24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/1

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/2

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Vistos los artículos 232 y 341 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el Protocolo no 6, anejo a los Tratados, sobre la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados órganos, organismos y servicios de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 10, 14 y 48 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vista su postura oficial sobre estas cuestiones, establecida concretamente en su Recomendación de 21 de junio de 1958 (1), su Resolución de 7 de julio de 1981 relativa a la sede de las instituciones de la CE y, en particular, del Parlamento Europeo (2), sus recomendaciones para la Conferencia Intergubernamental del 13 de abril de 2000 (3), y las resoluciones que las acompañan: su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre Invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora (4); su resolución de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección I — Parlamento Europeo (5); su Resolución, de 16 de febrero de 2012, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2013, Sección I — Parlamento Europeo, Sección II — Consejo, Sección IV — Tribunal de Justicia, Sección V — Tribunal de Cuentas, Sección VI — Comité Económico y Social Europeo, Sección VII — Comité de las Regiones, Sección VIII — Defensor del Pueblo Europeo, Sección IX — Supervisor Europeo de Protección de Datos, Sección X — Servicio Europeo de Acción Exterior (6); su Resolución, de 29 de marzo de 2012, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2013 (7), y su Resolución, de 4 de julio de 2012, sobre el mandato para el diálogo tripartito sobre el proyecto de presupuesto 2013 (8),

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Vistas las preguntas con solicitud de respuesta escrita E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-2012, E-002935-2012, E-004134-2012 y E-004135-2012 dirigidas a la Comisión y al Consejo,

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Vistos los informes del Secretario General, de septiembre de 2002 y de agosto de 2013, sobre el coste del mantenimiento de los tres lugares de trabajo,

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Visto el informe del grupo de trabajo conjunto de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos sobre el presupuesto del Parlamento para 2012,

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Vistos sus informes de actividad de 1993-1999, 1999-2004, 2004-2009 y 2009-2011,

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Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE), en particular los asuntos C-230/81 (9), C-345/95 (10) y los asuntos acumulados C-237/11 y C-238/11 (11),

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Vista la petición 630/2006 por la campaña a favor de una sede única, apoyada por más de un millón de ciudadanos de la UE,

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Vista la votación en el Pleno del 23 de octubre de 2012, en la que una mayoría del 78 % de sus diputados pedía a los Estados miembros que revisaran sus puntos de vista sobre la cuestión de Estrasburgo como sede oficial del Parlamento;

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Vistos el artículo 5, apartado 3, los artículos 29, 41, 48, 74 bis, 201 y el artículo 202, apartado 4, de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Peticiones (A7-0350/2013),

A.

Considerando que el artículo 341 del TFUE establece que las sedes de las instituciones de la Unión serán fijadas de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros;

B.

Considerando que los Estados miembros lo han hecho en el Protocolo no 6 adjunto a los Tratados, que establece Bruselas como sede de la Comisión, del Consejo (cuyas reuniones se celebrarán en Luxemburgo durante los meses de abril, junio y octubre), del Comité Económico y Social y del Comité de la Regiones, establece Luxemburgo como sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Cuentas Europeo y del Banco Europeo de Inversiones, establece Fráncfort como sede del Banco Central Europeo y establece La Haya como sede de la Oficina Europea de Policía;

C.

Considerando que la decisión de los Estados miembros sobre estas sedes se tomó en un acuerdo más amplio, teniendo en cuenta los avances históricos de la Unión Europea y sus instituciones, así como las consideraciones de su dispersión geográfica;

D.

Considerando que el Parlamento desempeña un papel marcado y único como la única institución elegida directamente por los ciudadanos europeos y que es responsable ante estos ciudadanos, y ya que su papel ha sufrido los cambios más significativos entre todas las instituciones de la UE, este informe se centrará principalmente en la sede y los acuerdos de trabajo del Parlamento;

E.

Considerando que el Protocolo no 6 anejo a los Tratados establece que el Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los 12 períodos parciales de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria; que los períodos parciales de sesiones plenarias adicionales se celebrarán en Bruselas; que las comisiones del Parlamento Europeo se reunirán en Bruselas y que la Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios seguirán instalados en Luxemburgo;

F.

Considerando que los artículos 10 y 14 del TUE disponen que la UE es una democracia representativa; que los ciudadanos están directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo, que ejercerá conjuntamente con el Consejo, y en pie de igualdad, la función legislativa;

G.

Considerando que el artículo 232 del TFUE permite al Parlamento establecer su propio reglamento interno, en el que puede determinar la duración de las sesiones plenarias de conformidad con los Tratados y con la jurisprudencia del TJE;

H.

Considerando que el TJE ha declarado que la ubicación de la sede no ha de obstaculizar el debido funcionamiento del Parlamento; que ha declarado asimismo que la pluralidad de lugares de trabajo acarrea desventajas y costes, pero también que cualquier modificación de la sede o del lugar de trabajo requiere una modificación del Tratado y, por ende, el consentimiento de los Estados miembros;

I.

Considerando que el Parlamento se ha transformado completamente y se ha convertido, de un órgano consultivo con 78 diputados destinados que — principalmente por motivos prácticos — compartía sus instalaciones con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, en un Parlamento soberano directamente elegido que cuenta actualmente con 766 diputados y que es hoy día colegislador en pie de igualdad con el Consejo;

J.

Considerando que esto se ilustra en el incremento de su capacidad legislativa, como indica el aumento del número de procedimientos de codecisión (actualmente procedimientos legislativos ordinarios) de 165 en 1993-1999 a 454 en 2004-2009, y a un número incluso mayor en la legislatura actual;

K.

Considerando que el papel cambiante del Parlamento Europeo también se refleja en el incremento del 150 % de las reuniones interinstitucionales, que han pasado de 16 000 a 40 000 aproximadamente entre 2009 y 2013, y en las constantes negociaciones y diálogos tripartitos con la Comisión, el Consejo y los Estados miembros individuales, que ahora forman parte del proceso legislativo ordinario, y que han llevado a un marcado aumento del número de acuerdos en primera lectura, pasando de un 28 % en 1999-2004 a un 72 % en 2004-2009;

L.

Considerando que la estructura del calendario del Parlamento Europeo (establecida en la Cumbre de Edimburgo en 1992) es anterior a todos los cambios en su papel derivados de la adopción de los Tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa;

M.

Considerando que el Consejo y el Consejo Europeo ya han concentrado su trabajo en Bruselas, donde se celebran ahora exclusivamente las reuniones del Consejo Europeo, que previamente se celebraban siempre en el país de la Presidencia rotatoria;

N.

Considerando que la distancia geográfica de 435 km entre las sedes oficiales de los órganos colegisladores aísla al Parlamento, no solo del Consejo y de la Comisión, sino también de otras partes interesadas, como las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y las representaciones de los Estados miembros, y de una de las comunidades periodísticas internacionales más amplias del mundo;

O.

Considerando que las estimaciones de los costes adicionales que provoca la dispersión geográfica del Parlamento se sitúan entre 156 y 204 millones de euros (12), lo que representa aproximadamente el 10 % del presupuesto anual del Parlamento, mientras que el impacto medioambiental también es considerable, dado que se calcula que las emisiones de CO2 relacionadas con los desplazamientos a los tres lugares de trabajo y vuelta se sitúan entre 11 000 (13) y 19 000 toneladas (14);

P.

Considerando que los acuerdos de trabajo actuales del Parlamento también imponen costes adicionales y viajes en las demás instituciones de la Unión Europea, en especial la Comisión y el Consejo, las representaciones de los Estados miembros y los representantes de los periodistas y de la sociedad civil;

Q.

Considerando que el 78 % de todas las misiones del personal estatutario del Parlamento (en promedio 3 172 cada mes) son consecuencia directa de su dispersión geográfica; que, si bien los edificios del Parlamento Europeo en Estrasburgo se utilizan solo 42 días al año (permaneciendo inutilizados el 89 % del tiempo), necesitan calefacción, personal y mantenimiento durante todo el año;

R.

Considerando que el gasto derivado de la dispersión geográfica del Parlamento constituye un ámbito importante de ahorros potenciales, especialmente en el clima económico actual;

S.

Considerando que el Parlamento, desde su sugerencia de 1958 de que se le ubicase junto al Consejo y a la Comisión, ha expresado repetidamente, a través de numerosos informes, declaraciones y afirmaciones, su deseo de un acuerdo de trabajo más práctico y eficaz;

T.

Considerando que los ciudadanos de la UE —incluidos los más de un millón de ciudadanos que han apoyado una petición para solicitar una sede única— han exigido reiteradamente su disconformidad con los acuerdos actuales;

U.

Considerando que la normativa relativa al derecho a la organización autónoma del Parlamento forma parte de las cuestiones destacadas del sistema parlamentario;

V.

Considerando que, además de las cuestiones aquí tratadas, hasta ahora tampoco se han resuelto de manera convincente otros asuntos fundamentales directamente relacionados con la posición del Parlamento Europeo y su función en el marco institucional de la Unión Europea; considerando que esas cuestiones no resueltas se refieren a cuestiones relativas el derecho de voto, normas relativas a una zona de acceso restringido, cuestiones de inmunidad y relativas al Estatuto de los diputados; constata que el tratamiento de otros asuntos debe enmarcarse en el derecho a la organización autónoma del Parlamento, ejercido en el marco de un poder de decisión general, o bien, cuando menos, incluirse en un procedimiento legislativo ordinario en el marco de la codecisión;

1.

Opina que se debe reconocer al Parlamento Europeo, como único órgano de representación directa de los ciudadanos europeos, la prerrogativa de determinar sus propios acuerdos de trabajo, incluido el derecho a decidir cuándo y dónde celebra sus reuniones;

2.

Coincide con el principio de que el Parlamento Europeo sería más efectivo, rentable y respetuoso con el medio ambiente si tuviese una sola sede; señala que la continuación de la migración mensual entre Bruselas y Estrasburgo se ha convertido para la mayoría de los ciudadanos de la UE en una cuestión simbólica negativa perjudicial para la reputación de la Unión Europea, especialmente en un momento en que la crisis financiera ha llevado a cortes graves y dolorosos de los gastos en los Estados miembros;

3.

Considera que es perfectamente legítimo abrir un debate sobre su derecho a determinar sus propias modalidades de trabajo, incluido el derecho a decidir dónde y cuándo se reúne;

4.

Se compromete, por lo tanto, a incoar un procedimiento ordinario de revisión de los Tratados conforme al artículo 48 del TUE con vistas a proponer los cambios del artículo 341 del TFUE y del Protocolo no 6 necesarios para permitir al Parlamento decidir la ubicación de su sede y su organización interna;

5.

Decide no formular recomendaciones sobre las sedes de las demás instituciones de la UE;

6.

Subraya que deben valorarse los efectos financieros y económicos de un cambio de la sede o de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo y que se debe hallar un equilibrio adecuado mediante el cual se garantice la utilización posterior de los edificios ya existentes del Parlamento Europeo;

7.

Reconoce que cualquier decisión futura por parte del Parlamento sobre sus acuerdos de trabajo ha de dejar bastante tiempo de debate y reflexión, así como para una transición adecuada;

8.

Pide al Tribunal de Cuentas, o a una entidad análoga independiente, que presente un análisis exhaustivo de los posibles ahorros para el presupuesto de la UE si el Parlamento tuviera una sola sede; pide que este análisis incluya los aspectos presupuestarios y los costes adicionales, como los ahorros procedentes de la reducción de la pérdida de tiempo de trabajo y de una mayor eficiencia;

9.

Pide a la Mesa que encargue al Eurobarómetro, o a otro servicio de encuestas profesional de carácter similar, que lleve a cabo antes del 1 de enero de 2014 una encuesta sobre la opinión de los ciudadanos europeos acerca de la posibilidad de mantener tres lugares de trabajo del Parlamento, haciendo especial referencia a los costes financieros, ambientales y en materia de eficiencia de este régimen;

10.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo Europeo, y a los Jefes de Estado y de Gobierno y Parlamentos de los Estados miembros.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/6

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Vista la Declaración Ministerial de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 14 de noviembre de 2001,

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Vista la Declaración Ministerial de Hong Kong de la OMC, de 18 de diciembre de 2005,

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Vista su Resolución, de 4 de abril de 2006, sobre la evaluación de la Ronda de Doha tras la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong (1),

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Vista su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio (2),

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo, en particular sus Resoluciones de 9 de octubre de 2008 (3), de 16 de diciembre de 2009 (4) y de 14 de septiembre de 2011 (5),

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Vista la Declaración aprobada el 29 de mayo de 2013 en la vigesimoctava sesión del Comité Directivo de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC,

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Vistas las declaraciones realizadas en las reuniones informales del Comité de Negociaciones Comerciales de los días 11 de abril y 3 de junio de 2013, y en su reunión formal del 22 de julio de 2013,

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Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas,

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Visto el cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, llevado a cabo del 8 al 10 de julio de 2013,

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Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Ronda de Doha se inició en 2001 con los objetivos de crear nuevas oportunidades comerciales, reforzar las normas multilaterales en materia de comercio y corregir los actuales desequilibrios del sistema comercial situando los intereses y necesidades de los países en desarrollo y, en particular, de los países menos avanzados (PMA) en el centro de las negociaciones; que dichos objetivos se derivan de la convicción de que un sistema multilateral basado en unas normas más justas y equitativas puede contribuir a un comercio libre y justo al servicio del desarrollo económico de todos los continentes, así como a la reducción de la pobreza;

B.

Considerando que la UE ha defendido sistemáticamente un enfoque firmemente multilateral del comercio, basado en normas reconociendo a la vez que los enfoques complementarios, como los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales, también pueden fomentar la apertura del comercio, especialmente al desbloquear la liberalización y mejorar las normas y disciplinas en ámbitos políticos abordados con menor intensidad en la OMC, así como respaldar el sistema multilateral, siempre que dichos acuerdos sean conformes con la OMC;

C.

Considerando que la OMC y las normas consagradas en los acuerdos de la OMC han sido decisivas para evitar un proteccionismo pleno y generalizado como respuesta a la crisis financiera y económica más grave desde los años treinta;

D.

Considerando que el comercio multilateral abierto y justo se está viendo más limitado por diversas barreras no arancelarias que por barreras arancelarias, que se están eliminando notablemente a medida que avanza la globalización;

E.

Considerando que la reunión ministerial de la OMC para concluir la Ronda de Doha se estancó a finales de julio de 2008;

F.

Considerando que, en los últimos años, se han observado varios intentos e iniciativas para dar al Programa de Doha para el Desarrollo el ímpetu que tanto necesita;

G.

Considerando que la novena Conferencia Ministerial de la OMC se celebrará en Indonesia del 3 al 6 de diciembre de 2013;

1.

Reitera su pleno compromiso con el perdurable valor del multilateralismo, pero sostiene que es necesaria una reforma estructural de la OMC para garantizar mejor un sistema de comercio basado en normas compartidas, abierto, justo y no discriminatorio, que tenga en cuenta en mayor medida el papel de las PYME y sus intereses;

2.

Hace hincapié en la importancia general de conseguir un resultado ambicioso y equilibrado en la novena Conferencia Ministerial que sea aceptable por todos los miembros de la OMC y que contribuya a establecer la base para futuras negociaciones multilaterales;

3.

Pide un programa comercial basado en un comercio libre y justo en beneficio de todos, que sitúe el desarrollo en el centro del proceso; hace hincapié en la importancia de que durante las negociaciones se tengan plenamente en cuenta las necesidades y los intereses especiales de los países en desarrollo de renta baja y de los países menos avanzados (PMA); reitera la necesidad imperiosa de velar por que el principio de trato especial y diferenciado (S&D) constituya una parte integrante de todos los niveles de las negociaciones, reflejando así los distintos niveles de desarrollo económico de los miembros de la OMC, con arreglo al párrafo 44 de la Declaración Ministerial de Doha; considera que las disposiciones significativas sobre trato especial y diferenciado deben precisarse más, someterse a revisiones periódicas y ser más específicas;

4.

Opina que la liberalización del comercio es un instrumento importante para garantizar un crecimiento y desarrollo económicos sostenibles, pero que necesita ir acompañada de medidas complementarias adecuadas, especialmente por lo que respecta a intervenciones macro y microeconómicas, como transparencia presupuestaria, políticas fiscales y equidad tributaria, simplificación administrativa, educación y formación, reformas institucionales y políticas sociales, a fin de potenciar al máximo y distribuir mejor los beneficios de las reformas comerciales y contrarrestar eficazmente cualquier efecto negativo;

5.

Destaca que los miembros de la OMC han reconocido que, puesto que todavía hay países que no poseen la capacidad humana, institucional y de infraestructuras suficiente para participar eficazmente en el comercio internacional, el sistema multilateral debe ir acompañado de un aumento de la capacidad comercial, que es un complemento esencial del Programa de Doha para el Desarrollo; opina, asimismo, sin embargo, que la asistencia a los países que desean adherirse a la OMC debe seguir siendo una prioridad;

6.

Destaca en este contexto el importante papel que ha desempeñado la iniciativa de ayuda al comercio; lamenta que, por primera vez desde su lanzamiento en 2005, se redujese el importe de los compromisos en 2011 debido a la crisis financiera, lo que se tradujo en una disminución del apoyo a los grandes proyectos de infraestructura económica con un descenso de los compromisos en los sectores del transporte y la energía; observa que la asistencia técnica en el ámbito del comercio y las iniciativas multilaterales como el trato arancelario preferencial concedido en el marco de la OMC pueden contribuir a compensar esta reducción en los compromisos; pide a los miembros de la OMC, en particular a los países desarrollados y a las economías emergentes, que recurran con más frecuencia a esta posibilidad;

7.

Insiste en la necesidad de renovar el sistema de la OMC teniendo en cuenta las exigencias de las PYME en el comercio internacional, así como la necesidad de normas simplificadas tanto en materia de facilitación del comercio como por lo que respecta a las cortes de arbitraje internacionales, a fin de evitar las dificultades de un contencioso con las autoridades aduaneras o comerciales en algunos países miembros de la OMC;

8.

Llama la atención sobre la cuarta conferencia de revisión de la ayuda para el comercio, celebrada en julio de 2013 en Ginebra, que mostró los beneficios que reciben los países en desarrollo de las cadenas de valor mundial; señala, no obstante, que los participantes identificaron las limitaciones relacionadas con el comercio que impiden a las empresas de los países en desarrollo vincularse a las cadenas de valor o escalar en ellas, por ejemplo una infraestructura inconveniente, unos elevados costes de transporte y expedición, un acceso inadecuado a la financiación del comercio, la incapacidad para atraer inversión extranjera directa, la falta de ventaja comparativa y unos altos costes de entrada en el mercado;

9.

Reconoce la importancia del sector agrícola; opina que la UE debe apoyar medidas destinadas a abordar las verdaderas preocupaciones en materia de seguridad alimentaria de los países en desarrollo; recuerda que, en este sentido, la UE debe garantizar la coherencia entre sus distintas políticas en materia de acción exterior, con arreglo, en particular, a los artículos 205 a 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, en especial por lo que respecta a la política de desarrollo y la política comercial común, teniendo en cuenta las necesidades y preocupaciones tanto de sus Estados miembros como de los países en desarrollo;

10.

Pide a los países desarrollados y a las economías emergentes que sigan el ejemplo de la iniciativa «Todo menos armas» de la UE, que ofrece un acceso al mercado 100 % libre de derechos y de contingentes para los PMA, y que garanticen la aplicación de la exención de los servicios en beneficio de los PMA;

11.

Considera que un acuerdo vinculante sobre la facilitación del comercio reportaría beneficios significativos a todos los miembros de la OMC y en particular a los países en desarrollo y a los agentes económicos pertinentes al aumentar la transparencia y la seguridad jurídica y reducir los costes administrativos y la duración de los procedimientos aduaneros, lo que les permitiría a su vez aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la creciente presencia de las cadenas de suministro regionales y mundiales, y permitiría a las PYME beneficiarse de unos mercados más abiertos; señala que debe seguir proporcionándose a los países en desarrollo asistencia técnica y de desarrollo de capacidades para permitirles aumentar su capacidad de producción y poderse beneficiar así de una mayor proporción del valor añadido en las cadenas de valor mundiales;

12.

Recuerda que un estudio reciente sobre el impacto del Programa de Doha para el Desarrollo realizado por la UE indica que, en términos económicos, la facilitación del comercio podría tener el mismo valor que las ganancias derivadas la liberación de los servicios y de los bienes puestas en conjunto; recuerda que, por sí solos, los regímenes aduaneros mejorados cuentan con el potencial de sumar 68 000 millones EUR anuales al PIB mundial y que, para muchos países en desarrollo, la facilitación del comercio sería la principal fuente de ingresos;

13.

Considera que la OMC debe conceder la debida prioridad a los obstáculos al comercio y a las inversiones que afectan a los sectores de servicios, incluidas las TIC y las telecomunicaciones, los servicios profesionales y de negocios, los servicios financieros, el comercio electrónico, la construcción, los minoristas y la distribución; estima que este tipo de medidas no arancelarias, incluidas las regulaciones nacionales, las restricciones a la propiedad y varias medidas anticrisis (incluidas las disposiciones discriminatorias en los procedimientos de contratación pública), revisten una importancia particular, dado el elevado valor comercial añadido de los servicios y la posición de la UE como mayor exportador en este sector;

14.

Acoge, por consiguiente, con satisfacción el inicio de las negociaciones con vistas a un acuerdo plurilateral sobre el comercio de servicios, que responde al objetivo de la octava Conferencia Ministerial de explorar nuevas vías para que los miembros de la OMC liberalicen el comercio de servicios en mayor medida; destaca el compromiso de la UE de promover las acciones en este ámbito y de trabajar en pro de la «multilateralización» del acuerdo sobre el comercio de servicios, velando por que se retomen en él las definiciones, las normas y los principios que constituyen el núcleo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios; subraya la importancia de garantizar un acuerdo ambicioso, que amplíe la cobertura e intensifique las normas relativas a la liberalización del comercio de servicios al mismo tiempo que protege los objetivos de la política nacional de los miembros de la OMC y su derecho a regular los servicios de interés general y contraer compromisos a escala bilateral y multilateral, y cuyo resultado se integre perfectamente en la arquitectura de la OMC;

15.

Considera que la transferencia de tecnología puede actuar como vector del crecimiento económico y promover el comercio; se congratula de la reanudación de las negociaciones sobre la ampliación del Acuerdo sobre las tecnologías de la información, que aumenta la variedad de productos cubiertos y el número de países participantes; exhorta decididamente a todas las partes implicadas en las negociaciones a que continúen desplegando esfuerzos para alcanzar un acuerdo antes de la novena Conferencia Ministerial;

16.

Acoge con satisfacción la revisión del Acuerdo plurilateral sobre contratación pública de la OMC, acordada en marzo de 2012, y reconoce la importancia de conseguir que la UE ratifique el ACP revisado antes de la novena Conferencia Ministerial con el objetivo de permitir su entrada en vigor antes de 2014; opina que unas normas más claras y estrictas para los procedimientos de adjudicación de contratos fomentarán la transparencia en la contratación pública y, junto con la cobertura ampliada de bienes, servicios y entidades, proporcionarán más oportunidades a los signatarios del Acuerdo; pide a los miembros de la OMC, en particular a los países en desarrollo y a los actuales observadores del Acuerdo sobre contratación pública, que consideren la posibilidad de sumarse al Acuerdo a fin de beneficiarse de las nuevas disposiciones que aumentan la flexibilidad para los países en desarrollo;

17.

Se congratula de la positiva decisión, adoptada en junio de 2013, de prorrogar la exención del acuerdo sobre los ADPIC para los PMA ocho años más, hasta el 1 de julio de 2021, lo que constituye otra manera de velar por que el sistema de comercio mundial no adopte un enfoque único para todos, sino que tenga en cuenta las características específicas de cada país en desarrollo;

18.

Anima a los miembros de la OMC a que apoyen activamente los esfuerzos de la OMC para entablar relaciones de trabajo efectivas y eficaces y una cooperación más profunda con otras organizaciones internacionales cuyas actividades inciden en las negociaciones comerciales a escala internacional, en especial la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas y sus agencias y organismos, por ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, con objeto de garantizar el apoyo mutuo y las sinergias entre los aspectos comerciales y los no comerciales; apoya los esfuerzos orientados a la adopción de normas internacionales y a la cooperación en materia reglamentaria;

19.

Pide que se examine con detenimiento la cuestión de una mejor integración de las preocupaciones no comerciales en el ámbito de aplicación de las normas de la OMC, con el fin de que los miembros puedan perseguir objetivos políticos legítimos y, al mismo tiempo, preservar el acceso al mercado; subraya, en este contexto, que deben apoyarse firmemente los esfuerzos encaminados a la adopción y aplicación efectiva de normas internacionales en los ámbitos social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos, y que debe concederse a los países en desarrollo la ayuda necesaria para que puedan cumplir dichas normas;

20.

Está convencido de que la ausencia de un grado suficiente de diferenciación entre los países en desarrollo, pese a la sensible diversidad de sus niveles de desarrollo económico y de sus necesidades específicas, puede ser un importante obstáculo en la adopción de medidas eficaces en favor de dichos países, conforme al objetivo proclamado durante la Ronda de Doha, e ir en detrimento de los países en desarrollo más necesitados; insta a los países en desarrollo avanzados a que asuman su parte de responsabilidad ya durante la actual ronda y a que aporten contribuciones que guarden relación con su nivel de desarrollo y su competitividad sectorial;

21.

Considera que debería examinarse seriamente la cuestión del establecimiento de categorías o subcategorías, no solo en relación con los países en desarrollo, sino también con todos los miembros de la OMC, sobre la base de criterios objetivos que no estén ligados exclusivamente al producto nacional bruto, con miras a una posible aplicación diferenciada de los acuerdos existentes o en curso de negociación;

22.

Considera esencial concluir la larga Ronda de Doha con su mandato de desarrollo cumplido; insta, por consiguiente, a todos los miembros de la OMC a que estudien todas las posibilidades existentes teniendo presente dicho objetivo final para lograr un resultado equilibrado;

23.

Insiste en que la UE debe seguir desempeñando un papel de liderazgo en la promoción de progresos tangibles en las actuales negociaciones de la OMC con vistas a la conclusión plena de la Ronda de Doha para el Desarrollo en un futuro cercano, así como facilitando la participación absoluta de los PMA en el comercio internacional al servir de puente entre las diversas posturas de los miembros de la OMC;

24.

Hace hincapié en la importancia vital de la OMC en lo que se refiere a la aplicación y ejecución de compromisos vinculantes y la resolución de litigios comerciales;

25.

Considera que los miembros de la OMC deben, no obstante, intensificar sus esfuerzos en otras áreas determinadas por la Declaración Ministerial de Doha, como el comercio de los bienes y servicios medioambientales, que pueden contribuir considerablemente al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático; pide a los miembros de la OMC que tomen nota de la lista de productos medioambientales de la APEC; insta a la UE a que siga impulsando el inicio de un acuerdo de tecnología medioambiental destinado a reducir los aranceles para los productos de tecnología medioambiental, y a que busque una clarificación de la relación jurídica entre las normas de la OMC y los acuerdos medioambientales multilaterales;

26.

Pide a la Comisión y al Consejo que velen por que el Parlamento siga estando estrechamente asociado a la preparación de la novena Conferencia Ministerial que tendrá lugar en Bali del 3 al 6 de diciembre de 2013, por que se le informe con rapidez y por que, si fuera necesario, se le consulte durante la Conferencia Ministerial; pide a la Comisión que siga abogando ante el resto de los miembros de la OMC por el aumento de la importancia de la dimensión parlamentaria de la OMC;

27.

Pide a los miembros de la OMC que garanticen la legitimidad democrática mediante el fortalecimiento de la dimensión parlamentaria de la OMC; destaca, en este contexto, la necesidad de velar por que los parlamentarios dispongan de un mejor acceso a las negociaciones comerciales y participen en la formulación y la aplicación de las decisiones de la OMC, y de que las políticas comerciales estén sometidas a un control adecuado en interés de los ciudadanos; solicita, por consiguiente, que se cree una delegación parlamentaria europea permanente ante la OMC;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Director General de la OMC.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/11

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Vista la pregunta a la Comisión sobre el Plan de acción sobre emprendimiento 2020 — Relanzar el espíritu emprendedor en Europa (O-000110/2013 — B7 0520/2013),

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Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

1.

Espera que todas las medidas propuestas para fomentar el espíritu emprendedor a nivel nacional y europeo sean aplicables a todos los tipos empresas, incluidas las profesiones liberales, las cooperativas, las empresas artesanales y las empresas sociales;

2.

Recuerda que las aptitudes y capacidades de emprendimiento y empresariales constituyen competencias clave para el aprendizaje permanente y que, en respuesta al escaso crecimiento económico y a la elevada tasa de desempleo, son necesarias medidas más decisivas a corto y medio plazo para fomentar y facilitar el emprendimiento, especialmente entre los jóvenes;

3.

Reconoce que los Estados miembros son responsables de la educación y la formación en materia empresarial, social y de emprendimiento, y que los sistemas de educación están, a menudo, mejor orientados y resultan más rentables si se estructuran a nivel local y nacional; opina que las iniciativas de la UE pueden y deben complementar de forma útil las acciones de los Estados miembros en este ámbito, en especial a través de la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas;

4.

Subraya la necesidad de incentivar a los empleadores para que ofrezcan a las personas de baja o ninguna cualificación (incluidos los gitanos) formación y oportunidades para adquirir experiencia práctica directamente en el lugar de trabajo;

5.

Expresa su preocupación por la reducción del número de ciudadanos de la UE que considera la posibilidad de trabajar por cuenta propia en el clima actual de incertidumbre económica; estima que la UE y los Estados miembros deben incrementar sus esfuerzos coordinados para mejorar la cultura emprendedora en Europa y contemplar la posibilidad de adoptar medidas y objetivos específicos para volver a hacer atractivo el emprendimiento, también para los trabajadores cualificados con experiencia profesional y, en particular, en los sectores de importancia estratégica para la Unión; cree, por ejemplo, que puede establecerse un fuerte vínculo entre tales iniciativas y las actividades de la Comisión en materia de política industrial; opina que tales medidas deben comprender acciones que faciliten la creación de empresas;

6.

Toma nota de las medidas e iniciativas propuestas por la Comisión sobre educación y formación en materia de emprendimiento y pide a los Estados miembros que las apliquen sin demora de acuerdo con el principio de subsidiariedad; destaca, a este respecto, la iniciativa de la UE denominada «Nuevas cualificaciones para nuevos empleos»; acoge con satisfacción la petición a los Estados miembros de que incluyan la educación y la formación en materia de emprendimiento como competencias clave en los programas nacionales;

7.

Cree que, a fin de proporcionar a los posibles nuevos emprendedores las capacidades para dirigir una empresa de forma que fomente su contribución positiva a la sociedad a la vez que minimice las repercusiones negativas en las personas y el medio ambiente, deben tomarse iniciativas para incluir criterios firmes de sostenibilidad y de responsabilidad social en la educación en materia de emprendimiento;

8.

Considera la Red de representantes de las PYME como un posible foro central para el intercambio de prácticas contrastadas y la evaluación de los progresos en su aplicación;

9.

Apoya la ambición que subyace bajo la introducción prevista de la «Garantía juvenil» y el deseo de asignarle una financiación suficiente como una medida importante que ayude a los Estados miembros en sus esfuerzos por mitigar los efectos del masivo desempleo juvenil, en especial en los países afectados duramente por la crisis; subraya la importancia de las medidas previstas para el fomento del emprendimiento y la educación y la formación en materia de emprendimiento, pues se orientan a la creación de empleo sostenible y apenas comportan efectos de «ganga»; pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen medidas adicionales, tales como incentivos fiscales, para animar a las PYME a que contraten a jóvenes;

10.

Solicita a la Comisión que intensifique sus medidas de acompañamiento, asesoramiento y asistencia a las empresas, en particular a las más pequeñas, a través de organizaciones intermediarias, y que cree programas destinados a favorecer las acciones de orientación y asistencia por parte de emprendedores veteranos motivados para actuar como mentores o tutores de jóvenes emprendedores que estén poniendo en marcha empresas emergentes o haciéndose cargo de empresas en crisis, poniendo a su disposición sus conocimientos especializados y su experiencia;

11.

Pide a la Comisión que fomente la creación de agrupaciones, por ejemplo, redes y asociaciones de empresas, que ayuden a desarrollar ventajas competitivas, se beneficien de la gestión común de los recursos humanos y generen una mayor competitividad;

12.

Señala que las pequeñas y medianas empresas que adoptan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) crecen a un ritmo dos o tres veces superior; pide, por tanto, a la Comisión que favorezca medidas que permitan a los emprendedores aprovechar todas las oportunidades que les ofrece el mercado único digital;

13.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan impulsando el programa Erasmus para Jóvenes Empresarios y establezcan más puntos de contacto nacionales allí donde todavía se precisen; sugiere que se recurra en mayor medida a las estructuras ya existentes de la Red Europea para las Empresas; considera que debe fijarse un objetivo de 10 000 intercambios anuales, con un porcentaje mínimo de crecimiento anual del 10 % hasta que se alcance dicho objetivo;

14.

Aprecia un gran potencial en la ampliación del programa de intercambio Leonardo a los aprendices, y hace hincapié en la necesidad de las llamadas «organizaciones intermediarias», que ayudan a las PYME en aspectos organizativos (por ejemplo, en la búsqueda de locales o de socios adecuados en el extranjero, etc.); subraya el potencial emprendedor de los graduados en una formación dual (formación de aprendices);

15.

Propone que los Estados miembros puedan solicitar recursos adicionales al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y al Fondo Social Europeo, siempre y cuando se utilicen para destinarlos a medidas a corto plazo, como el apoyo y el asesoramiento para la creación y la transmisión de empresas y no para justificar una mayor deslocalización;

16.

Propone que se establezca una coordinación más estrecha entre los instrumentos actuales y futuros para el fomento del emprendimiento con el fin de crear incentivos y sinergias a nivel nacional, regional y local;

17.

Espera que la próxima Comisión haga del fomento del emprendimiento y de la educación y la formación en materia de emprendimiento un tema clave en el marco de sus competencias, y que constituya una asociación europea que permita evaluar los progresos de los Estados miembros con arreglo, entre otros, a los criterios siguientes:

18.

Alienta a los Estados miembros a que adopten, con carácter de urgencia, estrategias nacionales, regionales y locales para la inclusión de la educación y la formación en materia de emprendimiento en los planes de estudio (para la educación primaria, secundaria, profesional, universitaria y de adultos); espera que estas estrategias comprendan todos los tipos de empresas así como el impacto social y medioambiental del emprendimiento; subraya la importancia de los elementos orientados a la práctica e interactivos de la educación y la formación en materia social, económica y de emprendimiento;

19.

Considera que la educación y la formación profesionales (EFP) pueden ofrecer las capacidades, los conocimientos y las competencias necesarias en el mercado laboral, especialmente para los desempleados, y asesoramiento individualizado en la búsqueda de empleo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la educación y la formación profesionales en toda Europa, con el fin de mejorar la transparencia, el reconocimiento y la calidad de las competencias y cualificaciones, facilitando así la movilidad de los aprendices y los trabajadores;

20.

Destaca que los conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados, la economía y los sistemas financieros son fundamentales para una buena gestión de las empresas, por lo que deben incluirse en los sistemas nacionales de educación básica y en los programas educativos de la UE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan sin demora la educación financiera en sus programas educativos;

21.

Subraya la importancia de los periodos de prácticas para los jóvenes en sectores económicos con buenas perspectivas, como una medida valiosa para facilitar la transición del mundo de la educación a la vida profesional;

22.

Acoge con satisfacción el concepto de comunidad de conocimiento e innovación (CCI) que, con su especial atención al emprendimiento a través de la integración de los componentes del triángulo del conocimiento (formado por la investigación, la educación superior y la innovación), constituye un destacado motor de innovación en que se refiere a los principales retos de la sociedad y, por tanto, un instrumento importante para la generación de crecimiento y empleo en Europa; subraya, por consiguiente, que las CCI deben englobar el emprendimiento en su estructura y en su enfoque de la investigación, la innovación y la formación; hace hincapié en que las CCI deben integrar y compartir las mejores prácticas en lo que se refiere a los conceptos y tecnologías innovadoras en materia de educación y formación; recomienda, además, que se realice una evaluación a largo plazo acerca de la creación de una CCI dedicada a la mejora de dichos conceptos innovadores de educación y formación, con una especial atención a la educación en materia de emprendimiento;

23.

Pide a la Comisión Europea y al Grupo BEI que intensifiquen sus esfuerzos informativos para que, en colaboración con las asociaciones de PYME, amplíen el conocimiento de las PYME de sus posibilidades de financiación;

24.

Subraya que la creación de alternativas de financiación flexibles tiene una importancia capital en la creación de nuevas empresas; hace hincapié en que debe eliminarse la discriminación fiscal entre acciones y deuda, e introducirse una desgravación fiscal para las inversiones; destaca que los créditos bancarios constituyen una de las principales formas de financiación de las PYME y que es importante asegurar la concesión de créditos y, además, tratar de fortalecer la financiación mediante fondos propios a través de un entorno favorable para los fondos de capital privado y capital riesgo, incluido el apoyo a los fondos para las PYME y a la inversión colectiva sin altos costes de negociación; pide que se introduzca un importe exento para las participaciones de capital privado;

25.

Reitera que la carga burocrática se sigue considerando como uno de los mayores obstáculos para la creación o la continuidad de las empresas; insiste en que la reducción de las cargas administrativas innecesarias se mantenga entre las máximas prioridades de la agenda política, y espera que la próxima Comisión presente propuestas concretas de políticas y medidas hasta el año 2020, en el marco de las prioridades de la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas, que incluyan objetivos cuantitativos concretos (por ejemplo, reducción de cargas administrativas en un 25 % hasta 2020 mediante las normativas de la UE);

26.

Acoge con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión bajo este «pilar de acción» y señala los puntos relevantes planteados por el Parlamento Europeo recogidos en la Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME): competitividad y oportunidades comerciales (1), y en la Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación (2);

27.

Acoge con satisfacción las renovadas peticiones de la Comisión a los Estados miembros para reducir los costes y el tiempo necesarios para crear una empresa; señala el progreso limitado alcanzado por la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas, e insta a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos en este sentido;

28.

Hace hincapié en que los distintos tipos de modelo empresarial como, por ejemplo, los negocios familiares o las cooperativas, deben tenerse en cuenta al crear un entorno empresarial propicio a través de los servicios de apoyo empresarial adecuados;

29.

Observa que las medidas de apoyo de la UE a las PYME siguen siendo desequilibradas y que muchos Estados miembros aún no tienen en cuenta las peculiaridades de las pequeñas empresas al elaborar la legislación;

30.

Subraya que el acceso a la financiación sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las PYME; pide a la Comisión que estudie exhaustivamente si los instrumentos financieros dirigidos a las PYME, como el instrumento de microfinanciación Progress, facilitan el acceso de las PYME a la financiación, sobre todo teniendo en cuenta que las instituciones financieras de algunos Estados miembros establecen requisitos demasiado estrictos para la concesión de créditos a las PYME;

31.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por ayudar a los Estados miembros a mejorar las condiciones fiscales y administrativas de las transmisiones de empresas; considera necesario favorecer el tratamiento fiscal de formas de financiación innovadoras como la financiación colectiva, la financiación mediante capital riesgo o inversores providenciales; invita a los Estados miembros a que incrementen su apoyo a las transmisiones de empresas a través de instrumentos financieros a nivel nacional por medio de garantías de préstamo y otras formas de financiación como la financiación colectiva o por inversores providenciales, y acoge con beneplácito el interés de la Comisión por las plataformas de inversión colectiva; opina que deben facilitarse las trasmisiones de empresas mediante iniciativas de formación adecuadas en materia de capacidades de gestión, como en los casos en que las empresas se transfieren a los empleados;

32.

Señala que la compleja normativa sobre el IVA ha constituido durante mucho tiempo uno de los mayores obstáculos que han impedido a los empresarios utilizar el potencial del mercado único; insta a la Comisión a presentar lo antes posible las propuestas previstas para adaptar la normativa del IVA y reducir los costes de su cumplimiento a través de una declaración única, a fin de permitir su adopción en el transcurso de la actual legislatura;

33.

Considera las medidas propuestas para reducir las cargas administrativas (que podrían incluir una carga innecesaria o desproporcionada mediante la normativa) y burocrática como complementarias a los principios de la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas; lamenta que no se mencionen en el plan de acción ciertas iniciativas importantes, como las medidas para la realización de «prueba PYME» a nivel nacional, el futuro papel del Grupo de Alto Nivel sobre Cargas Administrativas o la creación de un cuadro de indicadores anual sobre las cargas normativas de la UE y los Estados miembros; pide a la Comisión que, bajo el liderazgo de su Enviado PYME, determine una hoja de ruta oportuna para examinar y revisar las diez normas más gravosas de la UE a fin de reducir las cargas innecesarias o excesivas; afirma que, en cualquier caso, dicha reducción no debe menoscabar las normas sociales y medioambientales básicas;

34.

Pide a los Estados miembros que introduzcan un período de gracia en las cotizaciones a la seguridad social para las nuevas empresas, y para todos los impuestos «a cuenta», de manera que las empresas solo paguen impuestos por los beneficios reales obtenidos en los primeros años; insiste en que el sistema debe ser absolutamente transparente y que no puede abusarse de él;

35.

Destaca la importancia de la transferencia de conocimientos entre los centros de conocimiento (como los institutos de investigación y los centros de excelencia) y las PYME para que tengan éxito; hace hincapié en la necesidad de definir claramente el proceso de puesta en práctica de los conocimientos y sus beneficios para las agrupaciones de emprendedores prósperas;

36.

Apoya las ambiciones expresadas por la Comisión de ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios honrados cuyos negocios quiebren y de reducir la carga normativa que soportan los emprendedores;

37.

Subraya la importancia de las profesiones liberales para el emprendimiento en Europa; celebra el anuncio de la Comisión de su intención de constituir un grupo de trabajo para estudiar las necesidades específicas de las profesiones liberales; pide a la Comisión que tenga en cuenta las conclusiones de este grupo de trabajo cuando realice las evaluaciones del impacto de las propuestas legislativas y el control de las medidas relacionas con la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas; propone que esta tarea pueda conducir a la creación de una carta europea de las profesiones liberales;

38.

Resalta la importancia del desarrollo de las capacidades de innovación en general y del apoyo de la innovación impulsada por los empleados, tanto en empresas nuevas como existentes; subraya también que la mayoría de las empresas emprendedoras prósperas se derivan con frecuencia de empresas ya existentes, donde los empleados cuentan con la oportunidad de desarrollar sus ideas en un marco seguro y dotado de recursos; subraya además que hay muchos emprendedores tanto con cualificaciones como sin ellas, motivo por el cual los esfuerzos en materia de emprendimiento no deben dirigirse solo a los universitarios; indica que la formación profesional y la orientada a la práctica también desempeñan un importante papel en los esfuerzos por fomentar el emprendimiento y la innovación;

39.

Destaca la importancia del desarrollo de incentivos positivos que animen a los empleados a crear su propia empresa a tiempo parcial;

40.

Pide que se utilicen las disposiciones de flexibilidad previstas en el marco financiero plurianual (MFP) para el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), en particular sus instrumentos de financiación; insta a que el MFP siga facilitando programas de microfinanciación, como el instrumento europeo de microfinanciación (Progress) y la iniciativa de acción conjunta para apoyar a las instituciones microfinancieras en Europa (Jasmine);

41.

Subraya la enorme importancia de la creación de alternativas de financiación flexibles de cara a facilitar el acceso a la financiación de las nuevas empresas y las PYME; reconoce que las diferentes aportaciones de la deuda, las acciones y el capital híbrido pueden ser adecuadas para distintos modelos empresariales, e invita a los Estados miembros a que eliminen la distinción a efectos fiscales entre acciones y deuda, y a considerar la introducción de desgravaciones fiscales para las inversiones en la economía real para estimular el crecimiento sostenible y la creación de empleo; pide a la Comisión que evalúe los beneficios de la titulación de microcréditos;

42.

Anima a los Estados miembros a fomentar la división de los contratos públicos en lotes a fin de facilitar la participación de las PYME en las licitaciones públicas, por ejemplo incluyendo el principio de «cumplir o explicar» en su legislación nacional en materia de contratación pública;

43.

Lamenta que en algunos Estados miembros sigan imponiéndose requisitos demasiado estrictos a la creación de empresas; pide a la Comisión que garantice que los Estados miembros reduzcan a un mes el tiempo de expedición de las licencias y otros permisos exigidos para crear una empresa;

44.

Subraya la importancia de los servicios especializados en la puesta en marcha de empresas para aquellos recién graduados que hayan asistido a cursos especiales sobre emprendimiento durante su formación;

45.

Solicita a los Estados miembros que establezcan ventanillas únicas que ofrezcan todos los servicios de apoyo a las empresas, en particular en materia de acceso a la financiación por diversas fuentes, de asesoramiento para la creación de empresas y de información sobre oportunidades de negocio dentro y fuera de la UE;

46.

Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque equilibrado en sus legislaciones nacionales sobre los plazos de pago y la liquidación de la deuda, de modo que las quiebras no fraudulentas reciban una «segunda oportunidad» y se minimicen los riesgos para los acreedores;

47.

Apoya la introducción de un «Día Europeo del Emprendimiento» en toda Europa para realzar y, especialmente, dirigir la atención de los medios de comunicación hacia las historias de éxito empresarial; cree que debe prestarse especial atención a los ejemplos de emprendedores capaces de crear un valor añadido económico respetando al mismo tiempo la sostenibilidad de la UE y los principios fundamentales de responsabilidad social; confía en que participen en dicho evento escuelas y centros de enseñanza a través de reuniones con emprendedores y visitas a las empresas;

48.

Hace hincapié en el gran potencial de las mujeres como emprendedoras y pide a la Comisión que elabore datos fiables para evaluar con más precisión la legislación vigente y eliminar de manera más eficaz cualquier obstáculo a las emprendedoras;

49.

Destaca el potencial de las cooperativas y de las empresas sociales como herramienta para la creación de empleo, particularmente juvenil, debido a la función que desempeñan en el desarrollo local sostenible no solo en términos económicos sino también sociales y laborales;

50.

Subraya el papel esencial de las TIC en el emprendimiento, y solicita a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren y fomenten programas para el desarrollo de las capacidades en el ámbito de las TIC, en particular de los jóvenes y las mujeres;

51.

Considera necesario prestar una atención especial a los otros grupos infrarrepresentados en la actividad emprendedora tales como los jóvenes, las personas mayores, los discapacitados y los inmigrantes;

52.

Opina que los desafíos demográficos requieren una estrategia más amplia en la que se combinen la creación de empleo y la respuesta a las necesidades nuevas y emergentes del mercado de trabajo europeo; cree que deben realizarse más progresos en lo que respecta a la mejora de la movilidad de los trabajadores de la UE, incluidos los investigadores y otros profesionales, con vistas a conseguir una Europa sin barreras dentro del mercado interior de la UE;

53.

Destaca que la falta de reconocimiento en otros países de los títulos académicos y de formación profesional representa un obstáculo serio para los inmigrantes que quieran crear una empresa; pide, por lo tanto, que se alcance sin más dilación un acuerdo sobre la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales;

54.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/17

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Visto el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre política exterior y de seguridad común y, en particular, las partes relativas a la política de seguridad y defensa europea (14605/1/2012 –),

—

Vistos los artículos 2, 3, 21, 24 y 36 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos el título V del TUE y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2012,

—

Vistas las Conclusiones de la Conferencia Interparlamentaria sobre política exterior y de seguridad común y la política común de seguridad y defensa, de 6 de septiembre de 2013,

—

Vistos la Estrategia Europea de Seguridad titulada «Una Europa segura en un mundo mejor», adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003, y el «Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad — Ofrecer seguridad en un mundo en evolución», aprobado por el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de Seguridad Común y Política de Defensa, de 1 de diciembre de 2011 y de 23 de julio de 2012, así como las Conclusiones del Consejo sobre la necesidad de la puesta en común y el uso compartido de las capacidades militares, de 23 de marzo de 2012,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia Europea de Seguridad Marítima, de 26 de abril de 2010,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre protección de infraestructuras críticas de información, de 27 de mayo de 2011, y las anteriores conclusiones del Consejo sobre ciberseguridad,

—

Visto el Código de Conducta para la puesta en común y el uso compartido aprobado por los ministros de Defensa de la UE el 19 de noviembre de 2012,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 2013, titulada «Hacia un sector de seguridad y defensa más competitivo y eficiente» (COM(2013)0542),

—

Vista la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (1),

—

Vista la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (2),

—

Vistas sus resoluciones de 12 de septiembre de 2013, sobre la dimensión marítima de la política común de seguridad y defensa (3) y sobre las estructuras militares de la UE: situación y perspectivas futuras (4), de 22 de noviembre de 2012 sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa (5), sobre las cláusulas de defensa mutua y de solidaridad de la UE: dimensiones política y operativa (6), sobre la función de la política común de seguridad y defensa en caso de crisis provocadas por el clima y de catástrofes naturales (7), sobre ciberseguridad y ciberdefensa (8), así como sus resoluciones de 14 de diciembre de 2011 sobre el impacto de la crisis financiera en el sector de la defensa en los Estados miembros de la UE (9), de 11 de mayo de 2011 sobre el desarrollo de la política común de seguridad y defensa tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (10) y de 23 de noviembre de 2010 sobre cooperación de los ámbitos civil y militar y desarrollo de capacidades conjuntas civiles y militares (11),

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Vista su recomendación a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, al Consejo y a la Comisión, de 13 de junio de 2013, relativa a la organización y el funcionamiento del SEAE (12) y la revisión del SEAE en 2013 presentada por la Alta Representante en julio de 2013 (13),

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Visto el Informe de la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión sobre la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, de 15 de octubre de 2013,

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Visto el Informe del SEAE sobre la revisión de los procedimientos de gestión de crisis de la PCSD, adoptado por el Comité Político y de Seguridad (CPS) el pasado 18 de junio de 2013,

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Vista la Carta de las Naciones Unidas,

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Visto el artículo 119, apartado 1, de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0360/2013),

1.

Señala los cambios significativos y estables en el entorno geopolítico caracterizados por amenazas multidimensionales y asimétricas, por el terrorismo transnacional, por el ascenso de las potencias emergentes y un cambio estratégico en la atención de los EE.UU. hacia la región del Pacífico, por el aumento de la pobreza, el hambre y la inestabilidad en la vecindad meridional de la UE, por los retos crecientes en seguridad marítima, por la proliferación de armas de destrucción masiva y el aumento del tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras, por los retos en seguridad energética, por el importante fallo sistémico financiero y por una crisis financiera y económica grave y de larga duración con un gran impacto en el PIB de muchos Estados miembros de la UE y, en consecuencia, en los presupuestos nacionales de defensa a ambos lados del Atlántico;

2.

Considera que volver a evaluar y reforzar el papel de Europa en el mundo constituye uno de los principales retos del siglo XXI y que ha llegado el momento de que los Estados miembros de la Unión muestren la voluntad política necesaria para que la UE se convierta en un actor global relevante y proveedor de seguridad con autonomía estratégica real; considera que es necesario un cambio de mentalidad por parte de los Estados miembros con el fin de afianzar un enfoque europeo hacia una política comprometida y efectiva de seguridad y defensa;

3.

Acoge con satisfacción, por lo tanto, la decisión del Consejo Europeo de celebrar un debate dedicado a la seguridad y la defensa en la cumbre de diciembre de 2013; considera que constituirá una buena oportunidad para destacar al más alto nivel político y comunicar al público en Europa que las cuestiones de seguridad y defensa siguen siendo importantes, y que la dimensión europea es más pertinente que nunca; está firmemente convencido de que la UE debe ser capaz de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, fomentar y defender sus valores fundamentales, asumir su parte de responsabilidad para la consecución de la paz mundial y desempeñar un papel eficaz en la prevención y gestión de las crisis regionales en su gran vecindad, contribuyendo a su solución y protegiéndose contra los efectos negativos de dichas crisis;

4.

Acoge también favorablemente el Informe provisional de la Vicepresidenta/Alta Representante de la Comisión sobre la PCSD, en el que se identifican una serie de obstáculos a los que se enfrenta dicha política; lamenta, no obstante, que no se propongan más acciones concretas para colmar las lagunas de la PCSD;

5.

Espera con interés las decisiones de fondo que se habrán de toman en la cumbre de diciembre y presenta sus propias recomendaciones en este informe, basándose en las posiciones pertinentes adoptadas por el Parlamento en el pasado reciente y prestando mucha atención al debate en curso sobre los tres ejes principales (clusters) identificados por el Consejo Europeo de diciembre de 2012;

6.

Señala que el Tratado de Lisboa introdujo nuevos instrumentos en el ámbito de la política común de seguridad y defensa (PCSD) que aún no se han puesto en práctica;

7.

Destaca, en este sentido, la posibilidad de establecer una cooperación estructurada permanente entre los Estados miembros (artículo 46, apartado 6, del TUE), encomendar instrumentos y capacidades militares de planificación y ejecución en el marco de la PCSD, en particular a ese grupo de Estados miembros (artículos 42, apartado 5, y 44, apartado 1, del TUE), y establecer un fondo inicial para los preparativos de las misiones que no estén a cargo del presupuesto de la Unión (artículo 41, apartado 3, del TUE) y no estén integradas en el mecanismo ATHENA; pide, por lo tanto, al Presidente del Consejo Europeo y a la Vicepresidenta/Alta Representante que establezcan un fondo inicial; hace hincapié en la importancia de incorporar las cuestiones de la PCSD en las políticas de la UE que tienen un impacto múltiple en la seguridad y la defensa o contribuyen a la PCSD, tales como el desarrollo y los derechos humanos, la investigación e innovación industrial, el mercado interior, las políticas comerciales y espaciales internacionales y otras, con el fin de apoyar a los Estados miembros que se han comprometido a fortalecer aún más la PCSD;

8.

Destaca la importancia de estas disposiciones adoptadas de común acuerdo para el desarrollo de la PCSD y pide al Consejo Europeo que lleve a cabo un debate en profundidad acerca de su aplicación de manera coherente; pide al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente de la Comisión y a la Vicepresidenta/Alta Representante (VP/AR) que desempeñen un papel activo en este proceso;

9.

Señala que, de acuerdo con los Tratados, el objetivo de la UE es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos (artículo 3 del TUE) y que su actuación en la escena internacional busca consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, así como prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, los principios del Acta Final de Helsinki y los objetivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras exteriores (artículo 21 del TUE); está convencido de que la PCSD cumple dichos objetivos, y subraya la necesidad de una actualización;

10.

Señala que el principal activo de la Unión Europea es la disponibilidad de las distintas políticas e instrumentos, combinados a través del denominado «enfoque integral», y que es posible lograr mejores resultados a todos los niveles mediante una mejor integración de la PCSD en este enfoque; acoge con satisfacción, a este respecto, la revisión de la organización y el funcionamiento del SEAE publicada por la VP/AR en julio de 2013, en la que reconoce los problemas de coordinación y los relacionados con la velocidad y la eficacia de la toma de decisiones en el ámbito de la PCSD; espera con interés las decisiones concretas que se habrán de adoptar en la cumbre de diciembre y desea una mayor integración de la PCSD, que se ha analizar a fondo en la próxima Comunicación conjunta de la Vicepresidenta/Alta Representante y la Comisión sobre la aplicación del enfoque integral;

11.

Reitera su convencimiento de que, si bien los elementos de la Estrategia Europea de Seguridad 2003, completada en 2008, siguen siendo válidos, la UE tiene que revisar y complementar esta estrategia, tomando en cuenta la evolución reciente y los nuevos retos y riesgos para la seguridad y redefiniendo sus intereses estratégicos y prioridades, con un mayor énfasis en la protección de sus ciudadanos, en la defensa de infraestructuras críticas y en su vecindad y adecuando las diferentes subestrategias regionales y actuales; considera que este ejercicio proporcionará un marco estratégico claro para la acción exterior de la UE, mejorará la coherencia y, al mismo tiempo, permitirá comunicar mejor a los ciudadanos los retos y riesgos a los que se enfrentarán en el futuro; pide, por lo tanto, al Consejo Europeo que ponga en marcha un debate sobre el marco estratégico adecuado para la Unión, encomiende a la VP/AR que presente propuestas en este sentido antes de finales de 2014 y garantice su seguimiento sostenible, sujeto a actualizaciones regulares, como se define principalmente en el contexto de la Estrategia Europea de Seguridad;

12.

Pide que esta revisión del marco estratégico de la Unión Europea se traduzca en la elaboración de un Libro Blanco Europeo sobre la política de seguridad defensa de la UE y sugiere que el Consejo Europeo pueda iniciar este proceso; insta, además, a los Estados miembros de la UE a que consideren seriamente la dimensión europea en sus estrategias nacionales de seguridad, en sus libros blancos y en la toma de decisiones en materia de defensa; insta a la VP/AR a crear una plantilla común para la elaboración de revisiones nacionales simultáneas;

13.

Destaca la necesidad de velar por que la UE esté en condiciones de contribuir, mediante operaciones de gestión de crisis, a la prevención, estabilización y resolución de conflictos

14.

Considera que la introducción de una cláusula de defensa mutua y de una cláusula de solidaridad en los Tratados (artículo 42, apartado 7, del TUE y artículo 222 del TFUE) refuerza el sentido de destino común entre los ciudadanos europeos; recuerda a los Estados miembros que, si no media un espíritu de compromiso, de entendimiento mutuo y una verdadera solidaridad, la Unión no será capaz de cumplir su papel global, incrementando así la seguridad de Europa y la de sus ciudadanos; encomia, por tanto, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) por la Propuesta conjunta relativa a las modalidades de aplicación por la Unión de la cláusula de solidaridad y pide a los Jefes de Estado y de Gobierno que reafirmen su compromiso con la solidaridad mutua y proporcionen una clara interpretación operativa de las dos cláusulas;

15.

Señala con preocupación que el número y la oportunidad de las misiones y operaciones de la PCSD, así como el desarrollo de medios y capacidades civiles y, sobre todo, militares de la PCSD, no están a la altura de lo que se requiere, dada la inseguridad e inestabilidad cada vez mayor en la vecindad de la UE; lamenta, en particular, el alcance global limitado de las misiones de la PCSD relacionadas con las crisis en Libia y Malí y la falta de flexibilidad en los procesos de toma de decisiones de la Unión, motivo de que las respuestas efectivas en escenarios de crisis sean tardías, como ilustran los dos ejemplos; pide que se supervise la situación y se mantengan los efectos positivos que conlleva la participación operativa en Europa Oriental y el Cáucaso Meridional; pide más ambición y esfuerzos consistentes para mejorar el diseño de las futuras misiones y operaciones de la PCSD, haciendo un balance de la experiencia adquirida, y que se desarrollen estrategias de salida adecuadas; invita a la VP/AR a guiar este proceso y acoge con satisfacción a este respecto su informe publicado el 15 de octubre de 2013 como un paso importante para aumentar la efectividad y proactividad de la PCSD;

16.

Hace hincapié en la necesidad de mejorar la visibilidad de la gestión europea de las crisis y de poner todos los esfuerzos al amparo de la PCSD, utilizando, en su caso, la norma contemplada en el artículo 44 del TUE según la cual el Consejo podrá encomendar la realización de una misión a un grupo de Estados miembros que lo deseen y que dispongan de las capacidades necesarias para tal misión;

17.

Expresa su preocupación, con base en la experiencia en el pasado reciente, por el hecho de que el enfoque integral de la gestión de crisis aún no haya alcanzado todo su potencial; considera que las misiones y las operaciones son más significativas cuando se integran en una estrategia regional, como lo demuestra el ejemplo positivo del Cuerno de África; toma nota de las «Sugerencias para los procedimientos de gestión de crisis en las operaciones de gestión de crisis de la PCSD», aprobadas por los Estados miembros el 18 de junio de 2013;

18.

Pide que se aborden los problemas funcionales de las misiones civiles de la PCSD, en particular con respecto a la velocidad de despliegue y a la dotación de personal, mediante la revisión de su marco legal y financiero, que a menudo complica el proceso de toma de decisiones y causa retrasos; pide un aumento del número de planificadores estratégicos, cualificados y políticamente independientes, que es demasiado reducido en comparación con el número de misiones; pide además a los Estados miembros la creación de un «cuerpo civil de reserva» que podría ser desplegado rápidamente en caso necesario; a este respecto, acoge con satisfacción la reciente creación del almacén permanente de la PCSD;

19.

Recuerda su resolución de 2001 que abogaba por la creación de un Cuerpo Civil Europeo para la Paz; celebra los recientes esfuerzos por crear un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria dentro de la Comisión y un grupo de expertos en mediación, diálogo y reconciliación integrado en el Servicio de Acción Exterior; acoge con satisfacción, asimismo, la existencia y continuación de la Asociación para la Consolidación de la Paz entre el Servicio de Acción Exterior y los correspondientes interlocutores de la sociedad civil;

20.

Subraya la importancia del papel de mediación y diálogo en la prevención y resolución pacífica de conflictos; encomia los progresos realizados por el SEAE con respecto al fortalecimiento de su capacidad de mediación y reitera su apoyo a la mejora de las capacidades de Europa en este ámbito: considera que la exitosa participación del Parlamento en procesos de mediación ha demostrado el importante papel que los parlamentarios pueden desempeñar en apoyo a los procesos de mediación y diálogo y tiene la intención de reforzar su labor en este ámbito;

21.

Propone la inclusión de asesores de derechos humanos y de género en todas las misiones de la PCSD y alienta el intercambio de las prácticas más recomendables entre las misiones de la PCSD, con el fin de garantizar que se tengan en cuenta las cuestiones relativas a los derechos humanos y que se protege e integra plenamente a las mujeres en la resolución de conflictos y de los problemas posteriores; invita al Consejo y al SEAE a que avancen en la inclusión de las cuestiones de género en la planificación del personal para las misiones de la PCSD;

22.

Destaca el hecho de que para que las operaciones militares tengan éxito son necesarios un mandato claro y una función de control; reitera su llamamiento en favor de la creación de una sede permanente para las operaciones militares; lamenta la falta de avances en este tema y la fuerte resistencia de algunos Estados miembros; subraya además que una PCSD eficaz requiere un sistema de alerta temprana adecuado y un sistema de inteligencia; considera, por tanto, que esta sede debe incluir células para la recogida de información y para la alerta temprana/el conocimiento de la situación;

23.

Reitera su apoyo a una solución provisional y señala a la atención su propuesta para mejorar la situación del actual centro de operaciones para el Cuerno de África y prestar una ayuda a la planificación militar y la coordinación entre los actores sobre el terreno; pide a la VP/AR que desarrolle esa opción, dentro de las limitaciones que plantean el tamaño y la infraestructura actual, con el fin de optimizar el uso de los recursos existentes, así como que estudie la viabilidad de ampliar su ámbito geográfico a otras regiones importantes; considera que este organismo debería tener capacidad jurídica y la función de coordinador de los contratos entre Bruselas y la sede de las misiones individuales, utilizando economías de escala para maximizar el ahorro;

24.

Señala el hecho de que nunca se hayan desplegado las agrupaciones tácticas de la UE y considera que su existencia será difícil de justificar con el paso del tiempo; subraya que constituyen una importante herramienta para la creación y entrenamiento de una fuerza de reacción rápida y oportuna; acoge con satisfacción la decisión de abordar esta cuestión en la cumbre de diciembre; está convencido de que la UE debería disponer de fuerzas militares de intervención rápida por tierra, aire, navales, de ciberdefensa y especiales y un alto nivel de ambición; hace hincapié en el hecho de que las agrupaciones tácticas de la UE deben poder desplegarse para todos los tipos de crisis, incluidas las crisis humanitarias provocadas por el clima; está a favor de un enfoque más flexible y específico para mejorar la respuesta y la capacidad de adaptación a las diferentes situaciones de crisis, y para mejorar la modularidad con el fin de cerrar las brechas en las fases iniciales de la puesta en marcha de las operaciones de la PCSD, pero sin comprometer la capacidad operativa de las agrupaciones tácticas en su conjunto;

25.

Subraya el hecho de que deberían realizarse mayores esfuerzos para integrar a escala de la UE iniciativas como el Eurocuerpo o el Grupo Aéreo Europeo;

26.

Confirma que el actual sistema financiero de que «los costes se asumen donde recaen» constituye un grave problema para la PCSD, dando lugar a retrasos o bloqueos completos en el proceso de toma de decisiones, especialmente para el rápido despliegue de las agrupaciones tácticas; recomienda que los Estados miembros acuerden un mecanismo de financiación de la UE basado en el reparto de cargas para el uso de las agrupaciones tácticas bajo pabellón de la UE, con el fin de darles un futuro realista; pide asimismo que, en aras de la coherencia y la eficacia, el SEAE obtenga el control de los instrumentos financieros correspondientes a las acciones de gestión de crisis que planifica y dirige; espera que la VP/AR y los Estados miembros interesados presenten propuestas concretas a este respecto;

27.

Expresa su preocupación por el hecho de que la crisis económica y de deuda puede tener un impacto en la voluntad de los Estados miembros de la UE de contribuir a las misiones y operaciones de la PCSD, en particular aquellas con implicaciones militares y de defensa; por lo tanto, pide la ampliación del ámbito de aplicación del mecanismo Athena y la utilización del fondo inicial (artículo 41, apartado 3, del TUE) para asegurar la rápida financiación de las tareas urgentes; subraya, no obstante, que si es necesario revitalizar la PCSD, se haga de acuerdo con las limitaciones presupuestarias;

28.

Pide a los Estados miembros que aprovechen las posibilidades que ofrece la cooperación estructurada permanente y comiencen a aplicar esta disposición del Tratado con el fin de hacer frente a la imperante «fatiga de la PCSD» y que profundicen la cooperación militar y la integración; pide al Consejo Europeo que emita directrices claras para su aplicación y pide a los Estados miembros que no están interesados que actúen de manera constructiva; subraya que debe dejarse abierta la posibilidad de incorporarse en una fase posterior con el fin de garantizar flexibilidad y evitar una Europa de dos velocidades;

29.

Subraya que la UE tiene un interés vital en afianzar un medio marítimo abierto que permita el libre paso comercial y un uso pacífico, legal y sostenible del patrimonio de los océanos; hace hincapié en la necesidad de desarrollar una política marítima exterior de la UE que tenga como fin proteger y preservar infraestructuras críticas, rutas marítimas abiertas y recursos naturales, y ponga énfasis en la resolución pacífica de conflictos en el marco del Derecho internacional y en consonancia con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; espera con impaciencia la adopción de la estrategia de seguridad marítima de la UE, en línea con las Conclusiones del Consejo de abril 2010, y pide que se desarrolle un plan específico de aplicación; recuerda que la integración de la vigilancia marítima en todos los sectores y fronteras es ya una herramienta intersectorial de la política marítima integrada de la UE (PMI); destaca la importancia de la rápida aplicación del proyecto Entorno Común de Intercambio de Información, así como de la construcción de un «puente» entre la PMI y la PCSD para mejorar el intercambio de información entre ellas;

30.

Subraya la necesidad de prevenir la militarización de regiones como el Ártico y hace hincapié en la necesidad de utilizar medios pacíficos de resolución de conflictos, incluidos instrumentos comerciales;

31.

Pide que el Consejo Europeo reconfirme la importancia del espacio, que sirve de base para la autonomía estratégica de la UE y sus Estados miembros y del potencial de contar con un acceso autónomo al espacio mediante el desarrollo de lanzadores y satélites; reitera la importancia de la recogida de información precisa para las misiones y operaciones tanto civiles como militares de la PCSD; destaca en particular el papel de los recursos espaciales en el ámbito de la prevención de conflictos y la gestión de crisis, antes, durante y después de una crisis; pide a la Comisión que desarrolle una política específica para apoyar el desarrollo de los recursos espaciales de uso múltiple;

32.

Reitera la importancia cada vez mayor de abordar las amenazas a la ciberseguridad; pide al Consejo Europeo que elabore directrices para la aplicación de la Estrategia de Ciberseguridad de la UE y que adopte medidas concretas en materia de protección de la infraestructura cibernética e invierta en mejorar la cooperación de la UE en los procedimientos de gestión de crisis, ejercicios cibernéticos, formación y educación; pide a la Comisión y a la VP/AR que garanticen que la política de ciberseguridad se establece de manera intersectorial, de modo que se aseguren soluciones de conexión adecuadas entre las políticas de seguridad internas y externas de la UE, y a todos los Estados miembros que desarrollen o finalicen sus respectivas Estrategias Nacionales de Ciberseguridad y que procuren un mayor nivel de sincronización en el ámbito de la Unión;

33.

Pide al Consejo Europeo que insista en la importancia del abastecimiento energético de Europa y del acceso diversificado y sostenible a los recursos energéticos; señala que algunos Estados miembros no poseen la capacidad de diversificar sus suministros energéticos y por ello están siendo cada vez más vulnerables; a este respecto, apoya firmemente los esfuerzos de colaboración de los Estados miembros en situaciones de crisis; hace hincapié en que la protección de las infraestructuras críticas en Europa podría poner en marcha la defensa mutua y/o la cláusula de solidaridad; constata asimismo que la operación Atalanta ya está cumpliendo una función de seguridad energética mediante la lucha contra los piratas que han secuestrado numerosos petroleros desde 2008; cree, por lo tanto, que estos aspectos tienen que ser parte del enfoque estratégico necesario; subraya, a este respecto, que el suministro de energía es un factor crucial para el éxito de las misiones y operaciones de la PCSD;

34.

Destaca la importancia de la eficiencia energética en el ámbito de la defensa, en particular, subraya la necesidad de evaluar el impacto del consumo de energía en los presupuestos de defensa y en la eficacia militar y de desarrollar una estrategia integral de eficiencia energética para las fuerzas armadas;

35.

Subraya la importancia de que la UE desarrolle alianzas y profundice su diálogo de seguridad con las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los interlocutores relevantes, especialmente los países de la Asociación Oriental y países de la vecindad meridional;

36.

Señala que la UE debe asumir un mayor compromiso con las Naciones Unidas, la Unión Africana, la OSCE y la ASEAN con el fin de compartir el análisis y cooperar para hacer frente a los retos de la política ecológica y el cambio climático, incluidas sus consecuencias en materia de seguridad; subraya la necesidad de adoptar medidas preventivas, e insta a la UE a desarrollar y mejorar la capacidad de alerta temprana;

37.

Pide una cooperación reforzada entre la UE y las estructuras de la OTAN a través de un enfoque complementario y una mayor coordinación que contribuya a evitar la duplicación entre ambos socios y a enfrentarse con eficacia a las nuevas amenazas; está convencido de que el fortalecimiento de la PCSD no afecta a la seguridad colectiva y a los vínculos transatlánticos, sino que más bien los refuerza; afirma que el desarrollo de las capacidades de defensa dentro de la UE también beneficia a la OTAN; señala la colaboración constructiva con respecto a la iniciativa de la UE «poniendo en común y compartiendo» y la iniciativa de defensa inteligente de la OTAN; celebra la intención de la República de Chipre de unirse al Programa de Asociación para la Paz de la OTAN que puede ser un elemento de cambio e insta a Turquía a adoptar una actitud igual de constructiva; insta al desarrollo de un marco general para la cooperación entre la UE y la OTAN y la profundización del diálogo político respetando plenamente el proceso de toma de decisiones de cada parte;

38.

Considera que la UE debe ser capaz de actuar de manera autónoma, en particular en su propia vecindad, pero siempre de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y garantizando el pleno respeto del Derecho internacional humanitario;

39.

Se hace eco de la preocupación de que nuevos recortes en los presupuestos nacionales de defensa harán imposible mantener las principales capacidades militares y darán lugar a la pérdida irreversible de conocimientos y tecnologías; señala que durante las operaciones en Libia y Malí se pusieron de manifiesto las deficiencias de capacidad de los Estados miembros y que la crisis económica ha agravado los problemas estructurales existentes; reitera no obstante su opinión de que el problema no es tanto de carácter presupuestario como político;

40.

Toma nota de las propuestas presentadas por la VP/AR en su Informe sobre la PCSD de octubre de 2013 y, en particular, de las destinadas a crear incentivos a la cooperación en materia de capacidades de defensa, incluidas las de naturaleza fiscal; destaca la oportunidad de que los Estados miembros aprovechen los beneficios de trabajar de manera más estrecha en aras de la eficacia militar y decidan optimizar y gastar sus escasos recursos de una manera mejor y más inteligente, mediante la creación de sinergias y mediante la reducción coordinada de la duplicación innecesaria y de capacidades redundantes y obsoletas;

41.

Acoge con satisfacción la revisión en curso del Plan de Desarrollo de Capacidades como la base de un concepto de transformación conjunta a largo plazo para la creación de capacidad; considera que este concepto de transformación debe ser objeto de debate con regularidad y que su aplicación debe racionalizarse y, en caso necesario, revisarse;

42.

Señala a la atención la misión de la Agencia Europea de Defensa (AED), contemplada en los artículos 42, apartado 3, y 45 del TUE, según los cuales la Agencia se encarga de las importantes tareas relativas a la aplicación de la cooperación estructurada permanente, la formulación de una capacidad europea y una política de armamentos, el desarrollo de las capacidades militares de los Estados miembros, así como del fortalecimiento de la base industrial y tecnológica del sector de la defensa pero sin repercusiones financieras en el presupuesto de la UE;

43.

Considera que, aunque no sea una panacea, el hecho de poner en común y hacer un uso compartido de las capacidades militares constituye una respuesta importante a las deficiencias de las capacidades europeas; acoge con satisfacción el papel de facilitador de la AED y los progresos realizados hasta el momento; considera que la puesta en común y el uso compartido no deben considerarse sólo en términos de aprovisionamiento conjunto, sino también en términos de integración, y deben cubrir el mantenimiento y el uso compartido de las capacidades;

44.

Solicita un fortalecimiento del rol de la Agencia Europea de Defensa (AED) en la coordinación de capacidades, con el objetivo de frenar las duplicidades y programas paralelos entre los Estados miembros que suponen un gasto excesivo para los contribuyentes.

45.

Pide a los Estados miembros de la UE la mejora del intercambio de información sobre la planificación en materia de defensa y, en consonancia con el Código de Conducta para para la puesta en común y el uso compartido, que incluyan la puesta en común y el uso compartido de soluciones en los ciclos de planificación de la defensa nacional y en los procesos de toma de decisiones;

46.

Hace hincapié en que la confianza mutua, la transparencia y la fiabilidad son factores clave para el éxito de cualquier esfuerzo común en materia de seguridad y defensa; está convencido de que el desarrollo de las capacidades de defensa debe integrarse en un enfoque estratégico que determine la combinación adecuada de capacidades y los objetivos para los que deben utilizarse;

47.

A la luz de lo que antecede, espera que la próxima cumbre de Defensa:

48.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un sector de seguridad y defensa más competitivo y eficiente», en la que se presentan algunas ideas y propuestas innovadoras; apoya plenamente los esfuerzos de la Comisión para profundizar la defensa y la seguridad interior y el mercado, y desarrollar una política industrial de defensa, proporcionando un apoyo adecuado a las PYME, que desempeñan un papel clave en materia de innovación, I+D, creación de empleo y crecimiento económico, en consonancia con la Estrategia Europa 2020;

49.

Subraya que el fortalecimiento de la base tecnológica e industrial del sector de la defensa es un objetivo de la Unión, consagrado en los artículos 42, apartado 3, y 45 del TUE; hace hincapié en que una base tecnológica e industrial de la defensa europea que sea capaz de respaldar la PCSD y de mejorar las capacidades militares de Europa, al tiempo que preserva la autonomía estratégica de la UE, es crucial para una defensa europea efectiva; subraya el vínculo entre investigación, industria y desarrollo de capacidades, todos ellos elementos necesarios para el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad, así como para una PCSD más fuerte,

50.

Reitera la necesidad de una industria europea de defensa fuerte y menos fragmentada que sea capaz de sostener la PCSD y de reforzar la autonomía estratégica de la UE; destaca la importancia de la certificación y la normalización para mejorar la interoperabilidad de las fuerzas armadas; pide al Consejo Europeo que dé mandato a la AED para que prepare una hoja de ruta para el desarrollo de estándares de política industrial de defensa, y a los Estados miembros para que simplifiquen los procedimientos europeos de certificación mediante el reconocimiento mutuo de los certificados y la armonización de sus procedimientos de certificación;

51.

Señala que la anticipación y la gestión del cambio y la reestructuración son parte integral de cualquier política industrial; considera, por tanto, que una mayor integración del mercado en el sector de la defensa debe ir acompañada de un diálogo social activo y de la mitigación de sus repercusiones negativas para las economías regionales y locales, haciendo pleno uso de los instrumentos financieros de la UE, como el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Globalización;

52.

Pide al Consejo Europeo que adopte medidas en estos sectores mediante una sólida financiación de I+D, también a escala de la Unión; apoya el desarrollo de una cooperación eficaz y rentable entre las actividades de seguridad ciudadana y las actividades de investigación en materia de defensa; subraya, no obstante, la necesidad continua de un régimen eficaz de exportaciones de doble uso;

53.

Subraya la necesidad de garantizar nuevas fuentes de financiación para la investigación y la innovación en el ámbito de la defensa, por ejemplo, a través del programa Horizonte 2020;

54.

Apoya plenamente la celebración de un debate sobre los tres ejes en la cumbre de Defensa de diciembre; hace hincapié en que los tres tienen la misma importancia y están vinculados entre sí por el hecho de que están al servicio de los mismos objetivos estratégicos;

55.

Pide al Consejo Europeo, así como a los responsables políticos a todos los niveles en los Estados miembros de la Unión, que muestren más ambición y valentía poniendo en marcha un debate público, de gran importancia en tiempos de austeridad económica; subraya la necesidad de invertir más y de intensificar la cooperación en materia de seguridad y defensa, así como de explicar el nexo causal entre, por un lado, la seguridad y la defensa y, por otro, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la prosperidad;

56.

Destaca el vínculo indivisible entre la seguridad interior y exterior, y hace hincapié en que un entorno pacífico, seguro y estable es una condición necesaria para preservar el modelo político, económico y social en Europa;

57.

Expresa su ferviente deseo de que este Consejo Europeo no sea un hecho aislado, sino el punto de partida de un proceso continuo que revise las cuestiones relativas a la seguridad y la defensa en el Consejo Europeo con regularidad; está a favor del establecimiento de una hoja de ruta con parámetros de referencia específicos y plazos, y de un mecanismo de presentación de informes, como seguimiento del Consejo Europeo; aboga por la creación de un Consejo de Ministros de Defensa a medio plazo a fin de dar a las cuestiones relativas a la seguridad y la defensa la importancia que merecen;

58.

Decide mantener y fortalecer lazos más estrechos con los Parlamentos nacionales de los Estados miembros mediante reuniones periódicas, con el fin de promover el diálogo y el intercambio de opiniones en materia de seguridad y defensa;

59.

Considera que la PCSD es un pilar básico del proceso de integración europeo;

60.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, a la VP/AR, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la UE, al Secretario General de la OTAN, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente en ejercicio de la OSCE, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, al Presidente de la Asamblea de la Unión Africana y al Secretario General de la ASEAN.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/26

—

Visto el título V del Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, los artículos 21, 42, 45 y 46, así como los artículos 173, 179 — 190 y 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y su Protocolo no 10,

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 2012 y el proceso conducente a la reunión del Consejo Europeo sobre defensa prevista para los días 19 y 20 de diciembre de 2013,

—

Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 24 de julio de 2013, titulada «Hacia un sector de seguridad y defensa más competitivo y eficiente» (COM(2013)0542),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de diciembre de 2007, titulada «Estrategia para una industria europea de la defensa más sólida y competitiva» (COM(2007)0764),

—

Vistos la Estrategia Europea de Seguridad, adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003, y el informe sobre la aplicación de la misma, respaldado por el Consejo Europeo los días 11 y 12 de diciembre de 2008,

—

Vista la declaración sobre el refuerzo de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2008 y la declaración sobre el refuerzo de las capacidades adoptada por el Consejo el 11 de diciembre de 2008,

—

Vista la Base tecnológica e industrial de la defensa europea, adoptada por la Junta Directiva de la Agencia Europea de Defensa (AED) el 14 de mayo de 2007,

—

Vista la Decisión del Consejo 2011/411/PESC, de 12 de julio de 2011, por la que se determinan el estatuto, la sede y la forma de funcionamiento de la Agencia Europea de Defensa y por la que se deroga la Acción Común 2004/551/PESC (1),

—

Vista la Directiva 2009/81/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad (2),

—

Vistas sus Resoluciones, de 22 de noviembre de 2012, sobre la aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa (3), y de 14 de diciembre de 2011, sobre el impacto de la crisis financiera en el sector de la defensa en los Estados miembros de la UE (4),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0358/2013),

1.

Recuerda que una política común de seguridad y defensa operativa necesita una fuerte base tecnológica e industrial de la defensa europea (BTID), que constituye un elemento clave de la capacidad europea de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, proteger sus valores y promover sus intereses; señala que el sector europeo de la defensa es una de las principales fuentes de crecimiento e innovación, factores clave para la estabilidad y la seguridad; considera que el establecimiento y el desarrollo de una base industrial europea competitiva en el sector de la defensa debería constituir una de las prioridades estratégicas de la UE;

2.

Recuerda el nivel de las ambiciones operativas descritas en la Declaración del Consejo sobre el refuerzo de las capacidades, de 11 de diciembre de 2008, y las misiones civiles y militares detalladas en el TUE, artículo 43, apartado 1; recuerda el compromiso de los Estados miembros de mejorar sus capacidades militares; pide al Consejo Europeo que inicie la definición de una política europea de capacidades y de armamento a tal fin, como se establece en el TUE, artículo 42, apartado 3;

3.

Subraya que mientras determinados terceros países como China, India, Brasil y Rusia incrementan sus gastos de defensa, los presupuestos de la UE en este sector están sufriendo recortes; señala a la atención el cambiante panorama estratégico mundial, los reducidos presupuestos de defensa, motivados especialmente por la crisis económica y financiera, el ritmo acelerado del desarrollo tecnológico y el hecho de que las empresas de defensa europeas estén adaptándose a esa situación poniendo el acento en las exportaciones a terceros países a costa de transferir tecnologías sensibles y derechos de propiedad intelectual, y trasladando su producción fuera de la UE;

4.

Manifiesta su preocupación por la reducción de las inversiones en defensa y pide a los Estados miembros, a la AED y a la Comisión que adopten medidas para hacer frente al hecho de que la BTID se expondrá cada vez más al riesgo de que terceras potencias con diferentes intereses estratégicos la controlen y restrinjan sus actividades; insta a los Estados miembros a reforzar la cooperación industrial europea con miras a garantizar, en la medida de lo posible, la autonomía estratégica, desarrollando y produciendo capacidades militares y de seguridad eficaces utilizando las tecnologías más avanzadas;

5.

Destaca que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las políticas industrial, espacial y de investigación de la UE se extienden al ámbito de la defensa; señala que los programas de la Unión en otras áreas, como la seguridad interior y de las fronteras, la gestión de catástrofes y el desarrollo, ofrecen perspectivas interesantes para desarrollar conjuntamente capacidades relacionadas con esas políticas y con la realización de misiones de la PCSD;

6.

Recuerda la necesidad de avanzar en la consolidación de la BTID y observa que, a la vista de la creciente sofisticación y el aumento de los costes de las tecnologías, la mayor competencia internacional y la reducción de los presupuestos de defensa y de los volúmenes de producción, existe un margen constante para los proyectos de defensa nacional multinacionales y la industria de la defensa ya no puede ser sostenible en ningún Estado miembro solamente con el mercado nacional; lamenta que, si bien se ha logrado un determinado nivel de concentración en las industrias aeroespaciales europeas, los sectores de equipamiento terrestre y naval siguen estando extremadamente fragmentados a nivel nacional;

7.

Subraya que la construcción de la industria europea de defensa debe llevarse a cabo de forma sostenible en todos los Estados miembros, sobre la base de la infraestructura industrial ya existente y de las normas establecidas en las políticas industriales europeas a que se refiere el artículo 173 del TFUE, y no sólo a partir del principio de libre competencia;

8.

Recuerda a los Estados miembros de la UE, a la Vicepresidenta/Alta Representante, a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Defensa que, más de dos décadas después de la Guerra Fría y tras haber podido disfrutar de presupuestos relativamente elevados para la defensa nacional, los Estados miembros no pudieron cumplir con los Objetivos Globales de Helsinki y otros objetivos comunes de desarrollo de capacidad militar;

9.

Recuerda que si Europa quiere mantener una industria de seguridad y defensa sólida, los Estados miembros tienen que coordinar sus presupuestos de defensa para evitar duplicidades y reforzar los programas de investigación conjuntos;

10.

Constata que, a pesar de la crisis y los recortes presupuestarios, los ciudadanos europeos siguen pidiendo una Europa de la defensa y coordinación y cooperación industrial, lo que perciben como un factor de seguridad, eficacia y ahorro;.

11.

Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 2013, y del proyecto de informe de la AR/VP, de 15 de octubre de 2013, sobre Seguridad Común y Política de Defensa; considera lamentable que la Comisión y el SEAE no emitan una declaración europea conjunta de cara a la cumbre del Consejo Europeo sobre defensa de diciembre de este año; espera con interés propuestas legislativas específicas por parte de la Comisión sobre el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la Red Empresa Europa (Enterprise Europe Network), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, con el fin de asegurar el desarrollo equitativo de la industria de defensa en toda la Unión Europea;

12.

Recuerda que la Comisión y los ministros de Defensa de la UE ya subrayaron la necesidad de adoptar medidas urgentes en este ámbito en 2007 con una Comunicación de la Comisión específica y la estrategia BTID de la AED; lamenta las oportunidades perdidas regularmente para presentar informes de ejecución y actualizar estrategias tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; considera lamentable que la nueva comunicación no evalúe las estrategias previas; pide a la Comisión y a la AED que desarrollen una estrategia BTID conjunta en el futuro, basada en las experiencias anteriores;

13.

Considera, según un exhaustivo examen propio, que ambas estrategias han sido aplicadas de forma insuficiente debido a la falta de entendimiento común de la BTID a causa de unos intereses nacionales e industriales diferentes, y a la persistencia de unos hábitos nacionales establecidos en el sector del armamento; toma nota del hecho de que algunos Estados miembros sin sector propio de defensa nacional y/o industrias especializadas intentan conseguir a escala mundial la mayor rentabilidad, de manera que las industrias de defensa menos competitivas favorecen a las cadenas de suministro nacionales y las potentes industrias nacionales de defensa soportan una fuerte competencia mundial;

14.

Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de incluir el fortalecimiento de la defensa europea en el orden del día de su cumbre de diciembre; pide al Consejo Europeo que proporcione el nuevo y ambicioso impulso necesario y que establezca las directrices, las prioridades políticas generales y los plazos para respaldar una auténtica base tecnológica e industrial de la defensa europea, que estará respaldada por medidas adecuadas encaminadas a fomentar la integridad y la creación de confianza y que habrá de estar orientada en función de las capacidades con el fin de promover las sinergias, utilizar eficazmente los recursos, evitar duplicidades, estar integrada y ser competitiva en el mercado mundial;

15.

Considera lamentable que los esfuerzos anteriores por consolidar la demanda no hayan reducido la fragmentación de la misma en la UE, donde existen veintiocho clientes de defensa nacionales y un número incluso mayor de clientes de productos para uso civil y militar; lamenta los resultados limitados del Plan de Desarrollo de Capacidades de la AED; pide, por tanto, al Consejo Europeo que inicie un proceso de revisión de la defensa europea y haga que la coordinación de los procesos de planificación de la defensa nacional a nivel de la UE se convierta en una realidad; pide a la Vicepresidente de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que lance, sobre la base de esta evaluación, un amplio proceso para preparar un Libro Blanco sobre Seguridad y Defensa Europea a fin de racionalizar las ambiciones estratégicas de la UE y los procesos de desarrollo de capacidades;

16.

Solicita a los Estados miembros que continúen estudiando la posibilidad de sincronizar y planificar conjuntamente la gestión del ciclo de vida de sus capacidades de defensa en cooperación con la AED; considera que una mayor sinergia que conduzca a unas capacidades europeas comunes y a una política de armamento común, contempladas en el artículo 42 del TUE, podría ser una condición previa para convertir la armonización de los requisitos militares en adquisiciones de equipos armonizadas entre los Estados miembros, y crear así las condiciones para una restructuración transnacional exitosa y orientada a la demanda de la industria de la defensa en la UE;

17.

Observa el trabajo del proceso de planificación de la defensa de la OTAN, mediante el cual los miembros de la Alianza, incluidos los 26 aliados europeos, se coordinan —según proceda— para garantizar el desarrollo y mantenimiento de las capacidades de defensa adecuadas con el fin de hacer frente a futuros desafíos; observa que la OTAN reconoce desde hace mucho tiempo la necesidad de una cooperación estrecha con la industria, sobre todo con el fin de contribuir al desarrollo de los requisitos de capacidad militar, especialmente en lo relativo a la normalización e interoperabilidad, promoviendo al mismo tiempo la cooperación industrial y tecnológica transatlántica en materia de defensa;

18.

Considera que una política europea de la industria de defensa debería tener por objetivo optimizar las capacidades de los Estados miembros coordinando el desarrollo, el despliegue y el mantenimiento de una gama de capacidades, instalaciones, equipos y servicios con miras a llevar a cabo todo el abanico de misiones, incluidas las más exigentes, fortaleciendo la industria europea de la defensa, fomentando la cooperación en el ámbito de la investigación y la tecnología y desarrollando programas de cooperación en materia de equipos;

19.

Reconoce la importancia de las industrias europeas de defensa para la innovación y el crecimiento, pues aportan, directa e indirectamente, cerca de 400 000 puestos de trabajo en la Unión; subraya el hecho de que, en un momento en el que la economía europea de la defensa se encuentra ante diversos desafíos, es necesario un nuevo enfoque que evite duplicaciones y dé lugar a mayores economías de escala y a una intensificación de la competencia industrial;

20.

Considera que ha llegado el momento de promover un enfoque voluntarista para actuar en relación con la fragmentación del mercado industrial de defensa europeo, fomentando su consolidación (y emprendiendo su armonización) en términos de oferta y demanda, regulación y normas, y que también ha llegado el momento de invertir en una política industrial integrada y sostenible basada en la investigación, la innovación, el aumento de la eficiencia en el uso de recursos, una estrategia para las materias primas, el fortalecimiento de las PYME y el desarrollo de redes regionales; apoya plenamente los esfuerzos de la Comisión por sostener el mercado interior de defensa y seguridad mediante un apoyo adecuado a las PYME, que desempeñan un importante papel en la innovación, en el desarrollo de capacidades especializadas y tecnologías de vanguardia y en la creación de puestos de trabajo, en el marco de la Estrategia Europa 2020;

21.

Considera importante que los Estados miembros intensifiquen la cooperación con el fin de abordar los retos industriales y señala que las restricciones presupuestarias y el aumento de la competencia global significan que la UE debe establecer asociaciones internas y otras agrupaciones y repartir tareas; expresa su apoyo a la AED en su empeño por fomentar las agrupaciones regionales;

22.

Considera que debe reconocerse el carácter específico de los contratos de defensa por su demanda específica casi exclusivamente estatal, su oferta limitada, las obligaciones asociadas al control de las exportaciones y la lucha contra la proliferación y la alta confidencialidad a que están sometidos;

23.

Considera que la industria de la defensa tiene un carácter muy específico, con unos períodos de desarrollo prolongados y la obligación de mantener sus sistemas operativos durante décadas, unos costes de programas sustanciales y crecientes y, finalmente, el hecho de que la comercialización de los productos depende en muy gran medida de los gobiernos de los Estados miembros;

24.

Respalda el potencial de los productos de las industrias de seguridad y defensa y alienta su doble uso, en particular en el sector espacial, la marina, la aviación y las telecomunicaciones; hace hincapié en que la industria de defensa es un importante motor del desarrollo de tecnologías avanzadas que más tarde se utilizarán con fines comerciales;

25.

Insta al Consejo Europeo a que apoye la BITDE por todos los medios y para ello, en primer lugar, a que delimite mejor su alcance, en especial por lo que se refiere a los participantes en ella, confiriéndoles un estatuto especial, el de operador económico de defensa en Europa (OEDE);

26.

Insta a que se reconozca este estatuto de OEDE en función del valor añadido que realmente aporten a Europa desde el punto de vista tecnológico y socioeconómico; considera, por tanto, que solo deberían beneficiarse de los programas europeos estos operadores económicos de defensa en Europa;

27.

Considera que el concepto de operador económico de defensa en Europa debería ser objeto de reconocimiento y que debe respetarse una serie de criterios razonables relacionados con el empleo, los conocimientos científicos y tecnológicos, la adopción de decisiones y la producción en el territorio de la UE para que sea posible su protección;

28.

Pide a los Estados miembros que desarrollen sus bases industriales y tecnológicas de la defensa y centros de excelencia en torno a tecnologías clave, acompañándolos de mecanismos eficaces de gobernanza empresarial en el territorio de la Unión Europea, a fin de desarrollar una mayor interdependencia entre ellos;

29.

Insta a los Estados miembros a que fomenten la cooperación entre las principales universidades y empresas del sector de la defensa; destaca que la base de conocimientos de las universidades puede ampliarse gracias a esta cooperación;

30.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que limiten al máximo los obstáculos reglamentarios superfluos, mejoren el diálogo entre las empresas de defensa y favorezcan su racionalización, a fin de permitirles la compra de los equipos más adecuados a sus exigencias en términos de rendimiento y costes; pide una reestructuración urgente de las empresas europeas, superando barreras nacionales y adoptando una visión global;

31.

Considera a las PYME, que en gran medida crean y fabrican productos innovadores, como factor esencial para la conservación y la consolidación de la BTID; Observa que la fragmentación del mercado europeo de la defensa constituye un obstáculo para que las PYME comercialicen sus productos; pide a los Estados miembros, a la AED y a la Comisión que cooperen con miras a encontrar métodos y modos de apoyar a las PYME de manera sostenible y de facilitar su acceso al mercado del sector de la defensa; destaca que gracias a un sistema común de estandarización y certificación las empresas europeas, incluidas las PYMES, saldrían beneficiados porque mejoraría su acceso a los mercados europeos y mundiales, crearían empleo y ampliarían su acceso a la financiación de la UE;

32.

Reitera la importancia fundamental de la normalización de los equipos de defensa para la creación de un mercado europeo de defensa único competitivo, así como para garantizar la interoperabilidad y facilitar la cooperación en programas de armamento, para la puesta en común y el intercambio de proyectos y para la interoperabilidad sostenible entre las fuerzas armadas de los Estados miembros, reduciendo los costos de mantenimiento y operativos y garantizando un uso óptimo de las capacidades de defensa de los Estados miembros en operaciones conjuntas;

33.

Recuerda que existe una proliferación de normas industriales competidoras para productos civiles y militares; lamenta el éxito limitado de la aplicación de los acuerdos (STANAG) y recomendaciones (STANREC) de normalización de la OTAN; pide a la Comisión y a la AED que promuevan un paquete coherente de normas comunes en materia de defensa y que desarrollen «normas híbridas» en áreas de doble uso; solicita a los Estados miembros que garanticen los futuros pasos para el establecimiento de normas de defensa basadas en las sugerencias civiles propuestas por la Comisión y las organizaciones de estandarización europeas;

34.

Invita a los Estados miembros a explorar posibilidades que ofrece la Agencia Europea de Defensa (AED) para elaborar estándares europeos de productos y aplicaciones militares, por ejemplo, para la construcción de buques-hospital o en materia de sistemas aéreos pilotados a distancia;

35.

Celebra las propuestas de la Comisión Europea en materia de normalización y pide al Consejo Europeo que tome nota de ellas y presente propuestas concretas en este ámbito;

36.

Pide a los Estados miembros que racionalicen los procedimientos de certificación europeos con el reconocimiento mutuo de certificados y el desarrollo de procedimientos de certificación europeos comunes civiles y militares;

37.

Destaca la importancia de asegurar que no se pone en riesgo la seguridad del suministro en el contexto de la reestructuración de la industria; pide a los Estados miembros, a la AED y a la Comisión que desarrollen rápidamente un régimen amplio y ambicioso de seguridad del suministro a escala de la UE, en particular para los materiales y tecnologías estratégicos críticos, basado en un sistema de garantías mutuas y un análisis de los riesgos y necesidades, posiblemente utilizando el fundamento jurídico de la cooperación estructurada permanente;

38.

Insta a los Estados miembros, como primer paso hacia la consecución de este objetivo, a que exploten plenamente el potencial de la Directiva 2009/43/CE sobre las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la UE, y aceleren los trabajos para hacer operativo el Acuerdo marco de seguridad del suministro en circunstancias de urgencia operativa de 2006;

39.

Pide a la AED y a la Comisión que presenten una estrategia conjunta de no dependencia de tecnologías críticas, en particular en lo que se refiere al acceso ilimitado y la disponibilidad de las nuevas tecnologías facilitadoras esenciales de uso dual (civil y militar), tales como la micro y la nanoelectrónica, la inteligencia artificial y la fotónica punteras, que deban considerarse esenciales para las misiones PCSD; pide a los Estados miembros que aprovechen la base tecnológica e industrial de la defensa europea para reforzar la autosuficiencia de la Unión Europea en estos ámbitos clave;

40.

Anima a los Estados miembros a resolver el problema de la sobrecapacidad industrial como consecuencia de la caída de la demanda mediante el lanzamiento de nuevos proyectos conjuntos, apoyándose más en la Agencia Europea de Defensa, que está infrautilizada e insuficientemente financiada, y aprendiendo la lección de las recientes operaciones conjuntas, que han puesto de manifiesto lagunas, por ejemplo en materia de transporte estratégico y táctico o de observación aérea; recomienda, en particular, desarrollar herramientas clave con aplicaciones civiles y militares, que tanta falta hacen en la mayoría de los Estados miembros, tales como los sistemas de vuelos teledirigidos (RPAS, por sus siglas en inglés), impulsando el desarrollo de tecnologías punta y ayudando a mantener las competencias clave en Europa; alienta la participación de la UE en proyectos conjuntos mediante el arrendamiento y/o la adquisición de capacidades de doble uso y la posible compra de prototipos;

41.

Considera, a la luz de las experiencias pasadas, que el reparto de las actividades de desarrollo y producción de los programas de armamento realizados en cooperación debe organizarse siguiendo un principio riguroso de eficiencia industrial y rendimiento económico para evitar duplicaciones de esfuerzos y desviaciones en los costes;

42.

Pide a los Estados miembros que, a la hora de considerar adquisiciones a gran escala de tecnología de defensa, den preferencia a proyectos intracomunitarios o a acciones conjuntas, o bien, a nuevas tecnologías con base en Europa, que puedan potenciar en mayor grado el comercio y la cooperación en Europa y, al mismo tiempo, la competencia en términos de calidad y precio en el mercado mundial de la defensa;

43.

Insta al Consejo Europeo, sobre el trasfondo de los acuerdos administrativos existentes entre la AED y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), a que garantice la puesta en marcha con éxito de proyectos comunes y prevea unos lazos más fuertes entre ambas organizaciones;

44.

Pide al Consejo Europeo que permita a la AED asumir plenamente su papel institucional tal y como se define en el artículo 42, apartado 3, y en el artículo 45, del TFUE, asignándole los recursos necesarios; reitera la necesidad urgente de que los Estados miembros doten a la AED de fondos adecuados para todas sus misiones y tareas; estima que la mejor manera de hacerlo es financiar los costes de personal y funcionamiento de la Agencia con cargo al presupuesto de la Unión a partir del próximo marco financiero plurianual;

45.

Señala que la crisis económica y financiera, así como los recortes practicados en el presupuesto de defensa de la mayoría de los Estados miembros, pueden provocar importantes reducciones, retrocesos o retrasos en los programas de investigación e innovación tecnológica de casi todos los Estados miembros, lo que probablemente siga afectando a la industria europea de la defensa y a los progresos científicos de la Unión en este ámbito; destaca que esta situación puede traducirse en pérdidas de empleo a medio y largo plazo y en pérdidas de capacidad industrial y conocimientos especializados;

46.

Recuerda la importancia que revisten la investigación y la innovación en el sector de la defensa y la seguridad, al tiempo que destaca la relevancia de los programas de investigación Horizonte 2020; en particular, el séptimo «reto social» dedicado a «Sociedades seguras — Protección de la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos»; hace hincapié en la importancia de fomentar la cooperación multinacional entre Estados miembros y sus respectivas agencias en este ámbito; considera que, habida cuenta del alto nivel de confidencialidad inherente a la investigación innovadora para la industria de defensa, es imprescindible financiar esta investigación de modo acorde con las necesidades; opina, en este contexto, que es preciso considerar la posibilidad de establecer un Instituto Europeo de Defensa y Seguridad en el marco del CCI;

47.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de poner en marcha una acción preparatoria para la investigación financiada por la UE en apoyo de las misiones de la PCSD, e invita a la Comisión a que presente una propuesta específica como anticipo de dichos programas en el futuro marco financiero plurianual;

48.

Considera que la investigación y la innovación en materia de defensa relacionadas con la BTID siguen siendo una base ética válida; indica que todo un capítulo del Tratado de Lisboa se dedica a la política común de seguridad y defensa, incluidas la investigación en tecnologías de defensa y la definición de una política común de defensa de la Unión; pide a los Estados miembros y a la AED que aumenten de forma significativa la cantidad y calidad de los proyectos conjuntos de investigación y desarrollo;

49.

Recuerda que el artículo 179 del TFUE obliga a la Unión a promover todas las actividades de investigación que se consideren necesarias en virtud de los Tratados;

50.

Recuerda que los ministros europeos de Defensa acordaron en noviembre de 2007 unos criterios comparativos colectivos para aumentar el gasto en investigación y tecnología en el ámbito de la defensa al 2 % de todo el gasto de defensa, además de elevar al 20 % el gasto en investigación y tecnología europea en colaboración en materia de defensa;

51.

Apoya al Grupo operativo de defensa, compuesto por la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Agencia Europea de Defensa (AED) en sus esfuerzos para asegurar que los resultados de la investigación de Horizonte 2020 también puedan incorporarse a las investigaciones relacionadas con la innovación en el ámbito de la defensa y a optimizar las sinergias entre aplicaciones civiles y militares; insta, asimismo, a que se examinen modos de utilizar la financiación público-privada mediante la creación de empresas conjuntas, de conformidad con el artículo 187 del TFUE;

52.

Anima a la AED a continuar su historial de exitosos programas de inversión conjunta y a colaborar con la Comisión para poner en marcha programas de investigación y desarrollo en virtud del artículo 185 del TFUE;

53.

Recuerda la importancia de las sinergias entre la investigación civil y militar en los ámbitos con alto valor añadido; destaca que, sin olvidar que determinados proyectos tienen una vocación principalmente civil mientras que otros son asuntos soberanos, podría explorarse la posibilidad de un uso dual más eficaz con miras a compartir costes, pues se trata de sectores que crean crecimiento y empleo; destaca asimismo que este tipo de sinergias podrían materializarse también en una consolidación de la oferta de fuentes europeas privadas a salidas comerciales;

54.

Pide a los Estados miembros que creen una plataforma adecuada para llevar la investigación en materia de defensa al ámbito civil, con interés especial en las aplicaciones tecnológicas de vanguardia; insta a los Estados miembros a dirigir la investigación en el ámbito de las tecnologías de defensa también al control de las catástrofes naturales (en los últimos 40 años el número de catástrofes naturales en Europea se ha cuadruplicado);

55.

Considera que la industria de defensa de la UE debe mantener un alto grado de innovación, tanto en los aspectos militares como civiles, a fin de responder a todas las amenazas y desafíos que deberán afrontar los Estados miembros y la UE en los próximos años, apoyándose para ello en los avances tecnológicos más prometedores, independientemente de que se hayan desarrollado de forma específica para la defensa o para aplicaciones civiles;

56.

Hace hincapié en la necesidad de asegurarse de que los resultados de investigación estén protegidos adecuadamente en una política común de la propiedad intelectual y considera que el papel de la AED en este ámbito debe ser capaz de facilitar, desde fases tempranas, la futura cooperación tecnológica e industrial entre socios de la UE;

57.

Expresa su convencimiento de que el sector espacial contribuye a la autonomía estratégica de la UE y de que la posibilidad de que los Estados miembros tengan acceso independiente desempeña un papel vital en el ámbito de la defensa y la seguridad; destaca la importancia de mantener la excelencia de esta industria innovadora y eficiente en el plano tecnológico a fin de garantizar la independencia tecnológica de la Unión Europea;

58.

Acoge con satisfacción la creación y el desarrollo de un sistema europeo de satélites (Galileo, Copérnico y EGNOS); destaca que el desarrollo de un sistema de este tipo imprimirá un fuerte impulso no solo a la industria espacial, sino también a la autonomía de Europa y representa una oportunidad para desarrollar una fuerte base industrial, así como una tecnología europea de defensa;

59.

Subraya la necesidad de proteger la infraestructura espacial europea mediante la creación de capacidades de vigilancia y seguimiento espacial (SST) a escala europea;

60.

Señala que la era digital presenta desafíos crecientes para la protección y la seguridad de las infraestructuras y la tecnología, y destaca por consiguiente la necesidad de aumentar la cooperación y el intercambio de conocimientos entre los Estados miembros, por una parte, y entre la Unión Europea y sus principales socios, por la otra;

61.

Hace hincapié en la importancia del desarrollo de normas europeas en materia de TIC y ciberseguridad, así como de su integración con las normas internacionales;

62.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen entre sí para velar por que la ciberseguridad sea un elemento clave, que por lo tanto debe ser objeto de una promoción particular mediante la investigación y la innovación en el sector de la seguridad y la defensa y debe formar parte de la estrategia a corto, medio y largo plazo;

63.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta de forma sistemática los retos de la seguridad cibernética en los programas europeos civiles o militares, existentes y por venir (Galileo, Copernicus, Cielo Único/SESAR, etc.);

64.

Recuerda que los Estados miembros necesitan mejorar urgentemente la transparencia y la apertura de sus mercados de la defensa, haciendo hincapié en el carácter específico de los contratos de defensa y en el hecho de que, al afectar a intereses fundamentales de la seguridad de los Estados, no pueden ubicarse en el mismo plano que otros sectores; pide a los Estados miembros y a la Comisión que aseguren que las Directivas sobre la contratación en materia de defensa y sobre transferencias, de 2009, se aplican de manera correcta y coherente, en particular en lo relativo a toda exención de las normas de la UE en virtud del artículo 346 del TFUE, con el fin de fortalecer el mercado único mediante la reducción de la complejidad de las normas de contratación pública en el sector de la defensa, cuando proceda;

65.

Insta a la Comisión a que aumente los esfuerzos por asegurar la igualdad de condiciones en el mercado de defensa, mediante la limitación del uso de prácticas que distorsionen el mercado al mínimo estricto de excepciones debidamente justificadas; señala, en particular, la necesidad de reforzar el control de las ayudas estatales, e insta a los Estados miembros a que actúen con mayor transparencia en lo que respecta a las ayudas estatales y las prácticas de contratación pública en el sector de la defensa, tanto ante las autoridades y las agencias europeas como ante la población en general;

66.

Expresa su preocupación por el hecho de que numerosos Estados miembros se están preparando para adquirir aviones de combate F-16 usados sin dar a empresas europeas una oportunidad justa de competir; considera que esta práctica contraviene el objetivo del Consejo Europeo de fortalecer la base industrial de la defensa europea; recuerda a estos Estados miembros que también es necesario aplicar los principios de no discriminación y de transparencia, tal y como están establecidos en el Tratado de Lisboa, a las ventas entre Gobiernos;

67.

Pide a los Estados miembros, a la AED y a la Comisión que colaboren con vistas a la eliminación gradual de los requisitos compensatorios, al tiempo que fomentan la integración de las industrias de los Estados miembros más pequeños en la base tecnológica e industrial de defensa europea a través de medios distintos de la compensación; anima a los Estados miembros, en particular, a que apliquen plenamente las disposiciones de las Directivas sobre subcontratación y licencias generales para lograr este objetivo;

68.

Hace hincapié en que debe fomentarse un empleo más frecuente de técnicas innovadoras de contratación pública en el sector de la defensa —en particular, la contratación pública electrónica y la contratación precomercial, así como el establecimiento de incentivos de investigación y desarrollo—, ya que resultan especialmente apropiadas para este campo y pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de reducir los trámites y costes asociados a los procedimientos de contratación; considera que, al mismo tiempo, debe asegurarse la protección de los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos técnicos; insta a los Estados miembros a que utilicen de manera estratégica la contratación pública en materia de defensa y a que apliquen principios de adjudicación innovadores basados en el concepto de la oferta económicamente más ventajosa;

69.

Considera que las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad han de tener acceso a procedimientos específicos de adjudicación de contratos cuando sea necesario desarrollar un producto o servicio innovador o trabajos innovadores con la adquisición posterior de los suministros, los servicios o los trabajos resultantes que no puedan abastecerse con las soluciones que ya están disponibles en el mercado;

70.

Considera, además, que dicho procedimiento mejoraría el funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de un mercado europeo de material de defensa y una base tecnológica e industrial europea de la defensa, e impulsaría el crecimiento de PYME innovadoras; hace hincapié en que este procedimiento ya se había acordado en la revisión de la Directiva clásica sobre contratación pública y de la Directiva de contratación pública en los sectores de los servicios públicos, y permitía a las autoridades adjudicadoras establecer una asociación para la innovación a largo plazo, con vistas al desarrollo y ulterior adquisición de productos, servicios u obras nuevos e innovadores, proporcionando así el «tirón de mercado» necesario e incentivando el desarrollo de una solución innovadora sin entorpecer el funcionamiento del mercado;

71.

Pide, por tanto, a la Comisión Europea que tenga en cuenta estos avances en el informe de ejecución de la Directiva sobre contratación pública en materia de defensa (Directiva 2009/81/CE), que ha de presentar al Parlamento Europeo y al Consejo hasta el 21 de agosto de 2016, y que acompañe este informe de una propuesta legislativa que modifique la Directiva 2009/81/CE y que introduzca un procedimiento para el establecimiento de asociaciones innovadoras en relación con tales contratos;

72.

Insta a los Estados miembros a que, además, tomen medidas para eliminar las duplicidades y el exceso de capacidad en el sector promoviendo la cooperación en el mercado interior; destaca las ventajas que pueden derivarse de la contratación conjunta, que genera economías de escala y facilita la interoperabilidad; destaca que los proyectos compartidos reducirán los costes y permitirán realizar inversiones a largo plazo;

73.

Recuerda que los contratos adjudicados en los ámbitos de la defensa y la seguridad se caracterizan, con frecuencia, por su complejidad técnica; hace hincapié en que, para facilitar las licitaciones transfronterizas, es necesario revisar, cuando proceda, los requisitos técnicos innecesarios, desproporcionados o incompatibles a fin de minimizar y, cuando sea posible, eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior;

74.

Señala que el desarrollo de una BTID viable solo puede concebirse como parte de un mercado mundial, y anima a la Comisión y al Consejo Europeo a acometer este asunto con una perspectiva mundial; considera que adoptar medidas proteccionistas sería contrario al objetivo de mejorar la competitividad de la industria de defensa europea;

75.

Lamenta la desigualdad existente en términos de acceso mutuo a los mercados entre los EE.UU. y Europa, y el consecuente desequilibrio en el comercio en materia de defensa; reclama esfuerzos para lograr una auténtica reciprocidad en el acceso a la contratación pública en materia de defensa a ambas orillas del Atlántico;

76.

Insta a los Estados miembros a que cumplan con rigor con sus obligaciones establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, y a que se aseguren de examinar rigurosamente todas las solicitudes de licencia de exportación a la luz de los ocho criterios establecidos; insta a los Estados miembros y a la Unión a que intervengan en los foros internacionales en favor de una mayor transparencia en los mercados internacionales de contratación pública en el sector de la defensa a fin de mejorar las posibilidades de control de los flujos comerciales de armamento a escala mundial, en particular mediante la promoción del Tratado sobre el Comercio de Armas; pide a los Estados miembros que ratifiquen el Tratado a la mayor brevedad, de modo que pueda entrar en vigor, tras la aprobación del Parlamento;

77.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros, a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y al Secretario General de la OTAN.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/35

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria» (COM(2013)0690),

—

Visto el informe del Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, al Consejo Europeo, de 26 de junio de 2012, titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2012, titulada «Un Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica — Apertura de un debate europeo» (COM(2012)0777),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2012 sobre la Hoja de ruta para la realización de la Unión Económica y Monetaria (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, titulada «Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica — Introducción de un instrumento de convergencia y competitividad» (COM(2013)0165),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, titulada «Hacia una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica — Coordinación ex ante de los planes de grandes reformas de la política económica» (COM(2013)0166),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 14 de marzo de 2013 (3), de 28 de junio de 2013 (4) y de 25 de octubre de 2013 (5),

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Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, titulada «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» (6),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020» (COM(2013)0083), así como su Resolución, de 12 de junio de 2013, al respecto (7),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2013 (8),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de octubre de 2009, titulada «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la UE» (COM(2009)0567),

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Vista la audiencia pública organizada por su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el 9 de julio de 2013 titulada «Dimensión social de la Unión Económica y Monetaria (UEM) — régimen europeo de prestaciones por desempleo»,

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Visto el documento sobre estabilizadores automáticos («Paper on Automatic Stabilizers»), de 4 de octubre de 2013, del Grupo de Trabajo de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión,

—

Vista la nota política, de 13 de septiembre de 2013, del European Policy Center (EPC) titulada «Developing the social dimension of a deep and genuine Economic and Monetary Union» (Desarrollar la dimensión social de una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica),

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Visto el documento de Notre Europe titulado «Blueprint for a Cyclical Shock Insurance in the euro area» (Un seguro contra perturbaciones cíclicas en la zona del euro), de septiembre de 2013,

—

Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional, de septiembre de 2013, titulada «Toward a Fiscal Union for the Euro Area» (Hacia una unión fiscal para la zona del euro) (9),

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia (10),

—

Vista la Revisión trimestral: situación social y del empleo de la UE de la Comisión, de octubre de 2013,

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria (O-000122/2013 — B7-0524/2013),

—

Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el desempleo en la UE ha alcanzado la alarmante cifra de 26,6 millones de personas (11);

B.

Considerando que las tasas de desempleo juvenil han alcanzado cotas sin precedentes, situándose el promedio actual del conjunto de la UE en el 23 %;

C.

Considerando que el desempleo de larga duración ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros y ha alcanzado valores máximos en el conjunto de la UE;

D.

Considerando que el desempleo estructural y los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo han registrado un aumento;

E.

Considerando que los niveles de pobreza llevan incrementándose en la UE desde 2007, mientras que los ingresos de los hogares están reduciéndose, lo que tiene como consecuencia que el 24,2 % de la población de la UE se encuentre actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social;

F.

Considerando que el número de trabajadores pobres ha experimentado un crecimiento continuo desde el principio de la crisis;

G.

Considerando que el porcentaje de trabajadores pobres y el número de hogares con todos sus miembros en paro han dado lugar a un aumento en los niveles de pobreza infantil;

H.

Considerando que han aumentado las desigualdades tanto en el seno de los Estados miembros como entre ellos, sobre todo en la zona del euro;

I.

Considerando que existen diferencias persistentes entre los Estados miembros, lo que da lugar a la rápida polarización de las tasas de desempleo, y que estas divergencias también están aumentando entre regiones y grupos sociales en algunos países;

J.

Considerando que los desequilibrios sociales han crecido con mayor rapidez dentro de la zona del euro que en la UE en su conjunto;

K.

Considerando que el Indicador de Rendimiento de la Protección Social ha identificado las principales pautas sociales que deben vigilarse;

L.

Considerando que las tasas de desempleo en la periferia de la zona del euro alcanzaron en 2012 una media del 17,3 %, en comparación con el 7,1 % en el centro de la zona del euro;

M.

Considerando que la tasa de desempleo entre los jóvenes sin trabajo, estudios ni formación («NiNi») alcanzó en la periferia de la zona del euro una media del 22,4 % en 2012, en comparación con el 11,4 % en el centro de la zona del euro;

N.

Considerando que los niveles de pobreza han aumentado en dos tercios de los Estados miembros, aunque se han estabilizado en el tercio restante;

O.

Considerando que se han tomado importantes medidas para reforzar la gobernanza económica de la UE; que, no obstante, la perspectiva de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, se encuentra actualmente amenazada;

P.

Considerando que debería otorgarse la misma importancia al debate sobre los desequilibrios sociales que al debate sobre los desequilibrios macroeconómicos;

Q.

Considerando que su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales celebró una audiencia pública el 9 de julio de 2013 titulada la «Dimensión social de la Unión Económica y Monetaria (UEM) — régimen europeo de prestaciones por desempleo», en la que debatió y examinó la idea de los estabilizadores automáticos en la zona del euro y las posibles modalidades de introducción;

R.

Considerando que la Troika ha confirmado que la alta calidad de la participación de los interlocutores sociales y la fortaleza del diálogo social, también a nivel nacional, son necesarias y pueden contribuir al éxito de cualquier reforma y, en particular, de las reformas de la UEM;

S.

Considerando que la situación económica en algunos Estados miembros ha comprometido la calidad del empleo, la protección social y las normas en materia de salud y seguridad;

1.

Se felicita de la Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria», y la considera un primer paso hacia la construcción de una verdadera dimensión social de la UEM;

2.

Reconoce explícitamente que la aplicación de la dimensión social de la UEM está sujeta al principio de subsidiariedad y que la mejor manera de lograrla es a través del método de las mejores prácticas y de la revisión interpares a escala europea;

3.

Opina, no obstante, que se necesitan propuestas más específicas para garantizar que la gobernanza económica respete la dimensión social;

4.

Pide que las cuestiones sociales ocupen un lugar destacado en la integración europea y se incorporen a todas las políticas e iniciativas de la UE;

5.

Considera que la dimensión social debe suponer una conciliación o compensación en lo que respecta al aprendizaje comparativo;

6.

Toma nota de que el objetivo de la dimensión social de la UE es proporcionar seguridad social y un nivel de vida suficiente para las generaciones actuales y futuras; considera que es, por lo tanto, importante que los ciudadanos de la UE vean que su Unión es capaz de promover el progreso social;

7.

Considera que el desarrollo de una Europa social con miras a una Unión Social es una consecuencia de la integración europea;

8.

Apoya la propuesta de elaborar un cuadro de indicadores sociales y de empleo clave, complementario al procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), con el fin de hacer más transparentes las consecuencias sociales de las políticas económicas y de otro tipo mediante evaluaciones de impacto, tanto ex ante como ex post, o a través del seguimiento, y que podrían utilizarse para redactar el Informe Conjunto sobre el Empleo de la Comisión;

9.

Rechaza cualquier armonización o adaptación que suponga la minimalización de las normas sociales en los Estados miembros;

10.

Toma nota de que los indicadores propuestos son una posible vía para garantizar una cobertura exhaustiva de los Estados miembros en cuanto a su situación laboral y social;

11.

Pide a la Comisión que vele por que todos los indicadores pertinentes tengan en cuenta las cuestiones de género;

12.

Pide que el indicador propuesto sobre los niveles de desempleo juvenil incluya a los jóvenes de hasta treinta años con carácter voluntario, tal como prevé la Garantía Juvenil;

13.

Pide que el cuadro de indicadores incluya indicadores sobre los niveles de pobreza infantil, el acceso a la atención sanitaria, las personas sin hogar, así como un índice de trabajo digno, con objeto de que se pueda evaluar correctamente la situación social en la UE;

14.

Pide al Consejo y a la Comisión que tomen medidas concretas para que las consecuencias sociales de las políticas y las reformas sean más transparentes a través de las evaluaciones de impacto, tanto ex ante como ex post, y del seguimiento de las reformas políticas;

15.

Pide al Consejo que defina valores de referencia concretos para los indicadores sociales y de empleo que adopten la forma de una protección social mínima de la UE, con el fin de favorecer una convergencia social y un progreso social en alza;

16.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que permitan al Parlamento y a los interlocutores sociales participar en la definición de los indicadores sociales y de empleo;

17.

Subraya la necesidad de respaldar el gran potencial que tiene el emprendimiento social con todos los aspectos de la innovación social a escala europea a fin de estimular los sistemas sociales nacionales, fomentar el crecimiento y crear nuevos puestos de trabajo en el ámbito de la economía blanca y verde, especialmente en beneficio de los jóvenes de todos los Estados miembros y regiones;

18.

Destaca la necesidad de garantizar que el control de la evolución social y del empleo permita contribuir a mejorar la comprensión y tenga como objetivo reducir las divergencias sociales entre Estados miembros e impedir el dumping social;

19.

Pide a la Comisión que controle que todos los informes de los Estados miembros cumplan los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular en lo que se refiere a la reducción de la pobreza y al empleo, y que examine atentamente las interconexiones y la interdependencia entre las políticas;

20.

Lamenta que la Comunicación de la Comisión de 2 de octubre de 2013 antes mencionada no aborde ni la función ni las modalidades de los estabilizadores;

21.

Se congratula de la propuesta de que los interlocutores sociales participen en el proceso del Semestre Europeo, entre otros, en el marco del Comité del Diálogo Social previo a la adopción cada año del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

22.

Acoge con satisfacción el llamamiento en favor de un uso óptimo del presupuesto de la UE con miras a desarrollar la dimensión social de la UEM y seguir apoyando la movilidad de los trabajadores en el sector del voluntariado para obtener el máximo beneficio del potencial de empleo de la UE;

23.

Pide que los interlocutores sociales tengan un papel aún más activo en el Semestre Europeo; considera lamentable el carácter excesivamente formal del diálogo macroeconómico;

24.

Pide a la Comisión que integre mejor la Resolución del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 2013 y la Comunicación de la Comisión de 2 de octubre de 2013 antes mencionadas, junto con la presente Resolución al respecto, a la hora de elaborar el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2014;

25.

Recuerda que la buena gobernanza de la UEM y su impacto solo pueden ser efectivos si se cuenta con la participación de todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todas las partes interesadas, en particular los interlocutores sociales, participen en la gobernanza económica, y en particular en el proceso del Semestre Europeo;

26.

Invita al Consejo Europeo de diciembre de 2013 a definir los avances en relación con el fortalecimiento de la vertiente social de la UEM;

27.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Consejo Europeo.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/39

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bangladés, en particular las de 23 de mayo de 2013 (1), 14 de marzo de 2013 (2), 17 de enero de 2013 (3), 10 de julio de 2008 (4) y 6 de septiembre de 2007 (5),

—

Vista la carta enviada por los Jefes de Misión de la Unión Europea para conmemorar la Jornada Europea contra la Pena de Muerte el 10 de octubre de 2013,

—

Vista la declaración realizada por la Delegación de la UE a Bangladés el 12 de agosto de 2013 sobre la detención de Adilur Rahman Khan,

—

Vista la declaración realizada el 6 de noviembre de 2013 por Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la condena a muerte de 152 soldados en Bangladés por la sangrienta revuelta que se produjo en 2009,

—

Vista Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

—

Visto el Examen Periódico Universal sobre Bangladés de 2013,

—

Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Unión Europea mantiene buenas relaciones con Bangladés desde hace mucho tiempo, en particular en el marco del Acuerdo de cooperación sobre colaboración y desarrollo;

B.

Considerando las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Bangladés antes del 25 de enero de 2014, tras cinco años de un gobierno civil elegido en las urnas; que unas elecciones libres, justas y transparentes son esenciales para reforzar la gobernanza democrática relativamente estable que el país ha desarrollado en los últimos cinco años;

C.

Considerando que hasta la fecha 30 bangladesíes han sido asesinados, y cientos de ellos han resultado heridos, en los actos de violencia política que se han producido durante las huelgas generales («hartales») convocadas por el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) liderado por el ex Primera Ministra Begum Jaleda Zia, junto con su aliado, el partido Jamaat–e–Islami, para exigir que las próximas elecciones sean observadas un gobierno provisional «al margen de los partidos» y pedir la dimisión de la Primera Ministra Sheij Hasina;

D.

Considerando que estas acciones han provocado el arresto de cinco importantes líderes de la oposición por parte del gobierno junto con, según la oposición, el arresto de aproximadamente mil seguidores del BNP en las zonas rurales desde el 8 de noviembre de 2013;

E.

Considerando que los ministros responsables han dimitido y que la Primera Ministra Hasina, perteneciente al partido Liga Awami, se ha ofrecido a formar un gobierno en el que estén representados todos los partidos, pero que el principal partido de la oposición no ha aceptado hasta el momento esta oferta;

F.

Considerando que durante años el BNP y la Liga Awami han defendido puntos de vista contradictorios y variables sobre las ventajas de un gobierno provisional, mientras que en mayo de 2011 el Tribunal Supremo declaró ilegal la disposición constitucional vigente desde hace quince años por la que un gobierno salido de las urnas debía transferir el poder al final de la legislatura a un gobierno provisional independiente de los partidos y encargarse de supervisar las siguientes elecciones parlamentarias; que, no obstante, el Tribunal Supremo declaró que el sistema anulado podría prorrogarse durante otras dos legislaturas en aras de la «seguridad del Estado y de sus ciudadanos»; que este sistema fue desprestigiado por el último gobierno provisional respaldado por el ejército en 2007-2008, cuando se negó a convocar elecciones durante casi dos años y envió a las líderes de los dos partidos principales, Sheij Hasina y Begum Jaleda Zia (junto a su hijo Tarique Rahman), a la cárcel;

G.

Considerando que, tras este juicio, la Liga Awami introdujo la 15a ley de modificación de la Constitución y suprimió el sistema de gobierno provisional, pese a la negativa de la oposición del BNP a cooperar en la reforma;

H.

Considerando que desde la llegada al poder de Sheij Hasina se han celebrado cinco elecciones regionales en Bangladés que la Liga Awami ha perdido, sin que se haya presentado ninguna reclamación por irregularidades;

I.

Considerando que la parte empobrecida de la población de Bangladés, que depende de las ayudas que perciben diariamente para sobrevivir, se está viendo seriamente afectada por las huelgas, y que es posible que la frágil economía de Bangladés, que ya ha tenido que afrontar los recientes accidentes traumáticos en el sector de la confección, se vea más afectada;

J.

Considerando que hay acusaciones de que el partido Jamaat–e–Islami está favoreciendo las huelgas para obstruir los procesos por crímenes de guerra contra sus líderes;

K.

Considerando que el 5 de noviembre de 2013, en uno de los juicios más grandes de la historia, 152 soldados fueron condenados a muerte por el tribunal especial creado para juzgar los crímenes cometidos durante la revuelta de 2009, en el que 74 personas fueron brutalmente asesinadas, incluidos 57 oficiales del ejército; que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su alarma ante estas condenas a muerte, tras las informaciones según las cuales los acusados habían sido torturados y los juicios masivos no había cumplido las normas en materia de derechos humanos;

L.

Considerando que algunos activistas de ONG, abogados, periodistas y sindicalistas que defienden los derechos civiles siguen sufriendo presiones, y que las autoridades no han sido capaces de llevar a cabo unas investigaciones eficaces sobre los asesinatos extrajudiciales, la tortura y las desapariciones, como es el caso del líder de los trabajadores y defensor de los derechos humanos Aminul Islam;

1.

Expresa su profunda preocupación por la paralización permanente de la vida cotidiana en Bangladés como consecuencia de las huelgas generales organizadas por la oposición formada por los partidos BNP y Jamaat–e–Islami y el enfrentamiento entre los dos bandos políticos -la Liga Awami y la oposición- en vísperas de las elecciones parlamentarias;

2.

Lamenta que el Parlamento de Bangladés no haya logrado alcanzar un consenso entre todos los partidos para que el gobierno ejerza el poder en el período preelectoral, teniendo en cuenta que en la mayoría de las democracias esta fase no se gestiona con un gobierno en funciones, e insta encarecidamente al Gobierno del país y a la oposición a que antepongan los intereses superiores de Bangladés y a que lleguen a un compromiso que brindaría al pueblo de Bangladés la posibilidad de expresar su voluntad democrática;

3.

Reconoce la reputación de Bangladés como una sociedad tolerante y multiconfesional, y condena a los grupos y facciones que intentan avivar las tensiones entre las comunidades para sus propios fines; pide a todos los grupos y personas que den muestras de tolerancia y de moderación, en particular en el período previo a las elecciones, así como durante y después de las mismas;

4.

Pide a la totalidad de los partidos que no boicoteen las elecciones, ya que una medida de este tipo privaría a los ciudadanos de una elección política y socavaría la estabilidad social y económica de Bangladés y sus impresionantes avances en materia de desarrollo, en particular en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la gestión de las catástrofes, los derechos laborales y el empobrecimiento de las mujeres;

5.

Pide a la Comisión Electoral de Bangladés que organice y supervise las próximas elecciones generales de un modo totalmente transparente; expresa su apoyo al reconocimiento de nuevos partidos políticos que tengan la intención de participar en las próximas elecciones generales y que cumplan criterios razonables en materia de participación y representación política;

6.

Pide a todos los partidos políticos que se abstengan de cualquier acto de violencia o de incitación a la violencia durante el proceso electoral y que eviten que se repitan los violentos enfrentamientos por motivos políticos que se registraron en el primer semestre de 2013; manifiesta su profunda preocupación, en este contexto, por los brotes de violencia por motivos políticos que se han registrado recientemente y que se saldaron con la muerte de docenas de personas a finales de octubre de 2013;

7.

Reconoce la necesidad de reconciliación, justicia y rendición de cuentas en relación con los crímenes cometidos durante la guerra de la independencia de 1971; destaca y apoya el importante papel desempeñado por el Tribunal Penal Internacional en este contexto;

8.

Lamenta, sin embargo, que el número de personas que se encuentran a la espera de ser ejecutadas en Bangladés sea cada vez más elevado así como las condenas a muerte multitudinarias pronunciadas en los juicios de los implicados en la revuelta de 2009 de la guardia especial de fronteras; insiste en la aplicación de las normas nacionales e internacionales en materia de juicios justos y la conformidad con las garantías procesales;

9.

Reitera su firme oposición al recuso a la pena de muerte en cualquier caso y circunstancia y pide a las autoridades competentes de Bangladés que introduzcan una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena capital;

10.

Pide al Gobierno de Bangladés que restaure un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las encargadas de la defensa de los derechos humanos, que han hecho una contribución importante al desarrollo de Bangladés, de modo que puedan llevar a cabo libremente sus actividades;

11.

Insta a las autoridades de Bangladés a que lleven a cabo una investigación rápida, independiente y transparente de los casos de violación de los derechos de los defensores de los derechos humanos, incluidas amenazas, ataques, asesinatos, torturas y malos tratos, para identificar a todos los responsables y entregarlos a la justicia; subraya, en particular, el caso del dirigente sindical Aminul Islam así como el de los periodistas Sagar Sarowar y Meherun Runi;

12.

Acoge con satisfacción la iniciativa conjunta del Gobierno de Bangladés y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con representantes del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores, relativa a la mejora de las condiciones de trabajo en el sector de la confección; insta a las marcas de ropa europeas e internacionales a que cumplan las promesas realizadas y los compromisos adquiridos tras el derrumbamiento de la fábrica que se encontraba en el edificio Rana Plaza, incluidas en el marco del Acuerdo sobre la seguridad de los edificios y en caso de incendio en Bangladés;

13.

Pide al Gobierno de Bangladés que elimine el requisito relativo a una «representatividad» del 30 % para registrar a los sindicatos; que amplíe la cobertura de la Ley del Trabajo a las categorías de trabajadores excluidas en la actualidad; que prohíba a los empresarios que interfieran en los asuntos internos de los sindicatos; que amplíe el ámbito de aplicación de la Ley del Trabajo a las zonas francas industriales; y que conceda el derecho a la negociación colectiva a las asociaciones de asistencia a los trabajadores (WWA, en sus siglas en inglés); así como que facilite el registro de estas asociaciones;

14.

Confía en que Bangladés coopere plenamente con los organismos que emanan de los tratados de las Naciones Unidas y en que curse una invitación permanente a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

15.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Gobierno y al Parlamento de Bangladés.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/42

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2011, sobre las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) (1),

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Vistos el Consejo de Ministros y la Reunión Ministerial Conjuntos UE-CCG celebrados en Manama (Baréin) el 30 de junio de 2013,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 18 de diciembre de 1990,

—

Visto el anuncio de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), de 2 de diciembre de 2010, en relación con la elección de Qatar como sede del Mundial de Fútbol de 2022,

—

Vista la ratificación por parte de Qatar, el 12 de marzo de 1998, del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo al trabajo forzoso u obligatorio [no 29],

—

Vistas las decisiones del Ministro catarí de Administración Pública y Vivienda sobre la aplicación de la Ley Laboral no 14/2004, de 22 de agosto de 2005, por la que se regulan las condiciones y procedimientos de concesión de permisos a los ciudadanos cataríes que deseen emplear trabajadores extranjeros, y sobre la Ley de Apadrinamiento de Qatar no 4/2009,

—

Vista la declaración de objetivos del Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, de 10 de noviembre de 2013,

—

Vistos los informes de las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre la situación de los trabajadores de la construcción en Qatar de cara al Mundial, así como la reciente visita a Qatar del Secretario General de Amnistía Internacional,

—

Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que en Qatar residirían, según cálculos diversos, aproximadamente 1 350 000 ciudadanos extranjeros, cifra que supone casi el 90 % de la población ocupada del país; que los migrantes trabajan principalmente en los sectores de la construcción, los servicios y el trabajo doméstico; que estas cifras otorgan a Qatar el primer puesto mundial en la correlación entre trabajadores migrantes y población residente; que Qatar espera recibir a 500 000 nuevos trabajadores migrantes para acelerar las obras de construcción para los preparativos del Mundial; que la mayoría de los trabajadores migrantes proceden de India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Filipinas y Sri Lanka;

B.

Considerando que, según la Confederación Sindical Internacional (CSI), los datos facilitados por las embajadas de India y Nepal en Doha revelan que cada año se producen en Qatar 200 fallecimientos de trabajadores de estos países, situación que puede agravarse en la carrera hacia el Mundial de 2022;

C.

Considerando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido de que Qatar sigue sin aplicar plenamente el convenio internacional por la que se prohíbe la utilización del trabajo forzoso u obligatorio que ratificó en 1998; que la OIT ha constituido una comisión tripartita para estudiar los datos y formular recomendaciones al Gobierno de Qatar sobre cómo debe cumplir con sus obligaciones internacionales;

D.

Considerando que el presidente de la Comisión Nacional sobre Derechos Humanos de Qatar admitió la existencia de «problemas» y prometió que tanto él mismo como el gobierno estaban haciendo todo lo posible por solventarlos; que las autoridades cataríes han anunciado cambios en la legislación laboral y la construcción de alojamientos para trabajadores;

E.

Considerando que la normativa sobre apadrinamiento de visados, conocida como «sistema de kafala», implica que el trabajador no puede cambiar de empleo ni abandonar el país sin una autorización de su empleador; que con frecuencia se abusa del sistema de kafala, puesto que numerosos empleadores retienen los pasaportes de los trabajadores migrantes y les cobran tarifas de hasta 3 500 dólares estadounidenses para obtener un visado del kafeel o padrino, lo que les ocasiona deudas muy elevadas;

F.

Considerando que, en marzo de 2013, la CSI presentó ante el Ministerio de Trabajo catarí una queja contra diversas empresas cataríes; que el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo catarí recibió en 2012 unas seis mil quejas de trabajadores; que la CSI y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) han denunciado esta situación y elevado conjuntamente quejas ante la OIT por las condiciones laborales y la libertad de asociación en Qatar;

1.

Deplora las muertes de trabajadores migrantes en Qatar y expresa sus condolencias a los familiares de los mismos;

2.

Manifiesta su preocupación por la situación de los trabajadores migrantes en Qatar, lo que incluye largas jornadas de trabajo, condiciones laborales peligrosas, impagos durante meses, confiscación de pasaportes, necesidad de vivir en campamentos superpoblados, denegación del derecho de sindicación y privación del acceso al agua potable gratuita en condiciones de calor extremo;

3.

Reconoce los retos a que se enfrentan las autoridades cataríes para gestionar una población laboral constituida en casi un 90 % por trabajadores migrantes, así como los desafíos de tipo práctico relacionados con el cumplimiento de la legislación en este terreno;

4.

Se congratula del propósito del Gobierno catarí de elaborar una «lista negra» de las empresas que cometan abusos contra los trabajadores migrantes; aplaude los esfuerzos del Gobierno y en particular del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Qatar (NHRC) para concienciar a los trabajadores migrantes respecto a sus derechos y obligaciones en virtud del Derecho internacional; aplaude, en este sentido, la decisión del NHRC de crear un nuevo centro para responder a las quejas de los trabajadores migrantes;

5.

Invita a las autoridades cataríes a que apliquen de manera efectiva la legislación existente en este ámbito, lo cual incluye hacer cumplir la prohibición de confiscar los pasaportes, perseguir las violaciones e imponer sanciones significativas a las empresas e individuos que violen las leyes destinadas a proteger los derechos de los migrantes; se congratula por el compromiso de las autoridades cataríes de adoptar legislación relativa a los trabajadores domésticos que incluya una protección verdadera de los derechos laborales y unos mecanismos de cumplimiento eficaces; aboga, a este respecto, por la pronta aprobación del proyecto de ley sobre trabajadores domésticos, que está siendo debatido actualmente por el Consejo Supremo de Asuntos de la Familia; toma nota de que la mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres;

6.

Acoge con satisfacción la propuesta de las autoridades gubernamentales pertinentes de investigar todas las denuncias, así como la promesa de las autoridades cataríes de aumentar el número de inspectores de trabajo responsables de supervisar el cumplimiento de las normas laborales oportunas; confía en que los inspectores de trabajo reciban formación sobre las normas en materia de derechos humanos, y espera que en su trabajo cuenten con el respaldo de intérpretes;

7.

Manifiesta su preocupación por la detención de personas por el único motivo de «haber huido» de sus empleadores, y pide a las autoridades cataríes que pongan fin a tales prácticas; insta, asimismo, a que todos los migrantes privados de libertad dispongan de los medios para contactar con sus familias y con los servicios consulares, tengan acceso a un abogado y un intérprete, y tengan derecho a impugnar su detención sin demora;

8.

Acoge con satisfacción el supuesto paso hacia la resolución de los problemas a que se enfrentan los futbolistas franceses Zahir Belounis y Stéphane Morello, que han sido víctimas del sistema de apadrinamiento y a quienes, en consecuencia, se ha impedido salir del país, y pide a las autoridades cataríes y a la FIFA que se aseguren de que casos semejantes no vuelvan a ocurrir;

9.

Invita a Qatar a que ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

10.

Invita a Qatar a que ratifique los convenios de la OIT, en particular los relativos a los trabajadores migrantes, la libertad sindical, el derecho de sindicación y de negociación colectiva, los trabajadores domésticos y las agencias de empleo privadas, así como a que considere la posibilidad de solicitar a la OIT asistencia técnica para garantizar que la legislación y las prácticas cataríes estén en consonancia con dichos convenios;

11.

Aboga por la creación de más centros de acogida para los trabajadores migrantes, con especial atención a centros de acogida para mujeres y niños que se ajusten a sus necesidades; acoge con satisfacción el anuncio realizado el 9 de noviembre de 2013 de la construcción de alojamiento para 60 000 trabajadores, que se inaugurará en diciembre de 2013;

12.

Reitera que la ratificación y la plena aplicación por los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), incluido Qatar, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares debe ser un asunto clave en las relaciones UE-CCG;

13.

Apela a la responsabilidad de las empresas europeas que construyan estadios u otros proyectos de infraestructuras en Qatar para que garanticen unas condiciones laborales que estén en consonancia con las normas internacionales en materia de derechos humanos, y alienta a los Estados miembros de la UE a que tomen medidas para asegurarse de que sus empresas de ingeniería, construcción y consultoría se atengan a las directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y a los «Principios de Ruggie»;

14.

Pide a las autoridades cataríes que trabajen en estrecha colaboración con las autoridades competentes de los países de origen de los trabajadores migrantes, que deberían supervisar el papel de las agencias de contratación que suministran trabajadores migrantes a Qatar; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que ayude a los gobiernos emisores —sobre todo en Asia— a obtener un mejor trato de la mano de obra migrante;

15.

Se congratula por el llamamiento efectuado por el sindicato internacional de futbolistas —FIFPro— para que expertos del lugar de trabajo independientes designados por la FIFA y la OIT tengan acceso a todas las instalaciones y estén facultados para hacer recomendaciones vinculantes con objeto de garantizar el respeto de las normas internacionales del trabajo en Qatar;

16.

Recuerda a la FIFA que su responsabilidad va más allá del desarrollo del fútbol y de la organización de competiciones, y le pide que, con el apoyo activo de sus miembros europeos, envíe un mensaje fuerte y claro a Qatar de que debe impedir que los preparativos del Mundial de Fútbol en 2022 se vean ensombrecidos por acusaciones de trabajo forzoso;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento del Estado de Qatar, a los Gobiernos y los Parlamentos de los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), a la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/45

—

Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular sus artículos 9 y 10,

—

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Bolivia ha firmado y ratificado, y en particular sus artículos 9, 10, 14, 15 y 16,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Bolivia ha firmado y ratificado,

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y, en particular, sus artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 47 y 48,

—

Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Bolivia ha firmado y ratificado,

—

Vista la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que Bolivia ha firmado y ratificado,

—

Vistos la Constitución y el Código de Procedimiento Penal de Bolivia,

—

Vista la Declaración de 23 de mayo de 2012 de la Comisión de Derechos Humanos, Minorías y Asuntos Cívicos y Religiosos y la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional húngara; vista la Declaración aprobada por la Cámara de Diputados de Bolivia el 12 de junio de 2012 en respuesta a la declaración húngara,

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Bolivia,

—

Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, el 16 de abril de 2009, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, las Fuerzas Especiales de Bolivia detuvieron a Előd Tóásó, de nacionalidad húngara, y a Mario Tadić, de nacionalidad croata; que otras tres personas, concretamente Árpád Magyarosi, de nacionalidad rumana, Michael Martin Dwyer, de nacionalidad irlandesa, y Eduardo Rózsa-Flores, de nacionalidad húngara, murieron en el tiroteo;

B.

Considerando que Előd Tóásó y Mario Tadić se encuentran desde entonces en prisión preventiva sin acusación, en contra de la ley boliviana, que establece una duración máxima de la prisión preventiva de 36 meses, por lo que debería haber concluido el 16 de abril de 2012;

C.

Considerando que se afirma que los derechos humanos de Előd Tóásó y Mario Tadić han sido conculcados durante su detención y durante el proceso penal;

D.

Considerando que, el 18 de mayo de 2010, estando ya detenidos Előd Tóásó y Mario Tadić, fue modificado el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal boliviano, relativo a la duración de la detención preventiva, que fue prolongada de 12 a 36 meses, con efecto retroactivo;

E.

Considerando que el 17 de diciembre de 2010 se presentaron públicamente cargos de terrorismo;

F.

Considerando que, en la Opinión no 63/2011 (Estado Plurinacional de Bolivia), el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria afirmó que Bolivia conculcó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en varios puntos y reiteró que Előd Tóásó fue detenido sin orden de detención y está en prisión ilegalmente; considerando que, en consecuencia, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas pidió al Gobierno boliviano que liberara inmediatamente a Előd Tóásó;

1.

Pide a las autoridades bolivianas que garanticen un juicio justo e independiente en el asunto de Előd Tóásó y Mario Tadić;

2.

Toma nota del informe aprobado y ampliamente difundido por el Parlamento boliviano, basado en su propia investigación política del asunto;

3.

Pide que se lleve a cabo una investigación independiente, con participación de expertos internacionales, sobre las muertes de Árpád Magyarosi, Michael Martin Dwyer y Eduardo Rózsa-Flores;

4.

Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que mantenga el asunto entre los puntos prioritarios del orden del día en sus contactos con el Gobierno boliviano y que tome medidas y emprenda gestiones concretas al respecto;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/47

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Visto el proyecto de Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera,

—

Vistos los artículos 310, 311, 312 y 323 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, para facilitar un desenlace positivo del procedimiento de aprobación del Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 (1),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas el 8 de febrero de 2013,

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2013, sobre las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013 sobre el Marco Financiero Plurianual (2),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas el 28 de junio de 2013,

—

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre el acuerdo político sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (3),

—

Visto el artículo 127, apartado 1, de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A7-0337/2013),

A.

Considerando que, el 27 de junio de 2013, se alcanzó un acuerdo al más alto nivel político entre el Parlamento Europeo, la Presidencia irlandesa del Consejo y la Comisión sobre el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 y sobre un nuevo acuerdo interinstitucional;

B.

Considerando que se utilizaron por primera vez las nuevas disposiciones relativas al MFP introducidas por el Tratado de Lisboa, en particular por lo que respecta al papel más relevante y las mayores prerrogativas que dichas disposiciones confieren al Parlamento Europeo;

C.

Considerando que procede adoptar, en el contexto del MFP, un acuerdo interinstitucional para aplicar la disciplina presupuestaria y mejorar el funcionamiento del procedimiento presupuestario anual y la cooperación entre las instituciones en materia presupuestaria;

1.

Acepta el acuerdo político alcanzado sobre el MFP para 2014-2020 y sobre un nuevo acuerdo institucional; está decidido a utilizar plenamente, en los próximos procedimientos presupuestarios, los nuevos instrumentos establecidos, especialmente en lo que respecta a la flexibilidad;

2.

Destaca que ni el largo y arduo proceso de negociación, tanto en el Consejo como a escala interinstitucional, ni sus resultados constituyen una aplicación satisfactoria de las nuevas disposiciones del MFP introducidas por el Tratado de Lisboa, en particular, por lo que respecta al papel más relevante y las mayores prerrogativas que dichas disposiciones confieren al Parlamento Europeo;

3.

Denuncia la estrategia de negociación del Consejo, conforme a la cual sus negociadores estaban sujetos a las Conclusiones del Consejo Europeo de 8 de febrero de 2013 en los ámbitos incluidos en el marco del procedimiento legislativo ordinario, tales como criterios detallados de asignación, dotaciones desglosadas por programas o beneficiarios y asignaciones financieras discrecionales destinadas a ajustar el nivel de los ingresos nacionales procedentes del presupuesto de la Unión, impidiendo así a los dos brazos del poder legislativo llevar a cabo negociaciones adecuadas;

4.

Lamenta, además, que los numerosos contactos y las frecuentes reuniones de los últimos años entre su delegación y las sucesivas presidencias del Consejo no tuvieran repercusiones en el espíritu, el calendario o el contenido de las negociaciones o en la posición del Consejo, en particular por lo que respecta a la necesidad de distinguir los aspectos legislativos de los aspectos presupuestarios del acuerdo sobre el MFP;

5.

Concluye que, de conformidad con el artículo 312, apartado 5, del TFUE, en el futuro se deberán definir modalidades de trabajo alternativas para facilitar la adopción del MFP, garantizando que se respeten plenamente las competencias legislativas y presupuestarias del Parlamento conferidas por el TFUE, que el Consejo negocie efectivamente las partes de los fundamentos jurídicos relacionados con el MFF también para los programas y que el Consejo Europeo se abstenga de actuar como legislador, infringiendo el TFUE;

6.

Pide a la Comisión de Presupuestos que, en colaboración con la Comisión de Asuntos Constitucionales, saque las conclusiones necesarias y presente nuevas propuestas sobre las modalidades de negociación del MFP con la debida antelación con respecto a la revisión postelectoral prevista para 2016, a fin de garantizar el carácter democrático y transparente de todo el proceso de elaboración del presupuesto;

7.

Aprueba la celebración del Acuerdo;

8.

Encarga a su Presidente que firme el Acuerdo, conjuntamente con el Presidente del Consejo y con el Presidente de la Comisión, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

9.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, incluido su anexo, para información, al Consejo y a la Comisión.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/49

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(2011)0398, modificada por COM(2012)0388),

—

Vistos el proyecto de Reglamento del Consejo (11791/2013) y la rectificación del Consejo a este último, de 14 de noviembre de 2013 (11791/2013 COR 1),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (C7-0238/2013),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, para facilitar un desenlace positivo del procedimiento de aprobación del Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 (1),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2013, sobre las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013 sobre el Marco Financiero Plurianual (2);

—

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre el acuerdo político sobre el Marco Financiero Plurianual (3);

—

Vistos el artículo 75 y el artículo 81, apartado 1, de su Reglamento,

—

Vistas la recomendación de la Comisión de Presupuestos, la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional y la carta de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0389/2013),

1.

Concede su aprobación al proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020, recogido en el anexo de la presente Resolución;

2.

Aprueba las declaraciones conjuntas del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión anejas a la presente Resolución;

3.

Toma nota de las declaraciones de la Comisión anejas a la presente Resolución;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/52

—

Vistos el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (1),

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, aprobado definitivamente el 12 de diciembre de 2012 (2),

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (3),

—

Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (4),

—

Visto el proyecto de presupuesto rectificativo no 7/2013 aprobado por la Comisión el 25 de julio de 2013 (COM(2013)0557),

—

Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 7/2013 aprobada por el Consejo el 7 de octubre de 2013 y transmitida al Parlamento Europeo el 14 de octubre de 2013 (14180/2013 — C7-0350/2013),

—

Vistos los artículos 75 ter y 75 sexies de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0367/2013),

A.

Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo no 7 para el ejercicio 2013 (PPR 7/2013) cubre un incremento de los créditos de compromiso por valor de 150 millones EUR en la subrúbrica 1b del marco financiero plurianual (MFP) con el fin de abordar «algunas cuestiones» que se derivan del resultado final de las negociaciones del MFP para el período 2014-2020 y que afectan a Francia, Italia y España;

B.

Considerando que estas dotaciones adicionales deben ayudar a hacer frente a situaciones específicas de desempleo, en particular de desempleo juvenil, pobreza y exclusión social en estos Estados miembros;

C.

Considerando que, en opinión de la Comisión, la manera más adecuada de ayudar a estos Estados miembros es incrementando el Fondo Social Europeo (FSE);

D.

Considerando que el incremento por valor de 150 millones EUR en créditos de compromiso se cubrirá con el margen por debajo del límite de gasto de la subrúbrica 1b (16 millones EUR), y mediante la movilización del instrumento de flexibilidad (134 millones EUR) para esta acción específica;

1.

Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo no 7 para el ejercicio 2013 (PPR 7/2013), presentado por la Comisión el 25 de julio de 2013, que cubre un incremento de los créditos de compromiso por valor de 150 millones EUR en la subrúbrica 1b del MFP, con el fin de abordar «algunas cuestiones» que se derivan del resultado final de las negociaciones en el Consejo Europeo del MFP para el período 2014-2020 y que afectan a Francia, Italia y España;

2.

Apoya la propuesta de la Comisión de destinar esta dotación adicional a los programas del FSE en curso en los Estados miembros afectados, con el fin de abordar la situación específica del desempleo, en particular del desempleo juvenil, y de la exclusión social; espera que la Comisión informe oportunamente al Parlamento de las medidas y acciones concretas financiadas con esta dotación;

3.

Observa, además, que los 150 millones EUR adicionales se financiarán principalmente mediante la movilización del Instrumento de Flexibilidad;

4.

Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 7/2013;

5.

Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo no 7/2013 ha quedado definitivamente aprobado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

6.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

24.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 436/54

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Vistos el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

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Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (1),

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, aprobado definitivamente el 12 de diciembre de 2012 (2),

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (3),

—

Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (4),

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Visto el proyecto de presupuesto rectificativo no 8/2013 aprobado por la Comisión el 25 de septiembre de 2013 (COM(2013)0669),

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