4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/1

4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/2

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,

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Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

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Visto el Convenio de las Naciones Unidas, de 1949, para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena,

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Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los subsiguientes documentos de resultados aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005) y Beijing+15 (2010), así como el documento final de la conferencia de revisión sobre Beijing+20,

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Visto el Reglamento (UE) no 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (1),

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Visto el Reglamento (CE) no 1567/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo a la ayuda para políticas y acciones sobre la salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo (2),

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Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (3),

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Vista la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección (4),

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Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (5),

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Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo (6),

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Vista la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE (7),

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Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) (8),

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Vista la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (9),

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Vistas la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (10) y la sentencia dictada sobre esta materia en el asunto Test Achats (C-236/09) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 de marzo de 2011 (11),

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Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

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Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo Europeo en marzo de 2011 (12),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un compromiso reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres: una Carta de la Mujer» (COM(2010)0078),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «UE 2020: una estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Apoyar el crecimiento y el empleo: una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa» (COM(2011)0567),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 16 de septiembre de 2013, sobre la revisión intermedia de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) (SWD(2013)0339),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 8 de marzo de 2010, relativo al Plan de acción de la UE sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la cooperación para el desarrollo (2010-2015))(SWD(2010)0265),

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Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores celebrado los días 19 y 20 de junio de 2014,

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Visto el estudio del Departamento Temático C del Parlamento Europeo, titulado «Study on the Evaluation of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015 as a contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for Action» (Estudio sobre la evaluación de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 como contribución para lograr los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing), publicado en 2014,

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Visto el informe de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) titulado «Violence against women: an EU-wide survey. Main results» (Violencia contra las mujeres: un estudio a escala de la UE. Principales resultados), publicado en marzo de 2014,

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Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) titulado «Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member States» (Discriminación y condiciones de vida de las mujeres romaníes en once Estados miembros de la UE), publicado en octubre de 2014,

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Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) titulado «Being Trans in the EU — Comparative analysis of the EU LGBT survey data» (Ser «trans» en la UE: análisis comparativo de los datos de la encuesta a personas LGBT en la UE) publicado en diciembre de 2014,

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Vistas sus Resoluciones, de 15 de junio de 1995 sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín: «Lucha por la igualdad, el desarrollo y la paz» (13), de 10 de marzo de 2005 sobre el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer — Plataforma de Acción (Beijing + 10) (14), y de 25 de febrero de 2010 sobre Beijing + 15 — Plataforma de acción de las Naciones Unidas para la igualdad de género (15),

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Vistas sus Resoluciones, de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2009 (16), de 8 de marzo de 2011 sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea — 2010 (17), de 13 de marzo de 2012 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2011 (18), y de 10 de marzo de 2015 sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 (19),

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Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (20),

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Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE (21),

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Vistas sus Resoluciones, de 17 de junio de 2010 sobre los aspectos de género en la recesión económica y en la crisis financiera (22), y de 12 de marzo de 2013 sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (23),

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Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57.o periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (24),

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Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (25),

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Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (26),

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Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres (27),

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Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2014 (28),

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0163/2015).

A.

Considerando que el derecho a la igualdad de trato es un derecho fundamental reconocido en los Tratados de la Unión Europea, profundamente arraigado en la sociedad europea e indispensable para su desarrollo, y debe ser aplicado por igual en la legislación, en la práctica, en la jurisprudencia y en la vida real;

B.

Considerando que, en el pasado, la UE ha tomado medidas importantes para consolidar los derechos de la mujer y la igualdad de género, pero que en la última década se ha producido una ralentización de las medidas y las reformas políticas en materia de igualdad de género a nivel de la UE; que la anterior estrategia de la Comisión era excesivamente débil y no se tradujo en medidas suficientes en favor de la igualdad de género; que es necesaria una nueva estrategia que dé un nuevo impulso y permita adoptar medidas concretas para consolidar los derechos de la mujer y promover la igualdad de género;

C.

Considerando que, con la anterior estrategia de la Comisión, se alcanzaron algunos de los objetivos establecidos, pero no se logró la igualdad total de género; que a menudo faltaban referencias a la interacción de las diferentes formas de discriminación, objetivos precisos y medidas de evaluación eficaces, y que la integración de la perspectiva de género se seguía aplicando de forma limitada;

D.

Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental de la UE que está recogido en los Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales, y que la UE ha asumido como propia la tarea específica de integrarla en todas sus actividades; que la igualdad de género es un objetivo estratégico indispensable para lograr los objetivos generales de la UE, como el objetivo de la tasa de empleo fijado en la Estrategia Europa 2020, y constituye una baza económica esencial para fomentar un crecimiento económico justo e integrador; que la reducción de las desigualdades profesionales constituye un objetivo no solo desde el punto de vista de la igualdad de trato, sino también de la eficacia y la fluidez del mercado de trabajo;

E.

Considerando que las diferencias entre la población romaní y la sociedad mayoritaria en términos de educación, empleo, salud y discriminación siguen siendo grandes, y que la situación de las mujeres romaníes en la UE es aún peor, ya que sufren una discriminación múltiple basada tanto en su origen étnico como en el sexo;

F.

Considerando que solamente se conseguirá mejorar la situación económica y política de Europa y se detendrán las consecuencias del cambio demográfico si se aprovechan el talento y el potencial de todas las mujeres y todos los hombres;

G.

Considerando que no podemos seguir anclados en modelos económicos obsoletos e insostenibles desde el punto de vista medioambiental, basados en una división del trabajo en función del sexo caduca y que ha sido superada por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo; que necesitamos un nuevo modelo socialmente sostenible basado en el conocimiento y la innovación, que incorpore toda la gama de las competencias de las mujeres al tejido productivo, incluso cuestionando algunos de los padrones industriales y los factores que asignan a las mujeres y a los hombres tareas diferentes, que equilibre la balanza de la responsabilidad entre hombres y mujeres en las esferas pública y privada y que concilie la vida personal y laboral de los trabajadores y las trabajadoras por igual;

H.

Considerando que facilitar el acceso a servicios asequibles y de calidad de atención infantil y de asistencia a las personas mayores y a otras personas dependientes, es esencial para lograr una participación equivalente de las mujeres y los hombres en el mercado laboral, la educación y la formación;

I.

Considerando que la Plataforma de Acción de Beijing cumple este año su vigésimo aniversario, y que sus objetivos y su plena aplicación son más actuales que nunca;

J.

Considerando que la violencia contra las mujeres, ya sea física, sexual o psicológica, constituye un gran obstáculo para la igualdad entre mujeres y hombres y sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida en el mundo, que afecta a todos los niveles de la sociedad, pero es uno de los delitos menos denunciados; que, según el estudio de la FRA realizado en marzo de 2014, pese a las medidas adoptadas para luchar contra la violencia, el 55 % de las mujeres ha sido víctima de una o más formas de acoso sexual a lo largo de su vida y el 33 % de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual desde los 15 años; que una vida libre de violencia constituye un requisito previo para la plena participación en la sociedad, y que deben adoptarse medidas firmes para combatir la violencia contra las mujeres;

K.

Considerando que la prostitución forzada es una forma de violencia que afecta especialmente a las personas más vulnerables, que está vinculada principalmente a redes de delincuencia organizada y de trata de seres humanos y que constituye un obstáculo para la igualdad entre mujeres y hombres;

L.

Considerando que, debido a las estructuras tradicionales y a la carencia de incentivos fiscales, las mujeres se ven empujadas a la condición de perceptoras de ingresos secundarios, que se manifiesta en la segregación vertical y horizontal del mercado de trabajo, en un historial laboral irregular y en una desigualdad salarial específica del género, y que, además, los trabajos no remunerados de asistencia, cuidado de niños, ancianos y otras personas dependientes son realizados con mucha mayor frecuencia por mujeres, por lo que disponen de menos tiempo para efectuar un trabajo remunerado, lo cual, a su vez, provoca que tengan una pensión mucho más baja, por lo que se debe seguir fomentando la conciliación de la vida laboral y la familiar, principalmente para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, a través de la adopción de medidas concretas, un proceso en el que los hombres, en particular, deben implicarse en mayor medida;

M.

Considerando que la tasa de empleo femenina es del 63 %, o del 53,5 % si el empleo se mide en equivalentes a tiempo completo (29); que, de media, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 16,4 % y la diferencia en las pensiones en función del sexo es del 39 %; que la participación de las mujeres en el mercado laboral no siempre se traduce en influencia, ya que los puestos de poder y de toma de decisiones están en su mayoría ocupados por hombres, lo cual limita la posibilidad de influencia de las mujeres y constituye un déficit democrático en la toma de decisiones, ya que las mujeres representan la mitad de la población; que la promoción de la igualdad de género va más allá de la prohibición de la discriminación por motivos de género, y que la acción positiva en apoyo de la mujer ha demostrado ser fundamental para su plena incorporación en el mercado laboral, la toma de decisiones políticas y económicas y la sociedad en general; que la exclusión de las mujeres de los puestos de poder y de los órganos decisorios afecta negativamente a su capacidad para influir no solo en su propio desarrollo y en su emancipación, sino también en el desarrollo de la sociedad;

N.

Considerando que la utilización de cuotas de género y de listas cremallera en la toma de decisiones políticas ha demostrado ser la herramienta más eficaz para abordar la discriminación y los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres y para mejorar la representación democrática en los órganos de decisión política;

O.

Considerando que la falta de promoción de políticas que contribuyan a la conciliación de la vida laboral y privada, el fomento insuficiente de horarios laborales flexibles, en especial entre los hombres, y el bajo índice de aprovechamiento del permiso parental y de paternidad suponen obstáculos importantes para la independencia económica de las mujeres y para el reparto igualitario de las responsabilidades familiares y las tareas domésticas;

P.

Considerando que, en Europa, el rostro de la pobreza es femenino de una manera desproporcionada, y que, en particular, las madres solteras, las jóvenes, las ancianas, las migrantes y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas son las más afectadas por la pobreza y la exclusión social, circunstancia que se ve agravada por la crisis económica y las medidas concretas de austeridad, que no deben servir de justificación para trabajar menos en favor de la igualdad, así como por la inseguridad laboral, los empleos a tiempo parcial, los bajos sueldos y pensiones, la dificultad de acceso a servicios sociales y de salud básicos y por la eliminación de puestos de trabajo sobre todo en el sector público y en servicios del sector de la asistencia, lo que hace que la perspectiva de la igualdad de género sea aún más importante;

Q.

Considerando que las mujeres de las zonas rurales son víctimas en mayor medida de la discriminación múltiple y de los estereotipos de género que las mujeres de las zonas urbanas, y que la tasa de empleo de estas mujeres es mucho más baja que la de las mujeres que residen en las ciudades; que las zonas rurales están afectadas por la falta de oportunidades de empleo de calidad; que, además, una gran cantidad de mujeres no trabaja nunca en el mercado laboral oficial y, por lo tanto, no están registradas como desempleadas ni se las incluye en las estadísticas de desempleo, lo que ocasiona problemas financieros y jurídicos específicos en relación con el derecho al permiso de maternidad y a la baja por enfermedad, a la adquisición de derechos de pensión y al acceso a seguridad social, así como problemas en caso de divorcio;

R.

Considerando que los roles y estereotipos de género tradicionales siguen teniendo una gran influencia en la división de tareas en el hogar, en la educación, en la carrera profesional, en el trabajo y en la sociedad en general;

S.

Considerando que los estereotipos de género y las estructuras tradicionales tienen un impacto negativo en la salud, y que el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos asociados constituye un derecho humano fundamental, por lo que no debe restringirse jamás; que el derecho a su propio cuerpo y a la autodeterminación es una condición fundamental para la igualdad de todas las personas;

T.

Considerando que una de cada seis parejas en el mundo tiene algún problema de infertilidad; que la Comisión debería presentar un nuevo análisis comparativo de la reproducción médicamente asistida en la UE, ya que el estudio de 2008 (SANCO/2008/C6/051), que puso de relieve importantes desigualdades en el acceso a los tratamientos de fertilidad, ha quedado desfasado;

U.

Considerando que todavía persisten centros educativos en los que se da la segregación por sexos, y que a menudo los materiales educativos contienen estereotipos que contribuyen a perpetuar la separación de los roles tradicionales atribuidos a las niñas y los niños, lo que influye negativamente en sus elecciones; que estos patrones se ven especialmente reforzados por las representaciones y la imagen de la mujer trasmitidas por los medios de comunicación, el material disponible en Internet y la publicidad;

V.

Considerando que las personas transgénero se enfrentan con frecuencia en la actualidad a discriminación, acoso y violencia en toda la UE debido a su identidad o expresión de género;

W.

Considerando que la UE tiene una responsabilidad y una función ejemplar en materia de igualdad de género y derechos de la mujer en todo el mundo, que deberían ser un elemento central de sus acciones exteriores; que la igualdad de género, la lucha contra la violencia de género y el empoderamiento de la mujer son fundamentales para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo y para lograr el éxito de la política exterior, de cooperación al desarrollo y de comercio internacional de la UE; que las mujeres no solo son más vulnerables a los efectos de las políticas sobre energía, medio ambiente y cambio climático, sino que también intervienen eficazmente en las estrategias de mitigación y adaptación y constituyen el motor de un modelo de crecimiento equitativo y sostenible;

X.

Considerando que los mecanismos institucionales son una base necesaria para lograr la igualdad; que, además, la igualdad de género, junto con los conceptos de integración de la perspectiva de género, presupuestación con perspectiva de género y evaluación de impacto en función del género, debe tratarse como un aspecto importante y transversal de todos los ámbitos de la política de la UE y de sus Estados miembros;

Y.

Considerando que los datos desglosados por sexo son un instrumento fundamental para lograr avances reales y evaluar eficazmente los resultados;

Z.

Considerando que, en los últimos años, los movimientos contra la igualdad de género han cobrado fuerza en varios Estados miembros y han intentado consolidar los roles de género tradicionales y cuestionado los logros existentes en materia de igualdad de género;

AA.

Considerando que los desafíos existentes y la experiencia adquirida demuestran que la falta de coherencia política entre los distintos ámbitos ha dificultado la consecución de la igualdad de género en el pasado, y que son necesarias una adecuada dotación de fondos y una mayor coordinación, divulgación y promoción de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta las diferentes realidades;

1.

Pide a la Comisión que elabore y adopte una nueva estrategia específica para los derechos de la mujer y la igualdad de género en Europa, que tenga por objeto instaurar la igualdad de oportunidades y esté basada en los ámbitos prioritarios de la estrategia anterior, con el fin de poner fin a todas las formas de discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral con respecto a los salarios, las pensiones, la toma de decisiones, el acceso a los bienes y servicios o la conciliación de la vida familiar y laboral, así como a todas las formas de violencia contra las mujeres, y de eliminar las estructuras y las prácticas discriminatorias en materia de género; subraya que la nueva estrategia para los derechos de la mujer y la igualdad de género tiene que tener debidamente en cuenta las formas de discriminación múltiples e intersectoriales a que se refiere el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que tienen factores subyacentes comunes pero afectan a las mujeres de manera diferente, y que debe desarrollar acciones específicas para consolidar los derechos de los diferentes grupos de mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, las inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres romaníes, las ancianas, las madres solteras y las personas LGBTI;

2.

Pide también a la Comisión que elabore medidas destinadas a acabar con la discriminación de todas las mujeres en todas sus variantes, en el marco de una estrategia más amplia contra la discriminación y de una hoja de ruta LGBTI diferenciada y específica; insta, para ello, al Consejo a que adopte lo antes posible una posición común sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad, género u orientación sexual, bloqueada desde su aprobación por el Parlamento en abril de 2009;

3.

Lamenta que la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 no aborde de manera específica la discapacidad, a pesar de que las mujeres con discapacidad se encuentran a menudo en una situación más desfavorable que los hombres con discapacidad y están más expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social; pide, por consiguiente, a la Comisión que aborde las necesidades de las mujeres con discapacidad para garantizar una mayor participación en el mercado de trabajo; lamenta también, en este contexto, que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 tampoco incluya una perspectiva de género integrada ni un capítulo aparte dedicado a las políticas sobre discapacidad centradas específicamente en el género;

4.

Pide a la Comisión que involucre a la sociedad civil y a los interlocutores sociales de forma estructurada en el desarrollo y la evaluación continua de la estrategia;

5.

Pide a los Estados miembros que refuercen y hagan cumplir el pleno ejercicio de la negociación colectiva en los sectores privado y público, en cuanto instrumento indispensable para la reglamentación de las relaciones laborales, la lucha contra la discriminación salarial y el fomento de la igualdad;

6.

Pide a la Comisión que, al evaluar la aplicación de la Directiva 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, tenga en cuenta los casos de discriminación;

7.

Pide a la Comisión que deje claro el papel que quiere que desempeñe la UE en el mundo y en el marco del trabajo con los Estados miembros, incluidas sus autoridades competentes, por lo que respecta a la promoción de la igualdad de género dentro y fuera de las fronteras de la Unión, y que persiga estas metas tanto a través del concepto de la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos como mediante medidas independientes y específicas; hace hincapié en que es necesario integrar la perspectiva de género y la lucha contra la violencia de género en la política exterior, la política de cooperación al desarrollo y la política de comercio internacional de la UE, así como asegurar los instrumentos financieros y los recursos humanos necesarios;

8.

Lamenta una vez más que la Estrategia Europa 2020 no haya incluido de forma satisfactoria la perspectiva de género, por lo que pide a la Comisión y el Consejo que velen por que la igualdad de género se integre en la totalidad de los programas, acciones e iniciativas emprendidas en el marco de dicha estrategia, y que introduzcan en la estrategia un pilar específico para la igualdad entre mujeres y hombres, analicen los objetivos de la futura estrategia como un aspecto del Semestre Europeo e introduzcan la perspectiva de género en las recomendaciones específicas por país y en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen, examinen y publiquen datos específicos fiables desglosados por sexo e indicadores de igualdad de género en todos los ámbitos de actuación y a todos los niveles de gobernanza, basándose en el trabajo del Instituto Europeo de la Igualdad de Género y de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a fin de poder evaluar el planteamiento y la aplicación de las estrategias de igualdad de género de la UE y los Estados miembros, actualicen dichas estrategias y evalúen la aplicación de la introducción de las cuestiones de género en todos los ámbitos políticos pertinentes nacionales y de la Unión y, que, cuando sea posible, desglosen aún más esos datos en función de la raza o el origen étnico, la religión o creencia y la discapacidad, a fin de permitir un análisis multidisciplinar para todos los ámbitos políticos, documentando así la múltiple discriminación que sufren determinados grupos de mujeres; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que pongan en marcha evaluaciones de impacto en términos de género sobre las políticas de los Estados miembros, en especial cuando estos propongan reformas laborales y de las pensiones;

10.

Pide a la Comisión que redacte la estrategia en forma de plan de acción concreto con una clara identificación de las partes interesadas responsables, garantizando que se tengan en cuenta, en particular, las sugerencias específicas que se recogen a continuación en los ámbitos de la violencia contra las mujeres, el trabajo y tiempo, las mujeres en puestos de poder y en órganos decisorios, los recursos financieros, la salud, los conocimientos, la educación y los medios de comunicación, la perspectiva mundial y los mecanismos institucionales y la integración de la perspectiva de género; hace hincapié en la necesidad de introducir, siempre que proceda y respetando plenamente las competencias de la UE, medidas legislativas para consolidar el marco jurídico para la igualdad de género;

11.

Reitera su petición a la Comisión, como ya hizo en su Resolución de 25 de febrero de 2014, que contiene recomendaciones sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, de que presente un acto legislativo en el que se garantice tanto un sistema coherente para la recopilación de datos estadísticos como un planteamiento homogéneo por parte de los Estados miembros para la prevención y la supresión de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y de la violencia de género, y se posibilite un acceso fácil a la justicia;

12.

Pide a la Comisión que, en la futura estrategia, incluya una definición de violencia de género en línea con la recogida en la Directiva 2012/29/UE, y presente cuanto antes una estrategia global sobre la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas que incluya un acto legislativo vinculante; pide al Consejo que active la «cláusula pasarela» adoptando una decisión unánime por la que se añada la violencia de género a la lista de delitos recogidos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE;

13.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de que la UE se adhiera al Convenio de Estambul, iniciando este procedimiento tan pronto como sea posible, así como que promueva la ratificación del Convenio de Estambul por parte de los Estados miembros mediante la nueva estrategia y participe activamente en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas; pide a los Estados miembros que firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul tan pronto como sea posible;

14.

Reitera su llamamiento a la Comisión para que designe el año 2016 como Año europeo para la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, durante el cual se promuevan estrategias ambiciosas y efectivas para reducir de forma significativa este tipo de violencia;

15.

Pide a la UE que apoye a los Estados miembros en la organización de campañas y la elaboración de estrategias contra el acoso diario de las mujeres en los espacios públicos, y que en este proceso se comuniquen las mejores prácticas a los Estados miembros;

16.

Considera que existe una urgente necesidad de supervisar de forma más rigurosa la transposición y la aplicación de la Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, así como del Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia civil y de la Directiva relativa a la orden europea de protección hasta 2015 y después de esta fecha;

17.

Pide a la Comisión que integre las campañas de «tolerancia cero» en la estrategia y que respalde a los Estados miembros en la tarea de sensibilizar a la sociedad acerca del problema de la violencia contra las mujeres y de promover campañas anuales de sensibilización sobre los orígenes de la violencia y los abusos, así como sobre la prevención, el acceso a la justicia y el apoyo a las víctimas; destaca la importancia de incluir a toda la sociedad, y en particular a los hombres y a los niños de forma más específica, en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres; pide, asimismo, a la Comisión que haga un seguimiento de sus iniciativas emprendidas en la lucha contra la mutilación genital femenina;

18.

Destaca que, para combatir de forma eficaz la violencia contra las mujeres y la impunidad con la que se ejerce, es necesario un cambio de actitud hacia las mujeres y las niñas en la sociedad, en la que con excesiva frecuencia las mujeres son representadas en funciones subordinadas y se tolera o banaliza la violencia ejercida contra ellas; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en su actuación encaminada a prevenir y combatir la violencia en sus múltiples formas y en sus causas más profundas y a proteger a las mujeres víctimas de abusos, y que adopte medidas específicas en los diferentes ámbitos, incluidos un mayor apoyo a los centros de acogida y a las organizaciones activas en la ayuda a las mujeres víctimas de la violencia de género y medidas preventivas como la lucha contra los estereotipos de género y las actitudes socioculturales discriminatorias desde una edad temprana, así como medidas dirigidas a castigar a los infractores;

19.

Señala que la feminización de la pobreza podría redundar en un aumento de la trata de mujeres, la explotación sexual y la prostitución forzada y reducir a las mujeres a una mayor dependencia económica; pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen los motivos que empujan a las mujeres a la prostitución y las formas apropiadas para desincentivar la demanda; destaca la importancia de los programas de abandono de la prostitución;

20.

Destaca la importancia que reviste la formación sistemática de personal cualificado para ocuparse de las mujeres víctimas de violencia física, sexual o psicológica; considera que esta formación es fundamental para el personal que presta asistencia de primera y segunda línea, incluidos los servicios sociales de emergencia, médicos, de protección civil y de policía;

21.

Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, y a la Comisión que evalúe y supervise la aplicación de dicha Directiva e identifique las mejores prácticas que puedan compartir los Estados miembros con miras a la adopción de una nueva estrategia dirigida a combatir la trata de seres humanos una vez expire la actual estrategia en 2016, de forma que integre la perspectiva de género y priorice los derechos de las víctimas del tráfico de personas, dedicando un apartado específico a la trata de seres humanos para su explotación sexual y haciendo especial hincapié en las nuevas modalidades de tráfico que se desarrollan actualmente al tiempo que se clausuran otros métodos más tradicionales, y a que vele por la transparencia y la accesibilidad de todas las políticas de los Estados miembros, de sus presupuestos y de sus resultados en el marco de la elaboración de dicha estrategia;

22.

Pide a la Comisión que preste asistencia a los Estados miembros garantizando que las víctimas de acoso puedan acogerse a la protección que ofrecen las medidas existentes, como la orden europea de protección, el Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil y la Directiva de la UE sobre las víctimas cuando se trasladan de un Estado miembro a otro, y que considere la posibilidad de adoptar medidas adicionales para mejorar la protección de las víctimas de acoso, teniendo en cuenta que las estadísticas demuestran que el 18 % de las mujeres de la UE ha sufrido acoso desde los 15 años y que una de cada cinco víctimas afirma que el comportamiento abusivo continuó durante un período de al menos dos años (30);

23.

Pide a la Comisión que preste asistencia a las autoridades competentes de los Estados miembros en la elaboración de sus programas de acción para la igualdad de género, prestando una atención especial a las nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como el acoso y el matonismo cibernéticos (31), y que lleve a cabo evaluaciones continuas; destaca también, en este mismo contexto, la importancia que reviste la estrecha colaboración con la sociedad civil con miras a reconocer a tiempo la emergencia de problemas para poder abordarlos con mayor eficacia;

24.

Pide a la Comisión que garantice que los Estados miembros de la UE permitan el pleno reconocimiento jurídico del género preferido de una persona, incluido el cambio de nombre, del número de la seguridad social y de otros indicadores de género en los documentos de identidad;

25.

Pide una vez más a la Comisión que cree cuanto antes un Observatorio Europeo de la Violencia contra las Mujeres en las dependencias del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, dirigido por un coordinador de la UE en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas;

26.

Pide a la Comisión que, en la nueva estrategia, preste especial atención a las diferentes modalidades de conciliación de la vida laboral y familiar; lamenta, en este mismo contexto, el estancamiento de las negociaciones para la adopción de la directiva sobre el permiso de maternidad, al tiempo que reitera la voluntad de cooperación incondicional del Parlamento; pide, entretanto, a los Estados miembros que protejan los derechos vinculados a la maternidad y adopten medidas dirigidas a impedir el despido improcedente de las trabajadoras durante el embarazo, así como de las mujeres y los hombres que asumen responsabilidades de prestación asistencial;

27.

Señala a la atención que, a pesar de la financiación disponible de la UE, algunos Estados miembros han efectuado recortes presupuestarios que están afectando a la disponibilidad, a la calidad y a los costes de los servicios de asistencia a la infancia, con el consiguiente impacto negativo para la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente para las mujeres; pide a la Comisión que supervise el cumplimiento de los objetivos de Barcelona y que siga apoyando a los Estados miembros para crear estructuras de atención infantil asequibles y de alta calidad, con un horario de asistencia razonable, y que seguidamente elabore nuevos objetivos en el ámbito de dichas estructuras; destaca, en este mismo contexto, la importancia de incrementar la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad de servicios asequibles de cuidado y asistencia de niños, ancianos y personas que requieren una atención especial, incluida la asistencia a las personas dependientes, y de velar por que la disponibilidad de estos servicios sea compatible con los horarios laborales a tiempo completo para mujeres y hombres; señala que la mejora de la disponibilidad de guarderías y jardines de infancia no depende solo de las políticas públicas, que son necesarias, sino también de los incentivos para que las empresas propongan ese tipo de soluciones;

28.

Destaca la importancia que revisten las modalidades de trabajo flexibles para la conciliación de la vida laboral y familiar para las mujeres y los hombres, siempre y cuando el trabajador tenga la libertad de elegir, y encomienda a la Comisión que coordine y promueva el intercambio de mejores prácticas; insiste, en este contexto, en la necesidad de desplegar campañas de sensibilización para una distribución equitativa de las tareas domésticas, así como para aumentar las inversiones en infraestructuras asistenciales, alentar la participación de los hombres e introducir un permiso de paternidad de diez días como mínimo y un permiso parental disponible para ambos progenitores, pero dotado de fuertes incentivos para los padres, como un permiso parental con carácter no transferible; destaca que un permiso parental equivalente para los mujeres y los hombres redunda en beneficio de todos los miembros de la familia y puede constituir un incentivo para reducir la discriminación relacionada con el permiso parental;

29.

Pide que se adopten las medidas necesarias para fomentar unas tasas de empleo más elevadas entre las mujeres, en relación por ejemplo con la disponibilidad de servicios asequibles de asistencia y cuidado infantil, con unos regímenes de maternidad, de paternidad y de permiso parental adecuados y con una mayor flexibilidad en los horarios y los lugares de trabajo; destaca la importancia de contar con unas condiciones de trabajo correctas y seguras que permitan que tanto las mujeres como los hombres puedan conciliar la vida laboral y familiar, y pide a la Comisión que coordine y promueva el refuerzo de los derechos laborales para mejorar la igualdad de género; subraya que la mejora del equilibrio entre la vida familiar, la vida privada y la vida profesional es un factor importante para la recuperación económica, una demografía sostenible y el bienestar personal y social, y señala que una participación igualitaria de los hombres y las mujeres en el mercado laboral podría aumentar notablemente el potencial económico de la UE, garantizando al mismo tiempo su carácter equitativo e integrador; recuerda que, de acuerdo con las previsiones de la OCDE, la convergencia plena de las tasas de participación se traduciría en un aumento del 12,4 % del PIB por habitante hasta el año 2030; señala que, si bien el trabajo a tiempo parcial —que ejercen mayoritariamente las mujeres— puede facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, no es menos cierto que implica también menores oportunidades de carrera, unos salarios y unas pensiones más bajos, una infrautilización del capital humano y, por consiguiente, un crecimiento económico menor y menos prosperidad;

30.

Destaca la importancia de solicitar al Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) que recopile datos globales y específicos de género sobre la distribución del tiempo en tareas de cuidado y atención, tareas domésticas y actividades de ocio, con el fin de realizar evaluaciones periódicas;

31.

Recomienda que, ya que la composición y la definición de la familia cambia a lo largo del tiempo, la legislación en materia de familia y trabajo sea más amplia en lo que concierne a las familias monoparentales y a la paternidad de personas LGBT;

32.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la voz de las mujeres en el diálogo social y la representación de las mujeres en los sindicatos de todos los sectores;

33.

Pide a la Comisión, en el marco de la estrategia, que alienten a los Estados miembros a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de reforzar los derechos de los trabajadores domésticos y asistenciales europeos;

34.

Pide a la Comisión que apoye a las autoridades competentes de los Estados miembros en la creación de incentivos para que los empleadores conviertan el trabajo informal en empleo formal; destaca los elevados niveles de trabajo no declarado que se observan especialmente en los sectores dominados por las mujeres, como el trabajo doméstico; pide a los Estados miembros que luchen contra el trabajo precario y no declarado de las mujeres, que contribuye a la desregulación total de los sistemas de remuneración de las mujeres, provocan un aumento de la pobreza entre las mujeres, especialmente las de mayor edad, y afecta negativamente tanto a la seguridad social de las mujeres como a los niveles del PIB de la UE; pide, asimismo, a los Estados miembros que garanticen una protección social adecuada para todos los trabajadores; pide el rápido establecimiento de una plataforma europea para mejorar la prevención y la desincentivación del trabajo no declarado;

35.

Subraya que la feminización de la pobreza es el resultado de varios factores, como la interrupción de la carrera profesional de las mujeres, la brecha salarial (16,4 %), la brecha en las pensiones (39 %), las desigualdades de género en la evolución de las carreras profesionales, el hecho de que los contratos laborales de las mujeres son a menudo atípicos (media jornada involuntaria, contratos interinos o de «cero horas»), la falta de un estatuto en el marco de la seguridad social para las personas que ayudan a los cónyuges trabajadores autónomos y la pobreza de los hogares monoparentales a cargo de mujeres; destaca que la reducción del número de pobres en 20 millones de personas hasta el año 2020 puede alcanzarse mediante políticas de lucha contra la pobreza y la discriminación fundamentadas en la integración de la dimensión de género en todas las políticas, mediante programas de acción que presten una atención especial a las mujeres en situación desfavorecida y que cuenten con el apoyo de acciones para luchar contra la pobreza femenina, y mediante la mejora de las condiciones laborales en los sectores de bajos ingresos en los que las mujeres están sobrerrepresentadas; destaca que la múltiple discriminación que padecen las mujeres por motivos de discapacidad, origen racial y étnico, la situación socioeconómica, la identidad de género y otros factores contribuye a la feminización de la pobreza; hace hincapié en la importancia de supervisar el efecto de género de la fiscalidad y los modelos de tiempo de trabajo para las mujeres y las familias;

36.

Espera que la Comisión adopte todas las medidas a su alcance para asegurar el cumplimiento de todos los aspectos de las directivas de la UE sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres, también por parte de los interlocutores sociales que negocian los convenios colectivos, y para alentar el diálogo con los interlocutores sociales con miras a examinar cuestiones como la transparencia de los sueldos y salarios y las condiciones de los contratos a tiempo parcial y de duración determinada para las mujeres, favoreciendo también la participación de estas en los sectores ecológicos e innovadores; destaca que las pensiones son un factor determinante de la independencia económica de sus beneficiarios y que las brechas en los niveles de las pensiones reflejan las desventajas acumuladas en una carrera profesional desarrollada en un mercado laboral discriminatorio desde una perspectiva de género; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas apropiadas para reducir la brecha de género en las pensiones, que es una consecuencia directa de la brecha de género en las retribuciones, y que evalúen el impacto de los sistemas de pensiones en la situación de las mujeres, prestando una atención especial a los contratos a tiempo parcial y atípicos;

37.

Destaca la importancia de sensibilizar a la sociedad, a nivel de la Unión Europea, acerca del concepto de propiedad compartida, con el fin de garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres en el sector agrícola; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que contribuyan a fomentar una estrategia que redunde en la creación de empleo para las mujeres en las zonas rurales, y a que garanticen implícitamente unas pensiones dignas para las mujeres jubiladas de la UE que viven en condiciones precarias, al tiempo que pide que se redoblen los esfuerzos políticos para reforzar el papel de las mujeres en la agricultura y para asegurar su representación adecuada en todos los foros políticos, económicos y sociales del sector agrícola;

38.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta los obstáculos socioeconómicos que deben afrontar las mujeres en circunstancias concretas, por ejemplo en las zonas rurales, en sectores dominados por los hombres y en la vejez, así como las mujeres con discapacidad; destaca que las mujeres siguen afrontando una mayor inseguridad en el empleo que los hombres y que la inseguridad laboral se ha agudizado como consecuencia de la crisis, y expresa su preocupación por el número y el porcentaje de mujeres que sufren pobreza en el trabajo; considera que las actuaciones para favorecer la reincorporación de las mujeres al mundo laboral requieren soluciones políticas con múltiples facetas que integren el aprendizaje a lo largo de la vida, la lucha contra el trabajo precario y el fomento de la actividad laboral con derechos y prácticas diferenciadas en la organización del trabajo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la perspectiva de género en todos los programas de creación de empleo, creando puestos de trabajo de calidad en consonancia con el Programa de Trabajo Decente de la OIT;

39.

Subraya que el crecimiento económico y la competitividad en la UE dependen de que se colme la brecha entre los logros de las mujeres en el ámbito educativo (un 60 % de los titulados universitarios en Europa son mujeres) y su participación y posición en el mercado laboral; señala la necesidad de luchar contra todos los fenómenos de segregación horizontal y vertical, dado que dicha segregación limita el empleo femenino a determinados sectores y excluye a las mujeres de los niveles más altos de la jerarquía empresarial; destaca que la legislación en vigor, que incluye medidas positivas, especialmente en los sectores públicos de algunos Estados miembros, ha mejorado la igualdad de género en el nivel inicial, si bien es preciso ampliarla a todos los niveles profesionales;

40.

Señala que el mayor aumento, con gran diferencia, del porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas se ha registrado en los países que han adoptado ya una legislación de cuotas obligatorias, y que en los Estados miembros que no han aplicado medidas obligatorias, las empresas distan todavía mucho de alcanzar un equilibro de género aceptable; destaca la necesidad de apoyar procedimientos transparentes para la selección de mujeres como administradores no ejecutivos en los consejos de administración de las empresas cotizadas; alienta a los sectores público y privado a prever la introducción de sistemas voluntarios de promoción de las mujeres en puestos directivos; pide a la Comisión que incluya en la estrategia medidas concretas para promover la representación paritaria de mujeres y hombres en puestos directivos, y que apoye al Consejo en las negociaciones para la adopción de la directiva relativa a una representación equilibrada de hombres y mujeres en los consejos no ejecutivo; pide al Consejo que alcance cuanto antes una posición común sobre esta propuesta de directiva;

41.

Pide a la Comisión que cree incentivos para los Estados miembros con miras a conseguir una representación más equilibrada de mujeres y hombres en los consejos municipales, los parlamentos regionales y nacionales y el Parlamento Europeo, al tiempo que destaca la importancia que revisten en este contexto las listas electorales con un equilibrio de género, encabezadas alternativamente por un hombre y una mujer; destaca la importancia de las cuotas para aumentar la presencia de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas; pide a todas las instituciones de la UE que adopten medidas internas dirigidas a aumentar la igualdad de género en sus propios órganos de toma de decisiones, proponiendo la candidatura de una mujer y de un hombre para la provisión de los cargos de alto nivel de la UE; considera que la paridad debería ser una exigencia para la Comisión, y que el nombramiento de una Comisión sobre una base paritaria sería un referente importante para las futuras iniciativas en materia de paridad;

42.

Señala a la atención el desequilibrio existente en la participación de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos político, público y económico, y señala que los obstáculos a la representación de las mujeres pueden atribuirse a una combinación de factores discriminatorios basados en el género y de comportamientos estereotipados que tienden a mantenerse en las empresas, la política y la sociedad; señala que las mujeres representan el 60 % de los nuevos titulados, pero están infrarrepresentadas en determinados sectores, por ejemplo en el sector científico y de la investigación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sensibilicen a las mujeres acerca de las posibilidades de formación en este ámbito y que velen por que tengan las mismas oportunidades que los hombres para acceder a las profesiones correspondientes y hacer carrera en ellas; señala que, por lo general, las carreras profesionales de las mujeres no tienen grandes perspectivas de evolución; pide a los Estados miembros que alienten y ayuden a las mujeres para que puedan tener carreras profesionales exitosas, por ejemplo adoptando acciones positivas como la organización de redes y programas de tutoría, o bien creando las condiciones adecuadas y garantizando la igualdad de oportunidades con los hombres a todas las edades en materia de formación, promoción, reciclaje y reconversión profesional; destaca la importancia de que las políticas destinadas a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo reconozcan las posibles vulnerabilidades de las mujeres en las profesiones de alto nivel; señala que la Comisión, en particular, debería promover políticas contra el acoso en el lugar de trabajo (32);

43.

Señala que las mujeres representan el 52 % de la población total europea, pero tan solo un tercio de los trabajadores autónomos o de todos los nuevos empresarios de la UE; destaca la importancia de los programas de apoyo a las mujeres empresarias y a las mujeres activas en los medios científicos y universitarios, e insta a la UE a que apoye dichos programas de forma más específica; pide a la Comisión que estudie los medios para incentivar la creación de empresas por mujeres y que formule propuestas en este sentido; destaca que debería sensibilizarse a las potenciales empresarias, científicas y universitarias acerca de los programas de ayuda y de las oportunidades de financiación; alienta a los Estados miembros a promover medidas y acciones dirigidas a ayudar y asesorar a las mujeres que decidan convertirse en empresarias, así como a fomentar el empresariado femenino, facilitar y simplificar el acceso a la financiación y a otras ayudas y reducir la burocracia y otros obstáculos a la creación de nuevas empresas por parte de mujeres;

44.

Señala a la atención una vez más que persiste una brecha salarial de género que apenas se ha reducido en los últimos años; destaca que esta brecha salarial tiene su origen en la participación insuficiente de las mujeres en el mercado laboral, en la segregación vertical y horizontal y en el hecho de que los sectores en los que las mujeres están sobrerrepresentadas ofrecen a menudo salarios más bajos; pide a la Comisión que supervise la aplicación de la Directiva 2006/54/CE, que presente medidas específicas que tengan en cuenta las diferencias salariales estructurales, tanto legislativas como no legislativas, a fin de garantizar la transparencia de los salarios y aplicar las sanciones correspondientes, reduciendo de esta forma la brecha salarial de género, y que presente un informe anual sobre los progresos realizados en este ámbito; alienta a los Estados miembros a reconocer el potencial de la última directiva sobre contratación pública como un instrumento para fomentar e impulsar las políticas de integración de la dimensión de género, al tiempo que les pide que consideren la posibilidad de establecer, cuando proceda, requisitos basados en la legislación en vigor en los Estados miembros en materia de igualdad de trato e igualdad de género como requisitos previos para la adjudicación de contratos públicos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen la posibilidad de introducir cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública como un potencial instrumento para reforzar las políticas de inclusión social; reconoce que esta idea únicamente puede llevarse a cabo respetando el Derecho de competencia de la UE;

45.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta la evolución demográfica y los cambios en las dimensiones y la composición de los hogares a la hora de diseñar las políticas fiscales, los sistemas de seguridad social y los servicios públicos;

46.

Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la lucha contra la pobreza, que afecta especialmente a las madres solteras y se ha agravado todavía más con la crisis, siendo una fuente creciente de exclusión social;

47.

Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en el recurso creciente a los Fondos Estructurales para realizar inversiones en las estructuras públicas de guardería y asistencia a las personas de más edad como una estrategia central para fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral;

48.

Reitera que, en su versión actual, la Directiva 2006/54/CE no es suficientemente eficaz para abordar el problema de la brecha salarial de género ni para alcanzar el objetivo de la igualdad de género en el empleo y la ocupación; insta a la Comisión a que revise sin demora esta directiva.

49.

Considera que las políticas y los instrumentos de lucha contra el desempleo juvenil, como la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, deberían responder a las necesidades específicas de los jóvenes, con el fin de permitirles acceder al mercado de trabajo; señala que el porcentaje de mujeres jóvenes que no ocupan un empleo ni cursan estudios o programas de formación es superior al de los hombres; pide, asimismo, que se recopilen datos desglosados por género sobre el desempleo juvenil, con miras a elaborar medidas específicas basadas en pruebas concretas;

50.

Pide a la Comisión que adapte de forma más precisa el paquete de inversión adoptado en 2014 y la Garantía Juvenil a la situación y a las necesidades específicas de las niñas y las mujeres;

51.

Destaca la importancia que reviste el intercambio de ejemplos e iniciativas de mejores prácticas para contrarrestar la tendencia a la pérdida de cualificaciones de las mujeres, desarrollar sus competencias o facilitarles una formación que les permita reincorporarse al mercado laboral tras haberse dedicado exclusivamente al cuidado de sus hijos y de otros familiares; destaca, asimismo, la importancia de mejorar y facilitar el reconocimiento de títulos y cualificaciones, con el fin de impedir la infrautilización de las capacidades de mujeres muy cualificadas, lo cual es a menudo el caso entre las mujeres inmigrantes;

52.

Pide a la Comisión que asista a los Estados miembros en la tarea de garantizar unos servicios de alta calidad, adaptados en términos geográficos y fácilmente asequibles, en los ámbitos de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos, así como en lo que se refiere al aborto seguro y legal y la anticoncepción, además del cuidado de la salud en general;

53.

Insta a la Comisión Europea a que incluya la salud y los derechos sexuales y reproductivos en su próxima estrategia de la UE en materia de salud, con el fin de garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres y complementar las políticas nacionales en los ámbitos de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos;

54.

Señala a la atención de los Estados miembros la necesidad de centrar los esfuerzos en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y en los métodos preventivos correspondientes, así como en la prevención y la investigación dirigidas a mejorar la detección precoz de enfermedades como los diferentes tipos de cáncer en las mujeres (cánceres de mama, del cuello del útero y de los ovarios) mediante controles y exámenes ginecológicos periódicos;

55.

Reitera su petición dirigida a la Comisión y a la Organización Mundial de la Salud en el sentido de retirar los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento y de garantizar una reclasificación no patológica en las negociaciones sobre la undécima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11) y que no se patologice la diversidad de género en la infancia;

56.

Reconociendo la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, pide a la Comisión que cree modelos de mejores prácticas en la educación sexual y relacional para los jóvenes en toda Europa;

57.

Destaca la necesidad de que la Comisión lleve a cabo una auditoría de género con el fin de garantizar que las políticas sanitarias de la UE y la investigación financiada por la Unión se centren en mayor medida en el estado de salud y el diagnóstico de las mujeres;

58.

Hace hincapié en la importancia de las campañas de sensibilización sobre los síntomas de enfermedad específicos de género, así como sobre los roles de género y los estereotipos que influyen en la salud, y pide a la Comisión que apoye económicamente los programas de investigación en materia de género;

59.

Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a promover la reproducción (médicamente) asistida y a poner fin a la discriminación en el acceso a los tratamientos de fertilidad y a la reproducción asistida; señala asimismo, en este mismo contexto, la importancia de apoyar la adopción;

60.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas dirigidas a introducir programas de educación sexual en las escuelas y que faciliten el asesoramiento y el acceso a métodos anticonceptivos para los jóvenes;

61.

Pide a la Comisión que cree incentivos en favor de una formación competente para usar con criterio los medios de comunicación en los Estados miembros, con miras a fomentar la crítica de los estereotipos y las estructuras y a compartir los ejemplos de mejores prácticas, de tal forma que se revisen los roles estereotipados que aparecen en los materiales didácticos utilizados hasta ahora; pide a la Comisión, en este mismo contexto, que apoye los programas de sensibilización sobre los estereotipos, el sexismo y los roles de género tradicionales en los sectores de la educación y los medios de comunicación, y que organice campañas dirigidas a promover roles sociales femeninos y masculinos positivos; destaca, a este respecto, que la lucha contra el acoso y los prejuicios hacia las personas LGBTI en las escuelas —ya sean estudiantes, padres o profesores— debería formar parte de los esfuerzos de la UE por luchar contra los estereotipos de género; señala, en este contexto, la importancia de que los profesores puedan contar con métodos pedagógicos que integren una perspectiva de género, de forma que puedan exponer con claridad las ventajas que brindan la igualdad y una sociedad diversa;

62.

Pide a los Estados miembros, y en particular a los reguladores de los medios de comunicación, que tengan en cuenta el papel que estos asignan a las mujeres —tanto en términos cuantitativos como cualitativos— y que promuevan una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres que sea respetuosa con su dignidad, sus diversos roles y su identidad, y que velen por que los medios comerciales audiovisuales no incluyan contenidos discriminatorios en el plano sexual ni imágenes humillantes de las mujeres, haciendo especial hincapié en los medios basados en Internet, que a menudo están focalizados en las mujeres y las niñas; destaca que los Estados miembros deberían mejorar también el acceso de las mujeres a las oportunidades de empleo en los medios de comunicación y, en particular, a sus estructuras de toma de decisiones; pide a la Comisión que sensibilice a los Estados miembros acerca de la necesidad de que los medios de comunicación públicos actúen como referente en la presentación de la diversidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan de forma más decidida para poner fin a los estereotipos sexistas transmitidos por los medios de comunicación, y señala a la atención las importantes medidas incluidas en el informe del Parlamento sobre la eliminación de los estereotipos de género aprobado en 2013;

63.

Destaca el papel decisivo que desempeñan la educación y la capacitación en la lucha contra los estereotipos de género y para poner fin a la discriminación basada en el género, así como sus efectos positivos para las mujeres y para la sociedad y la economía en general; subraya que es extremadamente importante inculcar estos valores desde una edad temprana y desplegar campañas de sensibilización en los lugares de trabajo y en los medios de comunicación, destacando el papel de los hombres en el fomento de la igualdad, el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y la conciliación de la vida profesional y la vida privada;

64.

Destaca que el respeto de la igualdad de género debería considerarse un criterio para todos los programas de cultura, educación e investigación financiados por la UE, y pide a la Comisión que incluya un área específica de investigación sobre cuestiones de género en el programa Horizonte 2020;

65.

Encomienda a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre el impacto cotidiano de la representación de género en la esfera pública, los medios de comunicación y las instituciones educativas, centrándose especialmente en el acoso escolar, la incitación al odio y la violencia de género;

66.

Pide a la Comisión que apoye las campañas y las iniciativas dirigidas a promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad, especialmente de las mujeres en general y las mujeres migrantes en particular;

67.

Pide a la Comisión que garantice que la cooperación europea para el desarrollo aplique un enfoque basado en los derechos humanos que haga especial hincapié en la igualdad de género, la formación de las mujeres, la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y la erradicación del trabajo infantil; subraya que el acceso universal a la salud, y en particular a la salud sexual y reproductiva y a los derechos asociados a ella, constituye un derecho humano fundamental, y hace hincapié en el derecho de acceder voluntariamente a los servicios de planificación familiar, incluida la asistencia segura y legal relacionada con el aborto, al tiempo que destaca la importancia que revisten la información y la educación para reducir la mortalidad materna e infantil y eliminar todas las formas de violencia de género, incluidos la mutilación genital femenina, los matrimonios precoces y forzosos, el genericidio, la esterilización forzosa y la violación conyugal;

68.

Subraya que es absolutamente necesario integrar la perspectiva de género en todos los elementos de la programación de la seguridad alimentaria, dado que las mujeres son responsables del 80 % de la agricultura en África;

69.

Pide a la Comisión que, en el marco de las políticas de ampliación y vecindad y en los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de las relaciones comerciales y diplomáticas, abogue por la introducción de una norma que defina los derechos de las mujeres como un derecho humano, y que confiera un carácter obligatorio al respeto de este derecho, de forma que se integre en los diálogos estructurados en todas las asociaciones y negociaciones bilaterales de la UE; insiste en la importancia de la colaboración participativa con todas las partes interesadas, especialmente con las organizaciones para la defensa de los derechos de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones gubernamentales locales y regionales en el contexto de la cooperación para el desarrollo; pide a la Comisión que reconozca que situar a las niñas en la primera línea del desarrollo global ofrece un marco para garantizar que se respeten, promuevan y cumplan los derechos humanos de las niñas, y pide que se incluya la «declaración sobre las niñas» y sus objetivos en el centro de la estrategia de igualdad de género después de 2015; destaca la importancia de desplegar campañas informativas y de sensibilización en las comunidades donde se cometen violaciones de los derechos humanos por motivos de género;

70.

Pide a la Comisión que promueva la elaboración por los Estados miembros de un plan de acción basado en las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad; recuerda a la comunidad internacional las garantías necesarias que deben ofrecerse a las mujeres y las niñas, en particular en lo que se refiere a la protección contra las violaciones utilizadas como arma de guerra y a la prostitución forzada; condena firmemente el uso continuado de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra; subraya que deben redoblarse los esfuerzos dirigidos a garantizar el respeto del Derecho internacional, la protección de las víctimas y el acceso a la atención médica y a un apoyo psicológico para las mujeres y las niñas que hayan sufrido abusos durante los conflictos;

71.

Destaca que la prestación de ayuda humanitaria por la UE y sus Estados miembros no debería estar sujeta a restricciones impuestas por otros donantes socios con respecto al acceso a los tratamientos médicos necesarios, incluido el acceso al aborto en condiciones de seguridad de las mujeres y las niñas víctimas de violaciones en conflictos armados;

72.

Subraya la importancia que revisten una política de asilo y migración sensible a la dimensión de género, el reconocimiento de la amenaza de mutilación genital como un motivo para otorgar el derecho de asilo, la elaboración de directrices apropiadas y la coordinación de ejemplos de mejores prácticas; destaca, en este contexto, el carácter indispensable del reconocimiento de un derecho individual de residencia, dado que de otra forma se produciría un desequilibrio de poder, particularmente en el caso de las mujeres migrantes víctimas de violencia doméstica; pide a la Comisión que evalúe y defina acciones concretas dirigidas a garantizar que los derechos de las solicitantes de asilo sean reforzados y plenamente respetados a lo largo del procedimiento de asilo;

73.

Pide a la Comisión que recopile datos específicos de género con miras a llevar a cabo una evaluación de impacto para las mujeres en los ámbitos de la política climática, ambiental y energética;

74.

Señala que, si bien participan asesores para la dimensión de género en las misiones de gestión de crisis, tanto de carácter militar como civil, en las que interviene la UE, debe incrementarse todavía la participación de las mujeres, a todos los niveles de los procesos de toma de decisiones, en las operaciones y las misiones, así como en las negociaciones de los procesos de paz y reconstrucción; insiste en que debería elaborarse, para cada misión, una estrategia específica en materia de derechos e igualdad de género para las mujeres y las niñas; considera, por otra parte, que debería incluirse un capítulo específico sobre la igualdad de género en el próximo plan de acción del SEAE sobre los derechos humanos; destaca, a este respecto, la importancia de mantener una colaboración permanente e intensiva entre la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y el SEAE;

75.

Pide a la Comisión que promueva la integración de la dimensión de género, la elaboración de los presupuestos con una perspectiva de género y la evaluación del impacto de género en todos los ámbitos y para cada propuesta legislativa a todos los niveles de gobernanza, estableciendo objetivos concretos en materia de igualdad de género; pide al Tribunal de Cuentas que también integre la perspectiva de género al evaluar la ejecución del presupuesto de la Unión; pide a los Estados miembros que introduzcan igualmente la dimensión de género en sus presupuestos a fin de analizar los programas y políticas gubernamentales, sus repercusiones en la asignación de recursos y su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres;

76.

Pide a la Comisión que fomente asimismo la cooperación entre los Estados miembros, las organizaciones para la defensa de los derechos de las mujeres y los interlocutores sociales;

77.

Subraya la importancia de una financiación adecuada para los organismos nacionales de lucha por la igualdad de género y contra la discriminación; pide a la Comisión que supervise atentamente la eficacia de los órganos y los procedimientos nacionales de reclamación en el contexto de la aplicación de las directivas en materia de igualdad de género; pide a la Comisión, en este mismo contexto, que apoye la aplicación de la Carta europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local y la continuidad de las ONG, en particular de las organizaciones para la defensa de los derechos de las mujeres y de otras organizaciones activas en cuestiones relativas a la igualdad de género, otorgando ayuda financiera adecuada y previsible; pide asimismo, a este respecto, que continúe prestando apoyo financiero al programa Daphne y mantenga su visibilidad, con el fin de permitir que, en particular, las organizaciones para la defensa de los derechos de las mujeres puedan seguir trabajando sobre el terreno en los Estados miembros para combatir la violencia ejercida contra las mujeres;

78.

Destaca la importancia que reviste la colaboración entre la Comisión y el Parlamento, y propone, por tanto, que la Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género presente a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género un informe anual de seguimiento oral y escrito —desde la perspectiva tanto de la Comisión como de los Estados miembros y adoptando un enfoque específico por países en la elaboración del informe, con información concreta sobre cada Estado miembro—, sobre los objetivos establecidos en la estrategia;

79.

Pide a la Comisión que colabore con el Parlamento y el Consejo y convoque una cumbre anual de la UE sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres, con el fin de evaluar los progresos realizados y renovar los compromisos;

80.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/18

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 1 de julio de 2014, titulada «Comercio, crecimiento y propiedad intelectual. Estrategia para mejorar la protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países» (COM(2014)0389),

—

Vistas la Estrategia de la Comisión para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en terceros países (1) y su evaluación independiente de noviembre de 2010,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 11, apartado 1, y 17, apartado 2,

—

Vista la Estrategia Europa 2020 (COM(2010)2020),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 21 de marzo de 2014,

—

Visto el informe de 2008 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado «El impacto económico de las falsificaciones y la piratería», actualizado en 2009,

—

Visto el informe de 2009 de la OCDE titulado «Piratería de contenido digital»,

—

Visto el estudio conjunto de la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OEP/OAMI) titulado «Industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual: contribución a los resultados económicos y al empleo en la Unión Europea»,

—

Visto el documento de trabajo sobre política comercial de 2010 de la OCDE titulado «Policy Complements to the Strengthening of IPRS in Developing Countries»,

—

Visto el estudio de 2013 de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de la Salud titulado «Promover el acceso a las tecnologías y la innovación en medicina»,

—

Visto el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (2) (Reglamento sobre los obstáculos al comercio),

—

Vista la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (3),

—

Visto el Reglamento (CE) no 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública (4),

—

Visto el Reglamento (CE) no 953/2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales (5),

—

Visto el Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (6),

—

Visto el Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo (7),

—

Vistos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, aprobada el 14 de noviembre de 2001 en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio,

—

Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y el acceso a los medicamentos (8),

—

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre el impacto de las falsificaciones en el comercio internacional (9),

—

Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior (10),

—

Visto el informe de la Comisión, de 31 de julio de 2014, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras de la UE del respeto de los derechos de propiedad intelectual — Resultados en la frontera de la UE — 2013 (11),

—

Vista la Resolución del Consejo sobre un plan de acción aduanero de la UE para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2013 a 2017 (12),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de diciembre de 2014,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0161/2015),

A.

Considerando que la competitividad de la UE se ha basado y se basará cada vez más en la creatividad y la innovación, y que el «crecimiento inteligente» —desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación— es una de las tres prioridades de la Estrategia Europa 2020;

B.

Considerando que los derechos de propiedad intelectual (DPI) contribuyen al desarrollo de la innovación y la creatividad, que su protección es una baza esencial para la competitividad de Europa y que la Unión se debe dotar, por tanto, de una estrategia más ambiciosa en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual frente a sus socios comerciales;

C.

Considerando que es esencial promover el refuerzo de los vínculos entre educación, empresa, investigación e innovación y la propiedad intelectual; que los procedimientos destinados a luchar contra la vulneración de los DPI son costosos y requieren mucho tiempo, en particular por lo que respecta a las pymes, incluidos los titulares de derechos individuales;

D.

Considerando que la UE y sus Estados miembros, como miembros de la Organización Mundial del Comercio, están obligados por el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y, por lo tanto, comprometidos con la adopción y aplicación de normas mínimas sobre medidas efectivas contra toda vulneración de los DPI;

E.

Considerando que el debate sobre los DPI debería basarse en una reflexión cualificada sobre las experiencias del pasado, así como sobre las futuras tendencias tecnológicas, manteniendo al mismo tiempo la coherencia entre los aspectos internos y externos, y estableciendo una distinción entre los entornos físicos y digitales, cuando proceda, tomando en consideración las preocupaciones de todas las partes interesadas, incluidas las pymes y las organizaciones de consumidores, y aspirando a asegurar la plena transparencia de intereses y la legitimidad adecuada cuando se intenta alcanzar un equilibrio justo entre todos los intereses en juego;

F.

Considerando que las falsificaciones ya no se limitan a los productos de lujo, sino que incluyen también bienes de uso común, como juguetes, medicamentos, productos cosméticos y productos alimenticios que, si están falsificados, pueden causar lesiones o plantear graves riesgos para la salud de los consumidores;

G.

Considerando que, en 2013, las autoridades aduaneras de la UE se incautaron de casi 36 millones de productos sospechosos de vulnerar los derechos de propiedad intelectual, superando el valor de los bienes incautados los 760 millones de euros;

H.

Considerando que, en 2013, el 72 % de todas las incautaciones estaba relacionada con envíos pequeños; que los medicamentos constituyeron, por cuarto año consecutivo, la categoría más importante, representando el 19 % de dichas incautaciones y el 10 % del total;

I.

Considerando que es necesario combatir la vulneración de los DPI, a fin de reducir los riesgos que esta plantea para la salud y la seguridad de los consumidores, así como para el medio ambiente, proteger la creación de valor en la UE y en terceros países, evitar consecuencias económicas y sociales para las empresas y los creadores de la UE, y prevenir los riesgos para la diversidad cultural en Europa y en terceros países; que la lucha contra la delincuencia organizada que se beneficia del comercio de productos falsificados y pirateados requiere una atención específica;

J.

Considerando que un marco legal global para los DPI debe ir acompañado de su aplicación efectiva, haciendo referencia, cuando proceda, a las medidas de ejecución y las sanciones, asegurando al mismo tiempo que las medidas destinadas a hacer respetar los DPI no constituyen una carga indebida para el comercio legítimo;

K.

Considerando que la protección de la propiedad intelectual se caracteriza principalmente por la correcta aplicación de la legislación vigente y de los compromisos internacionales, incluidas las disposiciones relativas a las sanciones;

1.

Valora positivamente el planteamiento seguido por la Comisión, en particular por lo que respecta al llamamiento en pro del equilibrio entre intereses divergentes;

2.

Considera que el debate sobre el justo equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios finales es multidimensional y complejo, y abarca intereses comerciales de todas las partes; considera que la Comisión debe estudiar cómo se puede celebrar un debate público, fundado y transparente, sobre la protección y el respeto de la propiedad intelectual y lo que esto significa para los consumidores; considera que el llamamiento en favor de una mayor participación de las partes interesadas en el debate sobre los DPI debe ir acompañado de medidas que garanticen la transparencia y la legitimidad para todos los participantes; considera que ninguna evaluación de la Comunicación tiene en cuenta la Estrategia de 2004 para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en terceros países ni el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA);

3.

Destaca que no queda suficientemente claro por qué medios y métodos podrían alcanzarse los resultados incluidos en la Comunicación, en particular por lo que respecta a qué recursos se utilizarán y dónde se obtendrán, considerando también los recursos limitados puestos a disposición para apoyar a los titulares de derechos europeos que exportan o que se establecen en terceros mercados;

4.

Considera que no hay ninguna indicación clara de coordinación entre las políticas interiores y las políticas exteriores en lo referente a la protección de los DPI, y destaca la importancia de la mejora interna de esta cuestión; admite que la coherencia entre las políticas interiores y exteriores no niega la necesidad de un enfoque a medida que reconozca los hechos y las circunstancias específicos que existen en el mercado de un tercer país determinado;

5.

Considera que la protección de los DPI debe ser considerada como un primer paso —necesario pero no suficiente— hacia el acceso al mercado de un tercer país y que la capacidad para ejercer de manera efectiva los DPI reconocidos depende de una protección sustantiva, incluidos el respeto y las vías de reparación eficaces, en el país en cuestión;

6.

Hace hincapié en que el carácter comercial de muchas vulneraciones de los DPI y la creciente participación de la delincuencia organizada en dichas vulneraciones se han convertido en un importante problema; lamenta que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) no tenga aún un protocolo contra las falsificaciones y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen considerablemente sus esfuerzos al respecto;

7.

Aprecia y apoya el objetivo de una mayor coherencia entre la protección y el respeto de los DPI y otras políticas, así como entre la Comisión y los Estados miembros en la consecución de este objetivo; considera que la protección de los DPI y las medidas adecuadas para combatir las violaciones de estos derechos pueden contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal, así como al desarrollo de un mercado digital justo, sostenible, preparado para el futuro y proclive a la innovación;

8.

Apoya a la Comisión en su trabajo de identificación de prioridades geográficas, utilizando como base de partida sus informes semestrales sobre la protección y el respeto de los DPI en terceros países;

9.

Considera que la estrategia no reconoce suficientemente la distinción entre, por un lado, la falsificación física de marcas y patentes y, por otro, la vulneración de los derechos de propiedad, especialmente en el entorno digital; observa que, habida cuenta de que la digitalización avanza cada vez más rápido, la cuestión de la protección y el respeto de los DPI en el mundo digital adquirirá una creciente importancia a escala mundial;

10.

Considera que la estrategia debería adaptarse mejor al entorno digital e incluir una estrecha colaboración con las autoridades aduaneras y de vigilancia de los mercados a fin de asegurar la coherencia horizontal;

11.

Subraya que las indicaciones geográficas y su protección son tan importantes como otros tipos de propiedad intelectual, ya que garantizan la trazabilidad de los productos hasta el momento del consumo y salvaguardan los conocimientos técnicos especializados de los productores;

12.

Considera que la Comisión debe garantizar el reconocimiento y la protección efectiva de las indicaciones geográficas cuando negocie acuerdos de libre comercio con terceros Estados y, en particular, en el marco de las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI);

13.

Opina que el Acuerdo sobre los ADPIC debe aplicarse de una manera equilibrada y eficaz, cuando proceda, y que todos los mecanismos de flexibilidad recogidos en el texto del Acuerdo deben respetar plenamente el principio fundamental de trato no discriminatorio para todos los ámbitos de la tecnología, tal y como establece su artículo 27, apartado 1; cree que también debe tenerse en cuenta la Declaración de Doha, al tiempo que subraya que una mayor protección y respeto de la propiedad intelectual beneficia no solo a los países de la UE, sino que también ayuda a los países en desarrollo a establecer y desarrollar los marcos nacionales necesarios para fomentar y proteger la innovación y la investigación, una cuestión de cobra importancia a medida que dichos países avanzan en las cadenas de valor comercial internacionales;

14.

Subraya la necesidad de un debate público más fundado, equilibrado y transparente sobre el respeto de los DPI, en el que participen todas las partes interesadas y en el que estén representados de forma equilibrada los intereses privados y públicos;

15.

Reconoce la necesidad de aumentar la sensibilización de los consumidores respecto a los perjuicios económicos, los daños a la innovación y a la creatividad, y, en ocasiones, los peligros para la salud y la seguridad que acarrea la adquisición de mercancías que vulneran la propiedad intelectual o el acceso a las mismas; apunta que un respeto más estricto de los DPI no dará respuesta, por sí solo, a las preocupaciones actuales y futuras en relación con la protección y el respeto de la propiedad intelectual, por lo que debe ser complementario a una mayor sensibilización entre los consumidores; destaca la función del sector empresarial a este respecto;

16.

Considera que está claro que debe obtenerse el apoyo de los ciudadanos en el marco de la defensa de los DPI; observa, en este contexto, el trabajo de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que incluye campañas de sensibilización entre los ciudadanos sobre las repercusiones de la vulneración de la propiedad intelectual a escala comercial;

17.

Acoge con satisfacción el memorando de entendimiento, firmado el 4 de mayo de 2011, entre los titulares de derechos y las plataformas de internet en un esfuerzo conjunto por reducir la venta de bienes falsificados a través de plataformas de comercio electrónico; pide a la Comisión y a los Estados miembros a que inicien un diálogo estructurado con plataformas en línea sobre la mejor manera de detectar y abordar la venta de bienes falsificados;

18.

Observa que el problema de la vulneración de los DPI se ha multiplicado en los últimos años debido a la digitalización y al creciente número de plataformas de venta digital, donde se venden productos falsificados que se distribuyen en todo el mundo sin que existan medios eficaces de control; pide, a este respecto, una reflexión más profunda con vistas a la adopción de instrumentos más eficaces para el control de la venta en línea de productos físicos;

19.

Considera que, a fin de presentar objetivos concretos, el texto de la estrategia relativo a la promoción de una protección sólida de las indicaciones geográficas en internet debería ser más específico;

20.

Pide a la Comisión que colabore con la Corporación para la asignación de nombres y números en internet (ICANN) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para establecer un mecanismo de protección de las indicaciones geográficas en internet;

21.

Considera que es necesario evaluar detenidamente las responsabilidades de los intermediarios; habría querido, en este contexto, que la estrategia fuera más sofisticada, si bien reconoce que esta cuestión forma parte de un debate aparte;

22.

Insta a la Comisión a que contribuya a la creación de un entorno en el que converjan los intereses de los Estados miembros y de los terceros países, y en el que haya un interés recíproco por crear unos marcos de protección de alto nivel junto con vías de reparación eficaces para colmar las lagunas existentes en la protección de los DPI; señala la necesidad de distinguir cuidadosamente entre las circunstancias de los diferentes «países en desarrollo» y entre las cuestiones comerciales implicadas, teniendo en consideración la situación específica de cada país en desarrollo;

23.

Acoge con satisfacción el trabajo realizado por la Comisión al apoyar, caso por caso, a los países en desarrollo que desean mejorar sus sistemas de DPI, y le insta a que prosiga e intensifique estos esfuerzos proporcionando continuamente ayuda técnica adecuada en forma de programas de sensibilización, asistencia legislativa y formación de funcionarios, teniendo en cuenta los niveles de desarrollo de cada país;

24.

Está de acuerdo con el llamamiento en favor de una amplia respuesta al complejo y multidimensional problema de la relación entre los DPI y el acceso universal a medicamentos asequibles, y subraya, en este contexto, la importancia de un enfoque de los DPI centrado en el paciente dentro del sector farmacéutico;

25.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan respaldando un diálogo constructivo sobre el acceso a los medicamentos en el que participen todas las partes interesadas pertinentes y que hallen maneras para facilitar el acceso a los medicamentos para las poblaciones de los Estados más pobres, que carecen de medios para beneficiarse de los mejores tratamientos disponibles actualmente;

26.

Opina que, si bien han de protegerse los intereses y la competitividad de las empresas farmacéuticas de la UE preservando su capacidad para innovar, y teniendo en cuenta que algunas empresas de la UE ofrecen acceso a medicamentos a través de programas de ayuda y precios reducidos diferenciados, es necesario que los precios de los medicamentos resulten asequibles para las personas del país en el que se venden, por lo que es imprescindible apoyar el uso de los mecanismos de flexibilidad previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC y reconocidos en la Declaración de Doha, al tiempo que se tienen asimismo en cuenta las distorsiones del mercado causadas por la reventa de medicamentos en terceros países; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan trabajando para garantizar que las medidas fronterizas que tienen por objeto bloquear la importación de medicamentos falsificados no repercutan negativamente en el tránsito de medicamentos genéricos;

27.

Destaca que se debe alentar a las empresas a colaborar mejor en su entorno competitivo, así como a trabajar junto con las autoridades públicas con el objetivo de garantizar un mejor y mayor acceso a los medicamentos en los Estados miembros y en terceros países; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de apoyar mecanismos innovadores como los consorcios de patentes para estimular la investigación al tiempo que se asegura la producción de genéricos;

28.

Considera que la Unión debe entablar un debate más general sobre la promoción de la asistencia sanitaria en todo el mundo, incluidas estrategias para reforzar los sistemas sanitarios;

29.

Pide a la Comisión que estimule las exportaciones tempranas de medicamentos genéricos y biosimilares producidos en la UE en cuanto dejen de estar protegidos por las patentes en terceros países;

30.

Considera que algunos de los datos estadísticos citados en la Comunicación se han extraído utilizando una metodología polémica y criticada, y que los datos estadísticos deben mejorarse para reflejar mejor la situación actual en relación con la centralidad de los DPI, su protección y su respeto, para la economía de la UE, no solo para informar y mejorar la política actual, sino para apoyar más el principio de la elaboración de políticas basadas en hechos;

31.

Está de acuerdo con el razonamiento de la Comisión relativo a la creación de un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, y pide que se le asignen recursos específicos;

32.

Señala que la composición del Observatorio debe ser amplia y no debe reproducir organismos ya existentes;

33.

Insta a la Comisión a que actúe a fin de que el Observatorio mantenga su independencia, con objeto de asegurar que su trabajo no sea socavado por prejuicios reales o supuestos;

34.

Reconoce que unas políticas internas en materia de DPI que sean mejores y estén adecuadamente armonizadas podrían contribuir a la mejora del nivel de protección y el respeto de los DPI a escala mundial;

35.

Insta a la Comisión a que trabaje junto con los Estados miembros para lograr la ratificación del Tratado sobre el Derecho de Marcas de la OMPI, el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, así como otros acuerdos internacionales relacionados con los DPI;

36.

Insta a la Comisión a que adopte ulteriores medidas de conformidad con el resultado de la consulta pública de su Libro Verde «Aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos» (COM(2014)0469), relativo a una posible extensión de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas;

37.

Apoya el compromiso de la Comisión de dar prioridad a la promoción de una mayor protección de los DPI y el respeto de estos en la OMC y en cualquier otro foro internacional, abriendo así nuevos mercados para la industria europea de la exportación y mejorando el acceso actual a los mercados;

38.

Señala que la concesión del estatuto de economía de mercado en cuanto a instrumentos de defensa comercial depende, entre otros criterios, de la protección de la propiedad intelectual en el país en cuestión;

39.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que defiendan más eficazmente los DPI en todas las organizaciones multilaterales pertinentes (la OMC, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y que trabajen por la inclusión en el sistema de la OMC de aquellos acuerdos internacionales relacionados con los DPI que aún no forman parte de esta organización, como el Tratado sobre el Derecho de Marcas de la OMPI, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional;

40.

Considera que, en las negociaciones relativas a acuerdos bilaterales de libre comercio, ha de prestarse la atención adecuada a los capítulos sobre la propiedad intelectual y que las partes negociadoras deben reconocer que, en el contexto del derecho de libre empresa, se debe tener en cuenta el respeto de los DPI y el cumplimiento de los marcos jurídicos actuales; celebra el trabajo realizado hasta la fecha por la Comisión para integrar satisfactoriamente los capítulos sobre la protección y el respeto de la propiedad intelectual en los acuerdos bilaterales de libre comercio;

41.

Considera que la ratificación de los Tratados de la OMPI enumerados anteriormente para su integración en el sistema de la OMC debería incluirse en los acuerdos bilaterales de libre comercio celebrados por la Unión;

42.

Apoya el planteamiento de la Comisión de crear grupos de trabajo y establecer diálogos sobre la propiedad intelectual con países prioritarios con los que no hay negociaciones en curso, a fin de alcanzar y reforzar compromisos específicos en la protección y el respeto de la propiedad intelectual; recalca la necesidad de incluir los DPI en el orden del día de reuniones políticas de más alto nivel cuando no se realicen progresos a nivel de diálogos y reuniones interinstitucionales sobre la propiedad intelectual;

43.

Destaca que, siempre que sea posible, se debe fomentar la cooperación en materia de DPI entre la Unión y otros bloques regionales;

44.

Pide a la Comisión que recurra con más regularidad a los mecanismos de resolución de conflictos pertinentes, incluido el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, cuando se violen los derechos de los operadores económicos de la Unión, incluidos todos los titulares de DPI;

45.

Pide a la Comisión que aliente a los terceros países a reconocer recíprocamente el derecho a ejercer de los expertos jurídicos en materia de propiedad intelectual;

46.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros una mayor cooperación aduanera en la UE y con terceros países para la confiscación de las mercancías falsificadas y la simplificación de los procedimientos aduaneros;

47.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen de forma más estrecha con los terceros países en materia de derechos de autor y concesión de licencias;

48.

Expresa su convencimiento de que una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual y una aplicación eficaz de las normas conexas en los terceros Estados incitarían fuertemente a los inversores de la Unión Europea y de otros lugares a invertir, a compartir nuevas competencias tecnológicas y a modernizar las tecnologías existentes;

49.

Observa que algunos Estados miembros cuentan con agregados de la propiedad intelectual en sus delegaciones en ciertos países clave; cree que una mejor coordinación e intercambio de información entre los Estados miembros podría brindar nuevas oportunidades para alcanzar objetivos comunes en relación con la protección de la propiedad intelectual en terceros países;

50.

Considera que se ha de proteger especialmente, mediante una ampliación del mostrador sobre DPI, a los operadores económicos de la UE y a los consumidores de terceros países en los que son más comunes las vulneraciones de los DPI;

51.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/25

—

Vista la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (1) («Directiva relativa al respeto de los DPI»),

—

Visto el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (UE) no 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por el que se encomiendan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de congregar a representantes de los sectores público y privado en un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (2),

—

Visto el Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo,

—

Visto el informe de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), presentado en septiembre de 2013 y titulado «Los sectores intensivos en DPI: contribución a la economía y al empleo en la Unión Europea»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de junio de 2008, titulada «Pensar primero a pequeña escala — “Small Business Act” para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas» (COM(2008)0394),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, de 11 de septiembre de 2009, titulada «Mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior» (COM(2009)0467),

—

Vistos el informe de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, de 22 de diciembre de 2010, titulado «Aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual» (COM(2010)0779) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña (3),

—

Visto el resumen elaborado por la Comisión de las respuestas a la consulta pública sobre el tema «Respeto civil de los derechos de propiedad intelectual: consulta pública sobre la eficiencia de los procedimientos y la accesibilidad de las medidas», de julio de 2013 (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo, de 1 de julio de 2014, titulada «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: un Plan de acción de la UE» (COM(2014)0392),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 1 de julio de 2014, titulada «Comercio, crecimiento y propiedad intelectual. Estrategia para mejorar la protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países» (COM(2014)0389),

—

Vistos el plan de la Comisión de crear un mercado único digital europeo y la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre un mercado único digital competitivo (5),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 4 y 5 de diciembre de 2014, sobre el respecto de los DPI (6),

—

Vista la Resolución del Consejo sobre un plan de acción aduanero de la UE para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los años 2013 a 2017 (7),

—

Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior (8),

—

Vista la carta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 24 de marzo de 2011, relativa al informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE,

—

Visto el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0169/2015),

A.

Considerando que el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea hacen especial hincapié en la propiedad intelectual;

B.

Considerando que los derechos de propiedad intelectual (DPI) constituyen una de las fuerzas motrices de la innovación y la creatividad, y que contribuyen de manera esencial a la competitividad, al empleo y a la diversidad cultural; que la autenticidad de los productos no debe mezclarse siempre con cuestiones de seguridad y calidad de los productos, y que el respeto de los DPI también desempeña un papel importante en la tarea de garantizar la salud y la seguridad de los consumidores; que los ingresos obtenidos de la falsificación contribuyen generalmente a alimentar la economía sumergida y la delincuencia organizada;

C.

Considerando que la UE afronta un elevado número de vulneraciones de los DPI, y que el volumen y el valor financiero de estas vulneraciones son alarmantes, como afirma la Comisión en su informe sobre la aplicación de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (COM(2010)0779); que esas cifras ilustran asimismo el valor de los DPI para la economía europea en el marco de la competencia mundial;

D.

Considerando que las vulneraciones de los DPI, incluida la falsificación, perjudican al crecimiento, la creación de empleo, la innovación y la creatividad;

E.

Considerando que las vulneraciones de los DPI constituyen un perjuicio moral y económico para las empresas europeas y acarrean graves pérdidas económicas y fiscales para los Estados;

F.

Considerando que una protección adecuada de los DPI es un requisito previo para el desarrollo de la economía digital y del mercado único digital;

G.

Considerando que la rápida expansión del comercio electrónico y las actividades en línea ha modificado el modo en que debe considerarse el respeto de los DPI en el entorno digital, especialmente porque brinda nuevas posibilidades para la vulneración de estos derechos, entre otros motivos por los nuevos comportamientos sociales de los usuarios;

H.

Constatando con preocupación que, según el informe de la OAMI, entre una minoría importante de europeos existe un cierto nivel de tolerancia respecto a la idea de que las vulneraciones de los DPI puedan considerarse aceptables (9); que no se conoce suficientemente la importancia social y cultural de los DPI y de las acciones que se consideran una infracción de estos, y que existe un nivel importante de desconocimiento, especialmente entre los jóvenes europeos, sobre las posibles consecuencias de las vulneraciones de los DPI para la economía y la sociedad de la UE y la seguridad general de los ciudadanos; que es necesario y posible llevar a cabo campañas adecuadas de sensibilización e información entre los usuarios;

I.

Considerando que es necesario intensificar las medidas de lucha contra la venta ilegal de productos falsificados, y que nadie debería beneficiarse de las vulneraciones de los DPI;

J.

Considerando que el respeto de la ley es fundamental para la previsibilidad de la legislación, y que es primordial encontrar medios efectivos, proporcionados y disuasorios para que se respeten los DPI a nivel transfronterizo;

K.

Considerando que las vulneraciones de los DPI afectan especialmente a las pymes, también en los servicios entre empresas, y pueden conllevar la pérdida de mercados y conducir a la quiebra;

L.

Considerando que para imponer el respeto de los DPI es esencial tener en cuenta los aspectos internacionales, dado que la vulneración de estos constituye un fenómeno de envergadura mundial;

M.

Considerando que en las medidas que se adopten para luchar contra la infracción de los DPI deben tenerse en cuenta las vulneraciones tanto en línea como fuera de línea;

1.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión de 1 de julio de 2014 en la que se presenta un plan de acción sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual; apoya el enfoque que adopta de cara al respeto de los DPI, basado en acciones preventivas y herramientas políticas destinadas a privar a los infractores a escala comercial de sus ingresos y a dificultar la introducción en el mercado de bienes que vulneran la propiedad intelectual;

2.

Subraya que la responsabilidad primordial en materia de respeto de los DPI recae en las autoridades públicas de los Estados miembros;

3.

Destaca que el objetivo esencial del plan de acción debe ser garantizar el respeto efectivo y basado en pruebas de los DPI, que desempeña una función clave en el fomento de la innovación, la creatividad, la competitividad, el crecimiento y la diversidad cultural; observa que las medidas que se adopten para hacer respetar los DPI deben basarse en datos precisos y fiables;

4.

Subraya que en las épocas de crisis económica, en las que se recorta considerablemente el apoyo financiero al sector cultural, los DPI son en muchos casos una de las principales fuentes de ingresos de los creadores; subraya, por consiguiente, que un elemento esencial del plan de acción de la UE debe consistir en garantizar una remuneración justa para los creadores;

5.

Opina que, en aras de la innovación, la creatividad y la competitividad, es primordial garantizar que las medidas de protección de los DPI sean transparentes y que se informe plenamente al público y a todas las demás partes interesadas;

6.

Reconoce que el respeto de los DPI no es un mero vector de empleo y crecimiento en la Unión, sino que también resulta fundamental para el buen funcionamiento del mercado único —especialmente a la vista de factores como la cuota del PIB de la UE, el empleo y la gama de industrias que se benefician de los DPI y los explotan— y desempeña un papel fundamental en el fomento de la innovación, la creatividad, la competitividad y la diversidad cultural;

7.

Resalta que los DPI son garantes de la creatividad, la innovación y la competitividad de las industrias culturales y creativas, en particular, pero también de otros sectores industriales, como ha subrayado la Comisión en su Comunicación titulada «Por un renacimiento industrial europeo»; pide a la Comisión que siga teniendo presentes los DPI como factor de competitividad de la economía europea;

8.

Hace hincapié en que los DPI no son solo derechos de autor sino también marcas comerciales y patentes, entre otros, y que cada uno de estos elementos es fundamental para el valor de los bienes y servicios europeos;

9.

Observa que, según la Comisión, los sectores culturales y creativos, a menudo intensivos en DPI, representan hasta el 4,5 % del PIB y hasta 8,5 millones de puestos de trabajo en la UE y que no solo son esenciales para la diversidad cultural sino que, además, contribuyen de manera significativa al desarrollo social y económico;

10.

Opina que todos los agentes de la cadena de suministro pueden contribuir a la lucha contra la vulneración de los DPI y deben participar en este proceso; subraya que debe desarrollarse un enfoque en el que intervengan todos los agentes, tanto en el contexto virtual como fuera de línea; considera que, para que este enfoque tenga éxito, es necesario equilibrar los derechos fundamentales, ya que los operadores comerciales no pueden adoptar voluntariamente medidas que afecten a los derechos fundamentales, para las que se requiere una base jurídica y supervisión judicial;

11.

Recuerda que la participación de los agentes del entorno en línea en la lucha contra las violaciones de los DPI debe ser conforme con los principios de la Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre el comercio electrónico) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

12.

Señala que cada vez se comercian y se venden más bienes físicos falsificados que infringen los DPI en cibermercados, en los que la capacidad de las autoridades de los Estados miembros para controlar las ventas es limitada; hace hincapié en la necesidad de involucrar a los propietarios de las plataformas de mercado en todos los esfuerzos desplegados para que se respeten los DPI, incluidas las acciones destinadas a retirar bienes falsificados y a prohibir que los vendedores de dichos bienes tengan acceso a esas plataformas;

13.

Destaca la importancia de garantizar la aplicación de la diligencia debida en toda la cadena de suministro, incluida la cadena de suministro digital y todos sus agentes y operadores clave, como creadores, artistas y titulares de derechos, productores, intermediarios, proveedores de servicios de internet, plataformas de venta en línea, usuarios finales y autoridades públicas;

14.

Opina que la aplicación de la diligencia debida en toda la cadena de suministro y el aumento de la supervisión del mercado y del intercambio de información entre las autoridades aduaneras mejoraría el entorno de la actividad empresarial y contribuiría a impedir el acceso al mercado de bienes que vulneran la propiedad intelectual; subraya que la relación coste-beneficio y la eficacia de los sistemas de auditoría cualitativa han de evaluarse con detenimiento antes su implantación, y que a este respecto debería considerarse atentamente la facilitación de apoyo a las pymes;

15.

Señala asimismo el carácter incluyente de las propuestas de consulta de las partes interesadas sobre la aplicación del régimen de diligencia debida de la UE en toda la cadena de suministro, incluidos los proveedores de servicios de pago, a fin de evitar vulneraciones de los DPI, y pide que los resultados de las consultas y del régimen voluntario de diligencia debida de la UE le sean presentados anualmente en lugar de cada dos años;

16.

Pide a la Comisión que todas las consultas a las partes interesadas sean transparentes y oportunas, y que vele por el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados de las consultas y por su transmisión a las partes interesadas, incluidos el Parlamento y las demás instituciones de la UE;

17.

Destaca la importancia que revisten los acuerdos sectoriales y las guías de buenas prácticas para combatir la vulneración de los DPI; insta a los operadores del sector a que intercambien información sobre las plataformas que dan acceso a contenidos que vulneran los DPI, así como a que adopten medidas coordinadas y proporcionadas, como «aviso y cierre», para reducir los ingresos generados por dichos contenidos y plataformas; observa que tales medidas no deben incluir el bloqueo no autorizado judicialmente de sitios web;

18.

Señala que las plataformas «cyberlocker» son uno de los ejes más importantes de vulneración de los DPI, de los que, indirectamente, obtienen ingresos por publicidad o suscripciones;

19.

Acoge favorablemente el planteamiento de privar a los infractores de los DPI de sus ingresos mediante convenios entre los titulares de los derechos y sus interlocutores; apoya la elaboración de memorandos de acuerdo como medidas jurídicas no vinculantes para luchar contra la falsificación y la piratería, y respalda la idea de avanzar en el fomento de tales medidas entre las distintas partes interesadas; recomienda a la Comisión, a este respecto, que realice una investigación sobre la forma en que estas operaciones de falsificación están financiando de forma cruzada sus actividades (vendiendo productos falsificados y proporcionando contenido ilegal);

20.

Recuerda que, desde mayo de 2011, existe un Memorándum de Acuerdo voluntario sobre la venta de mercancías falsificadas a través de internet, y pide a la Comisión que evalúe los resultados de la aplicación de dicho memorando e informe al Parlamento;

21.

Considera que la Comisión también debe evaluar la eficacia de las iniciativas actuales y de posibles actividades futuras en lo relativo al papel de los intermediarios en la lucha contra las vulneraciones de los DPI;

22.

Señala que, en particular en el sector cultural y creativo, ha de fomentarse la cooperación, también sobre la base de la autorregulación, entre titulares de derechos, autores, operadores de plataformas, intermediarios y consumidores finales con objeto de detectar en una fase temprana posibles vulneraciones de los DPI; subraya que, en un futuro próximo, la Comisión habrá de evaluar la eficacia de dicha autorregulación, y que podría resultar necesario adoptar medidas legislativas adicionales;

23.

Hace hincapié en que, en el sector creativo y cultural, es necesario involucrar a los proveedores de servicios de pago en el diálogo a fin de reducir los beneficios generados por la vulneración de los DPI en línea;

24.

Recuerda la implicación de la delincuencia organizada en las actividades que vulneran los DPI a escala internacional, así como la importancia fundamental de ofrecer una solución europea coordinada, reforzando las medidas de control al tiempo que se aplica el principio «sigue la pista al dinero», a fin de proteger los intereses de los consumidores y la integridad de la cadena de suministro;

25.

Acoge favorablemente el enfoque adoptado por la Comisión respecto al desarrollo de campañas de concienciación específicas; considera esencial que las consecuencias concretas de las vulneraciones de los DPI para la sociedad en su conjunto, y para los consumidores y los ciudadanos en particular, sean comprendidas por todos; cree que debe informarse mejor a los consumidores acerca de lo que son los DPI, y de lo que puede hacerse y no hacerse con los bienes y los contenidos protegidos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan desarrollando acciones de concienciación dirigidas a determinados públicos y a los mercados pertinentes;

26.

Recomienda que se realice una campaña informativa más amplia con respecto a los titulares de derechos de propiedad intelectual y las autoridades con funciones coercitivas, de manera que los titulares de derechos contribuyan más activamente a defender sus derechos en la Unión Europea a través de la base de datos sobre cumplimiento integrada en la red segura de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera; solicita una integración adicional y más rápida con las autoridades policiales y otras autoridades aduaneras de todo el mundo con objeto de garantizar un mayor respeto de los DPI;

27.

Destaca la necesidad de dirigirse de forma específica a la generación joven a través de campañas de sensibilización adecuadas, habida cuenta de que, como indica un estudio reciente sobre la percepción de la propiedad intelectual, es la generación que más cuestiona los DPI;

28.

Insiste en la importancia de las iniciativas tendentes a evaluar y hacer un seguimiento de la evolución del conocimiento que se tiene sobre la comprensión y la percepción de la propiedad intelectual por parte de los jóvenes, a fin de comprender mejor sus necesidades y definir las acciones más adecuadas que aplicar;

29.

Acoge con satisfacción, en particular, el ahínco que el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, que alberga la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ha puesto en sensibilizar a los consumidores acerca de los beneficios de elegir productos que respeten los DPI y en facilitar el acceso a estos productos;

30.

Cree asimismo que es necesario que los consumidores estén mejor capacitados para identificar las ofertas ilícitas, de manera que puedan optar por no llevar a cabo una compra determinada; lamenta que el plan de acción de la Comisión no incluya ninguna medida diseñada para mejorar la capacidad de los consumidores para identificar los bienes y contenidos infractores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan reflexionando sobre el desarrollo de herramientas y directrices específicas, y que examinen, sobre la base de datos concretos, y establezcan, en su caso, un sistema europeo armonizado de notificación/retirada de bienes y contenidos ilícitos, a fin de que los consumidores y las empresas puedan tomar medidas cuando se les induce a error del mismo modo que pueden actuar para notificar contenidos indeseables, sobre la base de las experiencias recabadas por la Comisión y el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, especialmente en lo que atañe a la puesta en común de buenas prácticas;

31.

Observa que el sistema de notificación y retirada, URL por URL, de contenidos que vulneran los DPI tiene limitaciones prácticas dada la velocidad a la que se pueden volver a poner a disposición los contenidos en cuestión; insta, por lo tanto, a los operadores del sector a que empiecen a reflexionar sobre cómo lograr que el sistema de notificación y retirada sea más eficaz a largo plazo;

32.

Señala que todos los agentes que forman parte de la cadena de distribución deberían cooperar en la realización de campañas de información que ofrezcan a los consumidores información sobre sus derechos y obligaciones al tiempo que acceden y utilizan fácilmente contenidos creativos;

33.

Considera que solo se podrán lograr efectivamente una mayor transparencia y una información mejor con la colaboración de los grandes agentes de internet que canalizan los contenidos protegidos por DPI y que conviene, por tanto, hacerlos partícipes de esta voluntad de transparencia y circulación de la información;

34.

Insiste en la necesidad de coordinar iniciativas y campañas en todos los Estados miembros con el fin de evitar la duplicación de actividades y garantizar la coherencia y la eficacia;

35.

Pide a las autoridades de los Estados miembros que garanticen que los bienes que infringen los DPI y supongan un riesgo para la seguridad se incluyan en las notificaciones del sistema RAPEX, independientemente de que dichos bienes se vendan de manera legal o ilegal en el Estado miembro en cuestión;

36.

Considera que, en determinados sectores, el desconocimiento por parte de los consumidores de la existencia de ofertas legales o el hecho de que, en ocasiones, sea difícil o resulte caro acceder a productos y contenidos no infractores dificultan la labor de disuadir a los consumidores de adquirir bienes ilícitos o de utilizar contenidos ilícitos; opina que se deberían llevar a cabo más avances en este ámbito, y reitera su petición de que la Comisión y los Estados miembros ejerzan más presión sobre las empresas para que desarrollen, en todos los Estados miembros, ofertas lícitas diversificadas a la par que atractivas, de modo que los consumidores tengan realmente la oportunidad de adquirir bienes lícitos y de utilizar contenidos lícitos;

37.

Hace hincapié en la necesidad de un enfoque más holístico centrado en la satisfacción de la demanda del consumidor mediante el incremento de la disponibilidad y el consumo de ofertas legales, innovadoras y asequibles, basadas en modelos empresariales adaptados a internet que permitan eliminar los obstáculos a la creación de un auténtico mercado único digital europeo, pero que mantengan un justo equilibrio entre los derechos de los consumidores y la protección de los innovadores y los creadores;

38.

Considera que el desarrollo de modelos empresariales innovadores puede ser una manera de reforzar los DPI; hace hincapié asimismo en que, a este respecto, debe reconsiderarse una mejora y una adaptación permanente de dichos modelos a la tecnología en constante desarrollo para determinados sectores de la industria;

39.

Hace hincapié en la importancia de mejorar los procedimientos civiles de protección de la propiedad intelectual en beneficio de las pymes y de todos los creadores individuales, dado que estos desempeñan una función clave en los sectores creativo y cultural y que, a menudo, no disponen de las capacidades necesarias para que se respeten sus derechos, debido a la complejidad, el coste y la duración de dichos procedimientos;

40.

Acoge favorablemente la intención manifestada por la Comisión de asistir a las pymes en la tarea de velar por el respeto de sus DPI mejorando para ello las vías de recurso en el ámbito civil para combatir mejor el abuso del mercado por parte de los competidores de mayor tamaño y, en particular, de evaluar en mayor medida las necesidades de estas empresas de cara a las actuaciones de la UE en el futuro;

41.

Acoge favorablemente la decisión de la Comisión recogida en su Comunicación de 1 de julio de 2014 sobre un plan de acción de la UE, y más concretamente la Acción 4, que tiene como finalidad mejorar los procedimientos civiles de protección de la propiedad intelectual para las pymes, en particular en lo que respecta a las demandas de escasa cuantía y a las posibles medidas en este ámbito.

42.

Hace hincapié en que para las pymes resulta esencial disponer de estructuras claras y manejables para el respeto de sus DPI;

43.

Pide a la Comisión que se asegure de que las medidas que se adopten ejerzan un efecto limitado en lo que se refiere a las cargas y los costes impuestos a las pymes; pide, en particular, a la Comisión que siga evaluando el modo en que las pymes podrían participar en sistemas de auditoría cualitativa, y que determine qué medidas concretas podrían adoptarse a favor de las pymes para atender tal objetivo;

44.

Insiste en la necesidad de tener en cuenta a las pymes al elaborar la legislación, y reitera que el principio de «pensar primero a pequeña escala» debe aplicarse en todas las ocasiones;

45.

Subraya la importancia del acceso a la justicia y de la relación coste-eficacia de los procedimientos judiciales, sobre todo en el caso de las pymes, y aboga por el desarrollo de servicios de mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de disputas entre empresas en el ámbito de los DPI;

46.

Insiste en la importancia de proceder periódicamente a un análisis de los factores que llevan a las pymes a hacer uso o no de sus DPI, a fin de identificar dónde pueden aportarse mejoras, ya se trate de pymes innovadoras o de pymes que se enfrentan a problemas, en particular, en el ejercicio de sus DPI;

47.

Espera recibir a finales de 2015 la información sobre las iniciativas nacionales existentes relativas a los procedimientos civiles dirigidos a proteger los DPI de las pymes; acoge con satisfacción el anunciado Libro Verde sobre la conveniencia de que la UE adopte medidas basadas en las mejores prácticas identificadas en los regímenes financiados a nivel nacional para ayudar a las pymes a hacer respetar sus DPI;

48.

Expresa su satisfacción respecto al desarrollo de las actividades del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, como soporte útil para la reflexión de los responsables políticos y herramienta para recabar e intercambiar datos e información sobre todas las formas de vulneración de los DPI;

49.

Hace hincapié en que el cometido de la OAMI de obtener datos de la industria que documenten infracciones de los DPI y de generar datos y análisis fiables sobre las verdaderas consecuencias que las infracciones tienen para los agentes económicos debe formar parte del plan de acción de diez puntos y servir de base a futuras acciones en los distintos sectores más afectados; pide a la Comisión, en este sentido, que mejore la base de datos de la herramienta de apoyo a la investigación relativa a la lucha contra la falsificación (ACIST), elaborada por la OAMI, para poder ofrecer así información sobre los falsificadores y evitar la adquisición de bienes falsificados por las autoridades contratantes;

50.

Subraya que, para que se respeten debidamente los DPI, toda la información sobre el tipo de DPI de que se trate en cada caso (por ejemplo, patente, marca comercial y derechos de autor), sobre la situación de validez de estos derechos y sobre la identidad de los propietarios debe estar disponible y ser accesible, y ello también en forma de metadatos en caso de archivos digitales;

51.

Pide a la Comisión que haga pleno uso de los datos recabados por el Observatorio, así como de los resultados de las actividades de este órgano, con el fin de extraer conclusiones y proponer soluciones para la mejora del respeto de los DPI que puedan utilizar los responsables políticos; pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento de estas cuestiones;

52.

Señala que la formación para el desarrollo de la protección sectorial de los DPI a nivel nacional es fundamental, como lo es el papel que desempeñará el Observatorio para ayudar a formar a las autoridades de los Estados miembros e intercambiar las mejores prácticas, en particular promoviendo campañas rentables accesibles por medios electrónicos y coordinándolas con las agencias y los organismos pertinentes;

53.

Acoge favorablemente el establecimiento por la Comisión de un grupo de expertos sobre el respeto de los DPI, y solicita a la Comisión que vele por que el Parlamento y, cuando proceda, el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, participe más estrechamente en los trabajos del grupo y se le pida, en particular, que envíe expertos a las reuniones de dicho grupo;

54.

Acoge favorablemente la publicación del informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva relativa al respeto de los DPI (10), si bien señala que solo pueden extraerse conclusiones limitadas en ciertos aspectos debido a la tardía transposición de la Directiva por parte de algunos Estados miembros; pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis ulterior del impacto de la Directiva, sobre todo en lo que atañe a la innovación y el desarrollo de la sociedad de la información, conforme se requiere en su artículo 18, apartado 1, y solicita el Parlamento en su mencionada Resolución de 22 de septiembre de 2010; recuerda, sin embargo, que la Comisión identificó otros aspectos relativos al respeto de los DPI, como, por ejemplo, la función de los intermediarios en la lucha contra las infracciones, lo que también puede resultar útil en la lucha contra los abusos;

55.

Toma nota del informe de la Comisión en el que se indica que, en determinados aspectos, la Directiva relativa al respeto de los DPI no está en consonancia con la era digital y resulta insuficiente para combatir las vulneraciones en internet; pide a la Comisión que ofrezca una evaluación pormenorizada de las limitaciones del marco jurídico vigente en lo que atañe a las actividades en línea y, en su caso, que formule propuestas para la adaptación del marco legislativo de la UE al entorno de internet; insiste en que se lleve a cabo un estudio exhaustivo sobre las repercusiones de esas posibles propuestas;

56.

Toma nota de la conclusión según la cual las interpretaciones divergentes de ciertas disposiciones de la Directiva dan lugar a diferencias en su aplicación en los Estados miembros, y pide a la Comisión que tome medidas para corregir los problemas identificados en el informe, incluida una aclaración adicional de la Directiva;

57.

Reitera su llamamiento a favor de una estrategia en materia de DPI, incluido un marco jurídico global para luchar contra las vulneraciones de los DPI que esté adaptado al entorno de internet, dentro del pleno respeto de los derechos y de las libertades fundamentales, el derecho a un juicio justo, el principio de proporcionalidad y la protección de datos; considera que hay una necesidad imperiosa de proteger jurídicamente las nuevas creaciones, habida cuenta de que estas fomentan las inversiones y conducen a nuevas innovaciones;

58.

Hace hincapié en que toda la legislación relacionada con los DPI debe reflejar el desarrollo de la era digital y tener en cuenta el entorno virtual y los diversos medios de distribución, garantizando un enfoque equilibrado que represente los intereses de todas las partes implicadas, en particular de los consumidores y de su derecho de acceso al contenido, promoviendo al mismo tiempo la innovación, así como a los artistas y a los creadores, en Europa;

59.

Reitera la necesidad de un marco moderno sobre los derechos de autor, que favorezca la competencia y sea respetuoso con el consumidor, y que apoye asimismo la creatividad y la innovación garantizando un entorno seguro y adecuado para los inventores y los creadores;

60.

Subraya que el sector cultural y creativo de la Unión es un motor de desarrollo social y económico y de creación de empleo en Europa, a la vez que recuerda que los creadores, diseñadores e instituciones que dependen de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor también contribuyen de forma notable al crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo en la UE; subraya que cualquier iniciativa legislativa de modernización de los derechos de autor debe basarse en pruebas independientes con respecto a la repercusión en el crecimiento y el empleo —en particular por lo que se refiere a las pymes en el sector cultural y creativo—, el acceso a los conocimientos y la cultura, y los posibles costes y beneficios;

61.

Insiste en el importante papel desempeñado por las autoridades aduaneras y por la cooperación internacional en materia aduanera en la lucha contra la vulneración de los DPI en el comercio transfronterizo, y resalta la necesidad de apoyar y facilitar el trabajo de los servicios aduaneros que cooperan entre sí, aclarando las normas operativas, en particular para que este trabajo posibilite el ejercicio efectivo del control de las mercancías que transitan por el territorio de la UE;

62.

Solicita a la Comisión que, al aplicar el plan de acción sobre la defensa de los DPI, tenga en cuenta iniciativas afines y, en especial, el plan de acción aduanero de la UE para luchar contra la vulneración de los DPI y la estrategia para la protección y el respeto de los DPI en terceros países;

63.

Pide que se aumente la supervisión del mercado, la gestión de riesgos y la distribución de información entre las autoridades aduaneras sobre las cuestiones planteadas en el contexto del respeto de los DPI por parte de los servicios aduaneros, por ejemplo, en relación con el almacenamiento y la destrucción de bienes infractores;

64.

Insiste en la importancia de una colaboración estrecha y un intercambio de información entre las autoridades aduaneras, de vigilancia de los mercados y judiciales, así como en la importancia de una formación adecuada de las mismas;

65.

Destaca el papel esencial que desempeñan las autoridades públicas a todos los niveles, incluidos el nivel local, regional y nacional, mediante la contratación y la adquisición, y alaba el propósito de la Comisión de elaborar, promover y publicar una guía de mejores prácticas para evitar, a todos los niveles, que las autoridades públicas adquieran bienes falsificados;

66.

Acoge con satisfacción el Libro Verde propuesto por la Comisión para consultar a las partes interesadas acerca de la incidencia de los regímenes de contracargo y similares a fin de luchar contra las vulneraciones de los DPI a escala comercial y evaluar la necesidad de tomar medidas más concretas en este ámbito, tanto en el contexto virtual como fuera de línea; considera que la introducción de un derecho de contracargo a escala de la UE para todos los bienes falsificados adquiridos de forma involuntaria podría tener un beneficio positivo para los consumidores y animaría a los comerciantes a comprobar los bienes antes de ponerlos en venta;

67.

Apoya la importancia que el plan de acción concede a la cooperación con los Estados miembros y a la puesta en común de información y mejores prácticas, así como a las actividades de coordinación de la protección transfronteriza;

68.

Hace hincapié en que, para fomentar la innovación y la competitividad en los sectores de la Unión basados en el conocimiento, de manera compatible con los DPI, es necesario estimular la investigación abierta y el intercambio de conocimientos, que también se identifican como elementos clave en las estrategias «Una Europa Global» y «Europa 2020»;

69.

Hace hincapié en la necesidad de contar con sistemas de detección precisos que acaben rápidamente con las actividades de vulneración de los DPI a escala comercial;

70.

Indica que los ingresos generados por el uso de los DPI constituyen una importante fuente de financiación externa para proyectos de investigación y, por lo tanto, un impulso para la innovación y el desarrollo, así como para la cooperación entre universidades y empresas;

71.

Pide una rápida aplicación del plan de acción, de modo que, en caso necesario, las medidas requeridas para hacer respetar los DPI, en particular en el sector cultural y creativo, puedan adaptarse en un futuro próximo para atender a las necesidades reales;

72.

Solicita a la Comisión que evalúe la ejecución de cada una de las acciones presentadas en el plan de acción, y que informe de estas al Parlamento, a más tardar en julio de 2016;

73.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/35

—

Vistas sus Resoluciones, de 13 de diciembre de 2012, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones del nuevo acuerdo entre la UE y Rusia (1), de 12 de septiembre de 2013, sobre la presión ejercida por Rusia sobre los países de la Asociación Oriental (en el marco de la próxima cumbre de la Asociación Oriental en Vilna) (2), de 6 de febrero de 2014, sobre la Cumbre UE-Rusia (3), de 18 de septiembre de 2014, sobre la situación en Ucrania y el estado de las relaciones UE-Rusia (4), y de 12 de marzo de 2015 sobre el asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y el estado de la democracia en Rusia (5),

—

Vistas las conclusiones y declaraciones del Consejo Europeo, del Consejo de Asuntos Exteriores y de los dirigentes del G7 en los últimos dieciocho meses sobre la situación en Ucrania y sobre las relaciones con Rusia,

—

Vistos los Acuerdos alcanzados en Minsk los días 5 y 19 de septiembre de 2014 y el 12 de febrero de 2015 (6),

—

Vista la Declaración, de 5 de septiembre de 2014, de la Cumbre de la OTAN celebrada en Gales,

—

Vistas las Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de marzo de 2014 (7) y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de febrero de 2015 (8),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0162/2015),

A.

Considerando que la UE ha luchado durante años para establecer en beneficio mutuo una asociación estratégica con Rusia basada en valores y principios compartidos, como por ejemplo la democracia y el Estado de Derecho, y en intereses comunes; considerando que la UE sigue abierta a dicha relación y al diálogo que conduzca a la misma, y desea retomar una relación de cooperación con Rusia, siempre y cuando las autoridades de este país cumplan con sus obligaciones internacionales;

B.

Considerando que, como reacción a la violación de la integridad territorial de Georgia por Rusia en 2008, y a pesar de ella, a la ocupación continuada de las regiones georgianas de Abjazia y Tsjinvali/Osetia del Sur, y al incumplimiento por parte de Rusia de todas sus obligaciones con arreglo al acuerdo de alto el fuego de 2008, la UE optó por un modelo de mayor cooperación como forma de proseguir con el compromiso con Rusia en beneficio mutuo; que, en lugar de adoptar medidas restrictivas, se iniciaron o intensificaron una serie de iniciativas para una cooperación más estrecha, como la creación de espacios comunes, la Asociación para la modernización, las negociaciones sobre un nuevo acuerdo entre la UE y Rusia, y el diálogo en materia de derechos humanos;

C.

Considerando que, por su anexión ilegal de Crimea, una acción enérgicamente condenada por la UE y no reconocida, por mantener un conflicto armado con Ucrania, con la participación directa e indirecta de militares y servicios de seguridad, y por desestabilizar de forma deliberada un país soberano vecino e independiente, Rusia ha dañado profundamente su relación con la UE, poniendo en entredicho los principios básicos de la seguridad de Europa, no respetando las fronteras e incumpliendo sus compromisos internacionales, en particular en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, del Acta Final de Helsinki, del Memorando de Budapest, la Carta de Paris por una Nueva Europa de 1990 y del Tratado bilateral de Amistad, Cooperación y Asociación; considerando que se ha deteriorado gravemente la situación humanitaria en Crimea y en el este de Ucrania, con miles de muertos;

D.

Considerando que Rusia está, directa o indirectamente, implicada en una serie de «conflictos enquistados» en su vecindad — en Transdniéster, Osetia del Sur, Abjazia y Nagorno Karabaj — que constituyen graves obstáculos para el desarrollo y la estabilidad de los países vecinos de que se trata y para su acercamiento a la Unión Europea;

E.

Considerando que la Federación de Rusia ha confeccionado una lista negra de 89 funcionarios y políticos de la UE —entre los cuales algunos actuales y antiguos diputados al Parlamento Europeo—, negándoles la entrada en Rusia;

F.

Considerando que Rusia, en contra del espíritu de las relaciones de buena vecindad y vulnerando el Derecho y las normas internacionales, ha emprendido, sobre la base de una doctrina por la que se considera con derecho a proteger a sus nacionales en el extranjero, acciones de forma deliberada con el objetivo de desestabilizar a sus vecinos mediante embargos comerciales ilegales y la celebración de tratados de integración con regiones separatistas y secesionistas;

G.

Considerando que, en respuesta a la ilegal anexión de Crimea y a la guerra híbrida lanzada contra Ucrania por parte de Rusia, la UE ha adoptado una serie de medidas restrictivas por etapas; considerando que, como reacción a la agresión de Rusia, otros países han adoptado sanciones similares;

H.

Considerando que debe buscarse una relación constructiva a largo plazo entre la UE y Rusia, en el interés de ambas partes, con el fin de hacer frente a los retos globales comunes, tales como el cambio climático, los nuevos avances tecnológicos y la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la delincuencia organizada; considerando que la cooperación entre la UE y Rusia ha obtenido logros positivos en algunos ámbitos, como la Dimensión Septentrional y la cooperación transfronteriza; considerando que Rusia ha tenido una actitud constructiva en las recientes negociaciones con Irán;

I.

Considerando que estas medidas restrictivas específicas no van dirigidas contra el pueblo ruso, sino contra determinadas personas y empresas vinculadas a los dirigentes rusos, que están aprovechando la actual tensión en Ucrania, en los sectores económicos y de defensa, y que tienen por objeto propiciar un cambio en las políticas del Gobierno ruso y en sus acciones con respecto a la vecindad común; considerando que las sanciones por desestabilizar el este de Ucrania podrán levantarse cuando Rusia haya aplicado plenamente lo dispuesto en los Acuerdos de Minsk; considerando que las sanciones deben ser reforzadas en caso de que Rusia decida seguir desestabilizando Ucrania y mermando su integridad territorial directa o indirectamente; considerando que las sanciones relacionadas con la anexión ilegal de Crimea se mantendrán hasta que la península no se devuelva a Ucrania;

J.

Considerando que la Federación de Rusia, como miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha comprometido a regirse por los principios de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos; considerando que la UE ha apoyado decididamente la adhesión y la participación de Rusia en diferentes foros e instituciones internacionales, como el G8, el G20 y la OMC; considerando que la inclusión de Rusia en estos organismos ha creado tensiones, debido a la reiterada violación de normas por parte de Rusia, por ejemplo, por su incumplimiento de las normas y obligaciones de la OMC (mediante la introducción de varias medidas discriminatorias contra determinados Estados miembros de la UE y otros países vecinos) y por el hecho de no haber aplicado más de un millar de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni haber garantizado derechos humanos básicos; considerando que las consultas sobre derechos humanos entre la UE y Rusia no han sido concluyentes ni han alcanzado resultados concretos;

K.

Considerando que el Estado de Derecho, como uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, no solo implica el respeto de la democracia y los derechos humanos, sino también la observancia del Derecho internacional, la garantía de que la Ley se ejecuta y aplica de forma justa, así como la independencia e imparcialidad del poder judicial; considerando que estas condiciones no se cumplen en Rusia, donde las autoridades no respetan el Estado de Derecho ni los derechos fundamentales, y donde se ha producido un deterioro de los derechos políticos, de las libertades civiles y de la libertad de los medios de comunicación en los últimos años; considerando que recientemente se ha aprobado legislación con disposiciones ambiguas que se están empleando para imponer nuevas restricciones a los miembros de la oposición y de la sociedad civil; considerando que la reciente adopción de la ley que penaliza la denominada «propaganda homosexual» ha conducido a un aumento de la homofobia y de la violencia e incitación al odio anti-LGBTI, fenómenos que las autoridades no han abordado; considerando que, a raíz de la anexión ilegal de Crimea, el respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, reunión y asociación, ha sufrido un importante deterioro en la península que ha afectado especialmente a la comunidad tártara de Crimea;

L.

Considerando que Alexéi Navalni, un destacado dirigente de la oposición, ha sido acusado y condenado sobre la base de pruebas manipuladas y es objeto de continua intimidación y acoso, incluso mediante el encarcelamiento de su hermano; considerando que al partido que preside (Partido del Progreso) se le impide participar en las próximas elecciones parlamentarias; considerando que Nadia Savchenko, diputada al Parlamento ucranio, se encuentra detenida ilegalmente en Rusia, lo que viola la legislación internacional;

M.

Considerando que el Índice de Percepción de la Corrupción coloca a Rusia en el puesto 136, de un total de 175 países, por lo que Rusia constituye una grave preocupación en materia de corrupción internacional y blanqueo de capitales lo que, a su vez, es una amenaza para las economías europeas y su integridad;

N.

Considerando que Rusia recurre activamente a la guerra híbrida, desdibujando deliberadamente los límites entre la actividad militar/paramilitar y el activismo político;

O.

Considerando que el índice mundial de la libertad de los medios de comunicación en 2014 sitúa a la Federación de Rusia en el puesto 148 de un total de 180 países; considerando que se ha ampliado e incrementado de manera significativa la financiación de los medios de comunicación controlados por el Estado; considerando las iniciativas y actividades de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones independientes de la sociedad civil, los opositores políticos, los medios de comunicación independientes y los ciudadanos de a pie; considerando que el margen para la expresión de opiniones independientes y plurales se ha reducido y se encuentra bajo amenaza constante; considerando que la Dotación Europea para la Democracia aborda la cuestión de la pluralidad de los medios de comunicación rusos y que, junto con sus socios, ha sido invitada a desarrollar nuevas iniciativas relativas a los medios de comunicación;

P.

Considerando que las acciones irresponsables de cazas de Rusia cerca del espacio aéreo de los Estados miembros de la UE y la OTAN pone en peligro la seguridad de los vuelos civiles y podría suponer una amenaza para la seguridad del espacio aéreo europeo; considerando que, con fines de provocación, Rusia ha llevado a cabo maniobras militares a gran escala en la vecindad inmediata de la UE, al tiempo que se han hecho públicas amenazas de ataques militares e incluso nucleares rusos; considerando que Rusia ha suspendido su participación en las negociaciones del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa e incumplido el Tratado de eliminación de misiles nucleares de mediano y corto alcance;

Q.

Considerando que la energía, que desempeña un papel central y estratégico en las relaciones UE-Rusia, es un instrumento clave de la política exterior rusa; considerando que la capacidad de reacción de la UE a las presiones externas puede lograrse mediante la diversificación del abastecimiento energético y la reducción de la dependencia energética de Rusia; considerando que la UE ha de hablar con una sola voz y mostrar una firme solidaridad interna cuando se trata de su seguridad energética;

R.

Considerando que la Federación de Rusia ha fomentado activamente la Unión Económica Euroasiática; que este proyecto de integración económica no debe verse como competencia con la Unión Europea;

1.

Reitera que la participación directa e indirecta de Rusia en el conflicto armado en Ucrania, la anexión ilegal de Crimea, la violación de la integridad territorial de Georgia y la coerción económica y desestabilización política de sus vecinos europeos constituyen una infracción deliberada de los principios democráticos, de los valores fundamentales y del Derecho internacional; considera que, en este contexto, la UE no puede prever un regreso al statu quo y no tiene más opción que llevar a cabo una reevaluación crítica de sus relaciones con Rusia, lo que incluye la elaboración, en el plazo más breve posible, de un plan de contingencia para contrarrestar las políticas agresivas y divisorias llevadas a cabo por Rusia y un plan global sobre sus futuras relaciones con este país y con sus socios de la Europa Oriental; subraya que la resolución del conflicto en el este de Ucrania solo puede ser de naturaleza política;

2.

Subraya que, en este contexto, Rusia, debido a sus propias actuaciones en Crimea y en el este de Ucrania, ya no puede seguir siendo tratada o considerada como un «socio estratégico»; señala que las asociaciones estratégicas deben basarse en la confianza mutua y en el respeto del Derecho internacional, que se basa en la democracia, la soberanía del Estado y la libertad de elección del ordenamiento constitucional interno y de las orientaciones de la política exterior, la integridad de las fronteras del Estado y el respeto del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de los principios del comercio y la diplomacia internacionales;

3.

Expresa su profunda preocupación por el hecho de que Rusia ahora se posiciona y actúa abiertamente como un rival para la comunidad democrática internacional y su ordenamiento jurídico, con el objetivo de redefinir fronteras dentro de Europa por la fuerza; manifiesta su alarma por el creciente ambiente de odio dirigido a militantes de la oposición, defensores de los derechos humanos, minorías y naciones vecinas, y por el deterioro de la situación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Rusia; condena la intimidación de las voces críticas mediante actos violentos, juicios, encarcelamientos y otras medidas por parte del Estado;

4.

Condena la medida arbitraria de prohibir a funcionarios y políticos de la UE el acceso a territorio ruso, y destaca que los líderes rusos infringen reiteradamente el Derecho internacional, vulnerando normas universales y obstaculizando la transparencia; considera que esta actuación es contraproducente y perjudicial para los ya maltrechos canales de comunicación entre la Unión Europea y Rusia; insiste en que los funcionarios y políticos de la UE incluidos en la lista deberían ser informados de las razones de la prohibición de su entrada en territorio ruso y tener derecho a recurrir dicha decisión ante un tribunal independiente;

5.

Considera que, a la larga, es posible y deseable en beneficio mutuo una relación entre la UE y Rusia que sea constructiva y predecible, en especial en vista de las relaciones políticas, comerciales, de transporte y energéticas existentes, incluidas las relaciones a través de Erasmus + y las medidas comunes (9), la cooperación transfronteriza, el cambio climático, el medio ambiente, la cooperación sectorial, habida cuenta de que la reciprocidad de las sanciones es perjudicial para ambas economías, de que deben abordarse los retos e intereses comunes en el escenario mundial, y de que el carácter divisorio de la percepción de la seguridad en Europa puede superarse mediante un mayor diálogo; acoge con satisfacción, a este respecto, el resultado positivo de la cooperación UE-Rusia en diversos ámbitos, como la lucha contra el terrorismo, el extremismo y la delincuencia organizada, la asociación de la dimensión septentrional y las conversaciones nucleares con Irán, así como en el proceso de paz en Oriente Próximo; pide a Rusia que participe de manera constructiva en la búsqueda de una solución al conflicto en Siria;

6.

Subraya que, en lo sucesivo, las relaciones entre la UE y Rusia deben basarse en el respeto del Derecho internacional y en un diálogo en virtud del cual la UE estaría dispuesta a comprometerse de nuevo y a relanzar la cooperación con las autoridades de Moscú en un determinado número de ámbitos concretos de interés mutuo; subraya que se contemplaría la reanudación de la cooperación a condición de que Rusia respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea, aplique plenamente los Acuerdos de Minsk (que incluyen el pleno control de la frontera por las autoridades ucranianas, la retirada incondicional de las tropas rusas y de su armamento, y el fin inmediato de la ayuda a grupos rebeldes), y cese en sus desestabilizadoras actividades militares y de seguridad en las fronteras de los Estados miembros de la UE; destaca que la OSCE ha demostrado ser una estructura capaz de prestar una contribución a la resolución de la crisis; destaca que dicha cooperación potencialmente renovada no debe llevarse a cabo a expensas de los principios internacionales, de los valores europeos y de las normas y compromisos internacionales; subraya que la UE debe definir claramente sus expectativas con respecto a Rusia, especialmente en lo que se refiere a respetar el Derecho internacional y los compromisos contractuales y a actuar como socio fiable, las medidas que va a tomar después del 31 de diciembre de 2015 en caso de que Rusia no respete sus compromisos (o antes de esa fecha si se producen graves acontecimientos sobre el terreno), y la reanudación de la cooperación que estaría dispuesta a ofrecer en caso de cumplimiento; destaca que esta cooperación debe atenerse plenamente a las normas internacionales de derechos humanos;

7.

Elogia la unidad y la solidaridad demostradas por los Estados miembros en el contexto de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y su participación directa en la guerra en Ucrania, lo que permite la adopción y posterior ampliación de medidas de respuesta, y su vinculación a la plena aplicación de los Acuerdos de Minsk; pide a los Estados miembros que consideren como prioridad absoluta la preservación de esta unidad y se abstengan de establecer relaciones bilaterales y de celebrar acuerdos que puedan dañar esta unidad o que puedan interpretarse de ese modo; reitera que la unidad de acción y la solidaridad entre los Estados miembros y con los países candidatos es fundamental para garantizar la credibilidad, legitimidad y eficacia de las políticas de la UE y su capacidad para hacer frente a los retos y presiones del exterior, al tiempo que se fomenta una relación más profunda y una mayor colaboración con los países de la Asociación Oriental;

8.

Subraya, a este respecto, que la profundización de la integración de la UE y la coherencia entre sus políticas interiores y exteriores es la clave de una política exterior y de seguridad de la UE más coherente, efectiva y coronada por el éxito, en especial con respecto a Rusia; pide, por tanto, a los Estados miembros que prosigan e intensifiquen sus esfuerzos en pos de la eliminación efectiva de los cuellos de botella en los procesos de toma de decisiones y que trabajen, junto con los países candidatos, por la consolidación de las políticas comunes, en particular en los ámbitos del comercio, los servicios y transacciones en el ámbito financiero, la migración, la energía, la gestión de las fronteras exteriores, la información y la ciberseguridad;

9.

Reitera su petición a la UE y a los Estados miembros de que hagan pleno uso de las disposiciones e instrumentos del Tratado de Lisboa con miras a reforzar la creación y el carácter estratégico de la política exterior y de seguridad común de la Unión; tiene además la firme convicción de que el papel central de los derechos humanos en todos los aspectos de la acción exterior de la UE es una condición previa para garantizar su papel respetable y creíble como agente en la escena mundial;

10.

Reitera su convencimiento de que la energía es un elemento significativo de la política exterior de la UE; apoya, por lo tanto, firmemente la rápida creación de una Unión Europea de la Energía sólida, en particular la interconexión de las redes energéticas nacionales con el fin de reducir considerablemente la dependencia de los distintos Estados miembros con respecto a los proveedores exteriores de energía, en particular Rusia; tiene la firme convicción de que los retos que supone la solidaridad europea y su vulnerabilidad, y la exposición de cada Estado miembro y país candidato al uso de la energía como moneda de cambio política y diplomática solo puede combatirse eficazmente mediante la plena aplicación de toda la legislación de la UE en materia de energía, en particular a través de la aplicación del tercer paquete de la energía y la realización de un mercado interior europeo de la energía que sea libre, transparente, integrado, sincronizado, eficiente desde el punto de vista energético —con una proporción adecuada de energías renovables —, resistente y con una oferta diversificada, y al que debe aplicarse de forma inequívoca la legislación en materia de competencia; pide a la Unión Europea que preste asistencia a las Partes Contratantes de la Comunidad de la Energía que se han comprometido a aplicar el acervo de la UE en materia de energía, con miras a mejorar su posición negociadora ante los proveedores exteriores de energía;

11.

Hace hincapié en la necesidad e importancia que reviste la suspensión de la cooperación con Rusia en el sector de la defensa habida cuenta de su actitud agresiva y pide a los Estados miembros y a los países candidatos que se abstengan de adoptar cualquier decisión que pueda poner en peligro esta postura unitaria; es de la opinión de que, a pesar de su carácter bilateral, los acuerdos en el ámbito de la cooperación en materia de defensa con Rusia deben evaluarse atentamente a escala de la UE, con miras a la definición de un planteamiento coherente y adecuado; toma nota de la importancia de la cooperación entre la UE y la OTAN a este respecto;

12.

Pone de manifiesto su profunda preocupación por las cada vez mayores restricciones a la libertad de los medios de comunicación y de Internet, el refuerzo del control sobre los medios de comunicación en línea, los medios coercitivos contra el periodismo imparcial, el deterioro de los estándares periodísticos en Rusia, así como el creciente monopolio que ejercen los medios de comunicación estatales sobre la información a disposición de las audiencias rusófonas del extranjero; condena la prohibición de las emisiones de los canales de televisión ucranianos y tártaros en Crimea;

13.

Reitera su llamamiento en favor del refuerzo de las capacidades de análisis y de seguimiento de la propaganda de Rusia, especialmente en lengua rusa, a fin de poder identificar y responder con rapidez y de manera adecuada a la información intencionadamente sesgada que se difunde en varias lenguas de la UE; pide a la Comisión que ponga a disposición sin demora financiación adecuada para proyectos concretos destinados a hacer frente a la propaganda y desinformación rusa en la UE y fuera de ella, que facilite información objetiva al público en general en los países de la Asociación Oriental y que desarrolle los instrumentos adecuados de comunicación estratégica; acoge positivamente, a este respecto, las conclusiones del Consejo Europeo del 20 de marzo de 2015 sobre un plan de acción para luchar contra campañas de desinformación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen asimismo un mecanismo coordinado para la transparencia y la recogida, seguimiento e información en materia de asistencia financiera, política o técnica prestada por Rusia a partidos políticos y otras organizaciones dentro de la UE, con el fin de evaluar su participación e influencia en la vida política y en la opinión pública en la UE y sus vecinos del Este, y que adopten las medidas adecuadas;

14.

Expresa su profunda preocupación por la reciente tendencia de los medios de comunicación controlados por el Estado ruso a reescribir y reinterpretar ciertos acontecimientos históricos del siglo XX, como por ejemplo la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop y de sus protocolos secretos, así como por el uso selectivo del relato histórico para fines de propaganda política actual;

15.

Expresa su profunda preocupación por los contactos y la cooperación, cada vez más intensos y tolerados por las autoridades rusas, entre partidos populistas, fascistas y de extrema derecha europeos, por una parte, y grupos nacionalistas en Rusia, por otra; reconoce que esa situación representa un peligro para los valores democráticos y el Estado de Derecho en la UE; pide, a este respecto, a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que adopten medidas contra la amenaza de aparición de una «Internacional Nacionalista»;

16.

Está profundamente preocupado por el apoyo y la financiación a partidos radicales y extremistas en los Estados miembros de la UE por parte de Rusia; considera que una reunión de los partidos de extrema derecha celebrada recientemente en San Petersburgo es un insulto a la memoria de millones de rusos que sacrificaron sus vidas para salvar al mundo del nazismo;

17.

Insta a la UE a que preste apoyo a los proyectos para la promoción y el desarrollo de estándares periodísticos elevados, la libertad de los medios de comunicación y la información imparcial y fidedigna en Rusia, así como para contrarrestar la propaganda dentro de la UE y en los países de la Asociación Oriental; pide a la Comisión que ponga a disposición una financiación adecuada para apoyar iniciativas que desarrollen medios de comunicación de habla rusa que supongan una alternativa a los medios de comunicación rusos controlados por el Estado, con miras a ofrecer a la audiencia rusófona fuentes de información creíbles e independientes;

18.

Reitera que el respeto irrenunciable del Estado de Derecho es un principio fundamental de la UE y aboga por su aplicación estricta, rápida e incondicional en caso de incumplimiento de las normas; pide a la Comisión que aplique con la misma determinación el principio de la libre y leal competencia en el mercado único, especialmente en los procedimientos judiciales contra Gazprom; opina que la UE y sus Estados miembros han de hacer especial hincapié en la necesidad de que Rusia enfoque de manera constructiva su adhesión a la OMC y respete plenamente los compromisos que de la misma se deriven, especialmente poniendo fin a las restricciones comerciales injustificadas y ofreciendo un acceso no discriminatorio a su mercado;

19.

Pide a Rusia que coopere plenamente con la comunidad internacional en la investigación sobre el derribo del vuelo MH17, y condena todo intento o decisión de conceder la amnistía o retrasar el enjuiciamiento de las personas identificadas como responsables; reitera su llamamiento a las autoridades rusas para que devuelvan de inmediato los restos y todas las cajas negras del avión Tu-154 del Gobierno polaco que se estrelló en Smolensk; pide a todas las instituciones de la UE que planteen estas solicitudes en los contactos bilaterales con las autoridades rusas;

20.

Pide al Gobierno de la Federación de Rusia que reconozca el alcance y la gravedad de la violencia y el acoso de que son objeto las personas LGBTI en Rusia, y que se comprometa a tomar medidas para acabar con estos abusos y derogue las disposiciones de la Ley no 135-FZ de 29 de junio de 2013 (la ley sobre «propaganda homosexual»), que prohíbe la difusión de información sobre relaciones LGBTI; pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que planteen el tema de la homofobia y la violencia contra las personas y activistas LGBTI en reuniones con los funcionarios rusos pertinentes, incluso al más alto nivel; pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que, con arreglo a las orientaciones de la UE de junio de 2013, promuevan y protejan el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI, contribuyan a luchar contra cualquier forma de violencia contra estas personas buscando ayuda y reparación para las víctimas de este tipo de violencia y apoyando las iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil destinadas a controlar los casos de violencia y concienciando al personal con funciones coercitivas;

21.

Pone de manifiesto, teniendo en cuenta el enriquecimiento que supone para la sociedad el desarrollo de una verdadera sociedad civil independiente, su profunda preocupación por la situación de deterioro en que se encuentran los derechos humanos, incluidos los derechos relativos a la libertad de expresión, asociación y reunión, los derechos de las personas LGBTI y el Estado de Derecho en Rusia y en Crimea tras su anexión ilegal; condena enérgicamente la continua represión ejercida por el Gobierno ruso contra la disidencia, apuntando especialmente a las ONG independientes mediante la denominada «ley sobre los agentes exteriores», así como la persistencia y variedad de la represión contra activistas, opositores políticos y figuras críticas con el régimen; hace especial hincapié en los asesinatos de Anna Politkóvskaya, Natalia Estemirova, Boris Nemtsov, Serguéi Magnitski y Alexander Litvinenko, entre otros; pide que todos los asesinatos de activistas políticos, periodistas y denunciantes de irregularidades sean investigados de forma adecuada e independiente, que los responsables sean llevados ante la justicia como muestra de la lucha sin compromiso contra el clima de impunidad, y que se consideren medidas restrictivas y selectivas si las investigaciones llevadas a cabo no están en consonancia con las normas internacionales; reitera su llamamiento al Consejo para que cumpla su compromiso de defender estos principios y adopte, previa propuesta presentada sin demora por la VP/AR, medidas restrictivas para los funcionarios involucrados en el caso Magnitski, muy bien documentado; subraya que la obligación de Rusia de respetar los derechos humanos y las normas del Estado de Derecho proviene directamente de su calidad de miembro de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la OSCE;

22.

Subraya la importancia de mantener el apoyo político y financiero a los activistas de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los blogueros, los medios de comunicación independientes, los representantes del mundo académico que expresan su opinión, las personalidades públicas y las ONG, con el fin de promover los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Rusia y en la ocupada Crimea; pide a la Comisión que programe una asistencia financiera más ambiciosa para la sociedad civil rusa a partir de los instrumentos financieros externos existentes; alienta a la UE a entablar contacto con los funcionarios rusos y las organizaciones de la sociedad civil que estén dispuestos a desarrollar una visión de las relaciones políticas y diplomáticas con la UE basada en la asociación y la cooperación; subraya la necesidad de promover, en la medida de lo posible, los contactos interpersonales y de mantener, a pesar del estado actual de las relaciones, un diálogo y una cooperación estrechos entre los estudiantes y los investigadores de la UE y de Rusia, así como entre las sociedades civiles y las autoridades locales, con el fin de reducir la tensión y mejorar la comprensión mutua;

23.

Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas que garanticen la plena transparencia de la financiación política y una financiación de los partidos políticos en la UE conforme a las recomendaciones del Consejo de Europa, en lo que se refiere, en particular, a las partes interesadas políticas o económicas de fuera de la UE;

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, y a los Gobiernos y Parlamentos de los países de la Asociación Oriental.

4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/42

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Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo (1),

—

Vista su Decisión, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, Sección III — Comisión y agencias ejecutivas (2),

—

Vista su Decisión, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, Sección III — Comisión y agencias ejecutivas (3),

—

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre el Informe anual 2011 sobre la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude (4),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe anual 2013 sobre la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude (5),

—

Visto el Informe anual de actividad 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF (en lo sucesivo «el CV»),

—

Visto el Dictamen no 4/2014 del CV titulado «Control de la duración de las investigaciones realizadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude»,

—

Vista la respuesta de la OLAF al Dictamen no 4/2014 del CV,

—

Visto el Dictamen no 5/2014 del CV titulado «Información pública de la OLAF sobre la duración de las investigaciones»,

—

Vista la respuesta de la OLAF al Dictamen no 5/2014 del CV,

—

Visto el Informe no 1/2014 del CV titulado «Salvaguarda de la independencia de la OLAF en materia de investigación»,

—

Visto el Informe no 2/2014 del CV titulado «Aplicación de las recomendaciones del Comité de Vigilancia por parte de la OLAF»,

—

Visto el Informe no 3/2014 del CV titulado «Apertura de casos en la OLAF en 2012»,

—

Vista la respuesta de la OLAF al Informe no 3/2014 del CV,

—

Vista la Nota del CV sobre el análisis por parte del Comité de Vigilancia del proyecto de prioridades políticas de investigación de la OLAF para 2015,

—

Visto el Informe anual de actividad 2013 del CV,

—

Visto el Dictamen no 2/2013 del CV titulado «Establecimiento de un procedimiento interno de la OLAF de tramitación de reclamaciones»,

—

Visto el Dictamen no 1/2014 del CV titulado «Prioridades políticas de investigación de la OLAF»,

—

Visto el Dictamen no 2/2014 del CV titulado «Selección de casos en la OLAF»,

—

Vistas las observaciones del CV sobre los procedimientos de investigación en la OLAF,

—

Vistas las recomendaciones del CV de 2012,

—

Visto el documento del CV titulado «Misión, competencias y objetivos del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude — Estrategia a medio plazo (2014-2015)»,

—

Vistos los Acuerdos de trabajo del CV con la OLAF,

—

Vistas las preguntas formuladas a la Comisión y al Consejo sobre el Informe anual 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF (O-000060/2015 — B8-0553/2015, O-000061/2015 — B8-0554/2015 y O-000066/2015 — B8-0555/2015),

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que, en su Informe anual de actividad 2014, el Comité de Vigilancia de la OLAF señaló que en el momento de la reorganización de la OLAF (el 1 de febrero de 2012) se abrieron 423 casos en un mismo día en virtud de una decisión única del director general de la OLAF; que, basándose en su análisis, el CV concluyó que: i) la OLAF no efectuó una evaluación adecuada de la información entrante en ninguno de los casos analizados por el CV; ii) para la inmensa mayoría de los casos no había ni siquiera rastro de una actividad de evaluación; y iii) el director general de la OLAF abrió los casos en cuestión sin determinar de antemano la existencia de una sospecha suficientemente seria de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, lo cual contradice los requisitos legales aplicables a la apertura de una investigación de la OLAF y vigentes en aquel momento;

B.

Considerando que, en sus comunicaciones a las instituciones de la UE, el CV ha señalado que, pese a la clara obligación establecida en el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013, en 2014 el director de la OLAF no transmitió información al CV sobre las recomendaciones a la OLAF no aplicadas;

C.

Considerando que en la primera mitad de su mandato el CV emitió cincuenta recomendaciones a la atención de la OLAF, de las que solo ocho se han aplicado en su totalidad, seis se han aplicado parcialmente, una está pendiente y veinte no han sido aplicadas, y que el CV no ha podido verificar la aplicación en quince casos por no disponer de información sustantiva suficiente;

D.

Considerando que, en su Nota sobre el proyecto de prioridades políticas de investigación (PPI) de la OLAF para 2015, el CV observó que la OLAF no había tenido en cuenta las tres recomendaciones formuladas en el Dictamen no 1/2014 del CV: i) el director general de la OLAF no había formulado recomendaciones sobre la aplicación de los principios de selección derivados del Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 (utilización eficiente de los recursos, proporcionalidad/subsidiariedad, valor añadido) y, en lugar de revisar los indicadores financieros para adaptarlos a la realidad de los programas de gasto, los había suprimido por completo; ii) el proyecto de PPI para 2015 parecía tener en cuenta varios documentos de las partes interesadas, pero al parecer no había habido diálogo alguno con las partes interesadas sobre los indicadores financieros ni sobre el posible seguimiento de los casos en los que había sospechas suficientes de fraude pero que se habían abandonado en virtud de las PPI o los principios de selección; iii) el director general de la OLAF no había transmitido al CV una evaluación de la aplicación de las PPI precedentes ni un resumen de los comentarios de las partes interesadas, pese a haberse comprometido previamente a hacerlo;

E.

Considerando que el CV ha señalado constantemente su incapacidad para supervisar la independencia de la OLAF, su función de investigación, la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones, por carecer de acceso a la información necesaria;

F.

Considerando que el CV ha señalado que el principal problema por lo que respecta a la eficacia de su función supervisora no es la deficiente aplicación de los acuerdos de trabajo sino las opiniones fundamentalmente divergentes del CV y el director de la OLAF sobre la función del CV;

G.

Considerando que, en sus Resoluciones, citadas anteriormente, sobre los informes anuales 2011 y 2013 sobre la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude, el Parlamento pidió que se reforzara la capacidad del CV para desempeñar su función;

H.

Considerando que el CV ha pedido en varias ocasiones a las instituciones de la UE que bien refuercen sus competencias, concretamente mediante el pleno acceso a los expedientes de la OLAF, o que adopten otras medidas para garantizar la rendición de cuentas de la OLAF;

I.

Considerando que en marzo de 2014 el director general de la OLAF se comprometió a informar al CV una vez al año del número de reclamaciones recibidas, la puntualidad de su tramitación y su clasificación como justificadas o injustificadas; considerando, sin embargo, que el CV afirma que no ha recibido dicha información;

J.

Considerando que con el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 se reforzó la función del CV de control de la duración de las investigaciones de la OLAF; que, pese al cumplimiento formal de la OLAF de su obligación de informar regularmente al CV sobre las investigaciones que duran más de doce meses, en su Dictamen no 4/2014 titulado «Control de la duración de las investigaciones realizadas por la OLAF», el CV concluyó que la información que se le había transmitido era insuficiente para poder controlar adecuada y efectivamente la duración de las investigaciones de la OLAF;

K.

Considerando que, en su Dictamen no 5/2014 titulado «Información pública de la OLAF sobre la duración de las investigaciones», el CV concluyó que la información sobre la duración de las investigaciones facilitada por la OLAF no había aportado una visión de conjunto de los resultados de sus actividades de investigación; que, si bien la OLAF afirmó en su informe anual que las investigaciones se estaban completando en menos tiempo, el CV concluyó que la mejora constatada en los resultados de las investigaciones de la OLAF se debía a la introducción de nuevos métodos de cálculo;

L.

Considerando que, en su Informe no 1/2014 titulado «Salvaguarda de la independencia de la OLAF en materia de investigación», el CV pidió que se aclarara la función que desempeña la OLAF en la aplicación de la política de la Comisión de lucha contra el fraude en el sector de los cigarrillos;

M.

Considerando que el CV ha expresado en su informe anual de actividad, durante dos años consecutivos, su preocupación por la falta de transparencia en lo relativo a la participación de la OLAF en las reuniones del centro de intercambio de información de la Comisión y los riesgos inherentes para la independencia de la OLAF en materia de investigación;

N.

Considerando que el CV ha señalado a la atención de las instituciones de la UE la necesidad de aplicar lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 en relación con el funcionamiento independiente de la secretaría del CV;

O.

Considerando que el CV ha definido cuatro condiciones básicas para garantizar el funcionamiento independiente de la secretaría: i) la contratación, evaluación y promoción del jefe de la secretaría sobre la base de las decisiones del CV; ii) la reclasificación del jefe de la secretaría como directivo; iii) la contratación, evaluación y promoción del personal de la secretaría sobre la base de las decisiones del CV; iv) la subdelegación de la ejecución del presupuesto de la secretaría en su jefe;

P.

Considerando que el Parlamento ha examinado las respuestas de la OLAF a los informes y dictámenes del CV que le han sido transmitidos;

1.

Hace especial hincapié en la responsabilidad que incumbe a la OLAF de cumplir los requisitos legales aplicables a la apertura de una investigación; recuerda, en relación con los 423 casos abiertos en un mismo día, que tan solo el 8,4 % de los que se cerraron dio lugar a recomendaciones; pide al CV que haga un seguimiento regular del respeto de los requisitos legales;

2.

Remite a su Resolución, citada anteriormente, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, e insta a la OLAF a que facilite sin retrasos indebidos una justificación para los casos en los que no haya aplicado las recomendaciones del CV;

3.

Considera lamentable que el CV no haya sido capaz de concluir si se habían definido correctamente las PPI y si su aplicación había tenido consecuencias positivas o negativas para la lucha contra el fraude y la corrupción;

4.

Lamenta que el CV no esté en condiciones de cumplir plenamente su mandato; remite a sus Resoluciones, citadas anteriormente, sobre los informes anuales 2011 y 2013 sobre la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude, y pide a la Comisión que adopte medidas para mejorar la capacidad del CV para supervisar la independencia de la OLAF, su función de investigación, la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones sin comprometer, no obstante, la independencia de la OLAF;

5.

Insta a la Comisión a que facilite las negociaciones entre la OLAF y el CV elaborando antes del 31 de diciembre de 2015 un plan de acción destinado a modificar los Acuerdos de trabajo con el fin de crear un entorno de trabajo en el que el CV pueda cumplir su mandato; considera que en los Acuerdos de trabajo modificados se debe aclarar a las partes afectadas la función del CV; señala que la secretaría del organismo de vigilancia está supeditada al control (administrativo) del organismo vigilado;

6.

Pide que se respete el compromiso del director general de la OLAF de informar al CV del número de reclamaciones recibidas, la puntualidad de su tramitación y su clasificación como justificadas o injustificadas;

7.

Insta a la OLAF a que cumpla los requisitos legales para que el CV pueda desempeñar una de sus funciones primordiales en lo tocante a la supervisión de la duración de las investigaciones de la OLAF;

8.

Celebra, no obstante, que la OLAF y el CV hayan empezado a colaborar para mejorar la información que la OLAF proporciona al CV y para completar el contenido de los informes sobre las investigaciones que duran más de doce meses;

9.

Observa que, a finales de 2014, 13 (el 10 %) de los 134 investigadores estaban destinados en la unidad de tabaco y falsificación y 44 de ellos (el 33 %) en las unidades responsables de los fondos agrícolas y estructurales, que representan el 86 % de los intereses financieros en juego (1 900 millones de euros); recomienda, por consiguiente, que la OLAF examine de nuevo la forma en que asigna sus recursos;

10.

Manifiesta su preocupación en cuanto a la transparencia de la participación de la OLAF en las reuniones del centro de intercambio de información de la Comisión;

11.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales y al Comité de Vigilancia de la OLAF.

4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/46

—

Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus considerandos segundo y cuarto a séptimo,

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Vistos, en particular, el artículo 2, el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, los artículos 6 y 7 del TUE y los artículos del TUE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativos al respeto y la promoción y protección de los derechos fundamentales en la UE,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,

—

Vistos los artículos 1, 2 y 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Protocolo no 13 al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias,

—

Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y los convenios, recomendaciones, resoluciones e informes de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisario para los Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa,

—

Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012) (1),

—

Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012) (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

—

Visto el Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 16 de diciembre de 2014, tras su visita a Hungría del 1 al 4 de julio de 2014,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo el 16 de diciembre de 2014, sobre la forma de garantizar el respeto del Estado de Derecho,

—

Vista la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Hungría celebrada el 22 de enero de 2015 por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

—

Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 11 de febrero de 2015 sobre un marco de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,

—

Visto el intercambio de puntos de vista que tuvo lugar el 7 de mayo de 2015 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, a raíz de la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 30 de abril de 2015, sobre los posibles efectos, en particular en sus derechos y en su condición de miembro de la Unión Europea, de la decisión de un Estado miembro de restablecer la pena de muerte,

—

Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2015 sobre la situación en Hungría,

—

Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad que se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 2 del TUE);

B.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual;

C.

Considerando que la abolición de la pena de muerte es una condición previa para pertenecer a la UE y que la UE mantiene una posición firme y de principio en contra de la pena de muerte, cuya abolición es un objetivo fundamental de su política de derechos humanos;

D.

Considerando que el derecho de asilo está garantizado, dentro del debido respeto de las normas de la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, y de su Protocolo, de 31 de enero de 1967, relativo al estatuto de los refugiados, y de conformidad con el TUE y el TFUE;

E.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos se han incorporado plenamente a la Constitución húngara; considerando, sin embargo, que los acontecimientos recientes en Hungría han suscitado preocupación por la situación en el país;

F.

Considerando que, el 28 de abril de 2015, tras los acontecimientos que se acababan de producir en Hungría, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, hizo una declaración sobre la necesidad de iniciar un debate público acerca de la pena de muerte; que, el 30 de abril de 2015, el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, emitió un comunicado de prensa en el que declaraba que Víktor Orbán le había asegurado que el Gobierno húngaro no tiene intención de adoptar ninguna medida para restablecer la pena de muerte y que cumplirá y acatará todos los Tratados y la legislación de la Unión Europea; que, a pesar de ello, Viktor Orbán reiteró sus declaraciones en la misma línea el 1 de mayo de 2015 durante una entrevista en la radio pública nacional, en la que añadió que la decisión de restablecer la pena de muerte debería ser de la competencia exclusiva de los Estados miembros, apartándose así de las disposiciones de los Tratados de la UE;

G.

Considerando que, en mayo de 2015, el Gobierno húngaro inició una consulta pública sobre inmigración y que ya ha llevado a cabo anteriormente varias consultas similares sobre otros temas; que la consulta pública puede ser una importante y valiosa herramienta de la que disponen los gobiernos para elaborar políticas que puedan contar con el respaldo de la población; que las preguntas han sido objeto de críticas por su naturaleza provocadora y retórica y porque establecen un vínculo directo entre los fenómenos migratorios y las amenazas a la seguridad;

H.

Considerando que, durante el intercambio de puntos de vista mantenido en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la mayoría de los grupos políticos convino en que el restablecimiento de la pena de muerte y las preguntas formuladas en la consulta pública eran inaceptables;

I.

Considerando que, en su declaración presentada en el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 19 de mayo de 2015 sobre la situación en Hungría, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea señaló que el Consejo no había examinado la situación en Hungría, y que, por lo tanto, no había adoptado ninguna posición oficial sobre esta cuestión;

J.

Considerando que los esfuerzos por abordar la situación actual en Hungría no deben tener como objeto estigmatizar a un Estado miembro o gobierno en particular sino orientarse al cumplimiento de una obligación colectiva de todas las instituciones de la UE y, en particular, de la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, de garantizar la aplicación y la observancia de los Tratados y de la Carta en toda la Unión y en cada uno de los Estados miembros;

1.

Insiste en que la pena de muerte es incompatible con los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos en los que se fundamenta la Unión Europea, y en que todo Estado miembro que restablezca la pena de muerte incurrirá, en consecuencia, en una violación de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; reafirma categóricamente que la abolición de la pena de muerte constituye un hito en la evolución de los derechos fundamentales en Europa;

2.

Recuerda que una grave violación, por un Estado miembro, de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE pondría en marcha la aplicación del «procedimiento del artículo 7»;

3.

Condena las reiteradas declaraciones del primer ministro húngaro Viktor Orbán, con las que se fomenta un debate sobre el posible restablecimiento de la pena de muerte en Hungría, institucionalizando y alimentando así un concepto que supone una violación de los valores en los que se fundamenta la Unión; toma nota, por consiguiente, de la declaración de Víktor Orbán en la que afirma que no restablecerá la pena capital en Hungría, y subraya la responsabilidad que incumbe a un primer ministro, como jefe de gobierno, de promover los valores de la Unión y de dar ejemplo;

4.

Observa que los Estados miembros tienen el derecho soberano a efectuar consultas nacionales; recuerda, sin embargo, que las consultas deben reflejar la disposición de los gobiernos a ejercer una gobernanza responsable orientada a garantizar soluciones políticas democráticas y a respetar los valores europeos fundamentales;

5.

Censura la consulta pública sobre la inmigración y la campaña nacional de publicidad conexa puesta en marcha por el Gobierno húngaro, e insiste en que el contenido y el lenguaje utilizado en esta consulta sobre la inmigración y el terrorismo son sumamente engañosos, tendenciosos y parciales, ya que establecen un vínculo sesgado y directo entre los fenómenos migratorios y las amenazas a la seguridad; señala que las respuestas al cuestionario en línea deben complementarse con datos personales, revelando así las propias opiniones políticas, lo que contraviene las normas relativas a la protección de datos; pide, por consiguiente, que se suspenda esta consulta;

6.

Lamenta que en la consulta pública se culpe a las instituciones de la UE y a sus políticas, sin reconocer al mismo tiempo la responsabilidad de los Estados miembros en estos ámbitos; recuerda que los Estados miembros están plenamente implicados en el proceso legislativo de la UE;

7.

Pide a todos los Estados miembros que participen de manera constructiva en el actual debate sobre la Agenda Europea de Migración, que afecta por igual a las políticas interiores, exteriores y de desarrollo que deben llevarse a cabo en la Unión Europea;

8.

Considera que todos los Estados miembros han de respetar plenamente la legislación de la Unión en su práctica legislativa y administrativa y que toda la legislación, incluido el Derecho primario de cualquier Estado miembro o país candidato, debe reflejar y respetar los valores europeos fundamentales, a saber, los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

9.

Lamenta que el Consejo no haya reaccionado ante los últimos acontecimientos en Hungría, y denuncia la falta de compromiso del Consejo y de los Estados miembros para garantizar el respeto del Estado de Derecho tal como se especifica en las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2014; insta al Consejo de la Unión Europea y al Consejo Europeo a que celebren un debate y aprueben las conclusiones pertinentes sobre la situación en Hungría;

10.

Observa que estos últimos sucesos han suscitado preocupación en relación con los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en Hungría a lo largo del pasado año, lo que en su conjunto podría representar una naciente amenaza sistémica al Estado de Derecho en este Estado miembro;

11.

Insta a la Comisión a que active la primera fase del marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho e inicie inmediatamente, en consecuencia, un proceso de control pormenorizado relativo a la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, evaluando la posible vulneración sistémica y grave de los valores en los que se fundamenta la Unión en virtud del artículo 2 del Tratado UE, incluido el impacto conjunto de una serie de medidas que empeoran la situación de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, y valorando la aparición de una amenaza sistémica al Estado de Derecho en Hungría susceptible de degenerar en un claro riesgo de grave violación en el sentido del artículo 7 del TUE; pide a la Comisión que informe sobre esta cuestión al Parlamento y al Consejo antes de septiembre de 2015;

12.

Pide a la Comisión que presente una propuesta relativa al establecimiento de un mecanismo de la UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales como herramienta para el cumplimiento y la aplicación de la Carta y de los Tratados firmados por todos los Estados miembros, basándose en indicadores comunes objetivos; pide asimismo a la Comisión que proceda a una evaluación anual imparcial de la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en todos los Estados miembros, de manera indiscriminada y en pie de igualdad, que incluya una evaluación por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, junto con los oportunos mecanismos de corrección de carácter vinculante, con el fin de colmar las lagunas existentes y permitir una respuesta automática y gradual a las violaciones del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en los Estados miembros; encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que contribuya al desarrollo y la elaboración de esa propuesta mediante un informe de iniciativa legislativa que se aprobaría antes de finales de año;

13.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Presidente, el Gobierno y el Parlamento de Hungría, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/50

—

Visto el Informe de evolución de 2014 de la Comisión relativo a Turquía (SWD(2014)0307),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2014, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-15» (COM(2014)0700),

—

Vistas sus resoluciones anteriores, en particular las de 10 de febrero de 2010 sobre el Informe de 2009 relativo a los progresos realizados por Turquía (1), de 9 de marzo de 2011 sobre el Informe de 2010 relativo a los progresos realizados por Turquía (2), de 29 de marzo de 2012 sobre el Informe de situación 2011 sobre Turquía (3), de 18 de abril de 2013 sobre el Informe de 2012 relativo a los progresos realizados por Turquía (4), de 13 de junio de 2013 sobre la situación en Turquía (5), de 12 de marzo de 2014 sobre el Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Turquía (6), de 13 de noviembre de 2014 sobre las tensiones generadas por las acciones turcas en la zona económica exclusiva de Chipre (7) y de 15 de enero de 2015 sobre la libertad de expresión en Turquía (8),

—

Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio (9),

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Visto el marco de negociación con Turquía, de 3 de octubre de 2005,

—

Vistas la Decisión 2008/157/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía (10) («Asociación para la adhesión») y las decisiones previas del Consejo de 2001, 2003 y 2006 sobre la Asociación para la adhesión,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 14 de diciembre de 2010, 5 de diciembre de 2011, 11 de diciembre de 2012, 25 de junio de 2013, 24 de octubre de 2014 y 16 de diciembre de 2014,

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Visto el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que establece que las partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los litigios en que sean partes,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el informe del Banco Mundial sobre la evaluación de la unión aduanera entre la UE y Turquía, de 28 de marzo de 2014,

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Visto el Informe de la Comisión sobre la evolución de Turquía en relación con el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados (COM(2014)0646),

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Vista la labor de Kati Piri como ponente de turno sobre Turquía de la Comisión de Asuntos Exteriores,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que las negociaciones de adhesión con Turquía se iniciaron el 3 de octubre de 2005 y que la apertura de dichas negociaciones representa el punto de partida de un largo proceso cuyo final se desconoce, sobre la base de condiciones justas y rigurosas y de un compromiso de realizar reformas;

B.

Considerando que la UE mantiene su compromiso con nuevas ampliaciones como política clave para fomentar la paz, la democracia, la seguridad y la prosperidad en Europa; que cada país candidato será juzgado por sus propios méritos y que, sobre esta base, la Comisión no prevé ninguna nueva adhesión a la UE en esta legislatura;

C.

Considerando que Turquía se ha comprometido a cumplir los criterios de Copenhague, llevar a cabo unas reformas adecuadas y eficaces, mantener relaciones de buena vecindad y alinearse progresivamente con la UE; que estos esfuerzos deben considerarse como una oportunidad para que Turquía refuerce sus instituciones y continúe su proceso de democratización y modernización;

D.

Considerando que, según las clasificaciones elaboradas por Freedom House sobre la libertad de prensa y de los medios de comunicación, Turquía figura como «no libre» en cuanto a libertad de prensa y solo «parcialmente libre» en cuanto a libertad de internet;

E.

Considerando que Reporteros sin Fronteras clasificó a Turquía entre los países en los que los periodistas sufrieron más amenazas y ataques físicos en 2014;

F.

Considerando que la UE debe seguir siendo el punto de referencia de las reformas en Turquía;

G.

Considerando que el pleno respeto de los criterios de Copenhague y la capacidad de integración de la UE, de conformidad con las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, siguen siendo la base de la adhesión a la UE;

H.

Considerando que el Estado de Derecho —en particular, la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la libertad de reunión y de protesta pacífica, la libertad de expresión y medios de comunicación, los derechos de la mujer, la libertad de religión, los derechos de las personas pertenecientes a minorías y minorías nacionales, y la lucha contra la discriminación de grupos vulnerables como la comunidad romaní y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)— es de importancia central en el proceso de negociación;

I.

Considerando que, en su Comunicación titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-15», la Comisión llegó a la conclusión de que Turquía es un socio estratégico para la Unión Europea en términos económicos y de seguridad de la energía, y de que la cooperación en asuntos de política exterior es crucial; que, en la misma Comunicación, la Comisión expresó su preocupación en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, la independencia del poder judicial, el Estado de Derecho, el derecho de reunión y la libertad de expresión;

J.

Considerando que, por noveno año consecutivo, Turquía continúa sin aplicar las disposiciones derivadas del Acuerdo de asociación CE-Turquía y de su Protocolo adicional; que esta negativa sigue afectando de manera profundamente negativa al proceso negociador;

K.

Considerando que, con vistas a reforzar la estabilidad y promover unas relaciones de buena vecindad, Turquía debe esforzarse en mayor medida por resolver las cuestiones bilaterales pendientes, incluidas las obligaciones jurídicas y diferencias sin resolver con sus vecinos más cercanos en materia de fronteras terrestres y marítimas y de espacio aéreo, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y con el Derecho internacional;

L.

Considerando que las autoridades turcas no se mostraron de acuerdo con la reapertura del seminario ortodoxo de la isla de Heybeliada;

1.

Acoge con satisfacción el Informe de evolución de 2014 de la Comisión relativo a Turquía y comparte su conclusión de que Turquía es un socio estratégico clave para la UE y de que unas negociaciones activas y creíbles ofrecerían el marco más adecuado para aprovechar plenamente el potencial de las relaciones entre la UE y Turquía; hace hincapié en que el proceso de reforma en el contexto de las negociaciones con la UE podría suponer una oportunidad importante para que Turquía desarrolle un sistema democrático pluralista fuerte, con instituciones sólidas, que beneficie a todos los ciudadanos turcos, y para estrechar las relaciones con la UE; pide a la Comisión que revalúe la manera en que se han llevado a cabo las negociaciones hasta ahora y cómo pueden mejorarse e intensificarse las relaciones y la cooperación entre Turquía y la UE;

2.

Destaca que, teniendo en cuenta su proximidad geográfica, sus vínculos históricos, la numerosa comunidad turca residente en la UE, los estrechos vínculos económicos y los intereses estratégicos comunes, una relación eficaz y que funcione, basada en el diálogo, la cooperación estrecha, el compromiso mutuo y las negociaciones entre la UE y Turquía redundaría en beneficio de ambas partes; pide a Turquía que coloque el proceso de reforma en el centro de sus opciones políticas nacionales; opina que la UE debe aprovechar esta oportunidad para convertirse en el pilar principal del proceso de profundización de la democracia en Turquía promoviendo los valores universales y las normas reguladoras europeas como criterios de referencia del proceso de reforma y ayudando a Turquía a desarrollar instituciones democráticas fuertes y una legislación eficaz basada en el respeto de las libertades fundamentales, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y que representen y defiendan los intereses de todos los sectores de la sociedad turca;

3.

Anima al Gobierno turco a acelerar el ritmo de las negociaciones y le insta a comprometerse de forma inequívoca a respetar los valores y principios democráticos, que son fundamentales para la Unión Europea; apoya a la nueva Comisión en su intento por reforzar el compromiso con Turquía sobre la base de los intereses compartidos y los retos comunes; toma nota de la apertura de las negociaciones sobre el capítulo 22 (Política regional) en noviembre de 2013;

4.

Se felicita por la elección del Parlamento más inclusivo y representativo de la historia moderna de Turquía, que refleja la diversidad del país; se congratula de la resiliencia de la democracia turca y el espíritu democrático de sus ciudadanos, como demuestran una afluencia a las urnas muy elevada y la impresionante participación de voluntarios de la sociedad civil el día de las elecciones; pide a todos los partidos políticos que trabajen para instaurar un gobierno estable e inclusivo, con el fin de dar un nuevo impulso al proceso de democratización de Turquía y al diálogo con la UE sobre la reforma;

5.

Destaca la importancia de dedicar más esfuerzos a los contactos interpersonales con vistas a crear un entorno favorable de cooperación entre Turquía y la UE; subraya, por tanto, que para lograr vínculos más fuertes entre la UE y Turquía, deben alcanzarse avances más concretos en la liberalización de visados sobre la base del cumplimiento de los requisitos establecidos en la hoja de ruta para un régimen de exención de visados con Turquía; hace hincapié en que, en el periodo de transición, la UE debe facilitar a los empresarios la obtención de visados, y deben promoverse activamente los programas de intercambio académico y de estudiantes y las oportunidades de acceso para la sociedad civil; considera que mejores oportunidades de acceso a la UE constituirían un apoyo más firme al proceso de reformas en Turquía;

6.

Observa que Turquía ha seguido aplicando las reformas de años anteriores; acoge con satisfacción, a este respecto, los cambios introducidos en el marco jurídico relativo a los partidos políticos y las campañas electorales, que ahora permite las campañas políticas en idiomas distintos del turco, legalizan la copresidencia de partido y flexibilizan las normas que rigen la organización local de los partidos políticos; reitera la importancia de que se rebaje el umbral electoral del 10 %, lo que abriría oportunidades de participación política a todos los componentes de la sociedad turca;

7.

Hace hincapié en que una nueva Constitución basada en disposiciones que fomenten una sociedad pluralista, integradora y tolerante sostendría el proceso de reformas y constituiría una base sólida para las libertades fundamentales y el Estado de Derecho; encomia el trabajo del comité de conciliación constitucional, que logró un consenso sobre 60 enmiendas constitucionales antes de su disolución; reitera su llamamiento a fin de que continúe el proceso de reforma constitucional y hace hincapié en la necesidad de que una nueva Constitución se base en un amplio consenso de todo el espectro político y de la sociedad en su conjunto; anima a Turquía a consultar a la Comisión de Venecia en el marco del proceso de reforma constitucional;

8.

Celebra la nueva estrategia elaborada por el Gobierno de Turquía para canalizar toda la nueva legislación a través del Ministerio de Asuntos de la UE, con lo que se trata de reforzar la función de coordinación del Ministerio y mejorar la adecuación de los proyectos legislativos a las normas de la UE; recomienda, a este respecto, que, siempre que sea posible, se mantengan estrechas consultas con la Comisión de Venecia y se entable un diálogo más intenso con la Comisión Europea sobre nuevos actos legislativos en preparación y sobre la aplicación de las leyes vigentes, a fin de garantizar su compatibilidad con el acervo de la UE;

9.

Resalta la importancia de una consulta adecuada a la sociedad civil en el proceso legislativo; recomienda, por ello, que se creen mecanismos de consulta estructurada con la sociedad civil como parte del proceso legislativo y de toma de decisiones y en el proceso de aplicación de los nuevos actos legislativos; alaba a la vibrante sociedad civil de Turquía; subraya que se necesitan, con urgencia, reformas de calado para garantizar la libertad de asociación y de expresión, de modo que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar en libertad y sin restricciones y mejorar su acceso a la financiación;

10.

Apoya firmemente y alienta la iniciativa del Gobierno turco y del resto de actores para alcanzar una conclusión global y duradera en el proceso de paz con la comunidad kurda sobre la base de las negociaciones con el PKK, que figura en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y un proceso de integración socioeconómica y política de la comunidad kurda; respalda decididamente el anuncio del HDP de un congreso extraordinario del PKK para deponer las armas y fomentar los métodos políticos democráticos; anima encarecidamente al Gobierno a que siga dando prioridad y mejorando los derechos sociales, culturales y políticos, así como la igualdad de oportunidades, de los ciudadanos de origen kurdo; acoge con satisfacción la ley que prevé un fundamento jurídico más sólido para el proceso de resolución, aprobada por la Gran Asamblea Nacional Turca el 11 de junio de 2014, que incluye medidas para la eliminación del terrorismo, el refuerzo de la inclusión social, la reintegración de quienes abandonen el PKK y depongan las armas, y la preparación de la opinión pública para el retorno de antiguos combatientes; opina que una solución satisfactoria de la cuestión kurda constituye un elemento primordial y resultaría una contribución positiva sustancial a la democracia, la paz, la estabilidad y la protección de los derechos humanos en Turquía; anima, por lo tanto, a todos los partidos políticos a que apoyen este proceso; pide a la Comisión que preste asistencia técnica y dedique recursos del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) a, entre otros fines, los programas de integración socioeconómica y educación en el sudeste de Turquía como medio para reforzar el proceso de resolución de la cuestión kurda; señala que las negociaciones sobre el capítulo 22 (Política regional) podrían servir de ayuda a Turquía para elaborar un programa efectivo de cohesión para el sudeste;

11.

Lamenta la decisión de la Dirección General de Obras Hidráulicas de Turquía de proseguir con las obras de la presa de Ilisu, que acarreará consecuencias sociales, ambientales y políticas devastadoras; recuerda que los habitantes de esta región en particular son, en su mayoría, kurdos y que la construcción tendrá graves repercusiones en la población y la cultura kurdas;

12.

Expresa su preocupación al constatar que el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, publicado por Transparencia Internacional el 3 de diciembre de 2014, apunta a un fuerte incremento percibido en la corrupción en Turquía durante el año pasado, de manera que ahora Turquía ocupa el puesto 64 en el índice; lamenta profundamente el modo en que el Gobierno y el Parlamento de Turquía reaccionaron ante las acusaciones de corrupción formuladas en diciembre de 2013 entre otros contra antiguos miembros del Gobierno, y que no se haya dado curso a las muy serias investigaciones sobre la corrupción; expresa su preocupación ante el enjuiciamiento penal de periodistas de investigación que siguieron los casos de corrupción; pide una investigación transparente e independiente de las acusaciones formuladas en diciembre de 2013; destaca la necesidad de más voluntad política para desarrollar un marco jurídico adecuado para combatir la corrupción, que no solamente traba el funcionamiento democrático de las instituciones y erosiona la confianza de la población en la democracia, sino que además puede ser perjudicial para el desarrollo económico y para un entorno favorable a la inversión;

13.

Expresa su preocupación ante las recientes enmiendas a la Ley sobre el Consejo Superior de Jueces y Fiscales y los consiguientes cambios de destino y destituciones de jueces y fiscales y ante las detenciones, cambios de destino y destituciones de funcionarios policiales, que han suscitado una profunda y justificada preocupación por la independencia, la imparcialidad y la eficiencia de la magistratura y por la separación de poderes y el respeto del principio del Estado de Derecho, que siguen siendo el núcleo de los criterios políticos de Copenhague; expresa su preocupación ante las frecuentes modificaciones de actos legislativos clave sin la debida consulta a las partes interesadas; acoge con satisfacción la supresión del artículo 10 de la Ley antiterrorista; expresa su preocupación, no obstante, al constatar que, debido a unas definiciones muy amplias, el alcance de la Ley antiterrorista sigue siendo excesivo y caben interpretaciones excepcionalmente amplias; recuerda la necesidad de que sea reformado el artículo 314 del Código Penal de manera que solamente puedan ser perseguidos los miembros de organizaciones armadas o terroristas y quienes contribuyan a sus actividades; pide que se adopte una estrategia de reforma del poder judicial acorde con los estándares de la UE en cooperación con todas las partes interesadas; acoge con satisfacción los primeros pasos dados hacia la reducción de la duración máxima de la prisión preventiva de diez a cinco años, pero hace hincapié en que es necesario reducirla más para evitar que la prisión preventiva se convierta de hecho en un castigo; subraya la importancia de que se constituyan tribunales de apelación regionales y se adopten todas las medidas necesarias para que se respeten las garantías procesales; anima a Turquía a que siga reformando el ordenamiento judicial con miras a garantizar el acceso equitativo y efectivo de todos los menores a la justicia;

14.

Expresa su profunda preocupación ante la Ley 6532, que entró en vigor el 26 de abril de 2014 y amplía drásticamente los poderes de la MIT (Organización Nacional de Inteligencia), mermando la libertad de los medios de comunicación, la libertad de expresión y el derecho a acceder a información de interés público, haciendo al personal de la agencia virtualmente inmune ante procedimientos judiciales y violando la privacidad al otorgar a dicha organización la posibilidad de obtener datos privados sin una orden previa del tribunal; considera que con dichas disposiciones Turquía incumple sus obligaciones derivadas del Derecho humanitario internacional y de sus propias leyes nacionales;

15.

Celebra las diversas decisiones importantes tomadas por el Tribunal Constitucional de Turquía para proteger el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, que ha puesto de manifiesto la resiliencia del ordenamiento constitucional; señala asimismo que las sentencias del Tribunal Constitucional han puesto de relieve la deficiente conducción de las investigaciones y los consiguientes procesos en los asuntos Ergenekon y Sledgehammer; celebra que el Tribunal Constitucional continúe admitiendo demandas individuales; expresa su preocupación por las modificaciones introducidas en el Código Penal, en especial por el empleo de la expresión «sospecha razonable», que abre la puerta a ataques arbitrarios contra la oposición; destaca que tales modificaciones fueron aprobadas sin consultar a la Comisión Europea, en contra de lo que se había acordado en las negociaciones;

16.

Expresa su profunda preocupación ante el alto grado de polarización política en Turquía; recuerda que el pluralismo debe ocupar un lugar central en todo régimen democrático; insta, por tanto, al fomento del diálogo en todo el espectro político turco; destaca que este diálogo es indispensable por lo que se refiere a procesos clave de reforma a largo plazo, una nueva constitución y las conversaciones para la resolución de la cuestión kurda; pide al partido gobernante y a la oposición que se esfuercen por cooperar y llegar al consenso, y que incorporen activamente a la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones;

17.

Celebra la adopción en marzo de 2014 del Plan de Acción para la Prevención de Violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) como paso significativo en la adaptación del marco jurídico turco a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y confía en que el Gobierno seguirá tomando medidas para aplicar sus recomendaciones; subraya que la pertenencia de Turquía al Consejo de Europa la obliga a aplicar unos elevados estándares políticos y jurídicos y pide a Turquía que se comprometa plenamente ante el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia a llevar a cabo su proceso de reformas; recuerda que el avance de las negociaciones de adhesión depende del respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

18.

Observa con preocupación que siguen pendientes la mayoría de las investigaciones sobre los acontecimientos del parque Gezi de mayo y junio de 2013 y las acusaciones relativas al uso desproporcionado de la fuerza y los abusos policiales, y que se ha avanzado poco en la identificación de los presuntos responsables; subraya que, tras recibir una serie de denuncias sobre el uso de la fuerza por funcionarios de policía durante las protestas de Gezi, el Defensor del Pueblo emitió un informe en el que constató el uso desproporcionado de la fuerza; pide a las autoridades turcas que indemnicen a todas las víctimas que eran manifestantes pacíficos o no eran manifestantes y se encontraban por casualidad en el lugar de los hechos; pide que se lleven a cabo investigaciones eficaces e imparciales de todos los casos de presuntos malos tratos por parte de funcionarios del Estado y que se lleve a los responsables ante la justicia; subraya la necesidad de que se adopten normas claras sobre el papel de las fuerzas del orden y el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales; insta enérgicamente a que se levanten las restricciones a la celebración de reuniones pacíficas y destaca que no deben utilizarse otras leyes, como la legislación antiterrorista, para impedir que se ejerza el derecho a protestar pacíficamente, y que manifestarse pacíficamente no debe ser motivo de detención; pide al Gobierno turco que establezca unos controles y contrapesos adecuados, objetivos y transparentes sobre la potestad de las fuerzas de seguridad; recomienda a las autoridades turcas que pongan en marcha un mecanismo independiente y eficaz para tramitar quejas contra la policía; expresa su profunda preocupación ante el paquete sobre seguridad interior, que es contrario al principio de supervisión judicial de las actividades policiales y tiene un ámbito de aplicación excesivo;

19.

Subraya la necesidad de que se revise la ley turca sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos para convertirla en un organismo independiente, dotado con los recursos adecuados, que rinda cuentas ante los ciudadanos y en el que participen grupos de la sociedad civil; toma nota de las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo, que incluye la petición de que la policía haga un uso de la fuerza gradual y proporcionado, y solo como último recurso y bajo supervisión; destaca la importancia de que se refuerce el derecho de iniciativa del Defensor del Pueblo y su capacidad de realizar controles sobre el terreno, y de que se garantice un seguimiento adecuado de sus decisiones;

20.

Alaba a Turquía por el crecimiento de la sociedad civil romaní; espera que se brinde apoyo y tiempo a las nuevas organizaciones romaníes para que puedan participar de una manera constructiva en iniciativas de cooperación destinadas a elaborar y poner en práctica medidas a nivel local y nacional; recomienda al Gobierno que combine los proyectos de vivienda existentes con aspectos sociales y a largo plazo como la asistencia sanitaria y la educación; acoge con satisfacción los planes de acción generales para la lucha contra la discriminación que podrían facilitar el acceso de la comunidad romaní al mercado laboral;

21.

Insta al Gobierno de Turquía a que garantice la libertad de los medios de comunicación con carácter prioritario y a que disponga un marco jurídico adecuado que garantice el pluralismo en consonancia con las normas internacionales; condena los esfuerzos del Gobierno turco para prohibir el acceso a medios sociales y sitios web o para cerrar estos últimos sin orden judicial, su enfoque restrictivo de la libertad de expresión y la presión ejercida sobre medios de comunicación y periodistas, con el resultado frecuente de intimidación, despidos y detenciones de periodistas y una extendida autocensura; señala que las violaciones de la libertad de expresión aumentaron tras el escándalo de corrupción de diciembre de 2013; considera necesario que se establezca un marco jurídico para hacer posible la plena transparencia de la propiedad de los grupos de comunicación; reitera el compromiso de la UE con la libertad de expresión en todas sus formas y pide a la Delegación de la UE en Turquía que mantenga el seguimiento de los juicios de periodistas y defensores de los derechos humanos;

22.

Condena las recientes redadas policiales y la detención de varios periodistas y representantes de los medios de comunicación el 14 de diciembre de 2014; recuerda que una prensa libre y plural es el principio central de toda democracia, al igual que las garantías procesales y la independencia judicial; destaca, por lo tanto, la necesidad, en todos los casos, i) de que se facilite información exhaustiva y transparente sobre las acusaciones contra los imputados, ii) de que se garantice a los imputados pleno acceso a las pruebas incriminatorias y el ejercicio íntegro de su derecho de defensa, y iii) de que se garantice un tratamiento adecuado de los casos para comprobar la veracidad de las acusaciones sin demora y fuera de toda duda razonable; pide a las autoridades de Turquía que examinen y aborden esos asuntos lo antes posible y que se adhieran a las normas internacionales en materia de garantías procesales, en caso de que decidan seguir adelante con los procesos;

23.

Afirma que la reciente acción del Gobierno turco contra la libertad de prensa y la pluralidad de opinión es incompatible con los derechos fundamentales de la UE y, por lo tanto, entra en conflicto con el espíritu del proceso de negociaciones;

24.

Opina que, de conformidad con el compromiso de la UE con el Estado de Derecho y los valores fundamentales, se precisan con urgencia en Turquía reformas en los ámbitos del poder judicial y los derechos fundamentales, y de la justicia, la libertad y la seguridad respectivamente; cree, además, que facilitar los criterios de referencia iniciales para abrir los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad) constituye un importante paso para fomentar reformas realmente efectivas y garantizar que el proceso de reformas en Turquía se configure de acuerdo a los valores y normas de la UE; reitera su llamamiento al Consejo para que, en cuanto se cumplan los criterios fijados, comiencen las negociaciones relativas al poder judicial y los derechos fundamentales y a la justicia, libertad y seguridad; pide a Turquía que coopere lo más posible en este sentido; pide a la Comisión que promueva sin demora un diálogo y una cooperación más amplios con Turquía en los ámbitos comprendidos en los capítulos 23 y 24 para favorecer un entendimiento común sobre las reformas necesarias;

25.

Celebra la decisión de aumentar la financiación de las reformas relacionadas con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, los asuntos de interior y la sociedad civil a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) II para el periodo 2014-2020; señala que la aplicación del Estado de Derecho, la democracia y las libertades fundamentales son la clave del apoyo de preadhesión (IAP II); recuerda la conclusión del Consejo de diciembre de 2014 según la cual se introducirá una mayor coherencia entre la asistencia financiera y los progresos globales en la ejecución de la estrategia de preadhesión, incluido el pleno respeto del Estado de Derecho y las libertades fundamentales; pide, además, a la Comisión Europea que siga atentamente la aplicación del IAP II en todos los países candidatos y que dedique recursos del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) a apoyar la libertad de expresión, es decir, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, la libertad de asociación y de reunión, los derechos sindicales y la libertad de pensamiento;

26.

Toma nota de la contribución de Turquía a la entrada en vigor el 1 de agosto de 2014 del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul); expresa, no obstante, su preocupación ante los persistentes altos niveles de violencia contra las mujeres, así como la ausencia de medidas de protección en el marco del Derecho nacional para prevenir la violencia contra las mujeres; pide a las autoridades turcas que dispongan suficientes centros de acogida para las mujeres y niños que sean víctimas de la violencia; recomienda al Gobierno de Turquía que promueva la igualdad de género en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o en cualquier otro; pide al Gobierno de Turquía que, en cooperación con la sociedad civil y con las asociaciones empresariales pertinentes, dé facilidades a las mujeres emprendedoras y reduzca los obstáculos al acceso de las mujeres a actividades económicas, y le insta, a este respecto, a que se fije un objetivo ambicioso en materia de acceso de las mujeres al empleo; señala que Turquía ocupa el puesto 125 de 142 países en el Índice Global de Disparidad entre Géneros, del Foro Económico Mundial; lamenta profundamente los comentarios de algunos funcionarios y representantes del Gobierno turco sobre el papel de las mujeres en la sociedad turca y destaca la importancia de combatir los estereotipos y los prejuicios contra las mujeres en la sociedad;

27.

Subraya la importancia de proseguir con el proceso de reforma en el ámbito de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, permitiendo a las comunidades religiosas dotarse de personalidad jurídica, eliminando todas las restricciones a la formación, designación, residencia legal y sucesión del clero, y velando por la correcta aplicación de todas las resoluciones del TEDH en la materia y las recomendaciones de la Comisión de Venecia; destaca, a este respecto, la necesidad de fomentar el diálogo con la comunidad aleví, reconocer plenamente las casas Cem como lugares de culto, permitir la reapertura del seminario grecoortodoxo de Halki y levantar todos los obstáculos para su normal funcionamiento y permitir el uso oficial del título eclesiástico del Patriarca Ecuménico; solicita a las autoridades turcas competentes que resuelvan todas las cuestiones pendientes relacionadas con la restitución de las tierras pertenecientes al monasterio de Mor Gabriel y otras reclamaciones de tierras de la Iglesia Siria; recuerda la relevancia de implementar debidamente las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre Imvros y Tenedos con respecto a la protección de la propiedad y los derechos educativos; destaca la necesidad de respetar plenamente, en consonancia con los valores europeos, el derecho a elegir distintos modos de vida, tanto seculares como basados en la fe, y de mantener la separación entre Estado y religión; destaca la importancia de proteger los derechos de las minorías; lamenta que, tras la derogación hace dos años de la ley anterior y debido al vacío jurídico existente, las fundaciones benéficas no musulmanas no puedan elegir a sus órganos directivos;

28.

Subraya la necesidad de reconocer el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio;

29.

Pide a Turquía que haga un serio esfuerzo por proteger los derechos de la comunidad LGBTI, y considera que la creación de un organismo específico que luchase contra la discriminación, la incitación al odio, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia reforzaría los derechos individuales en Turquía; pide a Turquía, asimismo, que adopte una ley integral contra la discriminación en la que se incluya la prohibición de la discriminación y la incitación al odio por motivos étnicos, religiosos, de orientación sexual o de identidad de género, y que incorpore dicha prohibición a una nueva constitución; expresa su preocupación por los frecuentes ataques a personas transgénero y por la falta de protección de las personas LGBTI contra los actos de violencia; lamenta profundamente que los crímenes motivados por el odio contra las personas LGBTI suelan quedar impunes y que las sentencias a los infractores se reduzcan aduciéndose la «provocación injustificada» de la víctima; reitera su petición al Gobierno de Turquía de que dé instrucciones a las fuerzas armadas para que dejen de clasificar la homosexualidad y la transexualidad como «enfermedad psicosexual»;

30.

Manifiesta su pesar por la pérdida de numerosas vidas humanas como consecuencia de las catástrofes en las minas de Soma y Ermenek; se felicita por la ratificación por parte de Turquía del Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y pide su rápida aplicación; subraya la relevancia de resolver las cuestiones de la salud y seguridad de los trabajadores en todos los sectores e insta a las autoridades turcas a que la investigación de los accidentes laborales mortales sea más transparente; considera que la libertad sindical, el diálogo social y la participación de los interlocutores sociales son vitales para el desarrollo de una sociedad próspera y plural, y destaca la importancia de lograr nuevos avances en los ámbitos de la política social y el empleo basados en la correcta y rápida aplicación de los convenios de la OIT; toma nota de las deficiencias legislativas en materia de derechos laborales y sindicales; destaca que el derecho a organizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga de los empleados del sector privado y los funcionarios públicos deben ajustarse al acervo de la UE y a las normas internacionales; insta al Gobierno de Turquía a preparar una hoja de ruta para mejorar la legislación y adaptarla a las normas de la OIT; resalta la importancia de que Turquía cumpla los criterios iniciales en materia de política social y empleo; pide a la Comisión que proporcione a Turquía la asistencia técnica adecuada en el ámbito de la reforma laboral y fomente los estándares de la UE;

31.

Pide a Turquía que regule las condiciones laborales existentes en el caso de, por ejemplo, los trabajadores a tiempo parcial, que actualmente están expuestos a condiciones laborales deficientes, a la inestabilidad en el empleo y a dificultades para afiliarse a organizaciones sindicales; constata que la minería y la construcción son los sectores más peligrosos en Turquía, y pide investigaciones transparentes de los accidentes laborales mortales;

32.

Pide al Gobierno turco que suspenda sus planes para la construcción de la central nuclear Akkuyu; señala que la ubicación prevista se encuentra en una región proclive a terremotos graves, lo que no solo supone una amenaza importante para Turquía, sino también para la región del Mediterráneo; solicita al Gobierno turco, por tanto, que se adhiera al Convenio de Espoo, por el que las partes adquieren un compromiso de notificación y consulta recíprocas respecto de los grandes proyectos que puedan tener un importante impacto adverso en el medio ambiente más allá de sus fronteras; a tal efecto, solicita al Gobierno turco que asocie a los Gobiernos de los países limítrofes, o al menos les consulte, cuando se den nuevos pasos en el proyecto de Akkuyu;

33.

Pone de relieve la magnitud de los beneficios de la unión aduanera entre la UE y Turquía; recuerda que, desde el comienzo de la unión aduanera en 1996, el valor del comercio bilateral entre Turquía y la UE se ha multiplicado por un factor superior a cuatro, con un importante incremento paralelo de la inversión extranjera directa de la UE en Turquía y una mayor integración entre empresas turcas y europeas en beneficio de ambas partes; destaca en este contexto, no obstante, que todo incremento del impacto positivo de la unión aduanera está vinculado estrechamente con el cumplimiento de sus normas y requisitos, por lo que le preocupa enormemente los cada vez más numerosos problemas de las empresas europeas que comercian con Turquía; observa que la evaluación reciente de la unión aduanera por parte del Banco Mundial destaca la necesidad de introducir varias reformas para mantener un entorno propicio a una cooperación económica estrecha, también en el futuro; señala, en particular, la necesidad de (i) ampliar la unión aduanera a los productos agrícolas, los servicios y la contratación pública, (ii) crear unas condiciones favorables para que prosiga el aumento de las relaciones comerciales, entre otras medidas, mediante la expedición de visados para viajes de negocios, y (iii) mantener consultas intensivas entre la UE y Turquía sobre la repercusión en Turquía de los acuerdos de libre comercio firmados por la UE con países terceros;

34.

Considera que el diálogo político entre Turquía y la UE debe completarse con un diálogo económico periódico, estructurado y de alto nivel acerca de cuestiones de interés compartido, incluidas las relaciones comerciales con países terceros; subraya, en este sentido, la interacción entre el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho y desarrollo económico; cree en la importancia del desarrollo y el fortalecimiento del marco económico, institucional y jurídico de Turquía en el ámbito de la política económica y monetaria, especialmente en lo que se refiere a la independencia del Banco Central, y considera que esto podría contribuir a la adaptación de Turquía al acervo; señala que la cooperación económica se vería considerablemente reforzada si Turquía cumpliera adecuadamente las normas de la UE en materia de contratos públicos, competencia y política social y de empleo;

35.

Reafirma su apoyo al acuerdo de readmisión con la UE, que entró en vigor el 1 de octubre de 2014; alienta a la Comisión a que siga vigilando los progresos de Turquía en relación con el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta de liberalización de visados; acoge con satisfacción los esfuerzos efectivos hechos para cumplir los criterios establecidos en la hoja de ruta de liberalización de visados; recuerda que el diálogo sobre liberalización de visados es un proceso basado en los méritos, y que Turquía debe cumplir todos los requisitos fijados en la hoja de ruta de liberalización de visados, en particular la aplicación plena y efectiva de todas las disposiciones del acuerdo de readmisión; reitera la obligación de Turquía de aplicar plena y efectivamente el acuerdo de readmisión y la liberalización de visados con todos los Estados miembros, de modo que los ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE puedan acceder a territorio turco sin visado y de forma no discriminatoria; pide a Turquía que aplique los acuerdos de readmisión bilateral existentes íntegra y eficazmente; recuerda que Turquía es uno de los principales países de tránsito para la migración irregular hacia la UE y pide la mejora de la cooperación transfronteriza de Turquía con los Estados miembros limítrofes a este respecto; se congratula por la entrada en vigor de la Ley de extranjería y protección internacional y la creación de una Dirección General de Gestión de la Migración en abril de 2014, ya que constituyen pasos esenciales hacia la adaptación a las normas de la UE relativas a la protección internacional de los migrantes regulares e irregulares; señala que es preciso aumentar la cooperación entre Turquía y todos los Estados miembros de la UE con el fin, en particular, de reforzar la gestión de las fronteras comunes con todos los Estados miembros de la UE; destaca la necesidad de que Turquía siga reforzando la seguridad fronteriza para combatir la migración irregular hacia los países de la UE;

36.

Recuerda la importancia estratégica de Turquía para la seguridad energética de la UE y considera a Turquía un socio importante en el sector de la energía; señala que los tres proyectos relativos al corredor de gas meridional aprobados a finales de 2013 mejorarán la seguridad del suministro de gas en Turquía y el acceso a la UE como principal mercado energético; considera que, en un contexto de creciente competitividad de los mercados de la energía y de necesidad de diversificación de las fuentes de energía y las rutas de transporte, Turquía puede ofrecer una contribución importante a la seguridad energética y a los ambiciosos objetivos de diversificación energética de la UE, dado su enorme potencial en materia de energías renovables; muestra su preocupación por el incremento de la cooperación entre Turquía y Rusia en materia de energía, y considera, por consiguiente, que la UE debe agilizar las negociaciones relativas a la energía;

37.

Recuerda la posición estratégica de Turquía como socio de la UE y miembro de la OTAN y, por lo tanto, su crucial importancia geopolítica y su relevancia de cara a una estrategia global para solucionar las cuestiones de seguridad y estabilidad en sus países vecinos al este y al sur, con especial referencia a Siria e Irak; señala que los gravísimos acontecimientos vividos en la región y los atentados en suelo europeo hacen indispensable incrementar el diálogo y la cooperación con la UE sobre cuestiones de política exterior en el marco del diálogo político UE-Turquía; pide a Turquía que tome parte activa en la coalición internacional contra grupos terroristas como el EIIL y que para ello emplee todos los recursos a su alcance; pide a Turquía que intensifique las medidas para impedir que a través de su territorio lleguen fondos, equipos o los llamados combatientes extranjeros al EIIL u otros grupos terroristas; destaca la necesidad de que prosiga el diálogo periódico entre la UE y Turquía en materia antiterrorista, así como la adopción de medidas y acciones concretas, como parte de los esfuerzos comunes por luchar contra el terrorismo en todas sus formas; pide a Turquía que garantice el control efectivo de sus fronteras al tiempo que presta la asistencia necesaria, en forma de ayuda humanitaria, a los refugiados que llegan de Siria, y que vele por la seguridad de las víctimas de guerra civil siria; subraya la importancia de incrementar la frecuencia del diálogo y las consultas de alto nivel entre la UE y Turquía en cuestiones de política exterior y de seguridad con el fin de garantizar la complementariedad recíproca de nuestras políticas y el alineamiento de la política exterior de Turquía con la de la UE;

38.

Considera que debería invitarse al Ministro de Asuntos Exteriores turco a asistir a las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores siempre que resulte oportuno; estima que es necesario un marco para el diálogo estructurado, la cooperación y la coordinación en asuntos de política exterior, seguridad y defensa;

39.

Lamenta que aún no se haya retirado la amenaza de casus belli declarada por la Gran Asamblea Nacional turca contra Grecia, a pesar del satisfactorio desarrollo del diálogo y la cooperación entre Grecia y Turquía;

40.

Encomia la ayuda continuada de Turquía a los aproximadamente 1,6 millones de refugiados procedentes de Irak y Siria, así como su política de apertura de fronteras con fines humanitarios; acoge con satisfacción la adopción en octubre de 2014 de la Directiva de protección temporal, que garantiza un estatuto jurídico seguro a los refugiados y les permite obtener tarjetas de identidad y acceder al mercado de trabajo; pide a la UE que siga prestando apoyo económico y ayuda humanitaria a los refugiados sirios e iraquíes en Turquía; pone de relieve que los campos de refugiados han alcanzado su capacidad máxima y que la necesidad de buscar alojamiento supone una pesada carga para su vida y sus recursos; opina que la UE debe apoyar activamente al Gobierno de Turquía en la definición de programas de ayuda a largo plazo para los refugiados y promover el acceso a la educación, la sanidad y el empleo (legal); solicita a la Comisión que incremente los recursos disponibles en el IAP II y el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz para contribuir a la prestación de ayuda adecuada a las comunidades locales afectadas por flujos importantes de refugiados; pide asimismo a los Estados miembros que ofrezcan plazas de reasentamiento (temporal) a los refugiados más vulnerables, con un auténtico espíritu de responsabilidad compartida;

41.

Pide a Turquía que, con el apoyo técnico y económico de sus socios, dé acceso a la educación al creciente número de niños sirios que viven en su territorio;

42.

Insta al Gobierno de Turquía a que ponga fin a las reiteradas violaciones del espacio aéreo y de las aguas territoriales de Grecia, así como a los vuelos de aeronaves militares turcas sobre las islas griegas;

43.

Pide al Gobierno turco que firme y ratifique sin dilación la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ha sido firmada y ratificada por la UE y sus 28 Estados miembros, y subraya la plena legitimidad de la República de Chipre para celebrar acuerdos bilaterales que afecten a su zona económica exclusiva; reitera su llamamiento a Turquía para que respete los derechos soberanos de todos los Estados miembros, incluidos los relativos a la exploración y explotación de los recursos naturales cuando se ajusten al acervo de la UE y al Derecho internacional; pide a Turquía que se abstenga de toda acción que pueda dañar las relaciones de buena vecindad y o sea contrario a un clima propicio para el arreglo pacífico de diferencias bilaterales;

44.

Lamenta la negativa de Turquía a cumplir su obligación de aplicar íntegramente y de manera no discriminatoria el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación CE-Turquía respecto de todos los Estados miembros; recuerda que esta negativa sigue afectando profundamente al proceso negociador;

45.

Reitera su firme apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la base de un acuerdo justo y viable para ambas comunidades bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas y de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con los valores y principios en que está fundada la UE, y a una federación de dos comunidades y dos zonas geográficas con una única soberanía, una única personalidad jurídica y una única ciudadanía, con igualdad política entre ambas comunidades e igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos; acoge favorablemente el anuncio del Enviado Especial de las Naciones Unidas según el cual los líderes de ambas comunidades van a reanudar las negociaciones bajos los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas en cuanto resulte posible, y muestra su firme apoyo a la labor del Asesor Especial de las Naciones Unidas sobre Chipre para crear las condiciones que permitan la reanudación de las conversaciones; confía en que el mensaje de reunificación y reconciliación del líder turcochipriota recién elegido abra una nueva oportunidad para el proceso negociador; pide a Turquía y a todas las partes interesadas que apoyen activamente las negociaciones sobre la reunificación y que tomen las medidas necesarias para la normalización de las relaciones con Chipre; pide a Turquía que comience a retirar sus fuerzas militares de Chipre y transfiera la zona inaccesible de Famagusta a las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 550 (1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide paralelamente a la República de Chipre que abra el puerto de Famagusta, bajo la supervisión aduanera de la UE, con el fin de promover un entorno positivo para la solución satisfactoria de las negociaciones de reunificación en curso y permitir a los turcochipriotas comerciar directamente con la UE de un modo legal y aceptable para todos;

46.

Recuerda las decisiones pertinentes del TEDH y pide al Gobierno turco que ponga fin de inmediato a la violación de los derechos humanos de los ciudadanos chipriotas y deje de privarlos del disfrute y el ejercicio de sus derechos de propiedad y religiosos y otros derechos humanos que emanan del orden constitucional de la República de Chipre y del acervo comunitario, así como de los principios fundamentales y los valores de la UE;

47.

Deplora la política de asentamientos de Turquía y pide a Turquía que se abstenga de seguir asentado a ciudadanos turcos en las zonas ocupadas de Chipre en contra de la Convención de Ginebra y de los principios del Derecho internacional; insta a Turquía a poner fin a todas las acciones que alteren el equilibrio demográfico en la isla y que impidan, por ende, una futura solución;

48.

Pide a Turquía que otorgue al Comité sobre Personas Desaparecidas acceso ilimitado a los archivos y zonas militares pertinentes en la zona norte de Chipre para poder realizar exhumaciones y que proporcione toda la información relevante que conduzca al descubrimiento de restos reubicados; reclama que se conceda especial consideración al trabajo llevado a cabo por el Comité de Personas Desaparecidas;

49.

Insta a Turquía y a Armenia a normalizar sus relaciones ratificando sin condiciones previas los protocolos sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, abriendo la frontera y mejorando activamente sus relaciones, en especial en lo relativo a la cooperación transfronteriza y la integración económica; se congratula por el diálogo en curso entre Turquía y Armenia;

50.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General del Consejo de Europa, al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía.

4.11.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 407/61

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria, en particular la de 30 de abril de 2015 (1),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de febrero de 2015, titulada «Elementos para una estrategia regional de la UE para Siria e Irak y para la amenaza del Daesh»,

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Vistas las declaraciones y los informes del Secretario General de las Naciones Unidas ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el conflicto en Siria,

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Vistos los informes de la comisión de investigación internacional independiente sobre Siria, creada el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

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Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, y, en particular, su artículo 8, apartado 2, letra b), inciso ix), en el que se señala que dirigir intencionalmente ataques contra monumentos históricos constituye un crimen de guerra,

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Vista su Resolución, de 30 de abril de 2015, sobre la destrucción de sitios de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh (2),

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Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en el que se señala que «la Unión y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa»,

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Visto el Reglamento (CE) no 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales,

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Vista la Resolución del Consejo, de 25 y 26 de octubre de 2012, sobre la creación de una red informal de autoridades de las fuerzas de seguridad y de especialistas competentes en el ámbito de los bienes culturales (EU CULTNET),

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Visto el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de 1999,

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Vistas la declaración de Federica Mogherini, la Vicepresidente de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 21 de mayo de 2015, sobre la situación en Palmira; y la declaración del portavoz de la Alta Representante, Catherine Ashton, de 17 de febrero de 2012, en las que condenaba la detención de Mazen DARWISH, así como la declaración local de la UE, de 3 de abril de 2012, sobre el hecho de que Mazen Darwish y otros siete defensores de los derechos humanos siguiesen detenidos;

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Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, aprobadas en junio de 2004 y actualizadas en 2008,

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Vista la Resolución 2222 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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Vistos el artículo 135, apartado 5 y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que más de 220 000 personas, en su mayoría civiles, han perdido la vida desde el comienzo del conflicto en Siria en 2011; que el régimen de Assad, el EI/Daesh, al-Nusra y otras partes involucradas en el conflicto han cometido violaciones masivas y recurrentes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; y que la gran mayoría de estos crímenes siguen impunes hasta la fecha;

B.

Considerando que el recurso a la tortura, las detenciones masivas y la destrucción generalizada de las zonas pobladas han aumentado de manera importante en los últimos meses; y que un número muy elevado de sirios están siendo desplazados, así como que algunos incluso se han visto obligados a alejarse más de la ayuda humanitaria que necesitan;

C.

Considerando que el EI/Daesh ha matado al menos a 400 personas, incluidas mujeres y niños, en Palmira desde la captura de esta antigua ciudad siria y que según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos han ejecutado al menos a 217 personas y detenido a otras 600, entre ellas mujeres y niños acusados de tener vínculos con las fuerzas del régimen y de ocultar a miembros del régimen en sus hogares;

D.

Considerando que, tras la captura de la ciudad de Palmira, las fuerzas favorables a Assad realizaron ataques aéreos feroces, en los que perdieron la vida más de una docena de civiles y que impulsaron a muchos de los residentes que permanecían en la ciudad a abandonar el lugar;

E.

Considerando que tras una nueva ofensiva en abril-mayo de 2015 el EI/Daesh capturó Ramadi el 17 de mayo de 2015 y Palmira el 21 de mayo de 2015, con lo que el 50 % del territorio sirio se encuentra bajo su control; que el carácter transnacional del denominado Estado Islámico, que cuenta con importantes recursos financieros y unos 200 000 combatientes, según algunas fuentes, supone una amenaza para la región en toda su amplitud; que se calcula que miles de extranjeros, entre ellos ciudadanos de la UE, están luchando con estos grupos armados; que la expansión del EI/Daesh ha agravado la crisis humanitaria, en particular debido a un desplazamiento masivo de civiles;

F.

Considerando que el 5 de junio de 2015 los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresaron su indignación por el alto nivel de violencia y por todos los ataques de los que es objeto la población civil en Siria y condenaron los ataques terroristas realizados por el EI/Daesh, al-Nusra y otros grupos terroristas que operan en el país,

G.

Considerando que Palmira está situada entre Damasco y la ciudad oriental de Deir al-Zour y que cuenta con importantes yacimientos de gas y minas de fosfato en sus inmediaciones; y que la captura de Palmira coincidió con la conquista por parte del EI/Daesh de Ramadi, en la provincia iraquí de Anbar, así como que se produjo poco después de que el EI/Daesh hubiese sufrido pérdidas territoriales en las cercanías de Tikrit;

H.

Considerando que Palmira, que tiene más de 2 000 años de antigüedad, es un paraje cultural sumamente importante y que está incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco; Considerando que el 21 de mayo de 2015, el Director General de la Unesco hizo un llamamiento en favor de un cese inmediato de las hostilidades en la ciudad;

I.

Considerando que Palmira es un símbolo de la rica herencia cultural de Siria, que contiene las ruinas monumentales de una gran ciudad que fue uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo; que los asesinatos en masa y los actos de destrucción del patrimonio arqueológico y cultural cometidos por el EI/Daesh han sido considerados, en determinadas circunstancias, como crímenes contra la humanidad y actos de «limpieza cultural», y que equivalen a crímenes de guerra, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y que la Directora General de la Unesco, Irina Bokova ha definido estos ataques sistemáticos contra el patrimonio cultural como «limpieza cultural»;

J.

Considerando que el EI/Daesh está atacando y destruyendo sistemáticamente el patrimonio cultural de Irak y Siria como táctica de guerra para sembrar el terror y el odio; que, como resultado de la captura de Palmira por parte del EI/Daesh, el patrimonio histórico de esta ciudad se encuentra bajo amenaza de destrucción;

K.

Considerando que en la estrategia regional de la UE para Siria e Irak y la amenaza del EI/Daesh, adoptada por el Consejo de Asuntos Exteriores el 16 de marzo de 2015, la UE condena enérgicamente la destrucción deliberada del patrimonio arqueológico y cultural y señala que este tipo de acciones puede equivaler a un crimen de guerra en el sentido del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI);

L.

Considerando el proyecto de salvaguardia de emergencia del patrimonio sirio lanzado por la Unesco y otros socios con el fin de proteger el patrimonio cultural del país;

M.

Considerando que el comercio ilegal de bienes culturales es hoy el tercer comercio ilegal por orden de importancia, tras las drogas y las armas; que este comercio está dominado por redes de delincuencia organizada, y que los mecanismos nacionales e internacionales en vigor no disponen ni del equipo ni del apoyo adecuados para afrontar el problema; y que la UE ha adoptado todas las medidas pertinentes, de conformidad con la Resolución 2199 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para impedir el comercio ilegal de bienes culturales;

N.

Considerando que desde el inicio del conflicto sirio en marzo 2011 se han registrado violaciones generalizadas y graves de los derechos humanos, en particular ataques deliberados, detenciones arbitrarias y desapariciones de periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios y personal médico, que han sido objeto de amenazas, violencia, detenciones arbitrarias y desapariciones en Siria;

O.

Considerando que Mazen Darwish, periodista y activista sirio, y presidente del Centro sirio de medios de comunicación y de la libertad de expresión, ha estado encarcelado desde 2012, al igual que Hani Al-Zaitani y Hussain Ghrer, como consecuencia de su trabajo en defensa de la libertad de expresión; que Mazen Darwish fue sometido a graves torturas y malos tratos y que el 6 de mayo de 2015 fue trasladado a un lugar desconocido; que Mazen Darwish fue galardonado en 2015 con el Premio de la Unesco de Libertad de Prensa, así como con otros premios internacionales importantes, como el Premio de la ciudad de Lutero «Das unerschrockene Wort», en 2015; el premio Bruno Kreisky de Derechos Humanos, en 2013; y el premio PEN Pinter, en 2014; y que el hecho de que Mazen Darwish, Hani Al-Zaitani y Hussain Ghrer sigan en prisión es una prueba más de la naturaleza represiva del régimen de Bashar al-Assad en Siria;

P.

Considerando que en la Resolución 67/262 de 15 de mayo de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas exigía que las autoridades sirias liberasen inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los miembros del Centro sirio de medios de comunicación y de la libertad de expresión;

Q.

Considerando que el 19 de febrero de 2015 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, instó a las autoridades sirias a que liberasen a todos los detenidos en prisión por haber expresado sus opiniones pacíficamente, incluido Mazen Darwish;

R.

Considerando que cientos de defensores de los derechos humanos han sido objeto de amenazas, violencia, detenciones arbitrarias y desapariciones en Siria; que este es el caso del abogado defensor de los derechos humanos y ganador del Premio Sájarov en 2011, Razan Zeitouneh, que fue secuestrado en Duma el 9 de diciembre de 2013;

1.

Condena enérgicamente los horribles abusos sistemáticos y generalizados de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por el régimen de al-Assad, los terroristas pertenecientes al EI/Daesh y a otros grupos yihadistas en Siria, así como las condenas y acusaciones contra activistas, blogueros y periodistas en los ámbitos político, civil y de los derechos humanos; reitera su condena absoluta de la tortura, la intensificación de los bombardeos de artillería y de los bombardeos aéreos, que incluyen bombas de barril, por el Gobierno de Siria; expresa su profunda solidaridad con las víctimas; continúa estando profundamente consternado por el nivel desgarrador de sufrimiento y de pérdida de vidas humanas en el conflicto sirio y expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y en materia de seguridad en Siria;

2.

Condena la captura de Palmira por el EI/DAESH el 21 de mayo de 2015 tras un asalto de nueve días que costó numerosas vidas y el hecho de que desde esa fecha haya asesinado al menos a 217 personas en la ciudad y en sus alrededores y que haya seguido cometiendo abusos y atrocidades de carácter generalizado en el «califato» que ha proclamado en las zonas que controla en Siria e Irak;

3.

Expresa su preocupación por la situación en la ciudad de Palmira y los miles de habitantes de la ciudad que se encuentran en su interior, así como por los desplazados como resultado del avance EI/Daesh y por las mujeres y los niños en Palmira, teniendo en cuenta las prácticas seguidas por el EI/Daesh basadas en el secuestro, la explotación y el abuso de mujeres y niños registradas en otras zonas, en particular mediante violaciones, abusos sexuales, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzado de niños;

4.

Alienta al Consejo, a la Comisión y a la Alta Representante a que faciliten todos los recursos humanos y financieros necesarios para ayudar a los refugiados;

5.

Acoge con satisfacción el compromiso de redoblar los esfuerzos colectivos para derrotar al EI/Daesh realizado en la reunión ministerial de la coalición internacional contra el IS/Daesh en París el 2 de junio de 2015; pide a la coalición que intensifique los esfuerzos para poner en práctica una estrategia común, multidimensional y a largo plazo para debilitar y erradicar en su momento al EI/Daesh; hace hincapié en la necesidad de complementar esta estrategia con una cooperación reforzada con todos los actores estatales y no estatales de la región comprometidos en la lucha contra el EI/Daesh;

6.

Sigue convencido de que no puede haber ni una resolución eficaz del conflicto ni una paz sostenible en Siria sin una rendición de cuentas en relación con los crímenes cometidos por todas las partes durante el conflicto;

7.

Señala que sólo puede alcanzarse una solución sostenible de la crisis en Siria mediante un acuerdo político inclusivo basado en el Comunicado de Ginebra de 30 de junio de 2012 que cuente con el apoyo de la comunidad internacional; pide al enviado especial de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, que colabore con todas las partes de cara a una verdadera transición política que responda a las aspiraciones legítimas del pueblo sirio y que les permite de manera independiente y democrática determinar su propio futuro;

8.

Expresa su profunda preocupación por la grave falta de aportaciones financieras en respuesta a los llamamientos de las Naciones Unidas de 2014, lo que ha dado lugar a la suspensión temporal de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos a los refugiados sirios; insta, por tanto, a la comunidad internacional a que incremente la financiación y la ayuda en respuesta a futuros llamamientos;

9.

Pide a la comunidad internacional que incremente los esfuerzos para encontrar soluciones con el fin de mitigar la crisis y poner fin a la guerra en Siria y expresa su apoyo a los que participan en la lucha contra el EI/Daesh en Siria e Irak; pide a los Gobiernos de la región que trabajar juntos, ya que una cooperación estrecha en los asuntos relacionados con la seguridad es el único medio de lograr la paz y la seguridad en la región;

10.

Pide a la comunidad internacional que haga todo lo posible para proteger a la población civil y proteger el patrimonio cultural único de Palmira, y pide a todas las partes que pongan fin con carácter inmediato a las hostilidades en Palmira y que garanticen el tránsito seguro de los civiles que huyen de la violencia;

11.

Exige el cese inmediato de la destrucción del patrimonio cultural de Siria e Irak, incluidos los lugares y objetos religiosos; hace hincapié en que no se pueden tolerar estos actos cometidos por el EI/Daesh U otras personas, grupos, empresas y entidades, y hace un llamamiento, asimismo, en favor de la conservación del patrimonio cultural de Irak para proteger los bienes culturales y religiosos y de los sitios de acuerdo con el derecho internacional humanitario;

12.

Insta a la UE y a los Estados miembros a que organicen campañas de sensibilización destinadas a desalentar la compraventa ilícita de bienes culturales procedentes de las zonas en conflicto;

13.

Reitera el valor elevado del patrimonio cultural para toda la humanidad y considera, por consiguiente, que su destrucción debería considerarse un crimen de guerra injustificable;

14.

Destaca la necesidad de que la comunidad internacional aúne sus esfuerzos para impedir el comercio ilegal de bienes culturales y el tráfico ilícito de objetos culturales, que contribuye a la financiación del EI/Daesh;

15.

Apoya las declaraciones de la directora general de la Unesco, así como todas las medidas excepcionales adoptadas por las Naciones Unidas o la Unesco con miras a la defensa de Palmira o de cualquier otro sitio cultural o histórico amenazado;

16.

Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que plantee al Consejo de Seguridad el tema de la defensa de todos los sitios culturales amenazados por grupos terroristas, incluido el EI/Daesch, con vistas a la adopción de una resolución en la materia;

17.

Pide a los Estados miembros y a la Unión Europea que, en cooperación con las Naciones Unidas, adopten medidas concretas para la defensa de los sitios culturales, históricos, religiosos y arqueológicos amenazados en Palmira y en Oriente Próximo, en su conjunto,

18.

Acoge con satisfacción y destaca la importancia crucial que reviste la labor de las organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales relacionada con la documentación de violaciones de los derechos humanos y de pruebas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones; expresa su profunda admiración y solidaridad para con todos los activistas sirios que continúan vigilando, documentando e informando incansablemente sobre la situación de los derechos humanos en su país devastado por la guerra, poniendo en peligro sus propias vidas;