15.12.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 468/1

15.12.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 468/2

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Vistas las actuales negociaciones entre la UE y Canadá para un acuerdo de asociación estratégica,

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Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula relativa a los derechos humanos y la democracia en los acuerdos de la Unión Europea (1),

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Vistas sus recientes resoluciones sobre las relaciones con Canadá, en particular las de 5 de mayo de 2010, sobre la próxima Cumbre UE-Canadá (2), de 8 de junio de 2011, sobre las relaciones comerciales UE-Canadá (3) y de 13 de junio de 2013, sobre el papel de la UE en la promoción de una asociación transatlántica más amplia (4),

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Visto el Acuerdo marco de cooperación comercial y económica entre las Comunidades Europeas y Canadá de 1976 (5),

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Vista la Declaración Transatlántica entre la UE y Canadá de 1990,

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Vistos la Declaración conjunta y el Plan de acción común de 1996,

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Vista la Comunicación de la Comisión sobre las relaciones entre la UE y Canadá (COM(2003)0266),

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Visto el Programa de Cooperación entre la UE y Canadá de 2004,

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Visto el informe de 2011 del Comité Mixto de Cooperación UE-Canadá,

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Vistos los resultados de la reunión interparlamentaria UE-Canadá de abril de 2013,

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Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,

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Vistos el artículo 90, apartado 4, y el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0407/2013),

A.

Considerando que las relaciones entre la UE y Canadá son históricas, fuertes y basadas en intereses y valores compartidos; que los valores compartidos de la democracia y la protección de los derechos humanos deben formar el núcleo de todo acuerdo entre las dos partes destinado a proporcionar un marco a esa relación;

B.

Considerando que la UE y Canadá tienen una historia de extensa cooperación política y económica de muchos años, que data formalmente de 1976, cuando la UE firmó un acuerdo marco con Canadá, el primero con un país de la OCDE; que este acuerdo ha constituido durante mucho tiempo el marco adecuado para profundizar las relaciones, mejorar la asociación política y lograr una mayor cooperación;

C.

Considerando que Canadá es una democracia parlamentaria consolidada; que comparte valores y principios democráticos similares con la UE;

D.

Considerando que el acuerdo que se está negociando actualmente actualizaría y revitalizaría la relación entre la UE y Canadá, y contribuiría notablemente a la profundización de las relaciones políticas, económicas y culturales, y a la mejora de nuestra cooperación en varios ámbitos; que este acuerdo otorga a la UE y Canadá la condición de socios estratégicos;

E.

Considerando que el acuerdo de asociación estratégica, además de mejorar la estructura institucional de las relaciones, junto con el acuerdo económico y comercial global, proporcionaría beneficios tangibles y oportunidades a los ciudadanos europeos y canadienses, siempre que todas las partes interesadas participen en el proceso; que se espera que la apertura de los mercados y la cooperación en materia de regulación generen beneficios económicos importantes y tengan efectos positivos en el empleo tanto en Canadá como en la UE y, a la vista de la ampliación de la asociación transatlántica y dado el vigente marco del TLCAN, puedan conducir a la creación de un mercado transatlántico, una situación beneficiosa para todos los agentes participantes, siempre que no se rebajen las normas sociales y medioambientales actuales;

F.

Considerando que los beneficios y las oportunidades de la intensificación de las relaciones UE-Canadá deben distribuirse de manera equitativa entre todos los sectores de la población europea y canadiense según sus condiciones de vida y sus necesidades; que las diferentes condiciones económicas e industriales tanto de la UE como de Canadá deben reconocerse, y que ha de garantizarse el respeto a un uso sostenible y responsable de los recursos;

G.

Considerando que, el 18 de octubre de 2013, el Presidente de la Comisión y el Primer Ministro canadiense llegaron a un acuerdo político sobre los elementos clave de un acuerdo económico y comercial global (CETA), mientras continúan las negociaciones sobre un acuerdo de asociación estratégica; considerando que el acuerdo de asociación estratégica y el acuerdo económico y comercial global se complementan para reforzar la relación entre Canadá y la UE;

H.

Considerando que, paralelamente a las negociaciones sobre el acuerdo de asociación estratégica, se ha negociado un acuerdo PNR entre la UE y Canadá que debe profundizar la relación también en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y ofrecer garantías adecuadas contra las prácticas desproporcionadas de elaboración de perfiles basadas en la retención de datos de los pasajeros de la UE;

I.

Considerando que Canadá se retiró formalmente del Protocolo de Kyoto en 2011; considerando que la UE ha hecho repetidos llamamientos a Canadá para que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con sus compromisos internacionales;

J.

Considerando que debe resolverse rápidamente el tema de la completa exención de visados para garantizar que todas las personas y empresas de todos los Estados miembros de la UE, incluidos Rumanía y Bulgaria, gocen de igualdad de oportunidades a la hora de cooperar con sus homólogos canadienses;

K.

Considerando que la asociación estratégica entre la UE y Canadá debe reflejarse debidamente en los foros y organizaciones internacionales; que, a este respecto, la decisión del Consejo Ártico, apoyada por Canadá, sobre el estatus de observador de la UE es lamentable; considerando que la UE se ha comprometido a colaborar con las autoridades canadienses para encontrar una solución a estas cuestiones;

1.

Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior:

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución que contiene la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y al Gobierno y Parlamento de Canadá.

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C 468/5

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Visto el informe consultivo del grupo de trabajo conjunto del Comité de Sistemas de Pago y de Liquidación (CSPL) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), de julio de 2012, titulado «Recovery and Resolution of Financial Market Infrastructures»,

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Visto el informe consultivo del grupo de trabajo conjunto del CSPL y la OICV, de agosto de 2013, titulado «Recovery of Financial Market Infrastructures»,

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Vistos los informes de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) de julio de 2013, titulado «Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology» y «Global Systemically Important Insurers: Policy Measures»,

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Vista la publicación del Consejo de Estabilidad Financiera, de 18 de julio de 2013, titulada «Global systemically important insurers (G-SIIs) and the policy measures that will apply to them» (1),

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Visto el informe consultivo del Consejo de Estabilidad Financiera, de agosto de 2013, titulado «Application of the Key Attributes of Effective Resolution Regimes to Non-Bank Financial Institutions»,

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Vista la consulta de los servicios de la Comisión sobre un posible marco para el rescate y la resolución de entidades financieras no bancarias,

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Visto el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR) (2),

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores (DCV) y por el que se modifica la Directiva 98/26/CE, presentada por la Comisión,

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Vistos la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión (COM(2012)0280) (Directiva sobre rescate y resolución bancarias) y el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (3),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0343/2013),

A.

Considerando que las evaluaciones de la infraestructura de los mercados financieros se han incluido en los programas de evaluación del sector financiero del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI);

B.

Considerando que la eficacia de los planes de rescate y los instrumentos de resolución resulta fundamental para mejorar la estabilidad del sector financiero no bancario a escala mundial;

C.

Considerando que las infraestructuras de los mercados financieros se caracterizan por su amplia variedad organizativa; que, para facilitar la elaboración de planes adecuados de rescate y, sobre todo, de resolución, es necesario distinguirlas atendiendo a la complejidad del modelo organizativo, el ámbito geográfico y el modelo de negocio;

D.

Considerando que, si bien el Reglamento EMIR y el Reglamento sobre DCV pretenden reducir el riesgo sistémico mediante una infraestructura de mercado bien regulada, existe la posibilidad de que se produzcan consecuencias imprevistas;

E.

Considerando que, aunque la compensación central obligatoria contribuye positivamente a la reducción del riesgo sistémico global de los mercados financieros, ha incrementado la concentración del riesgo sistémico en las entidades de contrapartida central (ECC), recordando que todas ellas tienen importancia sistémica en sus mercados;

F.

Considerando que los miembros compensadores más importantes suelen participar en más de una ECC, de manera que, si una ECC quiebra, es probable que las demás también afronten dificultades;

G.

Considerando que varias quiebras de miembros de las ECC tendrían consecuencias devastadoras no solo para los participantes en los mercados financieros, sino también, en su conjunto, para las sociedades de que se trate;

H.

Considerando que la finalidad de las ECC es reducir el riesgo de contrapartida ajustando correctamente los márgenes de los productos antes de ofrecer su compensación central, a fin de que el incumplimiento de cualquier entidad de contrapartida no afecte al resto del mercado;

I.

Considerando que los procesos de gestión de riesgos muestran que las ECC reducen el riesgo de contraparte y la incertidumbre y evitan el contagio;

J.

Considerando que el Reglamento EMIR no aborda totalmente los riesgos que plantea el hecho de que una ECC evalúe incorrectamente los requisitos en materia de márgenes para una clase de producto completa;

K.

Considerando que las ECC tienen incentivos para aplicar márgenes más reducidos, en particular, cuando se presentan nuevas clases de productos o activos, a fin de captar clientes; que aún no se ha evaluado la eficacia de los fondos de garantía segregados por clase de producto o activo;

L.

Considerando que no se han verificado los riesgos que entraña la constitución de garantías cruzadas de los productos (garantías de cartera) mediante el uso de mecanismos de protección frente a incumplimientos de los activos en el marco de un fondo de garantía de una ECC y que, por tanto, si bien la suavización de las exigencias de garantías a corto plazo puede reducir los costes, el empleo de garantías cruzadas no debe menoscabar la capacidad de una ECC para gestionar los riesgos correctamente, y debe reconocer las limitaciones de los análisis del valor en riesgo (VeR);

M.

Considerando que uno de los mayores beneficios que obtienen los clientes del miembro compensador reside en poder contar con un cortafuegos que los proteja del riesgo de contrapartida en relación con la ECC y con otros miembros compensadores;

N.

Considerando que los depositarios centrales de valores internacionales (DCVI) de la Unión Europea son entidades que revisten una importancia sistémica a escala mundial como impulsoras del mercado de los eurobonos y que actualmente operan con licencias bancarias;

O.

Considerando que la compensación central ha agudizado la necesidad de prestar servicios de gestión de garantías y servicios afines de los que actualmente se encargan los DCV y los bancos custodios;

P.

Considerando que la inminente introducción de Target2Securities ha dado lugar a que los DCV estudien nuevos servicios;

Q.

Considerando que los regímenes estándar de insolvencia no ofrecerán un marco integral para el tratamiento de los activos de los clientes en caso de que un DCV se declare insolvente sin aplicar la legislación que regula los valores depositados;

R.

Considerando que la IAIS informó en julio de 2013 sobre las «entidades aseguradoras de importancia sistémica a escala mundial» y llegó a la conclusión de que, aunque el modelo de negocio tradicional de las aseguradoras ha demostrado ser mucho menos vulnerable durante las crisis financieras que el modelo de negocio de las entidades bancarias, las grandes aseguradoras transfronterizas altamente interconectadas, especialmente aquellas que mantienen una importante actividad al margen de la suscripción tradicional, como las garantías de crédito e inversión, pueden representar un riesgo sistémico considerable; considerando que, tomando como base el método de evaluación de la IAIS, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) ha identificado a nueve grandes aseguradoras como de importancia sistémica, de las cuales cinco tienen su sede en la Unión;

S.

Considerando que, si bien el riesgo sistémico de que un gestor de activos se declare insolvente no es tan pronunciado como sucede con la infraestructura de mercado fundamental, a medida que los modelos de negocio de los gestores de activos evolucionan, los gestores podrían ir adquiriendo más importancia sistémica, un factor que se ha tratado en el trabajo del CEF relativo al sistema bancario en la sombra;

1.

Pide a la Comisión que otorgue prioridad al rescate y la resolución de las ECC y a los DCV que estén expuestos al riesgo de crédito y que, a la hora de estudiar si conviene elaborar legislación similar para otras entidades financieras, establezca las diferencias oportunas entre cada tipo, teniendo debidamente en cuenta las que puedan presentar riesgos sistémicos para la economía;

2.

Hace hincapié en la importancia que reviste que la legislación de la UE siga los principios acordados a escala internacional, según lo convenido en el grupo CSPL-OICV, el CEF y la IAIS;

3.

Subraya la importancia que reviste la existencia de una normativa clara que defina una jerarquía de intervención en la adopción de medidas de rescate de entidades financieras no bancarias, de forma que las autoridades competentes puedan hacer un seguimiento de indicadores de la salud financiera diseñados adecuadamente y estén facultadas para intervenir a tiempo en el caso de que una entidad esté sometida a tensiones financieras y obligarla a adoptar medidas correctivas de acuerdo con un plan de rescate aprobado previamente, a fin de evitar los efectos potencialmente perturbadores de medidas de último recurso que contemplen la resolución de tal entidad;

4.

Estima que las propias entidades financieras no bancarias deben elaborar planes de rescate completos y sustanciales que determinen las operaciones y servicios críticos y elaboren las estrategias y las medidas que se precisen para garantizar con carácter de continuidad el desarrollo de las operaciones y la prestación de servicios críticos, y que dichos planes de rescate deben ser revisados por la autoridad de supervisión competente; considera que la autoridad de supervisión debe estar facultada para pedir que se introduzcan modificaciones en el plan de rescate y debe llevar a cabo consultas con la autoridad de resolución, que, de ser distinta, debe poder formular recomendaciones al supervisor;

5.

Considera que las autoridades de supervisión deben estar facultadas para intervenir por motivos de estabilidad financiera, y para exigir la aplicación de partes de los planes de rescate que no se hayan activado todavía o, en caso necesario, adoptar otras medidas; no obstante, las autoridades de supervisión deben ser asimismo conscientes del riesgo de crear incertidumbre en unos mercados ya de por sí sometidos a tensiones;

6.

Opina que las autoridades de resolución y supervisión de cada país deben esforzarse por cooperar y mantenerse mutuamente informadas;

7.

Estima que, en el caso de grupos que integren a entidades en diferentes jurisdicciones, las diferentes autoridades de resolución deben acordar los planes de resolución de grupo, que deben basarse en la presunción de colaboración entre las autoridades de distintas jurisdicciones;

8.

Considera que las medidas de resolución deben distinguir entre los diferentes servicios y actividades que la entidad de la infraestructura de los mercados financieros de que se trate está autorizada a prestar o a realizar;

9.

Subraya la necesidad de evitar los conflictos entre los planes de rescate y resolución y la legislación vigente, en particular, la Directiva sobre acuerdos de garantía financiera y el Reglamento EMIR, que podrían conducir a limitaciones de las competencias de rescate y resolución de las ECC y los DCV o impedir su eficacia;

10.

Destaca, en el contexto de la evaluación de la pertinencia de los regímenes específicos de resolución destinados a la infraestructura del mercado, las entidades financieras y las entidades del sistema bancario en la sombra, la necesidad urgente de desarrollar instrumentos de seguimiento casi en tiempo real del volumen y el flujo de los riesgos financieros entre las empresas y en el seno de las mismas, más allá de los límites sectoriales y de las fronteras nacionales de la Unión, así como entre la Unión y otras regiones del mundo; insta a la Comisión a que garantice que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y otras autoridades competentes utilizan de forma eficiente para este propósito los datos pertinentes suministrados de conformidad con la legislación que regula las actividades bancarias, de seguros y de la infraestructura del mercado;

11.

Pide a la Comisión que garantice que las ECC dispongan de una estrategia de gestión de impagos para todos los productos objeto de compensación por la ECC como parte de un plan de rescate más amplio aprobado por el supervisor, haciendo especial hincapié en aquellos productos sujetos a la compensación central, ya que en estos casos existe una mayor probabilidad de concentración del riesgo;

12.

Destaca la importancia que reviste supervisar los riesgos a los que están expuestas las ECC a raíz de una concentración de miembros compensadores, y pide a los supervisores que comuniquen a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) cuáles son los diez miembros compensadores más importantes de cada ECC, a fin de poder supervisar y evaluar de forma centralizada los riesgos, como las interconexiones, los efectos de contagio y el potencial de insolvencia de más de una ECC al mismo tiempo;

13.

Pide a la Comisión que desarrolle herramientas para medir el riesgo intradía de las ECC, a fin de garantizar que los saldos intradía que las ECC depositan en bancos comerciales para la gestión de cuentas y los servicios de pago no superan los límites predefinidos, ya que, de lo contrario, esto supondría una amenaza para el buen funcionamiento de la ECC;

14.

Considera que, a fin de mantener los incentivos para la buena gobernanza de las ECC, es necesario respetar el flujo de impagos establecido en el Reglamento EMIR de modo que se empleen los recursos financieros propios prefinanciados de la ECC antes que las contribuciones a los fondos de garantía de los miembros que no hayan incumplido;

15.

Pide a la Comisión que vele por que las ECC actúen en aras del interés público general y adopten sus estrategias de negocio en consecuencia, a fin de reducir de manera significativa la probabilidad de que se produzcan situaciones de rescate y resolución;

16.

Insta a la Comisión a que reconozca que, si bien el objetivo de delimitar las clases de activos a un fondo de garantía de una ECC consiste en contrarrestar el efecto de contagio, no se sabe si esta medida será suficiente para prevenir dicho efecto en la práctica, dado que los incentivos comerciales relacionadas con las garantías de cartera podrían incrementar el riesgo del sistema; pide a la Comisión que proponga medidas adicionales dirigidas a minimizar el riesgo de contagio;

17.

Solicita a la Comisión que garantice el establecimiento de principios sólidos que rijan los acuerdos contractuales entre una ECC y sus miembros compensadores y la forma en que los miembros compensadores transmiten las pérdidas a sus clientes, de tal manera que deba agotarse el fondo de garantía del miembro compensador antes de que las pérdidas de un miembro compensador en situación de impago se transmitan al cliente como parte de un proceso transparente de asignación de pérdidas;

18.

Estima que los acuerdos contractuales entre una ECC y sus miembros compensadores deben distinguir entre las pérdidas ocasionadas por el incumplimiento de un miembro y las debidas a otros motivos, como las sufridas como consecuencia de malas decisiones de inversión que haya adoptado la ECC; pide a la Comisión que garantice que se mantiene plenamente informado al comité de riesgos de las ECC de las inversiones de estas, de manera que pueda ejercer un control adecuado; opina que las herramientas de rescate, como la suspensión de los dividendos y el pago de remuneraciones variables o la restructuración voluntaria del pasivo a través de su conversión en capital, deben considerarse las más apropiadas en estas circunstancias;

19.

Considera que todas las ECC deben contar con mecanismos integrales de rescate que garanticen una protección más allá de los fondos y recursos que requiere el Reglamento EMIR; estos planes de rescate deben brindar protección frente a todas las circunstancias previsibles y deben incluirse y publicarse como parte de la normativa que regula las ECC;

20.

Afirma que la línea divisoria entre el rescate y la resolución en el caso de las ECC se establece cuando se agota el flujo de impagos y se ha llegado al límite de la capacidad de absorción de pérdidas de la ECC; opina que, en ese momento, el supervisor debe estudiar de forma activa la opción de disolver el consejo de administración de la ECC y la posibilidad de traspasar servicios críticos de la ECC o entregar su control operativo a otro prestador de servicios; considera que las autoridades de resolución deben disponer del necesario margen de apreciación de la situación, así como de cierto margen de maniobra, de modo que puedan motivar sus decisiones;

21.

Considera que, durante el ejercicio de tal apreciación, las autoridades de resolución deben aplicar los siguientes criterios muy específicos:

22.

Hace hincapié en la necesidad de tratar la «continuidad del servicio» como un objetivo clave de la resolución;

23.

Destaca que en la participación de los miembros compensadores en la asignación de pérdidas antes de disolver la administración de la ECC no debe intervenir el dinero ni los activos de clientes directos ni indirectos, mientras que la autoridad de resolución, cuando sea competente, puede emplear herramientas de resolución para la asignación de pérdidas, como recortar los márgenes de variación o recargar el fondo de garantía con miembros compensadores que no se encuentren en situación de impago, siguiendo el plan de resolución de la forma más cercana posible;

24.

Considera que, si la autoridad de resolución tuviera la posibilidad de imponer una suspensión de los derechos de terminación temprana que inhabilitase a la ECC durante un período máximo de dos días, ello podría permitir al mercado revalorizar correctamente los contratos, de manera que se permitiese una difusión más ordenada del riesgo; la existencia y el ejercicio de dicha prerrogativa deben examinarse cuidadosamente de manera que queden subordinados, como mínimo, a que la autoridad de resolución determine que es necesario imponer una suspensión en interés de la estabilidad financiera, teniendo en cuenta los objetivos de la resolución, la interacción con los regímenes bancarios u otros regímenes de resolución pertinentes aplicables a los miembros compensadores, la gestión del incumplimiento y el riesgo de la ECC y el impacto en cada uno de los mercados de la ECC, en los participantes compensadores y en los mercados financieros en general; a ello se le añadiría necesariamente la facultad para suprimir la obligación de compensación como medida de último recurso tras haberse considerado al menos si otra ECC puede proporcionar la compensación a corto plazo;

25.

Reconoce que los miembros compensadores de las ECC proceden de un amplio número de países; considera, por tanto, que el marco de resolución de una ECC solo será eficaz cuando lo sea en todas las jurisdicciones afectadas; estima, por consiguiente, que es necesario actualizar los marcos nacionales de insolvencia para adaptarlos al nuevo régimen de resolución europeo;

26.

Considera que las entidades de contrapartida central con licencia bancaria deben estar sujetas a un régimen específico para este tipo de entidades, y no al régimen propuesto para el rescate y la resolución de entidades bancarias que se establece en la Directiva sobre rescate y resolución bancarias; considera especialmente preocupante, a este respecto, que el régimen para entidades bancarias propuesto exija que estas dispongan de un importe agregado de deuda que pueda recapitalizarse (bail-in); cree que tal facultad no sería apropiada para entidades de contrapartida central con licencia bancaria, ya que no suelen emitir dichos instrumentos de deuda;

27.

Establece que la responsabilidad de un DCV es garantizar que su plan de rescate ofrece claramente una continuidad operativa en escenarios razonables de crisis, de tal manera que, incluso si se puede prescindir de otras partes de su negocio, el DCV o un proveedor externo existente, en los términos que disponga el Reglamento sobre los DCV, pueda continuar ejerciendo la función de liquidación principal del DCV, así como prestando sus demás servicios básicos;

28.

Pide que, en caso de que no sea inminente una propuesta legislativa independiente, se incluya en el Reglamento sobre los DCV el requisito de que las autoridades nacionales competentes garanticen la elaboración de planes adecuados de rescate y resolución en consonancia con las normas internacionales establecidas por el CEF y el grupo CSPL-OICV aplicables al conjunto de los DCV, haciendo referencia a los artículos de la Directiva sobre rescate y resolución bancarias aplicables a los DCV que operen con licencia bancaria;

29.

Solicita a los Estados miembros que, en ausencia de una legislación que regule los valores depositados, desarrollen y coordinen los regímenes de administración especiales de los DCV a fin de aumentar la seguridad en lo relativo a cómo se mantendrá la continuidad operativa en casos de crisis, en particular mediante el acceso garantizado a los registros, archivos o cuentas del DCV a fin de que la autoridad de resolución o la autoridad nacional competente pueda identificar fácilmente a los titulares de los activos;

30.

Pide a la Comisión que vele por que la propuesta de un marco para el rescate y la resolución de DCV asegure, en la medida de lo posible, la continuidad de los DCV durante el rescate y la resolución;

31.

Pide a la Comisión que garantice que la propuesta de un marco para el rescate y la resolución de los DCV asegure la continuidad del entorno legislativo de los DCV, en particular, respetando la Directiva sobre la firmeza de la liquidación, los mecanismos de entrega contra pago, el funcionamiento de las conexiones entre DCV, y los contratos con los proveedores de servicios críticos durante el rescate y la resolución;

32.

Observa que en la UE existe desde hace tiempo reglamentación prudencial en materia de seguros; subraya la importancia de que los Estados miembros adopten un enfoque coherente y convergente con miras a la aplicación de Solvencia II en un plazo razonable, como dispone la Directiva Ómnibus II; pide que se lleven a término las negociaciones sobre Ómnibus II para que puedan concluirse puntualmente los niveles dos y tres de Solvencia II, manteniendo así al mínimo la probabilidad de que tengan que intervenir las autoridades de resolución;

33.

Solicita a la Comisión que tenga muy en cuenta la labor de la IAIS sobre el rescate y la resolución de las empresas de seguros, y que la considere en el contexto del nivel dos de Solvencia II, la legislación sobre conglomerados financieros y la Directiva sobre la mediación en los seguros y que colabore con los socios internacionales a fin de cumplir el calendario establecido por el CEF para llevar a la práctica las recomendaciones de política, como la obligación de que las entidades aseguradoras sistémicas cuenten con planes de rescate y resolución, así como las evaluaciones de la viabilidad de la resolución, el reforzamiento de la supervisión de grupo y las mayores requisitos de absorción de pérdidas; reconoce que los largos plazos habituales en los pasivos por seguros, las diferencias existentes entre el sector de los seguros y el sector bancario en cuanto a los ciclos temporales, los períodos de liquidación y la naturaleza de las actividades, junto con los instrumentos a disposición de los reguladores, ya permiten adoptar prácticas de resolución eficientes; cree, por consiguiente, que debe prestarse una mayor atención al rescate;

34.

Lamenta que la IAIS y el CEF hayan retrasado a julio de 2014 la publicación de las directrices para la evaluación de la importancia sistémica de los reaseguradores y las recomendaciones de política al respecto; pide a la Comisión que examine atentamente el riesgo sistémico que representan los reaseguros, en especial en relación con su papel central en la gestión de riesgos de seguros, su alto grado de interdependencia y su baja sustituibilidad;

35.

Pide a la Comisión que analice pormenorizadamente si la importancia sistémica de los gestores de activos debe designarse en función de su ámbito de actividad y empleando un conjunto amplio de indicadores tales como su tamaño, su modelo de negocio, su ámbito geográfico, su perfil de riesgo, su solvencia y el hecho de que negocien por cuenta propia o de que estén sujetos a requisitos de segregación de los activos de sus clientes, así como otros factores pertinentes;

36.

Señala que los activos de los clientes están segregados y en entidades depositarias y que, por tanto, la posibilidad de que estos activos sean transferidos a otro gestor constituye una garantía considerable;

37.

Opina que una legislación eficaz sobre valores depositados podría mitigar muchos de los problemas derivados de la posible insolvencia de un importante gestor de activos transfronterizo;

38.

Pide a la Comisión que se comprometa con las autoridades y los supervisores financieros internacionales pertinentes a identificar las insuficiencias en sistemas de pago de importancia sistémica mundial y en los acuerdos en vigor para garantizar la continuidad del servicio en caso de insolvencia;

39.

Señala que, dado que los sistemas de pago forman el núcleo de todas las transferencias de liquidez, es evidente que una perturbación del mercado en un sistema de este tipo produciría efectos de contagio significativos en otros agentes de los mercados financieros; observa que la Directiva sobre firmeza de la liquidación de 1998 aspira ya a mitigar los riesgos potenciales de los sistemas de pago, aunque considera que no regula suficientemente el rescate y la resolución, por lo que es necesario adoptar disposiciones específicas para permitir que los sistemas de pago reaccionen de forma adecuada en circunstancias adversas;

40.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

15.12.2016   

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C 468/12

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Visto el título XIX, artículo 189, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que se refiere a la política de investigación y desarrollo tecnológico y a la política espacial y, en particular, a la elaboración de una política espacial europea para favorecer el progreso científico y técnico, la competitividad industrial y la aplicación de las políticas de la Unión,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de febrero de 2013, titulada «Política de la UE sobre industria espacial» (COM(2013)0108),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2010, titulada «Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira» (COM(2010)0614),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de abril de 2011, titulada «Hacia una estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del ciudadano» (COM(2011)0152),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, titulada «Establecimiento de las relaciones apropiadas entre la UE y la Agencia Espacial Europea» (COM(2012)0671),

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Vista la Decisión 2004/578/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la Agencia Espacial Europea (1),

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Vistas las Conclusiones del Consejo de 11 de octubre de 2010, 31 de mayo de 2011, 2 de diciembre de 2011 y 30 de mayo de 2013,

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Vista su Resolución, de 19 de enero de 2012 (2), sobre una estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del ciudadano,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0338/2013),

A.

Considerando que el artículo 189 del TFUE confiere a la Unión Europea un cometido explícito en la elaboración de una política espacial para favorecer el progreso científico y técnico, la competitividad industrial y la aplicación de sus políticas;

B.

Considerando que, en un entorno de creciente competencia de los países emergentes en el sector del espacio, como China y la India, el peso político de los Estados miembros de la UE en términos nacionales ya no es suficiente para hacer frente a los futuros desafíos en este sector;

C.

Considerando que la política espacial constituye un elemento fundamental de la Estrategia Europa 2020;

D.

Considerando que innumerables servicios utilizados por los ciudadanos en su vida cotidiana dependen directa o indirectamente de la industria espacial, como la televisión, los servicios de internet de alta velocidad, los sistemas de navegación o el sistema automático europeo de llamadas de emergencia eCall;

E.

Considerando que la industria espacial europea genera un volumen de negocios consolidado de 6 500 millones de euros y emplea a más de 34 500 personas muy cualificadas; que, en esta época de dificultades económicas, debe ponerse de relieve la importancia de la industria espacial como sector con un gran potencial de crecimiento e innovación, creador de empleo de gran valor añadido;

F.

Considerando que en la actualidad no existe una coordinación suficiente de las medidas de política espacial entre la UE, los Estados miembros y la Agencia Espacial Europea (ESA), y que esta descoordinación ha dado lugar a la duplicación de estructuras y ha impedido que puedan explotarse suficientemente las sinergias; que el establecimiento de un marco de gobernanza claro en el sector espacial generaría un ahorro enorme gracias a una mayor eficiencia;

G.

Considerando que la ESA, como organización intergubernamental, no mantiene ninguna relación formal con el Parlamento Europeo, por lo que no ha de responder directamente ante los ciudadanos, al contrario de lo que ocurre en todos los ámbitos de la política de la Unión;

H.

Considerando que la industria espacial precisa de cuantiosas inversiones y se caracteriza por unos ciclos de desarrollo particularmente largos, por lo que la coherencia en la planificación tiene una importancia crucial; que la visibilidad que ello proporciona se beneficiará en gran medida de la existencia de un marco normativo estable y un marco de gobernanza claro;

I.

Considerando que la operatividad de un sistema de lanzamiento europeo podría contribuir a asegurar un acceso independiente al espacio;

J.

Considerando que la UE depende en la actualidad de GNSS militares no europeos y que Galileo se concibió y desarrolló bajo control civil, y permanecerá bajo el mismo;

K.

Considerando que las ventas comerciales poseen una importancia considerablemente mayor para la industria espacial europea que para sus principales competidores internacionales;

L.

Considerando que los servicios por satélite desempeñan un importante papel en el suministro de información a los sectores de crecimiento de la sociedad digital y contribuyen a alcanzar los objetivos de la Agenda Digital de la UE;

M.

Considerando que los expertos estiman que, en el plazo de diez años, el mercado de la navegación por satélite y de servicios de observación terrestre podría alcanzar un volumen de negocios de 300 000 millones de dólares USA, y que ya actualmente entre el 6 % y el 7 % del PIB de los Estados miembros occidentales de la UE depende de la navegación por satélite;

N.

Considerando que, debido a la creciente demanda de servicios de comunicaciones inalámbricas, a las propiedades físicas de la propagación de las ondas y a la consiguiente escasez de radiofrecuencias, la coordinación internacional de la utilización del espectro reviste una importancia cada vez mayor;

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la política de la UE sobre industria espacial; considera que la Comisión debería centrarse en un número limitado de medidas de política industrial en el sector del espacio contempladas en la Comunicación, con el fin de aprovechar realmente el potencial de crecimiento de dicho sector;

2.

Hace hincapié en que todos los actores involucrados en la gestión de las futuras políticas espaciales de la UE, como la Comisión, la Agencia del GNSS Europeo, la ESA, las agencias nacionales y los organismos especializados, como EUMETSAT, deben estar vinculados entre sí y funcionar a largo plazo;

3.

Considera que las agencias nacionales podrían presentar propuestas concretas en este sentido de modo que la Comisión pudiera combinar las aportaciones de los Estados miembros y definir una visión de la UE;

4.

Subraya que la Comisión debe elaborar lo antes posible una hoja de ruta clara para el GMES/Copernicus y para el desarrollo y el despliegue de los diversos satélites Sentinel, así como el marco jurídico y operativo propuesto para este complejo sistema;

5.

Apoya la intención de la Comisión de adoptar medidas encaminadas a establecer un marco normativo coherente en el sector del espacio en la UE; aboga por la creación de un auténtico mercado interior de la UE para los productos y los servicios espaciales; considera importante que se formulen y desarrollen políticas cuya aplicación no perjudique ni distorsione las condiciones comerciales del mercado; observa que la neutralidad y la transparencia competitivas son pilares fundamentales del desarrollo de la política espacial europea;

6.

Observa que la Comisión no ha desarrollado todavía un enfoque horizontal dirigido a integrar la política espacial y sus objetivos en los diferentes ámbitos de la política de la Unión; pide a la Comisión que desarrolle dicho enfoque en el futuro, teniendo en cuenta la política espacial en ámbitos como, por ejemplo, las telecomunicaciones, el transporte, el medio ambiente, la agricultura, la seguridad o la cultura;

7.

Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión según la cual los servicios espaciales de telecomunicaciones, navegación y observación de la Tierra proporcionan a la UE conocimientos importantes desde el punto de vista estratégico en los que se asientan sus relaciones exteriores en el ámbito de la ayuda al desarrollo y humanitaria;

8.

Pide a la Comisión que conceda prioridad a los siguientes aspectos: cuestiones institucionales; Galileo y Copernicus; la industria espacial como generadora de crecimiento y empleo; evaluación del impacto de las actividades relacionadas con el espacio; acceso independiente al espacio; el papel de la I+D; comunicación por satélite; la vigilancia y el seguimiento espaciales; y los desechos espaciales;

9.

Suscribe la idea apuntada por la Comisión de que muchos componentes de los sistemas espaciales son de doble uso o de naturaleza militar y, por tanto, están sujetos a la Directiva 2009/43/CE, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (3), modificada por la Directiva 2012/47/UE, de 14 de diciembre de 2012, en lo que se refiere a la lista de productos relacionados con la defensa, al Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (4), o a la Posición Común sobre las exportaciones de armas; celebra que en la Comunicación se proponga la presentación de un informe formal al Parlamento acerca del sistema de control de las exportaciones de productos de doble uso antes de que termine 2013; pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Grupo de Trabajo sobre Exportación de Armas Convencionales del Consejo de la Unión Europea (COARM) que especifiquen qué marco normativo debe aplicarse a cada categoría de recursos y tecnología;

10.

Reconoce los éxitos que la ESA ha logrado para Europa en el sector de las misiones espaciales en las últimas décadas, y alienta a los Estados miembros no pertenecientes a la ESA a que consideren la adhesión o una cooperación más intensa; observa, no obstante, que, a largo plazo, puede lograrse una mayor eficiencia operativa y una mayor coordinación y responsabilidad políticas mediante una cooperación más estrecha entre la ESA y la UE, con el fin, entre otras cosas, de evitar la duplicación de actividades y los solapamientos; pide a la Comisión que estudie cuidadosamente si en el futuro podría vincularse la ESA, por ejemplo, a las estructuras de gobernanza de la Unión como una organización interestatal, mientras no se considere oportuno convertir la ESA en una agencia europea;

11.

Considera que, entretanto, la UE, en estrecha colaboración con la ESA, debe coordinar en mayor medida que hasta la fecha las políticas y los programas espaciales de los Estados miembros, con el fin de adoptar un verdadero enfoque europeo, garantizando al mismo tiempo que se respetan los intereses de la ESA y sus Estados miembros; constata que solo un enfoque europeo puede brindar a la industria espacial la oportunidad de llegar a ser y de mantenerse competitiva;

12.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a la ESA que, con el fin de evitar la duplicación de estructuras y de desarrollar un enfoque común ante las cuestiones y los foros internacionales, establezcan una modalidad de grupo de coordinación cuyos miembros se encarguen de coordinar en reuniones periódicas las estrategias y las medidas en el sector del espacio;

13.

Observa que un mayor uso militar de los recursos espaciales no debe reducir ni limitar su uso civil y sus posibles aplicaciones civiles futuras; pide a los Estados miembros y a la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión que pongan en marcha una revisión del desfasado Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 o, de otro modo, que creen un nuevo marco normativo que tenga en cuenta el progreso tecnológico desde la década de los sesenta;

14.

Destaca que debe otorgarse la máxima prioridad a la conclusión de Galileo y a la continuación de Copernicus, en su condición programas emblemáticos de la política espacial europea, de forma que los primeros servicios de Galileo puedan abrirse efectivamente al público en 2014;

15.

Subraya que EGNOS es el primer programa europeo operativo de GNSS; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y apliquen el uso de EGNOS en ámbitos diversos, como el transporte;

16.

Lamenta que en el pasado se hayan producido retrasos en la creación del programa europeo de navegación por satélite Galileo; acoge con satisfacción la colocación de cuatro satélites en la órbita terrestre; hace hincapié en que las ventajas y la utilidad de Galileo en particular y de la industria espacial europea en general deberían transmitirse a la sociedad de forma más efectiva, y pide a la Comisión que, coincidiendo con futuros lanzamientos de satélites Galileo, organice actos públicos de gran proyección en las capitales de la UE para dar a conocer Galileo y sus posibles aplicaciones;

17.

Destaca la necesidad de que la UE informe a la población, atraiga a futuros ingenieros, difunda información sobre la navegación por satélite de la UE y proponga un conjunto de incentivos para todos los usuarios con el fin de que utilicen las tecnologías habilitadas por Galileo y EGNOS;

18.

Está convencido de que alcanzar la capacidad operativa completa de Galileo, basada en una constelación de veintisiete satélites más un número suficiente de satélites de recambio y una estructura terrestre adecuada, es imprescindible para realizar el valor añadido de este programa, en especial en lo que respecta a la alta precisión y a un servicio ininterrumpido, y para cosechar de ese modo considerables beneficios económicos y sociales;

19.

Lamenta que a día de hoy el sistema EGNOS no cubra toda la UE, y pide que este sistema se amplíe al sur, el este y el sureste de Europa, de modo que sea posible utilizarlo en toda Europa;

20.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que informen al Parlamento de sus planes de utilizar el programa Copernicus y el servicio público regulado del programa Galileo para respaldar las misiones y operaciones de la PCSD;

21.

Constata que las PYME —en particular, aunque no en exclusiva— necesitan un tipo de financiación activadora procedente del sector público que les facilite los fondos suficientes para invertir en I+D a largo plazo; está convencido de que la financiación pública y la existencia de clientes del sector público para los productos y servicios de la industria espacial pueden impulsar la innovación, fomentando así el crecimiento y el empleo;

22.

Reitera que la UE no debe perder la oportunidad de desarrollar el mercado descendente de la navegación por satélite, y subraya la importancia de un plan de acción para la Agencia del GNSS Europeo con el fin de ampliar el mercado del GNSS, que será crucial para el futuro de la economía de la UE;

23.

Recuerda que las nuevas aplicaciones de navegación por satélite pueden aumentar la seguridad, eficiencia y fiabilidad en diversos ámbitos, como en los sectores de la aviación, marítimo, del transporte por carretera y la agricultura, la seguridad vial, el cobro de tarifas, la gestión del tráfico y el estacionamiento, la gestión de flotas, las llamadas de emergencia, el seguimiento y la localización de mercancías, las reservas en línea, la seguridad de la navegación, los tacógrafos digitales, el transporte de animales y la gestión sostenible del suelo;

24.

Observa que, según la Comunicación, un 60 % de los componentes electrónicos de los satélites europeos son importados actualmente de los Estados Unidos; pide una iniciativa sobre la manera de proteger los datos personales o sensibles en este contexto, así como para que se utilice el procedimiento actual de contratación pública para garantizar, en la medida de lo posible, que la adquisición de infraestructuras espaciales de los Estados miembros se utiliza como motor adicional de crecimiento en el sector;

25.

Insta a la Comisión, a la ESA, a la AED y a los Estados miembros a identificar tecnologías esenciales en el contexto del proceso conjunto de no dependencia europea y a desarrollar alternativas que dependan en menor medida de terceros países; recuerda el riesgo de que los Estados Unidos puedan anular o bloquear la infraestructura espacial europea en caso de desacuerdo;

26.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan incentivos para que la industria europea desarrolle componentes espaciales a nivel europeo con el fin de reducir la dependencia de las importaciones procedentes de terceros países;

27.

Observa que las empresas que operan fuera del ámbito de la industria espacial pueden beneficiarse de los productos derivados de la investigación espacial; pide, por tanto, a todas las partes interesadas que desarrollen intercambios entre los actores de las industrias espacial y no espacial y que se asocien para desarrollar tecnologías capaces de introducir innovaciones pioneras en beneficio de la sociedad; destaca el interés de comunicar mejor las ventajas concretas que la industria espacial puede aportar a la vida cotidiana de los europeos;

28.

Hace hincapié en que los servicios espaciales y el sector de la robótica, en particular, crean numerosas oportunidades comerciales, especialmente para las PYME;

29.

Destaca que los sistemas de robótica autónomos e inteligentes son tecnologías fundamentales para dar continuidad a la tarea de exploración del espacio; apunta, en este contexto, a un uso eficiente de los fondos europeos en el marco de Horizonte 2020, especialmente en lo que se refiere a actividades próximas al mercado;

30.

Hace hincapié en que disponer de un número suficiente de trabajadores altamente cualificados es un factor clave para lograr una industria espacial europea competitiva; pide, por tanto, a todas las partes interesadas que intensifiquen la cooperación entre las universidades y la industria y que animen a los jóvenes con talento, en particular a las mujeres, a dedicarse a este ámbito de actividad (por ejemplo, mediante la creación de programas de posgrado y planes de formación a escala nacional, así como concursos para investigadores europeos y no europeos); observa, además, que es indispensable atraer talentos de terceros países (incentivando también el retorno del talento europeo);

31.

Hace hincapié en la importancia del acceso al espacio para todos los Estados miembros, así como de las ventas comerciales para la industria espacial europea; señala, al mismo tiempo, que el acceso a los mercados institucionales de terceros países permanece parcialmente cerrado a la industria europea; subraya la importancia de que exista igualdad de condiciones iniciales para la industria europea en el plano internacional; pide, por tanto, a la Comisión que promueva la reciprocidad y garantice la igualdad de oportunidades y unas condiciones de competencia equitativas en los acuerdos comerciales (por ejemplo, en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP));

32.

Hace hincapié en la importancia de desarrollar y utilizar lanzadores aeroespaciales europeos para el acceso independiente al espacio; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que, junto con la ESA, mantengan y amplíen un sistema de lanzamiento europeo y un servicio de lanzamiento aeroespacial a largo plazo;

33.

Considera que la industria espacial europea debería hacer uso de la actual infraestructura espacial europea, parte del cual se ha financiado con fondos públicos europeos;

34.

Se congratula, además, de que, en virtud del nuevo programa marco de investigación Horizonte 2020, vayan a invertirse 1 500 millones de euros en la investigación y la innovación espaciales; pide, por otra parte, a la Comisión que, en el marco de Horizonte 2020, se destine una parte del presupuesto disponible para I+D a las aplicaciones de la comunicación por satélite;

35.

Considera que, especialmente en el ámbito de la investigación, es necesaria una mayor coordinación entre la UE, la ESA y los Estados miembros; pide a las tres partes que desarrollen un «plan de ruta de la investigación» para el período que termina en 2020, y que definan las prioridades y los objetivos de la política espacial que deben alcanzarse conjuntamente, con el fin de asegurar la coherencia de la planificación a los actores implicados, en particular del sector industrial; subraya la importancia de cooperar con terceros países en materia de investigación;

36.

Hace hincapié en que resulta esencial desarrollar las aplicaciones y los servicios del GNSS para garantizar que se saca el máximo partido a la inversión en infraestructuras que supone Galileo y para contribuir a que el sistema Galileo pueda desarrollar su máxima capacidad; insiste en la necesidad de asegurar un nivel adecuado de financiación para la investigación y el desarrollo de GNSS, así como para su aplicación; lamenta que la reducción de la financiación destinada a la investigación y la innovación para aplicaciones basadas en EGNOS y Galileo esté retrasando considerablemente el progreso tecnológico y el crecimiento de la capacidad industrial, así como la aplicación eficaz desde el punto de vista medioambiental en la UE, por lo que pide a la Comisión que cree mecanismos que faciliten a las PYME el acceso a la financiación;

37.

Señala que el desarrollo de aplicaciones innovadoras se ve dificultado en Europa por una serie de obstáculos; recuerda, por tanto, a la Comisión que existe un mercado sin explotar para la explotación comercial de los datos espaciales generados por los programas de observación terrestre y los programas por satélite; pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio dirigido a determinar los obstáculos (por ejemplo, responsabilidad por daños causados por objetos/desechos espaciales, la incertidumbre acerca de la disponibilidad de los servicios, las reservas con respecto a la seguridad y la protección de datos, el conocimiento insuficiente del potencial, y la falta de interoperabilidad) y formule posibles propuestas sobre las modalidades de apertura de esos mercados;

38.

Destaca que la comunicación por satélite desempeña un importante papel en la industria espacial europea, dado que la demanda de este sector asegura una utilización continua de vehículos espaciales y lanzadores, contribuyendo así al objetivo de dotar a la UE de un acceso independiente al espacio; atrae la atención, en este contexto, sobre el papel de la capacidad de carga útil independiente que se genera con el lanzamiento de satélites comerciales (hosted payloads), que pueden utilizarse para probar nuevos productos y tecnologías en el espacio, y contribuir así a reducir el coste y el tiempo necesarios para poder ofrecer nuevos servicios;

39.

Destaca que la comunicación por satélite es una forma eficiente de ofrecer servicios multimedia también a aquellos usuarios de la industria y la sociedad a los que hasta ahora ha sido imposible prestar dichos servicios por medio de las tecnologías terrestres;

40.

Destaca que las redes de satélites contribuyen al logro de los objetivos de la Agenda Digital de la UE, con miras a conseguir que la UE disponga de cobertura de internet de banda ancha en todo su territorio, especialmente en las zonas más remotas; insta, por tanto, a la Comisión a que, atendiendo a la neutralidad tecnológica, los servicios de internet por satélite se tomen debidamente en cuenta en la combinación de tecnologías destinada a la expansión de la banda ancha, por ejemplo, en la política de cohesión de la UE;

41.

Señala que la comunicación por satélite está asumiendo una función logística cada vez más importante en las crisis —por ejemplo, en los desastres naturales— o en el mantenimiento de la seguridad interna, dado que sus enlaces de datos y comunicación son vitales en situaciones en las que no existe una infraestructura terrestre o esta ha sido destruida;

42.

Pide, por tanto, a la Comisión que analice la disponibilidad actual y las necesidades futuras de frecuencias de radio para las comunicaciones por satélite, y que en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT garantice una defensa adecuada de los intereses de la UE y de los intereses del sector de las comunicaciones por satélite en la asignación global y regional del espectro;

43.

Considera que el potencial de innovación en el ámbito de la comunicación por satélite no se ha agotado en modo alguno; pone de relieve el potencial que albergan las últimas tecnologías, como los terminales de comunicación por láser (LCT) o los satélites de alto rendimiento (HTS) para satisfacer las necesidades que plantea el creciente volumen de intercambio de datos a velocidades cada vez mayores;

44.

Destaca que Europa solo podrá mantener su avance tecnológico en el sector de las comunicaciones por satélite si se da continuidad a la actividad investigadora en este ámbito a nivel europeo;

45.

Destaca que la infraestructura espacial constituye la espina dorsal de muchos servicios utilizados por la industria y la sociedad en la vida cotidiana; señala que la pérdida de acceso a dicha infraestructura, por ejemplo como resultado de colisiones entre satélites, o de satélites con otros objetos o con desechos espaciales, podría poner en peligro la seguridad de los agentes económicos y de los ciudadanos;

46.

Advierte que los desechos espaciales representan un problema cada vez mayor; pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen en favor de una gobernanza mundial del espacio; insta, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros a que alienten a los terceros países a suscribir el Código de Conducta para las actividades en el espacio ultraterrestre, elaborado por la UE a través de todos los canales diplomáticos;

47.

Pide a la Comisión que promueva el establecimiento a escala europea, lo antes posible, del programa propuesto a principios de este año para apoyar la observación y el seguimiento de objetos en el espacio, con el fin de asegurar una mayor independencia de los organismos estadounidenses que emiten avisos de colisiones;

48.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 468/19

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de septiembre de 2012, titulada «Liberar el potencial de la computación en nube en Europa» (COM(2012)0529),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa» (COM(2010)0245),

—

Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 2015.eu (1),

—

Vista la Decisión no 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico,

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 25 de enero de 2012, para un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos) (COM(2012)0011),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 19 de octubre de 2011, para un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa» (COM(2011)0665),

—

Vista la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad,

—

Visto el documento del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) sobre una cartografía de normas en la nube,

—

Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

—

Vista la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (2),

—

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (3),

—

Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (4),

—

Vista la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (5),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0353/2013),

A.

Considerando que aunque los servicios de computación remota en varias formas, conocidos hoy comúnmente como «computación en la nube», no sean una novedad, la magnitud, las prestaciones y el contenido de la computación en la nube constituyen un avance significativo en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

B.

Considerando que, a pesar de ello, la computación en la nube ha captado la atención en los últimos años debido al desarrollo de modelos de negocio a gran escala nuevos e innovadores, al fuerte impulso dado por los proveedores de servicios en la nube, a las innovaciones tecnológicas y las mayores capacidades de computación, a los precios más bajos y las comunicaciones de alta velocidad, así como a los potenciales beneficios económicos y de eficiencia —también en lo que respecta al consumo de energía— que los servicios en la nube ofrecen a todo tipo de usuarios;

C.

Considerando que el despliegue y el desarrollo de los servicios en la nube en regiones poco pobladas y remotas puede contribuir a reducir su aislamiento, al tiempo que plantea grandes desafíos dada la insuficiente disponibilidad de la infraestructura necesaria;

D.

Considerando que los beneficios de los servicios en la nube para los proveedores consisten en, entre otros, cuotas de servicio, monetización de la infrautilización y del exceso de recursos de computación, economías de escala, la posibilidad de una base de clientes cautivos (el llamado efecto «cautividad») y de usos secundarios de la información del usuario, como la publicidad, teniendo debidamente en cuenta los requisitos en materia de privacidad y protección de los datos personales; considerando asimismo que el efecto «cautividad» puede conllevar desventajas competitivas que, en cualquier caso, podrán afrontarse con unas medidas de normalización razonables y una mayor transparencia en materia de acuerdos de licencia de propiedad intelectual;

E.

Considerando que los beneficios de los servicios en la nube para los usuarios son unos costes potencialmente menores, el acceso ubicuo, la practicidad, la fiabilidad, la escalabilidad y la seguridad;

F.

Considerando que la computación en la nube también entraña riesgos para los usuarios —en particular en lo que a datos sensibles se refiere—, de los que estos han de ser conscientes; que si la computación en la nube se lleva a cabo en un país determinado, las autoridades de dicho país pueden acceder a los datos; que la Comisión debe tener esto en cuenta a la hora de elaborar propuestas y recomendaciones relativas a la computación en la nube;

G.

Considerando que los servicios en la nube obligan a los usuarios a entregar información al proveedor de almacenamiento en la nube o a un tercero, lo que plantea cuestiones relativas al control continuo sobre la información de usuarios individuales y al acceso a la misma, así como a su protección frente al mismo proveedor, otros usuarios del mismo servicios y otras partes; que algunas de las cuestiones relacionadas con este problema podrían resolverse fomentando aquellos servicios que solo permiten que sean los usuarios quienes tengan las claves de la información almacenada, sin dar acceso a dicha información a los proveedores de almacenamiento en la nube;

H.

Considerando que la mayor utilización de servicios en la nube prestados por un número limitado de grandes proveedores significa que mayores cantidades de información se acumulan en manos de dichos proveedores, con lo que aumenta la eficiencia pero crecen también los riesgos de pérdidas catastróficas de información, de puntos centralizados de fallos que podrían debilitar la estabilidad de Internet y de acceso a la información por parte de terceros;

I.

Considerando que deberían aclararse las responsabilidades de todas las partes implicadas en los servicios de computación en la nube, sobre todo en lo que respecta a la seguridad y al cumplimiento de los requisitos en materia de protección de datos;

J.

Considerando que el mercado de servicios en la nube se bifurca en dos líneas: la del consumidor y la empresarial;

K.

Considerando que, para las empresas, los servicios en la nube normalizados pueden, si satisfacen las necesidades particulares del usuario, resultar un medio atractivo de convertir los costes de capital en gastos de funcionamiento y de permitir una rápida disponibilidad y un ajuste de escala de almacenamiento y una capacidad de procesamiento adicionales;

L.

Considerando que, para los particulares, el hecho de que los proveedores de sistemas operativos para distintos tipos de dispositivos destinados a los consumidores, en particular, orienten cada vez más a estos consumidores (mediante el uso de configuraciones por defecto, etc.) hacia la utilización de servicios en la nube privados significa que estos proveedores están creando una base de consumidores cautivos y acumulando información sobre sus usuarios;

M.

Considerando que la utilización de servicios en la nube externos en el sector público debe evaluarse atentamente sopesando el incremento del riesgo en relación con la información sobre los ciudadanos y la garantía del desempeño de las funciones de servicio público;

N.

Considerando que, desde una perspectiva de seguridad, la introducción de servicios en la nube significa que la responsabilidad de mantener la seguridad de la información perteneciente a cada usuario individual se traslada del individuo al proveedor, creando así la necesidad de asegurar que los proveedores de servicios tengan la capacidad jurídica de ofrecer soluciones seguras y sólidas en cuestiones de comunicación;

O.

Considerando que el desarrollo de los servicios en la nube incrementará la cantidad de datos transmitidos y la demanda de banda ancha, de velocidades superiores de carga y de una mayor disponibilidad de la banda ancha de alta velocidad;

P.

Considerando que el logro de los objetivos de la agenda digital europea, en particular la incorporación y el acceso a la banda ancha para todos, los servicios públicos transfronterizos y los objetivos en materia de investigación e innovación, es un paso necesario para que la UE aproveche plenamente los beneficios que puede ofrecer la computación en la nube;

Q.

Considerando que se han producido recientemente algunos avances relacionados con infracciones de seguridad, sobre todo en lo que se refiere al escándalo de espionaje de PRISM;

R.

Considerando que existe una carencia de parques de servidores en territorio europeo;

S.

Considerando que el mercado único digital es un factor clave para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que respaldará de forma significativa los esfuerzos por alcanzar los objetivos del Acta del Mercado Único y por hacer frente a la crisis económica y financiera que padece la UE;

T.

Considerando que el suministro, a escala de la UE, de redes de banda ancha, un acceso general y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos a los servicios de Internet y la garantía de la neutralidad de la red son condiciones fundamentales para el desarrollo del sistema europeo de computación en la nube;

U.

Considerando que el Mecanismo «Conectar Europa» pretende, entre otros aspectos, aumentar la incorporación de la banda ancha en Europa;

V.

Considerando que la computación en la nube debería estimular la integración de las PYME gracias a la reducción de las barreras de entrada al mercado (por ejemplo, mediante la reducción de los costes de infraestructuras de TI);

W.

Considerando que para disponer de un sistema de computación en la nube europeo es indispensable garantizar una normativa en materia de protección de datos a escala de la Unión;

X.

Considerando que el desarrollo de la computación en la nube contribuirá a fomentar la creatividad en beneficio tanto de los titulares de derechos como de los usuarios; que, además, se deben evitar las distorsiones del mercado único en el proceso y reforzar la confianza de los consumidores y de las empresas en la computación en la nube;

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la liberación del potencial de la computación en la nube en Europa y aprueba la intención de la Comisión de desarrollar un enfoque coherente para los servicios en la nube, pero considera que, en algunos aspectos, habría resultado más oportuno recurrir a un instrumento legislativo para alcanzar los ambiciosos objetivos fijados por la estrategia;

2.

Destaca que las políticas que hacen posible una infraestructura de comunicaciones de alta capacidad y segura constituyen un elemento fundamental para todos los servicios que se basan en las comunicaciones, incluidos los servicios en la nube, y subraya que, debido al presupuesto limitado del Mecanismo «Conectar Europa», el apoyo al desarrollo de la banda ancha ha de complementarse con la asistencia ofrecida en virtud de otros programas e iniciativas de la Unión, incluidos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

3.

Hace hincapié en que los servicios en la nube deben ofrecer seguridad y fiabilidad adecuadas a los riesgos crecientes que se derivan de la concentración de datos e información en manos de un número limitado de proveedores.

4.

Subraya que el Derecho de la Unión debe ser neutral y, a falta de razones imperiosas de interés general, no debe adaptarse ni para facilitar ni para entorpecer ningún modelo de negocio o servicio legales;

5.

Destaca que una estrategia sobre computación en la nube debería incluir aspectos colaterales, como el consumo de energía de los centros de datos y cuestiones ambientales ligadas a ello;

6.

Hace hincapié en las enormes posibilidades que ofrece el tener acceso a los datos desde cualquier dispositivo conectado a Internet;

7.

Destaca el interés obvio de la UE por tener más parques de servidores en su suelo, y ello desde una doble perspectiva: en términos de política industrial, esto daría lugar a mejores sinergias con los objetivos relativos al despliegue de las redes de acceso de nueva generación (NGA) establecidos en la agenda digital y, en lo que al régimen de protección de datos de la Unión se refiere, se fomentaría la confianza al garantizar la soberanía de la UE sobre los servidores;

8.

Subraya la importancia que tiene la alfabetización digital para todos los ciudadanos e insta a los Estados miembros a que desarrollen conceptos sobre cómo promover un uso seguro de los servicios de Internet, incluidos los servicios de computación en la nube;

9.

Hace hincapié en que, habida cuenta del potencial económico de la nube para aumentar la competitividad global de Europa, puede convertirse en un potente instrumento para el crecimiento y el empleo;

10.

Subraya, por consiguiente, que el desarrollo de servicios en la nube, a falta de una infraestructura de banda ancha o en caso de que esta sea insuficiente, podría agrandar la brecha digital que existe entre las zonas urbanas y rurales, lo que complicaría todavía más el logro de la cohesión territorial y del crecimiento económico regional;

11.

Destaca que la Unión se enfrenta a presiones sobre el crecimiento del PIB múltiples y simultáneas en un momento en que el margen para estimular el crecimiento a cargo de los fondos públicos está limitado por elevados niveles de deuda y de déficit, y pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que movilicen todo posible catalizador del crecimiento; observa que la computación en la nube puede convertirse en un desarrollo transformador en todos los sectores de la economía, con especial relevancia en ámbitos como la atención sanitaria, la energía, los servicios públicos y la educación;

12.

Hace hincapié en que el desempleo, incluido el desempleo juvenil y a largo plazo, ha alcanzado niveles inaceptablemente elevados en Europa y que es probable que siga manteniéndose alto en un futuro próximo, y en que es necesaria una acción decidida y urgente a todos los niveles políticos; observa que las cibercapacidades y las acciones de formación digital en el desarrollo de la computación en la nube pueden, como consecuencia, revestir una importancia extraordinaria a la hora de abordar el desempleo creciente, en especial entre los jóvenes;

13.

Subraya la necesidad de que los usuarios tengan más cibercapacidades y de que se ofrezca formación para mostrar los beneficios que puede aportar la computación en la nube; reitera la necesidad de crear más sistemas de cualificación para los especialistas que gestionan los servicios de computación en la nube;

14.

Destaca que las PYME son el núcleo de la economía de la UE y que son necesarias más acciones para fomentar la competitividad global de las PYME de la UE y para crear el mejor entorno posible para la incorporación de nuevos avances tecnológicos prometedores, tales como la computación en la nube, que pueden tener una repercusión enorme en la competitividad de las empresas de la UE;

15.

Insiste en el impacto positivo de los servicios de computación en la nube para las PYME, en particular para aquellas establecidas en zonas remotas o ultraperiféricas o que se enfrentan a dificultades económicas, ya que dichos servicios contribuyen a reducir los costes fijos de las PYME al permitir el alquiler de capacidad y almacenamiento informáticos, y pide a la Comisión que prevea un marco adecuado que permita a las PYME aumentar su crecimiento y productividad, dado que las PYME pueden beneficiarse de la reducción de los costes iniciales y de un mejor acceso a los instrumentos de análisis;

16.

Anima a la Comisión y a los Estados miembros a informar sobre el potencial económico de la computación en la nube, en especial a las PYME;

17.

Señala que la UE debe aprovechar el hecho de que esta tecnología se encuentre en una fase relativamente inicial y apostar por su desarrollo, a fin de aprovechar las economías de escala que se espera proporcione y dinamizar así su economía, en especial en el sector de las TIC;

18.

Subraya que el mercado interior debe permanecer abierto a todos los proveedores que cumplen la legislación de la Unión, ya que el libre flujo mundial de servicios y de información aumenta la competitividad de la industria de la Unión y sus oportunidades, además de beneficiar a los ciudadanos;

19.

Lamenta los indicios de un acceso masivo, invasivo e indiscriminado por parte de los gobiernos a información relacionada con los usuarios de la Unión y almacenada en nubes de terceros países, y pide que los proveedores de servicios de computación en la nube sean transparentes a la hora de gestionar la información que los consumidores les proporcionan al usar dichos servicios;

20.

Insiste en que, a fin de contrarrestar el riesgo de que gobiernos extranjeros accedan directa o indirectamente a la información cuando el Derecho de la Unión no lo permita, la Comisión debe:

21.

Celebra la intención de la Comisión de establecer un sistema de certificación común para toda la UE, que supondría un incentivo para los desarrolladores y los proveedores de servicios de computación en la nube para invertir en una mayor protección de la privacidad;

22.

Pide a la Comisión que, en cooperación con la industria de la Unión y otras partes interesadas, determine en qué ámbitos puede resultar especialmente atractivo a escala mundial la adopción de un enfoque específico de la Unión;

23.

Hace hincapié en la importancia de garantizar un mercado de la Unión competitivo y transparente a fin de ofrecer a todos los usuarios de la Unión unos servicios seguros, sostenibles, asequibles y fiables; aboga por un método sencillo y transparente para identificar los defectos de seguridad, de manera que eso suponga un incentivo suficiente y adecuado para que los proveedores de servicios en el mercado europeo solventen dichos defectos;

24.

Subraya que todos los proveedores de servicios en la nube que operan en la Unión deben competir en igualdad de condiciones, con las mismas normas aplicadas a todos;

25.

Destaca que la contratación de servicios en la nube por parte del sector público presenta el potencial de reducir costes para las administraciones públicas y proporcionar servicios más eficientes a los ciudadanos, mientras que el efecto de impulso digital para todos los sectores de la economía resultaría extremamente beneficioso; señala que el sector privado también puede beneficiarse de esos servicios en la nube para la contratación de soluciones innovadoras;

26.

Anima a las administraciones públicas a plantearse la integración de servicios en la nube seguros, fiables y protegidos en la contratación en materia de TI, a la vez que destaca sus responsabilidades específicas en lo que respecta a la protección de la información relativa a los ciudadanos, la accesibilidad y la continuidad del servicio;

27.

Pide, en especial, a la Comisión que se plantee utilizar servicios en la nube, si procede, a fin de dar ejemplo a los demás;

28.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren el trabajo de la Asociación Europea de Computación en la Nube;

29.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan de la computación en la nube un ámbito prioritario de los programas de investigación y desarrollo y que, en interés de los ciudadanos, la promocionen en la administración pública como una solución de administración electrónica innovadora y, en el sector privado, como una herramienta innovadora para el desarrollo empresarial;

30.

Hace hincapié en que el uso de servicios en la nube por parte de los poderes públicos, incluidos los cuerpos de seguridad y las instituciones de la UE, requiere una especial atención y coordinación entre los Estados miembros; recuerda que debe garantizarse la seguridad e integridad de los datos y evitarse todo acceso no autorizado, incluido el de los gobiernos extranjeros y sus servicios de inteligencia, no cubierto por la legislación de la Unión o un Estado miembro; subraya que lo mismo es aplicable a las actividades de tratamiento de datos específicas de ciertos servicios básicos no gubernamentales, en particular el tratamiento de categorías específicas de datos personales, como el de los bancos, aseguradoras, centros de enseñanza y hospitales; destaca, además, que lo anterior es especialmente importante si se transfieren datos entre diferentes jurisdicciones (fuera de la Unión Europea); considera, por consiguiente, que tanto las autoridades públicas como los servicios no públicos y el sector privado deben recurrir en la medida de lo posible a los proveedores de servicios en la nube de la UE cuando traten datos e información sensibles hasta que se hayan establecido a escala mundial normas satisfactorias en materia de protección de datos que garanticen la seguridad de datos sensibles y de las bases de datos mantenidas por las entidades públicas;

31.

Pide a la Comisión que encabece la promoción de normas y especificaciones que apoyen unos servicios en la nube respetuosos con la privacidad, fiables, de gran interoperatividad, seguros y eficientes desde el punto de vista energético, como parte esencial de una futura política industrial de la Unión; destaca que la fiabilidad, la seguridad y la protección de los datos son elementos necesarios para gozar de la confianza de los consumidores y ser competitivos;

32.

Destaca que las normas están basadas en ejemplos de mejores prácticas;

33.

Insiste en que las normas deben permitir una portabilidad fácil y completa de datos y servicios, así como un elevado grado de interoperabilidad entre servicios en la nube, para aumentar, y no limitar, la competitividad;

34.

Acoge con satisfacción la cartografía de normas que se ha confiado al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), y resalta la importancia de seguir manteniendo un proceso abierto y transparente;

35.

Pide a la Comisión que garantice que los dispositivos de los consumidores no recurran a servicios en la nube por defecto ni se limiten a un proveedor de servicios en la nube en concreto;

36.

Pide a la Comisión que garantice que los acuerdos comerciales entre operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios en la nube estén en plena conformidad con la legislación de la UE en materia de competencia y permitan a los usuarios un acceso completo a todos los servicios en la nube utilizando una conexión a Internet ofrecida por un operador de telecomunicaciones;

37.

Recuerda a la Comisión que sigue sin hacer uso de la prerrogativa que le otorga la Directiva 1999/5/CE (Directiva RTTE), consistente en exigir que los equipos incorporen salvaguardas que protejan la información de los usuarios;

38.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que conciencien a los consumidores sobre todos los riesgos relativos al uso de los servicios en la nube;

39.

Pide a la Comisión que garantice que, cuando se pida a los consumidores que acepten un servicio en la nube o se les ofrezca dicho servicio de otro modo, estos reciban primero la información necesaria para tomar una decisión con conocimiento de causa, sobre todo en lo que se refiere a la jurisdicción de la que dependen los datos almacenados en dichos servicios en la nube;

40.

Hace hincapié en que la información facilitada de esta manera debe revelar, entre otros aspectos, quién es el proveedor final del servicio y de qué manera se financia este servicio; destaca además que si el servicio se financia utilizando la información de los usuarios para orientar la publicidad o permitir a otros que lo hagan, debe comunicarse este particular al usuario;

41.

Subraya que la información debe presentarse en un formato normalizado, portátil, fácilmente comprensible y comparable;

42.

Pide a la Comisión que examine medidas adecuadas para establecer un nivel mínimo aceptable de derechos de los consumidores en el ámbito de los servicios en la nube, que abarque, en particular, la protección de la privacidad, el almacenamiento de información en un tercer país, la responsabilidad ante la pérdida de datos y otras cuestiones de interés significativo para los consumidores;

43.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas sobre el uso y el fomento de la computación en la nube en relación con el libre acceso y con los recursos educativos abiertos;

44.

Insta a la Comisión a que tome medidas para una mayor armonización de las leyes en los Estados miembros con el fin de evitar cualquier confusión jurisdiccional y fragmentación y para garantizar la transparencia en el mercado único digital;

45.

Pide a la Comisión que revise otros actos legislativos de la UE para resolver las lagunas relacionadas con la computación en la nube; pide, en particular, que se aclare el régimen de los derechos de propiedad intelectual y que se revisen la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas y la Directiva sobre el comercio electrónico, que son los actos legislativos de la UE más importantes aplicables a la computación en la nube;

46.

Pide a la Comisión que establezca un marco jurídico claro en el ámbito de los contenidos protegidos por derechos de autor en la nube, especialmente por lo que se refiere a las normas de concesión de licencias;

47.

Reconoce que el desarrollo del almacenamiento por los servicios de computación en la nube de obras protegidas por derechos de autor no debe cuestionar el derecho de los titulares de derechos europeos a una compensación justa por la utilización de sus obras, si bien se pregunta si estos servicios pueden gozar de idéntica consideración que los soportes y materiales de registro tradicionales y digitales;

48.

Pide a la Comisión que examine los distintos tipos de servicios de computación en la nube, así como la repercusión que el almacenamiento en la nube de obras protegidas por derechos de autor tiene sobre la recaudación de dichos derechos y, más en particular, los mecanismos de imposición de cánones por copia privada que son pertinentes para determinados tipos de servicios de computación en la nube;

49.

Pide a la Comisión que, de forma conjunta con las partes interesadas, fomente el desarrollo de servicios descentralizados, basados en programas informáticos libres, gratuitos y de código abierto, que contribuyan a la armonización de las prácticas entre los proveedores en la nube y permitan que los ciudadanos de la Unión recuperen el control de sus datos y comunicaciones personales, por ejemplo a través de la codificación punto a punto;

50.

Subraya que, debido a las incertidumbres en cuanto a la legislación y jurisdicción aplicables, los contratos son los principales instrumentos para establecer relaciones entre proveedores de servicios en la nube y sus clientes, por lo que existe una clara necesidad de directrices comunes de la UE en este ámbito;

51.

Pide a la Comisión que trabaje conjuntamente con los Estados miembros para desarrollar, a escala de la UE, modelos de buenas prácticas para contratos, o «contratos modelo», que garanticen una total transparencia al presentar todas las condiciones contractuales en un formato muy claro;

52.

Pide a la Comisión que elabore, en colaboración con las partes interesadas, regímenes voluntarios de certificación para sistemas de seguridad del proveedor que contribuyan a la armonización de las prácticas entre los proveedores en la nube y que conciencien en mayor medida a los clientes sobre lo que debieran esperar de los proveedores de servicios en la nube;

53.

Destaca que, debido a problemas jurisdiccionales, es poco probable que, en la práctica, los consumidores de la UE puedan obtener reparación de los proveedores de servicios en la nube en otras jurisdicciones; pide, por consiguiente, a la Comisión que proporcione medios adecuados de recurso de los consumidores en el ámbito de los servicios, ya que existe un marcado desequilibrio de fuerzas entre los consumidores y los proveedores de computación en la nube;

54.

Pide a la Comisión que garantice la rápida aplicación de la resolución alternativa de litigios y de la resolución de litigios en línea, y que asegure que los consumidores cuenten con los medios adecuados de recurso colectivo contra violaciones de la privacidad y la seguridad, así como contra las disposiciones contractuales ilegales en el ámbito de los servicios en la nube;

55.

Lamenta la actual carencia de soluciones eficaces para los usuarios en caso de incumplimiento del contrato;

56.

Pide que se informe sistemáticamente a los consumidores sobre las actividades de procesamiento de los datos personales que se van a incluir en la propuesta de contrato, y que se cuente también con el consentimiento obligatorio de los usuarios antes de modificar los términos del contrato;

57.

Pide a la Comisión que, en el marco de los debates de su grupo de expertos, exija a los proveedores de servicios en la nube que incluyan en los contratos determinadas cláusulas fundamentales que garanticen la calidad del servicio, como la obligación de actualizar el software y el hardware cuando proceda, y de determinar lo que sucedería en caso de pérdida de datos, así como el tiempo que se tardaría en solucionar un problema o cuánto tardaría el servicio en la nube en eliminar material ofensivo si el usuario de la nube así lo solicitara;

58.

Recuerda que, cuando un prestador de servicios en la nube utilice datos para una finalidad distinta a la indicada en el acuerdo de prestación de servicios, o comunique o utilice los datos de una forma contraria a las condiciones del contrato, se le considerará responsable del tratamiento y deberá responder de las infracciones y vulneraciones cometidas;

59.

Destaca que los acuerdos de servicios en la nube tienen que establecer de manera clara y transparente los derechos y obligaciones de las partes en lo que concierne a las actividades de tratamiento de datos por parte de los proveedores en la nube; señala que los contratos no deben incluir una exención de las salvaguardias, derechos y garantías que ofrece la legislación de la Unión en materia de protección de datos personales; insta a la Comisión a presentar propuestas para restablecer el equilibrio entre los prestadores de servicios en la nube y sus clientes en lo que respecta a los términos y condiciones utilizados por los servicios en la nube, que incluyan disposiciones para:

60.

Destaca que el papel que desempeñan los prestadores de servicios en la nube en la actual legislación de la Unión debe determinarse en función de cada caso, dado que los prestadores pueden ser tanto encargados como responsables del tratamiento; insta a una mejora de los términos y condiciones para todos los usuarios, desarrollando para ello modelos internacionales de mejores prácticas para los contratos, y aclarando dónde almacena los datos el prestador de servicios y con arreglo a qué orden jurisdiccional dentro de la UE;

61.

Recalca que hay que prestar especial atención a las situaciones en las que el desequilibrio en la relación contractual entre el cliente y el prestador de servicios en la nube lleva al cliente a suscribir contratos que tengan por objeto servicios normalizados e impongan la firma de un contrato en el cual el prestador define las finalidades, condiciones y medios del tratamiento (6); subraya que, en tales circunstancias, se considerará responsable del tratamiento al prestador de servicios en la nube, que responderá de forma solidaria junto con el cliente;

62.

Considera que el acceso a un Internet seguro es un derecho fundamental de todo ciudadano y que la computación en la nube seguirá desempeñando un papel importante al respecto; reitera, por consiguiente, su llamamiento a la Comisión y al Consejo para que reconozcan inequívocamente las libertades digitales como derechos fundamentales y como requisitos previos indispensables para disfrutar de derechos humanos universales;

63.

Reitera que, por norma general, el nivel de protección de datos en un entorno de computación en la nube no debe ser inferior al exigido en cualquier otro contexto de tratamiento de datos;

64.

Subraya que la normativa de la UE en materia de protección de datos, al ser tecnológicamente neutra, se aplica ya plenamente a los servicios de computación en la nube prestados en la UE y que, por lo tanto, tiene que respetarse escrupulosamente; destaca que conviene tener presente el dictamen del Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29) sobre la computación en la nube (7), pues ofrece una orientación clara para la aplicación de los principios jurídicos y normas de la UE en materia de protección de datos para los servicios en la nube, como los conceptos de responsable del tratamiento/encargado del tratamiento, la limitación de los fines y la proporcionalidad, la integridad y la seguridad de los datos, la utilización de subcontratistas, la atribución de responsabilidades, las violaciones de la seguridad de datos y las transferencias internacionales; destaca la necesidad de colmar toda laguna de protección con respecto a la computación en la nube en la revisión en curso del marco jurídico de la Unión en materia de protección de datos con arreglo a las directrices adicionales del Supervisor Europeo de Protección de Datos y el GT29;

65.

Reitera su grave preocupación por la reciente revelación de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de los EE. UU. y de programas similares utilizados por los servicios de inteligencia de varios Estados miembros, pues, de confirmarse la información ya divulgada, esos programas supondrían una grave violación del derecho fundamental de los ciudadanos y residentes de la UE a la privacidad y la protección de sus datos, así como del derecho a la vida familiar y privada, la confidencialidad de las comunicaciones, la presunción de inocencia, la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de empresa;

66.

Reitera su gran preocupación por la divulgación directa y obligatoria de información y datos personales de la UE, tratados con arreglo a contratos de servicios en la nube, a autoridades de terceros países por prestadores de servicios en la nube sujetos a la legislación de un tercer país o que utilizan servidores de almacenamiento ubicados en terceros países, así como por el acceso directo a distancia a los datos e información personales tratados por autoridades policiales y servicios de inteligencia de terceros países;

67.

Deplora que este acceso suela hacerse por medio de la aplicación directa por parte de las autoridades de terceros países de sus propias normas jurídicas sin utilizar instrumentos internacionales de cooperación judicial, como la asistencia judicial mutua u otras formas de cooperación judicial;

68.

Hace hincapié en que esas prácticas suscitan la cuestión de la confianza en los proveedores de servicios en línea y en la nube de fuera de la UE, así como la de que los terceros países no se sirven de los instrumentos internacionales de cooperación jurídica y judicial;

69.

Espera que la Comisión y el Consejo adopten las medidas necesarias para paliar esta situación y velar por el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE;

70.

Recuerda que todas las empresas que ofrecen servicios en la UE deben cumplir el Derecho de la UE sin excepción y son responsables de las infracciones que cometan;

71.

Hace hincapié en que los servicios en la nube que pertenecen a la jurisdicción de un tercer país deben proporcionar a los usuarios ubicados en la UE una advertencia clara y visible de la posibilidad de que sus datos personales sean objeto de vigilancia por las autoridades policiales o de inteligencia de un tercer país con arreglo a órdenes o requerimientos secretos, seguida, en su caso, de la solicitud de que el interesado dé su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales;

72.

Insta a la Comisión a que, cuando negocie acuerdos internacionales que impliquen el tratamiento de datos personales, tome nota en particular de los riesgos y problemas asociados a la computación en la nube para los derechos fundamentales y, en especial, pero no exclusivamente, para el derecho a la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal, según se establece en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; insta asimismo a la Comisión a que tome nota de las disposiciones nacionales de los socios negociadores que rigen el acceso de la policía y los servicios de inteligencia a los datos personales tratados a través de servicios de computación en la nube, en particular exigiendo que solo pueda concederse acceso a la policía y los servicios de inteligencia dentro del pleno respeto de las debidas garantías procesales y con arreglo a una base jurídica inequívoca, y requiriendo asimismo que se especifiquen las condiciones exactas de acceso y la finalidad de este, las medidas de seguridad aplicadas en la transferencia de datos y los derechos de los particulares, así como las normas de supervisión y un mecanismo de recurso efectivo;

73.

Hace hincapié en la grave preocupación que suscitan los trabajos realizados en el Consejo de Europa por el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia con miras a desarrollar un protocolo adicional sobre la interpretación del artículo 32 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001, sobre el «acceso transfronterizo a datos almacenados, con consentimiento o cuando estén a disposición del público» (8), con objeto de «facilitar la utilización y la aplicación efectivas» del Convenio a la luz de «novedades significativas de carácter jurídico, político o tecnológico»; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en vista del próximo examen por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, aseguren la compatibilidad del artículo 32 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia y su interpretación en los Estados miembros con los derechos fundamentales, incluida la protección de datos y, en particular, las disposiciones sobre los flujos transfronterizos de datos personales, con arreglo a lo previsto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el acervo de la UE en materia de protección de datos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108), que son jurídicamente vinculantes en los Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que rechacen firmemente toda medida que pueda poner en peligro la aplicación de esos derechos; expresa su alarma por el hecho de que la aprobación de tal protocolo adicional podría conllevar que las autoridades policiales accedieran a distancia sin restricciones a los servidores y ordenadores situados en otras jurisdicciones, sin recurrir a los acuerdos sobre la asistencia judicial mutua u otros instrumentos de cooperación judicial previstos para garantizar los derechos fundamentales de las personas, incluidos la protección de datos y el respeto de las garantías procesales;

74.

Destaca que ha de prestarse especial atención a las PYME que dependen cada vez más de la tecnología de computación en la nube cuando procesan datos personales y que no siempre disponen de los recursos o los conocimientos técnicos necesarios para hacer frente de forma adecuada a las amenazas contra la seguridad;

75.

Destaca que la cualificación del responsable y del encargado del tratamiento debe quedar debidamente reflejada en el verdadero nivel de control sobre los medios de tratamiento, a fin de asignar claramente las responsabilidades para la protección de los datos personales con el uso de la computación en la nube;

76.

Destaca que los prestadores de servicios de computación en la nube deben tener plenamente en cuenta, en el tratamiento de datos personales, todos los principios establecidos en la legislación de la UE en materia de protección de datos, como la imparcialidad y la legalidad, la limitación de los fines, la proporcionalidad, la exactitud y los períodos limitados de conservación de datos;

77.

Subraya la importancia de contar con sanciones administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias que puedan imponerse cuando los servicios de computación en la nube no cumplan las normas de protección de datos de la UE;

78.

Destaca que para definir las salvaguardias más adecuadas de aplicación hay que evaluar caso por caso el impacto de la protección de datos de cada servicio de computación en la nube;

79.

Destaca que un prestador europeo de servicios en la nube siempre deberá actuar de conformidad con la legislación de la UE en materia de protección de datos, aunque ello sea incompatible con las instrucciones dadas por un cliente o responsable del tratamiento establecido en un tercer país o cuando los interesados en cuestión sean (únicamente) residentes de terceros países;

80.

Hace hincapié en la necesidad de abordar los retos planteados por la computación en la nube a nivel internacional, en particular la vigilancia de los servicios gubernamentales de inteligencia y las salvaguardias necesarias;

81.

Destaca que los ciudadanos de la UE sujetos a la vigilancia de la información por parte de las autoridades de un tercer país deben disfrutar —al menos— de las mismas salvaguardias y recursos a disposición de los ciudadanos del tercer país en cuestión;

82.

Lamenta el enfoque adoptado por la Comisión en su Comunicación, pues no menciona los riesgos y peligros asociados a la computación en la nube, y le insta a proseguir sus trabajos y a presentar una comunicación más completa sobre la computación en la nube que tenga en cuenta los intereses de todos los afectados y que, junto a una referencia normalizada al respeto de los derechos fundamentales y de las obligaciones en materia de protección de datos, incluya cuando menos lo siguiente:

83.

Pide a la Comisión que examine la adecuación de una revisión del Acuerdo de Puerto Seguro entre la UE y los Estados Unidos, con el fin de adaptarlo a la evolución tecnológica, en especial en lo que respecta a los aspectos relacionados con la computación en la nube;

84.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 468/30

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 23 de abril de 2013, sobre el informe de evaluación relativo al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina (SWD(2013)0152),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa» (COM(2010)0245),

—

Visto el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 2015.eu (1),

—

Visto el marco de comunicaciones electrónicas,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina (2),

—

Visto el artículo 119, apartado 1, del Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A7-0378/2013),

A.

Considerando que el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) fue creado para contribuir a elaborar orientaciones técnicas y políticas con miras a la realización del mercado interior con un doble propósito: garantizar el máximo grado de independencia de los reguladores y mejorar la coherencia en la aplicación del marco regulador a escala de la UE por parte de estos últimos;

B.

Considerando que el informe de evaluación aprecia y reconoce los méritos del ORECE y de la Oficina del ORECE, en particular en lo que respecta a los procedimientos a tenor de los artículos 7 y 7 bis y en los ámbitos de la neutralidad en la red y la itinerancia internacional;

C.

Considerando que ha transcurrido poco tiempo desde la creación del ORECE y la Oficina;

D.

Considerando que la realización del mercado interior es un proceso continuo que se lograría mejor aumentado la calidad normativa en los distintos mercados nacionales, y que el modo más sólido y sostenible de lograrlo (con lo que se garantizaría que las decisiones normativas se consideren legítimas en el seno de los mercados nacionales) es mediante el enfoque ascendente que actualmente representa el ORECE;

E.

Considerando que el ORECE solo será eficaz si se garantiza su independencia frente a los Estados miembros y las instituciones de la UE;

F.

Considerando que las aspiraciones nacionales pueden complicar la definición de posiciones comunes, lo que dificultaría los acuerdos;

G.

Considerando que el ORECE desempeña un papel fundamental a la hora de mejorar la aplicación coherente del marco regulador de la UE en todos los Estados miembros, lo que resulta esencial para el desarrollo satisfactorio de un mercado interior de redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

H.

Considerando que las iniciativas recientes que se han tomado a escala nacional, en particular en relación con los procesos de revisión del gasto, podrían afectar a la aplicación del principio de independencia;

I.

Considerando que las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) no son homogéneas, ya que a veces sus competencias difieren en gran medida entre los países, y que algunas se ocupan solamente de la regulación del mercado mientras que otras se ocupan, además, de aspectos tales como la seguridad de la red, la protección de la intimidad, el registro de dominios, el espectro y los servicios para usuarios;

J.

Considerando que es posible que actualmente no se haga un uso óptimo de la Oficina del ORECE;

K.

Considerando que algunas de las agencias de la Unión con sede en otros países también cuentan con una oficina auxiliar en Bruselas;

L.

Considerando que la mayoría de los grupos de trabajo compuestos por expertos se han celebrado en Bruselas o han sido organizados por una ANR, y que conviene fomentar el uso de las videoconferencias;

M.

Considerando que uno de los principales objetivos del mercado interior de las comunicaciones electrónicas es beneficiar a los consumidores;

N.

Considerando que las decisiones que tome el ORECE a escala europea deben crear valor añadido europeo;

1.

Considera que el informe de evaluación es, en líneas generales, pertinente y equilibrado;

2.

Considera que la cooperación necesaria, la coordinación y los aspectos informales de la reglamentación necesitan tiempo para desarrollarse plenamente;

3.

Considera que el funcionamiento del ORECE y la Oficina es mejorable, aunque admite que los recursos disponibles son limitados; destaca, sin embargo, que la aplicación del nuevo procedimiento previsto en los artículos 7 y 7 bis de la Directiva 2009/140/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas ha sido satisfactoria, lo que justifica una configuración en dos niveles;

4.

Hace hincapié en que la Oficina del ORECE es la agencia de la UE más pequeña, que tiene asignados en el presupuesto de la UE de 2013 una contribución financiera de solo 3 768 696 EUR y 16 puestos autorizados y se dedica principalmente a proporcionar apoyo administrativo a la estructura del ORECE, integrado por las autoridades reguladoras nacionales;

5.

Recuerda la Opinión de la Comisión de Presupuestos de 29 de mayo de 2008 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD)), que se oponía a la creación de una nueva agencia;

6.

Considera que las ANR desempeñan un importante papel en el marco regulador, dado que los mercados nacionales presentan diferencias inalterables en su topología de red y difieren también en los patrones de demanda de los consumidores, sus características demográficas, etc.; subraya que para asegurar la cooperación estructurada en el seno de la Unión Europea y, por tanto, que el mercado único funcione correctamente es fundamental que existan reguladores que sean independientes, sectorialmente especializados y cuenten con los recursos adecuados;

7.

Considera que el ORECE desempeña una función esencial en el marco regulador en cuanto que entidad a la que se ha encomendado la armonización de las diferencias nacionales materiales y de reglamentación con miras a la realización del mercado interior de las comunicaciones electrónicas;

8.

Recomienda que el papel del ORECE, en especial en su relación con las ANR, esté mejor definido y que se fortalezca ampliando sus responsabilidades a fin de facilitar la definición de posiciones comunes con objeto de reforzar el enfoque del mercado interior, en particular evaluando la eficiencia de la actual cooperación de las ANR y la Comisión en virtud de los procedimientos a tenor de los artículos 7 y 7 bis;

9.

Considera que una mayor armonización de las tareas que llevan a cabo las ANR en los Estados miembros, de manera que todas ellas sean competentes para aquellos aspectos pertinentes relacionados con la seguridad y la resistencia en el mercado interior de las comunicaciones electrónicas, puede contribuir a un mejor funcionamiento del ORECE y a una mayor previsibilidad para los operadores del mercado;

10.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por el fortalecimiento de la independencia de las ANR a escala nacional y europea, en lugar de debilitarla, ya que es el único modo de garantizar la independencia generalizada del ORECE;

11.

Considera que las funciones y la estructura del ORECE y la Oficina deben adaptarse al grado de realización del mercado interior de las comunicaciones electrónicas;

12.

Pide a la Comisión Europea que garantice la independencia del ORECE frente a las instituciones de la UE en las propuestas futuras asociadas al ámbito de acción y a la misión del ORECE;

13.

Considera que el ORECE debe actuar en interés de los ciudadanos europeos y que deben reforzarse los mecanismos para rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, ya que esta es la única institución de la UE elegida directamente para representar los intereses de los ciudadanos europeos;

14.

Recomienda que el ORECE refuerce su rendición de cuentas interna definiendo objetivos claros en su programa anual de trabajo y presentando en un informe anual sus logros y progresos sobre la base de estos objetivos;

15.

Concede la máxima importancia a la coherencia de las actividades del ORECE para establecer mejor las prioridades de sus tareas y fomentar la comunicación con todas las partes interesadas en la fase de desarrollo de su programa de trabajo anual;

16.

Considera que el ORECE debe disponer de un mayor margen para tomar decisiones estratégicas, lo que significa, entre otras cosas, que el ORECE elabore sus propios análisis y estudios que le permitan adoptar dichas decisiones, a fin de que el proceso de toma de decisiones adopte un enfoque más descendente e independiente;

17.

Señala que debe sistematizarse el papel consultivo del ORECE en relación con las propuestas legislativas relativas al sector de las comunicaciones electrónicas;

18.

Considera que la comunicación exterior del ORECE debe definirse en detalle y mejorarse para alentar la implicación de las partes interesadas en todos los niveles de la formulación de políticas;

19.

Recomienda formalizar el papel del Grupo Independiente de Reguladores en Bruselas, a la vez que se garantiza que dicho grupo no interfiera en las tareas que corresponden a la Oficina;

20.

Recomienda ampliar el uso del teletrabajo, las videoconferencias y otros modos de trabajo a distancia que permiten las comunicaciones electrónicas para evitar gastos y reducir la huella de CO2;

21.

Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada tanto para el ORECE como para las ANR;

22.

Considera que la ubicación de su Oficina no impide al ORECE supervisar el trabajo cotidiano de las instituciones de la UE en relación con las comunicaciones electrónicas, de especial interés para el ORECE, y que permite una utilización eficiente de esta Oficina siempre que se intensifique el uso de las tecnologías de comunicación electrónicas;

23.

Considera que la misión de la Oficina del ORECE debe revisarse, fortalecerse y definirse con mayor precisión, en especial teniendo en cuenta los resultados de la auditoría del ORECE a este respecto;

24.

Recomienda que se efectúen los cambios necesarios y se consideren los recursos necesarios para permitir a la Oficina del ORECE apoyar con mayor eficacia y eficiencia a este Organismo en su labor fundamental, en lugar de proporcionarle únicamente apoyo administrativo;

25.

Considera que cualquier reflexión relacionada con la ubicación de la Oficina del ORECE debe llevarse a cabo con miras a reforzar su independencia con respecto de las instituciones de la UE y de los Estados miembros y con el debido respeto por el principio del reparto geográfico equitativo de las sedes de las instituciones, agencias y otras entidades;

26.

Considera que se precisa una mayor consolidación para permitir a los operadores obtener un mayor provecho de las economías de escala y que el ORECE puede desempeñar un papel destacado en este proceso;

27.

Considera que es necesario contar con un marco legislativo claro y estable para mejorar el mercado interior, de modo que genere un aumento de la competencia y unos servicios mejores para los consumidores;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 468/33

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen criterios para determinar cuándo el papel valorizado deja de ser residuo con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE (COM(2013)0502),

—

Visto el informe técnico y científico publicado en marzo de 2011 por el Centro Común de Investigación con el título «End-of-waste criteria for waste paper: technical proposals»,

—

Vista la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (1), y en particular su artículo 6, apartado 1,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (2), y en particular su artículo 49,

—

Vista la Decisión de la Comisión 2011/753/UE, por la que se establecen normas y métodos de cálculo para la verificación del cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y en particular su artículo 2, punto 2,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Una Europa Eficiente en el Uso de los Recursos: iniciativa emblemática en el marco de la Estrategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

—

Visto el dictamen emitido el 9 de julio de 2012 por el comité mencionado en el artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE,

—

Visto el artículo 5 bis, apartado 4, letra e), de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4),

—

Visto el artículo 88, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra c), del Reglamento,

A.

Considerando que el establecimiento de criterios de fin de la condición de residuo con arreglo a la Directiva 2008/98/CE puede constituir un instrumento importante para promover el reciclado y un mercado para las materias primas secundarias, y puede, por tanto, mejorar la eficiencia de los recursos;

B.

Considerando que el Reglamento del Consejo propuesto establece que los residuos de papel con un contenido de componentes distintos del papel igual o inferior al 1,5 % en peso seco al aire dejan de ser residuos cuando sus fibras se destinen a la fabricación de papel, con arreglo a determinados criterios complementarios;

C.

Considerando que el papel multimateriales con un contenido de materiales distintos del papel superior al 30 % en peso seco al aire se considerará en su totalidad componente distinto del papel; considerando que un envase de papel multimateriales normal suele contener solo un porcentaje del 30 % o inferior de componentes distintos del papel (24 % polietileno, 6 % aluminio) y, por consiguiente, no se consideraría un componente distinto del papel; considerando que, como consecuencia de esto, un flujo de residuos de papel podría contener cualquier cantidad de envases de papel multimateriales (con su alto contenido de componentes distintos del papel y también un contenido residual nada desdeñable de líquidos, comida y otros materiales orgánicos) y dejaría de ser visto como un residuo, sino como un producto;

D.

Considerando que, en el artículo 3, punto 17, de la Directiva 2008/98/CE, se define «reciclado» como «toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad»;

E.

Considerando que el proyecto de Reglamento define el momento en el que el papel valorizado deja de ser residuo cuando sus fibras se destinan a la fabricación de papel, situando dicho momento, pues, antes de su transformación en las fábricas de papel; considerando que esto contradice la actual definición de «reciclado», que requiere la transformación del residuo;

F.

Considerando que este residuo, obtenido tras ser recogido y separado, solo es objeto de una transformación previa (y no de una transformación completa) y no puede utilizarse sin una nueva transformación;

G.

Considerando que definir el momento en el que el papel deja de ser residuo antes de que tenga lugar la propia operación de reciclado causaría problemas en relación con una gran cantidad de normas vigentes de la UE como las relativas a las etiquetas ecológicas, la contratación pública, el diseño ecológico y el Reglamento REACH, donde hasta ahora se entiende «reciclado» como un proceso encaminado a la obtención de un producto reciclado listo para ser utilizado, y que, además, esto también contradice el artículo 2, punto 2, de la Decisión de la Comisión 2011/753/UE, donde se distingue claramente entre «operación de preparación previa» y «reciclado final»;

H.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE, determinados residuos específicos dejarán de ser residuos cuando hayan sido sometidos a una operación de valorización (incluido el reciclado) y cumplan los criterios específicos que se elaboren con arreglo a las condiciones que se establecen en el propio artículo; considerando que dichas condiciones estipulan, entre otros: a) que la sustancia u objeto cumple la legislación existente y las normas aplicables a los productos (artículo 6, apartado 1, letra c)); y b): que el uso de la sustancia u objeto no generará impactos adversos globales para el medio ambiente o la salud (artículo 6, apartado 1, letra d));

I.

Considerando que el límite del 1,5 % para el contenido de componentes distintos del papel se establece según la norma europea EN 643; considerando que, según el estudio del Centro Común de Investigación, esta norma «es un elemento central en el comercio de los residuos de papel» y «especifica una lista de grados de residuo estándar a nivel europeo»; considerando que el basarse en esta norma para establecer los criterios que determinen cuándo el material deja de ser residuo incumple claramente lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/98/CE, donde se habla explícitamente de «normas aplicables a los productos», y no de normas aplicables a los residuos;

J.

Considerando que las normas pertinentes aplicables a los productos de papel, como ISO 1762 sobre impurezas inorgánicas, ISO 5350/1 y 5350/2 sobre suciedad visible e ISO 624 sobre extractos (carbohidratos de bajo peso molecular) establecen un nivel de pureza de 1 ppm (15 000 veces más bajo que el nivel propuesto);

K.

Considerando que la inclusión del papel multimateriales contradice la recomendación explícita del estudio del Centro Común de Investigación, que excluye los residuos de papel por capas de los criterios para determinar cuándo el material deja de ser residuo debido al incremento del riesgo medioambiental intrínseco en caso de que el material sea exportado, sobre todo fuera de la UE;

L.

Considerando que, tal y como se establece en el artículo 49, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1013/2006, en el caso de las exportaciones desde la UE, la autoridad competente de expedición en la Unión exigirá y procurará garantizar que la gestión de los residuos exportados se lleve a cabo de forma ambientalmente correcta en el tercer país de destino, es decir, que sea posible demostrar que la instalación receptora de los residuos funcionará con arreglo a normas de protección de la salud humana y de protección medioambiental que sean en general equivalentes a las normas establecidas en la legislación de la UE;

M.

Considerando que, si se determina que el papel usado, incluidos los residuos de papel multimateriales, deja de ser residuo antes de que sea reciclado por completo, este material puede ser comerciado libremente en los mercados mundiales y ya no se aplicarían las garantías de seguridad que establece el Reglamento relativo a los traslados de residuos en lo que se refiere a la gestión ambientalmente correcta de los mismos; considerando que dejar de aplicar los requisitos establecidos por el Reglamento relativo a los traslados de residuos a los flujos de residuos con un alto contenido de componentes distintos del papel —que además podrían superar con creces el límite del 1,5 % por no tener en cuenta el papel multimateriales— supone un claro riesgo de incumplimiento del artículo 6, apartado 1, letra d), de la Directiva 2008/98/CE, que exige que la sustancia no genere impactos adversos globales para el medio ambiente;

N.

Considerando que es probable que el sistema de gestión propuesto para demostrar el cumplimiento de los criterios contemplados en el artículo 3 del proyecto de Reglamento del Consejo, y en particular la disposición por la que los materiales distintos del papel contenidos en los envíos de papel multimateriales deben ser objeto de valorización, sea prácticamente imposible de aplicar en el caso de los residuos que han dejado de ser residuos y, por consiguiente, se comercializan libremente, posiblemente cambiando de manos muchas veces, y en cualquier caso ya no exigen un tratamiento correcto desde el punto de vista medioambiental del material de que se trate;

O.

Considerando que estimular un mayor comercio mundial de este papel que supuestamente dejaría de ser residuo eludiendo las garantías de protección de la salud y del medio ambiente no solo añadiría un impacto medioambiental negativo ligado al transporte del material, sino que también provocaría un descenso en la cantidad de papel que se reciclaría en Europa debido a la menor disponibilidad de residuos de papel, por lo que los fabricantes de papel en Europa se verían obligados a sustituirlo parcialmente con una mayor producción a partir de fibras vírgenes, con el consiguiente aumento del gasto energético y de las emisiones de CO2, lo que de nuevo entraría en conflicto con el criterio de no generar impactos adversos globales para el medio ambiente;

P.

Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» incluye una estrategia destinada a convertir a la UE en una «economía circular» basada en una sociedad del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos; considerando que los criterios propuestos para determinar cuándo el papel valorizado deja de ser residuo podrían frenar considerablemente el aumento del reciclaje en la UE, y que la actual propuesta incumpliría por tanto lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra d), de la Directiva 2008/98/CE;

1.

Se opone a la aprobación del Reglamento del Consejo por el que se establecen criterios para determinar cuándo el papel valorizado deja de ser residuo con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos;

2.

Considera que el proyecto de Reglamento del Consejo no es compatible con el objetivo y el contenido del acto de base;

3.

Considera que el proyecto de Reglamento del Consejo excede de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión previstas en el acto de base;

4.

Considera que la Comisión no ha evaluado correctamente los impactos que el proyecto de Reglamento provocaría en el reciclaje del papel, en la cadena de valor de los residuos de papel y en los envíos de residuos de papel, ni los efectos globales del proyecto de Reglamento sobre el medio ambiente; alienta a la Comisión a que examine de nuevo el proyecto de Reglamento y mejore los criterios de fin de la condición de residuo propuestos a la vista de las objeciones presentadas en la presente Resolución;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 468/36

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 y 35,

—

Vista la legislación internacional en materia de derechos humanos, especialmente la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración de 1992 de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas,

—

Vistos los convenios europeos que protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea y las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales en este ámbito, la Convención Marco para la Protección de Minorías Nacionales del Consejo de Europa y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica,

—

Vistos los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 8, 9 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173) y las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 de junio de 2011,

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre las Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE (COM(2012)0226),

—

Vista la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (COM(2013)0460),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales para la inclusión de los gitanos (COM(2013)0454),

—

Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (1),

—

Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2),

—

Vista la propuesta de la Comisión de una Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426),

—

Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la situación de las mujeres romaníes en la UE (3),

—

Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní (4),

—

Visto el análisis de la encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales sobre los romaníes desglosada por género, realizada por dicha Agencia a raíz de una solicitud presentada de conformidad con el artículo 126,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0349/2013),

A.

Considerando que en la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 se exige a la Comisión que apoye «el fomento de la igualdad entre los sexos en la aplicación de todos los aspectos y todas las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020», y considerando que en las conclusiones del Consejo sobre un marco europeo de estrategias nacionales de integración de la población gitana se determina que «deberá aplicarse una perspectiva de género a todas las políticas y acciones destinadas a impulsar la inclusión de la población gitana»;

B.

Considerando que las mujeres gitanas se enfrentan a menudo a una discriminación múltiple e intersectorial por motivo de género y origen étnico, mucho más intensa que la que afecta a los hombres gitanos y a las mujeres no gitanas, y que tienen un acceso limitado al empleo, la educación, la salud, los servicios sociales y la toma de decisiones; considerando que las mujeres gitanas a menudo son víctimas de racismo, prejuicios y estereotipos, que tienen un impacto negativo en su integración real;

C.

Considerando que las mujeres gitanas están sometidas a tradiciones patriarcales y machistas que les impiden ejercer su libertad de elección en cuestiones fundamentales de su vida como la educación, el trabajo, la salud sexual y reproductiva e incluso el matrimonio; considerando que la discriminación contra las mujeres romaníes no puede justificarse por la tradición, sino que debe abordarse respetando la tradición y la diversidad;

D.

Considerando que las mujeres gitanas corren un mayor riesgo de pobreza que los varones de su misma etnia, y que las familias gitanas de cuatro o más hijos corren un altísimo riesgo de pobreza en la UE;

E.

Considerando que los indicadores de uso generalizado tienden a descuidar problemas como la pobreza de los trabajadores, la violencia contra las mujeres y las niñas, la pobreza de las familias numerosas y las monoparentales, la pobreza infantil o la exclusión social de las mujeres;

F.

Considerando que las mujeres gitanas mayores están más expuestas a la pobreza porque la mayoría de ellas ha trabajado en la economía informal, sin remuneración ni afiliación a la Seguridad Social;

G.

Considerando que una abrumadora mayoría de los adultos gitanos considerados «inactivos» son mujeres, y, en parte debido a la tradicional división del trabajo entre hombres y mujeres y el racismo y el sexismo que existen en los mercados laborales europeos, el número de mujeres gitanas en edad activa con empleo remunerado es la mitad que el de los hombres, con cifras equivalentes por lo que se refiere al autoempleo;

H.

Considerando que los datos de todos los países revelan que las mujeres gitanas se enfrentan a una grave exclusión en el ámbito del empleo, así como a discriminación en el lugar de trabajo cuando buscan empleo o están empleadas y que también quedan excluidas de la economía formal, debido a las escasas oportunidades de educación, a la inadecuación de la vivienda, a la atención deficiente de la salud, a los papeles tradicionales de género y a la marginación general, así como a la discriminación de las comunidades mayoritarias; considerando que los informes nacionales de aplicación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos no se centran adecuadamente en el aspecto de la igualdad de género;

I.

Considerando que es mucho más difícil para las madres de familia numerosa o de familias monoparentales trabajar lejos del hogar en las zonas rurales desfavorecidas;

J.

Considerando que el índice de alfabetización y rendimiento escolar de las mujeres gitanas queda bastante por debajo del de los hombres de dicha etnia y del de las mujeres no gitanas, y considerando que la mayoría de niñas gitanas abandonan pronto la escuela, y un importante porcentaje de ellas ni siquiera ha ido nunca;

K.

Considerando que la crisis económica ha repercutido negativamente sobre la salud y el bienestar de las mujeres gitanas, agravando una situación que era ya inaceptable desde hace mucho; considerando que más de una cuarta parte de las mujeres gitanas se ven limitadas en sus tareas cotidianas por problemas de salud;

L.

Considerando que la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos globales, incluidos los métodos anticonceptivos, constituye un obstáculo para la emancipación de las mujeres gitanas y para la igualdad de género, y lleva a embarazos no planificados, incluso entre las adolescentes, lo que malogra las oportunidades educativas y laborales de las jóvenes; considerando que la maternidad precoz es en gran medida consecuencia de la falta de acceso adecuado a los servicios sociales y de las estructuras sanitarias inadecuadas, que no han atendido las necesidades de las mujeres gitanas;

M.

Considerando que su bajo nivel socioeconómico y la discriminación que perciben en la atención sanitaria hace que desconozcan la mayoría de sus derechos y que acudan a los centros de salud con mucha menor frecuencia que la mayoría de la población;

N.

Considerando que las mujeres y niñas gitanas se ven especialmente afectadas por varias enfermedades, como el VIH/SIDA, pero que los programas de prevención en su comunidad raramente gozan de prioridad ni de financiación, y les sigue siendo difícil acceder a las pruebas de detección;

O.

Considerando que la pobreza extrema, las desigualdades de género y la discriminación interna exponen a las mujeres gitanas a un mayor riesgo de trata, prostitución, violencia doméstica y explotación, a la vez que se enfrentan a obstáculos adicionales para acceder a la protección;

P.

Considerando que un gran número de mujeres gitanas han sido víctimas de la violencia doméstica a manos de sus maridos, familia política y otros familiares; que la mayor parte de la violencia y las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres gitanas no se denuncian porque la violencia contra la mujer se sigue aceptando en las sociedades patriarcales como un ejercicio legal del poder, pero también debido a que los autores de actos de violencia contra la mujer rara vez pagan por sus actos, lo que desmotiva a las mujeres a la hora de buscar ayuda legal;

Q.

Considerando que la violencia contra las mujeres gitanas es una práctica habitual de diferentes autoridades en todos los Estados miembros de la UE como una forma profunda de discriminación y una clara violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y puede adoptar diferentes formas, como la recogida y registro de los datos sobre la población gitana, incluidos los niños, únicamente sobre la base de su origen étnico o el desahucio de cientos de personas sin ofrecer una vivienda alternativa o apoyo adecuado es una acción vergonzosa y cruel que ignora totalmente las obligaciones internacionales de los Estados miembros en materia de derechos humanos;

R.

Considerando que todas las instituciones de la UE y los Estados miembros tienen la responsabilidad de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como de acabar con la impunidad y llevar ante la justicia a los autores de delitos de odio y de incitación al odio, a la discriminación y a la violencia contra las mujeres y las niñas gitanas;

S.

Considerando que la Directiva 2000/43/CE prohíbe la discriminación por motivos de raza u origen étnico y que la Comisión Europea ha abierto cerca de 30 procedimientos de infracción contra Estados miembros de la UE por no transponer de forma adecuada la Directiva sobre la igualdad racial a la legislación nacional;

1.

Subraya que las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos deben capacitar a las mujeres gitanas para que asuman el control de su propia vida, convirtiéndose en agentes de cambio visibles dentro de sus comunidades y haciéndose oír para influir en las políticas y programas que les afectan, y deben asimismo reforzar la resiliencia socioeconómica de las mujeres gitanas, es decir, su capacidad para adaptarse a un entorno económico que cambia con rapidez, recurriendo al ahorro y evitando el agotamiento de los recursos;

2.

Acoge favorablemente el informe de situación de la Comisión (5) y la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (6), de 26 de junio de 2013, que se centra especialmente en el acceso al empleo, la vivienda, la educación y la sanidad, y pide a los Estados miembros que introduzcan medidas positivas e incorporen las estrategias de integración de los gitanos en su lucha contra la pobreza y la exclusión social;

3.

Pide a los Estados miembros que recibieron recomendaciones nacionales específicas en el marco del Semestre Europeo sobre cuestiones relacionadas con los gitanos, que las apliquen con prontitud, que luchen contra la discriminación, también en el lugar de trabajo, que involucren a la sociedad civil, incluidas las organizaciones de gitanos, en la toma de decisiones, y que asignen, además de fondos de la UE, fondos nacionales y de otro tipo para cumplir los compromisos de sus estrategias nacionales de integración de los gitanos;

4.

Lamenta que, pese a la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres romaníes en 2006 y de la aprobación por el Consejo de los 10 Principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos, uno de cuyos principios se refiere a la sensibilización sobre el género, los responsables políticos europeos y nacionales siguen sin abordar, en la práctica, la situación vulnerable de las mujeres gitanas y nómadas;

5.

Hace hincapié en que la eficiencia del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos podría mejorarse significativamente mediante una mayor intervención de la Comisión, sobre la base de su potencial para mejorar la calidad de la regulación y otros instrumentos, fomentar una mayor coherencia de las políticas y promover los objetivos generales de dicho Marco;

6.

Pide a los Estados miembros que elaboren planes nacionales de acción en las cuatro esferas prioritarias principales: salud, vivienda, empleo y educación, con objetivos, metas, financiación, indicadores y calendarios específicos, y que evalúen los avances midiendo los resultados de su aplicación;

7.

Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades locales que alienten la participación de las mujeres gitanas a través de organizaciones de mujeres, ONG gitanas y otros organismos interesados en la preparación, aplicación, evaluación y seguimiento de las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos y la creación de vínculos entre los organismos de igualdad de género, las organizaciones de derechos de las mujeres y las estrategias de inclusión social; pide además a la Comisión que aborde la igualdad de género de manera consistente a la hora de aplicar la Estrategia Europa 2020 y los programas nacionales de reforma;

8.

Pide a la Comisión que presente un diagrama del proceso europeo de inclusión de los gitanos que contemple los logros, los objetivos y las medidas específicas para cumplirlos, la situación en materia de aplicación de las medidas y los próximos pasos;

9.

Pide a los Estados miembros que supriman la segregación espacial, los desahucios forzados y el problema de falta de vivienda a los que se enfrentan los hombres y mujeres de etnia gitana, y que establezcan políticas de vivienda eficaces y transparentes;

10.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres y los niños gitanos, que se aseguren, mediante campañas de sensibilización, de que las mujeres y las niñas gitanas sean informadas de sus derechos con arreglo a la legislación nacional vigente en materia de igualdad de género y lucha contra la discriminación y, además, que luchen contra las tradiciones patriarcales y sexistas;

11.

Pide a la Comisión que especifique la división institucional de tareas y responsabilidades entre las organizaciones, foros y organismos interesados, y que defina claramente el papel de estos actores —como el Grupo de trabajo de la Comisión sobre los gitanos, la red de puntos de contacto nacionales, la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su grupo de trabajo ad hoc sobre la inclusión de los gitanos— en la supervisión, el control y la coordinación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos;

12.

Pide a la Comisión que apoye las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos buscando indicadores comunes, comparables y fiables y elaborando un cuadro europeo de indicadores de inclusión de los gitanos, con el fin de presentar resultados claros e inequívocos con arreglo a los cuales se pueda medir los avances y cumplir el requisito de seguimiento eficaz;

13.

Pide a los Estados miembros que velen por que las medidas de austeridad no afecten desproporcionadamente a las mujeres gitanas y nómadas, y que las decisiones presupuestarias se sustenten en los principios de los derechos humanos;

14.

Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a presentar indicadores de resultados, bases de referencia y objetivos principales numéricos en sus estrategias nacionales para los principales ámbitos prioritarios, conforme a los cuales se pueda medir los avances;

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la recogida de datos desglosados por género y etnia en todos los sistemas administrativos y su uso como base para la elaboración de las políticas; señala que dicha recogida de datos debe llevarse a cabo en consonancia con los principios rectores de los derechos humanos;

16.

Pide a los Estados miembros que cumplan sus compromisos políticos nacionales y asignen recursos financieros adecuados a la aplicación de las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, y que reflejen sus estrategias de inclusión en las políticas presupuestarias nacionales;

17.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un marco adecuado de consulta, aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias entre los responsables políticos y las organizaciones gitanas, y que inicien un diálogo estructurado para incluir a las organizaciones gitanas y a las ONG en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias europeas, nacionales y locales de inclusión de los gitanos;

18.

Pide a los Estados miembros que apliquen la igualdad en los derechos ciudadanos y en el acceso a los servicios de salud, la educación, el empleo y la vivienda, que respete los derechos humanos y la no discriminación y sea compatible con el nomadismo en los casos pertinentes;

19.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan los instrumentos de inversión territorial integrada y desarrollo local participativo en sus contratos de asociación, que los movilicen a favor de las microrregiones subdesarrolladas y de los territorios desfavorecidos y que incluyan el desarrollo local participativo en el conjunto de programas operativos que se ha de desarrollar;

20.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la adopción y la aplicación de una legislación específica e integral de lucha contra la discriminación, en consonancia con las normas internacionales y europeas en todos los Estados miembros, que garantice que los organismos de lucha contra la discriminación estén dotados para fomentar la igualdad de trato y que las mujeres y las niñas gitanas tengan acceso a los mecanismos de denuncia;

21.

Pide a los Estados miembros que pongan más énfasis en los aspectos territoriales de la inclusión social en sus estrategias nacionales, y que se centren en las microrregiones más desfavorecidas a través de programas de desarrollo complejos e integrados;

22.

Pide a los Estados miembros que se centren asimismo en la dimensión urbana de la política de cohesión, en especial respecto a las ciudades que se ven afectadas de forma desigual por los desequilibrios sociales tales como el desempleo, la exclusión social y la polarización, y que las ayuden a desarrollar su infraestructura para explotar su contribución potencial al crecimiento económico, reforzando los vínculos entre las zonas urbanas y rurales con vistas a fomentar el desarrollo inclusivo;

23.

Pide a los Estados miembros que refuercen el enfoque de género en la aplicación de sus estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, mediante la aplicación de la perspectiva de igualdad de género en todas las políticas y prácticas que afectan a las mujeres gitanas y que vinculen su aplicación a las estrategias existentes para la igualdad de género, en particular mediante la eliminación de las diferencias salariales y de pensiones por razón de género en el seno de esta comunidad y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas como objetivos explícitos, y que adopten medidas específicas con tal fin;

24.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la inclusión de medidas específicas a favor de los derechos de la mujer y la integración de la perspectiva de género en las estrategias nacionales de integración de los gitanos, que tengan en cuenta la perspectiva de género y la situación de discriminación múltiple e intersectorial a la que se enfrentan las mujeres gitanas, en particular en el empleo, la sanidad, la vivienda y la educación, que la evaluación y el seguimiento anual de la Comisión, y en particular de la Agencia de Derechos Fundamentales, tengan en cuenta los derechos de la mujer y la perspectiva de la igualdad de género en cada sección de las estrategias nacionales de integración de los gitanos, y que las conclusiones se presenten al Parlamento Europeo;

25.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las estrategias nacionales de integración de los gitanos reflejen los derechos y necesidades específicos de las mujeres gitanas y que desarrollen indicadores concretos para su aplicación, seguimiento y supervisión, por ejemplo basándose en el índice de desarrollo relativo al género (IDG) del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), tales como vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno, y basándose en el índice de potenciación de la mujer (GEM), que incluye la participación política y la toma de decisiones, la participación económica y la toma de decisiones y el control sobre los recursos económicos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen la inclusión de los aspectos de igualdad de género en el presupuesto como instrumento para integrar la perspectiva de género;

26.

Pide a los Estados miembros que elaboren un marco nacional de seguimiento y evaluación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos que incluyan aspectos tales como el seguimiento presupuestario y otras formas de seguimiento de la sociedad civil (llevada a cabo por ONG nacionales, redes de ONG u organizaciones coordinadoras), evaluación experta (realizada por expertos independientes con experiencia demostrable en la materia) y seguimiento administrativo;

27.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que efectúen evaluaciones de impacto sobre las cuestiones de género a la hora de elaborar medidas concretas en sus estrategias nacionales de inclusión de los gitanos;

28.

Pide a la Comisión que cree instrumentos más efectivos para determinar la verdadera situación socioeconómica de las mujeres gitanas, por ejemplo, cuantificando la «economía de la vida» y reconociendo la economía informal en su proyecto «Más allá del PIB»; pide a la Comisión, además, que desarrolle indicadores de las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos y las políticas de inclusión social, y haga un seguimiento de los mismos;

29.

Invita a las ONG que trabajan en este ámbito en los Estados miembros a elaborar planes de acción personalizados destinados a ayudar a las mujeres y los jóvenes a encontrar empleo; a prestar asesoramiento psicológico para fomentar la participación de los gitanos en la educación y la formación profesional, y también a reconocer sus aptitudes y capacidades personales para mejorar la inclusión social en el mercado de trabajo; a mediar entre los proveedores de cursos de formación o reciclaje y los empresarios por un lado, y entre las mujeres gitanas y la población gitana por otro; a estimular el aprovechamiento educativo de las mujeres y las niñas gitanas, concediendo subvenciones y becas, y respetando al mismo tiempo el principio de igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que las mujeres se casan más jóvenes que los hombres;

30.

Pide a los Estados miembros que utilicen las medidas que adopten para dirigirse explícitamente a las mujeres gitanas en situación socioeconómica de extrema pobreza, y se centren al mismo tiempo en grupos de riesgo, previniendo y tratando el empobrecimiento;

31.

Pide a los Estados miembros que aumenten el número y la visibilidad de los programas dirigidos a gitanos y nómadas y de los beneficiarios, y que incluyan apoyo específico a las organizaciones de gitanos y nómadas que trabajan para fomentar la emancipación de la mujer y el acceso de las ONG a los fondos estructurales;

32.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen mecanismos financieros para apoyar el seguimiento por parte de la sociedad civil y de la comunidad de la política, las iniciativas y los proyectos de inclusión social relativos a las mujeres gitanas y nómadas;

33.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan un objetivo de reducción de la pobreza infantil en el proceso de inclusión de los gitanos, para incorporar los derechos de la infancia en las medidas de inclusión social, acompañar los progresos desde la perspectiva de la pobreza infantil e identificar y desarrollar acciones prioritarias en este campo;

34.

Subraya que debe introducirse la prevención de la marginación desde la primera infancia; considera que es esencial adoptar un enfoque dirigido a las distintas generaciones de mujeres, con objeto de poner fin a la transmisión intergeneracional de la pobreza;

35.

Pide a los Estados miembros que incluyan en sus estrategias nacionales de inclusión de los gitanos programas adaptados para la inclusión activa de las mujeres gitanas en el mercado de trabajo garantizando el acceso de las mujeres y las niñas gitanas a programas educativos de calidad y a la formación continua con el fin de adquirir competencias que les sean de utilidad en el mercado de trabajo; pide a los Estados miembros que incluyan como objetivo horizontal la creación de capacidades y la emancipación de las mujeres gitanas en todos los ámbitos prioritarios de las estrategias nacionales y que fomenten la participación política apoyando la participación activa de las mujeres gitanas a nivel local, nacional y europeo;

36.

Pide a los Estados miembros que establezcan medidas de acción positiva para facilitar el acceso de las mujeres y hombres gitanos al empleo en la administración pública;

37.

Pide a los Estados miembros que elaboren medidas específicas para las familias numerosas (cuatro o más hijos) y los hogares monoparentales destinadas a facilitar la incorporación al mercado de trabajo, mediante el estudio de soluciones de protección social específicas, la ampliación de las posibilidades de cuidado infantil y el fomento de la integración de los niños gitanos en las escuelas y centros infantiles locales, así como el acceso pleno y en igualdad de condiciones a la enseñanza obligatoria, luchando así contra la exclusión social y la formación de guetos;

38.

Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso de los niños gitanos al cuidado infantil y a guarderías asequibles y de buena calidad, a servicios de atención infantil y a una educación basada en la cooperación parental; que vuelvan a introducir los objetivos de Barcelona sobre cuidado infantil y que desarrollen servicios de atención accesibles, asequibles y de calidad para todo el ciclo vital;

39.

Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para evitar que se despida a las mujeres durante el embarazo o la maternidad, y que estudie la posibilidad de que el periodo de crianza de los hijos entre en el cómputo de la jubilación;

40.

Insta a los Estados miembros a examinar los obstáculos al empleo por cuenta propia que afrontan las mujeres gitanas, a permitir un registro accesible, rápido y asequible de las mujeres gitanas emprendedoras y a desarrollar sistemas de microcréditos destinados a las pequeñas empresas emergentes y a los emprendedores con procedimientos administrativos simples y favorables al emprendedor, incluida asistencia técnica y medidas de apoyo, así como medidas especiales de reconocimiento de una serie de trabajos estacionales y temporales como «trabajo remunerado» que cotice a la seguridad social; urge además a los Estados miembros y a las autoridades locales a movilizar el instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social;

41.

Pide a los Estados miembros que desarrollen medidas específicas orientadas a la integración en el ámbito de la ayuda al desempleo (reciclaje, creación de empleo y colocación mediante ayudas salariales, ayudas a la seguridad social, desgravaciones fiscales, etc.) en lugar de centrarse casi exclusivamente en programas públicos de trabajo;

42.

Pide que se preste ayuda y se promueva la integración de la población gitana en el mercado de trabajo; señala que, con el fin de diferenciar las medidas y los servicios administrativos en el área laboral y desarrollar procesos de orientación, es necesario contar con personal de apoyo y gestores de expedientes implicados en la cultura gitana;

43.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un sistema específico de tutoría y apoyo educativo a través de servicios comunitarios sociales y educativos desde la primera infancia hasta la universidad para jóvenes gitanos, prestando especial atención a las cuestiones de género;

44.

Pide a los Estados miembros que aprovechen plenamente las oportunidades que brindan los Fondos Estructurales, y en particular el Fondo Social Europeo (FSE), para mejorar la formación y las perspectivas laborales de la población gitana, para darles una oportunidad real de integrarse socialmente y escapar a los persistentes altos índices de pobreza; insta a los Estados miembros a que supervisen periódicamente los progresos realizados, en particular en lo que se refiere a la educación y la formación de los jóvenes gitanas, especialmente las mujeres;

45.

Invita a los Estados miembros a combatir los estereotipos con el fin de evitar la anatematización de este grupo étnico, que contribuye a disuadir a los empresarios de contratar a personas gitanas, lo que conlleva la discriminación en la administración pública y las escuelas y tiene repercusiones negativas en las relaciones con las autoridades y la búsqueda de empleo;

46.

Reitera que las desigualdades educativas de la población gitana tienen un marcado componente de género, ya que el índice de alfabetización de las mujeres gitanas es de un 68 % de media, frente a un 81 % para los hombres de la misma etnia, y que la tasa de escolarización de las niñas gitanas en la enseñanza primaria es de tan solo un 64 %, una brecha que se observa también en los porcentajes de matriculación en estudios de formación profesional; observa, no obstante, que existen importantes diferencias entre los Estados miembros en estas estadísticas;

47.

Pide a los Estados miembros que desarrollen programas concretos para que las niñas y las jóvenes gitanas continúen en la escuela, —en la educación primaria y secundaria— y en la educación superior, y que establezcan medidas especiales para madres adolescentes y niñas que han abandonado prematuramente los estudios, en particular, para ayudarlas a estudiar sin interrupciones, subvencionando su entrada en el mercado de trabajo y ofreciendo formación en el lugar de trabajo; pide además a los Estados miembros y a la Comisión que tengan en cuenta estas medidas en su ejercicio de coordinación y evaluación de las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos;

48.

Pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias de lucha contra la discriminación para evitar y condenar comportamientos racistas en los servicios públicos y en el mercado de trabajo en particular, asegurando la defensa firme de los derechos de las mujeres y los hombres gitanos en el mercado de trabajo;

49.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan recursos en atraer a «estudiantes no tradicionales» para que continúen su educación, y que presten apoyo a las ONG y los programas cuyo objetivo sea fomentar la inclusión de estudiantes no tradicionales a través de programas educativos y de aprendizaje de adultos;

50.

Pide a los Estados miembros que promuevan redes de estudiantes gitanos con el fin de fomentar la solidaridad entre ellos, incrementar la visibilidad de los casos de éxito y superar el aislamiento de los estudiantes gitanos;

51.

Pide a los Estados miembros que fomenten la participación de las familias gitanas en las escuelas, que evalúen las escuelas en las que estudian los niños y jóvenes gitanos y que realicen los cambios necesarios para asegurar la integración educativa y el éxito académico de todos; señala que las medidas específicas deben orientarse a las niñas gitanas, partiendo de casos de éxito validadas por la comunidad académica;

52.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que asignen fondos a la construcción de escuelas, guarderías y centros de día con más plazas, para que los niños gitanos puedan participar en las clases junto con los demás niños no gitanos sin ser discriminados y excluidos del sistema educativo, ni rechazados por los profesores debido a su origen étnico;

53.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen programas de formación sistemática sobre la consideración del género y las especificidades culturales dirigidos a los proveedores de servicios sociales y de atención sanitaria;

54.

Destaca que la educación de las niñas gitanas contribuye a mejorar la vida de las personas de su etnia de muchas maneras, ya que representa, junto con otros factores, una condición fundamental para incrementar la empleabilidad de las mujeres gitanas, facilitando su acceso al mercado de trabajo y ofreciendo cierta seguridad en los ingresos, y que representa un elemento clave para superar la pobreza y la exclusión social; señala, por otra parte, que un mayor conocimiento de la cultura gitana por la comunidad docente contribuye a reducir la exclusión; pide, por tanto, a los Estados miembros que luchen contra la segregación y garanticen una educación más inclusiva y accesible y unos métodos de enseñanza que sean respetuosos con su cultura y cuenten con la participación de los padres y de asistentes educativos implicados en la cultura gitana, de forma que se conceda prioridad a la mejora de las competencias profesionales con el fin de responder a las demandas del mercado de trabajo;

55.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren expresamente a las mujeres gitanas como un grupo destinatario de sus iniciativas de salud, especialmente para enfermedades directamente relacionadas con el sistema hormonal femenino o con la pobreza, como la osteoporosis, los problemas musculoesquéleticos o las enfermedades del sistema nervioso central; exhorta, además, a que la detección y prevención del cáncer de mama y de cuello uterino estén fácilmente a su alcance, incluyendo las vacunas contra el virus del papiloma humano, y a conseguir que las mujeres embarazadas reciban atención sanitaria desde el primer trimestre de embarazo;

56.

Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso a la salud, en particular mediante la participación de las ONG de mujeres gitanas en la concepción, la aplicación y la evaluación de los programas de atención sanitaria, y que las mujeres y las niñas gitanas puedan tomar sus propias decisiones sobre su sexualidad, salud y maternidad mediante la promoción de la planificación familiar, el acceso a toda una serie de servicios de salud sexual y reproductiva y a la educación sexual, y mediante la protección de los niños y los adolescentes frente a los abusos sexuales y los matrimonios precoces, así como la prevención de la mortalidad infantil y materna y del fenómeno de la esterilización obligatoria;

57.

Pide a los Estados miembros que faciliten y promuevan una participación con equilibrio de género de las comunidades gitanas en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de los programas de prevención de enfermedades, tratamiento, atención y apoyo, así como en la reducción de la estigmatización y la discriminación en el sistema sanitario;

58.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales, que desarrollen y apliquen políticas que garanticen que todas las mujeres gitanas, incluso las que pertenezcan a las comunidades más excluidas, tienen acceso a servicios de asistencia médica primaria, de urgencia y preventiva; y que organicen acciones de formación destinadas a eliminar los prejuicios contra la población gitana dirigidas a los trabajadores del sector de la atención sanitaria;

59.

Pide a los Estados miembros que investiguen, prohíban y persigan la discriminación directa e indirecta contra las mujeres gitanas en el ejercicio de sus derechos fundamentales y en el acceso a los servicios públicos, y que prevengan cualquier nueva discriminación; hace hincapié en la importancia de realizar campañas de sensibilización para luchar contra la discriminación y los estereotipos racistas contra la población gitana, y las mujeres gitanas en particular;

60.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan a la población gitana y, en particular, a las mujeres gitanas, como grupo objetivo específico en los programas operativos y los programas de desarrollo de zonas rurales para el próximo periodo de programación.

61.

Pide a la Comisión que emita un informe de evaluación sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo en cada Estado miembro; pide asimismo a la Comisión que formule recomendaciones específicas para cada Estado miembro a fin de incluir también la dimensión de género en la Directiva;

62.

Pide al Consejo que alcance un acuerdo sobre la Directiva europea de igualdad de trato respecto a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, a fin de garantizar la protección legal frente a todos los motivos de discriminación y la discriminación múltiple en todos los ámbitos de la vida; pide asimismo a todas las instituciones de la UE que garanticen la inclusión de la discriminación intersectorial en la Directiva;

63.

Pide a los Estados miembros que aborden cualquier forma de violencia contra la mujer, como la violencia doméstica, la explotación sexual y la trata de seres humanos, especialmente contra las mujeres gitanas, y apoyen a las víctimas incluyendo objetivos específicos para acabar con la trata de mujeres gitanas en la estrategia nacional de inclusión de los gitanos y garantizando unos recursos adecuados para los servicios públicos que se ocupan de ello y proporcionando asimismo asistencia mediante servicios generales como la sanidad, el empleo y la educación; insta a la Comisión a que preste apoyo a las iniciativas públicas y de la sociedad civil destinadas a abordar estos problemas, a la vez que garantiza los derechos fundamentales de las víctimas;

64.

Pide a los Estados miembros que trabajen con las mujeres gitanas en la creación de estrategias de emancipación que reconozcan su identidad intersectorial y que promuevan actividades que luchen contra los estereotipos de género, dirigidas a mujeres, hombres, niñas y niños;

65.

Señala que el matrimonio concertado, el matrimonio infantil y el matrimonio forzoso siguen prevaleciendo como «prácticas tradicionales»; subraya que estas prácticas constituyen violaciones de los derechos humanos, que no solo tienen una repercusión significativa en la salud de las niñas gitanas, aumentando el riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto, sino que también exponen a las niñas a abusos y explotación sexual y cierran sus oportunidades educativas y laborales;

66.

Pide a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen el Convenio del Consejo de Europa sobre la Acción contra la Trata de Seres Humanos y que transpongan completamente las disposiciones de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (7), en particular, reforzando la identificación, protección y asistencia de las víctimas, con especial énfasis en los niños;

67.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión soluciones europeas a los problemas de la población gitana, teniendo en cuenta su derecho a la libre circulación como ciudadanos europeos y la necesidades de colaboración entre los Estados miembros para resolver los problemas de este grupo étnico;

68.

Pide a la Comisión y los Estados miembros que fomenten el intercambio de información y buenas prácticas en la integración de las mujeres gitanas en todos los ámbitos de la sociedad;

69.

Recomienda a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para evitar la venta de mujeres jóvenes de la comunidad gitana para el matrimonio, lo cual mina la moral y la dignidad de estas mujeres;

70.

Pide a los Estados miembros que atiendan urgentemente las necesidades de las mujeres gitanas, puesto que son uno de los grupos más vulnerables, que carecen de ingresos suficientes y requieren acceso a la atención sanitaria y a cuidados a largo plazo a medida que envejecen;

71.

Insta a la Comisión a poner en marcha una estrategia global para combatir la violencia contra la mujer, tal como ha solicitado el Parlamento en varias resoluciones; pide a la Comisión que cree instrumentos jurídicos, incluida una Directiva europea para combatir la violencia de género;

72.

Pide que se fomenten y promuevan la lengua y la cultura de la comunidad gitana, que se desarrollen estructuras administrativas competentes en cuestiones relacionadas con la etnia gitana, que se refuerce la política relativa a dicha etnia, así como su aplicación, y que se incremente la participación en el área de la cooperación internacional en cuestiones relativas a la misma;

73.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

15.12.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 468/45

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Vista su Resolución, de 13 de junio de 2012, sobre la situación en Sudán y en Sudán del Sur (1),

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro del apoyo presupuestario de la UE a países en desarrollo (2),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (3),

—

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre las perspectivas en materia de consolidación de la paz y construcción nacional después de un conflicto (4),

—

Vista la misión de investigación de su Comisión de Desarrollo a Sudán del Sur, en julio de 2011,

—

Visto el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea al referéndum de Sudán del Sur, del 9 al 15 de enero de 2011 (5),

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (6), modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (7) y modificado por segunda vez en Uagadugu el 22 de junio de 2010 (8),

—

Vista la declaración de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la situación en Sudán y en Sudán del Sur, publicada en Horsens (Dinamarca) en mayo de 2012 (9),

—

Vista la declaración de la UE y sus Estados miembros, de 9 de julio de 2011, sobre la independencia de la República de Sudán del Sur (10),

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 22 de julio de 2013, sobre Sudán y Sudán del Sur (11),

—

Vista la declaración de la Comisaria Kristalina Georgieva, de 5 de julio de 2012, sobre Sudán y Sudán del Sur (12),

—

Visto el plan de ejecución humanitaria («Humanitarian Implementation Plan» — HIP) de la Dirección General de Ayuda Humanitaria para Sudán y Sudán del Sur para 2013 y sus modificaciones (13),

—

Vistas las declaraciones del portavoz de la Alta Representante Catherine Ashton de 18 de junio de 2013, sobre el ataque mortal a un agente de mantenimiento de la paz de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) en Kordofán del Sur (14), de 1 de mayo de 2013, sobre el conflicto en los estados sudaneses de Kordofán del Sur y Nilo Azul (15), y de 8 de enero de 2013, sobre el reciente cierre de organizaciones de la sociedad civil en Sudán (16),

—

Vista la declaración in situ de la delegación de la UE, de 25 de julio de 2013, a raíz de la disolución de todo el Gobierno de la República de Sudán del Sur por parte de su Presidente (17),

—

Vista la Declaración de Dili «Una nueva visión para la consolidación de la paz y el refuerzo del Estado», de 10 de abril de 2010 (18),

—

Visto el Pacto de compromiso con los Estados frágiles, presentado en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, suscrito en Busan en diciembre de 2011 (19),

—

Visto el informe de la OCDE de 2011 sobre el compromiso internacional con los estados frágiles y la República de Sudán del Sur (20),

—

Visto el Informe sobre el desarrollo mundial 2011: «Conflicto, seguridad y desarrollo» (21),

—

Visto el informe del Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana encargado de la aplicación de las recomendaciones para Sudán y Sudán del Sur de 31 de julio de 2013 (22),

—

Vista la declaración, de 8 de marzo de 2013, del portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la zona fronteriza desmilitarizada segura entre Sudán y Sudán del Sur, y la activación del Mecanismo conjunto de verificación y vigilancia de fronteras (23),

—

Vista la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 27 de junio de 2013 titulada «Asistencia técnica y fomento de la capacidad para Sudán del Sur en la esfera de los derechos humanos» (A/HRC/21/L.7/Rev.1);

—

Visto el acuerdo marco sobre disposiciones políticas y de seguridad en los Estados de Nilo Azul y Kordofán, firmado el 28 de junio de 2011 (24),

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Vistas las conclusiones de los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos presentados al Consejo de los Derechos Humanos en sus periodos de sesiones 21o y 23o  (25),

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Vistos los acuerdos celebrados en Adís Abeba entre la República de Sudán y la República de Sudán del Sur el 27 de septiembre de 2012 (26),

—

Visto el informe de 2013 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Sudán del Sur (27),

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Visto el informe de Human Rights Watch titulado «This old man can feed us, you will marry him» (28),

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0380/2013),

A.

Considerando que la Resolución 1996 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acogió con beneplácito el establecimiento de la República de Sudán del Sur el 9 de julio de 2011, y que la Asamblea General de las Naciones Unidas votó el 14 de julio de 2011 la admisión de Sudán del Sur como Estado miembro (A/RES/65/308);

B.

Considerando que el cinturón de inseguridad, subdesarrollo y mala gobernanza en todo el Sahel hasta el Cuerno de África solo puede abordarse con un enfoque integral;

C.

Considerando que el nuevo Estado de Sudán del Sur es también uno de los países más pobres del mundo, en el que un 50 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y que en este nuevo Estado, surgido de una situación de guerra y situado en una región inestable, corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido si la comunidad internacional y los agentes locales no se coordinan para poner en marcha una estrategia común para convertirlo en un Estado democrático e integrador;

D.

Considerando que se han adoptado determinadas medidas en el contexto de la reforma del sector de la seguridad, como la creación del Servicio Nacional de Policía de Sudán del Sur (SSNPS), el Consejo Nacional de Seguridad y Desarme (NSDC) y el Consejo de Desmovilización y Reintegración (DRC);

E.

Considerando que la prosperidad y la viabilidad del nuevo Estado de Sudán del Sur depende en gran medida de las relaciones constructivas y pacíficas con todos sus países vecinos, en particular con la República de Sudán, y de la capacidad de estos dos países de resolver sus diferencias y acordar y aplicar soluciones viables, en especial en lo relativo a los conflictos fronterizos, los ingresos procedentes del petróleo, el estatuto final de Abyei, la deuda nacional y la ciudadanía;

F.

Considerando que la construcción del Estado y la superación de la fragilidad requieren una perspectiva a largo plazo, además de un compromiso firme, predecible y estable de la comunidad internacional;

G.

Considerando que, si bien el nuevo país se enfrenta a un elevado número de desafíos graves, Sudán del Sur ha conseguido un progreso considerable en relación con los índices clave de desarrollo desde que se adoptó el Acuerdo de Paz Global de 2005, por ejemplo multiplicar por seis el número de inscritos en las escuelas primarias, una reducción del 25 % de la mortalidad infantil y la creación de instituciones estatales clave en los ámbitos federal y estatal;

H.

Considerando que los niños son las víctimas principales de la inseguridad y los conflictos que afectan a Sudán del Sur; considerando la violencia sexual cometida contra niños y mujeres, así como el reclutamiento infantil por grupos armados;

I.

Considerando que, cuando un mayor número de mujeres participa en los procesos de resolución de conflictos y en la toma de decisiones políticas, se amplía el alcance de la reconstrucción democrática;

J.

Considerando la elevada dependencia de Sudán del Sur respecto de la producción de petróleo, que representa aproximadamente el 88 % de la renta nacional, y que en la actualidad depende completamente de la República de Sudán para su exportación; que esta enorme dependencia representa un peligro para la economía del país y también funciona como instrumento de presión sobre el nuevo país, lo que provoca tensiones adicionales e incluso conflictos, especialmente con Sudán, o conflictos interétnicos, tal como ha ocurrido en los dos últimos años; que Sudán del Sur ha celebrado acuerdos con sus vecinos Kenia, Etiopía y Yibuti para explorar la posibilidad de dos nuevos oleoductos que conecten sus yacimientos petrolíferos con el golfo de Adén y el océano Índico;

K.

Considerando la interrupción de la producción de petróleo por parte del Gobierno de Sudán del Sur durante más de un año, así como el cierre de los oleoductos en Sudán, lo que ha privado al país de una de sus principales fuentes de ingresos y lo ha hundido en una grave crisis presupuestaria, seguida por un periodo continuado de austeridad severa;

L.

Considerando que el índice de gobernanza de los recursos para 2013, a la vez que reconoce un «marco legal ambicioso concebido para fomentar una gobernanza transparente del sector petrolero», coloca a Sudán del Sur en el 50o puesto de 58 países debido a que sus autoridades no han hecho pública la información sobre el sector y no han establecido mecanismos adecuados de control y auditoría;

M.

Considerando que la comunidad internacional ha brindado un importante apoyo político y material a la independencia de Sudán del Sur y a su viabilidad, así como a su desarrollo económico y social; que la UE ha desempeñado un papel muy positivo a este respecto; considerando que la UE y sus Estados miembros se comprometieron, en ocasión de la independencia de Sudán del Sur, a desarrollar una asociación estrecha y a largo plazo con la República de Sudán del Sur y con su población;

N.

Considerando que, el 23 de mayo de 2011, el Consejo aprobó un paquete financiero de 200 millones EUR para Sudán del Sur a fin de facilitar la financiación para la contribución de la UE al documento de estrategia común para el país (estrategia de respuesta) para Sudán del Sur 2011-2013;

O.

Considerando que la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias internacionales han respondido rápidamente a la necesidad de aliviar el sufrimiento de las personas de la región, a pesar de que los grupos rebeldes y el Gobierno sudanés les prohíban intervenir en algunas regiones, y que la UE ha ofrecido y sigue ofreciendo un elevado grado de ayuda humanitaria, incluidos 110 millones EUR solo en 2012;

P.

Considerando que las perspectivas de desarrollo a largo plazo y la construcción del Estado en Sudán del Sur están íntimamente relacionadas con la interdependencia regional en el Cuerno de África, en particular el tratamiento de los problemas de seguridad con el vecino Sudán (incluidas las regiones de Darfur, Kordofán y Nilo Azul), y las inversiones en pos de la integración económica con otros socios regionales;

Q.

Considerando que Sudán del Sur es uno de los primeros países en los que se han puesto en práctica programas conjuntos entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión y los Estados miembros de la UE, en consonancia con el plan de desarrollo de Sudán del Sur, en forma de un único documento de estrategia de la UE para el país acordado en diciembre de 2011, con un total de 830 millones EUR de ayuda al desarrollo;

R.

Considerando que Sudán del Sur no ha accedido todavía al Acuerdo de Cotonú, que su Gobierno manifiesta preocupaciones acerca de las posibles repercusiones para sus relaciones con la República de Sudán; que la adhesión al Acuerdo de Cotonú no obligaría a Sudán del Sur a adherirse inmediatamente al Estatuto de Roma; que su reticencia a sumarse al Acuerdo de Cotonú está provocando problemas en la programación de la ayuda de la UE a partir de 2014 en el marco del 11o Fondo Europeo de Desarrollo, que podría tener como resultado que Sudán del Sur perdiera no solo asignaciones nacionales, sino también fondos regionales y recursos sustanciales del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que podrían mejorar sus infraestructuras y su integración económica regional; que el hecho de ratificar el Acuerdo de Cotonú podría contribuir también a aumentar su capacidad para atraer inversiones del sector privado europeo; que los instrumentos financieros adicionales a los que podría tener acceso Sudán del Sur tras acceder al Acuerdo de Cotonú también podrían contribuir a la aplicación del Acuerdo de Adís Abeba;

S.

Considerando que el Consejo nombró a Rosalind Marsden como Representante Especial de la Unión Europea (REUE) para Sudán en agosto de 2010 y, a continuación, amplió y prorrogó su mandato, pero que en junio de 2013 acordó tan solo una prórroga de cuatro meses hasta el 31 de octubre de 2013 con el fin de integrarlo en el mandato del REUE para el Cuerno de África, a pesar de su excelente trabajo y de su importante papel en el aprovechamiento de los distintos instrumentos de la UE y de su influencia en la evolución de la región; que sin un Representante Especial de la Unión Europea (REUE) para Sudán/Sudán del Sur, la UE quedará al margen de las negociaciones y esfuerzos internacionales;

T.

Considerando la ayuda aportada por la Unión Europea al Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana presidido por el antiguo Presidente sudafricano Thabo Mbeki, así como la ayuda facilitada por la Unión a las misiones de las Naciones Unidas, en concreto, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS), la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), la Misión conjunta de las Naciones Unidas y de la Unión Africana en Darfur (UNAMID) y la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA);

U.

Considerando la formulación de un nuevo Pacto de compromiso con los Estados frágiles por el grupo G7+ (incluido Sudán del Sur) y el Diálogo internacional sobre la consolidación de la paz y la creación de estructuras estatales, aprobado posteriormente por la UE, junto con 36 países, en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busan en diciembre de 2011;

V.

Considerando que, en abril de 2013, se celebró un foro de asociación económica en Washington, y en él se anunció que debería establecerse un nuevo acuerdo compacto («New Deal Compact») con objeto de poder determinar el marco de un nuevo compromiso de la comunidad internacional para la ayuda al desarrollo de Sudán del Sur;

W.

Considerando que los esfuerzos externos efectuados en relación con la construcción del Estado y el desarrollo solo pueden tener éxito si el liderazgo de Sudán del Sur se compromete y consigue el desarrollo respecto de una gobernanza responsable, integradora y que responda, y supere los intereses a corto plazo o clientelistas; que Sudán del Sur todavía no está incluido en la mayor parte de los indicadores de gobernanza y todavía se dispone de muy pocos datos cuantitativos acerca del alcance de la corrupción en el país; que la comunidad internacional, tanto privada como pública, no tolera la corrupción y, por lo tanto, es necesario garantizar que la prestación de ayuda o las inversiones no generen ni fomenten prácticas perjudiciales;

X.

Considerando que falta una red de seguridad social y que el acceso a servicios tales como la asistencia sanitaria, la electricidad y el agua sigue siendo extremadamente limitado; que, según algunas estimaciones, solo un tercio de la población tiene acceso a agua potable y que los problemas de acceso al agua han intensificado los conflictos entre comunidades;

Y.

Considerando que las mujeres y niñas de Sudán del Sur soportan la mayor tasa de mortalidad materna del mundo, y que una de cada siete mujeres de Sudán del Sur morirá durante o inmediatamente después del parto (29); que las principales causas de mortalidad materna son las infecciones y las hemorragias, y que Sudán del Sur sufre una carencia grave de equipos médicos básicos y enfermeras y matronas cualificadas;

Z.

Considerando que se calcula que en Sudán del Sur el 48 % de las jóvenes de entre 15 y 19 años son obligadas a casarse y que, según la información de que se dispone, se ha obligado a niñas de 12 años a contraer matrimonio, lo cual afecta directamente a la escolarización de las niñas, que solo representan el 39 % de los alumnos de primaria y el 30 % de los de secundaria;

AA.

Considerando que la opinión de que las mujeres son propiedad de su padre o marido está enraizada en el sistema de dotes que existe en Sudán del Sur;

AB.

Considerando que la violencia doméstica se considera una norma social arraigada en todo Sudán del Sur y que el 82 % de las mujeres y el 81 % de los hombres creen que una mujer debería tolerar la violencia doméstica y mantener el problema en el ámbito familiar (30);

AC.

Considerando que el índice de analfabetismo se calcula en más del 80 % (el índice más elevado del mundo para las mujeres), y que el índice de acceso de las niñas a la educación es el más bajo del mundo, pues solo representan el 25 % de los alumnos; considerando la escasez de docentes;

AD.

Considerando la escasez de docentes y la importante necesidad de diplomados graduados en escuelas profesionales, así como de disponer de establecimientos educativos y de formación para lograr una mano de obra cualificada;

AE.

Considerando el prometedor potencial del sector agrícola de Sudán del Sur, habida cuenta de las vastas superficies de tierras arables del país, con una agricultura que no solo ofrece perspectivas comerciales rentables y posibilidades de empleo para la comunidad, sino que también puede contribuir a aliviar las necesidades alimentarias del propio país y, a largo plazo, las de sus países vecinos;

AF.

Considerando que las mujeres son clave para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional y pueden contribuir al aumento de la productividad agrícola;

AG.

Considerando la práctica inexistencia de infraestructuras permanentes de transporte por carretera, ferroviario o por vías navegables en Sudán del Sur; que el desarrollo de estas infraestructuras es necesario para impulsar el crecimiento económico del país, así como el comercio, el acceso a los mercados y la creación de empleo;

AH.

Considerando que se estima en varios millones el número de las minas terrestres y las municiones sin explotar aún enterradas en Sudán del Sur desde la guerra civil;

AI.

Considerando que la seguridad interior sigue siendo uno de los desafíos clave para Sudán del Sur, donde varios conflictos de baja intensidad han creado una situación humanitaria grave; que se han denunciado repetidos abusos de las fuerzas de seguridad de Sudán del Sur, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas durante campañas de desarme de civiles; que los esfuerzos posteriores a 2005 en el ámbito de la desmovilización, el desarme y la reintegración se han paralizado y que falta un régimen de pensiones aceptable para los veteranos;

AJ.

Considerando que la población se enfrenta a importantes riesgos de inseguridad alimentaria, que han afectado a 4,1 millones de sursudaneses a lo largo del año en curso; que el acceso a servicios sanitarios es muy limitado, la escasez de personal y de material médico y las necesidades humanitarias que afectan a las poblaciones desplazadas a causa de los conflictos; considerando la tasa de mortalidad infantil de niños de menos de cinco años de edad y que la tasa de mortalidad materna es la más elevada del mundo;

AK.

Considerando que, en 2013, Sudán del Sur ha bajado doce puestos en el Índice mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, quedando relegado al puesto no 124 de un total de 180 países;

AL.

Considerando que la estabilidad viable a largo plazo en el Cuerno de África solo puede construirse sobre unas instituciones fuertes, una función y un lugar adecuados para la sociedad civil, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y sobre perspectivas económicas sólidas para la sociedad en general; que, según se informa, la separación de Sudán y Sudán del Sur ha llevado a un conflicto religioso; que un conjunto de refugiados ha huido de Sudán a Sudán del Sur, mayoritariamente cristiano; que el número estimado de refugiados desplazados de Sudán a Sudán del Sur era de 263 000 en junio de 2013 (31);

AM.

Considerando que los periodistas son, con frecuencia, objeto de amenazas, detenciones y retención sin cargos; que se ha denunciado que las fuerzas de seguridad acosan y retienen ilegalmente a periodistas; que las autoridades de Sudán del Sur no han llevado a cabo investigaciones inmediatas, eficaces e imparciales sobre los ataques a periodistas ni en casos tales como el asesinato de Isaiah Abraham, periodista crítico con el Gobierno;

AN.

Considerando que la debilidad del sistema judicial da pie a violaciones graves de los derechos humanos; que existe una clara necesidad de formación especializada en el ámbito de los derechos humanos para los profesionales del Derecho; que, a fin de hacer frente a la impunidad, es necesario mejorar los conocimientos sobre los instrumentos fundamentales en materia de derechos humanos, que contribuirán a su aplicación; que existe una ausencia casi total de asistencia jurídica en el sistema judicial penal;

AO.

Considerando que la lengua oficial de Sudán del Sur es el inglés, pero que este no es el idioma que habla la población sudanesa, en su mayor parte analfabeta; que esta lengua predomina en los servicios públicos, el sistema jurídico, las empresas privadas y en los medios de comunicación más influyentes del país; que Sudán del Sur comprende más de sesenta lenguas y dialectos hablados por los diferentes grupos étnicos que lo componen; que la lengua es un factor esencial de cohesión nacional y, por tanto, es importante disponer de una política lingüística apropiada;