20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/1

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/2

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Vista la Resolución 2177(2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 18 de septiembre de 2014, sobre la paz y la seguridad en África,

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Vista la Resolución 69/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de septiembre de 2014, sobre las medidas para contener y combatir el reciente brote del ébola en África Occidental,

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Vista la Decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de constituir la primera misión sanitaria de emergencia de las Naciones Unidas hasta la fecha, a saber, la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola (UNMEER), tras la adopción de la Resolución 69/1 de la Asamblea General y la Resolución 2177(2014) del Consejo de Seguridad sobre la epidemia del ébola,

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Vistos los Reglamentos Sanitarios Internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2005 (WA 32.1),

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Vistas las recomendaciones derivadas de la consulta de la OMS sobre zoonosis, de 5 de mayo de 2004,

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Vista la declaración de la OMS, de 8 de agosto de 2014, en la que se describía la epidemia del ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional,

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Vistas la hoja de ruta para la respuesta al virus del Ébola publicada por la OMS el 28 de agosto de 2014 y sus actualizaciones,

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Visto el informe de la directora general de la OMS presentado en la sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo dedicada al ébola que se celebró en Ginebra el 25 de enero de 2015,

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Vistas las declaraciones de la OMS, de 9 de mayo de 2015, sobre el final de la epidemia del virus del Ébola en Liberia,

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Vistas las orientaciones relativas a los programas de inmunización en la Región de África dentro del contexto del virus del Ébola, publicadas por la OMS,

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Vista la declaración con motivo de la reunión de primavera 2015 del Grupo del Banco Mundial — FMI celebrada en Washington D.C. del 17 al 19 de abril de 2015,

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Vista la Conferencia internacional sobre el virus del Ébola: de la emergencia a la reconstrucción, organizada en Bruselas el 3 de marzo de 2015,

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Vista la misión de la Unión Africana para contener el avance del ébola en África Occidental (ASEOWA), creada el 21 de agosto de 2014,

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1291/2013, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020),

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Vistos la Comunicación de la Comisión COM(2010)0128 y los documentos de trabajo SEC(2010)0380, 0381 y 0382 sobre el papel de la UE en la salud mundial,

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Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 24 de octubre de 2014,

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Vistas las conclusiones del Consejo sobre el papel de la UE en la salud mundial adoptadas en la 3011a sesión del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada en Bruselas el 10 de mayo de 2010,

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Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de 15 de agosto de 2014, 20 de octubre de 2014, 17 de noviembre de 2014, 12 de diciembre de 2014 y 16 de marzo de 2015 sobre la crisis del virus del Ébola en África Occidental,

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Vistos los informes para el Consejo Europeo elaborados en noviembre de 2014 y marzo de 2015 por Christos Stylianides, comisario europeo y coordinador de la UE para el ébola,

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Visto el marco de respuesta global de la UE ante la epidemia del virus del Ébola en África Occidental elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión,

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Vistos la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) y el informe de evolución 2011 de la ITIE sobre Sierra Leona, el informe de evolución 2012 de la ITIE sobre Liberia y el informe de evolución 2012 de la ITIE sobre Guinea,

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Visto el programa francés RIPOST «Red de Institutos de Salud Pública de África Occidental»,

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Vista la Resolución sobre la epidemia del ébola aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en Estrasburgo (Francia) el 3 de diciembre de 2014,

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Vista su Resolución, de 18 de septiembre de 2014, sobre la respuesta de la UE al brote de ébola (1),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0281/2015),

A.

Considerando que los sistemas de salud de Liberia, Sierra Leona y Guinea tienen grandes deficiencias y que los tres países, ya antes del brote, se encontraban entre los países con menor índice de desarrollo humano según la clasificación del PNUD, con el 80 % de sus ciudadanos viviendo en la extrema pobreza, y presentaban las tasas más elevadas del mundo de mortalidad prematura en adultos y en niños menores de cinco años, principalmente debido a enfermedades que pueden tratarse;

B.

Considerando que la crisis del virus del Ébola es sistémica a escala local y regional, pero que también es sistémica por lo que se refiere a la gobernanza nacional y mundial;

C.

Considerando que la magnitud de la catástrofe puede atribuirse a diversos factores, como por ejemplo: la negligencia política por parte de los países afectados a la hora de hacer sonar la alarma, la reacción inadecuada de la comunidad internacional, los efectos devastadores del cierre de las fronteras y de las restricciones impuestas a los individuos, la ineficacia de la vigilancia y los mecanismos de alerta, la respuesta lenta y mal adaptada una vez movilizada la ayuda, la ausencia notable de un papel dirigente por parte de la OMS, y la falta de investigación y desarrollo de medicamentos, diagnósticos y vacunas;

D.

Considerando que se registraron tres nuevos casos confirmados de la enfermedad del virus del Ébola en la semana que finaliza el 18 de octubre de 2015, todos en Guinea; que el país había comunicado cero casos en las dos semanas anteriores; que Sierra Leona informó de cero casos por quinta semana consecutiva; que la OMS declaró Liberia libre de transmisión del virus del Ébola en la población humana, el 3 de septiembre de 2015; que se ha habido 28 512 casos confirmados, incluidas 11 313 muertes confirmadas;

E.

Considerando que todavía se sabe muy poco de la prevalencia, la transmisión y el potencial de mutación del virus del Ébola; que la confusión generalizada y el desconocimiento predominante de las causas y consecuencias de la enfermedad por el virus del Ébola han perpetuado su propagación; que la investigación etnográfica es útil para comprender cómo trabajan las comunidades y cómo llegar a personas de culturas diferentes;

F.

Considerando que se ha encontrado la enfermedad por el virus del Ébola en el semen y el fluido ocular de personas convalecientes; que existen casos evidentes de transmisión sexual, lo que indica la dificultad para erradicar el virus y determinar el momento en el que los países realmente pueden ser considerados libres de ébola;

G.

Considerando que, en un gran número de países africanos, los sistemas de salud y educación se han deteriorado a lo largo de los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial, que han requerido recortes presupuestarios en el sector público;

H.

Considerando que el brote de ébola en África Occidental ha mostrado que los sistemas de salud locales y nacionales en países de bajos ingresos no tienen los medios o la capacidad de resistencia para hacer frente a un brote de enfermedad infecciosa como el del ébola; que el fortalecimiento de los sistemas mundiales de salud se ha convertido por lo tanto en parte integrante de la gobernanza de la salud mundial;

I.

Considerando la importancia que han tenido la cultura y las costumbres tradicionales en la gestión de la crisis del virus del Ébola (2);

J.

Considerando que los niños, las niñas adolescentes y las jóvenes constituyen uno de los grupos más marginalizados y vulnerables durante esta crisis, que supone una grave amenaza para la participación de las mujeres en actividades económicas y que ha aumentado las diferencias de género en lo que respecta a la educación; que los huérfanos corren el riesgo de ser repudiados y estigmatizados;

K.

Considerando que la epidemia del ébola que ha azotado a África Occidental es la más importante y más compleja desde que esta enfermedad existe; que la OMS fue avisada por primera vez del brote del ébola el 23 de marzo de 2014, pero que hasta el 8 de agosto de 2014 el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional no declaró que constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional; que, antes de este brote, el ébola no era considerado como un gran desafío para la salud pública;

L.

Considerando que cerca de 500 profesionales de la salud han muerto a causa del ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona, países que sufrían ya una grave penuria de personal antes del estallido de la crisis del virus del Ébola; que los hospitales y el personal sanitario carecían de la capacidad para tratar otras enfermedades debido a que los recursos se movilizaron para luchar contra la epidemia del ébola; que es necesario proteger los establecimientos sanitarios y a los profesionales de la salud para permitir la prestación sostenible de cuidados médicos;

M.

Considerando que muchos pacientes curados han estado expuestos a la estigmatización tanto de sus familiares como de la sociedad en general; que esta situación afecta especialmente a los niños que han perdido a uno o los dos padres, y que muchos de estos niños han sido rechazados por sus familiares sobrevivientes por miedo a la infección;

N.

Considerando que existe la necesidad de integrar la epidemiología, la salud pública y las ciencias sociales para extraer las lecciones apropiadas de la epidemia del Ébola;

O.

Considerando que en los primeros meses de la crisis del virus del Ébola las ONG humanitarias y, en particular, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja, fueron los actores más eficaces, mejor informados y más experimentados, por lo que han desempeñado un papel de importancia primordial en esa fase de la lucha contra el virus;

P.

Considerando que el cierre de escuelas y la tendencia de los niños huérfanos a convertirse en cuidadores en hogares entrañan el peligro de crear una «generación perdida» de niños privados de educación formal durante largos periodos de tiempo;

Q.

Considerando que, con su buen hacer, así como con su capacidad para actuar en red, los trabajadores humanitarios demostraron al comienzo de la crisis que, llegado el caso, pueden ser más competentes y eficaces que los «institucionales»;

R.

Considerando que la gestión de la crisis del ébola ha originado otro fenómeno que Médicos Sin Fronteras ha calificado de «crisis dentro de la crisis» y que ha provocado que las personas con enfermedades distintas del ébola hayan dejado de acudir a los hospitales por temor a contagiarse del virus;

S.

Considerando que la Unión Europea, junto con sus Estados miembros, es el mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo y ha puesto a disposición más de 1 390 millones de euros para ayudar a contener el brote de la enfermedad por el virus del Ébola en África Occidental; que esta cantidad permite a la UE negociar con países socios y otros donantes para apoyar el desarrollo de un sistema de salud nacional completo, basado en una estrategia coherente, integradora y adecuada a las necesidades;

T.

Considerando la capacidad probada del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para desplegar una logística eficaz, que podrá resultar útil asimismo en el futuro en materia de alerta y respuesta;

U.

Considerando que la seguridad del personal sanitario es un elemento indispensable para la movilización internacional de los profesionales de la salud;

V.

Considerando que el 23 de octubre de 2014 el Consejo Europeo nombró un coordinador de la UE para el ébola, a saber, Christos Stylianides, comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis; que, desde el 12 de noviembre de 2014, este ha visitado los países más afectados acompañado por Vytenis Andriukaitis, comisario de Salud y Seguridad Alimentaria;

W.

Considerando que las Naciones Unidas, la OMS y la Comisión Europea han iniciado procesos de evaluación sobre la gestión de la epidemia;

X.

Considerando que la OMS, en una declaración de abril de 2015, admitió que el mundo y la propia organización estaban mal preparados para una epidemia de larga duración;

Y.

Considerando que es imprescindible mejorar la gobernanza internacional en materia de gestión de crisis sanitarias;

Z.

Considerando que el acceso a los medicamentos es un elemento esencial del derecho a la salud;

AA.

Considerando que 2 000 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a las vacunas o a los tratamientos que necesitan para seguir viviendo y con salud;

AB.

Considerando que el acceso a los medicamentos y la investigación y el desarrollo en la materia deben responder prioritariamente a las necesidades de los enfermos, con independencia de si viven entre nosotros o en los países en desarrollo;

AC.

Considerando que la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores es la mayor asociación público-privada del mundo en el ámbito de las ciencias de la vida, con un presupuesto para el periodo 2014-2024 de 3 300 millones de euros, de los cuales 1 638 millones proceden de Horizonte 2020;

AD.

Considerando que el trauma del ébola ha hecho que la gente desconfíe de las estructuras sanitarias y que los profesionales de la salud tengan miedo de reanudar su trabajo, y ha dejado a las comunidades empobrecidas y desconfiadas; que es urgente una reanudación básica de los servicios sanitarios; que es asimismo indispensable implantar un sistema sanitario sólido y eficaz, que incluya la mutualización de los riesgos, en todos los países en desarrollo, lo que también conlleva una formación sólida del personal médico local;

AE.

Considerando que la crisis del virus del Ébola ha arrastrado aún más a la recesión a los países de la zona afectada por el virus y que, según el Banco Mundial, el impacto en el PIB de los tres países más afectados podría representar, tan solo en 2015, 2 000 millones de dólares;

AF.

Considerando que los tres países han solicitado al FMI y al Banco Mundial un «plan Marshall» por valor de 7 500 millones de euros para ayudarlos a salir de la crisis económica;

AG.

Considerando que ciertas ONG han hecho un llamamiento al Banco Mundial para que destine unos 1 700 millones de dólares a ayudar a los países afectados a reforzar de manera duradera sus infraestructuras sanitarias;

AH.

Considerando que la comunidad internacional debe permanecer alerta y que el objetivo es llegar a una fase post-ébola, en la que no se produzca ningún contagio durante un largo período;

AI.

Considerando que las buenas prácticas de higiene son indispensables; que, no obstante, los tres países carecen de sistemas de agua y saneamiento suficientes;

AJ.

Considerando que cabe temer que, en el caso de un nuevo brote, el número de fallecimientos sea similar;

AK.

Considerando que la Vicepresidenta/Alta Representante Federica Mogherini, el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis y coordinador de la UE para el ébola Christos Stylianides, el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo Neven Mimica, diputados al Parlamento Europeo, Gobiernos y parlamentarios de los Estados miembros han pedido reiteradamente una mejora del sistema de salud;

AL.

Considerando que, en el 11o Fondo Europeo para el Desarrollo, la mejora del sistema de salud y de los servicios de agua y saneamiento solo figura entre los sectores prioritarios en el caso de Guinea, pero no en el de Liberia y Sierra Leona;

AM.

Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre el papel de la UE en la salud mundial (COM(2010)0128) presenta una estrategia global de salud general, holística y basada en las necesidades que fue respaldada por los Estados miembros;

AN.

Considerando que no todos los Estados han aplicado plenamente el RSI; que el RSI debe revisarse tras la experiencia obtenida durante la última epidemia de ébola;

AO.

Considerando que se sabe poco sobre zoonosis potencialmente peligrosas; que las prácticas alimentarias y agrícolas, la deforestación y el comercio de animales o de productos animales pueden dar lugar a la aparición de enfermedades zoonóticas de evolución reciente como la gripe aviar, el ébola y el VIH;

AP.

Considerando que la OMS recomienda la coordinación entre el sector de salud pública y el sector veterinario;

AQ.

Considerando que una delegación de la Comisión de Desarrollo visitará Sierra Leona en noviembre de 2015;

1.

Lamenta la lenta respuesta internacional a la crisis en los primeros meses; destaca, no obstante, la movilización y el compromiso de la UE y de sus Estados miembros, desde marzo de 2014, para ayudar a contener la propagación del virus del Ébola; toma nota del aumento del compromiso de la UE y de sus Estados miembros en los ámbitos de la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, la logística y la investigación para responder a la crisis;

2.

Acoge con satisfacción la elaboración en tiempo récord de una nueva vacuna que se lleva administrando en Guinea desde el 23 de marzo de 2015 y ha resultado ser eficaz al 100 %, y pide un acceso urgente y garantizado a dicha vacuna, que sea asequible para todos en Liberia y Sierra Leona;

3.

Considera que no procede bajar la guardia a la vista de algunos nuevos casos de Ébola cuyo modo de transmisión sigue suscitando dudas;

4.

Pide a todas las partes interesadas, en particular los gobiernos de los países en desarrollo, las instituciones europeas y las organizaciones internacionales, que extraigan las enseñanzas pertinente de esta crisis, también por lo que respecta a los efectos negativos de las condiciones de los instrumentos de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial sobre el sector sanitario de los países en desarrollo, y que desarrollen medios para luchar eficazmente contra las crisis sanitarias internacionales;

5.

Toma nota, en este contexto, de la reforma anunciada por la directora de la OMS el 18 de mayo de 2015, en particular por lo que respecta a la creación de un nuevo programa de emergencia y una reserva mundial de personal que pueda desplegarse rápidamente sobre el terreno, así como la creación de un nuevo fondo de reserva de 100 millones de dólares destinado específicamente a las emergencias; acoge con satisfacción el compromiso de aumentar el presupuesto de la OMS en un 10 % en dos años, de manera que ascienda a 4 500 millones de dólares;

6.

Pide a la comunidad internacional que promueva campañas informativas y educativas en los países afectados; hace hincapié en la importancia fundamental que revisten las campañas de prevención e información en la gestión de la crisis, en particular para limitar los contagios y sensibilizar sobre las prácticas de riesgo que deben evitarse; destaca la importancia de los medios alternativos de difusión de la información;

7.

Hace especial hincapié en la importancia de combatir las crecientes tensiones entre grupos a raíz del brote de ébola, dado que la creación de mitos podría suponer que se culpe a determinados grupos étnicos de dicho brote;

8.

Considera que, una vez que ya no es necesaria la ayuda de emergencia, la respuesta a largo plazo de la Unión Europea debe centrarse en primer lugar en la ayuda al desarrollo, que deberá incluir inversiones en el sector sanitario para fomentar la capacidad de recuperación, en particular por lo que respecta a la organización y la gestión de los sistemas sanitarios, la supervisión e información sanitarias, los sistemas de suministro de medicamentos, la gobernanza nacional y la creación de un Estado, y, en segundo lugar, en la ayuda indispensable para la recuperación económica de estos tres países;

9.

Pide a las autoridades que tengan en cuenta las lecciones aprendidas en relación con el fenómeno de la estigmatización y que las apliquen en crisis humanitarias similares que se puedan producir;

10.

Recuerda la importancia de la prevención de conflictos, ya que los conflictos y la fragilidad tienen un impacto muy negativo en los sistemas sanitarios;

11.

Pide la creación de un equipo europeo permanente de acción rápida compuesto por expertos, personal de apoyo en laboratorio, epidemiólogos e infraestructuras logísticas, que incluya laboratorios móviles, que pueda desplegarse con suma rapidez; subraya, en particular, la contribución que puede prestar la UE a la detección en las fronteras terrestres y marítimas, así como el hecho de que la Unión podría intentar emular y beneficiarse del nivel de excelencia alcanzado por las autoridades sanitarias estadounidenses en la detección ejercida en los aeropuertos;

12.

Insta asimismo a la UE a que respalde la creación de una red de puntos de control en los países en desarrollo que permita detectar cuanto antes los nuevos casos de enfermedades infecciosas que puedan convertirse en epidemias, con objeto de crear una red de vigilancia en estos países;

13.

Reconoce la necesidad de apoyar el inicio de una cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y los países en desarrollo, en particular los de África occidental, en lo tocante a la formación del personal médico;

14.

Destaca la importancia de reforzar los sistemas de protección y evacuación rápida de los profesionales sanitarios internacionales;

15.

Lamenta que los ajustes y reformas realizados en el pasado así como las injustas políticas de desarrollo han contribuido a la ineficacia de los sistemas sanitarios; urge a la Comisión a que ayude a los tres países a desarrollar su propio sistema público de salud con objeto de que puedan satisfacer sus necesidades sanitarias básicas y dotarse de infraestructuras capaces de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la asistencia sanitaria pública; opina, en particular, que la construcción de un sistema de salud sólido a largo plazo requiere, en particular, i) invertir recursos en servicios de salud pública básicos, ii) garantizar una asistencia segura y de calidad aumentando los recursos para formar, supervisar y remunerar de forma adecuada a los trabajadores sanitarios, así como proporcionar acceso a medicamentos seguros, iii) asociar a las partes interesadas y las comunidades locales en la respuesta a las crisis y la planificación del desarrollo; insta a los donantes internacionales a que incrementen la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a esos países mediante sistemas nacionales como el apoyo presupuestario; exhorta a la Comisión a que elabore, en cooperación con países socios, la OMS, el Banco Mundial y otros donantes, planes de salud coherentes basados en las necesidades y procedimientos de control;

16.

Considera que la respuesta debe abordar las lagunas subyacentes en la representación de las mujeres y el acceso a la salud y los servicios, así como los problemas relacionados con los medios de subsistencia; destaca, en particular, la necesidad de ofrecer servicios básicos y de cuidados de calidad, especialmente en relación con la asistencia a las madres y los servicios de obstetricia y ginecología;

17.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre el papel de la UE en la salud mundial (COM(2010)0128) y su visión holística sobre sistemas generales de salud, su enfoque horizontal y su empeño en una cobertura sanitaria universal; anima a la Comisión a que revise su comunicación teniendo en cuenta los nuevos conocimientos adquiridos durante la crisis del ébola, pero manteniendo el enfoque general y horizontal, y que presente y ejecute un programa de acción a su debido tiempo;

18.

Destaca, en general, la necesidad de que los países en desarrollo den prioridad en sus presupuestos a la creación de sistemas públicos sanitarios y de seguridad social sólidos y resistentes, la construcción de un número suficiente de infraestructuras sanitarias duraderas y bien equipadas (en especial, laboratorios e instalaciones de agua y saneamiento) y la prestación de servicios básicos y de asistencia sanitaria de gran calidad; hace hincapié en la necesidad de contar con un número suficiente de profesionales sanitarios en proporción a la población, y pide a los Gobiernos de los países afectados que velen por que los profesionales sanitarios reciban su salario y que el dinero destinado a la sanidad llegue a la población; reconoce, no obstante, que solo los sistemas sanitarios no pueden resolver crisis como las actuales y que es necesario un enfoque general, que englobe distintos sectores como la educación y la formación, las infraestructuras de saneamiento, la seguridad alimentaria y el agua potable, para abordar los déficits críticos en todos los servicios esenciales; subraya al mismo tiempo que la educación, incluidas la dimensión cultural y las creencias, también es clave en la recuperación;

19.

Recuerda que las inversiones en el sector sanitario constituyen un factor crucial para el desarrollo económico y contribuyen a reducir la pobreza en los países en desarrollo; acoge favorablemente la inclusión del objetivo 3, «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades», en la propuesta de futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

20.

Subraya que los planes presupuestados a largo plazo necesarios para erigir sistemas de salud resistentes y completos deben incluir además un número adecuado de profesionales sanitarios capacitados, el acceso a suministros médicos suficientes y unos sistemas sólidos de información sanitaria;

21.

Pide que se refuercen las infraestructuras de investigación mediante la creación de un centro público regional de investigación sobre enfermedades infecciosas en África occidental y que se establezca una cooperación interuniversitaria en la que participen la UE y sus Estados miembros;

22.

Destaca la necesidad de abordar la desigualdad social para crear un sistema de salud público resistente y sostenible; apoya, a este fin, la introducción de una cobertura sanitaria universal pública y gratuita, e insta a la Comisión a que, junto con los países socios y otros donantes, presente lo antes posible un programa destinado a la implantación de una cobertura sanitaria universal que garantice la mutualización de los riesgos sanitarios;

23.

Pide a todos los países que se comprometan a establecer una cobertura sanitaria universal y que desarrollen un plan para localizar recursos nacionales y una posible financiación internacional a fin de alcanzar este objetivo; apoya el objetivo de incrementar el gasto sanitario en todos los países hasta el mínimo reconocido de 86 dólares por persona para servicios de salud básicos;

24.

Acoge con satisfacción la Conferencia internacional de alto nivel sobre el ébola celebrada el 3 de marzo de 2015 bajo los auspicios de la UE y otros actores principales con objeto de erradicar esta enfermedad, pero también de valorar sus repercusiones en los países afectados, a fin de garantizar que la ayuda al desarrollo se base en acciones humanitarias;

25.

Respalda la idea de poner en marcha un «Plan Marshall» para reactivar la economía de estos países; sugiere ofrecer apoyo técnico a la administración para aumentar sus capacidades y velar por que el dinero llegue a la población y no se pierda debido a la corrupción u otros fines;

26.

Se congratula por los esfuerzos internacionales desplegados para reducir la carga internacional de la deuda de los países afectados por el virus del Ébola;

27.

Considera que las asociaciones entre la UE y la zona afectada por la crisis solo serán eficaces si Liberia, Guinea y Sierra Leona son capaces de apropiarse de su propio desarrollo lo antes posible;

28.

Opina que debe revisarse la programación del 11o Fondo Europeo de Desarrollo con objeto de que las inversiones en los ámbitos de la salud y la buena gobernanza se conviertan en áreas prioritarias para todos los demás países cuyas infraestructuras públicas son frágiles; manifiesta su preocupación por el hecho de que la salud, el agua y el saneamiento no se encuentren entre los sectores prioritarios de los Programas Indicativos Nacionales de Liberia y Sierra Leona; insta a la Comisión a que establezca mecanismos para seguir más de cerca la ayuda;

29.

Considera que la revisión intermedia del marco financiero plurianual no podrá seguir ignorando el riesgo de déficit estructural de financiación de las acciones humanitarias de la Unión Europea;

30.

Felicita a los agentes humanitarios y al personal médico sobre el terreno, quienes han puesto en peligro sus vidas en sus esfuerzos por contener esta grave crisis sanitaria;

31.

Felicita a la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola (UNMEER), a las organizaciones asociadas y a las organizaciones humanitarias no gubernamentales, como Médicos Sin Fronteras, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Emergencia y otras, por su trabajo sobre el terreno, y acoge con gran satisfacción su importante contribución y ayuda en las tareas de control de este brote; lamenta los casos de maltrato del personal médico y otros trabajadores implicados en la lucha contra el brote de ébola tras su regreso de África;

32.

Considera que, como principio, el acceso a los medicamentos no debería seguir dependiendo del poder adquisitivo de los pacientes, sino responder a las necesidades de estos, y que el mercado no debería ser el único que decide qué medicamentos han de producirse;

33.

Pide a la UE y a sus Estados miembros que cumplan el principio de la UE de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, establecido en el artículo 208 del TFUE, mediante la promoción de un comercio internacional justo y equitativo, la investigación médica y políticas de innovación que fomenten y faciliten el acceso universal a los medicamentos;

34.

Insta a la Comisión a que estudie modelos alternativos a los basados en el monopolio de patentes cuando se trata del desarrollo de medicamentos o vacunas producidos por asociaciones público-privadas, como la Iniciativa sobre medicamentos innovadores, que pueden garantizar la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos, la sostenibilidad de los presupuestos sanitarios y una respuesta eficaz a crisis como la provocada por el virus del Ébola o amenazas similares;

35.

Recuerda la importancia de reforzar la capacidad de investigación en la lucha epidemiológica mundial, desarrollar «pruebas de diagnóstico rápidas» y garantizar el acceso a vacunas; celebra, a este respecto, que se hayan movilizado numerosos fondos de investigación de la UE para luchar contra el virus del Ébola, en particular a través de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores, el programa Horizonte 2020 y el programa Cooperación de los países europeos y de los países en desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP); subraya que, aunque nos congratulemos por las vacunas, probablemente estas no sean adecuadas para erradicar el ébola, ya que el virus está mutando; destaca, por tanto, que la financiación debe concederse prioritariamente al refuerzo general de los sistemas sanitarios, la higiene, la contención, las pruebas de detección rápidas y fiables en condiciones tropicales y los medicamentos destinados a combatir el virus y los síntomas que provoca;

36.

Insta a todas las partes implicadas a que promuevan la formación de los ciudadanos en materia de salud insistiendo en la cuestión de las costumbres tradicionales que son incompatibles con la lucha contra la propagación de la enfermedad en la población;

37.

Destaca que la UE debe fomentar una financiación eficaz y justa de la investigación, que redunde en beneficio de la salud de todos y garantice que las innovaciones e intervenciones comporten soluciones asequibles y accesibles; reitera, en especial, que deben estudiarse modelos que disocien los costes de investigación y desarrollo de los precios de los medicamentos, incluyendo las posibilidades de transferencia tecnológica a los países en desarrollo;

38.

Reitera la necesidad de invertir en las enfermedades desatendidas; pide, en este contexto, a la Comisión que continúe el debate a este respecto y ponga en marcha una gran cooperación pública-privada siempre que se adopten salvaguardas para evitar que la asociación público-privada perjudique a las personas vulnerables en un mercado no regulado, con el objetivo de reforzar los sistemas de salud nacionales y facilitar la transferencia de resultados a la población interesada; acoge con satisfacción, a este respecto, el hecho de que, para abordar la urgente necesidad de investigar nuevos tratamientos, la UE ha destinado 138 millones de euros a proyectos de desarrollo de ensayos clínicos para nuevas vacunas, pruebas de diagnóstico rápidas y tratamientos en el marco de Horizonte 2020 y la Iniciativa sobre medicamentos innovadores; alaba a la industria farmacéutica europea, que también ha destinado importantes recursos a apoyar la labor de investigación;

39.

Subraya que el ébola y otras epidemias constituyen amenazas transnacionales que requieren la cooperación internacional; insta a la OMS a que revise el RSI para establecer la responsabilidad interdependiente y ofrecer apoyo financiero, también para abordar las causas profundas,

40.

Acoge con satisfacción, en vista de la aplicación superficial del RSI y de la falta de supervisión epidemiológica, el programa francés RIPOST «Red de institutos de salud en África occidental»;

41.

Destaca que, ahora que el brote está en declive, si bien el virus permanece en las gónadas durante meses tras la recuperación, se deben ofrecer servicios de asesoramiento sexual y planificación familiar en el marco de los sistemas sanitarios y las medidas educativas;

42.

Subraya que cada vez parece más probable que a una epidemia que ha hecho estragos entre los pequeños agricultores le siga una crisis alimentaria; insta a los Estados miembros, a la Comisión y a la comunidad internacional a invertir en su desarrollo a largo plazo a fin de conjurar el riesgo al que ahora están expuestas las explotaciones agrícolas y la futura seguridad alimentaria de África occidental;

43.

Pide a su comisión competente que supervise las medidas de gestión de la crisis que se están adoptando, en estrecha colaboración con el Coordinador de la UE para el Ébola y después de la misión del Parlamento a Sierra Leona, antes de presentar una evaluación definitiva basada en criterios claramente definidos;

44.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a los Gobiernos y Parlamentos de la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud.

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/11

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Vista la pregunta a la Comisión sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil (O-000113/2015 — B8-0764/2015),

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Visto el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (1),

—

Vista la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (2),

—

Vista la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (3),

—

Vista la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (4),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 443/2009 a fin de definir las modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos (5),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, el 18 de septiembre de 2015, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) acusaron a Volkswagen AG, Audi AG y al Grupo Volkswagen de América (en conjunto, VW) de violar las normas en materia de contaminación; que la investigación comenzó a raíz de un estudio sobre emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de vehículos diésel llevado a cabo por una organización no gubernamental en cooperación con investigadores universitarios, cuyos resultados fueron enviados a la EPA y a la CARB en mayo de 2014;

B.

Considerando que la contaminación del aire causa más de 430 000 muertes prematuras al año en la UE y genera costes estimados en 940 000 millones de euros al año a causa de sus efectos en la salud; que los NOx son contaminantes de primer orden que causan cáncer de pulmón, asma y numerosas enfermedades respiratorias, entre otras, así como deterioro ambiental, en particular eutroficación y acidificación; que los gases de escape de los vehículos diésel son la principal fuente de NOx en las áreas urbanas de Europa; que hasta un tercio de la población urbana de la UE sigue estando expuesta a unos niveles que superan los valores límite y los valores objetivo fijados por la UE; que el transporte sigue siendo una de las principales causas de la mala calidad del aire en las ciudades y de los consiguientes efectos para la salud; que actualmente más de veinte Estados miembros no respetan los límites de calidad del aire de la UE, principalmente debido a la contaminación en las áreas urbanas;

C.

Considerando que, desde 2012, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS clasifica a los gases de escape de los vehículos diésel como agentes cancerígenos y advierte de que, dados los efectos adicionales de las partículas diésel en la salud, la exposición a las mezclas de productos químicos emitidos debería reducirse en todo el mundo;

D.

Considerando que la industria del automóvil es uno de los sectores que más contribuye al crecimiento y la innovación, y que también contribuye al empleo en un gran número de Estados miembros; que, a menos que se actúe con decisión, el escándalo actual puede menoscabar la reputación y la competitividad de todo el sector;

E.

Considerando que la industria de proveedores del sector del automóvil está dominada por pequeñas y medianas empresas, que contribuyen en un 50 % a la investigación y el desarrollo específicos del sector; que la potencia económica de muchas regiones de Europa procede de la industria del automóvil y de la industria de proveedores del sector automovilístico;

F.

Considerando que la libre competencia, incluida la que tiene lugar entre fabricantes de coches, implica que el consumidor pueda elegir un producto basando su decisión en las características técnicas presentadas de forma completa e imparcial;

G.

Considerando que la UE ha realizado numerosos esfuerzos para paliar los efectos de la crisis económica en la industria del automóvil recurriendo a los instrumentos disponibles en materia de ayudas estatales;

H.

Considerando que el Reglamento sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Reglamento (CE) n.o 715/2007, acordado por el Parlamento y el Consejo en diciembre de 2006), que establece las normas en materia de emisiones Euro 5 y Euro 6, exige a los fabricantes equipar los vehículos de manera que cumplan los requisitos en materia de emisiones «funcionando normalmente» (artículo 5, apartado 1);

I.

Considerando que el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 715/2007 prohíbe explícitamente el uso de dispositivos de desactivación, definidos como «todo elemento de diseño que detecta la temperatura, la velocidad del vehículo, las revoluciones por minuto del motor, la marcha introducida, la depresión de admisión y cualquier otro parámetro con el fin de activar, modular, aplazar o desactivar el funcionamiento de cualquier pieza del sistema de control de las emisiones, y reduce la eficacia de dicho sistema en condiciones que puede esperarse razonablemente que se produzcan durante el funcionamiento y la utilización normales del vehículo»; que los Estados miembros tienen la obligación de dar cumplimiento a esta prohibición; que el Reglamento también pide explícitamente a la Comisión que establezca ensayos y adopte medidas en relación con el uso de dispositivos de desactivación;

J.

Considerando que, de conformidad con la Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, los consumidores tienen derecho a una garantía mínima de dos años después de comprar un producto, y que el vendedor debe entregar a los consumidores productos que sean conformes al contrato de compraventa; que, en caso de que no exista dicha conformidad, el consumidor tiene derecho a la reparación o la sustitución del producto de forma gratuita, o a una reducción del precio;

K.

Considerando que en la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores se exige que se facilite información sobre las principales características de un producto antes de la celebración de contratos a distancia y fuera del establecimiento, y se exige a los Estados miembros que dispongan de normas que prevean sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias cuando no se cumpla lo dispuesto en la Directiva;

L.

Considerando que la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales prohíbe toda práctica comercial que «distorsion[e] o pued[a] distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica», establece que una de las prácticas consideradas desleales es «afirmar que un comerciante (incluidas sus prácticas comerciales) o un producto ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado cuando éste no sea el caso, o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización» y exige a los Estados miembros que adopten sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias;

M.

Considerando que el valor límite Euro 5 para las emisiones de NOx procedentes de vehículos diésel es de 180 mg/km y es aplicable a vehículos homologados entre el 1 de septiembre de 2009 y el 1 de septiembre de 2014 y a todos los vehículos vendidos entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de septiembre de 2015, y que el valor Euro 6 correspondiente aplicable a los nuevos tipos desde el 1 de septiembre de 2014 y a todos los vehículos vendidos desde el 1 de septiembre de 2015 es de 80 mg/km; que los vehículos conformes a la norma Euro 6 matriculados antes de que esta norma se fijara como límite legal se han beneficiado de reducciones de impuestos en numerosos Estados miembros; que los resultados de ensayos independientes confirman la existencia de discrepancias importantes entre los límites y las emisiones reales de vehículos en condiciones normales de utilización respecto a ambas normas;

N.

Considerando que un análisis de 2011 del Centro Común de Investigación (CCI) (6) de la Comisión Europea concluyó que las emisiones de NOx de los vehículos diésel medidas con sistemas portátiles de medición de emisiones superaban sustancialmente los límites de emisión respectivos de las normas Euro 3-5 en un factor de entre 2 y 4 para las emisiones medias de NOx a lo largo de trayectos de ensayo completos y de hasta 14 veces en ventanas de ensayo individuales; que otro informe del CCI (7) publicado en 2013 hace referencia a conclusiones según las cuales los vehículos conformes a la norma Euro 6 pueden incluso exceder los niveles de emisión de los vehículos conformes a la norma Euro 5; que algunos análisis independientes efectuados en 2014 documentan unas emisiones medias de NOx en carretera, en vehículos diésel sometidos a pruebas, unas siete veces superiores a los límites establecidos por la norma Euro 6;

O.

Considerando que VW ha reconocido haber instalado dispositivos de desactivación en al menos once millones de vehículos diésel que ha vendido en todo el mundo; que VW ha anunciado que va a llamar a revisión a ocho millones y medio de vehículos diésel en la UE tras una decisión de la Oficina Federal de Transportes por Carretera de Alemania;

P.

Considerando que este desfase documentado en materia de emisiones puede deberse tanto a la inadecuación del procedimiento de ensayo utilizado actualmente en la UE, que no reproduce las condiciones de conducción normales, como al uso de dispositivos de desactivación; que la fiabilidad y la solidez del procedimiento de ensayo para vehículos tienen una importancia fundamental para alcanzar los límites de emisión y, por tanto, para proteger la salud pública y el medio ambiente en la UE;

Q.

Considerando que, de conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 715/2007, la Comisión está obligada a examinar los ciclos de ensayo utilizados para medir las emisiones y a adaptarlos, si los ensayos dejan de ser apropiados, de tal forma que reflejen adecuadamente las emisiones generadas por la conducción en carretera en condiciones reales; que tal adaptación aún no ha tenido lugar; que, no obstante, la Comisión está preparando actualmente la adopción de un nuevo ciclo de ensayo basado en emisiones en condiciones de conducción reales;

R.

Considerando que no se han aplicado unas normas comunes a los ensayos de conformidad de la producción y de la conformidad en circulación a escala de la UE, pese al mandato conferido a la Comisión para establecer los requisitos específicos para dichos procedimientos a través de la comitología; que, en consecuencia, por regla general no se garantiza adecuadamente el cumplimiento de los requisitos de conformidad de la producción y de conformidad en circulación; que no existe ningún requisito en materia de comunicación de información a la Comisión, a otras autoridades competentes en materia de homologación de tipo de los Estados miembros o a cualquier otra parte interesada sobre los ensayos realizados por las autoridades competentes en materia de homologación de tipo y los resultados de tales ensayos;

S.

Considerando que el actual sistema de homologación de la UE no permite que la Comisión u otras autoridades de los Estados miembros vuelvan a examinar las homologaciones o los certificados de conformidad de los vehículos, llamen a revisión a vehículos o suspendan su comercialización si están homologados por otros Estados miembros; que, en el actual sistema, las autoridades competentes nacionales en materia de homologación de tipo no supervisan los ensayos realizados para garantizar que todas las autoridades respetan las normas comunes de la UE y no recurren a la competencia desleal rebajando el nivel de exigencia;

T.

Considerando que la Comisión está revisando el marco de homologación; que esta revisión tiene una importancia máxima para restablecer la confianza de los consumidores en los ensayos de medición de las emisiones y el consumo de combustible;

U.

Considerando que los sistemas actuales de control de las emisiones de NOx de los turismos con motores diésel se basan en tres tecnologías principales, a saber, modificaciones internas del motor junto con la recirculación de los gases de escape, absorbentes de NOx en mezcla pobre (trampas de NOx), y reducción catalítica selectiva; que, para respetar los valores límite de Euro 6, la mayor parte de los vehículos van equipados con, al menos, dos de esas tres tecnologías; que todas estas tecnologías pueden desactivarse mediante dispositivos de desactivación programados;

V.

Considerando que, para garantizar el cumplimiento de las normas en materia de emisiones, habrá que retirar el dispositivo de desactivación de los vehículos que lo tengan, modificar la programación del sistema de control de emisiones y, dependiendo de la tecnología del motor, realizar intervenciones en los equipos físicos; que el rendimiento de los sistemas de control de emisiones ya instalados en los vehículos podría mejorarse mediante la retirada de los dispositivos de desactivación, la reprogramación y el recalibrado;

W.

Considerando que las discrepancias entre los resultados de los ensayos y el rendimiento de los vehículos en condiciones normales de uso no se limita a los NOx, sino que se dan también en el caso de otros contaminantes y del CO2; que según estudios independientes, el desfase entre las emisiones oficiales y las reales de CO2 de los turismos en Europa se situó en el 40 % en 2014;

X.

Considerando que el cambio al procedimiento armonizado a nivel mundial de ensayo de vehículos ligeros (WLTP) en la UE exige la adaptación de los actuales objetivos medios de emisión de CO2 del parque automovilístico aplicables a los fabricantes al nuevo ensayo;

1.

Condena firmemente cualesquiera fraudes de los fabricantes de automóviles, e insta a las compañías a que asuman plenamente la responsabilidad por sus acciones y cooperen plenamente con las autoridades en las investigaciones; lamenta que millones de consumidores hayan sido engañados mediante informaciones falsas relativas a las emisiones de sus vehículos;

2.

Opina que, en aquellos casos en los que se confirme una irregularidad, debería informarse adecuadamente a los consumidores de los medios de recurso disponibles y ponerlos rápidamente en práctica, sin que ello suponga un nuevo perjuicio para los consumidores;

3.

Considera deplorable que estos excesos de emisiones causen innecesariamente muertes prematuras, perjuicios a la salud humana y daños medioambientales;

4.

Considera urgente que la Comisión y los Estados miembros restauren con rapidez la confianza de los consumidores a través de medidas concretas y hagan todos los esfuerzos posibles para distender la situación; reitera su solidaridad con los empleados afectados, y muestra su preocupación por los efectos a lo largo de la cadena de suministro, especialmente sobre las pymes, que, pese a su inocencia, se enfrentan ahora a enormes retos provocados por el fraude; subraya que los trabajadores no deben ser quienes paguen en última instancia el precio de las manipulaciones en la medición de emisiones;

5.

Insiste en que, antes de considerar la posibilidad de llevar a cabo despidos, los fabricantes deben utilizar sus propios recursos financieros, entre ellos la retención de los beneficios, en lugar de su distribución como dividendos, para cubrir en la mayor medida posible los costes derivados de la infracción de la legislación aplicable;

6.

Expresa su profunda preocupación por el retraso con que las autoridades de los Estados miembros y la Comisión han reaccionado ante las pruebas que demuestran superaciones graves y persistentes de los valores límite fijados en la legislación de la UE para los vehículos en condiciones normales;

7.

Recuerda que los turismos con motor diésel generan unas emisiones de CO2 por kilómetro inferiores a las de los vehículos equivalentes con motor de gasolina y que representan un medio importante para que los fabricantes puedan alcanzar el objetivo de emisiones medias de CO2 del parque automovilístico de la UE para 2021; insiste en que seguirán siendo un elemento esencial para el logro de los objetivos fijados para después de 2021, pero hace hincapié en que los fabricantes tienen que utilizar la tecnología limpia disponible con el fin de reducir los NOx, las partículas y otros contaminantes;

8.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que actúen con la máxima transparencia en relación con la información de que dispongan sobre estas infracciones y las medidas adoptadas para abordarlas; pide una investigación exhaustiva sobre el papel y la responsabilidad de la Comisión y de las autoridades de los Estados miembros, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los problemas señalados en el informe de 2011 elaborado por el Centro Común de Investigación de la Comisión;

9.

Pide a la Comisión que refuerce la ejecución de la estrategia de la UE a favor de unos sistemas sostenibles y eficientes en el uso de los recursos para el transporte por carretera y otros modos de transporte, abandonando progresivamente el sistema actual basado en combustibles fósiles y utilizando nuevas tecnologías y fuentes de energía como el hidrógeno, la electricidad y el aire comprimido;

10.

Acoge favorablemente las investigaciones que se están llevando a cabo en varios Estados miembros y otros países del mundo sobre la manipulación de los resultados de los ensayos sobre emisiones; apoya el llamamiento dirigido por la Comisión a las autoridades nacionales de vigilancia para que lleven a cabo controles exhaustivos de una gran variedad de marcas y modelos de vehículos; considera que la Comisión debería participar en toda investigación de este tipo; insiste en que las investigaciones se han de llevar a cabo con transparencia y eficacia, prestando la debida atención a la necesidad de mantener bien informados a los consumidores que se hayan visto afectados directamente por el descubrimiento de cualquier posible falta de conformidad;

11.

Pide a la Comisión que informe al Parlamento acerca de los resultados de esta investigación, por escrito y no más tarde del 31 de marzo de 2016;

12.

Pide que, cuando se descubran dispositivos de desactivación, las autoridades de los Estados miembros adopten las medidas necesarias para remediar la situación y apliquen las sanciones apropiadas de conformidad con el artículo 30 de la Directiva 2007/46/CE y con el artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 715/2007;

13.

Apoya el informe Girling sobre los límites nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (A8-0249/2015), aprobado por la Comisión de Medio Ambiente el 15 de julio de 2015, y, en particular, la petición a la Comisión y a los Estados miembros de que concluyan urgentemente la nueva propuesta de reglamento sobre las emisiones en condiciones reales de conducción de la norma Euro 6 que se está examinando en la actualidad;

14.

Insta a la Comisión a que adopte y aplique sin demora el nuevo ciclo de ensayo de emisiones en condiciones reales de conducción y a que lo ponga en vigor para fines reglamentarios; acoge con satisfacción el informe sobre la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos de carretera (Informe Deß, A8-0270/2015), aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria el 23 de septiembre de 2015, y, en particular, la solicitud a la Comisión Europea de que introduzca «un ensayo de emisiones en condiciones reales de conducción para todos los vehículos homologados o matriculados a partir de 2015 con el fin de garantizar la eficacia de los sistemas de control de emisiones que permiten al vehículo cumplir el presente Reglamento y sus medidas de aplicación, con un factor de conformidad que refleje únicamente las posibles tolerancias del procedimiento de medición de las emisiones antes de 2017»; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre un marco para un ciclo de ensayo sobre esa base;

15.

Señala que, según los actuales planes de la Comisión, los ensayos de emisiones en condiciones reales de conducción solo se utilizarían para las emisiones de NOx; pide que dichos ensayos se apliquen a todos los contaminantes;

16.

Lamenta la falta de transparencia de las deliberaciones, en el marco de la comitología, sobre la propuesta de un ensayo de emisiones en condiciones reales de conducción y, en particular, el hecho de que la Comisión no haya transmitido información simultáneamente al Parlamento y a los representantes de los Estados miembros; pide a la Comisión que transmita al Parlamento toda la documentación pertinente en pie de igualdad con los Estados miembros, y, en particular, que publique los documentos preparatorios destinados al Comité Técnico de Vehículos de Motor relativos a la adopción del ensayo de emisiones en condiciones reales de conducción;

17.

Destaca la necesidad de que se refuerce significativamente el actual régimen de homologación de tipo de la UE, entre otras cosas con una mayor supervisión por parte de la UE, en particular en lo referente a la vigilancia del mercado, la coordinación y el régimen de seguimiento de los vehículos vendidos en la Unión, la competencia para obligar a los Estados miembros a iniciar procedimientos de control basados en pruebas y la capacidad de adoptar medidas adecuadas en caso de infracciones del Derecho de la UE;

18.

Pide a la Comisión que diseñe de nuevo el actual régimen de homologación de tipo con el fin de asegurar que las homologaciones de tipo y los certificados de las autoridades nacionales competentes puedan comprobarse independientemente y, si procede, ser reevaluados por la Comisión, y que garantice la igualdad de condiciones de competencia en la UE y la aplicación efectiva de los reglamentos de la UE y remedie las deficiencias de las medidas de ejecución sin aumentar la carga administrativa;

19.

Pide, por consiguiente, que se considere la instauración de una autoridad de control a nivel de la UE;

20.

Juzga de la máxima importancia que la Comisión y todas las autoridades competentes de los Estados miembros tengan derecho a reevaluar la homologación de tipo y los certificados de conformidad, llamar a revisión a vehículos y suspender la comercialización de vehículos en aquellos casos en los que tengan pruebas del incumplimiento de los valores límite de emisiones de la UE fijados en el Reglamento Euro 5 y Euro 6 o de cualquier otro requisito previsto en el régimen de homologación de tipo para los vehículos de motor;

21.

Considera que la próxima revisión de la Directiva Marco relativa a la homologación de tipo debe contemplar la posibilidad de extender y especificar los requisitos de conformidad de la producción con el fin de garantizar que una muestra suficiente y representativa de nuevos modelos tomada al azar de las líneas de producción se someta cada año a ensayos en condiciones reales de conducción, al objeto de comprobar el cumplimiento de los valores límite de la UE en materia de contaminantes y CO2; pide asimismo que se mejoren los ensayos en circulación de los vehículos ya utilizados en carretera, también sobre la base del procedimiento de emisiones en condiciones reales de conducción, con objeto de comprobar la conformidad en circulación de los vehículos con diferente kilometraje, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento; pide que se mejore la supervisión en carretera mediante inspecciones técnicas periódicas para detectar y reparar los vehículos que no cumplan la legislación de la UE;

22.

Pide a las autoridades nacionales que no den ninguna muestra de tolerancia con respecto a la denominada «optimización de los ensayos de vehículos», en la que son comunes prácticas como la presión excesiva de los neumáticos, la supresión de los retrovisores, la cobertura de los espacios entre los paneles de la carrocería para reducir la resistencia aerodinámica, la utilización de lubricantes especiales para el motor y la caja de velocidades que no se utilizan normalmente en motores, la supresión de equipos auxiliares, como por ejemplo los equipos de sonido, y ensayos a la máxima temperatura ambiente autorizada, lo que acentúa de forma inaceptable las diferencias que existen entre los ensayos realizados en ambiente controlado y la experiencia de los consumidores en la carretera;

23.

Destaca que los consumidores deben poder ejercer fácilmente sus derechos, con arreglo a lo previsto en las Directivas 1999/44/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE;

24.

Pide a la Comisión, como responsable de la competencia en el mercado interior de la UE, que, en cooperación con las autoridades nacionales de supervisión, vele por la igualdad de condiciones entre los competidores que ofrecen sus productos en el mercado;

25.

Recuerda la necesidad de transponer y aplicar cabalmente las normas europeas relativas al funcionamiento del mercado interior en todos los Estados miembros, y pide además a las autoridades europeas y nacionales de vigilancia del mercado que investiguen a fondo todas las denuncias de fraude;

26.

Pide a la Comisión que garantice que la información facilitada a los consumidores con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 1999/94/CE relativa a la información sobre el consumo de combustible es exacta, pertinente y comparable; considera que las etiquetas deberían basarse en los valores de emisión y la eficiencia en el consumo de combustible correspondientes a la conducción en condiciones reales;

27.

Muestra su preocupación por la discrepancia entre las emisiones de CO2 declaradas en los resultados de los ensayos y las observadas en la conducción en carretera; pide, por consiguiente, un acuerdo rápido sobre la correlación del procedimiento mundial de ensayo de vehículos ligeros (WLTP) para los objetivos medios de emisión de CO2 del parque automovilístico, respetando el principio de «exigencia comparable», sin reconocer flexibilidades que sean injustas en el procedimiento de ensayo en vigor con el fin de no socavar el objetivo para 2021;

28.

Pide a la Comisión que, al elaborar nuevas políticas de transporte sostenible, tenga en cuenta los hechos actualmente revelados; pide a la Comisión que adopte nuevas medidas para reforzar la estrategia de la UE en pro de unos sistemas sostenibles y eficientes en el uso de los recursos para el transporte por carretera y otros modos de transporte; hace referencia al enfoque establecido en el Libro Blanco de la Comisión, de 2011, titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible», y destaca que puede constituir una contribución importante a la reducción efectiva de las emisiones reales procedentes del transporte y a la mejora de la movilidad urbana; insta a la Comisión a que haga mayores esfuerzos para presentar las medidas propuestas por el Libro Blanco, y anima a los Estados miembros a que las apoyen;

29.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/17

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Vistos el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 24, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana (A7-0350/2010),

—

Visto el Reglamento (UE) no 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la iniciativa ciudadana,

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Vista la audiencia pública celebrada el 26 de febrero de 2015 sobre la iniciativa ciudadana, organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales junto con la Comisión de Peticiones,

—

Visto el estudio elaborado por el Departamento Temático C del Parlamento titulado «European Citizens» Initiative — First lessons of implementation» (Iniciativa ciudadana europea — primeras lecciones extraídas de su aplicación), publicado en 2014,

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Vista la decisión de la defensora del pueblo europeo, de 4 de marzo de 2015, de archivar su investigación de oficio relativa a la Comisión (OI/9/2013/TN),

—

Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de febrero de 2015, titulado «Implementation of the European Citizens» Initiative» (Aplicación de la iniciativa ciudadana europea),

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Visto el informe de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Peticiones y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0284/2015),

A.

Considerando que la iniciativa ciudadana europea es un nuevo derecho político de los ciudadanos y una herramienta única e innovadora para definir la agenda política en aras de una democracia participativa en la Unión Europea, que permite a los ciudadanos ser parte activa en los proyectos y procesos que les atañen, y cuyo potencial debe, sin duda, explotarse al máximo y mejorarse de forma significativa, a fin de obtener los mejores resultados posibles y animar al mayor número posible de ciudadanos de la Unión a participar en la futura configuración del proceso de integración europeo; que el refuerzo de la legitimidad democrática de las instituciones debe ser uno de los objetivos prioritarios de la UE;

B.

Considerando que, tres años después de la fecha de aplicación del Reglamento (UE) no 211/2011 de 1 de abril de 2012, resulta necesario evaluar exhaustivamente su puesta en práctica para identificar posibles deficiencias y proponer soluciones viables con vistas a su pronta revisión;

C.

Considerando que la experiencia ha demostrado que la mayoría de los organizadores de iniciativas ciudadanas europeas se han enfrentado a dificultades, tanto de índole práctica como jurídica, a la hora de crear dichas iniciativas, y que los organizadores de varias de dichas iniciativas rechazadas han presentado recurso ante el Tribunal de Justicia y el Defensor del Pueblo Europeo por la decisión de la Comisión de no registrar sus iniciativas ciudadanas; que, por consiguiente, la normativa debe concebirse de modo que las iniciativas ciudadanas europeas sean lo más accesibles posible para los ciudadanos y los organizadores;

D.

Considerando que el Parlamento es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo y que, como tal, representa por definición a los ciudadanos de la Unión;

E.

Considerando que varias instituciones, ONG, grupos de reflexión y grupos de la sociedad civil han examinado las distintas deficiencias relacionadas con la aplicación del Reglamento (UE) n.o 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana y con la organización de tales iniciativas, han propuesto numerosas mejoras y han señalado en repetidas ocasiones qué aspectos del Reglamento precisan ser reformados con carácter de urgencia;

F.

Considerando que las modalidades prácticas establecidas en el artículo 6 del Reglamento, en particular el establecimiento del sistema de recogida a través de páginas web y su certificación por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, hacen que, en la mayoría de los casos, los organizadores cuenten con menos de doce meses para recoger las firmas necesarias;

G.

Considerando que la presentación a la Comisión, una vez vencido el periodo de recogida de firmas, de una iniciativa que haya prosperado, no está sujeta a un plazo específico y, por lo tanto, es una fuente de confusión e incertidumbre para ambas instituciones y para el público;

1.

Acoge con satisfacción la iniciativa ciudadana europea —según la definición contemplada en el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en el artículo 24, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)— como el primer instrumento de democracia participativa transnacional que permite a los ciudadanos entablar un contacto directo con las instituciones de la UE y participar activamente en la elaboración de las políticas y la legislación europeas, y que complementa su derecho a presentar peticiones al Parlamento y su derecho de recurso ante el Defensor del Pueblo Europeo;

2.

Destaca que la iniciativa ciudadana europea es el primer instrumento de democracia participativa que, sobre la base de al menos un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos una cuarta parte de los Estados miembros, confiere a los ciudadanos de la UE el derecho a tomar la iniciativa y solicitar a la Comisión que presente, en el marco de sus competencias, una propuesta adecuada sobre las cuestiones sobre las que los ciudadanos consideren que se requiere un acto legislativo para aplicar los Tratados, con lo que se consolida así el nuevo derecho político de los ciudadanos;

3.

Subraya que la iniciativa ciudadana europea supone una herramienta excepcional para que los ciudadanos identifiquen y articulen sus aspiraciones y pidan que la UE tome medidas, por lo que debe fomentarse, mejorarse y apoyarse con todos los medios disponibles; reconoce, sin embargo, que hay déficits significativos que deben abordarse y solucionarse para que estas iniciativas sean más eficaces; señala que cualquier evaluación futura de este instrumento debe tener como objetivo lograr su máxima facilidad de uso, puesto que es uno de los principales medios de vincular a la UE a los ciudadanos europeos; destaca asimismo que el uso de la lengua materna es un derecho cívico y, por consiguiente, pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien las alternativas existentes para brindar esa posibilidad de uso en todas las actividades relacionadas con las iniciativas ciudadanas europeas, ya que ello fomenta la participación ciudadana; señala la importancia de sensibilizar al público sobre la iniciativa ciudadana europea, al tiempo que lamenta el escaso conocimiento que de ella tienen los ciudadanos de la Unión; pide a la UE que, a este fin, organice campañas de publicidad y de promoción para dar a conocer mejor la iniciativa ciudadana europea en los medios de comunicación y entre el público;

4.

Destaca asimismo que el compromiso cívico de los jóvenes es fundamental para el futuro de todas las democracias y pide a la Comisión que extraiga enseñanzas de las experiencias nacionales de iniciativas ciudadanas europeas que hayan tenido auténtico éxito;

5.

Considera esencial que los ciudadanos puedan contribuir al ejercicio de las prerrogativas legislativas de la Unión y participar directamente en la iniciación de las propuestas legislativas;

6.

Señala la importancia de que se conozca públicamente la iniciativa ciudadana europea para que sea una herramienta eficaz de participación democrática; insta, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros a maximizar su labor de divulgación de este instrumento con el fin de dar a conocer su existencia al máximo de ciudadanos posibles y fomentar la participación activa en él;

7.

Pide a la Comisión que utilice todos los canales públicos de comunicación para sensibilizar sobre la iniciativa ciudadana europea, y que tome todas las medidas necesarias para garantizar su transparencia y facilite la comunicación sobre las iniciativas en marcha, por ejemplo mediante la creación de aplicaciones que ofrezcan información, envíen notificaciones y permitan que se firme en línea; subraya que la participación activa del público en una iniciativa ciudadana europea depende también de manera decisiva de que esta se dé a conocer en los Estados miembros, por lo que propone que los Parlamentos nacionales de los Estados miembros hagan mención de la iniciativa ciudadana europea en sus sitios web oficiales;

8.

Constata que más de seis millones de ciudadanos de la UE han participado en una iniciativa ciudadana europea, que ha habido 51 solicitudes de lanzamiento de una iniciativa —de las cuales solo tres se consideraron admisibles, a saber, «Right2Water» (derecho al agua), «One of Us» (uno de nosotros) y «Stop Vivisection» (poner fin a la vivisección)—, y que seis organizadores de iniciativas, lo que equivale al 30 % del total de solicitudes rechazadas, han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia por negarse a registrar una iniciativa, lo que demuestra que queda mucho por hacer para garantizar que la iniciativa ciudadana europea desarrolle todo su potencial; destaca las múltiples dificultades prácticas que han tenido que afrontar los organizadores desde la entrada en vigor del Reglamento en abril de 2012, y el hecho de que el número de iniciativas va en descenso;

9.

Pide a la Comisión que proporcione cuanto antes un asesoramiento amplio y adecuado —en particular, de tipo jurídico— a los organizadores de las iniciativas a través del centro de contacto Europe Direct, de modo que estos conozcan las posibilidades de que disponen y no se enfrenten a un rechazo por presentar una iniciativa ciudadana europea que, manifiestamente, no entre dentro de las competencias de la Comisión y no cumpla los criterios de admisibilidad jurídica; aboga por que se estudie la posibilidad de crear otro órgano independiente encargado de brindar asesoramiento; señala, no obstante, que, en virtud del Tratado de Lisboa, las cuestiones suscitadas en una iniciativa ciudadana europea no tienen por qué corresponder plenamente con las competencias de la Comisión; opina, además, que la Comisión debería plantearse establecer una oficina dedicada a la iniciativa ciudadana europea en todas sus Representaciones permanentes en los Estados miembros para facilitar toda la información, el asesoramiento y el apoyo necesarios a dichas iniciativas;

10.

Destaca, además, que la creación de una oficina específica para iniciativas ciudadanas europeas también podría contribuir a sensibilizar al público y a los medios de comunicación acerca de este instrumento; pide, por tanto, a la Comisión que promueva la iniciativa ciudadana europea como instrumento oficial de la UE para alcanzar este objetivo; hace hincapié en que esta medida también podría ayudar a superar la desconfianza de los ciudadanos a la hora de presentar los datos personales necesarios para respaldar una iniciativa;

11.

Pide que se faciliten más directrices pormenorizadas sobre la interpretación de las bases jurídicas y más información sobre las obligaciones en materia de protección de datos en cada Estado miembro en el que los organizadores celebren sus campañas, con el fin de proporcionarles una seguridad jurídica, así como sobre la posibilidad de que los organizadores suscriban un seguro a un precio asequible;

12.

Lamenta la falta de información clara sobre el instrumento de la iniciativa ciudadana europea en su fase inicial, que ha conducido a una idea equivocada generalizada acerca de su naturaleza y ha generado frustración tras el rechazo de las primeras iniciativas ciudadanas europeas por parte de la Comisión; recuerda que este instrumento debe ser sencillo, claro, fácil de usar y objeto de una amplia divulgación; subraya que la Comisión debe alentar y respaldar a los representantes elegidos a escala nacional y local para que lideren las medidas destinadas a dotar de mayor visibilidad a las iniciativas ciudadanas europeas;

13.

Apoya, además, la participación activa de los ciudadanos de la UE para que este instrumento se utilice como es debido a la hora de definir la agenda política; expresa su preocupación ante un posible conflicto de intereses, dado que es la propia Comisión quien tiene la responsabilidad exclusiva de controlar la admisibilidad, y pide que esta situación se aborde adecuadamente en el futuro; señala, al mismo tiempo, que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser un objetivo para todas las partes interesadas a fin de que las actividades ciudadanas se desarrollen en un marco de total claridad;

14.

Solicita, a este respecto, a la Comisión que considere al Parlamento también como un agente decisorio, en particular porque es la única institución cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de la UE;

15.

Hace hincapié en que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 211/2011, caso de que la Comisión rechace el registro de una iniciativa, «informará a los organizadores de las razones de dicho rechazo y de todos los posibles recursos judiciales y extrajudiciales a su disposición»; toma nota, en este sentido, de las numerosas quejas de los organizadores por no haber recibido una explicación pormenorizada y exhaustiva de los motivos por los que sus iniciativas fueron rechazadas; solicita a la Comisión que formule de manera detallada las razones por las que rechace una iniciativa ciudadana cuando, a su parecer, esta quede «manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión», y que al mismo tiempo informe a los organizadores, por escrito y de una forma que facilite su trabajo, sobre las consideraciones jurídicas pertinentes —que deben hacerse públicas en aras de la transparencia— con el objeto de que la validez y la completa objetividad de dichos elementos puedan someterse a un control jurídico de modo que pueda reducirse tanto como sea posible el poder discrecional de la Comisión como juez y parte en la evaluación de la admisibilidad de una iniciativa, y que les permita a los organizadores decidir si optan por revisar su iniciativa ciudadana y presentarla de nuevo una vez modificada;

16.

Anima a la Comisión que evalúe la posibilidad de registrar solo una parte de una iniciativa cuando la totalidad de la misma no recaiga dentro del ámbito de sus competencias; alienta a la Comisión a que en el momento del registro dé indicaciones a los organizadores sobre qué parte pueden registrar, reconociendo que el diálogo y la colaboración con los organizadores de la iniciativa ciudadana son cruciales a lo largo del proceso, y a que informe al Parlamento de su decisión en lo que se refiere al registro de la iniciativa; invita a la Comisión que estudie formas de atribuir a la autoridad competente, ya sea a nivel nacional o regional, las iniciativas o las partes de las iniciativas que no entren dentro de su ámbito de competencias;

17.

Señala la importancia de la tecnología como herramienta para fomentar la participación ciudadana; pide a la Comisión que mejore su programa informático de recogida de firmas en línea para que su uso resulte más fácil, lo haga accesible para las personas con discapacidad, ofrezca sus servidores para el almacenamiento gratuito de las firmas en línea de forma permanente utilizando recursos presupuestarios de la UE ya existentes, y que simplifique y modifique las especificaciones técnicas sobre la recogida de firmas en línea de manera que puedan recogerse las direcciones de correo electrónico con carácter no obligatorio en la misma pantalla que el formulario, pero se almacenen en una base de datos separada;

18.

Está convencido de que, si se revisa, el instrumento tiene potencial para involucrar a la ciudadanía y promover el diálogo entre los ciudadanos, así como entre los ciudadanos y las instituciones de la UE; subraya la necesidad de vincular el sistema de recogida de firmas en línea a las nuevas herramientas de campaña de los medios digitales y sociales pertinentes, siguiendo el ejemplo de otras plataformas de campaña en línea con resultados satisfactorios;

19.

Alienta a la Comisión a reconsiderar el vínculo automático entre el registro de una iniciativa ciudadana y el inicio del plazo de doce meses para reunir las declaraciones de apoyo, a fin de que los organizadores de una iniciativa ciudadana puedan decidir por sí mismos a partir de qué momento comienzan a recoger esas declaraciones;

20.

Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que utilicen el instrumento de validación de iniciativas ciudadanas europeas para las declaraciones de apoyo, desarrollado en el marco del programa de soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas;

21.

Hace hincapié en que, dentro del ámbito de aplicación de los instrumentos disponibles para impulsar la democracia participativa en la Unión, deberían también ponerse herramientas informáticas a disposición de las regiones, lo que permitiría una mayor implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos;

22.

Acoge con enorme satisfacción la propuesta del Comité Económico y Social Europeo de facilitar traducciones gratuitas del texto de las iniciativas ciudadanas europeas para poder reducir los costes de organización de las mismas;

23.

Pide una mayor cooperación interinstitucional a escala de la UE, así como a escala nacional y local, a la hora de facilitar información y asistencia a los organizadores de iniciativas ciudadanas; pide la mejora del sitio web multilingüe de la iniciativa ciudadana europea, administrado por la Comisión, así como un único conjunto de directrices, en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, sobre los derechos y las obligaciones de los organizadores de las iniciativas ciudadanas europeas y sobre los procedimientos administrativos aplicables a su tratamiento;

24.

Pide que en el futuro se establezca una ventanilla única, tanto física como en línea, que ofrezca de forma permanente información, servicios de traducción y apoyo técnico, jurídico y político por lo que respecta a las iniciativas ciudadanas europeas, y estima que podría utilizar los recursos del punto de contacto del centro Europe Direct y de las Representaciones de la Comisión y las Oficinas de Información del Parlamento en los Estados miembros; considera que este marco acercaría el proyecto de la iniciativa ciudadana europea a los ciudadanos;

25.

Considera excesivamente complicado que los organizadores tengan que facilitar distintos datos personales en apoyo de las iniciativas ciudadanas europeas en los 28 Estados miembros, tal y como contempla el Reglamento (UE) n.o 211/2011, sobre la base de las distintas disposiciones nacionales, y pide que se establezca un procedimiento uniforme para la formulación de las declaraciones de apoyo a través de una modificación del anexo III del Reglamento (UE) n.o 211/2011 con el fin de tipificar la naturaleza de los datos recogidos en los Estados miembros; alienta a la Comisión a que siga negociando con los Estados miembros con vistas a reducir el número de requisitos en materia de datos, eliminar en consonancia los requisitos para los números de identificación personal y a hacerlos más fáciles de utilizar, y recuerda que la iniciativa ciudadana europea se dirige a la participación y el establecimiento de la agenda, más que a propuestas vinculantes; sugiere que se examine la posibilidad de establecer una ciudadanía de la Unión digital y recomienda que se proporcione una solución provisional hasta que se establezca la misma con el objeto de solventar los problemas actuales derivados del registro múltiple; pide a la Comisión, por consiguiente, que examine esta cuestión en su agenda digital con carácter de urgencia;

26.

Pide a la Comisión que modifique el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 211/2011 y recomiende a los Estados miembros que disminuyan la edad para apoyar y participar en una iniciativa ciudadana europea de 18 a 16 años, y que no esté ligada al derecho al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, dando así a los jóvenes la posibilidad de participar activamente en el impulso al proyecto europeo;

27.

Reconoce que la responsabilidad personal de los organizadores en lo que respecta a la protección de datos cuando recogen los datos personales de los firmantes constituye un problema delicado, y propone que se reduzca la serie de datos exigidos, y que se modifique asimismo el texto del artículo 13 del Reglamento (UE) n.o 211/2011 relativo a la responsabilidad para dejar claro que la responsabilidad personal no es ilimitada; propone, a este respecto, que los comités ciudadanos puedan obtener personalidad jurídica y que el texto del Reglamento se inspire en el artículo 3 de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, a fin de establecer que los organizadores respondan de sus conductas «cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave»;

28.

Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a establecer requisitos de recogida de datos más fáciles de cumplir y armonizados; pide a las autoridades nacionales competentes que informen periódicamente a las comisiones de asuntos europeos de los Parlamentos nacionales sobre las iniciativas en curso que ya hayan recogido un número significativo de firmas; insta a la Comisión a que proponga una revisión del Reglamento (UE) n.o 211/2011 con el fin de garantizarles a los ciudadanos la posibilidad de firmar una iniciativa ciudadana europea en su país de residencia;

29.

Expresa su preocupación por que, desde 2012, de las treinta y una iniciativas ciudadanas europeas registradas, solo tres hayan alcanzado la fase final; destaca que la drástica reducción del número de iniciativas nuevas es una de las consecuencias de unos requisitos desproporcionados y de un sistema innecesariamente complejo; lamenta la falta de impacto legislativo y el desalentador seguimiento realizado por la Comisión de las iniciativas que han prosperado; expresa sus discrepancias respecto a la opinión de la Comisión sobre la aplicación satisfactoria del Reglamento para aprovechar todo el potencial que ofrecen las iniciativas ciudadanas europeas; subraya que las instituciones de la UE y los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para promover la iniciativa ciudadana europea y fomentar la confianza de los ciudadanos en esta herramienta;

30.

Pide a la Comisión que revise el texto del artículo 10, letra c), del Reglamento (UE) n.o 211/2011 para permitir el seguimiento adecuado de una iniciativa ciudadana europea que haya prosperado; insta a la Comisión a que empiece a preparar un acto jurídico sobre las iniciativas ciudadanas europeas que hayan prosperado dentro de los doce meses siguientes a la publicación de un dictamen positivo de la Comisión;

31.

Opina que, para resaltar la dimensión política de las iniciativas ciudadanas europeas, la audiencia pública que se celebre en virtud del artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 211/2011 debería estructurarse de modo que los organizadores puedan entablar un diálogo con los diputados al Parlamento Europeo y los funcionarios pertinentes de la Comisión; subraya que las audiencias públicas sobre las iniciativas ciudadanas europeas han de organizarse bajo los auspicios de un comité «neutral», es decir, que no sea el principal responsable del ámbito donde se encuadren los contenidos de las iniciativas, y, además, contar siempre con expertos externos;

32.

Insta al Parlamento y a sus comisiones a que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 225 del TFUE y en caso necesario, cuando la Comisión no presente ninguna propuesta legislativa en el plazo de doce meses, ejerciten su derecho a solicitar a la Comisión que presente una propuesta adecuada; considera que, al ejercitar ese derecho, la comisión competente del Parlamento debe tener en cuenta el contenido de una iniciativa ciudadana europea que haya prosperado y consultar a los organizadores de dicha iniciativa en el marco de una nueva audiencia; pide que se modifique su Reglamento en este sentido;

33.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de prestar ayuda financiera a las iniciativas ciudadanas europeas con cargo a los fondos presupuestarios existentes en la UE a través de programas europeos tales como Europa con los Ciudadanos o Derechos, Igualdad y Ciudadanía, que incluya la posible financiación de programas promocionales en radio y televisión, teniendo en cuenta que ha de garantizarse la igualdad entre los ciudadanos, que hay una necesidad real de ayuda financiera para la organización de las iniciativas y que se han presentado numerosas enmiendas al presupuesto de la UE con este fin;

34.

Pide a la Comisión que tome todas las precauciones posibles para evitar el robo, también mediante herramientas de Internet, de información sensible relativa a los firmantes, en especial cuando se gestione como datos agregados;

35.

Acoge con satisfacción el informe de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea y la Decisión OI/9/2013/TN del Defensor del Pueblo Europeo, y pide a la Comisión que, al revisar este instrumento, garantice que se adoptan todas las medidas jurídicas pertinentes para realizar un seguimiento adecuado cuando se considere que una iniciativa ciudadana europea se ha culminado con éxito; pide a la Comisión que, en vista de las diversas deficiencias detectadas, presente lo antes posible una propuesta de reforma del Reglamento (UE) n.o 211/2011 y del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1179/2011 de la Comisión;

36.

Pide a las instituciones de la Unión que realicen el trabajo de comunicación básico a través de una campaña de información sobre la iniciativa ciudadana europea;

37.

Invita a la Comisión a que informe periódicamente al Parlamento acerca de la situación de las iniciativas ciudadanas europeas en curso para que el Parlamento —como parte de su compromiso con los ciudadanos europeos— pueda examinar si el instrumento funciona de la manera más eficaz posible; destaca que el proceso de la iniciativa ciudadana europea debe mejorarse continuamente sobre la base de la experiencia práctica acumulada y que, además, debe cumplir las sentencias que dicte el Tribunal de Justicia;

38.

Recomienda que se utilicen todos los canales de comunicación disponibles, en especial las plataformas de comunicación digitales y sociales de todas las instituciones de la UE pertinentes, con objeto de llevar a cabo campañas de sensibilización continuas con la participación de las oficinas y representaciones de la UE, así como de las autoridades nacionales; pide a la Comisión que apoye el desarrollo de un programa de software abierto dedicado a las iniciativas ciudadanas europeas para dispositivos móviles; celebra que algunas iniciativas ciudadanas europeas hayan logrado tener un impacto a escala local;

39.

Considera crucial aumentar la transparencia y la calidad de los controles sobre la financiación y el patrocinio de las iniciativas ciudadanas europeas para que los ciudadanos puedan utilizar esta herramienta de democracia participativa de un modo adecuado y para evitar su posible abuso por parte de intereses privados;

40.

Toma nota del importante papel del Defensor del Pueblo Europeo en la investigación de la tramitación de las solicitudes de iniciativas ciudadanas por parte de la Comisión y, especialmente, de los casos de denegación de registro de una iniciativa;

41.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/23

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Vistos la Comunicación de la Comisión relativa a la estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico (COM(2014)0357), así como el plan de acción que la acompaña y el documento analítico de apoyo,

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1) (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes»),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (2),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 23 de octubre de 2014, sobre la estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico,

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Vistos el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo al valor añadido de las estrategias macrorregionales (COM(2013)0468) y las correspondientes Conclusiones del Consejo de 22 de octubre de 2013,

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de septiembre de 2014, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico (COM(2014)0357) y la estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico: investigación, desarrollo e innovación en las pymes (dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia italiana de la UE),

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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de enero de 2014, sobre la estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico (EUSAIR) (dictamen exploratorio),

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 26 de junio de 2014, sobre la estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico,

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Visto el dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones, de 11 de octubre de 2011, titulado «Cooperación territorial en la cuenca del Mediterráneo a través de la macrorregión Adriático-Jónico»,

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Vista su Resolución, de 3 de julio de 2012, sobre la evolución de las estrategias macrorregionales de la UE: prácticas actuales y perspectivas de futuro, especialmente en el Mediterráneo (3),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia marítima para los mares Adriático y Jónico» (COM(2012)0713),

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Visto el Informe de la Comisión relativo a la gobernanza de las estrategias macrorregionales (COM(2014)0284),

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Vista la comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulado «Contribución de la política regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020» (COM(2011)0017),

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Vista la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,

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Vista la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,

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Vista la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,

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Vista la Declaración de Ancona, aprobada en el marco de la Conferencia Europea sobre desarrollo y seguridad en la zona del Adriático y del Jónico de los días 19 y 20 de mayo de 2000,

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Vistas la Conferencia Fundacional de la Eurorregión Adriático-Jónica, celebrada en Pula el 30 de junio de 2006, y la Declaración sobre la presentación de la iniciativa para la creación de la estrategia adriática, aprobada en la Asamblea de la Eurorregión Adriático-Jónica celebrada en Split el 22 de octubre de 2009,

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Visto el estudio elaborado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Departamento Temático B — Políticas Estructurales y de Cohesión), de enero de 2015, titulado «El nuevo papel de las macrorregiones en la cooperación territorial europea»,

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Visto el estudio elaborado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Departamento Temático B — Políticas Estructurales y de Cohesión), de junio de 2015, titulado «Región del Adriático y del Jónico: análisis socioeconómico y evaluación de las conexiones de transporte y energía»,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Pesca (A8-0279/2015),

A.

Considerando que las estrategias macrorregionales constituyen un nuevo modelo de gobernanza multinivel en el que la participación de las partes interesadas en representación de las autoridades de la UE, nacionales, regionales y locales, incluidos los interlocutores económicos y sociales y las organizaciones de la sociedad civil, así como la complementariedad entre las distintas políticas y programas, resulta esencial para alcanzar y aplicar satisfactoriamente los objetivos fijados; que las autoridades regionales y locales desempeñan una función importante en la promoción de la democracia, la descentralización y una mayor autonomía local y regional;

B.

Considerando que las anteriores estrategias para el mar Báltico y el Danubio han reportado beneficios tangibles a las regiones participantes, han confirmado el éxito de los mecanismos de cooperación de la UE y han aportado una experiencia útil para el desarrollo de nuevas estrategias macrorregionales;

C.

Considerando el interés demostrado por las regiones en esta moderna forma de cooperación regional y el auge del modelo de gobernanza asociado; que este interés se ha manifestado recientemente por lo que respecta a regiones montañosas como los Cárpatos y los Alpes, donde las barreras naturales exigen la adopción de políticas regionales específicas;

D.

Considerando que una estrategia macrorregional como un marco integrado relativo a los Estados miembros y países terceros de la misma zona geográfica, y aprobado por el Consejo Europeo, es una estrategia de la UE;

E.

Considerando que existen grandes diferencias socioeconómicas entre los países que participan en esta estrategia, especialmente entre los Estados miembros de la UE y países terceros;

F.

Considerando que el interés cada vez mayor de los países en la región del Adriático y del Jónico respecto de una cooperación y definición de acciones conjuntas para responder a los desafíos mediante el uso de las capacidades en toda la región, así como sus esfuerzos continuados para lograr la sinergia, ha dado como resultado la aprobación de la estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico (EUSAIR);

G.

Considerando que las estrategias macrorregionales pueden entenderse como un instrumento de integración europea y de mayor cohesión territorial basado en la cooperación voluntaria entre Estados miembros y países vecinos a la hora de afrontar desafíos comunes; que la EUSAIR constituye una nueva forma de cooperación regional que puede ayudar a los países candidatos y candidatos potenciales participantes en su camino hacia la UE, además de ser un importante componente de la política más amplia de la UE para el Mediterráneo, expresada a través de la Unión por el Mediterráneo; que la EUSAIR es, como parte de la política regional de la UE, un instrumento para fomentar la cohesión económica y social, cuyo principal objetivo es reducir las disparidades entre regiones, promover una convergencia real y estimular el crecimiento y el empleo;

H.

Considerando que el mar Adriático, debido a su naturaleza de mar semicerrado, es especialmente vulnerable a la contaminación y tiene características hidrográficas inusuales, como la gran variación de su profundidad y su costa entre el norte y el sur de la región; que las poblaciones de peces se reparten entre todos los Estados costeros, lo que pone en peligro su regeneración al estar las poblaciones bajo una presión constante; que las medidas del futuro Reglamento marco de medidas técnicas en la PPC reformada deben concebirse a nivel regional y adaptarse a las especificidades de esta zona y de sus recursos marinos y pesqueros;

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión relativa a la estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico, así como el plan de acción que la acompaña; considera que se trata de un paso fundamental en el desarrollo de esta parte de Europa; insiste en que la EUSAIR se ha creado para aportar valor a las intervenciones, ya sea por parte de la UE, las autoridades nacionales o regionales o los sectores privados, de forma que se refuerce significativamente el funcionamiento de la macrorregión; hace hincapié en las perspectivas de la estrategia por lo que respecta a los países candidatos y posibles candidatos a la adhesión en la región; subraya la importancia de que la estrategia se base en los principios de integración, coordinación, cooperación y asociación; reitera la importancia que reviste la regla de «los tres noes» según la cual no debe darse lugar a nueva legislación, no deben crearse nuevas instituciones y no debe preverse nueva financiación, dado que las macrorregiones son marcos para iniciativas de cooperación, que aprovechan las sinergias resultantes de la articulación de diferentes instrumentos políticos de la UE, incluidos los Fondos EIE;

2.

Celebra los esfuerzos realizados por todas las partes interesadas para crear una arquitectura institucional para la aplicación de la EUSAIR dentro del actual marco institucional; anima a todas las partes interesadas a escala nacional, regional y local a apropiarse plenamente de la aplicación de los proyectos cubiertos por esta estrategia macrorregional; destaca la importancia de reforzar la capacidad institucional y la eficiencia de las administraciones y servicios públicos, y de asegurarse de que en cada país participante hay recursos suficientes y personal administrativo competente dedicados expresamente a la aplicación de la EUSAIR;

3.

Subraya la necesidad de un enfoque de base local en lo que se refiere a las actividades de cooperación y destaca el valor añadido del modelo de gobernanza multinivel, que ha de abordar la falta de capacidad administrativa y puede utilizarse como vía para aunar recursos en la macrorregión; insiste, en este sentido, en que es necesario incluir a las autoridades locales y regionales en los órganos de gestión política y en los órganos operativos, técnicos y de ejecución de la estrategia, a la vez que la Comisión mantiene su papel en el proceso de coordinación; subraya que el desarrollo local participativo puede movilizar e implicar a los interlocutores locales en el proceso de toma de decisiones y contribuir a reforzar el sentimiento de apropiación de los proyectos en los ciudadanos;

4.

Destaca la importancia de un proceso transparente de adopción, seguimiento y evaluación de la estrategia, así como de la apertura y el carácter integrador con respecto a la sociedad civil y todas las partes interesadas pertinentes; recalca que la comunicación y la sensibilización en todos los pilares son fundamentales para la participación de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones y para afianzar el apoyo público; anima a los Estados miembros a que velen por una adecuada visibilidad de la estrategia a escala nacional, regional y local, el desarrollo de una adecuada comunicación sobre los objetivos y los resultados de la estrategia, y la promoción de la coordinación y los intercambios de buenas prácticas con otras estrategias macrorregionales existentes y futuras;

5.

Subraya la necesidad de que los países no pertenecientes a la UE armonicen su legislación respecto del acervo sectorial específico relativo a la estrategia, a fin de garantizar la consecución de los objetivos de la UE y su aplicación regular, legal y oportuna basada en las normas y la legislación de la UE; anima a todos los países participantes a que establezcan grupos de reflexión y organicen reuniones periódicas para intercambiar mejores prácticas a fin de consolidar este proceso y lograr que sea más eficiente;

6.

Observa que, debido a la acusada caída de las inversiones privadas en los países de la región, unida a la consolidación presupuestaria y la limitada capacidad de inversión en el sector público, pueden surgir problemas en la financiación de proyectos en el marco de la estrategia; pide a los países participantes que mantengan un alto grado de apropiación, compromiso y liderazgo políticos, necesario para la ejecución satisfactoria de la estrategia;

7.

Celebra el hecho de que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) para el periodo 2014-2020, en particular el Programa de Cooperación Adriático-Jónica 2014-2020 (ADRION), aporten posibles recursos importantes y una amplia gama de herramientas y opciones técnicas para la estrategia; respalda la disponibilidad de otros fondos e instrumentos pertinentes respecto de los pilares de la estrategia, en especial los programas Horizonte 2020 y Erasmus Plus para todos los pilares, el Mecanismo «Conectar Europa» para el pilar II, el programa LIFE para el pilar III, así como en el ámbito de la adaptación al cambio climático y su mitigación, y los programas COSME y Europa Creativa para las pymes en el marco del pilar IV, así como el programa INNOVFIN para la financiación de la innovación; alienta la cooperación, con miras a crear una sinergia entre los fondos disponibles, de los comités de seguimiento de los programas de cooperación territorial que cubren la región con el consejo de administración de la EUSAIR y las autoridades que gestionan los Fondos EIE; destaca que la estrategia debe permitir un uso más eficiente y eficaz de los instrumentos y los fondos existentes;

8.

Pide a la Comisión Europea y a los organismos nacionales, regionales y locales responsables de la preparación, gestión y ejecución de los programas de los Fondos EIE que hagan hincapié en la importancia de los proyectos y acciones macrorregionales;

9.

Hace hincapié en la importancia de definir, a escala macrorregional, la estructura de ejecución y los mecanismos de coordinación a fin de facilitar la cooperación, incluida la planificación conjunta, la adecuación de las posibilidades de financiación y un enfoque ascendente; subraya la necesidad de adaptar los programas operativos nacionales y regionales a los objetivos de la estrategia, incluyendo, siempre que sea posible, la incorporación de EUSAIR a los programas; considera que es necesario coordinar y armonizar las iniciativas, las propuestas y los proyectos que afectan a la región adriático-jónica;

10.

Anima a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a los países participantes a que exploten al máximo las oportunidades disponibles en el marco del nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para financiar proyectos en la región que puedan crear valor añadido, promover el desarrollo sostenible y la cohesión económica y social, impulsar el crecimiento y aumentar el empleo a escala macrorregional, y contribuir a alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020; anima, en este contexto, a que se concedan «puntos de bonificación» a proyectos macrorregionales en la fase de selección de proyectos a raíz de su inherente naturaleza transnacional;

11.

Señala que no hay fondos específicos asignados solo a la ejecución de las estrategias macrorregionales y que una firme voluntad política, así como la asociación y la coordinación sólidas entre los países, es una condición previa para alcanzar el éxito; pide, por consiguiente, a los países de la región que reúnan, en el marco del BEI, fondos (Fondos EIE, IPA y FEIE) y contribuciones procedentes de fuentes nacionales, como plataforma financiera y de inversión para apoyar la financiación de los proyectos que contribuyan a la consecución de los objetivos establecidos en la estrategia; pide que se cree una reserva de proyectos transparente y de acceso público para la región del Adriático y del Jónico que dé visibilidad a los proyectos y las necesidades de inversión actuales y potenciales, de manera que se aliente a los inversores a invertir en esos proyectos;

12.

Insta a las partes interesadas a que intercambien las mejores prácticas, hagan uso de la experiencia adquirida y detecten los cuellos de botella en la ejecución de las estrategias macrorregionales de la UE e incrementen la cooperación con sus homólogos de otras macrorregiones, como las del mar Báltico, la cuenca del Danubio y la región alpina;

13.

Pide a la Comisión que suprima los obstáculos administrativos y no financieros que con frecuencia disuaden a los inversores de invertir en tales proyectos;

14.

Considera que es necesario hallar maneras para contar con la participación de países no incluidos en la estrategia y que se encuentren cerca de la región, geográfica y económicamente, al menos sobre la base de cada proyecto específico; destaca, en este contexto, la importancia de la cooperación transfronteriza y transnacional en el marco de la política de cohesión e invita a los Estados miembros y regiones implicados a que utilicen las mejores prácticas existentes en este ámbito;

15.

Recuerda el importante impacto de la crisis económica en las regiones y subraya la necesidad de elaborar evaluaciones periódicas de las estrategias concebidas para la recuperación económica; señala que los países de la región se encuentran en diferentes niveles de desarrollo y tienen necesidades diferentes; pide a la Comisión que subraye la importancia de crear las condiciones necesarias para reducir las diferencias socioeconómicas entre los países; apoya las reformas en los países con un menor grado de desarrollo y alienta el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas en este contexto;

16.

Señala que es necesario fomentar, renovar y profundizar la cooperación cultural, científica y educativa, aumentando también el margen de movilidad académica de los estudiantes y el personal universitario; hace hincapié en que la ciencia y la innovación son un requisito previo para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; destaca la interdependencia entre la cooperación científica y cultural y el crecimiento de la dinámica económica y el nivel de diversidad y sostenibilidad del turismo en la región;

17.

Celebra la representación del Parlamento Europeo en los órganos de gobierno de la EUSAIR; pide a la Comisión que analice los esfuerzos conjuntos de los países de la región (Estados miembros de la UE y terceros países) y la participación efectiva de las entidades locales y regionales en la consecución de los objetivos de la estrategia;

18.

Hace referencia a los precedentes establecidos en el marco de otras estrategias macrorregionales de la UE e insta a que se apoyen, en el marco de proyectos piloto y acciones preparatorias, diferentes tipos de acciones que vayan desde los estudios al capital semilla para la preparación de proyectos en distintos ámbitos prioritarios;

19.

Considera imprescindible que, en la fase de ejecución de la estrategia, sus principios generales, en particular las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente y la mejora de los recursos naturales, se tengan debidamente en cuenta en los cuatro pilares, entre otros fines, para disponer de un enfoque holístico de los complejos y diversos desafíos de la macrorregión;

20.

Subraya que es preciso prestar una atención especial a las zonas contempladas en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como las islas y las regiones montañosas y rurales, con el objetivo de determinar y explotar su potencial específico, especialmente en el sector del turismo, respetando a la vez los ámbitos de actuación y las prioridades señalados en el presente informe; pide, además, a la Comisión que proponga un Año Europeo de las Islas y las Montañas;

21.

Considera necesario hallar la manera de implicar, respecto de los países participantes, otros pilares relevantes que puedan generar importantes beneficios para el desarrollo de la zona, como la agricultura, a causa de unas condiciones geoclimáticas específicas, la biodiversidad y el potencial para crear efectos sinérgicos coordinados y un mayor crecimiento; recomienda una cooperación y coordinación estrechas entre el interior, la zona costera y las islas para lograr sinergias entre proyectos de energía limpia y la producción de alimentos sanos;

22.

Llama la atención sobre la importancia de una adecuada información y evaluación de la ejecución de la estrategia; pide en este contexto a los países participantes, junto con la Comisión, que recojan datos de referencia fiables y fijen objetivos concretos para cada pilar, que deben evaluarse con periodicidad anual y ponerse a disposición del público;

23.

Pide un enfoque europeo exhaustivo e integrado con respecto a la migración; destaca que esta región se enfrenta a importantes retos relacionados con la migración y lamenta todas las tragedias acaecidas en el Mediterráneo; insiste en la necesidad de abordar estos retos mediante un cambio de orientación significativo en las políticas de asilo por lo que respecta a la solidaridad entre los Estados miembros; hace hincapié en la necesidad de examinar la estrategia global sobre cooperación con terceros países; lamenta la insuficiente cooperación entre los Estados miembros de la UE en cuanto a los retos que plantea la migración; anima al intercambio de buenas prácticas respecto al recibimiento de migrantes y pide, con carácter de urgencia, que se dedique una particular atención a las cuestiones sociales y humanitarias que interesan a la región, con miras a una futura redefinición de las prioridades de la EUSAIR;

24.

Confía en que se dé un nuevo impulso al fortalecimiento de la paz y la seguridad en la Europa sudoriental;

25.

Pide a los países que intercambien las mejores prácticas en materia de respeto de los derechos de las minorías, a fin de aplicar las normas más rigurosas, dado que se trata de un área particularmente sensible por lo que se refiere a las cuestiones lingüísticas;

26.

Destaca que, en las diferentes fases de la ejecución, es necesario garantizar a los agentes económicos públicos y privados, los agentes sociales y los diferentes componentes de la sociedad civil organizada una adecuada formación mediante un programa específico, incluido el apoyo organizativo y técnico;

27.

Pide a la Comisión que, cada dos años, presente un informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de la EUSAIR, a fin de evaluar su funcionamiento y su valor añadido en cuanto al crecimiento y al empleo, a la reducción de las desigualdades y al desarrollo sostenible;

28.

Alienta a la aplicación de medidas específicas para promover la dimensión social; destaca la importancia de introducir prioridades y medidas para apoyar la inclusión de las personas con discapacidad y prevenir toda clase de discriminación;

29.

Insiste en que la exclusiva posición geográfica y estructura costera específica de la región, junto con su rica biodiversidad marina, presentan un gran potencial para la creación de «empleos azules» y para un desarrollo y un crecimiento económicos innovadores y sostenibles, incluidas las tecnologías azules, la pesca y la acuicultura, y una mejor gobernanza y servicios marítimos y marinos;

30.

Promueve la economía azul como solución a la crisis económica, puesto que impulsa la creación de nuevos empleos, el crecimiento y el desarrollo económico, en especial por lo que respecta al empleo femenino y juvenil en los países costeros e insulares; considera que no es posible aplicar la estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico sin tener en cuenta el concepto de economía azul, que vincula la protección medioambiental con los sectores económicos relativos a los mares y los océanos, la acuicultura, los transportes marítimos y fluviales y el turismo;

31.

Pide a la Comisión y a los Estados participantes en la estrategia que ofrezcan incentivos que atraigan a los jóvenes al ámbito de la pesca y la acuicultura en la región del Adriático y el Jónico y que los animen a emprender estas actividades.

32.

Pide la coordinación de políticas y la armonización de los objetivos de la estrategia, así como proyectos comunes, en consonancia con los valores, principios y objetivos de la política pesquera común; alienta, además, a apoyar el desarrollo de un sector de la pesca sostenible y la producción de alimentos sanos y tradicionales; pide la creación de grupos de acción local del sector pesquero, que podrían representar un instrumento natural para diversificar la pesca; destaca el hecho de que la pesca y la acuicultura sostenibles y rentables requieren una intervención reforzada de las partes interesadas en la gestión general, así como una mejora y una diversificación de las actividades pesqueras;

33.

Considera que el crecimiento azul engloba muy diversos sectores y empresas y, por ello, su desarrollo requiere mano de obra altamente cualificada en todos esos sectores; pide a los Estados miembros que participan en la EUSAIR que promuevan los distintos sectores del crecimiento azul en sus programas de formación, teniendo en cuenta los sistemas de aprendizaje permanente y la formación de los trabajadores; señala la complejidad de las actividades, los sectores y las disciplinas de los sistemas socioeconómicos implicados en el crecimiento azul y, por tanto, considera que reviste una enorme importancia que los Estados miembros que participan en la EUSAIR adopten políticas del mercado de trabajo, con el fin de aumentar la capacidad de adaptación al cambio, la innovación y el carácter multidisciplinar, adaptar la formación del capital humano e incrementar la tasa de participación femenina;

34.

Destaca la importancia de una mayor interconexión real entre la Estrategia Europa 2020 y los tres pilares (especialmente el pilar de crecimiento azul) de la EUSAIR, sobre la base del plan de acción de la Comisión Europea; considera que el plan de acción es uno de los resultados del enfoque de la estrategia en que se determinan las prioridades concretas para la macrorregión; señala que, sobre esta base, cada acción o proyecto se selecciona mediante un amplio proceso de consulta ascendente, con la participación de una serie de partes interesadas de la región del Adriático y del Jónico que representan a las autoridades nacionales, regionales y locales y los interlocutores sociales, y también al sector privado, la economía social, el mundo académico y la sociedad civil;

35.

Anima a las empresas públicas y privadas, las universidades, los institutos de investigación y otras partes interesadas pertinentes de los sectores marinos y marítimos a que se agrupen y cooperen a fin de estimular la innovación y beneficiarse al máximo de las sinergias; considera que las acciones enmarcadas en el pilar de crecimiento azul deben basarse en las estrategias nacionales y regionales de investigación e innovación para la especialización inteligente a fin de garantizar inversiones más eficientes y efectivas; pide a los países y regiones que participen en la plataforma S3 de la Comisión, para que reciban apoyo en el desarrollo, la ejecución y la revisión de las estrategias de especialización inteligente; estima necesario, a este respecto, proporcionar a las pymes un mayor acceso al crédito y mejorar las redes de empresas existentes (clústeres) mediante un proceso de internacionalización, con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo sostenibles y de calidad;

36.

Apoya la creación de una etiqueta conjunta de calidad para productos pesqueros de alta calidad de la región al objeto de hacerlos más competitivos;

37.

Destaca la importancia del diálogo social y de que los representantes de la sociedad civil participen junto con los poderes públicos en actividades en materia de desarrollo de capacidades; considera que esto podría lograrse mediante la creación de una plataforma permanente a escala macrorregional y a escala regional en cada uno de los Estados miembros para la representación de los interlocutores económicos y sociales, a semejanza de lo hecho en el caso de las universidades, las cámaras de comercio y las ciudades;

38.

Destaca la importancia de la investigación marina y marítima y de una mayor cooperación en estos sectores entre los investigadores y entre los Estados miembros y las regiones que participan en la EUSAIR, con el fin de superar la brecha actual entre estos Estados miembros e impulsar la competitividad de las zonas costeras y la creación de empleos locales sostenibles y de calidad;

39.

Observa con preocupación la tasa de agotamiento de las poblaciones de peces en los mares Adriático y Jónico, como consecuencia tanto de la sobrepesca como de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como otros riesgos significativos para toda la vida marina; destaca que la pesca es uno de los componentes fundamentales de las economías de las áreas costeras y las islas; estima necesario, por tanto, considerar como un objetivo primordial de la estrategia la protección y la preservación de las poblaciones de peces y los ecosistemas marinos, de conformidad con el principio de rendimiento máximo sostenible incluido en la política pesquera común; subraya la necesidad de apoyar, durante el período de transición, los ajustes respecto de los límites de pesca mediante subvenciones para la adquisición de equipos a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); pide que se emprendan acciones decisivas mediante la adaptación a las normas de la UE de la legislación en materia de pesca de los terceros países, el intercambio de datos, plataformas conjuntas de seguimiento y planes de gestión pesquera plurianuales, y que se considere la manera de desarrollar un sector de la acuicultura sostenible, con su gran potencial respecto al uso de fuentes de energía renovables;

40.

Recuerda que el pescado y el marisco que se explotan comercialmente deben encontrarse dentro de límites biológicos seguros con el fin de alcanzar un buen estado medioambiental y proteger la sostenibilidad a largo plazo de la industria pesquera;

41.

Pide a la Comisión Europea que registre el volumen de capturas de la pesca recreativa, que regule esta actividad y que aplique a esta actividad, al igual que a la pesca profesional, objetivos de rendimiento máximo sostenible;

42.

Insta a que se realice una investigación exhaustiva sobre las poblaciones de peces, especialmente sobre las especies en peligro, y su interconexión biológica, puesto que la falta de datos exactos podría hacer que las evaluaciones resultasen poco claras y fiables; insta a que se preserve el desove natural;

43.

Pide que se evalúen y favorezcan proyectos que tengan como finalidad la evaluación del impacto de la pesca no directa (redes fantasma, mallas para cultivo de mejillones, etc.) y las capturas accesorias de especies protegidas: se estima que, solo en el Adriático, se pescan de forma accidental más de 40 000 tortugas marinas; opina que son de urgente necesidad estudios medioambientales y sobre medios para paliar el problema (como los dispositivos excluidores de tortugas);

44.

Insta a que se apoye firmemente la construcción naval, incluido el sector de las embarcaciones de recreo, prestando especial atención a su modernización y especialización a fin de crear empleo y para que se adapte a las exigencias de un crecimiento sostenible y competitivo que sea consecuente con las tecnologías azules;

45.

Pide un fuerte apoyo a las zonas de actividades productivas, los hermanamientos y la cooperación entre zonas de actividades productivas de distintas partes de la macrorregión; anima al intercambio de mejores prácticas entre las experiencias más significativas del sector y las de otras regiones que traten de poner en práctica el mismo enfoque, a fin de promover la creación de zonas de actividades productivas;

46.

Destaca la importancia de apoyar y fomentar la pesca deportiva de recreo y familiar, junto con políticas integradas en materia de pesca y turismo (pesca, turismo de pesca y agricultura marítima) especialmente en las islas, a fin de preservar las tradiciones culturales locales y el estilo de vida marítimo de los isleños y los pequeños lugares costeros; defiende la pesca y la acuicultura sostenibles, costeras y tradicionales, vinculadas a una oferta culinaria diversificada y a la promoción de las lonjas de pescado locales, siendo esta la manera óptima de garantizar la sostenibilidad y prestar más apoyo a las actividades turísticas costeras;

47.

Pide a la Comisión que apoye y fomente la participación de la pesca y los trabajadores del sector en proyectos como los relacionados con el turismo cultural e histórico, incorporando la pesca y el redescubrimiento de las actividades marineras, los caladeros y los oficios de la pesca tradicional;

48.

Destaca la importancia de la economía social y del papel emprendedor de la mujer para la consecución del pilar de crecimiento azul y pide a los Estados miembros que participan en la EUSAIR que fomenten y apoyen la participación femenina en todos los sectores pertinentes; recuerda el papel fundamental desempeñado por las pequeñas empresas y las microempresas en las regiones y territorios en cuestión y pide a los Estados miembros que participan en la EUSAIR que desarrollen políticas activas para el fomento de estas formas de actividad económica;

49.

Apoya las medidas de reducción del riesgo hidrogeológico y el riesgo de erosión costera;

50.

Destaca la importancia de la investigación y pide un fuerte apoyo a las zonas de actividades marinas y marítimas;

51.

Hace hincapié en que el desarrollo de la acuicultura y la maricultura puede desempeñar un papel importante no solo en la recuperación de la diversidad de especies, sino también en el crecimiento económico de la región del Adriático y el Jónico;

52.

Pide a la Comisión que intensifique el intercambio de buenas prácticas, como la sostenibilidad de proyectos desarrollados por los grupos de acción costera;

53.

Observa que la macrorregión necesita de manera apremiante, como condición previa para su desarrollo social y económico, que mejoren las conexiones de transporte y energía entre los países participantes, así como entre ellos y sus demás vecinos, incluyendo el transporte marítimo, las conexiones intermodales con el interior y las redes de energía; subraya la falta de conexión entre las dos costas del Adriático y la brecha de infraestructuras de red que hay en la zona adriático-jónica;

54.

Pide que se incentive la realización de enlaces sostenibles de transporte que reduzcan la duración del viaje, los costes del transporte y de la logística y los costes externos; pide que se lleven a cabo grandes obras estratégicas para el intercambio mar-tierra a fin de crear oportunidades de transporte intermodal entre países, contribuir a la cohesión, mejorar la red global y reducir la congestión vial y, con ello, las emisiones de CO2; llama la atención sobre la necesidad de mejorar la dimensión marítima y portuaria del cabotaje, de las autopistas del mar y los cruceros entre las dos riberas del Adriático, tanto en las rutas norte-sur como en las rutas transversales este-oeste; señala la necesidad de una mayor coordinación para evitar la congestión del tráfico marítimo y mejorar su gestión y su control;

55.

Anima a utilizar el Reglamento relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones generadas por el transporte marítimo (Reglamento (UE) 2015/757 para innovar y establecer un transporte marítimo sostenible en la macrorregión, mediante el uso de motores y combustibles de propulsión marina alternativos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en el sector de los transportes;

56.

Subraya la importancia de conectar los puertos y las rutas del transporte marítimo con otras partes de Europa, así como la importancia de las interconexiones con los corredores de la RTE-T; pide a los países participantes que concentren sus esfuerzos en ejecutar proyectos que estén cubiertos por la actual red RTE-T y otras actuaciones para su ampliación propuesta a la Europa sudoriental y la costa adriática oriental, que permitan salvar la brecha de red que hay en la zona adriático-jónica; invita, por consiguiente, a los países interesados a que determinen proyectos de infraestructura prioritarios de valor añadido regional y europeo, y sugiere que se preste atención, entre otros, a los siguientes aspectos:

57.

Pide que se optimice la capacidad de las redes infraestructurales existentes, con particular referencia a los actuales enlaces de la macrorregión por carretera y ferrocarril, incluidos los enlaces de último kilómetro; destaca la necesidad de finalizar lo antes posible la autopista entre el Adriático y el Jónico, que impulsará el desarrollo económico y social de la macrorregión; recuerda la importancia de los nuevos corredores que abarcan autopistas, vías férreas y otras infraestructuras a ambos lados de la zona adriático-jónica; señala la necesidad de una mayor coordinación para evitar la congestión del tráfico marítimo y mejorar su gestión y su control;

58.

Pide que se cree una infraestructura ferroviaria de alta velocidad que una la macrorregión y la dote de mejores conexiones con la UE y como parte de esta; destaca la importancia de mejorar la conectividad ferroviaria de la región del Adriático y del Jónico, así como entre las costas del Tirreno y adriático-jónica;

59.

Pide a los países participantes que mejoren sus infraestructuras de transporte marítimo, ferroviario y aéreo, que desarrollen autopistas del mar en la macrorregión, combinando medios de transporte intermodales, especialmente para las conexiones con el interior, y que mejoren la logística del transporte, utilizando del mejor modo posible las tecnologías más avanzadas y garantizando siempre un alto nivel de seguridad y sostenibilidad medioambiental; pide, asimismo, a los países participantes que valoren las posibilidades de mejorar la conectividad mediante instrumentos electrónicos de movilidad que puedan facilitar la provisión de un servicio de billetería electrónica internacional;

60.

Subraya la falta de conexión efectiva con las islas; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, a fin de aumentar la calidad de vida, frenar la despoblación y permitir la explotación de las oportunidades socioeconómicas en estas zonas, faciliten mejores conexiones investigando nuevas posibilidades coordinadas y de valor añadido, haciendo el mejor uso posible de los ejes de transporte de pasajeros y mercancías y contando con la participación de las partes interesadas, tanto públicas como privadas; pone de manifiesto la necesidad de potenciar los enlaces internos de las islas y las infraestructuras de transporte para una movilidad interior sostenible; destaca también la necesidad de garantizar una atención sanitaria y programas educativos adecuados para las poblaciones insulares durante todo el año;

61.

Pide la ejecución de grandes proyectos para desarrollar nexos intermodales en las islas, y en particular pide un fuerte apoyo a la potenciación de aeropuertos importantes estratégicamente, en términos de infraestructura y de nuevas rutas a otras zonas de la macrorregión;

62.

Insta a los países participantes a que prosigan sus esfuerzos para diversificar las fuentes de suministro energético, un proceso que no solo aumentará la seguridad energética de la macrorregión, sino que también incrementará la competencia y combatirá la pobreza energética, lo que reportará pingües beneficios para el desarrollo económico y social de la región; hace hincapié en la necesidad de realizar evaluaciones exhaustivas del impacto medioambiental de las actuaciones en el sector energético; subraya la importancia de planificar de manera conjunta las inversiones para desarrollar terminales de gas natural licuado (GNL) y las redes de gaseoductos que se necesitan en la macrorregión, contribuyendo así a reforzar la independencia y la seguridad energéticas; alienta, además, la adopción de medidas tendentes a aumentar la eficiencia energética y en el uso de los recursos, a fin de favorecer asimismo la competitividad;

63.

Alienta la creación de infraestructuras energéticas que permitan reducir la huella de carbono, aumentar la eficiencia energética y garantizar la seguridad energética tanto en la macrorregión como en otras zonas; destaca, asimismo, la importancia que reviste perfeccionar y promover el concepto de ciudades inteligentes a fin de proporcionar valor añadido a las infraestructuras energéticas generales de las que actualmente dispone la macrorregión;

64.

Reconoce el elevado potencial, actualmente infrautilizado, de las fuentes de energía renovables en la macrorregión; pide que se exploten las fuentes de energía renovable disponibles, como la energía solar, eólica, mareomotriz (siempre que sea técnicamente viable) y undimotriz, dentro de la combinación de producción de energía; hace hincapié en la sostenibilidad y la competitividad de las centrales hidroeléctricas proyectadas en todos los países participantes; pide a los países participantes que contribuyan al establecimiento de un mercado del gas y la electricidad que funcione adecuadamente y esté interconectado en la macrorregión, y que garantice un acceso en pie de igualdad a energía barata y asequible; destaca la importancia de que se potencien las interconexiones de energía transfronterizas apoyando la inversión en el sector de la energía, como un requisito fundamental para la integración en la red energética de la UE, así como la eliminación de barreras a la inversión transfronteriza en el sector de la energía;

65.

Respalda la planificación e inversión conjuntas en materia de infraestructura energética tanto para la producción como para el transporte de gas y electricidad en la macrorregión, de conformidad con la red RTE-T, mediante la ejecución de los proyectos concretos mencionados en la lista de Proyectos de interés de la Comunidad de la Energía;

66.

Expresa su preocupación por el impulso renovado dado a la prospección y explotación de petróleo y gas en el mar y en tierra firme, lo que puede exponer a la macrorregión al riesgo de catástrofes con consecuencias muy graves para el medio ambiente, la economía (incluido el sector de la pesca) y la salud pública; hace hincapié en que cada una de estas actividades debe ser conforme con las normas y directrices en materia de clima y energías renovables de la UE; insiste en que el Adriático es un mar cerrado, poco profundo, inadecuado para eliminar sustancias contaminantes y caracterizado en ambas orillas por una floreciente economía turística, y en que el crecimiento de la macrorregión debe depender en primer lugar del turismo y de actividades económicas relacionadas con las características específicas de su medio ambiente y sus ecosistemas; subraya la necesidad de aplicar de forma coherente la legislación de la UE y los convenios internacionales en materia de sostenibilidad medioambiental y de seguridad de las actividades marítimas; pide la plena aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE) y la Directiva sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro (2013/30/UE);

67.

Pide la definición de normas europeas comunes de seguridad de los transportes en la macrorregión adriático-jónica;

68.

Destaca la necesidad de promover los servicios aéreos transfronterizos mediante la ejecución de proyectos concebidos para establecer y aumentar los enlaces seguros en el interior de la macrorregión;

69.

Recuerda la riqueza de los ecosistemas marinos, costeros y terrestres de los países participantes; señala que el mar Adriático acoge a casi la mitad (49 %) de la totalidad de especies marinas mediterráneas conocidas y es la subregión más atípica del Mediterráneo por su escasa profundidad, la debilidad de sus corrientes y la gran influencia de los ríos; pide que se realicen esfuerzos conjuntos para adoptar todas las medidas posibles, como el uso de combustibles limpios para el transporte marítimo y la logística, a fin de preservar la biodiversidad del medio marino y los hábitats terrestres transnacionales, así como para prevenir y reducir la contaminación del mar y otras amenazas a la biodiversidad costera y marina; destaca la importancia que reviste la protección de especies marinas y terrestres en peligro, como la foca monje, la salamandra cavernícola, el lince o el buitre leonado, entre otras, y pide a los países participantes que apliquen medidas adecuadas para cumplir este objetivo;

70.

Pide que los países participantes intercambien buenas prácticas en materia de gestión del patrimonio natural y cultural, como los espacios Natura 2000 y las zonas reconocidas por la Unesco, al objeto de crear atracciones turísticas sostenibles;

71.

Insta a todos los países participantes a que unan fuerzas para ejecutar la ordenación del espacio marítimo, de conformidad con la Directiva 2014/89/UE por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, y la gestión integrada de las costas, implicando a distintas partes interesadas (autoridades nacionales, regionales y locales, la población local, la comunidad científica, ONG, etc.); considera que la gobernanza conjunta adecuada del espacio marítimo ofrece un importante marco para el uso transparente y sostenible de los recursos marítimos y marinos;

72.

Destaca la importancia de proteger y preservar los ríos y lagos de la cuenca adriático-jónica;

73.

Apunta la necesidad de abordar de forma responsable la contaminación histórica y transfronteriza, y de limpiar los lugares afectados por la contaminación industrial del suelo, el agua y el aire, así como, cuando proceda, por la contaminación resultante de los conflictos militares; apoya todas las medidas activas destinadas a reducir la contaminación del mar por armas químicas y convencionales; respalda la reducción de la basura marina, con el objetivo final de eliminarla, de conformidad con la Directiva marco sobre la estrategia marina, en especial por lo que respecta a la contaminación por residuos en las islas del Adriático;

74.

Manifiesta su preocupación por los daños causados por los residuos plásticos en el mar; pide a la Comisión que apoye las iniciativas para recoger y reciclar esos residuos; destaca la importancia de incorporar a los pescadores a este proceso;

75.

Pide a los países que elaboren y apliquen planes globales para la reutilización de zonas industriales y militares en desuso; hace hincapié en que dichas zonas no solo suponen una amenaza para el medioambiente, sino que también ofrecen un potencial económico importante que se está desaprovechando;

76.

Pide que se fomente la reubicación de la industria de los centros urbanos y áreas costeras para lograr una mejor calidad de vida;

77.

Insiste en que se utilicen todos los instrumentos existentes para aplicar las mejores soluciones de gestión de los residuos y de tratamiento de aguas residuales en la región, de conformidad con la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas en los Estados miembros de la UE;

78.

Atrae la atención sobre las distintas catástrofes naturales o provocadas por el hombre que se han producido estos últimos años en la región; llama igualmente la atención sobre el problema que suponen la deforestación y sobre otros riesgos relacionados con el cambio climático; destaca la necesidad de aplicar plenamente los principios horizontales para la gestión del riesgo de catástrofes naturales y la adaptación al cambio climático con vistas a la ejecución del plan de acción y de las prioridades de cada pilar; alienta la cooperación entre los institutos hidrometeorológicos de los países a la hora de hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos, las consecuencias del cambio climático y la gestión del riesgo de catástrofe; reconoce que el agua, la agricultura y el turismo son los sectores más vulnerables ante el cambio climático, por lo que anima a las autoridades nacionales a cooperar entre ellas con el fin de establecer un marco y unos mecanismos de apoyo para la aplicación de medidas de adaptación y mitigación;

79.

Subraya la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular en el sector del transporte marítimo;

80.

Subraya que existe un problema de disparidad geográfica y temporal en el acceso a las reservas de agua, con una notable escasez de agua en las islas y la zona costera en el periodo estival al multiplicarse la demanda hídrica por la llegada de un elevado número de turistas;

81.

Insta a que se establezca un centro regional de preparación en caso de catástrofe, junto con un plan común de emergencia para vertidos de petróleo y otros casos de contaminación a gran escala a fin de crear un sistema de alerta temprana para prevenir catástrofes naturales y las producidos por actividades industriales y del transporte, entre otras, como inundaciones, incendios y actividades de explotación en el Adriático; hace hincapié en que este centro debe estar directamente vinculado al Mecanismo de Protección Civil de la UE; destaca la importancia de proteger el ecosistema y la biodiversidad de la región mediante una mejor comprensión y el intercambio de las mejores prácticas;

82.

Pide a los países no pertenecientes a la UE que aceleren la aplicación del acervo sectorial (como la Directiva marco sobre el agua) con vistas a su futura adhesión a la UE;

83.

Insta a los Estados miembros a que consulten a las autoridades competentes de los países vecinos y las comunidades locales de la macrorregión, en particular en lo relativo a las actividades económicas objeto de una evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente;

84.

Subraya la importancia crucial del turismo para la economía europea y para el desarrollo de la cohesión social dentro de la UE, especialmente para los países mediterráneos y para la región en su conjunto; destaca la necesidad de desarrollar nuevos enfoques que ayuden a compensar la estacionalidad, que sean coherentes con la sostenibilidad del turismo y su impacto en el medio ambiente; pide un mayor apoyo para la financiación de proyectos de turismo a partir de los Fondos EIE y de otras fuentes;

85.

Insta a mejorar con carácter urgente las conexiones transfronterizas por carretera para hacer más competitivo el turismo, puesto que una mala conexión provoca tapones y grandes retrasos; subraya la necesidad de mejorar, para las actividades turísticas, las infraestructuras aéreas y la conexión marítima que unen ambas orillas del Adriático;

86.

Destaca la necesidad de incentivar el uso de los aeropuertos existentes en la macrorregión a fin de evitar una concentración excesiva de pasajeros en unos pocos aeropuertos de enlace, y de promover unos flujos turísticos sostenibles y más equilibrados en los diversos territorios;

87.

Reconoce el rico patrimonio cultural y natural (que también incluye las actividades culturales como el cine, el teatro o la música) de la región como un activo importante en el que se basa el sector del turismo; señala el gran número de sitios protegidos de la Unesco y espacios Natura 2000 ubicados en todos los países participantes; considera que, pese a la significativa contribución de este sector a la economía, no se está aprovechando plenamente el potencial turístico, en especial debido a la alta estacionalidad y las carencias en materia de innovación, sostenibilidad, infraestructura de transporte, la calidad de la oferta turística, las competencias de las partes interesadas participantes y una gestión turística responsable; pide a los países participantes que adopten políticas idóneas para garantizar una oferta adecuada de enlaces y servicios de recepción de turistas también fuera de la temporada de verano, a fin de diversificar los flujos turísticos y de garantizar una presencia de turistas constante en las diferentes estaciones del año; destaca la importancia de combinar el turismo y con el patrimonio natural, cultural y artístico;

88.

Anima a los Estados miembros a que fomenten los sistemas de movilidad sostenible en el sector turístico, mejorando así la calidad y la diversidad de los servicios turísticos;

89.

Reconoce la importancia de los parques naturales y nacionales y de las zonas protegidas en cuanto fundamento para la futura educación de la ciudadanía en cuestiones relativas a la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático;

90.

Destaca que la cooperación entre países resulta esencial para un mayor desarrollo del turismo en la región; insta a que se elaboren estrategias de turismo para el mar Adriático y el Jónico, que estén basadas en la sostenibilidad y que permitan a los países beneficiarse de las sinergias y abordar desafíos comunes a escala macrorregional; considera necesario cooperar para aumentar la visibilidad de los destinos de la región del Adriático y del Jónico;

91.

Insta a la Comisión Europea, a los países participantes y a las autoridades regionales y locales a que adopten medidas que incentiven a las partes interesadas a mejorar las infraestructuras turísticas;

92.

Destaca la importancia de apoyar actividades culturales y creativas, en particular el apoyo al desarrollo empresarial del sector, a los procesos de agregación empresarial y a los sectores de música, teatro, danza y cine; pide la organización de festivales, congresos y actos culturales que promuevan la integración;

93.

Llama la atención sobre la necesidad de facilitar a las pymes el acceso a la ayuda y la financiación, ya que constituyen un elemento esencial del sector turístico; anima a las partes interesadas de la región a que participen en la Red Europea para las Empresas al objeto de compartir experiencias, hacer contactos y buscar socios transfronterizos;

94.

Destaca la importancia de los proyectos de especialización inteligente y comunidades inteligentes mediante el aprovechamiento de plataformas de innovación existentes, como la creación de un espacio adriático-jónico de creatividad;

95.

Respalda el desarrollo de una oferta turística diversificada que incluya rutas y parques turísticos temáticos, así como un turismo cultural, rural, sanitario, médico, náutico, enogastronómico, de congresos y deportivo, incluidas actividades como el ciclismo, el golf, el submarinismo, el senderismo, el esquí, el alpinismo y otros deportes exteriores, a fin de promover el turismo durante todo el año y aumentar la competitividad de los destinos turísticos, sobre la base de la sostenibilidad; apoya el desarrollo del turismo rural, a fin de reducir la presión sobre los principales centros turísticos y las estrechas franjas costeras, contribuyendo así a superar el problema de la estacionalidad; apoya la expansión de las actividades turísticas hacia el interior mediante la creación de productos turísticos integrados que incluyan las principales atracciones de la macrorregión y de sus capitales;

96.

Destaca la importancia de la coherencia entre la gestión y la infraestructura del turismo y la necesidad de mejorar la calidad y la diversidad de servicios y ofertas, teniendo en cuenta las características específicas de la región; destaca asimismo la importancia de promover y preservar las tradiciones locales y regionales;

97.

Destaca la importancia de explorar rutas y modelos empresariales alternativos, así como de mejorar el vínculo entre la oferta de cruceros, por una parte, y las personas y los productos de la zona, por otra, permitiendo así abordar más eficazmente la masificación insostenible y aprovechar más plenamente las posibilidades existentes para un beneficio más duradero de las economías locales; reconoce la importancia de promover los circuitos turísticos macrorregionales y dotarlos de una imagen de marca mediante la elaboración de planos y una mayor promoción de los circuitos ya existentes;

98.

Defiende el aprovechamiento para fines turísticos de los productos más representativos de la zona y la definición de programas de promoción y comercialización;

99.

Destaca la necesidad de una intermodalidad de transportes genuina, caracterizada por una red articulada con servicios y áreas de intercambio, con el fin de desarrollar un turismo ecocompatible y de calidad;

100.

Pide que se elabore una carta adriático-jónica para promover el turismo sostenible mediante la definición de criterios, principios y directrices aplicando el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos por Destinos Sostenibles (ETIS) para la evaluación de los destinos turísticos con miras a mejorar su desarrollo sostenible;

101.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los países participantes en la EUSAIR (Croacia. Grecia, Italia, Eslovenia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia).

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/37

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus artículos 4, 162 y 174 a 178,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes») (1),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 (3),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (4),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones (5),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1084/2006 (6),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (7),

—

Visto el sexto informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial, titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento: promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE», de 23 de julio de 2014 (en lo sucesivo «el sexto informe de cohesión»),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (8),

—

Visto el octavo informe de situación de la Comisión sobre la cohesión económica, social y territorial, titulado «La dimensión urbana y regional de la crisis», de 26 de junio de 2013,

—

Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre la especialización inteligente: interconexión de centros de excelencia para una política de cohesión eficiente (9),

—

Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre el grado de preparación de los Estados miembros de la UE para un comienzo efectivo y oportuno del nuevo período de programación de la política de cohesión (10),

—

Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre el séptimo y octavo informes de situación de la Comisión Europea sobre la política de cohesión y el Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el periodo 2007-2013 (11),

—

Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre las demoras en el arranque de la política de cohesión para el período 2014-2020 (12),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2011, titulada «Un marco para la próxima generación de instrumentos financieros innovadores — Plataformas de instrumentos de capital y de deuda de la UE» (COM(2011)0662),

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (13),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre una mejor utilización de la flexibilidad que ofrecen las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2015)0012),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Sexto informe sobre la cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento, adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales (cohesión) el 19 de noviembre de 2014,

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 3 de diciembre de 2014, relativo al sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial (14),

—

Visto el documento de trabajo titulado «Blueprint for a revised Europe 2020 strategy: Contribution of the Steering Committee of the Committee of the Regions’ Europe 2020 Monitoring Platform» (Plan director para una Estrategia Europa 2020 revisada: contribución del Comité Director de la plataforma de seguimiento de la Estrategia Europa 2020 del Comité de las Regiones) (15),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de enero de 2015, sobre el sexto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial (16),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, titulada «Resultados de la consulta pública sobre la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2015)0100),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, titulada «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (COM(2015)0012),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0277/2015),

A.

Considerando que la política de cohesión es la principal política de inversión en crecimiento y desarrollo de la UE acorde con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y orientada a la reducción de las disparidades entre las regiones y a la promoción de la convergencia, con un presupuesto de 351 800 millones de euros hasta finales de 2020; que la UE sigue afrontando los efectos de la crisis económica y financiera, a saber, un elevado nivel de desempleo y una recuperación económica desigual y lenta; y que la política de cohesión busca garantizar que todas las energías y capacidades se movilizan y se centran en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de crecimiento sostenible y empleo;

B.

Considerando que es fundamental que las distintas iniciativas de la UE para el crecimiento, el empleo, el medio ambiente y la protección del clima mantengan un enfoque coherente; que las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 desempeñan un papel clave en el refuerzo de la coordinación a los niveles local y regional en lo que se refiere a la ejecución de la política de cohesión; que no se ha incorporado ningún mecanismo explícito en la programación ni en las disposiciones sobre presentación de informes con referencia explícita a las iniciativas emblemáticas en cuanto a la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a sus resultados; que en la revisión de la Estrategia Europa 2020 hay que abordar la ejecución de las iniciativas emblemáticas y buscar el equilibrio entre, por una parte, las medidas financieras, fiscales y económicas y, por otra, los aspectos sociales, educativos, ambientales y de igualdad (especialmente la igualdad de género);

C.

Considerando la creciente necesidad de apropiación conjunta de la estrategia por los diferentes niveles de gobernanza y por los distintos actores implicados, así como de responsabilidad compartida con los correspondientes derechos y obligaciones a todos los niveles de la ejecución; que se ha de reforzar la asociación y la gobernanza multinivel dado que dichos principios aportan el potencial necesario para abordar la falta de capacidad administrativa;

D.

Considerando que los objetivos de la política de cohesión han evolucionado incuestionablemente a lo largo del tiempo para dar respaldo a inversiones en las principales prioridades de la UE, demostrando su adaptabilidad y eficacia, al tiempo que se mantenía la reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones como objetivo central, se reforzaba el potencial de las regiones y se promovía el desarrollo sostenible; que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas aporta nuevos elementos a la estrategia general de la UE para generar un crecimiento innovador, sostenible e integrador y empleo cualificado;

E.

Considerando que la revisión de la Estrategia Europa 2020 debe tener en cuenta los graves y desiguales efectos que la crisis económica y financiera ha tenido en los diferentes Estados miembros y regiones, y debe ser inteligente y equilibrada en aras de la coherencia y la eficacia; que podría, no obstante, abordar otras medidas, como las relativas a las infraestructuras, el mercado interior y la capacidad administrativa; que deben tenerse en cuenta las diferentes características territoriales, prestándose especial atención a las regiones de la UE mencionadas en los artículos 174 y 349 del TFUE;

F.

Considerando que la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020, pese a retrasarse en 2015, ofrece sobre todo una oportunidad para evaluar (y reconocer) la contribución de la política de cohesión a la realización de los objetivos de la estrategia, así como para mejorar las interacciones y los vínculos existentes entre las diferentes políticas de la UE y con el presupuesto de la UE, a fin de que se conviertan en una fuerza motriz efectiva de cara a la ejecución de la estrategia; y que esta fase es esencial para configurar la futura política de cohesión a modo de política de inversión a escala de la UE, a la vez que se prioriza la reducción de las disparidades en materia de desarrollo y se vuelve a acelerar el proceso de convergencia;

1.

Recuerda que la Estrategia Europa 2020 es una estrategia general y a largo plazo de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo, establecida en torno a cinco ambiciosos objetivos: empleo, innovación, cambio climático y sostenibilidad energética, educación y lucha contra la pobreza y la exclusión social; señala que los objetivos van acompañados por siete iniciativas emblemáticas, y que los retos definidos en 2010 se han tratado de manera desigual y los progresos realizados a escala de la UE para afrontar algunos de ellos, como, por ejemplo, la lucha contra el desempleo, siguen siendo moderados; subraya que la UE debe concentrarse en el crecimiento y el desarrollo sostenibles y también en el empleo digno, a fin de obtener beneficios a largo plazo de sus inversiones;

2.

Destaca que avanzar en la igualdad de género podría contribuir también al crecimiento económico, al desarrollo sostenible y a la cohesión social;

3.

Observa que en 2010 se creó un marco de gobernanza económica de la UE y su mecanismo de ejecución, el Semestre Europeo, para garantizar la coordinación de las políticas fiscales de los Estados miembros, las reformas estructurales y un mejor alineamiento de las políticas presupuestarias nacionales con el crecimiento y el empleo a escala nacional y de la UE, a fin de apoyar la aplicación de la estrategia; señala a la atención que todavía están por tratar los nuevos retos en materia de coordinación y sincronización;

4.

Destaca que la política de cohesión para 2007-2013, acorde con su predecesora la Estrategia de Lisboa y cuyos objetivos principales son similares, ya se encontraba en fase de aplicación cuando se puso en marcha la Estrategia Europa 2020, y que, por lo tanto, proceder a una nueva programación con arreglo a los objetivos de la nueva estrategia hubiera sido difícil y contraproducente; subraya, no obstante, que, en un momento de crisis económica mundial, la política de cohesión no solo ha sido para muchos Estados miembros la única fuente de inversión, sino que, mediante la «asignación de fondos en el marco de Lisboa», también ha apoyado y contribuido considerablemente a las políticas de los países para la ejecución de la estrategia, como muestran el sexto informe sobre cohesión y diversos estudios y comunicaciones de la Comisión; recuerda que la Estrategia de Lisboa perdió el compromiso de los Estados miembros, las regiones y las ciudades con el paso del tiempo, y que la gobernanza de la Estrategia Europa 2020 está muy en consonancia con los principios e instrumentos de la política de cohesión, que pueden garantizar un compromiso de apropiación conjunta en la ejecución de la estrategia;

5.

Pide a la Comisión que, en el contexto de las evaluaciones ex post para el periodo de programación 2007-2013, facilite información tanto sobre la orientación de la aportación y los resultados, como sobre la contribución concreta de la política de cohesión a los objetivos de Europa 2020; subraya la importancia que reviste entender las realidades y las limitaciones de las pruebas disponibles sobre la contribución de la política de cohesión a los objetivos generales de la estrategia, y tomar en consideración las turbulencias padecidas por las economías europeas, especialmente en el caso de los países que han sido duramente golpeados por la crisis; celebra que esas conclusiones puedan ser útiles para la aplicación en curso de la estrategia;

6.

Hace hincapié en que, de cara a la inversión en la economía real, la política de cohesión es el principal instrumento de la UE que cubre todas las regiones y es una expresión de la solidaridad europea al extender el crecimiento y la prosperidad y reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales; hace hincapié en que la política de cohesión es plenamente conforme con los objetivos de Europa 2020 y facilita el marco de inversión necesario, sin ser un mero instrumento para su ejecución; destaca en este contexto que, al concentrar los temas, los Fondos EIE dentro de la nueva arquitectura se orientan a once objetivos temáticos derivados directamente de los objetivos de Europa 2020, y que, a fin de asegurar que las inversiones se realizan de modo que se maximice su efectividad, se han establecido condiciones previas vinculadas directamente con esos objetivos temáticos; destaca su pleno apoyo a este nuevo enfoque que contribuirá a aumentar la eficacia del gasto;

7.

Subraya que la política de cohesión está desarrollando sinergias con otras políticas de la UE, como las relativas al mercado único digital, la unión de la energía, el mercado único de capitales y la política social, y que, a través de todos sus instrumentos y objetivos, incluidas las estrategias macrorregionales, la agenda urbana, la agenda territorial, la inversión en pymes, el crecimiento inteligente y las estrategias de especialización inteligente, está contribuyendo sustancialmente al fortalecimiento del mercado único y a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; pide, en este contexto, a las autoridades nacionales y regionales europeas que diseñen estrategias de especialización inteligente y aprovechen las sinergias entre los diferentes instrumentos de la UE, nacionales y regionales, tanto públicos como privados;

8.

Señala asimismo la relación con el proceso más general de la gobernanza económica por medio de medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica; pide a los Estados miembros que actúen de una manera plenamente responsable para evitar su aplicación en el mayor grado posible y prevenir los efectos negativos en la aplicación de los Fondos EIE y la consecución de los objetivos de la política de cohesión; subraya además que debería prestarse apoyo a los Estados miembros que sufren temporalmente dificultades presupuestarias; acoge positivamente los mecanismos de flexibilidad que prevén las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2015)0012), con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la inversión, las reformas estructurales y la utilización de los recursos, a fin de promover el crecimiento sostenible a largo plazo y facilitar los progresos en la consecución de los objetivos de Europa 2020;

9.

Destaca con preocupación los retrasos en la ejecución de la política de cohesión durante el actual periodo de programación; señala que, aunque se ha acordado la gran mayoría de los programas operativos, la ejecución propiamente dicha todavía se encuentra en una fase muy temprana; subraya, no obstante, que se pueden realizar evaluaciones por lo que respecta a la orientación de los recursos de la política hacia prioridades que contribuyan al crecimiento sostenible y al empleo; observa, en este contexto, que, según la primera evaluación que ha hecho pública la Comisión, los importes asignados a I&D, apoyo a las pymes, TIC, economía hipocarbónica, empleo, inclusión social, educación y creación de capacidades han aumentado sustancialmente en comparación con los periodos de programación precedentes, mientras que el nivel de apoyo a las infraestructuras medioambientales y de transporte ha disminuido; pone de relieve que es posible que, en el momento de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020, falten todavía datos sobre la aplicación de los Fondos EIE 2014-2020, y que, por consiguiente, podría no ser posible proceder en esa fase a una evaluación concreta de la contribución de dichos fondos a la realización de los objetivos de la estrategia; celebra que los Estados miembros hayan adoptado medidas para, por ejemplo, garantizar que el 20 % de sus recursos se dedica a la acción por el clima;

10.

Reconoce que establecer un marco de rendimiento e introducir condiciones y vínculos ex ante con las recomendaciones específicas por país en la programación de la política de cohesión para 2014-2020, podría crear un mejor entorno para la inversión con miras a maximizar la contribución de la política de cohesión a la realización de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020;

11.

Recuerda que la Comisión inició el proceso de revisión de la estrategia en 2014 mediante la publicación de su comunicación titulada «Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», y considera lamentable que en dicho documento se hiciera una referencia insuficiente a la política de cohesión y los instrumentos asociados; valora positivamente el hecho de que el proceso continuó con la consulta pública realizada entre mayo y octubre de 2014 con vistas a recabar pruebas para el proceso de revisión, y acoge con satisfacción el hecho de que se confirmaran la importancia y el valor de sus objetivos y prioridades;

12.

Observa que se considera que las iniciativas emblemáticas están cumpliendo su propósito, pero destaca también el hecho de que se considera que su visibilidad es más bien escasa; lamenta que la crisis económica y financiera haya agravado las disparidades dentro de la Unión Europea, y que se haya avanzado insuficientemente en los objetivos principales de la estrategia, especialmente en materia de empleo, investigación y desarrollo, y pobreza y exclusión social; acoge con satisfacción la conclusión extraída sobre la necesidad de potenciar la apropiación y la participación sobre el terreno mediante la consolidación de las asociaciones verticales y horizontales, con vistas a mejorar la ejecución de la estrategia; señala que la estrategia debe fomentar el paso de una orientación centrada en el proceso y la producción a una basada en resultados efectivos, con el fin de garantizar el máximo grado posible de eficiencia y eficacia de las políticas de la UE conexas;

13.

Acoge con satisfacción la publicación regular por parte de Eurostat de indicadores de progreso en relación con la ejecución de la Estrategia Europa 2020; pide, no obstante, más detalles con mayor precisión en el plano regional por lo que respecta a los datos facilitados a escala de las regiones NUTS II y NUTS III, lo que adquirirá una importancia creciente debido a los problemas económicos y sociales imprevistos registrados en varias regiones de la UE independientemente de su nivel de desarrollo; destaca, además, las tres dimensiones de la política de cohesión —económica, social y territorial—, y considera, a la luz de lo anterior, que debe medirse únicamente sobre la base de los indicadores económicos; pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan el debate y se comprometan a colaborar más eficazmente por lo que respecta al desarrollo de indicadores más integradores para complementar el PIB, a fin de que sean más relevantes de cara a la evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020;

14.

Observa que está previsto que la Comisión publique su propuesta sobre la revisión de la Estrategia Europa 2020 antes de finales de 2015, y lamenta este retraso habida cuenta de que inicialmente la publicación estaba prevista para comienzos de 2015; subraya que, una vez más, la publicación tendrá lugar en un «momento» bastante «inoportuno» del ciclo de la política de cohesión, cuando se estará desarrollando el proceso de ejecución efectiva; destaca, además, que una reprogramación precoz sería absolutamente contraproducente para la planificación estratégica a largo plazo de la política de cohesión;

15.

Acoge con satisfacción la creación de un grupo de trabajo para una mejor ejecución de los fondos de la UE; celebra asimismo el establecimiento del Servicio de Apoyo a la Reforma Estructural, que empezó a funcionar oficialmente el 1 de julio de 2015 y ofrecerá asistencia técnica a los Estados miembros para que apliquen con mayor eficacia las reformas estructurales y las REP;

16.

Reconoce al mismo tiempo la necesidad de considerar la evolución de las perspectivas económicas, el uso de nuevos instrumentos, los progresos realizados en la consecución de los objetivos estratégicos y la consiguiente necesidad de efectuar ajustes operativos;

17.

Pide, por lo tanto, que el ámbito de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020 sea inteligente y equilibrado y se centre en una mejor interconexión de los cinco objetivos de la estrategia con sus iniciativas emblemáticas, así como en la determinación de métodos para hacerlos progresar y evaluarlos más adecuadamente, sin generar una mayor complejidad ni una carga administrativa excesiva; subraya que tiene que tener en cuenta los puntos fuertes y los puntos débiles de la economía de la UE, las desigualdades crecientes (como en lo que respecta a la riqueza), el alto nivel de desempleo y las cuantiosas deudas públicas; destaca que, a la vez que se centra la atención en los criterios macroeconómicos de la gobernanza presupuestaria y económica, debe avanzarse en la consecución de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020; considera que también ha de prestarse atención a unos niveles más elevados de sostenibilidad medioambiental y para la sociedad, a una mayor integración social y a la igualdad de género; destaca la importancia de que las autoridades de los Estados miembros reciban el apoyo continuo de los servicios de la Comisión para mejorar su capacidad administrativa;

18.

Reitera sus llamamientos en favor del refuerzo de las dimensiones de responsabilidad, apropiación, transparencia y participación de la estrategia, asociando a tal fin a las autoridades locales y regionales y a todos los interlocutores y partes interesadas de la sociedad civil que corresponda, desde las fases de fijación y desarrollo de los objetivos hasta las de ejecución, seguimiento y evaluación de la estrategia; insiste en la crucial importancia de una estructura de gobernanza reforzada y basada en una gobernanza a múltiples niveles, estructuras de incentivos, un planeamiento efectivo mixto ascendente/descendente, el modelo de asociación de la política de cohesión y las asociaciones público-privadas en general, a fin de asegurar la capacidad efectiva de cumplir los objetivos a largo plazo; recuerda que, de conformidad con los marcos institucionales y jurídicos de los Estados miembros, las autoridades regionales y locales también son responsables de la inversión pública y, por tanto, deben ser consideradas como actores clave en la ejecución de la estrategia;

19.

Propone además que se renueve el compromiso de las autoridades locales y regionales y las partes interesadas con el proyecto de la Estrategia Europa 2020 adoptando la forma de un pacto entre dichos socios, los Estados miembros y la Comisión, para garantizar la apropiación y participación, y que se adopte un código de conducta similar al establecido en materia de asociación, introducido por la política de cohesión para el periodo 2014-2020;

20.

Hace hincapié en la necesidad de adoptar un planteamiento realmente territorial respecto de la Estrategia Europa 2020 con objeto de adaptar las intervenciones e inversiones públicas a diferentes características territoriales y necesidades específicas; considera de suma importancia conectar el enfoque global de la Estrategia Europa 2020 y el enfoque territorial de la Agenda Territorial 2020; opina además que los objetivos regionales voluntarios y diseñados a medida de la Estrategia Europa 2020 deben ser objeto de debate a escala regional, sin incrementarse la carga burocrática sobre el terreno; destaca que dichos objetivos regionales voluntarios y a medida deben ajustarse a la arquitectura global de la estrategia y estar incluidos entre los objetivos predefinidos; recuerda además, a este respecto, la importancia de las estrategias de desarrollo local participativo;

21.

Reconoce el importante papel de las ciudades y las zonas urbanas como impulsoras del crecimiento y el empleo, y pide que la revisión de la Estrategia Europa 2020 tenga en cuenta también un enfoque integral más amplio respecto del desarrollo futuro de las ciudades como entidades que desempeñan un papel activo en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; pide, por tanto, a la Comisión que tenga debidamente en cuenta la Declaración de Riga sobre la agenda urbana, a la vista del papel fundamental que desempeñan las zonas urbanas, tanto las de gran tamaño como las de tamaño pequeño y mediano; destaca, en particular, la necesidad de concebir una estrategia que tenga en cuenta las necesidades específicas de las zonas urbanas medianas y pequeñas, sobre la base de un enfoque que establezca sinergias con la Agenda Digital y el Mecanismo «Conectar Europa»;

22.

Pide a la Comisión a que facilite información sobre la función de los aspectos territoriales como factores de crecimiento económico, creación de empleo de calidad y desarrollo sostenible, y solicita que la revisión de la Estrategia Europa 2020 aborde las consecuencias territoriales y ofrezca asesoramiento sobre el modo de afrontarlas; reitera, a este respecto, la importancia de que se consulte a las autoridades locales y regionales, habida cuenta de que desempeñan un papel determinante en la ejecución de las estrategias de desarrollo territorial; destaca también el papel que las estrategias macrorregionales y la cooperación territorial europea en general podrían desempeñar en la realización satisfactoria de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, dado que numerosos proyectos de desarrollo abarcan zonas transfronterizas, incluyendo varias regiones y países, y permiten desarrollar respuestas de índole local a los desafíos a largo plazo;

23.

Toma nota de la importancia del nuevo instrumento de inversión de la UE, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que respaldará la movilización de hasta 315 000 millones de euros para inversiones, con el objetivo de eliminar la brecha existente en materia de inversión en la UE y maximizar el efecto del gasto público; subraya que el FEIE debería complementar y añadirse a los Fondos EIE; lamenta que no esté claramente vinculado a la Estrategia Europa 2020, pero estima que, a través de sus objetivos y de la selección de proyectos viables y sostenibles, debería contribuir a la ejecución de la estrategia en áreas específicas;

24.

Subraya, además, que es imprescindible velar por la plena coherencia y sinergia entre todos los instrumentos de la UE, considerando las estrategias de especialización inteligente como uno de los instrumentos de inversión centrales, con objeto de evitar solapamientos o contradicciones entre ellos o entre los diferentes niveles de ejecución de las políticas; pide, en consecuencia, que la revisión de la Estrategia Europa 2020 vuelva a confirmarla como el marco estratégico a largo plazo de la UE para el crecimiento y el empleo, y aborde el desafío de coordinar los instrumentos políticos, incluido el FEIE, con vistas a utilizar eficazmente todos los recursos disponibles y lograr los resultados esperados por lo que respecta a los objetivos estratégicos generales;

25.

Pide a la Comisión que, con vistas a la promoción de un desarrollo global y armonioso de la UE y dado el papel clave de la política de cohesión para la consecución de los objetivos de Europa 2020, tome en consideración, al revisar los objetivos y propósitos de la estrategia, las características y limitaciones de territorios específicos, como las de las zonas rurales, las zonas afectadas por la transición industrial, las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, las regiones insulares, transfronterizas y montañosas, y las regiones ultraperiféricas de la UE, de acuerdo con los artículos 174 y 349 del TFUE; destaca, en este contexto, el potencial de estas últimas regiones en ámbitos como la biotecnología, las energías renovables y la biodiversidad;

26.

Destaca los mejores resultados generados por el incremento de la cantidad, la calidad y el impacto de las inversiones en I+D mediante el uso coordinado de los instrumentos de la política de cohesión y de Horizonte 2020, en el contexto de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020; pide, en este contexto, a la Comisión que refuerce todas las interacciones y sinergias posibles entre esos dos importantes marcos de políticas cuando revise los objetivos y propósitos de Europa 2020, y que establezca un sistema de seguimiento basado en internet para detectar los casos de combinación de la financiación de los Fondos EIE con Horizonte 2020, el FEIE y otros programas financiados por la Unión; acoge con satisfacción también el plan para introducir un «sello de excelencia» para las propuestas consideradas excelentes pero que no hayan podido obtener financiación de Horizonte 2020, a fin de ayudarlas a acceder a los Fondos EIE;

27.

Pide a la Comisión que establezca un proceso de evaluación continuo y coherente para evaluar con regularidad los avances en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y que proponga las medidas adecuadas para su consecución, así como recomendaciones para la política de cohesión después de 2020; hace hincapié en la función del Parlamento Europeo de supervisión de la ejecución de la Estrategia Europa 2020 y de la política de cohesión, de forma coordinada no solo dentro del Parlamento, sino también con todas las instituciones pertinentes; pide, a este respecto, la participación oportuna del Parlamento Europeo en todos los debates pertinentes para la elaboración de las políticas cubiertas por la estrategia, su ejecución y evaluación; destaca que, en estos intercambios de puntos de vista, también resulta importante contar con el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, los Parlamentos nacionales y regionales, las autoridades locales y regionales, y otros interlocutores y partes interesadas;

28.

Considera que la revisión de la Estrategia Europa 2020, que precederá al lanzamiento de la propuesta de revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) para 2014-2020, aportará la base para la futura arquitectura de la política de cohesión a partir de 2020 y también para otros instrumentos del MFP; destaca, en este contexto, la importancia de abordar efectivamente todas las preocupaciones planteadas más arriba, velando al mismo tiempo por la continuidad del enfoque estratégico; recuerda asimismo el valor añadido de una política de cohesión a escala de la UE, que debe seguir siendo uno de los principales instrumentos de inversión de la UE por lo que respecta al crecimiento, la creación de empleo y la protección del clima, al tiempo que se garantiza un desarrollo equilibrado y armonioso en toda la UE, a modo de catalizador del cambio e incentivo de prosperidad, también en las regiones menos desarrolladas; subraya, a este respecto, la necesidad de garantizar un nivel sostenible de financiación para los Fondos EIE después de 2020;

29.

Señala que tanto la futura política de cohesión como la futura estrategia a largo plazo de la UE deben elaborarse antes de que finalice el mandato en curso de la Comisión, teniendo presente que en 2019 se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo, y que ello impone unos condicionantes temporales específicos e importantes a los colegisladores por lo que respecta al calendario de las negociaciones, como también a la nueva Comisión y a los Estados miembros por lo que respecta a la preparación y adopción de los nuevos acuerdos de asociación y programas operativos antes del inicio del próximo MFP; observa, al mismo tiempo, que también se entablarán negociaciones sobre el futuro del MFP; pide, por lo tanto, a la Comisión que tome en consideración todas las limitaciones específicas generadas por las interconexiones y los requisitos de coordinación en cuanto a los plazos, y que elabore un planteamiento coherente con respecto a la futura estrategia a largo plazo de la UE para el crecimiento y el empleo sostenibles, el presupuesto de la UE, particularmente la política de cohesión, y otros instrumentos contemplados en el MFP;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros y sus regiones.

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/45

—

Vista la Comunicación de la Comisión «Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a una buena gobernanza económica con arreglo al artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013» (COM(2014)0494) (en lo sucesivo, «las directrices»),

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus artículos 4, 162, 174 a 178 y 349,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (1), (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes»),

—

Vista la declaración de la Comisión sobre el artículo 23, incluida en las Declaraciones relativas al Reglamento (UE) n.o 1303/2013 (2),

—

Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre los efectos de las restricciones presupuestarias para las entidades locales y regionales en relación con el gasto de los Fondos Estructurales de la UE en los Estados miembros (3),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020 (4),

—

Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre el séptimo y octavo informes de situación de la Comisión Europea sobre la política de cohesión y el Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el periodo 2007-2013 (5),

—

Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2014 (6),

—

Visto el sexto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial, titulado «Inversión para el empleo y el crecimiento: desarrollo y buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE», de 23 de julio de 2014,

—

Visto el informe de la Comisión «Política de cohesión: Informe estratégico de 2013 sobre la aplicación del programa en el periodo 2007-2013», de 18 de abril de 2013 (COM(2013)0210),

—

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de febrero de 2015, sobre las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a una buena gobernanza económica,

—

Visto el estudio del Parlamento de enero de 2014 titulado «Gobernanza económica y política de cohesión europeas» (Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión),

—

Visto el briefing del Parlamento de diciembre de 2014 titulado «Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y la buena gobernanza económica: directrices sobre la aplicación del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes» (Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0268/2015),

A.

Considerando que la política de cohesión es una política reconocida por el TFUE y una expresión de la solidaridad europea encaminada a reforzar la cohesión económica, social y territorial en la UE y, en particular, a reducir las disparidades entre las regiones, promoviendo un desarrollo socioeconómico equilibrado y armonioso; que se trata también de una política de inversión que contribuye a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;

B.

Considerando que el marco legislativo actual para la política de cohesión, aun estando ligado a la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, el Semestre Europeo y las Directrices Integradas Europa 2020, así como a las correspondientes recomendaciones específicas por país («REP»), está sujeto a misiones, objetivos y principios horizontales muy concretos;

C.

Considerando que el marco jurídico actual de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) tiene por objeto reforzar la coordinación, la complementariedad y las sinergias con otras políticas e instrumentos de la UE;

D.

Considerando que existen pruebas de que una buena gobernanza y unas instituciones públicas eficientes son esenciales para un crecimiento económico sostenible y a largo plazo, la creación de empleo y el desarrollo social y territorial, aunque existen menos pruebas sobre los factores macroeconómicos que afectan al funcionamiento de la política de cohesión;

E.

Considerando que la imprevisibilidad económica y financiera y la inseguridad jurídica pueden conllevar un retroceso de la inversión pública y privada, poniendo en peligro la consecución de los objetivos de la política de cohesión;

F.

Considerando que las directrices se refieren a la primera serie de medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica en virtud del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes; que este componente está relacionado con una reprogramación y una suspensión de los pagos que no son obligatorios, a diferencia del segundo componente del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes, que exige la suspensión de compromisos o pagos cuando los Estados miembros no adopten medidas correctivas en el marco del procedimiento de gobernanza económica;

G.

Considerando que el índice de aplicación de las REP en los Estados miembros es bajo, como muestran las evaluaciones elaboradas por la Comisión sobre los progresos en la aplicación de las 279 REP formuladas en 2012 y 2013, según las cuales 28 REP (10 %) se han aplicado plenamente o muestran progresos significativos y 136 REP (48,7 %) muestran algunos progresos, pero 115 (41,2 %) han sido objeto de un seguimiento escaso o nulo;

1.

Hace hincapié en la importancia de los instrumentos y recursos de la política de cohesión a la hora de mantener el nivel de inversión en valor añadido europeo en los Estados miembros y las regiones para mejorar la creación de empleo y las condiciones socioeconómicas, teniendo en cuenta especialmente que la inversión ya ha caído significativamente debido a la crisis económica y financiera;

2.

Considera que la consecución de los objetivos y metas políticos de los Fondos EIE no debe verse obstaculizada por los mecanismos de gobernanza económica, reconociendo al mismo tiempo su importancia a la hora de contribuir a un entorno macroeconómico estable y una política de cohesión eficiente, efectiva y orientada a los resultados;

3.

Considera que el artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes debe utilizarse únicamente como último recurso para contribuir a una ejecución eficaz de los Fondos EIE;

4.

Destaca que los programas y objetivos de los Fondos EIE son de carácter plurianual y largoplacista, a diferencia del ciclo anual del Semestre Europeo; señala, en este contexto, la necesidad de garantizar la claridad de los mecanismos de ejecución de este último y pide una estrecha coordinación entre estos dos procesos y entre los órganos responsables de su ejecución respectiva;

5.

Insiste en la necesidad de que la Comisión presente un Libro Blanco en el que tenga en cuenta los efectos que producen las inversiones públicas a largo plazo y se establezca una tipología de las inversiones de calidad, de manera que puedan identificarse claramente las que den los mejores resultados a largo plazo;

6.

Recuerda que la política de cohesión ha desempeñado un papel fundamental y ha mostrado una gran capacidad de respuesta ante las restricciones macroeconómicas y presupuestarias en el contexto de la crisis actual, mediante la reprogramación de más del 11 % del presupuesto disponible entre 2007 y 2012, a fin de satisfacer las necesidades más acuciantes y reforzar ciertas intervenciones; resalta, en este sentido, que en varios Estados miembros la política de cohesión representó más del 80 % de la inversión pública durante el período 2007-2013;

7.

Pide a la Comisión que proporcione datos analíticos adicionales sobre el impacto y la importancia de los mecanismos macroeconómicos en el desarrollo regional, en la efectividad de la política de cohesión y en la interacción entre el marco de la gobernanza económica europea y la política de cohesión, y que facilite información específica sobre cómo la política de cohesión contribuye a la aplicación de las REP y las recomendaciones del Consejo pertinentes;

8.

Pide a los Estados miembros que aprovechen al máximo la flexibilidad existente ofrecida por las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

9.

Recuerda que toda decisión relativa a la reprogramación o suspensión en virtud del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes ha de utilizarse únicamente en situaciones excepcionales, y ha de estar bien ponderada y exhaustivamente justificada y aplicarse con cautela, señalando los programas o las prioridades afectadas, a fin de garantizar la transparencia y permitir la verificación y la revisión; destaca, además, que tales decisiones no deben incrementar las dificultades que deben afrontar regiones y Estados miembros a raíz del entorno socioeconómico o de su ubicación y sus especificidades geográficas en el sentido de lo dispuesto en los artículos 174 y 349 del TFUE;

10.

Considera que los programas y acuerdos de colaboración adoptados en el actual período de programación han tenido en cuenta las REP pertinentes y las recomendaciones pertinentes del Consejo, garantizando que haya motivos fundados para evitar cualquier reprogramación a medio plazo, a menos que las condiciones económicas empeoren considerablemente;

11.

Destaca que una reprogramación frecuente sería contraproducente y debe evitarse para no perturbar la gestión de fondos ni socavar la estabilidad y previsibilidad de la estrategia de inversión plurianual, así como para evitar todo efecto negativo, también en cuanto a la absorción de los Fondos EIE;

12.

Acoge con satisfacción el prudente enfoque de la Comisión respecto de la reprogramación, así como su intención de reducirla al mínimo necesario; pide un enfoque de «alerta temprana» para informar a los Estados miembros en cuestión del inicio del procedimiento de reprogramación en virtud del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes, y hace hincapié en que toda solicitud de reprogramación requiere la consulta previa al comité de seguimiento;

13.

Pide a la Comisión que lleve a cabo, en estrecha colaboración con el Estado miembro afectado, un análisis exhaustivo de todas las opciones disponibles distintas de la aplicación del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes para tratar las cuestiones que puedan dar lugar a una solicitud de reprogramación;

14.

Lamenta todo aumento desproporcionado de la carga administrativa y los costes subsiguientes para todos los niveles de la administración afectados, dada la brevedad de los plazos y la complejidad del procedimiento de reprogramación en virtud del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes; desaconseja el solapamiento de los procedimientos de reprogramación en virtud del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes con ciclos subsiguientes del Semestre Europeo; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de reevaluar la aplicación de los plazos en el marco de la revisión prevista en el artículo 23, apartado 16, del Reglamento sobre disposiciones comunes;

15.

Expresa su preocupación por el hecho de que en las directrices no se haga referencia explícita a los principios generales y horizontales contemplados en los artículos 4 a 8 del Reglamento sobre disposiciones comunes, y recuerda que la lectura del artículo 23 de dicho Reglamento debe tener en cuenta y cumplir tales principios, en particular los principios de asociación y gobernanza multinivel, y el Reglamento y el marco estratégico común en su conjunto; pide a la Comisión, en este contexto, que aclare de qué manera específica se tendrán en cuenta estos principios en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes;

16.

Hace hincapié en que el incremento de la deuda pública se debe principalmente a las políticas aplicadas por los Gobiernos de los Estados miembros, y expresa su profunda preocupación por que la incapacidad para abordar adecuadamente las cuestiones macroeconómicas a nivel nacional pueda penalizar a las autoridades subestatales y a los beneficiarios y solicitantes de los Fondos EIE;

17.

Recuerda que las normas en materia de concentración temática previstas por la política de cohesión para el período 2014-2020 permiten cierta flexibilidad al atender a las necesidades de los Estados miembros y las regiones, y señala que la aplicación del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes puede limitar dicha flexibilidad; recuerda asimismo la necesidad de atender a los retos territoriales clave, así como al principio de subsidiariedad tal y como se prevé en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento sobre disposiciones comunes;

18.

Pide a la Comisión que evalúe, en estrecha cooperación con los Estados miembros y los socios, tal y como se prevé en el artículo 5 del Reglamento sobre disposiciones comunes, el impacto y la eficiencia de costes en los niveles regional y local de toda medida adoptada en virtud del artículo 23 de dicho Reglamento;

19.

Destaca la necesidad de que las autoridades locales y regionales participen activamente en todo ejercicio de reprogramación, y considera que, dado que los Fondos EIE están ligados a la buena gobernanza económica, es necesario dotar al Semestre Europeo de una dimensión territorial, implicando también a dichas autoridades;

20.

Pide a la Comisión que interprete el artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes en consonancia con el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la situación de los Estados miembros y regiones que afrontan dificultades socioeconómicas y en los que los Fondos EIE representan una parte significativa de la inversión, lo que resulta aún más evidente en un contexto de crisis; hace hincapié en que los Estados miembros y regiones, en particular los que presentan un mayor retraso, no deben sufrir efectos adicionales;

21.

Recuerda que una buena coordinación institucional es esencial para garantizar la complementariedad y las sinergias políticas adecuadas, así como una interpretación adecuada y estable del marco de buena gobernanza económica y su interacción con la política de cohesión;

22.

Pide un flujo adecuado de información entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento y la celebración de un debate público al nivel político adecuado para garantizar un entendimiento común por lo que respecta a la interpretación de las condiciones de aplicación del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes; recuerda, en este contexto, la necesidad de una configuración específica del Consejo dedicada a la política de cohesión, encargada de las decisiones en virtud del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes;

23.

Considera esencial garantizar la transparencia y la rendición de cuentas confiando al Parlamento el control democrático del sistema de gobernanza en el contexto del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes, que introduce importantes limitaciones en el enfoque ascendente, característica importante de la política de cohesión;

24.

Recuerda que la suspensión de los pagos es un asunto sujeto a la decisión del Consejo sobre la base de una propuesta que la Comisión puede adoptar en caso de que el Estado miembro de que se trate no adopte medidas eficaces; subraya la importancia de las salvaguardas legales establecidas en el artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes para asegurar la excepcionalidad del mecanismo de suspensión;

25.

Hace hincapié en la naturaleza penalizadora de cualquier suspensión de los pagos, y pide a la Comisión que utilice su poder discrecional para proponer la suspensión de los pagos con la máxima precaución y en estricta conformidad con el artículo 23, apartado 6, del Reglamento sobre disposiciones comunes, tras haber tenido debidamente en cuenta toda la información y todos los elementos pertinentes derivados del diálogo estructurado y las opiniones en él expresadas;

26.

Acoge con satisfacción, en el contexto de los criterios para determinar los programas que deben suspenderse y el nivel de suspensión en el marco de la primera parte, el planteamiento prudente adoptado en las directrices, según el cual se tendrán en cuenta las circunstancias económicas y sociales de los Estados miembros, al considerar factores atenuantes similares a los previstos en las suspensiones en virtud del artículo 23, apartado 9, del Reglamento sobre disposiciones comunes;

27.

Pide a la Comisión que fije un plazo para revocar la suspensión contemplada en el artículo 23, apartado 8, del Reglamento sobre disposiciones comunes;

28.

Lamenta que las directrices no hagan ninguna referencia al papel del Parlamento, a pesar de que el Reglamento sobre disposiciones comunes se adoptó con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y pese a que el Parlamento ha pedido de forma reiterada el refuerzo de la rendición de cuentas y el control democráticos en el marco de la gobernanza económica;

29.

Considera que la participación del Parlamento, como principal garante democrático de la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 15, del Reglamento sobre disposiciones comunes, debe formalizarse, por medio de un procedimiento claro que permita consultar al Parlamento en todas las fases por lo que respecta a la adopción de solicitudes de reprogramación o de toda propuesta o decisión de suspensión de los compromisos o los pagos;

30.

Subraya la necesidad de colaboración constante, clara y transparente a escala interinstitucional y considera que este procedimiento debe incluir, como mínimo, las siguientes fases:

31.

Pide a la Comisión que informe sobre el impacto y los resultados obtenidos en la aplicación del artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes, en el marco de la revisión de su aplicación en consonancia con el apartado 17 de dicho artículo, en particular, especificando en qué medida toda solicitud de reprogramación se basaba en la aplicación de las REP o recomendaciones del Consejo pertinentes o ha mejorado el impacto sobre el crecimiento y la competitividad de los Fondos EIE disponibles para los Estados miembros en el marco de programas de ayuda financiera, así como proporcionando los datos sobre los importes suspendidos y los programas de que se trate;

32.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros y sus regiones.

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/51

—

Visto el marco jurídico establecido por el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 21, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 y 52, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular sus artículos 6, 8, 9, 10 y 13, y la jurisprudencia de los tribunales europeos en materia de seguridad, privacidad y libertad de expresión,

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior (1) (en adelante, «la Resolución»),

—

Visto el documento de trabajo, de 19 de enero de 2015, sobre el seguimiento de la investigación por parte de la comisión LIBE sobre la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE (2),

—

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de abril de 2015, sobre vigilancia masiva,

—

Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre el seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE (O-000114/2015 — B8-0769/2015 y O-000115/2015 — B8-0770/2015),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que, en la Resolución, el Parlamento pedía a las autoridades estadounidenses y a los Estados miembros que prohíban las actividades de vigilancia masiva generalizada y el tratamiento masivo de datos personales de ciudadanos, y denunciaba las supuestas actividades de los servicios de inteligencia que afectan gravemente a la confianza y a los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE; que la Resolución señalaba la posible existencia de otros motivos, tales como el espionaje político y económico, teniendo en cuenta la capacidad de los programas de vigilancia masiva denunciados;

B.

Considerando que, mediante la Resolución, se puso en marcha un «Habeas corpus digital europeo — proteger los derechos fundamentales en una era digital», que incluye ocho acciones específicas, y se encargó a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que abordara en el plazo de un año esta cuestión con el Parlamento a fin de evaluar el grado de seguimiento de las recomendaciones;

C.

Considerando que en el documento de trabajo de 19 de enero de 2015 se informaba de los avances desde la adopción de la Resolución, cuando sigue el torrente de revelaciones sobre presuntas actividades de vigilancia electrónica masiva, y sobre el estado de aplicación del «Habeas corpus digital europeo» propuesto, que indica la limitada respuesta de las instituciones, los Estados miembros y las partes interesadas a quienes se pidió que actuaran;

D.

Considerando que, en la Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión y demás instituciones, órganos, agencias y organismos de la UE que intervinieran a partir de las recomendaciones, sobre la base del artículo 265 del TFUE («omisión»);

E.

Considerando que Wikileaks reveló recientemente que las comunicaciones de los últimos tres presidentes franceses, así como de ministros del Gobierno francés y del embajador francés ante los Estados Unidos, habían sido objeto de una vigilancia específica; y que este espionaje a gran escala de las estrategias y las actividades económicas en los últimos diez años ha sido realizado por la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) de los EE.UU. y se ha centrado en todas las estructuras del Estado francés y las empresas francesas más importantes;

F.

Considerando que en el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión se señala que el cifrado y el anonimato brindan la privacidad y seguridad necesarias para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión en la era digital; y que en dicho Informe también se señala que las restricciones al cifrado y el anonimato deben limitarse estrictamente de conformidad con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad del objetivo;

1.

Celebra las investigaciones del Bundestag alemán, el Consejo de Europa, las Naciones Unidas y el Senado brasileño, los debates en varios Parlamentos nacionales y el trabajo de numerosos agentes de la sociedad civil, que han contribuido a aumentar la conciencia general sobre la vigilancia electrónica masiva;

2.

Pide a los Estados miembros de la UE que retiren los cargos penales que hubiere contra Edward Snowden y le ofrezcan protección e impidan, por lo tanto, su extradición o entrega por terceras partes, en reconocimiento de su condición de denunciante de irregularidades y defensor de los derechos humanos internacionales;

3.

Expresa, sin embargo, su profunda decepción por la falta generalizada de sentido de urgencia y de voluntad demostrada por la mayoría de Estados miembros y las instituciones de la UE a la hora de abordar seriamente las cuestiones planteadas en la Resolución y de aplicar las recomendaciones concretas que contenía, además de por la falta de transparencia y de diálogo con el Parlamento;

4.

Expresa su preocupación por algunas de las leyes recientes de algunos Estados miembros que amplían las capacidades de vigilancia de los organismos de inteligencia, entre ellas, la nueva Ley sobre los servicios de inteligencia adoptada el 24 de junio de 2015 en Francia por la Asamblea Nacional francesa, que contiene varias disposiciones que, a juicio de la Comisión, suscitan importantes interrogantes jurídicos; la adopción, en el Reino Unido, de la Ley relativa a la retención de datos y los poderes en materia de investigación, de 2014, y la posterior resolución judicial según la cual determinados artículos de la misma eran ilegales y debían dejar de aplicarse; y, en los Países Bajos, las propuestas de nuevos actos legislativos con miras a la actualización de la Ley sobre Inteligencia y Seguridad, de 2002; reitera su llamamiento a todos los Estados miembros para que garanticen que sus marcos legislativos y mecanismos de control, tanto actuales como futuros, aplicables a las actividades de los servicios de inteligencia sean conformes a las normas contempladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en toda la legislación pertinente de la Unión;

5.

Acoge con satisfacción la investigación llevada a cabo por el Bundestag alemán sobre la vigilancia masiva; expresa su profunda preocupación a la vista de las revelaciones sobre una vigilancia masiva de las telecomunicaciones y del tráfico en internet en la Unión efectuada por el Servicio alemán de espionaje (BND), en colaboración con la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) de los EE.UU.; considera que esto supone una violación del principio de cooperación leal recogido en el artículo 4, apartado 3, del TUE;

6.

Solicita a su Presidente que pida al Secretario General del Consejo de Europa que inicie el procedimiento del artículo 52, en virtud del cual «si se lo solicita el Secretario General del Consejo de Europa, cualquier Alta Parte Contratante debe explicar cómo garantiza su legislación interna la eficaz implementación de cualquiera de las disposiciones del Convenio»;

7.

Considera que, hasta el momento, la reacción de la Comisión respecto de la Resolución es muy insatisfactoria teniendo en cuenta la magnitud de las revelaciones; pide a la Comisión que actúe respecto a los llamamientos contenidos en la Resolución a más tardar en diciembre de 2015; se reserva el derecho de iniciar un procedimiento por omisión o de destinar a la reserva determinados recursos presupuestarios de la Comisión hasta que se hayan abordado correctamente todas las recomendaciones;

8.

Destaca la importancia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 8 de abril de 2014, por la que se declara inválida la Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos; recuerda que el Tribunal estipuló que la injerencia de este instrumento con el derecho fundamental a la intimidad debe limitarse a lo estrictamente necesario; destaca que esta sentencia presenta un nuevo aspecto, y es que el Tribunal de Justicia hace referencia explícita a una jurisprudencia específica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión de «los programas generales de vigilancia» y ha incorporado ahora adecuadamente los mismos principios, que se derivan de esa jurisprudencia particular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la legislación de la UE en este mismo ámbito; señala que cabe, por lo tanto, esperar que en el futuro el Tribunal de Justicia también aplique el mismo razonamiento cuando evalúe la validez, con arreglo a la Carta, de otros actos legislativos de la UE y los Estados miembros en este mismo ámbito de «programas generales de vigilancia»;

9.

Acoge con satisfacción el inicio de negociaciones interinstitucionales informales sobre el proyecto de Reglamento general de protección de datos así como la adopción, por parte del Consejo, de una orientación general sobre el proyecto de Directiva sobre protección de datos; reitera su intención de concluir las negociaciones sobre el Paquete de medidas sobre protección de datos en 2015;

10.

Recuerda al Consejo su compromiso de respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en sus enmiendas a las propuestas de la Comisión; reitera, en especial, que el nivel de protección ofrecido no debe ser inferior al que se había fijado ya en la Directiva 95/46/CE;

11.

Destaca que tanto el Reglamento de protección de datos como la Directiva sobre protección de datos son necesarios para proteger los derechos fundamentales de las personas y, por lo tanto, ambos deben tratarse como un paquete que se ha de adoptar de manera simultánea, con el fin de garantizar que todas las actividades de tratamiento de datos en la UE ofrecen un elevado nivel de protección en todas las circunstancias; subraya que el objetivo de reforzar los derechos y la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales debe cumplirse al adoptar el paquete;

12.

Observa que, desde la aprobación de la Resolución, se han concluido las negociaciones con los EE.UU. sobre el acuerdo marco UE-EE.UU. relativo a la protección de datos personales transferidos y tratados con fines coercitivos (en adelante, el «Acuerdo marco») y que se ha rubricado el proyecto de acuerdo;

13.

Se congratula de los esfuerzos de la Administración estadounidense para restablecer la confianza a través del Acuerdo marco, y celebra especialmente el hecho de que la Cámara de Representantes aprobara la Ley de Recurso Judicial de 2015 el 20 de octubre de 2015, lo que pone de manifiesto los considerables y positivos esfuerzos realizados por los Estados Unidos para responder a las preocupaciones de la UE; considera de vital importancia garantizar, en las mismas circunstancias, los mismos derechos a un recurso judicial efectivo para los ciudadanos de la UE y las personas cuyos datos sean tratados en la UE y transferidos a los EE. UU., sin discriminación alguna entre ciudadanos de la UE y de los EE.UU., y pide al Senado de los EE.UU. que apruebe una legislación que lo garantice; subraya que la adopción de la Ley de Recurso Judicial por el Congreso de los EE.UU. es uno de los requisitos para la firma y la celebración del Acuerdo marco;

14.

Recuerda que, en la Resolución, se pide la inmediata suspensión de la Decisión de puerto seguro, pues no ofrece una adecuada protección de los datos personales a los ciudadanos de la UE;

15.

Recuerda que los acuerdos internacionales celebrados por la UE prevalecen sobre el Derecho derivado de la UE, y destaca, por lo tanto, la necesidad de garantizar que el acuerdo marco no limite los derechos y las garantías en materia de datos que se aplican a la transferencia de datos de conformidad con la legislación de la UE; insta, por lo tanto, a la Comisión a que evalúe pormenorizadamente hasta qué punto interferiría e incidiría exactamente este acuerdo marco en el marco jurídico sobre la protección de datos de la UE en particular en la actual decisión marco del Consejo, la Directiva sobre protección de datos (95/46/CE) y la directiva y el reglamento futuros sobre la protección de datos respectivamente; pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe de evaluación jurídica al respecto antes de que se inicie el procedimiento de ratificación;

16.

Recuerda que la Comisión dedicó trece recomendaciones a los EE.UU. en sus comunicaciones de 27 de noviembre de 2013 sobre el funcionamiento del puerto seguro, con objeto de garantizar un nivel adecuado de protección;

17.

Se congratula de que el TJUE, en su sentencia de 6 de octubre de 2015, declarara no válida la Decisión de adecuación 2000/520/CE de la Comisión sobre el régimen de puerto seguro de los EE.UU.; subraya que dicha sentencia ha confirmado la posición inveterada del Parlamento con respecto a la falta de un nivel adecuado de protección de que adolecía este instrumento; pide a la Comisión que adopte inmediatamente las medidas necesarias para garantizar que todos los datos personales transferidos a los EE.UU. gocen de un nivel efectivo de protección que equivalga, en esencia, al que se garantiza en la UE;

18.

Critica que el Parlamento no haya recibido ninguna comunicación formal de la Comisión acerca del estado de aplicación de las trece recomendaciones, pese al anuncio de esta de que lo haría a más tardar para el verano de 2014; subraya que, tras la resolución del TJUE de invalidar la Decisión 2000/520/CE, ahora urge que la Comisión facilite una actualización pormenorizada de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha y de la incidencia de la sentencia en las negociaciones subsiguientes que se anunciaron; pide a la Comisión que reflexione inmediatamente acerca de alternativas al régimen de puerto seguro y acerca de la incidencia de la sentencia en otros instrumentos para la transferencia de datos personales a los EE.UU., y que informe al Parlamento al respecto antes de finales de 2015;

19.

Insta a la Comisión a que evalúe el impacto y las repercusiones jurídicas de la sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2015, en el asunto Schrems (C-362/14) en el caso de cualquier acuerdo con terceros países que permita la transferencia de datos personales, por ejemplo el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP), los acuerdos sobre el registro del nombre de los pasajeros (PNR), el acuerdo marco UE-EE.UU. y otros instrumentos de la legislación de la UE que conllevan la recogida y el tratamiento de datos personales;

20.

Respeta plenamente el hecho de que los Parlamentos nacionales gozan de plenos poderes de control de los servicios de inteligencia nacionales y, al mismo tiempo, hace un llamamiento a todos los Parlamentos nacionales que aún no lo hayan hecho para que efectúen una evaluación pormenorizada y establezcan un control coherente de las actividades de inteligencia y garanticen que los comités u organismos de control en cuestión dispongan de suficientes recursos, pericia técnica y medios legales, así como de acceso a todos los documentos pertinentes para poder supervisar de manera efectiva e independiente los servicios de inteligencia y los intercambios de información con otros servicios de inteligencia extranjeros; reitera su compromiso de cooperar estrechamente con los Parlamentos nacionales, a fin de velar por la existencia de unos mecanismos de control eficaces, también mediante el intercambio de mejores prácticas y compartiendo normas comunes;

21.

Expresa su intención de llevar un seguimiento de la Conferencia sobre el control democrático de los servicios de inteligencia en la Unión Europea de los días 28 y 29 de mayo de 2015, y de seguir esforzándose por garantizar la puesta en común de mejores prácticas en lo que respecta al control de los servicios de inteligencia, en estrecha coordinación con los Parlamentos nacionales; acoge con satisfacción las observaciones finales conjuntas de los copresidentes de esta conferencia, en las que declaran su intención de convocar una conferencia de seguimiento de aquí a dos años;

22.

Considera que debe prestarse apoyo a los instrumentos de cooperación existentes entre los organismos de control, por ejemplo la European Network of National Intelligence Reviewers (Red Europea de Órganos de Examen Nacionales — ENNIR), y que debe incrementarse su uso, posiblemente mediante la utilización del potencial de IPEX para el intercambio de información entre los Parlamentos nacionales, de conformidad con su ámbito y capacidad técnica;

23.

Pide una vez más que se suspenda el Acuerdo sobre el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP);

24.

Hace hincapié en que es precisa una definición de «seguridad nacional» común para la UE y sus Estados miembros al objeto de garantizar la seguridad jurídica; señala que la falta de una definición clara posibilita que existan casos de arbitrariedad y abuso de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho por parte de órganos ejecutivos y servicios de inteligencia en la UE;

25.

Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que introduzcan disposiciones de caducidad y de prórroga en la legislación que permite la recopilación de datos personales o la vigilancia de ciudadanos europeos; hace hincapié en que dichas disposiciones constituyen garantías fundamentales a fin de asegurar que se controla periódicamente la necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática de un instrumento que invade la vida privada;

26.

Hace hincapié en que el buen estado de las relaciones entre la UE y los EE.UU. sigue siendo de vital importancia para ambos socios; observa que las revelaciones sobre la vigilancia han socavado el apoyo popular a estas relaciones y subraya la necesidad de adoptar medidas para garantizar la recuperación de la confianza, en particular ante la acuciante necesidad actual de cooperación en gran cantidad de cuestiones geopolíticas de interés común; subraya, en este contexto, que los EE.UU. y la UE han de alcanzar una solución negociada global que respete los derechos fundamentales;

27.

Se felicita por las recientes resoluciones legislativas y judiciales adoptadas en los EE.UU. para limitar la vigilancia masiva por parte de la ANS, tales como la adopción sin enmiendas de la USA Freedom Act (Ley sobre libertades de los EE.UU.) en el Congreso estadounidense, a raíz de un compromiso bicameral y bipartidista, y la sentencia del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito sobre el programa de recopilación de grabaciones telefónicas de la NSA; lamenta, sin embargo, que estas resoluciones se centren principalmente en los ciudadanos estadounidenses, mientras que la situación de los ciudadanos de la UE no ha variado;

28.

Considera que cualquier decisión sobre el uso de tecnologías de vigilancia debe basarse en una evaluación exhaustiva de su necesidad y proporcionalidad; acoge con satisfacción los resultados del proyecto de investigación Surveille, que ofrece una metodología para la evaluación de tecnologías de vigilancia que tiene en cuenta aspectos jurídicos, éticos y tecnológicos;

29.

Hace hincapié en que la UE debería contribuir al desarrollo de normas y principios internacionales a nivel de las Naciones Unidas, en consonancia con su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al objeto de establecer un marco mundial en materia de protección de datos que contenga limitaciones especiales para la recopilación de estos con fines de seguridad nacional;

30.

Tiene la convicción de que la única manera de prevenir una carrera armamentística en materia de vigilancia es implantando normas creíbles a escala mundial;

31.

Se felicita por las iniciativas del sector de las TIC privado para desarrollar soluciones de seguridad criptográfica y servicios de internet que mejoren la protección de la vida privada; anima a que se sigan desarrollando configuraciones sencillas de las aplicaciones que ayuden a los clientes a gestionar qué información comparten, con quién y cómo; observa que varias empresas han asimismo anunciado su intención de permitir el cifrado de extremo a extremo a raíz de las revelaciones sobre vigilancia masiva;

32.

Insiste en que, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE, «los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios, para la prestación de servicios de transporte, almacenamiento y alojamiento, una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas»; recuerda, en particular, que el TJUE, en las sentencias C-360/10 y C-70/10, desestimó las medidas de «supervisión activa» de la práctica totalidad de los usuarios de los servicios afectados (proveedores de acceso a internet en un caso, red social en el otro) y precisó que está prohibida cualquier medida que imponga a dicho prestador de servicios de alojamiento de datos una supervisión general;

33.

Se felicita por la publicación, por parte de empresas de tecnologías de la información y de telecomunicaciones, de informes de transparencia sobre las peticiones de los gobiernos relacionadas con los datos de los usuarios; pide a los Estados miembros que publiquen estadísticas de las solicitudes cursadas por ellos a empresas privadas en relación con información privada sobre usuarios;

34.

Expresa su decepción por el hecho de que la Comisión hiciera caso omiso de la petición clara por parte del Parlamento de suspensión del acuerdo TFTP, provocada por la falta de información clara que permitiera dilucidar si otro organismo gubernamental de los Estados Unidos había accedido a los datos SWIFT al margen del TFTP; tiene la intención de tener esto en cuenta a la hora de decidir si da o no su aprobación a futuros acuerdos internacionales;

35.

Insiste en su postura de que, en todos los acuerdos, mecanismos y decisiones sobre el carácter adecuado de la protección relativos al intercambio de datos personales con terceros países, es necesario que la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, ejerza un control riguroso y adopte medidas de seguimiento con carácter inmediato;

36.

Se felicita por la Declaración de Riga de la UE y los EE.UU., de 3 de junio de 2015, sobre la intensificación de la cooperación transatlántica en materia de libertad, seguridad y justicia, en la que los signatarios se comprometieron a mejorar la aplicación del Acuerdo de Asistencia Judicial Mutua entre la UE y EE.UU. (MLAT), concluir su revisión tal como prevé el Acuerdo, y organizar seminarios para debatir dichos asuntos con las autoridades nacionales competentes; subraya que los acuerdos MLAT son el instrumento sobre cuya base las autoridades policiales de los Estados miembros deben cooperar con las autoridades de terceros países; pide, a este respecto, a los Estados miembros y al Gobierno de los EE.UU. que cumplan los compromisos citados anteriormente con miras a concluir con rapidez la revisión del MLAT entre la UE y EE.UU.;

37.

Pide a la Comisión que informe al Parlamento antes de finales de 2015 tanto de las carencias constatadas en varios instrumentos de transferencia internacional de datos en cuanto al acceso por parte de las autoridades policiales y los servicios de inteligencia de terceros países, como de las posibilidades disponibles para subsanar dichas carencias, a fin de garantizar que los datos personales de la UE que se transfieren a terceros países sigan gozando del adecuado nivel de protección requerido;

38.

Considera que siguen peligrando los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y que no se ha hecho lo bastante para asegurar su plena protección en caso de vigilancia electrónica masiva; lamenta los escasos avances a la hora de garantizar la protección de los denunciantes de irregularidades y los periodistas;

39.

Lamenta que muchos programas de inteligencia masiva y a gran escala parezcan estar manejados por los intereses económicos de las empresas que desarrollan y ejecutan dichos programas, como fue el caso que condujo a la finalización del programa «Thinthread», dirigido por la NSA, y su sustitución por el programa de vigilancia a gran escala «Trailblazer», que se subcontrató a SAIC en 2001;

40.

Reitera su gran preocupación por los trabajos realizados en el seno del Consejo de Europa por el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia por lo que se refiere a la interpretación del artículo 32 del Convenio sobre Ciberdelincuencia de 23 de noviembre de 2001 (Convenio de Budapest) en lo concerniente al acceso transfronterizo a los datos informáticos almacenados con autorización o públicamente disponibles, y se opone a la conclusión de un protocolo adicional u orientación que pretenda ampliar el alcance de esta disposición más allá del actual régimen establecido por dicho Convenio, que ya constituye una importante excepción al principio de territorialidad dado que podría dar lugar al acceso remoto sin restricciones por parte de las autoridades policiales a servidores y ordenadores ubicados en otras jurisdicciones sin recurso a acuerdos de asistencia judicial mutua u otros instrumentos de cooperación judicial establecidos para garantizar los derechos fundamentales de la persona, incluida la protección de datos y las garantías procesales; resalta que la UE ha ejercido su competencia en el ámbito de la ciberdelincuencia y que, por lo tanto, deben respetarse las prerrogativas tanto de la Comisión como del Parlamento;

41.

Lamenta que la Comisión no haya respondido a la solicitud del Parlamento de que realizara un examen en cuanto a un programa europeo global para la protección de denunciantes de irregularidades y pide a la Comisión que presente una comunicación al respecto para finales de 2016, a más tardar;

42.

Acoge con satisfacción la Resolución aprobada el 23 de junio de 2015 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la mejora de la protección de los denunciantes de irregularidades, y en particular su punto 9, sobre la importancia de los denunciantes de irregularidades para asegurar el respeto a los límites legales impuestos a las operaciones de vigilancia, y su punto 10, donde pide a la UE que adopte legislación en materia de protección de los denunciantes de irregularidades que cubra también al personal de los servicios de seguridad nacional y de inteligencia, y de las empresas privadas que ejerzan su actividad en este campo, y que conceda asilo, en la medida de lo posible de conformidad con la legislación nacional, a los denunciantes de irregularidades amenazados con acciones de represalia en sus países de origen, siempre que sus revelaciones reúnan las condiciones necesarias para su protección en virtud de los principios defendidos por la Asamblea;

43.

Hace hincapié en que la vigilancia masiva menoscaba gravemente el privilegio de confidencialidad profesional de profesiones reguladas, por ejemplo de médicos, periodistas y abogados; subraya en particular el derecho de los ciudadanos de la UE a ser protegidos contra cualquier vigilancia de las comunicaciones confidenciales con sus abogados, que violaría la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en particular sus artículos 6, 47 y 48, así como la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado; pide a la Comisión que presente una comunicación sobre la protección de las comunicaciones confidenciales en las profesiones con una prerrogativa de secreto profesional en la relación entre cliente y abogado, para finales de 2016, a más tardar;

44.

Pide a la Comisión que prepare unas orientaciones para los Estados miembros sobre cómo adecuar cualquier herramienta de recopilación de datos personales con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos, incluido el terrorismo, a las sentencias del TJUE de 8 de abril de 2014 sobre conservación de datos (Asuntos C-293/12 y C-594/12) y de 6 de octubre de 2015 sobre puerto seguro (Asunto C-362/14); destaca especialmente los apartados 58 y 59 de la sentencia sobre conservación de datos y los apartados 93 y 94 de la sentencia sobre puerto seguro, donde se demanda claramente un enfoque específico y no global para la recopilación de datos;

45.

Destaca que la jurisprudencia más reciente, y, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2014 sobre conservación de datos, establece claramente como requisito legal la demostración de la necesidad y proporcionalidad de cualquier medida que conlleve la recogida y el uso de datos personales que pudieran interferir en el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos; considera lamentable que determinadas consideraciones políticas socaven con frecuencia el cumplimiento de estos principios legales en el proceso de toma de decisiones; pide a la Comisión que, como parte del programa para la mejora de la legislación, vele por que legislación sea de gran calidad, respete toda la normativa jurídica y la jurisprudencia y sea conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; recomienda que la evaluación de impacto de todas las medidas policiales y de seguridad que conlleven el uso y la recogida de datos personales incluyan siempre una prueba sobre la necesidad y proporcionalidad;

46.

Manifiesta su decepción por la falta de medidas provenientes de la Comisión para dar seguimiento a las recomendaciones detalladas formuladas en la Resolución al objeto de aumentar la protección de la vida privada en línea y la seguridad informática en la UE;

47.

Acoge con satisfacción las medidas adoptadas hasta la fecha para el refuerzo de la seguridad informática del Parlamento, recogidas en el plan de acción sobre seguridad de las TIC en el PE preparado por la DG de Innovación y Asistencia Tecnológica; pide que se persista en estas acciones y que se pongan en práctica de forma completa y sin dilación las recomendaciones que se formulan en la Resolución; pide que se propongan ideas nuevas y, en caso necesario, cambios legislativos en el ámbito de la contratación pública, a fin de mejorar la seguridad informática de las instituciones de la UE; pide la sustitución sistemática en todas las instituciones de la UE de los programas informáticos propietarios por programas de código abierto auditables y verificables, la introducción de unos criterios de selección de código abierto obligatorios en todas las licitaciones de TIC futuras, y la disponibilidad de instrumentos de cifrado de forma eficaz;

48.

Reitera enérgicamente su petición de que se elabore, en el marco de otras nuevas iniciativas como el mercado único digital, una estrategia europea para una mayor independencia informática y protección de la vida privada en línea, que potenciaría la industria informática en la UE;

49.

Expresa su intención de presentar más recomendaciones sobre este tema después de la celebración de su conferencia titulada «Protección de la privacidad en línea mediante el refuerzo de la seguridad de las TI y la autonomía de la UE con respecto a ellas», prevista para finales de 2015, que desarrollará las conclusiones del reciente estudio de STOA sobre la vigilancia masiva de los usuarios de las tecnologías de la información;

50.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de hacer de la UE un actor de referencia para la gobernanza de internet, así como su planteamiento de un modelo de gobernanza de internet basado en múltiples partes interesadas, tal como se insistió en la Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet (NETMundial), celebrada en Brasil en abril de 2014; espera con interés los resultados de la labor internacional en curso en este ámbito, como la llevada a cabo en el marco del Foro para la Gobernanza de Internet;

51.

Advierte contra la evidente espiral restrictiva del derecho fundamental a la privacidad y la protección de los datos personales que se produce cuando todo bit de información sobre el comportamiento humano se considera potencialmente útil para la lucha contra futuros actos delictivos, lo que conduce necesariamente a una cultura de la vigilancia masiva en la que cada ciudadano es tratado como un posible sospechoso, y a un deterioro de la cohesión social y de la confianza;

52.

Afirma su intención de tener en cuenta las conclusiones de la investigación en profundidad de la Agencia de Derechos Fundamentales sobre la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la vigilancia y, en especial, sobre la situación jurídica actual de los ciudadanos por lo que respecta a los recursos de que disponen en relación con las prácticas en cuestión;

53.

Encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que siga observando la evolución en este ámbito y el seguimiento dado a las recomendaciones formuladas en la Resolución;

54.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Consejo de Europa.

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/59

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 17 de septiembre de 2015, de una recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral (COM(2015)0462),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015» (COM(2014)0902),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015 (1),

—

Vistas las Conclusiones de la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, de 9 de marzo de 2015, sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 e Informe Conjunto sobre el Empleo: orientación política sobre políticas sociales y de empleo (2),

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Vista su Posición, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (3),

—

Visto el Informe especial n.o 3/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Garantía Juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»,

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Visto el informe de la European Social Policy Network (Red Europea de Política Social, ESPN) titulado «Apoyo integrado a los parados de larga duración: un estudio de las políticas nacionales (2015)»,

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Vista la pregunta al Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral (O-000121/2015 — B8-1102/2015),

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Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que, debido a la crisis económica y sus consecuencias, el desempleo de larga duración se ha multiplicado por dos desde 2007 y representa la mitad del desempleo total, es decir, más de 12 millones de personas, lo que supone el 5 % de la población activa de la UE; que en 2014 más del 60 % de los desempleados de larga duración llevaban al menos dos años consecutivos sin encontrar trabajo;

B.

Considerando que la tasa de desempleo de larga duración varía considerablemente entre los Estados miembros y oscila entre el 1,5 % en Austria y el 19,5 % en Grecia; que los Estados miembros con las mayores tasas de desempleo de larga duración son Italia, Portugal, Eslovaquia, Croacia, España y Grecia; que la recuperación económica debe cobrar aliento, ya que actualmente no ofrece suficiente impulso para reducir significativamente las elevadas tasas de desempleo estructural;

C.

Considerando que la no inscripción de una gran parte de los desempleados de larga duración y los defectos metodológicos de la recopilación de datos hacen que las estadísticas oficiales subestimen la gravedad de la situación;

D.

Considerando que el desempleo de larga duración conduce a menudo a la pobreza, a desigualdades y a la exclusión social, y afecta de manera desproporcionada a las personas vulnerables que se encuentran en una situación de desventaja en el mercado laboral;

E.

Considerando que el desempleo de larga duración aleja progresivamente a las personas del mercado laboral debido a la erosión de sus competencias y de sus redes profesionales y a la pérdida del ritmo de trabajo, y que puede conducir a una espiral de desvinculación de la sociedad, a tensiones domésticas y a sentimientos de alienación; que cada año uno de cada cinco desempleados de larga duración se desmoraliza y se sume en la inactividad como consecuencia de sus infructuosos esfuerzos en busca de empleo;

F.

Considerando que las consecuencias del desempleo de larga duración son especialmente graves en los hogares sin empleo y conducen a menudo a un bajo nivel educativo, a la desvinculación del «mundo del trabajo», al aumento de los problemas psicológicos y sanitarios, a la exclusión social y, en el peor de los casos, a la transmisión de la pobreza de una generación a otra;

G.

Considerando que los periodos de desempleo de larga duración tienen a menudo consecuencias negativas a largo plazo para las perspectivas de empleo, la progresión en la carrera, los perfiles salariales y las pensiones («efectos permanentes»);

H.

Considerando que el desempleo de larga duración tiene enormes costes sociales, debido a la pérdida de calificaciones y al aumento de los gastos sociales, además de los gastos no monetarios derivados del hecho de que un gran número de personas pierden su autoestima y no desarrollan su potencial personal, y de la pérdida de cohesión social;

I.

Considerando que la persistencia de elevados niveles de desempleo de larga duración pone en peligro los esfuerzos para alcanzar los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020, como son que el 75 % de las personas de entre 20 y 64 años tengan empleo y que se reduzca en al menos 20 millones el número de personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de caer en ellas;

J.

Considerando que la conservación de las competencias en caso de pérdida del empleo, junto con una educación, una formación y una recalificación que anticipen las futuras necesidades de competencias, es un elemento importante para evitar y solucionar el desempleo de larga duración;

K.

Considerando que la presente recomendación tiene similitud con la Garantía Juvenil; que deben extraerse lecciones de las experiencias iniciales obtenidas en la aplicación de la Garantía Juvenil;

1.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de proponer una recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral; subraya que una presentación más temprana de la propuesta, y un acuerdo en el Consejo, podría haber evitado parte del desempleo a largo plazo que se observa en la actualidad; expresa su preocupación por el hecho de que una recomendación del Consejo podría no ser suficiente para corregir rápidamente la situación de los desempleados de larga duración, y anima a los Estados miembros a que tomen medidas al respecto;

2.

Apoya los tres componentes principales de la propuesta: i) la intensificación ambiciosa del registro de los desempleados de larga duración en los servicios de empleo, apuntando a una cobertura plena; ii) la evaluación del potencial, las necesidades y las preferencias de empleo individuales de los desempleados de larga duración antes de que cumplan 18 meses de desempleo; y iii) la oferta de un acuerdo de integración laboral a medida, equilibrado y comprensible entre los desempleados de larga duración y los servicios interesados, a más tardar cuando aquellos hayan alcanzado los 18 meses de desempleo; subraya, no obstante, que debe realizarse una evaluación individual antes de que el interesado cumpla 12 meses de desempleo a fin de que el acuerdo de integración laboral pueda materializarse antes de que alcance los 18 meses de desempleo; insiste en que el enfoque en tres fases no debe dejar de integrar en todo el proceso, en su caso, a los actores no estatales, como las ONG del sector social que trabajan con desempleados de larga duración;

3.

Subraya la necesidad de llegar a todos los desempleados de larga duración, incluidos los que no están registrados, y no solo a los que lleven desempleados 18 meses o más; considera vital que las políticas de los Estados miembros orientadas al desempleo de corta duración (< 12 meses) y al desempleo juvenil (entre ellas, la Garantía Juvenil) se adapten perfectamente a las políticas destinadas a luchar contra el desempleo de larga duración;

4.

Respalda la petición de una cooperación estrecha entre todas las partes implicadas en la reintegración de los desempleados de larga duración (incluidas, en su caso, las organizaciones de la sociedad civil) y una coordinación eficaz de todas ellas y la creación de ventanillas únicas en las que los desempleados tengan como interlocutor a un solo gestor de su expediente profesional («ventanilla única»), sin que este esfuerzo de reintegración se vea perturbado en caso de modificación del régimen de prestaciones del que se beneficie la persona desempleada;

5.

Subraya la necesidad de un enfoque individualizado en la evaluación de las aptitudes y las necesidades de los desempleados de larga duración en lo que respecta a su reinserción en el mercado laboral, enfoque que debe respetar los derechos existentes, y tener en cuenta su situación personal en un sentido más amplio y todas las necesidades conexas; destaca la necesidad de contar con suficiente personal altamente cualificado y capaz de ofrecer un enfoque individual al heterogéneo grupo de los desempleados de larga duración;

6.

Toma nota de la recomendación de presentar por escrito un «acuerdo de integración laboral» comprensible que detalle los respectivos derechos y responsabilidades tanto de las personas desempleadas como de las autoridades, representadas por el gestor del expediente, y que fije, por tanto, unas expectativas claras para todas las partes implicadas sea justo para el desempleado y respete sus cualificaciones personales y sus derechos como trabajador; pide que este acuerdo se actualice regularmente;

7.

Considera fundamental que los programas para la reinserción de los parados de larga duración estén adaptados a las necesidades del mercado laboral y se formulen en estrecha cooperación con los interlocutores sociales; insta a los Estados miembros a que alienten a los empleadores, también en el espíritu de la responsabilidad social de las empresas, a comprometerse activamente a ofrecer oportunidades de empleo a los desempleados de larga duración, y, en su caso, a designar tutores para facilitar la reinserción sin problemas de los desempleados de larga duración en el mundo laboral; pide que los servicios de empleo de los Estados miembros ayuden a las pymes facilitando dicha función tutorial; recuerda que los desempleados de larga duración no solo necesitan puestos de trabajo sino también una orientación general y una preparación para su reincorporación con éxito al mercado de trabajo;

8.

Pide a los Estados miembros que igualen la financiación de sus políticas nacionales por la UE —en particular a través del Fondo Social Europeo— con el fin de combatir el desempleo de larga duración con una financiación nacional adecuada; hace hincapié en que las limitaciones presupuestarias a las que se enfrentan algunos Estados miembros (especialmente los sometidos a programas de ajuste económico) no deben impedir la rápida aplicación de la recomendación; pide a la Comisión que estudie las posibilidades de acceso rápido a la financiación de la UE y, en la medida de lo posible, que movilice recursos adicionales, como se hizo en el caso de la Iniciativa de Empleo Juvenil; destaca la necesidad, en una serie de Estados miembros, de asignar financiación adecuada a la mejora de la capacidad administrativa de los servicios de empleo;

9.

Pide, en particular, que se mejoren las capacidades financieras y administrativas de los servicios públicos de empleo con objeto de garantizar que puedan desempeñar una función clave en la aplicación de esta propuesta;

10.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la manera de apoyar programas específicos de formación en el lugar de trabajo, así como el desarrollo de empresas y planes de inversión que han creado empleo sostenible de calidad para los desempleados de larga duración;

11.

Hace hincapié en que, para la aplicación efectiva de la recomendación, es fundamental una estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, y, a nivel nacional, entre los interlocutores sociales (sectoriales), las organizaciones de la sociedad civil que representan a los desempleados, los entes locales y regionales, los servicios de empleo públicos y privados, los proveedores de asistencia sanitaria y social, y los centros educativos y de formación locales y regionales, así como la participación activa de los empleadores para comprender mejor los requisitos y necesidades de las empresas;

12.

Recuerda su posición relativa a la decisión del Consejo sobre unas directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros, en la que insiste en la necesidad de medidas específicas para proteger a los desempleados de larga duración de la exclusión social y para reincorporarlos al mercado laboral con el debido respeto de los Tratados;

13.

Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta las diferencias regionales, incluidas las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, cuando elaboren su estrategia nacional para combatir el desempleo de larga duración;

14.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer, a través del Semestre Europeo y de la Comisión de Empleo, una vigilancia multilateral de la aplicación de la recomendación; insiste en que esta vigilancia debe ser concienzuda y, en caso necesario, complementarse con instrucciones en las recomendaciones específicas por país de los Estados miembros; insta a la Comisión a que facilite los procesos de aprendizaje mutuo que reúnen a los Estados miembros que tienen elevadas tasas de desempleo de larga duración y a los que han logrado reincorporar rápidamente a los desempleados (de larga duración) a sus mercados laborales;

15.

Pide a los ministros de Empleo y Asuntos Sociales que estudien las aportaciones del Parlamento antes de llegar a un acuerdo sobre la recomendación;

16.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.

20.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 355/63

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2014, titulada «Una nueva era de la aviación — Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible» (COM(2014)0207),

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 4, apartado 2, letra g), su artículo 16 y el título VI,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

—

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,

—

Visto el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Una nueva era de la aviación — Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible»,

—

Visto el informe final del Grupo Director del RPAS europeo titulado «Roadmap for the Integration of Civil Remotely Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System» (Hoja de ruta para la integración de los sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS) en el sistema europeo de aviación),

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Vista la declaración de Riga sobre las aeronaves pilotadas de forma remota (drones) titulada «Un marco para el futuro de la aviación»,

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Visto el informe de la Cámara de los Lores titulado «Civilian Use of Drones in the EU» (Uso civil de los drones en la UE),

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Vista la propuesta de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) titulada «Concept of Operations for Drones — A risk based approach to regulation of unmanned aircraft» (Concepto de operaciones para drones — Enfoque basado en los riesgos con respecto a la reglamentación aplicable a los vehículos aéreos no tripulados),

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Visto el Convenio de Chicago, de 7 de diciembre de 1944,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0261/2015),

A.

Considerando que, desde hace muchas décadas, los aficionados a la aviación han hecho volar modelos reducidos de aviones teledirigidos; que, en los últimos 15 años, la utilización de RPAS, comúnmente conocidos como UAV o drones, ha experimentado un rápido crecimiento; que, en particular, los RPAS de reducido tamaño, diseñados tanto para fines recreativos como de ocio, se han hecho cada vez más populares;

B.

Considerando que esta tecnología, desarrollada en un primer momento para uso militar, se aplica actualmente con fines comerciales, lo cual entraña un desplazamiento de los límites legislativos; que, hoy en día, los RPAS utilizados en el ámbito profesional también ofrecen importantes beneficios para diferentes usos civiles cuyo valor añadido aumenta con la distancia entre el aparato y el piloto que lo controla (vuelos fuera del alcance visual); que dichos usos, extremadamente diversos y con potencial para seguir desarrollándose en el futuro, incluyen en particular las inspecciones de seguridad y el control de infraestructuras (vías ferroviarias, presas y centrales eléctricas), la evaluación de catástrofes naturales, las labores agrícolas de precisión (agricultura sostenible) y la producción mediática, la termografía aérea o incluso la entrega de paquetes en zonas aisladas; que se puede prever el desarrollo rápido de nuevas aplicaciones en un futuro próximo, lo que refleja la naturaleza innovadora y dinámica de la industria de los RPAS;

C.

Considerando la capacidad de esta tecnología para sustituir al hombre en entornos peligrosos;

D.

Considerando que existen dos categorías de uso de los RPAS, a saber, los RPAS de uso profesional y los de uso recreativo, y que estas dos categorías, diferentes por naturaleza, deben estar sujetas a distintos requisitos dentro de un mismo marco normativo de la UE;

E.

Considerando que la legislación de la UE en vigor establece que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) es, en principio, la autoridad de certificación para los RPAS con una masa máxima de despegue de más de 150 kg; que los RPAS con una masa igual o inferior a 150 kg se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados miembros;

F.

Considerando que existen o se están desarrollando normativas en materia de RPAS en Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, España, Francia (1), Italia, Irlanda, Polonia, el Reino Unido (2) y la República Checa; que existen escuelas de vuelo autorizadas en Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos y que en estos últimos dos países ya hay más de 500 pilotos con licencia para RPAS;

G.

Considerando que todas las normas en vigor en materia de RPAS en Europa están adaptadas a la evaluación del riesgo de seguridad operacional; que dichas normas se definen en función del operador, por lo que no adoptan el enfoque centrado en la aeronave usado en el caso de la aviación tripulada; que el riesgo no solo depende del tipo de aparato y sus características (peso, velocidad, etc.) , sino también de otros factores como la zona de vuelo, la altitud, la experiencia del operador y el tipo específico de operación así como la capacidad del operador para gestionar situaciones imprevistas;

H.

Considerando que este sector tiene un inmenso potencial de crecimiento económico tanto para las grandes empresas como para la cadena de suministro compuesta por miles de pymes, así como por empresas emergentes innovadoras, potencial que abarca todo el arco de producción, desde los fabricantes hasta el usuario final; que resulta imperativo mantener unas normas operativas y unos niveles de exigencia reconocidos mundialmente en la fabricación de estos aparatos y promover al mismo tiempo el liderazgo europeo en este ámbito;