17.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/1

—

su Resolución de 4 de junio de 2015 sobre sus prioridades para el período 2015-2020 y su Resolución de 8 de diciembre de 2016 sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2017, y

—

el Protocolo de Cooperación con la Comisión Europea de febrero de 2012;

1.

destaca que es necesaria una Unión Europea capaz de restablecer la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo, más enfocada hacia planteamientos de abajo arriba y más centrada en proveer soluciones proporcionadas, eficaces y rápidas a los principales desafíos comunes que las ciudades, regiones y estados europeos no pueden resolver por sí solos;

2.

se compromete a contribuir al proceso de reflexión sobre el futuro de la Europa recurriendo, entre otros, a la elaboración de un dictamen basado en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa y a la organización en las comunidades locales de foros de diálogo ciudadano para debatir cuestiones de interés europeo para dichas comunidades;

3.

acompañará el proceso relativo a la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea poniendo de manifiesto los problemas específicos que afectan a los gobiernos locales y regionales de los 27 Estados miembros restantes y examinando, desde una perspectiva local y regional, las cuestiones relevantes para las futuras relaciones entre la UE y el nivel de gobernanza local y regional del Reino Unido, incluido el de las naciones descentralizadas;

4.

hace hincapié en la urgente necesidad de contar en la UE con una estrategia a largo plazo que, como sucesora de la Estrategia Europa 2020, vaya encaminada a garantizar un crecimiento inteligente, sostenible, integrador, resiliente y competitivo y a facilitar orientaciones para el Semestre Europeo, el marco financiero plurianual de la UE y sus políticas;

5.

señala asimismo la necesidad de tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, aprobada por las Naciones Unidas y asumida por la Comisión, y, a tal efecto, pide que se revise el marco financiero plurianual (MFP) a fin de que la Agenda 2030 se superponga a la Estrategia Europa 2020 y se reexaminen las orientaciones clave a la luz de los nuevos ODS;

6.

recuerda a la Comisión Europea la necesidad de contar con una Estrategia Europea sobre Demografía que ofrezca una respuesta amplia, coordinada e integradora a los cambios demográficos y que dicha Estrategia cuente con los recursos financieros suficientes para hacer frente a los retos que han de abordarse;

7.

espera que la propuesta sobre el marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020, que la Comisión deberá presentar antes de finales de 2017, garantice la previsibilidad del gasto a largo plazo de la UE, proponga una reforma de los recursos propios de la UE, asegure la unidad del presupuesto de la UE, formule nuevas medidas de simplificación y establezca un período de 5+5 años, con una importante revisión intermedia de carácter obligatorio tras los cinco primeros años;

8.

se opone enérgicamente a cualquier hipótesis para la EU-27 de aquí a 2025, tal como figura en el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, que permita reducir los esfuerzos de la UE en relación con la política de cohesión. Por el contrario, invita a la Comisión a presentar una propuesta legislativa exhaustiva en favor de una política de cohesión sólida y eficaz después de 2020 y recuerda, como ya se ha solicitado en anteriores ocasiones, que es necesario incluir un nuevo capítulo en el 7.o Informe sobre la cohesión donde se evalúe la aplicación de la cohesión territorial. La propuesta legislativa deberá fundamentarse en los principios de subsidiariedad, asociación y gobernanza multinivel, y reflejar las necesidades y el potencial de los entes locales y regionales y los resultados del ejercicio de simplificación, basarse en un conjunto único de normas y tomar en consideración las amplias consultas con todas las partes interesadas pertinentes; invita a la Comisión a que lleve a cabo un exhaustivo análisis del impacto territorial de los proyectos legislativos y se muestra dispuesto a cooperar con la Comisión en esta cuestión; pide que las propuestas sobre la política de cohesión después de 2020 incluyan la armonización de los procedimientos de gestión del FEIE de manera que las regiones puedan actuar como autoridades de gestión ante la Comisión Europea;

9.

invita a la Comisión a que revise y supervise constantemente el valor añadido del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) —así como su repercusión en el ámbito de la cohesión— y a que desglose y publique los datos sobre sus indicadores clave de rendimiento y sus indicadores clave de seguimiento por beneficiarios y regiones del nivel NUTS II. Los entes locales y regionales necesitan con urgencia mayor claridad y orientación sobre la manera de combinar el FEIE con otros sistemas de la UE, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y, sobre todo, que se promueva una mayor participación de las regiones y entes locales en la gestión de este fondo, en particular mediante la creación de plataformas financieras a escala regional o multirregional que aprovechen también las sinergias con las actuaciones de la política de cohesión; sin embargo, se opone por cuestión de principio a canalizar recursos de la política de cohesión hacia programas de gestión central;

10.

pide a la Comisión que presente una propuesta revisada del mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para el período posterior a 2020, que fomentaría iniciativas para hacer realidad una red extensa y conectaría la red TEN-T en las regiones fronterizas, mejoraría las conexiones con las zonas periféricas y se centraría en los denominados enlaces transfronterizos pendientes; aboga por las autopistas del mar para garantizar igualmente las conexiones con las zonas remotas, especialmente entre las islas y los centros regionales; subraya la necesidad de desarrollar sinergias entre los recursos financieros del FEIE, el MCE y los Fondos EIE para garantizar el mejor uso posible de todos los fondos de la Unión disponibles;

11.

reitera, una vez más, su solicitud para que se incluya en el programa de trabajo anual de la Comisión Europea de 2018 la elaboración de una visión territorial para 2050, y justifica este punto por la necesidad de actualizar el Acuerdo de Perspectiva del Desarrollo Territorial Europeo de 1999;

12.

hace hincapié en la necesidad de supervisar la aplicación de la Agenda Urbana de la UE con vistas a sistematizar los resultados de las asociaciones temáticas, esbozar los elementos de una mejor gobernanza y permitir su incorporación a las próximas propuestas legislativas acerca del marco financiero plurianual posterior a 2020. Este enfoque contribuirá a la elaboración de la futura política de cohesión posterior a 2020 y de la Estrategia que suceda a Europa 2020;

13.

confía, en este contexto, en que se haga un seguimiento específico de la asociación temática urbana en materia de vivienda. Este seguimiento podría adoptar la forma de una agenda europea de la vivienda, que coordinaría las cuestiones relativas a la vivienda que hasta ahora se abordaban únicamente a través de políticas sectoriales, como la Agenda Urbana, el desarrollo sostenible, la política de cohesión, la política de competencia o iniciativas sociales tales como el pilar europeo de derechos sociales de manera horizontal;

14.

espera que la Comisión presente antes de finales de 2017 sus propuestas para el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación, que deberá basarse en Horizonte 2020 y mantener una visión estratégica sobre cuestiones que afectan al futuro de Europa –no sujetas a soluciones presupuestarias a corto plazo– y lograr un equilibrio entre excelencia y cohesión con vistas a subsanar la brecha en términos de innovación, teniendo en cuenta los actuales retos sociales;

15.

llama la atención sobre el modelo establecido por la Plataforma de Intercambio de Conocimientos para potenciar el alcance e impacto de los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos;

16.

reitera que es preciso establecer un marco común para el reconocimiento de la educación informal y no formal a fin de facilitar la creación de los procedimientos nacionales pertinentes;

17.

confía en contribuir a la celebración con éxito del Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018 vinculándolo a las estrategias de cultura y turismo de carácter local y regional;

18.

solicita a la Comisión que presente medidas concretas para superar los obstáculos a la inversión y solventar la brecha en este apartado; subraya en particular que el nivel de inversión pública —más de la mitad de esta inversión corresponde a las ciudades y regiones— sigue siendo demasiado bajo, en parte por restricciones impuestas por los mecanismos de regulación presupuestaria a escala nacional y de la UE; pide a la Comisión que introduzca medidas para que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pueda centrarse en mayor medida en el crecimiento y traducirse en más inversiones a largo plazo y estratégicas, previa exclusión de la cofinanciación regional/nacional de los cálculos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a fin de que siga, de forma coherente e impostergable, las mismas reglas que los recursos procedentes de los fondos estructurales, dado que el objetivo al que aspiran es el mismo; reitera, asimismo, su llamamiento a la Comisión para que evalúe la repercusión de las normas SEC 2010 en la capacidad inversora de los entes locales y regionales y aclare el trato dispensado a las asociaciones público-privadas con arreglo a las normas de Eurostat;

19.

en consonancia con la reciente Declaración de Cork 2.0, reitera su petición en favor de un Libro Blanco sobre una Agenda Rural para la UE que sirva como punto de partida para una política de desarrollo rural posterior a 2020, y pide que se adopten medidas prácticas destinadas a «comprobar la repercusión en las zonas rurales» de las políticas de la UE; aboga por el reconocimiento de los territorios rurales como núcleos de desarrollo e innovación que contribuyan a alcanzar el objetivo de la cohesión territorial;

20.

reivindica una renovación de la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2020 que contribuya a reactivar el crecimiento y la creación de empleo en las áreas rurales y mantener la alta calidad y la seguridad alimentaria y del suministro de alimentos en Europa, a ser más coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a subsanar la brecha entre lo urbano y lo rural; subraya a este respecto la importancia que reviste una simplificación de la PAC que introduzca mayor flexibilidad en su gestión, reduzca las cargas a los productores, avance hacia una política más centrada en la innovación y la competitividad y, por último, ofrezca un apoyo a medida de los jóvenes agricultores; apela a mantener un enfoque diferenciado para las regiones ultraperiféricas en el ámbito de la PAC, que permita la aplicación de medidas específicas necesarias para el desarrollo de los sectores agrícolas de estos territorios;

21.

espera que la Comisión apoye a los Estados miembros y a sus entes locales y regionales en sus esfuerzos por modernizar la organización y prestación de los sistemas de salud y por potenciar la cooperación europea en este ámbito, por ejemplo, mediante la creación de un programa destinado a los profesionales sanitarios similar al programa Erasmus;

22.

pide a la Comisión que racionalice en sus fondos y políticas el principio de resiliencia a las catástrofes para no poner en peligro el desarrollo resiliente y sostenible de nuestras economías;

23.

aboga por una política alimentaria sostenible en la UE que se haga cargo de la calidad de los alimentos, la producción alimentaria, la agricultura, la pesca, el desarrollo rural, el medio ambiente, la salud, la nutrición, el empleo y la política de los consumidores de manera global y fomentando unas pautas de producción y de consumo más sostenibles;

24.

pide a la Comisión que revise la estrategia de turismo de 2010, ponga en marcha una política integrada sobre el turismo en la UE con un programa de trabajo plurianual, y garantice una línea presupuestaria específica para financiar los proyectos turísticos europeos después de 2020; reitera, en este contexto, su intención de establecer un grupo interinstitucional de contacto del turismo para, entre otros cometidos, apoyar el lanzamiento de plataformas de inversión turísticas regionales que ayuden a los destinos turísticos y sus pymes a acceder a la financiación de sus proyectos y actividades;

25.

insta a la Comisión a que persiga sus ambiciosos objetivos en el ámbito de la economía azul y la gestión sostenible de los océanos, y a que convierta en orientaciones políticas la Declaración que deberá adoptarse durante la Presidencia maltesa; reitera la importancia del acceso a la financiación de aquellos sectores emergentes en el ámbito marítimo capaces de crear empleo y crecimiento económico en toda Europa; en este contexto, recuerda a la Comisión el llamamiento del CDR para crear una comunidad de conocimiento e innovación que impulsaría la transferencia de ideas de la investigación marina al sector privado;

26.

respalda el llamamiento en favor de una nueva estrategia de la UE en materia de alcohol, que deberá tratar temas como la información al consumidor, la mercadotecnia y la seguridad vial; señala también que es esencial ampliar los planes de acción conjuntos y/o poner en marcha un nuevo plan para los niños y jóvenes;

27.

apoya una aplicación ininterrumpida y el refuerzo de la Garantía Juvenil y la puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad; destaca la relevancia de la dimensión territorial de ambas iniciativas, a la vez que subraya la importancia de implicar al sector privado en estas iniciativas, tanto a la hora de diseñarlas como de financiarlas, al objeto de contribuir a adaptar mejor las capacidades de los jóvenes a las necesidades del mercado laboral;

28.

pide a la Comisión que mejore sus instrumentos de comunicación con los ciudadanos jóvenes y que los alinee con los del resto de las instituciones; hace hincapié en la importancia de la participación de los entes locales y regionales en la revisión prevista de la Estrategia europea para la juventud para el período posterior a 2018;

29.

resalta la necesidad de reforzar la eficiencia, el sentimiento de pertenencia y la legitimidad de la gobernanza económica y la coordinación en la UE; solicita a la Comisión que colabore con el Parlamento Europeo y el Consejo en un Código de Conducta para lograr la participación de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo sobre la base de la propuesta del CDR;

30.

insta a la Comisión a que implique al CDR de forma estructurada en el seguimiento de los elementos del Libro Blanco sobre el futuro de la UE relacionados con una mayor integración de la Unión Económica y Monetaria;

31.

reitera su llamamiento a reforzar la dimensión social de la UE y de la Unión Económica y Monetaria; espera que una propuesta legislativa relativa a un pilar europeo de derechos sociales haga posible abordar los derechos laborales y la movilidad laboral en un mercado de trabajo en evolución, sin dejar de respetar el principio de subsidiariedad; esta propuesta no debería limitar su carácter a un mero «soft law» que complemente el acervo existente, sino que deberá contener medidas con la misma intensidad que las dotadas para la Unión Económica y Monetaria, ya que ello contribuirá a aumentar la percepción de los ciudadanos de una UE más social que es capaz de solucionar sus problemas;

32.

propugna una mayor simplificación de la normativa sobre ayudas estatales, en particular en lo relativo a los servicios de interés económico general, mediante una revisión a fondo de la Decisión y el marco relevantes (el paquete «Almunia»); pide asimismo que se amplíe el alcance del Reglamento general de exención por categorías, en concreto por lo que respecta al acceso de las pymes a la financiación y al apoyo tanto a las microempresas como a las empresas emergentes;

33.

pide una evaluación exhaustiva de la aplicación de la legislación en materia de contratación pública, incluida la Directiva sobre procedimientos de recurso, lo que puede dar lugar a ajustes y simplificaciones que permitan atender a las necesidades de los entes regionales y locales más pequeños sin poner en peligro la seguridad jurídica;

34.

hace una vez más un llamamiento en favor de revisar y reforzar la «Small Business Act» para Europa, y reafirma su compromiso a la hora de promover su ejecución por medio de su premio «Región Emprendedora Europea» (REE) y su iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión; en este orden de cosas, solicita que se reduzcan las cargas administrativas y se elabore normativa inteligente;

35.

se compromete a colaborar con la Comisión en el seno de la nueva Plataforma de banda ancha para supervisar el despliegue de banda ancha de alta velocidad más rápida y de mejor calidad en todas las regiones europeas y, en particular, en las zonas rurales y escasamente pobladas, así como para encontrar lo antes posible nuevas medidas que permitan acabar con la brecha digital, y compensar los costes adicionales de acceso a redes de banda ancha en las regiones ultraperiféricas;

36.

pide a la Comisión que esclarezca el ámbito de aplicación de la Directiva sobre servicios en la economía participativa/colaborativa; aguarda también con su sumo interés las propuestas de la Comisión para salvaguardar los derechos de los trabajadores en nuevas formas de empleo específicas a la economía participativa/colaborativa; espera que la Comisión apoye la creación de un «Foro de las ciudades sobre la economía colaborativa» en el que el CDR se erija como parte interesada fundamental;

37.

solicita a la Comisión que se asegure de tener en cuenta la dimensión local y regional de la elaboración de las políticas de la UE en materia de comercio cuando negocie nuevos acuerdos comerciales, y pide un acceso constante a los documentos de negociación pertinentes a través del procedimiento de sala de lectura, tal como se establece en las negociaciones de la ATCI;

38.

pide a la Comisión que apoye la solicitud formulada por el CDR en favor de una progresiva institucionalización del papel de los entes de gobierno local y regional en la gobernanza mundial del clima a través de la firma de acuerdos formales con la Secretaría de la CMNUCC;

39.

insta a la Comisión a que tenga en cuenta los impactos y las consecuencias territoriales que la aplicación de las políticas comerciales de la UE pueden entrañar para los entes locales y regionales, tanto en términos de empleo como de medio ambiente; por ello, pide participar más estrechamente en la elaboración de las futuras políticas comerciales;

40.

solicita a la Comisión que garantice la coherencia entre las propuestas en materia de política climática y energética —tanto las más recientes como las venideras—, el Acuerdo de París y la promoción de la eficiencia energética y los recursos renovables; sugiere que se debería hacer mayor hincapié en las iniciativas o campañas que, basándose en la participación de los entes locales y regionales, contribuyan de modo reseñable a alcanzar los objetivos establecidos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero;

41.

reitera que se ha de integrar la adaptación al cambio climático en las políticas e instrumentos financieros existentes, y pide a la Comisión que ofrezca las opciones adecuadas para capacitar a las regiones y las ciudades con vistas a la revisión de la Estrategia de la UE en materia de adaptación al cambio climático; reitera su compromiso para cooperar con la Comisión a fin de desarrollar aún más el concepto de contribuciones regional y localmente determinadas, con el objetivo de promover las actuaciones contra el cambio climático a nivel local y regional;

42.

atendiendo a la propuesta de Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, invita a la Comisión Europea a que anime a los Estados miembros a institucionalizar un diálogo entre las autoridades nacionales, regionales y locales con motivo de la elaboración de sus planes climáticos y energéticos nacionales;

43.

confía en mantener una estrecha cooperación en torno a la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR) recurriendo también a la Plataforma técnica conjunta para la cooperación en materia de medio ambiente, a la vez que reivindica una mayor participación de los entes locales y regionales en las inminentes conversaciones que mantendrán la Comisión y los Estados miembros; desea asimismo contribuir a los controles de adecuación y las revisiones de las principales directivas medioambientales que pondrá en marcha la Comisión en 2018, también por medio de un dictamen prospectivo;

44.

se compromete a contribuir activamente al plan de acción relativo a una mejor aplicación de las Directivas europeas sobre protección de la naturaleza; solicita a la Comisión que ejecute en su debido momento el plan de acción y las esperadas acciones previstas en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 2020, y que formule en 2018 una propuesta de marco jurídico y financiero para una red transeuropea de infraestructuras verdes (RTE-V);

45.

en el contexto de la aplicación del paquete de la economía circular, aboga por establecer objetivos para la prevención y el reciclado de residuos comerciales e industriales distintos de los residuos sólidos urbanos;

46.

insta a la Comisión Europea a que adopte un enfoque flexible y diferenciado sobre la base de los principios de precaución y de «quien contamina paga» en la revisión de la Directiva sobre el agua potable y de la Directiva sobre aguas residuales urbanas, así como en la propuesta legislativa sobre la reutilización del agua;

47.

advierte a la Comisión que la mundialización del Pacto de los Alcaldes no debe apartar el foco de la participación esencial de los niveles local y regional, ni de la necesidad de desarrollar los objetivos y la metodología de dicho Pacto, tanto dentro como fuera de la UE; por consiguiente, urge a la Comisión a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la representación de las distintas estructuras subnacionales, sean del tamaño que sean, en las estructuras del Pacto, así como a mantener los principios de asociación y gobernanza multinivel; confía en desempeñar un papel activo en el Consejo de Fundadores del Pacto Mundial de los Alcaldes por el Clima y la Energía;

48.

destaca la necesidad de mantener una estrecha asociación y cooperación entre el grupo de embajadores del CDR del Pacto de los Alcaldes y el Consejo consultivo político del Pacto de los Alcaldes europeo;

49.

apoya el informe del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, en el que este formula recomendaciones a la Comisión sobre la creación de un mecanismo de la UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que incorpore los instrumentos existentes, y pide que sea aplicable a todos los niveles de gobierno;

50.

respalda firmemente los esfuerzos realizados a nivel de la UE para llevar a cabo una reforma global y eficaz del Sistema Europeo Común de Asilo, y destaca la necesidad de un enfoque global en materia de asilo e integración de los solicitantes de asilo que fomente las políticas sostenibles, que implique a las instituciones de la UE, los Estados miembros y sus entes locales y regionales, y que se base en los principios de solidaridad y la reciprocidad;

51.

pide a la Comisión que proponga medidas legislativas destinadas a establecer vías legales adicionales para las personas que llegan a la UE, ya sea en busca de protección internacional y refugio humanitario, o bien de oportunidades de trabajo, formación, investigación o inversión; la migración legal es uno de los cuatro pilares de la gestión de la migración de conformidad con la Agenda Europea de Migración de 2015 y tales medidas no solo contribuirían a afrontar los retos a largo plazo económicos, sociales y demográficos, así como la escasez de mano de obra en la UE, sino que constituyen también un elemento importante en la lucha contra la trata de seres humanos;

52.

invita a la Comisión a simplificar y acelerar aún más los procedimientos de financiación y a ofrecer a las regiones y ciudades acceso directo a los recursos financieros ideados para hacer frente a las crisis humanitarias y la integración de nacionales de terceros países;

53.

insta a la Comisión a que comparta las buenas prácticas que el CDR ha destacado a la hora de desradicalizar a los combatientes que regresan y prevenir la nueva radicalización;

54.

subraya que los programas en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración deben ser ejecutados principalmente por los entes locales y regionales y que, con esa finalidad, se ha de entablar una mejor cooperación con las autoridades nacionales de gestión;

55.

alienta a la Comisión a que continúe reforzando la financiación del Fondo Fiduciario de la UE para África y aumentando la cooperación operativa con los socios del norte de África en el ámbito de la gestión migratoria;

56.

subraya la contribución concreta del CDR —por medio de sus comités consultivos mixtos y grupos de trabajo con los países candidatos y candidatos potenciales— al objetivo político de ampliación de la Comisión, que estriba en potenciar la estabilidad y la prosperidad; invita a la Comisión a que siga organizando anualmente el Día de la Ampliación de manera conjunta con el CDR;

57.

pide a la Comisión Europea que siga avanzando en la cuestión de los menores no acompañados en el proceso migratorio, cuya gestión recae normalmente bajo la competencia de las regiones, y que promueva ante los Estados miembros un reparto solidario de cargas y responsabilidades entre los niveles europeo, estatal y regional. Por ello, el CDR espera con impaciencia la nueva estrategia global que se desarrollará como complemento del Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), de modo que se tome en consideración la situación de los niños desaparecidos o no acompañados;

58.

reafirma el papel que desempeñan los entes locales y regionales en la lucha contra la corrupción y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en la sociedad, e insta a prestar un mayor apoyo a la descentralización, el desarrollo de capacidades y las reformas de la administración local en los países vecinos;

59.

pide a la Comisión que siga apoyando la cooperación de abajo arriba con los recursos financieros y administrativos adecuados, y reitera la necesidad de desplegar nuevas herramientas para el desarrollo de capacidades en los países en vías de adhesión y los países de la PEV, atendiendo a la urgente necesidad de sustituir el antiguo Instrumento para la Administración Local;

60.

insta a la Comisión a intensificar la cooperación con la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental (Corleap) y el Grupo Operativo para Ucrania del CDR, especialmente a la hora de aplicar programas regionales y nuevas iniciativas;

61.

acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión a la iniciativa de Nicosia, su proyecto de capacitación destinado a fortalecer la situación socioeconómica de los municipios libios a través de la cooperación bilateral con los entes locales y regionales europeos;

62.

pide a la Comisión que potencie en mayor medida el papel cada vez más importante que desempeñan los entes locales y regionales como agentes activos y como socios en la cooperación al desarrollo, en particular en el marco de las propuestas en torno a un nuevo consenso europeo para el desarrollo y al futuro del Acuerdo de Asociación entre la UE y los Estados de África, del Caribe y del Pacífico;

63.

acoge positivamente el Plan de Inversiones Exteriores propuesto para África y los países vecinos de la UE, encaminado a promover la inversión e impulsar la creación de empleo en los países asociados, a la vez que pide a la Comisión que implique al CDR, en su calidad de portavoz de los entes locales y regionales de la UE, en el diseño de dicho plan;

64.

reitera su llamamiento en favor de una Estrategia de pleno derecho en la UE para las relaciones culturales internacionales y, en este contexto, resalta el valor añadido de priorizar un mayor desarrollo de la diplomacia cultural con vistas a su incorporación en la política exterior de la UE;

65.

confía en lograr una plena participación en los debates que se entablarán en el futuro sobre la manera de mejorar la gobernanza democrática y la efectividad en la Unión Europea con motivo de la aparición del Libro Blanco sobre el futuro de Europa; recuerda la necesidad de implicar a los entes locales y regionales, a través del CDR, en cualquier acción formal que pudiera contemplarse para reformar los Tratados de la UE;

66.

reitera la importancia de continuar promoviendo la igualdad de hombres y mujeres en todas las políticas de la Comisión Europea;

67.

acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de organizar en toda la Unión una campaña de información y sensibilización sobre los derechos de la ciudadanía de la UE, y de proponer iniciativas destinadas a ayudar a los ciudadanos a votar y a postularse como candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019;

68.

reitera su llamamiento para revisar el marco jurídico existente de la iniciativa ciudadana europea (ICE) a fin de hacerla más accesible y facilitar su uso y, en particular, para mejorar las disposiciones sobre el seguimiento de las iniciativas ciudadanas europeas que hayan prosperado con el fin de aprovechar plenamente las posibilidades de que dispone este instrumento para movilizar a la ciudadanía;

69.

recuerda que el programa «Legislar mejor» debe llevarse a cabo en un espíritu de gobernanza multinivel y destaca el papel específico que desempeñan los entes regionales y locales en una serie de ámbitos que se ven afectados por la regulación de la UE, así como su función como responsables de la aplicación de esta legislación y de la gestión de los fondos de la UE; subraya que sus responsabilidades específicas les ofrecen buenas oportunidades para evaluar los marcos reguladores existentes y detectar posibles cambios;

70.

insta a la Comisión a que lleve a cabo evaluaciones de impacto territorial (EIT) como una práctica estándar, tanto en la evaluación de impacto de aquella legislación que pudiera conllevar efectos territoriales asimétricos, como, en términos más generales, en el programa «Legislar mejor»;

71.

espera estrechar aún más la cooperación con la Comisión y el Parlamento Europeo a la hora de supervisar la subsidiariedad, y

72.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Presidencia maltesa del Consejo de la UE y al presidente del Consejo Europeo.

17.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/8

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Vistas la Comunicación de la Comisión «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho», de 11 de marzo de 2014 [COM(2014) 158] y las conclusiones del Consejo de la UE y de la reunión de los Estados miembros en el Consejo sobre el respeto del Estado de Derecho, de 16 de diciembre de 2014,

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Visto su Dictamen «Los entes locales y regionales en la protección multinivel del Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la UE», de 12 de febrero de 2015,

—

Vista la resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones a la Comisión acerca del establecimiento de un mecanismo de la UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,

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Vistos el artículo 4, apartado 3 y el artículo 5 del TUE sobre la aplicación del principio de subsidiariedad,

1.

expresa su preocupación por el hecho de que en los últimos años se hayan ido perfilando ciertas tendencias, tanto en la Unión Europea como a nivel global, que amenazan el Estado de Derecho, que es un pilar fundamental de la democracia;

2.

señala que la Unión Europea se basa en un conjunto de valores fundamentales comunes, entre ellos el Estado de Derecho, tal como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

3.

espera que los Estados miembros cumplan con su obligación de respetar estos valores, ya que constituyen la base de la confianza mutua entre ellos, entre ellos y las instituciones de la UE y, en particular, entre los ciudadanos y todos los niveles de gobierno;

4.

señala asimismo que la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Consejo de Europa, han confirmado en varias ocasiones que el Estado de Derecho exige el respeto de al menos los principios siguientes: legalidad, transparencia, obligación de rendir cuentas, separación de poderes, procesos democráticos y pluralistas en la adopción de la legislación, seguridad jurídica, ausencia de actos arbitrarios por parte del poder ejecutivo, tribunales independientes e imparciales, control judicial efectivo, respeto de los derechos humanos, igualdad ante la ley, libertad de expresión y libertad de reunión;

5.

subraya, no obstante, que los instrumentos existentes no han logrado garantizar la plena aplicación y ejecución de estos principios;

6.

destaca, por este motivo, que la manera en que los ciudadanos perciben el Estado de Derecho a nivel local y regional es tan importante como su experiencia a nivel nacional y europeo;

7.

hace hincapié en que la UE cuenta con casi cien mil entes subnacionales, que, en sus contactos con los ciudadanos, en toda su diversidad, asumen gran parte de la responsabilidad de aplicar los derechos y libertades fundamentales;

8.

considera que, cuando se trata de dotarse de un mecanismo eficaz para garantizar el Estado de Derecho, nunca ha habido tanto en juego para la UE: en el contexto de un entorno cambiante en materia de seguridad y de la salida de uno de sus Estados miembros, la UE necesita mejorar su cohesión, para lo que es preciso reconocer que la solidaridad europea no puede ser unidireccional. En efecto, todos los Estados miembros y todos los niveles de gobierno deberían cumplir sus obligaciones mutuas y defender el proyecto europeo como el de una entidad basada en ciertos valores, frente a un movimiento de ámbito europeo en alza que cuestiona los valores fundamentales de la Unión;

9.

hace hincapié en que, para respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, resulta esencial la participación de unas organizaciones de la sociedad civil y ONG activas, independientes y pluralistas en los procesos democráticos y en la supervisión del buen funcionamiento a la hora de hacer balances y controles de las instituciones y los poderes estatales;

10.

destaca que, aunque las recomendaciones relativas al Estado de Derecho basadas en el Marco de 2014 sigan vigentes, el propio marco no ha arrojado hasta la fecha resultados tangibles. Resulta particularmente lamentable que el Marco sobre el Estado de Derecho, aunque sí ofrezca orientaciones para el «diálogo constructivo» entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate, no implique en la fase más temprana posible a los diferentes niveles de gobierno, incluidos los entes locales y regionales, así como a la sociedad civil. Esto es tanto más lamentable cuanto que las instituciones y Estados miembros de la UE deberían dejar claro en todo momento que, aunque se inicie un procedimiento formal contra el Gobierno de un Estado miembro determinado, la intención no es aislar al país en cuestión, y sigue habiendo una voluntad de colaborar con la sociedad de dicho país;

11.

apoya por consiguiente la resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, en la que se formulan recomendaciones a la Comisión para la creación de un mecanismo de la UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que incorpore los instrumentos existentes, y pide que sea aplicable a todos los niveles de gobierno;

12.

pone de relieve que un mecanismo de este tipo debería ser objetivo, basarse en pruebas y datos, una evaluación equitativa y el principio de igualdad de trato de todos los Estados miembros, así como en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

13.

espera que este mecanismo, por una parte, implique plenamente a los entes locales y regionales en el diálogo entre la Comisión y los Estados miembros, y por otra, les brinde la oportunidad de someter un asunto directamente a la Comisión en caso de detectarse amenazas al Estado de Derecho;

14.

señala que las obligaciones a las que están sujetos los países candidatos en virtud de los criterios de Copenhague continúan siendo aplicables a los Estados miembros después de su adhesión a la UE en virtud del artículo 2 del TUE y que, por ello, todos los niveles de gobierno de todos los Estados miembros deben ser objeto de evaluaciones conforme al mecanismo, a fin de verificar el cumplimiento permanente de los valores básicos de la UE de respeto de los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho;

15.

señala que la delincuencia organizada y la corrupción minan la democracia y el Estado de Derecho y dan lugar a distorsiones políticas, económicas y sociales significativas. El nuevo mecanismo debería asegurar una mejor aplicación y ejecución de las normas internacionales y de la UE, colmando las brechas y solventando los obstáculos que frenan la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en todos los niveles de gobierno. Con objeto de fomentar los avances concretos para combatir la corrupción, y garantizar la sostenibilidad e irreversibilidad de las medidas anticorrupción, es esencial contar con el compromiso firme de los entes locales y regionales y las autoridades nacionales. Las leyes anticorrupción deben aplicarse a todos por igual y ejecutarse a todos los niveles, a fin de asegurar la confianza que los ciudadanos, la sociedad civil y las autoridades públicas depositan en los sistemas jurídicos de los Estados miembros de la UE;

16.

expresa su preocupación por que las recomendaciones relativas al Estado de Derecho puedan resultar en que se solicite la introducción de una condicionalidad política. El Comité de las Regiones se opone firmemente a que los entes locales y regionales se conviertan en rehenes de las políticas adoptadas por los gobiernos nacionales, lo que podría traducirse en una suspensión de la financiación de la UE destinada a las regiones y ciudades; no obstante, respalda las disposiciones de los Acuerdos de Asociación por las que se suspende la financiación en caso de que los entes locales o regionales violen el Estado de Derecho;

17.

señala que las restricciones a la libertad de prensa y el pluralismo, así como la manipulación de la información, facilitada por el desarrollo de las tecnologías modernas y los medios sociales, repercuten negativamente en el ejercicio de la democracia a todos los niveles de gobierno. Por este motivo, la revisión en curso de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA) es de suma importancia. Como ya indicó el CDR, esto debería garantizar:

18.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo, al presidente del Consejo Europeo y a la Presidencia maltesa del Consejo de la UE, así como al Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa.

17.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/11

—

Visto el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 en el Reino Unido;

1.

Recuerda que la Unión Europea (UE) es el mayor logro político de la historia que garantiza la paz, la democracia y la prosperidad de sus ciudadanos, que continúa siendo para sus Estados miembros el mejor instrumento para hacer frente a nuevos desafíos y que se ha de dar prioridad a la necesidad de reforzar su unidad y promover sus intereses.

2.

Recuerda que el acuerdo de retirada del Reino Unido deberá ser plenamente compatible con los Tratados de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y pide al resto de los Estados miembros y a las instituciones de la UE que interpreten la salida del Reino Unido de la Unión como una oportunidad para construir una UE más justa, eficiente e inclusiva, que mantenga como principio básico el fomento de la gobernanza multinivel entre los ámbitos europeo, nacional, regional y local.

3.

Toma nota de que la UE deberá colaborar con el Gobierno del Reino Unido, sus administraciones descentralizadas y sus gobiernos locales, con el fin de determinar formas de cooperación mutuamente beneficiosas, teniendo en cuenta los ejemplos de éxito en este ámbito.

4.

Hace hincapié en que los entes locales y regionales pueden contribuir de manera positiva a la búsqueda de una futura cooperación productiva y sostenible entre el Reino Unido y la UE.

5.

En su calidad de asamblea de la UE de los representantes regionales y locales, pretende desempeñar un papel de acompañamiento en el proceso de negociación, y abordar las consecuencias que cabe esperar de la retirada del Reino Unido para el conjunto de sus actividades políticas. A este respecto, intensificará de manera activa su diálogo con los gobiernos locales y regionales más afectados por este proceso, con el fin de proporcionar al negociador de la UE una visión completa de la evolución de la situación a nivel local y regional.

6.

Pide que se llegue lo antes posible a un acuerdo basado en el principio de una retirada ordenada, que aportaría a los ciudadanos, los entes locales y regionales y las empresas la certidumbre que merecen y constituiría, a este respecto, un requisito previo para la futura relación entre la UE y el Reino Unido; no obstante, señala que el artículo 50 TUE no se opone a que un Estado miembro retire la notificación de su intención de abandonar la Unión, siempre que sus intenciones sean honestas y no se trate de una maniobra procedimental para reiniciar el período de dos años ni se utilice como moneda de cambio para obtener concesiones.

7.

Toma nota de que el anuncio formal que activará el artículo 50 y el correspondiente período de dos años se hará el 29 de marzo de 2017. En este contexto, subraya que el resultado de las complejas negociaciones sobre la retirada de la UE y las modalidades de la futura relación del Reino Unido con la Unión deberían estar sujetos a las formas adecuadas de aprobación democrática antes de que surtan efecto.

8.

Considera que las futuras relaciones entre la UE y el Reino Unido deberían basarse en un equilibrio entre derechos y obligaciones, unas condiciones de competencia equitativas y unos mecanismos de ejecución eficaces, y que no deberían conducir al desmantelamiento del mercado único y las cuatro libertades de circulación.

9.

Destaca que ningún acuerdo entre un tercer país y la UE puede ser más beneficioso que la adhesión a la UE.

10.

Pide a las partes que negociarán el acuerdo de retirada que den prioridad a la adopción de medidas concretas que protejan los derechos adquiridos por los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido, así como los derechos de los ciudadanos británicos que residen y trabajan en otros Estados miembros de la UE, sobre la base de la reciprocidad y la no discriminación.

11.

Subraya que debe encontrarse una solución aceptable para la futura relación entre el Reino Unido y la UE a fin de evitar que el régimen de fronteras impida el mantenimiento de vínculos sociales, económicos, culturales y políticos.

12.

Hace hincapié en la necesidad de que los programas de cooperación territorial se mantengan abiertos a todas las administraciones descentralizadas y los gobiernos locales después de 2020. Destaca que la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) podría ser un instrumento útil a este respecto.

13.

Considera que merece especial atención la cooperación entre gobiernos locales y regionales en el Mar de Irlanda, el Canal de la Mancha y el Mar del Norte.

14.

Expresa su deseo de que se encuentre una solución práctica que tenga en cuenta el contexto singular de la frontera terrestre entre Irlanda e Irlanda del Norte. Hace hincapié en que, durante más de 25 años, la UE ha desempeñado un papel primordial en la cooperación transfronteriza, sobre todo entre los gobiernos locales de Irlanda e Irlanda del Norte, en particular, a través de los programas Interreg y PEACE. Pide a la Asamblea de Irlanda del Norte y a los gobiernos locales de ambos lados de la frontera que sigan trabajando para garantizar la paz y la prosperidad.

15.

Expresa su deseo de que la región de Andalucía y, en particular, los trabajadores de la comarca del Campo de Gibraltar no se vean perjudicados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, teniendo en cuenta las muy intensas relaciones de interdependencia social y económica existentes en la mencionada zona.

16.

Espera que todos los compromisos jurídicos contraídos por el Reino Unido como Estado miembro formen parte del acuerdo financiero único que deberá calcularse sobre la base de las cuentas oficiales de la UE y concluirse en el marco del acuerdo de retirada. En este contexto, pide que la incidencia presupuestaria de la salida del Reino Unido en las regiones y los entes locales de los Estados miembros restantes se evalúe en relación con cada uno de los ámbitos políticos de la UE.

17.

Toma nota de que la salida del Reino Unido, en el marco del próximo MFP, repercutirá en el presupuesto de la UE, por lo que propone que se aproveche la oportunidad que representa esta nueva realidad para acometer una profunda reforma en este ámbito, teniendo en cuenta las necesidades de los entes locales y regionales;

18.

Subraya que las consecuencias para la política de cohesión de la salida del Reino Unido de la UE dependerán del momento en que se haga efectiva la retirada y la naturaleza de las futuras relaciones con el Reino Unido, en particular, en lo que respecta a los posibles cambios de categoría de determinadas regiones; debería evitarse que la disminución del PIB medio per cápita de la UE perjudique a ciertas regiones por el mero hecho de que su PIB per cápita haya sido aumentado artificialmente en comparación con la media europea.

19.

Hace hincapié en que la EU-27 debe seguir de cerca el proceso de elaboración de la Ley general de derogación («Great Repeal Bill»), ya que la disgregación de la legislación de la UE en el Reino Unido es a la vez una cuestión de gobernanza multinivel y de preservación de una regulación justa sobre las normas y la competencia.

20.

Destaca que las políticas marítima y pesquera de la UE figurarán entre las políticas comunitarias más afectadas por la retirada del Reino Unido, y que debe prestarse especial atención a la búsqueda de soluciones que permitan mitigar las consecuencias para el conjunto de regiones y entes locales afectados. Pide que no se adopten medidas sin tener en cuenta los derechos de pesca históricos de los puertos, regiones y países adyacentes, y que se garantice la protección de la pesca local, que constituye una actividad esencial de las comunidades costeras.

21.

Expresa su preocupación por la posibilidad de que una reducción de la financiación de la PAC repercuta negativamente en los agricultores y las zonas rurales en toda la UE, así como en la protección de la biodiversidad. Hace hincapié en que la retirada del Reino Unido podría tener un impacto significativo en la agricultura y la producción de alimentos y, por ende, en las comunidades locales, especialmente en la isla de Irlanda, y espera que estas cuestiones se aborden de manera adecuada en las negociaciones.

22.

Pide a las partes en el acuerdo de retirada que estudien la posibilidad de adoptar medidas transitorias al objeto de reducir al mínimo las perturbaciones de los proyectos de I+D, que vienen aplicándose desde hace tiempo, así como las consiguientes consecuencias negativas para las economías locales.

23.

Señala que debería aclararse si los actuales proyectos de eficiencia energética del Reino Unido, en particular los proyectos iniciados por entes locales y regionales o destinados a estos últimos y consagrados a reducir las emisiones de CO2 e impulsar el suministro de energía sostenible, podrán seguir recibiendo fondos del Mecanismo «Conectar Europa», el FEIE y el BEI, y qué tipo de acuerdos transitorios serían necesarios como resultado de la salida del Reino Unido de la UE.

24.

Insta a las partes en el acuerdo de retirada a que tengan en cuenta las posibles consecuencias de la salida del Reino Unido para los programas de educación y juventud y de I+D de la UE, y les pide que estudien soluciones adecuadas basadas en la llamada «estrategia para países socios», que permite a terceros países participar en estos programas sobre la base de acuerdos bilaterales con la UE. En este sentido, pide a las partes que faciliten la participación de las autoridades locales y descentralizadas del Reino Unido en los futuros programas de la UE, incluidos los destinados a la investigación, la competitividad y la innovación, la cultura, el aprendizaje permanente, la juventud, la administración electrónica y la reforma del sector público, de un modo similar a como ocurre actualmente con otros países, por ejemplo, Islandia o Noruega. Recuerda que el intercambio de estudiantes (dentro y fuera del marco del programa Erasmus) ha sido uno de los mayores éxitos de la integración europea, del que han podido beneficiarse de manera muy significativa las universidades tanto del Reino Unido como de los demás Estados miembros de la UE. Por consiguiente, en cualquier futuro acuerdo debería hacerse lo posible por preservar el papel activo que desempeñan las universidades británicas en este ámbito, que también beneficia en gran medida a las economías locales y regionales.

25.

Señala que redunda en interés de los gobiernos locales y regionales de la UE prever una cooperación permanente y estructurada con los gobiernos subnacionales del Reino Unido tras su retirada. Observa, a este respecto, que el CDR es el más indicado para desarrollar y aplicar mecanismos institucionales destinados a fomentar consultas e intercambios periódicos con los gobiernos locales y los parlamentos y asambleas descentralizados del Reino Unido. Destaca, asimismo, la necesidad de seguir desarrollando asociaciones con el Congreso del Consejo de Europa y las correspondientes redes de entes locales y regionales en las que seguirán estando representados los gobiernos locales del Reino Unido.

26.

Recuerda que, si bien el CDR no está llamado a desempeñar un papel formal en las negociaciones, es evidente que algunos de sus miembros tendrán —en virtud de su ordenamiento jurídico nacional— la posibilidad de adoptar posiciones formales, al menos en lo que se refiere a las disposiciones relativas a las futuras relaciones entre el Reino Unido y la UE, también en el ámbito del comercio.

27.

Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al negociador principal de la Comisión Europea, los coordinadores del Brexit del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, el Gobierno del Reino Unido, las asambleas y gobiernos de las administraciones descentralizadas y los gobiernos locales del Reino Unido, así como a la Presidencia maltesa del Consejo de la UE.

17.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/14

1.

pide una política alimentaria sostenible y global de la UE, que se diseñe democráticamente, cuente con una visión común a largo plazo, se base en los conocimientos científicos más recientes y esté en consonancia con el enfoque de gobernanza multinivel en el que se abordan la producción alimentaria y la nutrición de un modo más exhaustivo, promoviendo unas pautas de producción y consumo más sostenibles, estableciendo un vínculo entre los diferentes ámbitos de las políticas, entre otras, la producción alimentaria, agricultura, medio ambiente, salud, política de los consumidores, empleo y desarrollo rural, y fomentando el crecimiento y el empleo en las regiones y ciudades de Europa; pide al Parlamento Europeo y a la Comisión que pongan en marcha, junto con el CDR, un proyecto piloto para promover el desarrollo de una política alimentaria sostenible de la UE;

2.

subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre mantener la flexibilidad necesaria para evitar un planteamiento «válido para todos los casos» sobre la política alimentaria e impedir su nacionalización. Una mayor coherencia reglamentaria contribuirá a garantizar la seguridad de los consumidores, un funcionamiento eficaz del mercado interior y el respeto del principio de subsidiariedad;

3.

hace hincapié en la importancia de la integración vertical de las políticas alimentarias de acuerdo con criterios de sostenibilidad, a fin de garantizar la coherencia a nivel local, regional, nacional e internacional. Es notorio que los sistemas alimentarios y los aspectos conexos (medioambientales, sociales y económicos) tienen una dimensión local y específica. Por lo tanto, las ciudades y las regiones pueden desempeñar un papel clave a la hora de afrontar los retos de los sistemas alimentarios, y esto debe tenerse en cuenta al elaborar una política alimentaria sostenible de la UE;

4.

subraya la importancia de establecer una visión y una estrategia europeas globales para un suministro seguro, sano y sostenible de alimentos desde el punto de vista de la calidad, asequibilidad y cantidad y basado en criterios de sostenibilidad. Este tipo de política alimentaria de la UE debería basarse en un enfoque integral, que reconozca el carácter mundial de las cadenas de suministro alimentario e incluya la agricultura, la transformación de los alimentos, el medio ambiente y la salud. La Comisión debería velar por que toda la legislación y los incentivos financieros pertinentes de la UE sean coherentes con esta visión y estrategia;

5.

reitera el llamamiento en favor de una política alimentaria de la UE que promueva modos de producción sostenibles para la agricultura europea, con el fin de avanzar hacia el desarrollo de sinergias intersectoriales para la alimentación y el medio ambiente, incluidas las políticas agraria y pesquera, la política energética y climática, la política regional y la política de investigación (1);

6.

llama la atención sobre el hecho de que los valores de los ecosistemas no se tienen en cuenta de forma adecuada en las decisiones sobre los recursos naturales. En la actualidad, los costes medioambientales se externalizan en la producción de alimentos, dando lugar a una situación en que los alimentos producidos de forma más sostenible parecen más caros, sobre todo debido a unos costes de producción superiores; en cambio, el concepto de «servicios ecosistémicos» ofrece una oportunidad importante para desarrollar un marco político que respalde el uso racional de la biodiversidad y otros recursos naturales. Actualmente, los costes asociados con las enfermedades relacionadas con la alimentación, así como los daños causados al agua, el suelo, la fauna silvestre y el clima, se consideran externalidades. Como tales, estos costes no se tienen en cuenta en el precio final de los alimentos, con independencia de que se paguen indirectamente (y a menudo sin ser conscientes) por el conjunto de la sociedad. A este respecto, la Comisión Europea debería promover la aplicación de medidas que permitan reflejar el verdadero precio de los alimentos, al objeto de fomentar una economía sostenible;

7.

reitera la necesidad de reforzar los vínculos entre los distintos sectores relacionados con la alimentación, tales como la energía, la silvicultura, los recursos marinos, el agua, los residuos, la agricultura, y aspectos como el cambio climático, la ciencia, la investigación y el uso de la tierra, ya que todos ellos desempeñan una función crucial en el desarrollo de un crecimiento sostenible (2). Este planteamiento debería tener en cuenta la economía circular de la UE y otros marcos internacionales similares, que permiten aprovechar al máximo las oportunidades de innovación;

8.

subraya la importancia de contar con territorios específicos dentro de la UE para preservar y desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, como las zonas montañosas con una larga tradición de producción de alimentos en un entorno natural difícil;

9.

destaca la importancia de volver a revisar la política agrícola común (PAC) de la UE con el fin de incentivar no solo a los agricultores sino también a los fabricantes de alimentos a producir de forma sostenible, es decir, garantizando una aplicación coherente del mecanismo de condicionalidad de la UE, que establece ayudas a la renta para los productores que respetan las normas ambientales y de bienestar animal;

10.

considera que, en el marco del desarrollo de una política alimentaria más global basada en criterios de sostenibilidad, es importante incluir la política actual sobre las energías renovables. A este respecto, es importante desarrollar medidas para fomentar la producción de biocarburantes que no compitan con los cultivos alimentarios y, al mismo tiempo, desalentar a largo plazo y de manera previsible para las empresas y los trabajadores la producción de biocarburantes de primera generación insostenibles que se fabrican a partir de materias primas alimentarias, como los aceites vegetales;

11.

con el fin de respaldar el crecimiento de la UE, recomienda desarrollar acuerdos de libre comercio con terceros países y otras regiones del mundo que sean coherentes con la producción agroecológica de la UE y, por lo tanto, muy centrados en los aspectos medioambientales y de sostenibilidad. Esta medida garantizaría que la aplicación de requisitos estrictos a la cadena alimentaria de la UE no daría lugar a un mero traslado de la producción de alimentos;

12.

reitera el llamamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para mejorar la integración de la reducción del riesgo de desastres y aumentar la resiliencia en los sectores agrícolas, en particular en las regiones que deben hacer frente a desastres recurrentes y en las que la agricultura desempeña un papel importante;

13.

subraya la importancia de un suelo vivo y sano, fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la preservación de la biodiversidad. En particular, las medidas para promover la diversificación de las especies cultivadas, una agricultura ecológica integrada y extensiva y unas normas más estrictas de bienestar animal deben considerarse prioridades de una política alimentaria sostenible de la UE. Lograr esos objetivos clave también permitirá contribuir a restablecer la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo;

14.

subraya la necesidad de fomentar y apoyar, también económicamente, el desarrollo de sistemas agrarios a pequeña escala, especialmente los situados en zonas vulnerables y en la periferia de las ciudades. El sistema agrario a pequeña escala constituye una herramienta sencilla y accesible que pueden usar los entes locales a la hora de abordar muchos aspectos prácticos, incluida la desigualdad social, los retos medioambientales y los problemas de salud. Además, estos sistemas pueden suministrar a las zonas periféricas de las ciudades una producción sostenible de alimentos de temporada sanos, frescos y locales, accesibles también para las familias con rentas bajas. Los sistemas agrarios a pequeña escala han sido reconocidos como un modelo socialmente consciente que respeta el medio ambiente, reduce los envases y residuos alimentarios, limita las emisiones de CO2 y apoya las prácticas de producción sostenibles (3). A este respecto, los sistemas de pequeñas explotaciones, especialmente las cadenas cortas de suministro de productos agrarios, tienen un efecto positivo en la economía local y el empleo;

15.

reitera la importancia de las cadenas de suministro cortas para aumentar la sostenibilidad medioambiental de los transportes entre los diferentes lugares de consumo. De hecho, cuando aumenta la distancia, también aumenta el impacto negativo en términos de contaminación producida por los medios de transporte;

16.

reitera el llamamiento para hacer un uso más eficiente del agua, la energía, los fertilizantes y los productos fitosanitarios en los sistemas de producción agrícola (4);

17.

reitera que la escasez de jóvenes que se dedican a la agricultura supone una amenaza para la sostenibilidad económica de las zonas rurales. El apoyo a los jóvenes agricultores es una condición necesaria para preservar la agricultura en toda la Unión y la vitalidad de las zonas rurales (5);

18.

hace hincapié en que las cadenas de suministro regionales y locales permiten respaldar una política alimentaria sostenible que recompensa la calidad típica, la tradición y el patrimonio cultural y económico. En particular, dentro de sus países, las empresas artesanales desempeñan un papel clave en muchos entes locales y regionales y constituyen un elemento de promoción y éxito en los mercados extranjeros;

19.

reitera la petición de crear un «plan proteínas» a escala europea para favorecer el desarrollo del cultivo de proteaginosas y leguminosas, con el fin de reducir la dependencia de las importaciones de piensos de soja, al objeto de garantizar la autonomía en proteínas de las explotaciones ganaderas europeas, reducir la utilización de abonos nitrogenados sintéticos y mejorar la fertilidad del suelo (6);

20.

subraya la importancia de los polinizadores y pide que se adopten medidas para garantizar la conservación de los insectos polinizadores, como la reducción del uso de plaguicidas nocivos y el mantenimiento de la diversidad de los cultivos;

21.

pide a la Comisión que refuerce su apoyo a los métodos de producción y de explotación respetuosos con el medio ambiente y el bienestar de los animales, mediante la introducción de medidas destinadas a desincentivar la producción de estiércol innecesaria y las emisiones del transporte; al mismo tiempo, es importante impulsar los sistemas respetuosos con el bienestar animal por medio de una contratación pública favorable y otras medidas pertinentes. En conjunto, es preciso promover mejores prácticas de gestión ganadera que incluyan un uso reducido de antibióticos en las explotaciones, a la vez que se tiene en cuenta el bienestar de los animales;

22.

considera que la agricultura ecológica es una herramienta para fijar más carbono en el suelo, reducir las necesidades de agua para riego y limitar la contaminación por productos químicos como los plaguicidas en el suelo, el aire y el agua;

23.

promueve el desarrollo de redes alimentarias alternativas, incluidos los mercados de agricultores, los alimentos locales, los productos ecológicos y los productos del comercio justo. En concreto, los mercados de agricultores son mercados gestionados por la comunidad que constituyen un importante punto de encuentro social, donde los productores locales ofrecen alimentos sanos y de alta calidad directamente a los consumidores a precios justos y garantizan métodos sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Además, preservan la cultura alimentaria de la comunidad local y contribuyen a proteger la biodiversidad;

24.

subraya la necesidad de establecer programas de salud a largo plazo contra la obesidad y las enfermedades relacionadas con la alimentación, mediante el fomento de la disponibilidad de alimentos de temporada frescos y locales. Estos programas pueden ser especialmente eficaces si se dirigen a las instituciones públicas (como escuelas y hospitales) y las zonas urbanas en las que la obesidad, la falta de mercados rurales y un acceso limitado a alimentos frescos constituyen un problema muy preocupante. Cabe señalar que estos programas ofrecen una doble oportunidad no solo para animar a los consumidores a cambiar su comportamiento hacia una alimentación sana y nutritiva, sino también para orientar las decisiones de los consumidores hacia alimentos de temporada frescos y locales;

25.

recomienda reducir el aumento de la obesidad fomentando campañas de información continuadas con un enfoque multinivel al objeto de orientar el comportamiento de los consumidores hacia una alimentación más vegetariana con un alto consumo de frutas y hortalizas, reduciendo el consumo global de carne, grasas y azúcares, así como hacia la compra de alimentos frescos y de temporada locales y regionales obtenidos con métodos de producción sostenible. Esta acción tiene una importancia capital, sobre todo en las ciudades de Europa que tienen problemas de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria y la obesidad coexisten en las ciudades (doble carga de la malnutrición), como demuestra, por ejemplo, el aumento del número de personas que acuden a los bancos de alimentos y a los comedores sociales;

26.

acoge con satisfacción las iniciativas y entornos que reduzcan la burocracia innecesaria que frena la recuperación y la redistribución de alimentos sanos a las personas necesitadas;

27.

pide que se concrete una terminología completa sobre los sistemas alimentarios sostenibles que incluya la agricultura, la producción y la transformación de los alimentos y los regímenes alimentarios. Ello es fundamental para determinar el «camino a seguir» en favor de una política alimentaria común y global de la UE; deberían ofrecerse instrumentos adecuados para garantizar la aplicación efectiva de las medidas al respecto;

28.

destaca la necesidad de una metodología normalizada para recopilar y comunicar los datos sobre el impacto medioambiental de los productos alimenticios, incluidos los residuos de alimentos, a fin de garantizar la comparabilidad de los datos entre los Estados miembros y fomentar que los costes medioambientales y sociales asociados a los alimentos o regímenes alimentarios se midan en términos económicos;

29.

hace hincapié en la importancia de promover el intercambio de buenas prácticas, poner en común los datos sobre el impacto medioambiental de los alimentos, así como proporcionar información de forma más transparente y accesible para el conjunto de la cadena alimentaria, incluidos los consumidores. La utilización de buenas prácticas y directrices resulta clave para impulsar la adopción de medidas sostenibles adecuadas facilitando a las administraciones locales información suficiente con el fin de aplicar dichos programas;

30.

destaca la necesidad de mejorar la transparencia de las etiquetas de los alimentos, incluida información comparable sobre la repercusión de la alimentación en el medio ambiente. Debe reconocerse que la información disponible en las etiquetas sobre nutrientes y contenido calórico no basta para abordar la compleja relación entre alimentación y salud y que las etiquetas actuales carecen de información sobre el impacto de los productos alimenticios en el medio ambiente. Aunque la mayoría de los consumidores saben que sus decisiones tienen un cierto impacto sobre el medio ambiente, no se dispone de información en la etiqueta del producto para orientar las preferencias de los clientes sobre las opciones sostenibles. Considera que, si bien el etiquetado debe ser claro y pertinente, no deberá ser demasiado complicado ni gravoso para los productores de alimentos;

31.

invita a la Comisión a que adopte medidas encaminadas a reforzar la supervisión y los controles en el sector de la alimentación, que permitan apoyar los alimentos de calidad y contrarrestar la competencia desleal, incrementando por ende la confianza y la credibilidad entre los consumidores;

32.

subraya que los contratos públicos, que representan en torno a un 14 % del PIB de la UE, constituyen una palanca potencialmente poderosa para garantizar un suministro alimentario más sostenible (local y ecológico) por medio de los contratos de restauración del sector público para los comedores escolares y de hospitales. Estos ejemplos pueden reforzar el nexo entre el medio rural y el urbano formulado en la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III;

33.

pide a la Comisión Europea que aclare las restricciones existentes en sus normas de contratación pública con el fin de aplicar criterios de sostenibilidad. La legislación de la UE sobre competencia prohíbe que se especifiquen preferencias territoriales (como alimentos locales) en los contratos públicos;

34.

es favorable a la creación de consejos alimentarios a nivel local para los procesos de planificación, que incluyan actividades como medidas para conectar a productores y consumidores, determinar los desiertos alimentarios y las zonas para situar nuevos mercados a nivel regional y, sobre todo, garantizar que se escucha la voz de los ciudadanos en la elaboración de las políticas;

35.

llama la atención sobre el hecho de que la planificación estratégica a nivel local y regional es esencial para reducir el impacto ambiental global del sistema alimentario. Desde el punto de vista de la producción, es frecuente que muchos servicios (técnicos, financiación, insumos y recursos) no estén disponibles para los productores de forma similar en las zonas urbanas y periurbanas en comparación con las zonas rurales;

36.

destaca la necesidad de otorgar a los entes locales y regionales las competencias necesarias para poner en marcha y gestionar medidas medioambientales específicas y permitirles establecer contratos territoriales firmados conjuntamente con los agricultores o sus representantes (7);

37.

considera que una política de abajo arriba sobre la sostenibilidad alimentaria debería plantearse, en primer lugar, a través de asociaciones de desarrollo local representativas y de los entes locales (regiones y ciudades) (8), también en el contexto de la Nueva Agenda Urbana (9);

38.

recomienda apoyar más iniciativas de las ciudades, como el Pacto de política alimentaria urbana de Milán, adoptado con ocasión de la Expo 2015 de Milán sobre el tema «Alimentar el planeta. Energía para la vida», con el fin de promover unos sistemas alimentarios justos, sostenibles y resilientes.

17.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/19

1.

constata que la salud de la población es importante para la prosperidad y el bienestar de una sociedad. Disfrutar de buena salud tiene un valor de por sí; además, una población sana contribuye al desarrollo económico, y viceversa;

2.

señala que los ciudadanos de la UE viven más tiempo y disfrutan de mejor salud que antes. No obstante, en la UE se registran grandes diferencias en términos de salud, tanto entre sus Estados miembros como dentro de ellos. La esperanza de vida en la UE ha ido mejorando con los años, pero las diferencias, tanto entre Estados miembros, regiones y municipios como dentro de ellos, siguen siendo significativas. Por ejemplo, hay una diferencia de casi nueve años entre los Estados miembros con la esperanza de vida más elevada y más baja (83,3 y 74,5 años respectivamente, según datos de 2014 (1)). El aumento de la esperanza de vida previsto depende, entre otros factores, de un cambio de hábitos, la mejora de la educación y un mejor acceso a la asistencia sanitaria;

3.

hace notar que la asistencia sanitaria y social es un sector importante de la sociedad, que emplea a muchas personas y contribuye a mejorar, hacer más sana y prolongar la vida de muchas personas. Sin embargo, los sistemas sanitarios de los veintiocho Estados miembros difieren entre sí, como lo hacen también los recursos de que disponen;

4.

pone de relieve que la salud y la promoción de la salud tienen un papel importante en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030, adoptados en 2015. Varios de los diecisiete objetivos tienen una dimensión claramente relacionada con la salud, pero uno de ellos (el Objetivo 3) se propone específicamente asegurar una vida sana para todos y respaldar el bienestar de todas las personas, independientemente de su edad. Asimismo, la promoción de la salud es considerada un pilar para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos también están en consonancia con los fijados en el marco multisectorial de política de salud y bienestar (Salud 2020) adoptado en 2012 por la Oficina Regional para Europa de la OMS;

5.

constata que, de acuerdo con el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el objetivo de la acción de la UE en el ámbito de la salud es mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades y eliminar los riesgos sanitarios. Esta acción se lleva a cabo, entre otras cosas, mediante los programas europeos en materia de salud, los Fondos Estructurales y de Inversión y los programas marco para la investigación y la innovación, así como la protección de los derechos fundamentales. En efecto, el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que «toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana»;

6.

señala que la UE tiene ciertas competencias legislativas en ámbitos con repercusiones para la salud pública o relacionados, por ejemplo, con la asistencia sanitaria transfronteriza, además de formular recomendaciones en ámbitos en los que sus competencias legislativas son limitadas. En el marco del Semestre Europeo, la Comisión Europea formula recomendaciones específicas por país que, en algunos casos, afectan al sector de la asistencia sanitaria;

7.

subraya no obstante que, en esencia, los Estados miembros adoptan sus propias decisiones en cuanto a cómo organizar, financiar y configurar la asistencia sanitaria y los servicios sociales. Muchos Estados miembros han decidido que la asistencia sanitaria y el fomento de la salud pública sean principalmente responsabilidad de los entes locales y regionales. Incluso en aquellos países que disponen de un sistema sanitario a nivel nacional, la responsabilidad de los servicios sociales y la asistencia social recae con frecuencia en el nivel local;

8.

acoge favorablemente que la Comisión haya presentado, en junio de 2016, su iniciativa «El estado de la salud en la UE». El objetivo es reunir a expertos internacionales para mejorar los conocimientos en el ámbito de la salud, tanto los referidos a toda la UE como los específicos para cada país, y apoyar a los Estados miembros en la toma de decisiones (2);

9.

toma nota del informe, presentado por la OCDE y la Comisión en noviembre de 2016, «Health at a Glance: Europe 2016». El informe incluye —además de datos estadísticos que dan cuenta de grandes diferencias en lo relativo a la salud, sus factores determinantes, los gastos sanitarios y la eficacia, calidad y accesibilidad de la atención sanitaria— diversos análisis sobre las repercusiones de la mala salud para el mercado de trabajo y la necesidad de reforzar los sistemas de asistencia primaria;

10.

subraya la importancia de que la Comisión asocie a los entes locales y regionales a los futuros trabajos y tenga en cuenta sus puntos de vista con respecto al futuro desarrollo de los sistemas sanitarios, ya que, entre otros motivos, los buenos ejemplos con frecuencia proceden del ámbito local o regional;

11.

constata que los sistemas sanitarios de la UE afrontan varios retos de primer orden, algunos más patentes en ciertos Estados miembros que en otros:

12.

considera que, para que la salud no sea un factor de discriminación, es importante garantizar un acceso universal a la asistencia sanitaria. Una financiación adecuada y sostenible de los servicios sanitarios es primordial para garantizar una cobertura, un acceso y una calidad adecuados. Es preciso combatir los pagos informales y otras formas de corrupción en el ámbito sanitario, ya que tienen efectos negativos para el acceso a la sanidad y su eficacia;

13.

constata que las enfermedades crónicas son predominantes en la carga sanitaria total y generan la mayor parte de los costes de los sistemas sanitarios y otros regímenes de seguridad social. Por ello, y a fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo, los sistemas sanitarios deben reformarse de modo que sean más aptos para gestionar las enfermedades crónicas, además de frenar un desarrollo insostenible de los costes. Muchas enfermedades crónicas pueden prevenirse mediante un cambio de hábitos, y la adopción de medidas adecuadas permite frenar el empeoramiento típico de este tipo de enfermedades;

14.

hace hincapié, en particular, en los problemas que conllevan las enfermedades mentales. En efecto, es preciso dar la misma prioridad a la salud mental de las personas que a su salud física. Con frecuencia es preferible tratar las enfermedades mentales en régimen ambulatorio. Una buena salud mental se fundamenta, a menudo, en buenas relaciones sociales con la familia, las personas allegadas y otras, un buen entorno de trabajo y de vida, y el sentimiento de una existencia coherente y con sentido;

15.

considera preciso dar mayor importancia al trabajo de prevención y fomento de la salud y opina que la atención sanitaria debe basarse en mayor medida en el conocimiento y los datos contrastados. Es necesario mejorar la cooperación entre la asistencia sanitaria y la asistencia a las personas con necesidades específicas, para mejorar así la vida de las personas mayores o con discapacidad. A este respecto, está resultando beneficiosa la integración de los servicios de asistencia sanitaria y social centrada en la evaluación individual y la continuidad de la asistencia. Dado que los hábitos de vida se fundamentan en la infancia, la familia y la escuela tienen un importante papel de prevención que cumplir;

16.

comparte la visión formulada en «Health at a Glance: Europe 2016» de que los países de la UE necesitan reforzar sus sistemas de asistencia sanitaria primaria para responder a las necesidades derivadas del envejecimiento de la población, crear cadenas asistenciales mejoradas y combatir el recurso innecesario a la atención hospitalaria. Debe invertirse en los servicios de asistencia primaria, el régimen ambulatorio y los cuidados a domicilio, y concentrarse, por razones de calidad, los de atención altamente especializada. Para aliviar la carga de los hospitales, es preciso garantizar el acceso a los servicios de asistencia primaria incluso fuera de los horarios laborales normales. Asimismo, urge desarrollar métodos de trabajo multidisciplinares. Los trabajadores de los servicios de atención primaria deberán ser especialistas en prevención y fomento de la salud, así como en asistencia a las personas con enfermedades crónicas;

17.

señala que los sistemas de asistencia social varían enormemente de un Estado miembro a otro. Hay grandes diferencias en cuanto a la proporción de financiación pública y al lugar –viviendas especiales o no– donde se ofrecen los servicios sociales. Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en materia de salud, todas las personas que lo necesiten deben tener acceso a unos servicios sociales de alta calidad. Es importante dar apoyo a los familiares con personas a cargo. Las organizaciones de voluntarios pueden ofrecer actividades suplementarias importantes;

18.

pide a las autoridades nacionales que tengan en cuenta el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales en la transición de la asistencia centrada en los hospitales a la asistencia no institucional y que les brinde la oportunidad de desarrollar actividades creativas y preventivas, servicios de intervención temprana y posibilidades de asistencia de larga duración, en lugar de centrarse en cuidados reactivos;

19.

coincide con «Health at a Glance: Europe 2016» en que deben hacerse mayores esfuerzos en materia de prevención de las enfermedades crónicas en edad laboral. Las enfermedades crónicas inciden negativamente en el empleo y la productividad y son causa de jubilación anticipada, ingresos más bajos y muerte prematura. Un entorno laboral física y mentalmente sano es primordial para solventar el problema de las enfermedades y lesiones laborales y reducir las bajas y el desempleo por enfermedad. Por este motivo, se precisa una cooperación más estrecha entre la política sanitaria y la de empleo y es necesario que los interlocutores sociales participen en esta tarea. Es importante que las medidas en el ámbito de la salud se consideren más como una inversión que como un coste;

20.

defiende que deben adoptarse medidas para posibilitar que las personas con discapacidad trabajen en función de sus condiciones personales. Una buena rehabilitación es fundamental para asegurar que las personas enfermas o heridas puedan reincorporarse rápidamente a su trabajo;

21.

considera que debe darse más importancia a las cuestiones relativas a la influencia del paciente y la atención sanitaria centrada en la persona (3). Hoy en día los pacientes están, por lo general, mejor informados y muchas personas quieren poder elegir a su profesional sanitario y solicitan información sobre la accesibilidad y la calidad. Por este motivo, los sistemas sanitarios deben prestar apoyo a las personas para que cuiden su salud: llevar una vida sana, informarse adecuadamente para elegir tratamiento y médico, tratarse por cuenta propia y evitar las complicaciones médicas;

22.

señala asimismo que es imprescindible que una asistencia sanitaria financiada por todos se preste en función de las necesidades y no de la demanda del paciente, pues este enfoque podría generar un sobreconsumo de atención y tratamientos sanitarios;

23.

subraya que también debe hacerse mayor hincapié en la calidad de la atención sanitaria y en los resultados médicos. La recogida de macrodatos, la transparencia y las comparaciones abiertas sobre la base de indicadores comunes pueden estimular las mejoras y permitir evaluar los efectos de las inversiones en materia de salud;

24.

señala que, para garantizar que los servicios dispongan de un personal competente, se precisa planificación y coordinación entre el sector sanitario y las instancias educativas que puedan ofrecer buenas oportunidades de desarrollo de competencias. Actualmente faltan profesionales en varias categorías de personal, el reparto geográfico es desigual, o hay un desequilibrio entre profesiones. Se precisan, por ejemplo, más médicos de asistencia primaria (4) y es necesario mantener el personal cualificado. Para poder contratar y mantener al personal, los empleadores deben poder ofrecer un buen entorno laboral y buenas condiciones de trabajo. Además, para desarrollar la actividad deben crear equipos pluridisciplinares e integrar los turnos de tareas para reforzar el papel de los enfermeros y otras categorías de personal. El Comité espera que las iniciativas de la Comisión para crear un Cuerpo Europeo de Solidaridad puedan animar a más jóvenes a interesarse por las profesiones del sector sanitario;

25.

apoya los avances de la tecnología médica y la obtención de nuevos medicamentos, y señala que las medidas de investigación e innovación son imprescindibles para el desarrollo de la asistencia sanitaria. El uso de nuevas herramientas y el desarrollo de nuevas tecnologías también pueden mejorar la autonomía de los de los pacientes;

26.

considera que el principal instrumento para mejorar la eficacia de los servicios lo constituyen las nuevas técnicas digitales, que brindan nuevas posibilidades de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, información y comunicación. El ritmo de innovación en este ámbito es elevado. Aunque en muchos casos puede estar justificado plantearse ciertas cuestiones en relación con la protección de los datos personales y la integridad, en general la atención sanitaria ha reaccionado con lentitud a la hora de aprovechar las posibilidades de la tecnología de la información; Las normas de protección de datos deben configurarse de modo que no pongan obstáculos a un tratamiento, supervisión e investigación eficaces, al mismo tiempo que se respeta la privacidad del paciente;

27.

recuerda que, al mismo tiempo, la digitalización implica cambios radicales en los métodos de trabajo y la organización de la asistencia sanitaria, Se verán afectadas las relaciones de poder entre las diferentes categorías de personal, al igual que el equilibrio de poder entre trabajadores y pacientes. Los sistemas de sanidad electrónica y sanidad móvil pueden incrementar no solo la influencia de las personas en su propia salud y sus propios cuidados, sino también la posibilidad de responsabilizarse de ellos en mayor medida. A través de un aumento de la autoasistencia, los pacientes pueden evitar acudir a consultas médicas, lo que con frecuencia mejorará su grado de satisfacción y permitirá controlar los costes de la asistencia sanitaria. Asimismo, una mayor digitalización puede contribuir a mejorar los servicios en las zonas poco pobladas o periféricas;

28.

señala que los nuevos medicamentos desempeñan un papel importante para el desarrollo de la asistencia sanitaria. Los nuevos y mejorados métodos de diagnóstico posibilitan tratamientos y medicamentos adaptados a las personas, con menos efectos secundarios y mejores resultados médicos. No obstante, para mejorar la eficacia en relación con los costes de los sistemas sanitarios, es importante combatir los precios elevados de los medicamentos y la prescripción excesiva. Por este motivo, el Comité respalda las iniciativas de cooperación voluntaria entre Estados miembros en materia de contratación pública, fijación de precios y acceso a los medicamentos;

29.

insta a que se realice un mayor esfuerzo para aprovechar las posibles ventajas económicas y cualitativas de cooperar en el ámbito de los equipos médicos de alto coste y/o altamente especializados;

30.

considera que las acciones con objetivos claros que han sido iniciadas en muchos lugares para mejorar la seguridad de los pacientes deben seguir adelante. Asimismo, se necesitan medidas para combatir la resistencia a los antibióticos, por ejemplo mediante restricciones en su uso, el desarrollo de nuevos antibióticos y un planteamiento integral que tenga en cuenta la salud humana y animal, así como medidas específicas para combatir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Para obtener una protección eficaz contra las infecciones, es necesario garantizar a todas las personas que viven en Europa una protección igualitaria y óptima contra las enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación;

31.

considera urgente que las autoridades sanitarias y sociales de los Estados miembros presten atención a la situación de precariedad en que se encuentran muchos inmigrantes recién llegados, y adopten medidas para responder a las necesidades de atención sanitaria, por ejemplo cuando se trata de afecciones mentales;

32.

destaca que los entes locales y regionales desempeñan un papel decisivo en la protección y el fomento de la salud frente a los factores de riesgo relacionados con el medio ambiente. Con frecuencia, los entes locales son los principales responsables de la protección medioambiental, la calidad del aire, el tratamiento de los residuos, la planificación urbana, el transporte público, el agua y su saneamiento, las zonas verdes de recreo, la seguridad alimentaria, etc. Los sistemas de asistencia sanitaria y social pueden contribuir, por ejemplo, utilizando productos seguros y ecológicos, poniendo en marcha sistemas de recogida de basuras eficaces o reduciendo el uso de agua y energía;

33.

respalda la cooperación en materia de asistencia sanitaria a nivel europeo, siempre que se respete el derecho de los Estados miembros a decidir cómo configurar, organizar y financiar sus sistemas sanitarios. Aun cuando los retos son comunes, con frecuencia las soluciones difieren. La UE debe apoyar a los Estados miembros y sus entes locales y regionales en la labor de fomentar una buena salud pública y desarrollar la asistencia sanitaria. Asimismo, debe actuar sobre la base del principio de subsidiariedad y respetar las diferencias entre los sistemas sanitarios de los Estados miembros;

34.

incide en que, por otra parte, a la UE le conviene, en interés propio, mejorar la salud pública y reducir las diferencias en materia de salud, ya que es una condición para reducir también las diferencias económicas y sociales en Europa. La UE debería trabajar de forma más consecuente partiendo del principio de «integrar la salud en todos los ámbitos de acción»;

35.

destaca la necesidad de mantener la financiación de la política de cohesión de la UE después de 2020 en ámbitos como las infraestructuras sanitarias, la sanidad electrónica y los programas de promoción de la salud, con el fin de fomentar el desarrollo regional y reducir las disparidades sociales y económicas. La eficacia de los proyectos financiados con fondos de la UE debe examinarse desde la perspectiva de la salud pública y el desarrollo económico de la región de que se trate (5);

36.

considera que la cooperación transfronteriza puede contribuir a desarrollar los sistemas sanitarios europeos. Resulta razonable que la UE tenga ciertas competencias legislativas en cuestiones relacionadas con las amenazas sanitarias y la asistencia sanitaria transfronterizas, pero por lo demás su trabajo debe centrarse principalmente en apoyar la labor de los Estados miembros y estimular un desarrollo cualitativo. Para ello, la UE puede, por ejemplo, formular recomendaciones, poner en marcha y financiar proyectos de desarrollo, estimular la cooperación en las regiones transfronterizas, fomentar los intercambios de conocimientos y experiencias, difundir buenos ejemplos y prácticas, participar aún más activamente en el trabajo de elaboración de comparaciones transparentes y evaluar la eficacia de los sistemas sanitarios en colaboración con la OMS y la OCDE, entre otros; En este contexto es importante examinar los efectos que pueden tener los diferentes servicios sanitarios para la salud de los pacientes y para la salud pública en general;

37.

propone, en este contexto, que la Comisión Europea establezca un programa similar a Erasmus para los profesionales de la asistencia sanitaria;

38.

reconoce que los ámbitos prioritarios seleccionados por el Grupo de expertos en evaluación del rendimiento de los sistemas sanitarios (atención sanitaria integrada; acceso a la asistencia y la equidad sanitarias; atención primaria; resultados/eficacia de la asistencia sanitaria; enfermedades crónicas y calidad de la atención sanitaria) también son válidos para el nivel subnacional y se muestra dispuesto a colaborar con el Grupo para dar relieve a los conocimientos técnicos locales y regionales;

39.

pide, en este contexto, que se le conceda el estatuto de observador en el Grupo de expertos en evaluación del rendimiento de los sistemas sanitarios, creado en septiembre de 2014 por la Comisión y los Estados miembros, a petición del Consejo;

40.

opina que la UE debe, entre otras cosas, apoyar la prevención de las enfermedades crónicas, respaldar la innovación de las tecnologías de la información y la comunicación y su uso, impulsar una mayor cooperación a nivel europeo para la evaluación de las tecnologías sanitarias y seguir participando en los esfuerzos a nivel global para responder al problema de la resistencia a los antibióticos. Por este motivo, acoge favorablemente, por ejemplo, el nuevo plan de acción contra la resistencia bacteriana, que la Comisión tiene previsto presentar en 2017;

41.

recuerda, en este contexto, a los Estados miembros su compromiso de dotarse, antes de mediados de 2017, de planes de acción nacionales contra la resistencia a los antimicrobianos «que se basen en el concepto “Una sola salud” y estén en consonancia con los objetivos del Plan de acción mundial de la OMS» y pide a los ministerios de salud que permitan a los entes locales y regionales participar en la elaboración y la aplicación de estos planes;

42.

señala que, gracias a varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y la Directiva sobre la movilidad de los pacientes de 2011, los ciudadanos de la UE disfrutan de mayores posibilidades de solicitar asistencia sanitaria en otro Estado miembro. Esto es positivo por ejemplo para los pacientes con un diagnóstico poco frecuente o que necesitan una asistencia cualificada que no puede proveerse en su lugar de origen. Por este motivo, el Comité aprueba el trabajo de la Comisión para crear una red europea de referencia para personal sanitario y centros de excelencia en los países de la UE, con el fin de impulsar una asistencia sanitaria altamente especializada, y

43.

considera que, en sus trabajos sobre «El estado de la salud en la UE», la Unión debe hacer valer buenos ejemplos de servicios sanitarios eficaces y de gran calidad, mostrar tipos de estructuras organizativas del sector sanitario que contribuyen particularmente a una asistencia sanitaria de gran eficacia y calidad y sacar a la luz cómo una asistencia sanitaria de calidad puede reducir la necesidad de servicios sociales. El Comité de las Regiones desea destacar en este contexto la importancia de dar a conocer modelos organizativos a escala local y regional que han demostrado su eficacia.

—

la publicación de «Health at a Glance: Europe 2016» (noviembre de 2016),

—

«perfiles de salud» específicos por país que permitan clarificar las particularidades y retos de cada uno (noviembre de 2017),

—

análisis que, sobre la base de las dos etapas anteriores, ofrezcan una visión global sintética y vinculen los resultados a la agenda, más amplia, de la UE, centrándose en ámbitos de acción más generales y la posibilidad de aprender unos de otros (noviembre de 2017),

—

la posibilidad de que los Estados miembros puedan solicitar un intercambio voluntario de buenas prácticas para examinar aspectos concretos de la situación a nivel nacional (a partir de noviembre de 2017).

17.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/25

1.

recuerda que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han reconocido que las estrategias de especialización inteligente (RIS3) pueden ser instrumentos poderosos para contribuir a afrontar los retos de la sociedad y fomentar la innovación, la inversión y la competitividad basadas en las especificidades socioeconómicas y territoriales;

2.

subraya la importancia de que el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 haya establecido las RIS3 como una condición ex ante, y acoge con satisfacción que el marco de elaboración de la S3 deje margen para un planteamiento regional y que, de este modo, se deje abierta la posibilidad de tener en cuenta las particularidades regionales;

3.

señala que las regiones se han adherido a la S3 porque resultaba útil para llevar a cabo el desarrollo regional con mayor eficacia y mejores resultados. Las regiones pretenden preservar esta gestión basándose en la subsidiariedad y en un planteamiento de abajo arriba. Asimismo, desean preservar la libertad de elección de las especializaciones regionales. La elaboración de las S3 debe seguir respondiendo prioritariamente a la voluntad de reforzar la dinámica de desarrollo regional y crear empleo en los territorios;

4.

subraya que las normas y directrices para la elaboración de una estrategia de especialización inteligente deben ajustarse al principio de subsidiariedad y ofrecer a las regiones un margen de maniobra suficiente para que puedan afrontar retos específicos;

5.

recuerda que debe garantizarse la participación de todos los niveles de gobernanza —estatal, regional, subregional y/o local— que tengan competencias y desarrollen actuaciones en los ámbitos de trabajo de la estrategia, y que esta debe incluir la llamada «cuádruple hélice» (1), subrayando el papel de la industria y de los centros de educación e investigación, así como de los ciudadanos, si bien la combinación precisa de organizaciones involucradas dependerá del contexto regional;

6.

considera que las RIS3 ofrecen valor añadido a los gobiernos regionales y locales, generando inversiones y proyectos conjuntos intersectoriales e interregionales, que son particularmente beneficiosos en términos de renovación industrial;

7.

resalta que el desarrollo de las RIS3 debe incluir a todas las partes interesadas, animándolas a unirse bajo una visión compartida. El proceso debe fomentar la gobernanza multinivel y debe ayudar a crear capital creativo y social dentro del territorio;

8.

estima que el proceso de diseño y revisión constante de las RIS3 debe seguir siendo un proceso interactivo de gobernanza que sustenta el llamado Proceso de Descubrimiento Emprendedor, respaldado por una combinación de procesos descendentes y ascendentes, en los que también la ciudadanía, representada a través de los cauces que se consideren convenientes, debería participar de forma adecuada;

9.

señala que la obligación de realizar un proceso participativo se deriva del punto 4.3 del anexo I del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. No obstante lo anterior, en numerosos casos, el proceso participativo sigue siendo insuficiente. Por lo tanto, hace un llamamiento a la Comisión para que anime a las partes interesadas pertinentes a nivel nacional, regional y local a velar por el cumplimiento efectivo de esta disposición legal;

10.

recuerda que para el desarrollo de las RIS3 también es recomendable un liderazgo y consenso políticos, y por ello se recomienda una participación activa de toda o la mayor parte de las fuerzas políticas representativas, así como de agentes sociales y organismos de la sociedad civil;

11.

considera que las RIS3 no deben limitarse a las cuestiones de investigación, innovación y desarrollo de las empresas. En el espíritu de la Nueva Agenda de Capacidades para Europa, deben centrarse también en el desarrollo de nuevas cualificaciones, la educación y la formación para todos los ciudadanos y, en particular, los jóvenes, los trabajadores y los desempleados; Asimismo, considera importante fomentar los programas de formación y desarrollo, especialmente en las regiones con poca experiencia en este ámbito, destacando los casos de éxito sectoriales que pueden utilizarse como puntos de referencia para otras regiones e instando a que se adopten medidas de cooperación entre las regiones innovadoras y las regiones menos desarrolladas;

12.

considera que las elecciones de especializaciones inteligentes de las regiones también pueden animar a reforzar ciertas políticas de la UE. Por ejemplo, muchas regiones han optado por desarrollar especializaciones inteligentes en torno a cuestiones marítimas con planteamientos transversales e intersectoriales cuando las políticas europeas presentan cierto retraso de estructuración que limita su capacidad de apoyo y eficacia;

13.

subraya que la priorización de los sectores en los que una región tiene una ventaja comparativa debe alinearse con los objetivos transversales inherentes a la Estrategia de Lisboa (formación de los jóvenes y acceso al empleo, igualdad entre hombres y mujeres, inversión en la educación superior y la investigación, apoyo a la innovación en las pymes en todos los sectores de la economía regional, apoyo a la innovación social y ecológica, etc.). Es fundamental que las políticas europeas puedan seguir sosteniendo estos objetivos esenciales de la Estrategia de Lisboa, acompañando la reafirmación de las S3. En efecto, si bien ha habido importantes avances en este campo, aún quedan por hacer progresos para conseguir estos objetivos en el conjunto de las regiones europeas;

14.

destaca el papel de las estrategias de especialización y de innovación para el desarrollo sostenible de las zonas rurales e insiste en la importancia de la formación en relación con el inventario y el aprovechamiento del potencial o de la capacidad que poseen las comunidades y los valores locales;

15.

recuerda que el mencionado Reglamento dispone que las RIS3 deben contener «un mecanismo de seguimiento» que debería ser capaz de captar y seguir los cambios previstos en cada prioridad RIS3 mediante una selección adecuada de indicadores de resultados y debería promover el intercambio de las mejores prácticas; subraya la importancia de centrarse en el seguimiento y evaluación. Así, debería crearse un marco común con carácter orientativo y flexible, capaz de captar y seguir los cambios previstos en cada prioridad RIS3, que ayude a que las regiones puedan desarrollar sus propios mecanismos de seguimiento e indicadores personalizados, en función de su situación y necesidades. El mecanismo de seguimiento permitirá a las regiones seguir desarrollando de forma continua sus estrategias basándose en datos empíricos. Dependerá fundamentalmente de las características de las respectivas RIS3 y su definición debería ser, por tanto, un elemento del desarrollo de la estrategia. Tomando esto último en consideración, sugiere que, desde esta perspectiva, podría considerarse una dotación financiera específica multifondos destinada a apoyar una metodología flexible de aplicación integrada y compartida por todos los agentes, incluso para las actividades de análisis, supervisión, evaluación y seguimiento;

16.

considera asimismo que las RIS3 no deberían limitarse a la innovación y la investigación, sino que convendría ampliarlas a fin de que en el futuro se conviertan en estrategias de desarrollo regional más integrales, que incluyan otros aspectos como la educación o la formación;

17.

toma nota de la situación actual y propone la creación de un marco común orientativo de seguimiento, que servirá de referencia a cada una de las regiones para que elaboren sus propios marcos de seguimiento, teniendo presentes las peculiaridades regionales, además de permitir las prácticas propias de las regiones en materia de evaluación y seguimiento;

18.

reconoce los esfuerzos realizados por la Plataforma S3 en cuanto a asistencia técnica y elaboración de instrumentos, si bien la existencia de un marco común de carácter orientativo fomentaría una mayor coherencia en la implementación y monitoreo de las RIS3;

19.

recomienda progresividad y prudencia en la evaluación de las S3, que siguen siendo una política reciente, compleja en su elaboración y desarrollo, y que solo puede producir todos sus efectos a lo largo de los años. El primer indicador de éxito debe seguir siendo la realidad de la priorización y de la movilización local; las regiones deben participar estrechamente en la definición y control de los dispositivos de evaluación;

20.

con vistas al próximo período de programación, pide a la Comisión que publique a su debido tiempo las condiciones que deberán cumplirse para elaborar las estrategias. Publicar orientaciones después del inicio del periodo de programación, como en el caso de las actuales condiciones ex ante, es inviable para las instancias encargadas de la ejecución;

21.

recomienda una estrecha coordinación con el seguimiento de los PO regionales del FEDER, en caso de que estos PO desempeñen un papel significativo en la aplicación de la estrategia de I+i, y con la utilización de los criterios regionales armonizados desarrollados a este respecto –teniendo debidamente en cuenta las especificidades territoriales– que según la Comisión Europea (2) pueden dividirse en «indicadores de recursos», «indicadores de productividad» e «indicadores de resultados» (cualitativos y cuantitativos);

22.

hace especial hincapié en el potencial de las instituciones de educación superior, otras instituciones educativas, las organizaciones de investigación y tecnología y las industrias, en particular las pequeñas empresas emergentes y las pymes, en el diseño e implementación de las RIS3. Las instituciones de educación superior constituyen la bisagra entre el llamado «triángulo de conocimiento» (investigación, educación e innovación), y pueden prestar apoyo, de manera especialmente adecuada, a la hora de construir las capacidades de innovación de las regiones. Por esta razón, los gobiernos regionales deberían animar a las instituciones de educación superior a que asuman activamente su papel en los procesos RIS3. En este sentido, debe aspirarse a un equilibrio entre la apertura de las instituciones de educación superior a las necesidades del mercado, por un lado, y una formación sin una finalidad preestablecida y la investigación (básica) para las innovaciones del mañana, por el otro; considera que para ello es esencial que las instituciones de educación superior sean accesibles a todos, contribuyan a elevar el nivel de educación y formación indispensable para una sociedad del conocimiento orientada a la creatividad, y respondan a las necesidades del mercado de trabajo, tanto de las empresas como de los demás empleadores;

23.

recomienda, en la medida de lo posible, que las estrategias RIS3 prevean la constitución de organizaciones o estructuras flexibles y externas orientadas a apoyar a los gobiernos, especialmente a aquellos con capacidad limitada de recursos, en el desarrollo de las capacidades de los entes locales y regionales. Considera extremadamente útiles, pero insuficientes, los apoyos y evaluaciones externas (apoyando evaluaciones por pares y visitas de expertos) llevados a cabo por la Plataforma S3, puesto que considera que todo ente local y regional debe estar capacitado para desarrollar sus capacidades regionales internas, incluidos los mecanismos de implementación, monitoreo y seguimiento de las RIS3;

24.

subraya que, también en el desarrollo y la ejecución de las RIS3, el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos deben ser proporcionados. En general, deberán utilizarse todas las posibilidades para evitar que las RIS3 den lugar a nuevas cargas burocráticas;

25.

señala que las RIS3 deberán seguir siendo suficientemente flexibles más allá del período de programación de los Fondos Estructurales correspondiente. No podrán constituir un obstáculo para los nuevos desarrollos, la diversificación inteligente e, incluso, las innovaciones disruptivas en las regiones. En particular, las RIS3 no deberán limitar las actividades económicas del sector privado —por ejemplo, las empresas de nueva creación— en las regiones respectivas;

26.

señala que el fundamento subyacente de las RIS3 va más allá del uso más eficiente de los Fondos Estructurales, y su objetivo es crear sinergias entre las políticas de innovación y desarrollo regionales y los instrumentos financieros, con el fin de evitar duplicidades;

27.

recuerda que promover sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos «EIE») y Horizonte 2020 es una de las prioridades para el periodo 2014-2020. Sin embargo, la complejidad normativa está dificultando este proceso. Esta búsqueda de sinergias también debe efectuarse en las otras políticas de la Unión Europea y sus instrumentos de intervención;

28.

hace hincapié en el interés de tal gestión que también debe dirigirse a reforzar el apoyo a las pymes, a sus proyectos individuales y a sus acciones colectivas, así como a las nuevas empresas;

29.

señala que se hace imprescindible simplificar el marco normativo y crear interfaces que funcionen adecuadamente y que mejoren la interacción entre los diferentes marcos de apoyo. A su vez, estas deberían incluir una descripción comprensible y clara de cómo se pretenden alcanzar y facilitar dichas sinergias;

30.

considera que es importante fomentar programas de capacitación, especialmente en regiones con limitada experiencia en este sentido, resaltando casos de éxito desde una perspectiva sectorial que puedan convertirse en referentes para otras regiones;

31.

llama la atención sobre el hecho de que uno de los factores claves del éxito en la creación de sinergias radica en promover la comunicación y la cooperación de las partes interesadas que son responsables de los distintos instrumentos de apoyo (Fondos Estructurales y Horizonte 2020) pero que de momento poseen pocos conocimientos técnicos sobre las áreas de las que se ocupan las otras partes interesadas; esto sucede tanto en el nivel regional como en el nivel europeo; insta a la Comisión y a las regiones a que apoyen y promuevan el intercambio entre estos grupos;

32.

recuerda que gran parte del posible éxito va a depender de una fluida relación entre los diferentes niveles de gobernanza, UE, estatal, regional y, cuando proceda, local, así como de la coordinación entre las autoridades de gestión y puntos de contacto nacionales, entre otros;

33.

lamenta que la armonización incompleta entre el marco normativo de las ayudas de gestión directa por parte de la Comisión (Horizonte 2020) y las ayudas de gestión indirecta (Fondos EIE) que están sometidas a las limitaciones de las ayudas estatales siga siendo un gran obstáculo para el aprovechamiento de las sinergias entre ambas. Hace un llamamiento a aplicar las recomendaciones del reciente estudio encargado por el Parlamento Europeo en este sentido (3);

34.

vuelve a reconocer la gran tarea llevada a cabo por la Plataforma S3, si bien detecta una multiplicidad de iniciativas de la Comisión Europea que da pie a confusión, desconocimiento y falta de coordinación entre las regiones;

35.

considera que es preciso analizar las sinergias entre los diferentes instrumentos, iniciativas, herramientas y órganos de apoyo- –por citar algunos, la Plataforma de Especialización Inteligente, el Observatorio Europeo de Agrupaciones, las asociaciones europeas para la innovación, el Foro Estratégico Europeo, las iniciativas en torno a las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) y las infraestructuras de investigación– y un largo etcétera.;

36.

pide a la Comisión que garantice una mayor coherencia en materia de comprensión de iniciativas y de su aplicación, sobre todo en atención a aquellas regiones pequeñas o con menor capacidad administrativa;

37.

solicita una aclaración para distinguir entre los asuntos en los que la Comisión debería dotarse de medios importantes para desarrollar un planteamiento global de la cadena de valor a nivel europeo en un sector determinado, inspirándose en ejemplos de éxito, en sectores clave pertinentes para el mayor número posible de Estados miembros y regiones, para los que convendría que se concentrara en un planteamiento de puesta en red, apoyo y animación, basándose en las S3;

38.

exhorta a la UE a que aclare el impacto de las estrategias de especialización inteligente en los demás mecanismos de orientación de la UE y en el conjunto de sus agentes, así como a que mejore su comunicación, a la vez que recomienda la elaboración de un «atlas de iniciativas, herramientas y proyectos de la UE» en temas relacionados con las RIS3, siguiendo como ejemplo el portal e-Justicia de la Comisión Europea, que tiene como objetivo «facilitar la vida del ciudadano» ofreciéndole información multilingüe;

39.

recomienda a su vez el fomento de una comunidad de conocimiento que forme y profesionalice expertos y expertas en el ámbito de las RIS3, que tenga también en cuenta el trabajo de la OCDE, la Plataforma S3, así como de un amplio sector académico;

40.

hace hincapié en que la creación de una masa crítica a nivel territorial es esencial para que la UE y su industria sean competitivas a escala mundial. Considera que los entes locales y regionales son el lugar adecuado para abordar los ecosistemas innovadores, creando los necesarios vínculos entre las políticas de la UE, la industria, los centros de investigación, los centros de educación superior, así como los ciudadanos;

41.

señala que, sobre la base de las prioridades detectadas en las RIS3, es necesario desarrollar la cooperación interregional que permita la creación de cadenas de valor en toda la UE;

42.

está convencido de que la cooperación interregional creará sinergias entre actividades económicas y recursos ya definidos en las regiones de tal manera que se aprovechen mejor las potencialidades y se eviten duplicidades innecesarias en inversiones, utilizando fondos estructurales;

43.

considera que la clave es poder disponer de suficiente información y capacidad de coordinación cuyo resultado ideal sería un sistema perfecto de complementariedades coherente, que elimine ineficiencias derivadas de la duplicación y la simple imitación;

44.

acoge con satisfacción las diferentes iniciativas de la Comisión Europea en este sentido, como por ejemplo las plataformas temáticas, si bien considera que estas iniciativas deberían nacer con instrumentos financieros y objetivos muy definidos, que eviten el riesgo de incertidumbre entre los participantes, y evitar duplicidades con otras iniciativas o programas como las KIC, ERA-NET, los programas de clústeres de COSME, proyectos en el marco de Interreg Europe, etc.;

45.

critica el hecho de que los grandes instrumentos financieros dejan de lado a los proyectos de menor tamaño y que, a pesar de los importantes montantes movilizados, sobre todo con cargo al FEIE, siguen siendo insuficientes para que las pymes puedan paliar las deficiencias del mercado y facilitar el acceso al crédito y la financiación de los riesgos; muy frecuentemente lo que inhibe la participación de agentes más pequeños es el grado de complejidad y los prolongados procedimientos a la hora de preparar, ejecutar y cerrar un megaproyecto, así como los bajos niveles de preparación tecnológica (lejos de un rendimiento visible de la inversión);

46.

subraya la importancia del desarrollo de plataformas temáticas de la Comisión Europea y especialmente la oportunidad que ofrecen para fomentar la colaboración entre los agentes regionales. Asimismo señala que dichas plataformas de cooperación interregional han demostrado ser cruciales para la aplicación, maximizando el crecimiento económico y el potencial del mercado especialmente en términos de innovación orientada por la industria. Por ello, considera que debería ser posible para varias regiones voluntarias organizar determinadas especializaciones a escala interregional:

47.

considera que las RIS3 deberían alentar a las regiones a trabajar juntas para desarrollar entre los clústeres cooperación internacional sectorial o en segmentos de mercado comunes, que apoyen el fortalecimiento de las mencionadas cadenas de valor internacionales. El papel que los clústeres pueden desempeñar como puentes entre los actores dentro y fuera de las regiones y como canales de apoyo empresarial a las pymes debe reflejarse en las políticas de la UE;

48.

lamenta que el actual marco normativo para la aplicación interregional y transnacional de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos no haya sido utilizado de manera satisfactoria por las autoridades nacionales y regionales. Esto también se refiere a la ejecución de diversas operaciones fuera de la zona del programa, algo cuya aplicación práctica está siendo prácticamente nula;

49.

destaca que de acuerdo con numerosos estudios, existen barreras relevantes que frenan la utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para la cooperación interregional y transnacional, como pueden ser la falta de recursos o capacidad administrativa, la falta de ejemplos de buenas prácticas, incertidumbre sobre cómo hacerlo, inexistencia de marco de referencia y metodologías, falta de claridad de los objetivos, niveles asimétricos de competencia política, barreras normativas y falta de un marco financiero que propicie dicha labor;

50.

opina, por tanto, que el marco normativo actual restringe la cooperación interregional en lugar de fomentarla. A tal efecto, pide a la Comisión Europea que respalde la labor de las redes de las autoridades de gestión del FEDER y del FSE mediante la prestación de asistencia práctica, por ejemplo, para el intercambio de información y la eliminación de las incertidumbres sobre la admisibilidad de las medidas propuestas en casos concretos, y que se abstenga de cualquier interpretación restrictiva del marco normativo existente. No obstante, reconoce que algunas de las barreras sustanciales no se deben a que la actual normativa sea insuficiente, sino a la falta de capacidad administrativa y a unos niveles asimétricos de competencias políticas/administrativas/científicas;

51.

opina que las S3 de las regiones deben ser tenidas debidamente en cuenta en el conjunto de las políticas de la UE, incluida la aplicación del conjunto de la política de cohesión, y no solo en la aplicación del FEDER;

52.

considera que puede resultar complicado pretender impulsar nuevas políticas utilizando el mismo marco normativo y financiero, y por ello considera que convendría permitir cierta flexibilidad de los programas, de modo que estos puedan impulsar nuevas políticas con mayor versatilidad;

53.

considera que para desarrollar su cooperación en torno a las RIS3, las regiones necesitan un instrumento sencillo que les permita tener en cuenta de manera efectiva los costes de la conexión en red y no solo los de los proyectos operativos conjuntos;

54.

rechaza cualquier intento de renacionalizar la política de cohesión más allá de 2020, ya que sigue siendo fundamental para promover las estrategias de especialización inteligente en todas las regiones de la UE y pondría en peligro la evolución positiva ya en marcha en muchos entes locales y regionales en el actual período de financiación;

55.

por ello, recomienda:

56.

recomienda a la Comisión Europea la constitución de un grupo de trabajo con la participación activa del Comité Europeo de las Regiones, que aborde todos estos elementos que permitan dotar a la referida condicionalidad ex ante de las RIS3 de mayor concreción, objetivos e instrumentos.

17.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/32

1.

acoge con satisfacción el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al Plan de Acción sobre el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, ya que en él se subraya especialmente el papel de los entes locales y regionales para reforzar los esfuerzos de los países con vistas a reducir el riesgo de desastres;

2.

subraya que la resiliencia ante los desastres es uno de los aspectos clave del desarrollo sostenible; a este respecto, pide a las instituciones de la Unión Europea que velen por que este principio sea uno de los pilares centrales de las futuras medidas de desarrollo sostenible en Europa y que lo tengan en cuenta en los fondos y proyectos futuros de la UE;

3.

toma nota de que la gravedad y frecuencia de los desastres han aumentado considerablemente durante la última década. Cada año, decenas de miles de personas fallecen en todo el mundo como consecuencia de catástrofes naturales y los costes directos soportados por los Estados miembros de la UE ascienden a decenas de miles de millones de euros; además, el número de muertes tiende a ser mayor en los países en desarrollo y las pérdidas económicas son cada más importantes en las economías desarrolladas;

4.

acoge favorablemente el apoyo a las estrategias y planes de gestión de riesgos de alcance nacional, regional y local, destinados, entre otras cosas, a establecer objetivos, valores de referencia y calendarios y hace hincapié en la necesidad de evaluar las actuales estrategias y planes con el objetivo de incluir las disposiciones del plan de acción sobre el Marco de Sendai. Para las regiones fronterizas es esencial y habría que fomentar una coordinación eficaz entre esas estrategias o el desarrollo de estrategias transfronterizas conjuntas;

5.

hace hincapié en que es más rentable construir infraestructura resistente ante los desastres que adaptar posteriormente estructuras que no son seguras. La UNISDR estima que la relación coste/beneficio es de 1:4;

6.

reconoce la urgente necesidad de alcanzar los objetivos prioritarios de 2020 establecidos en los ODS (1) (11b) y el Marco de Sendai, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos mediante la adopción y aplicación de las políticas y los planes integrados de cara a la inclusión, la eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo y la resiliencia frente a los desastres, así como desarrollar y aplicar, en consonancia con el Marco de Sendai, la gestión holística del riesgo de desastres a todos los niveles;

7.

hace hincapié en que todos los proyectos de la UE relacionados con la construcción de nuevas infraestructuras (ya se ejecuten con cargo a los fondos destinados a la política regional o al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas) deberían ser resilientes ante los desastres; pide que este principio se mencione explícitamente en las normas sobre la manera de utilizar los fondos;

8.

llama la atención sobre la necesidad de asignar recursos financieros adecuados para la reducción del riesgo de desastres en la esfera local, regional y nacional. A menudo la protección civil es competencia de los entes locales y regionales que carecen de medios suficientes para atender a las necesidades. Los entes locales y regionales necesitan recursos y poderes de decisión adecuados. Es preciso asignar suficientes recursos también a los programas de apoyo a la cooperación transfronteriza en materia de reducción del riesgo de desastres y gestión de crisis;

9.

apoya resueltamente la propuesta de la Comisión Europea, de 30 de noviembre de 2016 [COM(2016) 778], que puede posibilitar una muestra de solidaridad de la UE más enérgica en respuesta a catástrofes naturales de alcance general o regional. Solicita la revisión de la definición de catástrofes naturales graves o regionales a efecto del Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que cita la Comisión en su propuesta; señala que los umbrales para catástrofes graves recogidos en la definición —daños de más de 3 000 millones EUR o que representen más del 0,6 % del PIB del Estado afectado— son demasiado elevados y constituyen un obstáculo, especialmente para las regiones más pequeñas y menos desarrolladas que son las que más a menudo necesitan obtener apoyo financiero;

10.

subraya que los entes locales y regionales desempeñan un papel clave en la gestión del riesgo de desastres y en la gestión de catástrofes; toma nota de la función e importancia de las plataformas locales y regionales para mitigar el riesgo de catástrofes y el legítimo papel que desempeñan en este proceso;

11.

señala que la optimización de la gestión del riesgo depende de la cooperación entre el gobierno local y las partes interesadas nacionales, por un lado, y las partes interesadas privadas, por otro, incluidas las compañías de seguros;

12.

recuerda asimismo que la situación geoestratégica de algunas regiones, como las regiones ultraperiféricas (RUP), las convierte en actores privilegiados europeos para la intervención urgente fuera de las fronteras de la UE, pero también para la prevención de riesgos;

13.

señala que las catástrofes no entienden de fronteras regionales ni nacionales, por lo que es necesario establecer un protocolo de actuación coordinada en el caso de que afecten a dos o más Estados. La coordinación es fundamental sobre todo en aquellas situaciones en las que entre los afectados se encuentren Estados terceros;

14.

reconoce que la cuestión de las catástrofes naturales forma parte de las actividades destinadas a afrontar las repercusiones del cambio climático, y que ambos ámbitos han de examinarse conjuntamente. Sugiere que el nuevo Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía refuerce su actividad en este ámbito y siga apoyando la adaptación climática que, además, genera resiliencia en el ámbito local. Reitera su apoyo al Pacto de los Alcaldes y a la campaña «Desarrollando Ciudades Resilientes» de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Con el fin de ayudar a atraer la atención de las ciudades y regiones sobre la campaña «Desarrollando ciudades resilientes», sugiere, asimismo, nombrar embajadores de ciudades resilientes, que contarían con el apoyo del CDR;

15.

acoge con satisfacción la referencia que figura en la Comunicación de la Comisión COM(2016) 739, publicada en noviembre de 2016, a la necesidad de tener en cuenta la reducción del riesgo de catástrofes naturales, aunque lamenta que en este documento no se haga hincapié en que la resiliencia ante los desastres es una de las piedras angulares del desarrollo sostenible en la Unión Europea (2);

16.

hace hincapié en la obligación moral de garantizar que los proyectos de la UE no pongan en peligro vidas humanas a través de la financiación de proyectos de infraestructura que puedan no ser resistentes en caso de catástrofes; insiste, además, en que es más eficaz desde el punto de vista financiero construir infraestructuras resilientes ante los desastres que mejorar infraestructuras que no cumplan las normas de seguridad;

17.

acoge favorablemente la reciente reforma del Fondo de Solidaridad de la UE, a saber el mecanismo mediante el cual la UE presta apoyo financiero en caso de catástrofe grave y principal herramienta de la UE para afrontar los desastres naturales; subraya la importancia del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea como instrumento para dar respuesta a las grandes catástrofes naturales y manifestar la solidaridad europea con las regiones afectadas dentro del territorio de la Unión; se congratula de que, de acuerdo con las recomendaciones del CDR, pueda recurrirse a este Fondo para reforzar la resiliencia de las infraestructuras afectadas. Si bien celebra la ampliación de los plazos a tal efecto, hace hincapié en que un plazo de dos años favorecería más la utilización eficaz del Fondo (3); considera además que el mecanismo de apoyo financiero debería establecer umbrales inferiores, que posibiliten el acceso al mismo tanto de entidades regionales, como locales;

18.

en el caso de la cooperación al desarrollo es necesaria una labor de información para que sean conscientes de que la preparación y respuesta ante emergencias es una responsabilidad de las autoridades y la población;

19.

hace suyo el planteamiento trasversal del plan de acción de la Comisión Europea, que permite incorporar los objetivos del Marco de Sendai a otras políticas de la UE y salvar así la brecha existente entre el Marco mundial de Sendai y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión;

20.

constata que el plan de acción de la Comisión Europea tiene en cuenta la contribución de todas las políticas y prácticas de la UE, no solo la política de protección civil, para ajustarse a las prioridades acordadas en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de Catástrofes;

21.

reconoce que el fundamento de un planteamiento proactivo, en lugar de reactivo, del desarrollo de políticas basadas en el riesgo de desastres naturales lo constituye la elaboración de planes de acción quinquenal, que deberían tener por objetivo la participación de toda la sociedad, así como promover y mejorar el conocimiento de los riesgos, las inversiones relacionadas con los riesgos y la preparación y resiliencia en caso de catástrofes, reforzar las prioridades de la UE en materia de competitividad, investigación e innovación y fomentar un desarrollo sostenible y resiliente, además de impulsar el uso de tecnologías informáticas de comunicación, TIC y redes automáticas de alerta temprana, sobre la base de la detección precoz, comunicación inmediata y protocolos de intervención proactivos;

22.

toma nota de que los proyectos apoyados y ejecutados en el marco del plan pueden ayudar a crear sinergias entre la reducción del riesgo de desastres y las estrategias en materia de cambio climático, así como contribuir a reforzar la capacidad de las ciudades para gestionar los riesgos de catástrofe;

23.

recomienda elaborar planes de acción con arreglo a otros acuerdos internacionales y procesos concluidos o implementados en 2015 y 2016, entre ellos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo, así como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Cumbre Humanitaria Mundial y la nueva Agenda Urbana de la UE;

24.

destaca el importante papel que desempeña la cooperación con el sector privado en lo referente a la recopilación y difusión de datos sobre pérdidas y daños, y mediante el refuerzo de los vínculos entre las estrategias para la gestión del riesgo de catástrofes, la adaptación al cambio climático y la biodiversidad;

25.

subraya la importancia de garantizar que todos los instrumentos financieros de la UE promuevan inversiones basadas en la resiliencia ante el riesgo, y reitera su apoyo a los sistemas de alerta precoz y a las medidas para mejorar las tecnologías redundantes para la comunicación entre sistemas de protección civil y avisos a la población y un enfoque consistente en «reconstruir mejor» tras las catástrofes;

26.

insiste en que incumbe a los entes locales y regionales la responsabilidad política e institucional de proteger a la población y que se hallan en primera línea cuando se trata de reaccionar ante situaciones de crisis, ya que deben garantizar tanto los servicios básicos como la supervisión y la gestión de las catástrofes, cuando estas se producen. Son responsables de la prevención, la organización de la respuesta inmediata y de las operaciones de rescate y, sobre todo, poseen un conocimiento pormenorizado de su territorio y sus comunidades; asimismo, son responsables del subsiguiente trabajo de reconstrucción;

27.

señala que los entes locales y regionales han demostrado muchas veces un fuerte compromiso en la reducción de riesgos de catástrofe, por ejemplo ayudando a elaborar evaluaciones de riesgo y planes de gestión de riesgos, tal como señala el CDR en su Dictamen sobre el Mecanismo de Protección Civil de la Unión (4);

28.

subraya la importancia de desarrollar la cooperación interregional a fin de prevenir los riesgos de catástrofe, especialmente por lo que respecta a la política de protección civil. Cree conveniente que la Comisión contribuya, mediante una mejora de la coordinación entre las regiones, a lograr una cooperación más eficiente y eficaz, estableciendo estándares en los modelos y tecnologías utilizados por esas ciudades y regiones para mejorar la respuesta ante las emergencias que sobrepasen las fronteras o la capacidad de la unidad administrativa;

29.

observa que otra base deseable de cooperación en este ámbito es el desarrollo de una asociación público-privada para la reducción del riesgo de desastres y la adopción de medidas para animar al sector privado a comprender los riesgos locales y convertirse en una de las partes interesadas en las futuras políticas para la reducción del riesgo de desastres, por ejemplo, mediante la ampliación de la prestación de servicios de seguros; reitera su preocupación por el hecho de que, como resultado de los riesgos crecientes, en algunas zonas contratar un seguro pudiera resultar imposible o inasequible, por lo que las autoridades públicas se verían expuestas a un riesgo financiero potencialmente enorme. Subraya que la mancomunación de riesgos constituye una opción que debería explorarse y pide que se evalúe la viabilidad de un régimen de seguro obligatorio contra los desastres naturales (5);

30.

considera legítimos los esfuerzos para aprovechar plenamente el creciente papel de la tecnología de la telefonía móvil, internet y los medios sociales para comunicar información en situaciones de catástrofe, especialmente la potenciación de la tecnología AML (Avanced Mobil Location) que permita la inmediata localización de la llamada al número europeo de emergencias 112. El uso de dichas tecnologías es igualmente importante para el desarrollo de campañas de prevención y de formación ante catástrofes;

31.

solicita una política efectiva de información en caso de desastres, que pueda ayudar a prevenir daños si se prevén repeticiones o réplicas. Considera además necesario establecer un servicio de protección y ayuda material y psicológica a víctimas, familiares, intervinientes y otros afectados en el supuesto de catástrofes;

32.

subraya que los entes locales y regionales requieren conocimientos, herramientas, capacidades y recursos para cumplir con sus obligaciones como se especifica en el Dictamen del CDR sobre el Marco de Acción de Hyogo posterior a 2015; al mismo tiempo, señala que, aunque los entes locales son responsables de una amplia gama de infraestructuras básicas, las inversiones para hacerlas más resilientes ante el riesgo de catástrofes no son muy visibles, de manera que estas inversiones menudo se omiten o se ponen obstáculos a su ejecución (6);

33.

pide que se adopten medidas para aumentar la concienciación de los ciudadanos, entre otras cosas, emprendiendo estudios sobre la gestión del riesgo de desastres. Se recomienda dar a conocer a los residentes de las zonas amenazadas la necesidad de solidarizarse con los residentes de las zonas propensas a los desastres. En la actualidad, se desconoce bastante la manera en que pueden escalar los riesgos;

34.

subraya la importancia de que los entes locales y regionales, en el contexto de los conocimientos, herramientas, capacidades y recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones, tal y como se especifica en el Dictamen del CDR sobre el Marco de Acción de Hyogo posterior a 2015, desarrollen redes de estaciones de medición meteorológica. Estas redes deben permitir la monitorización, tanto de las variables que cuantifican, de forma precisa, el cambio climático, como de todas aquellas variables que permiten la observación y la alerta temprana de catástrofes;

35.

apoya resueltamente la propuesta de la Comisión Europea [COM(2016) 778] de crear un nuevo eje prioritario con un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % para apoyar, en el marco de las prioridades de inversión del FEDER, medidas de previsión, prevención, planificación, respuesta y recuperación frente a los desastres naturales de alcance general o regional;

36.

apoya las medidas propuestas para considerar subvencionables los gastos en que se incurra a tal efecto desde el momento en que se produzca un desastre, incluso antes de la entrada en vigor de este Reglamento;

37.

señala que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión es compatible con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Hace hincapié en que los desastres no conocen fronteras y, por consiguiente, la resiliencia frente a los desastres es un ámbito en el que hay que coordinar las acciones. La protección civil es un ámbito de competencias en el que la Unión actúa para apoyar, coordinar o complementar la acción de sus Estados miembros (artículo 6 del TFUE). Con arreglo al artículo 196 del TFUE, la Unión podrá actuar sin recurrir a la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

17.8.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 272/36

1.

acoge con satisfacción las propuestas legislativas de la Comisión Europea sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 en los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE UE) [COM(2016) 482 final] y sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 (UTCUTS) [COM(2016) 479 final];

2.

considera importante que las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE UE) se reduzcan hasta 2030 en tal medida que permitan lograr el objetivo a largo plazo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 95 % de aquí a 2050;

3.

considera que, con vistas a cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, es una opción muy innovadora y rentable que, en el marco de la política climática de la UE, se aproveche de modo integrado el potencial de las absorciones de las emisiones de CO2 resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS);

4.

considera determinante que se reconozca a los entes locales y regionales, que se les asocie como agentes clave en la aplicación de las medidas de la nueva política climática y que, de conformidad con los principios de la gobernanza multinivel, participen de manera activa y plena en la ejecución de la política de la UE en materia de energía y clima;

5.

destaca el papel y las competencias de las ciudades y regiones en la recogida y compilación de los datos que son necesarios para elaborar los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores cubiertos por el Reglamento UTCUTS y la Decisión sobre el reparto del esfuerzo; recomienda que los Estados miembros y la Comisión apoyen de manera coherente a los entes locales y regionales mediante el refuerzo de sus capacidades respectivas para el desempeño de sus tareas básicas en el diseño y la planificación del desarrollo local en los ámbitos de la energía, el transporte, la gestión de residuos y el aprovechamiento del suelo, entre otros;

6.

considera que, aunque gracias a los instrumentos de flexibilidad los principios del mercado y las prácticas de uso del suelo, así como los medios para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, se plasman en las medidas de protección del clima, es necesario introducir cambios para no menoscabar el alto nivel de exigencia de los objetivos de la política climática de la UE y evitar una inflación en el comercio de cuotas. Esto puede lograrse mediante la contabilización de las emisiones reales o de la tendencia lineal de reducción en 2020, la disminución de la transferencia del exceso de cuotas del RCDE a los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión y el establecimiento de objetivos más ambiciosos, también para los países con un PIB bajo;

7.

pide la introducción de controles intermedios de la conformidad cada cinco años como un medio eficaz para garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones mediante una supervisión más regular;

8.

considera que, en vista de la falta de objetivos específicos de reducción de emisiones para cada uno de los sectores regulados por la Decisión de reparto del esfuerzo, deberían preverse disposiciones de planificación, a fin de que en el nivel de la UE, los Estados miembros, las regiones y los entes locales puedan desarrollarse estrategias y medidas que garanticen la transición de estos sectores a medidas de reducción de las emisiones de CO2. También deberán determinarse objetivos sectoriales para garantizar que todos los sectores cubiertos por la Decisión de reparto del esfuerzo se hallen en conformidad con el objetivo de reducción de las emisiones a nivel mundial propuesto en el Reglamento y, aparte de esto, deberán reforzarse las comprobaciones de cumplimiento con revisiones y balances anuales;

9.

subraya la necesidad de aprovechar plenamente y de forma más ambiciosa las posibilidades que ofrecen los requisitos jurídicos para adoptar medidas sectoriales en sectores donde existe el riesgo de que aumenten las emisiones (por ejemplo, eficiencia de los automóviles y los vehículos industriales ligeros en el sector del transporte);

10.

pide a la Comisión Europea que considere la aportación procedente del UTCUTS desde una perspectiva global, reconociendo que este sector, y en especial el forestal, puede contribuir positivamente a mitigar el cambio climático de numerosas maneras, por ejemplo, mediante el secuestro, el almacenamiento y la sustitución de emisiones de CO2;

1.

considera indudable que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en los sectores cubiertos por la Decisión de reparto del esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por el Reglamento UTCUTS, puesto que estos actos legislativos requieren que se integre la dimensión territorial. Al mismo tiempo, se trata directamente de ámbitos en los que los entes locales y regionales, dadas sus responsabilidades y competencias legales, pueden actuar. Existe un amplio conjunto de instrumentos adecuados para aplicar las políticas, por ejemplo, la ordenación del territorio, el fomento de las pymes, las medidas políticas destinadas a atraer y promover inversiones ecológicas, el sector de la construcción, el transporte urbano, la movilidad y los planes de desarrollo urbano;

2.

destaca que las medidas propuestas contribuyen a reducir las emisiones en los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), por lo que aportan un valor añadido social, económico y ecológico. Por ello, las ciudades y regiones desempeñan un papel aún más esencial, ya que en sus territorios son pioneras y fuerzas impulsoras de las iniciativas de descarbonización y tienen en cuenta los factores económicos y sociales sobre el terreno que afectan a cada acción;

3.

subraya que una silvicultura moderna y sostenible contribuye a incrementar el uso de recursos renovables y de bioenergía como sustitutos de los combustibles fósiles, además de cumplir eficazmente una función de sumidero de carbono. Asimismo, hace hincapié en la importancia de que la reducción de las emisiones en los sectores del UTCUTS también se impulse a través de la política agrícola común;

4.

opina que corresponde a los entes locales y regionales la importante tarea de informar directamente a los ciudadanos y realizar campañas sobre cuestiones relacionadas con la energía. Las propuestas de la Comisión apoyan la aplicación de estrategias regionales en materia de clima y energía e impulsan la descarbonización de los sectores y el uso planificado del suelo en el contexto del desarrollo regional y urbano y la ordenación territorial. Los procesos regionales y locales se desarrollan en el marco de ejemplos concretos y los objetivos de reducción establecidos en el Pacto de los Alcaldes;

5.

considera que los reglamentos propuestos no plantean ningún problema con respecto a su conformidad con el principio de subsidiariedad, puesto que la lucha contra el cambio climático y sus efectos es claramente una cuestión transfronteriza y, por lo tanto, los objetivos de dichos reglamentos solo pueden lograrse mediante una acción a nivel de la UE. Los reglamentos propuestos tampoco exceden de lo necesario en cuanto a forma o contenido para lograr el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030 de manera rentable y, por lo tanto, cumplen el principio de proporcionalidad;

6.

considera necesario tomar amplias medidas en materia de clima que faciliten la transición hacia una economía hipocarbónica y fuentes de energía limpias, también en aquellos sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión. En el caso del reparto del esfuerzo propuesto, se intentará alcanzar una regulación general para los sectores no cubiertos por el RCDE UE;

7.

llama la atención sobre el hecho de que la Comisión no fije unos objetivos precisos y jurídicamente vinculantes para estos sectores sino que parte de una apreciación global de su contribución y deja a los Estados miembros una libertad relativamente amplia para adoptar las medidas concretas que quieren aplicar para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las perspectivas para reducir tales emisiones varían de un sector a otro y pueden incluso derivar en un incremento en la escena nacional (por ejemplo, las previsiones de emisiones procedentes de los transportes terrestres se realizan independientemente de la aplicación de medidas destinadas a mejorar la eficiencia de los carburantes);

8.

pide aplicar de modo flexible los objetivos comunes en el conjunto de los sectores, evaluando y teniendo en cuenta las capacidades locales y regionales respectivas; sin embargo, es prácticamente imposible fragmentar los objetivos en función de los sectores;

9.

destaca que todos los Estados miembros y los sectores de la economía deben contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y que todos deben intentar alcanzar el objetivo mencionado, conciliando consideraciones de equidad y solidaridad. Los objetivos nacionales del grupo de Estados miembros cuyo PIB per cápita es superior a la media de la UE deben acomodarse proporcionalmente para garantizar la rentabilidad de modo justo y equilibrado;

10.

puntualiza que la consecución de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero deberá aumentar la eficiencia y la innovación en la economía europea y, en particular, catalizar las mejoras, especialmente en sectores como la construcción, la agricultura, la gestión de residuos y el transporte, en la medida en que estén comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento;

11.

llama la atención sobre el hecho de que la Decisión de reparto del esfuerzo prevé muchas posibilidades de impulsar la flexibilidad y el comercio con el fin de ayudar a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones de aquí a 2030. Tales medidas disminuyen los costes de reducción de las emisiones, aunque es necesario hacer gala de realismo y prudencia y prestar atención a que la flexibilidad no conduzca, en algunos Estados miembros, a aumentar las emisiones o manipular los objetivos y hacerlos menos estrictos, ya sea antes de la entrada en vigor de las disposiciones o al aplicar el mecanismo de flexibilidad, puesto que la existencia de mecanismos de flexibilidad distintos podría, en última instancia, causar que no se alcanzaran los objetivos de reducción de las emisiones. El reto consiste en tener en cuenta no solo los problemas económicos y estructurales de los Estados miembros y su nivel de vida sino también las diferencias regionales dentro cada Estado, con el fin de cumplir los ambiciosos objetivos;

12.

insta a la Comisión a que proponga soluciones concretas a la problemática de las regiones que puedan experimentar dificultades particulares o estén en declive en el contexto de la necesaria transición hacia una economía hipocarbónica; subraya la necesidad de desarrollar soluciones realistas para las regiones que dependan considerablemente del uso de combustibles fósiles o industrias intensivas en el consumo de energía, o que puedan verse desproporcionadamente afectadas de otra manera por la aplicación de los reglamentos propuestos; hace hincapié en la importancia de que los entes locales y regionales participen en el desarrollo de las trayectorias de desarrollo sostenible que puedan estimular la economía de estas regiones;

13.

señala que, dado el exceso de oferta de derechos de emisión del RCDE y el bajo precio del CO2, la cancelación limitada de hasta un máximo de 100 millones de derechos de emisión no permite reducir significativamente las emisiones, sino que puede ser contraria a los objetivos de protección del clima y dar lugar incluso a un aumento de las emisiones en sectores no sujetos al RCDE, como consecuencia del proceso de reequilibrio;

14.

pide a la Comisión que, a la hora de aplicar sanciones, prevea cierta flexibilidad y fije tipos de conversión inferiores para redistribuir las cuotas de emisiones entre sectores;

15.

acoge con satisfacción la propuesta de permitir a los Estados miembros utilizar un total de 280 millones de derechos de emisión del sector UTCUTS reconociendo que este sector, y en especial los bosques, pueden contribuir positivamente al marco climático de la UE. Señala que existen problemas con la exactitud del seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector UTCUTS y el apoyo a los entes locales en la recogida de datos;

16.

constata que el secuestro del carbono en el marco del UTCUTS debe limitarse a aquellos ámbitos del reparto del esfuerzo en los que las normas de contabilidad tienen una base científica y están verificadas mediante proyectos piloto. De esta manera, se evitará la especulación y una restricción de los principios generales al mero aspecto de los costes. Al efectuar el seguimiento de las medidas del UTCUTS y elaborar las notificaciones pertinentes es imprescindible evitar la doble contabilidad, de conformidad con las normas de buen juicio y los mejores métodos; esto tiene especial validez en el caso de la transición entre categorías de uso de las tierras pero también para la contabilidad de los productos de madera y de perturbaciones naturales;

17.

propone que la aplicación de deducciones se considere a intervalos de cinco años, de modo que pueda tenerse en cuenta la posible contribución de las tierras deforestadas, las tierras forestadas, los cultivos gestionados y los pastos gestionados. Así se respetará la variabilidad de la naturaleza y se equilibrará el impacto de acontecimientos accidentales y procesos cíclicos;

18.

recomienda a la Comisión que colabore con los Estados miembros a la hora de definir de modo más preciso el papel de los entes locales y regionales en la gestión de los datos y la supervisión de la contabilidad del sector UTCUTS;

19.

considera importante que el sólido ciclo de notificación y cumplimiento definido en la Decisión de reparto del esfuerzo se haya mantenido en la propuesta. Los Estados miembros mantendrán la obligación de cumplir con límites de emisión anuales y una trayectoria lineal en el período comprendido entre 2021 y 2030, aunque la comprobación de cumplimiento actual se organizará cada cinco años;

20.

destaca que la Comisión, a fin de garantizar que la comprobación del cumplimiento se lleva a cabo sobre la base de datos precisos, deberá examinar y evaluar de forma continua y sistemática los inventarios de gases de efecto invernadero presentados por los Estados miembros, con la ayuda de auditores independientes cuando proceda;

21.

opina que la Agencia Europea de Medio Ambiente debe seguir coordinando el control de la transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de la información presentada. La cuestión decisiva es el apoyo a los entes locales y regionales para que puedan llevar a cabo la contabilidad y presentar las notificaciones, a fin de tener en cuenta las especificidades locales y territoriales de modo más eficaz que hasta ahora;

22.

considera importante que esta propuesta no imponga a las administraciones nacionales, regionales y locales y a las empresas, pymes y microempresas una obligación de información directa o les aplique cargas administrativas;

23.

señala que la variedad y la variabilidad del uso de la tierra en Europa conllevan una gestión lógicamente dispar y desigual que hace necesario armonizar y normalizar, de forma decidida y coordinada, la calidad de los datos de los Estados miembros, teniendo en cuenta las especificidades, las circunstancias y la dinámica a escala no solo nacional sino también regional y local; sugiere, en este contexto, que se utilice la experiencia adquirida a través de instrumentos como la metodología para los inventarios de emisiones con arreglo a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes, y vincularla a los actuales esfuerzos por establecer indicadores flexibles, sencillos y fiables para medir las emisiones locales y regionales en el contexto del Pacto Mundial de los Alcaldes;

24.

expresa su preocupación por que el Protocolo de Kioto expire a finales de 2020. Por consiguiente, la gobernanza del UTCUTS tiene que seguir desarrollándose dentro de la UE. En la actualidad esto tiene lugar sobre la base de la Decisión UTCUTS (529/2013/UE), que ya se aplica, gracias a lo cual se crearán, de aquí a 2020, mejores sistemas de contabilidad. Sin un marco legal que consolide esta implementación y que defina las normas aplicables para el período posterior a 2020, la introducción del UTCUTS en el marco global podría ser heterogénea en la UE. Las diferencias entre las normas de notificación y de contabilidad de los distintos Estados miembros tendrían un efecto negativo en el funcionamiento óptimo del mercado único.

25.

reconoce que las normas de contabilidad del inventario del UTCUTS, basadas en el procedimiento IPCC de 2006, no se corresponden con los métodos más modernos. La UE debería desarrollar sustancialmente el procedimiento de inventariado para mejorar su precisión y rapidez, manteniendo al mismo tiempo la sencillez y la transparencia del sistema. En este contexto, las ciudades y las regiones desempeñan un papel importante, incluso decisivo, a la hora de transmitir las informaciones necesarias para los inventarios del UTCUTS, realizar las evaluaciones ex post y elaborar previsiones;

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subraya que, en este proceso, el uso de estructuras de apoyo consagradas a impulsar una mejora progresiva parece constituir una evolución prometedora. El CDR podría contribuir a crear un entorno favorable que permita —en concordancia con los principios básicos del procedimiento IPCC, a saber, coherencia, comparabilidad, exhaustividad, exactitud y transparencia— seguir desarrollando la capacidad de las regiones y ciudades para recopilar, analizar y combinar datos relacionados con el UTCUTS;

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considera que la Comisión Europea, junto con el CDR, debería desarrollar orientaciones que ayuden a los entes locales y regionales en el proceso de recopilación de datos, así como normas metodológicas comunes para integrar y tener en cuenta la información local, sin olvidar el compromiso entre exactitud y rentabilidad y la limitación de la carga administrativa. Obviamente, solo la participación de expertos locales y regionales puede garantizar una mayor exactitud;

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señala que un enfoque que promueva la participación de múltiples partes interesadas no solo es apropiado para alcanzar un consenso sobre las cuestiones relativas al cambio climático y a la organización del sector del UTCUTS, sino que también contribuye a consolidar la transparencia y la obligación de notificación, así como a mejorar la evaluación del impacto social y económico a escala local y regional, encontrar más fácilmente soluciones óptimas y afrontar la creciente complejidad en todo el sector;

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opina que, al incluir el UTCUTS en el marco de la política climática, hay que tener en cuenta, en primera instancia, la agricultura y la silvicultura, pero también la contribución de sectores como la vivienda, la gestión de residuos y la pequeña industria, a la hora tanto de adoptar buenas prácticas sobre transparencia como de garantizar la eficacia de los mecanismos de control. Es fundamental recabar información de forma rápida y concreta de los diferentes sectores, tanto durante las negociaciones del Reglamento como durante su aplicación;

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destaca que las oportunidades de financiación deberían ampliarse a escala local y regional de forma continua, con mayor determinación que hasta ahora y de modo más descentralizado, en los casos en que puedan constituir complementos atractivos de financiación para el sector privado y las entidades de crédito. Además, para poner a disposición recursos económicos nacionales y europeos en forma de subvenciones y cofinanciación, debería sopesarse la posibilidad de mejorar la calificación crediticia de los entes locales y regionales y su capacidad de conceder o tomar préstamos para emprender iniciativas ecológicas. Esto puede lograrse mediante cambios en la legislación o asociaciones entre ciudades que, por sí solas, no son lo suficientemente grandes, por ejemplo, para adquirir bonos.