28.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 487/1

Ponente:

Etele BARÁTH

1.1.

El CESE considera que es necesario desarrollar una gobernanza europea coordinada y orientada al desarrollo, para contribuir a la construcción de una Europa renovada, fuerte y pacífica. Conviene reforzar la coordinación, en su caso dotando a la gobernanza de un nuevo modo de organización.

1.2.

Hay que restaurar un desarrollo dinámico de la economía a través de evoluciones coordinadas y consolidar los fundamentos del bienestar social y de la democracia, así como la coexistencia de las distintas culturas y un respeto ejemplar del medio ambiente.

1.3.

El CESE destaca que la aplicación coherente del principio de asociación tiene como objeto favorecer la participación de las partes interesadas en la planificación y la aplicación de las inversiones de los fondos de la Unión Europea. Esta participación reforzará el compromiso colectivo en favor de las inversiones y permitirá recurrir en mayor medida a la experiencia. Asimismo, hará más eficaz la aplicación de los proyectos, aumentará la transparencia y contribuirá a prevenir los fraudes y los abusos.

1.4.

Lo que necesitamos son objetivos y una estrategia simples y accesibles, un proyecto único para Europa (Estrategia UE 2030-50). Se debe confirmar que la creación de una Europa innovadora, viable e integradora sigue siendo un objetivo estratégico primordial de la Unión. A tal fin, los objetivos de la COP21 (objetivos de desarrollo sostenible) también deberían incluirse en el proyecto.

1.5.

Los programas de desarrollo deben coordinarse mejor. La elaboración de los programas y herramientas de desarrollo a corto, medio y largo plazo deberá obedecer a un conjunto de objetivos concisos. Por «herramientas» se entiende el conjunto de instrumentos políticos, jurídicos, organizativos y financieros.

1.6.

Para mejorar la coordinación, el CESE aboga por utilizar, al servicio de los objetivos europeos comunes, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) tradicionales, así como los proyectos, centrados en el mercado y financiados también con capital privado, del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE). Para ello, es importante coordinar los objetivos y la normativa relativa a su aplicación.

1.7.

El Comité propone que el principal instrumento al servicio de una gobernanza central orientada al desarrollo y reforzada sea el Semestre Europeo, que se basa en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y debería también prever los medios para influir de forma continua en el proyecto para Europa y seguir atentamente su evolución. El Semestre Europeo podría así desempeñar a la vez misiones en el ámbito de los sistemas cuyo objetivo es asegurar un entorno que garantice el bienestar social.

1.8.

Junto al indicador de rendimiento del PIB ya adoptado, de naturaleza esencialmente económica, podría utilizarse un indicador de resultados (resultado interior bruto), complementario del primero, que refleje también la sostenibilidad e incluya sobre todo factores sociales y medioambientales, y que podría servir de base para controlar la eficacia de la gobernanza orientada al desarrollo.

1.9.

Se necesitan una estrecha coordinación y la instauración de un método abierto de cooperación entre los Estados miembros. Es preciso adaptar la experiencia adquirida hasta la fecha en los procesos de desarrollo.

1.10.

Deben consolidarse los instrumentos jurídicos y financieros. Los resultados de la gobernanza orientada al desarrollo dependerán del dinamismo de la economía, el aumento del capital movilizado, un sistema de inversión más eficaz, una mano de obra más cualificada y el grado de innovación de las empresas. Pero su principal objetivo a más largo plazo es crear bienestar y una sociedad renovada, y garantizar un medio ambiente mejorado y sostenible.

1.11.

Es necesaria una aplicación compartida a varios niveles. Paralelamente a la reforma en curso (programa REFIT), conviene desarrollar los instrumentos jurídicos y administrativos de la gobernanza orientada al desarrollo. A este respecto, los instrumentos de nivel intermedio, es decir, los instrumentos de coordinación del desarrollo macrorregional, deben reforzarse considerablemente. Además, las regiones funcionales, las ciudades, las zonas urbanas, las aglomeraciones, las zonas metropolitanas y las redes están llamadas a desempeñar un papel de considerable valor en el marco del proyecto para Europa.

1.12.

Uno de los elementos principales de una gobernanza orientada al desarrollo a largo plazo es la continuidad. Es necesario coordinar los factores que constituyen la naturaleza cíclica de las políticas, los procesos de programación y desarrollo y los horizontes presupuestarios. La actividad de desarrollo requiere un análisis continuo, control y correcciones.

1.13.

Es especialmente importante informar al público con exactitud, promover su participación, desarrollar la comunicación y el marketing político y presentar debidamente los resultados concretos y los puntos débiles.

1.14.

El CESE siempre ha abogado por reforzar la participación democrática. Por lo que respecta al método abierto de cooperación, la participación de los interlocutores económicos y sociales y las ONG debería estar garantizada en todos los niveles, lo que, a escala europea, debe ir de la mano con la valorización del papel del CESE.

1.15.

Como ya señaló en su dictamen de 2012 (1), el CESE apoya la iniciativa de la Comisión Europea relativa a la adopción de un Código de Conducta Europeo sobre la Asociación (CCEA), cuyo objetivo es proporcionar a los Estados miembros un marco de asociación en materia de planificación y aplicación. La concepción que los socios tienen de Europa contribuirá a definir los objetivos y a favorecer su identificación, y mejorará la eficiencia de la ejecución de los planes.

1.16.

El CESE subraya que ha llegado el momento de superar la normativa sobre la asociación basada en propuestas y buenas prácticas; hay que precisar ampliamente las expectativas mínimas que deben satisfacer las autoridades de los Estados miembros so pena de sanciones.

1.17.

El CESE recomienda que se exija a los Estados miembros que establezcan sistemas de financiación eficaces dirigidos a reforzar las capacidades de los socios. Estos sistemas deberían ir más allá de la mera formación o transmisión de información y abarcar asimismo el desarrollo de redes de asociación y la creación de instrumentos de participación efectiva.

1.18.

El CESE insta encarecidamente a la Comisión Europea a que intensifique la cooperación con las redes de asociación europeas. La Comisión debe implantar un sistema de financiación europeo que contribuya al funcionamiento de las redes europeas de ONG activas en el ámbito de la política regional, en particular, con vistas a controlar los procesos nacionales y garantizar el retorno de información.

2.1.1.

La Unión Europea es fuerte, pero sigue enfrentándose a una crisis con diversas vertientes que no cesa, como ha puesto en evidencia el Brexit. La crisis económica de 2008 puso fin a la euforia suscitada por la ampliación de principios del decenio de 2000 y en muchos países invirtió el proceso de convergencia.

2.1.2.

La crisis económica, y en especial el consiguiente descenso de las inversiones, agrietó la unidad basada en el crecimiento que existía entre los Estados miembros y provocó crecientes tensiones políticas, económicas y sociales. A pesar del objetivo fundamental de la Unión, las diferencias de desarrollo entre los Estados miembros se acentúan.

2.1.3.

La decisión de seguir imponiendo políticas de austeridad estrictas a países afectados por un elevado nivel de deuda pública y deuda exterior y con déficit presupuestario contribuye a ampliar la brecha entre los países más desarrollados y los que se enfrentan a la austeridad. Se precisan nuevas políticas, por una parte, para combinar el crecimiento económico y el control del déficit presupuestario y, por otra, para fomentar la inclusión social.

2.1.4.

La pobreza, la precariedad laboral y el desempleo han alcanzado un nivel inaceptable. La falta de perspectivas para los jóvenes constituye un obstáculo importante para el futuro renovable de Europa.

2.1.5.

La Unión Europea ha perdido su atractivo para los inversores y se considera muy burocrática. Por lo que respecta a las inversiones productivas, pierde terreno de forma progresiva con respecto a los Estados Unidos y a algunos de sus Estados miembros, como Alemania y Reino Unido. Los países rezagados frenan a los más dinámicos. Es menor la necesidad de una interdependencia mutua. En algunos países, a pesar de un superávit presupuestario sustancial, la diferencia es cada vez mayor debido al descenso de las inversiones productivas, lo que, además, agrava el atraso de las regiones más pobres. La reacción es lenta y burocrática.

2.1.6.

Los logros fundamentales de la Unión, como la zona del euro o el espacio Schengen, constituyen hoy en día, en un contexto dominado por la crisis migratoria y el terrorismo, factores de división más que elementos de cohesión. En muchos países, la UE se instrumentaliza con fines de política interior.

2.1.7.

Los niveles de desarrollo de las regiones no se aproximan. La diferencia entre las regiones más avanzadas y las más retrasadas en términos de PIB es de catorce a uno. Algunos países, que se encuentran entre los grandes beneficiarios, utilizan los fondos que se les asignan en lugar de sus instrumentos estatales y de inversión, y su contribución nacional se ha reducido a un nivel mínimo, muy por debajo de los objetivos iniciales. Los Consejos de Competitividad recientemente creados podrían utilizar sus instrumentos para aportar una contribución importante a la convergencia de los niveles de desarrollo de las regiones.

2.1.8.

Los ciudadanos y los agentes económicos, sociales y no gubernamentales (ONG) europeos ya no tienen esperanzas, se han alejado del proceso político para replegarse cada vez más sobre sí mismos. Perciben la Unión como una institución rígida, carente de flexibilidad e incapaz de renovarse.

2.1.9.

La Unión Europea, debido esencialmente a sus malos resultados y a su deficiente sistema institucional en materia de desarrollo, no puede garantizar los medios suficientes para alcanzar sus objetivos, que además se hallan fragmentados.

2.1.10.

No hay unidad en la visión de futuro, en la voluntad política ni en la capacidad de gobernanza. El método de coordinación no basta y está obsoleto, los instrumentos jurídicos no tienen ninguna repercusión o son de difícil uso y la participación de las organizaciones y el apoyo social son bajos debido en particular a una comunicación deficiente.

2.1.11.

La estrategia de desarrollo a largo plazo de la Unión, hasta 2020, no tiene una visión a largo plazo suficiente ni es realista. Además, está fragmentada y es incapaz de reorientar los procesos, atrapados en los marcos metodológicos actuales. Entretanto, la toma en consideración de los diecisiete grandes objetivos de los ODS relativos a la sostenibilidad del desarrollo que han sido adoptados ha permitido a la Comisión Europea emprender, en el marco de una estrategia compleja a largo plazo, el examen del sistema y de los instrumentos de gobernanza.

2.2.1.

En este contexto, la nueva Comisión Europea, con el apoyo del Parlamento Europeo, ha elaborado un nuevo paradigma de desarrollo económico. Los objetivos enunciados —creación de empleo y fomento del crecimiento, realización del mercado único europeo, simplificación del sistema de regulación económica, consolidación de los desarrollos comunitarios prioritarios, mercado de la energía, apoyo a las inversiones en el mercado y los servicios digitales, trato prioritario a las redes intelectuales y físicas para interconectar Europa y refuerzo de la responsabilidad medioambiental— pueden aportar una dinámica nueva e importante a la economía.

2.2.2.

El Semestre Europeo y sus componentes conforman un sistema que va más allá de la gobernanza económica. Conviene reforzar la importancia concedida a los objetivos sociales y medioambientales a largo plazo en el marco del mecanismo del Semestre Europeo.

2.2.3.

Por su parte, el programa prioritario dirigido a consolidar plenamente el sistema financiero de la zona del euro no es satisfactorio y, además, alimenta el temor, muy real, de que se ahonde la brecha entre los países europeos. Unos objetivos de desarrollo a escala europea podrían aliviar la parálisis de la Europa de dos velocidades.

2.2.4.

En la actualidad, los procesos de desarrollo vienen determinados por dos grandes conjuntos de instrumentos económicos y financieros muy diferentes entre sí y dotados de su propio procedimiento. Hay que reforzar la complementariedad entre estos conjuntos desde la fase de coordinación de los objetivos.

2.2.5.

Se trata, en primer lugar, de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) tradicionales, que están inscritos en los Tratados y cuyo objetivo es favorecer la cohesión social, económica y territorial. Adoptan la forma de ayudas a la inversión y el desarrollo, se modernizan de forma continua pero mantienen inalterada su naturaleza, y están disponibles gracias a la redistribución del presupuesto de la Unión, alimentado por las contribuciones de los Estados miembros. En algunos casos, los beneficiaros no estiman en su justo valor esos fondos, pues consideran que son algo que «se les debe». Con motivo de la revisión intermedia del período actual hasta 2020, es necesario adoptar una nueva reglamentación para favorecer la mencionada complementariedad.

2.2.6.

El segundo conjunto de instrumentos es el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), destinado a realizar el nuevo plan Juncker y que es un nuevo instrumento financiero centrado en el mercado que brinda la posibilidad de apoyar el capital riesgo y moviliza fondos públicos, bancarios y privados, cuyo importe todavía puede incrementarse. El mecanismo de gobernanza establecido debe convertirse en un elemento constitutivo de la gobernanza orientada al desarrollo. Estos dos sistemas de financiación también deberían armonizarse en cada Estado miembro.

2.2.7.

En comparación con estos regímenes de financiación, los demás instrumentos financieros que funcionan bien son instrumentos diversificados, adaptados a sus misiones, pero de alcance limitado y con objetivos específicos. Los marcos del proyecto para Europa deben ser objeto de una coordinación estrecha y sistemática.

2.2.8.

A día de hoy, aún no se han aplicado los medios directos capaces de favorecer el logro de los objetivos, poco numerosos pero no interconectados, de la Estrategia Europa 2020, con vistas a mejorar la coordinación. A falta de tales medios, cabe preguntarse si es posible coordinar el desarrollo de la UE de un modo adecuado. Conviene, pues, que entre las misiones del nuevo plan para el período posterior a 2020 se incluya la planificación de la interacción entre los distintos instrumentos.

2.2.9.

Es necesario que los once objetivos temáticos del marco financiero plurianual que rige los Fondos EIE, así como los diez objetivos principales del plan Juncker —que solo coinciden vagamente con los anteriores— y sus respectivas regulaciones financieras y reglamentarias, contribuyan ya desde hoy a la realización de la Estrategia Europa 2020. A esto se suman los diecisiete criterios de referencia de los ODS en materia de sostenibilidad, que son decisivos para el futuro. Las misiones en el marco del proceso de programación para el período posterior a 2020 deberían apoyarse en un número reducido de objetivos claros y concisos.

2.2.10.

En la actualidad, los distintos mecanismos asociados a los objetivos y los diferentes plazos y fechas de comienzo y fin todavía tienen como consecuencia que ningún objetivo sea transparente ni pueda ser comprendido y seguido fácilmente por los medios económicos y sociales y la sociedad civil. La ausencia de sinergias o interacciones entre los distintos objetivos reduce en gran medida la eficacia de los instrumentos y las inversiones. Se deben reforzar las sinergias entre los Fondos EIE y la Estrategia Europa 2020 renovada mediante la elaboración de una nueva Estrategia UE 2030-2050 (proyecto para Europa).

2.2.11.

Mientras los Fondos Estructurales van acompañados de mecanismos de preparación, ejecución, control y análisis muy burocráticos, tanto centralizados como descentralizados, y un gran número de agencias de la Unión se encarga de velar por su aplicación, el nuevo mecanismo de gobernanza del reciente FEIE sale del ámbito de la Comisión Europea y su nueva estructura organizativa se basa en las necesidades relacionadas con el entorno financiero y de inversión. La coordinación de los dos grandes conjuntos requiere adoptar un instrumento estratégico y un nuevo sistema de gobernanza (2).

2.2.12.

Establecer un nuevo sistema de gobernanza orientado al desarrollo podría mejorar la coordinación y dar lugar a una cooperación abierta entre los socios interesados.

2.2.13.

A fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los Fondos EIE, es preciso reforzar la estructura institucional de la asociación y extenderla a todos los ciudadanos europeos, en virtud del derecho de participación pública. En efecto, se debería garantizar a todos los ciudadanos europeos la posibilidad de acceder a la información pertinente y de participar en las decisiones de planificación y aplicación. También deberían poder dar su opinión sobre los proyectos de programas, licitaciones e informes de evaluación.

3.1.

El CESE ya ha abordado la cuestión del principio de asociación y ha formulado propuestas detalladas a este respecto en varios dictámenes.

3.1.1.

En su dictamen aprobado en 2010 (3), el CESE subrayó que los reglamentos vigentes dejan un margen de interpretación demasiado amplio al concepto de asociación a escala nacional, y que, por lo tanto, la Comisión Europea debería desempeñar un papel mayor y mucho más proactivo como guardiana del principio de asociación. Consideró que era esencial que todos los programas operativos garanticen a los socios los recursos de asistencia técnica necesarios para reforzar sus capacidades. Abogó por recuperar los programas de iniciativa comunitaria para la innovación social y el desarrollo local.

3.1.2.

En su dictamen de 2012 (4), el CESE manifestó su apoyo a la iniciativa de la Comisión Europea dirigida a adoptar un Código de Conducta Europeo sobre la Asociación. Expresó la preocupación de la sociedad civil organizada por el incumplimiento del principio de asociación y sugirió establecer un sistema de control de la asociación gestionado por los propios socios. Propuso condicionar la celebración de los acuerdos de asociación con los Estados miembros a una aplicación adecuada del Código de Conducta y completar a tal fin los recursos de los programas operativos con incentivos financieros. Reiteró, además, sus recomendaciones sobre el refuerzo de la capacidad de los socios.

3.2.

La legislación relativa a la política de cohesión prevé la instauración del denominado Código de Conducta Europeo sobre la Asociación (CCEA), en el que se recogen principios rectores y buenas prácticas.

3.3.

De la experiencia acumulada al ejecutar el CCEA se desprende que algunos países solo han aplicado formalmente las disposiciones del Código en el marco de los procesos nacionales de programación y de transformación de la estructura institucional de aplicación de los Fondos EIE.

3.4.

En varios países no se ha concedido a los socios suficiente tiempo para formular una opinión sobre los documentos pertinentes. No han participado en el fondo de las principales decisiones estratégicas, como las relativas a la definición de las prioridades o las dotaciones financieras. No se ha establecido ningún mecanismo o instrumento especial de comunicación y de participación para favorecer la participación activa.

3.5.

Los análisis realizados por varias ONG (5) han demostrado que, en algunos países, los requisitos para la elección de los socios participantes en los comités de seguimiento se respetaron formalmente, pero que ello no siempre garantizó la representatividad ni la cobertura temática. El intercambio de información entre las autoridades de gestión y los miembros de los comités de seguimiento dista de ser óptimo.

3.6.

Por ejemplo, las autoridades responsables de las cuestiones horizontales, como los ministerios de Medio Ambiente, no consiguieron representación en varios comités de seguimiento. Las autoridades de gestión no se esfuerzan por promover la participación de los socios de la sociedad civil que representan los principios horizontales en la planificación de las convocatorias de proyectos ni en la evaluación de las propuestas.

3.7.

En algunos países, las intervenciones dirigidas a reforzar la capacidad de los socios son insuficientes. De hecho, se limitan sobre todo a impartir formación y reembolsar los gastos de viaje, mientras que no llegan a aplicarse varias propuestas del CCEA, por ejemplo las relativas al desarrollo de redes y la coordinación, o también a la cobertura de los gastos de expertos necesarios para garantizar una participación efectiva del socio.

3.8.

La Comisión Europea y los Estados miembros no han prestado suficiente atención a la utilización de los instrumentos del método de desarrollo local participativo (DLP) durante la primera mitad del período presupuestario.

3.9.

El CESE estima necesario proceder a un examen general de las prácticas en el ámbito de la asociación. Dicho examen deberá incluir asimismo una evaluación de la instauración de los procedimientos de planificación y de la estructura institucional de aplicación, y de la medida en que el sistema normativo actual es capaz de conducir a una asociación eficaz. Los socios deberían participar activamente en el procedimiento de evaluación.

28.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 487/7

Ponente:

Adam ROGALEWSKI

1.1.

Es necesario entablar un debate sobre la adopción de una definición profesional común para el trabajo de asistencia doméstica «interna» en Europa, reconocido como una forma de prestación de servicios de asistencia a domicilio. La definición del trabajo de asistencia doméstica interna debe abarcar las condiciones laborales de los trabajadores (por cuenta ajena o por cuenta propia) que viven en residencias privadas donde su trabajo consiste principalmente en prestar servicios asistenciales a personas de edad avanzada y personas con discapacidad. Los cuidadores domésticos internos, independientemente de su estatuto de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, deberían considerarse como trabajadores del sector de los cuidados de larga duración. La introducción de una definición profesional común tiene por objeto reconocer la existencia de los cuidadores domésticos internos en el mercado laboral europeo y mejorar la calidad de los cuidados de larga duración que prestan.

1.2.

Con fines de asesoramiento político, Eurostat debería recabar datos pertinentes sobre los cuidadores domésticos internos.

1.3.

El CESE pide a la Comisión Europea que investigue la situación de estos trabajadores, incluido su número, nacionalidad, estatus migratorio, la movilidad transfronteriza, su inclusión efectiva en los sistemas de protección laboral y social, condiciones laborales y sociales y cualificaciones, así como su contribución real y potencial a las economías europeas.

1.4.

El CESE hace hincapié en que los cuidadores domésticos internos deben recibir un trato similar al de los otros trabajadores asistenciales. Esto significa que deben disfrutar de una protección similar, en particular respecto de la limitación del tiempo de trabajo (incluidas las guardias) y de una protección contra el empleo autónomo ficticio. Los cuidadores domésticos internos por cuenta ajena no deben quedar excluidos de la reglamentación laboral pertinente de la UE y los Estados miembros, que incluye, en particular, el derecho a una remuneración adecuada, la protección de la salud y la seguridad, la cobertura social y el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva.

1.5.

La escasez de oferta de personal para los cuidados de larga duración en Europa debe abordarse positivamente, garantizando un salario y unas condiciones de trabajo dignas, remediando la falta de inversión, asegurando el respeto de los principios de libre circulación, eliminando los obstáculos que impiden a los trabajadores ejercer sus derechos laborales y creando vías que permitan a los migrantes acceder al empleo regular.

1.6.

El CESE pide a la Unión que colabore estrechamente con los Estados miembros para coordinar la oferta y la movilidad de los cuidadores domésticos internos en el marco de un enfoque destinado a mejorar la capacidad global del sector para prestar cuidados de calidad. Deben adoptarse medidas concretas, entre otras cosas, para:

Por otra parte, cabe señalar que la propuesta de la Comisión relativa al establecimiento del pilar europeo de derechos sociales (PEDS) no contiene referencia alguna a la situación de los cuidadores domésticos internos. Debería contemplarse la inclusión de sus derechos sociales en la preparación ulterior del PEDS, sobre el que el Comité está elaborando un dictamen.

1.7.

Los Estados miembros deben velar por la protección de los derechos de los beneficiarios de cuidados y los trabajadores, incluidos los cuidadores domésticos internos. Deben adoptarse medidas concretas, en particular:

1.8.

El CESE destaca que la ayuda financiera destinada a los beneficiarios de cuidados que dependen de cuidadores domésticos internos debe facilitarse a través de proyectos adecuados de inversión pública a largo plazo y sostenibles.

1.9.

Es preciso asociar a los sindicatos, los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil en la planificación de las políticas a escala de los Estados miembros y de la UE. Debe promoverse el diálogo social y civil con todas las partes interesadas y en todos los niveles.

1.10.

El CESE debe desempeñar un papel activo en la promoción de la elaboración de políticas europeas destinadas a apoyar a los cuidadores, los beneficiarios de cuidados y sus familias mediante, entre otras cosas, la organización de una conferencia sobre el futuro del trabajo de asistencia doméstica interna en Europa.

2.1.

La escasez de mano de obra en el sector sanitario es una «bomba de relojería». El sector atraviesa una crisis (3) y, a menos que se pongan en práctica las respuestas políticas adecuadas, la escasez se irá agravando. Ya en 1994, la Comisión Europea definió los cuidados como un sector estratégico. La Comisión Europea advirtió en 2010 que, si no se adoptaban medidas urgentes para paliar la escasez de mano de obra, en 2020 faltarían dos millones de trabajadores sanitarios, de los cuales un millón en el sector de los cuidados de larga duración (4).

2.2.

Los cuidadores domésticos internos representan una parte numéricamente significativa pero marginada de la fuerza de trabajo dedicada a los cuidados de larga duración. Son muy móviles y ocupan la parte inferior de la jerarquía laboral dentro del sector. Los cuidadores domésticos internos suelen quedar excluidos de la planificación de este sector por la Unión y los Estados miembros.

2.3.

El número exacto de cuidadores domésticos internos no está claro debido a la falta de información; se les suele pasar por alto en los sistemas de recopilación de datos. En el contexto de una fuerza de trabajo asistencial apenas reconocida y mal remunerada, los cuidadores domésticos internos han permanecido invisibles demasiado tiempo para los responsables políticos.

2.4.

Están presentes en todos los Estados miembros. Entre ellos se cuentan tanto migrantes procedentes de terceros países como ciudadanos europeos que trabajan en su país de origen o en el extranjero. Algunos trabajan de forma irregular como migrantes indocumentados y otros practican la migración circular o temporal. Muchos de ellos trabajan en condiciones laborales precarias como, por ejemplo, el empleo autónomo ficticio.

2.5.

Puesto que actualmente no existe una definición profesional de los cuidadores domésticos internos, su situación se equipara a la de los trabajadores domésticos (5). Según la OIT, el trabajo doméstico, incluido el trabajo asistencial, representa entre un 5 % y un 9 % de todo el empleo en los países industrializados (6).

2.6.

Algunos Estados miembros han avanzado en el proceso de formalización e inclusión de los cuidadores migrantes indocumentados, con la firma del Convenio n.o 189 de la OIT.

2.7.

El CESE ya ha contribuido a la formulación de políticas sobre los cuidados de larga duración con sus dictámenes sobre los derechos laborales de los trabajadores domésticos (7), la necesidad de inversión social (8) y la asistencia social a largo plazo y desinstitucionalización (9). El presente dictamen se basa en esas posiciones y se centra en la situación específica de los cuidadores domésticos internos.

3.1.

La asistencia a domicilio se está extendiendo rápidamente, como consecuencia de la creciente preferencia por este tipo de asistencia, los costes prohibitivos para muchos de los cuidados residenciales y la falta de inversión adecuada en infraestructuras del sector asistencial.

3.2.

Las medidas de austeridad adoptadas en la mayoría de los Estados miembros redujeron las limitadas infraestructuras existentes y la oferta de mano de obra para los cuidados de larga duración. El CESE considera que la inversión en los cuidados de larga duración debe acogerse de forma positiva como una oportunidad económica y como ámbito prioritario para la creación de empleo, el apoyo social a las familias y la igualdad de género. La inversión en este sector refuerza los índices de participación de la población activa y ofrece una posibilidad para salir de la crisis económica (10).

3.3.

La escasez de mano de obra en el sector asistencial se da en muchos Estados miembros. La contratación de cuidadores domésticos internos, regulares o indocumentados, permite atenuar las carencias en los cuidados de larga duración. Los sistemas asistenciales del sur de Europa, en particular, dependen en gran medida de los cuidadores domésticos internos. En Italia, los cuidadores domésticos internos migrantes representan cerca de las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo asistencial interna (11).

3.4.

Los países de Europa Central y Oriental (PECO) también se ven afectados por la crisis en el sector asistencial y por el aumento de la demanda de asistencia en Europa Occidental. Por ejemplo, Polonia suministra numerosos cuidadores domésticos internos a otros países, a pesar del gran déficit de mano de obra nacional en el sector asistencial. Esta escasez se compensa con la llegada a Polonia de trabajadores procedentes de Ucrania y otros terceros países.

3.5.

A pesar de la creciente concienciación de la importancia del sector asistencial para la prosperidad económica, la contribución del trabajo de asistencia doméstica interna a la economía europea no se ha medido y debería ser objeto de una investigación a escala europea.

3.6.

Muchas mujeres europeas se ven atrapadas en una situación en la que se espera que cuiden a la vez de sus padres y de sus hijos. Para lograrlo, recurren cada vez más a la asistencia remunerada. En un mundo de sistemas asistenciales globalizados, el resultado es el auge de las cadenas asistenciales mundiales (12). Los trabajadores asistenciales migrantes que se desplazan por razones laborales con frecuencia tienen que encontrar cuidadores para sus propios familiares, y emplean a cuidadores que proceden de otros contextos, a menudo más pobres.

4.1.

El bajo estatus de los cuidadores domésticos internos se debe a estereotipos vinculados al género según los cuales el trabajo asistencial es un «trabajo femenino». También se mantiene por la marginación estructural de las mujeres migrantes. Varias encuestas laborales clasifican a los trabajadores domésticos en categorías de trabajadores poco cualificados o no cualificados. Sin embargo, un número considerable de cuidadores domésticos internos poseen habilidades y cualificaciones que son el resultado de años de experiencia o de programas de formación y certificación formal no reconocidos. Antes de ser contratados, los cuidadores domésticos internos se ven a menudo obligados a demostrar su experiencia en el sector asistencial y sus cualificaciones y, sin embargo, sus condiciones de trabajo no reflejan ni lo uno ni lo otro.

4.2.

Muchos cuidadores domésticos internos trabajan en condiciones laborales no reglamentadas y de forma irregular. Suelen estar excluidos del ejercicio de sus derechos laborales y son objeto de explotación. Las condiciones se asemejan a veces a una esclavitud moderna: los trabajadores pueden estar aislados, sometidos a violencia o abusos, obligados a trabajar veinticuatro horas los siete días de la semana y sin tener unas condiciones de vida básicas como un espacio personal privado. Otros trabajan como falsos trabajadores autónomos. En muchos casos, no se permite a los servicios de inspección del trabajo ni a otros servicios de inspección estatales, como tampoco a los sindicatos, acceder a los cuidadores en su lugar de trabajo (hogares particulares).

4.3.

Se deben apoyar las medidas para regularizar y legalizar a los cuidadores domésticos internos y para asegurar vías legales en el sector asistencial. Este planteamiento tiene precedentes: en España e Italia se han regularizado desde 2002 unos 500 000 trabajadores domésticos indocumentados (13). Es preciso desarrollar las políticas de migración laboral que permiten a los nacionales de terceros países trabajar regularmente en el sector de la prestación de cuidados, garantizando la igualdad de trato y el derecho a cambiar de empresario.

4.4.

Los cuidadores domésticos internos constituyen uno de los grupos más móviles de la fuerza de trabajo dedicada a los cuidados de larga duración. Los cuidadores domésticos internos de los países de Europa Central y Oriental suelen ser mujeres de mediana edad con obligaciones familiares propias (14). Es habitual que trabajen durante un período de tiempo determinado de hasta tres meses en un país de Europa Occidental y luego regresen a su país de origen.

4.5.

La emigración de cuidadores domésticos internos cualificados a los países de acogida representa una fuga de mano de obra significativa para los países de origen. Cuando las cualificaciones de los trabajadores no se reconocen en los países de acogida, supone una pérdida social y económica en un momento de escasez generalizada de mano de obra en los sectores europeo y mundial de asistencia sanitaria.

4.6.

Todas estas condiciones muestran que los marcos jurídicos actuales, tanto nacionales como europeos, no protegen adecuadamente los derechos de los cuidadores domésticos internos.

4.7.

Los Estados miembros deben alentar y apoyar a los cuidadores domésticos internos para evitar que trabajen de forma irregular.

5.1.

Los beneficiarios de cuidados y sus familias tienen dificultades para encontrar cuidadores. En la mayoría de los casos, la contratación de cuidadores se produce a través de redes informales de familiares o amigos. Con frecuencia existen pocas garantías de calidad de los cuidados prestados por los cuidadores contratados en estas circunstancias. Las familias a menudo se enfrentan a una situación en la que no disponen de unas directrices claras sobre cómo emplear legalmente a los cuidadores.

5.2.

Los beneficiarios de cuidados y sus familias deben recibir un apoyo apropiado del Estado. A corto plazo, el apoyo deberá consistir en una campaña de información y una asistencia continua en materia de derechos laborales y sociales de los cuidadores domésticos internos. A largo plazo, los Estados miembros deberán tomar medidas para garantizar la supervisión y presencia de un intermediario para ayudar a los beneficiarios de cuidados a encontrar cuidadores domésticos internos.

5.3.

Los beneficiarios de cuidados y sus familias deberían contar con una gama de servicios de apoyo adaptada a las necesidades del beneficiario y de su familia, que podría incluir la prestación de servicios de atención a domicilio a tiempo parcial o completo. Todas las prestaciones de asistencia deberán garantizar unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores, independientemente de que trabajen por cuenta ajena o por cuenta propia.

5.4.

También se debe alentar a los beneficiarios de cuidados y a sus familias a ser más conscientes de las necesidades de los cuidadores domésticos internos y a tratarlos como a trabajadores que merecen respeto y que tienen derechos. El trabajo asistencial es muy exigente, tanto física como emocionalmente. Deben ofrecerse a los cuidadores domésticos internos un alojamiento adecuado y un espacio privado y, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, deben respetarse los límites de sus horas de trabajo y de guardia.

5.5.

Al mismo tiempo, deberán respetarse los derechos de los beneficiarios a unos cuidados adecuados. Este es especialmente el caso de los grupos vulnerables y las personas con necesidades especiales, como aquellos con demencia.

6.1.

Un gran número de pequeñas empresas, como las agencias de contratación, están cada vez más activas en el sector asistencial interno y operan paralelamente a un sector informal muy desregulado.

6.2.

El sector asistencial puede contribuir a la creación de trabajo digno en los hogares y al crecimiento de la economía europea. Solo los empleos de calidad pueden garantizar la calidad del servicio asistencial prestado.

6.3.

La falta de regulación en el ámbito del empleo transfronterizo de cuidadores domésticos internos permite a algunas empresas ofrecer precios más bajos por el mismo trabajo, contribuyendo así al dumping social. Esto es especialmente patente en el caso de las agencias polacas o eslovacas que envían a cuidadores internos a Europa occidental (15). La persistencia de esta situación de competencia desleal es perjudicial, tanto para los trabajadores y los empleadores como para la economía europea.

7.

7.1.

Las organizaciones comunitarias y los grupos religiosos (16), junto con los empleadores públicos y privados, desempeñan un papel central a la hora de aportar asistencia a varios niveles. Muchas organizaciones comunitarias han contribuido a la regularización de cuidadores internos migrantes (17).

7.2.

Sin embargo, muchos Estados miembros no prestan a la asistencia un apoyo adecuado. La reciente crisis económica ha provocado un déficit de inversión en los servicios asistenciales en toda Europa, lo que ha dado lugar a tendencias negativas como el deterioro de la calidad de los cuidados y las condiciones de trabajo.

7.3.

Las organizaciones de profesionales sanitarios deben recibir una financiación adecuada para atender a las necesidades de la creciente demanda de cuidados. Dada su experiencia, tienen que participar en un verdadero diálogo social y civil que conduzca a la elaboración de un conjunto de normas del sector sobre la manera en que debe organizarse y prestarse la asistencia.

8.1.

Suecia es un buen ejemplo de prestación de cuidados de calidad en el que participan todas las partes interesadas. El sistema se basa en un elevado nivel de ayuda pública financiada mediante impuestos (18). Los sistemas de cheques servicio, como los que se han introducido en Francia y Bélgica, han contribuido a formalizar el trabajo doméstico y, en algunos casos, a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en los servicios domésticos. En el caso de Bélgica, el cuidado de personas está excluido del sistema (19).

8.2.

Austria ha desarrollado un sistema de cuidadores domésticos internos autónomos a fin de cubrir las necesidades de atención a largo plazo, y ha establecido requisitos legales en materia de calidad y condiciones marco de la prestación de servicios. En 2015 se adoptaron nuevas mejoras de los estándares de calidad y transparencia. La población austriaca hace un amplio uso de este sistema que, sin embargo, es objeto de críticas por los sindicatos austriacos que consideran que menoscaba las normas laborales.

8.3.

Puesto que los modelos de mejores prácticas de prestación de asistencia de calidad no siempre pueden aplicarse plenamente en todos los Estados miembros, debería coordinarse a escala europea un planteamiento global a todos los niveles que incluya a todas las partes interesadas.

8.4.

El CESE cree que la Unión Europea debería controlar la oferta y la movilidad de los cuidadores domésticos internos dentro de Europa y promover enfoques destinados a mejorar la capacidad global del sector para prestar una asistencia de calidad y crear empleo digno.

8.5.

La escasez de mano de obra asistencial en Europa debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política de la UE. Hay que prestar mayor atención a los cuidadores domésticos internos, que se ven ignorados en gran medida en los modelos políticos actuales.

28.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 487/14

Ponente:

Lutz RIBBE

1.1

La política de biodiversidad de la UE es un ejemplo clásico de una política de promesas incumplidas a escala europea y nacional, a pesar de que el sector político ha identificado correctamente cuáles son los problemas y establecido los instrumentos necesarios.

1.2

El CESE destaca las observaciones de la Comisión sobre la importancia de proteger la biodiversidad, que es comparable a los objetivos climáticos. No solo se trata de la conservación de las especies animales y vegetales, sino de la mismísima base de las condiciones de vida de la humanidad.

1.3

El CESE aboga por una aplicación consecuente y rápida de las Directivas sobre aves y hábitats. De igual modo, la aplicación rápida y consecuente de la Directiva marco sobre el agua también aportaría, en opinión del CESE, una contribución significativa a una mejor protección de la biodiversidad.

1.4

Los Estados miembros tendrán que determinar las necesidades financieras específicas que se derivan de la aplicación de la legislación de la UE, y la Comisión deberá poner a disposición los fondos necesarios. Dado que la financiación de la red Natura 2000 a través de los fondos comunitarios y, esencialmente, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), se considera que ha fracasado en muchos ámbitos, el CESE solicita la creación de un presupuesto autónomo destinado a la financiación de la red Natura 2000.

1.5

El CESE aboga por consolidar la coherencia entre todas las políticas que influyen en la protección de la biodiversidad. En este contexto, el CESE espera que tanto la revisión intermedia de las «superficies de interés ecológico» como una posible revisión intermedia de la PAC se utilicen para que la PAC contribuya en el futuro de forma más adaptada a la consecución de los objetivos en materia de biodiversidad. En opinión del CESE, en la actualidad esto exige un cambio del ámbito de aplicación y la calidad de las «superficies de interés ecológico».

1.6

Se acoge con gran satisfacción la consolidación de la infraestructura verde. En este contexto el CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que preparen y apliquen una estrategia coherente de infraestructura verde. Asimismo, la UE debe hacer de las redes transeuropeas verdes (RTE-V) una prioridad de inversión. A tal efecto también es imperativo incrementar los fondos asignados.

1.7

En esencia, la incoherencia, que tantas veces los distintos servicios de la Comisión, el Consejo de Medio Ambiente, el Parlamento Europeo, el CDR y también el CESE han constatado y criticado en las políticas de la UE, no ha cambiado en los últimos años. Pero si las propias propuestas de solución a los problemas de la biodiversidad no se toman en serio ni se aplican, entonces no es de sorprender que a) no se obtengan los resultados deseados y b) cunda la decepción entre los afectados y en la sociedad.

1.8

Por este motivo, a posteriori hay que tachar de prácticamente inútiles las diversas estrategias o programas de acción en materia de biodiversidad de la UE de los años 1998, 2001, 2006 y 2010, que exponían acertadamente los problemas y describían los instrumentos correctos, porque no tuvieron la capacidad de frenar la pérdida de biodiversidad causada por la sociedad.

1.9

Por consiguiente, el CESE constata una vez más, como ya lo ha hecho en muchos de sus dictámenes anteriores sobre la política de biodiversidad en la UE, que lo que falta es la voluntad política, no los fundamentos jurídicos. No es necesario modificar la base jurídica existente.

2.1

Tras señalar en la estrategia de la biodiversidad aprobada en el año 1998 (1) que «la rica biodiversidad de la Unión Europea ha sido lentamente modificada a lo largo de los siglos por la actividad humana, cuya influencia se ha intensificado drásticamente en las últimas décadas», en el año 2001 se formularon en la estrategia de sostenibilidad aprobada por el Consejo Europeo (la estrategia de Gotemburgo) objetivos claros en el ámbito de la biodiversidad, como las medidas para poner freno a la pérdida de la biodiversidad en la UE para 2010 y procurar recuperar los hábitats y ecosistemas naturales.

2.2

Para aplicar este objetivo se publicó en 2001 un plan de acción sobre biodiversidad (2), y en mayo de 2006 siguió otro plan de acción en favor de la biodiversidad (3), cuyo contenido apenas se diferenciaba del primero.

2.3

En marzo de 2010, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tuvieron que admitir que no cumplirían la promesa hecha en 2001 a pesar de los diversos planes de acción que el CESE había considerado correctos y orientados a objetivos precisos.

2.4

Por ello, a raíz de la Comunicación de la Comisión «Opciones para una meta y una visión de la UE en materia de biodiversidad más allá de 2010» (4) se aprobó, seguidamente, una nueva «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020» (5), que a su vez solo recogía en esencia las antiguas demandas e instrumentos de los planes de acción anteriores y aplazaba el objetivo, fijado inicialmente para el año 2010, al año 2020.

2.5

En ella se anunciaba con optimismo que «la estrategia de biodiversidad de la UE hasta 2020 […] sitúa a la UE en el buen camino para cumplir tanto sus objetivos propios como sus compromisos internacionales».

2.6

El CESE también se pronunció sobre la estrategia (6) y emitió sus críticas; por ejemplo, expresó su profunda preocupación por el hecho de que «hasta ahora, la política no había mostrado la fuerza o la voluntad de concretar medidas reconocidas como necesarias desde hace años, aun cuando la Comunicación deja claro una vez más que tanto la sociedad como la economía se beneficiarían de una política de diversidad más estricta. Ni siquiera las directivas europeas más importantes de protección de la naturaleza han sido plenamente aplicadas por los Estados miembros, ¡32 y 19 años, respectivamente, después de su entrada en vigor!».

2.7

En aquel momento, para el CESE seguía estando «poco claro cómo se va a superar la actual falta de voluntad política. En este sentido, la Estrategia para la biodiversidad propuesta no ofrece ningún avance real. Los debates celebrados hasta ahora en el Consejo de Ministros sobre la Comunicación muestran que seguimos lejos de una integración de la política de biodiversidad en otros ámbitos políticos».

2.8

Ya entonces, el Comité opinaba que era sumamente importante que en el marco de los —en aquel momento— inminentes procesos de reforma de las políticas europeas (por ejemplo las de pesca, agricultura, transporte, energía y cohesión) se estableciera una relación más estrecha con la Estrategia sobre la biodiversidad. El CESE observaba que todavía existían grandes carencias en este sentido y llegaba a la siguiente conclusión: «¡Es preciso que la Comisión se tome más en serio su propia Estrategia sobre la biodiversidad!».

2.9

Tan solo cuatro años más tarde, poco ha quedado de la pretensión formulada en la nueva Estrategia sobre la biodiversidad de la UE de haber encontrado el camino correcto y poner fin finalmente a la pérdida de biodiversidad. Es algo que se manifiesta de forma palmaria en la revisión intermedia de la Estrategia sobre la biodiversidad (7).

3.1

La estrategia en sí comprende en suma seis objetivos claramente definidos con un total de veinte medidas. La revisión intermedia señala:

3.1.1

Con respecto al objetivo 1 («Detener el deterioro en la situación de todas las especies y todos los hábitats contemplados en la legislación de protección de la naturaleza de la UE y lograr una mejora significativa y cuantificable de la situación…»), que si bien se hicieron algunos progresos, estos fueron demasiado lentos para alcanzar el objetivo. Sobre todo falta completar la red Natura 2000 en el medio marino, garantizar la gestión efectiva de los espacios Natura 2000 y proveer la financiación necesaria para sustentar la red Natura 2000. Y aunque actualmente se ha completado «en gran medida» la red Natura 2000 para los hábitats terrestres, en 2012 solamente el 58 % de las zonas protegidas por Natura 2000 contaba con planes de gestión o dichos planes se encontraban en fase de desarrollo.

3.1.2

Con respecto al objetivo 2 («Mantener los ecosistemas y sus servicios en 2020 y mejorarlos para esa fecha mediante la creación de la infraestructura verde y la restauración de al menos el 15 % de los ecosistemas degradados»), que las medidas tomadas hasta ahora «aún no han permitido frenar la tendencia de degradación de los ecosistemas y sus servicios».

3.1.3

Con respecto al objetivo 3 («Aumentar la contribución de la agricultura y la silvicultura al mantenimiento y la mejora de la biodiversidad»), que no ha habido «avances globales significativos» y que «el declive constante de la situación de las especies y los hábitats de importancia en la UE asociados a la agricultura evidencia la necesidad de hacer más esfuerzos para conservar y mejorar la biodiversidad en esas áreas» y que «el declive constante de la situación de las especies y los hábitats de importancia en la UE asociados a la agricultura evidencia la necesidad de hacer más esfuerzos para conservar y mejorar la biodiversidad en esas áreas. La política agrícola común (PAC) desempeña un papel esencial en este proceso en interacción con las políticas ambientales pertinentes». Aunque, en este aspecto, existe una amplia gama de instrumentos útiles, sin embargo, son los Estados miembros los que deben aprovechar estas oportunidades «a una escala suficiente». Solo si se llevan a cabo en «un ámbito más amplio», la UE podría alcanzar su objetivo para el año 2020. En general, «hacen falta esfuerzos mucho mayores».

3.1.4

Con respecto al objetivo 4 («Uso sostenible de los recursos pesqueros»), que, si bien pudieron realizarse «importantes progresos en el establecimiento del marco normativo […]. No obstante, la aplicación de políticas ha sido desigual en la UE y siguen estando presentes los principales retos a la hora de garantizar el logro de los objetivos de acuerdo con el calendario. Un poco más del 50 % de las poblaciones en que se evaluó el RMS se consideraron sostenibles en el año 2013». En todos (!) los mares de Europa, estas siguen en declive.

3.1.5

Con respecto al objetivo 5 («Lucha contra las especies exóticas invasoras»), que este es el único objetivo donde se considera que la UE está «en la senda correcta» y se espera que pueda alcanzarse el objetivo para 2020.

3.1.6

Con respecto al objetivo 6 («Contribución a la lucha contra la pérdida de biodiversidad a nivel mundial»), que «sin embargo, los avances no son suficientes para reducir los efectos del modelo de consumo de la UE sobre la biodiversidad mundial» y que «es posible que las iniciativas en curso no basten para cumplir las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica dentro de los plazos fijados».

3.2

Esta revisión intermedia sumamente decepcionante se presentó en el preciso momento en que la Comisión de la UE estaba estudiando la posibilidad de hacer una revisión completa de las principales Directivas de la UE en materia de protección de la naturaleza, concretamente, la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres (1979) y la Directiva relativa a conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (1992).

3.3

Los informes de los expertos (8) que acompañan el «chequeo» de las Directivas citadas confirman lo que el CESE viene repitiendo insistentemente desde hace años: que el marco jurídico es adecuado y no puede achacársele el fracaso en cumplir los objetivos de protección de la biodiversidad. Las deficiencias principales se deben a la falta de transposición, la ausencia de un presupuesto destinado a la protección de la naturaleza y la incoherencia de la política de la UE en esta materia.

4.1

El CESE reitera su afirmación de que, en la UE, en materia de protección de la biodiversidad «no faltan leyes, directivas, programas, proyectos modelo, declaraciones políticas u orientaciones, sino resultados y acciones concertadas en todos los ámbitos políticos de actuación». Considera que no solo el estudio de evaluación sino también las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 16 de diciembre de 2015 (9) confirman su opinión, y que, en esencia, estas conclusiones no difieren de las del Consejo de Medio Ambiente del año 2011. Mientras las Directivas no se apliquen plenamente y no se asignen los recursos financieros suficientes o no se utilicen, y mientras los demás ámbitos políticos de la UE no se orienten con coherencia a los asuntos relativos a la biodiversidad, no podrán alcanzarse los resultados deseados.

4.2

Los documentos sobre nuevas estrategias o nuevas acciones o la revisión del marco normativo no modifican nada, más bien simulan una actividad política que carece de sentido si no se remedian los problemas concretos de la falta de aplicación.

4.3

Para poder conservar con éxito la biodiversidad son necesarios varios planteamientos:

4.4.1

Para la protección «clásica» de la naturaleza, es decir, para conservar especies raras de la flora y la fauna y biotopos únicos (por ejemplo, pantanos, zonas áridas, restos de formaciones boscosas naturales, etc.), la red Natura 2000 es fundamental. Esta red se basa principalmente en la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, aprobada en 1992, y en las reservas ornitológicas establecidas en la Directiva relativa a la conservación de aves silvestres, aprobada en 1979.

4.4.2

Con la aprobación, en particular, de la Directiva sobre los hábitats, tanto los Estados miembros como la Comisión de la UE hicieron dos promesas:

4.4.3

La red debía haber estado terminada en el año 1995, es decir, hace más de veinte años. Desde entonces la mayoría de las zonas ya están designadas, y el 18 % de la superficie de las tierras de los Estados miembros de la UE está designado como parte de Natura 2000, pero la designación sola no lo es todo. Muchos espacios no cuentan aún con una garantía jurídica de carácter permanente y solo para un poco más de la mitad de los espacios hay planes de gestión o administración. No obstante, mientras para los ciudadanos y las administraciones, pero sobre todo para los propietarios y los usuarios de las tierras, no esté claro qué está permitido y qué no, no podrá protegerse la naturaleza con éxito ni tampoco podrán otorgarse compensaciones por posibles restricciones de uso.

4.4.4

Habla por sí solo el hecho de que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente instara el 19 de diciembre de 2011 a los Estados miembros —y, por consiguiente, a sí mismo— a finalizar en breve la creación de la red Natura 2000 y a desarrollar y aplicar planes de gestión u otros instrumentos equivalentes, y así crear una base sólida para la planificación estratégica a fin de aplicar seguidamente el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020. Volvió a solicitarse en 2011 que se hiciera en breve lo que en realidad debería haber estado finalizado hacía veinte años ¡y que a día de hoy no está terminado!

4.4.5

Por este motivo, el 16 de diciembre de 2015 el Consejo de Medio Ambiente volvió a pedir (esta vez, a instar) a los Estados miembros —y, por consiguiente, una vez más, a sí mismo— que completaran el establecimiento de la red Natura 2000.

4.5.1

La Comisión, el Consejo de Medio Ambiente y también el Parlamento Europeo (11) destacan con justa razón que lo que importa en la política de biodiversidad no es solo la protección de la flora y fauna silvestres y de los hábitats naturales, sino los fundamentos de producción y de subsistencia del ser humano. Apenas un ejemplo de tantos son los servicios de polinización que prestan insectos como abejas o mariposas, y cuyo valor económico —no solo para la agricultura— es inconmensurable. No obstante, la Comisión ha observado que «los ecosistemas […] ya no pueden proporcionar la cantidad y calidad óptimas de servicios básicos tales como la polinización de cultivos o el suministro de aire y agua limpios» (12).

4.5.2

La conservación, es decir, los servicios de los polinizadores o biorreductores, así como los de muchas otras especies, no pueden lograrse concentrándose únicamente en la designación de espacios protegidos. Por este motivo, la política de biodiversidad de la UE debe formular una demanda adicional de superficies, además de los espacios protegidos; a este respecto la coherencia con la política de uso de tierras desempeña un papel fundamental.

4.5.3

En este sentido, es totalmente acertado que tanto la Comisión como el Consejo siempre recalquen la importancia, por ejemplo, del sector agrícola, como han hecho por última vez en la revisión intermedia: el Consejo «observa con inquietud que la agricultura es una de las actividades que más presión ejerce en los ecosistemas terrestres y que no ha habido mejoras mensurables en los hábitats y especies relacionados con la agricultura que cubre la Directiva de hábitats hasta 2012, y lamenta el significativo declive de las aves de los hábitats agrícolas, las mariposas de los prados y la polinización, que subrayan las continuas presiones procedentes de determinadas prácticas agrícolas, como algunas modalidades de abandono e intensificación del terreno agrícola» (13).

4.6.1

Si bien en la Estrategia sobre la biodiversidad de la UE hasta el año 2020 se subraya que esta «está integrada en la Estrategia Europa 2020» (14), sin embargo, en la Estrategia Europa 2020 no aparecen ni una sola vez los conceptos «biodiversidad», «hábitats», «protección de la naturaleza» o «protección de las especies» ni «protección de la diversidad de recursos genéticos» o «ecosistema». Solo se menciona dos veces y de forma somera el término «diversidad de especies» y solo en apartados referidos a la «eficiencia de los recursos». Por esta razón, para el CESE es totalmente incomprensible que la Comisión Europea haya formulado esta aserción; también su política real demuestra exactamente lo contrario.

4.6.2

En este sentido, la Estrategia Europa 2020 sería el marco correcto para abordar el problema si se considera que la estrategia de sostenibilidad de la UE del año 2001 prácticamente ha dejado de tener importancia política. El CESE ha pedido en reiteradas ocasiones a los ministros de Economía y Finanzas que reflexionen, por ejemplo, sobre la importancia económica de la pérdida de biodiversidad (15). Algo que aún no ha sucedido.

4.6.3

Dado que los objetivos de las Directivas de la UE relativas a la protección de la naturaleza y de la Estrategia sobre la biodiversidad en la UE responden, además, a los objetivos acordados a escala internacional (por ejemplo, a los objetivos de Aichi en el marco del Convenio sobre la diversidad biológica (CDB) o los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es de imperiosa necesidad integrar la política de biodiversidad plenamente en la estrategia de aplicación de los ODS o en una nueva estrategia de sostenibilidad de la UE.

4.6.4

No obstante, en muchos servicios de la Comisión y algunos Consejos de Ministros de la UE la política de biodiversidad se sigue considerando más bien como un ámbito de acción que compite con otros ámbitos, que bloquea o impide en parte el desarrollo económico y que, además, compromete recursos financieros.

4.6.5

A este respecto, no cabe duda: hay conflictos entre las diferentes demandas de uso y, ocasionalmente, se impide efectuar intervenciones en el presupuesto destinado a los recursos naturales, por ejemplo, adoptando directivas de protección de la naturaleza. Pero esta es exactamente la misión de la protección de la naturaleza: que el Estado garantice una relación equilibrada entre la utilización económica y la conservación de los fundamentos de subsistencia naturales. En ello la protección de la naturaleza no se diferencia de otras políticas que regulan el «libre juego de las fuerzas del mercado» mediante medidas reglamentarias.

4.6.6

No es novedad que no exista una coherencia real entre la política económica clásica y la política ambiental. Ya en el año 2006, el CESE lamentaba «los enormes abismos que se abren entre lo exigible y la realidad» y señalaba con respecto al sector público que «frecuentemente son sus decisiones de planificación y sus programas de fomento los que contribuyen a seguir poniendo en peligro la biodiversidad» (16).

4.6.7

Una razón clave de este conflicto es la contradicción entre la aplicación de intereses particulares y, especialmente, intereses económicos, y el interés público. Las declaraciones anteriores de la UE deben interpretarse en el sentido de que la protección de la biodiversidad responde al interés general. Entonces, consecuentemente, el curso de acción debe ser determinar las limitaciones de los intereses económicos que son contrarios a la protección de la biodiversidad y garantizar su cumplimiento.

4.7.1

El CESE ha estudiado en muchas ocasiones la relación de la agricultura, la política agraria común y la biodiversidad y ha constatado que el declive lento, pero generalizado y continuo de la biodiversidad sucede aunque los agricultores respeten mayoritariamente la legislación vigente. Es decir, también sucede dentro de los límites de la ley, cuando se ejercen supuestamente buenas prácticas agrícolas. Esta situación no puede modificarse mediante una reforma de la legislación de protección de la naturaleza, sino tan solo mediante cambios en los hábitos de uso, en combinación con un cambio en la política de financiación agrícola. El CESE se remite en este contexto a su dictamen de iniciativa sobre «La reforma de la política agrícola común en 2013» (17), en el que se describe en detalle qué cambios estima necesarios el Comité.

4.7.2

La Comisión conoce muy bien la importancia de la agricultura, ya que constata que «la Política Agrícola Común (PAC) es el instrumento estratégico con mayor impacto sobre la biodiversidad de las zonas rurales. […] Uno de los efectos negativos en relación con la biodiversidad fue la supresión de la retirada obligatoria de tierras» (18). Por ello, la política agraria sigue contradiciéndose con la política de la biodiversidad, aunque algunos elementos de la PAC, en particular a través de los programas agroambientales del segundo pilar muestran cómo podrían resolverse estas contradicciones.

4.7.3

La retirada de tierras no se introdujo en los años ochenta para mejorar la estabilidad ecológica de los paisajes tradicionales, sino para reducir los excedentes. Con la reforma de la PAC de 2013, sin embargo, se retomó la idea de trabajar menos intensivamente algunas partes de los terrenos. En el marco de la ecologización, las denominadas «superficies de interés ecológico» se declararon obligatorias. No obstante, en este punto hubo un fuerte debate por el alcance y por definir qué se entiende por «interés ecológico».

4.7.4

Así, por ejemplo, hoy en día el cultivo de leguminosas o el cultivo intermedio se definen como cultivos «de interés ecológico». Pero, aun cuando el incremento de superficies en las que se cultivan leguminosas o hay cultivos comerciales sea loable en principio, estas medidas no contribuirán realmente a mejorar la biodiversidad. También el hecho de que el uso de pesticidas en superficies declaradas de interés ecológico esté en parte permitido está en flagrante contradicción con lo que pretende la ecologización de la política agrícola: los pesticidas no ayudan a incrementar la biodiversidad sino que la limitan.

4.7.5

La Comisión debería realizar lo antes posible un primer balance del impacto de las medidas adoptadas, sobre todo teniendo en cuenta que la ecologización fue uno de los fundamentos centrales para justificar el mantenimiento de los pagos agrícolas con fondos del presupuesto de la UE.

4.7.6

Por otra parte, y siguiendo estas premisas, las políticas transversales de la UE, en especial las ligadas a la I+D+i deberían también tomar en cuenta y prestar especial atención a la labor que la investigación, el desarrollo y la innovación, aplicada a la agricultura, pueden aportar a mejorar la biodiversidad en la UE.

4.8.1

La Directiva sobre los hábitats presenta una deficiencia técnica fundamental: es cierto que el artículo 10 hace referencia expresa a la importancia de la interconexión de los elementos del paisaje, pero no existe ningún mecanismo vinculante que lleve a crear una red de biotopos coherente en Europa. En su Comunicación sobre la infraestructura verde, la Comisión expone el modo de compensar esta deficiencia mediante una adecuada inversión en la conservación y restauración de la infraestructura verde, tanto en zonas extensas como a pequeña escala. En este contexto, es de la mayor importancia adoptar y aplicar una estrategia en materia de infraestructura verde coherente. En cualquier caso, un elemento clave será proporcionar un marco metodológico y un instrumento financiero para las redes transeuropeas de biodiversidad (RTE-V). Esto se aplica a escala tanto grande como pequeña, por ejemplo, en los paisajes agrícolas.

4.9.1

En muchos Estados miembros o en Estados en vías de adhesión sigue destruyéndose la naturaleza gravemente. Baste mencionar algunos ejemplos:

4.9.2

En Rumania, la superficie de selvas naturales en el momento de su adhesión a la UE era de más de 2000 km2. Casi todas estas zonas están designadas como lugares Natura 2000. Actualmente están documentados numerosos desmontes de grandes extensiones de selvas vírgenes de Rumania, con lo que se ha perdido un patrimonio natural europeo irrecuperable.

4.9.3

Los ecosistemas fluviales de los Balcanes, en particular en los Estados de los Balcanes Occidentales son, con creces, los más valiosos de Europa. Cerca de un tercio de los ríos de los Estados de la antigua Yugoslavia y de Albania presentan una dinámica natural y aún pueden denominarse ríos naturales. Por la planificación documentada de más de 2 700 (!) centrales hidroeléctricas, casi un tercio en reservas naturales, la dinámica natural y la biodiversidad de todos los ríos de los Balcanes están en un grave peligro. Para la financiación de este proyecto deben utilizarse fondos públicos. En casi todos los Estados miembros de la UE la biodiversidad se vio masivamente afectada en casi todos los ríos, por lo que en la actualidad, en particular en el marco de la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la UE, se han tenido que destinar considerables sumas de dinero a su recuperación.

4.9.4

Numerosas especies ornitológicas, que figuran en el anexo I de la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres, con lo que gozan de protección dentro de la UE, son perseguidas sin consideración alguna en los países de los Balcanes en vías de adhesión; la caza de aves es también un problema a menudo no resuelto en muchos países. Matar espátulas, grullas, cormoranes pigmeos y porrones pardos, por mencionar tan solo algunas especies, debilita los sitios de reproducción de estas aves en la UE.

4.10.1

Otro problema que se aborda en la revisión intermedia y en las conclusiones del Consejo es la financiación, aunque no solamente, de la red Natura 2000. En una Comunicación de la Comisión del año 2004 (19) se hablaba de la financiación de la red y, concretamente, a) del importe de los recursos necesarios y b) de cuál sería la reserva financiera de la que provendrían los fondos. En aquel momento, se mencionó un importe aproximado de 6 100 millones de euros; se decidió no crear una línea de financiación propia ni ampliar correspondientemente el programa Life, sino utilizar principalmente el segundo pilar de la PAC y otros fondos de la UE.

4.10.2

El CESE había expresado sus dudas respecto al montante y consideraba que era «absolutamente necesario presentar con la mayor rapidez posible un cálculo más preciso de los costes». Tenía, por ejemplo, dudas de que la suma de 300 millones de euros destinada a los nuevos Estados miembros (5 800 millones de euros para la Europa de los Quince) fuera suficiente (20).

4.10.3

Hasta hoy no se ha hecho nada, se sigue hablando de la misma suma. Hasta hoy, los Estados miembros responsables y la Comisión no han aportado claridad en este punto.

4.10.4

El CESE mencionó en aquel entonces el peligro de que si se financiaban las medidas Natura 2000 con fondos del segundo pilar, estas podrían entrar en competencia con otras medidas de desarrollo rural (21). Esto se ha confirmado por dos motivos: por un lado, los pagos efectuados con cargo al segundo pilar durante el periodo de programación 2007-2013 se recortaron en un 30 % con respecto al periodo anterior; por el otro, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Consejo de Medio Ambiente señalan con justa razón que «los Estados miembros no siempre reconocen que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los posibles instrumentos para promover la biodiversidad, al tiempo que no son suficientemente conscientes de las posibilidades que brinda para financiar Natura 2000» (22).

4.10.5

Como consecuencia de ello, la Comisión Europea (23) tuvo que constatar que, si bien el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural sigue siendo la fuente de financiación comunitaria más importante de Natura 2000 y la biodiversidad en la UE, «solo se ha satisfecho el 20 % de las necesidades totales de financiación para la gestión de espacios protegidos en Europa, entre los que se incluye Natura 2000».

4.10.6

Por ello, es urgente establecer las necesidades financieras precisas para la aplicación de las Directivas de protección de la naturaleza y asegurar los recursos necesarios para su ejecución en una línea presupuestaria específica (por ejemplo, en una rúbrica ampliada del presupuesto del programa Life).

4.11.1

Las deficiencias en la aplicación de la estrategia de la UE sobre la biodiversidad, en particular en el caso de la red Natura 2000, se pueden atribuir en parte a la falta de participación y colaboración de la sociedad civil en las distintas zonas protegidas. La designación de zonas protegidas ha de considerarse en primer lugar un acto administrativo que debe realizarse respetando plenamente los principios del Estado de Derecho. No obstante, los planes de gestión deben elaborarse y aplicarse contando con una estrecha participación de los propietarios de terrenos, los usuarios de las tierras, las organizaciones de conservación de la naturaleza y los municipios. En muchos casos esto no ha sucedido, lo que a menudo ha producido desconfianza y hostilidad hacia la política de biodiversidad de la UE.

28.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 487/24

Ponente:

Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

1.1.

El Acuerdo de París es un compromiso global positivo para mitigar el cambio climático. La tarea por delante consiste ahora en velar por que se ratifique, se aplique y se siga desarrollando. En el presente dictamen, el CESE expresa sus puntos de vista sobre los principales enfoques para el camino a largo plazo hacia un mundo neutro en emisiones de carbono como pide el Acuerdo.

1.2.

Los grandes desafíos mundiales requieren un cambio de gran calado en el enfoque de la Unión Europea. En lugar de centrarse exclusivamente en sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, la UE debe examinar cómo puede contribuir a lograr los mayores efectos beneficiosos sobre el clima desde una perspectiva mundial. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión Europea que elabore una estrategia a largo plazo sobre la forma de aumentar y maximizar la «impronta positiva de carbono» mundial (1) de la UE.

1.3.

La Unión también debería ser ambiciosa en la búsqueda de soluciones beneficiosas para todas las partes en lo que respecta a los aspectos económicos, sociales y medioambientales. Por consiguiente, el CESE insta a la Comisión a que encuadre la estrategia climática en un marco que ayude a reforzar la economía de la Unión y aumente el bienestar de sus ciudadanos, mitigando al mismo tiempo el cambio climático.

1.4.

El compromiso mundial es esencial para lograr efectos climáticos significativos y evitar las fugas de carbono, inversión y empleos. El CESE pide a la Comisión que siga manteniendo una diplomacia climática activa, al objeto de aumentar la aplicación amplia del Acuerdo y alentar a las principales economías a comprometerse más con un nivel de ambición similar al de la Unión. El CESE también pide a la Comisión que integre las consideraciones climáticas en todos los ámbitos de la política exterior, en concreto en el comercio, la inversión y la cooperación para el desarrollo.

1.5.

En cuanto a las medidas prácticas, la mejor forma de que la Unión contribuya a la lucha contra el cambio climático es exportando tecnologías y soluciones para reducir las emisiones y aumentar los sumideros de carbono y fabricando productos del mercado mundial con emisiones más bajas que las de sus competidores. Por lo tanto, el CESE pide que se impulse firmemente la innovación —desde la investigación hasta la entrada en el mercado— de modo que la UE se sitúe a la vanguardia de las soluciones climáticas. Especial atención requiere el potencial de las pymes.

1.6.

Con respecto a la dimensión interna de la política sobre el clima, la Unión debería aspirar a convertirse en una «Unión Climática» que sea dinámica, eficaz y cohesiva en sus medidas internas. Todos los esfuerzos deben centrarse ahora en poner en práctica las decisiones tomadas hasta la fecha, donde tanto la Comisión como los Estados miembros tienen su propio papel.

1.7.

Además, el CESE pide a la Comisión que base la estrategia a largo plazo en un enfoque integrado. El camino hacia adelante debe concebirse como parte de una serie de «uniones» del mercado único conexas, especialmente en el ámbito de la energía, el transporte, la digitalización, la industria, la agricultura, el capital y la innovación. Asimismo, debe prestarse una atención especial a los retos que plantean los sistemas alimentarios sostenibles y el papel de los sumideros de carbono.

1.8.

Al aplicar los objetivos del Acuerdo de París, deben aprovecharse al máximo los mecanismos de mercado. Un sistema de fijación de precios mundial por las emisiones de carbono sería una forma neutra y eficaz de implicar a todos los operadores del mercado. El CESE pide a la Comisión que analice activamente distintas vías y pasos y que dialogue con otros países sobre la transición hacia un sistema de precios mundial del carbono.

1.9.

El camino desde París hacia una economía neutra en emisiones de carbono es extremadamente difícil. Para gestionar la transición de manera controlada y justa, y ayudar a las empresas y a los ciudadanos a adaptarse a los cambios y desarrollar nuevas soluciones y cualificaciones, deberán implantarse medidas de adaptación adecuadas en el marco de la estrategia climática.

1.10.

Son los socios de la sociedad civil los que generarán el cambio a una economía neutra en emisiones de carbono a través de sus acciones sobre el terreno, mientras que la función de los responsables políticos es brindarles un entorno propicio y financiación, también concienciándolos sobre todas las posibilidades de financiación disponibles. Hay que desarrollar un planteamiento de gobernanza multinivel que facilite la acción en favor del clima de la sociedad civil y eliminar los obstáculos que la frenan. El CESE espera participar plenamente en el desarrollo de este tipo de infraestructura de múltiples partes interesadas así como en la elaboración de la estrategia sobre el clima a largo plazo de la UE.

2.1.

El resultado de la conferencia sobre el clima de París (COP21) fue un acuerdo global para encauzar al mundo hacia la limitación del calentamiento global por debajo de los 2 oC y esforzarse por seguir limitando el aumento de la temperatura a 1,5 oC por encima de los niveles preindustriales. Esto requerirá una enorme reducción de las emisiones mundiales y exige cambios radicales en las sociedades.

2.2.

Los desafíos mundiales futuros requieren una transformación radical del enfoque de la UE para mitigar el cambio climático. Es fundamental que la Unión realice esfuerzos considerables para lograr un impacto mundial eficaz. Por lo tanto, la UE debería esforzarse por aumentar su «impronta positiva de carbono» en lugar de simplemente reducir su «huella de carbono».

2.3.

El compromiso mundial es esencial para resolver el problema del clima y evitar las fugas de carbono, inversión y empleos. La Unión demostró liderazgo antes y durante la conferencia de París y debe mantener ese espíritu de cara a las próximas Conferencias de las Partes. En su diplomacia climática, la UE debería concentrarse en los países que más gases de efecto invernadero emiten, pero también en sus competidores más fuertes y en sus socios más prometedores desde una perspectiva económica. Así, la diplomacia climática y económica deberían ir de la mano.

2.4.

Los mayores emisores son China, Estados Unidos y la Unión Europea, con más del 25 %, cerca del 15 % y con alrededor del 10 % de las emisiones mundiales, respectivamente. Se prevé que la proporción de emisiones de la UE se reduzca en torno al 5 % para 2030. Por lo tanto, para ejercer la máxima influencia en la mitigación del cambio climático, la Unión debe hacer todo lo posible por alentar a las otras partes a ser más ambiciosas.

2.5.

En cuanto a la parte práctica, la mejor forma de que la UE contribuya a la mitigación del cambio climático mundial es exportando soluciones hipocarbónicas y fabricando productos para el mercado mundial con emisiones más bajas que las de sus competidores.

2.6.

Además, los Estados Unidos, China y otros países en rápido desarrollo también se han convertido en importantes proveedores de tecnologías hipocarbónicas. En los últimos cinco años la UE, tanto en el mercado interior como en los mercados de la exportación, ha experimentado un auténtico hundimiento en algunos sectores y ha perdido el liderazgo tecnológico mundial del que gozaba anteriormente Aunque la Comisión Juncker ha expresado el deseo de convertirse en la vanguardia mundial de las energías renovables, este objetivo está lejos de ser una realidad.

2.7.

Por lo tanto, urge dar un nuevo impulso adicional para volver a posicionar a la Unión a la vanguardia de las soluciones climáticas. Las oportunidades mundiales abarcan una amplia gama de tecnologías, productos, servicios y especialización, así como modelos generales de producción y consumo. La exportación de conocimientos técnicos sobre los sumideros de carbono, como la gestión forestal sostenible y la forestación, debe verse también como una oportunidad para generar un impacto mundial.

2.8.

El CESE celebra que la Comisión se haya sumado a la «Misión innovación», una iniciativa de las principales economías mundiales, cuyos integrantes se han comprometido a duplicar, en un plazo de cinco años, su financiación a favor de actividades de investigación y desarrollo en energías limpias.

2.9.

Una política eficaz de comercio e inversión es un instrumento esencial para generar soluciones hipocarbónicas y fomentar el progreso hacia una economía mundial neutra en emisiones de carbono. Para garantizar un resultado positivo, las cuestiones climáticas deberían formar parte integral de las negociaciones sobre los acuerdos de comercio e inversión. El objetivo debería consistir en eliminar las barreras al comercio de productos, tecnologías y soluciones respetuosos con el medio ambiente; el Acuerdo sobre Bienes Medioambientales podría desempeñar un papel importante a este respecto. También se necesitan soluciones conjuntas para evitar las distorsiones comerciales causadas por las diferencias en las políticas y los requisitos en materia de clima en las distintas regiones.

2.10.

Por lo que se refiere a la política de desarrollo, en la COP21, el objetivo actual de financiación anual en favor del clima, fijado en 100 000 millones de dólares (USD), se prorrogó hasta 2025 y se pidió una hoja de ruta práctica sobre la forma de cumplir el objetivo. Una serie de países también prometieron financiación. Es importante cumplir las promesas y utilizar los fondos de manera responsable desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Son necesarias campañas de sensibilización para aportar información sobre el acceso de los agentes de la sociedad civil a la financiación, en especial en los países en desarrollo, tal y como ha propuesto el CESE en relación con la Estrategia UE-África.

2.11.

La cooperación tecnológica también tiene un papel que desempeñar en la política de desarrollo. En este contexto, deben protegerse adecuadamente los derechos de propiedad intelectual ya que son cruciales para la innovación. También es importante garantizar que las soluciones que se proporcionan reflejen las condiciones de los países en desarrollo y —desde la perspectiva de asociación— les ayuden a adoptar un crecimiento de bajas emisiones sin obstaculizar su desarrollo. Además, es necesario fomentar el refuerzo de capacidades para ayudar a los países en desarrollo en la labor de mitigación y adaptación al cambio climático.

2.12.

Como norma general, las consideraciones climáticas deberían incorporarse en todas las políticas externas de la Unión, con el objetivo de propulsar la aplicación del Acuerdo de París a nivel mundial.

3.1.

Para sentar una base sólida con el fin de convertirse en un actor mundial fuerte, la Unión debería aspirar a convertirse en una Unión Climática que sea plenamente eficaz, cohesionada y creíble en sus medidas internas. La Unión Climática debe ser ante todo una unión de acción. Todos los esfuerzos deben centrarse ahora en poner en práctica las decisiones tomadas hasta la fecha, donde tanto la Comisión como los Estados miembros tienen su propio papel que desempeñar.

3.2.

Puesto que la mitigación del cambio climático se aplica a todos los sectores de la economía, la Unión Climática debe basarse en un enfoque integrado. Por lo tanto, deben desarrollarse otras medidas climáticas en el marco de las «uniones» pertinentes, como la Unión de la Energía, el espacio único europeo de transporte, el mercado único de bienes y servicios, el mercado único digital, la política industrial europea, la política agrícola común, la Unión de Mercados de Capitales y la Unión por la Innovación. También debe encontrarse un enfoque óptimo para vincular la política climática de la UE con la aplicación nacional.

3.3.

La Unión debería cumplir sus propios compromisos climáticos de forma que refuerce su economía y aumente el bienestar de los ciudadanos. La política en materia de clima no debe verse únicamente como un equilibrio entre los factores económico, social y medioambiental, sino como una solución beneficiosa para todos por la que debe lucharse. Para ello, se necesitan esfuerzos para impulsar un crecimiento con bajo nivel de emisiones de carbono, aprovechando plenamente las oportunidades que brindan, por ejemplo, la digitalización, las tecnologías limpias, la bioeconomía y la economía circular.

3.4.

Además de en el resto del mundo, también son necesarias inversiones hipocarbónicas sustanciales en la UE. Los aspectos climáticos deben tenerse en cuenta en los criterios de financiación de los programas de inversión pública, incluido el uso de los fondos de la UE. La cooperación público-privada, así como el papel del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y el Banco Europeo de Inversiones, revisten suma importancia. El CESE acoge con satisfacción la puesta en marcha del Portal Europeo de Proyectos de Inversión y del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y subraya que los umbrales fijados no deben dejar fuera a los proyectos de menor escala.

3.5.

En cuanto al sector privado, las inversiones hipocarbónicas tienen los mismos requisitos que cualquier otra inversión. Para poder aprovechar plenamente las oportunidades y el potencial empresarial que brinda la mitigación del cambio climático, es esencial un entorno empresarial alentador, competitivo y estable.

3.6.

A fin de posicionarse a la vanguardia mundial de las tecnologías y soluciones climáticas, la Unión tiene que invertir en un entorno que propicie la innovación y que abarque la investigación, el desarrollo, el ensayo, la demostración y, por último, la entrada en el mercado y la expansión internacional. Debe prestarse una atención particular al potencial de innovación y la entrada en el mercado internacional de las pymes. Para ello, debe velarse por que el acceso a la financiación no represente un obstáculo para este tipo de empresas.

3.7.

Puesto que la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero se originan en la producción de energía, esta última constituye el núcleo de la transición. Las medidas fundamentales incluyen la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía hipocarbónicas y la mejora de la eficiencia energética en todos los sectores y actividades. La creciente electrificación de la sociedad —en los países en los que se están sustituyendo los combustibles fósiles— puede contribuir considerablemente a reducir las emisiones. Uno de los principales retos y oportunidades es el desarrollo de soluciones para el almacenamiento de electricidad.

3.8.

Con respecto a la descarbonización del transporte, en particular el transporte por carretera, hay que poner en marcha una amplia variedad de medidas. La electricidad y las fuentes de energía alternativas, los biocombustibles avanzados, la mejora de la eficiencia energética de los vehículos y la logística, la creciente utilización de modos de transporte hipocarbónicos, la comodalidad y el transporte público así como la planificación del uso del suelo tienen un papel que desempeñar en la transición. Por lo que respecta a la navegación y la aviación, el CESE pide resultados globales ambiciosos en el marco de la OMI y la OACI.

3.9.

El éxito de la descarbonización requiere también el desarrollo de productos y métodos de producción. Las mayores oportunidades residen en encontrar modelos empresariales innovadores y desarrollar productos de bajas emisiones centrándose principalmente en el servicio y la función que desempeñan. En este sentido, debe aprovecharse el potencial de todos los sectores y agentes, y los responsables políticos no deben «escoger ganadores», por ejemplo apoyando determinados sectores, técnicas o productos.

3.10.

La agricultura y la silvicultura están relacionadas con el cambio climático de varias maneras. Además de reducir las emisiones, la captura de dióxido de carbono desempeña un papel esencial en la mitigación del cambio climático. Esto pone en evidencia la importancia que revisten la utilización sostenible de los recursos forestales y una gestión adecuada del suelo. Por otro lado, la agricultura y la silvicultura se enfrentan a dificultades significativas para adaptarse al cambio climático. En consecuencia, es necesario llevar a cabo una investigación y un desarrollo intensivos en materia de resiliencia y adaptación y sobre el papel del suelo como sumidero de carbono.

3.11.

La conexión entre cambio climático y seguridad alimentaria es fundamental el contexto de un rápido crecimiento de la población. Para responder a los grandes retos de la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático se requieren sistemas alimentarios más sostenibles, al mismo tiempo que se evita la fuga de carbono y de empleos.

3.12.

La digitalización es un elemento transversal de la descarbonización de la sociedad. La automatización, la robótica y la internet de los objetos hacen más eficientes los procesos industriales y la logística. Las redes de energía inteligentes, la movilidad inteligente, los edificios inteligentes y las comunidades inteligentes implican a los ciudadanos en el proceso de descarbonización y permiten a los consumidores convertirse en «prosumidores», mientras que las plataformas digitales brindan opciones para compartir productos y servicios.

3.13.

En conclusión, los ciudadanos tienen un papel importante que desempeñar en la transición a una economía neutra en emisiones de carbono. Unos modelos más sostenibles de consumo y un cambio en los estilos de vida, por lo que respecta por ejemplo a la dieta, las compras, la movilidad y las aficiones, pueden lograr resultados notables. Las campañas de sensibilización, la información sobre los productos y la educación son instrumentos que pueden utilizarse para ayudar a los ciudadanos a que hagan elecciones mejor documentadas.

3.14.

En cuanto a más medidas específicas para avanzar hacia un futuro neutro en emisiones de carbono en los ámbitos fundamentales citados más arriba, el CESE ha emitido varios dictámenes pertinentes en los últimos años (2).

3.15.

La transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono significa inevitablemente que habrá ganadores y perdedores. Por lo tanto, es imperativo gestionar la transición de manera justa y controlada. Se necesitan medidas adecuadas para ayudar a las empresas y los ciudadanos a adaptarse a la nueva situación. El aumento de los costes y la escasez de cualificaciones son las principales amenazas que deben afrontarse. La asistencia financiera selectiva, basada en la identificación de los sectores y grupos de personas más vulnerables, es una opción pertinente. Sin embargo, los esfuerzos deben seguir centrándose principalmente en la búsqueda de nuevas soluciones y el desarrollo de cualificaciones.

4.1.

Los mecanismos de fijación de precios deben utilizarse en la mayor medida posible cuando se adopten medidas destinadas a lograr las metas y objetivos decididos por los responsables políticos en el Acuerdo de París. Para impulsar la acción por el clima de manera neutral y eficaz, es importante aspirar a fijar precios mundiales para las emisiones de gases de efecto invernadero. Por consiguiente, para que el sistema de fijación de precios pueda funcionar correctamente, deben eliminarse progresivamente las subvenciones a la energía contradictorias o solapadas.

4.2.

En varios países y regiones ya se están utilizando distintos tipos de sistemas de fijación de precios del carbono, sobre todo los impuestos a las emisiones de carbono y los sistemas de limitación y comercio de derechos de emisión. También se están estudiando medidas para vincular los distintos sistemas.

4.3.

Por lo que respecta al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, el precio de los derechos de emisión se ha mantenido inesperadamente bajo debido a que la oferta de derechos de emisión ha superado claramente la demanda y las subvenciones solapadas han influido en el mercado. El límite máximo de emisiones garantiza el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones pero el sistema no brinda incentivos para invertir en la energía hipocarbónica. Ello requeriría un aumento del precio de las emisiones así como garantizar la adopción de medidas para evitar la fuga de carbono.

4.4.

Un sistema mundial de fijación de precios del carbono que funcionara correctamente y fuera justo igualaría las condiciones para las empresas de exportación en los mercados mundiales y reduciría así el riesgo de fuga de inversiones y empleos. Además, eliminaría la ventaja competitiva de los bienes importados que son más baratos debido a los requisitos climáticos más laxos. Por otro lado, enviaría flujos financieros directos hacia los países en desarrollo. Por consiguiente, debería potenciarse decididamente un sistema mundial adecuado al respecto. El Comité recuerda que también ha apoyado —básicamente a modo de solución provisional— un mecanismo de «ajuste del carbono en frontera» hasta que tal sistema exista a escala mundial (3). Sin embargo, debería prestarse la debida atención a los retos y riesgos de los mecanismos de este tipo.

4.5.

Para analizar los requisitos previos y las consecuencias de un sistema de fijación de precios adecuado, deben evaluarse detenidamente distintas opciones. Deberían estudiarse, como mínimo, las siguientes vías y medidas:

5.1.

La sociedad civil tiene un importante papel que desempeñar a nivel mundial, europeo, nacional y local en la transición hacia un mundo neutro en emisiones de carbono. Las empresas, los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos son los únicos que realmente generan un cambio a través de sus propias acciones sobre el terreno, mientras que la función de los responsables políticos es brindarles un entorno propicio y alentador para operar.

5.2.

Ya se está avanzando mucho en los mercados: un creciente número de inversores privados e institucionales está teniendo en cuenta el «riesgo de carbono» que pueden entrañar sus objetivos de inversión y se han creado fondos de capital privado relacionados con el clima. Muchas empresas están renovando y desarrollando sus actividades y carteras de productos para responder a las demandas de los clientes y accionistas conscientes de las cuestiones del clima. Se están construyendo nuevos ecosistemas empresariales en todos los sectores y entre grandes empresas y pymes.

5.3.

En la COP21, una importante línea de actividades destacó el papel que desempeñan los entes subnacionales, el sector privado y otros agentes de la sociedad civil a la hora de alcanzar los objetivos relacionados con el clima e impulsar nuevas asociaciones. La Agenda de Acción Climática Global tiene que mantener el impulso y seguir fomentando este tipo de actividades.

5.4.

Como propuso el CESE (4), debería establecerse una coalición entre los responsables políticos, la administración y la sociedad civil a fin de estimular e incrementar la sensibilización sobre la acción por el clima no estatal a varios niveles, ofrecer un foro para el diálogo estructurado y eliminar los obstáculos que se interponen en su camino. El CESE espera participar plenamente en el desarrollo de este tipo de infraestructura coherente de múltiples partes interesadas.

5.5.

Por lo que respecta a la cooperación de la sociedad civil con otras regiones, en particular con el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) (5) y el Mediterráneo, la cuestión del clima, junto con el reto de la seguridad alimentaria, ocupan un lugar destacado en la agenda del CESE.

5.6.

Igualmente, el CESE está ansioso por colaborar con la Comisión en la preparación de la estrategia a largo plazo para allanar el camino hacia un mundo neutro en emisiones de carbono.

28.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 487/30

Ponente:

Philippe DE BUCK

Coponente:

Tanja BUZEK

1.1.

En 2016 las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entran en un año decisivo. Los principales negociadores de la UE y de los Estados Unidos confirmaron su compromiso de acelerar las conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo político integral y ambicioso en el que se identifiquen los posibles «terrenos de encuentro» en todos los ámbitos antes del final del actual ejecutivo estadounidense. Por ello, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) decidió emitir un dictamen de iniciativa sobre cuestiones específicas de la ATCI.

1.2.

El presente Dictamen no comenta el posible acuerdo final que será el resultado de las negociaciones entre la UE y Estados Unidos. Sin embargo, es importante evaluar en qué medida los puntos de vista de la sociedad civil organizada europea, tal como se manifiesta en anteriores dictámenes del CESE, han sido tomadas en consideración en las propuestas de la UE a las que se puede acceder actualmente. Esto sentará las bases de una fuerte asociación entre la Comisión Europea y la sociedad civil europea para el desarrollo de la política comercial de la UE.

1.3.

En consecuencia, el CESE, al subrayar su papel institucional, formula las siguientes recomendaciones:

1.4.1.

Las negociaciones de la ATCI están imprimiendo un nuevo impulso a una mayor cooperación en materia reguladora con mayores expectativas. Por ello, el Comité observa con satisfacción que el capítulo propuesto incluye la consecución de objetivos de política pública y un alto nivel de protección en una serie de ámbitos identificados. El CESE también acoge favorablemente la aclaración explícita de que la función y objetivo de la estructura institucional para la cooperación reglamentaria es prestar apoyo y asesoramiento a los responsables políticos bajo control democrático y que ni tendrá competencias para adoptar actos jurídicos ni sustituirá a los procedimientos reguladores nacionales.

1.4.2.

Sin embargo, el Comité pide una definición más clara de reglamentaciones «gravosas» y subraya que las reglamentaciones que protegen al consumidor y los derechos laborales y medioambientales no deberían considerarse «gravosas» por sí solas.

1.4.3.

El CESE también solicita que el capítulo sobre las buenas prácticas reglamentarias no limite el derecho de las partes a regular o introducir procedimientos equivalentes al proceso estadounidense de observar y comentar.

1.4.4.

Por otra parte, el CESE pide a la Comisión Europea que aclare las disposiciones relativas a la participación de los interlocutores representativos, en particular los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil.

1.5.1.

El CESE considera que las propuestas sobre normalización, reglamentaciones técnicas, marcado y etiquetado deben considerarse importantes intereses ofensivos de la Unión Europea. Asimismo, señala las importantes disposiciones en materia de transparencia, pero solicita:

1.5.2.

En cuanto al capítulo sobre las MSF, el CESE observa que se basa en el Acuerdo de la OMC sobre las MSF, que incluye el principio de cautela. Sin embargo, el CESE aboga por una mayor garantía de que no se modificará la legislación alimentaria de la UE y de que la UE mantendrá sus restricciones en materia de hormonas, promotores del crecimiento y organismos modificados genéticamente.

1.6.1.

El CESE reconoce la importancia de facilitar el comercio, en particular para las pequeñas empresas, y acoge favorablemente el capítulo propuesto por la Comisión Europea. Sin embargo, aboga por una mayor simplificación de los procedimientos de aduanas y la aclaración de las normas relativas a las sanciones y responsabilidad por incumplimiento de la legislación aduanera.

1.7.1.

El CESE acoge con satisfacción los importantes compromisos asumidos por la UE en el capítulo sobre servicios y reitera su llamamiento a favor de un mayor acceso al mercado a nivel federal y estatal, para una mayor cooperación reglamentaria —en el reconocimiento de que el acceso al mercado también depende de esta— y su solicitud de preservar los servicios públicos de acuerdo con el TFUE. Asimismo, el CESE reitera que los servicios audiovisuales no forman parte del mandato y, por ello, no deben incluirse en ningún compromiso. También apoya la decisión de la Comisión Europea de congelar las negociaciones sobre el acceso al mercado de servicios financieros hasta que los negociadores estadounidenses entablen negociaciones sobre la cooperación reglamentaria, en aras de un mayor nivel de protección y estabilidad financiera en ese sector. El CESE también aboga por una formulación explícita y detallada de la exención de los servicios de utilidad pública definidos en términos generales para garantizar que se excluyan del acuerdo todos los servicios públicos que sean objeto de externalización o sean financiados por el Estado o por organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro.

1.8.1.

El CESE acoge con satisfacción el alcance integral y detallado de la propuesta de la Comisión sobre comercio y desarrollo sostenible. Sin embargo, recuerda que el valor real de dichas disposiciones depende, en primer lugar, de la posibilidad de aplicarlas eficazmente. El CESE aboga por un mecanismo de control eficaz y un sólido mecanismo de supervisión por medio de la sociedad civil. El CESE no puede pronunciarse sobre las medidas de ejecución del capítulo relativo al desarrollo sostenible de la ATCI, ya que se han aplazado las propuestas textuales de ejecución. Es importante que la Comisión colabore con la sociedad civil y los interlocutores sociales sobre estas propuestas, a fin de garantizar que se elaboren de tal modo que sean eficaces en la práctica. El CESE se reserva la opción de opinar sobre estos aspectos cuando se publiquen.

1.9.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de Directiva destinada a reformar el sistema de protección de las inversiones y el objetivo de establecer un tribunal multilateral permanente de inversiones que sustituya a los tribunales arbitrales privados. Sin embargo, el CESE sigue viendo algunos puntos críticos de preocupación enumerados en el punto 8.8 que deberían abordarse. Asimismo, pide a la Comisión Europea que lleve a cabo una evaluación de impacto que cubra tanto los costes como el funcionamiento del nuevo sistema de tribunales de inversiones.

2.1.

Desde el inicio de las negociaciones de la ATCI en junio de 2013, el CESE ha desempeñado un papel importante a la hora de formular las posturas de la sociedad civil organizada de la UE elaborando dictámenes sobre diferentes aspectos de las negociaciones de la ATCI (1), sobre la protección de los inversores y la resolución de controversias entre inversores y Estados (2) y sobre la incidencia de la ATCI en las pymes (3). Entretanto, la Comisión ha publicado su importante Comunicación «Comercio para todos» (4), que establece las condiciones para los próximos acuerdos comerciales y de inversión. En su Dictamen (5), el CESE apoya el enfoque esbozado en la Comunicación. El Comité también está trabajando, junto al resto de instituciones de la UE, para contribuir a un debate informado de la sociedad civil sobre la ATCI mediante una serie de actividades relacionadas con la misma. Estas actividades incluyen la organización de audiencias y visitas de los miembros del CESE a Estados Unidos.

2.2.

El CESE toma nota de que las negociaciones de la ATCI se están desarrollando de forma más transparente que en anteriores negociaciones comerciales y de inversión. De hecho, es la primera vez que se publica el mandato del Consejo y las posiciones de la UE, así como varias propuestas de redacción. Se creó un grupo consultivo que reúne a expertos que representan a una amplia gama de intereses —consumidores, sindicatos, empresas, medio ambiente y salud pública— con el fin de proporcionar un asesoramiento de gran calidad a los negociadores comerciales de la UE en torno a los ámbitos sobre los que se negocia. Sin embargo, dado su papel institucional, el CESE lamenta no haber sido formalmente incluido en el grupo consultivo específico sobre la ATCI (6). La Comisión Europea ha creado un sitio web dedicado a la ATCI, en el que se incluyen fichas informativas y guías de lectura, documentos de posición de la UE (en los que se establece y describe el enfoque general de la Unión Europea sobre cada tema), las propuestas de texto de la UE (que son las propuestas iniciales de la Unión Europea para el texto jurídico sobre cada tema de la ATCI) y la oferta de acceso al mercado de servicios de la UE. El CESE valora positivamente la propuesta de la Comisión Europea de crear un foro de la sociedad civil, que estará compuesto por representantes de organizaciones de la sociedad civil independientes, incluidos participantes de los grupos consultivos internos, y tendrá como misión entablar un diálogo sobre la ejecución y aplicación del acuerdo.

2.3.

El presente Dictamen se basa en las conclusiones de anteriores dictámenes en los que se aboga por que los beneficios de la ATCI se distribuyan de forma equitativa entre la comunidad empresarial (incluidas las pymes), los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos, y se considera la salvaguardia de las exigentes normas vigentes en la UE como una condición previa para aceptar el acuerdo. El CESE considera importante comentar las posiciones y propuestas de texto de la UE ya publicadas sobre una serie de capítulos, a fin de analizar en qué medida se ajustan a esas condiciones previas y determinar los principales puntos de interés y preocupación para la sociedad civil europea. En particular, el CESE ha optado por centrar su análisis en las propuestas de cooperación en materia de regulación, incluidas las buenas prácticas reglamentarias (accesibles públicamente desde el 21 de marzo de 2016), los obstáculos técnicos al comercio (OTC) y las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) (ambas accesibles públicamente en enero de 2015), aduanas y facilitación del Comercio (disponible en enero de 2015 y modificada en marzo de 2016), los servicios (publicada en julio de 2015), desarrollo sostenible (publicada en noviembre de 2015) y la inversión (publicada en noviembre de 2015). El presente Dictamen considera los documentos publicados hasta el 14 de julio de 2016.

2.4.

Cabría señalar que el 14 de julio de 2016 la Comisión Europea publicó una propuesta sobre el marco institucional del acuerdo (7), que incluye la constitución de grupos consultivos internos (GCI) compuestos por representantes de la sociedad civil y competentes para asesorar a las partes sobre la aplicación del acuerdo. El Comité acoge favorablemente el hecho de que se amplíe el mandato de los GCI para cubrir todos los asuntos de interés del acuerdo, pero lamenta que en la propuesta de la UE no se mencione explícitamente la reunión que los dos GCI mantendrán por iniciativa propia y que el Foro de la Sociedad Civil solo pueda ser convocado por el Comité Mixto. Las reuniones del Foro de la Sociedad Civil permitirán a los miembros de los dos GCI formular recomendaciones conjuntas a las partes.

2.5.

En este sentido, el CESE lamenta profundamente que, llegado el caso de que las negociaciones pasen a desarrollarse sobre la base de textos consolidados, el elevado nivel de transparencia alcanzado hasta ahora se verá reducido drásticamente a menos que Estados Unidos acepte que los textos se publiquen o, al menos, que estén disponibles para el grupo consultivo de la UE. Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que siga redoblando sus esfuerzos para plantear esta cuestión con su homólogo.

3.1.

La cooperación reglamentaria es uno de los tres pilares de la ATCI, junto a las normas y el acceso al mercado, y se compone de cuatro elementos: los aspectos horizontales (entre los que se incluye, por un lado, una sección sobre la «coherencia reglamentaria» o las «buenas prácticas reglamentarias», y, por otro, una sección sobre «cooperación reglamentaria» entre reguladores), los obstáculos técnicos al comercio, la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal, y las disposiciones sectoriales. El objetivo de esta sección es comentar el primero de estos elementos, los aspectos horizontales, mientras que la siguiente sección tratará sobre los obstáculos técnicos al comercio y sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias.

3.2.

La cooperación reglamentaria ha sido identificada como uno de los objetivos principales de la ATCI, puesto que podría desempeñar un importante papel para facilitar el comercio y la inversión, así como para mejorar la competitividad de las empresas pequeñas en particular. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, esperan que se presenten nuevas oportunidades, dado que no cuentan con los recursos para desenvolverse en los entornos reglamentarios de ambos lados del Atlántico, a diferencia de las grandes empresas. Asimismo, una mayor compatibilidad de los sistemas reguladores brindaría a las grandes empresas la posibilidad de aprovechar las economías de escala entre Europa y Estados Unidos.

3.3.

Los esfuerzos a favor de la cooperación reglamentaria no son nuevos (8). Las negociaciones de la ATCI están imprimiendo un nuevo impulso a una mayor cooperación en materia reguladora con mayores expectativas. El CESE considera que no es sencillo prever los beneficios que reportará una mayor cooperación reglamentaria, principalmente porque variarán en función del grado de cooperación que se acuerde durante las negociaciones. El proyecto de informe técnico intermedio preparado por la Comisión Europea sobre la evaluación de impacto de la sostenibilidad calcula que la cooperación en materia de regulación supondrá el 76 % del impacto de la ATCI, mientras que la reducción de los aranceles supondrá el 24 % de su incidencia total (9).

3.4.

Sin embargo, el CESE considera importante que se ofrezca protección para garantizar que el proceso de cooperación normativa no se utilice para minar las normas sociales, de protección del consumidor, laborales y ambientales, sino más bien para mejorarlas. Si se cumplen estas condiciones, los beneficios no solo serían económicos, sino que también podrían facilitar la tarea de los reguladores en la consecución de objetivos de interés público.

3.5.

Garantizar los elevados niveles de protección de la UE es un aspecto fundamental para el CESE. La actual propuesta para el artículo x1b del capítulo sobre cooperación reglamentaria cubre la persecución de objetivos de política pública y un elevado nivel de protección de, entre otros: la sanidad pública; la vida y la sanidad humana, animal y vegetal; la sanidad y la seguridad; las condiciones laborales; el bienestar animal; el medio ambiente; los consumidores; la protección social y la seguridad social; la información personal y la ciberseguridad; la diversidad cultural; y la estabilidad económica.

3.6.

Sin embargo, el CESE expresa su preocupación por el hecho de que ello podría verse socavado por el artículo x1d que tiene el objetivo de «reducir innecesariamente gravosos requisitos reglamentarios […]» (10). El CESE expresa su preocupación por el hecho de que este lenguaje podría interpretarse como que los reglamentos que protegen a los consumidores, los derechos laborales y medioambientales son «gravosos».

3.7.

Por lo tanto, el CESE desea reafirmar claramente las afirmaciones en el sentido de que salvaguardar las elevadas normas vigentes es una exigencia fundamental y que, además de conseguir el objetivo de aumentar las oportunidades comerciales, la cooperación en materia de regulación también debería mejorar la seguridad, la salud y el bienestar económico y social de las personas a ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, habría que reafirmar este compromiso de manera muy clara y detallada en el acuerdo final. El CESE manifiesta su preocupación por la propuesta de la UE sobre buenas prácticas regulatorias. La cooperación en materia de regulación debería centrarse en mejorar el diálogo entre los reguladores y no en influir en los procesos de elaboración de la reglamentación de la otra parte. El CESE pide a la Comisión Europea que aclare el apartado sobre buenas prácticas regulatorias de su propuesta.

3.8.

En este sentido, el CESE considera que la propuesta actual para el capítulo sobre buenas prácticas reguladoras que señala que las partes deberán examinar «alternativas no reglamentarias (incluida la opción de no reglamentar) […] que permitan lograr el objetivo de que no se considere que el acto reglamentario limita el derecho de las partes a regular. En aras de una mayor seguridad, el texto del acuerdo debería aclarar que esta disposición no limitará el derecho de las partes a regular. Observa, asimismo, que el artículo 6 de la propuesta sobre las consultas a las partes interesadas no debería considerarse equivalente al proceso estadounidense de observar y comentar.

3.9.

Para el CESE, el desarrollo del comercio debe mantenerse como un objetivo central. Es importante que las negociaciones de la ATCI apoyen la supresión de obstáculos innecesarios al comercio (11).

3.10.

El CESE acoge favorablemente que la actual propuesta de la Comisión aclare explícitamente que la función y objetivo de la estructura institucional es prestar apoyo y asesoramiento a los responsables políticos bajo el control democrático del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (12). El proceso legislativo ordinario no debe verse dificultado y deben evitarse los retrasos o la paralización reglamentaria. El CESE acoge con satisfacción el artículo 1 propuesto, que reafirma el derecho a legislar y establecer los niveles de protección. Sin embargo, es fundamental que la propuesta defina la composición y las normas de funcionamiento de los distintos comités y grupos. El CESE pide a la Comisión Europea que garantice la coherencia y la homogeneidad entre los capítulos de la cooperación horizontal en materia de reglamentación, los OTC, los MSF y los anexos sectoriales.

3.11.

Se propiciará el diálogo al principio del proceso regulador, puesto que aumentan las posibilidades de encontrar soluciones políticas que incluyan consideraciones transfronterizas. La participación de las partes interesadas mediante un proceso transparente, que constituye un principio fundamental del buen hacer regulador en la Unión Europea, debe quedar claramente detallado en la propuesta de la Comisión. A fin de que la cooperación reglamentaria permita lograr resultados integradores y propuestas para los reguladores, será necesaria una participación estructurada y equilibrada de las partes interesadas y, en particular, de las empresas, consumidores, grupos de defensa del medio ambiente y de los trabajadores.

3.12.

Con objeto de materializar progresos específicos, se garantizará de forma vinculante la celebración temprana de consultas sobre la actividad reglamentaria entre los reguladores de la UE y de Estados Unidos. Se espera que las negociaciones en la fase inicial del proceso de elaboración de políticas aumenten las posibilidades de elaborar normas interoperables en el futuro, lo que permitirá a los agentes del mercado cumplir con ambos regímenes simultáneamente. Sin embargo, los reguladores deberán considerar el diálogo y responder a las observaciones de sus contrapartes o de las personas interesadas sobre una base voluntaria, para evitar que se produzca un efecto de paralización reglamentaria.

3.13.

El CESE pide a la Comisión Europea que aclare las disposiciones relativas al diálogo mencionado anteriormente y a la participación de los interlocutores representativos, en particular los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil. Debe existir una garantía clara de que las partes interesadas pertinentes podrán contribuir a un diálogo transparente mediante un procedimiento bien definido que asegure la igualdad de trato y evite retrasos en el proceso regulador. Por parte de la UE, habría que considerar el registro de la transparencia a la hora de determinar la pertinencia y representatividad de las partes interesadas.

4.1.

El CESE se congratula de que el acuerdo de la OMC sobre los obstáculos técnicos al comercio se haya integrado en la propuesta. Además, el capítulo propuesto sobre los obstáculos técnicos al comercio aborda los requisitos técnicos (normas y reglamentos técnicos) y los requisitos de evaluación de la conformidad. El CESE considera que las propuestas sobre normalización, reglamentaciones técnicas, marcado y etiquetado deben considerarse importantes intereses ofensivos de la Unión Europea. Es importante que estas propuestas no se utilicen para poner en tela de juicio los reglamentos necesarios para la salud y seguridad, así como en materia de protección social.

4.2.

El CESE toma nota de las importantes disposiciones en materia de transparencia y reitera la obligación de notificar las medidas adoptadas a la OMC, facilitar información a la otra parte, ofrecer la oportunidad de enviar comentarios por escrito y proporcionar respuestas a tales comentarios. También prevé la publicación de todos los reglamentos técnicos aplicables, tanto los nuevos como los vigentes, por medio de un registro, así como la obligación de hacer referencia a las normas en los reglamentos técnicos (puesto que la gran mayoría de las normas son empleadas en la industria pero no son referenciadas o utilizadas por los reguladores en los reglamentos técnicos).

4.3.

En cuanto a la normalización, el CESE acoge favorablemente la cooperación entre los organismos de normalización, así como los limitados principios de aceptación mutua. No obstante, el CESE ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por el CEN/Cenelec sobre los riesgos del reconocimiento mutuo de normas voluntarias en la ATCI. El CESE pide a la Comisión que examine las propuestas de los organismos de normalización de la UE y garantice que se salvaguardarán los intereses de la UE. Incluso es importante la garantía de que todas las partes interesadas pertinentes puedan contribuir al desarrollo de nuevas normas.

4.4.

Los sistemas de normalización de la UE y de Estados Unidos son muy diferentes. En concreto, el principio de «un producto = una norma aceptada en todas partes», que representa un pilar del mercado único de la UE, no es aplicable a Estados Unidos. En Europa, cuando se adopta una nueva norma, se retiran las normas nacionales no compatibles; sin embargo, en Estados Unidos coexisten diferentes normas, lo que plantea dificultades a las pymes a la hora de identificar qué norma se ajusta mejor a su gama de productos. Con objeto de aumentar la transparencia y proporcionar ayuda a las pequeñas empresas, es muy importante que por parte de Estados Unidos se cree un servicio que proporcione asistencia a las empresas de la UE que deseen exportar al mercado estadounidense. A menudo se trata de pequeñas empresas con recursos limitados pero que cuentan con un alto grado de especialización en un segmento de mercado, lo que constituye la base de su competitividad.

4.5.

El CESE lamenta que asuntos importantes como la seguridad eléctrica, la compatibilidad electromagnética, la maquinaria y las telecomunicaciones, en los que la UE tiene claros intereses ofensivos, se identifiquen como asuntos prioritarios para su consideración futura. Estos temas deberían formar parte de los resultados específicamente referenciados en las evaluaciones de conformidad resultantes de las negociaciones.

4.6.

El CESE también lamenta que en la sección sobre marcado y etiquetado no se identifiquen asuntos prioritarios para el futuro y que no se prevea ni un plazo para la futura revisión de los requisitos de marcado y etiquetado, ni la inclusión de los resultados de las negociaciones en sectores específicos.

4.7.

El capítulo propuesto sobre medidas sanitarias y fitosanitarias se basa en el acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y trata sobre la propuesta de texto de la UE presentada a Estados Unidos en la ronda de negociaciones que tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2014, y que se hizo pública el 7 de enero de 2015.

4.8.

El Acuerdo MSF de la OMC, que cubre la aplicación de la seguridad alimentaria, la sanidad animal y vegetal, incluye el principio de cautela (artículo 5, apartado 7), que también está consagrado en el Tratado de Lisboa. Esto no debe someterse a negociación y, por consiguiente, no debería ser parte del acuerdo. Por tanto, el CESE acoge muy favorablemente las garantías dadas por la UE de que la ATCI no cambiará la legislación vigente sobre seguridad alimentaria, que la UE mantendrá sus restricciones sobre las hormonas y los promotores del crecimiento en la carne y que la ATCI no cambiará la normativa de la UE sobre los organismos modificados genéticamente.

5.1.

Puesto que el comercio de bienes cubre una gran parte del comercio transatlántico, cualquier intento de mejorar los procedimientos aduaneros tendrá un efecto importante en el comercio bilateral, sobre todo para las empresas pequeñas.

5.2.

El CESE acoge con satisfacción las propuestas adicionales encaminadas a facilitar los procedimientos aduaneros, en particular: el establecimiento de una ventanilla única a ambos lados del Atlántico, una mayor coordinación en materia de normas internacionales y el desarrollo de un programa de asociación sobre facilitación del comercio; la armonización y adecuación de la información, con el compromiso de una evaluación sobre qué información debe adecuarse, y el aumento de las responsabilidades del Comité Mixto de Cooperación Aduanera para que actúe como un «Comité especializado en procedimientos aduaneros» en una serie de ámbitos aún por definir y resoluciones anticipadas.

5.3.

El CESE pide a la Comisión Europea que aclare los elementos que son especialmente importantes para las empresas de la UE y que aún no están claramente definidos en el texto disponible, como el valor de minimis, la eliminación de todas las tasas adicionales y el establecimiento de sanciones y responsabilidades por incumplimiento de la legislación aduanera.

6.1.

En su oferta de servicios, la UE ofrece unos compromisos significativos en sectores clave para fomentar la competitividad y el crecimiento de Europa (sector digital y de telecomunicaciones), acelerar la integración de las cadenas de valor mundiales (transporte, servicios de mensajería, servicios a las empresas y a los profesionales) o abordar sectores económicos clave (construcción, venta al por menor, energía).

6.2.

El CESE también observa con satisfacción que la propuesta de la UE propone un marco para facilitar un sistema justo, transparente y coherente para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales por las partes y establece las condiciones generales para la negociación de los acuerdos de reconocimiento mutuo, que son de gran importancia para garantizar un mejor acceso al mercado por parte de los prestadores de servicios de la UE.

6.3.

El CESE reitera los tres aspectos principales en relación con los servicios: la necesidad de mejorar el acceso al mercado tanto a nivel federal como estatal, el reconocimiento de que el acceso al mercado también depende de la mejora de la cooperación reglamentaria y la necesidad de preservar el carácter específico de los servicios públicos de conformidad con el TFUE.

6.4.

El CESE subraya que la Comisión debe garantizar que, en materia de servicios, la ATCI va más allá de los acuerdos actuales como el AGCS o el ACS, y que deben celebrarse acuerdos específicos para eliminar los múltiples obstáculos discriminatorios que se interponen en Estados Unidos.

6.5.

El CESE hace hincapié en un asunto concreto que la Comisión debe considerar y que concierne al desequilibrio en el acceso al mercado: las empresas estadounidenses pueden beneficiarse del mercado único de la UE, mientras que las empresas de la UE afrontan un mercado estadounidense fragmentado, en el que muchos sectores de servicios están regulados a nivel estatal. El CESE hace hincapié en que el mantenimiento de la obligación del visado impuesto por Estados Unidos a los nacionales de algunos Estados miembros de la UE, cuando los ciudadanos estadounidenses no necesitan visado para viajar a la UE, representa un trato discriminatorio de los ciudadanos de la UE que va en detrimento de la relación bilateral.

6.6.

El CESE desea añadir los siguientes comentarios sobre sectores específicos:

6.7.

En cuanto a los servicios públicos, el Dictamen del CESE sobre «Comercio para todos» alegó que la protección de los servicios públicos en los acuerdos comerciales «puede conseguirse mejor mediante el uso de una lista positiva tanto en materia de acceso a los mercados como de trato nacional». Sin embargo, la actual oferta de la UE relativa a los servicios en la ATCI adopta un planteamiento «híbrido» sin precedentes de los servicios de clasificación, que podría dejar dudas sustanciales.

6.8.

En el anexo III sobre el acceso al mercado se expone una lista positiva con la misma redacción que la lista del AGCS de la UE en el sentido de que hay servicios públicos en sectores como los servicios de asesoramiento técnico y científico, servicios de I+D sobre ciencias sociales y humanidades, servicios de ensayos y análisis técnicos, servicios relacionados con el medio ambiente, servicios sanitarios, servicios de transporte y servicios auxiliares en relación con todos los modos de transporte. Se otorgan a menudo derechos exclusivos respecto de esos servicios a empresas privadas, por ejemplo, mediante concesiones otorgadas por las autoridades públicas con sujeción a determinadas obligaciones. Dado que también hay servicios de utilidad pública en el nivel subcentral, no es práctica una clasificación detallada y exhaustiva específica del sector (13). Sin embargo, la cláusula de utilidad pública, que permite mantener las estructuras monopolísticas, presenta varias deficiencias, como el hecho de que no incluye limitaciones, como las cuotas o pruebas de las necesidades económicas. El CESE hace hincapié en que la exención de los servicios de utilidad pública debe aplicarse a todos los modos de suministro.

6.9.

El CESE aboga por una formulación explícita y detallada de la exención de los servicios de utilidad pública en el anexo III para garantizar que se excluyan del acuerdo todos los servicios públicos que sean objeto de externalización o sean financiados por el Estado o por organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro.

6.10.

Aunque las cláusulas de mantenimiento del statu quo y de reversibilidad no se aplican al anexo II, el CESE teme que las negociaciones puedan dar lugar a que las reservas de la UE que figuran actualmente en el presente anexo se desplacen al anexo I, impidiendo así que se cuestione la liberalización. A este respecto, el CESE apoya la afirmación del Informe consultivo del Consejo Económico y Social neerlandés en el sentido de que «los gobiernos deben seguir teniendo libertad para declarar que determinados servicios —en función de sus propias preferencias— son de interés general» (14).

6.11.

Al CESE también le preocupa que toda normativa pública que rija un servicio que no se mencione correctamente en los anexos I y II corre el riesgo de verse contestada por el Gobierno de Estados Unidos a través de un procedimiento contencioso de Estado a Estado por la vulneración de los compromisos de trato nacional o de nación más favorecida o a través del sistema de tribunales de inversiones.

6.12.

El CESE lamenta que, en comparación con otros capítulos, el acceso al mercado de los servicios quede totalmente desatendido y pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos por eliminar los obstáculos restantes al acceso al mercado estadounidense. Estados Unidos sigue imponiendo una prohibición total en el transporte marítimo. Existen techos de participación como el 25 % en el sector del transporte aéreo y del 20 % en el de las telecomunicaciones, así como obstáculos nada despreciables en el interior de las fronteras, sobre todo en los sectores de las telecomunicaciones y los satélites. Existe una lista muy larga de requisitos de ciudadanía en sectores como el bancario, el de los seguros o el contable. Se aplican requisitos de residencia en los servicios jurídicos, contables, de ingeniería y de seguros. También existen requisitos de presencia local, por ejemplo, en los sectores jurídico, contable y de seguros, así como requisitos de forma jurídica en el sector de los seguros, etc.

7.1.

La ATCI ofrece a las partes la oportunidad de impulsar la sostenibilidad por medio del comercio e ir más allá de cualquier acuerdo comercial concluido por cualquiera de las partes en lo que respecta a los objetivos de sostenibilidad. En sus Dictámenes REX/390 y REX/449 (15), el CESE pidió la inclusión de un capítulo importante sobre comercio y desarrollo sostenible, definido como un componente fundamental del acuerdo, y, por ello, acoge con satisfacción el alcance integral y detallado de la propuesta de la Comisión. Sin embargo, el CESE considera que el valor real de dichas disposiciones depende, en primer lugar, de la posibilidad de aplicarlas real y eficazmente.

7.2.

El Dictamen REX/390 afirmaba que un mecanismo conjunto sólido de seguimiento de la sociedad civil debería ser un componente esencial de cualquier acuerdo. Por consiguiente, el CESE respalda plenamente la declaración de la comisaria Malmström de que son necesarios mecanismos de control eficaces en el capítulo sobre desarrollo sostenible (16). Asimismo, el CESE apoya las recomendaciones del informe consultivo del Consejo Económico y Social neerlandés y del Consejo Económico y Social francés sobre «la capacidad de imponer sanciones efectivas a las partes cuando sea necesario» (17).

7.3.

El CESE felicita a la Comisión por el gran alcance de su compromiso en materia de altos estándares laborales y medioambientales. El CESE acoge con satisfacción que el derecho a legislar y a establecer altos niveles de protección se haya reafirmado en el preámbulo del acuerdo y en un artículo independiente en el capítulo sobre desarrollo sostenible.

7.4.

El CESE había pedido que las partes reafirmaran su compromiso de aplicar y hacer cumplir eficazmente su legislación laboral y sus obligaciones como miembros de la OIT. Por ello, el CESE acoge con satisfacción la inclusión de disposiciones vinculantes sobre la protección de normas laborales fundamentales como la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva y a formar y unirse a sindicatos, la eliminación efectiva del trabajo forzado u obligatorio y la igualdad y no discriminación respecto al empleo y la ocupación. Además, el CESE celebra la inclusión adicional del compromiso de las partes de garantizar condiciones laborales dignas, así como la salud y seguridad en el trabajo. Para que estas disposiciones sobre desarrollo sostenible sean vinculantes, es necesario seguir un «planteamiento en tres etapas» mediante consultas gubernamentales, grupos nacionales consultivos y grupos de expertos de la OIT y la disposición del acuerdo relativo al mecanismo general de solución de diferencias.

7.5.

En lo que respecta a los aspectos medioambientales, la inclusión de una disposición sobre el comercio en relación con la gestión ecológicamente racional de los residuos y de las sustancias químicas se ajusta bien a las preocupaciones de la sociedad civil. Por tanto, el CESE aprueba la inclusión en el acuerdo de disposiciones encaminadas a prevenir o minimizar los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente en relación con la gestión de los residuos y de las sustancias químicas. Del mismo modo, el CESE acoge con satisfacción el compromiso de las partes en pro de una gestión forestal sostenible y el reconocimiento mutuo del importante impacto negativo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

7.6.

La cooperación entre las partes sobre aspectos relacionados con el comercio en sus políticas en materia de empleo y medio ambiente es una disposición oportuna en la propuesta. El CESE muestra su apoyo al reconocimiento de la importancia de la cooperación en la promoción del trabajo digno en las cadenas de suministro mundiales y en la elaboración de estrategias y políticas que promuevan la contribución del comercio a la eficiencia en la gestión de recursos, la economía verde y la economía circular (18).

7.7.

El CESE apoya el objetivo de proteger los derechos laborales y el medio ambiente por medio de códigos de conducta, sistemas de normas, políticas de etiquetado, certificación, verificación y otros tipos de políticas empresariales conexas.

7.8.

La gestión empresarial responsable, como la responsabilidad social de las empresas, puede contribuir a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. El CESE apoya la inclusión en el capítulo sobre sostenibilidad de referencias explícitas a las directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma internacional ISO 26000, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración EMN) y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.

7.9.

El CESE toma nota de que la propuesta de texto de la UE no incluye elementos relacionados con la resolución de conflictos, que serán desarrollados más adelante, y se reserva la opción de opinar sobre estos aspectos cuando se publiquen.

7.10.

Para apoyar la aplicación del compromiso de las partes de promover el comercio internacional de tal forma que se contribuya al objetivo de fomentar el desarrollo sostenible, el CESE se muestra a favor de la creación de un mecanismo de aplicación sobre la base del diálogo social. El CESE acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión para la creación de grupos consultivos internos con una representación equilibrada de los grupos de la sociedad civil que representan de forma equilibrada los intereses de las empresas, los trabajadores, los consumidores, el medio ambiente y la salud pública, que pueden presentar observaciones o recomendaciones relativas a la aplicación de la ATCI (19). La experiencia de los acuerdos en vigor muestra que, para garantizar la efectividad de tales mecanismos de control, es importante que las recomendaciones formuladas por los organismos de control den como resultado una investigación por parte de las instituciones de la UE y se vinculen a un proceso de aplicación.

8.1.

El CESE toma nota de que la Comisión ha propuesto un texto para instaurar un sistema de tribunales de inversiones que introduce una reforma de procedimiento por la que se establece un nuevo sistema para sustituir la resolución de controversias entre inversores y Estados (RCIE). Se compone de dos partes: las disposiciones sustanciales sobre protección de los inversores y el funcionamiento del sistema de resolución de litigios entre inversores y Estados. También incluye una parte introductoria en la que se establecen definiciones específicas sobre protección de los inversores.

8.2.

Tal y como se solicitó en el Dictamen REX/390, se aportan definiciones más detalladas sobre el «derecho a legislar», la «expropiación indirecta» y el «trato justo y equitativo». Estas son las condiciones que deben reunirse para establecer un procedimiento de resolución de conflictos entre inversores y Estados. Estas clarificaciones sirven al derecho de las partes a legislar por el interés público con prioridad sobre la protección de los inversores.

8.3.

El CESE destaca que las definiciones en el acuerdo, en especial el derecho a legislar, deben ser claras y garantizar el derecho del Estado a mantener e introducir normas elevadas, en particular para la protección social, medioambiental y del consumidor, garantizando una protección adecuada y legítima de los inversores frente al proteccionismo y la discriminación. El CESE acoge favorablemente la inclusión de un artículo independiente en la parte principal del acuerdo y en su preámbulo. El derecho a legislar en el ámbito de la protección social debería contemplar explícitamente los convenios colectivos, incluidos los convenios tripartitos o generalizados (erga omnes), con el fin de que no puedan interpretarse como una vulneración de la confianza legítima de los inversores. Las condiciones laborales y salariales establecidas en el contexto de los convenios colectivos no pueden considerarse barreras no arancelarias al comercio.

8.4.

Sin embargo, el CESE reconoce que las modificaciones más importantes han sido introducidas en los aspectos de procedimiento de la resolución de conflictos. El sistema de arbitraje ha sido transformado en un sistema judicial con un tribunal en el que los mediadores ad hoc elegidos por las partes en disputa son reemplazados por jueces de un cuerpo permanente que serán nombrados por las partes del acuerdo. Gracias a estos cambios, es un sistema más institucionalizado. El CESE insta a las partes a que garanticen que, tan pronto como se ratifique el acuerdo, el sistema de tribunales de inversiones funcione correctamente y que se nombren jueces que gocen de legitimidad democrática a fin de eliminar el riesgo de politizar el sistema de tribunales, así como el riesgo del conflicto de intereses.

8.5.

Al CESE le complace subrayar la introducción de un estricto código de conducta que garantice la imparcialidad y evite los conflictos de intereses. También se establece un «tribunal de apelación» para juzgar las decisiones del tribunal, con lo que se hace frente a las justificadas críticas vertidas sobre la RCIE. Además, se garantiza la transparencia al aplicar las normas de la CNUDMI a todas las disputas.

8.6.

Si bien el CESE acoge con satisfacción las mejoras introducidas para reformar el sistema, el CESE sigue viendo puntos críticos de preocupación que es necesario abordar.

8.7.

Por otra parte, el CESE reconoce que se mantienen las preocupaciones por la aplicación del nuevo sistema y que varían en función de las partes interesadas. El CESE invita a la Comisión a seguir analizando estas cuestiones en sus esfuerzos continuados por mejorar el sistema para la resolución de litigios de inversión.

8.8.

Algunas de esas reivindicaciones pueden resumirse como sigue:

El CESE pide a la Comisión que implique a la sociedad civil y a la comunidad jurídica europea en la resolución de estas cuestiones.

8.9.

Además, algunas partes interesadas cuestionan la necesidad de un sistema arbitral de inversiones en los ordenamientos jurídicos nacionales muy desarrollados y que funcionen correctamente (21).

8.10.

En conclusión, el CESE considera que la propuesta de la Comisión Europea para el sistema de tribunales de inversiones es un paso en la buena dirección, pero debe mejorarse en una serie de áreas para que funcione como organismo judicial internacional independiente. El Comité lamenta que el sistema se haya propuesto sin un proceso de consulta plena y adecuada previa a una evaluación de impacto que cubra tanto los costes del sistema como su funcionamiento, y pide a la Comisión que elabore una evaluación de impacto.

28.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 487/41

Ponente:

Ioannis VARDAKASTANIS

Coponente:

Jarmila DÚBRAVSKÁ

1.1.

La aprobación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible constituye un giro histórico hacia un nuevo paradigma puesto que aborda las disparidades económicas, sociales y medioambientales de manera universal e integrada. Todos los países deberán concretar y aplicar la Agenda, independientemente de su nivel de renta. Esta Agenda única refleja plenamente los valores europeos de justicia social, gobernanza democrática, economía social de mercado y protección del medio ambiente. Por lo tanto, representa una gran oportunidad para que la UE movilice estos valores y enfoque la aplicación de la Agenda desde una perspectiva global. El CESE pide a la UE que lidere con el ejemplo este complejísimo proceso a nivel mundial.

1.2.

El CESE acoge favorablemente el compromiso de la Unión Europea de hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). No obstante, el CESE expresa su preocupación por el hecho de que, pese a haber transcurrido ya un año desde la aprobación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la UE no haya adoptado medidas concretas y prospectivas para incorporar los ODS en sus políticas y programas ni haya iniciado una consulta más amplia con la sociedad civil.

1.3.

La UE afronta dificultades políticas, sociales, económicas y estructurales cruciales en todos los ámbitos de la economía y la sociedad. Las desigualdades, el desempleo, especialmente el desempleo juvenil, la exclusión social y la pobreza, las desigualdades de género, la discriminación y la marginación de los grupos vulnerables en las sociedades europeas erosionan los fundamentos de la propia UE. En muchos Estados miembros, la crisis ha agravado aún más el problema, que se ha convertido en una crisis de derechos humanos y sociales.

1.4.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas debería plantearse como un discurso positivo, proactivo y transformador para Europa, y este proceso debe venir impulsado por una fuerte voluntad y determinación políticas para construir una Unión Europea sostenible mediante la transformación de nuestras economías gracias a un desarrollo que sustente la inclusión social, con bajas emisiones de carbono, que sea resiliente y competitivo, y que utilice de forma eficiente los recursos. Este discurso orientado hacia el futuro también ayudaría a superar la inusitada falta de confianza de los ciudadanos de la UE en el proyecto de la Unión y, en particular, a granjearle el apoyo de los jóvenes. La UE debería utilizar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para brindar a los ciudadanos de la UE una nueva visión de Europa: el contrato social del siglo XXI.

1.5.

El CESE aboga por una estrategia global e integrada —Europa Sostenible 2030 y también posteriormente— que proporcione la necesaria perspectiva a largo plazo, coordine las políticas e imprima coherencia a la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta estrategia debería basarse en un acuerdo interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, con el fin de establecer fundamentos sólidos para la adopción de medidas políticas ulteriores. A juicio del CESE, las estrategias europeas actualmente en curso, como la Estrategia Europa 2020, que desbancó a la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible de 2001 como estrategia general, y las diez prioridades del presidente Juncker, no aportan los medios para abordar plenamente el reto que plantea la aplicación de los ODS en la UE.

1.6.

La estrategia global mencionada anteriormente debe incluir objetivos específicos para la aplicación de los ODS, mecanismos de seguimiento y revisión, y planes de acción que incluyan los instrumentos legislativos y políticos pertinentes, actividades de sensibilización —por ejemplo, una encuesta de Eurobarómetro sobre los ODS— y un plan para movilizar recursos financieros. La Comisión debe iniciar el proceso para elaborar esa estrategia con su próxima comunicación y la fase de diseño deberá prever una amplia consulta de la sociedad civil, los gobiernos, los parlamentos y los entes locales. El CESE está dispuesto a apoyar este proceso como facilitador.

1.7.

La actuación de la Comisión para inventariar las políticas interiores y exteriores de la UE en relación con los 17 ODS es un paso necesario. El CESE pide a la Comisión que la complete con un análisis pormenorizado de las carencias centrado en los 17 ODS, a fin de determinar los ámbitos en los que la UE debe llevar a cabo acciones inmediatas y prioritarias.

1.8.

El CESE ha detectado una serie de ámbitos de acción esenciales para el cambio transformador hacia un desarrollo sostenible, enumerados a continuación, y recomienda a la Comisión que determine las iniciativas emblemáticas adecuadas, incluidos planes de acción e hitos transparentes, teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en el punto 4.3 del presente dictamen:

1.9.

El CESE pide a la Comisión que integre los ODS en todas las políticas pertinentes. A tal fin, deberían utilizarse las revisiones intermedias previstas entre 2014 y 2020. Los próximos períodos del marco financiero plurianual brindarán una oportunidad inmejorable para integrar plenamente los ODS en los programas de gasto de la UE.

1.10.

Es de suma importancia incorporar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a la acción exterior de la Unión Europea. La Comisión debería emprender una adaptación completa de ámbitos de gran calado como las políticas de comercio y desarrollo, las políticas de medio ambiente y acción por el clima a escala mundial, la ayuda humanitaria, la reducción del riesgo de catástrofes, la transferencia de tecnología y la promoción de los derechos humanos, al objeto de impulsar de manera activa la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El CESE pide asimismo a la Comisión que integre y aplique plenamente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en el Consenso Europeo sobre Desarrollo y lamenta que no se haya incluido en grado suficiente en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea.

1.11.

El CESE pide a la Comisión que evalúe y mejore la coordinación horizontal y vertical de las políticas para aplicar eficazmente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La mejora de la gobernanza es un factor clave para el desarrollo sostenible. El Semestre Europeo debería transformarse en un marco de gobernanza adecuado para la coordinación vertical de la aplicación de los ODS con los Estados miembros. El CESE subraya que la participación, la transparencia, el seguimiento y la revisión, la obligación de rendir cuentas y la apropiación por parte de los ciudadanos deben estar entre los principales rasgos y características de una mejor gobernanza.

1.12.

Eurostat debería concebir y aplicar un conjunto de indicadores y parámetros de referencia como los desarrollados por las Naciones Unidas para facilitar la revisión, el seguimiento, la rendición de cuentas y la transparencia del proceso de aplicación de los ODS y proporcionar a las instituciones de la UE, los Estados miembros y todas las partes interesadas datos estadísticos concretos desglosados por ODS y por metas.

1.13.

El CESE observa con satisfacción que cuatro Estados miembros de la UE se hallan entre los veintidós países que han presentado las primeras revisiones voluntarias sobre la aplicación de los ODS en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2016. El CESE insta a la UE a que predique con el ejemplo y sea la primera región que presente una revisión voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel de 2017. El CESE está dispuesto a organizar la contribución de la sociedad civil.

1.14.

La UE debería asumir un planteamiento multilateral en la aplicación de los ODS mediante la inclusión de todos los agentes y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base de los principios de participación, rendición de cuentas y asociación. El propio CESE ya ha presentado una iniciativa específica de un foro europeo de la sociedad civil para el desarrollo sostenible, en el que participarían múltiples partes interesadas. Además, la Comisión debería estudiar y elaborar de manera proactiva una iniciativa de Carta de los ODS para fomentar la creación de asociaciones sólidas a nivel nacional, europeo e internacional.

2.1.

En septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron el plan de acción de las Naciones Unidas «Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», que fija un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, salvaguardar el planeta, proteger los derechos humanos y garantizar la prosperidad para todos. Cada objetivo contiene metas específicas que deberán alcanzarse en los próximos quince años.

2.2.

La UE tendrá un papel clave en la consecución de los ODS en Europa. En su programa de trabajo para 2016, la Comisión anunció una nueva iniciativa, «Próximos pasos para lograr un futuro sostenible para Europa», cuyo propósito es aplicar los ODS en las políticas interiores y exteriores de la UE (1).

2.3.

En una primera fase, la Comisión está llevando a cabo un ejercicio interno de inventario a fin de determinar qué políticas ejecutadas por la Unión abordan los retos que plantean los ODS. La Comisión pidió al Comité que contribuyese a este proceso con el presente dictamen exploratorio. Con el propósito de hacerse eco del debate más amplio en el seno de la sociedad civil europea, el Comité ha tenido en cuenta los resultados de dos importantes conferencias sobre la aplicación de los ODS celebradas en el CESE en 2016, así como las conclusiones de otras conferencias destacadas (2).

3.1.

El Comité acoge con satisfacción la iniciativa que figura en el programa de trabajo de la Comisión para 2016, «Próximos pasos para lograr un futuro sostenible para Europa», por su enfoque novedoso orientado a garantizar el desarrollo económico y la sostenibilidad social y medioambiental de Europa más allá del horizonte de 2020 y a aplicar los ODS de manera integrada en las políticas interiores y exteriores de la UE (3). Sin embargo, preocupa que pueda haber una falta de voluntad y compromiso políticos, ya que todavía no se ha hecho mucho para llevar a la práctica la Agenda.

3.2.

En una situación en la que el proyecto de la Unión Europea se encuentra bajo presión y muchos de sus ciudadanos están perdiendo la fe en él, la UE debería utilizar los ODS para elaborar un discurso transformador positivo en favor de una Europa sostenible, que conecte la perspectiva a largo plazo con medidas políticas específicas a corto y medio plazo. La sostenibilidad es una «marca europea» (4): la Agenda 2030 de las Naciones Unidas refleja los valores europeos y el modelo europeo de justicia social y gobernanza democrática. Por lo tanto, brinda una excelente oportunidad para desarrollar un discurso y una visión positivos y convincentes para la UE.

3.3.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas ha recibido el respaldo de todos los Estados miembros de la Unión y de la UE en su conjunto. Es hora de asumir un compromiso político claro al más alto nivel político y de confirmar que la UE ha hecho suya esta nueva Agenda como visión y marco general para avanzar hacia una unión de desarrollo sostenible (5).

3.4.

Aplicar los ODS no significa centrarse exclusivamente en el desarrollo o en el medio ambiente. Los ODS abordan las principales dificultades para transformar nuestras economías y sociedades, también en el mundo desarrollado. Su aplicación en la UE requiere un nuevo modelo de desarrollo más sostenible desde el punto de vista económico, más inclusivo desde el punto de vista social, más viable a largo plazo desde una perspectiva medioambiental y que garantice que los recursos de nuestro planeta se reparten equitativamente entre una población mundial que no deja de aumentar. Es necesario transformar radicalmente nuestras economías (6). El nuevo concepto de desarrollo debe entrañar una nueva definición de prosperidad para la UE y un nuevo conjunto de indicadores. Los ODS deberían utilizarse como palanca para posibilitar y acelerar la transición a largo plazo hacia una economía resiliente y competitiva, eficiente en el uso de los recursos y socialmente inclusiva en la Unión.

3.5.

La puesta en marcha de una hoja de ruta para la renovación del Consenso Europeo sobre Desarrollo por parte de la Comisión da la impresión de que esta tiene intención de centrarse primero en la aplicación de la nueva Agenda en las políticas de desarrollo. Asignar este tipo de prioridades no está en consonancia con el enfoque integrado de los ODS, que requiere estrategias de aplicación generales e integradas que abarquen las políticas tanto interiores como exteriores.

3.6.

A fin de establecer un marco de gobernanza para la aplicación de los ODS, la UE tendrá que extender su horizonte de planificación mucho más allá de 2020. Una estrategia global y a largo plazo para una Europa sostenible, con un horizonte temporal fijado en 2030 y posteriormente (7), deberá traducir los ODS en políticas interiores y exteriores de la UE que aborden de forma específica los retos europeos, junto con hojas de ruta y planes de acción transparentes de iniciativas legislativas y políticas y un calendario detallado hasta 2030. El Parlamento Europeo ha pedido un enfoque similar (8).

4.1.1.

La definición de una estrategia política de la UE y de una hoja de ruta para la consecución de los ODS exige más que un mero inventario de las políticas actuales de la Unión. Inventariar las políticas de la UE en relación con cada uno de los ODS no permite evaluar si estos últimos pueden lograrse en la Unión sin que se adopten más medidas. Las políticas en vigor podrían no ser eficaces o resultar perjudicadas por otras políticas, o podrían existir otros obstáculos. Por lo tanto, el inventario de las políticas debe combinarse con un análisis de deficiencias que determine las carencias reales de la política de la UE respecto a los diecisiete objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus metas conexas.

4.1.2.

En este contexto, el CESE acoge favorablemente la nota estratégica elaborada bajo la dirección de Karl Falkenberg, antiguo director general de la DG de Medio Ambiente, con el título «Sustainability Now!», nota que, tomando como ejemplo varios ámbitos políticos, sostiene decididamente que la UE necesita llevar a cabo reformas que se desprenden de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

4.1.3.

En la UE sigue faltando un análisis de deficiencias exhaustivo en relación con los ODS. Sin embargo, un índice y un tablero sobre los ODS y otras evaluaciones de reciente publicación que han llevado a cabo los Estados miembros demuestran que los objetivos de desarrollo sostenible también suponen un programa ambicioso para los países de renta alta (9), sobre todo debido a la manera en que estos países producen, distribuyen y consumen productos y servicios, y su consiguiente impacto negativo para el medio ambiente. Los retos fundamentales para los países de la UE son el ODS 12 «Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles» y el ODS 13 «Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos», los ODS 14 y 15 sobre la conservación de los ecosistemas, las metas sobre agricultura sostenible y nutrición del ODS 2 y el ODS 9 «Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación», en el que se ha detectado un déficit de inversión.

4.1.4.

Otros retos son los que se derivan de los objetivos «centrados en las personas», en particular el ODS 10 «Reducir la desigualdad en y entre los países», el ODS 8 sobre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente y el ODS 1 sobre la pobreza, así como el ODS 5 sobre la igualdad de género y el ODS 4 sobre la educación.

4.1.5.

Muchos países de la OCDE no están logrando alcanzar la meta del ODS 17 relativa a las contribuciones financieras a la cooperación al desarrollo.

4.1.6.

Como se trata de un plan de acción mundial, la finalidad de los ODS es también reducir las repercusiones negativas de las economías de los países de renta alta en las sociedades y el medio ambiente de los terceros países. Aunque hasta la fecha se ha medido menos este aspecto, se trata de un reto importante para los países de la UE.

4.2.1.

El Comité considera que el inventario de políticas de la UE debería examinar en primer lugar los instrumentos políticos de importancia estratégica para la formulación y la aplicación de las políticas de la Unión. Las evaluaciones iniciales indican que estos instrumentos no están a la altura de los retos que plantea la aplicación de los ODS en la UE (10). Ninguna de estas estrategias se fija el horizonte temporal de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

4.2.2.

Bajo el mandato de Barroso la Estrategia Europa 2020 fue declarada la estrategia global de la UE y reemplazó, así, a la estrategia de sostenibilidad. En principio, engloba las tres dimensiones del desarrollo sostenible, pero es más bien una estrategia a corto plazo con una clara perspectiva europea. No aborda la perspectiva internacional ni describe los efectos de las políticas internas de la UE en otras partes del mundo y las políticas exteriores, incluida la cooperación para el desarrollo. Por consiguiente, nunca podría pretender sustituir a la antigua estrategia de sostenibilidad. Deja fuera dos ODS: el ODS 2 sobre alimentación y agricultura y el ODS 16 sobre gobernanza, y otros solo los cubre de forma parcial, por ejemplo, el ODS 6 sobre el agua y el ODS 11 sobre las ciudades.

4.2.3.

Entre las diez prioridades del presidente Juncker, hay dos ODS que no se tienen en cuenta en absoluto (el ODS 14 sobre los océanos y el ODS 15 sobre la biodiversidad) y los demás solo en un grado limitado (ODS 4 sobre educación, ODS 6 sobre el agua, ODS 11 sobre las ciudades y ODS 12 sobre la producción y el consumo sostenibles).

4.2.4.

En el informe de los cinco presidentes se optó por un conjunto más reducido de prioridades centradas en cuestiones económicas, financieras, monetarias y fiscales, incluida la gobernanza como quinto tema. El informe contiene algunas referencias a ámbitos de los ODS, como la energía, el empleo, la inclusión social y los sistemas sanitarios.

4.2.5.

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha atraído proyectos en sectores que parecen coincidir con algunos de los retos que plantea la aplicación de determinados ODS: energía (40 %), medio ambiente y eficiencia de los recursos (12 %) e infraestructura social (3 %) (11).

4.2.6.

Una serie de ODS —en particular el ODS 3 sobre salud, el ODS 5 sobre igualdad de género, el ODS 10 sobre las desigualdades y el ODS 11 sobre las ciudades— no se abordan adecuadamente en las prioridades temáticas de inversión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).

4.2.7.

Con la nueva y flamante Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, la UE dispone de un marco más amplio para incluir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en áreas como el comercio, el desarrollo, la democracia, los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la reducción del riesgo de catástrofes, la transferencia de tecnologías y la acción por el clima. En cierta medida, la estrategia incluye los ODS que se centran en la necesidad de garantizar que la prosperidad se comparta en todo el mundo. En ella se señala igualmente que los ODS se tendrán en cuenta en el futuro acuerdo posterior a Cotonú y que constituyen el motor de la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo.

4.3.1.

Sobre la base del análisis de las deficiencias y tendencias reales en el desempeño de la UE para lograr los objetivos y metas, la Comisión debería determinar los ámbitos políticos de importancia fundamental para los cambios transformadores requeridos. La acción política debería centrarse en estos ámbitos fundamentales con iniciativas emblemáticas adecuadas, incluidos planes de acción e hitos transparentes. El CESE, habida cuenta también de sus trabajos anteriores a este respecto, considera fundamentales los ámbitos políticos que se citan a continuación.

4.3.2.1.

Una de las finalidades principales de los ODS es mantener las sendas de desarrollo dentro de los límites soportables para el planeta, ya sea en relación con el clima, la utilización de recursos, la calidad del aire y del agua o la protección de la biodiversidad terrestre y marina. Esto exige que las regiones desarrolladas como Europa reduzcan de manera fundamental la huella ecológica de su economía, a partir de un cambio en la producción, el consumo y la sociedad hacia una economía circular e hipocarbónica. La transición es una oportunidad para que la UE modernice su economía —incrementando de este modo su competitividad y resiliencia— y mejore la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos.

4.3.2.2.

Se han presentado hojas de ruta en el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 y en el plan de acción para la economía circular. Sin embargo, es evidente que los progresos sobre el terreno tienen que acelerarse (12). La coherencia con otros ámbitos de actuación debe mejorarse y deben afrontarse las deficiencias de aplicación en muchos Estados miembros mediante la plena integración de la transición hacia una economía hipocarbónica y circular en el Semestre Europeo (13). El 7.o PMA y el plan de acción para la economía circular necesitan mecanismos de ejecución sólidos y una coordinación activa con otros ámbitos políticos dentro de la Comisión, a fin de garantizar resultados efectivos (14). Reforzar el diálogo y las alianzas con la sociedad civil, incluidos empresarios y sindicatos, es indispensable para avanzar. Las políticas activas de empleo deben prever una transición justa (15). La política del clima debe basarse en el principio de «justicia climática» y garantizar que las cargas y beneficios del cambio climático –en términos de sus repercusiones para los derechos humanos, la pobreza y la igualdad– se repartan equitativamente y que no sean los grupos más vulnerables los que sufran las consecuencias.

4.3.2.3.

Debe garantizarse que los mercados apoyan la transición económica y que los precios reflejan los costes externos reales de las emisiones nocivas para el clima y de la utilización de los recursos naturales (16). Los compromisos existentes para eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente tienen que cumplirse y debe promoverse de forma más enérgica la reforma de los impuestos medioambientales. Hay que potenciar la nueva configuración de unos mercados de energía limpia descentralizados en los que los consumidores se conviertan también en productores. Del mismo modo, una economía participativa descentralizada permite a los consumidores evolucionar hacia el modelo de economía circular. La economía colaborativa en ciernes implica un cambio de concepto con respecto al trabajo y será una fuente de empleo importante. En este nuevo sector deberán garantizarse los derechos de los consumidores y los trabajadores y la competencia leal (17).

4.3.3.1.

La principal preocupación de los ODS es poner fin a la pobreza y garantizar que todas las personas puedan realizar su potencial en condiciones de dignidad e igualdad. En este sentido, los ODS reflejan los valores y el modelo social europeos. Sin embargo, la brecha entre ricos y pobres se ha ido ampliando en Europa en décadas pasadas, al tiempo que los últimos ocho años de recesión y de crisis financiera, las políticas de austeridad y, en algunas áreas, la falta de reformas estructurales han disparado en mayor medida el desempleo y las tasas de pobreza, han agravado las desigualdades más recientes y han ejercido más presión sobre la protección social, lo que ha afectado, sobre todo, a los grupos más vulnerables.

4.3.3.2.

La consecución de los ODS requiere que la UE modifique su paradigma económico hacia un modelo de desarrollo más inclusivo que distribuya la riqueza de forma más equitativa y aumente al mismo tiempo la resiliencia económica y financiera (18). A fin de impulsar el empleo y el desarrollo económico, la UE debe crear un entorno de inversión favorable, junto con un buen funcionamiento del mercado interior, la competitividad internacional y el aumento de la demanda interna.

4.3.3.3.

Los ODS deberían ser un motivo para reafirmar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 relativos a la reducción de la pobreza, el empleo y la educación y reflexionar sobre formas más eficientes de hacerlos realidad. Los principales objetivos sociales —empleo decente, erradicación de la pobreza, reducción de las desigualdades e inversión social— deberían situarse al mismo nivel que las consideraciones macroeconómicas en el proceso del Semestre Europeo (19). La primera propuesta de la Comisión de un pilar europeo de derechos sociales no contenía ninguna referencia a los ODS. En la preparación futura de este pilar, debería tenerse en cuenta la integración de dichos objetivos. En la actualidad, el Comité está elaborando un dictamen sobre el pilar en el que formulará apropiadamente su opinión al respecto.

4.3.3.4.

La UE debería invertir en un enfoque más coherente y sistemático de lucha contra la exclusión social, la marginación y la pobreza, centrado en los grupos vulnerables, cuyo planteamiento se base en los derechos humanos y que aborde asimismo la discriminación de género. Es preciso adoptar la Directiva sobre la igualdad de trato (20).

4.3.3.5.

Además de los retos del desempleo y el envejecimiento de la población, los sistemas de protección social deben adaptarse a los nuevos desafíos, en particular, los derivados de las nuevas formas de empleo, que pueden ofrecer nuevas oportunidades de empleo pero también conducir al trabajo precario y la pobreza activa. Debe aprovecharse el potencial de creación de empleo de las transiciones económicas fundamentales, como la digital, la economía hipocarbónica y la economía circular (21). Las normas laborales y una renta mínima europea contribuirán a garantizar la cohesión territorial y social y a redistribuir la renta y la riqueza de forma equitativa (22), teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros y la UE en estas cuestiones. Los agentes públicos y privados deberían movilizar el enorme potencial de creación de empleo de la inversión social (23). Con el fin de «no excluir a nadie», es necesario invertir en una educación de calidad inclusiva y en servicios de alta calidad, asequibles e integrados que presten apoyo a las personas necesitadas.

4.3.3.6.

Las empresas sociales apoyan la integración en el mercado laboral y suministran productos y servicios asequibles con fines sociales, por ejemplo servicios en una economía circular, descentralizada e hipocarbónica. Habría que apoyarlas con incentivos para las empresas de nueva creación en la economía social y mediante la creación de un entorno regulador favorable (24).

4.3.4.1.

La forma en que se cultivan, producen, consumen, negocian, transportan, almacenan y comercializan los alimentos constituye el vínculo de unión fundamental entre los seres humanos y el planeta, y marca la senda hacia un crecimiento económico integrador y sostenible (25). Los ODS, en particular los objetivos 2 y 12, proporcionan un marco fundamental para una acción conjunta dirigida a alimentar el mundo de forma sostenible de aquí a 2030. Es urgente llevar a cabo una transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles que abarquen todas las fases desde la producción hasta el consumo. Los productores tienen que cultivar más alimentos con un menor impacto ambiental, mientras que debe animarse a los consumidores a pasar a una alimentación sana y nutritiva que reduzca la huella de carbono.

4.3.4.2.

La reforma de la PAC ha introducido una combinación de medidas que cabe considerar un paso en la dirección correcta (26). La transición a sistemas alimentarios sostenibles requiere una política alimentaria completa, integrada con una amplia estrategia en materia de bioeconomía, y no solo una política agrícola. Si se reconoce la interdependencia entre la producción y el consumo de alimentos, es preciso desarrollar un planteamiento político europeo adecuado que ponga rumbo hacia la sostenibilidad, la salud y la resiliencia (27).

4.3.4.3.

Por ejemplo, es preciso responder al respecto, entre otras cosas, a la cuestión planteada en el «informe Falkenberg», a saber, si la orientación a la exportación de la agricultura europea es compatible con el objetivo de aumentar la producción de alimentos en los países en desarrollo.

4.3.4.4.

La UE desempeñará un papel esencial en la consecución de la meta 12.3 de reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita. Aunque cerca de 800 millones de personas en el mundo pasan hambre, las cifras muestran que se pierde o se desperdicia un tercio de la producción mundial de alimentos destinados al consumo humano (solo en la UE, 100 millones de toneladas) (28). El CESE acoge favorablemente el plan de la Comisión consistente en crear una plataforma de partes interesadas para ayudar a estructurar las medidas necesarias y compartir las mejores prácticas en materia de prevención y reducción del desperdicio de alimentos (29).

4.3.5.1.

La transformación de la economía en un modelo más sostenible exigirá un cambio importante en las inversiones. Se calcula que alcanzar los ODS a escala mundial requeriría que tanto fuentes públicas como privadas invirtieran aproximadamente tres billones de dólares estadounidenses (30). Es necesario un plan global para movilizar los recursos financieros en la UE y los Estados miembros. Es preciso aglutinar las distintas iniciativas y programas de financiación de la UE.

4.3.5.2.

La UE debe orientar de forma más eficiente la inversión pública en los países en desarrollo al objeto de lograr un desarrollo sostenible integrado, y debe introducir los indicadores de ODS en la financiación pública de los proyectos de desarrollo. Lo que es aún más importante, la UE tiene que fomentar y potenciar la inversión del sector privado en estos ámbitos.

4.3.5.3.

Con todo, incluso dentro de la UE, los ODS requieren inversiones importantes en la modernización de las infraestructuras y la creación de empresas sostenibles. Las primeras evaluaciones sobre la aplicación de los ODS en la UE muestran deficiencias graves en la inversión en industria, innovación e infraestructuras (31).

4.3.5.4.

Existe un claro interés económico en la sostenibilidad. Para aprovechar plenamente esta oportunidad, la UE debería crear un entorno favorable a las empresas que propicie la innovación, el espíritu empresarial y las inversiones sostenibles. Algunas empresas ya han comenzado, pero es esencial que las experiencias empresariales sostenibles que hayan tenido éxito se difundan y reproduzcan a mayor escala. Los planteamientos voluntarios como la responsabilidad social de las empresas pueden contribuir positivamente a esta transición. No obstante, deberían ir acompañados de medidas adicionales como, por ejemplo, medidas que incrementen la transparencia, desarrollen las competencias, faciliten las asociaciones y orienten la presentación de informes por parte de las empresas. La Comisión tiene que evaluar si las alianzas multilaterales con el sector privado podrían ser un instrumento útil a nivel de la UE.

4.3.5.5.

Los programas de financiación de la Unión deben estar en consonancia con los ODS. Tanto las iniciativas como el Plan Juncker como las instituciones financieras y los bancos públicos de inversión desempeñarán un papel determinante. A este respecto, el reto consiste en reasignar el capital. La Unión de Mercados de Capitales constituye una oportunidad para promover las inversiones sostenibles (32). La revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) brindará una ocasión para integrar los ODS en los principales fondos de la UE. Hay que incentivar la inversión a largo plazo y suprimir los obstáculos (33).

4.3.6.1.

En una economía globalizada, el comercio tiene un impacto fundamental para el desarrollo sostenible en la UE y en el resto del mundo. En varios ODS el comercio es considerado un medio importante para aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En su Comunicación «Comercio para todos», la Comisión ha puesto en marcha un ambicioso plan de acción para una política de comercio e inversión más responsable, que salvaguarde las normas sociales y medioambientales en el comercio y fomente el desarrollo sostenible (34). La aplicación de los ODS deberá vincularse de forma sistemática y efectiva a este plan de acción y es preciso realizar un seguimiento de los resultados.

4.3.6.2.

En todos los acuerdos comerciales y de inversión de la UE deberán incluirse, aplicarse efectivamente y cumplirse capítulos ambiciosos sobre comercio y desarrollo sostenible. Es preciso reforzar el papel del desarrollo sostenible en el marco de la OMC (35). La mejor manera de asegurar el respeto de las normas sociales, laborales y ambientales en los acuerdos de libre comercio es garantizar una mayor participación de la sociedad civil durante las negociaciones y en el proceso de aplicación y seguimiento (36).

4.3.6.3.

La Comisión debe adoptar una estrategia que promueva el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro (37). Hay que proporcionar apoyo a iniciativas multilaterales que fomenten la diligencia debida en las cadenas de suministro mundiales.

4.4.1.

Para apoyar las actividades en ámbitos políticos fundamentales, la UE tiene que evaluar y mejorar la coordinación horizontal y vertical de las políticas para aplicar eficazmente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La mejora de la gobernanza es un factor fundamental del desarrollo sostenible (38) y la mejora de la coordinación es un enfoque fundamental para lograr la coherencia de las políticas.

4.4.2.

La UE tiene que mejorar la coherencia de sus políticas y orientarlas sistemáticamente hacia un desarrollo sostenible equilibrado. El mecanismo existente para incorporar los aspectos de la política de desarrollo en otros ámbitos (coherencia de las políticas para el desarrollo) debería examinarse, reforzarse y reconceptualizarse en un instrumento que aporte una «coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible» y vincularse a otros esfuerzos de coordinación horizontal.

4.4.3.

La Comisión también debería estudiar de qué manera utilizar las herramientas de mejora de la legislación para contribuir a la consecución de los ODS. Las directrices de evaluación del impacto deben revisarse en consecuencia, permitiendo, por ejemplo, la introducción del criterio de sostenibilidad en las evaluaciones de impacto de nueva legislación.

4.4.4.

A fin de integrar los ODS en todos los ámbitos políticos pertinentes, la Comisión debe utilizar las líneas directrices de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como marco para revisar la legislación y la elaboración de las políticas de la UE, en particular desde una perspectiva basada en los derechos humanos y el principio de «no excluir a nadie».

4.4.5.

La UE debe establecer un sistema de seguimiento y revisión de los ODS, basado en los indicadores mundiales de los ODS y completado con indicadores europeos apropiados, que se coordine con el seguimiento en los Estados miembros y esté conectado con el seguimiento mundial a nivel del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible.

4.4.6.

Los indicadores de los ODS también deberían introducirse en los procesos existentes de seguimiento y evaluación de las políticas. Esto se aplica en particular al Semestre Europeo —en su calidad de mecanismo de gobernanza central de la Unión—, que debe adaptarse a la aplicación de los ODS.

4.4.7.

El refuerzo del papel de los indicadores de sostenibilidad en el proceso legislativo de asignación presupuestaria sería una importante palanca para la consecución del desarrollo sostenible. Los criterios de condicionalidad de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos deben adaptarse a la aplicación de los ODS.

4.4.8.

Debe apoyarse la iniciativa de la Red Europea de Desarrollo Sostenible (REDS) que propone establecer una plataforma de aprendizaje entre iguales entre los Estados miembros.

4.4.9.

La propia UE debería tomar la iniciativa y presentar una revisión voluntaria en la reunión de 2017 del Foro Político de Alto Nivel, para ser la primera organización regional en hacerlo. Además, la UE debería elaborar informes anuales en los que se analizara de qué manera la acción interior y exterior de la UE contribuye a la consecución de los ODS en el ámbito temático prioritario anual que establezca el Foro Político de Alto Nivel (39). La sociedad civil deberá participar plenamente en la elaboración y presentación de esta revisión voluntaria y los informes temáticos a través del Foro Europeo de Desarrollo Sostenible.

5.1.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas requiere una transición hacia un modelo de gobernanza en el que participen múltiples instancias y tenga un mayor protagonismo la sociedad civil. Los ODS solo pueden lograrse si la sociedad civil y otras partes interesadas asumen un papel activo y los hacen suyos. La participación de la sociedad civil debe tener lugar desde el nivel local, regional y nacional hasta el nivel de la UE y del Foro Político de Alto Nivel, en todas las etapas de la aplicación.

5.2.

Para la UE y sus Estados miembros, el CESE sugiere crear un Foro Europeo de Desarrollo Sostenible a fin de incluir a una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil y partes interesadas en la aplicación de los ODS en la UE y en su seguimiento y revisión permanentes (40). La primera tarea de este foro debería ser facilitar el diálogo de la sociedad civil en el proceso que conduzca a una estrategia global de la UE para el desarrollo sostenible

5.3.

La Comisión debe poner en marcha un programa y una línea de financiación específicos destinados a reforzar el desarrollo de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan participar de forma plena en este proceso. Los programas de desarrollo de capacidades existentes deben abrirse de manera más explícita a las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en asuntos internos y actúen como «puentes» entre los componentes internos y externos en lo tocante a la integración de los ODS en las políticas y los asuntos de gobernanza.

28.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 487/51

Ponente:

Christian MOOS

Coponente:

Denis MEYNENT

1.1.

La Presidencia eslovaca ha solicitado al Comité Económico y Social Europeo (CESE) que emita un dictamen sobre el tema «Normas preparadas para el futuro». Este nuevo concepto está en consonancia con otras solicitudes específicas dirigidas a la Comisión y a los colegisladores a fin de garantizar una mayor adecuación de la legislación, en particular con la competitividad de la UE y toma en consideración de la especificidad de las pymes y las microempresas, aspectos sobre los que el CESE se ha pronunciado en diversas ocasiones.

1.2.

El CESE constata los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la calidad de la legislación europea y la necesidad de redoblarlos.

1.3.

El CESE considera que una legislación de alta calidad, sencilla, comprensible y coherente «es un factor de integración clave que no constituye una carga o un coste que se debe reducir». Es indispensable para generar un crecimiento económico sostenible e impulsar la innovación, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, así como la creación de puestos de trabajo de calidad.

1.4.

El «principio de innovación», tal como se define en el capítulo 2, está también en consonancia con el programa REFIT. El CESE recuerda los principios del programa «Legislar mejor», ya definidos y aplicados, y subraya que el nuevo principio no debe prevalecer sobre estos y debe aplicarse con inteligencia y prudencia, en particular en los ámbitos de la protección social y medioambiental, la salud y la protección de los consumidores.

1.5.

El CESE sugiere que se prosiga el examen de las posibilidades que ofrece el «principio de innovación» realizando un intercambio de buenas prácticas.

1.6.

La innovación es una de las condiciones necesarias para el crecimiento sostenible en Europa. Necesita un marco normativo favorable a la innovación, aunque no existe una relación simple entre la innovación y dicho marco. Además de las disposiciones legislativas, es necesario adoptar otras medidas para el apoyo y desarrollo de la innovación (medidas administrativas, ventajas fiscales, financiaciones, etc.).

1.7.

El objetivo de la legislación europea debe ser siempre la creación de un marco jurídico que permita a las empresas y a los ciudadanos beneficiarse de las ventajas del mercado interior y evitar cargas administrativas inútiles. La legislación europea estará preparada para el futuro si es proactiva y previsora, y en este sentido, el CESE aboga por una legislación que se adapte. Considera que unas normas europeas preparadas para el futuro deben basarse en el método comunitario.

1.8.

Es imperativo evitar costes normativos innecesarios. Los costes de la reglamentación han de ser proporcionales a los beneficios que generan.

1.9.

El CESE está convencido de que todo acto legislativo debe ser el resultado de deliberaciones políticas de carácter público. En este sentido, el papel de la sociedad civil y de los interlocutores sociales es muy importante y conviene prever el marco adecuado para garantizar un diálogo social y cívico de calidad, en cuyo seno se tengan debidamente en cuenta los puntos de vista expresados.

1.10.

El CESE señala que tanto el contenido de la legislación como el propio procedimiento legislativo deben estar preparados para el futuro a fin de satisfacer las necesidades de las empresas y los ciudadanos.

1.11.

Unas normas preparadas para el futuro deben ser sólidas en cuanto a su finalidad, en consonancia con los objetivos definidos en el Tratado y flexibles en el marco de su transposición al Derecho nacional. No entran en detalles, sino que se limitan a fijar un marco, que conviene transponer de manera oportuna y adecuada a nivel nacional, consultando asimismo a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil representativas y teniendo en cuenta sus puntos de vista. El recurso a las cláusulas de extinción (sunset clauses) merece ser analizado más detenidamente.

1.12.

El CESE está a favor de la aclaración de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que a veces son esgrimidos como argumento por parte de quienes se oponen a las iniciativas legislativas sin ofrecer una justificación suficiente del razonamiento subyacente.

1.13.

La sociedad civil debe ser la caja de resonancia de unas normas preparadas para el futuro. El CESE se encuentra en una posición privilegiada para actuar como intermediario entre el legislador, por una parte, y las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, por otra.

1.14.

El CESE subraya la importancia de las evaluaciones de impacto de alcance nacional y europeo, incluida la prueba de las pymes, para cualquier iniciativa legislativa o no legislativa, de manera que las decisiones políticas se tomen con conocimiento de causa y basándose en elementos concretos. Las evaluaciones de impacto constituyen una ayuda para la decisión política, aunque no la pueden reemplazar.

1.15.

El CESE pide que se le consulte cuando la Comisión, el Parlamento y el Consejo acuerden retirar una propuesta legislativa, ya que es importante evaluar las consecuencias materiales e inmateriales de tal decisión.

1.16.

El CESE considera que el Consejo debe actuar de manera más transparente y que en una futura reforma de los Tratados se debería intentar mejorar la coherencia de las decisiones del Consejo. Se han de reforzar los derechos del Parlamento.

1.17.

El CESE considera necesario aprovechar mejor la cooperación reforzada evitando al mismo tiempo que las instituciones se vean debilitadas por ello.

1.18.

El CESE insiste en su participación en los procesos consultivos que deben ir a la par de la consolidación de la UEM. El Parlamento Europeo, así como los órganos consultivos, deben estar mejor integrados en el ciclo del Semestre Europeo.

1.19.

El CESE está a favor de un procedimiento legislativo acelerado en el marco del diálogo tripartito solo en casos de urgencia.

2.1.

La Presidencia eslovaca ha solicitado al CESE que emita un dictamen sobre unas normas preparadas para el futuro y que reflexione sobre el modo en que la Unión puede mejorar la legislación a fin de adaptarla a las necesidades de la economía y la sociedad en estos tiempos de cambios rápidos. La Presidencia pregunta cómo se pueden mantener los costes normativos para las empresas a un nivel razonable sin dejar de lado los objetivos de los Tratados.

2.2.

La legislación europea estará preparada para el futuro si es proactiva, previsora y ofrece un máximo de claridad y seguridad jurídicas. El CESE se muestra, pues, a favor de una legislación que se adapte y que disponga al mismo tiempo de capacidad de previsión.

2.3.

Las reglamentaciones son igualmente necesarias si se pretende alcanzar los objetivos políticos de los Tratados. La Unión Europea es una economía social de mercado y, por tanto, hay determinadas normas que tienen un coste para las empresas, por ejemplo en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. El equilibrio entre los objetivos económicos y sociales es el que garantiza la paz social en Europa. Unas normas preparadas para el futuro deben respetar este equilibrio y promover la cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los Estados miembros.

2.4.

El CESE sostiene y subraya la necesidad de reforzar la legitimidad de la legislación europea legislando mejor, pero le preocupa que la comprensión de lo que está preparado para el futuro pueda conducir a una despolitización del procedimiento legislativo. Está convencido de que todo acto legislativo debe resultar de deliberaciones políticas. A este respecto, debe tenerse en cuenta el papel esencial de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en el marco del diálogo social.

2.5.

Las normas europeas estarán preparadas para el futuro si son consideradas legítimas por los ciudadanos. Deben basarse en la representación, el consenso y la participación y poder ofrecer resultados o soluciones a un problema colectivo.

2.6.

El CESE considera que el procedimiento legislativo europeo debería ser revisado en el marco del Tratado de Lisboa, y, si fuera necesario, en el marco de un nuevo tratado, para que las políticas europeas ofrezcan mejores resultados. El CESE desea poner de relieve precisamente este aspecto de unas normas preparadas para el futuro, es decir, su calidad, legitimidad, transparencia y naturaleza inclusiva.

2.7.

El CESE señala que tanto el contenido de la legislación como el propio procedimiento legislativo deben estar preparados para el futuro a fin de satisfacer las necesidades de las empresas y los ciudadanos. En otras palabras: lo que está en cuestión es la democracia a escala europea.

2.8.

Así pues, la voluntad política y las decisiones de los representantes elegidos son determinantes. Toda norma puede ser analizada en función de su capacidad para traducir esta voluntad política en hechos y juzgada por su calidad democrática. Por consiguiente, el CESE propone examinar no solo el contenido de la legislación, sino también el procedimiento legislativo.

2.9.

El nuevo concepto de «normas preparadas para el futuro» está vinculado a otras iniciativas dirigidas a mejorar la legislación. El CESE se ha pronunciado en varias ocasiones en sus dictámenes (1) sobre el programa «Legislar mejor» y el programa REFIT (2). Asimismo, desea recordar su Dictamen dedicado a un planteamiento proactivo del Derecho (3).

2.10.

La ejecución de los programas «Legislar mejor» y REFIT, este último lanzado por la Comisión Europea en 2012 para evaluar la carga administrativa de las disposiciones legislativas en vigor y, si fuera necesario, eliminarlas, son prioridades clave del Trío de Presidencias (Países Bajos, Eslovaquia y Malta) para el período comprendido entre enero de 2016 y junio de 2017. Resulta evidente que la idea de unas normas preparadas para el futuro está en consonancia con estos programas.

2.11.

El CESE constata los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la calidad de la legislación europea e insiste en la necesidad de redoblarlos. Así pues, el CESE toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015 (4), y del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», de 13 de abril de 2016 (5), pero constata que no ha sido asociado a este último.

2.12.

El CESE considera que una legislación de alta calidad, sencilla, comprensible y coherente, garantizada por la Comisión, el Parlamento y el Consejo, constituye una condición indispensable para generar un crecimiento económico sostenible e incentivar la innovación, la competitividad de las empresas (incluidas las pymes y las microempresas) y la creación de puestos de trabajo de calidad. Además, es importante aplicar plenamente la Small Business Act en todos los ámbitos.

2.13.

La normativa europea «es un factor de integración clave que no constituye una carga o un coste que se debe reducir. Al contrario, si es proporcionada, ejerce una importante función de protección, promoción y seguridad jurídica para todos los agentes y ciudadanos europeos» (6).

2.14.

El CESE recuerda la importancia de los principios ya definidos para garantizar una legislación adecuada. Se trata, entre otros, de los principios de aplicación adecuada a lo largo del tiempo, subsidiariedad, proporcionalidad, precaución, previsibilidad, «pensar primero a pequeña escala», dimensión externa de la competitividad y prueba del mercado interior.

2.15.

Un nuevo aspecto de la legislación parece estar adquiriendo ahora una importancia prioritaria para el Consejo: el principio de innovación. Este principio, que implica tener en cuenta la repercusión en la investigación y la innovación en el momento de elaborar y revisar la reglamentación, es uno de los numerosos criterios que permiten evaluar las propuestas legislativas de la Comisión en los ámbitos de naturaleza técnica, tecnológica y científica. No obstante, se debe utilizar con inteligencia y prudencia, especialmente en los ámbitos de la protección social y medioambiental, de la salud y de la protección de los consumidores.

2.16.

Con arreglo a las conclusiones del Consejo de Competitividad de la Unión (7): «debe aplicarse el “principio de innovación”, que implica tener en cuenta, durante el proceso de elaboración y revisión de legislación en todos los ámbitos de actuación, el impacto en la investigación y la innovación». Lo mismo se refleja en la solicitud de la Presidencia eslovaca, así como en un estudio reciente del CEPS (8), según el cual la fijación de normas demasiado estrictas podría bloquear las inversiones y frenar la innovación. Esta interpretación también está en consonancia con el programa REFIT.

2.17.

El CESE considera que se debe definir de antemano el recurso a este nuevo principio y precisar cuidadosamente su utilización.

2.18.

Para el CESE, el principio de innovación debe tener el mismo peso que los demás criterios evocados en el punto 2.14 y empleados por la Comisión para analizar la repercusión de una propuesta legislativa. Así pues, es conveniente encontrar un equilibrio entre el principio de innovación y los demás criterios y velar por que el primero no prevalezca sobre el resto.

2.19.

El CESE sugiere a la Presidencia eslovaca que prosiga el análisis de las posibilidades que ofrece el principio de innovación realizando un intercambio de buenas prácticas. El CESE pide que, sobre esta base, la Comisión haga un balance de las oportunidades y de la repercusión de este nuevo principio.

2.20.

El objetivo de la legislación europea debe ser siempre la creación de un marco jurídico que permita a las empresas y a los ciudadanos beneficiarse de las ventajas del mercado interior y de sus libertades, es decir, promover las fuerzas innovadoras en Europa. Esto implica evitar las cargas administrativas innecesarias, mientras que las normas mal concebidas, obsoletas y onerosas deben ser revisadas o suprimidas.

2.21.

El CESE considera que los costes de la reglamentación han de ser proporcionales a los beneficios generados. Hay que evitar cargas administrativas y costes innecesarios en interés de las empresas, los ciudadanos y las administraciones encargadas de la aplicación de la normativa. Es importante que el beneficio neto y el valor añadido de una reglamentación prevalezcan sobre su coste para las empresas o la sociedad en conjunto.

3.1.

El CESE insiste para que se defina mejor el concepto de normas preparadas para el futuro. Debe atenerse a los valores y los objetivos de la Unión Europea con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Tratado de Lisboa. Por consiguiente, el principio de innovación, que figura entre las prioridades de la Presidencia eslovaca (9) y está, pues, estrechamente ligado al nuevo concepto de normas preparadas para el futuro, requiere responsabilidad.

3.2.

La innovación es una de las condiciones necesarias para el crecimiento sostenible de Europa. Todo acto legislativo, ya sea europeo o nacional, debe evitar que las empresas, sobre todo las pymes que tienen pocos medios, tengan que soportar cargas innecesarias. La innovación y la competitividad constituyen la base del éxito de la economía social de mercado europea. La innovación necesita un marco normativo de calidad. La interacción entre la legislación y la innovación es compleja y no puede considerarse desde un punto de vista meramente cuantitativo, en el sentido de un número mayor o menor de disposiciones legales (10).

3.3.

El CESE considera que el recurso a cláusulas de extinción (sunset clauses) en la legislación europea para evitar futuros obstáculos burocráticos debería analizarse más detenidamente.

3.4.

Unas normas preparadas para el futuro deben ser firmes en cuanto a su finalidad, ateniéndose siempre a los objetivos de los Tratados, y flexibles en el marco de su transposición al Derecho nacional, respetando los principios antes mencionados. Estas normas no entran en detalles, sino que se limitan a fijar un marco que puede ser completado, según corresponda, por instrumentos no legislativos, los reguladores nacionales, los interlocutores sociales o regímenes de autorregulación, estos últimos siempre bajo el control del legislador al nivel adecuado.

3.5.

El CESE aboga por que se aclaren los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El respeto de la subsidiariedad, o más bien del reparto de competencias, es primordial para el buen funcionamiento de la Unión como espacio jurídico común. Sin embargo, estos dos principios a veces son esgrimidos como argumento por parte de los que se oponen a las iniciativas legislativas sin ofrecer una justificación suficiente del razonamiento subyacente. Es conveniente aclarar los criterios que determinan la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El espacio jurídico de la Unión Europea debe ser único e indivisible.

3.6.

El CESE considera necesario examinar en primer lugar el proceso legislativo a escala europea para mejorar la calidad de la legislación. Un gran número de iniciativas tienen como objetivo la mejora del proceso legislativo, pero las partes interesadas en este proceso no están de acuerdo en cuanto a los medios. El CESE se remite a las orientaciones que ofrece la Comisión en su programa «Legislar mejor» (19 de mayo de 2015) y al Acuerdo interinstitucional (diciembre de 2015/16, abril de 2016), al informe Brok-Bresso (febrero de 2016), al informe Hübner (marzo de 2016), al informe Giegold (finales de mayo de 2016) y, en particular, a la Small Business Act (febrero de 2011). Asimismo, llama la atención sobre las propuestas de los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros y sobre iniciativas tales como las del Movimiento Europeo Internacional (MEI) y la Unión de Federalistas Europeos (UEF en sus siglas en inglés), así como sobre las contribuciones de los institutos de investigación y los grupos de reflexión.

3.7.

La sociedad civil organizada reviste una importancia decisiva para el desarrollo de una opinión pública europea. Europa necesita una opinión pública menos fragmentada que sirva de caja de resonancia para unas normas europeas preparadas para el futuro. Como órgano de representación de la sociedad civil organizada en Europa, el CESE goza de una posición privilegiada para facilitar el consenso entre los diferentes agentes de la sociedad civil en todos los ámbitos, igualmente en los Estados miembros. Más concretamente, es un intermediario importante entre el legislador, por una parte, y las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, por otra.

3.8.

El CESE reconoce la importancia de las evaluaciones de impacto, en particular para las pymes. Dichas propuestas deberían tenerse en cuenta en el procedimiento legislativo, aunque no puedan por ello reemplazar el proceso político.

3.9.

La simplificación de las normas difíciles de comprender, e incluso de aplicar, o el abandono de las reglamentaciones que se hayan vuelto superfluas pueden ser dos medidas beneficiosas para los ciudadanos y las fuerzas de la economía y contribuir en consecuencia a un entorno propicio para el crecimiento y la creación de más empleos de calidad (enabling environment). Sin embargo, el CESE pide que se le consulte cuando la Comisión, el Parlamento y el Consejo acuerden retirar una propuesta legislativa. En este sentido, es importante evaluar las consecuencias materiales e inmateriales de tales retiradas e informar de ellas al CESE.

3.10.

El Tratado de Lisboa tiene por objetivo reforzar el papel del Parlamento Europeo, así como el método comunitario. Tras la crisis financiera, el Consejo Europeo se ha convertido en la piedra angular del sistema institucional europeo. El CESE considera que tal desviación debe ser corregida. Unas normas europeas preparadas para el futuro deben basarse en el método comunitario.

3.11.

Las reuniones de las formaciones del Consejo que funcionan por mayoría cualificada deberían ser públicas en aras de una mayor transparencia y democracia. El voto por mayoría cualificada para las decisiones del Consejo debería ser la norma. El CESE considera también que una futura reforma de los Tratados debería intentar mejorar la coherencia de las decisiones del Consejo, cuyas formaciones persiguen en la actualidad políticas que son en parte contradictorias, lo cual repercute evidentemente en la calidad de la legislación.

3.12.

La ampliación de las prerrogativas del Parlamento Europeo, prevista por los Tratados sin que se haya materializado, debe llevarse a cabo sin demora. Así, el derecho limitado de iniciativa, que fue introducido por el Tratado de Lisboa (artículo 225 del TFUE), debería aplicarse en mayor medida de conformidad con los términos del Tratado. El rechazo por parte de la Comisión solo debería ser posible por motivos formales, sobre todo en caso de que el fundamento de las competencias sea insuficiente.

3.13.

Las divergencias en cuanto al ritmo de integración son desde hace tiempo una realidad en la Unión, y en el futuro estos desfases serán inevitables dado el número de Estados miembros. En tal contexto, el CESE considera necesario explotar en mayor medida la cooperación reforzada. Al mismo tiempo, hay que evitar que las instituciones de la Unión se vean debilitadas por la geometría variable de los proyectos de integración europea. La cooperación reforzada debería funcionar sobre la base de la mayoría cualificada.

3.14.

El CESE apoya la solicitud del Parlamento Europeo de transformar la unión económica y monetaria (UEM) en un «gobierno económico eficaz y democrático» e insiste de nuevo en su participación en los procesos consultivos que deben ir a la par de tal refuerzo de la UEM si se quiere lograr la implicación de la sociedad civil.

3.15.

El CESE considera que el procedimiento acelerado en el marco del diálogo tripartito debería aplicarse únicamente a los casos de urgencia, con arreglo precisamente a los términos del Tratado. Al contrario de lo que sucede con las comisiones del Parlamento Europeo, las reuniones del diálogo tripartito no son ni transparentes ni accesibles. La limitación del procedimiento legislativo a una sola lectura conduce a una limitación de la participación de la sociedad civil.

3.16.

El CESE considera que los instrumentos y procedimientos introducidos tras la crisis financiera y la crisis del euro han de integrarse mejor en el marco legislativo europeo. El Parlamento Europeo y órganos tales como el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y el CESE deben estar mejor integrados en el ciclo del Semestre Europeo. El mecanismo europeo de estabilidad debería integrase en el marco legislativo de la Unión.

3.17.

En cuanto a los actos delegados, la Comisión Europea debería dotar su toma de decisiones en este ámbito de mayor transparencia (véase el artículo 290 del TFUE), lo cual ha puesto de relieve el Comité en varias ocasiones.

28.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 487/57

Ponente general:

Antonello PEZZINI

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo siempre ha defendido que una Unión Aduanera eficiente es un elemento esencial del proceso de integración europea, para garantizar la libre circulación de mercancías de manera segura y transparente, de conformidad con las normas sobre competencia, protegiendo al máximo a los consumidores y el medio ambiente, luchando eficazmente contra las infracciones, el fraude y la falsificación y facilitando el desarrollo del comercio legítimo.

1.2.

El Comité apoya decididamente los objetivos de la propuesta de la Comisión en la medida en que las medidas anunciadas persiguen:

1.3.

El CESE pide que en los objetivos de la directiva se añada que dicho instrumento, que permite converger de forma gradual pero necesaria hacia un único régimen reglamentario unitario, desde el punto de vista de la aplicación e interpretación, debe completarse con el control y la supervisión del mercado basados en mecanismos automáticos de detección que no obstaculicen el desarrollo del comercio europeo legítimo.

1.4.

El Comité recomienda que el informe bienal que debe presentarse al Parlamento Europeo (PE), el Consejo y el CESE, además de la evaluación del grado de convergencia de la aplicación de la nueva legislación a nivel territorial, incluya una propuesta de indicadores, para las próximas fases, hacia la creación de:

2.1.

La Unión Aduanera (UA) es la piedra angular de la Unión Europea. La legislación aduanera de la Unión está plenamente armonizada desde el punto de vista de las normas sustantivas y de procedimiento desde 1992. En 2013 se aprobó el nuevo Código aduanero (código aduanero de la Unión), mediante el Reglamento (UE) n.o 952/2013, que entró en vigor este año.

2.2.

Las cuestiones aduaneras, por lo que se refiere a los aspectos reglamentarios, son competencia exclusiva de la Unión con arreglo al artículo 3 del TFUE, mientras que corresponden a los Estados miembros las actividades dirigidas a organizar los controles, el sistema de sanciones y las medidas de aplicación reglamentaria en el marco de la cooperación judicial en materia penal (título V del TFUE).

2.3.

Las operaciones aduaneras de la UE representan casi el 16 % del comercio mundial, con unas importaciones y exportaciones por valor de más de 3,5 billones de euros al año. Los derechos de aduana percibidos en 2013 ascendieron a 15 300 millones de euros, casi el 11 % del presupuesto de la UE.

2.4.

Los sistemas nacionales de infracciones y sanciones aduaneras no armonizados pueden fomentar que el comercio ilegal desplace los intercambios hacia los Estados miembros en los que existan menos riesgos de ser descubiertos y con sanciones más bajas, mientras que las empresas que operan legalmente deben soportar costes más elevados cuando operan en múltiples jurisdicciones; asimismo, los diferentes regímenes sancionadores pueden alterar los flujos comerciales y las pautas de la actividad económica en el mercado único, así como suponer una ventaja para las empresas que operan en países con controles aduaneros menos estrictos.

2.5.

Desde que se puso en marcha el programa Aduana 2013, se han analizado los regímenes nacionales de los Estados miembros aplicables a las infracciones y las sanciones aduaneras, poniendo de relieve un número significativo de diferencias entre los regímenes, que ha sido confirmado por recientes análisis exhaustivos (1).

2.6.

En efecto, la lucha contra las infracciones de la normativa aduanera sigue 28 (2) regímenes jurídicos y tradiciones administrativas o jurídicas diferentes, con grandes divergencias en las definiciones y la severidad de dichas sanciones: la falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera repercute en las condiciones de competencia, que deberían ser homogéneas en el mercado interior.

2.7.

Las divergencias en la aplicación de la normativa se refieren especialmente a: la naturaleza de las sanciones administrativas o penales, los tipos de sanciones, los umbrales y la amplitud de la infracción, los sistemas de resolución/transacción, los niveles y tipos de responsabilidad, las circunstancias agravantes o atenuantes, los plazos de procedimiento y de prescripción y la responsabilidad de las personas jurídicas.

2.8.

Resulta necesario superar las divergencias de aplicación y armonizar los sistemas aduaneros europeos con arreglo al principio de una aduana única, en la que los Estados miembros permitan mecanismos de resolución de conflictos para las liquidaciones en caso de infracciones aduaneras, en función de la naturaleza y alcance del incumplimiento, con el fin de evitar largos y costosos procedimientos legales para ambas partes.

2.9.

Por lo demás, cabe recordar que la Unión Aduanera es el brazo operativo de gran parte de las medidas de política comercial de la UE y permite aplicar numerosos acuerdos internacionales en relación con los flujos comerciales, desarrollando —a través de las administraciones de los Estados miembros— importantes procesos horizontales de gestión de los datos y de gestión de los operadores comerciales y las aplicaciones; las divergencias de aplicación que tiene el sistema europeo ya han sido objeto de reclamaciones ante la OMC.

2.10.

Ante los graves problemas de funcionamiento que afronta la Unión Aduanera, debido a las divergencias de aplicación de la reglamentación que pueden poner en peligro su eficacia global, el CESE ya destacó la necesidad de «que se siga una única política aduanera, basada en procedimientos uniformes, actualizados, transparentes, eficaces y simplificados, que sea capaz de contribuir a la competitividad económica de la UE a escala global» (3).

2.11.

Para la realización de un verdadero mercado interior, como subrayó el CESE (4), es importante garantizar plazos vinculantes de ejecución de las disposiciones de aplicación; una interpretación uniforme de la reglamentación aduanera de la Unión, que debe actuar como administración única, con el fin de establecer: un trato uniforme de los operadores en cualquier punto del territorio aduanero de la UE; facilidades para acceder al estatuto de operador económico autorizado; una actualización ampliamente difundida entre todos los operadores afectados; procedimientos informatizados y una formación de calidad de los recursos humanos. En esencia, deberíamos ser capaces de realizar una aduana única europea.

2.12.

Solo con avances eficaces hacia una aduana única europea y estructuras adecuadas de gobernanza se podrá solucionar un funcionamiento operativo de la Unión Aduanera que sigue siendo complejo y nada homogéneo.

3.1.

El principal objetivo de la propuesta de Directiva de la Comisión es establecer, mediante una directiva de armonización, un marco jurídico común destinado a lograr:

garantizando el cumplimiento de las normas aduaneras de manera uniforme en toda la UE mediante la aplicación armonizada de una reglamentación sobre infracciones y sanciones aduaneras, con el fin de evitar excesivas diferencias entre los sistemas nacionales de infracciones y sanciones que puedan alterar las normas de competencia y condicionar la libre circulación de mercancías.

3.2.

En particular, el ejecutivo comunitario, habida cuenta de la base jurídica elegida, el artículo 33 del TFUE, propone:

3.3.

La propuesta, que la Comisión Europea presentó hace tres años, ha sido examinada por el Parlamento Europeo y ha suscitado objeciones de varios Estados miembros. El Parlamento lituano alegó que «la base jurídica elegida (artículo 33 del TFUE) para la propuesta no autoriza a la Unión para tomar medidas destinadas a establecer un marco para las infracciones de la legislación aduanera de la Unión en el que se fijen sanciones para las mismas» (6), por lo que no respeta el principio de subsidiariedad, especialmente al no cumplir los requisitos del principio de atribución que establecen que la Unión únicamente actuará si los Tratados facilitan una base jurídica de acción.

3.4.

El PE ha reiniciado el examen de la propuesta, confiando la redacción de su dictamen a Kaja Kallas, ponente de la Comisión IMCO, quien solicita la ampliación de la base jurídica al artículo 114 del TFUE (7), que establece la consulta obligatoria al CESE, tal como se indica en la carta de consulta del CESE por el presidente de la Comisión IMCO del Parlamento Europeo.

3.5.

El CESE está totalmente de acuerdo con esta elección y destaca la importancia de que exista un sistema aduanero homogéneo, capaz de aportar valor y unidad, no solo al mercado interior, sino al conjunto de la sociedad europea, ahora más que nunca en busca de sistemas unitarios.

4.1.

El Comité Económico y Social Europeo siempre ha defendido que una Unión Aduanera eficiente es un elemento esencial del proceso de integración europea, para garantizar la libre circulación de mercancías, de conformidad con las normas sobre competencia y protegiendo al máximo a los consumidores y el medio ambiente.

4.2.

El CESE considera que es esencial garantizar un enfoque común para la prevención, la disuasión y la identificación unívoca de las infracciones, así como una gestión uniforme de la determinación de las sanciones, incluidos los sistemas de acuerdos de transacción, para garantizar una aplicación uniforme y no discriminatoria de la legislación de la UE en todo el territorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del TFUE.

4.3.

El CESE defiende firmemente una aceleración del proceso de evolución hacia una aduana única europea basada en una gobernanza unitaria con una agencia europea de aduanas y el establecimiento de instancias administrativas y judiciales comunes (8), con un Tribunal Europeo de Aduanas (9), siguiendo el ejemplo del sistema estadounidense, con el fin de aplicar un único sistema de infracciones y un sistema unitario de sanciones en última instancia, completado por la activación ex ante de sistemas de prevención y sistemas de resolución/transacción destinados a limitar o eliminar los litigios costosos y que penalizan el comercio comunitario, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

4.4.

El Comité considera que la aplicación uniforme de la reglamentación aduanera de la UE también debe cubrir la fase de los litigios para los operadores económicos, tanto desde el punto de vista del mercado interior como internacional, así como un enfoque ex ante de prevención, basado en soluciones telemáticas de las TIC, unívocas y reforzadas, para evitar excesivas cargas burocráticas de identificación.

4.4.1.

El Comité reitera la importancia de aplicar «una política aduanera basada en unos procedimientos uniformes, transparentes, eficaces, eficientes y simplificados, que permita a la Unión Europea afrontar la competencia mundial y a las empresas y los consumidores europeos proteger sus derechos […], así como la propiedad intelectual» (10).

4.5.

El CESE está convencido de que todo sistema europeo de infracciones, resolución y transacción sobre las sanciones debe ir acompañado de medidas que cubran todos los demás elementos que forman parte del sistema de aplicación general de la reglamentación, como la supervisión, el control, la investigación y el seguimiento.