12.1.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 11/1

12.1.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 11/2

—

Vistos el informe de la Comisión de 4 de junio de 2015 sobre la política de competencia 2014 (COM(2015)0247) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña, de la misma fecha,

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 101 a 109, 147 y 174,

—

Vistas las normas de competencia, directrices y decisiones pertinentes de la Comisión,

—

Vistos su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE, y su Resolución, de 11 de diciembre de 2013 (1), sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE en 2012 (2), así como los requisitos fijados en ellas por el Parlamento,

—

Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Departamento Temático A — Políticas Económicas y Científicas) para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos entre empresas (3),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, titulado «El mercado interior del transporte internacional de mercancías por carretera: dumping social y cabotaje» (4),

—

Visto el Informe de la Red Europea de Competencia (REC), de mayo de 2012, sobre la garantía del cumplimiento de la normativa de competencia y las actividades de supervisión del mercado por las autoridades europeas de competencia en el sector alimentario (5),

—

Vistas las Directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, relativas a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad,

—

Vistas las conclusiones y las propuestas de actuación del Proyecto OCDE/G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios,

—

Vista la Decisión de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, sobre la apertura de una investigación sobre el sector del comercio electrónico de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo (C(2015)3026),

—

Vista la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2014, titulada «Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020» (6),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado TFUE,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas,

—

Visto el Libro Blanco titulado «Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE», de 9 de julio de 2014 (COM(2014)0449),

—

Vista la investigación sobre competencia en el sector farmacéutico, de 8 de julio de 2009, y los informes de seguimiento, en particular el Quinto informe de seguimiento sobre los acuerdos en materia de patentes,

—

Visto el marco universal para la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas Agrícolas y Alimentarios (SAFA), desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0368/2015),

A.

Considerando que la política de competencia de la UE constituye un pilar fundamental de la economía social de mercado en Europa y un instrumento esencial para el funcionamiento del mercado interior de la Unión;

B.

Considerando que, en materia de competencia, la voz de la Unión Europea es escuchada y respetada en la escena internacional; que esta representación externa unificada, independiente y vinculada a poderes claramente identificados permite a la Unión ejercer su verdadero poder político, demográfico y económico;

C.

Considerando que la política de competencia es en sí misma una herramienta de salvaguarda de la democracia europea, en tanto en cuanto impide la excesiva concentración de poder económico y financiero en pocas manos;

D.

Considerando que la Unión Europea se basa en una economía social de mercado abierta de libre competencia, cuya finalidad es aumentar la prosperidad de los consumidores y el nivel de vida de todos los ciudadanos de la UE, y que la Unión Europea está estableciendo un mercado interior concebido para favorecer el desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios;

E.

Considerando que la aplicación estricta de los principios del Derecho de competencia de conformidad con el Tratado de la UE debería contribuir a los objetivos generales de la política económica de la UE y al mismo tiempo redundar en beneficio de consumidores, trabajadores y emprendedores y fomentar la innovación y el crecimiento controlando y limitando las prácticas de mercado desleales derivadas de monopolios y posiciones dominantes del mercado, de manera que toda persona disponga efectivamente de oportunidades;

F.

Considerando que es de la máxima importancia la independencia de las autoridades nacionales de competencia;

G.

Considerando que cada año se registran unas pérdidas de entre 181 000 y 320 000 millones EUR (aproximadamente el 3 % del PIB de la UE) debido a la existencia de carteles;

H.

Considerando que, en términos de costes de la energía, en el mercado único europeo se registran resultados peores que en el mercado interior de los Estados Unidos, con una dispersión de precios del 31 %, frente al 22 % en los Estados Unidos;

I.

Considerando que en muchos Estados miembros las pymes, que representan el 98 % de las empresas de la UE y el 67 % de los trabajadores, aún se ven afectadas por una grave contracción del crédito;

J.

Considerando que la evasión fiscal, el fraude fiscal y los paraísos fiscales cuestan a los contribuyentes de la UE aproximadamente un billón de euros al año en pérdidas de ingresos y distorsionan la competencia en el mercado único entre aquellas empresas que pagan impuestos y las que no lo hacen;

K.

Considerando que, en los últimos años, el dinamismo de la economía digital y, por encima de todo, las distorsiones de la competencia provocadas por prácticas fiscales y políticas impositivas nacionales agresivas (que probablemente afecten considerablemente al mercado interior) traen consigo retos nuevos para los participantes en el mercado y hacen necesaria una respuesta inmediata y específica por parte de la Comisión; que la cooperación global en materia de cumplimiento de las normas de competencia contribuye a evitar incoherencias en las medidas correctoras y en los resultados de las medidas coercitivas, y ayuda a las empresas a reducir sus costes de cumplimiento;

L.

Considerando que, ante los retos que plantea la era digital, se hace necesaria una revisión en profundidad de los instrumentos jurídicos vigentes en materia de competencia;

M.

Considerando que en el transporte aéreo internacional faltan normas en materia de competencia leal y regulación de empresas públicas en lo que atañe a las compañías aéreas de determinados terceros países que operan desde y hacia Europa y dominan determinadas rutas, lo que provoca un daño considerable a las compañías aéreas europeas y a su vez perjudica a la conectividad de los aeropuertos principales europeos y reduce con ello la oferta para los consumidores europeos;

N.

Considerando que la competencia no tiene las mismas repercusiones en todos los Estados miembros;

O.

Considerando que la política de competencia debe tener especialmente en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y cohesión social;

P.

Considerando que el dumping social es un factor que distorsiona el mercado interior y que menoscaba los derechos de los consumidores y de los trabajadores;

Q.

Considerando que la garantía de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales constituye la base del crecimiento europeo;

1.

Acoge con satisfacción el informe de la Comisión, que subraya la importancia de la política de competencia en la UE, y señala que dicho informe trata en sustancia el ámbito de atribuciones del comisario de Competencia Almunia en la anterior Comisión;

2.

Pide a la Comisión que en el futuro le transmita el documento de trabajo por sectores específicos como parte integrante del informe;

3.

Celebra el hecho de que la comisaria de Competencia, Sra. Vestager, desee cooperar estrechamente con el Parlamento para desarrollar la política de competencia como uno de los instrumentos centrales de la Unión Europea para la realización del mercado interior común, y pide a la Comisión que no aplique la política interna de la UE en materia de competencia de manera que obstaculice las estrategias de mercado de las empresas, a fin de que puedan competir en los mercados globales con agentes de fuera de la UE;

4.

Subraya que una política de competencia eficaz y creíble no debe orientarse exclusivamente a la reducción de los precios de consumo, sino que también debe tener en cuenta los intereses estratégicos de la economía europea, como: la capacidad de innovar; las inversiones; la competitividad y la sostenibilidad; las condiciones especiales de competitividad de pymes, empresas de nueva creación y microempresas; y la necesidad de promover unas normas laborales y medioambientales exigentes;

5.

Pide a la Comisión que ponga fin al dumping social, y hace hincapié en que las decisiones de política de competencia deben tener en cuenta particularmente el impacto social;

6.

Considera que la naturaleza específica de la economía digital, caracterizada por unos costes marginales en descenso y tendentes a cero y por unos fuertes efectos de red, favorece el aumento del nivel de concentración en mercados clave; pide a la Comisión Europea que adapte su política de competencia a las particularidades de este sector;

7.

Pide a la Comisión que complete el mercado interior en los ámbitos en los que siga estando fragmentado e incompleto, y que elimine cuanto antes las restricciones de mercado y las distorsiones de la competencia en los ámbitos en los que se constaten; pide a la Comisión que vele por que la política de competencia también refuerce la cohesión social en la Unión;

8.

Subraya que el establecimiento de prioridades de la actividad de las autoridades de competencia y su presentación en el informe de competencia 2014 coinciden en gran medida con las prioridades comunes; observa, no obstante, que en determinados ámbitos es necesaria una actuación más decidida, que la Comisión debería acometer con ahínco el próximo año; hace hincapié en la importancia de la cooperación global para el cumplimiento de las normas de competencia; apoya la participación activa de la Comisión en la Red Internacional de Competencia;

9.

Pide de nuevo a la Comisión, tal y como ya hizo con ocasión del anterior informe anual, que evite que se produzcan una concentración excesiva del mercado y abusos de posición dominante en relación con la creación del mercado único digital, ya que ello garantizará un nivel superior de servicio para los consumidores y la posibilidad de lograr precios más atractivos;

10.

Considera que es fundamental garantizar la igualdad de condiciones de competencia en el mercado digital y luchar contra los abusos de posición dominante y la optimización fiscal, objetivos que en último término redundan en beneficio de los consumidores;

11.

Considera que el desarrollo de la administración electrónica constituye un importante vector de apoyo al crecimiento, en particular en lo que respecta a la participación de las pymes; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos que les ofrece la nueva legislación en materia de contratación pública para promover el crecimiento en la UE, y solicita a la Comisión que respalde todas las iniciativas relativas al desarrollo de la administración electrónica; hace asimismo hincapié en que la promoción y aplicación de sistemas de administración electrónica en todos los Estados miembros es adecuada para el control eficaz de las infracciones y para garantizar la transparencia tanto en el sector público como en el privado;

12.

Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros apliquen las nuevas normas de contratación pública de manera oportuna, en particular la implantación de sistemas de contratación pública electrónica y de administración electrónica y las nuevas disposiciones sobre el respeto de los criterios sociales y medioambientales y sobre la división de los contratos en lotes, con objeto de impulsar la innovación y la competencia leal, apoyar a las pymes en la contratación pública y garantizar la máxima rentabilidad de la utilización de fondos públicos;

13.

Pide a la Comisión que haga aún más en favor de una apertura ambiciosa de los mercados internacionales de contratación pública al objeto de eliminar la asimetría existente en el grado de apertura de dichos mercados entre la UE y otros socios comerciales, y que, con este fin, tenga en cuenta el informe del Parlamento sobre la propuesta de la Comisión relativa a un instrumento internacional para la contratación pública y la próxima revisión del mismo;

14.

Señala que, en el mercado único, se están vendiendo productos que contienen ingredientes distintos de una remesa a otra a pesar de que se comercializan con la misma marca y el mismo envasado; pide a la Comisión que determine si, en el contexto de la política de competencia de la UE, esta práctica tiene repercusiones negativas para los proveedores de productos locales y regionales, en particular las pymes;

15.

Considera fundamental que la Comisión siga promoviendo una convergencia y una cooperación mayores entre las autoridades nacionales de competencia de la UE;

16.

Acoge con satisfacción la profunda interacción entre la garantía del cumplimiento de las normas de competencia y la estrategia del mercado único digital, en particular en el ámbito de las acciones relativas a la práctica del bloqueo geográfico y los acuerdos de licencias, con miras a completar el mercado único digital; considera que una interacción similar es fundamental en el mercado interior de la energía para eliminar las barreras al flujo libre de energía a través de las fronteras y para construir la Unión de la Energía;

17.

Considera que la competencia en el sector de las telecomunicaciones es esencial no solo para impulsar la innovación y la inversión en redes sino también para fomentar unos precios accesibles y una gama amplia en los servicios para el consumidor; pide, por consiguiente, a la Comisión que proteja la competencia en este sector, en particular en la asignación del espectro;

18.

Pide a la Comisión que examine las cláusulas y las prácticas desleales y abusivas utilizadas por el sector bancario en los contratos celebrados con consumidores; pide a la Comisión, en el contexto de la REC, que fomente los intercambios de prácticas acreditadas; insta a la Comisión a que reduzca la burocracia de todo tipo generada por la aplicación de la política de competencia;

19.

Considera que la política de competencia debe desempeñar un papel importante para hacer los mercados financieros más seguros y transparentes para los consumidores; acoge con satisfacción, por otra parte, las medidas legislativas adoptadas en el sector de los pagos electrónicos, en particular la introducción de límites a las comisiones interbancarias impuestas a las operaciones de pago con tarjeta;

20.

Recuerda a la Comisión que la política de la competencia entraña la regulación del precio de los servicios para los que es difícil fijar un valor de mercado, como las comisiones de los cajeros automáticos;

21.

Pide a la Comisión que estudie las redes de cajeros automáticos desde la perspectiva de la política de competencia, teniendo en cuenta que se trata de una infraestructura en red;

22.

Cree que se debería seguir reflexionando sobre el modo de apoyar a las empresas europeas en la competencia global con operadores de tamaño similar de otras partes del mundo que no tienen que seguir las normas de competencia que deben cumplir las entidades europeas en su propio territorio;

23.

Pide a la Comisión que garantice la coherencia entre las políticas comercial y de competencia de la Unión y los objetivos de su política industrial; señala que la política de competencia de la Unión no debe impedir que surjan líderes industriales europeos en la economía; pide, por tanto, que las políticas comercial y de competencia favorezcan el desarrollo y la competitividad de la industria europea en la escena mundial;

24.

Reconoce que muchas industrias de alto consumo energético están pasando por dificultades económicas y que algunas de ellas, como la industria siderúrgica, se encuentran en situación de crisis; insta a la Comisión a que revise las normas sobre ayudas estatales de la UE para las industrias de alto consumo energético, garantizando protección efectiva ante la fuga de carbono y proporcionando oportunidades justas para las industrias de la UE, en particular para aquellas industrias de alto consumo energético más vulnerables;

25.

Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos en lo que respecta a las investigaciones sobre el abuso de posición dominante en detrimento de los consumidores de la UE;

26.

Observa que los abusos de posición dominante están prohibidos y que constituyen un grave problema de competencia;

27.

Opina que la Comisión actúa con eficacia en casos de infracciones a las normas sobre prácticas colusorias y puede acreditar una importante contribución a la realización del mercado interior y el establecimiento de normas de competencia equitativas;

28.

Subraya que las prácticas anticompetitivas y los monopolios pueden actuar como barreras al comercio que distorsionan los flujos comerciales y de inversión; pide a la Comisión que, en interés de un comercio mundial libre y equitativo, adopte medidas a escala internacional contra los carteles y las prácticas anticompetitivas, oligopolísticas y monopolísticas;

29.

Opina que las normas vigentes en materia de multas a personas jurídicas en caso de infracción deben completarse con sanciones concomitantes contra las personas físicas responsables; considera que las multas deben ser de la cuantía suficiente para tener un efecto disuasorio; subraya la importancia de una política eficaz de protección de denunciantes de irregularidades, que ha permitido a la Comisión detectar carteles;

30.

Considera crucial la seguridad jurídica y pide a la Comisión que incorpore a un instrumento legislativo la normativa sobre sanciones, como las impuestas en procedimientos de defensa de la competencia;

31.

Constata que los modelos de mercado originales de la política de competencia podrían ser inadecuados para la economía digital y que la aplicación de indicadores basados en el precio en este sector dinámico de la economía a menudo no da los resultados deseados; pide a la Comisión que lleve a cabo, con arreglo a nuevos criterios, una evaluación jurídica y económica exhaustiva de los mercados en rápida transformación y los modelos de negocio efímeros empleados por las empresas digitales, con el fin de comprender con claridad las estructuras y las tendencias del mercado, tomar las medidas apropiadas para proteger a los consumidores y tener debidamente en cuenta la importancia de los datos y de las estructuras de mercado específicas de la economía digital; señala que, para definir el mercado pertinente, especialmente en la economía digital, deben aplicarse criterios de evaluación adecuados en términos de competencia;

32.

Sostiene que la protección de la propiedad intelectual es crucial para una competencia leal, y constata con pesar la falta de voluntad de las empresas mundiales para adquirir las licencias necesarias para explotar las patentes europeas; insta a la Comisión a que proteja eficazmente las patentes esenciales para una norma (SEP) y vigile de cerca la regularidad de la adquisición de licencias por los usuarios de patentes;

33.

Pide a la Comisión que investigue si hay algún tipo de correlación entre una presencia elevada de políticos y exministros en los consejos de administración de las empresas energéticas y las prácticas oligopolísticas del sector en algunos Estados miembros;

34.

Cuestiona la larga duración de las investigaciones sobre el gigante estadounidense de internet Google y lamenta que estas investigaciones se prolonguen ya desde hace años sin transparencia y sin ningún resultado definitivo, reflejando el hecho de que hasta 2014 la Comisión se mostró reticente a indicar su voluntad de eliminar restricciones comerciales; destaca que, especialmente cuando se ven afectados mercados dinámicos, un procedimiento de tal duración puede suponer de hecho una depuración del mercado y suscitar incertidumbre para todas las partes;

35.

Pide a la Comisión que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la práctica de Google de ofrecer el sistema operativo Android exclusivamente en combinación con otros servicios suyos, lo que impide a los fabricantes la preinstalación de productos de la competencia; pide, además, a la Comisión que examine en profundidad la posición de dominio del mercado que detenta Google en el ámbito de las reservas hoteleras, y que busque una solución apropiada para este problema; apoya las medidas de la Comisión concebidas para aportar un mayor grado de interoperabilidad y portabilidad en todos los sectores digitales y, con ello, evitar una situación en la que «el ganador se lo queda todo»; hace hincapié en la importancia de dotar a la Comisión de los instrumentos adecuados para mantener una perspectiva actualizada de la rápida evolución del mercado digital;

36.

Pide a la Comisión que efectúe y concluya con diligencia todas las investigaciones pendientes en defensa de la competencia, y que elimine las restricciones comerciales que se hayan establecido; celebra que el nuevo comisario haya rechazado plegarse ante la presión política, y pide que se agilicen los procedimientos de manera que puedan lograrse resultados en el curso del año próximo; acoge favorablemente, por lo tanto, el pliego de cargos remitido por la Comisión a Google sobre su servicio de comparación de compras; pide a la Comisión que continúe examinando con determinación todas las cuestiones detectadas en sus investigaciones, incluidos otros ámbitos de sesgo en las búsquedas, a fin de garantizar la igualdad de condiciones de competencia para todos los participantes en el mercado digital;

37.

Observa que, en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia, la Comisión tiene la posibilidad de adoptar medidas provisionales cuando exista riesgo de perjuicio grave e irreparable para la competencia; insta a la Comisión a que determine hasta qué medida pueden aplicarse tales medidas en los procedimientos de competencia de larga duración, especialmente en el mercado digital;

38.

Recuerda que la neutralidad de la red (el principio según el cual todo el tráfico de internet recibe el mismo trato, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente de su emisor, receptor, tipo, contenido, dispositivo, servicio o aplicación) reviste la mayor importancia para velar por que no haya discriminaciones entre servicios de internet y garantizar plenamente la competencia;

39.

Hace hincapié en que la política de competencia debería basarse en pruebas y acoge con satisfacción la investigación por parte de la Comisión Europea sobre posibles obstáculos al comercio electrónico al comercio transfronterizo en línea de bienes y servicios, por ejemplo, en los sectores de aparatos electrónicos, ropa, calzado y contenido digital;

40.

Observa que el caso Google ha suscitado un debate general sobre el poder de las plataformas de internet dominantes, como eBay, Facebook, Apple, LinkedIn, Amazon, Uber, Airbnb, etc., su influencia en los mercados y en la esfera pública, y la necesidad de regularlas para protegerlos; señala que el objetivo de regular las plataformas de internet debe consistir en garantizar una mayor protección de los usuarios y mantener al mismo tiempo los incentivos a la innovación;

41.

Pide a la Comisión que investigue el dominio del mercado por parte de Google en el ámbito de las reservas hoteleras directas; señala que la empresa pretende que quienes buscan hotel realicen la reserva y el pago a través de Google y no recurran a sitios web de viajes u hoteles propiedad de terceros; subraya que esta maniobra puede ser controvertida, ya que convierte a Google en una agencia de viajes en línea o equivalente que cobra tasas por reserva; destaca que la mayoría de los hoteleros preferirían las reservas directas en lugar de las realizadas a través de un sitio web propiedad de un tercero o de un buscador; hace hincapié en que Google podría servirse de su posición dominante y debilitar con ello a los competidores en los mercados de viajes, perjudicando con ello a los consumidores;

42.

Acoge con satisfacción las modificaciones del Reglamento de Ejecución (CE) n.o 773/2004 recientemente adoptadas por la Comisión en relación con el desarrollo de procedimientos por la Comisión de conformidad con los artículos 81y 82 del Tratado CE, y las correspondientes comunicaciones derivadas de la Directiva sobre las acciones por daños; considera desafortunado que no se haya contado con el Parlamento para la redacción de las modificaciones;

43.

Señala que la política de competencia tiene un papel clave para la realización del mercado único digital; comparte el parecer de que, en los mercados en rápida transformación, una política de competencia sólida requiere un profundo conocimiento del mercado; acoge con satisfacción, por lo tanto, el inicio de una encuesta sectorial sobre el mercado electrónico en aplicación de la estrategia para un mercado único digital;

44.

Pide a la Comisión que, como guardiana de los Tratados, supervise atentamente la aplicación de la Directiva mencionada por los Estados miembros y que garantice la aplicación uniforme de sus disposiciones en toda la Unión; Pide a la Comisión que promueva activamente en los Estados miembros y ante las autoridades de los niveles administrativos regional y municipal la observancia de la política europea de competencia y que explique su base jurídica; subraya la importancia de abordar del mismo modo las ayudas estatales horizontales y verticales; considera necesario que se tomen medidas para aumentar la concienciación en todas partes de la Unión Europea sobre la clasificación y la concesión de ayudas estatales ilegales, en particular cuando estas supongan medidas contrarias a la competencia y proteccionistas; opina, no obstante, que las regiones remotas o periféricas e insulares deben disponer de un margen mayor que en la actualidad en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales;

45.

Considera que, en particular en los procedimientos incoados por ayudas estatales, la Comisión debe examinar más rigurosamente los datos proporcionados por los Estados y mejorar la fiabilidad de los mismos, dado que continuamente se producen tentativas de eludir la base jurídica y las imposiciones legales o de buscar compromisos cuestionables en mayor o menor grado; considera, asimismo, que estos exámenes deben partir del reconocimiento de que, en sectores estratégicos y vitales como la energía, el transporte y la atención sanitaria, los Estados necesitan garantizar la seguridad absoluta y la continuidad del suministro y la prestación de servicios para todos sus ciudadanos, y que deben velar por no promulgar normas que perjudiquen a otros Estados miembros o a la Unión;

46.

Reitera que no pueden utilizarse los Fondos Estructurales de la UE de manera que se apoye directa o indirectamente la deslocalización de servicios o de la producción a otros Estados miembros, para lo cual puede introducirse, por ejemplo, un periodo de espera para las empresas que los perciban; destaca que a veces son necesarias las ayudas estatales para garantizar la prestación de servicios de interés económico general, entre ellos la energía, el transporte y las telecomunicaciones; hace hincapié en que la intervención estatal es a menudo el instrumento político más eficaz para garantizar la prestación de servicios cruciales para mantener las condiciones económicas y sociales en regiones aisladas, remotas o periféricas y en regiones insulares de la Unión;

47.

Celebra la adopción por la Comisión en 2014 de las nueva Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía, y su plasmación como Reglamento general de exención por categorías;

48.

Acoge con satisfacción la inclusión en el Reglamento general de exención por categorías de la ayuda social para el transporte de residentes en regiones remotas, con lo que se reconoce el problema de la conectividad; destaca que la conectividad de las regiones insulares periféricas también es fundamental para conservar y desarrollar niveles aceptables de iniciativa económica y social manteniendo conexiones empresariales esenciales;

49.

Acoge con satisfacción la investigación en curso de la Comisión sobre activos por impuestos diferidos y créditos fiscales diferidos, que beneficiará al sector bancario de varios Estados miembros; opina que los activos por impuestos diferidos y los créditos fiscales diferidos deben autorizarse retroactivamente en el marco de disposiciones sobre las ayudas de Estado si están vinculados a condiciones expresas relativas a objetivos de financiación de la economía real;

50.

Recuerda su petición a la Comisión de que examine si el sector bancario se ha beneficiado desde el inicio de la crisis de subvenciones implícitas y ayudas de Estado en forma de aportes de liquidez no convencionales;

51.

Celebra la introducción de nuevas directrices sobre ayudas estatales para la financiación de riesgo, cuya finalidad primordial es hacer posible fomentar más eficazmente a las pymes, las empresas innovadoras de capitalización media y las empresas emergentes, que sufren considerables desventajas debidas a su tamaño;

52.

Critica que los modelos fiscales que distorsionan la competencia, en particular, puedan causar graves problemas a las medianas empresas e incluso a algunos Estados miembros que no aplican tales modelos fiscales;

53.

Acoge con satisfacción que, con motivo de la modernización de la legislación en materia de ayudas estatales, la Comisión haya tomado la iniciativa de emitir nuevas directrices que aclararán lo que se entiende por ayudas estatales en materia fiscal y en relación con unos precios de transferencia adecuados;

54.

Solicita a la Comisión que elabore otro estudio para evaluar si las disposiciones europeas sobre ayudas estatales inhiben la consolidación y el refuerzo de la competitividad entre las empresas europeas frente a sus competidores globales, sobre todo con respecto a los mecanismos de contratación pública estatales, y también a la luz de la reciente celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP);

55.

Constata que la valoración hecha hasta ahora de las concentraciones y adquisiciones en la economía digital se basaba en gran medida en el volumen de negocios de las empresas participantes, lo que es inadecuado; destaca que empresas con un volumen de negocios reducido o con considerables pérdidas de lanzamiento pueden disponer también de una amplia base de clientes y, por tanto, de grandes volúmenes de datos, y de un fuerte poder de mercado, como lo demuestra la aprobación incondicional de la Comisión de la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook, que sentó un precedente;

56.

Considera que en algunos sectores de la economía, sobre todo en la economía digital, se ha de atender también a otros criterios que vayan más allá de los planteamientos basados en el precio, la cuota de mercado y el volumen de negocios, pues las concentraciones muchas veces pueden entrañar restricciones del mercado;

57.

Considera que, particularmente en la economía digital y en el contexto de la protección de los consumidores, es preciso actualizar las normas generales sobre competencia y deben introducirse nuevos criterios para la evaluación de las concentraciones, como el precio de adquisición, los posibles obstáculos al acceso al mercado, la importancia vital de los datos y el acceso a los datos, las especificaciones de las plataformas y los efectos de red asociados, y también la consideración de si la competencia tiene carácter global en el sector de que se trate o no; pide a la Comisión que tenga particularmente en cuenta el modelo de negocio de las empresas en la economía digital y los posibles obstáculos al acceso al mercado, y asimismo factores como las posibilidades de cambio entre distintas plataformas y la portabilidad de los datos;

58.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de que los minoristas independientes —que están autorizados, en virtud de la legislación de competencia, a trabajar conjuntamente a través de sus establecimientos físicos— puedan también presentar ofertas conjuntas en el ámbito del comercio electrónico;

59.

Considera que la estimación errónea del poder de mercado, combinada con la definición de mercado actual a menudo tiene efectos perjudiciales para las empresas europeas, en particular en tiempos de globalización y en un mercado digital dinámico; pide a la Comisión que tome en consideración un reajuste en el marco del Reglamento sobre concentraciones;

60.

Expresa su preocupación por la perspectiva nacional estrecha que se adopta con excesiva frecuencia con respecto a la cuestión de la delimitación del mercado, que no tiene suficientemente en cuenta la internacionalización de las empresas europeas, como ocurrió, por ejemplo, con el Reglamento sobre concentraciones;

61.

Subraya, como se señala por quinta vez consecutiva en el informe anual sobre competencia, que las ayudas estatales temporales en el sector financiero eran necesarias para estabilizar el sistema financiero mundial, pero que hay que reducirlas rápidamente o eliminarlas y controlarlas totalmente si se quiere realizar la unión bancaria; hace hincapié en la necesidad urgente de eliminar las subvenciones —en forma de garantías implícitas para las entidades financieras que siguen siendo demasiado grandes para quebrar— para equiparar las condiciones de competencia en el sector financiero y proteger a los contribuyentes, y que ello debe hacerse velando por que no se generen beneficios inesperados o ventajas para personas jurídicas privadas; destaca la importancia de adoptar un enfoque restrictivo en lo que respecta a las ayudas estatales;

62.

Hace hincapié en que la competencia fiscal leal resulta fundamental para la integridad del mercado interior, la viabilidad de la hacienda pública y la igualdad de condiciones de competencia;

63.

Considera que las importantes disparidades surgidas en los últimos años entre los Estados miembros en el uso de las ayudas estatales en el sector financiero pueden distorsionar la competencia en este sector; pide a la Comisión Europea que aclare las normas y procedimientos con arreglo a los que se pueden autorizar ayudas estatales en el sector financiero; opina que las ayudas estatales al sector de la banca deben reducirse a más tardar cuando se complete la unión bancaria, y que para ello deberá velarse por que la reglamentación no distorsione la competencia en beneficio de los grandes bancos y por la disponibilidad de crédito suficiente para las pymes;

64.

Cree que la Comisión debería considerar la posibilidad de que las ayudas públicas a las entidades bancarias se vinculen a la condición de conceder crédito a las pymes;

65.

Pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta para conceder menos ayudas estatales pero mejor orientadas, con el fin de lograr una reducción de las ayudas estatales que propicie unos impuestos más bajos que, a su vez, estimulen la creación de nuevas empresas y la competencia leal, en lugar de servir de apoyo a viejas estructuras y operadores establecidos;

66.

Subraya que, cuando las ayudas estatales se emplean para promover servicios de interés general, el elemento crucial es el beneficio de los ciudadanos, y no el de las empresas o entidades públicas;

67.

Pide a la Comisión que siga de cerca las condiciones que debe proponer el Banco Central Europeo para conceder nuevas autorizaciones bancarias a fin de garantizar que se crean unas condiciones de competencia equitativas sin grandes obstáculos para la entrada en el mercado; está firmemente convencido de que, dada la alta concentración que se observa en el sector bancario de algunos Estados miembros, contar con un mayor número de entidades bancarias sería beneficioso para los consumidores y las pymes;

68.

Subraya la importancia capital que la legislación de la UE en materia de subvenciones reviste para la lucha contra la elusión fiscal por parte de las empresas multinacionales;

69.

Celebra las investigaciones iniciadas en 2014 por la Comisión acerca de las ayudas estatales ilegales facilitadas mediante una competencia fiscal desleal en beneficio de determinadas empresas, y que en 2015 se ampliaron a los 28 países de la UE; pide además a los Estados miembros que, en el futuro, transmitan oportuna y prontamente a la Comisión toda la información relativa a sus prácticas fiscales, y que cumplan finalmente con su obligación de notificar a la Comisión y al Parlamento cualesquiera acuerdos especiales que puedan afectar a otros Estados miembros y a las pymes;

70.

Lamenta que, en los últimos mandatos, la Comisión solo haya iniciado un número muy limitado de investigaciones sobre posibles casos de ayudas fiscales estatales, a pesar de las sospechas bien fundadas que han salido a la luz entre tanto; pide a la Comisión que se sirva de las conclusiones de las investigaciones en curso para elaborar directrices más precisas y eficaces sobre las ayudas fiscales estatales, que haga pleno uso de sus facultades con arreglo a las normas de competencia de la UE para atajar las prácticas fiscales perjudiciales y que sancione a los Estados miembros y empresas cuya participación en dichas prácticas se constate; pide a la Comisión que, al mismo tiempo, especifique qué medidas fiscales no son coherentes con la política sobre ayudas estatales;

71.

Considera que, con el fin de establecer una competencia leal entre empresas, en consonancia con el Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, las empresas radicadas en regiones con desventajas temporales o permanentes deberían recibir ayudas y que se debería garantizar una mayor flexibilidad a las regiones con problemas económicos graves, como las regiones incluidas en los objetivos de convergencia y competitividad, y a las regiones insulares;

72.

Lamenta que, desde 1991, solo se haya investigado un número muy limitado de casos de ayudas estatales relacionados con la competencia fiscal desleal, subrayando la necesidad de garantizar un amplio acceso a la información con el fin de iniciar más investigaciones sobre casos sospechosos; expresa su preocupación por los recursos limitados de que disponen actualmente los servicios competentes de la Comisión, que pueden restringir su capacidad de tratar un número de casos significativamente mayor;

73.

Subraya que, por sí solos, los procedimiento de ayudas estatales no pueden acabar de forma definitiva con la competencia fiscal desleal en una serie de Estados miembros; considera que, un año después de las revelaciones LuxLeaks, son necesarios otros resultados concretos, como la introducción de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), la revisión de la Directiva sobre el IVA para prevenir el fraude, la obligación para las grandes empresas internacionales de notificar públicamente y por países sus ventas y beneficios, así como un llamamiento a los Estados miembros para que introduzcan una mayor transparencia en sus prácticas fiscales y requisitos de información mutua;

74.

Considera que las actuales prácticas fiscales de algunos Estados miembros comprometen gravemente el mercado único europeo, que las empresas multinacionales, en particular, deben contribuir de forma justa y adecuada a las finanzas públicas de los Estados miembros, y que es necesario seguir investigando las extendidas prácticas fiscales perjudiciales y las resoluciones fiscales que están erosionando la base imponible del impuesto de sociedades y dando lugar a una planificación fiscal abusiva en Europa; acoge con satisfacción la nueva Comisión TAXE;

75.

Opina que una competencia fiscal justa es uno de los elementos constitutivos del mercado interior, pero que, siempre dentro del respeto de la competencia primaria de los Estados miembros, la competencia fiscal desleal debe evitarse recurriendo, por ejemplo, a bases imponibles armonizadas, al intercambio de información entre autoridades fiscales y al otorgamiento de un derecho legal expreso para controlar los movimientos de capitales si ello resulta fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema fiscal de la Unión; considera que la introducción de una BICIS contribuiría a hacer el sistema más transparente; opina que la cuestión de la consolidación puede resolverse más tarde y no debe impedir una rápida implantación de la BICIS;

76.

Destaca que, en el mercado interior, los nuevos agentes y las pymes que desarrollan su actividad en un único país resultan penalizados en comparación con las multinacionales, que pueden trasladar beneficios o aplicar otras modalidades de planificación fiscal abusiva mediante instrumentos y decisiones variados a los que solamente ellas pueden recurrir; observa con preocupación que, en igualdad de condiciones por lo demás, la inferior deuda tributaria resultante hace que las multinacionales tengan mayores beneficios después de impuestos, creándose así una desigualdad de condiciones de competencia en relación con los competidores en el mercado interior que no pueden recurrir a la planificación fiscal agresiva y que abonan sus impuestos en el lugar o lugares en los que generan beneficios; subraya que fomentar las prácticas fiscales perjudiciales a través de la creación de una sociedad unipersonal privada de responsabilidad limitada (SUP) de ámbito europeo, cuyas normas prevén explícitamente la posibilidad de tener dos domicilios diferentes —a saber, un domicilio social en un lugar y una sede principal administrativa en otra parte—, es un planteamiento equivocado para la UE;

77.

Subraya que la Comisión ha de tener en todo caso acceso a los datos pertinentes en el marco del Derecho de competencia que intercambien entre sí las autoridades tributarias;

78.

Considera que la competencia leal puede verse obstaculizada por la planificación fiscal; invita a la Comisión a adaptar la definición de «establecimiento permanente» de modo que las empresas no puedan evitar artificialmente tener presencia fiscal en los Estados miembros en los que desarrollan una actividad económica; subraya que dicha definición también debería abordar las situaciones específicas del sector digital y garantizar que se considere que las empresas que desarrollan actividades totalmente desmaterializadas tienen un establecimiento permanente en un Estado miembro si mantienen una importante presencia digital en la economía de dicho país;

79.

Subraya que la Comisión, al abordar las resoluciones en materia de competencia, debe considerar el mercado interior como un único mercado, y no como varios mercados locales o nacionales;

80.

Considera que, a la vista de los estudios que estiman que el valor anual del fraude y de la elusión fiscales se cifra en hasta un billón de euros al año, los Estados miembros tienen que actuar de una vez por todas y limitar esa práctica; opina que es fundamental reducir el fraude y la elusión fiscales para avanzar en la consolidación de los presupuestos públicos; acoge con satisfacción la reciente adopción por parte de los ministros de Economía del G-20 de nuevas normas elaboradas por la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que mejorarán la transparencia, colmarán las lagunas y limitarán el recurso a los paraísos fiscales; opina que, en vista de su grado de integración, la UE debe ir más lejos, en términos de coordinación y convergencia, que las propuestas presentadas en el marco del proyecto de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios con miras a evitar cualquier forma de competencia fiscal perniciosa en el mercado interior; destaca, no obstante, que el enfoque de la OCDE se basa todavía en normas no vinculantes y que su actuación debe complementarse con un marco legislativo adecuado a escala de la UE para hacer frente a las necesidades del mercado único, por ejemplo, en forma de una directiva contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que vaya más allá de la iniciativa de la OCDE al respecto en aquellos ámbitos que esta no cubra suficientemente; solicita una evaluación del impacto económico, financiero y sobre la competencia provocado por la elusión y el fraude fiscales;

81.

Considera que, en vista de las prácticas fiscales desleales de algunos Estados miembros, la política del mercado interior y la política de competencia deben ir de la mano para intentar garantizar una justa distribución de los beneficios obtenidos y conseguir que el traslado de beneficios a determinados Estados miembros, o incluso fuera de la UE, con la intención de reducir al máximo la deuda tributaria resulte imposible;

82.

Resalta que un intercambio exhaustivo, transparente y eficaz de información fiscal constituye un requisito previo esencial para evitar la planificación fiscal agresiva; subraya, al mismo tiempo, que la simplificación de los regímenes fiscales de los Estados miembros ayudaría mucho a fomentar la transparencia y la claridad;

83.

Celebra la intención de la comisaria de Competencia de reorganizar el control de las ayudas estatales a fin de alcanzar una carga fiscal justa para todos; espera que, antes de esa reorganización, se realice una evaluación incondicional y completa, y pide a los Estados miembros que pongan todos los documentos exigidos a disposición del Parlamento y que abandonen su actual actitud de bloqueo, que está impidiendo avanzar en este ámbito —a este respecto hay que tener presente que cada Estado miembro debe responder a distintos imperativos políticos sobre la base de su situación geográfica, tamaño, recursos naturales y de otro tipo y su estado de desarrollo económico y social—, y pide que se revisen las directrices sobre ayudas estatales en materia de fiscalidad para incluir los casos de competencia desleal que van más allá de las resoluciones fiscales y los precios de transferencia;

84.

Pide a la Comisión que adopte cuanto antes unas directrices pormenorizadas sobre ayudas estatales en materia fiscal y precios de transferencia; subraya que dichas directrices se han mostrado altamente eficaces en otros ámbitos políticos a la hora de prevenir y acabar con las prácticas de los Estados miembros que no se atienen a la normativa de la Unión en materia de ayudas estatales; señala que dichas directrices solo pueden ser eficaces si contienen unas disposiciones muy precisas, incluidos umbrales cuantitativos;

85.

Pide a la Comisión que, en casos graves de ayudas estatales ilegales, se plantee imponer sanciones contra el Estado o la empresa de que se trate;

86.

Pide a la Comisión que modifique sin demora la normativa vigente con el fin de permitir que los importes recuperados a raíz de una infracción de las normas de la UE sobre ayudas fiscales estatales se transfieran a los Estados miembros que hayan sufrido la erosión de sus bases fiscales o al presupuesto de la UE, y no al Estado miembro que haya concedido la ayuda fiscal ilegal, como es el caso actualmente, ya que esta norma proporciona un incentivo adicional a la elusión fiscal; pide a la Comisión que haga pleno uso de sus poderes en virtud de la normativa de competencia de la UE para abordar la cuestión de las prácticas fiscales perniciosas;

87.

Aboga por un marco legislativo de la UE que evite distorsiones de la competencia debidas a una planificación fiscal abusiva y a la evasión fiscal; con vistas a crear unas condiciones de competencia equitativas, recomienda introducir un intercambio automático y obligatorio de las resoluciones fiscales, así como una BICCIS y una garantía de que los beneficios no salgan de la UE sin tributar;

88.

Sostiene que, en la era de la globalización, la cooperación internacional es fundamental para una aplicación eficaz de los principios relativos a la competencia; pide, por consiguiente, a la Comisión que impulse la cooperación internacional en materia de competencia; subraya que los acuerdos en materia de competencia que permiten el intercambio de información entre las autoridades de competencia investigadoras pueden resultar de especial utilidad para la colaboración internacional en cuestiones de competencia;

89.

Opina que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y todos los demás acuerdos internacionales de comercio e inversión deberían incluir una sección importante dedicada a la competencia;

90.

Destaca que los socios comerciales deberían sacar partido de la creciente competencia en el comercio, de las inversiones del sector privado —incluidas las realizadas a través de asociaciones público-privadas— y del aumento del nivel de bienestar económico de los consumidores;

91.

Subraya que la UE debe redoblar sus esfuerzos en lo que al seguimiento de la ejecución de los acuerdos comerciales se refiere, a fin de valorar, entre otras cosas, si se respetan las normas de la política de competencia y si se aplican y cumplen plenamente las obligaciones contraídas por los socios comerciales;

92.

Pide a la Comisión que utilice la política comercial como medio para procurar establecer unas normas mundiales en materia de política de competencia destinadas a eliminar las todavía numerosas barreras comerciales; considera que el objetivo a largo plazo de celebrar un acuerdo multilateral sobre normas de competencia en el marco de la Organización Mundial del Comercio es la solución ideal;

93.

Apoya las iniciativas sobre política de competencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de la OCDE, así como sus esfuerzos por mejorar la cooperación al respecto en todo el mundo en el ámbito de la política de competencia;

94.

Anima a la Comisión y a las autoridades de competencia de los Estados miembros a que participen activamente en la Red Internacional de Competencia;

95.

Pide que se tomen medidas para garantizar que todos los productos importados de terceros países respeten las normas medioambientales, sanitarias y sociales aplicadas por la Unión y defendidas en el mercado mundial, a fin de proteger a los productores industriales europeos de la competencia desleal;

96.

Pide a la Comisión que respalde los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo para promover la competencia leal; pide a la Comisión que siga desarrollando la cooperación, en particular con las autoridades de competencia de las economías emergentes, y que vele por que se establezcan las salvaguardias adecuadas;

97.

Señala que la igualdad de acceso a los recursos, incluidas las fuentes de energía, es un factor esencial para garantizar una competencia leal en los mercados mundiales; subraya, a este respecto, la importancia de una energía asequible y sostenible, así como de la seguridad del suministro en los acuerdos comerciales;

98.

Pide a la Comisión que publique los resultados de las investigaciones en curso sobre prácticas competitivas en los ámbitos del suministro de alimentos, la energía, el transporte y los medios de comunicación;

99.

Acoge con satisfacción las nuevas Directrices de la UE sobre ayudas estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas, como parte de la modernización de las ayudas estatales de la Comisión; pide a la Comisión que incluya con carácter de urgencia en los acuerdos internacionales un conjunto similar de normas para las compañías aéreas subvencionadas que operan en terceros países, desde y hacia la UE, con el fin de garantizar una competencia leal entre las compañías de la UE y las de terceros países;

100.

Insta a la Comisión a que estimule el intercambio de buenas prácticas a través de la REC, a fin de responder a las preocupaciones expresadas en relación con los casos de alianzas de distribuidores, muchos de los cuales están siendo ya investigados por las autoridades competentes de los Estados miembros; alienta a que, en esos debates, se examinen las interacciones entre los niveles nacional y europeo;

101.

Anima a la REC a que debata la red creciente de alianzas de compra al por menor a escala nacional y de la UE;

102.

Pide a la Comisión que desarrolle progresivamente el marco de competencia de la UE para incluir en el seguimiento de la cadena de suministro alimentario en Europa los indicadores de la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas Agrícolas y Alimentarios (SAFA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incluidos los indicadores correspondientes a las rúbricas «Precios justos y contratos transparentes» (S2.1.1.) y «Derechos de los proveedores» (S2.2.1);

103.

Solicita la creación de un observatorio europeo para los precios de los alimentos y productos agrícolas en origen y destino; llama la atención sobre el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) utilizado en España, como posible modelo para controlar los potenciales abusos de los distribuidores contra productores agrícolas y consumidores;

104.

Pide que se tomen medidas vinculantes en la cadena de suministro alimentario contra los distribuidores que perjudiquen a los productores agrícolas y los consumidores;

105.

Se muestra especialmente preocupado por la situación del sector lácteo, en el que los distribuidores han impuesto precios muy por debajo de los costes tras el final del sistema de cuotas;

106.

Celebra el diálogo regular que mantienen la comisaria responsable de Competencia y el Parlamento, aunque opina que el derecho a ser consultado sobre cuestiones fundamentales no es suficiente;

107.

Observa que, en cuestiones de competencia, el Parlamento solo participa en el proceso legislativo a través del procedimiento de consulta, por lo que su influencia en este ámbito legislativo es mucho menor que la de la Comisión o el Consejo;

108.

Celebra el diálogo regular que la Comisión mantiene con el Parlamento en materia de competencia; pide nuevamente que se adopten directivas y directrices legislativas fundamentales a través del procedimiento de codecisión; considera que el actual diálogo entre el Parlamento y la autoridad de competencia de la UE puede reforzarse todavía más, en particular en lo que respecta a la valoración y el curso dado a las peticiones hechas por el Parlamento en los últimos años; considera que la independencia de la DG Competencia de la Comisión es de una importancia capital para que esta pueda lograr sus objetivos de manera satisfactoria; pide a la Comisión que vuelva a asignar a la DG Competencia suficientes recursos financieros y humanos; pide, en particular, una rigurosa separación entre los servicios que elaboran esas directrices y aquellos que tienen la responsabilidad de aplicarlas en casos concretos;

109.

Considera que el Parlamento debe tener derecho de codecisión en la política de competencia; lamenta que los artículos 103 y 109 del TFUE solo prevean la consulta al Parlamento; considera que este déficit democrático es intolerable; propone que se subsane este déficit lo antes posible mediante acuerdos interinstitucionales en el ámbito de la política de competencia, y que se corrija en la próxima modificación del Tratado;

110.

Defiende que el Parlamento debe tener poderes de codecisión en materia de competencia, en particular cuando se trata de principios fundamentales y directrices vinculantes, y lamenta que no se haya reforzado la dimensión democrática de este ámbito de la política de la Unión con ocasión de las últimas modificaciones del Tratado; pide a la Comisión que presente propuestas para modificar los Tratados de modo que el procedimiento legislativo ordinario abarque también el Derecho de competencia;

111.

pide a la Comisión que le dé un papel más importante en las investigaciones sectoriales, sin dejar de velar por la confidencialidad de determinada información comunicada por las partes interesadas; pide que, en caso de que la deseada reforma de los Tratados se haga esperar, los reglamentos del Consejo se basen de ahora en adelante en el artículo 114 del TFUE, relativo al funcionamiento del mercado interior, de modo que pasen a adoptarse mediante el procedimiento de codecisión; hace hincapié en que la labor en torno a la Directiva relativa a las acciones por daños y perjuicios puede servir de modelo para la futura cooperación interinstitucional en materia de competencia; pide a la comisaria de Competencia que mantenga el diálogo iniciado con la comisión o las comisiones competentes del Parlamento, así como con el grupo de trabajo para la competencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento;

112.

Considera que la Comisión debería realizar y publicar en un futuro próximo una evaluación pública orientada y centrada en los resultados de las diferentes propuestas del Parlamento para el desarrollo ulterior de la política de competencia;

113.

Subraya que la DG Competencia de la Comisión ha de tener debidamente en cuenta en su futura labor las posiciones adoptadas por el Parlamento en los anteriores informes relativos a la política de competencia;

114.

Opina que deben mantenerse todas las formas de diálogo que hayan resultado fructíferas hasta la fecha;

115.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia.

12.1.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 11/16

—

Vistos el artículo 2, el artículo 21 y el artículo 27, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 165 y 167 y su artículo 17, en virtud del cual la Unión debe respetar el estatuto reconocido, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas, así como a las organizaciones filosóficas y no confesionales y, reconociendo su identidad y su aportación específica, mantener un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 10, 11 y 22 y su preámbulo,

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y, en particular, el artículo 2 de su Protocolo n.o 1,

—

Vista la Resolución de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 2010 titulada «Cultura y Desarrollo»,

—

Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000) y, en particular, los artículos del epígrafe «Derechos humanos, democracia y buen gobierno»,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (1979),

—

Vista la Convención de la Unesco de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (Convención de la Unesco),

—

Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en particular su artículo 16, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

—

Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 67/179, de 20 de diciembre de 2012, y la Resolución del Consejo de Derechos Humanos 22/20, de 22 de marzo de 2013,

—

Vistas su Recomendación al Consejo, de 13 de junio de 2013, sobre el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias (1) y las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 24 de junio de 2013,

—

Vista la Decisión n.o 1983/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Año Europeo del Diálogo Intercultural (2008) (2),

—

Vistas las conclusiones del Consejo de 20 de noviembre de 2008 sobre la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural en las relaciones exteriores de la Unión Europea y de sus Estados miembros (3),

—

Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE en materia de derechos humanos y democracia (11855/2012), adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012,

—

Visto el Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural «Vivir juntos con igual dignidad» del Consejo de Europa, de 7 de mayo de 2008,

—

Vista la Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización (COM(2007)0242), que tiene por objetivo promover la conciencia de la diversidad cultural y los valores de la UE, el diálogo con la sociedad civil y los intercambios de buenas prácticas,

—

Vistos los resultados y las acciones de seguimiento de la Acción preparatoria sobre la cultura en las relaciones exteriores de la UE, de 2014,

—

Visto el Protocolo sobre cooperación cultural anejo al modelo de Acuerdo de libre comercio (4),

—

Vista la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación, adoptada con motivo de la reunión informal de los ministros de Educación de la UE el 17 de marzo de 2015 en París (8496/15),

—

Vistas las recomendaciones finales del Trío de Presidencias de la Conferencia Europea de la Juventud de la UE celebrada en Luxemburgo en 2015, que incorporan las consultas en forma de diálogo estructurado sobre la forma de posibilitar la participación política de los jóvenes en la vida democrática de Europa, y en las que se pide al Parlamento Europeo que promueva una educación para la ciudadanía activa y basada en valores,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0373/2015),

A.

Considerando que Europa presenta una enorme y rica diversidad cultural, social, lingüística y religiosa; que esta realidad hace fundamentales para el futuro de la Unión los valores comunes que vertebran nuestras sociedades, como la libertad, la justicia social, la igualdad y la no discriminación, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la tolerancia y la solidaridad;

B.

Considerando que, al no tratarse de un concepto jurídico, el diálogo intercultural no está regulado por ninguna legislación nacional, de la UE ni internacional, sino que se basa en marcos internacionales que tienen por objeto la protección de los derechos humanos y la diversidad cultural;

C.

Considerando que, durante el Año Europeo del Diálogo Intercultural (2008), varios estudios y conclusiones esbozaron una definición del concepto de «diálogo intercultural», describiéndolo como un proceso consistente en un intercambio o interacción abierto y respetuoso entre individuos, grupos y organizaciones con raíces culturales o visiones del mundo distintas, algunos de cuyos objetivos serían profundizar en el entendimiento de las distintas perspectivas y prácticas, aumentar la participación y la libertad y capacidad de tomar decisiones, fomentar la igualdad y reforzar los procesos creativos;

D.

Considerando que es importante que se aporten los medios necesarios, especialmente financieros, para dar prioridad a la financiación de programas diseñados para promover el diálogo intercultural y el diálogo entre los ciudadanos, a fin de reforzar el respeto mutuo en un contexto de fuerte diversidad cultural y abordar la compleja realidad de nuestras sociedades y la coexistencia de distintas identidades culturales y credos religiosos, así como poner de relieve la contribución de las diferentes culturas a las sociedades y al patrimonio europeos y gestionar los conflictos de forma efectiva;

E.

Considerando que la consecución de este objetivo no debe confiarse únicamente a las autoridades públicas y los responsables de la toma de decisiones, sino que debe ser una responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto, incluyendo a un amplio abanico de interesados, como las familias, los medios de comunicación, los educadores, las empresas y los líderes religiosos y de las comunidades; considerando que es importante destacar el papel de todas las partes que intervienen en el diálogo intercultural, y no solo de los agentes políticos;

F.

Considerando que determinados artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea revisten especial importancia para el diálogo intercultural, al promover la igualdad, la no discriminación, la diversidad cultural, religiosa y lingüística, la libertad de expresión y circulación y el derecho de la ciudadanía a participar en la vida económica y política;

G.

Considerando que un diálogo intercultural fructífero requiere un profundo conocimiento de la cultura propia y de otras culturas;

H.

Considerando que el papel desempeñado por la cultura es fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible y erradicar la pobreza en el mundo, como pusieron de manifiesto el Año Europeo del Desarrollo celebrado en 2015, la revisión de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas y los resultados la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de ese mismo año; que es necesaria una integración más explícita de la cultura en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible después de 2015;

I.

Considerando que Europa y el mundo se enfrentan a múltiples desafíos ligados a la globalización, las migraciones, los conflictos religiosos e interculturales y el auge del radicalismo;

J.

Considerando la importancia fundamental, en el marco del diálogo intercultural, de respetar tanto los derechos humanos universales (en tanto que derechos individuales) como los derechos culturales (que reconocen las identidades culturales específicas y múltiples);

K.

Considerando que propiciar la movilidad para estudiantes y docentes, así como cualquier otra forma de intercambio internacional, puede contribuir a conseguir un mundo mejor, en el que las personas circulen libremente y disfruten de un diálogo intercultural abierto;

1.

Afirma que un enfoque común europeo debería hacer balance de la excelente labor iniciada en 2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural, y retomarla, reforzando el intercambio de buenas prácticas y promoviendo, a la luz de los recientes acontecimientos dramáticos, un nuevo diálogo estructurado con todos aquellos que tienen alguna relación con cuestiones de interculturalidad e interconfesionalidad: políticos europeos y nacionales, autoridades locales y regionales, iglesias, asociaciones o comunidades religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales, organizaciones y plataformas de la sociedad civil, profesionales del deporte, la cultura y la educación, consejos de juventud nacionales y europeos, representantes del mundo académico y medios de comunicación;

2.

Anima a todas las partes interesadas a que elaboren una definición de «diálogo intercultural» actual, clara y vinculada a las políticas, a que apliquen o armonicen métodos, criterios de calidad e indicadores para evaluar el impacto de los programas y los proyectos de diálogo intercultural y a que estudien metodologías de comparación intercultural;

3.

Defiende que debe promoverse en el terreno educativo un enfoque intercultural, interconfesional y basado en valores que permita abordar y promover el respeto mutuo, la integridad, los principios éticos, la diversidad cultural, la inclusión y la cohesión social, en particular a través de programas de intercambio y movilidad para todos;

4.

Defiende que los sectores audiovisual y cultural deben abordar asimismo la diversidad cultural; anima a estos sectores a encontrar formas creativas de presionar para que se llegue a un acuerdo sobre planes de acción nacionales, regionales y locales que apliquen la Convención de la Unesco sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales;

5.

Pide que el diálogo interconfesional se considere un componente del diálogo intercultural, condición previa para la paz y herramienta esencial para gestionar los conflictos, centrándose en la dignidad del individuo y en la necesidad de respetar los derechos humanos en todo el mundo, y prestando una especial atención a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y al derecho a la protección de las minorías religiosas;

6.

Hace hincapié en que un auténtico diálogo intercultural e interconfesional fomenta interacciones positivas y cooperativas, promueve el entendimiento y el respeto entre culturas, favorece la diversidad y aumenta el respeto de la democracia, la libertad y los derechos humanos, así como la tolerancia con valores universales o de culturas concretas;

7.

Subraya la importancia de integrar y educar oportunamente a las comunidades segregadas;

8.

Aboga por que la Unión, como promotora de la paz a escala mundial, incluya la cultura y los intercambios culturales, así como la mejora de la educación, en sus relaciones exteriores y sus políticas de desarrollo, como instrumentos para reforzar los valores fundamentales comunes —como el respeto y el entendimiento mutuo— y lograr un enfoque constructivo y sostenible de la resolución de conflictos, el establecimiento de la paz y la prevención de crisis;

9.

Considera que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167, apartado 4, del TFUE, el diálogo y la diversidad cultural deben incorporarse de forma transversal en todos los ámbitos de actuación de la Unión que tienen una incidencia sobre los valores fundamentales de esta, como la política de juventud, la política educativa, la movilidad, el empleo y los asuntos sociales, las políticas exteriores, los derechos de la mujer y la igualdad de género, el comercio y el desarrollo regional;

10.

Subraya la necesidad de formar y preparar a las próximas generaciones para resolver con audacia los problemas y afrontar de modo eficaz e innovador los retos que en el futuro se plantearán a los ciudadanos europeos, ofreciéndoles una verdadera educación para la ciudadanía y asegurándose de que tengan la motivación y la capacidad de compromiso necesarias para adquirir competencias como el emprendimiento, el liderazgo y la creación de capacidades;

11.

Reconoce que el diálogo intercultural es un instrumento para la participación democrática incluyente y el empoderamiento de los ciudadanos, en particular en relación con los bienes comunes y los espacios públicos; afirma que, como tal, el diálogo intercultural podría contribuir significativamente a mejorar la democracia y al desarrollo de una inclusividad y un sentimiento de pertenencia mayores y más profundos;

12.

Opina que incrementar la inversión pública en una educación formal, no formal e informal accesible, de calidad e integradora es un primer paso en pos de la igualdad de acceso y oportunidades para todos; recuerda la necesidad de garantizar la diversidad cultural y social, también del cuerpo docente, en las aulas y otros entornos de aprendizaje para reducir el abandono escolar prematuro y fomentar la educación de los niños desfavorecidos, con vistas a promover la equidad y favorecer la cohesión social en las generaciones futuras;

13.

Hace hincapié en que la educación formal, no formal e informal y el aprendizaje permanente deberían no solo dotar a los alumnos de conocimientos, aptitudes y competencias, sino también ayudarles a imbuirse de valores éticos y cívicos y convertirse en miembros de la sociedad activos, responsables y libres de prejuicios; destaca, a este respecto, la necesidad de que la educación cívica se inicie a una edad temprana, y reconoce la importancia de la colaboración entre todos aquellos que de un modo u otro participan en el proceso educativo; defiende la oportunidad de aprovechar el sentido de la iniciativa y el compromiso de niños y jóvenes para reforzar los vínculos sociales, así como generar un sentimiento de pertenencia y desarrollar códigos éticos contra la discriminación;

14.

Subraya el importante papel del aprendizaje no formal e informal, y reconoce las ventajas de establecer sinergias y asociaciones entre todos los niveles y formas de aprendizaje, también entre generaciones; reconoce asimismo la importancia de participar en actividades deportivas y de voluntariado para estimular el desarrollo de competencias cívicas, sociales e interculturales y contribuir a la integración social de los grupos desfavorecidos y vulnerables y de los ciudadanos en general, en particular en el caso de los niños, al inculcarles el espíritu de equipo y el respeto de la diversidad, combatiendo así fenómenos sociales como la violencia, la radicalización, el racismo y la xenofobia y volviendo a sentar las bases de un diálogo constructivo y pacífico entre las comunidades; recuerda, a este respecto, el papel fundamental de los programas de la Unión en el ámbito de la cultura, los medios audiovisuales, la educación, la juventud y el deporte para luchar contra la intolerancia y los prejuicios, así como fomentar un sentimiento de pertenencia común y el respeto a la diversidad cultural;

15.

Hace hincapié en la importancia que reviste la creación de fuertes vínculos entre la cultura y la educación para la adquisición de capacidades y competencias transferibles, el aumento del empleo seguro y de calidad, de acuerdo con el Programa de Trabajo Decente de la OIT, y la consecución de un nivel superior de integración social y de ciudadanía activa; considera que se encuentran entre los principales objetivos de la aplicación de los valores fundamentales consagrados en el artículo 2 del Tratado de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; recuerda el valor de CONNECT, el único programa de la UE que promueve proyectos culturales y educativos, y anima a la Comisión a que examine la posibilidad de introducir una nueva línea de acciones piloto para someter a prueba la viabilidad actual de dicho plan;

16.

Respalda la movilidad de los jóvenes y los profesores, así como toda forma de cooperación entre las escuelas y las universidades, por ejemplo las plataformas educativas comunes, los planes de estudios conjuntos y los proyectos compartidos, como medios de fomentar el entendimiento mutuo y el aprecio de la diversidad cultural y de dotar a los jóvenes de competencias y habilidades sociales, cívicas e interculturales; opina que poner a los niños en contacto con otras culturas a una edad muy temprana les ayuda a desarrollar destrezas vitales básicas, así como las competencias necesarias para su desarrollo personal, su futuro empleo y una activa ciudadanía europea; destaca que otra herramienta para sentar las bases de las culturas, las artes, las lenguas y los valores europeos son las visitas escolares pedagógicas específicas a diferentes Estados miembros y la movilidad transnacional de los niños; aboga por la movilidad, en particular de los profesores de primaria y secundaria, que les permita compartir experiencias y desarrollar sus propias herramientas para hacer frente y dar respuesta a los desafíos de la sociedad, en constante evolución; destaca el papel y la importancia del programa Erasmus+ para despertar en los jóvenes una conciencia europea y crear un sentido común de pertenencia y una cultura del diálogo intercultural facilitando su movilidad, además de mejorar su empleabilidad; aboga en particular por que se adopten medidas para facilitar el acceso de los grupos desfavorecidos y las personas con necesidades especiales a las acciones de movilidad de Erasmus +;

17.

Anima a los Estados miembros a desarrollar programas de formación de calidad que promuevan la diversidad para que los educadores, los animadores juveniles y los trabajadores comunitarios, así como los servicios de asesoramiento en escuelas y escenarios no formales e informales destinados a los niños y a sus padres, puedan atender las necesidades pedagógicas y educativas de los niños de diferentes extracciones culturales y sociales y abordar todas las formas de discriminación y racismo, incluidos el acoso y el ciberacoso; señala que los recursos educativos deberían reconsiderarse para fomentar un aprendizaje desde múltiples perspectivas y multilenguajes y que las experiencias y las competencias multilingües e interculturales de los docentes deben ponerse en valor y promoverse sistemáticamente en este contexto;

18.

Subraya la importancia de invertir en programas de aprendizaje permanente destinados a los profesores para dotarles de las competencias pedagógicas necesarias sobre los temas de migración, aculturación y psicología social, además de permitirles utilizar la diversidad como fuente de un aprendizaje rico en las aulas;

19.

Señala la función esencial de los profesores para reforzar, en cooperación con las familias, los lazos sociales, generando un sentimiento de pertenencia y ayudando a los jóvenes a desarrollar valores éticos y cívicos;

20.

Reitera la necesidad de crear entornos de aprendizaje basados en los derechos y que tomen en consideración las cuestiones de género, a fin de que los estudiantes aprendan sobre los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer y del niño, los valores fundamentales y la participación cívica, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, la democracia y el Estado de Derecho y los defiendan, con confianza en la propia identidad y conciencia de que su voz es oída y sus sentimientos son valorados por su comunidad; anima a los Estados miembros y a los entornos pedagógicos a que refuercen la participación activa de los estudiantes en la gestión de las estructuras educativas;

21.

Destaca el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como de internet, como instrumentos para promover el diálogo intercultural; defiende el uso de los medios sociales para reforzar la concienciación acerca de los valores y principios fundamentales comunes de la Unión Europea entre los ciudadanos, y destaca la relevancia de la alfabetización mediática en todos los niveles educativos como un instrumento para el fomento del diálogo intercultural entre los jóvenes; insta asimismo al SEAE y a todos los jefes de las representaciones de la UE a que en su trabajo saquen el máximo provecho de las nuevas herramientas digitales;

22.

Reconoce la necesidad de prestar un apoyo estructural y sostenible a las ONG, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las organizaciones juveniles y las instituciones de formación para combatir el extremismo a través de la cohesión y la inclusión sociales, la ciudadanía activa y el empoderamiento y la participación de la juventud, en particular mediante pequeñas iniciativas de escala local y a través de quienes trabajan en la base;

23.

Reconoce el papel fundamental que las ONG, las redes y las plataformas culturales, así como las instituciones mencionadas anteriormente, desempeñan y deben seguir desempeñando allí donde las estructuras, las políticas o los programas de diálogo intercultural formales estén menos desarrollados; anima a que continúe el diálogo entre la UE y las grandes ciudades, las regiones y las autoridades locales a fin de analizar más eficazmente: i) los vínculos entre los modelos urbanos en los que se desenvuelven los ciudadanos y el éxito o fracaso de los sistemas escolares; ii) los beneficios de la educación formal e informal para todos los niños y familias; y iii) la coordinación de las estructuras educativas en aras de promover un diálogo intercultural eficiente;

24.

Pide una atención renovada a la promoción de una sociedad intercultural basada en la solidaridad, especialmente entre los jóvenes, mediante la ejecución del programa «Europa con los ciudadanos», destinando financiación suficiente para lograr sus objetivos de fomento de una sociedad coherente y más inclusiva y fomentando una ciudadanía activa que esté abierta al mundo, respete la diversidad cultural y se base en los valores comunes de la Unión Europea;

25.

Anima a que haya actividades artísticas, deportivas, educativas y formativas de carácter integrador para todas las edades, así como de voluntariado, a fin de reforzar los procesos de socialización y la participación de las minorías, los colectivos desfavorecidos, las comunidades marginadas, los migrantes y los refugiados en la vida cultural y social, especialmente en el liderazgo y la toma de decisiones;

26.

Es consciente de la importancia que tienen los aprendizajes formal, no formal e informal, y también el voluntariado, en un impulso del desarrollo de la personalidad centrado en las capacidades y competencias cognitivas y no cognitivas, el pensamiento crítico, la capacidad de abordar distintas opiniones, la alfabetización mediática, la lucha contra la discriminación, las aptitudes y competencias interculturales y el aprendizaje de lenguas, así como las competencias sociales y cívicas, en particular, el aprendizaje en materia de patrimonio cultural como un instrumento para afrontar los desafíos contemporáneos a través de una interpretación sensible;

27.

Afirma que es preciso que, cuando se trate el asunto del diálogo intercultural y la educación, se mantenga una perspectiva de género y se tengan en cuenta las necesidades de quienes sufren cualquier forma de discriminación, como las personas con discapacidad, las personas LGBTI y las procedentes de comunidades marginadas;

28.

Anima a las instituciones de la UE a hacer un análisis más amplio de todas las formas de radicalización e introducir nuevas reflexiones en torno a la naturaleza y los procesos del extremismo y la violencia política, partiendo de la premisa de que la radicalización es un proceso relacional dinámico y una consecuencia imprevista e impredecible de un conjunto de transformaciones; acoge con satisfacción, por tanto, la Declaración de París de 17 de marzo de 2015 sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación, como un esfuerzo para fomentar el diálogo activo entre las diversas culturas, así como la solidaridad global y el respeto mutuo, centrándose en la importancia de la educación cívica, incluido el aumento de la concienciación acerca del papel singular de los instrumentos culturales a la hora de fomentar del respeto mutuo entre los alumnos y estudiantes;

29.

Recuerda la legitimidad y la responsabilidad de los Gobiernos y de las instituciones europeas para combatir, con la ayuda de los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales, las actividades delictivas; observa, sin embargo, que de conformidad con lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, las medidas punitivas deben respetar en todo momento derechos fundamentales como el derecho a la protección de datos, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva;

30.

Es de la opinión que la UE, cuando fomente los valores fundamentales, el diálogo intercultural y la diversidad cultural a escala internacional, debe condenar con firmeza todo trato inhumano o degradante y toda violación de los derechos humanos, promoviendo así de un modo concreto el pleno respeto de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

31.

Pide a los Estados miembros que garanticen la plena aplicación en la legislación nacional de las normas europeas e internacionales vinculantes en materia de lucha contra la discriminación;

32.

Pide a los Estados miembros que incluyan a las comunidades marginadas, los migrantes, los refugiados y las comunidades de acogida, así como las comunidades religiosas y seculares, en procesos de inclusión respetuosos y emancipadores garantizando su participación en la vida cultural y cívica de un modo humano, respetuoso y sostenible en todas las situaciones, en especial las de emergencia;

33.

Se felicita por la Acción preparatoria sobre cultura en las relaciones exteriores de la UE y su función en la mejora del papel de la cultura como un factor estratégico para el desarrollo humano, social y económico que contribuya por consiguiente a los objetivos políticos, y pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los representantes de la UE en todo el mundo que incluyan la cultura como elemento integral de la política exterior de la UE, que nombren un agregado cultural en cada representación de la UE en los terceros países socios y que proporcionen formación al personal del SEAE sobre la dimensión cultural de la política exterior; pide a la Comisión que integre la diplomacia cultural y el diálogo intercultural en todos los instrumentos de relaciones exteriores de la UE y en el programa de desarrollo de esta; pide asimismo a la UE y a los Estados miembros que refuercen la cooperación con otras organizaciones europeas e internacionales como las Naciones Unidas y sus agencias, en particular, Unesco, Unicef y ACNUR, y que exijan una representación fuerte y eficaz de la UE en sus órganos; solicita, además, que se coopere con los institutos culturales nacionales para mejorar la aplicación de los instrumentos existentes, como las plataformas culturales basadas en redes de los Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea (EUNIC), y el diseño de nuevos instrumentos para abordar desafíos comunes en un mundo globalizado;

34.

Considera que la cultura debe convertirse en un componente esencial del diálogo político con los terceros países y recuerda la necesidad de que se integre de manera sistemática en los proyectos y programas de desarrollo; hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad de eliminar las barreras a la movilidad de artistas, educadores, profesores universitarios y profesionales de la cultura mediante la armonización y simplificación de los procedimientos de visado al objeto de impulsar la cooperación cultural con todas las partes del mundo;

35.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren estrategias que reconozcan el diálogo intercultural como un proceso de comunicación interactiva intra e intercultural para garantizar el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades, aportar y aplicar soluciones eficaces para hacer frente a las desigualdades económicas y sociales y a todas las formas de discriminación, y profundizar en la comprensión de las diferentes perspectivas y prácticas; recuerda el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, como plataforma política para los discursos extremistas y como vehículo para contrarrestar alegatos xenófobos, romper estereotipos y prejuicios y fomentar la tolerancia;

36.

Recuerda que el patrimonio cultural representa la diversidad de las expresiones culturales, por lo que debe protegerse y fomentarse mediante la adopción de legislación armonizada y acuerdos internacionales, en estrecha cooperación con la Unesco;

37.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que prevengan los extremismos, como por ejemplo la xenofobia, el racismo y todas las formas de discriminación y marginación, con medidas de refuerzo de la cohesión comunitaria capaces de contrarrestar con éxito las desigualdades económicas y sociales y en las que participen un amplio abanico de agentes, como planificadores urbanos, trabajadores sociales, asociaciones comunitarias, religiosas y espirituales, educadores, organizaciones de apoyo a las familias y profesionales de la salud, al objeto de combatir el extremismo, garantizar la inclusión social y la igualdad sustancial y formal, fomentar la diversidad y promover la cohesión comunitaria;

38.

Recomienda que la Unión Europea coopere de modo que los niños refugiados puedan acceder al aprendizaje y la escolarización mediante la extensión de los programas de apoyo para el acceso a la educación en las situaciones de crisis humanitaria y que vele por la integración de los estudiantes migrantes en Europa;

39.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien, conciban y pongan en marcha métodos interactivos de participación centrados en la juventud y la infancia a todos los niveles de gobierno;

40.

Destaca el papel de la familia en la preservación de la identidad cultural, las tradiciones, la ética y los sistemas de valores de la sociedad, y subraya que la introducción de los niños en la cultura, los valores y las normas de su sociedad comienza en la familia;

41.

Pide a la Comisión y al Consejo que asuman como un objetivo político fuerte y comprometido de la UE el diálogo intercultural y garanticen por ende el apoyo de la UE a través de diversas medidas políticas, iniciativas y fondos, entre ellas el diálogo intercultural con terceros países, especialmente con Estados frágiles;

42.

Anima a la Comisión y a los Estados miembros a otorgas más prioridad a las iniciativas destinadas a apoyar la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la educación, y a aprovechar plenamente los instrumentos financieros, programas e iniciativas de la UE, como los programas Erasmus+, Europa con los ciudadanos, Europa Creativa y Horizonte 2020, la política europea de vecindad y los instrumentos de relaciones exteriores, y los organismos como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a fin de fomentar y apoyar el diálogo intercultural y la diversidad cultural dentro de Europa y con sus países vecinos y otras zonas del mundo;

43.

Destaca la riqueza de la producción artística europea por lo que se refiere a la contribución a la diversidad cultural, así como su papel a la hora de divulgar los valores de la Unión Europea y desarrollar el espíritu crítico de los ciudadanos europeos;

44.

Recuerda el papel desempeñado por el Premio LUX a la hora de recompensar las películas europeas que celebran la identidad europea o la diversidad cultural europea;

45.

Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que evalúen las repercusiones de las medidas adoptadas en el contexto de este informe y pide a la Comisión que presente un informe de seguimiento y una revisión;

46.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y a los Estados miembros.

12.1.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 11/24

—

Vistos el Libro Verde de la Comisión titulado «Construir una Unión de los Mercados de Capitales» (COM(2015)0063) y la Resolución del Parlamento, de 9 de julio de 2015, al respecto (1),

—

Visto el informe del Grupo de alto nivel sobre supervisión financiera en la UE, presidido por Jacques De Larosière, de 25 de febrero de 2009,

—

Visto el informe del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea titulado «Report on the impact and accountability of banking supervision», de julio de 2015,

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Initial reflections on the obstacles to the development of deep and integrated EU capital markets» (Reflexiones iniciales sobre los obstáculos al desarrollo de unos mercados de capitales profundos e integrados en la UE) (SWD(2015)0013),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre una Unión de Mercados de Capitales, adoptadas por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros el 19 de junio de 2015,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

—

Visto el informe informal de la comisión ECON (2) titulado «Enhancing the Coherence of EU Financial Services Legislation» (Reforzar la coherencia de la legislación de la UE en materia de servicios financieros), aprobado en comisión el 30 de enero de 2014,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de mayo de 2014, titulada «Un sector financiero reformado para Europa» (COM(2014)0279),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Economic Review of the Financial Regulation Agenda» (Análisis económico del programa de regulación financiera) (SWD(2014)0158),

—

Vista su Resolución de 11 de marzo de 2014 sobre la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) (3),

—

Visto el informe de la Comisión sobre la misión y la organización de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) (COM(2014)0508),

—

Visto el informe de la Comisión sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) (COM(2014)0509),

—

Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre la financiación a largo plazo de la economía europea (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de marzo de 2014, sobre la financiación a largo plazo de la economía europea (COM(2014)0168),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados — Un programa de la UE» (COM(2015)0215),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, titulada «Propuesta de Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación» (COM(2015)0216),

—

Visto el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre el tratamiento reglamentario de las exposiciones soberanas, de marzo de 2015 (5),

—

Visto el informe final de la Comisión Parlamentaria de Normalización Bancaria del Reino Unido, titulado «Changing banking for good»,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0360/2015),

A.

Considerando que la crisis financiera de 2007-2008 y su impacto negativo generalizado tuvieron su origen, entre otros aspectos, en las carencias en la aplicación de un marco regulador de los servicios financieros adecuado y de alta calidad para unos mercados y unos productos cada vez más complejos; que se ha emprendido en los últimos años un ambicioso programa de reformas del sector financiero de la UE dirigido a reforzar la regulación y la supervisión financieras, restablecer la estabilidad, aumentar la capacidad de recuperación del sistema financiero frente a los impactos desestabilizadores, limitar los riesgos para los contribuyentes y responder mejor a las expectativas de los inversores y a las necesidades de la economía real, y que, si bien han mejorado las perspectivas de crecimiento en Europa, aún no se ha conseguido la recuperación total;

B.

Considerando que se han operado, y que aún se están produciendo, cambios profundos en los sectores financieros, entre ellos el bancario, el de los seguros, los mercados de valores, los fondos de inversión y la infraestructura del mercado financiero;

C.

Considerando que la transposición y aplicación de la reforma de la regulación del sector financiero sigue su curso y aún no ha concluido, con una serie de importantes reformas sin finalizar y quedando aún pendientes de conclusión numerosos actos delegados y de ejecución en particular, y que, al igual que en los mercados financieros, la situación en los sectores bancario y de los seguros se caracteriza por los continuos cambios e innovaciones, lo cual implica la necesidad de evaluar de forma permanente las normativas que regulan dichos sectores con miras a asegurar la proporcionalidad y la efectividad, así como de proceder a la continua adaptación de dichas normativas;

D.

Considerando que el mercado de capitales de la Unión continúa fragmentado; que la Unión de Mercados de Capitales (UMC) puede ofrecer un valioso marco para proteger la igualdad de acceso a la financiación de las pymes en toda la UE y para promover plataformas innovadoras de financiación basadas en el mercado; que la escasez específica de crédito para las pymes deriva también de la inestabilidad económica y de la falta de soluciones específicas para la economía real; que a menudo se hace referencia al contexto basado en los mercados de capitales de los Estados Unidos, si bien este difiere fundamentalmente del contexto basado en la banca propio de la UE, y que aquel no debería reproducirse ni utilizarse como modelo; que la UMC constituye una oportunidad para reforzar los mercados de capitales de la UE como complemento a la financiación bancaria, y que en los Estados Unidos, tras la crisis financiera, los préstamos de la banca a las empresas han resultado ser más importantes que la financiación en los mercados de capitales;

1.

Señala que la Comunicación de la Comisión titulada «Un sector financiero reformado para Europa» ofrece una primera evaluación de las reformas del sector financiero, si bien no ofrece una evaluación plena ni un análisis cuantitativo de los efectos globales y la interacción de las medidas individuales;

2.

Acoge con satisfacción el paquete de inversión de la Comisión, incluida la UMC; destaca la necesidad de contar con una financiación complementaria de las empresas no fundamentada en las entidades bancarias, al tiempo que señala que uno de los principios fundamentales de la creación de una UMC debe focalizarse en mayor medida en los usuarios finales de los mercados de capitales, esto es, las empresas y los inversores; subraya que un marco eficiente y efectivo de servicios financieros que garantice la estabilidad financiera es un requisito indispensable para incrementar las inversiones (a largo plazo) y fomentar el crecimiento en una economía europea competitiva; subraya la conexión entre la estabilidad económica y financiera; destaca, asimismo, que las políticas económicas fiables, las reformas estructurales efectivas y las políticas presupuestarias sólidas allanan el camino para la salud y el potencial de crecimiento de la economía real en los Estados miembros y en la UE; reconoce el importante papel que pueden desempeñar los mercados de capitales en la respuesta a las necesidades de financiación de las economías de los Estados miembros;

3.

Reconoce que la actual crisis financiera y de deuda ha tenido consecuencias negativas sin precedentes, en particular para la economía real y los contribuyentes; reconoce, en este mismo contexto, los logros conseguidos mediante la regulación financiera acordada por las instituciones europeas en los últimos cinco años, que ha reforzado la arquitectura financiera de Europa para futuras crisis; acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión para la UMC; celebra la inclusión por la Comisión de un nivel eficaz de protección de los consumidores y los inversores como uno de los principios inherentes a la UMC;

4.

Reconoce los logros obtenidos mediante la regulación financiera para dar una respuesta a las consecuencias de la crisis financiera; constata la preocupación existente por el aumento de la complejidad, que se refleja en una mayor amplitud, especificidad y cantidad de capas de regulación y supervisión que establecen requisitos a escala internacional, europea y nacional; señala que la complejidad de la regulación refleja también la sofisticación de los mercados financieros, y en particular de los instrumentos financieros, la infraestructura del mercado y las entidades; destaca que la regulación excesiva y los requisitos más estrictos pueden afectar negativamente a las inversiones; considera que la cuestión de la complejidad de la regulación debe abordarse también con respecto a su aplicación a los usuarios finales no financieros de los productos de este sector; destaca la necesidad de colaborar a nivel internacional en un marco regulatorio global que refuerce la cooperación y la obligación de rendir cuentas;

5.

Señala que una UMC sólida y resistente debe reconocer las interdependencias con otros sectores financieros, estudiar fuentes adicionales de financiación de la economía real basadas en el mercado y apoyarse ante todo en estructuras bien consolidadas ya existentes; destaca la necesidad de una visión holística de la normativa sobre servicios financieros de la UE en la que la UMC contribuya a complementar la financiación bancaria; pide que, además de su planteamiento orientado a la financiación de las empresas, la UMC refleje también la perspectiva de los consumidores y los inversores; a tal fin, la Comisión debería colaborar estrechamente con la JERS, las AES y las autoridades nacionales competentes para solucionar los desajustes en el planteamiento que puedan poner en peligro los objetivos de la UMC; pide a la Comisión que aplique las mejores prácticas para desarrollar un mercado de capital para toda la Unión;

6.

Considera que la legislación no es siempre la respuesta política más apropiada y que deben tenerse debidamente en cuenta los enfoques no legislativos y basados en el mercado;

7.

Pide a la Comisión que aplique un enfoque integrado a la UMC y preste atención a otros programas políticos como el desarrollo de un mercado único digital y las actuales reformas en el ámbito del derecho de sociedades y la gobernanza empresarial; considera, por otra parte, que la Comisión debería tener en cuenta los últimos avances tecnológicos; expresa su preocupación, en este mismo contexto, por las amenazas a la ciberseguridad y pide a la Comisión que garantice la integración de esta dimensión en la estrategia de la UE;

8.

Opina que una normativa efectiva y eficiente sobre los servicios financieros de la UE debe ser sólida, coherente (también a escala intersectorial), proporcionada y libre de solapamientos, estar exenta de complejidades superfluas y evitar la inseguridad jurídica, el arbitraje regulatorio y los costes de transacción elevados; considera, asimismo, que dicha normativa debería permitir que los intermediarios realicen su cometido a la hora de canalizar la financiación a la economía real, facilitando así la financiación de esta, servir a los ahorradores y a los inversores y contrarrestar eficazmente los riesgos para la estabilidad financiera y los contribuyentes, de forma que impida la repetición de las crisis financieras y actúe como un escudo frente a los riesgos sistémicos; estima, asimismo, que debería apoyar la profundización del mercado único y centrarse en objetivos tangibles que puedan alcanzarse mejor a escala europea, dejando margen para la financiación innovadora más focalizada en la perspectiva local;

9.

Expresa su preocupación por la persistencia de los problemas relacionados con los códigos IBAN, cuya validez sigue rechazándose para efectuar débitos directos en cuentas bancarias domiciliadas en Estados miembros que no sean el del beneficiario;

10.

Destaca la necesidad de realizar un balance del marco de servicios financieros desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa; señala que se llevan a cabo ejercicios similares en otras jurisdicciones, especialmente en los Estados Unidos; destaca que dicho balance debería contribuir a la mejora del funcionamiento de los mercados financieros, de forma que respondan a las necesidades de financiación de la economía real, en particular abordando las lagunas, las carencias, las incoherencias y los desequilibrios, procurando no socavar los logros obtenidos hasta ahora y teniendo en cuenta las peticiones formuladas en las cláusulas de revisión de conformidad con los respectivos actos legislativos específicos, sin anticipar los resultados ni considerar que dicho ejercicio implica necesariamente un proceso de desregulación;

11.

Considera que un mercado único de servicios financieros sirve a las empresas, pero en última instancia debe redundar en beneficio de los consumidores y los inversores; insiste en que persisten numerosos obstáculos y barreras al acceso, la comercialización y la inversión transfronterizos que deben analizarse, abordarse y superarse, al tiempo que se mantiene el nivel más elevado de protección al inversor; recuerda que solo es posible predecir con seguridad que la reducción de los obstáculos a los flujos de capitales redundará en una mejora de las perspectivas de crecimiento a largo plazo si se definen correctamente los incentivos generales para las empresas; señala, por otra parte, la importancia que reviste un ecosistema local bien desarrollado que facilite que las empresas más pequeñas puedan atraer capital para su crecimiento;

12.

Considera que la protección de los consumidores no entraña necesariamente grandes cantidades de información, sino que debe centrarse más bien en la calidad y la inteligibilidad de la información, con el fin de facilitar los procedimientos de toma de decisiones adecuados, por lo que la información debe ser pertinente, rigurosa, comparable, fácilmente accesible, fiable y oportuna; expresa su preocupación por el hecho de que la multiplicidad y complejidad de la información a los consumidores en última instancia no se ajuste a las necesidades de los consumidores; aboga por encontrar un equilibrio entre la tarea de facilitar a los consumidores la información que requieren para tomar decisiones informadas y comprender los riesgos conexos y la preocupación por no imponer cargas innecesarias a las empresas, en particular las pymes; alienta a proseguir la digitalización de la información; destaca que los asesores y los empleados que ofrecen asesoramiento a los consumidores en las entidades financieras deberían recibir la formación oportuna y disponer del tiempo necesario para prestar un servicio profesional y riguroso a sus clientes; señala la importancia que revisten las competencias de supervisión eficaces para intervenir, cuando ello es necesario, en los procesos de comercialización de los productos; señala la necesidad de emprender, como más tarde a finales de 2016, una iniciativa europea dirigida a reforzar y mejorar la formación financiera teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada Estado miembro, de forma que se garantice también el pleno conocimiento de las ventajas y los inconvenientes de las inversiones en el mercado de capitales; destaca, asimismo, que la formación en temas financieros debe adaptarse a las pymes, de tal forma que adquieran conocimientos apropiados sobre la utilización de los mercados de capitales; se muestra convencido acerca de las ventajas de una mayor transparencia para que las empresas, los inversores y los consumidores puedan valorar las ventajas y los costes comparativos de los diferentes servicios prestados por los participantes en el mercado, al tiempo que señala que una transparencia mayor debe redundar a su vez en un valor añadido para los consumidores o las autoridades de supervisión competentes y tener como objetivo el uso práctico de la información y de los datos;

13.

Destaca los beneficios de la diversificación de los activos, tanto en términos de categorías de activos como de origen de los mismos, con el fin de permitir una mejor diversificación de los riesgos y su adecuación a las necesidades de los inversores; hace hincapié en que el propósito de la regulación prudencial no es el de favorecer determinados tipos de activos; pide que la regulación se rija por un enfoque basado en los riesgos, de forma que se apliquen las mismas normas a los mismos riesgos y que se complemente con otras medidas estandarizadas; considera pertinente que se proceda a una categorización más pormenorizada («granular») de las clases de activos, en particular estableciendo categorías como las infraestructuras; reconoce que los proyectos de infraestructuras no presentan, en sí mimos, un riesgo menor, y pide que se proceda a una regulación prudencial adecuada; apoya las nuevas investigaciones sobre los riesgos y las ventajas de las infraestructuras, incluida la divulgación de la metodología aplicada, con el fin de extraer conclusiones basadas en pruebas;

14.

Destaca la necesidad de coherencia en el enfoque basado en los riesgos; por tanto, considera oportuno reducir las posibilidades de arbitraje regulatorio; destaca, asimismo, la necesidad de romper el vínculo entre la deuda soberana y las entidades bancarias a nivel nacional mediante la aplicación plena y coherente en el contexto nacional de la Directiva sobre rescate y resolución bancarios (DRRB) y las disposiciones del Mecanismo Único de Resolución (MUR) y el Fondo Único de Resolución (FUR); toma nota de las contribuciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) sobre la exposición de las entidades bancarias a la deuda soberana, que incluye una consideración rigurosa de las próximas etapas; destaca que las políticas deberían tener en cuenta de forma explícita las interacciones entre los riesgos, tanto individuales como endógenos, en particular cuando las entidades financieras utilicen los mismos modelos normalizados de riesgo aprobados por las autoridades de regulación;

15.

Señala que la proliferación de requisitos de capital, liquidez y apalancamiento podrían tener consecuencias negativas imprevistas para la transformación de los vencimientos, la oferta de financiación a largo plazo, la creación de liquidez y el comportamiento del mercado, al tiempo que recuerda que dichos requisitos se establecieron como respuesta a la crisis financiera; expresa su preocupación por el hecho de que la falta de proporcionalidad de los requisitos pueda poner en peligro los modelos de negocio de las entidades bancarias pequeñas y medianas y tener, por consiguiente, consecuencias negativas imprevistas para la estructura del sector financiero; insta a la Comisión a que, en cooperación con las autoridades de supervisión, analice con carácter prioritario las repercusiones para la banca y los seguros, así como las eventuales prioridades;

16.

Expresa su preocupación por la interacción entre la legislación reguladora de los mercados y los requisitos de capital, cuando nuevas entidades han sido incluidas con la condición de entidades reguladas en el ámbito de aplicación de la versión revisada de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID), mientras que el Reglamento sobre Requisitos de Capital no se ha calibrado para que refleje una tipología de empresas más diversa;

17.

Expresa su preocupación por el hecho de que algunas exenciones válidas incluidas en el Reglamento sobre la infraestructura del mercado (EMIR) para empresas no financieras hayan sido revocadas en parte en la Directiva y en el Reglamento sobre requisitos de capital en lo que respecta a la aplicación de la exigencia de ajuste de valoración del crédito (AVC); pide a la Comisión que desempeñe mejor su función para garantizar la coherencia en el planteamiento y el resultado político de las diferentes propuestas legislativas;

18.

Considera que deberían ampliarse y equilibrarse las disposiciones especializadas incluidas en la normativa en vigor para las empresas no financieras, con el fin de limitar la carga administrativa y no reducir el capital disponible en la economía para futuras inversiones; pide a la Comisión que, en la revisión del Reglamento EMIR, responda a las dificultades en la aplicación de regímenes complejos simplificando los procedimientos; le insta, no obstante, a que siga reconociendo el propósito de la exención con el fin de garantizar que las empresas no financieras no soporten la carga legislativa destinada a los participantes en el mercado financiero;

19.

Pide a la Comisión que, en la revisión del Reglamento EMIR, estudie los potenciales efectos de una eventual reducción de la calidad de las garantías aceptadas por las contrapartes centrales en la resistencia de dichas contrapartes, y que considere la posibilidad de que determinados participantes en el mercado, como los fondos de pensiones, queden exentos con carácter permanente de la compensación central si su participación pudiera reducir la estabilidad del conjunto del sistema financiero debido a la aceptación de garantías alternativas distintas del efectivo;

20.

Expresa su preocupación por la ausencia de inversiones (a largo plazo) adecuadas a los riesgos, disponibles y atractivas, y de productos de ahorro rentables y adecuados para los consumidores; reitera la necesidad de diversificar las opciones de los inversores y los consumidores, habida cuenta de que la confianza es un factor fundamental para estimular la actividad inversora; destaca la necesidad de promover un entorno que estimule la innovación en el sector de los productos financieros, creando así una mayor diversidad, aportando ventajas para la economía real y ofreciendo mayores incentivos a las inversiones, lo cual puede contribuir a su vez a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, por ejemplo en la línea del desarrollo de un producto de pensiones paneuropeo (PEPP) con un diseño simple y transparente; pide a las AES que estudien las tendencias de los consumidores e informen al respecto, cumpliendo el mandato que les incumbe, en particular en lo que se refiere a los productos minoristas;

21.

Acoge con satisfacción la diversidad de modelos de negocio; aboga por que se reconozca la necesidad de reflejar esa diversidad de la regulación y la supervisión teniendo plenamente en cuenta la naturaleza, la dimensión, el grado de riesgo y la complejidad de las entidades analizadas, siempre que se cumplan los principios de competencia leal y supervisión eficaz; recuerda que la diversidad en los medios de financiación representa una fortaleza;

22.

Considera que el despliegue con éxito de la UMC debería permitir que las empresas europeas en todas sus dimensiones y en las diferentes etapas de su crecimiento pudieran acceder a los mercados de capitales de la UE de forma sencilla, eficiente y con unos costes limitados; considera, asimismo, que la regulación no debería complicar el proceso de cotización ni impedir el acceso a los mercados bursátiles a las empresas no cotizadas; destaca la necesidad de racionalizar el régimen regulador del mercado primario con el fin de facilitar el acceso al capital garantizando al mismo tiempo unos niveles adecuados de protección de los inversores; subraya el potencial de los modelos innovadores de financiación basados en el mercado, especialmente en lo que se refiere a las oportunidades que presentan las nuevas técnicas de financiación como la financiación participativa y los préstamos entre iguales, al tiempo que destaca la necesidad de racionalizar los requisitos reguladores respectivos; pide a la Comisión que conceda el margen necesario a la consolidación de esos nuevos modelos y que los analice y los promueva, dando prioridad a su dimensión transfronteriza y velando por la reducción de las barreras que obstaculizan el acceso al mercado; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros a desarrollar los respectivos sectores de los mercados de capitales mediante su Servicio de Apoyo a la Reforma Estructural;

23.

Pide que se establezca una división apropiada y definida de competencias entre el plano de la UE y los niveles nacionales, teniendo en cuenta que los supervisores nacionales disponen de conocimientos más detallados sobre las características de los mercados locales; destaca la necesidad de asegurar la eficacia del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), la igualdad de condiciones y la transparencia, así como de evitar que surjan conflictos de intereses entre las autoridades de supervisión y las entidades supervisadas; expresa su preocupación por el efecto de un enfoque supervisor único e invariable sobre las entidades más pequeñas y activas primordialmente a escala nacional dentro del MUS;

24.

Constata los logros obtenidos en la creación de una unión bancaria y destaca su importancia fundamental para abordar las interdependencias entre la deuda soberana y los riesgos bancarios y reducir los riesgos sistémicos mediante una actuación conjunta; toma nota de la realización por etapas de la unión bancaria; destaca la necesidad de proceder a una aplicación plena y oportuna de la legislación vigente; señala los debates sobre un sistema europeo de garantía de depósitos (SEGD), que contarán con la participación del Parlamento en su condición de colegislador; destaca el objetivo de evitar el riesgo moral, asegurándose de la permanencia del principio de responsabilidad como hilo conductor; critica la baja sensibilidad al riesgo en el cálculo de las aportaciones al FUR; reconoce los esfuerzos realizados para concluir el reglamento sobre la reforma estructural del sector bancario;

25.

Destaca la necesidad de aplicar y hacer cumplir la legislación adoptada antes de cualquier consideración sobre una revisión sustancial de dicha legislación; señala que debe concederse una importancia fundamental a la rápida incorporación al Derecho nacional de la Directiva 2014/59/UE y a la adecuada financiación y eficacia del MUR; insiste, por tanto, en que se complete la aplicación de esas medidas dentro del marco legislativo apropiado; destaca, en este mismo contexto, la importancia fundamental que reviste cortar las interconexiones directas entre los presupuestos públicos nacionales y los riesgos bancarios, que representan una grave amenaza para la estabilidad financiera; señala que, debido a la falta de una normativa reguladora de los procedimientos de actuación en relación con aquellos Estados que han perdido el acceso a los mercados financieros a causa de su alto nivel de endeudamiento, con frecuencia se adoptan medidas excesivamente tarde, lo cual puede afectar negativamente a la estabilidad financiera;

26.

Reitera la necesidad de asegurar la igualdad de condiciones dentro de la UE, también con respecto a los bancos supervisados con arreglo al MUS y a los bancos de Estados miembros no participantes, y alienta a que se prevea la plena inclusión en la unión bancaria de los Estados miembros que no han adoptado el euro, reconociendo, no obstante, que determinados elementos contemplan actualmente una participación voluntaria; pide a la Comisión que vele por que prosiga la evolución del mercado único, al tiempo que se garantiza el reconocimiento de las particularidades nacionales; pide a la Comisión que prosiga un planteamiento regulador y supervisor firme con respecto al sistema bancario «paralelo» o «en la sombra», con el fin de mitigar los riesgos sistémicos y mejorar la transparencia; acoge con satisfacción los importantes avances conseguidos en la regulación del sector europeo de los seguros mediante la aplicación de Solvencia II a partir del 1 de enero de 2016, que deberá evaluarse y posiblemente desarrollarse teniendo en cuenta el marco internacional en el que operan las aseguradoras de importancia sistémica mundial;

27.

Reconoce la dependencia tradicional de las pymes de la financiación bancaria debido a su naturaleza específica, sus distintos perfiles de riesgo y su variedad en el conjunto de Europa; pide a la Comisión que, en cooperación con las AES, el BCE y las autoridades nacionales, evalúe la suficiencia de la financiación de las pymes, analice los obstáculos a la diversificación de los cauces de financiación y los beneficios derivados de dicha diversificación y determine la forma de conseguir que los bancos incrementen los fondos destinados a las pymes, de manera que se amplíen las opciones de las empresas entre los diferentes métodos de financiación en las diversas etapas de su desarrollo; recuerda la importancia que revisten los instrumentos como el «factor de apoyo a las pymes»; sugiere que las iniciativas para la mejora de la financiación de las PYME se extiendan a las empresas emergentes, las microempresas y las empresas de mediana capitalización; destaca el potencial inherente de los sistemas innovadores y aún sin explotar para la financiación de las pymes, entre ellos los préstamos entre iguales y la financiación participativa y privada, al tiempo que destaca la necesidad de racionalizar los respectivos requisitos reguladores;

28.

destaca la importancia que reviste aplicar con rapidez las medidas ya adoptadas que acompañan a los objetivos de la UMC; pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploten verdaderamente la categoría de mercado en expansión de las pymes en la futura normativa aplicable a los servicios financieros;

29.

Considera que las empresas deberían poder optar a un abanico apropiado de categorías de mercado en la UE en función de su tamaño, complejidad y ambiciones de acceso al mercado de capitales, y hace hincapié en la necesidad de contar con mercados de capitales de dimensión paneuropea más profundos e integrados que operen con independencia de los mercados locales regionales más importantes, pero sean compatibles con ellos;

30.

Acoge con satisfacción la próxima revisión de la Directiva relativa a los prospectos; destaca que la revisión debe orientarse hacia la reducción de los costes y la simplificación de los procedimientos para las pymes, buscando al mismo tiempo un equilibrio adecuado con la protección de los inversores;

31.

Reconoce los esfuerzos desplegados en estos momentos para establecer un mercado de titulización más transparente, garantizando que el proceso se desarrolle con un alto nivel de exigencia, seguridad jurídica y comparabilidad entre los diferentes instrumentos de titulización; destaca la necesidad de crear un registro de datos en este sector; hace hincapié en la necesidad de imponer requisitos estrictos a los activos subyacentes de elevada calidad, así como de proceder a calibraciones adecuadas en función de los perfiles de riesgo reales y a la percepción del riesgo por parte de todos los participantes en los mercados de titulización, teniendo debidamente en cuenta los riesgos inherentes a la titulización, y en particular a la titulización sintética, tal como se puso de manifiesto durante la crisis, al tiempo que se toma en consideración la diversidad de experiencias en la UE y los EE.UU.; insiste en que no se revisen a la baja los requisitos de retención, con el fin de evitar el riesgo moral; destaca la necesidad de considerar la certificación independiente de conformidad con los criterios de calificación; pide a la Comisión que lleve a cabo con carácter prioritario una evaluación exhaustiva de los riesgos y los beneficios de la titulización para las pymes, los inversores, la estabilidad financiera y la negociabilidad de los instrumentos de titulización, y que informe al Parlamento al respecto;

32.

Considera que el enfoque dirigido a conseguir una mayor normalización de los productos y los procedimientos puede reducir la complejidad, pero agravar al mismo tiempo el riesgo de concentración; expresa su preocupación por el peligro de que los operadores del mercado corran en la misma dirección en caso de que surjan tensiones en el mercado, y pide que se introduzcan garantías adecuadas y medidas de supervisión al nivel competente en relación con el desarrollo de un mercado de titulización de calidad;

33.

Destaca la necesidad de racionalizar el contenido y la frecuencia de los requisitos y los ámbitos de notificación, en particular facilitando a las entidades un punto de contacto único, a fin de evitar cualquier duplicación de los requisitos y los cauces de notificación; pide a la Comisión, a las AES y al MUS que examinen qué datos se necesitan realmente, que armonicen los modelos y que prevean simplificaciones y, en el caso de las pymes, las exenciones correspondientes; destaca que la notificación de datos presenta la mayor utilidad para las autoridades de supervisión si existe la posibilidad de interrogar los datos y si estos son coherentes a nivel internacional; considera necesario aplicar un enfoque proporcionado en el desarrollo del «Analytical Credit Dataset» («AnaCredit»); estima que el alcance y el nivel de granularidad debe evaluarse más en profundidad en lo que se refiere a sus costes y beneficios;

34.

Pide a la Comisión y a los supervisores que aborden la interacción entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los requisitos prudenciales, puesto que una mayor coherencia serviría a la economía y al supervisor prudencial, y que revisen el impacto de la contabilidad tributaria en los fondos propios; apoya las tentativas de armonizar los criterios de definición de los préstamos no productivos;

35.

pide que se reduzca considerablemente el sesgo entre la deuda y el capital a fin de reforzar la resistencia económica y la asignación de capital y consolidar la UMC, todo lo cual aumentará el atractivo para los emisores y los inversores; destaca que el impuesto sobre las transacciones financieras afecta a la liquidez del mercado, sobre todo a corto plazo, al tiempo que contribuye a limitar la especulación excesiva;

36.

Destaca que, además de la regulación y la supervisión, deben proseguirse los esfuerzos orientados a introducir un cambio cultural en el sector financiero; pide a todos los agentes del sector, y en particular las entidades bancarias, las entidades no bancarias, los bancos centrales nacionales y el BCE, que trabajen para introducir en sus organizaciones un cambio cultural y una cultura del respeto de las normas que sitúen los intereses de los clientes en el centro de sus preocupaciones, establezcan un sistema de rendición de cuentas para los gestores responsables más importantes, alienten a los participantes en el mercado financiero a adoptar una orientación a largo plazo y contribuyan a la diversidad de las fuentes de financiación; destaca las ventajas de un planteamiento basado en la colaboración a largo plazo en materia de financiación, así como de un sector bancario europeo diversificado que asuma un cometido importante en la prestación de servicios bancarios personalizados para los consumidores, las microempresas y las pymes, en particular en lo que se refiere a la reducción de las asimetrías en la información, gracias también a los instrumentos disponibles gracias a las nuevas tecnologías digitales;

37.

Aboga en favor de la promoción de nuevos prestadores de servicios de calificación, con el fin de aumentar la competencia en un mercado que se caracteriza por su elevada concentración; recuerda que está previsto que la Comisión publique, como más tarde a finales de 2016, un informe sobre la oportunidad y la viabilidad de apoyar la creación de una agencia pública europea de calificación de la deuda soberana y/o una fundación europea de calificación crediticia para todos los demás tipos de calificación; critica los elevados costes que deben afrontar las pymes para obtener una calificación de crédito externa; hace hincapié en la necesidad de seguir estudiando los métodos de calificación de las pymes de una forma comparable y asequible que incluya el método avanzado basado en calificaciones internas (método AIRB); pide a la Comisión que siga esforzándose por subsanar las asimetrías en el suministro de información;

38.

Pide que se preste una mayor atención a la elaboración de políticas sobre la competitividad global del sector financiero de la UE, de tal forma que se evite una carrera reguladora a la baja y sin menoscabo de la estabilidad financiera y la protección de los consumidores; destaca que el establecimiento de una UMC a nivel de la UE debe considerarse desde la perspectiva de la mejora de la competitividad de las empresas europeas y de la economía de la Unión en su conjunto; subraya que un sector financiero eficaz es una condición imprescindible para la asignación eficiente de capital y, por consiguiente, para el crecimiento;

39.

Subraya la importancia que reviste el marco internacional en lo que se refiere al alcance, las metodologías y las implicaciones para el marco de la Unión; pide a los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión y a las AES que racionalicen la posición de la UE con el fin de reforzar su influencia y promover la legislación adoptada mediante un proceso democrático; destaca la necesidad de asegurar la coherencia de las nuevas normativas, tanto con el acervo europeo como en el contexto de las orientaciones formuladas en el plano internacional, así como la aplicación proporcionada de las mismas, también en lo que se refiere al propio alcance normativo, con el fin de evitar divergencias innecesarias y duplicidades legislativas; considera que estos requisitos son indispensables para alcanzar con éxito los objetivos generales de fomento de la estabilidad global a largo plazo, mantener a Europa como un emplazamiento atractivo para los inversores internacionales y evitar las repercusiones negativas innecesarias para la competitividad de los sectores financieros de la Unión; recuerda el principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros a que se refiere el artículo 4, apartado 3, del Tratado UE; considera que debería incluirse a las AES en los debates sobre los principios reguladores mundiales en el seno de los órganos internacionales que elaboran las normas; señala que debería reforzarse el diálogo regulador con los Estados Unidos; reitera, en este mismo contexto, que las cuestiones relativas a la regulación de los servicios financieros deberían incluirse, cuando proceda, en las negociaciones internacionales;

40.

Insiste en la necesidad de contar con decisiones de equivalencia para superar los obstáculos relacionados con el acceso al mercado y los respectivos marcos reguladores, teniendo en cuenta que este tipo de decisiones unilaterales deben redundar en beneficio de las empresas y los consumidores europeos y que la equivalencia con otras jurisdicciones puede alentar la entrada de capitales y atraer nuevas inversiones hacia Europa; destaca la necesidad de evolucionar hacia un sistema armonizado y coherente desde la perspectiva del reconocimiento mutuo de las normas idénticas o similares;

41.

Pide a la Comisión que proponga un marco sólido, coherente, transparente y práctico aplicable a los procedimientos y decisiones relativos a la equivalencia con terceros países, tomando en consideración un análisis basado en los resultados y en normas y acuerdos internacionales; pide que todas las decisiones relativas a la equivalencia se adopten mediante actos delegados; considera que las AES deberían desempeñar el cometido que les incumbe en el proceso de armonización de las evaluaciones de terceros países en el marco de las decisiones relativas a la equivalencia;

42.

Considera que la mejora de la normativa financiera implica un marco regulador sólido y exige ante todo que los Estados miembros apliquen el acervo actual; insiste en la importancia fundamental que incumbe a la aplicación efectiva, eficiente y coherente de la legislación, al tiempo que insta a la Comisión a que le someta periódicamente informes sobre el estado de la transposición y la aplicación legislativas y, en su caso, sobre los procedimientos de infracción incoados contra los Estados miembros; insta a los Estados miembros a que apliquen correctamente la legislación; considera que la sobrerregulación no facilita el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la competencia; considera que la atracción de la actividad empresarial mediante el uso discrecional de normas menos estrictas tampoco facilita el correcto funcionamiento del mercado interior; pide a la Comisión que elabore un análisis y un informe detallados sobre todas las medidas de sobrerregulación adoptadas por los Estados miembros en el ámbito de la legislación financiera y que los someta a su consideración como más tarde a finales de 2016;

43.

Pide a los Estados miembros que se comprometan a respetar los plazos fijados para la transposición de las directivas, dado que, además de tratarse de una obligación legal, es un aspecto fundamental para evitar retrasos indebidos en la plena aplicación de la legislación, así como su aplicación parcial o desigual en la Unión, lo cual podría dar lugar a una situación de desigualdad de las condiciones de participación de los diferentes operadores y a otros tipos de distorsiones;

44.

Destaca la necesidad de una mayor calidad y coordinación intersectorial en las propuestas y los procesos de elaboración de proyectos de la Comisión o de las AES, en particular en lo que se refiere a la planificación temporal, la priorización y la necesidad de evitar solapamientos; señala que este procedimiento debería evitar toda duplicación del acto de base en los actos delegados, así como impedir que aquellas decisiones políticas que deben resolverse en el acto de base se trasladen a los actos delegados;

45.

Pide a la Comisión que permita la participación en una fase temprana del procedimiento a todas las partes interesadas pertinentes, también en lo que se refiere a los grupos de expertos; insta a la Comisión a que garantice una participación equilibrada en las consultas que refleje la diversidad de las partes interesadas, de forma que se faciliten y se mejoren las condiciones de participación de las partes interesadas de menor tamaño que actúen en representación de las empresas, los consumidores y la sociedad civil, en particular en lo que se refiere a la forma en que se organizan las consultas y se formulan las preguntas;

46.

Acoge con satisfacción los objetivos del programa de mejora legislativa; reconoce la necesidad general de examinar la validez del marco regulador, tanto ahora como en el futuro; considera, no obstante, que esta necesidad no puede disociarse del funcionamiento del sector financiero en su conjunto; destaca el papel que incumbe al REFIT en la elaboración de un marco regulador de los servicios financieros eficiente y efectivo que tenga debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad, así como en la tarea de contribuir a la realización de un balance de la situación; reclama una participación mayor del Parlamento en las decisiones y las valoraciones inherentes al REFIT; recuerda que debe darse prioridad a la mejora legislativa, y no a la desregulación; destaca que la transparencia, la simplicidad, la accesibilidad y la equidad en el conjunto del mercado interior deben formar parte del programa de mejora legislativa en beneficio de los consumidores; destaca asimismo que, en el proceso encaminado a conseguir una mayor armonización en el contexto de la UMC, la UE no debe imponer una carga suplementaria derivada del cumplimiento de la normativa;

47.

Considera que incumbe a las AES y al MUS un papel fundamental en la consecución de los objetivos inherentes a la mejora de la regulación y la supervisión; destaca el cometido de las AES y del MUS, que garantizan la armonización y la coherencia entre los diversos textos legislativos, reducen la inseguridad jurídica y el arbitraje regulatorio y estimulan la cooperación en beneficio de todos los participantes en el mercado; destaca que las AES y el MUS deben contar con la financiación y el personal adecuados para cumplir el mandato impuesto por los colegisladores;

48.

Destaca que la revisión de los reglamentos de las AES debe reflejar las disposiciones relativas a la responsabilidad y la transparencia con miras a mejorar el control parlamentario, tal como recogen los reglamentos relativos al MUS y al MUR, así como reforzar la independencia de las AES con respecto a la Comisión; considera necesario estudiar las posibilidades de facilitar una mayor participación de las AES a nivel consultivo durante la fase de nivel 1, respetando al mismo tiempo las prerrogativas de los colegisladores;

49.

Subraya la necesidad de respetar la interacción y la coherencia entre los actos de base y los actos delegados y de ejecución; destaca una vez más que los colegisladores deben inscribir las decisiones políticas en el acto de base, y no transferirlas a los actos delegados, cuya función es complementar o modificar determinados elementos no esenciales del acto legislativo (artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea); insiste en que la Comisión y las AES, al elaborar actos delegados y de ejecución así como orientaciones, se atengan a la atribución de competencias contemplada en los actos de base y respeten el acuerdo con los colegisladores; lamenta que, en el pasado, las autoridades de supervisión no se hayan atenido siempre al mandato del legislador europeo al elaborar los actos legislativos de ejecución; lamenta que la coordinación entre la Comisión (actos delegados) y las AES (normas técnicas) sea insuficiente y pueda, por tanto, afectar negativamente a la calidad del cumplimiento, en especial cuando las normas detalladas no se adoptan hasta poco antes de la entrada en vigor del plazo de aplicación del acto de base;

50.

Pide a la Comisión que desagregue por completo tanto los actos delegados como los de ejecución y evite los enfoques «en paquete», a fin de permitir la adopción oportuna de dichos actos;

51.

Pide a la Comisión que vele por la transparencia para los legisladores y las partes interesadas de todas las enmiendas presentadas por las AES a los proyectos de normas técnicas de regulación (NTR) y de normas técnicas de ejecución (NTE);

52.

Hace hincapié que una revisión jurídica temprana por parte de la Comisión no debería reducir la transparencia del proceso con respecto al Parlamento ni a los derechos de este a ser consultados; pide que, en la fase de elaboración, las AES suministren al Parlamento de forma proactiva y sin demora los proyectos provisionales y los informes intermedios sobre los progresos de los trabajos y que le consulten al respecto;

53.

Pide a la Comisión y a las AES que respeten plenamente los plazos de presentación establecidos por los colegisladores y que ofrezcan inmediatamente una explicación a estos últimos cuando se prevea que no podrá respetarse un plazo determinado;

54.

Recuerda a las AES que las normas técnicas, las orientaciones y las recomendaciones se rigen por el principio de proporcionalidad; pide a las AES que adopten un enfoque riguroso con respecto a la extensión y al número de orientaciones, en particular cuando estas no cuenten con una atribución de competencias expresa en el acto de base; señala que esta interpretación restrictiva es también necesaria habida cuenta de los recursos limitados de las AES y la necesidad de priorizar sus tareas, lo cual significa que los límites prácticos de una supervisión eficaz no deben depender de restricciones presupuestarias, y pide que se asignen los recursos adecuados para que las AES puedan ejercer su tarea de supervisión de forma fiable, independiente y eficaz en virtud de su mandato;

55.

Pide a las AES que se sirvan de su derecho a solicitar información sobre el modo en que los Estados miembros aplican los actos de base y que lleven a cabo más a menudo revisiones inter pares de las actividades de las autoridades nacionales competentes con miras a mejorar la convergencia de la supervisión en el conjunto de los Estados miembros;

56.

Pide a la Comisión y a las AES que publiquen con regularidad en sus páginas web versiones consolidadas de los reglamentos de la UE sobre servicios financieros, incluido un resumen al que puedan acceder y puedan entender las empresas, los consumidores, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas; considera que la creación de un registro común que incluya referencias a la aplicación a escala nacional sería una opción que merecería la pena estudiar;

57.

Pide a la Comisión y a las AES que lleven a cabo comprobaciones regulares (como mínimo de carácter anual) sobre la solidez y la coherencia, en particular sobre una base intersectorial y para cada proyecto de acto legislativo, incluidas las NTR y las NTE, y que dediquen recursos a esta actividad;

58.

Pide a la Comisión y a las AES que lleven a cabo comprobaciones regulares (como mínimo de carácter anual) sobre proporcionalidad, en particular en relación con los requisitos aplicables a los pequeños y medianos participantes en el mercado y para cada proyecto de acto legislativo, y que dediquen recursos a esta actividad; pide a la Comisión que publique un Libro Verde en el que expongan nuevos métodos para promover la proporcionalidad en los procedimientos de regulación de los mercados financieros;

59.

Destaca que el impacto de las medidas legislativas por separado es distinto a su impacto cumulativo; pide a los servicios de la Comisión que, en cooperación con las AES, el MUS y la JERS, lleven a cabo con carácter quinquenal una evaluación global cuantitativa y cualitativa del impacto cumulativo de la regulación de los servicios financieros de la UE en los mercados financieros y sus participantes a escala de la UE y de los Estados miembros, con el fin de detectar las carencias y lagunas, evaluar el rendimiento, la eficiencia y la eficacia de la regulación de los servicios financieros y garantizar que esta no obstaculiza la competencia leal y el desarrollo de la economía, y que informe de los resultados al Parlamento; destaca la importancia de realizar evaluaciones de impacto y análisis de costes y beneficios detallados de cualquier futura normativa, con el fin de demostrar el valor añadido de la legislación, en particular en lo que se refiere al crecimiento económico y a la creación de empleo; subraya que las evaluaciones de impacto y los análisis de costes y beneficios deberían incluir evaluaciones exhaustivas del impacto de las medidas de nivel 2, que conforman una parte importante del marco de la regulación financiera de la UE; recuerda la dificultad inherente a la cuantificación del impacto de las medidas legislativas, en particular teniendo en cuenta que es difícil medir los beneficios que reporta, pero que, no obstante, es necesario seguir utilizando métodos cuantitativos;

60.

Pide a los servicios de la Comisión que completen la primera evaluación para finales de 2016 y que informen sobre el impacto global, así como sobre los siguientes aspectos en capítulos específicos, basándose también en estudios independientes:

61.

Pide a la Comisión que presente sus conclusiones al Parlamento y al Consejo y proponga, en su caso, las medidas pertinentes;

62.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

12.1.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 11/35

—

Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, segundo párrafo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 16, 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979,

—

Vistas la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (1) y la sentencia dictada sobre esta materia en el asunto «Test Achats» (C-236/09) (2) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 de marzo de 2011,

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (3),

—

Visto el Informe de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, titulado «Consecución de los objetivos de Barcelona sobre las estructuras de cuidado de los niños en edad preescolar» (COM(2008)0638),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE (4) del Consejo,

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Directiva sobre mujeres en los consejos de administración (COM(2012)0614),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de enero de 2013, titulada «Semestre Europeo de 2020: Relanzar el espíritu emprendedor en Europa» (COM(2012)0795),

—

Visto el informe de situación de la Comisión sobre los objetivos de Barcelona, de 29 de mayo de 2013, titulado «El desarrollo de los servicios de acogida de niños de corta edad en Europa en pro de un crecimiento sostenible e integrador» (COM(2013)0322),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre las mujeres empresarias en pequeñas y medianas empresas (5),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE (6),

—

Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo (7),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre las carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico y los techos de cristal existentes (8),

—

Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social — Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales» (COM(2011)0682),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0369/2015),

A.

Considerando que el emprendimiento es fundamental para el empleo, el crecimiento económico, la innovación, el desarrollo y la reducción de la pobreza en general;

B.

Considerando que en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se hace una referencia explícita a la libertad de empresa para todos los ciudadanos de la UE y, en ese sentido, se fomenta y se capacita para el emprendimiento, incluido el de las mujeres;

C.

Considerando que las mujeres no representaban más que el 31 % de los empresarios (10,3 millones) en la EU-28 en 2012 (10), y que solo el 34,4 % de los trabajadores por cuenta propia de la UE son mujeres;

D.

Considerando que a menudo las mujeres tan solo están registradas como propietarias oficiales de las empresas, con el único objetivo de conseguir de las entidades de crédito y de las autoridades públicas a nivel europeo, nacional y regional facilidades financieras y condiciones ventajosas; que en realidad esas mujeres actúan de testaferros, de modo que ellas soportan el riesgo del negocio mientras los hombres ejercen el poder de decisión;

E.

Considerando que la tasa de emprendimiento femenino va a la zaga en todos los Estados miembros y oculta un potencial de crecimiento y prosperidad sin explotar;

F.

Considerando que los obstáculos al emprendimiento de las mujeres, como el predominio de las mujeres entre los desempleados, la consiguiente brecha en la actividad empresarial y la infrarrepresentación de las mujeres en actividades de gestión, están entrelazados y son difíciles de gestionar, y su eliminación requiere criterios complejos;

G.

Considerando que es escasa la investigación cuantitativa sobre el emprendimiento femenino, pero estudios recientes muestran que la probabilidad de optar por una carrera empresarial es mayor entre los hombres que entre las mujeres (11);

H.

Considerando que el emprendimiento femenino, una vez diferenciado escrupulosamente del falso empleo autónomo, es una poderosa fuente de independencia económica que ofrece a las mujeres la oportunidad de una mayor integración en los mercados laborales; que el emprendimiento femenino ofrece a las mujeres la oportunidad de reforzar su papel de líderes empresariales y de propiciar el cambio cultural dentro y fuera de sus empresas; que esas mujeres pueden desempeñar un papel importante como modelo para las niñas y jóvenes que les anime a seguir su ejemplo;

I.

Considerando que las mujeres tienen un enorme potencial de emprendimiento y que, en el caso del emprendimiento de las mujeres, se trata de crecimiento económico, creación de empleo y capacitación de las mujeres;

J.

Considerando que la decisión de trabajar por cuenta propia constituye un acto de realización personal, pero que exige un alto grado de compromiso; que la actividad en sí y el alto grado de responsabilidad personal conllevan un número de horas de trabajo excepcionalmente elevado, de manera que el trabajo por cuenta propia no ha de verse como una mera fuente de ingresos adicional; que las mujeres empresarias solo pueden conciliar la vida familiar y laboral si las circunstancias externas lo permiten, es decir, si se dispone de medios para procurar un cuidado adecuado de los niños y si los padres desempeñan un papel activo en la dispensa de esos cuidados y en las tareas del hogar;

K.

Considerando que la disponibilidad, la calidad y la asequibilidad de los servicios para el cuidado de los niños y para la asistencia a las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad siguen siendo un factor clave para incrementar la participación de la mano de obra femenina;

L.

Considerando que el reparto de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres influye en el emprendimiento femenino así como en la participación de las mujeres en el mercado laboral y que es necesario lograr el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada para lograr la independencia económica de las mujeres; y que en una cuarta parte de los Estados miembros no existe el permiso de paternidad;

M.

Considerando que las cargas administrativas siguen repercutiendo negativamente en el espíritu de emprendimiento de mujeres y hombres, por lo que se necesita una regulación y una legislación eficaces para capacitar económicamente a las mujeres y crear una economía estable que vaya acompañada de un crecimiento sostenible, inteligente e integrador;

N.

Considerando que las mujeres tienden a valorar el grado de innovación de sus empresas en un nivel inferior a los hombres y que solo un pequeño porcentaje de patentes emitidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) se concede a mujeres (12);

O.

Considerando que las elecciones de las mujeres en su educación, así como la segregación horizontal y vertical por sexos en el empleo tienen como consecuencia que el número de mujeres que podrían crear una empresa en los campos de la ciencia y la tecnología o convertir una invención en un producto rentable es más bajo que en el caso de los hombres; considerando que ciencia y tecnología, innovación e invención son también conceptos asociados en mayor medida con los hombres, lo que hace estas áreas menos atractivas para las mujeres, y tiene como consecuencia que las innovaciones e invenciones de las mujeres sean menos reconocidas y valoradas;

P.

Considerando que las mujeres emprendedoras tienden muy a menudo a concentrarse en sectores considerados menos rentables, como la educación, la atención sanitaria y el trabajo de interés social, en lugar de dedicarse a los sectores de la tecnología y las TI, de gran potencial de crecimiento y dominados por los hombres, y muy a menudo trabajan en pequeñas empresas de menor crecimiento y volumen de negocios; que ello dio lugar en 2012 a una diferencia de ingresos netos de un 6 % por término medio de la UE-28 entre emprendedoras y emprendedores (13);

Q.

Considerando que las nuevas tecnologías verdes y el emprendimiento ecológico componen un sector que cuenta con un enorme potencial de desarrollo y fomento del emprendimiento paritario, en lo que respecta tanto a la igualdad de acceso a la financiación como a la igualdad en el número de mujeres y hombres emprendedores participantes;

R.

Considerando que el trabajo por cuenta propia en las empresas de una sola mujer, situación en la que se encuentran muchas mujeres, no genera por lo general grandes beneficios, de manera que dichas mujeres corren un alto riesgo de pobreza durante su vida laboral y en la vejez;

S.

Considerando que varios estudios (14) muestran que las mujeres emprendedoras crean empresas con niveles de capital inferiores, optando por pequeños préstamos y recurriendo a la familia para asesoramiento y financiación, en lugar de financiarse mediante deuda o capital a través de bancos, inversores providenciales, capital de inversión o capital riesgo;

T.

Considerando que el instrumento europeo de microfinanciación Progress tiene el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero que la relación entre hombres y mujeres en los micropréstamos fue de 60:40 en 2013 (15);

U.

Considerando que, comparadas con los hombres, las mujeres emprendedoras son más reacias que los hombres a endeudarse y expandir su actividad, debido en gran medida a un nivel menor de autoconfianza en relación con su negocio;

V.

Considerando que la mayor dificultad de acceso a la financiación que sufren las mujeres emprendedoras podría guardar relación en parte con dificultades para constituir un historial crediticio y acumular una experiencia de gestión suficientes;

W.

Considerando que los estereotipos relativos a las capacidades de mujeres y hombres en el ámbito del emprendimiento pueden influir en el juicio que se formen las partes interesadas sobre nuevas empresas; que la elevada probabilidad de ser objeto de discriminación al tratar de acceder a financiación podría tener un impacto sobre las decisiones de las mujeres de fundar empresas o hacerlo con préstamos más reducidos;

X.

Considerando que la participación en procesos de inversión de personas de diversa formación puede contribuir a prevenir el pensamiento de grupo y estereotipado;

Y.

Considerando que la Directiva 2004/113/CE prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios, y su ámbito de aplicación incluye a bancos y servicios financieros así como a los servicios relacionados con la creación de empresas; que es difícil demostrar la discriminación indirecta en este contexto, y los Estados miembros no disponen de datos o de información rigurosa sobre casos de discriminación en cuanto al acceso a la financiación;

Z.

Considerando que los datos muestran que, a pesar de que existe la creencia de que las mujeres gestionan mejor los riesgos (16), pueden tener más tendencia a una mayor aversión al riesgo y más falta de confianza; que esta situación puede dar lugar a una capacidad menor de generar confianza hacia el exterior y podría, por consiguiente, influir en sus posibilidades de financiación;

AA.

Considerando que las mujeres emprendedoras contribuyen significativamente a la creación de nuevas oportunidades de desarrollo así como a la reducción de la exclusión social y el afianzamiento de la cohesión social; que los obstáculos al emprendimiento social parecen menos pronunciados en el caso de las mujeres, y que la participación igualitaria en la vida social constituye una experiencia que empodera a las mujeres y les facilita emprender actividades en otros sectores;

AB.

Considerando que, en la mayoría de los casos, las mujeres empresarias ejercen su actividad en sectores secundarios desde el punto de vista de la rentabilidad y la competitividad en el mercado;

AC.

Considerando que falta investigación sobre el género y el acceso a la financiación por lo que se refiere a los emprendedores sociales, mientras que, en general, obtener financiación parece ser una cuestión más compleja para las empresas sociales;

AD.

Considerando que la educación para el emprendimiento, tanto formal como informal, es clave para fomentar la participación de más mujeres y niñas;

1.

Anima a los Estados miembros a que reconozcan el valor del emprendimiento femenino para sus economías y los obstáculos que deben superarse; pide a los Estados miembros y a las regiones que presenten estrategias concretas para fomentar la cultura emprendedora de las mujeres teniendo en cuenta sus necesidades, motivaciones y condiciones en lo que respecta a la eliminación de estereotipos de género así como a los distintos estilos de dirección y liderazgo y a las nuevas formas de organización y gestión de empresas;

2.

Pide a la Comisión que garantice la plena integración de la dimensión de género en todas las políticas futuras en el ámbito del emprendimiento;

3.

Pide a los Estados miembros que colaboren activamente con el sector privado con el fin de destacar a las empresas que tratan de promover la igualdad de género y sus mejores prácticas;

4.

Pide a los Estados Miembros que aprueben programas de acompañamiento, apoyo y asesoramiento a las mujeres emprendedoras a la hora de poner en marcha empresas pioneras que generen valor y riqueza basadas en principios socialmente responsables;

5.

Pide a los Estados miembros que recopilen datos desglosados por género a nivel regional, entre otros temas, sobre las distintas áreas del emprendimiento de las mujeres, con el fin de reconocer la contribución de las mujeres emprendedoras al ámbito social, y que informen periódicamente sobre el número de las mismas; recomienda que los datos se recopilen y consoliden a escala europea, con el apoyo del Instituto Europeo de la igualdad de género y Eurostat; recomienda la integración de la dimensión de género en la metodología de las investigaciones sobre el emprendimiento, la economía social y la empresa social que emprendan expertos cualificados en materia de género, y que se preste una atención particular a las experiencias de las mujeres con identidades múltiples marginalizadas;

6.

Pide a la Comisión que incluya la cuestión de la promoción de la iniciativa empresarial femenina en su futura estrategia posterior a 2015 para la igualdad entre mujeres y hombres;

7.

Pide que se aplique un enfoque global al emprendimiento de las mujeres para animarlas y apoyarlas a fin de que desarrollen una carrera como emprendedoras, facilitando el acceso a la financiación y las oportunidades de negocio, y creando un entorno que permita a las mujeres aprovechar su potencial y convertirse en emprendedoras de éxito garantizando, entre otras cosas, la conciliación de la vida profesional y la vida personal, el acceso a guarderías y una formación concebida a su medida;

8.

Pide a las instituciones, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que intensifiquen su lucha contra los estereotipos de género y que adopten medidas para luchar contra los estereotipos sobre las peculiaridades y aptitudes de los hombres y de las mujeres que aún persisten en los sectores dominados por los hombres como la ciencia y la tecnología, la innovación y la invención; considera que, en esos sectores, los responsables políticos, los inversores, el sector financiero y el mercado puede que perciban a las mujeres como menos creíbles o menos profesionales, lo que significa que las mujeres emprendedoras son vistas a veces con escepticismo por potenciales clientes, proveedores, socios, bancos e inversores, y tienen que ser más persistentes para probar sus conocimientos, habilidades y capacidades, y poder acceder a la financiación que precisan;

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan el valor del emprendimiento para el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada de mujeres y hombres y que eliminen las barreras que dificultan e incluso impiden el emprendimiento de las mujeres y que adopten un marco coherente de medidas para apoyar la participación de las mujeres en el mercado laboral; a raíz de la decisión de retirar la propuesta de modificación de la Directiva sobre el permiso de maternidad y con el fin de salvaguardar las políticas de igualdad a nivel europeo, anima a entablar un diálogo constructivo entre las instituciones para determinar la mejor manera de aplicar y apoyar políticas de conciliación de la vida profesional y la vida privada así como una distribución equitativa de las responsabilidades familiares, y destacando al mismo tiempo el papel de los hombres en el fomento de la igualdad; reitera que los permisos parental y de paternidad pueden repercutir positivamente en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y anima a los Estados miembros a que, de no haberlo hecho ya, se planteen introducir el permiso de paternidad; pide a la Comisión que, antes de finales de 2016, proponga medidas concretas, incluidas propuestas legislativas, en favor de una participación creciente de las mujeres en el mercado laboral a través de medidas encaminadas a mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada;

10.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recuerden la importancia de que se logren los objetivos de Barcelona con el fin de hacer realidad para todos el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, así como de que se apliquen las acciones legislativas o no legislativas apropiadas previstas en la hoja de ruta de la Comisión, publicada en agosto de 2015, sobre la conciliación de la vida laboral y la privada, y de que se utilicen instrumentos e incentivos adecuados, incluidos los fondos europeos, como el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para garantizar servicios asequibles de cuidado de niños y de otras personas dependientes, incluidos las personas de edad avanzada dependientes y familiares con discapacidades; subraya la importancia de contar con horarios de trabajo racionales y flexibles que permitan a los padres y cuidadores contribuir a un equilibro sólido entre la vida laboral y la vida privada; recuerda que, dadas las circunstancias específicas de los trabajadores por cuenta propia, es importante proteger plenamente los derechos sociales, ya que sin estos no tiene cabida un emprendimiento innovador e inclusivo;

11.

Hace hincapié en la necesidad de cambiar la tradicional asignación de roles de hombres y mujeres en la sociedad, el mundo laboral y la familia, fomentando una mayor participación de los hombres en las tareas del hogar y en el cuidado de familiares dependientes, por ejemplo mediante permisos de paternidad obligatorios y permisos parentales intransferibles, y políticas públicas que permitan una conciliación real de las responsabilidades familiares y laborales, especialmente para las mujeres y en particular en sectores muy competitivos y de alta movilidad, en los que se esperan largas jornadas y horarios flexibles, así como la formación permanente para estar al corriente de los últimos desarrollos tecnológicos y las oportunidades del mercado;

12.

Destaca la importancia de mirar más allá de la fase de lanzamiento de una empresa para ayudar a las mujeres que han optado por la vía del emprendimiento a consolidar y ampliar sus empresas, y de crear redes y compartir las mejores prácticas, tutorías, modelos femeninos y ayuda entre pares para apoyar a esas mujeres, incluso con vistas a avanzar hacia sectores más innovadores, sostenibles y rentables, sin socavar las condiciones necesarias para un bienestar general saludable;

13.

Subraya el enorme potencial de las mujeres innovadoras y emprendedoras, y el importante papel que pueden desempeñar en la transformación digital de la economía; pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en el potencial digital de las mujeres y las niñas, y que apoyen y promuevan al máximo la cultura empresarial digital para las mujeres, y la integración y participación de las mujeres en la sociedad de la información;

14.

Hace hincapié en la gran importancia de contar con espacios públicos para ayudar a desarrollar proyectos (que aporten visibilidad y viveros de empresas), facilitar apoyo económico y fiscal, información relevante y actualizada, así como asesoramiento en la puesta en marcha de un negocio, en particular para las nuevas emprendedoras, subraya igualmente la importancia de los fondos para la consolidación empresarial, de una mayor presencia en foros sociales, políticas que fomenten la conciliación familiar y el reconocimiento de las administraciones públicas de la importancia de este colectivo para la sociedad, tanto para las nuevas empresarias como para las que cuentan con una dilatada carrera profesional;

15.

Acoge con satisfacción la creación de varias redes europeas destinadas a mujeres emprendedoras; insta a la Comisión a que comunique más activamente los logros de las mujeres empresarias y a que las reconozca explícitamente como modelos potenciales mediante los Premios Europeos de Promoción de la Empresa y el Concurso Europeo de Innovación Social;

16.

Considera que las redes europeas de mujeres empresarias deberían crear una red europea y nacional para ayudar a las mujeres en la búsqueda de financiación y de servicios de asesoramiento para un fácil acceso;

17.

Pide a la Comisión que haga hincapié en el uso de foros en su próxima plataforma electrónica europea para mujeres emprendedoras y que incluya un plan gradual de acceso a las posibilidades de financiación europea, haciendo al mismo tiempo la plataforma electrónica atractiva para inversores potenciales y para los servicios de la administración de los Estados miembros, en un intento de reducir la carga burocrática que pesa sobre las mujeres emprendedoras mediante la aclaración de los procedimientos administrativos, creando así una plataforma electrónica que pueda servir en un futuro de referencia para el sector;

18.

Pide a la Comisión que establezca, sin que por ello se vea afectado el presupuesto de la Comisión, un Centro empresarial europeo para la mujer, en estrecha cooperación con los Estados miembros y las empresas del sector privado, que actúe como punto de referencia para promover las iniciativas de la Comisión dirigidas a las mujeres empresarias, ofrecer servicios de gestión y asistencia técnica, crear redes e impulsar las ya existentes, hacer un seguimiento de las iniciativas empresariales y de los programas financiados con cargo al presupuesto de la UE, e integrar en ellos la perspectiva de género;

19.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el acceso de las mujeres emprendedoras a las redes técnicas, científicas y de empresas más relevantes, puesto que el acceso a estas redes es esencial para desarrollar ideas de negocio, encontrar clientes potenciales, proveedores y socios, comprender el mercado con sus desarrollos, oportunidades y debilidades, y obtener información estratégica, cooperación y apoyo;

20.

Pide a los Gobiernos, a las administraciones y a los organismos para la igualdad de los Estados miembros (donde existan) que colaboren con el sector financiero teniendo en cuenta su obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al capital para autónomos y pymes; pide a dichos organismos que analicen las posibilidades de introducir la igualdad de género en sus estructuras de información sobre la concesión de préstamos, en la adaptación de sus perfiles de riesgo, en los mandatos de inversión y estructuras de personal, y en los productos financieros y su publicidad;

21.

Pide a los Estados Miembros que elaboren mapas de ayuda para el apoyo al emprendimiento de las mujeres y fomenten el emprendimiento y la competitividad empresarial, que va desde la cultura emprendedora hasta la adopción de nuevas tecnologías o la financiación de actividades de I+D+i;

22.

Pide a la Comisión que supervise con diligencia que la integración de la perspectiva de género se lleva a cabo efectivamente a la hora de asignar fondos de la UE en el marco del emprendimiento; propone a la Comisión la introducción de cuotas de género en todo tipo de ayudas específicas destinadas a los grupos infrarrepresentados y desfavorecidos, a fin de garantizar que se avanza hacia la paridad empresarial;

23.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la visibilidad de la financiación de la actividad empresarial creando mapas de ayudas a través, entre otros medios, de la microfinanciación en el marco del Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress y examinen las posibilidades de colaboración con el sector privado para la inversión en los sectores «femeninos», como las garantías de préstamo del Gobierno;

24.

Subraya la importancia de emplear todos los flujos económicos posibles y, en particular, los Fondos Estructurales, en el próximo periodo de programación 2014-2020;

25.

Insta a los Estados miembros a fomentar medidas y acciones para prestar asistencia y asesoramiento a aquellas mujeres que deciden convertirse en empresarias, a promover el espíritu empresarial de las mujeres, facilitando y simplificando el acceso a la financiación y otras formas de ayuda, y a eliminar los obstáculos burocráticos y otros obstáculos a la creación de empresas por parte de las mujeres;

26.

Pide a la Comisión que examine y elabore propuestas sobre la manera de suscitar el interés de las mujeres en la creación de empresas; destaca que las mujeres con potencial para convertirse en empresarias deberían estar al corriente de los programas de apoyo y de las posibilidades de financiación;

27.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que comiencen a recopilar datos desglosados por género sobre el acceso de los emprendedores a la financiación, en estrecha colaboración con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, y que examinen e investiguen si hay alguna prueba de discriminación directa o indirecta contra las mujeres en este contexto y, en caso afirmativo, que analicen la manera en que deben abordarse los factores externos que influyen en las evaluaciones de los inversores sobre la viabilidad de las empresas emergentes dirigidas por mujeres;

28.

Pide a la Comisión que, en su próxima revisión y actualización de la «Small Business Act» (SBA), así como en los informes anuales de dicha SBA, aborde los retos específicos que afrontan las mujeres empresarias; opina que dichos retos deberían tomarse en consideración en todos los programas de la SBA, y que debería establecerse un plan de acción adicional para superar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres empresarias;

29.

Acoge con satisfacción la revisión de la Comisión de la aplicación de la Directiva 2004/113/CE y su transposición al Derecho nacional por parte de los Estados miembros, pero lamenta la falta de rigor en la detección de la discriminación indirecta; pide a la Comisión que revise de nuevo la Directiva y prevea medidas más eficaces para afrontar este tipo potencial de discriminación;

30.

Considera que es necesario garantizar a las mujeres empresarias un acceso más fácil a la financiación en sectores innovadores y sostenibles en los que existe una mayor presencia masculina, especialmente en el ámbito de las TIC, la construcción y el transporte; solicita que, en este sentido, se ejerza un mayor control para evitar el fenómeno de las mujeres a las que los hombres utilizan como testaferros a fin de obtener financiación preferencial;

31.

Anima a los Estados miembros a promover una cultura del emprendimiento en la educación y la formación; destaca la importancia de una educación a todos los niveles, tanto formal como informal y de incluir el aprendizaje a lo largo de la vida, con el fin de fomentar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas, también en materia de TIC, particularmente en los ámbitos más estudiados por niñas, como la atención sanitaria y otros servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan incentivos para garantizar una representación más equilibrada de mujeres y hombres en el sector empresarial y que impulse esa representación sensibilizando a las mujeres con respecto a las posibilidades de formación existentes en materia de emprendimiento;

32.

Pide a las escuelas y las universidades que animen a las niñas y mujeres a estudiar materias que permitan acceder a carreras en el mundo de la ciencia, las finanzas y en sectores con un fuerte crecimiento y rentables, tales como las nuevas tecnologías, incluida la tecnología verde, los entornos digitales y los sistemas informáticos;

33.

Pide a los Estados miembros que colaboren con los sectores público y privado, las ONG, las universidades y las escuelas con el fin de establecer más programas de aprendizaje, no formales e informales, incluidos los programas en los que los estudiantes puedan llevar a cabo, desde una edad temprana, proyectos de desarrollo basados en conceptos empresariales reales y viveros de empresas que tengan por objeto capacitar a los jóvenes emprendedores, al tiempo que se enseña, se comprende y se pone en práctica la cultura de los derechos laborales;

34.

Pide a la UE que invierta en programas que permitan la formación permanente de las mujeres trabajadoras y empresarias, garantizando una continua actualización y un crecimiento profesional de calidad, con especial atención al ámbito del comercio;

35.

Hace hincapié en la importancia de que se facilite el acceso de las mujeres emprendedoras, por ejemplo mediante subvenciones y cursos de formación sobre temas legislativos básicos para la creación y gestión de una empresa, como las leyes de emprendimiento empresarial, de propiedad intelectual y protección de datos, las normas de fiscalidad, el comercio electrónico, las subvenciones públicas disponibles, etc., y mediante cursos de formación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el uso de redes sociales, el comercio en línea, las habilidades sociales, etc.;

36.

Observa con preocupación que las mujeres suelen tener una percepción negativa de sus habilidades, probablemente basada en los estereotipos arraigados en la sociedad, y señalan con más frecuencia que los hombres su falta de habilidades emprendedoras, auto-confianza, asertividad y disposición para asumir riesgos al comenzar una empresa, por lo que es necesario que las mujeres emprendedoras cuenten con programas de motivación y apoyo psicológico que les ayuden a reforzar la confianza en sí mismas;

37.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo estudios con vistas a explicar la mayor actividad empresarial de la mujer en el ámbito del emprendimiento social y su posible efecto multiplicador en el emprendimiento tradicional;

38.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el desarrollo de instrumentos financieros que valoren a las empresas en función de su contribución a la sociedad, así como la creación de marcas de confianza en materia de emprendimiento social y medioambiental; recomienda que la igualdad de género y la capacitación de las mujeres se incluyan entre las medidas de impacto social, lo que, a su vez, animará a más emprendedores sociales a analizar su empresa desde una perspectiva de género;

39.

Destaca que los modelos empresariales alternativos, como las cooperativas y las mutuas, desempeñan un papel importante a la hora de promover la igualdad de género y de impulsar un desarrollo y un crecimiento sostenibles e inclusivos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten y promuevan modelos alternativos de este tipo;

40.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

12.1.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 11/44

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 165 y 166,

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz (1),

—

Vista la Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil,

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2013, sobre la Garantía Juvenil (2),

—

Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre cómo puede contribuir la Unión Europea a generar un entorno favorable para que las empresas, incluidas las emergentes, creen empleo (3),

—

Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2014 (4),

—

Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (5),

—

Vistas la Recomendación del Consejo sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas (6) y la pregunta escrita E-010744/2015, de 2 de julio de 2015, acerca de la Recomendación del Consejo sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de abril de 2015 sobre el impulso de la cooperación intersectorial de las políticas para hacer frente eficazmente a los retos socioeconómicos a que se enfrentan los jóvenes (7),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad,

—

Vista la lista de cuestiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea (8),

—

Vista la nota informativa del Cedefop, de junio de 2013, titulada «Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025» (Vías para la recuperación: tres hipótesis de competencias y mercado de trabajo para 2025),

—

Vista la nota informativa del Cedefop, de marzo de 2014, titulada «Skill mismatch: more than meets the eye» (Inadecuación de competencias: más de lo que salta a la vista),

—

Vista la nota informativa del Cedefop, de noviembre de 2014, titulada «The validation challenge: how close is Europe to recognising all learning?» (El reto de la convalidación: ¿está Europa cerca de reconocer todas las formaciones?),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento» (COM(2014)0473),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010) 0636),

—

Visto el informe de la Comisión, de abril de 2015, titulado «Piloting Youth Guarantee partnerships on the ground — A summary report of key achievements and lessons from the European Parliament Preparatory Action on the Youth Guarantee» (Pilotando las asociaciones de la Garantía Juvenil sobre el terreno — Informe de síntesis sobre los logros y las lecciones clave de la acción preparatoria del Parlamento Europeo sobre la Garantía Juvenil),

—

Visto el informe de Eurofound, de 2015, titulado «Youth entrepreneurship in Europe: values, attitudes, policies» (El emprendimiento juvenil en Europa: valores, actitudes, políticas),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Consejo, y en particular su capítulo IV sobre la Iniciativa de Empleo Juvenil (9),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0366/2015),

A.

Considerando que actualmente hay 4,5 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años desempleados dentro de la Unión Europea, y que más de 7 millones de jóvenes europeos de entre 15 y 24 años ni trabajan, ni estudian ni siguen una formación;

B.

Considerando que la tasa de desempleo en la Unión Europea era del 9,9 % a finales de 2014 y que la tasa de desempleo juvenil era el doble de esta cifra, un 21,4 %;

C.

Considerando que la crisis ha afectado especialmente a los jóvenes;

D.

Considerando que la carencia de competencias adecuadas para los empleos disponibles y la inadecuación de la educación y la formación profesional son factores importantes que provocan el desempleo juvenil; que, a pesar de que los jóvenes tienen un mayor nivel educativo y están más cualificados que las generaciones anteriores, siguen enfrentándose a importantes obstáculos estructurales a la hora de encontrar un empleo de calidad que respete las normas nacionales y de la UE; que, sin una creación de empleo de calidad eficiente y sostenible en Europa, no puede resolverse la crisis de empleo juvenil;

E.

Considerando que los retrasos en el acceso al mercado de trabajo y los largos periodos de desempleo tienen repercusiones negativas para las perspectivas de carrera, remuneración, salud y movilidad social;

F.

Considerando que los jóvenes son un activo de la economía europea y que deben comprometerse a adquirir las competencias que requiere el mercado de trabajo, anticipando las necesidades futuras;

G.

Considerando que los jóvenes se dividen en tres grandes grupos, estudiantes, trabajadores y desempleados, y que los enfoques políticos deben ser diferentes para cada uno de ellos, con el fin de garantizar su integración en el mercado laboral, lo que significa que los jóvenes estudiantes deben disponer de las competencias necesarias para el mercado laboral, que los jóvenes trabajadores deben actualizar sus competencias y su formación durante toda su carrera y que, en cuanto a los jóvenes desempleados, la distinción debe tener en cuenta si son solicitantes activos de trabajo o si pertenecen al grupo de ni-ni;

H.

Considerando que debe hacerse todo lo posible para garantizar que los sistemas de enseñanza preparan adecuadamente a los estudiantes para la realización profesional y asegurar una estrecha colaboración entre los representantes del sector de la enseñanza, los servicios sociales cuando proceda, los empresarios y los estudiantes;

I.

Considerando que la planificación de la formación y la educación mejora significativamente cuando se incluye a organizaciones de estudiantes y jóvenes en los procesos decisorios y satisface mejor las demandas de la sociedad, el mercado laboral y las competencias necesarias;

J.

Considerando que las personas con discapacidad, discriminadas y vulnerables suelen quedar excluidas de la posibilidad de desarrollar su talento, sus competencias y habilidades si no se tiene en cuenta la dimensión social en las políticas educativas, laborales y sociales; que deben asignarse recursos financieros suficientes al sector de la enseñanza;

K.

Considerando que la aplicación de políticas efectivas en materia de educación, formación y competencias, con el apoyo de los empresarios, las oficinas de empleo y otras partes interesadas pertinentes, puede contribuir a reducir el desempleo juvenil;

L.

Considerando que es necesaria una formación adecuada para responsables de la contratación, gestores de recursos humanos, empleadores y el sector de la educación;

M.

Considerando que la crisis financiera de 2008 creó problemas adicionales relacionados con el acceso de los jóvenes al mercado laboral, habida cuenta de que el desempleo juvenil es más sensible a los ciclos económicos que el desempleo general, puesto que los jóvenes suelen ser quienes tienen menos experiencia;

N.

Considerando que las microempresas y las pymes figuran entre los generadores de empleo más importantes de la UE, al representar mucho más del 80 % de todos los puestos de trabajo y han abierto el camino en muchos sectores «verdes», pero se enfrentan a dificultades específicas a la hora de anticipar las competencias necesarias y de aprovechar el potencial de empleo;

O.

Considerando que el emprendimiento juvenil puede contribuir a reducir el desempleo juvenil y, mediante la educación y la formación, puede impulsar la empleabilidad de los jóvenes;

P.

Considerando que el éxito de los programas de aprendizaje y prácticas varía en toda la Unión, en función de sus características;

Q.

Considerando que la Garantía Juvenil, cuando se aplica eficazmente, constituye un enfoque global para ayudar a los jóvenes a superar con éxito la transición hacia el mercado de trabajo o la educación de alta calidad, como demuestran los resultados de la Acción Preparatoria del Parlamento Europeo sobre la Garantía Juvenil;

R.

Considerando que resulta indispensable, con el objetivo de obtener resultados eficientes de la Garantía Juvenil, valorar las necesidades ocupacionales reales de los jóvenes y los sectores reales de desarrollo laboral, como por ejemplo la economía social y la economía ecológica, acompañado todo esto de un seguimiento constante y atento, no solo de los proyectos, sino también de las agencias que los publican, emitiendo informes periódicos sobre el progreso de esta medida contra el desempleo juvenil;

S.

Considerando que la Iniciativa de Empleo Juvenil es una herramienta esencial para prestar apoyo específico a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni siguen una formación («ni-ni»);

1.

Señala que el desarrollo de competencias individuales y la difusión de conocimientos y habilidades son uno de los elementos clave de las políticas sociales y de empleo integradas y pueden permitir que se genere un crecimiento a largo plazo, se favorezca la competitividad europea, se luche contra el desempleo y se construya una sociedad europea más inclusiva, siempre que las políticas de desarrollo de competencias reconozcan las múltiples dimensiones de las necesidades y habilidades de los jóvenes desempleados; recuerda que el desarrollo de competencias seguirá sin surtir efecto si no se abordan en paralelo la creación de empleo y la protección adecuada de la seguridad social;

2.

Subraya que «un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión» constituye una prioridad esencial de la Comisión y que en su programa de trabajo para el año 2015 la Comisión se comprometió a adoptar iniciativas prácticas con el fin de promover la integración y la empleabilidad en el mercado laboral, en concreto mediante medidas para ayudar a los Estados miembros a que los jóvenes encuentren un puesto de trabajo; reitera que el Parlamento ha propuesto regularmente distintas soluciones en las que hace hincapié en que el empleo juvenil, la educación y la formación deben ser una de las principales prioridades políticas de la UE;

3.

Recuerda que tiene la mayor importancia la participación de los jóvenes, las partes interesadas pertinentes, las organizaciones y los interlocutores sociales en el fomento del desarrollo, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las iniciativas pertinentes destinadas a apoyar el empleo juvenil a escala de la UE, nacional y local;

4.

Señala que, por un lado, existen 24 millones de personas desempleadas en Europa, incluidos 7,5 millones de jóvenes que carecen de empleo, estudios o formación y, por otra parte, 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir en la UE; observa que hay muchos jóvenes sobrecualificados desempleados cuyas competencias no se ajustan a la demanda del mercado laboral; destaca, por tanto, la necesidad de establecer asociaciones fuertes entre autoridades locales, servicios de educación y de empleo (generales y especializados), los interlocutores sociales y la comunidad empresarial para apoyar la creación, la ejecución y el seguimiento de estrategias y planes de acción en materia de empleo de calidad a corto y medio plazo que resulten sostenibles e inclusivos; pide una cooperación y una interacción más estrechas entre la enseñanza, la formación profesional, la administración pública, la empresa y la sociedad civil, especialmente las organizaciones juveniles y de estudiantes, con el fin de ajustar mejor las competencias a las necesidades del mercado laboral, también a través de opciones de «segunda oportunidad» a fin de maximizar la calidad de la educación y la formación; destaca que esta mayor cooperación también es crucial para la aplicación eficaz de la Garantía Juvenil;

5.

Acoge favorablemente los instrumentos para el desarrollo de las competencias profesionales y las previsiones de necesidades de competencias profesionales propuestos por la Comisión; destaca que, en el marco del desarrollo de las competencias, se debe fomentar el desarrollo de las capacidades en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que resultan de utilidad generalizada en una economía; apunta, no obstante, que se requiere una actuación más ambiciosa e inversión; considera que, para anticiparse a futuras necesidades de competencias, todas las partes interesadas del mercado laboral deben participar activamente en todos los niveles;

6.

Pide a los Estados miembros, a los Gobiernos regionales y a las autoridades locales que adopten y apliquen, junto con los interlocutores sociales y los proveedores de servicios de formación, estrategias de anticipación y desarrollo de las competencias profesionales con el objetivo de mejorar las competencias genéricas, sectoriales y específicas de las ocupaciones en cuestión; subraya además la importancia de las asociaciones y de la confianza entre las instituciones educativas, las empresas, los interlocutores sociales y las autoridades;

7.

Destaca el papel que desempeñan los centros de educación superior en el desarrollo de los conocimientos y las competencias que necesitan los titulados para tener éxito en el mercado laboral;

8.

Destaca la función esencial que desempeñan los profesores y los formadores competentes y que apoyan a los alumnos en la reducción del abandono temprano de la escuela, particularmente en las zonas desfavorecidas, y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes; hace hincapié en que los profesores deben gozar de un mayor apoyo por parte de las escuelas, los centros de formación, las comunidades locales y las políticas educativas, por ejemplo mediante una formación más eficiente y actualizada en torno a nuevas habilidades, como las competencias en materia de emprendimiento o de TIC, el fomento del aprendizaje entre iguales y el intercambio de mejores prácticas, una facilitación del acceso a las oportunidades de formación y la mejora de los sistemas de EFP permanentes; destaca, a este respecto, la importancia de invertir en la formación permanente del profesorado; se opone firmemente a cualquier recorte en los presupuestos de educación, especialmente cuando se combinan con la reducción de las becas y el aumento de las tasas de matrícula;

9.

Aboga por la inclusión de nuevos métodos de enseñanza y formación desarrollados por profesores para responder a las necesidades específicas de la clase;

10.

Hace hincapié en que los proveedores de educación y formación y las empresas deben colaborar para diseñar títulos certificatorios que reflejen de manera fiel las competencias reales que han adquirido sus propietarios durante toda su vida;

11.

Hace hincapié en la necesidad de involucrar a empleadores jóvenes e innovadores en un diálogo continuo entre los centros educativos y los empleadores, a fin de adaptar mejor la educación y la formación profesional a las demandas del mercado laboral; acoge con satisfacción y señala la importancia que revisten los programas tutorizados concebidos para preparar la futura integración laboral de los jóvenes;

12.

Destaca la importancia de la capacidad administrativa y de unas oficinas de empleo eficaces; pide que se fortalezca el principio de asociación entre autoridades públicas y sociedad civil, y que se prevea una formación adecuada destinada a las autoridades locales y regionales así como otras partes interesadas pertinentes a fin de garantizar un uso más eficaz y estratégico de los fondos europeos; pide también que los Gobiernos sean más ambiciosos y se esfuercen por anticipar las necesidades de los jóvenes, de las empresas y de la sociedad civil, así como de los centros académicos y de formación profesional, al aplicar más rápidamente los programas de empleo y al supervisar los avances conseguidos;

13.

Destaca la importancia de una cooperación intersectorial estrecha, especialmente entre los servicios de empleo y educación;

14.

Recuerda que las políticas deben centrarse en ayudar a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni siguen una formación, incluidos aquellos que se han desvinculado, a volver a estudiar o integrarse en el mercado laboral;

15.

Señala que los fondos europeos pueden representar, si se usan de forma más efectiva y estratégica, un instrumento extraordinario para el crecimiento y el desarrollo de las universidades y empresas; solicita que se empleen mayores recursos económicos para difundir información sobre los instrumentos de financiación europeos, así como para ampliar en las universidades y empresas el conocimiento y las competencias necesarias para la búsqueda de fondos, para el estudio y para la gestión de proyectos de financiación;

16.

Subraya que para garantizar la correcta utilización de los fondos de la UE es de vital importancia aplicar un sistema de vigilancia y seguimiento del uso de dichos recursos;

17.

Pide que se cree un premio de la UE a los mejores proyectos de lucha contra el desempleo juvenil, que podría vincularse al concurso paneuropeo «European Youth Award» y al premio europeo para el empleo juvenil en la economía social; pide a la Comisión que dé visibilidad a las iniciativas de este tipo para aumentar la concienciación y aproximarse a las necesidades de los ciudadanos; hace hincapié, sin embargo, en la necesidad de responsabilidad presupuestaria y pide, por lo tanto, que estas iniciativas se financien con cargo al presupuesto existente;

18.

Pide una estrategia europea de competencias, orientada a los resultados y con visión de futuro, que guíe las estrategias nacionales en materia de competencias y las integre en los planes nacionales de empleo, proporcionando, al mismo tiempo, un marco amplio para los planes de acción sectoriales propuestos en el paquete de medidas sobre el empleo;

19.

Pide a los Estados miembros que apliquen lo antes posible las recomendaciones específicas por países relativas a educación y mercado de trabajo del Semestre Europeo y otras recomendaciones de la Comisión;

20.

Destaca el papel clave de las empresas, incluidas las pymes, los actores de la economía social y solidaria y las microempresas, en la formación en capacidades para la vida laboral y la creación de empleo para jóvenes; pone de relieve la importancia de brindar a los jóvenes una educación que les prepare para el emprendimiento de la manera más amplia posible; anima a incorporar en los programas escolares el desarrollo en un entorno seguro de las competencias profesionales necesarias para crear y gestionar empresas, así como a fomentar competencias, cualificaciones y conocimientos transversales sobre emprendimiento que se impartan eficazmente a través de experiencias prácticas de la vida real; sugiere que el emprendimiento se enseñe a través de diversas materias o como materia independiente, y hace hincapié en la necesidad de acceder a prácticas y formación profesional de alta calidad durante la fase de educación universitaria y después de esta; resalta que adquirir competencias democráticas y de trabajo en equipo, aprender a asumir responsabilidades y analizar situaciones forma parte del aprendizaje permanente que respalda una ciudadanía activa; señala las posibilidades y ventajas que ofrece involucrar a un amplio grupo de interlocutores (jóvenes empresarios de éxito, ONG dedicadas al emprendimiento) en la oferta educativa sobre emprendimiento;

21.

Recuerda que el apoyo al emprendimiento, la comprensión de las relaciones económicas y el fomento de la responsabilidad personal y la iniciativa son factores importantes para promover un enfoque activo de la propia carrera; considera que promover el emprendimiento forma parte del ámbito de responsabilidades de los organismos públicos, el sector educativo, las empresas y la sociedad civil; reitera la necesidad de desarrollar la movilidad dentro de las empresas; insiste en el papel de las instituciones financieras en las empresas emergentes y en el acceso a la financiación, y defiende la inversión, el desarrollo de competencias y la previsión en sectores emergentes y potenciales como las tecnologías limpias y los empleos verdes, puesto que presentan un gran potencial para crear empleos de calidad;

22.

Subraya que las competencias empresariales también pueden adquirirse a través de programas de desarrollo de competencias organizados al margen del sistema de educación general y que estos programas pueden incluir actividades de tutoría y orientación impartidas por formadores con experiencia, emprendedores y expertos empresariales que no solo facilitan valiosos conocimientos, asesoramiento y comentarios críticos en materia empresarial a los potenciales emprendedores, sino que también les permiten desarrollar valiosas redes de contactos con empresas y emprendedores existentes que de otro modo podría llevar mucho tiempo crear;

23.

Hace hincapié en la necesidad de eliminar los requisitos administrativos y financieros a la creación y la gestión de empresas simplificando los procedimientos, facilitando el acceso de las empresas de nueva creación al crédito, al capital-riesgo y la microfinanciación, garantizando un acceso a internet de alta velocidad, proporcionando asesoramiento a medida, e introduciendo medidas de incentivo para los empresarios que empleen a jóvenes, cuando sea posible; subraya la importancia de la microfinanciación y el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») así como el Plan de Inversiones para Europa a fin de alcanzar estos objetivos; destaca la necesidad de crear ventanillas únicas que se ocupen de todos los procedimientos administrativos pertinentes relacionados con la creación y la gestión de empresas; recuerda que todos los requisitos administrativos deben tener en cuenta el respeto de los derechos de los trabajadores;

24.

Anima a los Estados miembros a participar en el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores y a promoverlo entre los jóvenes que deseen iniciar un proyecto empresarial, para que puedan beneficiarse de una experiencia en el extranjero y adquirir nuevas competencias que les ayuden a llevar a cabo sus proyectos empresariales;

25.

Recuerda que las industrias creativas representan uno de los sectores con mayor nivel de emprendimiento y crecimiento más rápido, y que la educación creativa desarrolla competencias transferibles como el pensamiento creativo, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el ingenio; reconoce que los sectores relacionados con el arte y los medios de comunicación resultan especialmente atractivos para los jóvenes;

26.

Recuerda la multitud de empleos que están relacionados con las competencias tradicionales, que a menudo no pueden trasladarse a otro ámbito, y que, además, contribuyen a impulsar las economías locales y son de interés cultural; insta, por lo tanto, a los Estados miembros a que velen por que los oficios artesanos y las profesiones con componentes tradicionales y culturales se conserven y transmitan efectivamente a las generaciones más jóvenes mediante la aplicación de programas especializados;

27.

Pide la creación de condiciones favorables para la economía social a fin de combinar la creación de empleo para jóvenes y el desarrollo de capital social; pide una mejor inclusión de las empresas de la economía social y la solidaridad en los planes de acción nacionales y europeos en materia de empleo, desarrollo de competencias e integración social, con el fin de liberar y explotar su potencial de creación de empleo y su contribución a la consecución de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020;

28.

Recuerda que los empleadores y los emprendedores desempeñan un papel importante a la hora de impartir formación en el lugar de trabajo y ofrecer periodos de prácticas, y que esto debe seguir apoyándose y desarrollándose;

29.

Señala que las políticas de fomento del espíritu emprendedor de los jóvenes requieren planificación a medio y largo plazo; hace hincapié en que las políticas de ayuda al emprendimiento deben tener en cuenta los distintos requisitos de cada Estado miembro;

30.

Pide que se preste un apoyo eficaz a los proyectos empresariales socialmente responsables, ecológicos y sostenibles, y se promuevan modelos alternativos sostenibles como las cooperativas, que se basan en un proceso de decisión democrático e intentan generar efectos en la comunidad local;

31.

Hace hincapié en la necesidad urgente de incrementar las cualificaciones y la motivación de los orientadores en los servicios públicos de empleo a fin de que puedan reaccionar de forma proactiva a las necesidades de los jóvenes que buscan empleo, ayudarles a obtener cualificaciones adicionales y detectar las habilidades necesarias para su integración en el mercado laboral;

32.

Recuerda que una orientación y un apoyo educacionales a medida de buena calidad, en todas las etapas de la enseñanza, son necesarios y pueden reducir el riesgo de abandono escolar prematuro y ayudar a superar dificultades para acceder al mercado de trabajo; hace hincapié en que esta orientación profesional deberá anclarse con firmeza a los planes de estudio y transmitirse en colaboración con los actores económicos y las oficinas de empleo; recuerda que el aprendizaje de idiomas y la alfabetización digital resultan fundamentales;

33.

Advierte sobre la falta de una orientación profesional de calidad en los Estados miembros; hace hincapié en la necesidad de incrementar la calidad de la orientación personal en las escuelas y de facilitar formación profesional continuada a los orientadores, a fin de que sean capaces de ayudar de forma cualificada a los alumnos y estudiantes a la hora de elegir su orientación profesional;

34.

Pide a los Estados miembros que examinen las mejores prácticas del sistema de orientación escolar y profesional, en el que se da seguimiento a los alumnos desde una fase escolar temprana hasta los primeros pasos en el mercado laboral;

35.

Destaca la importancia del seguimiento periódico de las necesidades de competencias futuras y alienta, por lo tanto, a los Estados miembros y a todas las partes interesadas pertinentes a compartir buenas prácticas en este sentido y a seguir desarrollando herramientas de seguimiento y previsión;

36.

Acoge con satisfacción la transformación del actual sitio web del Panorama de Cualificaciones de la UE, que ofrece un punto de acceso central más completo y fácil de usar para obtener información y conocimientos en relación con las necesidades de competencias en ocupaciones y sectores en la UE, y que ayuda a los responsables políticos, los expertos, las oficinas de empleo, los asesores profesionales y los ciudadanos a tomar decisiones más fundamentadas;

37.

Pide a los Estados miembros que intercambien mejores prácticas en la formación profesional y la formación mediante competencias, con lo que se garantizaría un mayor acceso de los jóvenes al mercado laboral, y que revisen sus programas de formación, anticipando las necesidades del mercado, cuando proceda; hace hincapié en la importancia de la codificación empresarial práctica y las cibercapacidades por ser indispensables para el desarrollo profesional en el siglo XXI; señala la importancia de aplicar el Plan de acción sobre emprendimiento 2020 y la Estrategia sobre cibercapacidades de la UE; recuerda que debería existir un desarrollo profesional permanente a lo largo de toda la vida laboral para mantener y desarrollar las competencias y los conocimientos;

38.

Insta a los Estados miembros a que promuevan y mantengan las posibilidades de movilidad profesional entre los jóvenes estudiantes, con el fin de permitirles desarrollar sus competencias en contacto con otros sistemas de formación y con otros tipos de empresas, pero también para ofrecerles la oportunidad de practicar un idioma extranjero, lo que les ayudará a acceder de forma duradera al mercado de trabajo;

39.

Destaca la importancia de desarrollar las competencias no técnicas, que permiten desenvolverse más fácilmente en el mercado laboral y desarrollar una carrera profesional, y que constituyen un complemento esencial de los conocimientos y la experiencia profesionales;

40.

Hace hincapié en la necesidad urgente de asegurar una formación no formal e informal que incluya la dimensión del voluntariado, y que supone un valioso medio de adquisición de las competencias necesarias para la integración de los jóvenes a la vida laboral;

41.

Recuerda que el aprendizaje no formal e informal es fundamental para el desarrollo de aptitudes interpersonales como por ejemplo las dotes de comunicación y toma de decisiones; pide, por lo tanto, que se invierta en oportunidades inclusivas que ofrezcan aprendizaje no formal e informal y que se reconozcan la influencia y el valor de la experiencia, las cualificaciones y las competencias adquiridas;

42.

Insta al establecimiento de un sistema de formación y de estudios que proponga enfoques innovadores pero accesibles y que se centre en el desarrollo de capacidades de base y de competencias intelectuales y técnicas;

43.

Insiste en la importancia de seguir desarrollando el instrumento EURES, especialmente en las zonas fronterizas, para animar a los jóvenes a volverse hacia ofertas de empleo, de prácticas o de formación en el extranjero y para acompañarles en sus proyectos de movilidad facilitándoles ayuda y asesoramiento;

44.

Destaca que las políticas educativas y en materia de competencias no deben dirigirse exclusivamente a responder a las necesidades del mercado laboral, sino también a dotar a las personas de las capacidades transversales necesarias para desarrollarse como ciudadanos activos y responsables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que respeten el hecho de que la educación y la formación constituyen un derecho fundamental y que tienen gran valor en sí mismas;

45.

Hace hincapié en la importancia de una formación integral, por ejemplo en forma de educación cívica, que debería formar parte integrante de la formación en todas sus corrientes y que contribuye a preparar a los jóvenes en su transición a la vida laboral;

46.

Hace hincapié en la importancia de desarrollar la capacidad de los estudiantes para aprender y en la necesidad de facilitarles estrategias de aprendizaje eficaces; destaca que aprender a aprender facilitará la adquisición de conocimientos, competencias, actitudes y aptitudes que permitan a los ciudadanos fijar, programar y alcanzar sus propios objetivos de aprendizaje y ser capaces de aprender de manera autónoma y de afrontar los profundos cambios que se producen en el mercado laboral;

47.

Subraya que la práctica de deporte ofrece a los participantes oportunidades de desarrollar toda una serie de capacidades transversales que aumentan su empleabilidad, ya que les ayudan a triunfar como dirigentes y a conseguir sus objetivos; subraya asimismo la vinculación entre deporte, empleabilidad, educación y formación;

48.

Muestra su preocupación por el empeoramiento de los resultados del último estudio PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) en determinados Estados miembros de la Unión Europea; invita a los Estados miembros a hacer de la educación una prioridad firme para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

49.

Destaca que la formación en el lugar de trabajo y los aprendizajes de gran calidad y formativos, reforzados por las asociaciones entre escuelas, instituciones de formación y empresas, son vías para mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y que aprovechando mejor estas oportunidades, mediante una mejor orientación profesional, se podría ampliar el cuerpo de posibles candidatos a vacantes y también mejorar su preparación para el trabajo; señala el éxito de estas medidas en varios Estados miembros; indica que el intercambio de mejores prácticas en este ámbito contribuiría a reducir el desempleo juvenil; subraya que los alumnos desfavorecidos necesitan un apoyo especial, por ejemplo, en forma de tutorías o cursos de apoyo a los alumnos y de asistencia a las empresas para hacer frente a las tareas administrativas y de organización;

50.

Destaca el valor de los periodos de prácticas de alta calidad en todos los sectores de empleo y pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten a las mujeres a incorporarse a prácticas y ocupaciones dominadas tradicionalmente por hombres;

51.

Destaca que debe promoverse una transición fluida de la educación al empleo vinculando la educación teórica con la formación práctica, integrando las competencias que permiten la empleabilidad en los planes de estudios académicos básicos y proporcionando periodos de prácticas de gran calidad, como establece la Carta Europea de Calidad de las Prácticas, así como a través del reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en la educación formal y no formal, o durante experiencias de voluntariado; subraya que los periodos de prácticas o aprendizaje de alta calidad siempre deberían tener resultados formativos claros y que no se explotará a los trabajadores en prácticas;

52.

Recuerda que las prácticas y los aprendizajes de alta calidad que reflejan necesidades reales deben conducir al empleo, y que los aprendizajes deben preparar a los aprendices para un empleo, y condena todos los abusos, incluidos los falsos periodos de prácticas, que debilitan la adquisición de derechos de seguridad social por parte de los trabajadores; destaca que las prácticas deben generar mayores competencias y empleabilidad; pide a los Estados miembros que adopten medidas disuasorias para evitar los abusos en la condición de trabajador en prácticas y que intensifiquen las campañas de información acerca de los abusos a los trabajadores en prácticas;

53.

Acoge con satisfacción el Marco de Calidad para los Periodos de Prácticas y la Alianza Europea para la Formación de Aprendices; pone de relieve la importancia de que la Comisión vigile de cerca su aplicación en los Estados miembros; insta a la Alianza Europea para la Formación de Aprendices a que fomente el acceso de los jóvenes al aprendizaje profesional pidiendo la eliminación de barreras como las tasas de inscripción para aprendices;

54.

Recuerda, con respecto a las competencias de los Estados miembros en este ámbito, que el modelo dual de enseñanza y la adquisición de competencias prácticas, sociales y de comunicación son de gran importancia; hace hincapié en que las aptitudes sociales y comunicativas pueden ayudar a los jóvenes a ganar confianza y facilitarles la entrada en el mercado laboral; subraya que el modelo dual debe orientarse al contexto social, económico y cultural de cada país y no considerarse el único sistema de formación profesional correcto; pide, por lo tanto, que se reconozca y se refuerce el aprendizaje dual en todos los niveles;

55.

Pide una mayor cooperación entre las instituciones educativas (en el nivel profesional y en el superior) y los empresarios para la elaboración de planes de estudios adaptados a las necesidades del mercado laboral;

56.

Señala las ventajas de un acceso flexible a la educación y orientado al estudiante que permita modificar y adaptar la orientación de los estudios según las necesidades del estudiante, y no estigmatizarlo como resultado de su decisión inicial;

57.

Alerta a los Estados miembros contra la gran diversidad de los tipos de contratos propuestos a los jóvenes; pide que se lleve a cabo una mayor reflexión en este sentido para ganar eficacia;

58.

Pide a los Estados miembros que aumenten el atractivo de los programas y estudios en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para responder a la actual escasez existente en este ámbito; subraya, no obstante, que las humanidades y los conocimientos humanísticos en general son imprescindibles para aprovechar eficazmente las oportunidades que ofrecen las disciplinas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y que, por tanto, deben ser apoyados efectivamente en el marco de sus respectivas instituciones y desempeñar un papel explícito en el desarrollo de los currículos; pide a los Estados miembros que fomenten un enfoque transectorial entre diferentes áreas en las instituciones educativas, como programas conjuntos de arte, ciencia, tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería, negocios y otros ámbitos relevantes;

59.

Insta a los Estados miembros a que incorporen urgentemente las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y a que intensifiquen y mejoren la formación acerca de las tecnologías de la información y la comunicación y las competencias digitales en todos los niveles y modalidades de la enseñanza y la formación, incluida la destinada al personal, para ofrecer unos títulos y unos planes de estudios más homogéneos desde el punto de vista digital y para animar a los jóvenes a estudiar tecnologías de la información y la comunicación y a seguir carreras relacionadas con ellas; destaca la necesidad de crear una base tecnológica mejor en las escuelas y universidades y de proporcionar la infraestructura necesaria; subraya además a este respecto la importancia de unos recursos educativos abiertos que garanticen el acceso de todos a la educación y mejoren las posibilidades de encontrar empleo respaldando el proceso de aprendizaje permanente; recuerda la necesidad de animar a las niñas y a las jóvenes a que cursen estudios de tecnologías de la información y la comunicación;

60.

Destaca la necesidad de desarrollar medidas para alentar a las jóvenes a cursar materias de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas y establecer una orientación profesional de calidad para ayudarlas a seguir una carrera profesional en este ámbito, puesto que las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en gran medida en las profesiones relacionadas con ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, al representar solo un 24 % de los profesionales de este campo, y las ocupaciones en estos ámbitos están entre las veinte donde más puestos de trabajo quedan sin cubrir en los Estados miembros;

61.

Señala que, pese a las elevadas tasas de desempleo juvenil en algunos Estados miembros y la existencia de puestos de trabajo no cubiertos en otros, la movilidad laboral dentro de la UE sigue siendo baja; recuerda, por tanto, la importancia de la movilidad de los trabajadores para un mercado laboral competitivo, y destaca la necesidad de reducir las barreras lingüísticas y culturales que la limitan ofreciendo cursos de idiomas específicos por sector y formación sobre comunicación intercultural a los desempleados;

62.

Destaca la importancia de abordar las deficiencias y los desequilibrios en materia de competencias facilitando la movilidad de las personas que siguen cursos y el reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones mediante un uso más adecuado de instrumentos y programas de la UE como son Erasmus +, el Marco Europeo de Cualificaciones, el Pasaporte Europeo de Competencias, la Garantía Juvenil, el CV Europass, el EPS (Entrepreneurial Skills Pass), el EURES, las alianzas en pro del conocimiento, la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, el Sistema de Transferencia de Créditos Académicos de la Comunidad Europea, el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (EQAVET) y el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET); destaca la importancia de la ESCO, que detecta y clasifica las capacidades, competencias y cualificaciones relevantes para el mercado laboral y la educación y la formación en la UE en 25 lenguas europeas; pone de relieve, en este contexto, la importancia de una adecuada transferencia de los derechos sociales en el seno de la Unión y reitera la importancia de Erasmus +, del Fondo Social Europeo y del EURES en este sentido; pide a los Estados miembros que incentiven la formación en sectores concretos en los que haya brechas específicas entre la oferta y la demanda;

63.

Anima a que se haga el mejor uso posible de la financiación de la UE existente, como el programa Erasmus +, para fomentar el desarrollo de competencias y capacidades transversales entre los jóvenes a fin de luchar más eficazmente contra el desempleo juvenil en la UE;

64.

Destaca que Erasmus + es un instrumento clave para garantizar la calidad de la educación y formación profesionales en toda la UE y promover intercambios internacionales en relación con la formación profesional;

65.

Recuerda que la implantación efectiva de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil puede ayudar también a mejorar las oportunidades del mercado laboral para los jóvenes mediante la superación de déficits educacionales y aportando competencias adecuadas a las necesidades de un mercado laboral y una economía sostenibles, y puede ofrecer una experiencia laboral valiosa que facilite el establecimiento de empresas con éxito; señala que resulta indispensable, con este objetivo, valorar las necesidades ocupacionales reales de los jóvenes y los sectores reales de desarrollo laboral, como por ejemplo la economía social y la economía ecológica, acompañando todo esto por un seguimiento constante y atento, no solo de los proyectos, sino también de las agencias que los publican, emitiendo informes periódicos sobre el progreso de estas medidas contra el desempleo juvenil;

66.

Subraya la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos para la aplicación de la Garantía Juvenil y la urgencia de eliminar todos los obstáculos burocráticos que puedan limitar su eficacia;

67.

Acoge con satisfacción la reciente decisión de los colegisladores de la UE de incrementar la prefinanciación de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que tiene por objetivo allanar la implantación de esta importante iniciativa para las regiones y los Estados que pasan por dificultades financieras; pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que utilicen los fondos disponibles para emprender las mejoras necesarias y crear soluciones sostenibles en vez de soluciones ad hoc; pide a los Estados miembros que apliquen con rapidez y eficacia los programas operativos de la Iniciativa de Empleo Juvenil;

68.

Destaca que el desarrollo de competencias, si se lleva a cabo como un concepto integral, puede convertirse en un mecanismo que comporta y fomenta la igualdad de oportunidades para personas de grupos desfavorecidos, incluidas las minorías desfavorecidas, en particular para niños y jóvenes de familias afectadas por la pobreza, desempleados de larga duración, inmigrantes desfavorecidos y personas con discapacidad; hace hincapié en que la prevención y el apoyo y el asesoramiento a lo largo de toda la vida para los grupos desfavorecidos en una fase temprana son de extrema importancia para generar una mano de obra productiva y altamente cualificada para el mercado laboral; resalta asimismo la necesidad de proporcionar apoyo y desarrollo de competencias a través de la formación a los empleadores, contratadores y directores de recursos humanos para apoyar la inclusión de grupos desfavorecidos en el mercado laboral; subraya que la inclusión de los más desfavorecidos implica facilitar una formación correcta a los empleadores, los equipos de recursos humanos y los profesores, con el fin de apoyar a los más desfavorecidos de la sociedad de la mejor manera posible para que su integración sea de lo más efectiva posible; reitera la importancia del acceso universal de la educación para todos;

69.

Destaca que el desarrollo de competencias de trabajo en red es extraordinariamente importante para todos los jóvenes, pero especialmente para aquellos que tienen una experiencia laboral limitada y para aquellos que provienen de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos; destaca que la enseñanza del trabajo en red puede ser una estrategia que facilite el empleo y la exploración y evolución de las carreras;

70.

Señala que, mientras que las mujeres son mayoritarias (60 %) entre los licenciados universitarios en la Unión Europea, su tasa de empleo y su trayectoria en materia de ascensos no reflejan todo su potencial; destaca que la consecución de un crecimiento económico integrador y a largo plazo depende de que se corrija el desajuste existente entre el nivel educativo de las mujeres y su posición en el mercado laboral mediante, principalmente, la superación de la segregación horizontal y vertical;

71.

Hace hincapié en la necesidad de que las oficinas de empleo dediquen mayores esfuerzos a garantizar que las personas con discapacidad no se ven privadas de acceder físicamente a sus servicios, a tenor de lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

72.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que fomenten las mejores prácticas y apoyen la inclusión de los jóvenes con discapacidad en la educación, incluidos los programas de aprendizaje permanente, y el empleo, mediante medidas como la inversión en iniciativas de emprendimiento social que apoyen a estos jóvenes, o incentivos financieros para organizaciones que los contraten;

73.

Hace hincapié en la importancia esencial del acceso a la ayuda financiera y a las becas disponibles para personas con discapacidad, que deben formar parte integrante de los programas de información y formación para el emprendimiento;

74.

Observa que los jóvenes, que han crecido en una era de rápidos progresos tecnológicos, no solo tienen potencial, talento y competencias distintos de los de las generaciones anteriores, sino que también lo son sus valores y prioridades, por lo que cabe destacar la necesidad de programas e iniciativas que permitan superar la brecha generacional; señala que, de este modo, se contribuirá también a la comprensión de las bazas de la joven generación, como, por ejemplo, la aptitud multitarea, la creatividad, la movilidad, la disposición al cambio y, principalmente, el trabajo en equipo; destaca que los sistemas de enseñanza y de formación deben ser lo bastante flexibles como para permitir el pleno desarrollo de las competencias y el talento de los jóvenes; hace hincapié además en que el personal de los servicios de contratación y empleo debe estar bien formado y dotado de competencias que le permitan comprender a la nueva generación; señala asimismo que no todos los jóvenes cuentan automáticamente con las competencias y habilidades para satisfacer plenamente la demanda digital, y reitera por tanto que es más importante que nunca brindar a todo el mundo el mismo acceso y formación sobre los instrumentos digitales;

75.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

12.1.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 11/55

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192) y el documento de trabajo de la Comisión que la acompaña (SWD(2015)0100),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2014, titulada «Hacia una economía de los datos próspera» (COM(2014)0442),

—

Vista la Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015 sobre el establecimiento de un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Liberar el potencial de la microfinanciación colectiva en la Unión Europea» (COM(2014) 0172 final),

—

Visto el anexo de la Comunicación de la Comisión titulado «Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT): Resultados y próximas etapas» (COM(2013)0685),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (UE) n.o 1211/2009 y (UE) n.o 531/2012 (COM(2013)0627),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 23 de abril de 2013, titulado «Plan de Acción para el comercio electrónico 2012-2015 — Situación en 2013» (SWD(2013)0153),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (COM(2013)0147),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión (COM(2013)0048),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, titulada «Sobre el contenido en el mercado único digital» (COM(2012)0789),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público (COM(2012)0721),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «Acta del Mercado Único II — Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2012)0573),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único: doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza» (COM(2011)0206),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 27 de octubre de 2010, titulada «Hacia un Acta del Mercado Único: por una economía social de mercado altamente competitiva — cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» (COM(2010)0608),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (COM(2008)0464),

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el servicio 112 integrado en los vehículos, y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (2),

—

Visto el Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (3),

—

Visto el Reglamento (UE) no 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión no 1336/97/CE (4),

—

Vista la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (5),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) no 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 680/2007 y (CE) no 67/2010 (6),

—

Vista la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público (7) (Directiva ISP),

—

Visto el Reglamento (UE) no 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo) (8),

—

Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (9),

—

Vista la Decisión no 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (10),

—

Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11),

—

Visto el Reglamento (UE) no 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina (12),

—

Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (13),

—

Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (14),

—

Vista la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (15),

—

Vista la primera evaluación de la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos,

—

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (16) incluidas las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) no 1882/2003,

—

Vistos el acuerdo, de 28 de septiembre de 2015, sobre la asociación sobre 5G entre China y la Unión Europea y los acuerdos conexos,

—

Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (17),

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la iniciativa titulada «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: un plan de acción de la UE» (18),

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE (19),

—

Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital (20),

—

Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre los cánones por copia privada (21),

—

Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre un mercado integrado de los servicios de entrega para impulsar el comercio electrónico en la UE (22),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la sostenibilidad (23),

—

Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre la liberación del potencial de la computación en la nube en Europa (24),

—

Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre el informe de evaluación relativo al ORECE y la Oficina (25),

—

Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2013, sobre el informe de aplicación relativo al marco regulador de las comunicaciones electrónicas (26),

—

Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre las prácticas publicitarias engañosas (27),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la Agenda Digital para el crecimiento, la movilidad y el empleo: ha llegado la hora de pisar el acelerador (28),

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre la culminación del mercado único digital (29),

—

Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre una nueva agenda de política de los consumidores europeos (30),

—

Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2013, sobre la aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (31),

—

Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre la culminación del mercado único digital (32),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre la distribución en línea de obras audiovisuales en la UE (33),

—

Vista su Resolución, de 12 de junio de 2012, sobre la protección de infraestructuras críticas de información — logros y próximas etapas: hacia la ciberseguridad global (34),

—

Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre un mercado único digital competitivo — la administración electrónica como factor puntero (35),

—

Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado interior del comercio electrónico (36),

—

Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, titulada «La gobernanza de Internet: los próximos pasos» (37),

—

Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre una nueva agenda digital para Europa: 2015.eu (38),

—

Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre la Internet de los objetos (39),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como ha sido incorporada a los Tratados mediante el artículo 6 del Tratado UE,

—

Visto el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificada por la UE el 23 de diciembre de 2010 (2010/48/CE),

—

Vista la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 20 de octubre de 2005,

—

Vistos los artículos 9, 12, 14, 16 y 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento,

—

Vistos los informes de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0371/2015),

A.

Considerando que la evolución rápida del uso de internet y de las comunicaciones móviles ha cambiado la forma en que los ciudadanos, las empresas y sus empleados se comunican, acceden a la información y al conocimiento, innovan, inventan, consumen, comparten, participan y trabajan; que esta realidad ha ampliado y modificado la economía, facilitando el acceso de las pequeñas y medianas empresas a un conjunto de 500 millones de clientes potenciales en el seno de la UE, así como a mercados a escala mundial, y brinda a las personas la oportunidad de desarrollar nuevas ideas empresariales y modelos de empresa;

B.

Considerando que todas las políticas y medidas legislativas de la Unión en el ámbito del mercado único digital deberían permitir la aparición y el desarrollo de nuevas oportunidades para los usuarios y las empresas y de nuevos servicios transfronterizos en línea innovadores a precios competitivos, la eliminación de obstáculos entre los Estados miembros y la facilitación del acceso de las empresas europeas, en particular las pymes y las empresas de nueva creación, al mercado transfronterizo, como elemento clave del crecimiento y el empleo en la UE, al mismo tiempo que se reconoce que estas oportunidades supondrán inevitablemente cambios estructurales y la adopción de un enfoque global, incluida la dimensión social, y la necesidad de que la brecha en materia de cualificaciones digitales se colme rápidamente;

C.

Considerando que el 75 % del valor añadido de la economía digital procede de la industria tradicional, y que la integración de la tecnología digital sigue siendo escasa, dado que solo el 1,7 % de las empresas de la UE hace pleno uso de las tecnologías digitales avanzadas y solo el 14 % de las pymes utiliza internet como un canal de venta; y que Europa debe servirse del enorme potencial del sector de las TIC para digitalizar la industria y mantener la competitividad a escala mundial;

D.

Considerando que la construcción de una economía digital depende en gran medida de un marco jurídico que fomente el desarrollo, la conservación, el mantenimiento y el aumento de las bases de datos y que depende, por tanto, de un marco jurídico que sea práctico y favorable a la innovación;

E.

Considerando que en 2013 el tamaño de mercado de la economía colaborativa era de cerca de 3 500 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo y que hoy en día la Comisión Europea prevé un potencial de crecimiento que supera los 100 000 millones de dólares estadounidenses;

F.

Considerando que un nivel de protección, capacitación y satisfacción de los consumidores elevado y constante implica necesariamente la elección, la calidad, la flexibilidad, la transparencia, la información, la interoperabilidad y un entorno digital en línea accesible y seguro, con un nivel elevado de protección de los datos;

G.

Considerando que la creatividad y la innovación son los motores de la economía digital y que, por tanto, resulta esencial garantizar un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual;

H.

Considerando que el 44,8 % de los hogares de la UE (40) no tiene acceso a una internet rápida y que las actuales políticas e incentivos no han logrado ofrecer una infraestructura digital adecuada, sobre todo en las zonas rurales;

I.

Considerando que las regiones de la UE se encuentran en niveles muy diferentes en lo que respecta a la conectividad digital, el capital humano, el uso de internet, la integración de la tecnología digital por parte de las empresas y los servicios públicos digitales como demuestra el Marcador Digital; y que las regiones que obtienen una puntuación baja en estos cinco indicadores corren el riesgo de perderse los beneficios de la era digital;

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa»; considera que alcanzar un mercado único digital, basado en un conjunto común de normas podría fomentar la competitividad de la UE, tener efectos positivos en el crecimiento y el empleo, relanzar el mercado único y hacer que la sociedad sea más integradora, ofreciendo nuevas oportunidades a los ciudadanos y a las empresas, en particular mediante el intercambio y la puesta en común de innovación, y considera que el enfoque horizontal adoptado debe reforzarse al aplicarse, incluida la adopción en el plazo adecuado de 16 iniciativas, dado que los controladores digitales afectan no solo a la economía, sino a todos los ciudadanos y a todas las dimensiones de la sociedad;

2.

Coincide con la Comisión en que la gobernanza y una realización oportuna del mercado único digital es una responsabilidad compartida del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión; alienta a la Comisión a comprometerse con los interesados de la sociedad y a implicarlos en el proceso de toma de decisiones en la medida más amplia posible;

3.

Considera que una mejor reglamentación implica la adopción de un enfoque con respecto a la legislación que sea digital por defecto, que esté basado en principios y que sea neutral desde el punto de vista tecnológico; y que, para ofrecer margen para la innovación, es necesario evaluar si la legislación existente, las acciones complementarias no reglamentarias y los marcos de aplicación, realizadas previamente las consultas y las evaluaciones de impacto necesarias, están a la altura de la era digital, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de empresa, con miras a superar la fragmentación del mercado único, reducir la carga administrativa y promover el crecimiento y la innovación;

4.

Considera que la confianza de los usuarios y de las empresas en el entorno digital es un elemento fundamental para el desarrollo pleno de la innovación y el crecimiento en la economía digital; expresa su convencimiento de que el refuerzo de su confianza, mediante normas en materia de protección de los datos y de seguridad, así como un nivel elevado de protección de los consumidores y de su capacitación, además de una legislación actualizada dirigida a las empresas, debe ser la base de toda política de los poderes públicos, al mismo tiempo que se reconoce que los modelos de empresa de las empresas digitales se basan en la confianza de sus usuarios;

5.

Señala que el comercio electrónico genera al año un volumen de 500 000 millones EUR en la Unión Europea y que es un complemento importante del comercio autónomo, al mismo tiempo que ofrece a los consumidores una gran selección, en particular en las zonas remotas, y que brinda a las pymes nuevas oportunidades; pide a la Comisión que identifique y elimine las barreras que afectan al comercio electrónico para constituir un verdadero mercado del comercio electrónico transfronterizo; considera que entre tales barreras figuran la falta de interoperabilidad y de normas comunes, la falta de una información adecuada que permita a los consumidores adoptar decisiones informadas, y un acceso inadecuado a unos pagos transfronterizos más eficaces;

6.

Apoya el plan de la Comisión de garantizar que la política de competencia de la UE se aplique plenamente al mercado único digital, teniendo en cuenta que la competencia brinda a los consumidores una mayor elección, así como unas condiciones de competencia equitativas, y lamenta que la inexistencia en la actualidad de un marco digital europeo haya puesto de relieve la incapacidad de conciliar los intereses de los grandes y de los pequeños proveedores;

7.

Destaca la urgente necesidad de que la Comisión y los Estados miembros fomenten una economía más dinámica que permita la innovación y elimine las barreras a las empresas, en particular las empresas innovadoras, las pymes, y las empresas de nueva creación y las empresas en fase de expansión, de modo que puedan acceder a los mercados en condiciones de igualdad, mediante el impulso de la administración electrónica, un marco reglamentario y no reglamentario integral y preparado para el futuro, el acceso a la financiación, incluidos nuevos modelos de financiación para las empresas de nueva creación de la UE, las pymes y las iniciativas de la sociedad civil, así como una estrategia de inversión a largo plazo en infraestructuras digitales, cualificaciones, integración digital, investigación e innovación; recuerda que la base de una política favorable a la innovación que fomente la competencia y la innovación debe incluir proyectos para acceder a las posibilidades de financiación; pide, por tanto, a la Comisión que garantice que se pueda llevar a cabo sin problemas la microfinanciación colectiva a través de las fronteras y anima a los Estados miembros a que introduzcan incentivos a la microfinanciación;

8.

Considera necesario evaluar los efectos de la digitalización en la salud y la seguridad en el trabajo y adaptar las medidas existentes en este ámbito; señala los riegos de accidentes a que pueden estar expuestos los teletrabajadores y los trabajadores en régimen de trabajo participativo («crowdworking»); destaca que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo, como el agotamiento causado por la disponibilidad permanente y la erosión de las modalidades tradicionales de horario laboral, representan un riesgo grave para los trabajadores; pide a la Comisión que encargue un estudio acerca de los efectos secundarios de la digitalización, como la mayor intensidad laboral, en el bienestar psíquico y la vida familiar de los trabajadores, así como en el desarrollo de las capacidades cognitivas en los niños;

9.

Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, siga desarrollando iniciativas para fomentar el espíritu empresarial, en particular modelos de empresa innovadores que contribuirán a cambiar las mentalidades sobre cómo se define el éxito y se fomenta una cultura empresarial y de la innovación; considera, además, que la diversidad y los atributos específicos de los diferentes centros de innovación nacionales pueden transformarse en una ventaja competitiva real para la UE en el mercado global, de modo que deberían interconectarse y que deberían reforzarse los ecosistemas innovadores en cuyo seno cooperan sectores y empresas de distinto tipo;

10.

Manifiesta su preocupación por los diferentes enfoques nacionales adoptados hasta ahora por los Estados miembros para la regulación de internet y la economía colaborativa; insta a la Comisión a que adopte medidas, en el marco de las competencias de la UE, para apoyar la innovación y la competencia leal, eliminar las barreras al comercio digital y para mantener la cohesión económica y social y la integridad del mercado único; pide, asimismo, a la Comisión que mantenga internet como plataforma abierta, neutral, segura, inclusiva y global para la comunicación, la producción, la participación, la creación, la diversidad cultural y la innovación, en interés de los ciudadanos, los consumidores y el éxito de las empresas europeas a escala mundial;

11.

Toma nota de que la revolución digital afecta a todos los aspectos de nuestras sociedades y que genera desafíos y oportunidades; considera que tiene el potencial de capacitar a los ciudadanos, consumidores y empresarios en maneras que hasta ahora no habían sido posibles; pide a la Comisión que desarrollo una política que fomente la participación activa de los ciudadanos y que les permita beneficiarse del cambio digital; pide, asimismo, a la Comisión que siga llevando a cabo una evaluación del modo en que la revolución digital está conformando a la sociedad europea;

12.

Pide a la Comisión Europea que luche contra la fragmentación jurídica aumentando de forma significativa la coordinación de las diferentes DG, elaborando al mismo tiempo una nueva normativa y alentando firmemente a los Estados miembros a garantizar que la manera en que aplican la normativa siga siendo coherente;

13.

Destaca la necesidad de que todas las iniciativas desarrolladas en el marco de la estrategia para el mercado único digital respeten los derechos fundamentales, en especial la legislación de protección de datos, reconociendo al mismo tiempo el valor añadido de dicha estrategia para la economía de la UE; destaca la importancia de adoptar rápidamente tanto el Reglamento general sobre protección de datos como la Directiva sobre protección de datos antes de finales de 2015, tanto en aras de los interesados como de las empresas; aboga por la revisión de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas a fin de garantizar que sus disposiciones son coherentes con el paquete legislativo en materia de protección de datos en el momento en que este entre en vigor;

14.

Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de adoptar una propuesta firme sobre los contratos digitales que cubra el contenido digital adquirido en línea y de mejorar la protección jurídica de los consumidores a este respecto; considera que estas mejoras deben tener un objetivo y que las diferencias entre contenido, por una parte, y bienes tangibles, por otra, deben analizarse detalladamente; señala que, si bien la legislación en materia de protección de los consumidores ampara a los consumidores que compran contenidos digitales tangibles, sus derechos al adquirir contenidos digitales siguen estando, en gran medida, sin regular, y no están claros, especialmente en relación con las garantías jurídicas, el contenido defectuoso y las condiciones injustas específicas de los servicios digitales; destaca que la clasificación vigente de todo contenido digital como servicio puede generar preocupación ya que podría no cumplir las expectativas de los consumidores toda vez que los abonos a los servicios de streaming no se distinguen de las compras de contenidos descargables; está de acuerdo en que los consumidores deberían gozar de un nivel de protección equivalente y preparado para el futuro con independencia de si adquieren contenidos digitales en línea o fuera de línea;

15.

Considera que una mayor armonización del marco jurídico por el que se rigen las ventas en línea entre empresas y consumidores de contenido digital y bienes tangibles, con independencia de que sean nacionales o transfronterizas, manteniendo al mismo tiempo la coherencia de las normas aplicables en línea y fuera de línea, evitando una carrera hacia el abismo regulador, colmando las lagunas legislativas y basándose en la legislación existente en materia de protección de los consumidores, constituye un planteamiento práctico y proporcional; hace hincapié en que esto debe hacerse de una forma neutra desde el punto de vista tecnológico y que no debe suponer costes exagerados para las empresas;

16.

Opina que las propuestas de la Comisión relativas a normas contractuales transfronterizas dirigidas a los consumidores y empresas deben evitar el riesgo de una disparidad creciente entre las normas jurídicas aplicables a las compras en línea y fuera de línea, y considera que las compras en línea y fuera de ella deben abordarse de manera coherente y tratarse de manera uniforme sobre la base del elevado nivel existente de protección de los consumidores existente, toda vez que los consumidores podrían percibir la existencia de unas normas jurídicas diferentes como la negación de sus derechos; insiste en que toda nueva propuesta debe respetar el artículo 6 del Reglamento de Roma I y señala que la Comisión tiene previsto aplicar en 2016 el programa REFIT a la totalidad del acervo relativo a los consumidores; pide a la Comisión, a este respecto, que reflexione sobre la posibilidad de que las propuestas previstas por la Comisión relativas a los bienes tangibles no deban ponerse en marcha al mismo tiempo que el programa REFIT;

17.