinanciaciones. También acoge con satisfacción el informe del Parlamento que aboga por la simplificación en la supervisión de los fondos mediante, por ejemplo, la confianza mutua en las evaluación y auditorías, la agilización de las respuestas a los solicitantes, la firma de los contratos y la autorización de pagos. El CESE pide a las instituciones de la UE a que lleguen a un acuerdo sobre el texto propuesto que permita que se valoren justamente las horas dedicadas por los voluntarios.

1.16.

El fortalecimiento de la sociedad civil depende de un mejor acceso a la financiación por parte de las organizaciones más pequeñas y de los colectivos más desfavorecidos. Teniendo esto en cuenta, la Comisión debería prever diversas modalidades de financiación y seguir simplificando los trámites administrativos, facilitando formación y orientación sobre la ejecución de los contratos y las obligaciones financieras, al tiempo que garantiza una interpretación coherente por sus servicios del Reglamento Financiero.

1.17.

El CESE pide a la Comisión Europea que reaccione con prontitud adoptando medidas pertinentes, incluidos procedimientos de infracción contra los Estados miembros cuyas disposiciones administrativas o jurídicas nacionales restrinjan el acceso de las organizaciones nacionales de la sociedad civil a los fondos de la UE, y, en particular, cuando se impongan condiciones de financiación que obstaculicen su promoción.

2.1.

En muchos de sus dictámenes, el CESE ha analizado la cuestión del diálogo civil y la democracia participativa, así como la definición de dichos conceptos, la representatividad de los distintas partes interesadas y las medidas necesarias a escala europea. En particular, el CESE ha insistido en que la aplicación del artículo 11 del TUE (5) es extraordinariamente relevante para la UE, en busca de legitimidad democrática a los ojos de sus ciudadanos.

2.2.

Sin embargo, hasta ahora, la cuestión cómo puede la financiación contribuir a facilitar una ciudadanía activa y una democracia participativa no ha sido objeto de ningún dictamen específico.

2.3.

Es urgente analizar la distribución y la eficacia de la financiación de la Unión Europea en este sentido, ahora que las instituciones de la UE se disponen a debatir la propuesta de marco financiero plurianual para después de 2020 y están a punto de tomar una decisión sobre la revisión del Reglamento Financiero.

2.4.

Las cuestiones de financiación también están relacionadas con el reconocimiento del papel y el estatuto propios de los distintos interlocutores del diálogo civil europeo. El CESE ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de un estatuto para las asociaciones europeas (6).

2.5.

En el marco del presente dictamen, por «organizaciones de la sociedad civil» (en lo sucesivo, OSC) se entienden las organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, independientes de las instituciones públicas y de los intereses comerciales, cuyas acciones contribuyen a la consecución de objetivos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, como por ejemplo la inclusión social, la participación activa de los ciudadanos, el desarrollo sostenible en todas sus formas, la educación, la sanidad, el empleo, los derechos de los consumidores, las ayudas a los migrantes y refugiados, o los derechos fundamentales (7).

3.1.

Una sociedad civil comprometida, pluralista e independiente desempeña un papel fundamental en la promoción de la participación activa de los ciudadanos en el proceso democrático así como en la gobernanza y la transparencia en la esfera nacional y de la UE; también puede contribuir a instaurar políticas más equitativas y eficaces, así como a fomentar un desarrollo sostenible y un crecimiento inclusivo (8). En la medida en la que son capaces de «llegar a los grupos de población más pobres y desfavorecidos y permiten oír la voz de quienes no cuentan con otros canales de comunicación», las OSC refuerzan la participación y ayudan a definir las políticas europeas (9).

3.2.

Más allá de sus funciones cívicas y sociales, algunas OSC también intervienen en el sector denominado de la «economía social y solidaria» y, además, contribuyen de manera considerable a la creación de empleo.

3.3.

Las OSC tienen la particularidad de reunir en diversos proyectos a equipos de voluntarios altamente comprometidos y a empleados muy implicados. El voluntariado concebido como la expresión activa de la participación cívica que permite reforzar valores europeos comunes, como la solidaridad o la cohesión social, debe poder beneficiarse de un entorno propicio (10).

3.4.

Una auténtica democracia participativa necesita cuerpos intermediarios (sindicatos, organizaciones de empresarios y pymes, ONG y otros agentes sin ánimo de lucro, etc.) para hacer que participen los ciudadanos, fomentar una apropiación popular y cívica de los desafíos europeos así como construir una Europa más justa, más inclusiva y basada en una mayor solidaridad. Para que exista una sociedad civil organizada, fuerte y diversificada se necesita una financiación pública adecuada y un marco que facilite el acceso a diversas formas de financiación privada.

4.1.

A escala de la UE, muchos programas en diversos sectores (educación, cultura, social, ciudadanía, medio ambiente, derechos fundamentales, investigación, cooperación internacional, ayuda humanitaria, salud, etc.) incluyen objetivos específicos sobre participación de la sociedad civil, en particular en forma de proyectos. Las instituciones también han desarrollado subvenciones de funcionamiento, diseñadas en particular para fomentar la conexión en red de las organizaciones nacionales que intervienen en diversos sectores y temáticas sociales. Así, dichos apoyos financieros contribuyen a la formación de una «opinión pública europea».

4.2.

En lo que respecta a las políticas de ampliación y exterior, incluida la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, la UE ha desarrollado una política proactiva para fomentar el pleno desarrollo de la sociedad civil, en concreto mediante medidas específicas. De hecho, la UE es uno de los principales proveedores mundiales de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria y los ciudadanos europeos apoyan plenamente este enfoque (11).

4.3.

Sin embargo, dado que desde el 2000 no se han vuelto a evaluar las relaciones entre la UE y las OSC (en particular a la luz del artículo 11 del TUE) cuando la Comisión publicó un documento de reflexión preliminar en el marco del proceso de reforma administrativa, en el que subrayaba la necesidad de mantener un nivel elevado de financiación pública para apoyar el papel de las ONG, diseñar un enfoque coherente entre los distintos servicios de la Comisión y mejorar la gestión de las subvenciones.

4.4.

La financiación de las OSC se concentra fundamentalmente en el ámbito de la ayuda humanitaria y de la cooperación internacional. Según los datos de 2015, se asignaron 1 200 millones EUR a la financiación de ONG (aproximadamente el 15 % de la rúbrica «Una Europa global») (12), mientras que la financiación de las OSC en otros ámbitos sigue siendo bastante limitada: 0,08 % con arreglo a la rúbrica «Crecimiento sostenible: recursos naturales», 2,5 % según la rúbrica «Seguridad y ciudadanía» y menos del 0,009 % mediante la rúbrica «Crecimiento inteligente e integrador». Por ello, es urgente realizar una evaluación tanto de los importes como de la eficacia de las medidas previstas.

5.1.

Por otra parte, estudios y encuestas recientes, así como el desarrollo de medidas en algunos Estados miembros de la UE, muestran que la situación del espacio cívico se está deteriorando en la esfera nacional en determinados Estados miembros (13). La revisión de las perspectivas financieras en el nuevo marco financiero posterior a 2020, y de los programas de financiación en curso, no puede ignorar esta evolución.

5.2.

La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han condenado la reciente Ley húngara sobre la transparencia de las organizaciones que reciben financiación extranjera, promulgada en junio de 2017. Ello demuestra la necesidad de que Comisión se asegure de que las medidas adoptadas para luchar contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero no tengan consecuencias indeseadas en el acceso a la financiación y a los préstamos por parte de las OSC.

5.3.

En numerosos países europeos, asistimos a la aparición de medidas destinadas a añadir requisitos para la obtención de subvenciones por parte de las OSC, con el fin de limitar su función de apoyo o su capacidad de comparecer en juicio (14).

5.4.

En numerosos países, la crisis financiera y económica ha limitado la financiación pública de las OSC o la ha reorientado hacia subvenciones a corto plazo. Las formas de financiación que se centran principalmente en proyectos pueden empujar a las OSC a adaptar sus prioridades y a alejarse de su misión inicial y de las necesidades de la sociedad. En algunos países, los gobiernos favorecen organizaciones que siguen su línea estratégica (en detrimento de las demás) y con las que están en connivencia en el ámbito político, y se observa una creciente falta de transparencia en la asignación de las subvenciones.

5.5.

El CESE pide a la Comisión que supervise cuidadosamente la aplicación de las condiciones previas en la fase de evaluación de los programas, así como en lo que se refiere a los acuerdos de asociación, en particular en materia de empleo, inclusión social y no discriminación, medio ambiente, igualdad de género y derechos de las personas con discapacidad, participación y refuerzo de la capacidad institucional (15) de las organizaciones de la sociedad civil y transparencia de los procedimientos de adjudicación de contratos, y que suspenda los pagos cuando no se respeten dichas condiciones. El CESE recuerda asimismo a la Comisión que supervise la aplicación del artículo 125 sobre la obligación de las autoridades de gestión de aplicar procedimientos y criterios de selección transparentes y no discriminatorios. El CESE pide al Tribunal de Cuentas Europeo que en su próximo informe evalúe el cumplimiento de estas disposiciones en lo que se refiere a los procedimientos de selección de las ONG.

5.6.

El auge del extremismo y el populismo y todos los actos antidemocráticos suponen un reto para la totalidad del acervo democrático y crean un clima hostil a los cuerpos intermediarios. Por lo tanto, hay que corroborar la importancia del papel de las OSC e incrementar la ayuda financiera que les otorga la UE.

5.7.

El CESE aboga por el nombramiento de un Defensor de la UE en materia de libertades en el espacio cívico a quien las ONG también podrían notificar los incidentes relacionados con el acoso o los obstáculos a su labor.

6.1.

El CESE considera que se debería instaurar un marco político y legislativo de alcance europeo y nacional para fomentar el desarrollo de una sociedad civil diversificada, cuyas actividades se ajusten a los valores anclados en los derechos fundamentales.

6.2.

Las instituciones europeas deberían promocionar una imagen positiva de las OSC y velar por su independencia, en particular reforzando su capacidad de actuación y de compromiso en materia de innovación social y participación cívica, que se vincula frecuentemente con la financiación.

6.3.

Las instituciones europeas podrían evolucionar hacia el reconocimiento y el establecimiento de asociaciones con órganos representativos de la asociación, creando así las condiciones necesarias para un auténtico diálogo civil europeo, como hacen algunos Estados miembros mediante la adopción de «cartas de compromisos recíprocos» o «pactos», y aplicando el artículo 11 del TUE y demás compromisos internacionales (16).

6.4.

También es urgente retomar los debates sobre un estatuto para las asociaciones europeas -propuesto por la Comisión en 1992 (17) así como un estatuto de la fundación europea– que permitiría fomentar el reconocimiento de las OSC y su cooperación a escala europea y que sería complementario al Estatuto de la Sociedad Anónima Europea adoptado en 2004 (18).

6.5.

El CESE considera que la UE debería animar a los Estados miembros a mantener los incentivos fiscales existentes desarrollar para las donaciones privadas y desarrollar otros nuevos, así como a redistribuir parte de sus ingresos fiscales a las OSC, eliminando al mismo tiempo los obstáculos a las donaciones transfronterizas mediante la coordinación de las legislaciones y de los procedimientos fiscales, y a invertir en el desarrollo de la filantropía en toda la UE.

6.6.

En cuanto al futuro marco financiero plurianual (MFP), el CESE hace un llamamiento a las autoridades presupuestarias revisar al alza el apoyo a las OSC, en particular mediante subvenciones de funcionamiento y financiaciones plurianuales con el fin de fomentar el desarrollo de las iniciativas a largo plazo.

6.7.

Desde la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales, no ha habido ningún auténtico programa de apoyo a la sociedad civil en materia de derechos humanos en los Estados miembros de la UE. El importante apoyo que se brindó a la sociedad civil de los Estados de Europa Central y Oriental en el momento de su adhesión a la UE no se ha prolongado mediante otros mecanismos de financiación. Las recientes repercusiones del auge del terrorismo y de los movimientos extremistas o populistas muestran la necesidad de invertir más en la sociedad civil y de garantizar la cohesión entre países en lo referente a la evolución de la sociedad civil.

6.8.

El CESE pide a la Comisión que proponga crear un fondo europeo para la democracia, los valores y los derechos humanos en la UE (19), provisto de una dotación presupuestaria ambiciosa y de acceso directo para las OSC de toda Europa, incluidas las asociaciones de defensa de los derechos humanos que desempeñan un papel importante en la promoción y la protección de los valores europeos fundamentales. El fondo debería asumir los costes operativos, así como los procesales y los ocasionados por las actividades de vigilancia, así gestionarse independientemente del mismo modo que la Dotación Europea para la Democracia (20), con la participación de representantes del CESE.

6.9.

El programa Europa para los Ciudadanos es el único programa europeo que contribuye específicamente a la reducción del déficit democrático, permitiendo a todos los ciudadanos europeos participar directamente en la construcción europea, pero su financiación es demasiado limitada. Ahora que se cuestionan los valores europeos y la democracia, el CESE considera que este programa debería disponer de una dotación de 500 millones EUR en el próximo MFP, de acuerdo con la propuesta del Parlamento Europeo (21). Del mismo modo, deberían incrementarse las acciones de Erasmus+ destinadas a la sociedad civil.

6.10.

A excepción de los interlocutores sociales, la mayoría de las OSC tienen problemas para acceder a los Fondos Estructurales, especialmente debido a los requisitos de cofinanciación. Por consiguiente, no se recurre suficientemente a las disposiciones sobre asistencia técnica diseñadas para impulsar el desarrollo de las capacidades, disposiciones que a menudo están infrautilizadas y reservadas a las administraciones públicas. El Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones con la sociedad civil, que es el instrumento clave, no se ha aplicado correctamente en la mayoría de los países (22). Incluso cuando se invita a las OSC a participar en comités de supervisión, su papel es limitado.

6.11.

El CESE pide a la Comisión Europea que reaccione con prontitud adoptando medidas pertinentes, incluidos procedimientos de infracción contra los Estados miembros cuyas disposiciones administrativas o jurídicas nacionales restrinjan el acceso de las organizaciones nacionales de la sociedad civil a los fondos de la UE, y, en particular, cuando se impongan condiciones de financiación que obstaculicen su promoción.

6.12.

Por su relación y contactos permanentes con los ciudadanos y las actividades sobre el terreno, las OSC son conscientes de los desafíos y las necesidades de la sociedad; sin embargo, su papel sigue siendo muy marginal en materia de investigación. El Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) también comporta barreras de acceso para las OSC. El CESE hace un llamamiento a un debate más exhaustivo sobre la manera de fomentar los vínculos entre investigadores y sociedad civil y propone un nuevo apartado sobre la participación cívica y la democracia en el marco del pilar «Retos de la sociedad» del futuro programa marco de investigación.

6.13.

El desempleo juvenil se mantiene en niveles elevados y es uno de los problemas más urgentes que debe abordar la UE, que cuenta con un creciente número de jóvenes en riesgo de exclusión social. Con este telón de fondo, la financiación europea debería apoyar más a las OSC que invierten en el desarrollo de las cualificaciones y competencias de los jóvenes mediante el aprendizaje no formal.

6.14.

En materia cultural, la mayoría de las subvenciones no están adaptadas a las OSC que opera en el sector, de manera que se ven privadas del acceso a diversos instrumentos financieros disponibles, como por ejemplo los préstamos. Queda pendiente un verdadero trabajo en cuanto a la dimensión europea de la cultura, en un contexto en el que se expresan cada vez más los puntos de vista populistas y basados en la identidad. La UE debería también prestar más apoyo, en particular a través de Europa Creativa, a las producciones culturales independientes, e invertir en el desarrollo y la sostenibilidad de los medios de comunicación locales sin ánimo de lucro.

6.15.

En cuanto a la cooperación al desarrollo, la UE debería invertir más en acciones de cooperación centradas en los ciudadanos, incluidas acciones en materia de igualdad de género, gobernanza, derechos humanos, derechos medioambientales, resiliencia a los cambios climáticos, educación y protección social, en particular mediante un enfoque temático país por país que asocie estrechamente a la sociedad civil.

6.16.

El diseño del futuro MFP también debería tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y las prioridades en materia de igualdad de género.

6.17.

El fortalecimiento de la sociedad civil depende de un mejor acceso a la financiación por parte de las organizaciones más pequeñas y de los colectivos más desfavorecidos. En este contexto, la Comisión Europea debería considerar diversas modalidades de financiación y emprender iniciativas más concertadas para simplificar las gestiones administrativas. Deberían preverse de manera más sistemática mecanismos para otorgar subvenciones en cascada, como los que se utilizan en el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos o en el marco de las subvenciones del EEE. Las subvenciones debería concederlas un operador nacional independiente mediante licitación (23).

6.18.

El acceso a los fondos por parte de las OSC de los países de Europa Central y Oriental sigue siendo proporcionalmente limitado. La Comisión Europea debería reforzar sus acciones para informar sobre diversos fondos destinados a las OSC y fomentar más la cooperación entre organizaciones.

6.19.

También sería útil poner en práctica un seguimiento más sistemático y un apoyo a las organizaciones beneficiarias, proporcionando formación en materia de obligaciones contractuales y auditorías, así como a las distintas direcciones generales responsables de la aplicación del Reglamento Financiero.

6.20.

Deberían ponerse a disposición de los candidatos potenciales bases de datos que incluyan una descripción de los proyectos ya realizados y buenas prácticas con el fin de fomentar la innovación y las asociaciones. La Comisión debería proseguir sus esfuerzos para aligerar la carga administrativa impuesta por el proceso de solicitud y en la gestión de la financiación, en concreto mediante un sistema de solicitud en línea único para los distintos programas.

6.21.

La evaluación de los programas gestionados directamente por la Comisión debería ser más transparente y también más minuciosa, teniendo en cuenta el elevado número de solicitudes de subvenciones europeas y el bajo porcentaje de éxito. Además, la retroalimentación de información permitiría mejorar a las OSC que hayan sufrido un fracaso e incrementar la confianza en el proceso de selección.

6.22.

Deberían reducirse significativamente los plazos para la notificación de los contratos, la firma de los contratos y los pagos, con el fin de limitar la necesidad de préstamos bancarios como consecuencia de la falta de liquidez.

6.23.

El CESE pide a la Comisión que vuelva a evaluar las cuantías de la cofinanciación, especialmente para las organizaciones más pequeñas que tienen muchas dificultades para recaudar más fondos y las que se dedican a promoción, como las organizaciones de defensa de los consumidores, las asociaciones ecologistas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las que se dedican a promocionar la ciudadanía, y más teniendo en cuenta que las normas de cofinanciación aumentan precisamente la carga administrativa que soportan las OSC y los riesgos que ello representa dada la divergencia existente en las normas contractuales y financieras en función de los donantes.

6.24.

El CESE acoge muy positivamente la sugerencia que hace la Comisión en su propuesta de revisión del Reglamento Financiero (24) consistente en contabilizar las horas dedicadas por los voluntarios como gastos subvencionables y facilitar que las contribuciones en especie se consideren como cofinanciaciones. Esta propuesta es una respuesta directa al llamamiento efectuado por el CESE, expresado en su Dictamen sobre «Instrumentos estadísticos para evaluar el voluntariado» (25). El CESE se congratula también por el informe del Parlamento, así como la propuesta del Consejo de introducir una excepción a la norma de no producir beneficios para las asociaciones sin ánimo de lucro. El CESE pide a las instituciones de la UE a que lleguen a un acuerdo sobre el texto propuesto que permita que se valoren justamente las horas dedicadas por los voluntarios.

6.25.

La transparencia en el acceso y el control de la financiación debería mejorar mediante la definición de unas orientaciones claras para los controles de la Comisión y, en el caso de que la financiación proceda de varios donantes, la posibilidad de tener en cuenta evaluaciones y selecciones de socios participantes ex ante, así como de comprobaciones y auditorías ex post efectuadas por otros donantes.

6.26.

Además, el acceso de los ciudadanos a la cuantía y a la finalidad de la financiación debería verse facilitado mediante la reforma del sistema de transparencia financiera de la Comisión, que debería incluir pagos anuales en lugar de compromisos plurianuales y ser más fiable gracias a la armonización de las distintas bases de datos de los programas. Por otra parte, las ONG deberían seguir aplicando las normas de transparencia más severas para la presentación de informes.

6.27.

Por último, la Comisión debería desarrollar un diálogo constructivo y un seguimiento entre las distintas direcciones generales y las OSC, con el fin de evaluar las buenas y malas prácticas y de desarrollar un enfoque más coherente.

2.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 81/16

Ponente:

Tom JONES

1.1.

El CESE considera que, pese al creciente desequilibrio demográfico y el declive de la actividad económica tradicional en muchos pueblos y pequeñas ciudades, existen suficientes indicios de buenas prácticas para confiar en un futuro sostenible para muchos, si no todos, los asentamientos rurales. Estos asentamientos pueden ser catalizadores de una renovación y un desarrollo sostenible más amplios de las zonas rurales.

1.2.

Sin embargo, para poder ser optimistas es necesario realizar un esfuerzo sostenible y global, que asocie a personas y recursos financieros a todos los niveles de gobierno y en los tres tipos de actividad: sector privado, sector público y sociedad civil.

1.3.

El CESE apoya plenamente la iniciativa de la Comisión Europea «Pueblos Inteligentes», en particular, habida cuenta de los compromisos contraídos en relación con la cooperación entre direcciones generales. Los Programas de Desarrollo Rural nacionales o regionales (PDR), que la DG AGRI cogestiona con los Estados miembros, son esenciales, pero no llegarán nunca a movilizar recursos suficientes para esta iniciativa sin recurrir a inversiones públicas nacionales, regionales o locales. El CESE destaca y apoya el próximo dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Pueblos Inteligentes» (1).

1.4.

Una banda ancha rápida, tanto móvil como fija, no solo es fundamental para las posibilidades de un desarrollo económico y social inteligente de los pueblos y las pequeñas ciudades, sino que debe ser plenamente accesible, tal como quedó garantizado por «la comprobación del impacto en las zonas rurales», que constituye uno de los aspectos destacados de la Declaración de Cork 2.0 de 2016.

1.5.

Los servicios públicos de educación, formación, salud y asistencia social, así como el cuidado de niños, deberían ser accesibles, estar integrados y ser innovadores a la hora de utilizar los avances tecnológicos.

1.6.

Las autoridades de ordenación del territorio en las zonas rurales deberían promover un proceso que permita renovar edificios abandonados en pueblos y pequeñas ciudades, garantizando un impuesto sobre bienes inmuebles comerciales poco elevado para las empresas emergentes, así como contribuciones compensatorias de los proyectos de comercio minorista en las zonas periféricas. Cuando se ponga a disposición este tipo de edificios renovados, deberán tenerse en cuenta las necesidades tanto de las ONG locales como de los sectores público y privado.

1.7.

La escasa conectividad de los transportes es otro problema que debe abordarse, y se recomienda el transporte compartido o la propiedad colectiva de autobuses y automóviles en caso de ausencia del sector privado.

1.8.

En la medida de lo posible, se debería animar a los empresarios a promover el teletrabajo y aprovechar las ventajas potenciales de la cooperación entre las zonas rurales y urbanas. En este contexto, revisten especial importancia la contribución del turismo tanto agrícola como rural, las actividades relacionadas con la salud y la estrategia de marca (branding) aplicada a los productos de la agricultura y la artesanía locales, así como la ampliación de la oferta de eventos culturales e históricos. Gracias al apoyo operativo del Programa de Desarrollo Rural (PDR), los empresarios cuentan con la posibilidad de atraer inversiones extranjeras y desarrollar y comercializar productos con un valor añadido.

1.9.

La gobernanza en el plano más local es un asunto de ámbito nacional o regional. No obstante, los pueblos y las pequeñas ciudades deben dotarse de mayores competencias y mejorar su acceso a los recursos financieros para hacer prevalecer y respaldar la voluntad de sus ciudadanos.

1.10.

Es necesario apoyar plenamente la iniciativa Leader y los grupos de acción local en sus esfuerzos encaminados al desarrollo local animando a las empresas, tanto privadas como sin ánimo de lucro, a ponerse en marcha y crecer, así como a garantizar un espíritu colectivo comprometido y solidario. Una mayor cooperación permitiría ampliar estos esfuerzos a través del desarrollo local participativo.

1.11.

Ante todo, los habitantes de los pueblos y las pequeñas ciudades deberían comprometerse con el desarrollo de un sentimiento de pertenencia a una comunidad que fomente en su seno la asunción de liderazgo. Las escuelas y los mentores locales deberían promover el liderazgo. Los líderes emergentes necesitan el pleno apoyo de los organismos consultivos y las ONG, que tienen acceso a buenas prácticas e iniciativas similares pertinentes.

1.12.

Los pueblos emergentes de desarrollo inteligente deberían servir de modelo a nivel regional, nacional y de la UE. Las instituciones de la UE y sus partes interesadas deberían organizar cada año un día de celebración para promover el éxito y la cohesión de las comunidades de los pueblos y las pequeñas ciudades.

1.13.

Para reforzar y desarrollar un verdadero espíritu de colaboración entre las ciudades o las grandes aglomeraciones y sus asentamientos vecinos, el CESE apoya las recomendaciones del documento de la asociación RED (2) de 2016, titulado «Engrandecer Europa con los territorios rurales», así como el proyecto piloto de hermanamiento de ciudades de la Carnegie Trust. Los principios del desarrollo sostenible y la economía circular deben aplicarse a las asociaciones rurales y urbanas.

1.14.

El Comité apoya el llamamiento realizado en el Manifiesto Rural Europeo, aprobado por el Segundo Parlamento Rural Europeo (PRE) en noviembre de 2015, a favor de «una mayor cooperación entre comunidades, organizaciones y autoridades en las zonas rurales y urbanas, con el fin de sacar el máximo provecho de los vínculos sociales, culturales y económicos que esta cooperación puede aportar; así como un intercambio dinámico de ideas y buenas prácticas entre las partes interesadas en las zonas rurales y urbanas».

1.15.

El CESE recomienda que el Banco Europeo de Inversiones establezca regímenes de ayuda a medida para las pequeñas empresas rurales, tanto privadas como sociales, incluidas las cooperativas, conforme al compromiso contraído en su programa para el período 2017-2019.

1.16.

Se debería apoyar al Consejo Europeo de los Jóvenes Agricultores (CEJA) y a organizaciones de representación de los jóvenes a fin de preparar el terreno para los foros de la juventud en las comunidades locales, que impulsarán acciones en función de sus necesidades y aspiraciones. Deben participar en mayor medida en el desarrollo de soluciones económicas y sociales, y es necesario adecuar la formación, la tutoría y las ayudas financieras a sus aspiraciones.

1.17.

El objetivo de desarrollo sostenible 11 de las Naciones Unidas hace referencia a las ciudades y comunidades. Los pueblos y las pequeñas ciudades sostenibles deberían figurar bajo el título «comunidades».

1.18.

Los valores culturales de los pueblos y las pequeñas ciudades deberían ocupar un lugar destacado tanto en la publicidad previa como en las iniciativas que se emprenderán a lo largo del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. Las personas mayores que residen en los pueblos pueden desempeñar un papel importante en la promoción de las tradiciones y la cultura, por lo que deben crearse las condiciones para que puedan participar activamente en este ámbito.

1.19.

El Comité recomienda el intercambio de buenas prácticas a todos los niveles, como ya se hace bajo los auspicios de la ENRD, la ELARD, Ecovast y el PRE, y como se ve reflejado en el documento «The Best Village in the World» (El mejor pueblo del mundo) (3).

2.1.

Las zonas rurales constituyen una parte fundamental de Europa, de la que dependen sectores económicos esenciales como la agricultura y la silvicultura. Las comunidades de los pueblos y las pequeñas ciudades se sitúan en estas zonas rurales y forman parte de ellas, y siempre han sido lugares en los que las personas viven y trabajan.

2.2.

En las zonas rurales, las pequeñas ciudades constituyen un núcleo para los pueblos y las aldeas de los alrededores. A su vez, las pequeñas ciudades se sitúan en los alrededores de las grandes zonas urbanas. Todas son interdependientes. Además, contribuyen de manera esencial a la cooperación entre las zonas rurales y urbanas –un concepto fomentado por la DG REGIO (4) y la OCDE–, en cuyo marco ambas partes participan en pie de igualdad en la gestión y la planificación de su futuro. Los pueblos y las pequeñas ciudades de toda Europa han experimentado numerosas transformaciones, tanto económicas como sociales, y siguen enfrentándose a la necesidad de adaptarse a las circunstancias actuales.

2.3.

Junto con la agricultura y la silvicultura, los pueblos y las pequeñas ciudades no solo constituyen la «columna vertebral» de las zonas rurales, sino que proporcionan empleo, servicios y educación tanto a su población como a la de los pueblos y las aldeas de los alrededores. A su vez, las pequeñas ciudades forman parte de los alrededores de las grandes aglomeraciones y las ciudades. En todas las regiones, se forjan relaciones entre las zonas rurales y las urbanas. Las zonas rurales y urbanas se prestan servicios las unas a las otras: las zonas urbanas dependen de las zonas rurales para el suministro de alimentos y constituyen un mercado para los productos del campo, mientras que las zonas rurales ofrecen actividades recreativas y tranquilidad a la población urbana.

2.4.

En numerosas zonas rurales existe un tradicional y muy arraigado sentido de pertenencia a la comunidad. No obstante, esta tradición tiende a disminuir, y muchas de las zonas rurales más remotas también han sido objeto de abandono y dejación.

3.1.

En las últimas décadas, las comunidades rurales se han enfrentado a una serie de desafíos en relación con la tendencia a centralizar numerosos servicios para realizar economías de escala, la evolución del transporte y los desplazamientos y el cambio de estilo de vida. Las empresas de servicios locales están abandonando las comunidades rurales; muchos comercios, servicios bancarios y postales están desapareciendo y las pequeñas escuelas rurales están cerrando.

3.2.

En las zonas rurales, el desempleo no es perceptible porque el nivel es bajo en comparación con el número de parados en las zonas urbanas, si bien las zonas rurales se enfrentan al problema añadido que plantea el acceso a la asistencia de las oficinas de empleo, situadas en las zonas urbanas, y padecen, en muchos casos, una disminución de la oferta de transporte público. Puede que la tasa de desempleo sea baja debido al elevado número de jóvenes que se han marchado por motivos de formación, educación o empleo, mientras que muchos de los que se quedan trabajan a cambio de una remuneración escasa.

3.3.

El erario público, tan importante a la hora de apoyar a las comunidades rurales, está sujeto a cada vez más presión desde el punto de vista presupuestario, debido al aumento general del coste de la vida y de la prestación de los servicios.

3.4.

La inversión en carreteras y autopistas fomenta el uso del automóvil particular como la forma más sencilla de desplazarse al trabajo. En la actualidad, los habitantes de las zonas rurales están mucho más dispuestos a recorrer distancias más largas, aunque esto hace que dependan menos del empleo o la prestación de servicios en su comunidad local.

3.5.

Las pautas de consumo han cambiado. Los ciudadanos suelen realizar sus compras en el lugar donde trabajan, generalmente en una gran ciudad o aglomeración, en lugar de su pueblo o pequeña ciudad. Asimismo, compran por internet y los productos se entregan a domicilio. Todo ello ha contribuido a la desaparición de los comercios locales.

3.6.

Los jóvenes están abandonando las zonas rurales en busca de formación, educación y empleo en las ciudades. Si no se mantiene el empleo en las zonas rurales será difícil lograr que la juventud se sienta de nuevo atraída por las comunidades rurales. Urge poner la voz de los jóvenes en el centro de la democracia local. Es necesario apoyar las organizaciones de representación de los jóvenes para fomentar la participación en la gobernanza. Asimismo, los organismos económicos y sociales deberían asegurarse de que su asesoramiento y apoyo financiero tienen en cuenta los intereses de los jóvenes.

3.7.

La cohesión entre las generaciones se ve amenazada por el desequilibrio numérico entre los diferentes grupos de edad. La disponibilidad de medidas de empleo específicas, así como de escuelas y guarderías, junto con el acceso a viviendas asequibles en las zonas rurales es esencial para permitir que los jóvenes y las familias con hijos permanezcan o vuelvan a las comunidades rurales. Las personas en comunidades a veces tienen diferentes puntos de vista sobre la actividad económica local. Han de darse diálogo y comprensión para equilibrar la tranquilidad con iniciativas adecuadas para la creación de empleo.

4.1.

La iniciativa de la Comisión Europea «Pueblos Inteligentes» es crucial, en particular debido a los compromisos de cooperación contraídos por las direcciones conjuntas. El Programa de Desarrollo Rural de la DG AGRI no llegará nunca a movilizar recursos suficientes para esta iniciativa sin recurrir a los de otras direcciones generales, y sin inversiones públicas nacionales, regionales o locales. Tras su evaluación, se deberá incluir esta iniciativa piloto en cualquier nuevo programa regional y de la política agrícola común. Asimismo, la iniciativa debe ampliarse para incorporar a las pequeñas ciudades como parte del «renacimiento rural».

4.2.

La banda ancha es esencial para todas las zonas rurales. La mejora de la cobertura de la banda ancha, tanto móvil como fija, podría servir de ayuda en una amplia gama de actividades, no solo en el desarrollo empresarial y la capacidad para trabajar desde casa, sino también en la mejora de la calidad de la vida cotidiana de las personas. Asimismo, posibilitaría el aprendizaje en línea, el acceso a una mejor atención sanitaria y la comercialización de servicios disponibles en línea. Existen ejemplos de buenas prácticas, que muestran cómo las comunidades en las zonas rurales se han visto beneficiadas por un mejor acceso a internet. Debería ofrecerse un aprendizaje básico que permitiera en especial a los ciudadanos de edad avanzada utilizar internet.

4.3.

En la medida de lo posible, se debería animar a los empresarios a promover el trabajo a distancia y aprovechar las ventajas potenciales de la cooperación entre las zonas rurales y urbanas. Gracias al apoyo operativo del Programa de Desarrollo Rural (PDR), los empresarios cuentan con la posibilidad de atraer inversiones extranjeras y desarrollar y comercializar productos con un valor añadido como, por ejemplo, productos alimenticios, bebidas, paisajes y patrimonio histórico, y actividades culturales, sanitarias y recreativas, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las capacidades artesanales y medioambientales rurales.

4.4.

Los servicios públicos de educación, formación, salud y atención social deberían integrarse, agruparse y ser innovadores a la hora de utilizar los avances tecnológicos, para evitar la discriminación y la exclusión, en especial de las personas mayores y los adolescentes que residen en zonas rurales. La dispersión de las administraciones públicas podría servir de ejemplo en la reducción de la saturación y la contaminación en las ciudades, promoviendo al mismo tiempo un sentimiento de equidad rural. Los entes locales están llamados a desempeñar un papel clave en la ordenación del territorio en las zonas rurales, y para garantizar y apoyar una acción positiva en las comunidades rurales a fin de contribuir a garantizar su futuro. Los proveedores de servicios podrían compartir edificios, o los edificios no utilizados podrían adaptarse para acoger nuevas actividades comerciales, lo que permitiría crear nuevos puestos de trabajo susceptibles de brindar oportunidades para una mayor actividad económica. Cuando se ponga a disposición este tipo de edificios renovados, deberán tenerse en cuenta las necesidades tanto de las ONG locales como de los sectores público y privado.

4.5.

Es necesario seguir trabajando para desarrollar un verdadero espíritu de colaboración entre las ciudades o las grandes aglomeraciones y sus asentamientos vecinos, para que compartan, sobre la base de condiciones mutuamente aceptadas, un sentimiento de pertenencia, una estrategia de marca e inversiones conjuntas. En 2016, la asociación RED recomendó, junto con otras organizaciones, una estrategia política europea para los territorios rurales de aquí a 2030 (5). Otro ejemplo es el proyecto de hermanamiento de ciudades de la Carnegie Trust. Los principios del desarrollo sostenible y la economía circular deben aplicarse a las asociaciones rurales y urbanas.

4.6.

En noviembre de 2015, el Segundo Parlamento Rural Europeo (PRE) aprobó el Manifiesto Rural Europeo. La red del PRE, que cuenta con socios en 40 países europeos, está trabajando en los temas expuestos en el Manifiesto. El PRE tiene como objetivo lograr «una mayor cooperación entre comunidades, organizaciones y autoridades en las zonas rurales y urbanas, con el fin de sacar el máximo provecho de los vínculos sociales, culturales y económicos que esta cooperación puede aportar; así como un intercambio dinámico de ideas y buenas prácticas entre las partes interesadas en las zonas rurales y urbanas». Todos los socios trabajan en diversos ámbitos como «Pequeñas ciudades», «Servicios e infraestructuras sostenibles» y «Desarrollo rural integrado y Leader/CLLD». Este trabajo dará lugar a un informe que se someterá para debate al Tercer Parlamento Rural Europeo, que se celebrará en octubre de 2017, en Venhorst (Países Bajos).

4.7.

El Banco Europeo de Inversiones debería establecer regímenes de ayuda a medida para las pequeñas empresas rurales, tanto privadas como sociales, incluidas las cooperativas, conforme al compromiso contraído en su programa para el período 2017-2019 y ejemplificado mediante su apoyo a la empresa Niki’s Sweets, en Agros, en los montes Troodos de Chipre.

4.8.

El sector del voluntariado es muy activo en las zonas rurales y contribuye a coordinar acciones y fomentar la colaboración entre las personas. Las empresas sociales y comunitarias, como las 300 empresas socioeconómicas en Dinamarca que tienen permitido utilizar la denominación «RSV» (empresa socioeconómica registrada o «Virksomhed», en danés) o la cafetería Cletwr, en la región central del País de Gales, están contribuyendo cada vez más a sustituir los servicios públicos y privados que habían desaparecido. Estas iniciativas están en línea con los conceptos de responsabilidad social de las empresas (RSE). En este sentido, el apoyo y asesoramiento de organizaciones como la Fundación Plunkett es importante para crear y mantener la sostenibilidad de las empresas sociales y comunitarias.

4.9.

Los residentes de los pueblos y las pequeñas ciudades proceden de todas las clases sociales y profesionales, y todos deben tener voz en sus respectivas comunidades locales. El nivel más bajo de la administración pública —las juntas parroquiales o los municipios (pequeños)— no solo debería participar en la toma de decisiones a escala local, sino que debería reforzarse y empoderarse para satisfacer esta necesidad. Las personas se enorgullecen de sus comunidades locales, lo cual puede percibirse como una baza y utilizarse para animar a otras partes interesadas a participar. Los empresarios jubilados y las personas que han trabajado en los sectores público o civil tienen muchas capacidades que ofrecer. Los programas europeos y locales ejecutan proyectos que han contribuido al desarrollo de asociaciones locales en pueblos y pequeñas ciudades, y de este proceso han surgido muchos emprendedores en las comunidades. Proceden de todos los sectores, y se han erigido en embajadores de sus comunidades.

4.10.

Los pueblos y las pequeñas ciudades son un elemento importante de la cultura europea. A menudo mantienen sus costumbres y tradiciones locales. Estos asentamientos rurales suelen ser «históricos», y en su arquitectura pueden apreciarse los materiales de construcción locales y los estilos que han ido evolucionando con el paso del tiempo. A diferencia de los centros de las ciudades de mayor tamaño, los de las pequeñas ciudades en muchos casos han conservado más comercios locales y no se han visto invadidos por las fachadas estándar impuestas por las cadenas comerciales. Asimismo, los pequeños asentamientos rurales están estrechamente vinculados a los paisajes en los que se ubican. El entorno forma parte del ambiente de los pueblos y las pequeñas ciudades y refleja sus diversos orígenes: posiciones de defensa en la cima de una colina, lugares de cruce de ríos, asentamientos a lo largo de manantiales, junto a lagos, en islas, en la costa, etc. Los valores culturales de los pueblos y las pequeñas ciudades deberían ocupar un lugar destacado tanto en la publicidad previa como en las iniciativas que se emprenderán a lo largo del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. Las personas mayores que residen en los pueblos pueden desempeñar un papel importante en la promoción de las tradiciones y la cultura, por lo que deben crearse las condiciones para que puedan participar activamente en este ámbito.

4.11.

Estos pueblos y pequeñas ciudades poseen recursos valiosos que pueden utilizarse para mantener o mejorar sus economías locales. Están vinculados a la producción local agrícola, silvícola y energética, así como al turismo agrícola y rural, las actividades relacionadas con la salud, los festivales culturales, la protección del medio ambiente y la educación. Existen cientos de ejemplos en toda Europa, como Kozard, en Hungría, o Alston Manor, en Inglaterra, que podrían seguir otras ciudades. El informe de Ecovast, «The Importance of Small Towns» (La importancia de las pequeñas ciudades) también representa una valiosa aportación para describir y comprender la importancia del papel que desempeñan los pueblos y las pequeñas ciudades.

4.12.

Las futuras políticas rurales que se acordaron con entusiasmo en septiembre de 2016, en la Conferencia de Cork 2.0, deberían ayudar a los Estados miembros y las regiones a desarrollar políticas rurales de apoyo y promover proyectos al amparo de los programas europeos. La comprobación del impacto en las zonas rurales, descrita en la Declaración de Cork 2.0, es fundamental para la UE, los Estados miembros y las regiones.

4.13.

La metodología de la iniciativa Leader de la UE y las iniciativas de desarrollo local participativo (DLP) emprendidas por la población local proporcionan herramientas de asistencia destinadas a reforzar y empoderar a las comunidades rurales. Esta iniciativa y los grupos de acción local pueden apoyar los esfuerzos locales encaminados a animar a las empresas, tanto privadas como sin ánimo de lucro, a ponerse en marcha y crecer, así como a garantizar un espíritu colectivo comprometido y solidario. Hasta 2014, la iniciativa Leader contó con el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Sin embargo, desde 2015, otros Fondos Estructurales y de Inversión pueden ejecutar la metodología a través de la financiación múltiple y el desarrollo local participativo. Para ello, es necesario mejorar la cooperación, y se pueden encontrar buenos ejemplos en casos como IRD Duhallow y SECAD, en el condado de Cork, o PLANED, en el País de Gales, donde durante años se ha puesto en práctica un desarrollo local participativo de carácter ascendente.

4.14.

Existen numerosos proyectos rurales, emprendidos en el marco de los programas europeos, que muestran de manera eficaz una gran variedad de buenas prácticas en pueblos y pequeñas ciudades. Las buenas prácticas también ponen de manifiesto la necesidad y el valor de los intermediarios a la hora de apoyar a empresarios y pequeños colectivos.

2.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 81/22

Ponente:

Cillian LOHAN

1.1.

El concepto de justicia climática considera el cambio climático global una cuestión política y ética y no una cuestión estrictamente medioambiental. Se suele enmarcar en un contexto global de interdependencia espacial y temporal y reconoce que las personas más vulnerables y pobres de la sociedad son a menudo quienes sufren en mayor medida el impacto de las repercusiones del cambio climático, pese a que son precisamente estos grupos los que menos responsabilidad tienen por las emisiones que ha generado la crisis climática. En el presente dictamen, de forma más general, la justicia climática reconoce la necesidad de analizar la equidad del impacto a menudo desproporcionado que el cambio climático tiene para los ciudadanos y las comunidades de las economías en desarrollo y de las economías desarrolladas.

1.2.

El CESE considera que todos los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable y a esperar que los gobiernos asuman la responsabilidad de sus compromisos nacionales y contribuciones determinadas a nivel nacional con arreglo al Acuerdo de París sobre los factores y amenazas del cambio climático, reconociendo no solo los aspectos medioambientales y económicos más obvios, sino también las repercusiones sociales.

1.3.

El CESE propone que se entable un debate sobre una Carta de los Derechos Climáticos de la UE que sancione los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza de la UE, a la vista de los retos que plantea la crisis mundial del cambio climático. Si bien reconoce el liderazgo de la UE a la hora de abogar por un sólido y justo sistema climático internacional, el CESE insta a las instituciones de la UE y a los gobiernos nacionales a que examinen la aplicación de los principios de justicia climática en todos los niveles: mundial, europeo, nacional y local. El proceso del Semestre Europeo podría utilizarse como instrumento para lograr este objetivo. La justicia climática se refiere a la justicia tanto para las personas como para el medio ambiente del que dependemos: ambos están interconectados. A este respecto, el CESE recuerda dos iniciativas recientes: el Pacto Mundial por el Medio Ambiente y el proyecto de declaración universal de los derechos de la humanidad.

1.4.

Los sistemas de producción y de consumo deben cambiar para adaptarse al cambio climático y mitigarlo. Esta transición deberá tener lugar en todo el mundo y en el contexto sectorial, y la UE puede desempeñar un papel de liderazgo. Es necesario identificar y apoyar adecuadamente a los trabajadores y sectores empresariales más vulnerables. En particular, los sistemas alimentarios y las partes interesadas correspondientes deben recibir apoyo durante la transición. El consumo sostenible de alimentos debe comenzar en la fase previa de preparación del suelo y gestión de los sistemas naturales a fin de proporcionar el principal componente de los alimentos. La UE debe proporcionar un liderazgo claro promoviendo la gestión sostenible y la protección de los suelos.

1.5.

El poder de los consumidores para efectuar la transición solo podrá aprovecharse cuando estos tengan alternativas éticas y sostenibles que no den lugar a una reducción significativa de la comodidad o la calidad en términos de servicio, uso o accesibilidad. Pueden desarrollarse alternativas viables para los consumidores gracias a los nuevos modelos económicos, por ejemplo la economía digital, la economía colaborativa y la economía circular, así como a través de la cooperación internacional en la transición global y sectorial a esos modelos.

1.6.

Habría que utilizar mecanismos de apoyo como dinero público, instrumentos económicos e incentivos para garantizar una infraestructura y un apoyo adecuados a los consumidores que deseen optar por un estilo de vida con bajas emisiones de carbono, incluidas ayudas para soportar los elevados costes de los productos y servicios éticos, de larga duración o sostenibles, garantizando al mismo tiempo que no se socave la competitividad.

1.7.

Debe llevarse a cabo un análisis detallado del desplazamiento de los empleos en una economía hipocarbónica y deben determinarse oportunidades tan pronto como sea posible, ya que ello permitirá diseñar y ejecutar las políticas que sean más eficaces para garantizar la protección de los trabajadores y el mantenimiento de su calidad de vida en una transición justa.

1.8.

El CESE reitera su llamamiento en favor de un Observatorio Europeo de la Pobreza (1) que reúna a todas las partes interesadas para contribuir a definir indicadores europeos de la pobreza energética. Justicia para todos los ciudadanos significa garantizar que se suministra energía limpia, asequible y accesible para todo el mundo.

1.9.

El CESE pide que se ponga fin a las subvenciones a los combustibles fósiles y que se impulse la transición hacia las energías renovables.

1.10.

Las políticas eficaces de sostenibilidad dependen de que se garantice que los apoyos a la transición están claramente identificados y ordenados por prioridades y cuentan con financiación adecuada. Al mismo tiempo, la UE debe entablar negociaciones internacionales muy exhaustivas para lograr un acuerdo mundial que pueda mitigar los factores del cambio climático y apoyar un modelo económico más sostenible a nivel mundial.

2.1.

El presente dictamen de iniciativa se elabora en el marco del programa de trabajo del Observatorio de Desarrollo Sostenible para 2017. La justicia climática es un tema que nos afecta a todos y, no obstante, sigue percibiéndose una falta de actuación al respecto en el nivel de la UE, algo que brinda al CESE la oportunidad de tomar la iniciativa y formular las primeras propuestas al respecto, en particular en relación con Europa. Son muchos los aspectos de la justicia climática que deben aún profundizarse y discutirse, como, por ejemplo, la cuestión del reparto mundial e individual de los derechos de emisión.

2.2.

El CESE desea adoptar una posición institucional a fin de aportar los puntos de vista de la sociedad civil organizada de la UE al debate sobre el impacto del cambio climático y la mejor manera de abordarlo de forma justa y equitativa.

2.3.

Habida cuenta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) adoptados a escala internacional, del Acuerdo de París y de que las consecuencias del cambio climático ya son perceptibles, es preciso imprimir un mayor sentido de urgencia para alcanzar la justicia climática con acciones concretas.

3.1.

El concepto de justicia climática considera el cambio climático global una cuestión política y ética y no una cuestión estrictamente medioambiental. Reconoce que las personas más vulnerables y pobres de la sociedad son a menudo quienes sufren en mayor medida el impacto de las repercusiones del cambio climático. El concepto se suele enmarcar en un contexto global de interdependencia espacial y temporal, esto es, centrándose en las responsabilidades de los países que se han desarrollado a partir de la explotación de los recursos naturales.

3.2.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible van más allá de sus predecesores (Objetivos de Desarrollo del Milenio) reconociendo la responsabilidad mutua, la apropiación, la acción colectiva y la necesidad de procesos de participación integradores. Si bien reconoce el liderazgo de la UE a la hora de abogar por un sólido y justo sistema climático internacional, el CESE anima a las instituciones de la UE y a los gobiernos nacionales a adoptar medidas de justicia climática en todos los niveles: mundial, europeo, nacional y local. El proceso del Semestre Europeo podría utilizarse como instrumento para lograr este objetivo. Por lo tanto, en el presente dictamen, la justicia climática reconoce la necesidad de analizar la equidad del impacto a menudo desproporcionado que el cambio climático tiene para los ciudadanos y las comunidades de las economías en desarrollo y de las economías desarrolladas.

3.3.

Existe un problema de resistencia a las políticas sobre cambio climático, y la percepción de que penalizan al ciudadano medio, a sectores específicos (sector agroalimentario o sector del transporte), o a las comunidades y personas que dependen de los combustibles fósiles, a pesar de los beneficios de estas políticas.

3.4.

Distintas iniciativas políticas se centran en ámbitos y sectores en los que los retos climáticos tienen una influencia considerable como, por ejemplo, la salud, el transporte, la agricultura y la energía. La justicia climática puede aportar un planteamiento integrado global para garantizar que la transición a una economía hipocarbónica se lleve a cabo de forma justa y equitativa.

3.5.

Importa señalar que la justicia climática no solo tiene que ver con los afectados por el cambio climático sino también con los afectados por los factores que lo impulsan, en razón de su dependencia de bienes, servicios y estilos de vida que van asociados a emisiones elevadas y una baja eficiencia en el uso de los recursos.

4.1.1.

El CESE considera que todos los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable y a esperar que los gobiernos asuman la responsabilidad de sus compromisos nacionales y contribuciones determinadas a nivel nacional con arreglo al Acuerdo de París sobre los factores y amenazas del cambio climático, reconociendo no solo los aspectos medioambientales y económicos más obvios, sino también las repercusiones sociales.

4.1.2.

El pilar de derechos sociales de la UE debe servir de guía para un proceso renovado de convergencia hacia mejores condiciones de vida y trabajo en los Estados miembros. Se basa en veinte principios, muchos de los cuales sufrirán las consecuencias directas del cambio climático o, indirectas, debido a la necesidad de transición hacia nuevos modelos económicos.

4.1.3.

El CESE propone que se entable un debate, en el contexto de los derechos humanos y los derechos sociales, sobre la elaboración de una Carta de los Derechos Climáticos. Esta Carta cubriría los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza, habida cuenta de los retos que plantea la crisis del cambio climático. A este respecto, el CESE recuerda el proyecto de declaración universal de los derechos de la humanidad, elaborado por Corinne Lepage, con vistas a la COP21 en 2015.

4.1.4.

Los derechos de la naturaleza han sido reconocidos en diferentes países del mundo mediante un procedimiento legislativo. Por ejemplo, en 2015 en los Países Bajos, una ONG, la Fundación Urgenda, ganó un juicio por cuestiones climáticas contra el gobierno. El Tribunal Supremo de los Países Bajos confirmó en firme el principio de que el gobierno puede ser considerado jurídicamente responsable de la no adopción de medidas suficientes para evitar daños previsibles derivados del cambio climático. En Bélgica y en Noruega se están preparando casos similares. Por otro lado, iniciativas como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente, puesto en marcha el 24 de junio de 2017, abordan la necesidad de una gobernanza medioambiental mundial equitativa, completando la «tercera generación de derechos» por medio de un instrumento de referencia general, transversal y universal.

4.1.5.

Es preciso garantizar que las personas más vulnerables de la sociedad no tengan siempre que soportar las repercusiones injustas y que los costes de la transición hacia un modelo económico que tenga en cuenta el clima se distribuyan de forma equitativa entre el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el principio de quien contamina paga debería aplicarse en el nivel de quienes originan la contaminación y se lucran con ella, y no en el nivel de los usuarios finales en los casos en que no existe una alternativa viable. El CESE ya ha examinado con anterioridad si este importante principio se aplica de manera rigurosa y pertinente (2).

4.1.6.

Se producirá un aumento de todos los tipos de migración (incluidos los refugiados climáticos) debido a las personas desplazadas (3). Ya se ha visto lo mal preparados que estamos en la UE para hacer frente a esta situación y las cargas desproporcionadas que ello supone para todos los Estados miembros. En este contexto, el CESE ya ha puesto de manifiesto cómo los procesos económicos desequilibrados pueden contribuir a la desestabilización (4).

4.1.7.

En el nivel de la UE todavía no existe un instrumento separado aplicable a las «personas desplazadas por motivos medioambientales», tal y como ha concluido un estudio recientemente elaborado por el Parlamento Europeo sobre los refugiados climáticos. La Directiva sobre protección temporal es un instrumento políticamente complicado para hacer frente a eventuales desplazamientos masivos, y el CESE respalda la posición de que el Tratado de Lisboa incluye un mandato suficientemente amplio para revisar la política de inmigración a fin de regular el estatuto de «personas desplazadas por motivos medioambientales».

4.2.1.

Los sistemas de producción de alimentos y las dietas se modificarán para adaptarse al cambio climático y mitigarlo. Todos los ciudadanos son dependientes del sector agroalimentario (a saber, los agricultores, las familias, los participantes en la cadena de suministro y los consumidores) y, por consiguiente, la transición hacia una sociedad hipocarbónica deberá garantizar que las personas que se vean afectadas recibirán ayuda y apoyo para superar los cambios. Por otra parte, esta transición deberá tener lugar globalmente y en el contexto sectorial, y la UE puede desempeñar un papel de liderazgo.

4.2.2.

El cambio climático entraña enormes retos para la agricultura europea en su calidad tanto de factor impulsor de este cambio como por el hecho de ser uno de los sectores en que antes se notan las repercusiones.

4.2.3.

El sector debe redefinirse por su contribución a los sistemas de absorción naturales, como los servicios ecosistémicos, que pueden atenuar algunos de los efectos del cambio climático. Estos deberían gozar de reconocimiento y la financiación pública, mediante la PAC, debería orientarse a apoyar estos servicios que presta el sector agrícola, como consecuencia de su objetivo de producción de alimentos. Esta idea general se fundamenta en un dictamen aprobado recientemente (5).

4.2.4.

El consumo sostenible de alimentos debe comenzar en la fase previa de preparación del suelo y gestión de los sistemas naturales a fin de proporcionar el principal componente de los alimentos. El CESE subraya que es preciso iniciar un debate sobre la necesidad de una Directiva marco sobre el suelo y proporcionar un liderazgo claro sobre la importancia de promover la gestión sostenible y la protección de los suelos (6). La protección del suelo y su función en los servicios ecosistémicos es uno de los temas claves de la actual Presidencia estonia del Consejo de la UE (7).

4.2.5.

El CESE fomenta el concepto de producción y consumo sostenibles. Que se logre un consenso sobre la necesidad de cambiar las actitudes sobre el consumo de carne dependerá de que se determinen las oportunidades y los apoyos necesarios para garantizar una transición justa para quienes dependan de este sector de la industria agroalimentaria.

4.2.6.

Se trata de un sector al que afectan también los factores que impulsan el cambio climático, en particular, por su dependencia de los combustibles fósiles desde la producción alimentaria, pasando por la transformación, hasta el transporte y el envasado. Es necesario formular políticas que reconozcan la naturaleza dependiente del actual modelo agroalimentario y deberá planearse una ruta viable hacia un futuro sostenible y respetuoso con el clima para los agricultores.

4.2.7.

Las políticas medioambientales no tienen por qué entrar en conflicto con las necesidades inmediatas del sector agrícola, si se consideran como la aplicación de mecanismos de apoyo para facilitar la transición hacia una sociedad hipocarbónica.

4.3.1.

El poder de los consumidores para efectuar la transición solo podrá aprovecharse cuando estos tengan una alternativa ética y sostenible que no dé lugar a una reducción significativa de la comodidad o la calidad en términos de servicio, uso o accesibilidad. Pueden desarrollarse alternativas viables para los consumidores gracias a los nuevos modelos económicos, por ejemplo la economía digital, la economía colaborativa y la economía circular, así como a través de la cooperación internacional en la transición global y sectorial a esos modelos.

4.3.2.

El principio de quien contamina paga se ha aplicado erróneamente con demasiada frecuencia y se han impuesto gravámenes a los consumidores, cuando estos no disponen de alternativas viables. Los consumidores deben tener una alternativa antes de que la fijación del precio pueda erigirse en un instrumento eficaz para impulsar el cambio de comportamiento en la dirección requerida.

4.3.3.

El impuesto sobre las bolsas de plástico es un buen ejemplo de cómo los consumidores deben pagar un pequeño impuesto pero tienen a su disposición opciones sustitutorias, por ejemplo, usar una bolsa propia o utilizar la caja que facilita el comerciante. Cuando los impuestos se aplican de esta manera, puede lograrse un cambio de comportamiento a gran escala.

4.3.4.

En cambio, gravar los combustibles fósiles (por ejemplo, la gasolina) en el nivel de los consumidores puede provocar el descontento y el desvío de la renta disponible hacia los combustibles. También puede impulsar la aparición de un mercado ilegal secundario, mientras se mantienen los beneficios de quien produce el contaminante en primer lugar. Esta situación se ve agravada por la falta de delimitación de este tipo de impuestos en la mayoría de los casos. Los ciudadanos consideran que las políticas en materia de cambio climático van asociadas a una penalización injusta de quienes no disponen de otra alternativa y deben operar en una economía centrada en los combustibles fósiles.

4.3.5.

Habría que invertir mecanismos de apoyo como dinero público e instrumentos económicos para garantizar una infraestructura y un apoyo adecuados a los consumidores que deseen optar por un estilo de vida con bajas emisiones de carbono, incluidas ayudas para soportar los elevados costes de los productos y servicios éticos, de larga duración o sostenibles. Esto puede adoptar la forma de asociaciones público-privadas. La industria del automóvil es un buen ejemplo —digno de imitación— de planes de financiación respaldados por los fabricantes para mejorar el acceso de los consumidores a los nuevos vehículos. En otros sectores podrían ofrecerse tipos de sistemas de apoyo similares, por ejemplo, para los grandes electrodomésticos y la modernización de los hogares o empresas.

4.3.6.

Existe una contradicción climática en el hecho de utilizar fondos públicos para apoyar e invertir en sistemas e infraestructuras que aumentan la dependencia de los usuarios finales de los factores que impulsan el cambio climático, al mismo tiempo que se trabaja para limitar y gestionar los efectos de este mismo cambio. Los consumidores se hallan expuestos en primera línea a las consecuencias de esta situación. Elegir entre pagar más por las opciones que contaminan o no utilizarlas no es una elección «justa» para ofrecer a los ciudadanos.

4.3.7.

Existe la percepción de que un estilo de vida sostenible y unas pautas de consumo sostenibles solo son compatibles con el hecho de disponer de una renta elevada. Las opciones éticas, respetuosas con el clima y sostenibles no son accesibles a todos por igual. Un sistema de fijación de precios que incorpore los costes climáticos (como la intensidad de uso de los recursos) de los bienes y servicios debería contar con el apoyo de un marco político que rebata esta percepción y mejore la accesibilidad para todos los consumidores.

4.3.8.

La legislación de protección de los consumidores de la UE es anterior al reconocimiento por parte de las Naciones Unidas en 1999 del consumo sostenible como un derecho básico de los consumidores y, por consiguiente, no lo menciona (8). El CESE reitera su llamamiento en pro de una política que promueva el consumo sostenible, que es particularmente pertinente en el contexto de los ODS y de la iniciativa sobre la economía circular.

4.3.9.

Sin una alternativa, el consumidor no tiene otra opción sino la de pauperizarse o adoptar malas decisiones, decisiones poco saludables o decisiones insostenibles, por lo que desarrolla un rechazo hacia las políticas «medioambientales», que percibe como sanciones para el usuario final. Mientras tanto, quienes se beneficien de este sistema no pagan sino que ganan más dinero, con lo que aumentan las desigualdades, disimuladas bajo la apariencia de una política medioambiental, contradiciendo los principios de sostenibilidad.

4.4.1.

Es fundamental proteger a todos los trabajadores durante la transición, tanto a aquellos poco capacitados o con capacidades no transferibles como a los que ocupan puestos altamente cualificados. Es necesario identificar y apoyar adecuadamente a los trabajadores y sectores más vulnerables. La automatización de los puestos de trabajo como parte de la economía hipocarbónica podría conducir a la desaparición de determinados empleos (9).

4.4.2.

El reciclaje y la educación son algunos de los medios para lograr esta protección. Los trabajadores que pierdan su empleo como consecuencia del cambio climático o como resultado de la necesidad de poner fin a la dependencia de los factores que impulsan el cambio climático no deberían ser quienes paguen el precio por este cambio.

4.4.3.

Determinar tempranamente las capacidades necesarias para permitir la plena participación en estos nuevos modelos económicos es parte de la solución, pero estas competencias también han de cartografiarse en el contexto del empleo actual y las dependencias del modelo insostenible vigente.

4.4.4.

Es importante proteger y preservar a las comunidades en la medida de lo posible y facilitar una transición con el menor impacto posible sobre el bienestar, tanto social como económico, de los afectados.

4.4.5.

En los nuevos modelos económicos, incluida las economías funcional, colaborativa y circular, pueden definirse con claridad nuevas oportunidades En este sentido, la UE debería iniciar las negociaciones internacionales necesarias para trabajar en pro de la consecución de un modelo económico mundial.

4.5.1.

El cambio climático y las causas del cambio climático entrañan costes para la salud. Pueden medirse por el número de muertes y enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, por ejemplo, y suponen un coste tanto para la sociedad como para los sistemas sanitarios públicos. Dichos sistemas necesitan examinar el papel que el cambio climático y las causas del cambio climático desempeñan en su sector.

4.5.2.

Existe una correlación entre salud y bienestar personal y la posibilidad de acceder a la naturaleza (IEEP). Muchos Estados miembros afrontan retos sociales y de salud como la obesidad, los problemas de salud mental, la exclusión social, el ruido y la contaminación atmosférica, que afectan de manera desproporcionada a los grupos desfavorecidos y vulnerables desde el punto de vista socioeconómico.

4.5.3.

Invertir en naturaleza no solo corrige el problema del cambio climático en términos de desinversión en contaminantes, sino también en cuanto a inversión en capacidad de almacenamiento de carbono de los ecosistemas naturales. Los beneficios para la salud que pueden derivarse de ello son dobles: prevención del aumento de las enfermedades y promoción de un estilo de vida saludable que mejore la salud de los ciudadanos y las comunidades. Reconocer este aspecto contribuye a garantizar decisiones políticas equilibradas, informadas y basadas en pruebas.

4.6.1.

La producción de energía renovable en términos de porcentaje del consumo de electricidad ha aumentado en más del doble entre 2004 y 2015 en la UE (del 14 % al 29 %). Sin embargo, en el sector de la calefacción, la construcción y la industria, la demanda de energía y transporte sigue siendo enorme. Se progresa, pero a partir de una base muy baja: por ejemplo, la cuota de energías renovables en el consumo de combustibles en el transporte ha pasado del 1 % al 6 % en el mismo período.

4.6.2.

La pobreza energética es un problema en toda Europa y, aunque su significado y contexto puedan variar de un país a otro, constituye otro ejemplo de la necesidad de garantizar que las políticas sobre el cambio climático se centren en proteger a los más vulnerables.

4.6.3.

El CESE reitera su llamamiento en favor de un Observatorio Europeo de la Pobreza (10) que reúna a todas las partes interesadas para contribuir a definir indicadores europeos de la pobreza energética. Justicia para todos los ciudadanos significa garantizar que se suministra energía limpia, asequible y accesible para todo el mundo.

4.6.4.

Las políticas que ayuden a abordar el problema que constituye la pobreza energética en la UE también pueden constituir soluciones para establecer una infraestructura y un suministro de energía limpia, mediante el desplazamiento de las subvenciones y la coordinación de la voluntad política.

4.6.5.

Las políticas que respaldan las subvenciones a los combustibles fósiles, directa o indirectamente, constituyen una inversión del principio de que quien contamina paga: en este caso, se paga al contaminador. Muchas de estas subvenciones son imperceptibles para el usuario final pero, en última instancia, proceden de los recursos públicos. En un reciente dictamen (11) se han explicado las razones para suprimir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente en la UE, mientras que en un posterior dictamen sobre el inventario de las políticas de desarrollo sostenible de la UE (12) se destaca la necesidad de cumplir los compromisos existentes para eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y promover de forma más enérgica la reforma de los impuestos medioambientales.

4.6.6.

Las ayudas deberían ser accesibles a todos y las subvenciones deberían centrarse en las energías renovables, mientras que deberían eliminarse urgentemente las subvenciones a los factores que impulsan el cambio climático, y las exenciones deberían concederse de manera más justa, en concreto no a quienes pueden permitirse pagar más ni tampoco a quienes obtienen beneficios con los contaminantes. En la actualidad, según el FMI, las subvenciones a los combustibles fósiles ascienden a 10 millones de dólares estadounidenses por minuto en todo el mundo. Eliminar estas subvenciones aumentaría los ingresos públicos en un 3,6 % del PIB mundial, recortaría las emisiones en más del 20 %, reduciría a la mitad el número de muertes prematuras por contaminación atmosférica e incrementaría el bienestar económico mundial en 1,8 billones USD (2,2 % del PIB mundial). Esta cifra pone de relieve el carácter injusto del sistema actual.

4.6.7.

Las políticas eficaces de sostenibilidad dependen de que se garantice que los apoyos a la transición están claramente identificados y ordenados por prioridades y cuentan con financiación adecuada.

2.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 81/29

Ponente:

Alfred GAJDOSIK

Coponente:

Thomas WAGNSONNER

1.1.

El CESE respalda una política de desarrollo que entiende el desarrollo como un proceso que tiene lugar entre países en igualdad de condiciones, basado en el respeto y las decisiones soberanas. La financiación y la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) acordados en el marco de las Naciones Unidas requieren esfuerzos coordinados a escala mundial. Se subraya que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas podría desempeñar un papel aún más importante como foro adecuado para las cuestiones fiscales. De este modo, se garantizaría que los trabajos se orientaran hacia los ODS de la Agenda 2030 y se impulsaría la participación de todos los países en pie de igualdad.

1.2.

En el contexto de los acuerdos internacionales sobre la reforma del derecho fiscal internacional (por ejemplo, el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE (BEPS, por sus siglas en inglés), debería evaluarse el impacto de estos esfuerzos internacionales de reforma en relación con los ODS y tenerlos más en cuenta en el desarrollo futuro de las políticas fiscales internacionales. El CESE señala que la consecución de los ODS requiere recursos financieros. Sin embargo, muchos países afrontan importantes retos a la hora de generar ingresos públicos mediante el cobro de impuestos. Esto se debe a la dificultad de establecer sistemas de impuestos sobre la renta e impuestos al consumo en los países en desarrollo y la competencia fiscal global relacionada con el impuesto de sociedades, así como al diseño de los convenios de doble imposición con los Estados miembros de la UE. Otros factores son las restricciones de capacidad y una insuficiente transmisión de información.

1.3.

El CESE acoge con satisfacción que la Unión Europea y sus Estados miembros hayan realizado esfuerzos considerables en el marco de las reformas internacionales para afrontar los puntos débiles del sistema fiscal internacional. Acoge favorablemente estos esfuerzos, que necesitan respaldarse y aplicarse de manera eficaz y, en última instancia, ser objeto de un seguimiento regular. Estas reformas las han llevado a cabo, en primer lugar, los principales países desarrollados que forman parte de la OCDE. Debería considerarse si las Naciones Unidas, dada su composición global que se nutre particularmente de países en desarrollo, constituirían un foro más adecuado para el desarrollo mundial de la política fiscal internacional. El CESE es consciente de que el Comité sobre Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas carece de recursos y de personal. Por ello, deberían proporcionarse a las Naciones Unidas medios suficientes.

1.4.

La acción de la UE en materia de transparencia fiscal internacional y el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios tendrán también repercusiones en los países en desarrollo. El CESE acoge con satisfacción que el Parlamento Europeo (PE) y la Comisión Europea ya hayan expresado su opinión sobre los puntos de interconexión de las cuestiones de política fiscal y de política de desarrollo. Se acoge con satisfacción la Plataforma de Buena Gobernanza Fiscal establecida por la Comisión Europea. El conjunto de instrumentos que allí se presenta como documento de trabajo sobre los efectos indirectos de los convenios de doble imposición constituye un fundamento recomendable para que los Estados miembros consideren la posibilidad de revisar los acuerdos de este tipo con los países en desarrollo.

1.5.

El CESE señala que en un informe del Parlamento Europeo de 2015 se pedía que se introdujera una serie de mejoras, que aún no se han aplicado. En este contexto, el CESE se remite a sus anteriores dictámenes y, en particular, a los dictámenes sobre los informes desglosados por país y la lucha contra el blanqueo de capitales mediante declaraciones sobre los registros públicos de propietarios. El CESE señala que se está elaborando una lista de jurisdicciones fiscales no cooperadoras. Alienta a que se realicen mayores esfuerzos para llevar a la práctica las peticiones del PE y recomienda que se aborden las críticas formuladas por las organizaciones no gubernamentales. Es conveniente impulsar la introducción mundial de estas medidas a través de acuerdos fiscales internacionales al objeto de mejorar la información de que disponen las autoridades fiscales de los países en desarrollo. El objetivo debería estribar en conseguir a escala mundial las mismas normas, en cuya redacción los países en desarrollo pudiesen participar en igualdad de condiciones.

1.6.

El CESE pide que se garantice la coherencia entre las políticas fiscales internacionales de los Estados miembros y los objetivos de las políticas de desarrollo, con el fin de evitar conflictos entre las políticas fiscales de los diferentes países y las prioridades de desarrollo conjuntas.

1.7.

El CESE considera que la evaluación de impacto de la política fiscal internacional de los Estados miembros constituye una manera de evaluar el impacto de los CDI y los incentivos fiscales en los países en desarrollo. Estos estudios deberían fomentarse y transformarse en una práctica habitual. En caso de posibles conflictos con las políticas europeas de desarrollo, sería útil que la Unión Europea también realizara por su lado este tipo de análisis. Los convenios de doble imposición actuales deberían revisarse y los convenios nuevos deberían tener en cuenta estas consideraciones.

1.8.

El Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE, cuyo uso actualmente está muy extendido, se ha desarrollado primordialmente teniendo presentes los intereses de los países desarrollados. Por ello, el CESE recomienda que, al negociar convenios de doble imposición con países en desarrollo, los Estados miembros de la UE tengan más en cuenta las necesidades de estos países. El CESE señala que también se ha elaborado un modelo de convenio de las Naciones Unidas, basado en el acuerdo de la OCDE, para regular la fiscalidad entre los países en desarrollo y los países desarrollados y, con este fin, conceder más derechos fiscales a los países de la fuente.

1.9.

El CESE ha apoyado que la inversión privada fomente el desarrollo, cuando dicho desarrollo se ajusta a los ODS y mantiene los derechos económicos, medioambientales y sociales básicos, los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Trabajo Decente. La seguridad jurídica es un factor importante para apoyar un clima económico favorable a la inversión y, por lo tanto, también para la inversión extranjera directa. Dado que las cuestiones fiscales están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, lo correcto sería que las empresas pagaran impuestos donde se generan los beneficios por el valor añadido (por ejemplo, producción, extracción de materias primas).

1.10.

El CESE señala que, en el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, la UE y sus Estados miembros se han comprometido a colaborar con los países socios para impulsar la fiscalidad progresiva, las medidas anticorrupción y las políticas redistributivas así como para combatir los flujos financieros ilícitos. No obstante, la política fiscal debería ser una parte aún más importante de la política europea de desarrollo. El CESE acoge favorablemente el compromiso de la Comisión Europea con los foros regionales y las organizaciones de la sociedad civil de los países en desarrollo que trabajan en el ámbito de la fiscalidad. Las organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo desempeñan un papel de control y apoyo, incluso en el ámbito fiscal, por lo que deberían participar en mayor medida y recibir más respaldo. El apoyo a medidas de desarrollo de capacidades fiscales adecuadas, incluidos el aprendizaje entre pares y la cooperación Sur-Sur, tendría un impacto duradero en los proyectos de desarrollo.

1.11.

En el contexto de las obligaciones de presentación de información de las empresas, la buena gobernanza en materia de fiscalidad debería ser parte integrante de la responsabilidad social de las empresas.

1.12.

El CESE recomienda que se incluyan cláusulas de buena gobernanza fiscal en todos los acuerdos pertinentes entre la UE y terceros países o regiones para fomentar el desarrollo sostenible.

1.13.

El CESE recomienda que se examine si los acuerdos de libre comercio, nuevos o revisados, entre la UE y los países en desarrollo constituyen una oportunidad para evaluar los acuerdos fiscales bilaterales. Dicha evaluación debería incluir una evaluación de impacto de las políticas fiscales internacionales de los Estados miembros en los objetivos de la política de desarrollo.

2.1.

Varios estudios (1) plantean la cuestión de si la política fiscal internacional de los Estados miembros, en particular muchas disposiciones de los convenios bilaterales de doble imposición, no entra en conflicto con los objetivos de la política europea de desarrollo. Además, los países en desarrollo son exportadores netos de capital a los países desarrollados, lo que se debe en gran medida a los flujos de capital que evitan el pago de impuestos. Esto afectaría sobre todo a los países en desarrollo con ingresos más bajos, ya que apenas disponen de fuentes nacionales de financiación.

2.2.

La UE y sus Estados miembros son los mayores donantes de ayuda a la cooperación al desarrollo y partes importantes en los acuerdos fiscales internacionales. Además, se han comprometido a cumplir los ODS, aunque solo unos pocos Estados miembros han alcanzado el objetivo de dedicar a ayuda al desarrollo el 0,7 % del PIB. No está claro el impacto que tendrá el brexit en la financiación adicional de la cooperación europea al desarrollo. Se prevén más medidas para promover la inversión privada en relación con los objetivos de la política de desarrollo. Los recursos de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) dependen de las políticas de los donantes.

2.3.

Para los países en desarrollo, los ODS incluyen, entre otras cosas, la movilización de recursos autóctonos, el apoyo internacional para la creación de capacidades en materia de recaudación de impuestos, la reducción de los flujos financieros ilícitos y la participación en las instituciones de gobernanza mundial. De ello se deduce que una base estable de ingresos públicos, esfuerzos por combatir los flujos salientes de recursos ilícitos y la participación en pie de igualdad de todos los países en el diseño de las normas fiscales mundiales son pilares importantes del desarrollo sostenible. Los niños, las mujeres y otros grupos vulnerables de las sociedades de los países en desarrollo se benefician particularmente del desarrollo (2).

2.4.

Los fondos de la cooperación pública al desarrollo no son suficientes para financiar los objetivos de sostenibilidad. Se necesitan recursos internos para alcanzar los objetivos, como ya ocurre con los objetivos de desarrollo del milenio (3). Para movilizar estos recursos, es preciso mejorar la recaudación de impuestos y aumentar los ingresos fiscales mediante un crecimiento económico sostenible y una ampliación de la base imponible.

3.1.

Los impuestos son una fuente de financiación más estable que otros tipos de ingresos, pero muchos países en desarrollo encuentran más difícil generar suficientes ingresos fiscales que los países desarrollados.

3.2.

En las últimas décadas, se ha perseguido concienzudamente la liberalización del comercio mundial mediante la reducción de los aranceles de importación y exportación, con el fin de fomentar el desarrollo económico, la inversión y la prosperidad de la población en general. Estos efectos, en principio positivos, permiten también ampliar la base imponible, siempre que las administraciones tributarias puedan utilizarla. Sin embargo, también se han reducido los ingresos de los países en desarrollo obtenidos a partir de fuentes importantes y fácilmente accesibles. Pero el crecimiento y la inversión también deben reflejarse en la estructura de ingresos de los países en desarrollo.

3.3.

A fin de compensar las pérdidas de ingresos, los países en desarrollo a menudo introducen impuestos al consumo, cuyo efecto puede ser regresivo. Un sistema tributario compuesto por diferentes tipos de impuestos reduce la dependencia de tipos impositivos específicos y garantiza unos ingresos nacionales estables.

3.4.

Los impuestos sobre la propiedad de la tierra y el patrimonio suelen ser difíciles de aplicar en los países en desarrollo. Los impuestos sobre la renta y los salarios en los países en desarrollo generan ingresos fiscales comparativamente bajos debido a los bajos ingresos. Los impuestos sobre la renta se recaudan sobre todo de empleados del sector público y personas que trabajan para empresas internacionales. Además, a menudo existe una economía informal importante.

3.5.

El informe Mbeki clasificó los ingresos procedentes de la evasión fiscal como «flujos financieros ilícitos» (4). Estos ingresos parecen superar los fondos procedentes de la cooperación al desarrollo (5). Para contener estos flujos financieros ilícitos, son importantes una mayor cooperación internacional entre las autoridades, el fomento de la transparencia y el refuerzo de las medidas legislativas y reguladoras. El refuerzo de los derechos de propiedad en los países en desarrollo también constituye un importante elemento disuasorio para las salidas de capital.

3.6.

Los impuestos de sociedades desempeñan un papel más importante en la estructura de ingresos fiscales de los países en desarrollo que en los países desarrollados, lo que ha incrementado su exposición a las estrategias de evasión fiscal. Al mismo tiempo, los tipos nominales y efectivos de los impuestos de sociedades han ido disminuyendo en todo el mundo desde la década de 1980 para atraer inversiones. El impuesto de sociedades es un indicador importante del clima de inversión para las empresas. Esto ha creado una competencia fiscal internacional, que es más problemática para los países en desarrollo que para los países desarrollados, dada su estructura de ingresos fiscales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha debatido los denominados efectos indirectos de la competencia fiscal (6). Además, muchos países en desarrollo se ven frente a unas pocas grandes empresas inversoras, que representan una parte significativa de los ingresos totales del impuesto de sociedades.

3.7.

Para las autoridades fiscales resulta difícil calcular los precios de transferencia utilizando el principio de la independencia mutua de las partes en las transacciones transfronterizas entre las sociedades dentro de un grupo. Las autoridades de los países en desarrollo cuentan con una capacidad limitada para hacerlo, y la incidencia de la fiscalidad en la manipulación de los precios de transferencia sigue siendo un problema importante.

3.8.

Los convenios de doble imposición aclaran los derechos de imposición entre los países parte, regulan el intercambio de información entre las autoridades tributarias y, de este modo, proporcionan seguridad jurídica. Por lo tanto, pueden ser considerados por las empresas como un incentivo para la inversión extranjera directa y pueden, en última instancia, fomentar el crecimiento. Sin embargo, los convenios de doble imposición pueden tener un impacto en los derechos de imposición de los países de la fuente. Los tipos de la retención a cuenta sobre los cánones, los intereses y los dividendos son generalmente más bajos que los tipos impositivos locales. Algunas disposiciones, como una definición restrictiva del lugar de actividad económica, pueden limitar los derechos de imposición. Los países en desarrollo están, naturalmente, interesados en seguir recibiendo inversiones, pero pueden perder derechos de imposición. Por lo tanto, los acuerdos sobre intercambio de información en materia tributaria pueden constituir una mejor opción en caso de que un país pretenda obtener información fiscal primordialmente de otras jurisdicciones.

3.9.

El Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, que es el punto de partida más común para las negociaciones, se orienta más hacia los intereses de los países desarrollados (7). Un Convenio Modelo de las Naciones Unidas constituye una alternativa para los países en desarrollo y refleja mejor sus intereses (8). En general, prevé conceder a los países de la fuente más derechos de imposición que al país de origen de la empresa productora.

3.10.

Los países en desarrollo pueden verse privados de ingresos fiscales cuando los grupos de empresas establecen entidades con fines especiales en diferentes países con el fin de sortear los diversos convenios de doble imposición para minimizar los impuestos. También puede resultar difícil para el país de origen gravar servicios y transferencias indirectas de activos sobre la base de las disposiciones del CDI. Debería tenerse en cuenta el deseo de buscar oportunidades favorables para la transferencia de tecnología a fin de promover el crecimiento sostenible en los países en desarrollo.

3.11.

Existen estudios sobre la pérdida de ingresos de los países en desarrollo. La organización no gubernamental neerlandesa SOMO ha estimado las pérdidas en ingresos anuales derivadas de la retención de impuestos sobre los intereses y los dividendos resultantes de CDI entre los Países Bajos y veintiocho países en desarrollo en 554 millones EUR (9). Un estudio austriaco ha concluido que deberían llevarse a cabo evaluaciones de impacto de los CDI, dado que estos pueden dar lugar a pérdidas de ingresos incluso si la inversión está aumentando (10). Según las estimaciones de la UNCTAD en su «Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015», la contribución de las multinacionales a los presupuestos del Estado en los países en desarrollo ascendió aproximadamente 730 000 millones de dólares. No obstante, el Informe estima que las pérdidas de ingresos anuales de los países en desarrollo ocasionadas por la elusión de impuestos a través de centros de inversión extraterritoriales ascienden a alrededor de 100 000 millones de dólares (11). Dichas pérdidas de ingresos chocan con los ODS anteriormente descritos.

4.1.

Se están haciendo mayores esfuerzos para apoyar a los países en desarrollo en el ámbito fiscal, por ejemplo, a través de la «iniciativa fiscal de Adis». La política fiscal internacional es competencia y responsabilidad de los Estados miembros. Los CDI se celebran bilateralmente; las iniciativas legislativas de la UE se limitan fundamentalmente a instrumentos para completar el mercado interior. Existe una cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros en materia de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (Policy Coherence for Development — PCD) (12). La Comisión Europea también reconoce y aborda las repercusiones del sistema fiscal internacional en el desarrollo (13). A fin de garantizar la coherencia de la política de desarrollo, es necesario examinar los efectos en los países en desarrollo de las políticas fiscales de la UE que son incompatibles con los objetivos de la política de desarrollo y, en su caso, tomar las medidas adecuadas.

4.2.

A nivel de las Naciones Unidas, se está trabajando en cuestiones fiscales a través del proceso de Financiación al Desarrollo, Ecosoc y el Comité de Tributación de las Naciones Unidas, así como agencias especializadas como la UNCTAD. A petición del G20, se acordaron reformas de gran calado en la OCDE con la intención de combatir la BEPS. Los problemas principales incluidos en ellas son la eliminación del «treaty shopping», las prácticas fiscales perjudiciales por parte de los gobiernos (tales como la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y los acuerdos opacos), las asimetrías híbridas en el trato fiscal de la deuda y la ineficaz formación de precios de transferencia y notificación. Vista la importancia de la recaudación del impuesto de sociedades para los países en desarrollo, se espera que el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios tenga un impacto positivo para ellos.

4.3.

Muchos países que no pertenecen a la OCDE, incluidos países africanos, se han adherido al marco general del Plan de acción BEPS de la OCDE. En junio de 2017 103 países acordaron adoptar un nuevo convenio multilateral BEPS, que unificará la interpretación de los convenios tributarios bilaterales en el sentido del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Las Naciones Unidas, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial lanzaron una «Plataforma de Colaboración en materia Tributaria» con la intención de intensificar la cooperación internacional en cuestiones fiscales. Esta iniciativa puede ayudar a crear mayor coherencia entre el trabajo de la OCDE y los organismos de las Naciones Unidas. No obstante, deberá supervisarse si se ha logrado el efecto deseado.

4.4.

El CESE reconoce los esfuerzos de la OCDE para seguir mejorando el sistema fiscal internacional. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (14) critican que los países en desarrollo no tengan representación con derecho a voto en la OCDE. Solo se les invitó a participar después de la preparación del Plan de acción BEPS. El Parlamento Europeo también expresó opiniones similares y pidió que se refuercen los organismos de las Naciones Unidas con vistas a permitir que la política fiscal internacional se diseñe y reforme en igualdad de condiciones (15). En un documento de trabajo del FMI, los expertos también expresan su preocupación por el impacto del Plan de acción BEPS en los países en desarrollo (16).

4.5.

A fin de evaluar el impacto de las fases de la reforma y, en su caso, adaptarla, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, en particular el Comité sobre Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas, tendrían que reforzarse y dotarse de más recursos. En cualquier caso, la Comisión Europea debería supervisar la aplicación del convenio multilateral BEPS firmado en junio de 2017 contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios y continuar su compromiso de intensificar la cooperación internacional en materia fiscal entre las Naciones Unidas, la OCDE y las instituciones financieras internacionales.

4.6.1.

El paquete de medidas para combatir la elusión fiscal abordaba cuestiones relacionadas con las políticas fiscales internacionales; es decir, que iba más allá del ámbito de la UE (17). La información facilitada en los informes país por país (18), de conformidad con las directrices de la UE, el G20 y la OCDE, constituye un instrumento importante para las autoridades tributarias. La publicación a escala mundial de datos desglosados por país puede permitir a un público más amplio (incluidos los trabajadores y los inversores responsables) evaluar mejor en qué medida las empresas pagan impuestos allí donde obtienen sus beneficios. El CESE señala que en un informe del Parlamento Europeo de 2015 se pedía que se introdujera una serie de mejoras, que aún no se han aplicado. En este contexto, el CESE se remite a sus anteriores dictámenes y, en particular, a los dictámenes sobre los informes desglosados por país y la lucha contra el blanqueo de capitales mediante declaraciones sobre los registros públicos de propietarios. El CESE señala que se está elaborando una lista de jurisdicciones fiscales no cooperadoras. Alienta a que se realicen mayores esfuerzos para llevar a la práctica las peticiones del PE y recomienda que se aborden las críticas formuladas por las organizaciones no gubernamentales. Es conveniente impulsar la introducción mundial de estas medidas a través de acuerdos fiscales internacionales al objeto de mejorar la información de que disponen las autoridades fiscales de los países en desarrollo. El objetivo debería estribar en conseguir a escala mundial las mismas normas, en cuya redacción los países en desarrollo pudiesen participar en igualdad de condiciones.

4.6.2.

El intercambio automático de información en material fiscal dentro de la UE se facilitaría si se completara la Directiva relativa a la asistencia mutua (19). Sin embargo, los países en desarrollo siguen teniendo que celebrar acuerdos bilaterales de asistencia mutua con los países europeos. Hacerlo requiere un intercambio recíproco de datos y un sistema de seguridad de datos, lo que suele plantear un problema de capacidad para los países en desarrollo.

4.6.3.

La Comunicación de la Comisión relativa a una estrategia exterior para una imposición efectiva (20) aborda las cuestiones planteadas en el presente dictamen. Actualmente se está confeccionando una lista común de la UE de jurisdicciones fiscales que no están dispuestas a cooperar (21). El CESE ha acogido favorablemente la elaboración de tal lista. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales se muestran bastante escépticas con respecto a esta lista (22). El PE también pidió que se establezca una definición global del concepto de «paraíso fiscal» que incluya a los Estados miembros de la UE y sus territorios de ultramar (23).

4.6.4.

La Recomendación sobre los convenios fiscales (24) aborda cuestiones importantes relacionadas con los CDI e insta a los Estados miembros a reforzar sus convenios fiscales para combatir los abusos y el treaty shopping. Por otra parte, no pide ninguna evaluación de impacto de los CDI, en particular en lo relativo a sus repercusiones para la coherencia de la política de desarrollo y sus efectos indirectos. La «Plataforma sobre la buena gobernanza fiscal» –digna de elogio– que aborda cuestiones de fiscalidad internacional con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ha presentado un documento de trabajo a estos efectos (25). Los Estados miembros deberían tenerlo en cuenta.

4.6.5.

Las estrategias de elusión fiscal a menudo guardan relación con regímenes de propiedad opacos. Tras la modificación de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales (26), no se han creado registros accesibles al público de la propiedad de fideicomisos u otras empresas que realizan inversiones. Dichos registros ayudarían a los países en desarrollo a investigar casos sospechosos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

4.6.6.

Las propuestas sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) son objeto de otro dictamen del CESE (27). En lo que se refiere a la participación en convenios fiscales internacionales y la importancia para las administraciones tributarias de los países en desarrollo, un acuerdo de estas características –y las informaciones resultantes– servirían como modelo y tendría un impacto en los convenios de doble imposición con terceros países. Por consiguiente, los datos dentro de Europa proporcionarían también indicios para los cálculos comparativos en los países en desarrollo. El objetivo debería estribar en conseguir las mismas normas a escala mundial, y que los países en desarrollo pudiesen participar en su redacción en igualdad de condiciones.

4.6.7.

El CESE recomienda que se incluyan cláusulas de buena gobernanza fiscal en todos los acuerdos pertinentes entre la UE y terceros países o regiones para fomentar el desarrollo sostenible.

4.6.8.

El CESE recomienda que se examine si los acuerdos de libre comercio, nuevos o revisados, entre la UE y los países en desarrollo constituyen una oportunidad para evaluar los acuerdos fiscales bilaterales. Dicha evaluación debería incluir una evaluación de impacto de las políticas fiscales internacionales de los Estados miembros en los objetivos de la política de desarrollo. Ello también podría contribuir a dar cumplimiento a las peticiones formuladas en el informe del Parlamento Europeo.

5.1.

En línea con el paquete de lucha contra la elusión fiscal y en aras de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) de los Estados miembros y de la UE, las políticas fiscales internacionales y los convenios de doble imposición de los Estados miembros deberían someterse a evaluaciones de impacto periódicas (28). Con el fin de garantizar una mejor coordinación de la política de desarrollo de la UE y de las políticas fiscales de los Estados miembros, la Comisión Europea debería garantizar que los Estados miembros que negocian un convenio de doble imposición con un país en desarrollo tengan en cuenta las políticas de desarrollo coordinadas de la UE. En este sentido, se acoge con satisfacción la recomendación de la Comisión Europea sobre la aplicación de medidas contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales (29). Habida cuenta de los objetivos de desarrollo, habría que prestar mayor atención a las necesidades de los países en desarrollo. Para ello sería preciso ampliar el compromiso de la UE en el nivel de las Naciones Unidas (específicamente, en el Comité sobre Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas) y fomentar el desarrollo de capacidades en el seno de un foro mundial en el que participen todos los Estados en pie de igualdad.

5.2.

Se deben facilitar períodos de transición para permitir que los países en desarrollo sean incluidos en medidas que permitan el intercambio automático de información cuando todavía se estén creando las capacidades.

5.3.

En el contexto de las obligaciones de presentación de información de las empresas, la buena gobernanza en materia de fiscalidad debería ser parte integrante de la responsabilidad social de las empresas.

5.4.

Habida cuenta de que está previsto que los inversores privados participen más estrechamente en la política de desarrollo europea, la cuestión de las ventajas fiscales es más pertinente para el compromiso en favor de la política de desarrollo (30). Dado que las cuestiones impositivas están relacionadas con los objetivos del desarrollo sostenible, lo correcto sería que las empresas pagaran impuestos donde se generan los beneficios por el valor añadido (31). Esto debería quedar garantizado con el apoyo y el compromiso del sector privado.

5.5.

Además, cabe señalar que la concesión de ventajas fiscales no debe menoscabar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

5.6.

El CESE se remite a sus observaciones sobre los registros públicos de la propiedad efectiva de cuentas bancarias, empresas, fideicomisos y transacciones (32) y considera que es útil fomentar la introducción de estas medidas en todo el mundo mediante convenios fiscales internacionales. Por otra parte, deberán tenerse en cuenta las medidas mencionadas (en particular, las encaminadas a reforzar la creación de capacidades) para apoyar la lucha contra los flujos financieros ilícitos procedentes de los países en desarrollo. Dado que es de temer que muchas empresas europeas que operan en los países en desarrollo no estén sujetas a la obligación de presentar informes desglosados por país, el CESE se remite a sus observaciones al respecto (33). Recomienda asimismo que se evalúen otras normas pertinentes, en particular las que definen su ámbito de aplicación en función de límites anuales del volumen de negocios, por lo que respecta a sus repercusiones para los países en desarrollo.

5.7.

En el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, la UE y sus Estados miembros se han comprometido a colaborar con los países socios para impulsar la fiscalidad progresiva, las medidas anticorrupción y las políticas redistributivas así como para combatir los flujos financieros ilícitos (34). Si bien en los países en desarrollo se están creando los recursos técnicos y humanos necesarios para participar plenamente en los convenios internacionales, ya deberían existir oportunidades de intercambio mutuo de información para lograr los objetivos establecidos en el consenso. Se reconoce el compromiso de la Comisión Europea (35) de promover foros regionales (36) más allá del Comité sobre Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas, compromiso que debería reforzarse aún más. Es importante garantizar una nutrida participación de las partes interesadas y un procedimiento de consulta sólido en estos foros. Las organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo desempeñan un papel de control y apoyo, incluso en el ámbito fiscal, por lo que deberían recibir ayuda.

5.8.

Se debería tener más en cuenta el sistema fiscal de un país en la cooperación al desarrollo. El desarrollo de capacidades tiene por objeto permitir a los países receptores que se ayuden a sí mismos, estimular la eficacia de los sistemas tributarios y reforzar la legitimidad del Estado. En particular, se han obtenido buenas experiencias en los intercambios directos entre administraciones tributarias con retos parecidos (aprendizaje entre pares) y en la cooperación entre países con un nivel similar de desarrollo (por ejemplo, cooperación Sur-Sur). Se crea así la posibilidad de establecer una coordinación mutua frente a retos similares y se permite el intercambio de buenas prácticas, que también son adecuadas para las capacidades de que se dispone.

5.9.

El CESE hace hincapié en la necesidad de coherencia política para el desarrollo en materia de fiscalidad, dado que las medidas adoptadas en la UE tienen efectos internacionales en los países en desarrollo. Por ello, estos efectos han de tenerse en cuenta y debe implicarse a los países en desarrollo afectados.

2.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 81/37

Ponente:

Helena DE FELIPE LEHTONEN

1.1.

La importancia de las organizaciones económicas y sociales y de la Sociedad Civil, en general, ha sido destacada ya en la Declaraciόn de Barcelona (1) de 1995 como factor necesario para promover la progresiva construcción en el Mediterráneo de un espacio de paz y estabilidad, de prosperidad compartida y de diálogo entre culturas y civilizaciones entre los diferentes países, sociedades y culturas mediterráneas. En la actualidad las organizaciones de la sociedad civil del Mediterráneo son espacios de inclusión, de participación y de interlocución con los poderes públicos, incluidos los locales, con el objetivo de promover los derechos económicos, sociales y culturales en la región mediterránea. El CESE considera necesario reforzar el papel de los CESE allá donde existen y promover su creación en los países en los que han desaparecido o no se han desarrollado, intensificando las sinergias entre los diferentes actores implicados. En la promoción de esos derechos, los CESE y las organizaciones económicas y sociales han de establecer colaboraciones que los hagan más posibles y efectivos.

1.2.

Las mujeres son víctimas de los estereotipos de género que reproducen las barreras políticas, económicas y educativas con graves consecuencias para el desarrollo de la sociedad. El CESE exhorta a reducir las enormes brechas existentes entre las disposiciones legislativas y la realidad. Para ello, considera urgente proporcionar los medios para formar y sensibilizar a los colectivos encargados de velar por la efectiva aplicación de esta legislación. Para reforzar los derechos el CESE recomienda asociar las administraciones locales a las organizaciones, a los actores económicos y sociales, a la sociedad civil y sus redes en materia de igualdad de género que trabajan en diversos ámbitos de las respectivas sociedades. Asimismo, este trabajo debe ser respaldado con contribuciones provenientes de universidades y centros de estudios especializados.

1.3.

La amenaza del extremismo violento debe combatirse abordando sus múltiples causas más allá de la seguridad. En esta tarea las organizaciones económicas y sociales han de desempeñar un papel protagonista en colaboración con las instituciones y redes dedicadas al diálogo intercultural e interreligioso para lograr mayor impacto e incluir en sus actividades el patrimonio cultural, las expresiones artísticas y las industrias creativas. El CESE anima a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo a promocionar estas actividades de diálogo intercultural también entre los actores sociales, reforzando a su vez a organizaciones especializadas que llevan muchos años trabajando en el Mediterráneo como la Fundación Anna Lindh (2). En cuanto al patrimonio, el CESE anima a una mayor colaboración en la protección del patrimonio cultural, amenazado hoy por conflictos armados y organizaciones violentas.

1.4.

Los derechos económicos, laborales y sociales son esenciales para el desarrollo económico y de una sociedad democrática. Dentro de ellos la libertad de emprendimiento, la libertad de asociación y de acción sindical, la negociación colectiva, la protección social en temas como la salud, la educación o la vejez son elementos centrales. Como ya señaló la OIT en su creación y la Declaración de Filadelfia en el sentido de que era necesario subordinar la organización económica a la justicia social. Y que la misma debía ser el objetivo central de toda política nacional e internacional. En la Declaración de Filadelfia se remarca que «la economía y la finanza son medios al servicio de los hombres».

1.5.

Los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en la configuración de visiones y percepciones mutuas y son un vector esencial para mejorar el diálogo intercultural y favorecer el respeto, la tolerancia y el conocimiento mutuo. Por ello, el CESE se alegra de la puesta en marcha de proyectos que velan por el respeto de la diversidad y fomentan una información libre de sesgos, estereotipos y percepciones distorsionadas. Asimismo, anima a incrementar la labor de dichos instrumentos de observación, formación y sensibilización contra el racismo y la islamofobia en los medios de comunicación, e insta a la promoción de mecanismos de cooperación y plataformas conjuntas de desarrollo profesional, tanto deontológicos como de defensa de la libertad de expresión.

1.6.

La educación es la principal vía de movilidad socioeconómica y, en consecuencia, de potencial mejora de calidad de vida. Por el contrario, la desigualdad de oportunidades en educación pone en riesgo la estabilidad y la seguridad en la región. Por ello, el CESE anima a trabajar conjuntamente en la mejora de la calidad de la educación primaria y secundaria, de la educación superior y de la formación profesional a través del intercambio de experiencias en desarrollo curricular y en innovación metodológica. Por otra parte, el CESE considera esencial colmar la brecha de conocimiento entre las dos orillas del Mediterráneo y, a tal efecto, propone la promoción de redes de conocimiento y de investigaciones conjuntas que favorezcan la transmisión y circulación del saber, así como el fomento de la movilidad de profesores, estudiantes, académicos, investigadores y el apoyo a la traducción de su producción, especialmente del árabe y hacia el árabe.

1.7.

La educación no formal es un complemento necesario por su valor como configurador de sociedades más inclusivas y plurales. El CESE considera que se deben reforzar las sinergias entre la educación formal y la educación no formal y fomentar este tipo de educación como instrumento para potenciar una cultura de paz y el aprendizaje durante toda la vida. Por ello, el CESE apela a dedicar a la educación no formal un presupuesto más sustancial y a promover la transferencia de experiencias y de conocimientos entre Europa y el Mediterráneo Sur.

1.8.

Con el fin de potenciar una economía inclusiva y competitiva, es necesario respaldar la inserción digital y tecnológica de las personas. Con este fin, el CESE subraya la necesidad de impulsar proyectos de ámbito regional y local que capaciten a los ciudadanos en el uso de las nuevas tecnologías, en el emprendimiento y la digitalización, así como de potenciar las iniciativas de participación ciudadana y de promoción de la formación digital y de la creación de empleo decente, tales como las iniciativas urbanas de innovación social y digital (Labs).

2.1.

En 2011 la esperanza de cambio de la juventud árabe sacudió unos sistemas políticos que, inesperadamente, eran radicalmente cuestionados. Túnez, Egipto, Libia o Yemen derribaron a sus líderes políticos, pero las circunstancias políticas concretas acabarían llevándolos por vías muy distintas: desde la perseverante transición tunecina, favorecida por su dinámica sociedad civil, al cambio de régimen en Egipto, pasando por los conflictos abiertos en Libia y en Yemen. Siria ha quedado sumida en una cruenta guerra, ahora regionalizada e internacionalizada. Así, se han producido trágicos desplazamientos de población y movimientos migratorios sin precedentes que han desestabilizado el conjunto del espacio euromediterráneo.

2.2.

Más allá de un cambio de régimen, se pretendía poner en pie un sistema más equitativo e inclusivo, libertades políticas, justicia social, oportunidades, dignidad. Las expectativas se fueron frustrando al no traducirse al ámbito social. Circunstancias políticas concretas, dentro y fuera de estos países, contribuyeron a frustrarlas. Seis años después las legítimas demandas de derechos económicos, sociales y culturales siguen vigentes, sin resolver, y continúan representando una potencial semilla de inestabilidad para la región.

2.3.

Así, el CESE considera una prioridad absoluta la consecución de la paz y de la democracia en el conjunto de la región, así como que sean respetados los derechos humanos y fundamentales de toda su ciudadanía.

2.4.

Los derechos fundamentales: irrenunciables e inalienables

2.4.1.

El CESE anima al conjunto de los países del sur y este del Mediterráneo a adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (3) y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (4). Al mismo tiempo destaca la importancia de los principios y valores de la laicidad, así como la defensa de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (5).

2.4.2.

El CESE subraya el carácter central de la defensa de unos niveles de calidad de vida decente de todas las personas. El CESE destaca garantizar el acceso a agua potable y alimentos en cantidades suficientes y en condiciones asequibles, el acceso suficiente a la energía para evitar la exclusión energética tanto del individuo como de la comunidad y el desarrollo de la sanidad, así como promover un entorno medioambiental digno.

2.4.3.

Igualmente y dadas las circunstancias especiales por la que está atravesando la región, debe poder garantizarse tanto a nivel nacional como internacional el derecho a una vivienda digna o, en su defecto, a un refugio/cobijo digno para el individuo y la familia. Asimismo, el CESE considera conveniente asegurar el derecho a la reconstrucción inclusiva y digna de las zonas devastadas, sea esta fruto de catástrofes naturales o de conflictos armados.

2.5.

El derecho al trabajo decente: factor de estabilidad social y de progreso

2.5.1.

El CESE considera que las sociedades de los países vecinos requieren un esfuerzo común en favor de una mayor inclusividad y cohesión. Igualmente, sus economías deben reformarse e innovar para generar puestos de trabajo decentes como elemento crucial para el desarrollo sostenible.

2.5.2.

Asimismo, el CESE destaca la necesidad de garantizar los derechos sobre los que deben sustentarse estos principios descritos. En este sentido, se debe garantizar el derecho al trabajo digno en estos países, indistintamente de la condición, religión o nacionalidad.

2.5.3.

El CESE considera imprescindible que se tomen medidas para promover el empleo decente como factor de estabilidad social, de acuerdo con lo que se promueve en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (6) y en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales, y culturales (7) como base para evitar la pobreza y alienta su subscripción. Así, es fundamental preservar los derechos fundamentales del trabajo tales como el derecho de asociación, a fundar un sindicato o a afiliarse al de su elección, derecho a la huelga, el efectivo reconocimiento del derecho de negociación colectiva, así como el de unas condiciones de seguridad e higiene en el ejercicio del trabajo y de un sueldo.

2.5.4.

Asimismo es necesario desarrollar, como ha propuesto la OIT, el derecho a la vivienda, para proteger a toda la población y, especialmente, a los segmentos considerados más vulnerables de la población. Es asimismo imprescindible combatir infracciones de derechos básicos como la explotación infantil o el trabajo forzoso, y promover el acceso al trabajo de la mujer o de las personas con discapacidad.

2.6.

El emprendimiento: motor esencial para el desarrollo económico

2.6.1.

La Unión Europea considera que los cinco factores clave para la paz, la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en el área euromediterránea son: el desarrollo económico a través de la modernización y la diversificación de las economías; el fortalecimiento del ecosistema empresarial y el emprendimiento innovador; la creación de puestos de trabajo a través de la formación cualificada, especialmente para los jóvenes; el desarrollo del sector privado, muy especialmente de las pymes; y la sostenibilidad energética y medioambiental (8). Se remarca la creación de empleo de calidad como base de prosperidad económica y la potenciación del emprendimiento femenino y de las sinergias emprendedoras en ambas riberas del Mediterráneo.

A su vez, el CESE entiende que tales factores son indisociables del desarrollo social. Ya que la estabilidad, la seguridad y la prosperidad siempre tienen como base la integración y la cohesión social.

2.6.2.

La Comunicación conjunta defiende como un factor determinante del desarrollo de estas economías la necesidad de permitir y garantizar el ecuánime ejercicio de la iniciativa emprendedora privada. Así, se debe salvaguardar un marco jurídico que dé garantías para el derecho a la propiedad privada, así como su inviolabilidad, sujeta al marco jurídico.

2.6.3.

El CESE da igualmente importancia a que las autoridades públicas protejan la libre y justa competencia de la economía, que asegure el ejercicio igualitario de los emprendedores. De este modo se considera esencial garantizar el trato equitativo en el acceso a la financiación y la disponibilidad de servicios de microfinanzas, así como asegurar una administración pública libre de corruptelas y con vocación de servicio público.

2.7.

El derecho a la creación y a la innovación: garantía de una economía diversificada y de valor añadido

2.7.1.

La Declaración Ministerial de la Unión por el Mediterráneo sobre Economía Digital (9) plantea promover el impacto inclusivo y transversal de las nuevas tecnologías en los ámbitos cultural, social, económico, gubernamental y de seguridad.

2.7.2.

El CESE apoya, asimismo, el planteamiento de la Comunicación conjunta sobre la necesidad de diversificar y desarrollar las economías de la región mediterránea de forma sostenible e inclusiva.

2.7.3.

A la hora de concebir programas nuevos, el CESE plantea la necesidad de generar programas por parte de la UE para la zona euromediterránea para el desarrollo de la innovación que permita avanzar en el progreso económico de la región, preservando el derecho individual y colectivo a crear e innovar. Este derecho conlleva el reconocimiento del derecho a la propiedad intelectual, el derecho a compartir y diseminar dicha innovación y el derecho al acceso a las nuevas tecnologías.

2.7.4.

El CESE reconoce como un derecho, inherente al hecho de innovar, la inclusión digital y el libre acceso a internet, tanto de forma individual como colectiva.

2.8.

El derecho a una educación de calidad: pilar del desarrollo humano

2.8.1.

La educación es la principal vía de movilidad socioeconómica y de potencial mejora de calidad de vida. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (10) pone de manifiesto que, si bien en muchos países de la región la escolarización primaria ha alcanzado estándares universales y se han producido avances significativos también en escolarización secundaria, su calidad es deficiente. El Banco Mundial ha desarrollado programas para esta región en cooperación con otras agencias y sería conveniente que la Comisión Europea trabajara en esta línea. Asimismo, se señala que la significativa desigualdad de oportunidades en educación está menoscabando el contrato social en los países árabes.

2.8.2.

La Hoja de Ruta de la Unión por el Mediterráneo (11) hace hincapié en la necesidad de reforzar la educación como factor clave en la creación de puestos de trabajo sostenibles y cualificados, especialmente entre los jóvenes que están sin trabajo y son vulnerables a acogerse a malas praxis ocupacionales; la investigación y la innovación como base para la modernización de las economías; y la sostenibilidad como elemento transversal para garantizar el desarrollo social y económico inclusivo.

2.8.3.

El refuerzo del capital social es crucial para la estabilidad y la seguridad de la región. Así pues, es necesario facilitar la educación primaria y secundaria, la educación superior, el acceso a la ciencia y a los conocimientos científicos, la empleabilidad, la salud, el empoderamiento y la movilidad juvenil, la igualdad de género, foros de debates y la promoción de la inclusión social.

2.8.4.

A pesar de algunos problemas en el acceso y la universalización de la educación y la necesidad de mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria, el reto principal reside en colmar la brecha entre formación y empleo. En este sentido, es imprescindible promover estructuras que conecten el mercado laboral y el sistema educativo, para garantizar una inserción plena de los jóvenes en la sociedad. A tal efecto, el CESE considera primordial promover el intercambio de experiencias en desarrollo curricular e innovación metodológica, favoreciendo la transferencia de experiencias y prácticas, para lograr unas competencias y aptitudes adecuadas al entorno laboral, así como promover y revalorizar la educación y la formación profesional ante el reto de crear en la próxima década en los países árabes 60 millones de puestos de trabajo.

2.8.5.

Los interlocutores sociales, así como otras organizaciones especializadas, han destacado el papel central de la Educación No Formal (ENF) como herramienta clave y solución, a largo plazo, para luchar contra la radicalización y los extremismos y por su contribución a la integración de colectivos en situación de riesgo, especialmente los jóvenes y las mujeres.

2.8.6.

El CESE se alegra de que se reconozca la importancia de la Educación No Formal (ENF) como complemento de la educación formal y considera que se deben reforzar las sinergias entre ambas. Así, considera que se debe incrementar el grado de compromiso político con la ENF y dedicarle un presupuesto más substancial, dado que facilita el proceso de maduración e inserción social de los jóvenes, educándoles en la participación activa y en el desarrollo de los valores democráticos y es un buen instrumento para potenciar una Cultura de Paz.

2.9.

La movilidad en el ámbito académico y educativo: hacia la desaparición de la brecha de conocimiento

2.9.1.

La movilidad de los jóvenes constituye una parte esencial de la respuesta a los retos a los que se enfrenta el Mediterráneo. De hecho, la migración en los países árabes es un síntoma de la exclusión social de jóvenes altamente cualificados. Así, es necesario fomentar una migración beneficiosa tanto para los países de origen como de destino. Ello implica un mayor reconocimiento de las cualificaciones y titulaciones, así como facilitar la movilidad académica y mejorar los marcos legales de las condiciones de entrada y residencia en la UE aplicables a los nacionales de países vecinos con finalidades de investigación, estudios, intercambio de alumnos, formación y voluntariado.

2.9.2.

Por otra parte, una de las brechas más agudas que existen entre las dos orillas del Mediterráneo es la brecha del conocimiento, por lo que el CESE considera necesario que se tomen medidas para promover la producción y la circulación del conocimiento científico y académico y propone la creación y promoción de redes de conocimiento y de investigación conjunta euromediterránea. Asimismo, considera fundamental fomentar la traducción de dicha producción académica y científica, especialmente desde y hacia la lengua árabe.

2.9.3.

El CESE quiere, además, insistir en la línea del fomento de la movilidad de estudiantes, profesores, investigadores, académicos y científicos mediante estancias, intercambios y períodos de prácticas como elemento clave para la promoción de la calidad académica, de la empleabilidad de los jóvenes, reforzando la efectiva implementación y la consecución de resultados del Programa Erasmus Plus en los países de la región euromediterránea, así como para la circulación del conocimiento y el fomento del diálogo intercultural.

2.10.

Los medios de comunicación y el diálogo intercultural: claves para la tolerancia

2.10.1.

El pluralismo, la independencia y la profesionalidad de los medios de comunicación locales son garantes del progreso social y contribuyen a que estos actúen como catalizadores del cambio en los países de la vecindad.

2.10.2.

El CESE subraya la necesidad de fomentar el diálogo y la cooperación entre medios de comunicación en el espacio euromediterráneo para la mejora y el refuerzo de los estándares profesionales y de sus marcos legislativos. También es crucial contribuir a garantizar y proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión.

2.10.3.

Es imprescindible reconocer a los medios de comunicación su papel en mejorar el diálogo intercultural y favorecer el respeto, la tolerancia y el conocimiento mutuo. En el actual contexto de auge de los discursos antioccidentales en el Sur y de los discursos populistas de carácter xenófobo en Europa, es más necesario que nunca realizar un esfuerzo para combatir este tipo de narrativas que contrarreste las visiones que contraponen pueblos, culturas y religiones, en un binarismo maniqueo y excluyente.

2.10.4.

En este sentido, el CESE se alegra de la puesta en marcha de proyectos que velan por el respeto de la diversidad existente en Europa y fomentan la tolerancia y una información libre de sesgos, estereotipos y percepciones distorsionadas como el Observatorio de la islamofobia en los medios de comunicación en España (12), que promueve una información libre de racismo. A su vez, anima a lanzar proyectos transversales para este fin.

2.10.5.

Más allá del ámbito de la seguridad, la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, puede ser una de las raíces de la inestabilidad y sumarse a las causas de los procesos de radicalización. Se evidencia la necesidad de prevenir y combatir el extremismo y el racismo mediante la promoción del diálogo intercultural. Así, las instituciones y redes dedicadas al diálogo intercultural e interreligioso deben reforzar sus sinergias y complementariedades para lograr un impacto más relevante.

2.10.6.

La prevención de la radicalización y del extremismo violento debe implicar a los CESE del Mediterráneo, a los actores económicos y sociales y a la sociedad civil en su conjunto. A tal efecto, son necesarios mecanismos para el intercambio y la cooperación con dotación presupuestaria, así como abordar cuestiones relacionadas con la justicia, la desigualdad de género, el discurso del odio, el desempleo juvenil y el analfabetismo, como parte de un esfuerzo de desradicalización más amplio que incluye también el fomento del diálogo intercultural. En esta línea cabe destacar la labor que desempeñan la Radicalization Awareness Network (RAN) (13) y su Centro de Excelencia.

2.10.7.

El CESE considera crucial estimular los intercambios entre intelectuales, artistas y agentes culturales de la región ya que son vectores de transformación social privilegiados, mediante la promoción de proyectos compartidos que incidan en el fomento del diálogo y del conocimiento mutuo. Asimismo, anima a una mayor coordinación y colaboración en la protección del patrimonio cultural y en dar a conocer y poner en valor las distintas disciplinas y sensibilidades culturales y artísticas que conviven en el espacio euromediterráneo como elemento valioso de cohesión y de conocimiento mutuo.

2.11.

La sociedad civil y las sinergias entre actores sociales: espacios de inclusión y debate

2.11.1.

La crisis económica y la xenofobia en la ribera norte, pero también la demanda de libertad de expresión y la lucha por los derechos humanos en los países de la ribera sur son elementos que impactan decididamente en la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales de las sociedades de los países euromediterráneos.

2.11.2.

En este sentido el informe de Promoción de Derechos Humanos de noviembre de 2015 del Parlamento Europeo (14) manifiesta que se debe dar un mayor apoyo a la sociedad civil. A pesar de ello, la visibilidad de las organizaciones de la sociedad civil de los países del Sur aún es insuficiente, teniendo en cuenta su esfuerzo y, en ocasiones, el riesgo que asumen, así como el papel que desempeñan de impulso de los cambios sociales. Los CESE del Mediterráneo pueden desempeñar un papel de plataformas de difusión, de encuentro y debate en ese sentido.

2.11.3.

El CESE manifiesta que el tejido asociativo es un espacio de inclusión que contribuye a la inclusión. Asimismo, considera necesario que la Comisión Europea intensifique el apoyo a los proyectos que son llevados a cabo por la sociedad civil estructurada a través de sus organizaciones económicas y sociales, de sus asociaciones y de las redes que estas conforman, así como intensificar el partenariado y las sinergias entre los diferentes actores implicados.

2.11.4.

El CESE considera que los ministros euromediterráneos deberían colaborar en proyectos concretos con la Cumbre de Consejos Económicos y Sociales del Mediterráneo e instituciones similares, sin perjuicio del apoyo a las asociaciones cívicas y culturales.

2.12.

La mujer: centro de los derechos económicos, sociales y culturales

2.12.1.

En las tres Conferencias Ministeriales Euromediterráneas sobre el Refuerzo del Papel de la Mujer en la Sociedad, celebradas en Estambul (15) (2006), Marrakech (16) (2009) y París (17) (2013), los gobiernos se comprometieron a implementar los compromisos adoptados: igualdad de derechos entre mujeres y hombres a la hora de participar en la vida política, económica, civil y social; combatir todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas, y trabajar en el cambio de actitudes y de comportamientos para lograr la igualdad de género a fin de promover el empoderamiento de las mujeres, no solo en lo que a derechos se refiere, sino también en la realidad.

2.12.2.

A pesar de los cambios legislativos introducidos en los países del sur del Mediterráneo, el PNUD considera que todavía se está lejos de conseguir la igualdad de las mujeres en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales.

2.12.3.

El CESE constata la gran distancia que se observa entre las declaraciones oficiales, las propuestas de las instituciones e incluso la legislación vigente y la realidad vivida cotidianamente por las mujeres en sus comunidades y advierte de la necesidad de armonizar las leyes nacionales con las Constituciones y completar las lagunas jurídicas que todavía permiten las prácticas discriminatorias hacia las mujeres.

2.12.4.

En este contexto, el CESE hace hincapié en la necesidad de proporcionar medios para formar y sensibilizar a los colectivos responsables de velar por la efectiva aplicación de la legislación: judicatura, fuerzas de seguridad, empresas, educadores, medios de comunicación, instituciones como los CESE, etc.

2.12.5.

Para reforzar los derechos y tener mejores resultados, el CESE recomienda asociar las administraciones locales a las organizaciones de la sociedad civil en materia de igualdad de género, puesto que disponen de mejor información respecto a problemas y demandas de la población. Este trabajo conjunto de diferentes actores se puede ver respaldado por aportaciones vehiculadas desde la academia (universidades y centros de estudios especializados). Un ejemplo de ello es la Fundación Euromediterránea de las Mujeres (18) (FFEM), que, junto con la Federación de Ligas de derechos de las mujeres, la autoridad regional de Marrakech, la Universidad Cadi Ayyad, la Comisión regional de derechos humanos y otras entidades locales, ha llevado a cabo una campaña de sensibilización contra los matrimonios precoces.

2.12.6.

Así, el CESE pide a los ministros de los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo que estos ámbitos sean tenidos en cuenta en la próxima Conferencia Ministerial, así como dotar de fondos económicos a dichas acciones y campañas.

2.12.7.

El CESE sostiene que no tener en cuenta los puntos anteriores tiene un gran impacto. Matrimonios precoces, interrupción temprana del proceso educativo y, en consecuencia, desvalorización de la mujer en el mercado laboral y en su representación política, son algunos de los elementos que inciden negativamente en la consecución de los derechos, especialmente de mujeres y niñas.

2.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 81/44

Ponente:

Brenda KING

Coponente:

Lutz RIBBE

1.1.

Al igual que el resto del mundo, Europa se enfrenta a tres cuestiones fundamentales: 1) el agotamiento de los recursos naturales del planeta, donde se incluyen el cambio climático y la pérdida de biodiversidad; 2) las desigualdades sociales, incluidos el desempleo juvenil y las personas olvidadas en regiones con industrias en declive, y 3) la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía en el gobierno, la clase política y la UE y sus estructuras de gobernanza, así como otras instituciones.

1.2.

Estas tres cuestiones fundamentales han de entenderse en el contexto de la digitalización (una megatendencia fundamental) y la globalización, pues estos aspectos han ejercido un impacto considerable en los mercados laborales europeos y seguirán haciéndolo, en una medida incluso mayor, en el futuro. En particular, la digitalización permitirá abordar, o exacerbar, estas tres cuestiones. Esta digitalización tendrá un impacto positivo o negativo en función de cómo se gestione desde el punto de vista político.

1.3.

Sobre la base de un exhaustivo análisis de la interacción entre estas tres cuestiones fundamentales y la digitalización, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) solicita a la Comisión que elabore una estrategia a largo plazo para el desarrollo sostenible de Europa al objeto de fomentar acciones que refuercen su economía y, de ese modo, obtener beneficios sociales y medioambientales. El presente Dictamen tiene por objeto presentar cuestiones y aportaciones que deberán tenerse en cuenta en la elaboración de la estrategia a largo plazo.

Algunas personas se resisten al cambio. Hay gente que, rodeada por las continuas innovaciones tecnológicas, tiene intereses creados para que se mantenga la situación actual. Otras personas pueden experimentar inseguridad a la hora de adaptarse a una sociedad en constante transformación. Para otros, en cambio, los cambios no se suceden con la suficiente rapidez (es el caso, por ejemplo, de los partidarios de las energías verdes). Los responsables políticos deberían tener presentes estos temores y abordar directamente el problema, en lugar de recurrir al statu quo. El primer paso consistiría en entablar un debate abierto sobre estas cuestiones y reforzar la democracia participativa, incluida la Iniciativa Ciudadana Europea.

1.4.

No actuar no es una opción. Se requiere voluntad política para conducir el cambio en la dirección correcta. Es necesario reforzar los vínculos entre el desarrollo económico, la protección medioambiental y las políticas sociales. El CESE sostiene que la aplicación y consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) —junto con el Acuerdo de París y unas transiciones bien gestionadas hacia la economía hipocarbónica y la economía digital— solucionarán las principales cuestiones con las que se enfrenta Europa, que saldrá así victoriosa de esta nueva revolución industrial. Recomendamos que la Comisión desarrolle, con carácter urgente, las políticas perfiladas en su Comunicación «Próximas etapas» [documento de trabajo de la Comisión (1)] y que se centre en mayor medida en integrar plenamente los ODS y el Acuerdo de París en el marco político europeo y en las prioridades actuales de la Comisión con el objetivo de establecer una visión justa y competitiva para Europa de cara al año 2050.

1.5.

La necesidad de una aportación política firme no ha de malinterpretarse. Si bien un marco regulador apropiado es indispensable para definir la transición, Europa precisa un plan que afecta a toda la sociedad al aspirar a una globalización equitativa, encaminarse hacia una mayor competitividad que haga de ella líder en las nuevas tecnologías, no dejar a nadie en el olvido, erradicar la pobreza y crear un entorno que restaure la confianza de las personas en los sistemas políticos, así como formas multilaterales de gobernanza (2). Además de servir de guía en distintos ámbitos políticos, los enfoques políticos también deben tratar de activar el enorme potencial de la sociedad civil. El espíritu emprendedor social, las iniciativas ciudadanas y el trabajo comunitario son solo algunos ejemplos del modo en que el desarrollo sostenible puede materializarse por medio de un enfoque ascendente, especialmente por lo que respecta a la necesaria transición hacia una economía hipocarbónica o circular. El caso de la energía renovable descentralizada es el mejor índice de referencia en este contexto.

1.6.

En un futuro próximo, la Comisión y el CESE deberán seguir colaborando en los ámbitos políticos estratégicos clave que se analizan en el presente Dictamen, como:

1.7.

Se necesita una estrategia integral y coherente para conseguir esta combinación de políticas. El CESE recomienda que una estrategia de estas características se diseñe para aplicarse a largo plazo y que sea explícita, gestionable y participativa y se integre de manera horizontal y vertical. Por lo tanto, el CESE considera crucial velar por que la transición hasta 2050 se diseñe y lleve a cabo con una plena participación de los representantes de la sociedad civil. Para reforzar la democracia participativa, la Comisión debería reflexionar sobre su derecho de monopolio legislativo.

1)

¿Cómo lidiar con las limitaciones del planeta y el reto ecológico en su conjunto, incluidos el cambio climático y la pérdida de biodiversidad?

2)

¿Cómo responder a las desigualdades sociales crecientes en un mundo globalizado?

3)

¿Y cómo superar el desgaste del apoyo público a los gobiernos e instituciones?

3.1.1.

La economía de plataformas, la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas: los avances mundiales en estos ámbitos tienen un amplio alcance y están progresando velozmente, y tarde o temprano influirán sobre todas las áreas de la economía y la sociedad. La tecnología digital está poniéndose al alcance de buena parte de la sociedad, pero algunos grupos aún no tienen acceso a estas herramientas digitales extremadamente poderosas.

3.1.2.

La convergencia de las tecnologías digitales con la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de los materiales, la generación y el almacenamiento de energía renovable, así como la informática cuántica abriga el potencial de crear una nueva revolución industrial (4). Para que Europa sea líder en la nueva carrera tecnológica y económica mundial se necesitan inversiones masivas y nuevas iniciativas.

3.1.3.

La digitalización presenta muchos beneficios. Origina productos y servicios nuevos que benefician a los consumidores. Puede ayudar a conseguir algunos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) al aumentar los niveles de ingresos mundiales, mejorar la calidad de vida de las personas, crear oportunidades para unos modelos democráticos más inclusivos e incrementar la cantidad del empleo de calidad, así como la competitividad de la UE en general, al igual que ya hicieron las anteriores revoluciones industriales. Aunque también se ciernen algunas amenazas: los estudios apuntan la posibilidad de que la digitalización destruya muchos más puestos de trabajo de los que cree.

3.1.4.

La tecnología digital hará que la producción y el consumo estén mucho más próximos, por lo que la sobreproducción se reducirá al mínimo. Este hecho podría reducir la huella medioambiental de la UE. El comercio directo de bienes económicos —ya sea mediante las transacciones entre personas o a través de un consumo colaborativo— puede disminuir el consumo de recursos. Por ejemplo, la tecnología digital respalda la difusión de servicios de transporte compartido y vehículos sin conductor, que pueden mejorar la sostenibilidad medioambiental de nuestros sistemas de movilidad.

3.1.5.

No obstante, la digitalización no es sostenible per se. Existen barreras al acceso al mercado y a las economías de escala que pueden impedir que los ciudadanos aprovechen su potencial. La digitalización podría incrementar las desigualdades, en particular dado su potencial para perturbar los mercados laborales y su propensión a crear polarizaciones en numerosos puestos de trabajo poco o medianamente cualificados susceptibles de ser automatizados. La robotización y la economía de plataformas pueden plantear una seria amenaza para muchos lugares de trabajo europeos y generan nuevos riesgos, puesto que la mayoría de las tecnologías relevantes operan basándose en datos, incluidos especialmente los datos personales.

3.1.6.

Las oportunidades nuevas para generar riqueza solo suelen beneficiar a una determinada clase de personas: aquellas con una buena formación, buenas capacidades sociales y elevada tolerancia al riesgo. Los principales beneficiados de las novedades digitales suelen ser los proveedores de capital intelectual, financiero y físico: innovadores, accionistas, inversores y trabajadores muy cualificados. Se teme que la tecnología digital se convierta en una de las principales causas del estancamiento o incluso reducción de los ingresos.

3.1.7.

Se necesita una política activa e integral para aprovechar las oportunidades de la digitalización en vista de los tres problemas fundamentales descritos anteriormente. Asimismo, los riesgos derivados de la digitalización han de supervisarse y gestionarse. El CESE ha de seguir trabajando de manera activa acerca de estas cuestiones.

3.2.1.

Al estar comprometida con la lucha global contra el cambio climático (esto es, el Acuerdo de París) y a favor de la protección de los recursos naturales, Europa debe reducir drásticamente y de forma urgente la huella ambiental de su economía. La crisis ecológica ya nos está afectando. A nivel global, el crecimiento de la población, el crecimiento económico a largo plazo basado en los combustibles fósiles y el uso no sostenible de los recursos y las tierras están aumentando la presión en el medio ambiente. Un desafío clave, que también se refleja en los ODS, consiste en velar por que el desarrollo y el crecimiento económicos respeten las limitaciones del planeta, ya sea en lo que respecta a la protección del clima, el uso y la gestión de los recursos, y la calidad del aire y del agua o a la protección de la biodiversidad terrestre y marina.

3.2.2.

La descarbonización profunda de la economía necesita la urgente transformación de numerosos sectores económicos. La transición de los combustibles fósiles a los renovables exige una mayor flexibilidad energética y más conocimientos técnicos. El desarrollo general de la energía de «prosumidores» (5) debería ser una parte importante y sostenible de la política energética de la UE (6). Los sistemas de transporte requieren cambios estructurales a través de la electrificación y el coche compartido. La vivienda y las infraestructuras necesitan una modernización. Una bioeconomía avanzada puede constituir un factor clave que impulse la ecologización de la economía.

3.2.3.

Europa ha de alejarse del actual modelo económico lineal de «coger, fabricar, consumir y eliminar» y dirigirse hacia un modelo circular que sea reconstituyente por naturaleza, que dependa en la medida de lo posible de fuentes naturales renovables y que conserve el valor de los productos, materiales y recursos en la economía el mayor tiempo posible. La digitalización puede ser importante en este contexto (véase el punto 3.1.4).

3.2.4.

La transición hacia una economía baja en carbono, circular y ecológica es una oportunidad para que la UE incremente su competitividad y su fortaleza. Puede mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos europeos. Además, reduce la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y materias primas críticas, y crea una base estable para la prosperidad económica.

3.2.5.

No obstante, la descarbonización y la transición ecológica implicará cambios sociales (7), puesto que los puestos de trabajo en industrias con una elevada huella ecológica disminuirán. Debe aceptarse como una tarea política estratégica para aprovechar plenamente el potencial que la descarbonización y la transición ecológica encierran para la creación de nuevos puestos de trabajo y la mejora de la seguridad social, de modo que el balance neto sea tan positivo como sea posible.

3.2.6.

El cambio hacia una economía hipocarbónica y circular ha sido impulsado por iniciativas ascendentes lideradas por los ciudadanos, los entes locales, los consumidores y las empresas innovadoras, en relación tanto con la energía como con la alimentación. No obstante, en lugar de promoverse iniciativas relevantes y generarse una masa crítica en Europa, con un resultado positivo para el mercado laboral y la seguridad social, los progresos adicionales a menudo se ven obstaculizados por los sistemas administrativos y reguladores. No se es plenamente consciente de que las iniciativas ascendentes pueden constituir una poderosa herramienta para superar los problemas sociales de la descarbonización y la transición ecológica. A fin de revelar este potencial, es necesario eliminar las barreras estructurales que impiden que las personas con pocos medios accedan a los recursos que necesitan (especialmente, capital e información relevante).

3.3.1.

Si bien la globalización y el progreso tecnológico han aumentado drásticamente el comercio y la riqueza globales, la combinación de globalización y progreso tecnológico ha contribuido también a un aumento de la desigualdad social (y medioambiental). Según Oxfam, tan solo ocho individuos, hombres todos ellos, poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial.

3.3.2.

En Europa, la brecha de la desigualdad está creciendo. De acuerdo con un estudio reciente de la OCDE, la desigualdad de los ingresos sigue en su nivel máximo histórico en Europa. En la década de los ochenta, la renta media del 10 % más rico de la sociedad era siete veces mayor que la del 10 % más pobre. Hoy en día es 9,5 veces mayor. La desigualdad de la riqueza es aún mayor: el 10 % de los hogares más ricos cuentan con el 50 % de la riqueza total, mientras que el 40 % menos rico cuenta con poco más del 3 % (8).

3.3.3.

Una causa del empeoramiento de la desigualdad en Europa es la separación de crecimiento y renta neta. Mientras que el PIP de la zona del euro creció más de un 16 % entre 2008 y 2015 (más del 17 % en la Europa de los Veintiocho), la renta neta disponible de los hogares se estancó y creció tan solo un 2 % para la EU-28.

3.3.4.

En los veinticuatro países de la OCDE, la productividad ha aumentado un 27 % desde 1995, mientras que la remuneración salarial media ha quedado rezagada al aumentar tan solo un 22 %. Es más, el aumento de los ingresos profesionales ha sido significativamente menor para el grupo social con los salarios netos más reducidos. Esta desigualdad salarial ha empeorado a lo largo de los últimos veinte años en todos los países europeos excepto España. La tendencia es más pronunciada en Hungría, Polonia, la República Checa y el Reino Unido (9).

3.3.5.

Se corre el riesgo de que esta brecha aumente por la naturaleza cambiante del trabajo. Por ejemplo, la automatización de procesos industriales complejos por medio de la robótica amenaza con reducir la demanda de trabajadores medianamente cualificados e incluso de los niveles inferiores de los altamente cualificados, quienes actualmente desempeñan estas tareas complejas. Es probable que esto siga contribuyendo a la polarización del mercado laboral, puesto que los nuevos trabajos creados pertenecerán bien al escalón (aún) más cualificado (desarrollo y mantenimiento de estos productos/servicios) o bien al escalón poco cualificado orientado a los servicios. Según la OCDE, el 9 % de los empleos corre el riesgo de ser automatizado, mientras que para el 25 % las tareas cambiarán de forma considerable.

3.3.6.

Las respuestas gubernamentales al impacto de la digitalización tienden a ser reactivas en lugar de proactivas y por lo general se centran en mitigar los efectos colaterales de la digitalización en vez de tratar de aprovechar sus beneficios potenciales. Las respuestas de los gobiernos deben tener más en cuenta el reto que plantean la representación y la participación de los trabajadores como un aspecto importante de la inversión en capital humano en un mercado laboral en evolución. El CESE podría seguir analizando detenidamente el impacto de la digitalización en la naturaleza del trabajo.

3.4.1.

El aumento de la desigualdad como consecuencia, solo en parte, de la globalización y el progreso tecnológico ha contribuido a una pérdida de la confianza en los gobiernos, la clase política, las organizaciones internacionales, las instituciones y la gobernanza global. Asimismo, ha alimentado el aumento de los movimientos populistas y el declive de los partidos políticos tradicionales. La abstención de los jóvenes (por no hablar del voto antisistema) es especialmente preocupante: solo el 63 % de los europeos entre 15 y 30 años votó en elecciones convocadas en 2015 (10).

3.4.2.

Muchos ciudadanos europeos se sienten ajenos a la toma de decisiones políticas en el ámbito nacional y el europeo. Consideran que los procesos democráticos tradicionales no les permiten tener influencia en las decisiones fundamentales. El enfoque multilateral (por ejemplo, conforme a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) es un modelo democrático inclusivo y constituye una forma de superar esta desconfianza.

3.4.3.

La transformación hacia la sostenibilidad no puede y no debe imponerse «desde arriba»: solo tendrá éxito si se fundamenta en el apoyo amplio y en la participación activa de la mayoría de las empresas, los entes locales y regionales, los trabajadores y los ciudadanos. Debe tratarse de una cooperación «de abajo arriba y de arriba abajo». Las alianzas multilaterales se utilizaron para definir la Agenda 2030 y están emergiendo en el ámbito de la acción por el clima (11). Estas pueden servir de prototipo para un modelo nuevo de gobernanza democrática inclusiva que podría aplicarse en todos los sectores de la política y facilitar el cambio transformacional y la innovación.

3.4.4.

La generación más joven, en particular, está exigiendo formas de compromiso político no tradicionales, por contraposición a los partidos políticos y organismos convencionales. Las comunidades de la energía, las asociaciones entre ciudadanos y municipios para promover la eficiencia energética (por ejemplo, a través de modelos de contratación) o la gestión de residuos, las iniciativas de pueblos en transición, la agricultura sostenida por la comunidad, los blogs políticos y otros formatos en línea o, incluso, las iniciativas de monedas locales ofrecen formas alternativas de compromiso político. Es obvio que estas no sustituirán la labor política tradicional, pero pueden contribuir en gran medida a la socialización de la política y a la integración social.

3.4.5.

Utilizar el potencial de internet es otro enfoque prometedor para superar los obstáculos políticos. Nunca antes la información había estado tan plenamente disponible como sucede en una red descentralizada sin un control clásico. Esto conduce a nuevos retos para la sociedad, tal y como se ha observado con los fenómenos de la posverdad y las pseudonoticias. También somos testigos del auge de formas de activismo alternativas y no jerárquicas, así como de un gran uso de las redes sociales entre los ciudadanos, sobre todo entre los jóvenes.

3.4.6.

La administración electrónica puede derivar en modelos de gobernanza nuevos en los que haya un nivel sin precedentes de participación pública en la actividad política. La UE debería fijarse en Estados miembros como Estonia, donde se han realizado progresos considerables. La digitalización permite que los ciudadanos participen en los procesos de toma de decisiones con un coste relativamente bajo. Sin embargo, los datos empíricos reflejan que la inclinación favorable hacia la clase media (una mayor representación de miembros de la clase media en foros participativos) también se da con respecto a la participación electrónica. El CESE se halla en una buena posición para entablar un diálogo a escala de la sociedad civil sobre esta cuestión.

—

aprovechar lo mejor de la revolución digital para construir una economía nueva, competitiva y sostenible,

—

dar un giro hacia una economía hipocarbónica, circular y ecológica, a la vez que garantiza una transición justa para todos,

—

construir un modelo social europeo robusto, y

—

garantizar un sistema democrático más orientado hacia los ciudadanos y más descentralizado, a la vez que aprovecha las ventajas de la cooperación económica justa a nivel mundial.

4.1.

El CESE considera que los ODS, junto con el Acuerdo de París (COP21), infundirán nuevo vigor a la visión de «la Europa que queremos» (12)  (13). La Comisión debe dar un nuevo impulso a la aplicación de estos acuerdos desarrollando las políticas perfiladas en su Comunicación «Próximas etapas» e incorporándolos plenamente al marco político europeo y a las prioridades actuales de la Comisión. «La Europa que queremos», al igual que la Agenda 2030 (esto es, los ODS), sitúa al individuo en el centro de la sociedad y la economía, y concedería a toda persona la oportunidad de decidir cómo quiere satisfacer sus necesidades en armonía con el entorno social y ecológico. Este concepto no es utópico. En realidad, Europa cuenta ahora con los medios tecnológicos y económicos para materializar esta visión: el internet de las cosas y los macrodatos, el control de procesos complejos por medio de aplicaciones móviles, el «prosumo» a través de la reducción de la producción y la disminución de los costes de producción (por ejemplo, energías renovables, impresión 3D), nuevos métodos de transacción y pago (cadena de bloques, bitcoins y contratos inteligentes), el cooperatismo y el consumo colaborativo como nuevos conceptos empresariales, entre otras innovaciones.

4.2.

Todas estas innovaciones pueden hacer realidad esta visión, pero esto precisa una estrategia que aporte soluciones a tres retos relacionados con la innovación. Dicha estrategia implica un concepto nuevo de bienestar «más allá del PIB», en el cual se aspire a la prosperidad económica, la inclusión social, la responsabilidad medioambiental y la capacitación cívica de forma integrada.

4.3.

No actuar no es una opción: si la UE no está dispuesta a desarrollar y aplicar una estrategia integral, o no es capaz de hacerlo, Europa no solo no cumplirá la Agenda 2030 ni alcanzará la visión de «La Europa que queremos». Si no se actúa, se corre el gran riesgo de fracasar ante cada uno de los desafíos fundamentales: el orden laboral en Europa será destruido, la descarbonización y protección de los recursos cesarán porque los costes sociales de la transición ecológica se considerarán demasiado elevados, y las desigualdades sociales así como la alienación aumentarán, lo que planteará un riesgo para la democracia.

4.4.

Es de vital importancia que la estrategia incluya unas recomendaciones políticas precisas para ayudar a abordar los tres desafíos clave a los que se enfrenta Europa y así hacer realidad «La Europa que queremos».

—

innovación

—

regulación/gobernanza

—

política social

—

acceso abierto

—

educación/formación

—

investigación

5.1.1.

Innovación: la nueva revolución industrial es una oportunidad para que Europa se convierta en líder tecnológico e incremente su competitividad en unos mercados globalizados. La generación de valor económico sin unos costes externos elevados debe convertirse en el modelo empresarial estándar. Necesitamos compañías y empresas innovadoras y rentables que inviertan en la producción sostenible, creen empleos de elevada calidad y sienten una base económica para el bienestar. Para que la innovación contribuya a una Europa más sostenible, se debe crear un marco que recompense las actividades económicas que tengan un impacto externo nulo o sustancialmente reducido, o bien que limiten el consumo de recursos. De este modo, los innovadores sostenibles (ya sean los ciudadanos, las empresas, las ciudades o las regiones) podrán competir con los modelos empresariales que hacen un uso muy intensivo de los recursos o con un impacto medioambiental considerable. El apoyo proactivo —por ejemplo, poner microcréditos a disposición de las pymes, ciudadanos, hogares privados, iniciativas de la comunidad y empresas sociales y microempresas— también se debe prestar a los innovadores que ofrezcan soluciones nuevas para abordar los retos medioambientales y sociales y que actúen como usuarios pioneros (14). Una patente única europea podría ser de ayuda para ello, siempre que los costes de tramitación no sean prohibitivos (15). En relación con las pymes, deberían revisarse las medidas de segunda oportunidad para reducir el actual alto grado de aversión al riesgo en la UE (16). La política también debe ofrecer espacio a los ensayos en toda Europa, sobre todo en los sectores de movilidad, residuos, energía, agricultura, educación o sanidad. Se pueden encontrar mercados nuevos haciendo que la contratación pública se oriente hacia la prestación socialmente inclusiva de unos servicios digitales hipocarbónicos, circulares y ecológicos.

5.1.2.

Regulación: un marco regulador debe cumplir tres objetivos. En primer lugar, debe valorarse el coste de los efectos externos de la forma más precisa posible, de modo que sea posible desarrollar modelos empresariales que ayuden a lograr los objetivos de sostenibilidad (17). En segundo lugar, la reglamentación debe garantizar la implantación en toda Europa de infraestructuras digitales bien desarrolladas, también en las zonas rurales, y el acceso universal a ellas (incluyendo el calor inteligente, la red eléctrica inteligente y las redes de movilidad eléctricas). Estas deben considerarse servicios públicos en el sentido jurídico. Por último, y puesto que la digitalización tiende a favorecer las plataformas, se corre el riesgo de que surjan monopolios en los principales mercados digitales. Por tanto, se necesitan unas políticas antitrust activas (18). Asimismo, el CESE ha sugerido que la Comisión examine formas de fomentar las plataformas europeas de manera que el valor creado permanezca en las economías locales (19). Una agencia independiente de calificación europea de las plataformas digitales podría desempeñar un papel clave a la hora de equilibrar su poder de mercado, la cual operaría con las mismas competencias en todos los Estados miembros para evaluar la gestión de las plataformas en lo que respecta a la competencia, el empleo y la fiscalidad (20).

5.1.3.

Política social: la transformación que conllevan la descarbonización y la digitalización (véase el apartado 3) supone un desafío para los sistemas de seguridad social a la hora de gestionar el problema de la pérdida de puestos de trabajo y la disminución de los ingresos fiscales. Así pues, deben examinarse y desarrollarse nuevos enfoques y modelos con el fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social en los Estados miembros, dar respuesta a las diversas circunstancias del trabajo futuro y apoyar a los trabajadores y las comunidades de los sectores y regiones afectados por la transición. El CESE, en su dictamen sobre el pilar europeo de los derechos sociales, ha tenido en cuenta los retos del futuro del trabajo y ha hecho un llamamiento en favor de una Estrategia Europea de Empleo coherente sobre la inversión y la innovación; el empleo y la creación de empleo de calidad; unas condiciones justas de trabajo para todos; transiciones justas y fluidas respaldadas por unas políticas activas para el mercado laboral; y la participación de todas las partes interesadas, especialmente de los interlocutores sociales. Además, la inversión pública debería apoyar a las comunidades, regiones y trabajadores de los sectores que ya se están viendo afectados por esta transición, así como anticipar y facilitar la reestructuración y la transición futuras hacia una economía más ecológica y sostenible (21).

5.1.4.

Acceso abierto: encauzar el potencial de la digitalización para una economía verde y justa requiere ante todo una apertura general en la economía que permita a las personas participar activamente en ella y beneficiarse de las oportunidades del progreso tecnológico (por ejemplo, combinando datos digitales relativos a la energía con la generación descentralizada de energía). Es de vital importancia, por tanto, eliminar barreras a la participación económica a través de mercados abiertos, datos abiertos, modelos de código abierto y estándares abiertos. Cada uno de estos elementos tiene que verse como un principio rector de los programas políticos en sectores estratégicos: energía, transporte, logística y procesos de producción. El concepto de soberanía de los datos debe desarrollarse y aplicarse a todo el Derecho europeo: los ciudadanos europeos deben tener derecho a usar sus propios datos para sus intereses, a determinar qué datos personales son utilizados por terceros, a decidir cómo se usan los datos, a estar informados y tener control pleno sobre el uso de los mismos y a eliminarlos.

5.1.5.

Educación/formación: tanto la economía verde como la digital requieren destrezas específicas, en especial porque la futura tecnología digital será una importante herramienta para lograr la descarbonización de la economía europea (véanse los puntos 3.1.4 y 3.2.3). La formación para desarrollar las destrezas formales e informales necesarias, inclusive en ámbitos como el trabajo colaborativo/comunitario y el emprendimiento (22), debe integrarse en las políticas en materia de enseñanza general y aprendizaje permanente. Es necesario redoblar el diálogo y el análisis sobre esta cuestión. Se recomienda un uso específico de los Fondos Estructurales para garantizar un apoyo eficaz a la hora de abordar la brecha actual entre destrezas ecológicas y digitales, especialmente en regiones que ya están en proceso de transición o se verán afectadas por esta en el futuro. Será necesario asignar recursos, dentro de los sistemas educativos europeos, a la educación y el desarrollo de competencias en áreas donde las destrezas humanas no puedan ser reemplazadas por sistemas de inteligencia artificial (IA) o donde las personas sean necesarias para complementar dichos sistemas (como las que requieren fundamentalmente interacción humana o colaboración entre humanos y máquinas, o las que queremos que sigan en manos de los humanos) (23).

5.1.6.

Investigación: una economía digital, verde y justa será el índice de referencia para los modelos económicos preparados para el futuro. El camino a esta economía pasa por una política de investigación bien orientada, que se base en el análisis del impacto medioambiental y social de las innovaciones, especialmente las innovaciones digitales. En este contexto, el gasto en I+D debe estar disponible para los innovadores que desarrollen nuevas tecnologías digitales y servicios que aborden retos medioambientales y/o sociales. Se ha de crear una red de viveros de empresas que sirva de apoyo.

5.2.1.

Innovación: la participación es un elemento fundamental de la democracia. Las elecciones y la representación son uno de los métodos para organizar la participación, pero se necesitan nuevos planteamientos innovadores para organizar la participación, como la participación electrónica. Es importante abrir la política tradicional a nuevas formas de actividad política no jerárquicas, flexibles socialmente y menos formales, así como promover las iniciativas impulsadas por la sociedad civil y ascendentes.

5.2.2.

Gobernanza: los cambios requieren diálogos multilaterales transparentes y de libre acceso en todos los procedimientos legislativos de la UE y del ámbito local. La «sociedad civil» no debería reducirse a la sociedad civil organizada, sino que debería incluir a todos los ciudadanos. Las alianzas nuevas revisten una especial importancia para la acción por el clima y la protección de los recursos (24). A fin de fortalecer la democracia participativa, el derecho a la iniciativa legislativa prácticamente monopolizado que ostenta la Comisión Europea debe abolirse en favor de más iniciativas del Parlamento Europeo, combinadas con iniciativas legislativas ascendentes, por ejemplo, eliminando los problemas técnicos, legales y burocráticos en la iniciativa ciudadana europea (25).

5.2.3.

Acceso abierto: los métodos de externalización abierta para toda la legislación de la UE constituyen un enfoque adecuado para superar las barreras estructurales que hacen que la participación ciudadana en el proceso decisorio de la UE resulte difícil. Al diseñar este enfoque, ha de prestarse especial atención a la accesibilidad, la inclusión y la rendición de cuentas. El acceso abierto a las políticas y a la política puede incrementarse a través de la publicación en la web y de manera accesible de todas las actividades e información de la UE.

5.2.4.

Formación/educación: los programas de capacitación de los ciudadanos son necesarios para superar la inclinación favorable hacia la clase media (véase el punto 3.4.6). Tales programas deberían diseñarse para atraer a aquellas partes de la población que tienden a abstenerse de la participación activa en la política, la economía y la sociedad. Se debe hacer hincapié en la enseñanza general en las oportunidades de participación y la toma de conciencia de la misma como un principio básico de la democracia. Cabe señalar que la participación activa en los procesos de desarrollo de una voluntad política tiene un beneficio mutuo para la sociedad y el ciudadano en particular, cuyos intereses y puntos de vista se tienen en cuenta. Se necesita una mayor financiación para las organizaciones de la sociedad civil orientadas a estas partes desvinculadas de la población y que persiguen objetivos de sostenibilidad.

5.2.5.

Investigación: las ciencias sociales deben centrarse más en prácticas democráticas alternativas. Un ejemplo de ello es la posible aplicación a la política de la metodología de creación de prototipos. Con este planteamiento, las soluciones políticas se diseñarían en un plazo de tiempo reducido, a continuación se aplicarían en un «mercado de prueba» y se evaluaría su impacto poco después a partir de los comentarios de los ciudadanos y otras partes interesadas relevantes. La evaluación del impacto serviría de base para las modificaciones pertinentes de las soluciones políticas antes de su implantación.

5.2.6.

En términos más generales, se necesita más investigación sobre cómo revisar el nexo entre el conocimiento especializado (científico) y la formulación de políticas, y cómo combinar la integración de un conocimiento especializado totalmente transparente e independiente en la formulación de políticas con la necesidad de reforzar la participación civil.

5.3.1.

Innovación: una economía digital, verde y justa implica una inversión enorme en instalaciones privadas (como, por ejemplo, en instalaciones de energía renovable o en estaciones de recarga de vehículos eléctricos) y en infraestructura pública (como la digitalización de los sistemas de electricidad y movilidad). El sector financiero, por tanto, tendrá que desempeñar un papel fundamental a la hora de hacer posible esta innovación. Los recursos financieros, incluidos los recursos públicos, han de asignarse a inversiones que contribuyan a la transformación sostenible. Con objeto de alcanzar los objetivos climáticos y energéticos se precisa un entorno de inversión estable y predecible, y los instrumentos financieros innovadores deben movilizar fondos privados para inversiones que, de lo contrario, no se materializarían (26)  (27).

5.3.2.

Regulación: la política debe aspirar a crear un sistema financiero privado más sostenible incluyendo elementos de sostenibilidad en la evaluación del riesgo financiero, ampliando la responsabilidad de las instituciones financieras a las repercusiones no financieras de las decisiones de inversión e incrementando la transparencia en las repercusiones medioambientales y sociales de las decisiones de inversión (28). Las políticas también deben animar a los inversores a comprometerse voluntariamente a invertir en productos que respeten los principios de sostenibilidad. Resulta esencial trasladar la ecología a las normas bancarias a fin de que la financiación privada deje de financiar las inversiones convencionales para financiar las inversiones hipocarbónicas y resistentes al cambio climático. Los bancos centrales deberían dirigir la asignación de capital conforme a políticas monetarias, así como a políticas microprudenciales y macroprudenciales, incluidas normas de sostenibilidad.

5.3.3.

Política social: los hogares se verán sometidos a presión como resultado de la digitalización y la descarbonización. Se necesita, por tanto, una reforma fiscal profunda con el fin de aumentar la renta disponible de los hogares y combinar este objetivo con los requisitos de la descarbonización. El CESE pide un sistema fiscal basado en la internalización de los costes medioambientales y en la utilización de los ingresos suplementarios para reducir la carga fiscal sobre el trabajo. Desplazar la presión fiscal del trabajo a la utilización de los recursos ayuda a corregir los fallos del mercado, a crear nuevos puestos de trabajo sostenibles a nivel local, a aumentar la renta disponible de los hogares y a incentivar las inversiones innovadoras desde el punto de vista ecológico (29).

5.3.4.

Investigación: hasta el momento, la repercusión de la digitalización y de la reducción del consumo de combustibles fósiles sobre las finanzas públicas (erosión fiscal) aún se desconoce. La investigación debería centrarse en este aspecto, así como en la contribución general que una política financiera estratégica puede hacer al desarrollo sostenible.

5.4.1.

Innovación y oportunidades de negocio: dada la dimensión global de las tres cuestiones fundamentales, no bastará con hacer que Europa sea más sostenible por medio de una política de innovación clara. Europa debe desarrollar conceptos de innovación transferibles a otras regiones del mundo, en cooperación con sus socios comerciales. El comercio puede ser de ayuda en este punto siempre y cuando los aspectos de la sostenibilidad constituyan criterios clave en la política de comercio internacional, incluidos los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales. Se debería asignar un papel especial a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que debería tener más presente la política medioambiental internacional, como el Acuerdo de París o los Objetivos Internacionales de Aichi para la Diversidad Biológica. Una vez se apliquen las respectivas normas, las empresas, ciudadanos, iniciativas comunitarias, municipios y regiones europeos pueden desarrollar importantes innovaciones (productos y servicios) que pueden exportarse en respuesta a la necesidad de una descarbonización aprovechando las oportunidades que brinda la megatendencia de la digitalización. Estos elementos pueden convertirse en exportaciones exitosas. Por encima de todo, la Comisión Europea debería trabajar con la OMC y sus socios clave para hacer uso de los acuerdos comerciales al objeto de impulsar la valoración del CO2, así como de cualquier otro factor externo que sea perjudicial para la innovación sostenible.

5.4.2.

Regulación: el origen de la gran huella medioambiental de nuestras economías es, entre otros elementos, la distancia cada vez mayor entre los lugares de producción, transformación, consumo y, en ocasiones, eliminación o recuperación de los productos. Conseguir que el comercio internacional sea compatible con el desarrollo sostenible requiere un enfoque regulador inteligente respecto de la liberalización que tenga en cuenta y refuerce unos sistemas de producción local y a pequeña escala. El fomento de las políticas de economía circular y el apoyo a las mismas deberían garantizar que los sistemas sean duraderos, cortos, locales y limpios. Para determinadas actividades industriales, el tamaño de los circuitos puede ser amplio (30). La regulación necesita dar respuesta a este problema por medio de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.

5.4.3.

La UE debería instar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a que desempeñen un papel importante en la promoción de reformas del sistema fiscal y financiero, de forma que se cree un entorno que ayude a los países en desarrollo a movilizar sus propios recursos en mayor medida. Esto debería implicar una reforma de los impuestos nacionales, pero también conlleva la movilización de la comunidad internacional para combatir juntos la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y los flujos ilegales de capital que están provocando que salga más dinero de los países en desarrollo del que entra a través de la ayuda oficial al desarrollo. En concreto, la Comisión Europea debería utilizar la Agenda 2030, basada en los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, como marco para todas las políticas y programas externos financiados por la UE (31).

5.4.4.

Política social: una de las vías para aplicar los ODS y promover una política comercial progresiva que beneficie a todos pasa por la adopción de enfoques multilaterales sobre conducta empresarial responsable. En estos enfoques, las empresas, las ONG, los sindicatos y los gobiernos definen conjuntamente la forma de asumir en la práctica la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Existe una creciente preocupación por las violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro, especialmente por lo que respecta a los «minerales conflictivos», como el cobalto, que se utiliza para fabricar las baterías recargables que se utilizan en teléfonos celulares, ordenadores portátiles, vehículos eléctricos, aviones y herramientas eléctricas. Habida cuenta del compromiso por adoptar una economía hipocarbónica, el imparable proceso de digitalización y lo complejo de una conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro internacionales, es fundamental la colaboración multilateral entre las partes interesadas. Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción y se complace en asociarse a la iniciativa del Gobierno de los Países Bajos para sensibilizar sobre cómo las acciones de las distintas partes interesadas pueden contribuir al entendimiento en torno a una conducta empresarial responsable significativa, especialmente en las cadenas de suministro complejas en las que la actividad se realiza con mano de obra infantil o esclava, o se lleva a cabo en condiciones peligrosas.

5.4.5.

Acceso abierto: los acuerdos comerciales nuevos deben basarse en una aprobación consensuada a través de procesos democráticos nuevos con una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones conjunta. Los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible (CDS) de los actuales acuerdos comerciales de la UE no están funcionando tan bien como deberían. En primer lugar, los capítulos sobre CDS deberían incorporar acuerdos multilaterales globales (la Agenda 2030 y el Acuerdo de París). En segundo lugar, deben reforzarse los mecanismos de supervisión de la sociedad civil, así como incluir un análisis desde la perspectiva de la sociedad civil. Por último, los mecanismos de aplicación también han de aplicarse a los capítulos sobre CDS (32).

5.4.6.

Investigación: se necesitan más datos empíricos para evaluar el impacto de la rápida emergencia en el comercio internacional de nuevos modos de consumo y producción que se están extendiendo de manera progresiva a los servicios transnacionales, especialmente en lo que respecta a su impacto sobre la fiscalidad transnacional. Esta debería ser la base para la decidir si incluirlos en las normas generales de la OMC o en los acuerdos bilaterales y regionales, como ha sucedido con el Programa de Trabajo Decente.

5.4.7.

Recordamos a la Comisión nuestra recomendación anterior de llevar a cabo una evaluación de impacto completa sobre los posibles efectos de la aplicación de los ODS y el Acuerdo de París sobre la política comercial de la UE.

6.1.

En la sección 5 hemos establecido algunas áreas donde las medidas políticas son necesarias para construir una Europa más sostenible en un contexto socioeconómico radicalmente cambiante. Se pueden establecer cuatro criterios para la estrategia de sostenibilidad europea. La estrategia debe:

Estos cuatro criterios se desarrollan a continuación.

6.2.1.

El pensamiento estratégico se refiere a desarrollar una perspectiva a largo plazo basada en la visión de la «Europa que queremos», descrita en la sección 4, y a trazar la senda que Europa ha de seguir para hacer realidad esta visión. Harán falta hasta tres décadas para que se manifiesten los cambios sociales introducidos por los problemas globales y la megatendencia de la digitalización descritos en la sección 3. Muchas decisiones relevantes, incluidas las decisiones relativas a la inversión, requieren tiempo para hacer efecto. Por tanto, tres décadas es un plazo de tiempo apropiado para una estrategia de sostenibilidad europea. Los objetivos pertinentes y las medidas políticas correspondientes deben proyectarse teniendo en cuenta ese plazo de tiempo (33). Este enfoque de retrospección desde el futuro implicaría que el punto de referencia es la hipótesis más optimista para 2050 y que todos los pasos necesarios para satisfacer esa previsión optimista se derivan de dicha hipótesis. Usar la hipótesis más optimista permite elaborar un discurso positivo. Abandonar la economía basada en el carbono y en el uso intensivo de recursos, así como la sociedad centralizada del siglo XX, no se debe entender como un hecho negativo o como el fin del progreso, sino como una era nueva y positiva que ofrece oportunidades atractivas a los ciudadanos.

6.3.1.

El enfoque a largo plazo de la estrategia de sostenibilidad no debe implicar la ausencia de medidas políticas que necesitan tomarse a corto plazo. Más bien, un elemento central de la estrategia de sostenibilidad debería consistir en la creación de la cadena de medidas políticas que son necesarias para conseguir los objetivos proyectados para 2050, empezando por los programas políticos con efectos a largo plazo, los planes políticos con efectos a medio plazo y las medidas específicas orientadas al corto plazo. A fin de llegar al máximo grado de efectividad posible, es necesario aclarar la jerarquía entre los programas políticos, los planes políticos y las medidas políticas. En anteriores enfoques con respecto a la sostenibilidad, sobre todo aquellos desarrollados en virtud de la Estrategia de Lisboa y la Estrategia Europa 2020, había una evidente falta de claridad en lo relativo a las medidas políticas específicas. A este respecto, la estrategia de sostenibilidad europea debería tomar como referencia la Estrategia de Gotemburgo para el Desarrollo Sostenible (34), con su clara orientación hacia las medidas políticas que se renovó en la Comunicación de la Comisión sobre una «Plataforma de acción» (35).

6.4.1.

A la hora de llevar a cabo los planteamientos políticos descritos en la sección 5 y aplicar las diferentes medidas políticas estipuladas en dicha sección, hay que tener muy en cuenta un aspecto: la estrecha interrelación entre los tres problemas globales y la megatendencia de la digitalización. Una estrategia satisfactoria debe, por tanto, evitar los compartimentos estancos, estar integrada de forma horizontal y abarcar los seis ámbitos políticos. Una estrategia general a largo plazo de este tipo podría ser la heredera de la actual Estrategia Europa 2020, combinando la aplicación de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible universales, para reflejar un compromiso firme con el Acuerdo de París sobre cambio climático, con las prioridades de trabajo de la Comisión Europea (36).

6.4.2.

Una política de sostenibilidad satisfactoria también debe estar integrada verticalmente. El desarrollo sostenible necesitará el apoyo de todos los niveles políticos relevantes (local, regional, nacional, europeo y mundial). Así las cosas, es necesario definir claramente en qué niveles políticos se deben adoptar las medidas estipuladas en el marco estratégico. El CESE recomienda la implantación de un marco de gobernanza y coordinación junto con la estrategia a fin de garantizar la coherencia entre las medidas centralizadas y descentralizadas, y hacer partícipe a la sociedad civil organizada a nivel nacional y regional. Debería desarrollarse en mayor medida el Semestre Europeo al objeto de integrar un mecanismo de coordinación vertical para la implantación de los ODS.

6.5.1.

El desarrollo sostenible necesita una gestión política. En función de los objetivos mensurables proyectados para 2050 (véase el punto 6.2), habría que fijar objetivos intermedios que sirvan de hitos. Resulta necesario realizar una evaluación continua para supervisar si la cadena de medidas políticas claras (véase el punto 6.3) está generando los resultados previstos. Si los resultados estuvieran muy lejos de los objetivos y metas, se debe garantizar la armonización inmediata de las medidas políticas.

6.5.2.

A fin de evaluar el progreso por lo que respecta al marco de la estrategia a largo plazo y a la hipótesis más optimista para 2050, hace falta un cuadro de mando integral general que refleje el enfoque complejo y multisectorial que se describe en el presente Dictamen. Este cuadro de mando integral debería incluir indicadores de los seis ámbitos políticos a fin de reflejar la interconexión de los tres problemas globales y la megatendencia de la digitalización descritos en la sección 2. Solo será posible un verdadero enfoque de sostenibilidad estratégico si se lleva a cabo la tarea profundamente analítica de fijar indicadores adecuados y de incluirlos en un «cuadro de mando integral». También es necesario gestionar la coordinación vertical y horizontal de la política de sostenibilidad (véase 6.4). Estas tres tareas (supervisión y evaluación, armonización de medidas políticas y coordinación de la integración horizontal y vertical) requieren unos organismos administrativos que puedan hacerse responsables. Una solución podría consistir en la creación de una dirección general en la UE y de organismos similares en los distintos países.

6.5.3.

Además, el CESE reconoce que, en un mundo en rápida transformación, existe la necesidad de evaluar las comunidades a partir de indicadores diferentes del crecimiento económico. A este respecto, el CESE ha sugerido que se use un nuevo índice de referencia: «el progreso de las sociedades». Esta medida tiene en consideración otros factores diferentes del crecimiento económico para medir el progreso de la comunidad. El progreso de las sociedades debería verse como un índice de referencia complementario al crecimiento económico que ofrece una imagen más amplia de la situación en una comunidad (37).

2.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 81/57

Ponente:

Anne CHASSAGNETTE

Coponente:

Carlos TRIAS PINTÓ

1.1.

Los crecientes retos económicos, sociales y medioambientales que se plantean en Europa ponen en entredicho el modelo económico basado en el patrón «extraer, producir, poseer y desechar».

1.2.

Estamos presenciando el desarrollo de una economía híbrida en cuyo marco la arquitectura tradicional del mercado se enfrenta a la competencia de numerosos nuevos modelos que transforman las relaciones entre productores, distribuidores y consumidores.

1.3.

Además de garantizar la rentabilidad económica, algunos de estos nuevos modelos, como la economía funcional, colaborativa o de la financiación responsable intentan —o pretenden— hacer frente a otros retos determinantes para las personas y el planeta y que son cruciales para el desarrollo sostenible, tales como:

1.4.

La necesidad de respaldar estos modelos innovadores representa para la Unión Europea (UE) la oportunidad de asumir el liderazgo de modelos económicos innovadores que hacen indisociables los conceptos de prosperidad económica, protección social de calidad y sostenibilidad medioambiental, y que definen una «marca europea». Por tanto, la UE debe ser ambiciosa al abordar esta cuestión.

1.5.

A tal fin, se formulan las diez recomendaciones siguientes:

1.5.1.

Garantizar en la UE una mayor coordinación de los trabajos relativos a la economía sostenible mediante la creación de una estructura permanente para la nueva economía sostenible. Esta estructura estaría dotada de medios de evaluación y comunicación, al objeto de supervisar el desarrollo de los nuevos modelos económicos que encierren un potencial de desarrollo sostenible y la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas en el presente dictamen. El diálogo entre las distintas partes interesadas a escala europea se vería favorecido por una estructura de estas características. El CESE podría contribuir a este esfuerzo creando en su seno un observatorio de la nueva economía, conforme a lo ya recomendado en diferentes dictámenes.

1.5.2.

1.5.3.

Es necesario garantizar que los nuevos modelos cumplen suficientemente los criterios de sostenibilidad. Algunos agentes se escudan en los conceptos de la nueva economía sostenible para desarrollar modelos que no son necesariamente sostenibles en todos sus aspectos. La Comisión debe tener en cuenta no solo las oportunidades sino también los riesgos potenciales y las posibles derivas de determinados modelos económicos nuevos, en particular, en lo que se refiere a las cuestiones sociales, la regulación del trabajo y la competencia fiscal desleal.

1.5.4.

La UE debe alentar y apoyar la educación, la formación y la información para que todas las partes interesadas conozcan mejor los nuevos modelos económicos sostenibles y el papel que desempeña la financiación sostenible. Es preciso destacar la compatibilidad, así como las posibles tensiones y arbitrios que existen entre los retos de la sostenibilidad, por una parte, y la rentabilidad económica, por otra.

1.5.5.

La Comisión debería analizar y completar (sin sustituirlas) las iniciativas privadas que tienen por objeto el intercambio de buenas prácticas y experiencias entre los innovadores, a través de redes, plataformas de internet, conferencias, etc. El CESE ya apoya este tipo de iniciativa gestionando conjuntamente con la Comisión Europea una nueva plataforma para la economía circular.

1.5.6.

Los poderes públicos de la UE deben asegurarse de que los promotores de nuevos modelos económicos verdaderamente sostenibles tengan acceso a la financiación en las fases iniciales y posteriores de su desarrollo. Se necesitan instrumentos y definiciones para que tengan un acceso privilegiado a los mecanismos de financiación públicos o para facilitar su financiación por inversores socialmente responsables.

1.5.7.

La Comisión Europea podría favorecer el ensayo de nuevos modelos a través de un fondo de financiación de la innovación dedicado a los modelos sostenibles y abierto a las asociaciones público-privadas. A tal fin, el CESE recomienda poner en marcha proyectos piloto que permitan crear valor compartido e integrar las redes de la nueva economía.

1.5.8.

Los poderes públicos de la UE deben integrar a los promotores de estos nuevos modelos económicos en las políticas sectoriales de la UE ya existentes, para darles mayor visibilidad y generar un «efecto palanca» propicio para su despliegue. Así pues, en el paquete sobre movilidad en curso de elaboración, sería interesante apoyar los nuevos modelos de viaje compartido en automóvil o de uso compartido del automóvil para completar la oferta de transporte público.

1.5.9.

1.5.10.

Es preciso replantearse el modo de funcionamiento del sector financiero para que sea sostenible y redefinir el concepto de riesgo para que se incorporen a nivel micro y macroeconómico los retos a largo plazo medioambientales, sociales y de gobernanza. Todos los agentes de la cadena de valor financiero (consumidores, bancos, inversores, reguladores, gobiernos) deben participar en esta reforma. De este modo, el resultado de las inversiones y los préstamos se adecuaría mejor a las expectativas de los consumidores responsables. El CESE propone crear una plataforma (hub) que permita facilitar a los consumidores una información objetiva para orientarles sobre estos temas.

2.

2.1.

Cada vez es más intenso el debate sobre la sostenibilidad de nuestro modelo económico, es decir, su capacidad para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (2).

2.2.

Desde el punto de vista económico, el desempleo masivo que perdura en algunos países es un reflejo de las dificultades de algunas categorías de población para acceder a un mercado laboral que evoluciona con rapidez. La disminución del poder adquisitivo y el escaso crecimiento en algunos países desarrollados plantea interrogantes acerca de los fines que debe perseguir nuestro modelo económico.

2.3.

A nivel social, el aumento de las desigualdades plantea la cuestión del reparto y la distribución equitativa de los recursos (económicos y naturales). La exclusión de una parte de la sociedad de los beneficios del crecimiento obliga a revisar nuestros modos de gobernanza para establecer un modelo económico más inclusivo y participativo.

2.4.

A nivel medioambiental, los riesgos asociados al cambio climático ponen en entredicho nuestra dependencia de las energías fósiles que más CO2 emiten. La linealidad de nuestros sistemas de producción y consumo da lugar a una sobreexplotación de los recursos naturales y a la erosión de la biodiversidad. La contaminación generada por nuestras actividades económicas repercute en el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos.

2.5.

2.5.1.

Estos nuevos modelos, que pueden basarse en las nuevas tecnologías, en particular, la digital, están transformando las relaciones entre los productores, los distribuidores y los consumidores, que a veces se convierten en «prosumidores». Además, ponen en cuestión algunos conceptos tradicionales, como el del trabajo asalariado, proponiendo formas de trabajo más flexibles y compartidas. Si bien se califican como «nuevos», en realidad, estos modelos pueden retomar prácticas antiguas.

2.5.2.

El presente dictamen aborda todos los nuevos modelos económicos que, además de perseguir la rentabilidad económica, intentan —o pretenden— responder a otros aspectos prioritarios del desarrollo sostenible, a saber:

2.5.3.

Los empresarios innovadores que proponen nuevos modelos económicos supuestamente más sostenibles defienden numerosos conceptos como la economía circular, la economía funcional, la economía compartida, la economía del bien común o las finanzas responsables. Además, refuerzan un modelo empresarial ya estructurado, a saber, la economía social (ES), que da prioridad a los retos de la gobernanza y la utilidad social y ecológica. La ES no puede considerarse como un «nuevo» modelo económico «sostenible», pero se está renovando bajo el impulso de estos innovadores. Estos nuevos modelos no siempre persiguen los mismos objetivos (algunos se centran en los aspectos medioambientales y otros en los aspectos sociales), pero tienen por objeto una producción de valor múltiple (económico, social, medioambiental), por lo que no deberían abordarse de manera compartimentada.

2.6.

Para la UE, convertirse en líder de un modelo económico sostenible es una oportunidad que debe aprovecharse. El modelo económico europeo debe seguir reinventándose para integrar los retos a largo plazo y establecer un vínculo permanente entre los conceptos de prosperidad económica y sostenibilidad.

2.6.1.

En Europa, los consumidores son cada vez más conscientes de las repercusiones sociales y medioambientales de su consumo. El auge de la figura del «prosumidor», en particular en el ámbito de las energías renovables, contribuye a configurar nuevas relaciones en la cadena de valor y entre productores, distribuidores y consumidores. Esto también se ve reflejado en las relaciones entre los agentes económicos. En el sector financiero, por ejemplo, el concepto de riesgo se amplía para dar cabida a los criterios no financieros, en particular, para la valoración de los activos. Algunos gestores de activos intentan de esta manera poner en marcha un proceso para animar a las empresas a precisar —más allá de sus obligaciones reglamentarias— algunos elementos de responsabilidad social y medioambiental. Este proceso, aún en fase embrionaria, debe mantenerse y reforzarse sobre la base de una verdadera rendición de cuentas (3). El desarrollo de la financiación sostenible es la mejor manera de lograr que el sistema financiero europeo pase de una lógica de estabilización a corto plazo a una lógica de impacto a largo plazo.

2.6.2.

Puede ser muy beneficioso para Europa asumir el liderazgo de esta nueva economía.

2.6.3.

Gracias a estos nuevos modelos, la UE puede encontrar soluciones para responder a problemas concretos. El uso compartido del automóvil, al renovar nuestros modos de transporte, puede favorecer una movilidad más inclusiva y ecológica. Los modelos de empresa que tienen por objeto la reinserción de personas con dificultades contribuyen a mejorar el acceso de una parte de la población al mercado laboral.

2.6.4.

2.6.5.

La UE dispone de los medios necesarios para crear «líderes europeos» en estos ámbitos. Para algunas empresas, la combinación de rentabilidad económica y criterios de sostenibilidad en su modelo se convierte en —o ya es— una verdadera ventaja comparativa para conquistar nuevos mercados.

2.6.6.

Al transformar el concepto de sostenibilidad en un componente fundamental del proyecto de modernización de su economía y sus preocupaciones políticas, la UE volverá a movilizar a los Estados miembros en torno a un proyecto unificador, tras el golpe que ha supuesto el brexit, y procurará que el proyecto europeo vuelva a dar prioridad a las personas.

3.

3.1.

La economía funcional, por ejemplo, consiste en sustituir el concepto de venta del bien por el de venta del uso del bien. El consumidor ya no adquirirá un vehículo, sino un servicio de movilidad a través de un proveedor. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, pasar de la propiedad al uso permite a priori: animar a los proveedores a optimizar el mantenimiento de los productos, alargar su vida útil e, incluso, recurrir al diseño ecológico y el reciclaje; compartir entre varios consumidores el uso del mismo bien e intensificar así el uso de los bienes ya producidos y a veces infrautilizados; proponer unos precios de acceso a estos bienes inferiores al precio que debe pagarse para poseerlos.

3.2.

La economía compartida es un concepto cuya definición todavía no se ha establecido (4). En general, este concepto se aplica a empresarios que desarrollan plataformas digitales que permiten a particulares intercambiar bienes o servicios: viajes compartidos en automóvil, alquiler de bienes, compra de segunda mano, préstamos, donaciones, etc. Pero esta definición es objeto de un intenso debate y algunos también incluyen en ella los sistemas de intercambio entre particulares no basados en plataformas digitales, otros añaden empresas que alquilan bienes de los que siguen siendo propietarias, y otros excluyen cualquier iniciativa empresarial orientada a obtener beneficios.

3.3.

La economía circular, por su parte, se ha construido por oposición al modelo lineal (5). Se basa en la creación de «bucles de valor positivos», que permiten reintroducir productos o materiales al «final de su vida útil» en el ciclo de producción. En un modelo circular ideal, los bienes se ecodiseñan, se producen utilizando recursos renovables o reciclados o residuos de otros sectores, se reutilizan, se reparan, se mejoran y, por último, se reciclan. Las ventajas de la economía circular son: disminución de los riesgos, reducción de los costes, valor añadido, fidelización de los consumidores y motivación de los trabajadores.

3.4.

Los nuevos modelos económicos denominados sostenibles no pueden clasificarse únicamente conforme a los tres conceptos mencionados anteriormente. Pero estos conceptos permiten, no obstante, destacar la indefinición de algunos conceptos utilizados para describir los nuevos modelos económicos, a semejanza de los debates sobre los límites de la economía compartida o del concepto cercano de economía colaborativa. Algunos conceptos también pueden solaparse habida cuenta de que la economía funcional y la economía compartida pueden considerarse como componentes de la economía circular.

3.5.

Cabe subrayar, asimismo, la diversidad de empresarios que desarrollan estos nuevos modelos económicos: grandes empresas que se renuevan junto a empresas emergentes que persiguen un crecimiento exponencial, empresas sociales que pueden formar parte de la ES, asociaciones de voluntarios e iniciativas ciudadanas, etc.

3.6.

Por otra parte, si algunos empresarios aspiran a obtener rentabilidad económica y a la vez responder a los retos medioambientales, sociales o de gobernanza, sitúan la sostenibilidad en el centro de su proyecto y evalúan sus efectos para mejorarlos, otros no comparten esta «intención» de sostenibilidad. Buscan ante todo la rentabilidad y consideran que su modelo económico presenta externalidades positivas para el resto de la sociedad, sin verificarlas, sin intentar mejorarlas.

3.7.

Estos nuevos modelos no persiguen necesariamente ser sostenibles desde todos los puntos de vista. Las empresas que desarrollan modelos económicos y se inspiran en la economía circular tienden, por ejemplo, a hacer de las cuestiones medioambientales el elemento central de su proyecto y a maximizar el ahorro de recursos. Sin embargo, para que el sistema sea también sostenible a nivel social, es necesario que la opción circular siga siendo asequible y accesible para el consumidor. Además, si bien los ciclos de producción creados pueden ser locales —y priorizar así los recursos y empleos locales—, no se excluye que los recursos utilizados, como los materiales reciclados, se transporten a larga distancia. Al contrario, la economía compartida puede tener como principal objetivo la ampliación del acceso de los usuarios a un bien, sin tener por ello ninguna exigencia medioambiental.